El Principio Del Proceso Debido: Tesis Doctoral
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TESIS DOCTORAL
El principio del proceso debido
Presentada por: Ledo. Iñaki Esparza Leibar
Dirigida por:
Prof. Dr. Juan-Luis Gómez Colomer Catedrático de Derecho Procesal
El principio del proceso debido,
Ledo. lñaki Esparza Leibar Area de Derecho Procesal U.P. de Derecho Público Universitat Jaume I de Castellón
El Doctorando, adscrito al Area de De~~oho Procesal de la Unidad Predepartamental de Derecho PUblico, ha obtenido dos becas de la Universitat Jaume I de Castellón como ayuda para la realización de la presente Tesis Doctoral: La primera disfrutada en el "Institut für ltriminoloqie und wirtschaftsstrafrecht" de la Universidad alemana de Friburqo de Brisqovia, bajo la dirección del Pro!. Dr. Dr.h.c. multe Klaus Tiedemann, de junio a diciembre de 1992; la segunda, en el "International Human Riqhts Law Institute" de la DePaul university de chicaqo (USA), bajo la dirección del Prof. Dr. H. Cherif Bassiouni, a disfrutar los meses de junio a septiembre de 1994Q
INDICE SISTEMATICO
INTRODUCCION CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO I •
II.
NOTAS PRELIMINARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
CONCEPTO Y NECESIDAD DE LA TEORIA DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO .•.•••••••.•.•.••••••••••••••••••••••••••
19
A. El principio de oportunidad y los derivados ......
27
1. Principio dispositivo •.•..•...•............. 2. Principio de aportación de parte .••••••..•.. 3. Control de los presupuestos procesales e impulso procesal ..........•.•........ 4. sistema mixto de valoración de la prueba .•..
30 32 35 41
B. El principio de necesidad y los derivados •..•....
47
1. Principio de oficialidad •..•••••••••.•••..•. 2. principio de investigaci6n oficial ••••.•.•.. 3. Control de los presupuestos procesales e impulso procesal •••••••••••.•••••••.• 4. sistema de valoración libre de la prueba .•..
50 54
C. Los principios del procedimiento ••••••••.•..•.•..
62
1. Escritura y sus principios consecuencia .....
64
a. principio de mediación .••••••.••..•...... b. Dispersión y preclusión •..•••.•.•.••.....
67
c. Secreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
2. Oralidad y sus principios consecuencia •..•..
70
a. Principio de inmediaci6n .•••..•••.......• b. Concentraci6n/Celeridad ..•..•.••..••.•.•.
73 74
c. Publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
57 60
66
=
PARTE 1
EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW": SU REGULACION y MANIFESTACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA l.
11.
INTRODUCCION: BREVE REFERENCIA AL PODER JUDICIAL FEDERAL EN LOS USA; ORGANIZACION y ALCANCE ....•...
81
EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS 01' LAW" •••••.••••.•.
84
111. AMaITO DE APLICACION DE LA INSTITUCION EN LOS USA •.......•..•..•••••.••••.••••••.•.......
IV.
95
MANIFESTACIONES DEL DPL EN EL PROCESO PENAL FEDERAL USA ..••••.•..•.•.••.••••••••••••••••••••••
100
A. Procedimiento preliminar/"Pretrial phase" .•.•.. 102 1. Detención ordenada por órgano jurisdiccional/"Arrest under warrant" ..... 102 2. Detención no ordenada por órgano jurisdiccional/"Arrest without warrant" ••. 104 3. otras posibilidades de investigación / "stop-and-frisk" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4. Registros-Incautaciones/"SearchesSeizures" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5. Escuchas/"Eavesdropping" ..••••••.••••••... 108 6. La denominada "Exclusionary rule" de la cuarta enmienda USC .•••.•.•••••••••.•••... 110 7. Interrogatorios-confesiones-silencioprivilegio frente a la autoincriminación/ "Interrogation-confessions-self incrimination" .....•.••••••••••••••••••... 113 B. comparecencia previa al juicio/ "Pretrial phase" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
1. Imputación/"Indictment, information or presentment" ............................. . 117 2 . F 1anza ' /"B al'1" ............................ . 118
3. Especial referencia a la prisión provisional/"Preventive detention" ....... . 119 C. Fase
de plenario o juicio oral/
"Trial phase" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1.
n Due
process ti
••••••••••••••••••••••••••••••
2. Presunción de inocencia/"Presumption of
123
, " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 lnnocence
3. Prueba más allá de toda duda razonable/"Proof beyond a reasonable doubt II
.....................................................................
126
4. Derecho a un juicio con juradol"Right to jury trial" .•.•••..••••••••••••••••••••••• 126 5. contradicción-derecho de defensa/"Right to present defense" .••••••••••••••••.••••• 128 6. Derecho a la asistencia letrada/"Right to counsel" .............................................................. 13 O
7. Derecho a estar presente/"Right to be present" .................................................................... 133
8. Derecho a pronunciarse sobre la acusación formulada/"Guilty pleas -plea bargaining" .••••••••••••••••••.•••.• 135 9. Objetividad en la conducta del MF-debercontrol/"Conduct of the Prosecutor-duty" 137 10. Objetividad en la conducta del juzgadordeber-control/"Conduct of the jUdgeduty"
.......................................................................... 138
11. "Ne bis in idem" /"Double jeopardy" ••••••.• 139 12. "Fair trial/Free press/Public trial" ••••.• 140 V.
CONCEPTO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
142
PARTEn EL SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW" EN EL DERECHO PROCESAL PENAL ALEMAN: CONCEPTO y CARACTERES DIFERENCIADORES l.
INTRODUCCION: BREVE REFERENCIA A LA ORGANIZACION JUDICIAL EN ALEMANIA ••••••••••••••••• 145
A. Organización de los tribunales en Alemania
147
B. Esquema sintético del proceso penal alemán por delitos •.••••••••••••••••••••••••••• 150
c. 11.
El proceso penal alemán: Configuración
152
EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW", LA PLASMACION EN ALEMANIA DE UNO DE SUS CONTENIDOS ESENCIALES: EL "FAIR TRIAL" ..•.•... 155
111. CONTENIDO Y ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUTIVOS DEL "FAIR TRIAL/FAIRES VERFAHREN" EN EL PROCESO ALEMAN ••.••••••..•..•..•• 166
IV.
MANIPESTACIONES DEL "PAIR TRIALI PAIRES VERPABRENtf EN EL PROCESO PENAL ALEMAN ...••. 172 A. El principio de la igualdad de armasl Waffengleichheit" .••.••••••••••••••••••.•.••••• 175 1. Manifestaciones del principio "Waffengleichheit"/Igualdad de armas en el proceso penal alemán: •••...••. 179 a. Presunción de inocencia/ Unschuldsvermutung" •••••••........ 179 b. Derecho de audiencia/"Rechtliches Gehor ti
••••••••••••••••••••••••••••
c. Derecho a la información/"Umfassende Be1ehrung liber die Beschuldigtenrechte" •.•....••..... d. Derecho a un proceso rápido/"Speedy Trial"-"Konzentrationsmaxime" •.••• e. Medios de prueba - Prueba ilícitamente obtenida/"Beweismethoden Gesetzeswidrig Erhobene Beweise" f. Derecho a guardar silencio - Derecho a no declarar contra sí mismo/ "Schweigerecht" - "Nemo tenetur se ipsum accusare" ••••••••••••.••. g. Derecho a la defensa/"Verteidigung" h. Derecho a un intérprete gratuito/ "Anspruch auf einen Unentgelt1ichen Do1metscher" ••.•.•
18 O
180 182 184
186 187 191
B. El principio del deber de asistencial "Fürsorgepflicht" ••••••••••••••••••••••••••••••• 192 1. Introducci6n ............................... 192
2. Deber de asistencia procesal de los Tribuna1es/"Gericht1iche -Prozessuale Fürsorgepflicht" ••••••••••••• 197 a. Instrucción sobre las posibilidades de actuación y defensa, en especial la "Be1ehrungspf1icht" ••••••••.•..•.• 199 b. Facultades de dirección procesal, subsanación de defectos procesales/"Fürsorgepf1icht gegenliber dem Verfahren" •••••••••. 205 c. Rehabilitación del inocente, protección de los sujetos participantes en el proceso ••••••. 207 V.
CONCEPTO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
209
PARTE m
EL RECONOCIMIENTO DEL PRlNCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW" EN LA LEGISLACION y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS l.
INTRODUCCION. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 212
II.
EL PRINCIPIO DEL DERECHO AL PROCESO DEBIDO EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA ..•.•••••••••••...••••• 216
III. INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES APLICABLES AL PROCESO DEBIDO .....•.....•.•..•.•.•••••••••••.• 222 A. principios generales .•.•.••••••••••••••.•.•••.• 222 B. Derechos fundamentales ..•.••.••••.•••..•.•..•.• 225 C. Libertades püblicas •.•••••..•••.••••••••..•...• 230 D. Garantías constitucionales o institucionales ••• 231 E. Valores superiores constitucionales
233
IV.
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO Y PROCESO DEBIDO ..•.•••••••••••••••••••••. 235
V.
EL CONTENIDO DEL "DERECHO AL PROCESO DEBIDO" EN LA JURISPRUDENCIA DEL TC y DEL TS ••••••••••.••• 239 A. Proceso debido y prohibición de la indefensión •••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 240 B. Proceso debido y principio acusatorio •••••••••• 260 C. Proceso debido y derecho de defensa •••••••••••• 270 D. Proceso debido y Art. 24 CE
280
E. Proceso debido y principio de publicidad •.•.•.• 284 F. Proceso debido y principio de igualdad de armas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 286
G. Proceso debido y presunción de inocencia ..••••• 287 H. Proceso debido y dilaciones indebidas .•.....••• 292 I. Proceso debido, proceso con todas las garantías y Juez imparcial .••.•.....•••.•.•.••.• 296
VI.
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SIN INDEFENSION ..•..•....••.•••••...•.... 301
A. Derecho de acceso a la justicia y derecho a una resolución fundada sobre el fondo del asunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 B. Motivación de las resoluciones judiciales ...... 307 C. Derecho a los recursos
309
D. Derecho a la ejecución de sentencias ........... 312 VII. EL PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO AL PROCESO DEBIDO ••..•..••..•••.••.•..•.....•...•. 315
A. Recapitulación de derecho comparado .•.•........ 315 1. La naturaleza del proceso debido en el derecho de los EEUU de Norteamérica •.•.... 315 2. La naturaleza del proceso debido en el derecho alemán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 B. El "Due process of law" como principio general del derecho en relación al Derecho Jurisdiccional español •••..•••......... 318 1. Resumen de la posición jurisprudencial
318
a. concepto estricto: Elemento integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva .•...••..• 319 b. Concepto ecléctico: Equivalente a las garantias del arto 24 CE .•..••... 320 c. Concepto amplio: Participe de la naturaleza juridica de los principios generales del derecho •••••••••.•.••...• 320 Nuestra posición •••••••••••••••••••.•••••• 328
?"
a. Naturaleza y contenido ••••••••••..•.... 329 b. Efectos •....•••••••••.••.•.•.•....••.•• 332
,(;Olij~L1) 81 ONES
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~..........................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
INDICE BIBLIOGRAFICO . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . . . . . . . . . .
335 339
342
-
ABREVIATURAS
ACLR AG ADWBL BGBl BGH
: American Criminal Law Review.
oficial. ··• AmtsgerichtjTribunal AnwaltsblattjBoletln de la Abogacla. Oficial Federal. ··• BundesgesetzblattjBoletln BundesgerichtshofjTribunal Supremo Federal
BGHSt
BJC BVerfG BVerfGE BVerfGG
·• · · ·
CC CE
:
CEDH
:
DPL
·• · ·: ·
DRiG DRiz DWl EGGVG
EGMR EuGRZ
EuKomMR
·
· · · o
para asuntos civiles y causas penales. Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, amtliche SammlungjResoluciones del Tribunal Supremo Federal en causas penales, colección oficial. Boletln de Jurisprudencia Constitucional. BundesverfassungsgerichtjTribunal Constitucional Federal. Entscheidungen des BVerfG, amtliche SarnrnlungjResoluciones del Tribunal Constitucional Federal, colección oficiaL. BundesverfassungsgerichtsgesetzjLey del Tribunal Constitucional Federal, de 12.12.1985 (BGBl 1 S 2229). CÓdigo civil de 24 de julio de 1889. Constitución Española de 31 de octubre de 1978. Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma 4 de noviembre de 1950. Due Process of LawjPrincipio del Proceso Debido. Deutsches RichtergesetzjLey de los Jueces alemanes de 08 de septiembre de 1961 (BGBl 1 1665; 111 301 - 1). Deutsche Richterzeitung. Deutsches Verwaltungsblatt. Einführungsgesetz zum GerichtsverfassungsgesetzjLey de introducción a la Ley Orgánica de los Tribunales, de 27. enero de 1877 (RGBI 77; BGBL I I ! 300-1). Entscheidungen des Europaischen Gerichtshofs für MenschenrechtejSentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Europaische Grundrechte ZeitschriftjRevista Europea de Derechos Fundamentales. Europaische Kornrnission für MenschenrechtejComisión Europea de Derechos Humanos.
Fed.R.
Crim.p GA GG GVG
JA
: Federal Rules of Criminal Procedurej
Normativa Procesal Penal Federal. Goltdammer's Archiv für Strafrecht. GrundgesetztjLey Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949. GerichtsverfassungsgesetzjLey orgánica de los Tribunales de 27 de enero de 1877 (RGBl 417; 111 300-2), Nueva redacción de 09 de mayo de 1975 (BGBl 1, 1077). : Juristische Arbeitsblatter.
.
·
2
JBeitrO JGG JR
JUS JZ LEC LEcrim LG
LJCA LO
LOPJ LOTC LPL L. Rev. ~R ~K
: Justizbeitreibungsordnung/Ley sobre Recaudación de Costas Judiciales de 11 de marzo de 1937. : Jugendgerichtsgesetz, vom 4. August 1953 (BGBl I S. 751; III S. 451-1). : Juristische Rundschau. : Juristische Schulung. : Juristenzeitung. : Ley de Enjuiciamiento Civil, de 3 de febrero de 1881. : Ley de Enjuiciamiento criminal, de 14 de septiembre de 1882. : Landgericht/Tribunal Estatal (Land). Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. : Ley orgánica. : Ley orgánica del Poder JUdicial, de 1 de julio de 1985. : Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 1979. : Ley de Procedimiento Laboral, de 27 de abril de 1990. : Law Review/Revista Juridica. : Monatschrift für Deutsches Recht. : Europaische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Grundfreiheiten/ CEDH, Roma 4 de noviembre de 1950. : zeitschrift: Niedersachsische Rechtspflege. : Nueva Enciclopedia Juridica Seix. : Neue Juristische Wochenschrift. : Neue zeitschrift für Strafrecht.
NdsRpfl NEJ NJW NStZ N.Y. crim. Proc.Law : New York Criminal Procedure Law/Ley Procesal Penal del Estado de Nueva York. OJ/OOJJ : Organo/s Jurisdiccional/es. OLG : Oberlandesgericht/Tribunal Superior del Land. op. : Obra. OWiG : Gesetz über Ordnungswidrigkeiten/Ley sobre contravenciones al orden administrativo. p./pp. : Página/s. PIDCP : Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, Nueva York, 19 de diciembre de 1966. RA : Repertorio de Jurisprudencia, Aranzadi. RDPI : Revista de Derecho Procesal Iberoamericana. RDpriv : Revista de Derecho Privado. REDC : Revista Española de Derecho Constitucional. RGBl : Reichgesetzblatt/Boletin imperial. STC : Sentencia del Tribunal Constitucional. STEDH : Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. StGB Strafgesetzbuch/Código Penal, de 2. enero. de 1975 (BGBl I 1; III 450-2). stpo : StrafprozeBordnunw/Ley Procesal Penal, de 1. febrero de 1877 (RGBl 253; BGBl III 312-2). STS : Sentencia del Tribunal Supremo.
strVollstrO : Strafvollstreckungsordnung/Ley de Ejecución de las penas en general, de 15 de diciembre de 1956. : Strafvollzugsgesetz/Ley de Ejecución de Penas stVo11zG Privativas de Libertad, de 16 de marzo de 1976. : Tribunal Constitucional. TC : Tribunal Europeo de Derechos Humanos. TEDH : Tribunal Supremo. TS u.Pa.LeRev: University of Pennsylvania Law Review. USC : united States constitution/Constitución de los USA de 17 de septiembre de 1787. : united States Constitution Amendment/ U.S.C.A Enmiendas a la Constitución de los USA. Desarrollo. : Verkehrsrechtsammlung. VRS Wis.L.Rev.: Wisconsin Law Review. Yearbook of the European Convention on Human Ybk Rights. Zeitschrift für schweitzerisches Recht/Revista ZfSR Jurídica Suiza. : ZivilprozeBordnung/Ley Procesal civil. ZPO : Zeitschrift für Rechtstpolitik. ZRP : zeitschrift für die gesamte zstw Strafrechtswissenschaft.
INTRODUCCION
CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO
•
Antes de entrar en la materia propia de esta Tesis Doctoral, debemos realizar una genérica y sucinta justificación de las páginas
que
bajo
el
rótulo
"Introducción"
se desarrollan
a
continuación. En primer lugar, dado que el objeto de la presente tesis doctoral está constituido por una institución a la que atribuimos la
naturaleza
de
principio general
del
derecho,
nos
parece
imprescindible partir del estudio de la teor1a general de los principios,
de
tan
amplia
raigambre
entre
procesalista tanto nacional como extranjera,
la
doctrina
y que tiene una
especial relevancia y utilidad en relación a la interpretación de la normativa procesal. No es posible una correcta comprensión del proceso debido si se desgaja del resto de principios que integran la teor1a a la que nos referimos con los que comparte una única naturaleza. Cada uno de los principios del proceso se aplica a un objeto concreto y en un ámbito determinado (principio de oportunidad, en relación a
las posibilidades de iniciar el proceso en el
proceso civil y derivados, procedimiento,
etc.),
principio de oralidad,
propio del
en tanto que el principio del proceso
debido contiene la totalidad de los principios integrantes de la teoria
de
los
principios
(principios
comunes
a
todos
los
procesos, principios especificos, principios del procedimiento) siempre que no sean incompatibles,
siendo además adaptable y
aplicándose tanto al proceso penal como al proceso civil y a
16
El principio del proceso debido aquellos que de él derivan, respetando la naturaleza de cada uno de ellos. El
estudio del principio del proceso debido no tendrla
ningún sentido si no lo pusiéramos en relación, primero con el conjunto de la teoría de los principios, y posteriormente con aquéllos que rigen en el proceso y los procedimientos propios de cada una de las manifestaciones de la jurisdicción.
I. NOTAS PRELIMINARES
Dentro del análisis de la naturaleza del proceso y como configuradores de la estructura del mismo, además de serlo de los diversos procedimientos,
nos encontramos con la necesidad de
remisión a unos puntos de referencia comunes, cualquier
ulterior
construcción
casuismo,
suponiendo
más
un
adolecería
retroceso
sin los cuales
del
que
un
defecto avance
del el
encontrarnos tratando materias científicas de un modo contingente y básicamente inadecuado. En auxilio de las carencias que venimos a señalar de
forma
tan somera y que han aquejado a lo largo de siglos los esfuerzos realizados para la construcción de una auténtica ciencia del Derecho Procesal, ya a mediados del siglo anterior y fundamental e inicialmente a cargo de estudiosos alemanes (Bülow, Kohler, Wa~h,
Goldschmidt, etc.), se procedió a sentar las bases
17
del
Iñaki Esparza Leibar método científico para la disciplina que nos ocupa, además de a acotar el campo que en lo sucesivo habría de serIe propio l • Uno de los contenidos, el más tradicional sin duda, ha sido de alguna manera hipervalorado hasta el punto de denominar la disciplina Derecho Procesal olvidando incluir en la definición otros contenidos no menos importantes sobre los que "ab initio" carecemos de información
(tal es el caso de la teoría de la
acción y de la parte orgánica); nos estamos refiriendo claramente al proceso, que es la parte de la que pasaremos inmediatamente a ocuparnos: y más concretamente haremos referencia a una línea metodológica, dentro de la teoría del proceso, que nos dará en todo momento una
referencia
cierta para
posteriormente se ha construido,
juzgar todo
lo que
su error o acierto,
de una
manera indudable por lo que de científico incorpora el método al que nos referimos, y que la doctrina ha denominado método de los principios 2 •
1 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional. Parte general, 1993, v. 1, pp. 25-36. vid. también referencia btbltográfica en PRIETO CASTRO L. Tratado de Derecho Procesal Civil. Proceso declarativo y proceso de ejecución, Pamplona 1985, 21 ed., t. 1, pp. 172-174. RAMOS MENDEZ F. Derecho Procesal, Barcelona 1978, pp. 19-20. Ba~c@lona
2 Vid., en general MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional
I op. cit., v. 1, pp. 485-548. GOMEZ COLOMER J. L. Reflexiones sobre las bases científicas de la parte general del Derecho Jurisdiccional, Justicia, n Q 111 1989, pp. 590 Y ss. 18
El principio del proceso debido 11. CONCEPTO Y NECESIDAD DE LA TEORIA DB LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO
considerado
como
un
método
orientado
sistematización de unos principios de general
hacia
la
aceptación,
a
partir de los cuales se establecen los contenidos propios y los limi tes
de
cada proceso,
atendiendo a
las exigencias de
la
pretensión objeto del mismo, que requerirá un tratamiento u otro; pero es que además, y precisamente por su construcción lógica, el mencionado método de los principios determina el conjunto de garantias procesales que a modo de cierre serán establecidas para cada
proceso,
o
dicho de otra manera,
dados unos principos
tendremos la posibilidad de instaurar unas u otras garantías procesales. principios
Particularmente que
denominaremos
llamativo bifrontes,
es
el y
caso
ello
de
los
puesto
que
simultáneamente compaginan la naturaleza de principios con la de garantias;
Son
los principios del procedimiento,
los
cuales
determinan considerablemente los procesos que configuran3 • La relación que se apunta constituye una hipotésis para cuyo tratamiento comenzaremos inmediatamente con la exposición ordenada de un sistema de principios procesales generalmente
3 En este sentido vid. MORENO I CORTES I GIMBNO Introducción al Derecho Procesal, Valencia 1993, p. 237, donde se destaca la importante función de los principios del proceso en relación al "proceso justo", que como veremos a lo largo del presente trabajo equivale a proceso debido; "A través del estudio de los principios del proceso se puede observar en un corto espacio los criterios informadores de nuestro ordenamiento procesal, a la vez que puede destacarse la adecuación o no de nuestros distintos tipos de procesos con el modelo del "proceso justo" trazado por nuestra Constitución." 19
Iñaki Esparza Leibar aceptado y suficientemente sistematizado como para suponer una base imprescindible para la posterior construcción. Es probablemente éste el momento adecuado para situar el concepto de proceso diferenciándolo de otros, que aun no siendo equiparables, son ordinariamente empleados como sinónimos, de tal suerte que entenderemos por proceso aquél función
jurisdiccional
a
través
del
instrumento de
cual,
únicamente,
la se
ejercita la misma 4 ¡ obtenida una definición tan concreta como la precedente estamos en situación de poder compararla con las correspondientes a
los antedichos conceptos que se prestan a
equívoco:
1- Procedimiento: Procedimiento se refiere a una serie de fases
sucesivas
efectivamente perfectamente
de
un
ser no
serlo,
fenómeno ¡
jurisdiccional, (el
dicho
fenómeno
pero
procedimiento
a
puede seguir
puede también para
la
obtención de un permiso de ausencia en el caso de los profesores universitarios), la desvinculación con la función jurisdiccional puede ser absoluta,
a diferencia del proceso,
y en todo caso
parece aludir a una actividad formal, externa o no sustantivas. 4 HONTERO/ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., v. 1,
pp. 455-460. 5 HONTERO/ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., v. 1, pp. 455-460. DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho Procesal Civil, v. 1, (Introducción. El proceso civil, sus tribunales y sus sujetos), 3i Ed., Barcelona 1988, S 3, pp. 58 Y ss. Vid. en general sobre esta materia, ALCALA-ZAHORA y CASTILLO, Estudios de derecho procesal, Madrid 1934, págs. 461 y ss. RAMOS HENDEZ F. Derecho procesal civil, Barcelona 1992, 5i ed., T. 1, pp. 330-331ALHAGRO/GIHENO/CORTES/MORENO Derecho Procesal. Parte general. Proceso civil (1), Valencia 1988, T. 1, Vol. 1, pp. 190-191. PRIETO CASTRO L. Derecho Procesal Civil, Madrid 1988, 4i ed., pp. 20
El principio del proceso debido 2- Juicio: En propiedad, dicho vocablo designa el momento final del proceso, alli donde el órgano jurisdiccional emite un pronunciamiento
sobre
la
materia
que
integra
el
asunto
controvertido; de lo que cabe entender que la confusión entre juicio y proceso, a nivel conceptual, supone el mismo error que la
designación de la rama del ordenamiento juridico que nos
ocupa como derecho procesal olvidando; como en lineas anteriores otras
señalábamos,
partes
esenciales
que
a
dicha
rama
corresponden por definirlas con el nombre de una sola de sus partes, que en ambos casos es discutible sea la esencia1 6 •
3- Enjuiciamiento: Es el término tradicional del derecho español para designar la acción y efecto de enjuiciar, por lo que abarcará tanto el procedimiento como el proceso,
además del
juicio que sobre él se emita. No es un instrumento ni es una actividad externa o formal,
asi como tampoco es un concreto
momento del proceso, precisamente el de su resolución; sino un término general y Es seguro,
relativamente vago en su plasmación7 •
y volvemos a la teoria de los principios del
proceso, que el estudio, desarrollo y posterior aplicación de los principios
ha
sido
mayor
en
la
rama
penal
del
Derecho
38-39. COUTURE E. J. Vocabulario ;uridico, Buenos Aires 1991, p. 479.
6 PRIETO CASTRO L. Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., t. I, pág. 49; SERRA DOHINGUEZ H. Estudios de Derecho Procesal, Barcelona 1969, págs. 63 Y ss .. Vid. ACOSTA ESTEVEZ Los derechos básicos del justiciable, Barcelona 1987, págs. 27 y ss. COUTURE E. J. Vocabulario ... , op. cit., p. 357 Y ss. 7 Para mayor detalle sobre el término, vid. FENECH H. Derecho Procesal civil, Madrid 1986, pp. 41 Y ss., SS 14 Y 15. 21
Iñaki Esparza Leibar Jurisdiccional, y ello debido posiblemente a que los derechos de los que
la referida rama se ocupa han sido considerados de
preferente interés por la doctrina dada la trascendencia que los caracteriza. En todo caso ello nos permitirá un más rápido avance en el desarrollo de los mismos dentro de la rama civil por medio de un adecuado aprovechamiento de los estudios y plasmaciones que los investigadores de la materia penal han realizado. Sin olvidar la esencial unidad del proceso en el sentido del concepto que anteriormente avanzábamos y sin
perde~
de vista
que los principios que rigen ambos procesos, civil y penal, son en general correlativos, teniendo en muchos casos la posibiblidad de
deducir
los
unos
mediante
una
interpretación
a
sensu
contrario de los otros, y esto en ambas direcciones. Procederemos en este
momento a la exposición por separado de los principios
derivados proceso
del
principio
y
civil
en
de
oportunidad,
general
de
los
caracteristico procesos
laboral
del
y
administrativo, y por otro lado expondremos también, de la forma más
detallada
y
sistemática
posible,
las
derivaciones
del
principio de necesidad como origen de la obligada distinción entre proceso corresponde.
civil y Hay
que
penal, tener
siendo en
a
cuenta
este último sin
embargo,
a
quien que
la
separación entre los distintos procesos no es ni tan n1tida ni tan absoluta como pudiera parecer; al contrario,
"anziche la
assoluta separazione di un incolmabile abisso, corre a guisa di ponte di passaggio una zona di forme processuali intermedie (proceso penal por delitos privados y semiprivados, y proceso civil inquisitivo) - attraverso le quali la graduale continuita 22
El principio del proceso debido tra i due tipi estremi di processo - (proceso civil dispositivo y proceso penal por delitos públicos) -
e mantenuta, e confermata
la loro essenziale unita di destinazione,,8. En
la
misma
línea
que
la
argumentación
antecedente
y
previamente a cualquier intento de clasificación de procesos atendiendo necesaria
a una
los
principios
referencia,
a
los
siquiera
que
responden,
breve,
a
un
se
hace
grupo
de
principios que son comunes a todo tipo de procesos y que están referidos a las posibilidades de intervención de las partes en el proceso. A ellos, y por suponer su existencia el respeto de algunos postulados elementales de justicia, se los ha llegado a denominar, por algún "jurídico-naturales" 9 • entendida
de modo
concreto sector doctrinal, como principos En cualquier caso,
di verso,
existe
si su naturaleza es
acuerdo
unánime
sobre
su
contenido; así, serán comunes a todos los procesos los siguientes principios 1o :
A- Dualidad de posiciones: Cuya concreción cabría en el siguiente
enunciado:
La
existencia
requiere
necesariamente de dos
de
un
verdadero
posiciones,
que
proceso
no partes,
contrapuestas; sin esa dualidad no existirá un verdadero proceso,
8 CALAMANDREI P. Opere giuridiche, vol. l, Napoli 1965, pp. 146. 9 DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho Procesal ... , op. cit. vol.l., §
4, pp. 65-82.
10 FAIREN GUILLEN V. Doctrina general del derecho procesal, hacia una teoría y ley procesal generales, Barcelona 1990, pp. 35 Y ss. 23
Iñaki Esparza Leibar y de otra parte la misma determinará la estructura del proceso a que dará lugar precisamente la dualidad de posiciones ll •
B- Contradicción o audiencia:
Se trata de un principio
general del derecho, en base al cual, nadie puede ser condenado sin ser oido y vencido en "juicio"
(proceso). Se trata de una
parte, y de una parte fundamental, de lo que denominamos derecho de defensa, que deberá ser articulada técnicamente de diferente forma para los procesos informados por el principio especifico de oportunidad o para aquellos que lo son por el de necesidad. Lo que
debe
quedar claro es que
se
reconoce y
se debe de
garantizar para todas las partes de todos los procesos; esta última
consideración viene
articulo
24.1
CE,
implica
la
contradicción
correspondiente
a
de
avalada
por
la prohibición de
derechos
o
la la
audiencia) ,
fundamentales,
inclusión, indefensión en con
la la
en
el
(que parte
especial
protección que ello conlleva l2 • La necesidad de este principio no termina una vez iniciado el proceso, emplazamiento o citación, sino que tiene vigencia a lo largo de todo su devenir. Las concretas garantias que requiere 11 RAMOS MENDEZ F. El sistema procesal español, Barcelona 1992, pp. 129 Y ss. LORCA NAVARRETE A. M. Introducción al Derecho Procesal, Madrid 1991, p. 74. PRIETO CASTRO L. Tratado ••. , op. cito q pp. 233-236. 12 RAMOS MENDEZ F., El proceso Denal. lectura constitucional, Barcelona 1993, págs. 13 y 14. RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal ... , op. cit., pp. 338, 339. ESCUSOL BARRA E. Manual de derecho procesal-penal, Madrid 1993, p. 126. ORTIZ NAVACERRADA s. Jurisprudencia procesal civil del Tribunal Supremo, Granada 1992, pp. 44 Y ss. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, Oviedo 1987, p. 33. DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/ MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal, Madrid 1993, pp. 28-32 Y 604. 24
El principio del proceso debido para su efectividad serán objeto de estudio posterior en nuestro trabaj o 13.
C- principio de igualdad de las partes:
Cuya existencia
garantizará que todas las partes dispongan de igualdad de medios para la defensa de sus respectivas posiciones; lo que debemos entender en este lugar no es que las partes son iguales pues no lo
son
(especialmente
administración pública
si
consideramos
al
Estado
en su actuación como parte
u
otra
procesal,
también es el caso del MF en relación con el acusado en el proceso
penal,
pero
también
existen
desigualdades
por
circunstancias de hecho, económicas, culturales, etc.) sino que en virtud de la igualdad quedarán automáticamente proscritas las posibilidades de la existencia de privilegios para alguna de ellas 14 • Posiblemente sea éste el principio de más difícil aplicación real, dado que el mero enunciado normativo (por elevado que sea el
cuerpo
que
lo
recoge),
no
podrá
en
ningún
caso
con
pretensiones de inmediatez acabar con desigualdades de hecho poco menos que milenarias en el seno de la sociedad en el que se 13 RAMOS MENDEZ F. El sistema •.• , op. cit. I pp. 78 Y ss. MORENO/CORTES/GIMENO Introducción ••• , op. cit., pp. 238-240. 'lid., SSTS, de 30 de octubre de 1987, 31 de marzo de 1989, 6 de octubre de 1990, 5 de febrero de 1991, entre otras. 14 ORTIZ NAVACERRADA S. Jurisprudencia procesal •.• , op. cit., p. 48. En relación con la igualdad de armas Waffengleichheit, vid. MORENO/CORTES/GIMENO Introduccion .•• , op. cit., pp. 240-241SSTS, de 6 de julio de 1987 y de 19 de enero de 1988. DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 32-37 Y 604-605. Para las especialidades de la postura del Estado como parte procesal civil, vid., PRIETO CASTRO L. Tratado ... , op. cit., t. I, pp. 236-237. 25
Iñaki Esparza Leibar intenta promover. Se recoge primariamente
en los articulos 1.1
y 14 CE I5 •
De los citados principios comunes a todos los procesos, al menos el de audiencia y contradicción y el de igualdad informan la legislación procesal tanto desde el prisma ejemplificador y general propio de todas las instituciones principiales, como, y cerrando el sistema, "garantlas constitucionales" del proceso, de todos ellos 16 lo que requiere un desarrollo especifico para cada uno partiendo no ya de la generalidad y abstracción sino de las exigencias concretas de cada fase de cada proceso. Expuesto el alcance que como principios les corresponde, suspendemos ahora la exposición del ámbito que como nuevamente
abordarla en el
garantias les afectará, para
lugar que consideramos adecuado,
siendo plenamente conscientes de que cualquier principio respecto del que no se establezcan concretas garantias, estará condenado a una ejemplificadora ineficacia. Es
a
partir
de
este
momento
cuando
comenzaremos
la
exposición de los fundamentos que sustentan la distinción primero entre el proceso civil y el proceso penal,
es decir,
principios especificos de oportunidad y necesidad, seguirán
los
principios
técnicos
derivados
de
a
de los los que
cada
uno
de
15 RAMOS MENDEZ F. El sistema ... , op. cit., pp. 75 Y ss. 16 En relación al proceso civil, vid. RAMOS HENDEZ F. Derecho procesal ... , op. cit., pp. 343 Y ss. 26
El principio del proceso debido ellos 17 • Comenzando por aquél que caracteriza al proceso civil.
A. El principio de oportunidad y los derivados
El principio de oportunidad es aquél que regirá en todos los procesos en los cuales el interés predominante sea el interés del individuo, informando as! todo el desarrollo de los mismos en la medida en que como se ha dicho,
la afirmación de un concreto
derecho privado constituya el objeto de aquéllos. Como tal, es un principio neutral respecto del tema que pretendemos abordar, pues de su mera existencia nos resultará imposible concluir que exista
un
nexo,
garantías que principio.
con
la
formulación
causa-efecto,
con
las
debe contar cualquier proceso informado por dicho
En cualquier caso, estimamos conveniente, para una
adecuada comprensión del conjunto de la presente exposición, el hacer siquiera una breve referencia a los contenidos que comporta la existencia del principio de oportunidad, que a su vez nos dará la clave para entender la anterior afirmación. Está en relación con
otras
posibilidades
que
el
titular del
derecho
privado
perturbado puede emplear para el adecuado restablecimiento del mismo 18 ,
es
transacción),
decir, o
la
la
autocomposición
extraprocesal,
heterocomposición
materializada
(vgr. en
el
arbitraje. De tal suerte que serán las partes las que decidirán, 17 FAIREN GUILLEN V. Doctrina general ... , op. cit. pp. 267 Y ss. 18 HONTERO/ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., v. 1, pp. 465-471. FAIREN GUILLEN V. Temas del ordenamiento procesal, t. 1, Madrid 1969, págs. 321 y ss. 27
Iñaki Esparza Leibar en base a su conveniencia u oportunidad, si sus intereses serán tutelados por un órgano jurisdiccional o no. O dicho de otra manera, el proceso, cuando en él se conozca de pretensiones de carácter privado, nunca será
iniciado de oficio por el órgano
jurisdiccional a quien en estos casos no compete la iniciativa procesal.
Tal y como certeramente
se ha dicho,
es el Estado
quien ejerce la tutela de los derechos privados, pero no para si, pues no es el sujeto interesado con derecho a ella; por lo que no le corresponderá, en este ámbito, la iniciativa procesal 19 • Llegados a este punto, parece conveniente realizar un pequeño inciso
en
meramente
el
que
técnico
enmarcar o
la
discusión
técnico-politico
de
sobre las
el
carácter
normas
básicas
reguladoras del proceso y concretamente del proceso civil. Desde la posición que entiende que dichas normas componen un derecho técnico a salvo totalmente de influencias ideológicas siendo el caso del proceso civil "particularmente estable •.. , como
lo muestran el
alemana
oriental
modificaciones opuestos. ,,20,
a
y
ejemplo de española,
través
de
constituyendo
producidas
meras
exigencias
contenido
técnico-dogmático.
las
que
legislaciones
han
regimenes el
subsistido politicos
fundamento
teóricas Hasta
y la
italiana,
de
casi
totalmente
las
reformas
experimentales concepción
19 WACH A., Manual de Derecho Procesal civil, vol. Aires 1977, pág. 22.
sin
de
opuesta
I,
Buenos
20 SERRA DOMINGUEZ M. Liberalización y socialización del proceso ci vil. (Las facultades del Juez en la legislación y en la realidad procesales), Ponencia redactada para el V Congreso Internacional de Derecho Procesal, México 1972, RDPI 1972, pp. 511 Y ss.
28
El principio del proceso debido sustentada por juristas principalmente italianos, soviéticos y austríacos para los que la dependencia del proceso con respecto a
la
ideolgía e
incluso,
en el caso de los socialistas,
el
servicio de aquél para con el sistema político, es evidente. Ello puede claramente deducirse de las siguientes palabras del jurista austríaco
Fasching21 :
estados totalitarios,
"La
diferencia
con
el
sistema
de
los
particularmente con el sistema jurídico
socialista, consiste en que estos medios intensificados del juez, se implantan allí para el logro de finalidades sociales, y aquí, ante todo, mediante la intervención del ministerio público y de otros organismos sociales en el procedimiento". Considera
este
sector de opinión que las reformas procesales entran dentro de las tareas de previsión social del Estado,
o dicho en otras
palabras, cada ideología determinada modulará la regulación del proceso con criterios políticos, pues esta última no es sino un reflejo de aquella y por tanto al servicio de los mismos fines. Parece más adecuado a
la realidad el propugnar una vía
intermedia entre las dos ya expuestas, afirmando que si bien los principios procesales reflejan la ideología política dominante, su plasmación técnica
concreta dependerá
presidida por
siempre de una
criterios de eficacia y
elaboración orientada a
posibilitar el ejercicio de la función jurisdiccional. De acuerdo con lo expuesto y fundamentanda la exactitud de la postura, la realidad permitirá encontrar soluciones similares en lo relativo a la normativa procesal dentro de regímenes políticos básicamente
21 FASCHING Liberalización y socialización del proceso civil., op. cit., pág. 311. 29
Iñaki Esparza Leibar diferentes. Dejando a un lado el paréntesis abierto, y expuestas sucintamente las diversas posturas,
pasamos
inmediatamente a
centrarnos en el ordenamiento español actual, y dentro de él a analizar los principios técnicos, derivados del especifico de oportunidad, presentes. En
el
ordenamiento
español
actual
el
principio
de
oportunidad rige tanto en el proceso civil como en los procesos laboral
y
administrativo,
especiales
surgidos
de
que la
no
son
sino
insuficiencia
procesos de
civiles
éste, para
el
tratamiento de cuestiones especificas propias de aquéllos.
1. Principio dispositivo
Su necesidad viene dada por la exigencia de armonizar la potestad jurisdiccional pública representada por el juez, con la autonomia de la voluntad de las partes en el proceso civil. Supone una forma de delimitar el campo de actuaci6n de cada uno de los sujetos citados. Una definici6n clásica que del mismo se ha dado lo enuncia como aquél principio " ••• que en el proceso civil atribuye a las partes la tarea de estimular la actividad jUdicial
y
aportar
los
materiales
del
proceso"n,
con
las
correlativas consecuencias de que los hechos no aportados por las partes no podrán ser tenidos en consideraci6n por el 6rgano
22 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho JuriSdiccional, op. cit., t. I, pp. 508-511. SCHONKE A. Derecho procesal civil, Sil Ed., Barcelona 1950, pág. 31. vid. también RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal ... , op. cit., p. 337. 30
El principio del proceso debido jurisdiccional,
ni
este
podrá,
de
oficio,
practicar
prueba
alguna 23 • Hoy, y tras apreciar la existencia de varios y diferentes contenidos dentro de la definición transcrita, se ha procedido a su desmenuzamiento y se considera, mediante la aplicación de una correcta técnica procesal, que el contenido que realmente es propio
del
principio
iniciativa procesal acción),
la
que
nos
ocupa
se
limita
reservar
la
(nadie puede ser obligado a ejercitar su
determinación de
lo
que
constituirá
objeto del
proceso, y la posibilidad en cualquier momento de ponerle fin (desistimineto, allanamiento, etc.) a cualquiera de las partes~. De lo que se deduce que las únicas facultades que corresponderán al órgano jurisdiccional en cuanto a la fijación y disposición del objeto del proceso,
serán aquellas que puedan acomodarse
dentro de la congruencia con las peticiones que le sean hechas; siendo
de
esta
ejercitada y
manera
y
a
su vez
coherente con
la
opción
plasmada en los articulos 33 y 38 de la CE.,
23 Con respecto al último inciso existe una clara excepción al principio dispositivo, las diligencias para mejor proveer, excepción que permite al OJ practicar de oficio, sin ningún requisito previo, todo tipo de prueba; vid. PRIETO CASTRO L. Tratado ... , op. cit., v. I, pp. 523-534. CORDON MORENO F. En torno a los poderes de dirección del Juez Civil, RDpriv 1979, pp. 807-826. HARTIN OSTOS J. Las diligencias para mejor proveer en el proceso civil, Madrid 1981. VAZQUEZ IRUZUBIETA C. Doctrina y jurisprudencia de la Ley de Enjuiciamiento civil, Madrid 1989, 49 ed., pp. 369-379. vid. también, diligencias para mejor proveer arts. 340, 341 Y 342 LEC. 24 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, p. 509. ALMAGRO NOSETE J. Consideraciones de Derecho procesal, Barcelona 1988, pp. 247 Y ss. GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal civil. Parte general. El proceso declarativo ordinario, Madrid 1979, Vol. I, § 23, pp. 213 Y ss. MORENO/CORTES/GIMENO Introducción ... , op. cit., pp. 241-243. 31
Iñaki Esparza Leibar distinguiendo capacitando
los al
intereses
titular
de
públicos
dichos
de
intereses
los
privados
para
y
decidir,
atendidas las limitaciones que impone la función social de la propiedad, libremente el destino que al objeto de su propiedad quiera dar. En este contexto, el principio dispositivo no es sino un reflejo, en la concreta faceta procesal, de la autonomia de la voluntad respecto de los intereses privados.
2. Principio de aportación de parte
Supone que es misión de los litigantes la aportación de los hechos necesarios para fundar sus peticiones, habida cuenta que, a los citados efectos, los hechos que por ellos no sean aportados no serán tenidos en cuenta a la hora de pronunciar el fallo, consecuentemente
con
10
expuesto
en
el
anterior
epigrafe.
Igualmente, en virtud del principio que explicamos, corresponderá a las partes la proposición de concretos medios de prueba que servirán para probar los hechos por ellas aportados, y que una vez más, no serán tenidos en cuenta para el pronunciamiento de la sentencia en la medida en que no resulten probados. Existen en el proceso civil algunas excepciones a este principio sin que, en ningún caso, lleguen a suponer una derogación del principio general, v.gr.
articulo 340 LEC, que sustenta las
dilig~ncias
para mejor proveer en las que el órgano jurisdiccional puede, de oficio, acordar la práctica de medios de prueba. Por lo que al proceso laboral respecta la aplicación del principio es general, igualmente existen algunas excepciones, al igual que ocurre en 32
El principio del proceso debido el proceso civi1 25 • En el caso del proceso administrativo, parece más bien regirse por un principio de aportación no exclusivo de las partes sino compartido con el órgano jurisdiccional, tanto respecto de la aportación de hechos, la LJCA.), prueba,
(articulas 43.2 y 79.2 de
como respecto de la proposición y práctica de la
(articulo 75 de la LJCA.)u.
Esta
tendencia,
que
mina
de
alguna
forma
la
vigencia
absoluta del principio de aportación de parte, viene observándose en algunos ordenamientos ya consolidados, (República Federal de Alemania
o
vigencia),
Austria, y
cuyas
ZPO
en particular en
tienen
más
de
lo referente a
práctica de los medios de prueba,
un
siglo
de
proposición y
(manteniéndose la aportación
de los hechos en la esfera de las partes), y ello debido a la introducción
del
deber
jUdicial
de
interrogación
y
esclarecimiento, que al otorgar parte de dichas facultades al órgano
jurisdiccional
lo
hace
igualmente
participe
en
la
responsabilidad por el resultado del procesoTI • Esta linea parece correcta en tanto que su pretensión sea la verdad material del proceso y en la medida en que no se violenten los principios rectores del proceso civil, y también en la medida en que la 25 MONTERO AROCA J. El proceso laboral, Barcelona 1982, pp. 8891. Vid. arts. 87.2, 93.2 Y 95 LPL que recogen las excepciones especificas de la LPL al principio de aportación de parte. 26 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, p. 516. CORDON MORENO F. La legitimación en el proceso contencioso-administrati va, Pamplona 1979, pp. 66-86. CORTES DOMINGUEZ v. Las facultades del tribunal ex arto 43.2 de la LJCA. lNota a la sentencia de la Sala cuarta del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1980), Justicia 1981, pp. 240-244. 27 SCHONKE A. Derecho ..• , cit. pág. 33. LENT F. Wahrheit und AUfklarungspflicht im Zivilprozess, 1942. 33
Iñaki Esparza Leibar participación del órgano garantizar
un
innovaciones
jurisdiccional sirva realmente para
resultado transcritas
delimitación
más
justo.
no
suponen
más
definitiva, que
una
las nueva
entre la potestad jurisdiccional y la autonomla de
la voluntad anteriormente expuesta. sustancial,
En
ya que
la
No siendo una alteración
innovación introducida no tiene otro
objeto al fin, que el de la protección de los intereses privados, respetando su carácter, y ello mediante la introducción de una más depurada técnica procesal dentro de la aplicación de la función jurisdiccional, que por ser pública permitirla, siempre que no se
excedan sus llmites, este tipo de innovaciones. otra
propuesta que al respecto ha sido planteada, y que consideramos más discutible,
se cuestiona,
no ya
la delimitación función
juriSdiccional-intereses privados, sino el propio mantenimiento del
principio
dispositivo;
Se
propugna
la
implantación
del
principio de investigación oficial en el proceso civil, y ello en pos de la obtención de la verdad material, considerada como interés prioritario de la comunidad, e incluso en pro de dotar al juez de una mayor iniciativa y por tanto, se supone, de una correlativa mayor satisfacción28 • El punto de vista anotado no es pacificamente aceptado y por ello ha sido objeto de criticas fundamentalmente en el sentido de considerar que la verdad material en el proceso civil no es necesariamente requerida por el interés de la comunidad, con lo
28 Vid. SCHNEIDER H. Zur Neugestaltung des Verfahrenrechts, 1936, págs. 157-161. PRACHT W. Die Berufung vor dem Landesarbeitsgericht, en 10 Jahre Arbeitsgericht, Berlin 1937, pág. 23. PRIETO CASTRO L. Tratado •.. , op. cit., t. I, p. 535. 34
El principio del proceso debido que
el
proceso civil
cumple con
su cometido definiendo con
carácter vinculante las relaciones juridicas de las partes aunque no se correspondan totalmente con las relaciones existentes antes de pronunciada la sentencia. Por ello no perjudica al interés de la comunidad el que se permita a las partes la aportación del material de hecho del proceso29 •
"El bien común no exige, sino
que por el contrario se opone, a que la responsabilidad por la aportación
adecuada
y
suficiente
de
material
de
hecho
se
sustraiga a las partes inmediatamente interesadas, y se confie al Estado, esto es, a la comunidad misma,,30. En todo caso y por lo que a nosotros respecta, consideramos que el ámbito que corresponde al principio de aportación de parte,
considerado
dirección
del
dentro
proceso,
de es
las
facultades
aquella
materiales
delimitación
de
función
jurisdiccional-interés privado, a la que aludíamos al inicio de la exposición de esta materia, que nos parece respetuosa con la naturaleza de
los intereses presentes en el proceso civil y
adecuada a la finalidad que el mismo pretende. concepción que, en general, es la recogida por el ordenamiento procesal civil español.
3. Control de los presupuestos procesales e impulso procesal
29 Vid. LENT F. Wahrheit •.. , op. cit. 30 RISCH, Private und offentliche Belange in der bürgerlichen Rechtspflege, DRiZ., 1936, pág. 10. 35
Iñaki Esparza Leibar La cuestión que ahora abordamos está en relación no ya
con
el objeto o la materia que conforma el proceso (la pretensión), sino que hace referencia a una materia exclusivamente de técnica procesal:
se
trata de
saber por un
lado si
será el
órgano
jurisdiccional o, por el contrario, serán las partes o solamente alguna
de
ellas
las
encargadas
de
controlar
que
en
el
planteamiento del proceso se respete la exigencia técnica de realizarlo dados unos determinados presupuestos procesales. Por otro lado, y en 10 que al impulso atañe,
su objeto es el de
averiguar quién, órgano jurisdiccional o partes, será el sujeto al que corresponde impulsar el proceso cumpliendo, dentro del respeto de los plazos existentes al efecto, sucesivamente las fases legalmente establecidas. La distinción que de la resolución de estas materias se ha derivado y mantenido a lo largo del tiempo diferenciando el caso del proceso civil y el del proceso penal, ha perdido vigencia en la actualidad y dentro del ordenamiento español, habida cuenta, como al inicio de este epigrafe apuntábamos, de que se trata de una materia
técnica cuyo objetivo no es
otro que el de
el
ejercicio adecuado de la función jurisdiccional, la realización correcta
de
cada
uno
de
los
procesos
evitando
dilaciones
indebidas, situaciones de indefensión y equivocas comprensiones de lo que el interés privado, particularmente, debe suponer en relación a los dos temas de los que nos ocupamos 31 •
31 CaRDaN MORENO F. En torno a los poderes de dirección del Juez Civil, op. cit., pp. 807-826. vid. especialmente arto 24 CE. 36
El principio del proceso debido Para una mejor comprensión de
lo hasta ahora afirmado,
analizaremos por separado y con una breve reseña introductoria la articulación del control de admisibilidad de la pretensión deducida
en el
proceso y
la normativa referente
al
impulso
procesal, consideradas ambas actividades dentro de las facultades procesales de dirección del proceso.
Ya tempranamente y sobre
todo por parte de estudiosos alemanes se habla apreciado la relación existente entre la concentración del procedimiento y la práctica de oficio de notificaciones, citaciones y señalamiento de términos, 10 que se denominó "principio del impulso procesal de oficio", resultando de dicha práctica una mayor concentración
y
consiguientemente
una
mayor
rapidez
en
la
tramitaci6n
y
resolución de litigios. El instrumento preferente empleado para conseguir el objetivo transcrito ha sido la reducci6n del número de suspensiones de la tramitaci6n procesal. Es de todos conocido el ejemplo, extremo en la aplicaci6n de este principio, alcanzado en la legiSlación sueca, cuya ley procesal busca especialmente la concentración, resultando as! que la audiencia principal debe continuarse, a ser posible, sin interrupción hasta que el objeto del proceso quede dispuesto para ser resuelto
{en este caso
debemos advertir que no es sólo el principio de impulso procesal de oficio el determinante, sino que se conjuga con la aplicación de
otros
principios,
éstos
del
procedimiento.
Aunque
es
un
ejemplO válido para mostrar los diversos resultados posibles
37
Iñaki Esparza Leibar según se combinen de una u otra manera todos los principios que estamos exponiendo) TI. Volviendo,
como
ya
anunciamos,
al
ejemplo
español,
y
empleando la distinción entre el control de los presupuestos procesales y el impulso procesal propiamente, la situación de los mismos, y por lo que al proceso civil concierne, es la siguiente: Históricamente dentro del proceso civil el control de los presupuestos procesales ha estado encomendadado, salvo escasas excepciones, únicamente a las partes. Recordemos el contenido del articulo 687 LEC anterior a la reforma de 1984: "El demandado propondrá en la contestación todas las excepciones que tenga a su favor, asi dilatorias como perentorias, y el Juez resolverá sobre todas en la sentencia, absteniéndose de hacerlo, en cuanto al
fondo
del
pleito,
si
estimare procedente
alguna
de
las
dilatorias que lo impida". La labor de control aparece asignada en su totalidad al demandado sin matizaciones de ningún tipo de manera
que
sobre
lo
no
alegado
no
podria
inicialmente
pronunciarse el órgano jurisdiccional. Tras la reforma de 1984, Ley
34/1984, de 6 de agosto, el citado artículo incorpora un
breve inciso,
"si se mantienen",
medio
excepciones
de
las
referido al control que por
ej erci taba
el
demandado
sobre
los
presupuestos procesales, inciso que abre la posibilidad recogida por el arto
693.3~
que, dentro de la comparecencia obligatoria
del juicio declarativo ordinario de menor cuantía,
faculta al
Juez a controlar de oficio la " •.. falta de algún presupuesto o 32 Vid. SCHONKE, Derecho ••. , op. cit., pág. 41. KLEIN-ENGEL, Der Zivilprozess osterreichs, Manheim 1927, pág. 170. SIKSON, en ZfSR. 1944, pág. 162. 38
El principio del proceso debido requisito del proceso ... ". El hecho de que la reforma no afecte a lo establecido al efecto para el juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, partes,
en el cual
principalmente,
seguirá correspondiendo a
el
control
de
los
las
presupuestos
procesales, queda relegado al rango de excepción de la regla general, ya que la mencionada reforma ha supuesto la consagración del juicio declarativo ordinario de menor cuantía como juicio ordinario
civil
por
excelencia.
Hay
que
recordar
que
la
regulación del juicio de cognición D.de 21 de noviembre de 1952 p incorpora
ya
la
posibilidad
de
control
de
oficio
de
los
presupuestos procesales". En el caso del juicio verbal la cuestión del control de la concurrencia
de
los
presupuestos
procesales
se
resuelve
expresamente desde la Ley 10/1992, de 30 de abril de Medidas Urgentes
de
Reforma
Procesal
(BOE
ng
108,
de
5
de
mayo),
ateniéndose exclusivamente a criterios de técnica procesal, a favor
del
OJ
estableciendose
el
control
de
oficio
de
la
competencia objetiva y territorial~. Por lo que al impulso procesal concierne, éste consiste en "poner en movimiento y mantener en actividad el proceso". Es la actividad que impulsa la ejecución del acto inmediato que sirve para el desarrollo del procedimiento o da a las partes ocasión para
ello"35.
Cuando
el
impulso
está
en
manos
del
órgano
33 Vid. arts. 41 y ss. del Decreto de 21 de noviembre de 1952. 34 Vid. artículos 715 y ss. LEC. 35 ROSENBERG L. Tratado de derecho procesal civil, Buenos Aires 1955, pág. 383. MONTERO/ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 523-524. 39
Iñaki Esparza Leibar jurisdiccional sin necesidad de que las partes denomina
impulso de oficio;
lo pidan,
se
cuando por el contrario son las
partes quienes deben procurarlo solicitando del juez que declare terminada una fase
procesal y que abra la siguiente, estaremos
ante un ordenamiento que propugna el llamado impulso de parte. Centrándonos en el ordenamiento español, ya desde el RO.Ley de 2 de abril de 1924 (hoy derogado) queda definitivamente instaurado el principio de impulso oficial dentro del proceso civil,
y
ello fuá
necesario dado que
la LEC en su primera
redacción consagraba el principio contrario de impulso de parte, y ello motivó multitud de abusos y dilaciones en los procesos respondiendo a intereses partidistas en cuyas manos quedaba la posibilidad de que el proceso continuara accediendo a una nueva fase y consiguientemente la posibilidad contraria de paralizarlo. La
reforma
de
1984
dió
al
articulo
307
LEC
una
redacción
claramente en la linea de mantener para el proceso civil el principio de impulso oficial, estableciendo lo siguiente: "Salvo que la ley disponga otra cosa el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda dictando al efecto los proveidos necesarios". Por lo que a la legislación básica atañe, y en relación a todos los tipos de proceso, debemos tener en cuenta lo recogido por la LOPJ en sus arts. 237: "Salvo que la ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda, proveidos necesarios"; corresponderá ordenación,
a
los
y
288:
dictando al efecto los
"En los Juzgados y Tribunales
Secretarios
dictar
que tendrán por objeto dar a 40
las
diligencias
de
los autos el curso
El principio del proceso debido ordenado por la ley e impulsar formalmente el procedimiento en sus
distintos
trámites
de
conformidad
con
las
leyes
procesales •.• ". Por lo que a los procesos laboral, administrativo y penal concierne, es plena la vigencia del principio de impulso oficial~.
La conclusión que debemos extraer de la materia relativa a las facultades procesales de dirección del proceso debe pasar, a tenor de lo dicho hasta este momento, por la consideración de las mismas como facultades técnicas y por tanto diferentes de la relación material de fondo que en cada proceso se ventila. El modo en que los órganos jurisdiccionales afrontan y tramitan los asuntos que ante ellos son planteados atañe exclusivamente a los mismos
siguiendo
criterios
de
eficacia
y
en
definitiva
de
justicia, si esto no se comprende de la manera transcrita y se pretende que las partes, dependiendo de la naturaleza jurídica del
derecho
objeto
del
litigio,
pueden
participar
de
las
facultades procesales de dirección, llegaremos a situaciones como las
ya
producidas
en
anteriores
épocas
que
por
su
insostenibilidad forzaron a las reformas legislativas precisas para consagrar en el ámbito que nos ocupa los principios de control de los presupuestos procesales e impulso de oficio.
4. sistema mixto de valoración de la prueba
36 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, p. 524. RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal •.• , op. cit., p. 339. 41
Iñaki Esparza Leibar Las materias incluidas bajo este epígrafe constituyen,
a
nuestro modo de ver, otro grupo de las que podríamos denominar exclusivamente técnicas; dicho de otro modo, la valoración de las pruebas será tan ajustada en un proceso regido por el principio de oportunidad corno en otro en el que predomine el principio de necesidad,
aunque
se
realice
mediante
idénticos
medios
de
valoración. Es decir que, siempre a nuestro modo de ver, será totalmente intranscendente la naturaleza del derecho que se esté actuando en el proceso a efectos de establecer los principios por los que se regirá la valoración, con los que no existe relación alguna
q~
técnicos,
necesidad más
o
dado
menos
que
éstos
eficaces
y
son
meros
seguros,
al
instrumentos servicio
de
cualquier proceso. Establecido lo anterior, pasaremos a analizar los sistemas posibles
de
valoración
de
la
prueba
y
su
vigencia
en
el
ordenamiento procesal civil español actual, que podemos anticipar responde a un sistema de valoración mixto (concurren reglas de valoración legales y libres) por lo que al proceso civil, laboral y administrativo respecta37 •
1) Valoración legal de la prueba:
Producto originariamente
de una rudimentaria elaboración jurídica como resultado de la cual se construyen una serie de reglas obtenidas por resultados físicos externos que conducen a que sea la ley quien establezca 37 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 524-528. PRIETO CASTRO L. Tratado .•• , op. cit., v. 1, pp. 654-656. DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho Procesal civil, op. cit., t. II, § 32, pp. 280-284. LORCA NAVARRETE A. M. Introducción ••• , op. cit., pp. 163 Y ss. 42
El principio del proceso debido de forma abstracta y general el valor de las diversas pruebas, «presionando la conciencia del juez«H. Existen aún hoy defensores de la valoración legal de la prueba cuyo principal argumento en favor de la misma se basa en la seguridad jurídica que consideran, al menos en algunos casos (v. gr. documentos públicos en la medida en que un funcionario público interviene en su otorgamiento y en relación al hecho que motiva su otorgamiento y a la fecha y también, más limitadamente, respecto
a
las
declaraciones
de
los
contratantes 39 )
queda
garantizada a las partes mediante la aplicación de dicho sistema añadiendo que se recogerá así fielmente la voluntad de las mismas que
al
recurrir
a
un
previamente al proceso hacen
sabedores
del
determinado
medio
de
documentación,
(y seguimos con el mismo ejemplo),
valor
que
en
caso de
conflicto
la
lo ley
automáticamente otorgará a dicho soporte material. Cabe, llegados a este punto, una breve advertencia sobre el abuso que puede darse en situaciones como la descrita, impulsados por la mala fe, y amparados por la valoración legal~. La evolución en la actualidad está marcada por la práctica de los Tribunales de apartamiento de las limitaciones probatorias legales; práctica de la que incluso el Tribunal Supremo participa 38 PRIETO-CASTRO L. Tratado ... , op. cit., pág. 655. 39 También es el caso de la confesión bajo juramento decisorio, y del documento privado reconocido legalmente, vid. arts. 1218 CC respecto a los documentos públicos, 1225 CC respecto alos documentos privados reconocidos y 1238 CC en relación a la confesión bajo juramento decisorio. 40 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 524 Y 525. CARNELUTTI F. Derecho Procesal civil y Penal. Derecho y proceso, t. 1, Buenos Aires 1971, pp. 154 Y 155. 43
Iñaki Esparza Leibar desconociendo dichas reglas. En cualquier caso, la inaplicación por el
juzgador de las reglas de valoración legal puede ser
denunciada en casación por el motivo 4Q del articulo 1.692 LEC. como
infracción de las normas del dichos
pudiendo,
medios
de
ordenamiento
prueba
juridico.
privilegiados,
No
"ser
desvirtuados por la apreciación conjunta de la prueba ,,41, aunque es de resaltar que la realidad avanza por otros derroteros y la apreciación
conjunta
de
la
prueba
es
admitida
por
la
jurisprudencia, y su práctica generalizada en la actividad de los órganos jurisdiccionalesG •
2)
Libre
valoraci6n
de
la
prueba:
En
este
sistema
juzgador decide, con arreglo a su criterio racional,
el
sobre la
verdad o no de unos hechos, sin hallarse sujeto a determinados criterios valorativos preestablecidos por la ley; ni finalmente quedará
vinculado por
la
apreciación que
puedan
las
partes
hacer 43 • El proceso para obtener el convencimiento en uno u otro sentido será personal de cada juez, y no, como ocurria en el caso anterior,
a través de
la mera aplicación de unos criterios
41 SERRA DOMINGUEZ M. en Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil, coordinado por CORTES V. Madrid 1985, págs. 847 Y ss.
42 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, p. 526. SERRA DOMINGUEZ M. en Comentarios al CÓdigo civil, dirigidos por ALBALADEJO M., Madrid 1981, págs. 267 y ss. 43 PRIETO CASTRO L. Derecho Procesal Civil, op. cit., pp. 152153. SCHONKE A. Derecho •.. , op. cit. pág. 47.
44
El principio del proceso debido legalmente
establecidos
y
basados
en
"máximas
de
la
experiencia"44. La progresiva implantación de este sistema en legislaciones de todo el mundo es un dato más a tener en cuenta a la hora de emitir una valoración sobre el mismo, valoración para
la que
e~
preciso afirmar que la arbitrariedad o discrecionalidad están excluidas de la libre valoración, en la que es rasgo principal la racionalidad. La libre valoración de la prueba rige con exclusividad en relación con el proceso penal español.
3)
El sistema español: Por lo que al ordenamiento español
atañe en la materia que exponemos órdenes civil, laboral y
(que es idéntico para los
administrativo), nos encontramos con
un sistema al que, como ya se anunció, denominaremos mixto ya que conviven dentro de él los dos tipos de reglas existentes para la valoración de la prueba a los que hemos hecho referencia, asi desglosados por medios de prueba y en relación con el proceso civil, la situación es como sigue: Existen reglas de valoración legal que, con mayor o menor amplitud,
se refieren a la confesión en juicio bajo juramento
decisorio, arto 580 LEC en relación con el articulo 1.238 CC, como también en el caso de los documentos públicos, articulas 596 y ss. LEC en relación con los artículos 1.218 y ss. CC, también
se hallan en la misma situación de valoración a través de una 44 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdccional, op. cit., t. 1,
p. 525. DE LA OLIVA¡FERNANDEZ Derecho Procesal civil, op. cit.,
v. 11, pp. 280-284.
45
Iñaki Esparza Leibar regla establecida por la ley los documentos privados legalmente reconocidos del arto 1225 CC. Fuera de los tres casos concretos citados,
el resto de
medios probatorios se beneficiarán de una valoración libre45 • Merece siquiera un breve comentario la denominada valoración conjunta de permite,
la prueba,
por
la vía de
técnica,
que
hecho,
cierta
corno ya hemos
indicado
liberación del órgano
jurisdiccional de los estrictos criterios valorativos legales, lo que resulta favorable para una apreciación más
justa del
conjunto de pruebas realizadas en un proceso. Esta práctica está admitida
en
numerosas
sentencias
del
Tribunal
supremo%,
y
correctamente entendida supone no la apreciación en conjunto de todas las pruebas, perdiendo cada una de ellas su individualiad y valor propios, sino una valoración ponderada de los resultados
de
cada
uno
de
los
medios
probatorios
y
su
posterior
confrontación o complementación, de lo que derivará un resultado razonado y ünico~. Pero la apreciación conjunta de la prueba, admitida por el TC en la STC 138/1991, de 20 de junio, está suponiendo en la práctica el desconocimiento del valor de las pruebas legales así como la infracción del arto 120.3 CE que exige que las sentencias 45 vid. de la LEC los arts. 578 y ss., sobre los medios de prueba, y los arts. 609, 632 Y 659, que recogen el principio de libre valoración a través de concretas aplicaciones, así corno el arto 1239 CC. VAZQUEZ IRUZUBIETA C. Doctrina y Jurisprudencia .•. , op. cit., pp. 740, 757-759 Y 784-787. 46 SSTS de 16 de diciembre de 1978, de 19 de junio de 1979, de 22 de diciembre de 1979 entre otras. PRIETO CASTRO L. Tratado .•• , op. cit., t. 1, pp. 654 Y 655 Y 657-676. 47 RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal civil, op. cit., pp. 539-546. 46
El principio del proceso debido sean motivadas,
lo que en definitiva supone una valoración
discrecional Y arbitraria48 •
B. El principio de necesidad y los derivados
complementando el ámbito en el que se justifica el principio de oportunidad (interés privado), y como principio propio del otro gran grupo de intereses posible (interés pÚblico), surge el principio técnico de necesidad, que como decimos supone que en la relación jurídica sustantiva, y posteriormente en la relación jurídica procesal, el interés de la colectividad es
dominante~.
En cuanto al contenido que comporta la existencia de un proceso en el que rija el principio de necesidad, inmediatamente se aprecia la justificada separación del mismo (sin perjuicio del mantenimiento de una
concepción unitaria del
proceso),
con
respecto a un proceso en el que rijan los principios ya expuestos derivados del principio de oportunidad.
Ello es debido a
la
imposibilidad de, mediante un único tipo de proceso, satisfacer tanto intereses privados como intereses que afectan a la sociedad misma como colectividad. Así, el proceso necesario se iniciará ante la lesión de un bien pÚblico, independientemente de la existencia de una parte privada que ejercite la acción. La figura del Ministerio Fiscal actuará corno garante de la continuidad de dicho proceso y por lo 48 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit. , t. 11, v. 1, p. 234.
49 MONTERO¡ORTELLS¡GOKEZ COLOKER Derecho Jurisdiccional ••• , op. cit., t. l., pp. 506-528, para la línea expositiva. 47
Iñaki Esparza Leibar tanto como garante de
la
integridad del
interés público.
La
posibilidad de diposición de los particulares en este tipo de proceso, aún siendo los directamente afectados por la lesión, es, en principio, excepcional~. La
reparación
del
bien
público
lesionado,
s610
podrá
realizarse a través de los Tribunales y por medio de un proceso, único cauce de actuación posible para el "ius puniendi" cuyo titular exclusivo es el Estado. No cabe que el mismo se satisfaga por acuerdo extraprocesal (o intraprocesal), de las voluntades de partes privadas, ya que la materia de la que se trata es por naturaleza indisponible. En
consecuencia
cabe
af irmar
que
dentro
de
un proceso
informado por el principio de necesidad, no corresponde a los sujetos privados facultad alguna en relación con la elección del medio para reparar la lesión causada (que será necesariamente el proceso), ni en relación con el mantenimiento o terminación del proceso una vez iniciado (que quedará en manos del Ministerio Público) • Brevemente expresado, significa el principio de necesidad "que el proceso penal es obligatorio para averiguar la infracción criminal, descubrir al autor, juzgarle y, sobre todo, imponer la pena
(nullum crimen,
nulla poena sine lege et judicio)
,,51.
La
50 Se trata de los supuestos de conformidad del procesado con la pena pedida por las partes acusadoras, vid. arts. 655 y 791. 3 Q , ambos de la LECrim. y de aquellos procesos penales que no pueden iniciarse sino a instancia de parte, arts. 275 y 278 LECrim. 51 PRIETO CASTRO/GUTIERREZ DE CABIEDES Derecho Procesal Penal, 31 ed., Madrid 1987, pág. 90. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., afirma la identidad entre los principios de oficialidad y de necesidad, p. 32. 48
El principio del proceso debido conexión con el principio de
legalidad es,
como se aprecia,
eV1-. d ent e 52 . Es precisamente en este momento cuando nos corresponde hacer una llamada de atención, a la vista de la exclusividad del Estado como titular del "ius puniendi",
sobre el amplísimo campo de
discrecionalidad que a los poderes públicos puede corresponder a la hora de fijar la concreta plasmación de un proceso penal, de los principios a los que responderá el mismo. Teniendo en cuenta lo dicho,
es posible la existencia de tantos tipos de
proceso penal como imaginarse quepa, y de ello se deriva que el tratamiento de los sujetos sometidos a proceso sea tremendamente variable de un ordenamiento a otro. Es preciso ahora
establecer
la premisa de que el bien
jurídico principalmente afectado por una sentencia firme penal, la libertad, es uno de los derechos fundamentales de la persona por lo que debería gozar de una especial protección (vid. España artículos 17.1 Y 53
CE).
Establecida y
en
aceptada esta
premisa, se aprecia que la discrecionalidad a la que hacíamos referencia
se vería drásticamente
reducida
atendiendo a
los
intereses en juego antedichos, que exigirían la articulación de unos principios respetuosos con la totalidad de los derechos fundamentales de la persona que disciplinen el ejercicio del" ius puniendi" y
finalmente unas garantías concretas,
prácticas y
eficaces que signifiquen no sólo el definitivo anclaje en el ordenamiento de los principios,
generales y abstractos,
sino
además la real posibilidad de que la función jurisdiccional del 52 Vid. arts. 25.1 CE, 1 LECrim, y 9.3, 21 Y 23 LOPJ. 49
Iñaki Esparza Leibar Estado (en todos los órdenes aunque sea el orden penal aquél en el que la necesidad sea más evidente), se aplique en realidad de un modo acorde con las exigencias de los derechos por aquella función moduladoss3 • Es
interesante
constatar
el
de
fenómeno
constitucionalización, por un lado, e internacionalización por otro, de un nivel stándar de protección en el sentido transcrito
y con la finalidad de evitar toda arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional y garantizar la plena efectividad de
los
derechos
individuales.
Los
mecanismos
de' control
trascienden igualmente las fronteras nacionales (TEDH), por lo que es ya posible afirmar que en lo que a nuestra área cultural afecta, el nivel de garantlas es, mutatis mutandis, igual. y cabe también pensar que la tendencia iniciada aspire, y ello parece 16gico, al establecimiento a nivel mundial y en el ámbito que nos ocupa de
los mecanismos necesarios para hacer efectivos los
derechos que de momento cuentan con un mero enunciado ideal y, en muchos casos, inútil. La
concreci6n
corresponde,
y
de
los
volvemos
al
contenidos
generales
ordenamiento
mencionados
español
y
a
las
instituciones que delimitan el modo en el que se realizará el proceso penal, a los siguientes principios técnicos derivados del principio de necesidad:
1. principio de oficialidad
53 Vid., en este sentido, RAMOS MENDEZ F., El proceso penal; Lectura constitucional, Barcelona 1993, pp. 3-18. 50
El principio del proceso debido Estamos ante un proceso en el que rige el principio de oficialidad cuando "la persecución penal es promovida por órganos del Estado"~. Su transcripción revela que este principio es una consecuencia contenido,
del
principio
significará
que
de
necesidad,
y
no
va
la
a
ser
en
cuanto
voluntad
a
su
de
un
particular sino el deber de un órgano jurisdiccional o de un órgano público del Estado habilitado para la defensa de los intereses colectivos inicio de
(Ministerio Fiscal),
la actividad jurisdiccional,
y
lo determinante del ello no en base a
criterios de conveniencia u oportunidad sino sujetos al principio de
legalidad
(razón
de
la
estrecha
relación
a
la
que
anteriormente hacíamos referencia); es decir, que actuarán dados los presupuestos de hecho determinados por la l ey55. La determinación de la materia que constituirá el objeto del proceso no queda tampoco en manos de los particulares, sino que quedará automáticamente fijada dados los hechos tipificados como delito o falta que constituyen directamente el objeto del proceso necesario;
sin que con respecto a
pretensión añadida.
ellos deba plantearse una
Es por ello que no podemos
entender
la
congruencia en un proceso de este tipo de igual manera que en los procesos en los que rige el principio dispositivo; de tal manera que al no poder las partes disponer del objeto del proceso, en
54 BAUMANN J. Derecho procesal penal. Conceptos fundamentales y principios procesales, Buenos Aires 1986, pp. 42-48. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 511-514. 55 Sobre la presencia de manifestaciones del principio de oportunidad en el proceso penal, vid. DE LA OLIVA/ARAGONESES/ BINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 20-27. 51
Iñaki Esparza Leibar el sentido que avanzábamos, el órgano jurisdiccional no estará vinculado
por
las
peticiones que
las
partes
realicen,
sino
únicamente por los hechos que constituyen el objeto del proceso y
por
la
persona
del
acusado,
independientemente
de
la
calificación jurldica que las partes realicen sobre los mismos; que podrá coincidir con la apreciación del órgano jurisdiccional pero no forzarle a ser congruente con ella~. Lógico corolario de lo que venimos exponiendo, y como una consecuencia más de la indisponibilidad por las partes del objeto de un proceso en el que se estén enjuiciando intereses públicos, concluiremos
que las mismas, ninguna de ellas, podrán poner fin
al
Asl,
proceso.
el
abandono
del
proceso
por
el
acusador
particular no supondrá el fin del mismo de la misma manera que el allanamiento del imputado 10 implicará; ello por imperativo del principio de legalidad al que habrán de ajustarse en su actuación tanto el
órgano
jurisdiccional como
el Ministerio
Fiscal. El
sistema
ordenamiento
procesal
español
y
en
que que
queda se
constituido
encuadra
el
por
principio
el de
oficialidad, es el denominado sistema acusatorio formal (hlbrido entre
los
clásicos
sistemas
inquisi ti vo
y
acusatorio
cuyos
caracteres predominan respectivamente en la fase sumarial y de juicio oral del ordenamiento español),
cuyas manifestaciones
56 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I,
Pp. 511-512.
52
---
\!
El principio del proceso debido son 57 : En la fase sumarial, el proceso puede iniciarse de oficio, por el ejercicio de la acción popular, por querella del ofendido y finalmente por querella del Ministerio Fiscal. En la fase de
juicio
el
oral,
sentenciador58 ,
juez
instructor
será precisa
no
podrá
la existencia de
actuar
como
acusación paLa
poder iniciar el juicio oral y dicha acusación no deberá ser formulada ni por el juez (aqui
cobra
relieve
instructor ni por el juez sentenciador
la
figura
ajustándose al principio de cualquier
del
Ministerio
Fiscal,
que
legalidad formulará y sostendrá
acusación sobre hechos que revistan caracteres de
delito, independientemente de la actuación que los particulares realicen al respecto). Mediante la acusación se determinará el objeto
del
proceso,
tanto
consti tuti vos del delito,
las
personas
como
los
hechos
pero no quedará establecida ni
la
definitiva calificación juridica de los hechos ni la pena que se impondrá por los mismos. La realidad ofrece tras la reconversión en uno sólo de
los
tres procedimientos existentes por delitos menos graves (los dos de urgencia noviembre),
de
la LECr.
y
el
de
la
LO.
10/1980,
de 11 d.e
llamado "procedimiento abreviado para determinados
57 Vid. MONTERO AROeA J. El princ1P10 acusatorio. Un intento de aclaración conceptual, Justicia 1992, n Q IV, pp. 775-788. ALMAGRO NOSETE J. Consideraciones de Derecho Procesal, Barcelona 1988, pp. 226 Y ss. 58 Vid LO 7/1988, de 28 de diciembre, de los Juzgados de lo Penal. En particular lo relativo al derecho a un Juez imparcial, en su preámbulo. 53
Iñaki Esparza Leibar delitos"",
una
esencial
adecuación
de
la
misma
con
los
caracteres propios del sistema acusatorio formal ya transcritos; y ello sin excepciones ya que el juicio de faltas,
en el que
predominaba el sistema inquisitivo, ha sido adecuado a través de la jurisprudencia del TC a las exigencias derivadas de Id
~h~.
2. Principio de investigación oficial
Evidente y necesariamente relacionado con el principio de oficialidad, y en la materia relativa a las facultades materiales de dirección del proceso, se trata en este momento de determinar a
quién
corresponderá
dentro
de
un
proceso
"necesario"
la
aportación de hechos y de pruebas que constituirán el concreto objeto del proceso. Pues bien, en el caso de que sea el principio de investigación ofocial el que rija a los efectos antedichos, la dirección material del proceso estará a
cargo del órgano
jurisdiccional, y ello entendido en el marco general de vigencia del
principio
de
contradicción,
que
en
páginas
anteriores
considerábamos como propio de todos los procesos existentes en 59 vid. LECRIM, arts. 779 y ss. La Ley 10/1992 de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal introduce en el procedimiento abreviado la posibilidad, bajo determinadas circunstancias, de acelerar las actuaciones, sin con ello crear un nuevo proceso. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, t. 111, proceso penal, p. 603 Y ss. 60 STC 54/1985, de 18 de abril; STC 6/1987, de 28 de enero; STC 225/1988, de 28 de noviembre. Para la regulación del procedimiento para el juicio sobre faltas reformado por la Ley 10/1992 de 30 de abril, vid. Arts. 962 a 964 y 966 a 977 LECrim. En general, sobre el principio de oficialidad, vid. KERN/ROXIN Strafverfahrensrecht, 14~ Ed., München 1976, pp. 54-57. vid, BAUMANN J. Derecho procesal penal, op. cit., págs. 74 y ss., en lo referente al "principio de instrucción". 54
El principio del proceso debido el ordenamiento español. Esta matización supondrá que el órgano jurisdiccional tendrá efectivamente a su cargo la llevanza de la dirección
material
del
proceso,
pero
no
con
carácter
exclusividad, dado que aunque sea asi principalmente,
de
siempre
existirá para las partes la posibilidad de realizar alegaciones o proponer y practicar la prueba que sea pertinente, aunque la actividad que realicen en tal sentido ni vincula ni limita
la~
facultades del órgano jurisdiccional en cuanto a la dirección material del proceso61 • La manifestación del principio del que nos ocupamos
es
diversa según se analice la fase sumarial o la fase.del juicio ora162 • En la primera de ellas, articulo 299 en relación con el articulo 303.1 ambos de la LECrim., el Juez instructor actúa sin limi taciones,
no estará vinculado ni por
las propuestas del
Ministerio Fiscal ni por aquellas que pueda realizar cualquiera de
las
partes personadas que
podrá
rechazar por
inútiles o
perjudiciales, y tampoco quedará vinculado por la admisión de hechos de los acusados, articulas 311, 312 Y 406 ambos LECrim. Tampoco se limita en esta fase el objeto de la acusación, por lo que el órgano jurisdiccional carecerá de limites temáticos e
instrumentales,
posibilidad
que
parece
desprenderse
con
claridad del articulo 315 párrafo 11, LECrim. En relación a
la segunda,
y principal,
fase del proceso
denominada juicio oral en nuestra ley, nos encontramos con que
61 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 518-519. 62 FENECH M. El proceso penal, Madrid 1982, págs. 15 y ss. 55
Iñaki Esparza Leibar el objeto del proceso queda determinado por la acusación, y la actividad principal se centra en la proposición y práctica de la prueba para la comprobación de los hechos fijados por las partes e inalterables por el órgano jurisdiccional; LECrim.,
El articulo 729
aunque establecido como excepción, permite al 6rgano
jurisdiccional
en
su
número
2 12
practicar
de
oficio
"las
diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, que el Tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación". La posibilidad transcrita se establece como excepción al
contenido del
articulo
728
LECrim.,
en el que
expresamente se contempla que corresponde exclusivamente a las partes la proposición de medios de prueba concretos~. El órgano jurisdiccional tiene, además de la posibilidad de practicar
las
pruebas
que
estime
prerrogativas,
"cuando
asi
lo
necesarias,
considere
determinadas
conveniente" ,
para
intervenir modificando aspectos no sustanciales en la práctica de la prueba propuesta por las partes, v.gr., articulos 701.5 y 6, 708.2 LECrim.
Los
ej emplos
citados
además
de
otros de
contenido más
general (principalmente articulo 683 LECrim.), no son sino una manifestación de que en el proceso penal español la vigencia del principio de investigación oficial es plena y necesaria~. 63 MONTEROIORTELLSIGOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, op. cit.,
t. 111, pp. 345-349. ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento criminal, Pamplona 1993, pp. 398-400. 64 BETTIOL G. Instituzioni di diritto e procedura penale, Padova 1973, págs. 247 y ss., referentes al principio de declaración de
la verdad, en relación con el principio de investigación oficial. 56
--El principio del proceso debido 3. Control de los presupuestos procesales e impulso procesal
Teniendo en cuenta las precisiones que fueron realizadas al pero con respecto d
tratar esta misma materia,
los proc0sos
informados por el principio especifico de oportunidad,
en el
sentido de considerarla técnica, y básicamente desvinculada del derecho material ventilado en el proceso, y atendiendo también a la pérdida de vigencia de la tradicionalmente clara distinción de las manifestaciones de las facultades procesales de dirección en los procesos regidos por el principio de oportunidact y en los regidos por el de necesidad, veremos a continuación la forma en la
que
el
ordenamiento
español
concibe
dichas
facultades
procesales de dirección en relación con el proceso penal. Por lo que al control de los presupuestos procesales atañe, el deficiente planteamiento de la LECrim. y las disposiciones recogidas en los articulos 144 y 742, en el sentido de que las sentencias
habrán
de
ser
condenatorias
entendiéndose estas últimas como
o
absolutorias,
libres en todos
los casos,
establecieron una dinámica en la que, por considerar excluidas las
sentencias de
contenido meramente
procesal,
los
órganos
jurisdiccionales optaban por la absolución o condena en los casos de falta de algún presupuesto procesal, creándose una disfunción dificilmente justificable, pero con la posibilidad de encontrar
57
Iñaki Esparza Leibar cobertura en las citadas rigidas disposiciones, con lo que ello supone de consagración de una situación absurda~. La
solución
del
problema
expuesto
viene
dada
por
vía
jurisprudencial en primer lugar, siendo posteriormente recogidas sus declaraciones Y plasmadas en el ordenamiento; asi el art1<culo 238.1 Q Y 240.2, ambos de la LOPJ, a tenor de los cuales podrá el
órgano jurisdiccional de oficio y previamente a' la sentencia declarar
la
nulidad
realizadas
sin
procesales,
y
la
de
las
actuaciones
concurrencia
dicha
de
posibilidad
los vale
cuando
debidos tanto
hayan
sido
presupuestos
para
el
juez
instructor como para el juez sentenciadorM • Por
lo que respecta al
alternativa impulso
tradicionalmente
oficial,
a
lo
que
impulso procesal y aplicable67 , añadiremos
conocida la
impulso de las
parte
o
consideraciones
realizadas en sede del proceso "oportuno", ratificadas por las más importantes reformas 10/1992,
de 30 de abril),
(Ley 34/1984,
de 6 de agosto y Ley
llevadas a cabo en la LEC.
en el
sentido de caracterizar la materia a examen como desvinculada del derecho
material
actuado,
es
decir,
considerándola
como de
técnica procesal. Nos queda exponer la situación efectiva de los
65 STS de 2 de marzo de 1990 (RA 2321).
66 MONTERO AROeA J. Presuouestos procesales y nulidad de actuaciones en el proceso penal. (Evolución jurisprudencial), Justicia 1981, pp. 245-253. vid. en relación con el proceso abreviado el arto 793.2 LECrim. 67 vid. FAIREN GUILLEN V. Estudios de Derecho Procesal, Madrid 1955, págs. 260 y ss. En ellas elabora una genérica separación entre diversos tipos de procesos partiendo del predominio de la actuación directiva y de las facultades en el proceso del Juez o de las partes. 58
El principio del proceso debido diversos procesos, excluido el civil, puesto que ya fue analizado en momento oportuno, aunque debemos en este punto insistir en que el
impulso
de
oficio
es
el
principio
común
a
los
procesos
existentes en todos los órdenes jurisdiccionales, y ello como culminación de una tendencia cuyo advenimiento ha sido largamente esperado por dar la solución más adecuada y correcta en esta materia, Y que equivocadas concepciones privatistas en relación a la actividad jurisdiccional han retardado notoriamente68 • En cuanto al proceso laboral, no cabe duda de la vigencia del impulso oficial: así lo establece el articulo 52.1 de la LPL vigente, procedente de lo establecido por la base duodécima de la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral. Además hay que tener en cuenta el carácter supletorio de la LEC. con respecto a
la LPL,
y
relacionarlo con lo dicho sobre el
artículo 307 LEC69 • situándonos ahora en el proceso Administrativo, cabe decir sobre él lo mismo que se ha afirmado respecto al proceso civil partiendo
de
las
consideraciones
allí
realizadas
y
de
la
constatación de que "la jurisdicción contencioso-administrativa no es esencialmente distinta de la jurisdicción civil", es decir y a los efectos que ahora nos interesan, la vigencia absoluta del
impulso oficial; así, artículo 121 LJCA. de 1956, actualmente en vigor70 •
68 Vid. artículos 237 y 288 LOPJ, y artículo 307 LEC, procedente de la reforma de 1984. 69 MONTERO AROCA J. El proceso laboral, op. cit., v. I, p. 91. 70 CaRDaN MORENO F. La legitimación ••• , op. cit., p. 58. 59
Iñaki Esparza Leibar Finalmente ordenamiento necesidad,
volvemos
español
es decir,
sobre
el
responde
único
al
proceso
principo
que
en
específico
al proceso penal sobre el que,
el de
y en la
materia que nos ocupa, observamos que la vigencia del principio de impulso oficial es indudable (vid., en general, artso 237 y 288 LOPJ y específicamente v.
gr.
arto
215 LEcrim.),
si bien
existe alguna excepción, sin que tenga mayor trascendencia en el cómputo general del proceso,
(v.gr.art. 275 LEcrim.)TI.
4. sistema de valoración libre de la prueba'
El
proceso
penal
viene
beneficiándose
a
lo
largo
de
prácticamente dos siglos de la ausencia de reglas de valoración legal en su seno, y ello sin resistencias perceptibles aun cuando la prueba tiene una
importancia capital dentro del proceso,
constituyéndose como el acto central del juicio alrededor del que giran sus sesiones; La importancia de lo afirmado radica en las deducciones que ello nos permite realizar en favor de un sistema de
libre
valoración para
aquellos en los que rige emplazan
derechos
todo
tipo
de procesos,
ya
que
en
(que son los procesos en los que se
fundamentales),
funciona
y
funciona
bien,
resultando sus exigencias más acordes con la "tutela efectiva"
71 La única razón que nos ha impulsado a referirnos en este punto a todos los órdenes jurisdiccionales (sus procesos), rompiendo con la metodología anterior, es la de abundar en nuestra idea de que la eficacia en las materias técnicas puede alcanzarse mediante idénticas soluciones, incluso en procesos en los que se analicen pretensiones basadas en derechos de diversa naturaleza. 60
El principio del proceso debido preconizada por la CE. en su artículo 24.1, que las derivadas del sistema de valoración legal72 • El
sistema del que nos
ocupamos se caracteriza por dos
elementos principales, uno de ellos es el fin que se pretende con respecto a cada uno de los procesos en los que rige, que estariQ constituido por la verdad material o realn , para lo que se dota al órgano jurisdiccional de las prerrogativas a las que hacíamos referencia bajo el epígrafe "principio de investigación oficial". El otro elemento principal del sistema denominaremos
metodológico,
convencimiento
del
juez.
que
lo constituye el que
consiste
Fijándonos
en
lo
el
en qu~
al
libre
respecto
establece el ordenamiento español para el proceso penal en el que de forma absoluta rige el sistema de la libre valoración de la prueba,
resalta
elemento.
sistemática,
diversidad de
mientras
Así
aprehensible
la
por el
el
medio segundo
tratamiento
primero
de
se
una
de
entiende
razonada
elemento,
uno y
implícito y
interpretación
referente
lo
otro
al
libre
convencimiento, sí aparece recogido en varios artículos de la LECrim., aunque con diversas formulaciones. En este sentido, el artículo
717
habla
de
las
"reglas
del
criterio
racional",
72 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 526-528. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 111, pp. 337-340. ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento criminal, op. cit., pp. 417-421. vid. arts. 717 y 741 LECrim. 73 RAMos MENDEZ F.
El proceso penal,
op.
cit.,
pp.
356-361-
P~IETO CASTRO/GUTIERREZ DE CABIEDES Derecho Procesal Penal, op.
clt., p. 236. LORCA NAVARRETE A. Madrid 1986, págs. 202 y ss. 61
M.
Derecho Procesal Penal,
Iñaki Esparza Leibar mientras que en el articulo 741 se alude a una valoración "según su conciencia" del Tribunal. La dicción literal de dichos articulos, en particular la del articulo 741, junto con el mal uso que en la práctica se ha hecho de ellos, no pueden llevarnos a pensar que la libertad del juez en la apreciación de la prueba conduzca inexorablemente a degeneración que significa la arbitrariedad.
la
"También el juez
debe respetar los limites de un juicio sensato,,74, y no solamente aquellos limites, sino que el propio ordenamiento, articulará los mecanismos objetivos que para ello sean precisos,
en nuestro
caso, articulo 849.2g LECrim. con la consideración de infracción de ley y LECrim.
a
efectos de recurso de casación;
que
igualmente
quebrantamiento adecuadamente
de
forma
como
por
abre
la
tanto no
vía
por
de
no
hacerlo
en
articulo 851. 2g la
fundar
casación la
absoluto.
por
sentencia Existen
simultáneamente fuera de la LECrim. disposiciones encaminadas directa o tangencialmente a la proscripción de la arbitrariedad amparada en la libre valoración: así y respectivamente, artículo 120.3 CE. Y artículo 24 del mismo cuerpo normativo; al respecto,
cabe la posibilidad de fundar
el
recurso de casación en
la
infracción de algún precepto constitucional, arto 5.4 LOPJ.
C. Los principios del procedimiento
74 BAUMANN J. Derecho procesal penal •.. , op. cit., págs. 119 y ss. GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal alemán introducción y normas básicas, Barcelona 1985, pp. 51-53. ROXIN/ARZT/TIEDEMANN Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal, Barcelona 1989, pp. 149-151. 62
El principio del proceso debido Entendido el concepto de procedimiento en el sentido que avanzábamos en páginas anteriores, como actividad externa y más o menos formal, debemos en este momento atender a una concreta especie
dentro
denominaremos
del
género
procedimiento
procedimiento.
Esta
jurisdiccional,
especie,
tiene
un
que rasgo
distintivo fácilmente identificable respecto de la generalidad: se trata proceso.
de
la
influencia
En otras palabras,
del
mismo
en
la
efectividad del
nos encontramos ante un tipo de
procedimiento caracterizado por darse exclusivamente dentro del ámbito de la jurisdicción, y precisamente por ello dotado de cierta relevancia con respecto al proceso, determinando dentro del mismo la ausencia o no de algunas garantias básicas de los sujetos del proceso. No se trata entonces de un procedimiento neutral,
sino
que
puede
ser
considerado
(el
propio
procedimiento), como una garantia más del proces07S • Realizamos ahora una aproximación al ordenamiento español, situándonos en el punto de partida para examinar la cuestión que nos ocupa. Establecido que el sistema español, como en la prática totalidad de los casos, corresponde al denominado de legalidad de las formas procesales (vid. articulo 1Q tanto de la LEC como de la LECrim), que exige el cumplimiento de determinadas formas a las que deberán ajustarse tanto los solicitantes como los
75 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, Pp. 529-548. FAIREN GUILLEN V. Doctrina general .•. , op. cit. pp. 395 Y ss. RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal ... , op. cit., pp. 341 Y ss. ALMAGRO/GIMENO/CORTES/MORENO Derecho Procesal. Parte ~eneral •.. , op. cit., pp. 313 Y ss. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso ~enal, op. cit., pp. 36 Y ss. 63
Iñaki Esparza Leibar impartidores de justicia, y mediante las cuales se alcanzan unos aceptables niveles de certeza, de seguridad. Dentro ya del sistema de legalidad de las formas procesales y apercibidos del alternativa escritura,
se
riesgo que
presenta
en
supone el mero
la
actualidad
formalismo,
entre
la
oralidad
y
ya que históricamente esta última ha prevalecido
claramente;
Cuando
hacemos
referencia
a
la
alternativa
transcrita, se hace preciso realizar ciertas matizaciones: asi el procedimiento será escrito u oral cuando el material fáctico y la pretensión sean aportados al amparo de una de estas formas
ante
el
OJ
sentenciador,
asi
la
oralidad
o
la
escritura
prevalecerán pero niguna de estas dos modalidades resultará práctica si se aplica de modo absoluto y rígido. otra precisión hace referencia a que decidido un sistema por una de las dos alternativas posibles, deberá naturalmente recoger los principios lógicamente derivados de cada una de ellas, ya que de la efectiva existencia de todos ellos dependerá el que un procedimiento sea escrito u oral, debiendo atender al conjunto del procedimiento en
lugar
de
a
concretas
partes
del
mismo,
por
básicas que
resul ten76 •
1. Escritura y sus principios consecuencia
Como se ha dicho anteriormente, sistema
hegemónico
hasta
nuestros
la escritura ha sido el
días.
Tal
longevidad
"ha
76 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, Pp. 531-533. 64
El principio del proceso debido permitido precisar hasta los más pequeños detalles de esta forma procedimental", encontrándonos en nuestros días con un sistema perfectamente estudiado, sólido y extremadamente minuciosoTI , lo que conducirá a un predominio absoluto de la forma escrita en todo tipo de actos procesales llegándose a una hipervaloraci6n de lo escrito, al establecer que el juez no podrá, para diccar sentencia, emplear otros materiales fuera de lo documentado en los autos. En el ordenamiento español, el sistema de la escritura ha sido
(y
sigue
siéndolo) ,
preferente
dentro
del
orden
jurisdiccional civil, y ello a pesar de lo establecido en el artículo 120.2 CE, en el sentido de establecer un procedimiento predominantemente ora1 78 • Quizá como consecuencia del mandato constitucional, aunque no como cumplimiento del mismo, la reforma de la LEC efectuada en 1984 introduce alguna posibilidad de oralidad por medio de una doble operación. Así consagra el juicio declarativo ordinario de menor cuantía como juicio tipo
(en detrimento del rigido y
formalista juicio declarativo ordinario de mayor cuantía), simultáneamente introduce en aquél
la
llamada
y
comparecencia
obligatoria (tras los actos iniciales de alegación, naturalmente escritos), que se tramita por medio de un procedimiento oral, con inmediación del juez (cuando menos teórica), y con todas las
77 PRIETO CASTRO L. Estudios y comentarios para la teoria y la procesal civil, v. I, Madrid 1950, pp. 75 Y ss.
~ráctica
78 ALMAGRO NOSETE J. consideraciones ••• , op. cit. pp. 249 Y ss. 65
Iñaki Esparza Leibar características propias de un procedimiento oral (arts. 691-693, LEC) . Aparte
de
lo
ya
dicho,
los
procedimientos
ordinarios
restantes en materia civil no son sino la concreción de diversas opciones posibles dentro de un único sistema informado por el principio de escritura; Tal es el caso del juicio verbal y del juicio de cognición. Respecto de la jurisdicción contencioso-administrativa, es de constatar que
las concesiones a
la oralidad son aún más
reducidas que en el caso anterior, siendo hasta tal punto central el principio de escritura, que es perfectamente posible llevar a cabo un procedimiento de esta índole enteramente por escrito, ya que la única excepción es opcional, pues según el arto 76.1 LJCA, "habrá lugar a la celebración de la vista cuando lo pidan las dos partes o el Tribunal lo estime necesario.", opción que raramente se produce en la práctica, y cuya solicitud por las partes deberá hacerse en todo caso,
artículo 76.2 LJCA,
por
escrit079 • Analizaremos
ahora
brevemente
los
principos
que
hemos
denominado "consecuencia" de la escritura, y que junto con ésta conforman todo sistema en el que rige el principio de escritura.
a. Principio de mediación
79 La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), no aprovecha la oportunidad de modificar este aspecto de la LJCA ajustándolo al mandato constitucional. 66
El principio del proceso debido Más que un principio inspirador, nos hallarnos aqui ante una consecuencia no deseada, derivada o en todo caso favorecida por la escritura, y decirnos no deseada ya que a través de ella se ha conseguido proceso,
un
extraordinario
alargamiento
en
el
tiempo
además de otros resultados tan perjudiciales
del
(y que
suponen una quiebra del sistema de garantias que preside el ordenamiento
español),
corno
el
desinterés
del
juzgador
por
materias que anticipadamente sabe pueden no corresponderle sino en alguna concreta fase procesal aislada. sin embargo a nivel teórico se contempla la oralidad en las fases
fundamentales
del proceso
Casi el articulo
229.2
LOPJ
establece la práctica de toda actividad probatoria ante el Juez e igualmente la LEC. articulos 573 y ss., con lo que se reconoce implicitamente el valor de la inmediación), a pesar de todo ello y en la realidad la práctica de la prueba no se realiza, por diversas causas, ante el Juez, que sólo las conocerá a través del acta que reflejando su práctica sea redactada. Y es que dentro de un procedimiento fundamentalmente escrito no parece que la oralidad establecida para alguna de sus fases goce de las mejores condiciones para su normal desarrollo, y menos aún en el caso de que ello suponga una mayor cantidad de trabajo en un sistema tradicionalmente sobrecargado w .
b. Dispersión y preclusión
80 FAIREN GUILLEN V. Estudios ... , op. cit., pág. 265. Vid. PRIETO CASTRO L. Tratado ..• , op. cit., § 6, pp. 639 Y ss. CORTES DOMINGUEZ V. (coordinador), Comentarios a la reforma de la Ley
~e Enjuiciamiento Civil, Madrid 1985, págs. 525 y ss.
67
Iñaki Esparza Leibar otra de
las consecuencias al parecer
procedimientos
escritos
es
ineludible en los
la dispersión de
las
actividades
procesales en el tiempo, y ello tanto si la dispersión se deriva de la regulación legal (v.gr. el juicio declarativo ordinario de mayor cuantía es un modelo de dispersión, artículos 524 y ss. LEC),
como
si
la
propia
regulación
legal
establece
la
concentración, como es el caso del juicio verbal, artículos 715 y ss.
LEC.
De lo que parece deducirse que la dispersión es
consecuencia directa e inevitable de la escritura8t • La dispersión encuentra cabida en un proceso dividido en diferentes fases que a su vez deben observar un orden de sucesión lógicamente
concebido para
alcanzar el
fin
del
proceso.
La
existencia de éstas "unidades de tiempo computadas en plazos" aconseja el establecimiento de algún mecanismo que impida la anarquía procedimental y simultáneamente estimule la ordenada progresi6n del procedimiento con unos razonables márgenes. Esto nos lleva al principio de preclusi6n que,
y en palabras del
Tribunal Supremo, "impone la carga de aprovechar libremente las oportunidades procesales en el término que tienen señalado para su producci6n,,82, de tal suerte que el no realizar una actuación concreta
en
el
tiempo
establecido
al
efecto
supondrá
la
imposibilidad de realizarla posteriormente, artículo 306.2 LEC.
81 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, 541-543. PRIETO CASTRO L. Tratado ••. , op. cit., t. 1, pp. 546-547.
Pp.
82 STS de 16 de octubre de 1975 (RA 3597) Y STS de 13 de febrero de 1978 (RA 551). 68
El principio del proceso debido Como consecuencia de la preclusión y como causa a su vez de extraordinarias alegaciones,
rige el principio de acumulación
eventual, única forma dentro de un sistema en el que rija la preclusión,
para que las partes acumulen en cada una de las
fases, en las que ello sea posible, todos los medios de defensa de que disponen de manera que todos ellos puedan ser sucesiva y eventualmente analizados por el órgano jurisdiccional (articulo 687 LEC.).
El temor derivado de
la preclusión produce en la
práctica abusos que en definitiva no contribuyen a la eficacia del proceso. El sistema caracterizado por la dispersión, la preclusión
y
la
acumulación eventual,
ordenamiento
español
y
tiene
plena
concretamente
vigencia
en
los
dentro
del
procedimientos
establecidos por la LEC. Y la LJCA83 •
c. Secreto
El secreto es otra de las consecuencias de la escritura que podemos
calificar
de
no
deseadas,
y
ello
en
base
a
las
disposiciones legales existentes tanto en la CE., articulo 120.3, como en la LOPJ., artículo 232, como final y específicamente para el procedimiento civil en la propia LEC., articulos 313, 364, 570 y otros que disponen la publicidad como regla general.
La no
puesta
en
en
referente
práctica de al
las
mencionadas civil
procedimiento
disposiciones,
y
al
lo
"contencioso"
83 MONTERO¡ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, Pp. 541-543. PRIETO CASTRO L. Tratado ••• , op. cit., t. 1, p. 547. 69
Iñaki Esparza Leibar administrativo, o mejor aún su inoperancia de cara a lograr un procedimiento público (entendido para terceros no relacionados con el proceso), es debida a la imposibilidad de una publicidad real en un procedimiento escrito M •
2. Oralidad y sus principios consecuencia u
La vigencia del principio de oralidad supondrá que, carácter general,
con
"únicamente lo que de palabra se aporte al
proceso puede ser valorado por el juez y tenido en cuenta en la resolución final"u. Debemos comenzar señalando que desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, la oralidad goza de un tratamiento preferente como principio inspirador de todos los procedimientos. Así lo establece en su articulo 120.2, y dentro de la citada preferencia
se
acentúa
la
misma
respecto
del
procedimiento
84 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, pp. 543-544. RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal ••• op. cit., págs. 346 y ss. RAMOS MENDEZ F. Para un proceso civil eficaz, Bellaterra 1982, págs. 17-18. CARNELUTTI F. Derecho procesal ••. , op. cit., págs. 173 y ss., en particular concepto y alcance de la inmediación. ALMAGRO NOSETE J. consideraciones .•• , op. cit. pp. 251-252. 85 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, pp. 533-538 Y 544-548. GOMEZ COLOMER J. L. en ROXIN/ARZTI 'l'IEDEMANN Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal, op. cit., pp. 235-236.GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal •.• , op. cit., pp. 218 Y ss., § 23. CHIOVENDA G. Principios de Derecho Procesal civil, Madrid 1977, T. II, pp. 132 Y ss., § 44. CARNELUTTI F. Derecho Procesal. .• , op. cit., pp. 175 Y 176. DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho ~rocesal Penal, op. cit., pp. 44-48 Y 606. 86 PRIETO CASTRO L. Tratado ••• , op. cit., t. I, p. 540. MONTERO AROCA J. El proceso laboral, op. cit., t. I, pp. 91-96. 70
El principio del proceso debido criminal.
La
expresión de
reafirmada en la LOPJ. limitándose
aquella voluntad queda renovada
de 1985,
únicamente
a
que amplía oralidad
la
y
la referencia no sino
incluyendo
explícitamente la inmediación y la publicidad, artículos 229 y ss., con la
~lpo
pretensión de hacerlas extensivas a todo
de
procedimientos 87 • Los
motivos
de
la
preferencia
por
la
oralidad
son
posiblemente variados, pero nosotros nos inclinamos a pensar que el fundamental de entre ellos sea que un procedimiento en el que rija la oralidad (y naturalmente sus principios consecuencia), es
con
notoria
diferencia
más
apto
para
obtener
la
tutela
efectiva a que se refiere la propia CE. en su articulo 24.1, y específicamente más adecuado para articular un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE.). El hecho de que ordenamiento
español
existan en
la actualidad y
procedimientos
poco
dentro del
ajustados
a
estas
directrices, como los expuestos en el capítulo anterior, obedece a diversas causas,
y
básicamente a
entre la norma y la realidad,
la tradicional disfunción
a lo que hay que añadir que la
efectiva aplicación de la oralidad supone un mayor costo, no sólo económico, y la ruptura con una práctica asentada~. La oralidad en los procedimientos como alternativa a escritura,
toma
realmente
cuerpo
mediado
el
s.
la
XIX,
87 GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., p. 37, donde afirma que el principio de oralidad "tiene la ventaja de favorecer la inmediación, la concentración y la pUblicidad.". 88 MONTERO/ORTELLSIGOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1,
Pp. 544-548.
71
Iñaki Esparza Leibar principalmente en paises del área germánica y en relación tanto a procedimientos penales corno civiles. Las ventajas que aporta la
oralidad
son
consideradas
no
sólo
corno
meramente
metodológicas, en palabras de Rosenberg "la oralidad tiene la ventaja de la mayor claridad y energia, agilidad y naturalidao de la exposición", sino que se valora igualmente su trascendencia con
respecto
al
proceso,
su
faceta,
a
la que
aludiamos
al
comienzo de esta parte, de garantia de un proceso eficaz. Asi, "La posibilidad, más fácil de adaptación al caso particular; la eliminación
de
malas
interpretaciones;
el
complemento
y
aclaración de la materia procesal ••• ,,89. El objetivo de un procedimiento en el que la oralidad sea plena es sin embargo utópico. Tal y como adelantamos, se habla de prevalencia y no de plenitud, pero la oralidad si debe darse en las fases decisivas del procedimiento, en el "juicio oral", ya que sólo de un debate oral puede el órgano jurisdiccional obterner la convicción. En
la
regulación
positiva
española
dos
son
los
procedimientos que podemos afirmar responden al principio de oralidad: El establecido por la LECrim para el proceso penal, en particular la regulación del juicio oral articulos 680
y ss.,
además del procedimiento laboral para el que la LPL diseña un procedimiento establecido en
oral;
en
este
la Ley 7/1989,
punto de
12
debemos de abril,
mencionar de Bases
lo de
Procedimiento Laboral, y concretamente en su Base decimosexta, 89 ROSENBERG L. Tratado ••• , op. cit., pp. 394 Y ss. SCHONKB A. Derecho Procesal Civil, op. cit., pp. 42 Y ss. CAPPBLLBTTI M. La ~ralidad y las pruebas en el proceso civil, Buenos Aires 1972. 72
El principio del proceso debido apartado
primero,
en
el
que
se
enuncian
los
principios
inspiradores del futuro "proceso", que posteriormente incorpora el nuevo texto articulado de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral (521/1990, de 27 de abril), en su arto 74., entre los que se cuenta la oralidad, además de los principios consecuencia de inmediación Y concentración y el de carácter más novedoso, aunque lógicamente derivado de un procedimiento oral, de celeridad~.
a. principio de inmediación
El proceso se desarrollará ante el juez sin la mediatización de
elemento
intelectiva
alguno91 • posible
El
obj eti vo
entre
el
es
órgano
alegaciones de las partes por un lado,
la
mayor
aproximación
jurisdiccional
y
las
y la práctica de las
pruebas por otro (vid. articulos 688 y ss. LECrim). El mecanismo que se articula para la real consecución de los citados obj eti vos consiste en la suspensión del juicio oral cuando algún miembro del Tribunal no pueda seguir tomando parte en el mismo, articulo 746.4 LECrim, debido a los inconvenientes que comporta para la
90 Art. 74. 1 LPL "Los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso laboral ordinario según los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad". Por lo que al proceso penal concierne, vid. MONTERO AROCA J. El principio de oralidad y su práctica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, Justicia 1983, pp. 263-308. ESCUSOL BARRA E. Manual .•. , 0p. cit., pp. 130 Y 131. 91 CARNELUTTI F. Trattato del processo civile, Napoli 1958, pp. 151 Y ss. CARNELUTTI F. Derecho Procesal ... , op. cit., pp. 173 Y 174. CHIOVENDA G. Derecho Procesal civil, T. II., Madrid 1922, Págs. 196 y ss. CHIOVENDA G. Principios •.• , op. cit., pp. 182 Y ss., § 46. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., p. 37. 73
Iñaki Esparza Leibar defensa del interesado; e incluso el dejar sin efecto parte del juicio, cuando la suspensión es excesivamente prolongada, para volver a ser realizada con las debidas garantías, artículo 749 LECrim.
No
es
solamente
garantizar sino algo más,
la
inmediación
lo
que
se
pretende
que es la imposibilidad de que se
produzcan cambios entre los miembros del Tribunal, circunstancia que debemos entender como exigencia de la inmediación y como garantía del justiciablen • También puede ser entendida la inmediación en otro sentido además del ya señalado de producción de los materiales de hecho fundamentales para la resolución final del proceso directamente ante el juzgador,
dicho segundo sentido supondrá entender el
principio de inmediación "como utilización del medio de prueba más directo,
con exclusión de pruebas
de
segunda
o
tercera
mano. ,,93. En la LPL.
el tratamiento es similar estableciéndose el
mecanismo que garantiza la inmediación en su arto 74.1 del téxto vigente, procedente de la Base vigésima NQ 1 de la mencionada Ley de Bases de Procedimiento Laboral.
b. concentración/Celeridad
92 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, Pp. 534-535. PRIETO CASTRO L. Tratado .•• , op. cit., t. I, pp. 543-546. GOMEZ COLOMER J. L. Paralización del procedimiento, NEJ 1986, t. XVIII, pp. 848-877. 93 GOMEZ ORBANEJA/BERCE QUEMADA Derecho procesal penal, op. cit., § 12, p.
123.
74
El principio del proceso debido "La LECrim tiene el propósito de que rija el principio de la concentración y de unidad de la vista y por tanto, que todas las actuaciones del juicio se concentren en una sesión y, fuera inevitable, en varias
próximas"~
si
(vid. articulos 744 y 746
LEcrim). Igualmente la LPL, arto 74.1, consagra el principio
(~(
concentración y añade el relativamente novedoso principio de celeridad,
que
asimismo
aparece
en
la
ya
mencionada
Base
decimosexta de la Ley de Bases de Procedimiento Labora 1 95 • ambos
Y para
casos,
principio,
por
lo de
entendimiento
hacer
que lo
efectivo
ello que
supone la
el
contenido
de
celeridad 'y
inmediación
de
En
este recto
significa,
la
Jurisprudencia ha interpretado restrictivamente las posibilidades de
suspensión
del
juicio,
de
lo
que
claramente
deriva
la
importancia de este principio que comporta la oralidad y que a su vez es indispensable para la real existencia de la misma%. Junto a la concentración y como manifestación de la misma rige el principio de unidad del debate (contrario a la preclusión y eventualidad del procedimiento escrito), que permite que las alegaciones y medios de prueba puedan ser propuestos en cualquiel momento
del
procedimiento
sin
que
pueda
ser
rechazado.
De
94 PRIETRO CASTRO/GUTIERREZ DE CABIEDES, Derecho ... , cit., Madrid 1978, págs. 334 y ss. 95 Vid., MONTERO AROCA J. El proceso laboral, op. cit., v. 1, p. 93.
STS de 22 de noviembre de 1991 (RA 8453); STS de 27 de enero 19~2 (RA 457); STS de 30 de enero de 1992 (RA 606) Respecto pr1ncipio de celeridad en el ámbito penal y en relación con proceso penal abreviado, vid., DE LA OLIVAI GONESES/HINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal, op. cit., p. 603-604.
96 de ai e
ARAp
75
Iñaki Esparza Leibar cualquier manera y a fin de no posibilitar el empleo abusivo de dicha posibilidad con el único objetivo de dilatar el proceso, la ley establece determinadas limitaciones para los casos en los que la admisión supusiera la suspensión del juicio y siempre que no se hubiera realizado con anterioridad la proposición de la prueba por negligencia o mala fe imputables a la parten.
c. Publicidad
En la alternativa existente entre publicidad y secreto, los procedimientos orales, en general, y los procedimientos penal y laboral españoles, se decantan (bien entendido por ser la única alternativa coherente con la oralidad), por la publicidad, la cual entendida en su correcta significación, publicidad para terceros, se incorpora por la ideología liberal como medio de control
de
la
actividad
jurisdiccional
por
parte
de
la
comunidad98 • La publicidad ha sido considerada como principio básico del procedimiento y por ello se encuentra recogida en diferentes téxtos jurídicos suscritos por una gran parte de la comunidad internacional
(Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
97 BAOMANN J. Derecho procesal penal ... , op. cit., págs. 101 y ss. PRIETO CASTRO L. Estudios .•. , cit. págs. 91 y ss. 98 PRIETO CASTRO L. Tratado ••• , op. cit., t. I, pp. 547-552. FAIREN GUILLEN V. Doctrina general del Derecho Procesal ••. , op. cit., pp. 407-420. CHIOVENDA G. Principios .•. , op. cit., pp. 179 Y ss., § 45. TOME GARCIA J. A. Protección procesal de los
~erechos
humanos ante los Tribunales ordinarios (CE y leyes de desarrollo), Madrid 1987, pág. 116. Aunque desde luego no debemos olvidar que la publicidad debe también manifestarse, y con un alcance mucho mayor que para con los terceros, entre las partes. 76
El principio del proceso debido politicos, articulo 14.1; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, articulo 6)~. Dentro
del
ordenamiento
español
goza
la
publicidad
igualmente de la más alta consideración, y así la encontramos como principio general informador de las actuaciones judiciales" en el artículo 120.1 CE., Y por otra parte con la consideración de
Derecho
Fundamental
y
más
específicamente
como
garantía
procesal, encuadrada por algunos autores dentro del derecho de defensa, en el articulo 24.2 CE 1OO • En la LOPJ., considerada como base común de
todos los órdenes jurisdiccionales, se reproduce
literalmente el mencionado precepto de la CE. en el arto 232. La razón última de la publicidad reside en la trascendencia de la actividad jurisdiccional, particularmente en el caso del orden penal, que exige que dichas actuaciones no se lleven a cabo secretamente por la infinidad de connotaciones negativas que de ello se derivan, y por la imposibilidad de fiscalización social que comporta, y que dado que la actividad jurisdiccional es una manifestación de la soberanía popular, es insostenible 1w • La Jurisprudencia del TC. se ha ocupado en varias ocasiones del derecho a un proceso público delimitando su alcance, y lo ha hecho en el sentido de favorecer la publicidad y su aplicación real en los procedimientos,
sin que las excepciones previstas
99 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I,
Pp. 537-538. 100 GONZALEZ PEREZ J. El derecho a Madrid 1984, págs. 120 y ss.
la tutela jurisdiccional,
101 BAUMANN J. Derecho •.• , op. cit, pág. 108. vid. arto 117.1 CE en el mismo sentido y para el ordenamiento español. 77
Iñaki Esparza Leibar Centrándonos y
españoles,
en
como
los
diversos
consecuencia
órdenes de
la
jurisdiccionales ya
mencionada
incompatibilidad entre los principios de escritura y publicidad "real", sólo se garantiza la publicidad en los procedimientos penales y laborales. Asi, y para el primero de los casos,
la
LECrim en su articulo 680
impone la oralidad como principio
general
e
del
juicio
oral
instrumenta
la
nulidad
para f
sancionando su falta, garantizar su efectividad. Es decir, que exceptuando la posibilidad de excluir la publicidad a 10 largo de la tramitación del sumario, todas las actuaciones de 10 que constituye la parte esencial del proceso penal serán públicas, salvo las excepciones taxativamente establecidas en la propia LECRIM 103 • En el caso de la LPL., son los arts. 74.1 y 84.1 quienes mediante la constitución en audiencia pública del Magistrado establecen
la publicidad,
la procedencia de dichos arts.
es
directa respecto de la Bases decimosexta y decimonovena de la Ley
103 ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento Criminal, op. cit., pp. 367-370. Por lo que al sumario respecta el arto 301 LECrim establece su carácter secreto. El propio arto 680 LECrim en su párrafo segundo y en relación al juicio oral, plasma las excepciones a la publicidad que necesariamente habrán de fundamentarse en razones de moralidad, orden público o respeto al ofendidio o a su familia. vid. también arto 232. 2 LOPJ. vid. STC 65/1992, de 29 de abril que confirma la validez de las excepciones a la publicidad establecidas por las leyes.
78
El principio del proceso debido de Bases de Procedimiento Laboral,
además del anterior texto
legal, arto 76.1 IM •
104 MONTERO AROeA J. El proceso laboral, op. cit., t. 1, pp. 9496. 79
PARTE 1 EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LA W": SU REGULACION y MANIFESTACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
l. INTRODUCCION: BREVE REFERENCIA AL PODER JUDICIAL FEDERAL EN LOS USA; ORGANIZACION y ALCANCE La
propia USC de
1787
se ocupa de
la
cuestión
en
las
secciones primera y segunda del arto 3, de las que transcribimos los párrafos más significativosl~: a) Art. 3, primera sección, USC:
"Se depositará el poder
judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesi V0 106 • " b) Art. 3, segunda sección, nQ 1, USC: " El Poder Judicial entenderá en todas las controversias, tanto de derecho escrito como
de
equidad,
consti tución,
de
que las
surjan
leyes
de
como los
consecuencia
Estados
de
Unidos
y
de
esta los
tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; ... en las controversias
en que
sean parte
los
controversias entre dos o más Estados, ciudadanos
de
otro,
diferentes, ..• entre
un
entre Estado
o
Estados
Unidos;
las
entre un Estado y los
ciudadanos los
en
de
ciudadanos
Estados
del
mismo
y
Estados, ciudadanos o sübditos extranjeros 1OO ." c)
Art.
3,
segunda
sección,
nQ
2,
USC:
"En
todos
los
casos ... en que sea parte un Estado, el Tribunal Supremo poseerá jurisdicción en ünica instancia. En todos los demás casos que
105 La traducción oficial de los preceptos constitucionales ci tados procede del SERVICIO DE INFORMACION DE LOS ESTADOS UNIDOS La declaración de independencia. La Constitución de los Estados Unidos de América, Washington D.C., pp. 8-40.
Art. 1, octava sección, n Q 9, facultad: ... Para crear tribunales Supremo." 106
USC. "El Congreso tendrá inferiores al Tribunal
107 Vid. Decimoprimera Enmienda USC, que redefine los limites de la jurisdicción federal, excluyendo del conocimiento de dicha jurisdicción el supuesto segün el cuál los ciudadanos de un Estado demandan al gobierno de otro Estado. 81
Iñaki Esparza Leibar antes se mencionaron (art. 3, secc. 2, n Q 1) el Tribunal Supremo conocerá en apelación, tanto del derecho corno de los hechos, con las excepciones y con arreglo a la reglamentación que formule el congreso." d) Art. 3, segunda sección, n2 3, USC: "Todos los delitos serán juzgados por medio de un jurado, ... y el juicio de que se habla
tendrá
lugar
en
el
Estado
en
que
el
delito
se
haya
cometido ... " La
plasmación material
a
nivel
de
organización
de
los
tribunales de las disposiciones transcritas, especialmente arto 3, secc. cuya
1~,
se puede representar con una estructura piramidal
cúspide
estaría
ocupada
por
el
Tribunal
Supremo,
inmediatamente debajo de él hay en la actualidad 11 tribunales de apelación a los que sustentan en la pirámide 93 tribunales federales de distrito. Existen paralelamente a dicha estructura varios tribunales de competencia especial de los que no nos ocuparemos aquí dada su extrema especificidadl~. Las facultades del Congreso respecto a dichos OOJJ, excepto el Tribunal Supremo, le permiten la creación o supresión de tribunales federales, y la fijación del número de jueces del sistema federal. El sistema federal cuyos rasgos básicos estamos destacando convi ve
con
el
sistema
judicial propio de
cada
Estado cuya
jurisdicción se circunscribirá, en principio, al conocimiento de las controversias que surjan de la aplicación de leyes estatales, La separación entre conviviendo
el
jurisdicciones no
criterio
de
la
es sin embrago nítida
exclusividad
con
el
de
la
concurrencia. 109 A continuación nos ocuparemos de destacar lo más fundamental de cada uno de los OOJJ que integran el sistema judicial federal:
~08 V. gr. el Tribunal de Reclamaciones establecido en 1855, a lnstancias del congreso, para conocer de las reclamaciones monetarias presentadas frente a los Estados Unidos.
109 SCHROEDER R. C. Reseña del gobierno de los Estados Unidos, para el Servicio de Información de los Estados unidos, Washington D. C., pág. 68. 82
El principio del proceso debido A) Tribunal Supremo, Como se ha visto es el único tribunal expresamente creado por la USC, que culmina la organización judicial resultando sus resoluciones inimpugnables. Desde 1869 la composición del alto Tribunal es de un Presidente, sin voto de calidad, y ocho Magistrados. Su competencia le atribuye el conocimiento en primera instancia de aquellos asuntos en los que aparecen involucrados dignatarios extranjeros, y aquellos otros en los que un Estado es parte litigante. Todo el resto de causas que conoce el Tribunal Supremo accede al mismo a través del recurso de apelación frente a resoluciones de tribunales inferiores. El Tribunal Supremo tiene también, aunque la USC no se refiera a ello, competencia para dictaminar sobre la adecuación a la Constitución de la legislación as1 como de los actos procedentes del Poder Ejecutivo, y todo ello no sólo a nivel federal sino también a nivel estatal e incluso local llo • Para la válida constitución del Tribunal que permita dictar sentencia se precisa un quórum de seis Magistrados como m1nimo. La sentencia puede adoptarse por mayor1a simple, no se precisa unanimidad. Los votos particulares, concurrentes o discrepantes, pueden sentar precedente para futuras resoluciones. B) Tribunales de Apelación, Creados en 1891 con el objeto de hacerse cargo de parte de los asuntos, apelaciones, de los que se ocupaba el Tribunal Supremo (cuyo ámbito competencial aparece, a la vista de lo ya dicho, desmesurado) y de racionalizar la organización y gestión judiciales con una notoria aproximación a los potenciales sujetos pasivos de la jurisdicción. El número de Tribunales de Apelación es de 11 que se corresponden con una división territorial, circuito, del pa1s a los efectos de las apelaciones. El número de Magistrados que integran estos OOJJ oscila entre tres y quince, y se ocupan principalmente de resolver las apelaciones interpuestas frente a las resoluciones dictadas por los Tribunales Federales de Distrito radicados en su circunscripción.
e) Tribunales Federales de Distrito, En número de 93, los 50 Estados están divididos en 91 distritos a los que deben añadirse los de Columbia y Puerto Rico. Su composición oscila entre uno y veintisiete Magistrados. La sede de éste tipo de OJ no es permanente sino que existe una suerte de rotación periódica entre distintas poblaciones del distrito. 110 El origen de la atribución de dicho ámbito competencial se remonta a la doctrina emanada del Tribunal Supremo en Marbury v. Madison (1803) donde se afirmaba que "un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley". 83
Iñaki Esparza Leibar Su competencia objetiva alcanza al primera instancia de delitos federales.
conocimiento en
Los Tribunales que componen el Poder Judicial en los USA tienen asignada, según se ha dicho, la labor de interpretar la use y correlativamente decidir sobre la adecuación de las leyes a aquella. El sistema del "Judicial Review" (revisión judicial) , junto con la importancia del precedente judicial en el sistema USA
convierten
al
Poder
JUdicial
en
el
único
intérprete
autorizado de la use, y a las opiniones emitidas en el ejercicio de la función jurisdiccional a través de las sentencias de los Tribunales Supremo y de Apelación, en vinculantes para supuestos análogos posteriormente planteados.
II. EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW"
La primera advertencia que debemos hacer recae por un lado sobre la gran complejidad de la institución, y por otro sobre la importancia fundamental de la misma dentro del sistema juridico de los USA 111 • La complej idad está garantizada por el hecho de 111 Precisamente por las citadas razones y para no añadir mayor confusión a tan delicado tema, hemos decidido respetar el idioma original, añadiendo la traducción oficial, por lo menos en lo que a cuestiones fundamentales (v. gr. texto de las Enmiendas USe) respecta, aunque su comprensión en la mayor parte de los casos no presenta ninguna dificultad. Procederemos de distinta manera con instituciones, actos o momentos procesales concretos en los que ofreceremos una traducción personal, siempre que ello sea posible. Por lo que a la metodologia respecta nos ceñiremos igualmente a la de cada uno de los paises de que nos ocupamos, asi las citas bibliográficas y jurisprudenciales se realizarán en cada caso tal y como son empleadas en aquellos paises; entendemos que de ello no se deriva ninguna dificultad añadida y por contra permitirá la localización de cada uno de los 84
El principio del proceso debido tratarse
de
un
elemento
que
se
ha
desarrollado
en
los
ordenamientos anglosajones durante más de siete siglos, a través de la constante interpretación jurisprudencial y de la no menos trascendente elaboración doctrina1 1l2 • por
lo
que
al
carácter
fundamental
dentro
de
lo~
ordenamientos anglosajones concierne, el mismo se deriva de la finalidad de la institución que tiene su ámbito en la modulación de las situaciones en las que los Derechos Fundamentales a la vida,
libertad y propiedad l13 son regulados por la autoridad,
actuando el DPL en aquellas ocasiones como válvula reguladora. Se
trata
de
una
institución
de
origen
y
desarrollo
anglosajón. Es comúnmente aceptado y así ha sido demostrado que materiales citados en sus fuentes originales. 112 Sobre la complejidad de la institución advierte MORENILLA RODRIGUEZ J. M. Los derechos del acusado en el sistema legal norteamericano, RDPI 1977, pp. 621 Y ss. Así a la hora de realizar, corno pretendernos globalmente, un análisis comparativo tendremos que tener en cuenta "Que los derechos y garantías procesales del acusado en los Estados Unidos están insertos, de modo inseparable, en un contexto de tradiciones jurídicopolíticas, de instituciones y de actitudes típicamente anglosajonas." Ello supone una mentalidad sustancialmente diferente de la continental europea "a la que en muchos aspectos se contrapone, y se caracteriza por un arcaismo derivado del aferramiento a una tradición que se remonta a la Edad Media que sigue viendo en el proceso un duelo entre el acusador y el acusado que es decidido por un jurado de vecinos y arbitrado por un juez que en ningún momento investiga o interroga al acusado, pero al que corresponde velar porque las "reglas del combate" sean observadas y salvaguardar la libertad del acusado que se presume siempre inocente mientras su culpabilidad no sea demostrada en el mismo juicio." 113 Amendment V (1791) "No person Shall be ... deprived of life, liberty, or property, without due process of law"/"Nadie será privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal". Amendment XIV (1868) "nor shall any State deprive any person of life, liberty or property, without due process of law"/"Ningún Estado podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal". 85
Iñaki Esparza Leibar la expresión
"due process
of
Law"
es una
variación de
la
contenida en la Magna Carta Inglesa de 1215 "per legem terrae", "bY the law of the land,,114. Sobre el mencionado carácter básico dentro de aquellos ordenamientos, precisaremos que el mismo es predicable no sólo de lo que podriamos a efectos de comprensió'l denominar Derecho Procesal, sino incluso - tal y como se verá más adelante -como principio sustantivo fundamental informador de todo el ordenamiento juridico llS • Deberemos abordar con la máxima atención el estudio del DPL cuidando de separar los aspectos de la misma que como procesalistas deben ocuparnos primordialmente. Se
desprende
inmediatamente,
tras
un
estudio
de
la
bibliografia norteamericana, que no es caracteristica definitoria del DPL su simplicidad conceptual o su no beligerancia a causa de
la
común
aceptación
del
contenido
y
alcance
de
su
significado 116 • El problema se plantea de forma diversa a la que 114 CORWIN E. The doctrine of due process of Law before the civil war, 24 Harvard L. Rev. 1911, págs. 366 ss. McILWAIN Due process of law in Magna Carta, 14 Columbia L. Rev. 1914, pág. 27. En el capitulo 39 de la Magna Carta el rey promete: "No free man shall be taken or imprisoned or disseised or outlawed or exiled or in any way ruined, nor will we go or send against him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land". 115 "Due process is a fundamental constitutional principIe in american jurisprudence. It appears in criminal law, civil law, and administrative law; it applies to the actions of such diverse groups as the police, administrative agencies, legislative bodies, and courts of law". RESNICK D. Due process and procedural justice, en "Due process, Nomos XVIII, Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy", New York, 1977, pág. 206. 116 Ni siquiera de la interpretación gramatical de los términos centrales de la institución podemos extraer gran cosa, aunque no por ello debemos dejar de emplear dicho medio interpretativo. Podemos destacar asi los siguientes significados; Due: Aquello que en virtud de la ley o de la moral es debido a alguien. Un derecho. Justo, apropiado, ajustado a derecho. Process: El 86
El principio del proceso debido podr1amos llamar tradicional, y es que pese a tratarse de una insti tución cuya vigencia se extiende a
lo largo de var ios
siglos, Y pese a ser constante objeto de estudio y aplicación tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, se ha resistido a una definición en el sentido al que estamos acostumbrados en los ordenamientos continentales 1l7 • Ello puede deberse a que "Las ideas po11ticas y jur1dicas fundamentales, de la misma manera que las grandes obras de arte, se resisten a una definición final, e incluso y posiblemente a una definitiva comprensión"l18. S1 existe sin embargo entre los autores un sustrato básico de común
aceptación que
contenidos
que,
como
atribuye m1nimo,
al
deben
DPL unos
determinados
concurrir
para
que
efectivamente se dé. En este sentido se concibe el DPL como una válvula reguladora entre la libertad individual y las previsibles imposiciones conflictos
de
entre
la los
autoridad, ciudadanos
asumiendo y
aquella
la
existencia
de
y
encauzando
la
resolución de los mismos por medio de procedimientos legales. Es el concreto alcance de esa legalidad el que, y en la práctica, ha ofrecido sucesivas versiones del DPL,
dependiendo de las,
conjunto de procedimentos relativos al ejercicio de una aCC10n legal. Vid. The Oxford Universal Dictionary Illustrated, 3A ed., Oxford 1976. Respecto a su alcance, escaso como se anunció en l1neas anteriores, vid. MASHAW J. L. Due Process in the Administrative State, Michigan, 1985, pág. 43. "Literal interpretation, a concentration on the ordinary meaning of the words, has little to offer the scholar or the courts." 117 RATNER G.L. The function of the due process clause, 116 U. Pa. L. Rev. 1968, pág. 1049. 118 HILLER A.CH. The forest of Due Process of Law: The american Q.onstitutional tradition, en "Due Process ••. ", op. cit., pág. 3. Y abundando en la cuestión, PENNOCK J. R. Due Process ..• , op. cit., introducción, pág. XV Y ss. 87
Iñaki Esparza Leibar oscilaciones
de
conceptos
indeterminados
tales
como
interés
general, arbitrariedad, injusto o desleal. Es
evidente
en
este
punto
el
indudable
componente
sociológico del concepto, siendo así que su definitorio concurso lo dota
de
una
indudable
flexibilidad
longevidad de la institución y a
que
ha
permitido
lél
cambio la imposibilidad de
definirlo absolutamente si no es en relación con un momento histórico determinado,
aunque siempre subyace la idea de una
"constante voluntad de armonizar, de forma consciente y sutil, la aspiración de una vida más justa con la relaci6n entre la satisfacción individual y el bienestar social .. 1l9 • Tanto la doctrina 120 como la jurisprudencia principalmente norteamericanas 121 , nos ofrecen numerosos ejemplos que confirman 119 HlLLER A.CH. The forest .•• cit. pág. 38. 120 SCANLON T.X. Oue Process pág. 93, (como origen de reclamaciones contra actos institucionales y protección ante la arbitrariedad). XlCHELHAN l.F. Formal and associational aims in procedural Oue Process, pág. 126, (como garantía mediante cuyo concurso las partes afectadas son admitidas para examinar y, en su caso, contestar, las razones en las que se funda la decisión que les concierne). RESNlCK D. Oue Process and procedural justice, pág. 206, (como princ1p10 normativo o concepto descriptivo empleado para justificar las normas y procedimientos existentes y para generar otros nuevos). Todos ellos en "Oue Process, Nomos XVIII, Yearbook of the American ... " op.cit. 121 Bradwell v. Illinois 1873, Malinski v. New York 1945, Joint Anti-Fascist Refugee Committee v. McGrath, 341 U.S. 123, 1951. Rochin v. California, 342 U.S. 432, 1957. Environmental Defense Fund. Inc. v. Hoerner Waldorf Corp. 1970. United States v. Batchelder, 442 U.S. 114, 123, 1979. Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352, 358, 1983. No hay un modo único de citar correctamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso de los EEUU, de manera que nos será posible hallar di versas formas dependiendo de la que adopte cada autor. En cualquier caso es imprescindible, y la doctrina es aquí unánime, citar los nombres de las partes, personas físicas o jurídicas, flanqueando la palabra latina versus representada por la abreviatura v., (esto es lo común en el caso de resoluciones especialmente célebres o trascendentes, 88
El principio del proceso debido el sentido de lo dicho en cuanto a la flexibilidad y progresiva extensión
de
invariablemente politicos,
la
polifacética
elementos sociológicos,
no
institución, sólo
éticos,
jurídicos
introduciendo sino
morales l22 ,
además
etc. ,
que
progresivamente van definiendo y configurando el OPL, alrededor de una
idea central percibida como una
amplia
e
indefinida
• ~ 123 protecc10n .
Dada el enorme campo que tras la institución que pretendemos analizar se adivina, deberemos necesariamente acotar aquellas facetas del mismo que por su trascendencia procesal puedan sernos de especial utilidad. Así una primera acepción del OPL que, no por obvia, debemos dejar de tratar es la que considera al mismo como
"aquél proceso que es debido -
entendido como derecho
v. gr. Marbury v. Madison, ya citada). En el resto de los casos la forma estándar de cita añade a los nombres de las partes el número de tomo de la colección oficial donde se recoge (U.S.) además de las páginas que ocupa y finalmente el año al que corresponde. 122 "What interests me is a conceptual matter; specifically, whether due process is best understood - as is commonly supposed - in terms of certain moral requirements applied to the law" KEARNS T.R. On de-moralizinq due process, en "Oue process •.• ", op. cit. pág. 229. 123 La idea de progresiva definición o gradual creación del concepto se recoge claramente en MOTT L. R. Due Process of Law.A historical and analytical treatise of the principIes and methods followed by the courts in the application of the concept of the "Law of the land" , Indianapolis, 1926, págs. 589 y ss. " ... In 1215 it was invoked against judgment without trial; in 1628 against arrests without indictment¡ in 1776 against taxation without jurisdiction; and in 1868 against class legislation. In each instance it might be said that there was an addition to its meaning, but it is probably more nearly correct to consider this development as the appropriation of portions of the general residual meaning which it has always hado In both its origin and development the concept rests on the specification, in a number of acute constitutional struggles, of the balance between individualism and legal control". 89
Iñaki Esparza Leibar subjetivo - cuando los poderes de la administración se movilizan con el objetivo de privar a un individuo de su vida, libertad o propiedad"I24. El mismo lo constituyen las salvaguardas para la protección de los derechos individuales que han sido establecidas por la Constitución USA e interpretadas por la jurisprudencia norteamericana l25 ,
para la aplicación y protección de derechos
privados; DPL implica el derecho fundamental de una persona a seL libremente escuchada, el derecho a la tutela jurisdiccional, "day in court". Aparece
el
concepto
en
el
sistema
norteameric'ano
para
significar la fundamental protección de la libertad individual, la Justicia l26 •
El DPL se fundamenta doblemente en
Enmiendas Quinta y Decimocuarta,
la
USC,
cada una de cuyas claúsulas
dispone que la vida, la libertad o la propiedad no pueden ser objeto de privación sin un proceso debido 1v •
124 SPRINGER E.CH. Justice of the Supreme Court of Nevada, sistema jurídico anglosajón, conferencia, Facultad de Derecho de San Sebastián 01.10.1990. Posteriormente documentado por medio de correspondencia personal. 125 La primera sentencia de la Corte Suprema que intenta definir el DPL es la recaida en Murray' s Lessee v. Hoboken Land & Improvement Co. 18 U.S. 272, 1856. Con una concepción extremadamente restrictiva intentando vincular el concepto exclusi vamente al "comInon law" de cada páis. Con Hurtado v. California, 110 U.S. 516, 1884, se aprecia una apertura en aquella primitiva concepción. 126 OIXON o. Marshall and the Australian Constitution, en "Government under law", a conference held at Harvard Law School on the occasion of the bicentennial of JOHN MARSHALL, Cambridge (USA), 1956, pág. 325. 127 Vid. nota n Q 7. KASBAW J. L. Due Process •.• , op. cit. pág. 50. Ello significará de entrada la prohibición de procesos especiales para casos singulares. 90
El principio del proceso debido En la práctica, las mencionadas previsiones constitucionales junto
con
los
preceptos
también
constitucionales
que
las
determinan, incluyen dos garantías distintas, según se deduce de una inicial aproximación al tema 1U :
11)
El DPL implica lo que es conocido como "Due Process
procesal",
lo que significa que ningún órgano jurisdiccional
puede privar de la vida, libertad o propiedad, a ningún sujeto de derecho, excepto a través de procesos ajustados a la USC rn • Así, una persona no podrá ser expropiada sin ser notificada de ello y oidas sus alegaciones, ni puede ser privado nadie de su libertad sin un juicio limpio ("Fair trial") 130.
2 1)
La
sustantivo" ,
claúsula
de
DPL
garantiza
el
"Due
Process
lo que signif ica que la administración no puede
limitar o privar arbitrariamente a los individuos de ciertos 128 DORa D. Faires Verfahren, Gewahrleistung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Kehl am Rhein 1984, pp. 10 Y ss. 129 Las demandas ante los Tribunales Federales motivadas por la pri vación del DPL procesal, muestran en los años setenta un incremento de un 350% sobre la década anterior, teniendo en cuenta que el incremento general de la litigiosidad fué de un 70%. La tendencia se mantiene para la década de los ochenta. HASHAW J. L. Due Process ... , op. cit. págs. 9 - 10.
13? La práctica de la Corte Suprema liga indisolublemente los prlnc;:ipios de Due Process of Law y Fair Trial. SCHMID N. Das gmerlkanische Strafverfahren, Heidelberg, 1986, pág. 130. La doctrina encadena también basicamente la limpieza del procedimiento "procedural fairness" con las reglas y principios qU~ configuran el DPL procesal. GREY T.C. Procedural fairness and :u-stantive rights, en "Due Process ... " op. cit., pág. 183. dORENILLA RODRIGUEZ J. M. Los derechos .•. , op. cit., p. 637, It ond7 también se parte de la identidad entre los conceptos d~bldo proceso legal/due process of law" y "juicio limpio/fair rlal".
t
91
Iñaki Esparza Leibar DerechoS Fundamentales, como aquellos contenidos en la USC, sin disponer
de
un
motivo
que
asi
lo
justifique,
se
trata
en
definitiva de una forma de autocontrol, constitucional, de la discrecionalidad en la actuación de la administración pública en general!3! poderes
(v.
gr.
públicos
el la
Due
Process
aplicación
de
sustantivo leyes
prohibe
restrictivas
d,
de
lOE
la
libertad de expresión, excepto si pueden, los poderes públicos, demostrar que tales leyes son necesarias por un apremiante - y por tanto superior - interés público)u2. Vamos ahora a centrarnos especificamente en el primero de los significados citados que hemos denominado DP procesal, que constituirá
nuestro
prescindir de
inmediato
parte de
objeto
lo que para
de
estudio.
la doctrina
Deberemos anglosajona
significa el DPL, concretamente de las implicaciones del DPL con el inicio del procedimiento legislativo y su posterior desarrollo 131 Amendment V (1791) " ••• nor shall private property be taken for public use, without just compensation". HASTIE W. H. Judicial method in Due Process inguiry, en "Government under law ..• "op. cit., Cambridge, 1956, pág. 343. En STRONG F. R. Substantive due process of law, a dichotomy of sense and nonsense, Durham (North Carolina), 1986; Se realiza un completo análisis histórico del origen del DP sustantivo en la "Magna Carta" inglesa como una limitación de las prerrogativas de la corona. También se analiza el significado de la institución tras su recepción por el derecho norteamericano, (limitación a las expropiaciones por apropiación PÚblica, limitación de situaciones de monopolio público o privado), y su posterior desarrollo. En general sobre esta materia es de interés el minucioso análisis histórico realizado en, COWLES W. B.Treaties and constitutional law: Property interferences and due process of law, Westport (Connecticut), 1975 (Reimpresión). 1~2 El ejemplo ofrecido procede S~stema ... cit. posteriormente
de la conferencia SPRINGER E.CH. transcrito en la documentación recibida del mismo, 07.01.1991 y 18.06.1991; Y es llamativo el empleo que en el mismo se hace de conceptos indeterminados como "apremiante interés", siempre presentes en la jurisprudencia USA y cuyo alcance deberemos fijar en páginas posteriores. 92
El principio del proceso debido - sometidos en todo momento a los límites impuestos por el DP sustanti vo
en
el
exclusivamente en jurisdiccional,
sentido
ya
anticipado
centrándonos
las manifestaciones del DPL en el aspecto
su significado,
exigencias y alcance ante la
eventual existencia de un conflicto que requiera de un proceso para su resolución 133 • Prescindiremos en definitiva del estudio del DPL sustantivo por no resultar aplicable a una manifestación jurisdiccional de la norma. La finalidad del DPL procesal la constituye en esencia la garantía de un juicio limpio para las partes en cualquier proceso y en especial para las partes en un proceso penal, ya que la
función jurisdiccional aplicada de acuerdo a sus características minimiza el riesgo de resoluciones injustas.
133 Tomaremos como punto de partida las "garantías básicas o derechos fundamentales" que extra idos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los EEUU, destaca sucintamente - a lo largo de esta parte de la tesis desarrollaremos y ampliaremos más en profundidad dichos elementos - como contenido del DPL procesal, MORENILLA RODRIGUEZ J. M. Los derechos ••• , op. cit., pp. 638, 639. "1) El Tribunal debe tener jurisdicción sobre el acusado atendiendo al lugar donde el delito se cometió. 2) El acusado debe ser juzgado con orden y por un Tribunal imparcial. 3) El acusado debe ser notificado de los cargos que existan contra él para preparar su defensa. ") El acusado tiene derecho a ser asistido de un letrado; si careciere de medios económicos para procurárselo el Estado tiene que proporcionarle abogado defensor. S) El acusado tiene derecho a exigir la presencia de los testigos de cargo y a carearse con ellos. 6) El acusado tiene el derecho de ser oído en su propia defensa. 7) El acusado tiene el privilegio de no poder ser declarado culpable en base a ~onfesiones obtenidas contra su libre voluntad y sin conocimiento e sUs derechos constitucionales. 8) El juicio debe ser público rápido. 9) El acusado-condenado tiene el derecho de obtener la ranscripción de cuanto se dijo en el juicio. 10) El acusado~O~denado tiene derecho a recurrir contra la sentencia ante un rlbunal superior.".
i
93
Iñaki Esparza Leibar En otras palabras, en los USA la garantia del juicio limpio es parte, y parte nuclear pero no la totalidad, del alcance de la claúsula del DPL que contiene superpuestas y desarrolladas otras especificas garantias destinadas a asegurar la realización de la Justicia en los procesos principalmente penales. Varias de las garantias a las que hacemos referencia_ las más básicas, que constituyen elementos irrenunciables del "Fair trial" y por tanto manifestaciones propias del DPL en su faceta procesal,
están
recogidas
a
modo
de
catálogo
en
la
Sexta
Enmienda 134 de la USC y son:
a.- Derecho a un proceso rápido,
("Justice delayed is
justice denied") 135. 134 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, wich district shall have be en previously ascertaines by law, and to be informed of the natura and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense"/"En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley; asi como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda". 135 La consecución del "speedy trial" como fundamento del "fair trial" y por tanto imprescindible para que el DPL exista, ha centrado buena parte de los esfuerzos de las instituciones norteamericanas en los últimos años, particularmente es el caso del "National Center For State Courts" y los estudios y PUblicaciones que impulsa. Description and analysis of the Passaic County (NJ) speedy trial demonstration pro;ect, North Andover (Massachusetts), 1980. Implementing delay reduction and ~elay prevention programs in urban Trial Courts, Denver 94
El principio del proceso debido
b.- Dereoho a un prooeso públioo. 0.-
Dereoho a un prooeso con jurado imparcial.
d.- Dereoho a Juez natural. e.- Dereoho a ser informado de la naturaleza y oausa de la aousaoión formulada. f.- Derecho al careo con testigos. g.- Derecho a la asistenoia letrada.
Podemos provisionalmente concluir que en los USA la garantia del juicio limpio no es un concepto simple, sino una combinación de elementos que aseguran una determinada forma de procedimiento en torno a
los valores equidad,
igualdad, publicidad,
imparcialidad,
racionalidad,
independencia,
certeza y universalidadl~,
estando todos ellos incluidos y presentes en la claúsula de DPL que además incorpora otros requisitos especificos contenidos en otras partes de la USC I37 •
111. AMBITO DE APLICACION DE LA INSTITUCION EN LOS USA
(Colorado), 1985. vid. también el vol. 23, n Q 1, de la revista The Judges ;ournal, Chicago (Illinois), 1984, que se ocupa rnOnograficamente de la cuestión. La resolución de este problema depende de la aplicación de técnicas principalmente de racionalización de la gestión, que por no constituir materia procesal no analizaremos aqui. ~36 Existe un generalizado acuerdo sobre estos elementos como
lntegrantes del DPL (tanto en su faceta sustantiva prOcesal), MAR S HALL G. Due process in England, en Process ••. ", op. cit., New York 1977, pág. 69. 137 SPRINGER E.CH., conferencia sistema ... cit. 95
como "Due
>
2
Iñaki Esparza Leibar Intentaremos inmediatamente proporcionar un concepto de DPL adaptado a categorías jurídicas continentales con el objeto de sistematizar lo hasta ahora visto y que simultaneamente sea apto para ser completado con lo que a partir de este momento diremos. Se trata de un principio general de
los
ordenamientos
jurídicos anglosajones de naturaleza constitucional, que presenta una importante faceta procesal (ampliamente desarrollada por la doctrina y
la
jurisprudencia),
y que contiene elementos de
directa aplicación como garantías procesales (recogidos no sólo en las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la USC, sino también en otras partes de la misma), tanto estrictamente técnicos como de otra índole, que hacen referencia a las bases científicas que integran el Derecho Jurisdiccional: Poder JUdicial, derecho de acción y proceso.
A) La primera cuestión que cabe plantearse es la de saber si en cualquier caso y siempre que los poderes públicos realicen un acto desfavorable, restrictivo de derechos, para uno o varios individuos, deben hacerlo dentro de los límites del DPL o no 138 (ámbito material). La respuesta a dicha cuestión ha determinado las fluctuaciones de la jurisprudencia en cada momento histórico. Podemos destacar la existencia de dos posturas al respecto:
1) DOCTRINA RESTRICTIVA: No existe un mandato general que obligue
al
gobierno
a
instituir
un procedimiento previo
a
138 SPRINGER E.CH. Limitations on government power Carson city 1986, págs 526 y ss. 96
El principio del proceso debido cualquier acto desfavorable para algún individuo. Solamente será asi cuando la restricción, vida,
privación o daño recaigan sobre la
libertad o propiedad de alguna persona y
en atención,
precisamente, a dichos derechos será obligado un proceso ajustado a
los principios que
integran el
DPL.
El
fundamento
de tal
interpretación radica en la no consideración de la vida, libertad y propiedad como un enunciado general y omnicomprensivo de todos
los aspectos de la vida de un individuo en sociedad, sino que la jurisprudencia
de
la
Tribunal
restrictivamente el ámbito de
Supremo
ha
los términos vida,
establecido libertad y
propiedad referidos a un limitado grupo de intereses determinando asi los actos del gobierno que ni afectan ni privan a un sujeto de uno de los citados tres intereses, y por tanto no requieren un
DPL139 •
Aunque
la
tendencia
jurisprudencial
apuntada
se
manifiesta con claridad sólo desde 1972, existen precedentes ya en el siglo anterior, que permiten complementar la argumentación restrictiva, cuando se establece la distinción entre derechos y privilegios, estando la restricción de derechos sometida a los limites constitucionales, lo que no ocurrirá con los privilegios cuya limitación no está sujeta a las restricciones establecidas por la USC1~. Cuando un acto de la administración perjudica un 139 Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564, 1972. united states Labor Party v. Oremus, 619 F.2d 683, 689, (7th. Cir.), 1980. 140 McAuliffe v. Major of New Bedford, 155 Mass. 216, 220, 29 N.E. 517, 1892. El caso de un policia que pierde su empleo por comprometerse con actividades politicas. El Juez Oliver Wendell Holmes sentenció: "El solicitante tiene efectivamente el derecho constitucional de intervenir activamente en politica (derecho, por tanto la restricción del mismo deberá ajustarse al DPL), pero no tiene el derecho constitucional de ser policia (privilegio, por tanto su tutela no exige la aplicación del DPL)". 97
Iñaki Esparza Leibar derecho individual pero no constituye una denegación de la vida, libertad o propiedad,
el gobierno no tiene la obligación de
facilitar el DPL a esa persona.
2) DOCTRINA AMPLIA: Entiende esta linea
los
tres
términos
incluidos
en
la
frase
interpretativa, que "vida,
libertad
o
propiedad" son descripciones genéricas de todos los intereses individuales,
no
habiéndose
pretendido
con
creación de una jerarquia de intereses con su
su
redacción
correlati~o
la
reflejo
en el ámbito jurisdiccional. Lo contrario, se aduce, supondria una incomprensible limitación de la actividad revisora propia de la jurisdicción141 • B)
Una segunda cuestión que ha sido planteada es la de
determinar la eventual existencia de otras limitaciones en la aplicación del DPL, limitaciones fundamentadas en la libertad de cada estado para ajustarse o no a los principios del DPL, a la hora
de
establecer
las
normas
relativas
a
la
función
jurisdiccional. Debe señalarse a este respecto que los garantias recogidas en las ocho primeras enmiendas, ratificadas en 1791, fueron originalmente concebidas, o al menos asi se interpretó por los Estados, para su aplicación en el caso de procesos originados por la transgresión de una norma federal,
141 MONAGHAN Liberty and Property,
en estos casos se
62 Cornell L. Rev.,
1977,
P~gs. 405, 415. SMOLLA The re-emergence of the Right-Privilege g~stinction in Constitutional Law: The price of protesting too ~uch, 35 Stanford L. Rev., 1982, pág. 69. BINON Liberty and ~roperty in the Supreme Court: A defense of Roth and Perry, 71
Cal'f ~ ~ • L. Rev., 1983, pago 146.
98
El principio del proceso debido aplicaría necesariamente el DPL ante un Tribunal Federal, con todas las garantías mencionadas. En
principio
ello
no
sería
aplicable
a
los
casos
de
acusación en base a la violación de una ley estatal que tuvieran asimismo
que
ventilarse
Tribunal
Supremo
ha
ante
un
acudido
a
Tribunal la
Estatal;
Enmienda
Pero
el
Decimocuarta,
ratificada en 1868, en virtud de la cual deberán ser respetadas las garantías incluidas en el DPL también en los casos relativos y resueltos por instancias estatales "The nationalization of the ai11 of Rights" 142 • De la interacción entre las enmiendas que venimos citando en este apartado surge, tras la necesaria y lenta elaboración jurisprudencial l43 , un más amplio concepto de DPL que incluye los derechos y garantías recogidos en las Enmiendas Cuarta, Quinta Sexta y Octava y los aplica al ámbito territorial resultante de la combimación de las Enmiendas Quinta (que permitía una amplia discrecionalidad por parte de cada Estado) y Decimocuarta (que controla la situación anterior imponiendo la observancia de la cláusula del DPL a todas las legislaciones estatales) , resultando de todo ello una situación de básica igualdad que permite un 142 Hurtado v. California, 110 U.S. 516, 535, 1884. Howard v. Fleming, 191 U.S. 126, 1903. Sobre la suficiencia de una acusación. TWining v. New Jersey, 211 U.S. 78, 1908. Sobre la protección frente a la autoinculpación. Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip, 1991, en The united States Law Week, Justice O'Connor opinion dissenting, vol. 59, NQ 34, págs. 4159 y 4168. Sobre anulación de leyes estatales por vaguedad en los términos de aplicación y como exigencia del DPL. 143 Frank v. Magnum, 237 U.S. 309, 1915. Fiske v. Kansas, 274 U. S. 380, 1927. En este último caso se aplica el DPL como protección de algunos acusados frente a procesos no limpios (II un fair ll ) ante tribunales estatales. 99
Iñaki Esparza Leibar desarrollO y aplicación
homogéneos del DPL en todo el territorio
nacionallM. Siendo la descrita la situación actual, a partir de la que deberemos enfocar las páginas siguientes.
IV. MANIFESTACIONES DEL DPL EN EL PROCESO PENAL FEDERAL
Abordaremos
ahora
manifestaciones del
la
DPL a
tarea lo
de
resaltar
las
concretas
largo del proceso penal,
y
lo
haremos en base a un modelo stándar, es decir un modelo en el que queden reflejados los mínimos - referidos a garantías procesales - exigidos por las leyes federales y por la propia USC, mencionar
las
particularidades
legislaciones estatales, gran especificidad;
existentes
en
las
sin
diversas
salvo las de especial interés por su
con la
finalidad
de conseguir una mayor
claridad expositiva sin - entendemos - menoscabo de los objetivos de
esta
Tesis
Doctoral.
Para
facilitar
su
comprensión
realizaremos previamente un somero esquema que trata de reflejar las fases y actos principales del proceso penal USA:
Producido
el
hecho
ilícito
y
una
vez
que
el
MF
tiene
conocimiento del mismo.
144 STARR l. Justice: Due Process of Law, sto Paul (Minn.), 1981, págs. 5 Y ss. 145 MARCUS P. Criminal justice reforms in the united states, relación norteamericana presentada en el XXV congreso AIDP "Los movimientos de reforma del proceso penal y la protección de los Derechos Humanos", Toledo 1992. 100
El principio del proceso debido A) PROCEDIMIENTO PRELIMINAR: - Denominación USA: "Pre-trial phase/stage" - Sujetos intervinientes: MF/policla judicial. OJ (eventualmente) "preliminary hearing" para adopción de medidas cautelares. - Actuaciones procedentes: Investigación. Adopción de medidas cautelares (eventualmente) - Finalidad: Conclusión de la investigación sobre las circunstancias del delito y del presunto delincuente. B) COMPARECENCIA PREVIA: - Denominación USA: "Pre-trial phase/stage" - Sujetos intervinientes: OJ ante el que se realizan las actuaciones. MF y/o gran jurado. Imputado. - Actuaciones procedentes: Formalización de la acusación. "Guilty pleas/plea bargaining"/posibilidad de conformidad. - Finalidad: Informar al acusado de los hechos que se le imputan. En caso de conformidad: Inmediata conclusión del proceso por sentencia. En caso de no haber conformidad: Apertura del juicio oral. C) JUICIO ORAL: - Denominación USA: "Trial phase/stage". - sujetos intervinientes: OJ, jurado, MF y acusado. - Actuaciones procedentes: Selección del juradO. Realización de la vista. Práctica de la prueba. - Finalidad: posibilitar el veredicto del jurado y la sentencia sobre el fondo del asunto. Eventualmente cabe la posibilidad de que se produzca una resolución que termine el proceso cuando su continuación sea imposible, "mistrial". D) FASE DE CONCLUSION: - Denominación USA: "Post-trial phase/stage". = sujetos intervinientes: Jurado, OJo - Actuaciones procedentes: Emisión del veredicto por el jurado y correlativa sentencia. - Finalidad: Obtención de una resolución definitiva en el proceso. E) APELACION: 101
Iñaki Esparza Leibar - Denominación USA: "Apellate review of sentencing/Right to appeal". - Sujetos intervinientes: OJ (Tribunales de apelación) . - Actuaciones procedentes:Revisión de la resolución apelada por considerarse perjudicial para el condenado en la misma. - Finalidad: Garantizar mediante la revisión que la privación de la vida, la libertad o la propiedad al condenado por la sentencia,ha sido realizada en la estricta observancia de lo que el B exige. si no hay vulneración del DPL se confirmará la sentencia apelada. si existe violación se modificará la resolución apelada.
A. Procedimiento preliminar/"Pretrial phase"l~ 1. Detención ordenada por órgano jurisdiccional/ "Arrest
under warrant"
La norma básica aplicable a toda la materia agrupada bajo los epígrafes referidos a las medidas cautelares es la Enmienda Cuarta de través,
la Usc 141, por
una
ratificada en 1791, parte,
de
las
que se desarrolla a
legislaciones
estatales
146 GEORGE B.J. Jr. Due Process Rights of the Criminal Defendant in the Pre-Trial Phase, en "Protection of Human Rights in the criminal procedure of Egypt, France and the United States, Second conference of the egyptian section of the A.I.D.P.", Alexandria, 1989, pág. 12 Y ss. 147 Amendment IV, USA. Constitution: "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particulary describing the place to be searched, and the persons or things to be seized"/"El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas". 102
El principio del proceso debido ("statutes")
y por otra, y principalmente por el sistema del
"Common Law" o desarrollo de la ley a través de las sentencias dictadas por
los
jueces en casos
concretos y
basadas en la
tradición y en las costumbres1 48 . Veremos
a
continuación
el
resultado
de
algunas
de
las
concreciones más importantes que se han producido en el proceso de adaptación de la enmienda a la realidad práctica a través de los años:
a) Podrán los funcionarios de policía en el ejercicio de sus funciones,
solicitar al OJ competente una orden de detención,
cuando exista una causa para creer que la persona cuya detención se interesa, ha cometido un delito federal 149 •
b)
Los
funcionarios
de
policía
no
necesitan
estar
en
posesión de la orden de detención en el momento de verificarla, si bien deberán mostrarla al detenido tan pronto como ello sea posible.
Entretanto,
la persona
detenida
será
informada del
delito que ha motivado su detención, así como del hecho de la expedición de la orden de
detenciónl~.
148 STARR l. Jus t 'lce: •.. , Cl. 't ~ pago 260. WILLlAMS P • J • ~lassifying pre-trial detention decisions under the Bail Reform ~ct of 1984: A statistical approach, ACLR 1993, pp. 255-336. 149 Fed. Cr. Crim P. R.4(a), (b). 150 Fed. Cr. C' rlm. P . R . 4(d)(4). 103
Iñaki Esparza Leibar c) Un Fiscal Federal puede, previamente a la expedición de la orden de detención ,
citar a una persona
(previsiblemente
objeto de inmediata detención) con las ventajas que para aquella se derivarán de la no existencia de custodia física y de no estar sujeta a las condiciones de la detención preventiva.
d) Una orden de detención es preceptiva para la detención de una persona en su casa 151 • si el individuo cuya detención se pretende se hallare en la residencia o propiedad de otra persona, será precisa además una orden de registro identificando a esa persona, antes de que los funcionarios de pOlic1a puedan entrar en aquella propiedad para detenerla 152 •
2. Detención no ordenada por órgano jurisdiccionall "Arrest without warrant"
Todo
funcionario
de polic1a,
incluso estando
fuera
de
servicio, puede detener por la comisión de delitos o infracciones menos graves cometidas en su presencia; asimismo y aún no estando presente podrá detener a
quien cometa un deli to.
Tanto
la
jurisprudencia como numerosas legislaciones estatales manifiestan una clara tendencia expansiva, permitiéndose la detención en base a una
"razonable creencia" de autor1a,
y extendiendo dicha
151 Payton v. New York, 445 U.S. 573, 1980. 1~2 Steagald v. United States, 451 U.S. 204, 1981 Y Welsh v. Wlsconsin, 446 U.S. 740, 1984.
104
El principio del proceso debido facultad
a
los
casos
no
ya
de
delito
sino
incluso
a
las
infracciones menos graves1~. Los funcionarios de policia no tienen
la obligación de
obtener una orden de detención si cuentan con "razones válidas" para realizarlo, aunque dicha posibilidad desaparece en el caso de
tener
que
verificarse
la
detención
en
una
propiedad
pr i vada 154 . Está
prohibido
el
uso
de
medios
desproporcionados
y
violentos por parte de los agentes de pOlicia, salvo actuando en la creencia de que la persona que va a ser detenida supone una amenaza grave de muerte o graves lesiones tanto para los agentes como para otras personas 155 • Tradicionalmente
se
viene
permitiendo
a
los
ciudadanos
particulares la detención de quien cometa delito o infracción violenta en su presencia (algunos estados como Nueva York han extendido en virtud de la legislación estatal dichas facultades) • En todo caso el ciudadano particular que detenga a otra persona debe ponerla inmediatamente a disposición de la policía para ulteriores diligencias 1Y •
153 N.Y. Crim. Proc. Law 1958.
S
140.10. Draper v. U.S., 358 U.S. 307
154 Será de aplicación en este punto lo dicho para detenciones ordenadas por Organo Jurisdiccional (l.a). 155 Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1, 1985. 156 N.Y. Crim. Proc. Law.
S
140.40 (1). 105
las
Iñaki Esparza Leibar Una vez que cualquier persona haya sido detenida deberá ser inmediatamente puesta a disposición judicial, tanto si existe como si no una orden de detención l57 •
3. otras posibilidades de investigación/"stop-andFrisk"
Con fundamentos razonables para sospechar que un individuo armado puede resultar peligroso, para los propios agentes o para terceros, pueden los funcionarios de policía proceder al cacheo del individuo l58 ;
la sospecha para la actuación descrita puede
proceder tanto de la observación directa de los agentes como de referencias de otras personas 1B • Podrán
también
los
funcionarios
de
policía
detener
brevemente para su identificación a cualquier persona sobre la "razonable base" de sospechar que está involucrado en la comisión de un delito o buscado por la autoridades por la misma causa 1OO • Ninguna
norma
establece
el
tiempo
máximo
de
tal
detención,
cuestión de la que se ocupa la jurisprudencia estableciendo su duración "de treinta a cuarenta minutos,,161.
157 Fed. R. Crim. P. 5(a). ¡58 Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 1968. Sibron v. New York, 392 U.S. O, 1968. Son los primeros casos que se ocupan de delimitar la CUestión de los cacheos (frisk). 159 Adams v. Williams, 407 U.S. 143, 1972. 160 United States v. Hensley, 469 U.S. 221, 1985. United States v. Sharpe, 470 U.S. 675, 1985. 106
El principio del proceso debido En el caso de que no existan motivos legales para proceder a la detención de una persona, pero ante la sospecha de que ha cometido un delito, podrán los funcionarios de policía,
según
indicaciones del Tribunal Supremo, tomar las huellas digitales de la misma en el lugar en que fuese halladal~.
4. Registros-Incautaciones/"Searches-Seizures"
Como ya hemos tenido ocasión de ver en anteriores páginas el DPL incluye la garantía frente a registros e incautaciones ilegales (Enmienda Cuarta USC) , en el sentido de excluir tal tipo de evidencias de un uso procesal como material probatorio (ello atentaría contra la Decimocuarta Enmienda USC). La situación es idéntica respecto a
la producción y ej ecución de órdenes de
registro no debidamente justificadas y así ha sido entendido y desarrollado por el Tribunal supremol~. Ningún funcionario de policía podrá efectuar un registro sin la
debida
orden
fehacientemente
no
que sólo
lo que
autorice, existe
excepto una
si
probable
acredita causa
que
fundamente eventualmente una orden de registro, sino que también deberá mostrar
la existencia de circunstancias
urgentes que
impiden la obtención de una orden de registro sin grave riesgo de pérdida, daño o destrucción de la evidencia que se pretende 162 Hayes v. Florida, 470 u.s. 811, 1985. ;63 Boyd v. United states, 116 U.S. 616, 1886. Weeks v. United l;ates, 232 U.S. 383, 1914. Sgro v. United States, 287 U.S. 206, 39 32 . Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25, 1949. Chimel v. California, 19 5 U.S. 752, 1969. Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443,
71.
107
Iñaki Esparza Leibar lograr, en el tiempo que transcurrirá hasta la efectiva obtención de la orden l64 • El consentimiento para la entrada y registro por parte del sujeto
pasivo,
constituye
igualmente
una
base
que
permite
proceder al registro sin la necesidad de una previa autorización judicial 165 • Los funcionarios que efectúen el registro pueden incautarse de material no especificado en la orden de registro que ejecutan, siempre que el descubrimiento sea involuntario y se simple vistal~.
~roduzca
a
No obstante, viola el DPL la actividad de los
funcionarios de policía consistente en incautarse de la totalidad del material existente en el local y retirarlo para un ulterior examen oficial 167 •
5. Escuchas/"Eavesdropping"
Pueden también constituir una violación del DPL en tanto en cuanto ataquen al contenido dispuesto por la cuarta enmienda USC en lo que a la protección de la privacidad conciernel~. 164 Welsh v. Wisconsin, 466 U.S. 740, 1984. 165 Stoner v. California, 376 U.S. 483, 1964. Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218, 1973. united States v. Matlock, 415 U.s. 164, 1974. 166 Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443, 468, 1971. Texas v. Brown, 460 U.S. 730, 1983. Arizona v. Hicks, 480 U.S. 321, 1987. 167 Kremen v. United States, 353 U.S. 346, 1957. 168 La primera vez que se plantea ante el Tribunal Supremo el problema de las escuchas como medio para la obtención de prueba es en el caso Olmstead v. united States, 277 U.S. 438, 1928. Las reglas para determinar el valor, los medios de acuerdo con las 108
El principio del proceso debido La sentencia del caso Katz v. USo afirma que las escuchas realizadas con autorización de un órgano jurisdiccional pueden ser compatibles con la cuarta enmienda USC. La legislación del Congreso se ocupa ampliamente de la cuestión J69 ,
estableciendo
los siguientes actos prohibidos en relación con las escuchas:
1. Interceptación premeditada o tentativa.
2. Uso, intento de uso o uso indirecto de una interceptación mecánica. 3.
Revelación premeditada o intento de revelación de los
contenidos
de
una
comunicación
oral
o
por
cable,
con
conocimiento, o posibilidad de tenerlo, de que la información fué obtenida por medios ilegales. 4. Uso premeditado o intento de uso de los contenidos de una
comunicación oral o por cable con conocimiento, o posibilidad de tenerlo, de que la información fué obtenida por medios ilegales. 5.
Fabricación,
distribución,
posesión
o
publicidad
de
medios, con conocimiento o posibilidad de tenerlo, de que son básicamente utilizables para la interceptación subrepticia de comunicaciones orales o por cable.
Se promulga la "E1ectronic Communications Privacy Act" en 1986 alterando el ámbito de protección de la Ley Federal de
Escuchas de 1968, para reflejar y abarcar las modalidades de nuevas tecno10gias y las circunstancias de validez de dicha via de obtención de prueba se sientan en Berger v. New York, 388 U.S. 41, 1967. Y Katz v. United States, 389 U.S. 347, 1967. 169 18. U.S.C. §§ 2510-2520, 1988. 109
Iñaki Esparza Leibar escuchas ilegales posibles al amparo de nuevas tecnolog1as. De la misma se derivan las siguientes consecuencias:
a) (persona
constituye objeto
delito
de
la
la
advertencia
escucha)
de
la
al
sujeto
existencia
pasivo
de
dicha
intervención para la que alguna agencia federal o funcionario han sido
autorizados
postulados
de
interceptar
la
o
han ley
solicitado federal.
comunicaciones
tanto
autorización
Ello
les
por
cable,
bajo
habilitará como
los para
orales
o
electrónicas.
b)
Tanto
los
funcionarios
públicos
como
las
personas
privadas que violen la ley cometerán un delito federal y serán consideradas civilmente responsables.
c) La prueba, también la prueba "derivada", obtenida con violación de la ley deberá ser excluida de todo procedimiento, tanto estatal como federal, y también administrati V0 170 •
6. La denominada "Exclusionary rule" de la cuarta enmienda USC
Inicialmente concebida como una limitación en el uso de material probatorio ilegalmente obtenido exclusivamente ante los Tribunales Federales, Se ha visto progresivamente extendida a los
i8
70 18 U.S.C.A.
U.S.C.A.
§
( SUPP. 1988).
§ 2232 (c) (Supp. 1988). 18 U.S.C.A. § 2511(1). 2520. 18 U.S.C.A. § 2515 Y 18 U.S.C.A. § 2708
110
El principio del proceso debido Tribunales Estatales con el amparo de la Enmienda Decimocuarta USC que incluye la c1aúsula del DPL I71 • La Regla de Exclusión es considerada por el Tribunal Supremo como el mejor de los remedios disuasorios frente a los abusos de autoridad 1n ,
y
de
su
aplicación
resultan
las
siguientes
particularidades:
1) El alcance de la exclusión abarca tanto la prueba directa
como la der i vada ( indirecta) 173 • La
exclusión
se
aplica
en
todas
las
fases
de
un
procedimiento penal. También será de aplicación en procedimientos expropiatorios,
no
así
en
procedimientos
civiles
o
171 Weeks v. united States, 232 U.S. 383, 1914, aplicación restringida a Tribunales Federales; Se señala este precedente como el origen de la "exclusionary rule", igualmente en Rochin v. California, 342 U.S. 165, 172, 1952 Y Elkins v. united States, 364 U.S. 206, 1960. Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 1961, se extiende su aplicación a los tribunales estatales, vid. comentario sobre dicha sentencia en WORTON S. N. Law enforcement and justice, Rochelle Park (New Jersey), 1977, págs. 33 Y ss. y en general sobre esta materia, NAGEL S. S. Testing the effects of excluding illegally seized evidence, wis. L. Rev., 1965, (Spring), págs. 283 y ss. l72 Existen además remedios alternativos o complementarios a la aplicación de la exclusión, así la "Federal civil Rights Act" de 1981 ha sido empleada para fiscalizar la constitucionalidad de la actividad policial. También se ha incrementado el uso de l:'emedios administrativos y procedimientos disciplinarios contra funcionarios que hayan infringido las claúsulas del DPL incluidas en la cuarta enmienda use. En Bivens v. six Unknown Named Agents, 403 U.S. 388, 1971, se sugieren remedios alternativos civiles ya qUe se considera que la aplicación de la "exclusionary rule" Penaliza a los ciudadanos a causa de errores policiales. 173 Wong Sun v. united States, 371 U.S. 471, 1963. 111
Iñaki Esparza Leibar administrativos de deportación o en procedimientos sancionadores civiles en materia de impuestos 174 • Dado que la Cuarta Enmienda USC no regula la actividad de personas o entidades privadas, la exclusión no podrá ser invocada si
el
Gobierno
registros,
no
ha
participado
en
las
investigaciones
incluso aunque posteriormente haga
y
uso de dichas
pruebas l75 • En el caso de que no exista una relación causal entre la actividad anticonstitucional y cuestión,
la obtención de
la prueba en
no existe base suficiente para invocar,
mejor para
aplicar, la exclusión n6 •
2) Supremo
Principio del Descubrimiento Inevitable: entiende
que
incluso
cuando
la
prueba
El Tribunal haya
sido
conseguida como resultado de una actividad ilegal de la pOlicia, no
obstante,
si
inevitablemente en cuestión,
el
procedimiento
de
investigación
tuviera
como resultado el descubrimiento de la prueba
la misma deberá ser admitida en el proceso como
tal 177 •
174 United States v. Calandra, 414 U.S. 338, 1974, respecto a procedimientos penales. One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693, 1965, procedimientos expropiatorios o confiscatorios. I.N.S. v. Lopez-Mendoza, 468 U.S. 1032, 1984, procedimientos de deportación. united States v. Janis, 428 U.S. ~33, 1976, procedimientos sancionadores civiles en materia de lmpuestos. 175 United States v. Jacobsen, 466 U.S. 109, 1984. 176 Wong Sun v. united States, 371 U.S. United States, 468 U.S. 796, 1984. 177 Nix v. Williams, 467 U.S. 431, 1984. 112
471,
1963. Segura v.
El principio del proceso debido
3) La Excepción de Confianza: En los casos en los que sea precisa orden de un órgano jurisdiccional para la investigación, si los oficiales de polic1a actúan bajo la confianza de una orden aparentemente válida para efectuar un registro o incautación, o en
el
caso
de
que
la
ley
que
autorizó
dicha
orden
sea
posteriormente derogada, en ambos casos la exclusión no debe ser aplicada
y
las
pruebas
así
obtenidas
podrán
introducirse
normalmente en el proceso l78 •
7.
Interrogatorios-confesiones-silencio-privilegio frente a la autoincriminación/"Interrogationconfessions-self incrimination"
En este caso sí existe una previsión constitucional al respecto estando recogido este derecho en la Quinta Enmienda USC 179 •
A tenor de la misma el acusado tiene el derecho a no
declarar en su contra a lo largo del procedimiento, ello excluye lógicamente el uso en el proceso de declaraciones obtenidas por medio de métodos impermisibles 18o • 178 Massachusetts v. Sheppard, 468 U.S. 981, 1984. united States v. Leon, 468 U.S. 897, 1984. Illinois v. Krull, 480 U.S. 340, 1987. 179 Amendment V (1791) " ••• nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself,"j"Nadie será compelido a declarar contra si mismo en ningún juicio criminal". 180 McNabb v. united States, 318 U.S. 332, 1943. Malinski v. New York, 324 U.S. 401, 1945. Mallory v. united states, 354 u.s. 449, 1957. Mathis v. u.s., 391 u.s. 1, 1969. Oregon v. Mathiason, 429 U.S. 492, 1977. DELVO M. Der Lügendetektor im StrafprozeB der llS~, KonigsteinjTs, 1981. BARLAND G. H. The polygraph test. Lies.
Iñaki Esparza Leibar Tradicionalmente las leyes Anglo-Americanas sobre la prueba han tratado restrictivamente, por el rechazo que producen los medios
inquisitoriales para
la obtención de pruebas,
el uso
procesal de las confesiones obtenidas por medio distinto a la "guilty plea" que implica la asistencia letrada 181 • Ya tempranamente el Tribunal Supremo USA declaraba que el uso de una confesión obtenida por medios no adecuados podría violar
el
privilegio
de
la
quinta
enmienda
contra
la
autoinculpación 182 • Finalmente la Tribunal Supremo estableció que el uso judicial por parte de un Estado de una confesión obtenida por medio de coacción supone una negación del DPL contenido en la Enmienda Decimocuarta 183 • Desde
entonces
el
Tribunal
Supremo
ha
empleado
cuatro
criterios basados en la USC para regular la admisibilidad de la confesión:
1. Cualquier confesión lograda por medio de coacción será rechazada por los términos de la Quinta Enmienda, de tal modo que
truth and science, the polygraph test in the USA and elsewhere, London 1988. 181 MAYER L. The American Legal System, New York 1964, pp. 32 Y ss. ROGGE J. o. Confessions and self-incrimination, en "The rights of the accused in law and action", coordinado por NAGEL S.S. Beverly Hills (California) 1972, pág. 61. 182 Bram v. united States, 168 U.S. 532, 542, 1897. 183 Brown v. Mississippi, 297 U.S. 278, 1936. 114
El principio del proceso debido su uso viola el privilegio de la no autoinculpación, suponiendo una directa violación del DPL1M •
2. Las declaraciones realizadas por una persona detenida contraviniendo
el
contenido
de
la
cuarta
enmienda,
serán
consideradas como fruto de dicha violación y por tanto deberán ser suprimidas como prueba 185 •
3.
La "Miranda Rule": El Tribunal Supremo declara que la
protección
de
la
Quinta
Enmienda
contra
la
auto inculpación
requiere que la persona bajo custodia policial sea informada del derecho a permanecer en silencio y del derecho de contar con la presencia de un abogado durante el interrogatorio, así como del derecho a la designación de oficio de un abogado
en el caso de
que el detenido no pueda procurárselo 186 • La efectividad de la "Miranda Rule" requiere los siguientes elementos: A) El inculpado tiene derecho a guardar silencio; B) Cualquier
cosa que
adversa; e)
declare
podrá
ser
utilizada
El inculpado tiene derecho a
como
prueba
la presencia de un
184 Payne v. Arkansas, 356 U.S. 560, 1958. Mincey v. Arizona, 437 U.S. 385, 1978. 185 Brown v. Illinois, 422 U.S. 590, 1975. Dunaway v. New York,
142 U.S. 200, 1979.
186 No se trata aquí del mismo derecho a la asistencia letrada recogido en la sexta enmienda, sino de un especial derecho a';lxiliar de dicha asistencia , derivado de la Quinta Enmienda dlrigido a salvaguardar la correcta aplicación del privilegio de ~~ autoinculpación. Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478, 1964. lranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 1966, vid. WORTON N. S. Law ~forcement ... , op. cit. comentarios sobre las mencionadas sentencias, págs. 20 y ss. 115
Iñaki Esparza Leibar abogado durante el interrogatorio;
Si el inculpado no puede
D)
procurarse un abogado, le será designado uno de oficio antes de que tenga lugar el interrogatorio. La "Exclusionary Rule" en combinación con la "Miranda Rule" determina que ninguna confesión obtenida violando la segunda de las
reglas
podrá
ser
usada
como
prueba
para
sostener
absolutamente ninguna acusación 187 • si una primera confesión viola la "Miranda Rule" ello no significa necesariamente que se invalide también una ulterior confesión producida con las advertencias precisas y renuncia de los derechos derivados de la mencionada regla 188 •
4.
Aún
habiendo
cumplido
con
prescripciones
las
constitucionales citadas, si un individuo deviene acusado, no ya inculpado como en los casos anteriores, en un proceso penal, cualquier interrogatorio en ausencia de su abogado infringe el derecho de la sexta enmienda a su concurso, y por tanto incluso las admisiones voluntarias deben ser excluidas 189 •
El derecho
constitucional a la asistencia letrada puede ser renunciado en aquel contexto, pero el acusado debe ser especialmente advertido
187 Estelle v. smith, 451 U.S. 454, 1981. Donde se pretendió
~InPlear como base para la acusación las declaraciones procedentes
e una entrevista garantias.
psiquiátrica,
realizada
sin
188 Oregon v. Elstad, 470 U.S. 298, 1985. 189 United St ates v. Henry, 447 U.S. 264, 1980. 116
las
debidas
El principio del proceso debido más allá de lo establecido en la "Miranda Rule" antes de aceptar su renuncia como válida1~.
B. comparecencia previa al juicio/"Pretrial phase"
1. Imputación/"Indictment,
information or
presentment 191"
La manifestación más importante del DPL en esta subfase procesal 192 , separar
última del procedimiento preliminar y destinada a
las acusaciones
infundadas del resto l93 ,
conectando a
cada una de ellas las consecuencias fijadas por el ordenamiento, se da
en
el
denominado
Acto
de
Acusación
( "Arraignment
on
Indictment") o Información, consistente en una comparecencia del acusado
ante
el
ógano
jurisdiccional
que
ha
recibido
el
190 Brewer v. Williams, 430 U.S. 387, 1977. 191 La acusación en los casos de delitos graves puede revestir alguna de las siguientes formas: Indictment, presentada por un gran jurado ("Grand Jury" es un órgano acusador cuya regulación varia grandemente de un estado a otro, no debe confundirse con el jurado que determina la culpabilidad o inocencia), sobre la base de la evidencia facilitada por el MF Information, presentada por el MF por propia iniciativa. Presentment, realizada por el gran jurado por propia iniciativa. En la práctica es pr.eponderante el papel del MF en cuyas depencias se preparan practicamente la totalidad de los instrumentos acusatorios. vid. kARLEN D./SCHULTZ J.L. Justice in the accusation, en "The rights of the accused in law and action" op. cit., p. 121. 192 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the aCCUsed shall enjoy the right to ... be informed of the nature and Oause of the accusation". 193 Vid. en general, KARLEN D./SCHULTZ J. L. Justice in the ~cusation, en "The rights of the accused ... " op. cit. págs. 113
y ss.
117
Iñaki Esparza Leibar instrumento acusatorio, normalmente remitido por el MF, donde oirá
la
literal1~.
acusación
de
Además,
procedimiento
la
y
que
dado
criminal,
le
que
deberá
será nos
facilitada
hallamos
facilitarse
una
dentro al
copia de
un
acusado
la
asistencia letrada si no se ha hecho anteriormente. En la misma información u otra posterior comparecencia el acusado se pronunciará sobre el instrumento acusatorio "Pleas", y
podrá
también
hacer
uso
de
determinados
actuando a modo de nuestros artículos de previo están
orientados
al
eventual
planteamiento
mecanismos
que,
pronun~iamiento,
de
objeciones
procesales o de fondo que deberán ser resueltos la mayor parte de la veces antes del juicio (v. gr. prueba de discriminación en la acusación, discriminación en la selección del jurado, etc. 19.5) La negación del uso de alguno de los mecanismos referidos abrirá la posibilidad de apelación.
2. Fianza/lBail"
otra manifestación del DPL en esta fase procesal es la derivada de la Octava Enmienda del texto constitucional l96 ,
y
consiste
o
en
la
prohibición de
requerir
fianzas
excesivas
194 Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 1934. smith v. O'Grady, 112 U.s. 329, 1941. Fed. R. Crim. P. 7(f) Y P. 10; N.Y. Crim. Proc. Law. S 200.90 Y S 210.15 (McKinney 1981). 195 Discriminación en la persecución por razones de raza, Oyler ~. Boles, 368 U.S. 448, 1962. Discriminatoria selección del Jurado, Beck v. washington, 369 U.S. 541, 1962. 196
Amendment
VIII
(1791)
"Excessive
bail
required"/"NO se exigirán fianzas excesivas". 118
shall
not
be
El principio del proceso debido desproporcionadas. La posibilidad de fianza se abre en principio a toda persona acusada por un delito no capital, y asi lo recogen la mayoria de las constituciones estatalesl~. Los factores a tener en cuenta a la hora de fijar el importe de la fianza son: La naturaleza del delito, el peso de la prueba contra el acusado, y además otro tipo de circunstancias extraprocesales (familia, renta, empleo, moralidad, etc.)l~.
3. Especial referencia a la prisión provisional/ "Preventive detention"
Debe
tenerse
en
cuenta
en
este
punto
que
la
prisión
provisional presenta dentro del ordenamiento norteamericano una sustantividad propia, no siendo considerada una simple medida cautelar personal, a nuestro juicio correctamente. Su reciente configuración ha despertado una importante polémica ampliamente reflejada por la doctrina. Las
disposiciones
comparativamente
reguladoras
recientes
"Bail
de
la
Reform
materia Act"
de
son 1984
las y
iGComprehensive Crime Control Act" de 1986. Con diferencia la cuestión más novedosa y por tanto controvertida derivada de dicha norm~tiva
es
la
autorización
de
alternativas
a
la
prisión
provisional para acusados por determinados delitos federales
197 Stack v. Boyle, 342 U.S. 1, 1951. U.S. 524, 1952.
Carlson v. Landon,
342
19~ Vid. en general sobre esta materia, WALD P. M. The right to 'º-<:ll revisited: A decade of promise without fulfillment, en "The rlghts of the accused", op. cit. págs. 177 y ss.
119
Iñaki Esparza Leibar graves,
siempre que constituyan figuras menos onerosas y que
prevengan igualmente las posibilidades de huida o peligro para la comunidad l99 • La ley incorpora la presunción - cabe por tanto prueba en contrario - de que no existe otra posibilidad de garantizar razonablemente la seguridad de la comunidad. si no se destruye dicha presunción, surgida de la existencia de tres presupuestos que a continuación se citarán, procede la prisión provisional. Los tres presupuestos mencionados para acordar la prisión provisional son:
A)
Existencia de una condena anterior del imputado por un
delito federal caracterizado por su violencia, por su punibilidad (hasta prisión perpetua o muerte), por su relación con algunas especificas materias relacionadas con el narcotráfico con penas de diez o más años, o por ser de los denominados de "criminalidad preferente ,,200 •
B)
Comisión del delito mientras el acusado está en libertad
provisional por un proceso pendiente por otro delito federal, estatal o local.
199 18 U.S.C.A.
§
3142 (e)
(Supp. 1988).
200 18 U.S.C.A. § 3142(e) (1), (f) (1) (D). Idem. § 3142(e) (1), (f) (1 A) . "Controlled Substances Act", 1988. "Controlled SUbstances Import and Export Act" (Supp. 1988). 120
lA
El principio del proceso debido e)
desde
Que habiendo pasado un periodo no mayor de cinco años la
fecha
de condena
o
libertad por un delito de
los
especificados en el punto A), haya cometido cualquier otr0201 •
Un Tribunal Federal actuando de oficio o a instancia del MF, puede ordenar la prisión preventiva, tras una audiencia, basada en la existencia de grave riesgo de que el acusado bien huya, bien obstruya o intente obstruir la actividad de la justicia o atente o intimide a un eventual testigo o jurado. La constitucionalidad de la precendente normativa ha sido objeto inmediato de examen, pero el Tribunal Supremo ha mantenido su validez.
Los
argumentos
contrarios
mantienen202 que
dicha
normati va supone un atentado al DPL del acusado tanto en su aspecto sustantivo como en el procesal, los argumentos esgrimidos son:
La prisión provisional impone una condena anticipada,
y
supone la adopción de dicha medida, una evidente desproporción respecto a la legitima finalidad pretendida de salvaguardar la seguridad de la comunidad. Además entienden tanto la doctrina como algunos magistrados disidentes,
que cualquier periodo de
prisión provisional no sujeto a limites en su duración atenta al DPL. El Tribunal Supremo afirma por contra la proporcionalidad existente entre los delitos, muy graves, en relación a los que la prisión provisional puede ser acordada y añade que la duración
20118U.S.C.A. § 3142(e)(2),
(e)(3).
202 Unites States v. Salerno, 107 S. ct. 2095, 1987. 121
Iñaki Esparza Leibar de la prisión está regulada por los estrictos plazos establecidos en la "speedy Trial Act,,203. La
argumentación
del
Tribunal
Supremo
en
el
caso
de
referencia desarrolla el siguiente postulado: Es evidente que se pretende garantizar para los acusados la libertad mientras no exista sentencia en sentido contrario. Dicho interés debe, sin embargo, ceder ante uno más respetable como es el interés social, siempre, eso si, en circunstancias cuidadosamente determinadas. Más concretamente, si se consigue demostrar mediante claras y convincentes pruebas que el acusado por un delito supone una amenaza para otro individuo o para la comunidad, el DPL en tales casos no impedirá a un Tribunal incapacitar a dicha persona para la ejecución de la amenaza2~. Finalmente
el
Tribunal
procedimientos regulados en
Supremo
la
encuentra
ley federal
que
reúnen todas
los las
exigencias del DPL procesal. En particular, y con criterio ya establecid02~,
considera
perfectamente
comprensibles
las
previsiones de peligrosidad como base de la prisión provisional. Entiende además que se reconocen los derechos de asistencia letrada, autodefensa y derecho de confrontación. Se determinan detalladamente los supuestos en que la prisión provisional podrá acordarse
y
se
precisa
de
una
audiencia
ante
el
órgano
jurisdiccional donde serán revisados los motivos de la posterior
203 18 U.S.C.A. §§ 3161-3162, 3164, 3172-3173 (Supp. 1988). 204 United States v. Salerno, cit ..• 2103. 205 Schall v. Martín, 467 U.S. 278, 1984. 122
El principio del proceso debido decisión que
será
siempre
fundada,
además es
admisible el recurso frente a la orden de
inmediatamente
prisión2~.
Son también rechazadas las objeciones que se realizan en base a la octava enmienda, ya que el Tribunal Supremo considera que la citada enmienda al prohibir las fianzas excesivas,
no
determina si las mismas deben siempre hacerse disponibles. Para concluir con esta cuestión es necesario constatar la inexistencia de apoyo legal o jurisprudencial para determinar la prisión
provisional
fuera
de
los
supuestos
de
ri~sgo
para
personas determinadas o para la comunidad, o huida de la persona presuntamente
responsable
presencia
ante
los
definidos
los limites a
eludiendo
órganos
consiguientemente
jurisdiccionales207 ,
quedando
su asi
los que la regulación de la prisión
provisional deberá atenerse.
C. Fase de plenario o juicio oral/"Trial phase"
1. "Due process"
El punto de partida a la hora de enfocar esta cuestión ha sido y es la constatación de una palmaria desigualdad donde "los instrumentos y
recursos a
disposición del gobierno,
procesamiento del delincuente,
para el
son infinitamente superiores a
aquellos de los que, incluso el más rico de los acusados, podrá
206 18 U.S.C.A. § 3142(f), 3145(b)
(c),
(Supp. 1988).
207 GEORGE B.J. Jr. Due Process ... , cit. pág. 37. 123
Iñaki Esparza Leibar emplear para su defensa ,,208. Las sal vaguardas derivadas del DPL no pretenden otra cosa que corregir la mencionada situación garantizando en la medida de lo posible la igualdad entre las partes procesales,
buscando un punto de equilibrio entre los
medios y posibilidades de los contendientes. Los derechos procesales fundamentales del acusado en un proceso penal parten de los genéricos enunciados del DPL y se manifiestan
en
las
concretas
exigencias
que
a
continuación
veremos, recogidas en las diez primeras enmiendas de la USC que son comúnmente conocidas con el nombre de "Bill of Rights" 209 , las cuales deben concurrir todas en cada proceso para reputar al mismo su carácter de proceso debido,
y que en virtud de la
Enmienda Decimocuarta de la USC son de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros 210 • Sobre esta cuestión y en contra de gran parte de la doctrina, el Tribunal Supremo ha adoptado un criterio
selectivo-restrictivo,
analizando
minuciosamente
el
contenido de cada enmienda de las que conforman el "Bill of Rights" para determinar cuando su contenido es fundamental o no para salvaguardar el DPL. Así por ejemplo en el caso de la Sexta
208 CAVISE L.L. Human Rights in the trial phase of the american system of criminal procedure, en "Protection of Human Rights in the criminal procedure of Egypt, France and the united States, second conference of the egyptian section of the A.I.D.P.", Alexandria, 1989, pág. 67. •• e los 26 derechos d1ferenc1ados recogidos en las 8 primeras enmiendas del "Bill of Rights", 15 están específicamente dirigidos a ser aplicados en procesos penales. '09
D
210 !Lse 260 267
WOOD V. Due Process of Law. 1932-1949. The Supreme Court's of a Cosnti tutional Too!. Louisiana 1951 (reimpr. 1972), pág. Y bajo el epígrafe "Due Process" Equals a "Fair Trial", págs. y ss. 124
El principio del proceso debido Enmienda, que ha sido históricamente interpretada en el sentido de requerir un veredicto unánime del Jurado para los procesos penales federales - lo que supondria en virtud de la Decimocuarta Enmienda la extensión a los procesos estatales - nos encontramos sin embargo con una sentencia de 1970 del Tribunal Supremo en la que arguye que el derecho a
un veredicto unánime no es tan
fundamental como para violar, si no se diera, el contenido del DPL Y por lo tanto no podrá imponerse a los Estados miembros dado que, entiende el Tribunal Supremo, no es un requisito del DPL y podrán ser promulgadas por lo tanto leyes estatales permitiendo sentencias condenatorias en base a veredictos no unánimes 211 •
2. Presunción de inocenciaj"Presumption of innocence"
En
todos
los
asuntos
criminales
se
presume,
o
más
exactamente, es asumida la legalidad de la conducta del acusado y correlativamente su no culpabilidad respecto de las acusaciones contra él formuladas 212 • La fuerza de la presunción de inocencia no podrá ser enervada salvo por
la obtención de pruebas
lo
suficientemente persuasivas como para demostrar la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. La presunción de inocencia no aparece recogida en el articulado constitucional,
211 CAVISE L.L. Human Rights ... op. cit., pág. 81 - 82. 212 La descrita es la situación presente, pero para llegar a la misma se han debido superar situaciones como las "Statutory Presumptions of Guilt" (presunciones de culpabilidad establecidas Por la ley), así en Atlantic Coast Line Ry. Co. v. Ford, 287 U.S. 502, 1933. Morrison v. California, 291 U.S. 82, 1934. Tot v. United States, 319 U.S. 463, 1943. 125
• Iñaki Esparza Leibar lo que no impide su unánime consideración como un componente básico del "fair trial" en el sistema de los USA.
3. Prueba más allá de toda duda razonable/ "Proof beyond a reasonable doubt"
Tampoco existe una
previsión constitucional
en
la
que
incardinar la intensidad requerida a la prueba para que la misma sea considerada eficaz y por tanto válida para la condena de un acusado (por destruir la presunción de inocencia), pero todavía permanece como uno de los principios básicos del sistema procesal penal norteamericano. Una vez más nos hallamos ante un concepto indeterminado e incompatible con cualquier cuantificación objetiva, por ello la determinación
de
si
persiste
o
ha
sido despejada
la
duda
razonable, o en otras palabras la cuantificación de la evidencia necesaria para satisfacer la carga, corresponde exclusivamente y para cada caso concreto a la racionalidad del jurado, el cual determinará en base a su convencimiento la culpabilidad o no del acusado. La carga de la prueba recaerá sobre la acusación que deberá, para que sea eficaz, probar todos y cada uno de los elementos incriminadores del
caso y probarlos más allá de toda duda
razonable.
4. Derecho a un juicio con jurado/ "Right to jury trial"
126
El principio del proceso debido La use se ocupa de este derecho en su Sexta Enmienda213 que posteriormente
ha
sido
delimitada
por
el
Tribunal
Supremo
resultando que toda persona acusada de haber cometido un delito tiene
el
derecho a
ser
juzgada por un Tribunal
con Jurado,
siempre que la acusación se refiera a delitos cuya pena exceda los seis meses de prisión. Para los delitos "petty offenses" que comportan penas de prisión de
seis meses o menores,
la
ley
federal no dispone automáticamente el derecho a un juicio con jurado, de manera que habrá que estar a lo que las legislaciónes estatales establezcan214 • El
enunciado
constitucional
tampoco
hece
referencia
al
número de personas que integrarán el jurado (la sentencia de williams v. Florida, cit., admite un jurado compuesto por seis personas), veredicto
ni
a
la forma
(en Johnson v.
en que aquellas deberán emitir su Louisiana -
admite un veredicto no unánime,
9-3.),
40 LW.
4524,
1972 -
se
de modo que será cada
estado el que lo determine y module los concretos limites del derecho a un juicio con jurado dentro de su jurisdicción. El derecho que nos ocupa es susceptible de renuncia por parte del acusado siempre que aquella revista ciertas garantias 213 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the accUsed shall enjoy the right to a speedy and public trial,by an
impartial jury of the state and district wherein the crime shall ha.ve been committed, ..• " 214 Como fundamento del esquema norteamerticano de justicia, Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 149, 1968. En relación con las llamadas "petty offenses", Williams v. Florida, 399 U.S. 78, 138, ~970. Como requisito del DPL cuando la potencial sentencia exceda e los seis meses de privación de libertad, Dyke v. Taylor ~mplement Mfg. Co., 391 U.S. 216, 1968. Baldwin v. New York, 399 c: s . 66, 1970. MORENILLA RODRIGUEZ J. M. Los derechos .•. , op. lt., pp. 630 Y ss. 127
Iñaki Esparza Leibar (consciente,
voluntaria,
estando asistido por letrado),
y
su
aceptación o rechazo corresponderá al Tribunal, el cual impedirá el uso de
la renuncia como un mero
instrumento dilatorio o
táctico al servicio del acusad0 21S • El procedimiento para la selección del jurado opera como una garantía del
derecho que
nos
ocupa.
Existen así
"causas de
recusación" que serán aplicadas a las personas llamadas a formar parte de un jurado. Dichas causas variarán dependiento del delito o tipo de delitos, y se harán efectivas con diversa intensidad en los casos de enjuiciamiento de minorías étnicas, para impedir la sistemática exclusión,
por parte del acusador,
de jurados
miembros de la misma minoría étnica y/o del mismo grupo socioeconómico que el acusad0216 •
5. Contradicción-derecho de defensa/"Right to present defense"
Se trata de uno de los elementos fundamentales del DPL, no enunciado
expresamente
así
por
la
USC 217 ,
consistente
en
el
derecho que asiste a todo acusado por un delito a preparar una
215 Fed. R. Crim. Pro. 23 (a). Sobre los requisitos de la renuncia, Dranow v. united States, 376 U.S. 912, 1963. Rosemon V. United States, 386 U.S. 918, 1966. 216 Swain v. Alabama, 380 U.S. 202, 1965. Witherspoon v. state of Illinois, 391 U.S. 510, 1969. Taylor v. Louisiana, 419 U.S. 522, 1975. Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79, 1986. 217 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the accUsed shall enjoy the right to... be confronted with the W~tnesses against him¡ to have compulsory process tor obtaining Wltnesses in his favor". 128
El principio del proceso debido defensa en igualdad de condiciones que la acusación. Dado que los componentes
técnicos
que
posibilitan
la
de
inocencia,
etc. )
presunción
letrada,
misma
(asistencia encuentran
se
garantizados por otras vías, el derecho a la defensa se entiende en los USA como el derecho a conocer los elementos en los que la parte contraria
fundamentará
su acusación y
sus peticiones,
garantizando así la plena contradicción218 • El
tratamiento
que
por
parte
del
Tribunal
Supremo
ha
recibido este derecho se ha materializado en una potenciación del mismo impidiendo la creación de trabas dentro del procedimiento. No se trata sin embargo de un derecho absoluto, y los Estados podrán a través de su propia legislación determinar algunas de sus
concretas
manifestaciones,
aunque
no
la
esencial
confrontación219 • Uno de
los
pilares de
este derecho es
el deber de
la
acusación de descubrir sustancialmente la fundamentación de su postura
(hechos,
parte acusada, engaño
que
defensa,
pruebas materiales,
declaraciones ..• ),
a
la
y ello para impedir situaciones de sorpresa o
redundarían
en
una
inadecuada
preparación de
la
lo que supondría una violación del DPL quedando por
tanto abierta la posibilidad de apelaciónno • 218 KARLEN D.¡SCHULTZ J.L. Justice in the accusation, rights of the accused ... " op. cit., págs. 127 y 128.
en "The
219 Pointer v. Texas, 380 U.S. 400, 1965. 220 Un importante hito en la determinación de éste derecho lo encontramos en Williams v. New York, 337 U.S. 241, 1949. Aquí el JUez entiende que el DPL queda a salvo, en lo que al derecho de defensa concierne, ya que el acusado ha tenido oportunidad de conocer los cargos que frente a él se presentan, y ha podido examinar a los testigos contrarios. No se considera necesario, 129
Iñaki Esparza Leibar 6. Derecho a la asistencia letrada/"Right to counsel"
Es en este caso la Sexta Enmienda de la USC quien se ocupa de su reconocimient0221 . La trascendencia de este derecho no es poca, pues "es probablemente el más importante para pr@verllÍr sentencias
erróneas
y
el
hostigamiento
del
acusado"222.
En
algunos casos es tan imprescindible que si no fuera posible garantizar su efectividad podría suponer una denegación del DPL según la Decimocuarta Enmienda2n • La claúsula de DPL exige,
según la
jurisprudencia del
Tribunal supremo, garantizar la asistencia letrada de oficio para todas las personas (indigentes en terminología de la doctrina USA, "indigent defendant") que no dispongan de ella224 • Además, para el cumplimiento del derecho, el examen por parte del acusado de las pruebas incriminatorias, si bien hay dos Jueces que disienten en este punto marcando el que hoyes ya el criterio generalmente aceptado. 221 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right ..• to bave tbe assistance of counsel tor bis defense" 222 NAGEL S. S. The riqhts of the accused. in law and action, Beverly Hills (California), 1972, pág. 17. DAMASKA H. Die ,S,.tellung des Verteidigers im amerikanischen StrafprozeB, zstw 90, pp. 829 Y ss., 1978. 223 Powell v. Alabama, 287 U.S. 45, 71, 1932 (con los votos en contra de los Jueces Butler y McReynolds, por considerar dicha interpretación como una injerencia del poder federal en un campo en el que sólo cada estado es competente). 224 Powell v. Alabama, 287 U. S. 45, 68-69, 1932. Garantiza e~presamente, y por primera vez, el derecho a la asistencia para ~~ acusado ante un tribunal estatal. Johnson v. Zerbst, 304 U.S. a ~, 1938, como precedente de la obligación de proveer de
8:~~tencia letrada a un acusado indigente en un caso federal. s v. Brady, 316 U.S. 455/ 462, 1942. Todavía no se establece Uiobligación por parte de los estados de proveer de abogado a q en lo precise como principio general, aunque si se prescribe 130
El principio del proceso debido
y por la misma via,
este derecho de
la Sexta Enmienda será
básicamente de aplicación en todos los estados, en virtud de la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda. El ámbito de aplicación de este derecho en el proceso está determinado por la concurrencia de dos circunstancias, la primera derivada de la penalidad aparejada al delito y la segunda en relación con determinadas fases procesales. Por un lado se hará efectivo
en
todos
los
asuntos
penales
incluidos
los
"petty
offenses" (delitos menores) de los que resulte necesariamente una pena privativa de libertad225 •
otra circunstancia determinante
está constituida por las fases criticas ("critical stages") del proceso - virtualmente la totalidad-, ya que será principalmente en ellas,
es decir cuando derechos fundamentales del acusado
puedan verse afectados,
donde se requiere la plasmación
del
bajo especiales circunstancias por lo que deberá analizarse su necesidad caso por caso. Griffin v. Illinois, 351 U.S. 12, 1955. En base a enlazar DPL con la necesidad de igual protección, se ha conseguido incrementar los derechos de los indigentes en general y por lo que respecta a la designación de defensor de oficio en particular. Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335, 344, 1963. Donde el Tribunal Supremo establece la obligatoriedad para los estados de garantizar la asistencia en virtud de la Decimocuarta Enmienda ya que el derecho a la asistencia es Considerado "fundamental and essential to a fair trial".Douglas v. California, 372 U.S. 353, 1963. Ross v. Moffitt, 417 U.S. 600, 1974. 225 Argersinger v. Hamlin, 407 U.S. 25, 1972. Scott v. Illinois, 440 U.S. 367, 372, 1979. Establece el Tribunal Supremo que dada ~a gravedad de la pena de privación de libertad la misma no debe ~tnlP<;>ne::se sin mediar la asistencia letrada. vid. Baldasar v. llnolS, 446 U.S. 222, 1980. 131
Iñaki Esparza Leibar deber constitucional de asistencia,
sin que las legislaciones
estatales puedan alterar dichos minimos nó • Desde 1932 el Tribunal Supremo ha planteado la necesidad de una asistencia que para ser la recogida por la Sexta Enmienda USC debe ser efectiva. La cuestión es aún en nuestros dias más una expresión
carente
de
alcance
práctico
que
un
criterio
determinante de la validez de la asistencia, y ello debido a las dificultades de todo tipo que plantea la acreditación no sólo de una incorrecta asistencia,
sino de la relación de causalidad
entre aquella y un perjuicio tan definitivo que haya privado al acusado de un juicio limpio "fair trial".
226 En Foster v. Illinois, 332 U.S. 134, 1947, el Juez Frankfurter establece que en determinadas circunstancias el DPL no exige la aplicación del derecho a la asistencia letrada; la mencionada sentencia no es sino un hito dentro de una marcada linea jurisprudencial que en base a circunstancias como la edad del imputado, su experiencia ante tribunales, la naturaleza del hecho que se le imputa, las circunstancias que rodean al juicio, etc. ha negado la exigencia de asistencia letrada como requisito para un proceso limpio, y por tanto del DPL, vid. en el mismo sentido Carter v. Illinois, 329 U.S. 173, 1946. En la actualidad, aunque superada esta concepción restrictiva, se han objetivizado y aislado situaciones en las que la asistencia letrada no es un requisito para el DPL, v. gr. Fed. R. Crim. P. 5(b). united states v. Wade, 388 U.S. 218, 1966. Coleman v. Alabama, 399 U.S. 1, 1970, con respecto a la necesidad de la asistencia en la "Preliminary Hearing". Hamilton v. Alabama, 368 U.S. 52, 1961, precedente en el que se determina la necesidad de la asistencia cuando se realice la acusación. Gideon v. Wainwright, cit. establece que es en el juicio oral donde la asistencia es necesaria por excelencia. 28 USC S 1915, 1970, en éste parágrafo se garantiza la asistencia letrada en las apelaciones. Kirby v. Illinois, 406 U.S. 682, 1972. united States v. Ash, 413 U.S. 300, 1973. En ocasiones la asistencia a la que el DPL obliga no se reduce a la asistencia letrada sino que puede comprender la de u~ investigador u otro experto que pueda asistirle en su defensa, Vld. Ake v. Oklahoma, 470 U.S. 68, 1985. También 18 U.S.C. S3006A (e), sobre la discrecionalidad del juzgador de los Tribunales Federales a la hora de conceder una asistencia más o menos amplia. 132
El principio del proceso debido Por lo que a la renuncia del derecho concierne,
la misma
está regulada por leyes estatales, no existiendo una regulación homogénea federal salvo en algún punto concreto, ejercicio del propio letrada.
acusado
derecho exige
constitucional de la
renuncia
La renuncia deberá,
al
así p.e.
el
auto-defensa por
el
derecho
de
asistencia
según reiterada jurisprudencia -
citada en este apartado- ser consciente y voluntaria, lo cual no implica que sea necesariamente expresa, para ser efectivaw .
7. Derecho a estar presente/"Right to be present"
Aunque la USC no recoge expresamente en su Sexta Enmienda el derecho del acusado a estar presente en la sala de vistas durante todas las fases del proceso, derivado del derecho al careo con los testigos que depongan en su contrans , este derecho es de aplicación en todos los estados a través de la c1aúsula de DPL de la Enmienda Decimocuartan9 • El derecho va más allá de
la mera presencia física,
e
incluye el derecho a comprender lo actuado en el proceso, de 227 Faretta v. California, 422 U.S. 806, 834, 1975. McKaskle v. Wiggins, 465 U.S. 168, 1984. Patterson v. Illinois, 487 U.S. 285, 299, 1988. 228 Amendment VI (1791) "The accused shall enjoy the right to ... be confronted with the witnesses against him". 229 Con las habituales tensiones en el ajuste de los límites entre las legislaciones estatales y los mandatos constitucionales, se plantea por primera vez la cuestión en Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 1934. Siendo la sentencia del Juez Cardozo favorable al derecho constitucional del acusado, dimanante del DPL, de estar presente en todas las fases del proceso. Dicha sentencia contó con la disidencia de cuatro Jueces. 133
lñaki Esparza Leibar donde se deriva la obligación para el Tribunal y el correlativo derecho para el acusado de que le sea facilitado un intérprete en el caso de que desconozca la lengua inglesa. Existen también requisitos formales sobre la presencia del acusado en la sala, asl el Tribunal supremo ha establecido
qu~
es una violación de los derechos que el DPL garantiza al acusado, obligarle
a
comparecer
ante
el
Tribunal
vistiendo
ropas
de
prisionero, y ello por que el acusado tiene derecho a comparecer con
la
apariencia
y
dignidad
propias
de
un
hombre
libre
e
inocente. De ello se desprende la prohibición del uso de esposas o grilletes en la sala, salvo por razones de peligro de fugas o riesgo para las personas alll presentes. La renuncia de este derecho puede hacerse de forma tácita. Asl entiende el Tribunal Supremo que renunciará al mismo el acusado que haciendo gala de una conducta inapropiada altere o impida el transcurso del proceso230 • el momento
en que el acusado
Cesará la situación desde
esté dispuesto a
mantener una
conducta apropiada en la sala. Es posible que con ciertas salvaguardias el juicio pueda proseguir ante la ausencia voluntaria del acusado. si una vez comparecido, éste deja posteriormente de asistir a las sesiones del juicio, entiende el Tribunal Supremo que se ha producido una renuncia al derecho de estar presente. Parece ser que la cuestión que decidirá si un proceso puede o no seguirse frente una persona ausente, es la de saber si el acusado es o no consciente de su carga-derecho a comparecer ante el Tribunal de donde se obtendrá
----------------------
230 Illinois v. Allen, 397 U.S. 337, 1970. 134
El principio del proceso debido si la renuncia es o no voluntaria, tramitándose,
en el primer
caso, el proceso en ausencia del acusado.
8. Derecho a pronunciarse sobre la acusación formulada/ "Guilty pleas-Plea bargaining"
La posibilidad de declararse culpable "guilty plea" se ha visto grandemente incrementada en los EEUU para los acusados de un delito. En los últimos años se ha llegado a constatar que en aproximadamente el 90% de los casos conocidos por los Tribunales se ha presentado una declaración de culpabilidad por parte del acusado 231 • Es llamativo que pese a la existencia de un proceso penal con multitud de garantías a disposición del acusado en el que las posibilidades reales de defensa son elevadas, en la mayor parte de los casos la resolución del proceso venga determinada por la existencia de una "guilty plea" cuya inmediata consecuencia es la no celebración del proceso penal y la emisión "consensuada" de una resolución en cuyo procedimiento de formación no han intervenido en absoluto las garantías mencionadas. A la vista de lo dicho es fácil entender que el empleo de la
"guilty
plea"
es
atractivo
para
todos
los
sujetos
intervinientes. Así en los casos de sobrecarga de trabajo en los Tribunales que a su vez conllevan la distribución de retrasos
------------------~~i SCHMID N. Das amerikanische •..
op.cit., pág. 61. vid. también ~~~~LHOFER S.J. The post-trial phase of the american criminal ~' en "Protection of human rights in the criminal . Ocedure ••. " cit. pág. 129. 135
Iñaki Esparza Leibar acumulados
en
los
nuevos
asuntos,
la
"guilty
plea"
acorta
considerablemente la duración del proceso ya que la sentencia será inmediata, y agiliza la gestión de la sobrecarga de trabajo existente. Pero también resulta un procedimiento interesante para el acusado (quien en definitiva decidirá si va a someterse a un proceso ordinario o a la negociación que conlleva la "guilty plea"),
quien
además
de
ver
reducida
la
pena
que
podria
corresponderle, verá su caso resuelto muy poco tiempo después de producido
el
acuerdo,
con
las
consecuencias
favorables
que
respecto a su situación personal pueden derivarse directamente. Por todo ello, y para evitar el previsible colapso al que conduciria
la
situación
contraria,
se
viene
observando
una
tendencia entre acusadores y jueces no sólo a favorecer el que se produzcan las "guilty pleas" con sentencias clementes, sino incluso
agravando
inconscientemente
las
sentencias
de
los
imputados que optaron por el proceso penal n2 • Es fundamental para el imputado entender que la opción por el reconocimiento de culpabilidad supone la renuncia a un gran número de derechos procesales (juicio con jurado, confrontación con los testigos de la acusación, no autoincriminación), y el Tribunal se ocupará de que asi sea advirtiendo e informando al imputado del alcance exacto de su opción como paso previo y necesario para aceptarla233 •
232 CAVISE L.L. Human Rights ... op. cit. pág. 109 233 LA FAVE/ISRAEL Criminal Procedure, Vol. 2, sto Paul, 1984. 136
El principio del proceso debido 9. Objetividad en la conducta del MF-debercontrol/"Conduct of the Prosecutor-duty"
configurado el MF como un servidor de la ley cuyo interés, por encima de todo, debe ser el de colaborar en la realizaci6n de la justicia, y en ningún caso el de "ganar" un caso, actitud frecuente dada su participación en fases previas al juicio que pueden haber determinado su opinión, aparece la prohibición para los miembros del MF de utilizar métodos impropios concebidos para lograr una convicción interesada (positiva o negativa respecto del imputado)n4. Una actitud como la descrita no cuestiona con la claridad deseada ningún derecho de los recogidos en el "Sill of Rights", pero es generalmente admitido el atentado que de la misma se deriva al derecho a un proceso debido. El control de actitudes no autorizadas como las definidas es una cuestión compleja y dificil dada la ausencia de guias legales precisas al respecto. En cualquier caso una actitud de aquéllas puede y deberá ser controlada ante, principalmente, la influencia que sobre la convicción del jurado puede causar. Es posible a través de una incorrecta actitud del representante del MF la violación del DPL cuyo alcance y consecuencias deberá determinar el Tribunal 235 • 234 Las leyes estatales que permiten una excesiva discreción al M!. en la aplicación de la ley penal, o que son imprecisas en sus te~minos, violan las garantias derivadas del DPL de las Enmiendas ~u~nta y Decimocuarta use. Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451, 939. Palmer v. city of Euclid, 402 U.S. 544, 1971.
~35 Debemos señalar aqui aunque sea bervemente la posición, Undamental, del MF ("Prosecutor") en relación con el proceso Penal. Asi correspnde al mismo realizar la acusación en la mayor 137
i
Iñaki Esparza Leibar 10. Objetividad en la conducta del juzgador-debercontrolj"Conduct of the jUdge-duty"
La
imparcialidad
que
debe
de
caracterizar
al
juzgador
aparece inequivocamente recogida en la Decimocuarta Enmienda de la USC236 • recusarse
Aquella impone al juzgador el deber ético de autocuando
la
imparcialidad
puede
ser
razonablemente
cuestionada, y ello puede ocurrir por la concurrencia de factores tanto extra como intraprocesales, por lo que deberá mantenerse acti vamente a todo lo largo del mismo.
En caso de que no se
cumpla lo anteriormente afirmado se producirá una violación del derecho a un proceso debido y será motivo suficiente como para impugnar
el
proceso
en
el
que
no
se
haya
respetado
la
imparcialidad. Una incorrecta actitud por parte del juzgador en el sentido que nos ocupa se produce principalmente respecto de
parte de los casos (también pueden hacerlo en determinados supuestos los ciudadanos particulares e incluso la policia tráfico -) pudiendo además vetar la iniciación de procesos por parte de otros sujetos, dado que es el único que puede activar la maquinaria jUdicial en asuntos penales y también detenerla. Su actividad está presidida por la autonomia y la discrecionalidad en la persecución de delitos que será selectiva y variable dependiendo de múltiples circunstancias también extrajuridicas. Dicha actividad se circunscribe al ámbito de cada comunidad donde el representante del MF decidirá la politica de persecución de delitos a aplicar. Vid. KARLEN D./SCHULTZ J.L. Justice in the accusation, en "The rights of the accused" op. cit. págs. 115 y ss. 236 Amendment XIV (1868) "Nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law¡ nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws"j"Ningún Estado podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal¡ ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos". ' 138
,.
El principio del proceso debido testigos o miembros del jurado cuya actitud o convicción puede verse alterada debido a la autoridad que de las opiniones del juzgador indudablemente dimana.
11. "Ne bis in idem"/"Double jeopardy"
En
la
Quinta
Enmienda
de
la
USC n7
se
establece
la
prohibición de someter a persona alguna dos veces al peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito. Ello supone actualmente la prohibición de juzgar a una persona dos veces por el mismo delitons • Por supuesto si se ha producido una 237 AInendment V (1791) "Nor shall any person be subject, for the sama offence, to be twice put in jeopardy of life or limb"/"Tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito". 238 Hasta llegar a la situación presente, la cuestión del alcance de la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda USC, respecto a la prohibición de "double jeopardy" en procesos penales estatales, ha sido objeto de diversas interpretaciones por parte de la Corte Suprema. As1 desde la práctica ignorancia en Dreyer v. Illinois, 187 U.S. 71, 86, 1902. Keerl v. Montana, 213 U.S. 135, 137, 1909. Hasta el caso paradigmático al respecto Palko v. Connenticut, 302 U. S. 319, 1937. Agu1 un sujeto (palko) es condenado a cadena perpetua por un asesinato en segundo grado; Tras descubrirse determinados errores sustanciales en aquél primer proceso, se procede a un segundo enjuiciamiento cuyo resultado es una condena a muerte por un delito calificado como asesinato en primer grado. Se produce la apelación basada en la prohibición del "double jeopardy", pero el Juez Cardozo entiende ~l resolver el recurso que la garant1a afectada ("double Jeopardy") no puede clasificarse como derecho fundamental, por tanto no está incluida en la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda. Igual criterio se aplica en Louisiana ex rel. Francis v. Resweber, 329 U.S. 459, 1947. Donde se producen ya cuatro votos disidentes sobre un total de nueve votos. Finalmente es en Benton v. Maryland, 395 U.S. 784, 808, 1969, donde se materializa l~ federalización del "double jeopardy", incorporándose a la e aúsula del DPL de la Decimocuarta Enmienda, siendo ~ost7riormente desarrollado por el Tribunal Supremo, Grady v. ~b~n, 495 U.S. 508, 1990. MORELAND R. Modern Criminal Ocedure, Indianapolis 1959, pp. 273 Y ss. 139
Iñaki Esparza Leibar 10. Objetividad en la conducta del juzgador-debercontrol/"Conduct of the jUdge-duty"
La
imparcialidad que
debe de caracterizar
al
juzgador
aparece inequivocamente recogida en la Decimocuarta Enmienda de la USC236 • Aquella impone al juzgador el deber ético de autorecusarse
cuando
la
imparcialidad
puede
ser
razonablemente
cuestionada, y ello puede ocurrir por la concurrencia de factores tanto extra como intraprocesales, por lo que deberá mantenerse activamente a todo lo largo del mismo. En caso de que no se cumpla lo anteriormente afirmado se producirá una violaci6n del derecho a un proceso debido y será motivo suficiente como para impugnar
el
proceso
en
el
que
no
se
haya
respetado
la
imparcialidad. Una incorrecta actitud por parte del juzgador en el sentido que nos ocupa se produce principalmente respecto de
parte de los casos (también pueden hacerlo en determinados supuestos los ciudadanos particulares e incluso la policía tráfico -) pudiendo además vetar la iniciaci6n de procesos por parte de otros sujetos, dado que es el único que puede activar la maquinaria judicial en asuntos penales y también detenerla. Su actividad está presidida por la autonomía y la discrecionalidad en la persecuci6n de delitos que será selectiva y variable dependiendo de múltiples circunstancias también extrajurídicas. Dicha actividad se circunscribe al ámbito de cada comunidad donde el representante del MF decidirá la política de persecuci6n de delitos a aplicar. vid. KARLEN D./SCHULTZ J.L. Justice in the accusation, en "The rights of the accused" op. cit. págs. 115 y ss. 236 Amendment XIV (1868) liNar shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person witbin its jurisdiction tbe equal protection of the laws"/"Ningún Estado podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus limites jurisdiccionales la protecci6n de las leyes, igual para tOdos". 138
El principio del proceso debido testigos o miembros del jurado cuya actitud o convicción puede verse alterada debido a la autoridad que de las opiniones del juzgador indudablemente dimana.
11. "Ne bis in idem"/"Double jeopardy"
En
la
Quinta
Enmienda
de
la
USCn7
se
establece
la
prohibición de someter a persona alguna dos veces al peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito. Ello supone actualmente la prohibición de juzgar a una persona dos veces por el mismo delito ns • Por supuesto si se ha producido una 237 Amendment V (1791) "Nor sball any person be subject, for tbe same offence, to be twice put in jeopardy of life or liDib"/"Tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito". 238 Hasta llegar a la situación presente, la cuestión del alcance de la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda USC, respecto a la prOhibición de "double jeopardy" en procesos penales estatales, ha sido objeto de diversas interpretaciones por parte de la Corte Suprema. Así desde la práctica ignorancia en Dreyer v. Illinois, 187 U.S. 71, 86, 1902. Keerl v. Montana, 213 U.S. 135, 137, 1909. Hasta el caso paradigmático al respecto Palko v. Connenticut, 302U.S. 319, 1937. Aquí un sujeto (Palko) es condenado a cadena perpetua por un asesinato en segundo grado; Tras descubrirse determinados errores sustanciales en aquél primer proceso, se procede a un segundo enjuiciamiento cuyo resultado es una condena a muerte por un delito calificado como asesinato en primer grado. Se produce la apelación basada en la prohibición del "double jeopardy" , pero el Juez Cardozo entiende ~l resolver el recurso que la garantia afectada ("double Jeopardy") no puede clasificarse como derecho fundamental, por tanto no está incluida en la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda. Igual criterio se aplica en Louisiana ex rel. Francis v. Resweber, 329 U.S. 459, 1947. Donde se producen ya cuatro votos disidentes sobre un total de nueve votos. Finalmente es en Benton v. Maryland, 395 U.S. 784, 808, 1969, donde se materializa la federalización del "double jeopardy" , incorporándose a la claúsula del DPL de la Decimocuarta Enmienda, siendo ~ost7riormente desarrollado por el Tribunal Supremo, Grady v. ~rb1n, 495 U.S. 508, 1990. MORELAND R. Modern Criminal rocedure, Indianapolis 1959, pp. 273 Y ss. 139
Iñaki Esparza Leibar sentencia definitiva sobre el fondo, pero también cuando por ser imposible por razones objetivas la continuación del proceso se produce una resolución de carácter procesal con la que concluye el
mismo
veredicto
"mistrial" del
(v. gr.
jurado)
en
por
ser
éstos
imposible
ültimos
llegar
casos
a
un
sólo
es
constitucionalmente posible un nuevo proceso frente a la misma persona Y por el mismo delito en el caso de que el propio imputado haya solicitado o aceptado la declaración de "mistrial", dado que asi se considera que el imputado renuncia a algunos de los derechos comprendidos en el "double jeopardy". En el caso de que la declaración sea exigida por error de la acusación,
no
habrá posibilidad de nuevo proceson9 • otra de las consecuencias, pacificamente aceptada, derivada de la claüsula del "double jeopardy" es la de impedir al MF apelar un veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado. El alcance del
"double
j eopardy"
puede trascender a
un
ulterior proceso, segün la doctrina del "collateral estoppel", con un efecto similar a
lo que nosotros entendemos por cosa
juzgada materia1 24o •
12. "Fair trial/Free press/Public trial"
239 United States v. Jorn, 400 U.S. 470, 1970. Crea la doctrina de la "manifest necessity" que excepciona enervándolo el efecto general pro-acusado. 240 Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436, 1970. 140
El principio del proceso debido La use garantiza el derecho a jurado "limpio" e imparcial~l, de
prensa
(Primera
Enmienda
un juicio público por un
y además garantiza la libertad USC).
Ambos
derechos
deben
ser
protegidos y para ello deberá encontrarse un punto de equilibrio entre ellos, ya que la publicidad, entendida de forma absolutd u puede provocar graves distorsiones en el proceso (testigos que se niegan a participar por el riesgo que la publicidad puede acarrearles,
presiones
a
los
sujetos
participantes,
etc.),
comprometiendo la limpieza del mismo, según lo ha entendido el Tribunal Supremo en diversas sentencias~2. También la doctrina se ha ocupado, comparativamente de una forma amplia,
sobre esta cuestión.
Entiende la misma que
la
publicidad del proceso a través de la libertad de prensa, no es un derecho superior,
absoluto un
proceso
sino
que
limpio,
deberá
ceder
contribuyendo
ante en
un
interés
ocasiones
la
denegación de publicidad, a lograr el mencionado interés (v.gr. delitos sexuales) 243. 241 Amendment VI (1791) "In a11 criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartia1 jury ..• " "It is the "law of the 1and" that no man's life, 1iberty, or property be forfeited as a punishment unti1 there has been a charge fairly made and fairly tried in a public tribunal", Justice Black in In re Oliver, 333 U.S. 257, 1948. 242 Irvin v. Dowd, 366 U.S. 717, 1961. Donde determinada PUblicidad en la fase preliminar logra, a juicio del Tribunal Supremo involucrar, afectándola, la imparcialidad del jurado. Sheppard v. Maxwe11, 384 U.S. 333, 1966, en el mismo sentido. Gannett Co. v. De Pasqua1e, 443 U.S. 368, 1979. Exclusión de la Publicidad en la fase previa al juicio para mayor garant1a del " fal.r ' . trl.al". 243 GILLHOR D. M. Free press and Fair Tria1, Washington, 1966, en especial págs. 177 y ss. "Proposals for resolving the conflict" que incluye supuestos de exclusión de la prensa y del pÚblico de la Sala de vistas. FREEDMAN W. News media coverage of
Iñaki Esparza Leibar Las
limitaciones
acordarse
caso
por
a
la
caso
y
publicidad deberán a
la
luz
de
en
una
todo
caso
interpretación
favorable al acceso. El derecho a un juicio público está intimamente relacionado con el derecho a la defensa del acusado (constituye una extensión del mismo),
asl no sólo éste sino también el jurado y quien
asista al proceso podrán y deberán examinar los testigos y las pruebas en las que se sustente la acusación,
y
solamente la
prueba presentada de tal manera será tomada en consideración por el Juez en su resolución244 •
v.
CONCEPTO
A) Formalmente, el DPL es un elemento recibido del derecho
inglés
redefinido
y
por
la
use
y
sus
intérpretes
con
consideración de básico, que impone directamente el deber de ajustarse a él a todos los sujetos y en todas las actuaciones que afecten
a
la
vida,
libertad
manifestaciones de derecho material
o
propiedad,
tanto
(DPL sustantivo)
en
como en
manifestaciones jurisdiccionales del derecho (DPL procesal), que correlativamente otorga a todos los sujetos determinados derechos fundamentales y directamente exigibles con respecto a aquellas materias.
Se tratarla,
naturalmente desde nuestra óptica y a
.Q.riminal cases and the right to a Fair Trial, Rev., 1961, pág. 393. 244 Williams v. New York, 337 U.S. 241, 1949. 142
40 Nebraska L.
El principio del proceso debido través
de
criterios
interpretativos
continentales,
de
un
enunciados de
las
principio general del derecho.
B)
Materialmente,
lo constituyen
los
Enmiendas que definen el llamado "Bill of Rights" (10 primeras de la USe),
que incluyen el Derecho Fundamental a un Juicio
Limpio (aspecto estrictamente procesal del DPL) , con el ámbito territorial establecido en la Decimocuarta Enmienda y con el alcance que en cada momento histórico la jurisprudencia permita y las leyes establezcan.
143
PARTE II
EL SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LA W" EN EL DERECHO PROCESAL PENAL ALEMAN:
CONCEPTO y CARACTERES DIFERENCIADORES
l. INTRODUCCION: BREVE REFERENCIA A LA ORGANIZACION JUDICIAL EN ALEMANIA
La GG alemana, Ley fundamental de la RFA de 23 de
ID&yO
de
1949, contiene al igual que la ya analizada USC y que la CE, cuyo estudio afrontaremos en la parte III, un núcleo homogéneo y particularmente
explicito
de
disposiciones
que
conciernen
directamente al derecho jurisdiccional y más exactamente a la configuración - contenido, modalidades y limites - del derecho de acción especialmente en relación con el proceso
penal~s.
La
aprehensión del exacto alcance de dichas disposiciones precisa del
conocimiento de otras normas procedentes
de
instancias
supranacionales que incorporadas a los ordenamientos de cada pais pasan a formar parte de los mismos con carácter imperati V02~ • La posibilidad teórica de que instancias de ámbito inferior a la
245 Arts. 101 y 102 GG prohibiendo los tribunales de excepción y aboliendo la pena de muerte respectivamente. Arts. 103 y 104
GG en los que se consagran determinadas garantias procesales penales básicas como el derecho a ser oido ante los Tribunales, la prohibición de leyes penales con efecto retroactivo y de la pena doble; Garantias en caso de privación de libertad, inmediata puesta a disposición judicial, información al detenido sobre sus derechos, etc. 246 Los arts. 24 y 25 GG abren la posibilidad de cesiones de soberania a instancias supranacionales ("instituciones internacionales"), asi como a la incorporación de normas de derecho internacional público que tendrán primacia sobre las leyes federales y serán fuente directa de derechos para los habitantes del pais, v. gr. Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, (CEDH/MRK), de 04.11.1950, de especial importancia en el tema que abordamos, como a lo largo de todo el estudio del mismo se verá. 145
Iñaki Esparza Leibar Federación - arts. 72.1 Y 74.1 GG 247 que permiten a los Lander legislar sobre la materia que nos ocupa si la Federación no hace uso de dicha facultad 248
-
puedan aunque restringidamente, como
hemos visto que ocurre en los USA, legislar sobre la referida materia ha sido de tal manera interpretada que imposibilita en la práctica a los Lander a intervenir en la configuración del derecho de acción y manifestaciones jurídicas derivadas de su existencia. Delimitado el ámbito de procedencia de las normas que incidirán en el objeto de esta tesis doctoral en relación con el derecho alemán249 , procederemos al igual que hicimos en el caso
247 arto 74.1 GG "La legislación concurrente - donde los Lander tienen la facultad de legislar en tanto en cuanto la Federación no haga uso de su facultad legislativa, arto 72.1 GG -abarca las materias siguientes: l. El derecho civil, el derecho penal y el régimen penitenciario, la organización judicial, el procedimiento jUdicial, el régimen de la abogacía, del notariado y del asesoramiento jurídico." La traducción oficial del precepto y en lo sucesivo de los arts. de la GG a los que hagamos referencia, proviene del DEPARTAMENTO DE PRENSA E INFORMACION DEL GOBIERNO FEDERAL Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, Essen-Werden 1981. 248 En este punto no se producen modificaciones en virtud del acuerdo de unificación de los dos estados alemanes, Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik liber die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertrag - Vom 31. August 1990 (BGB1 11 s. 889, 933). 249 GG de 23. mayo de 1949 y Einigungsvertrag de 31. agosto de 1~9? stpo de 1. febrero de 1877 hasta la última reforma de 7. a rll de 1987 (BGBl 1 S. 1074), deben también ser tenidas en ~u:~ta las modificaciones que a la stpo introduce la "Gesetz zur le amp~ung des Illegalen Rauschgifthandels und anderer 1~s,?helnungSfOrmen der Organisierten Kriminalitat (OrgKG)" de d .)Ulio.1992 (BGBl I S. 1302), en su arto 3. EGGVG de 27. enero 1:1 1877 y GVG según la redacción de 09 de mayo de 1975 (BGBl I 1). MRK de 7. agosto de 1952. 146
El principio del proceso debido de los USA a esbozar la organización de aquellos Tribunales que en Alemania tienen atribuida competencia penal.
A. organización de los Tribunales en Alemania
La organización de los Tribunales en Alemania2ro reviste un cierto grado de complejidad, debido a varias razones, as!, el gran número de Organos que tienen atribuida competencia en materia penal y que a su vez y desde el punto de vista de la actuación jurisdiccional se subdividen en OJ, influye también la coexistencia de varios estados federados, cuya estructura queda reflejada también a nivel jurisdiccional, etc. En cualquier caso esta materia nos interesa en este momento solamente en la medida en que pretendemos plasmar un sencillo esquema de la organización de
los
Tribunales
en
Alemania~l.
As!
dentro
del
orden
jurisdiccional penal nos encontraremos con los siguientes OOJJ competentes que ordenamos desde aquéllos que constituyen la base de la organización jurisdiccional hasta aquéllos otros que la culminan
252:
250 Cuya regulación corresponde a la Gerichtsverfassungsgesetz Ley Orgánica de los Tribunales - GVG, de 27 de enero de 1877, (RGBl 417; III 300 - 2), según la nueva redacción de 09 de mayo de 1975, (BGB1 I 1077) Y con las últimas modificaciones legales de 12 de septiembre y 17 de diciembre de 1990 (BGB1 I 2002 Y BGB1 I 2847 respectivamente). 251 RIOS/VEIT/ZILLER Deutsch für Juristen, Paris, 1979, pp. 64 Y ss. Y 79 Y ss. 252 GOHEZ-COLOHER J.L. El proceso penal alemán, Introducción y normas básicas, op. cit., pp. 56 Y ss. Y 514-515. 147
Iñaki Esparza Leibar A) Amtsgericht (AG), forman el nivel inferior de la organización, lo constituyen dos OJ diferentes para la materia penal: - Juez de lo Penal, OJ unipersonal (el único en éste ámbito), con competencia en delitos de escasa gravedad. - Tribunal de Escabinos, OJ colegiado que complet~ las competencias que corresponden al AG, siempre en cuan:ta a delitos a los que corresponden penas privativas de libertad no superiores a tres años. B) Landgericht (LG), integrado en lo penal por cuatro tipos de OJ, todos ellos colegiados: - Pequeña Sala de lo penal, compuesta por el Presidente del Tribunal y dos Jueces Escabinos con competencia en materia de recursos frente a las resoluciones del Juez de lo Penal. - Gran Sala de lo Penal, en cuya composición aparecen también los Jueces Escabinos, y con competencia para conocer de aquellos asuntos que exceden de las competencias de los AG. - Tribunal de Jurado, con una composición mixta de Jueces Técnicos y Escabinos, y competencia en delitos de especial gravedad y con resultado de muerte. - Salas de lo Penal con competencia Específica, con una composición similar al caso anterior, y competencia en materia de menores, delitos económicos y determinados delitos. c) Oberlandesgericht (OLG), es el OJ que culmina la organización judicial de cada Estado Federado (Land), está integrado por dos Salas: - Sala de lo Penal para casaciones y Quejas, compuesta por tres Jueces Técnicos, con competencia para conocer de los recursos interpuestos frente a las resoluciones de Tribunales inferiores. - Sala de lo Penal de primera Instancia, compuesta por cinco Jueces Técnicos, con competencia para el conocimiento de delitos contra la seguridad del estado. D) Bundesgerichtshof für strafsachen (BGBSt), ~3 es el OJ SUpremo en el orden jurisdiccional penal, existe por tanto solamente uno para toda Alemania, formado por cinco Salas cada una de las cuales se compone a su vez de cinco Jueces
---------------------
253 Vid. arto 95.1 GG. Con sede en Karlsruhe, S 23 GVG. 148
El principio del proceso debido Técnicos. Su competencia se extiende al conocimiento del recurso de casación, cuando asl lo establezca la ley, asl como de determinadas discrepancias entre OLG de diferentes estados federados. Finalmente y al margen de la jurisdicci6n ordinaria, la propia GG configura en sus arts. 93 y 94 un Tribunal Constitucional Federal al que sitúa como último intérprete autorizado de la constituci6n, para el caso de opiniones di vergentes254 • E) Bundesverfassungsgericht (BVerfG), con sede en Karlsruhe
y jurisdicci6n en toda la BRD, conocerá del equivalente a nuestros recursos de inconstitucionalidad, recurso de amparo, controversias entre la Federaci6n y los Lander, o los Lander entre sl, etc. Sus miembros serán elegidos por mitades por Parlamento Federal y por el Consejo Federal. Al igual que en el caso anterior del proceso penal USA, diseñaremos
primeramente un esquema en el que de
forma más
gráfica quede reflejado el curso del proceso penal alemán y en el que figuren ordenadamente sus fases y actos principales. Debemos también advertir ya en este momento que el papel que el "fair trial"
juega en los procesos de corte anglosaj6n -
consistente en la exigencia de concretas pautas más o menos minuciosamente creadas y desarrolladas de forma flexible por la jurisprUdencia a todo lo largo del proceso, como hemos tenido ocasi6n de comprobar en el caso de los USA -
es básicamente
diferente de aquél que le corresponderá en la normativa procesal continental, y más concretamente alemana, donde actuará según veremos
a
preexistente
continuaci6n a
cualquier
más
como
posterior
un
principio
precisi6n
general
venida
de
la
interpretaci6n de los Tribunales, y limitado en su desarrollo por
-----------------:i~ ~sta materia tampoco
ha sido objeto de modificaci6n por el lnlgungsvertrag" de 31. Agosto 1990, (BGBl 11 S. 889). 149
~"""""""""------------"""".a Iñaki Esparza Leibar otros principios -
o instrumento de interpretación que en el
sentido ya dicho en referencia a los ordenamientos anglosajones. Una de
las razones que pueden explicar esta diferencia
radical es, además de la diferencia de sistema - acusatorio o mixto -, el modo en que cada uno de los tipos de proceso
~e
ha
desarrollado, a través de principios generales interdependientes que
permiten
una
cierta
variedad
de
alternativas,
caso
continental, o a través de la acumulación esencialmente variable, por su intima relación con el criterio jurisprudencial, de actos procesales
concretos
estrictamente
regulados
con
el
único
objetivo, esencialmente práctico, de lograr un proceso adecuado a la sensibilidad de un pais sin ninguna servidumbre de tipo dogmático, caso del proceso USA.
B. Esquema sintético del proceso penal alemán por delitos 255
Para facilitar su comprensión realizaremos previamente un somero
esquema
que
refleje
las
fases,
actos
y
sujetos
intervinientes en el proceso penal alemán:
255 otros esquemas realizados sobre el mismo objeto pueden consultarse en, GOMEZ COLOMER J.L. El proceso penal alemán ••• , op. cit., p. 239. FRANK U. StrafprozeBrecht. Ausgewalte froblemkreise für Studium. Examen und Praxis, Stuttgart, 1986, p. 91. ROXIN C. Strafverfahrensrecht, München, 1991, p. 23. PETERS k. Strafprozess, Heidelberg, 1985, p. 528. GOSSEL k. H. ªtrafverfahrensrecht, T. 11, Stuttgart 1979. vid. también 'l'IEDEMANN K. en ROXIN/ARZT/TIEDEMANN Introducción al Derecho fenal y al Derecho Penal Procesal, op. cit., pp. 133 Y ss. 150
• El principio del proceso debido A) PROCEDIMIENTO PRELIMINAR: (SS 158 a 177 stPO) - Denominación BRD: "Vorverfahren" - sujetos intervinientes: MF/policla judicial. OJ (eventualmente) para la comprobación de la legalidad de las medidas cautelares. Actuaciones procedentes: Práctica de actos de investigaci6n. Adopci6n, eventualmente, de medidas cautelares. - Finalidad: Conclusión de la investigación sobre las circunstancias del delito y del presunto delincuente, preparación de la acusación. B) FASB INTBRMBDIA:
<ss
199 a 211 stPO)
- Denominación BRD: "Zwischenverfahren" Sujetos intervinientes: Se tramita ante el OJ (Tribunal técnico), una vez que el MF ha presentado el escrito de acusación, producto de la investigación realizada. Acusado, puede formular reclamaciones y objeciones. - Actuaciones procedentes: Comunicación al acusado. Eventuales reclamaciones. Eventual práctica de prueba. - Finalidad: Informar al acusado de los hechos que se le imputan. Auto de apertura del procedimiento principal, en su caso. C) PROCEDIMIENTO PRINCIPAL/JUICIO ORAL: (SS 207 a 275 stPO) - Denominación BRD: "Hauptverfahren" - Sujetos intervinientes: OJ (Escabinos) , MF, acusado. - Actuaciones procedentes: Preparaci6n y realización de la vista principal. Práctica de la prueba. Informes finales. - Finalidad: posibilitar la sentencia sobre el fondo del asunto. D) FASE IMPUGNATORIA, APELACION/CASACION: (312 a 358 stPO) - Denominación BRD: "Rechtsmittelverfahren" - sujetos intervinientes: OJ (Tribunales de Apelaci6n o casación). - Actuaciones procedentes: Revisión, en la medida de cada recurso, de la Sentencia impugnada por considerarse la misma perjudicial para el recurrente. - Finalidad: Modificaci6n, anulaci6n o confirmaci6n de la resolución impugnada dependiendo de la correcci6n o no de lo actuado en las anteriores fases procedimentales. E) EJBCUCION: (SS 449 a 463d stpo, SS 78a y 78b GVO y otras normas específicas para la ejecución de penas privativas de libertad StVollzG, y para otras penas StrVollstrO y JBeitrO) 151
Iñaki Esparza Leibar -
Denominación BRD: "Vollstreckungsverfahren" Sujetos intervinientes: MF y OJo Actuaciones procedentes: Variedad. Finalidad: Ejecución de la Sentencia.
C. El proceso penal alemán: configuraci6n
En
el
caso del
proceso penal actualmente
existente en
Alemania y en una inicial delimitaci6n se constata que en su estructura básica prevalece el modelo europeo continental y más precisamente el modelo
procedente del derecho italiano del s.
XV y con elementos del derecho inglés y francés cuya influencia
es constatable desde comienzos del s. XIX~ , de tal manera que convergen en el mismo principios propios del proceso inquisitivo (v.gr. § 376 stpo sobre la iniciaci6n del proceso por querella pública) acusatorio
con (
otros v.gr.
principios §
151
stpo
pertenecientes que
consagra
al el
sistema principio
acusatorio) y a su especial configuración del proceso penal~7. Analizaremos
a
continuación
de
forma
más
precisa
los
principios que configuran el proceso penal alemán clasificados en relación con las distintas fases de desarrollo del proceso~8.
256 TIEDEMANN K. Rechtsgrundlagen. Grundlagen und Technik der Reform des nationalen Strafverfahrens, XXV Congreso de la AIDP, congreso preparatorio, Toledo 1992, p. 9. 257 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 92. 258 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. pp. 58 Y ss. GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal alemán ••• , op. cit. pp. 44 y ss. des BAUMANN J. Grundbegriffe und Verfahrensprinzipien §~rafprozeBrechts, Stuttgart 1979, pp. 38 Y ss. ESBa A. ~lnfUhrung in das strafprozeBrecht, München 1983, pp. 105 Y ss. 152
El principio del proceso debido a) principios relativos a la iniciación del proceso: 1) Principio de oficialidad (S 152.1
stPO)~9.
2) Principio acusatorio (SS 151, 155, 264
stPO)2~.
3) Principio de legalidad (art. 103.2 GG, S 152.2 stPO) 261. 4) Principio de oportunidad (SS 153 a, c y 154 b stpo, S 45 JGG) 262.
5) Principio de Juez legal (Art. 101.1 GG, S 16 GVG) 263.
b) principios relativos al desarrollo del proceso: 259 ROXlN/ARZT/TlEDEMANN Einführung in das Strafrecht StrafprozeBrecht, Heidelberg 1988, pp. 169 Y ss.
wnd
260 GOSSEL K. B. strafverfahrensrecht, T. I, stuttgart 1977, pp. 29 Y ss. para todo lo referente a los principios relativos a la iniciación del proceso. 261 vid. al respecto, PFElFFER G. en Karlsruher Kommentar zur StrafprozeBordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz mit Einführungsgesetz, München 1987, p. 13-14, n Q 29a. RlES P. Die Zukunft des Legalitatsprinzips, NStZ 1981, pp. 2 Y ss. Los SS 172 - 177 stpo y S 258 StGB, contribuyen a asegurar el principio de legalidad procesal, que en todo caso no debemos entender como absoluto en la actualidad por razones tanto de polltica criminal como de economla procesal. BVerfGE 85, 69, 79. La cita de la jurisprudencia en el caso alemán comprende en primer lugar la indicación del OJ del que la resolución procede, a continuaci6n el tomo de la colecci6n oficial donde se recoge y finalmente el número de página (s6lo inicial o inicial y final) donde figura. 262 ARKENTA DEU T. Criminalidad de bagatela y pr~.ncipio de oportunidad: Alemania y España, Barcelona 1991. SCBUNEMANN B. Absprachen im Strafverfahren? Grundlagen. Gegenstande und ~enzen, München 1990. En el derecho procesal penal alemán no existe la posibilidad del "guilty plea", vid. TlEDEMANN K. Rechtsgrundlagen .•• cit. p. 17. 263 BVerfGE 40 356, 361. BVerfGE 18 345, 349. BVerfGE 3 359, 364. SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnung und das ~erichtverfassungsgesetz, Berlin 1988, Einleitung, Kap. 6, Rdn 8. 153
Q
Iñaki Esparza Leibar 1) Principio de la independencia jUdicial ( Art. 97.1
GG, S 1 GVG, SS 25, 45.1
DRiG)~.
2) Principio de investigación o instrucción inquisitivo - (SS 155, 160.2,244.2 stPO). 3) Principio de audiencia (Art. 103.1 GG, stpo
S 258,
OWiG S 71) 265. 4) Principios de celeridad y concentraci6n
(SS 229 Y
268.3 stPO) 266.
c) principios relativos a la prueba: 1) Principio de investigación oficial
(SS 155, 244.2
stPO). 2) principio de inmediaci6n (S 250 stPO). 3) principio de libre valoraci6n de la prueba (S 261
stPO).
264 BVerfGE 4 331, 344. BVerfGE 27 312, 322. BVerfGE 12 67, 71. La independencia judicial puede entenderse como uno de los resultados de la separaci6n de poderes, S 90 BVerfGG. 265 KLEINKNECHT/MEYER strafprozeBordnung, München 1989, p. 5. PFEIFFER G. en Karlsruher Kommentar ••• , op. cit. p. 12, nQ 27. LEMRE M. Hochstrichterliche Grundsatzentscheidungen zum Strafrecht (GrEzStl, Darmstadt 1984, p. 382. ARNDT A. Das rechtliche Gehor, NJW 1959, pp. 6 Y ss. ARNDT A. Die Yerfassungsbeschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Gehors, NJW 1959, pp. 1297 Y ss. ARNDT A. Fragen des rechtlichen Gehors, NJW 1962, pp. 27 Y ss. BayVerfGH 15.05.1962, JZ 1963, 63 Y ss. aVerfGE 54, 140. BVerfGE 85, 337, 353. BVerfGE 85, 386, 405. 266 El principio de celeridad no aparece expresamente formulado ~n
la stpo, pero existen di versos preceptos que muestran el lnterés en que la celeridad se dé en los diversos actos Procesales, v. gr. SS 115 Y 128 stPO. BAQUERO BORDA H. Panorama :ot~al del proceso penal de la República Federal de Alemania, eV¿sta del Ministerio Público, n Q 17, octubre 1981, pp. 123 Y ss. 154
El principio del proceso debido 4) "In dubio pro reo" (Art. 6.11
CEDH)2~.
d) principios relativos al procedimiento 1) Principio de oralidad
(~orma):
(SS 261, 264 stPO).
2) Principio de publicidad
(S 169 GVG)us.
En su mayor parte el esquema que acabamos de
transcribir2~
se corresponde perfectamente con el que en la parte introductoria de esta tesis describíamos el proceso penal español,
lo que
facilitará en gran medida al lector español la comprensión de la estructura del proceso penal alemán.
11. EL PRICIPIO DEL "DUE PROCESS OP LAW", LA PLASHACION EN ALEMANIA DE UNO DE SUS CONTENIDOS ESENCIALES: EL "PAIR TRIAL"
Dentro de la materia relativa a los principios del proceso nos encontramos en el seno de
la doctrina alemana con una
diversidad de opiniones270 en cuanto a la consideración del "fair
267 PFEIPPER G. en Karlsruher Kommentar ••. , op. cit. p. 13, n Q 28. DORa D. Faires Verfahren. Gewahrleistung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Kehl am Rhein 1984, pp. 61 Y 62. 268 BGHSt 22, 297, 301. BGHst 23, 123, 125 f. Un reciente caso de exclusión de la publicidad se produce por moti vos de moralidad en un supuesto de abusos sexuales, BGHst 38, 248, 251, (sentecia de 19. 03 • 92) • 269 ROXIN C. StrafprozeBordnung, op. cit. pp. 58 Y ss. GOKEZ COLOKER J.L. El proceso penal alemán ••• , cit., pp. 43 Y ss.
2?O SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung ••• , op. Einleitung, Kap. 6, Rdn. 18.
Olt.
155
Iñaki Esparza Leibar trial,,271 como principio activo y autónomo del proceso penal por una lado y en cuanto a la fundamentación del "fair trial" en el arto 6.1
CEDH2n
por otro. Las cuestiones planteadas y de las que
nos ocuparemos a renglón seguido podr1an enunciarse as1: ¿Es el principio procesal procedente del derecho anglosajón y enunciado como "fair trial" un principio informador del proceso penal alemán? si la respuesta fuere afirmativa la siguiente cuestión 271 La traducci6n de la expresión inglesa "fair trial" no es del todo sencilla ya que aunque el término "tria1" es pac1ficamente traducible como "Verfahren", la otra parte de la expresi6n "fair" puede tener en lengua alemana y entre otros, éstos significados: Bonito, limpio, simpático, honesto, respetable, conveniente, etc. vid. Langenscheidts Grossworterbuch, Englisch-Deutsch, MUnchen 1985, p. 367. HEUBEL H. Der "fair trial" .•• , op. cit. p. 63. 272 CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS ~WOS DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES. Art. 6.1 "Toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sea sobre sus derechos y obligaciones civiles, sea sobre el fundamento de cualquier acusaci6n en materia penal dirigida contra ella ••• " KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN /MRK. Art. 6. 1 "Jedermann hat Anspruch darauf, daS seine Sache in bi11iger Weise offent1ich und innerhalb einer angemessenen Frist gehort wird, und zwar von einem unabhangigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivi1recht1iche Ansprüche und Verpf1ichtungen oder über die stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrecht1ichen Anklage zu entscheiden hat ••. " InCluimos también las versi6nes oficiales francesa e inglesa de esta parte del art. 6. 1 dado su indudable interés. "Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement, ~ubliquement et dans un dé1ai raisonnable, par un tribunal lndépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droi ts et obligations de caractere civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiere pénale d~rigée contre elle •.. ", "In the determination of his civil rlghts and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and pUb1ic hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal :stablished by law". Sobre la interpretaci6n realizada por la oetrina alemana en relación con el arto 6.1 MRK, de la que r~sulta la referencia al "procedural due process" de los USA, !;d. DOn D. Faires Verfahren ••• , op. cit. pp. 71 Y ss. ~IINKNICHT/HEYER StrafprozeSordnung ••• op. cit. p. 1751. y
156
.....
-
--
Iñaki Esparza Leibar trial,,271 como principio activo y autónomo del proceso penal por una lado y en cuanto a la fundamentación del "fair trial" en el arto 6.1 CEDHV2 por otro. Las cuestiones planteadas y de las que nos ocuparemos a renglón seguido podr1an enunciarse as1: ¿Es el principio procesal procedente del derecho anglosajón y enunciado como "fair trial" un principio informador del proceso penal alemán? Si la respuesta fuere afirmativa la siguiente cuestión 271 La traducción de la expresión inglesa "fair trial" no es del todo sencilla ya que aunque el término "trial" es pac1ficamente traducible como "Verfahren", la otra parte de la expresión "fair" puede tener en lengua alemana y entre otros, éstos significados: Bonito, limpio, simpático, honesto, respetable, conveniente, etc. vid. Langenscheidts Grossworterbuch, Englisch-Deutsch, MUnchen 1985, p. 367. HEUBEL H. Der "fair trial" ••• , op. cit. p. 63. 272 CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS H~NOS DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES. Art. 6.1 "Toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y pÚblicamente en un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sea sobre sus derechos y obligaciones ci viles, sea sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella ••• " KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UNO GRUNDFREIHEITEN/MRK. Art. 6.1 "Jedermann hat Anspruch darauf, daS seine Sache in billiger Weise offentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehort wird, und zwar von einem unabhangigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat ••• " Incluimos también las versiónes oficiales francesa e inglesa de esta parte del art. 6. 1 dado su indudable interés. "Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droi ts et obligations de caractere civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiere pénale dirigée contre elle •.. ", "In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law". Sobre la interpretación realizada por la doctrina alemana en relación con el arto 6.1 MRK, de la que resulta la referencia al "procedural due process" de los USA, vid. DORa D. Faires Verfahren ••• , op. cit. pp. 71 Y ss. ILBINkNECHT/MEYER StrafprozeBordnung ••• op. cit. p. 1751. y
156
-,.
----------------~~~~~----------------~
El principio del proceso debido que surge es: ¿Es suficiente la referencia del arto 6.1 CEDH para fundar
la
trial"? y
existencia y finalmente,
efectividad del
respondidas
principio del
"fair
las anteriores cuestiones,
cabrá preguntarse sobre el contenido exacto del principio y sobre sus manifestaciones procesales. Con respecto a la primera de las cuestiones planteadas de cuya respuesta depende en gran medida el desarrollo posterior de la cuestión, tomaremos inicialmente dos posturas sustentadas por otros tantos autores y que en principio podemos considerar como antagónicas: a) La primera de ellas considera al "fair trial" como principio informador del proceso penal alemán, pero no sólo eso sino que en algún caso lo considera como "El principio supremo del conjunto del derecho procesal penal ,,273. b) imposibilidad procesal
En
cuanto
de
considerar
autónomo,
conclusiones
de
la
a
podemos
la
segunda
al
"fair
trial"
resumirla
monografia
postura como
tomando
que H.
anunciada, principio
una
de
HEUBEL dedica
a
las esta
importante cuestión. "Puede establecerse como conclusión conjunta que el fair trial ni desarrolla una función procesal especifica reconocible, dogmático
ni dispone de un
como
para
ser
preciso y
considerado
un
bastante
contenido
principio
procesal
autónomo en el derecho procesal penal ,,274 • 273 "Oberster Grundsatz des gesamten strafprozeBrechts ist schlieBlich das Gebot eines fairen Verfahrens." ROXIN c. ~afverfahrensrecht op. cit. p.60. 274 REUDEL H. Der "fair trial" ein Grundsatz des !ttafverfahrens? Zugleich ein Beitrag zum Problem der ~rfassungskonformen" Rechtsforbildung im StrafprozeB, Berlin 157
Iñaki Esparza Leibar Analizaremos a continuaci6n y de una forma detallada la argumentaci6n de la que se sirven quienes suscriben cada una de las
posturas
anunciadas,
para poder
finalmente
extraer
las
conclusiones oportunas.
A) opini6n favorable a la consideraci6n del "fair Trial" como principio independiente y efectivo del derecho procesal (civil - penal) alemán:
El autor de quien partimos para sustentar esta postura favorable,
ROXIN27S ,
entiende
que
no
se
trata
solamente
de
extraer del contenido del arto 6.1 CEDH toda la fundamentaci6n y
anclaje en el derecho alemán del principio del "fair trial",
sino que aprecia la existencia de dos fases diferenciadas y complementarias cuyo concurso simultáneo permitirá al principio que nos ocupa ser efectivo en el proceso alemán. Las dos fases mencionadas son:
1) De la propia redacci6n de la GG se desprende la opción por un estado social de derecho, arts.
1,
20 Y 28 GG,
corrobora repetidamente la juisprudencia del BVerfG
como
276
1981, p. 145 - V. 275 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. 276 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. p. 60. PPEIPPER G. en Karslruher Kommentar •.. , op. cit. p. 12, n 12 28. "El derecho a un "faires Verfahren" (fair trial) es consustancial al principio del Estado de Derecho (Rechtsstaatsprinzip)." y a modo de complemento y aclaraci6n de los conceptos pertenecientes al derecho constitucional alemán que nosotros empleamos para fundamentar el principio procesal que nos ocupa, HESSE lt. 158
El principio del proceso debido El derecho a un proceso ajustado a los principios del estado de derecho -IIfaires Verfahren"- se deriva y simultaneamente hace posible
la
existencia
del
propio
estado
de
derecho
"Rechtsstaat"-, arts. 20.3 y 2.1 GG, entendido este como garantía general fundamental a partir de la que se materializan todas las demás 2n , estableciéndose una relación de mutua dependenci& que asegure en última instancia el repeto de la dignidad humana, arto 1. 1. 1 GG, como máxima exigencia general a la que el proceso penal debe también plegarse278 •
2)
Existente la
posibilidad. te6rica de
aplicación,
se
positiviza el principio del "fair trial", a través del arto 6.1
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1985, pp. 72 Y ss., 132 y ss., 166 y ss. La jurisprudencia del BVerfG entiende el derecho a un proceso límpio/"faires Verfahren" como una concreci6n del "Rechtsstaatsprinzip", en tal sentido, BVerfGE 26, 66, 71. BVerfGE 38, 105, 111. BVerfGE 39, 238, 243. BVerfGE 40, 95, 99. BVerfGE 41, 246, 249. BVerfGE 46, 202, 210. 277 KLElNKNECHT/KBYER strafprozeBordnung, op. cit., p. 40 SCHÜNEKANN B. Absprachen im Strafverfahren? .• op. cit. pp. B 115 Y ss. QUAMBUSCH E. Rechtsstaatsprinzip, Verschuldengrundsatz und das antikausale Werturteil, JA 1987, n Q 2, p. 68. VON HÜNCH l. Grundgesetz-Kommentar, München 1985, T. l., pp. 35, 36. BVerfGE 37, 57, 65. BVerfGE 38, 105, 111. BVerfGE 40, 95, 99. BVerfGE 49, 148, 164. BVerfGE 85, 386, 405. 278 "La raíz de este derecho fundamental procesal se encuentra
en el Principio del Estado de Derecho (Rechtsstaatsprinzip), su consideraci6n material, que garantiza los derechos y libertades fundamentales de la persona, especialmente en el caso del proceso Penal por la amenaza que supone contra la libertad y la dignidad de la persona (arta. 1. 1. 1 Y 2. 2 GG) esa función de aseguramiento de la libertad y la dignidad también debe ser atendida por el Derecho Jurisdiccional". PFElFFER G. en Karlsruher Kommentar ••• , o~. cit. p. 12, nQ 28. GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, op. Clt., p. 165. 159
9 Iñaki Esparza Leibar CEDH v9 • Sobre el alcance real de dicha cobertura legal inmediata al principio del "fair trial" en la que todos los autores están de acuerd028o , podemos realizar las siguientes matizaciones:
1 A) La consideración textual del contenido del art. 6.1 CEDB
no permite más que la compresión del derecho a la consideraci6n del asunto litigioso "in bi11iger Weise" o "de manera justa, equitativa,,281. La opinión mayoritaria de la doctrina entiende que a través del mencionado art.
6.1
CEDH se está haciendo
mención al principio juridico propio del derecho anglosajón del "fair tria1 282 "
entendido como garantia procesal,
lo que en
definitiva significa que el acusado debe de poder servirse de los medios que garanticen de la mejor forma posible su derecho a defenderse de la acusación. Todo lo anterior ha llevado a la doctrina alemana a deducir del arto 6.1 CEDH el principio de la igualdad de armas "prinzip der Waffengleichheit,,283.
279 La jurisprudencia del BGH reconoce como elemento principal del art. 6.1.1 CEDH el derecho a un juicio limpio/ "faires Verfahren", en ese sentido, BGHSt 24, 125, 131. BGHSt 29, 109, 111. BGHSt 36, 210.
280 HEUBEL H. Der "fair trial" - ein Grundsatz •.. , op. cit. p. 30. 281 GOHEZ COLOHER J.L. El proceso penal alemán ••• , op. cit. p.
45. PFEIFFER G. Karlsruher Kommentar •.• , op. cit. p. 13, n 2 28
"Del "Rechtsstaatsprinzip" se deriva el derecho a un proceso orientado por la justicia y la equidad - "Bi11igkeit"- el cuál ha encontrado su expresión en el arto 6.1 MRK." 282 EUKomMR NJW 63, 2247.
~~3 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. p. 60. SCHAFER K. en
~OWB/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung .•• , op. cit. Einleitung, 4\ap. 6, Rdn. 14.
160
El principio del proceso debido 21)
Intimamente relacionado con la
posibilidades,
oportunidades
y
por
igualdad de armas tanto
-
estrechamente
vinculado con el principio del "fair trial" aparece el llamado "Fürsorgepflicht" u obligación de asistencia por parte de los Tribunales 284 •
Es
preciso
en
cualquier
caso
advertir
que
la
igualdad de armas entendida de forma absoluta es ciertamente engañosa, ya que el alemán
no es un proceso puro de partes, por
lo que no sería compatible con su estructura28S • 3 1 ) Sentadas las bases anteriores podemos entender que las exigencias
derivadas
del
"fair
trial"
pueden
adaptarse,
respetando la estructura establecida, o lo que es lo mismo las desigualdades existentes entre la posición acusadora 286 ,
y
las
posibilidades - en su caso prohibiciones - de participación del acusado o de su defensor. Con ello obtendríamos una igualdad de armas relativa, efectiva en la medida de las posibilidades que ofrece
un
proceso
presidido
por
el
principio
oficial
"Offizialprinzip".
B) opinión crítica respecto a la consideración del "fair trial" como principio independiente y efectivo del derecho procesal (civil - penal) alemán:
2~4 SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnunq •.• , op. clt., Einleitung, Kap. 6, Rdn. 23.
285 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. p. 60. 2~6 Al igual que en el caso de los USA, el Ministerio Fiscal tlene el monopolio de la acción en el proceso penal alemán. vid. GONEZ COLOKER J.L. El proceso penal alemán ••• , op. cit. pp. 46, 207. § 152.1 stPO.
161
Iñaki Esparza Leibar Las críticas vertidas en relación con nuestro tema proceden principalmente
de
HEUBEL,
quien
aborda
sitemáticamente
la
cuestión de si el fair trial es o no un principio efectivo del derecho procesal alemán, cuestión que, por definirse a través de unos perfiles poco precisos, había creado un estado de relativa ambigüedad respecto a su tratamient0287 • Las primeras objeciones surgen sobre la pacifica aceptación de
que
el
arte
6.1
CEDH
pueda
positivamente
suponer
un
complemento de las normas procesales internas de Alemaniau8 , lo cual -
a
juicio del autor -
no es tan evidente como alguna
jurisprudencia hace pensar. Ya que ello supondría que una regla jurídica comprendida en un tratado internacional,
en materia
procesal, puede ser incorporada al derecho interno por medio de una simple traducción, rebasando o prescindiendo de lo que al respecto regula en Alemania la stpo289. Nos hallamos nuevamente ante el problema del alcance de la expresión inglesa "fair hearing" de la versión oficial del arte 6.1
CEDH2~.-
Avanzaremos
ahora
la
certeza,
abonada
por
la
expresa referencia de todas las versiones idiomáticas del arte 6.1 CEDH,
de que cualquiera que sea el alcance efectivo del
287 HEUBEL H. Der "fair trial" ... , op. cit. 288 PFEIFFER G. en Karlsruher Kommentar •.. , op. cit. p. 13, n Q 28. "El derecho del inculpado a un "faires Verfahren" está
básicamente regulado en la stPO." 289 HEUBEL H. Der "fair trial" ... , op. cit. p. 31. 290 "In the determination of his civil rights and obligations or
Of any criminal charge against him, everyone i8 entitled to a f~ir and public hearinq ••• " En RAMOS MENDEZ F. C6digo procesal
p-"fil
internacional, Barcelona 1985, p. 188. HEUBEL H. Der "fair 33.
~lal" ••. , op. cit. p.
162
p
&
El principio del proceso debido principio del "fair trial" no debe circunscribirse al proceso penal, como en la práctica ocurre en USA, sino que deberá hacerse extensivo también al proceso civil, con todas las consecuencias que de ello derivan y en la medida en que se ajuste a estructura y exigencias de dicho proceso,
la
como más adelante
veremos. Retomando el objetivo de aclarar la expresión inglesa "fair trial" consideramos oportuno analizar los trabajos previos, en su versi6n inglesa, a la elaboraci6n del mencionado art1culo. Se aprecia, siguiendo un orden cronológico, que en las primeras sesiones
no
existe referencia
alguna
a
la expresión
"fair
hearing" ni en el arto 6 ni en los arts. adyacentes, se enumeran obj eti vos de carácter más genera 1291 • La incorporaci6n de la expresión "fair hearing" se produce a través del informe TEITGEN que en su apéndice hace referencia al arto 10 de la Declaraci6n Universal de Derechos del Hombre de 10.12.1948 (Resoluci6n 217/III de la Asamblea General de Naciones Unidas) 292, que curiosamente presenta en su versi6n española una traducci6n diferente de la empleda en el caso del Convenio Europeo para la misma expresi6n "fair hearing" que según se ha dicho ya fué "equitativamente,,293, mientras que en el caso de la
291 Primera seS10n de la Asamblea Consultiva, Strasbourg, 10.08 a 08.09 de 1949. " ••. just requirements of public morality, order and security in a democratic society" arto 6. 292 Informe TEITGEN presentado a petici6n del Comité para cuestiones Legales y Administrativas para el establecimiento de una garant1a colectiva de los derechos fundamentales y de las libertades esenciales. Doc. 77, pp. 105, 107. 293 Vid. nota correspondiente. 163
Iñaki Esparza Leibar Declaración
Universal,
la
expresión
utilizada
es
"con
justicia ,,294. Una vez producida la mencionada incorporación, la expresión "fair
hearing"
se
consolida
y
es
utilizada
en
las
dos
alternativas propuestas como borradores (marzo 1950) aunque por el momento bajo el arto n Q 7. Posteriormente aparece como una cuestión pacifica ya que no es objeto de enmienda alguna a lo largo de toda la tramitación poster ior y hasta su def ini ti va aprobación dentro del arto 6.1 CEDH~s. Con los antecedentes citados tanto la doctrina como la jurisprudencia
alemanas
se
han
esforzado
principio procesal del "fair trial",
en
estructurar
el
sus derivaciones y sus
consecuencias prácticas que le confieren un valor generalizado sobre la dogmática, y que sea preciso tener en cuenta para la formación del proceso penal. El objetivo final de todo ello es el de perfeccionar la situación del acusado en el proceso y por lo
tanto
el
propio
proceso,
aunque
de
ello
derive
algún
solapamiento o modificación de la stPO~.
294 ESPULGUES MOTA/BOQUERA KATARREDONA/SANCHEZ GARCIA Código de Derecho Internacional Privado español, Madrid 1989, p. 727. 295 Report of the Conference of Senior Officials, Strasbourg 0817.06.1950. Fifth Session of the Committee of Ministers, Strasbourg 03-09.08.1950. Recommendation n Q 24, adopted 25th August 1950. Documents prepared by the Secretariat General, september-october.1950. Meeting of the Committee of experts on h~man rights, Paris 21-24.02.1951 y Strasbourg 18-19.04.1951. y flnalmente el Informe preparado por la Comisión para cuestiones iegales y Administrativas, de 02.10.1951, en el que se recomienda a "no alteration" con respecto al arto 6.1 MRK. 296 HEUBEL H. Der "fair trial" •.• , op. cit. pp. 143 Y ss. 164
El principio del proceso debido Uno de los problemas fundamentales del principio "fair trial" es que adolece de la falta de un concepto meridianamente claro, lo que inevitablemente lleva a la existencia de versiones que en definitiva impiden sacar el concepto de la oscuridad en la que sus contornos se mantienen,
siempre con respecto al
derecho alemán297 • Para que el "fair trial" pueda ser válido como principio del penal
proceso
no
basta,
HEUBEL298 ,
entiende
con
una
fundamentación referida en exclusiva al arto 6.1 MKR, Y ello por que atentaria contra lo pretendido por los estados contratantes que quisieron lograr, y el estudio realizado de los trabajos previos a la redacción del MKR confirma este punto de vista, un minimo stándar de garantias efectivas, no un suplemento dirigido a completar normas internas procesales alli donde, como era el caso de Alemania con la stpo, el minimo stándar al que haciamos referencia estaba amplia y efectivamente garantizado299 • Concluye
HEUBEL
su
argumentación
afirmando
que
no
es
aceptable con respecto al proceso penal actual en Alemania, un "fair
trial"
dominante.
formulado
como
principio
o
máxima
procesal
si cabria por contra su admisión como principio
general de equidad en manos de los
OOJJ~.
297 HEUBEL H. Der "fair trial" .•• , op. cit. pp. 143 Y ss. 298 HEUBEL H. Der "fair trial" ... , op. cit. pp. 143 Y ss. 299 PFEIFFER G. en Karlsruher Kommentar •.. , op. cit. p. 13, n Q 28. "El derecho del inculpado a un "faires Verfahren" está básicamente regulado en la stPO." 300 HEUBEL H. Der "fair trial" ••• , op. cit. pp. 144 Y 145. PFEIFFER G. en Karlsruher Kommentar ••• , op. cit. p. 13, n Q 28. I'Para el Juez de lo Penal la oferta de un "fair trial" supone una 165
Iñaki Esparza Leibar Establecida
la
existencia del
principio
informador
del
Derecho Jurisdiccional alemán, "fair trial/faires Verfahren", y una
vez
referidas
las
diferentes
concepciones
sobre
su
fundamentación - GG, CEDH y stpo - y virtualidad, como principio supremo
del
ordenamiento
o
exigible, realizadas
como
procesal
mero
principio
principalmente
por
la
por
tanto
general
inmediatamente interpretativo,
doctrina,
pasaremos
a
continuación - tal y como anunciábamos en páginas anteriores como tercera cuestión a plantearse - al análisis del alcance concreto del principio, al11 donde ha sido establecido, principalmente por la jurisprudencia que próxima
a
quienes
se ha decantado por una
consideran el
principio
como
acepción más supremo
del
ordenamient0301 •
111. CONTENIDO Y ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUTIVOS DEL "FAIR TRIAL/FAIRES VERFABREN" EN EL PROCESO ALEHAN
Ya se avanzó en páginas anteriores la intención de explorar el alcance
del
"faires
Verfahren"
no
exclusivamente
en
lo
concerniente al proceso penal, y ello fundamentado en que el arto 6.1 CEDH del que, según se ha visto ya, surge para el Derecho Procesal alemán la garant1a que nos ocupa no se limita al proceso
. . pauta interpretati va; . •• en relación con un proceso ldldo por los principios de justicia y equidad". Strafverfahrensrecht, op. cit. 166
El principio del proceso debido penal sino que también hace referencia al proceso civil 302 , aunque no
se diga expresamente en el mencionado art.
y
6.1,
determinada jurisprudencia entiende que su exigibilidad debe alcanzar a todos los procesos, incluido el equivalente a nuestro contencioso-administrativo~.
En cualquier caso en las páginas
que siguen haremos referencia unicamente al proceso penal sin ocuparnos de otro tipo de proceso con el objetivo de no ampliar excesivamente el campo de estudio. Una vez delimitado el Objeto de nuestra investigación para las
páginas
siguientes,
nos
centraremos
nuevamente
en
el
principio del "faires Verfahren" cuyo origen y arraigo respecto al derecho procesal alemán ya han sido objeto de comentario. Lo que a continuación pretendemos es analizar el contenido mismo del principio, sus manifestaciones y sus limites, para ello deberemos en primer lugar determinar el rango normativo que al CEDH - donde se contiene el principio que nos ocupa -
corresponde en el
derecho interno alemán3M • 302 VOLLKOMKER H. Der Anspruch der Parteien auf ein faires Verfahren im ZivilprozeB, en Gedachtnisschrift für Rudolf Bruns, MUnchen 1980, pp. 195 Y ss. BRUNS R. ZivilprozeBrecht, München 1979, rdn. 17b. DORR D. Faires Verfahren •.• , op. cit. p. 71. 303 EuGRZ 1978, 405 Y ss. (Caso Konig) y EuGRZ 1979, 650 Y ss. (Caso Winterwerp). La referencia española en BJC Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 25 años de jurisprudencia 1959-1983, Caso Konig, Sentencia de 28 de junio de 1978, TEDH 21, pp. 449-467. Caso Winterwerp, Sentencia de 24 de octubre de 1979, TEDH 27, pp. 579-595. 304 A este respecto existen dos posibilidades de incorporación de los convenios internacionales suscritos por Alemania al derecho interno alemán, la primera de ellas a través del arto 25 GG que opera como una disposición general de incorporación de algunas de aquellas normas, "Generelle Transformation" que supone que las mismas tengan primacia sobre las leyes federales, es decir y a los efectos que ahora nos interesan, rango 167
Iñaki Esparza Leibar La cuestión del rango normativo del CEDH no es pacifica, ni como veremos intrascendente, y existen dos opciones principales al respecto: 1)
Para
la
primera
de
ellas,
sustentada
por
la
jurisprudencia y parte de la doctrina, el rango del CEDH dentro del derecho alemán es el de una ley federal ordinaria, siendo el principal
argumento
en
el
que
se
apoyan
el
de
la
"Transformationstheorie" que explica el cambio que experimenta la CEDH al incorporarse al derecho interno a través de una ley federal ordinaria~. 2) La otra opinión principal sustentada unicamente por un sector de la doctrina,
entiende que el CEDH tiene dentro del
derecho alemán el mismo rango normativo que la GG, y fundamentan su postura precisamente en el arto 25 de la
misma~.
constitucional. La segunda posibilidad es la contemplada en el arto 59.2 GG según el cuál será preciso un acto especial - una ley federal - "Spezielle Transformation" para su incorporación al derecho interno alemán, con valor de ley ordinaria federal. 305 BVerfGE 1, 396. BVerfGE 4, 157. BVerfGE 6, 290. BVerfGE 10, 271. BVerfGE 30, 272. BVerfGE 34, 384. BVerfGE 41, 88. BVerfGE 47, 365. BVerfGE 52, 313. BGHSt 21 81, 84. RESS G. Die Wirkungen der Urteile des Europaischen Gerichtshofs für Menschenrechte im innerstaatlichen Recht un vor innerstaatlichen Gerichten, Informe presentado en el Quinto Coloquio Internacional sobre el MRK, Frankfurt a. M. 9 - 12 Abril de 1980, p. 32. BLECKKANN A. Allgemeine Grundrechtslehren, Koln 1979, p. 24. MAUNZ/DÜRIG/BERZOG/SCBOLZ Grundgesetz, München 1982, T.I, arto 1, Rdnr. 58 f. TIEDEMANN K. Rechtsgrundlagen .•• , op. cit. p. 5. 306
ECBTERHOLTER R. Die Europaische Menschenrechtskonvention im JZ 1955, pp. 689 Y ss. -¡SCBE L. Die innerstaatliche Bindung des deutschen Gesetzgebers in die Europaische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und QtUndfreiheiten, Koln 1961, pp. 32 Y ss. SCBORN B. Die ~ropaische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und ~Undfreheiten, Frankfurt a. M. 1965, pp. 44 Y ss. PIECK W. Der ~~hmen der verfassungsmaBigen ordnung,
El principio del proceso debido Parece finalmente predominar la postura citada en primer lugar y por tanto decisivo el hecho de que la aprobación de la CEDH se produzca para el Derecho alemán a través de una ley federal ordinaria - Ley de aprobación de 7. agosto. 1952 (BGBl 1952
II
S
diciembre.
685, 1952,
953),
la
posterior
Y finalmente
entra
ratificación en vigor
con
es
de
5.
fecha
3.
septiembre. 1953 (BGBl 1954 II S 14) - hecho éste que determinará su rango
normativo posterior,
ley
federal
ordinaria307 •
otro
argumento que fortalece la postura adoptada es que el recurso de queja constitucional "Verfassungsbeschwerde" no pede interponerse fundándolo en una lesión del CEDH~. En lo que si parece haber acuerdo entre la doctrina alemana es en considerar como un principio fundamental que el proceso debe de
estar diseñado y
posteriormente desarrollarse
"fair
rechtsstaatlich"- en una traducción aproximada, adecuado a las exigencias de un Estado de Derecho - y que dicho principio es el resultado de un largo desarrollo a cargo tanto de la doctrina
Anspruch auf 1966, pp.
ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren, Berlin 3 Y ss. GUARADZE H. Die Eurooaische ~enschenrechtskonvention, Berlin y Frankfurt a. M. 1968, pp. 17 Y ss. Art. 25 GG: "Las normas generales del Derecho Internacional PÜblico son parte integrante del derecho federal. Estas normas tienen primacia sobre las leyes y constituyen fuentes directas de derechos y obligaciones para los habitantes del territorio federal" • 307 DORR D. Faires yerfahren .•• , op. cit. p. 91. Seria por tanto 'quiparable en rango a la stpo y por tanto inferior a la GG. !08 Si cabrá el recurso ante el EuKomMR tal y como los arts. 24 z 25 del propio MRK establecen. 169
Iñaki Esparza Leibar como de la
jurisprudencia~.
Este principio regirá la actuaci6n
de los 6rganos estatales a quienes corresponde el desarrollo de la
normativa
procesal,
especialmente
en
lo
relativo
al
establecimiento de la autolimitaci6n de los instrumentos de poder que deberá hacerse en forma no s610 correcta, sino también limpia _ "fair" En
_310.
cuanto al
siguientes
alcance
aspectos
del
concepto podemos
procedentes
de
sentencias
extraer del
los
Tribunal
constitucional Alemán: 112) El derecho a un "faires Verfahren" no comprende por si
ninguna
exigencia
o
prohibición
concretas,
el
detallar
su
contenido preciso es tarea del legislador, que tras determinar los limites del derecho permitirá y obligará a los Tribunales a su aplicación311 • 212) La limpieza/equidad/fairness es un elemento integrante
y que caracteriza al estado de derecho312 • 3 g) Como un derecho subj eti vo del inculpado que no podrá ser violado en aras de la búsqueda de la verdad que persigue el proceso pena 1 313 •
309 BVerfGE 26, 66 = NJW 1969, p. 1423. BVerfGE 46, 206 = NJW 1978, p. 151. BVerfGE 63, 45 = NJW 1984, p. 113. HEUBEL H. Das " . . h _IIf.. al.r trl.al" ... , op. Cl.t. DORR. D. . Fal.res Ver f aren .•• , op. Cl.' t . tOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung ••. , op. cit.
BVerfGE 30, 1, 27
=
NJW 1975, p. 103.
BVerfGE 57, 250, 275. BVerfGE 63, 45. BVerfGE 57, 275. 170
---El principio del proceso debido 4 Q ) En un estado constitucional de derecho no podrá ser el acusado objeto de cualquier proceso,
sino precisamente de un
proceso que le permita a lo largo de su tramitación la defensa de sus derechos lo que enlaza con el derecho al nombramiento de un defensor de oficio cuando ello fuere necesari0314 • Un
5 Q)
proceso podrá
exista
cuando
en
él
ser considerado certeza
la
limpio/equitativo
procesal
"gewisse
verfahrensrechtliche" de la igualdad de armas entre el MF y el inculpado en el proceso pena131S •
Debe ser resaltada la labor de la jurisprudencia del BVerfG empleando el "faires Verfahren" no sólo como principio general interpretativo de las leyes - dado que no se han prodigado al respecto -
sino como instrumento para la deducción de otros
principios independientes en el ámbito del Derecho Procesal, v. gr.
de
"Waffengleichheit"/igualdad
armas,
o
"Fürsorgepflicht"/obligación de asistencia316 • otra de las situaciones que la jurisprudencia ha catalogado como contraria al "faires Verfahren" es aquella en la que los órganos que realizar
legalmente tienen atribuida
la persecución penal
actuen de
la competencia para forma
abusiva317 •
La
prohibición del abuso al que nos referimos se ha materializado
314 BVerfGE 46, 202 210. BVerfGE 57, 250, 275. 315 BVerfGE 38, 105, 111. 316 SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnung ••• , op. cit. Einleitung, Kap 6, Rdn. 19 a. 317 BGHst 15, 11. BGHst 21, 236. BGHst 29, 396. 171
p
c
Iñaki Esparza Leibar en normas concretas como el S 154a stpo,
que determina
las
limitaciones de la persecución penal 318 • Una de las cuestiones que no por obvia debemos de dejar de mencionar es que el derecho a equi tati vo,
es predicable
de
un "faires Verfahren" /proceso todos
los
participantes
en
actor privado, testigos, víctimas del delit0319
proceso solamente
de
la
parte
procesal
más
débil,
es
el
-
no
decir
el
inculpad032o • También se pueden apreciar en el texto de la stpo parágrafos en los que se materializa esa extensión del "faires Verfahren" a otros sujetos del proceso distintos del inculpado, lo que supone en definitiva una facilitación de los derechos procesales,
v. gr.
SS 378,
397,
sobre la posibilidad para el
acusador privado de servirse de la asistencia de un defensor. Con respecto a
las víctimas del delito y también respecto a
los
testigos SS 406d - 406h, stPO.
IV. MANIFESTACIONES DEL "FAIR TRIAL/FAIRES VERFAHREN" EN EL PROCESO PENAL ALEMAN
Podría pensarse, y quizá haya sido así originariamente, que la estructura a la que fundamentalmente responde cada sistema procesal, acusatorio o inquisitivo, determinará los medios que 318 Sobre este punto en general vid. WEBER F. Der MiSbrauch ltrozessualer Rechte im strafverfahren, GA 1975. RÜPING/DORNSEIFER Qysfunktiona1es Verha1ten im ProzeS, JZ 1977. WEIB J. MiSbrauch ~n Anwaltsrechten zur ProzeSsabotage, AnwBL 1981. 319 Vid. Ley de protección de las víctimas delitos/ "OpferschutzG" de 18.12.1986, (BGB!. 1 2496).
320 BVerfGE 38, 105. BVerfGE 58, 105. 172
de
El principio del proceso debido puedan arbitrarse para alcanzar el grado óptimo en la protección de los derechos "jurisdiccionales" del hombre o lo que serla lo mismo,
para alcanzar el "fair trial",
asl
corresponderá al
sistema procesal continental -en su ralz inquisitivo v.
gr.
España o Alemania, en el que se parte de la esencial desigualdad entre los sujetos intervinientes en el proceso - un conjunto de medios, de alguna manera compensatorios de dicha desigualdad, que obligen a la objetividad y el deber de asistencia de los órganos procesales (MF y OJ) con respecto al sujeto pasivo y en principio más
débil
del
proceso
("Fürsorgepflicht lt ) ,
medios
que
en
principio parecerían inadecuados por innecesarios en un proceso en el que las partes tienen garantizada "ab initio" una absoluta igualdad. El equivalente en el modelo acusatorio - proceso de partes, v. gr. USA - deberá para garantizar el "fair trial" velar por la efectividad y mantenimiento a lo largo de todo el proceso de esa igualdad de de posibilidades ("Waffengleichheit)
,,321,
cuyo
uso estarla originariamente excluido en un proceso en el que como se ha dicho se parte de la desigualdad entre los sujetos del proceso. Lo anterior serla unicamente defendible de modo absoluto desde un punto de vista teórico-dogmático puro, pero supondrla simultáneamente un olvido de la situación real que no es otra que la existencia de sistemas procesales hlbridos o mixtos que participan, aún partiendo de uno de los dos sistemas clásicos
321 Vid. comentario al respecto en TIEDEMANN K. Los movimientos ae reforma del proceso penal y la protección de los derechos humanos, Introducción y cuestionario concerniente al Tema n Q 3 del XXV Congreso de la AIDP, Toledo 1992. 173
.. Iñaki Esparza Leibar acusatorio o inquisitivo,
de las carácterísticas de ambos 322 ,
siendo su resultado el fruto de la combinación de manifestaciones privativas de los sitemas considerados en su pureza, y por tanto, en principio,
incompatibles
(v.
gr.
proceso inquisitivo con
posibilidad de actuación del principio de oportunidad, cuando sería el principio de legalidad el que correspondería en una concepción estricta3D ) con la única finalidad y límite de lograr una protección y un respeto más perfectos de los derechos humanos en el proceso, un "fair trial,,324. Entendido así vemos que en un proceso en el que se combinen manifestaciones de los sistemas inquisi ti vo y acusatorio (la práctica totalidad de los sistemas continentales), habrá lugar para compaginar los instrumentos que,
en la búsqueda de la
igualdad de armas "Waffengleichheit" y del deber de objetividad y asistencia "Fürsorgepflicht", han sido desarrollados con el
objeto de garantizar la finalidad ya dicha, el "fair trial". Una técnica
procesal
correctamente
entendida
debería
permitir
extender el uso de los mencionados instrumentos, en la medida de la realidad y las posibilidades de cada uno de ellos, a otros procesos además del proceso penal, cuestión que más adelante retomaremos.
322
MONTERO I ORTELLS I GOMEZ I MONTON Derecho Jurisdiccional penal, Barcelona 1991, pp. 16 Y ss.
111 «
~roceso
323 GlMENO/HORENO/ALMAGRO/CORTES Proceso penal, Valencia 1990,
Pp. 62 Y ss. 324 FAIREN GUILLEN V. Doctrina general del Derecho Procesal. h.acia una teoría y ley procesal generales, Barcelona 1990, p. 38. En lo relati vo al principio del respeto a los "Derechos Fundamentales" •
174
El principio del proceso debido Entendernos que el descrito es el caso del proceso penal actual en Alemania y avanzarnos que posiblemente sea también el caso del proceso penal en España.
A. El principio de la igualdad de armas/ "Waffengleichhei t 325 "
Este es el momento de desarrollar algo que ya se apuntó en páginas anteriores, nos referirnos al principio de la igualdad de armas
"Waffengleichheit,,326.
Cuyo
origen
se
sitúa
en
la
interpretación del arto 6.1 CEDH, siendo su fundamento último el principio "audiatur et altera pars,,327, y guarda relación con la garant1a,
procedente
del
derecho
anglosajón,
del
"natural
justice". El significado del "Waffengleichheit" se concreta en que "cada parte procesal dispondrá de iguales y suficientes oportunidades para manifestar su pretensión", y significa también
325 BVerfG NJW 75, 103. Según la cuál el derecho a un "fair trial" /juicio justo, contiene espec1ficamente la exigencia de una igualdad de armas procesal entre la parte acusadora y la parte inculpada - acusada. XÜLLER E. Der Grundsatz der Waffengleichheit im Strafverfahren, NJW 1976, pp. 1063 Y ss. 326 vid. en general TETTINGER P. J. FairneB und Waffengleichheit. Rechtsstaatliche Direktiven für ProzeB und Verwaltungsverfahren, München 1984, con respecto a los procesos penal, civil y administrativo. 327 PEUKERT W. Die Garantie des "fair trial" in der StraBburger Rechtsprechung, en EuGRZ 1980, p. 254. Existe también la postura de fundamentar el principio de la igualdad de armas en el arto 3 GG, as1 BGHSt 12, 136, 139. ARNDT A. EroffnungsbeschluB, ~echtliches Gehor und Menschenrechts Konvention¡ Erschopfung des Rechtswegs¡ die Wahrheitsfrage und das demokratische Rechtsstaatsprinzip, NJW 1960, pp. 1191 Y ss. 175
se
Iñaki Esparza Leibar que
"ninguna de
las partes
será discriminada
frente
a
las
demás ,,328. La necesidad de un principio procesal que actúe en el sentido que acabamos de manifestar, se hace patente cuando nos encontarmos con ordenamientos, como es el caso del alemán, en donde el poder y los medios con los que cuenta el estado titular del "ius puniendi" para el esclarecimiento y persecución de los hechos delictivos son limitadas
las
incluso después de racionalizadas y
atribuciones
de
sus
propios
órganos
desproporcionadamente mayores a los medios que el inculpado puede utilizar en su
defensa3~.
Así por ejemplo el MF podrá dentro del
procedimiento preliminar, "Vorverfahren", citar testigos para su interrogatorio
161a
(S
stPO),
pudiendo
incluso
forzar
la
efectividad de la comparecencia (S 51 stPO). Puede también el MF y en todo momento servirse de la ayuda oficial de la autoridad
pública (S 161 stPO),
especialmente pOlicía judicial
(S
163
stPO), e igualmente puede permitirse sufragar el alto costo que determinada investigación pude suponer imputándolo a la hacienda pública. Estos son sólo ejemplos a través de los que se puede apreciar la abismal diferencia en cuanto a medios, materiales,
entre
el
MF
y
el
imputado
en
al menos
general
cuyas
prerrogativas no son en modo alguno comparables. El concepto se basa en la consideración, para el proceso penal, de la acusadora y la inculpada como posiciones procesales
-------DORa D. Faires Verfahren ... , 328
;¡~ SC~E~ K. en •
E~nle~tung,
op. cit. p. 74.
LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnunq ••• , op •
Kap. 6, Rdn. 14. 176
El principio del proceso debido opuestas igualmente legitimadas, y que en consecuencia deberán ser dotadas de iguales armas para la consecución de sus fines procesales. Pero los "roles" procesales de acusador e iculpado son tan diferentes que no será posible hablar de una igualdad de armas
absoluta
entre
la
posición
acusadora,
obligada
a
la
investigación de los hechos y los inculpados facultados para la negación y el silencio sobre los mismos3~. La situación descrita requerirá
no una
igualdad de
"armas",
sino una
oportunidades
("Chancengleichheit")
equilibrio del
derecho de ambas partes en la medida de las
diferentes
el
sentido
de
un
necesidades que para cada rol procesal deben ser
satisfechas, superando
en
igualdad de
una
esto
garantizarla
consideración
igualmente
de
la
un
igualdad
"fair de
trial"
armas
como
absoluta331 • Consciente de esta situación la ley alemana busca compensar o equilibrar la situación,
y para ello se sirve de dos vías
principalmente: La primera de ellas a través del instituto de la defensa necesaria, tratando de extenderla al máximo a todo lo largo de la actividad procesal,
(vid.
S§ 140 y ss. stPO).
La segunda línea de actuación tiene como objetivo garantizar la objetividad en la actuación del MF
(S 160, ap.
(2) stPO),
330 Vid. referencia jurisprudencial en nota n Q 32 de SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnunq ... , op. cit., Einl. Kap.
6, Rdn . 15, P . 128. 331 KÜLLER E. Der Grundsatz der Waffengleichheit ••• , cit. NJW 19 76, 1063. KLEINKNECHT/MEYER StrafprozeBordnung, op. cit., Einl.
Rdn. 88, pp. 18 Y 19. 177
p
fe Iñaki Esparza Leibar habilitando los medios que permitan su sustitución cuando existan indicios que permitan dudar de su objetividad"2. Se considera al principio del que ahora nos ocupamos como una parte esencial del "fair hearing" al que se refiere la versión en lengua inglesa del art. 6.1 CEDH333 • Es perfectamente comprensible a tenor del contenido del principio de la igualdad de armas que su ámbito de aplicación pueda
extenderse
al
proceso
civil
donde
la
igualdad
de
oportunidades y la no discriminación de las partes es, al igual que en caso del proceso penal, perfectamente
exigible3~.
En la sentencia del asunto NEUMEISTER de 27.06.1968, el Tribunal es de la opinión y as! lo pone de relieve, que el principio del "Waffengleichheit" es un elemento esencial para que se dé un "faires Verfahren,,33S. Existen sin embargo opiniones contrarias a la consideración del principio de la igualdad de armas como integrante de los principios que rigen el proceso penal alemán, y ello fundamentado en que dicho proceso no es un proceso de partes, v. gr. posición 332 OLG stuttgart, MOR 1974, 688. vid. en esta tesis doctoral y dentro de la parte dedicada a los Estados Unidos el punto 3.i Objetividad en la conducta del MF-Deber-Control/"Conduct of the Prosecutor-Duty". 333 SANDERMANN A. "Waffengleichheit" im strafprozeB. Zu den rechtlichen Grundlagen dieses Rechtinstituts, (tesis doctoral) , Koln 1975, pp. 11 Y ss. Kommissionsbericht Nr. 524/59 y 617/59, Ybk 6, 676, p. 696. 334 Kommissionsbericht Nr. 434/59, Ybk 2, 354, pp. 360 Y ss. 335 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, T. 1, 143 fundamento n g 22, BJC Tribunal Europeo de Derechos Humanos ..• , op. cit., Caso Neumeister, sentencia de 27 de junio de 1968, TEDH 5, pp. 67-87. SANDERKANN A. "Waffengleichheit" ••• , op. cit. pp. 20 Y ss. 178
El principio del proceso debido del MF en la vista principal del proceso, lo que imposibilitaría absolutamente3~.
la igualdad, al menos entendida
1. Manifestaciones del principio "Waffengleichheit"/
Igualdad de armas en el proceso penal alemán:
a. Presunci6n de inocencia/"Unschuldsvermutung"
La presunci6n de inocencia se incorpora al derecho alemán a través del CEDH, y más concretamente se explicita en su arto 6.2
que
a
incardina
su
vez
la
dentro
jurisprudencia del
principio
Derecho/"Rechtsstaatsprinzip,,337.
constitucional del
alemana
Estado
de
Lo que se pretende conseguir
a través de la presunci6n de inocencia es que aquellas personas cuya culpabilidad todavía no ha sido probada sean consideradas en el proceso como inocentes, siendo así que es precisamente la prueba
practicada
con
todas
las
garantías
y
dentro
de
la
336 HÜLLER E. Der Grundsatz der Waffengleichheit im ªtrafverfahren, en NJW 1976, pp. 1063 Y ss. Debemos, sin embargo, recordar que el proceso penal USA no es tampoco un proceso puro de partes, pero existen mecanismos que ante cada situaci6n, v. gr. la posici6n mencionada del MF en la vista del proceso, permiten adaptarla a las exigencias del principio de la igualdad de armas, en este caso mediante el deber de objetividad que se predica del MF, vid. parte dedicada al proceso penal USA, apartado 3. i Objeti vidad en la conducta del MF-DeberControl/"Conduct of the Prosecutor-Duty", la situaci6n se adaptaría a. las exigencias del "Waffengleichheit". 337 "Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet,
~a6 der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig
1st". BVerfGE 22, 254, 265. 179
Iñaki Esparza Leibar correspondiente fase procesal la que será capaz de destruir dicha presunción338 • La efectividad de la ficción que supone la presuci6n de inocencia se extiende a todo lo largo de las diversas fases del proceso penal, hasta la eventual convicci6n de la culpabilidad del imputad0339 • si al final del proceso subsistieren las dudas respecto a la culpabilidad del acusado, procederá una sentencia absolutoria, sin que sea posible mantener el proceso en suspenso en tanto en cuanto las mencionadas dudas sean resueltas.
b. Derecho de Audiencia/"Rechtlichen Gehors"
Se encuentra recogido en el arto 103.1 GG - Todos tienen el derecho a ser oídos legalmente ante los Tribunales - y constituye un presupuesto imprescindible para la producción de una sentencia que sea ajustada a derecho. El fundamento último del derecho de audiencia es el de dar a la persona, cuyos derechos se van a ver previsiblemente afectados por un proceso, pronunciarse
al
respecto
de
un modo
la posibilidad de
relevante
de
cara
al
resultado del mismo>W.
c. Derecho a la información/ "Umfassende Belehrung über die Beschuldigtenrechte"
338 BGH NJW 75, 1829, 1831.
BVerfGE 35 202, 232. 340 BVerfGE 9 89, 95. BVerfGE 34 1, 7. VOLLROKMER M. Der Anspruch
~ Parteien .•• , op. cit., p. 200 Y ss.
180
El principio del proceso debido
Establecen los SS 136.1.1 Y 243.4.1 stpo que desde el primer interrogatorio el inculpado recibirá una completa información sobre
sus
derechos,
participándole
de
la
posibilidad
pronunciarse sobre la acusaci6n contra el formulada,
de
o de no
declarar sobre la causa341 • En el caso de que el Presidente de la Sala omita su deber de informar al acusado tal como establece el S 243.4.1 stpo, lesionando
el
derecho
a
la
informaci6n
del
mismo,
será
de
aplicaci6n la prohibición de emplear la declaraci6n asi'obtenida como prueba en el proceso, ya que el acusado debe ser consciente de su derecho a no actuar como testigo contra si mismo342 • si
la omisión del deber de informar al acusado de sus
derechos
se
produce
en
el
procedimiento
preliminar
y
es
atribuible bien al MF bien a la policia, § 136.1 stpo, no se produce el efecto ya visto de inutilizar dicha declaraci6n como fuente
de
considera
prueba
en
el
según reiterada
proceso
subsiguiente,
sino
que
se
jurisprudencia como un mero error
341 § 136.1.1 stpo "Al comienzo del primer interrogatorio se comunicará al inculpado el hecho que se le imputa y las disposiciones penales que sean de aplicaci6n. Se le advertirá que es libre según la Ley de declarar sobre la inculpaci6n o no, de declarar sobre la causa, y siempre, también antes del interrogatorio, de consultar a un defensor por él elegido •.• " § 243.4.1 stpo "A continuaci6n será advertido el acusado de que es libre de pronunciarse sobre la acusaci6n, o de no declarar sobre la causa •.• " La traducci6n de los preceptos de la stpo es de GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal alemán ••• , op. cit., pp. 264-434. 342 BGHSt 25 325, 331. 181
lfiaki Es arza Leibar
procedimental no perseguible o sancionable, es decir a efectos procesa l es intrascendente~3 .
d
Derecho a Un Pr .
OCeso rápidO/"Speedy trial" _ IIKonZentrationslllaXilllell
pesar de la relación causa-efecto entre la excesi Va ~ del pleito y la , '6 d 1 duracion consiguiente dism1nuc1 n e as A
posibilidades de mantener una correcta defensa por parte del sujeto pasivo del mismo y Por tanto siendo patente la necesidad de sustraer la duración del Pl"oceso de los intel"eses pal"tid1stas, por razones de economla procesal pero también de justicia, nos encontramos con que no existe dentro del del"echo alemán otro mandato expreso de agilización del proceso que el l"ecogido en el art. 6. 1 CEDH. Sin embargO la Stpo contiene algunas disposiciones cuyo contenido, aunque no de forma eXpresa, contempla la cuesti6n que nos ocupa. A dicho COnjunto de normas es al que la doctrina refiere C011\o "" . '344 alemana se ~onzentrabonsmax1me" •
170~n~7~. ~HSt ~egún CU~l
343 BGHSt 22, 25, 325, 331. BGHSt 31, 395. Sin embargo existe alg la JUrlSprudencia reciente BGHst 38, 214, 231, (27.02.1992) r no será Posible el apl"OVechamiento de las declaraC:'0nest eallzadas Por el imputado en el primer interrogatono an e la POlic1a, si previamente no ha sido cuerpo. instruido sobre sus derechos por los fUncionarios de dicho
stPo.S~~~e co~ s~pera \l~ Se~~encia,
344 § 228 la susPensi6n o interrupción de la vista principal, deC1Sl cr·?e. corresponde al Tribunal y que será aplicada un l ' .erlo restrictivo. S 229 Stpo Sobre la duraci6n máxlma de a lnterrupci6n o la reiniciación de la vista principal si ,!e el Plazo preVisto para la misma. S 268.3.1 u Stpo Publicac16n Plazo máximo y de no respetarse el plazo para la P1 2 lcaClon, deberá Volverse a iniciar la vista StPo principal. e Plazo de la ejecutoria. Cabe resaltar la preocupaclón q n Alemania, como en otros muchos lugares,
S.275·u~
182
El principio del proceso debido En general cabe afirmar que la excesiva duración del proceso no
supone,
a
decir
de
la
más
jurisprudencia~5,
amplia
un
impedimento procesal para la continuación del mismo. sin embargo existen opiniones en el sentido de que los retrasos, al menos aquellos
imputables
a
las
autoridades
encargadas
de
1&
persecución penal (MF y polic1a), deber1an poder ser controlados asignándoseles consecuencias relevantes para el es precisamente a
proceso~,
pues
aquellas autoridades a quienes corresponde
vigilar por el escrupuloso cumplimiento de los derechos del acusado. sin embargo hay casos en los que el excesivo alargamiento del
proceso
perjudica
de
manera
especialmente
intensa
los
derechos del sujeto pasivo del proceso, para estos supuestos la jurisprudencia permite la adopción de medidas de mitigación que compensen
de
alguna
manera
la
lesión
descrita~7.
Puede
as1
permitirse una reducción de la responsabilidad penal del acusado
despierta la saturación de los órganos encargados de ejercitar la función jurisdiccional que es una de las principales causas de excesiva y anormal duración de los procesos, por ello se ha elaborado una ley para la descongestión de la administración de justicia "Gesetz zur Entlastung der Rechtpflege" de 11 de enero de 1993, (BGB1. I, 50) que afecta principalmente a los procesos penales y civiles. 345 BGHSt 21, 81. BGHSt 24, 239. BGHST 27, 274. BGHSt 35, 137. 346 BVerfG NStZ 1984, 128. BVerfG NJW 84, 967. BGH NStZ 82, 291. OLG Stuttgart, JZ 1974, 268. SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die ~trafprozeBordnung ••• , op. cit. Einl. Kap. 12, Rdn. 92, p. 264. 347 BGHSt 35 137, 141. 183
Iñaki Esparza Leibar (§
46.2
StGB)
o
la
desaparición
determinada persecución penal (§ 153
del
interés
público
en
StPO)~8.
e. Medios de prueba - Prueba ilícitamente obtenida/ "Beweismethoden - Gesetzeswidrig erhobene Beweise Ol
La argumentación empleada para hacer frente a los medios probatorios que surgen paralelamente al desarrollo general, y que lógicamente no contempla la stpo en su redacción original e eon más de un siglo de antigüedad, es la siguiente: Dado que según la GG cualquier restricción de las libertades fundamentales precisa de una base legal
(art. 19.1 GG349 )
,
entonces también
cualquier restricción en los derechos fundamentales que provenga de la necesidad de obtener y asegurar la prueba para el proceso, de acuerdo con las nuevas posibilidades, precisará de un apoyo legal expreso.
De esta manera el legislador viene regulando
progresivamente en la stpo nuevas posibilidades tendentes a la incorporación al proceso de fuentes de prueba (v. gr.
§ 81
stPO)
sobre el internamiento para dictaminar sobre el estado psíquico del inculpado o sobre la investigación corporal que permite las extracciones de sangre " •.. para la constatación de los hechos que
348 BGH NStZ 1990, 94. 349 Art. 19.1 GG "Cuando de acuerdo con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser restringido por ley o en virtud de una ley, ésta deberá tener carácter general y no Ser limitada al caso individual". 184
El principio del proceso debido fueran de importancia para el proceso u3SO , o el S 100 a Sobre el control de las telecomunicaciones) 351 A la vista de las disposiciones existentes hay autores que estiman, desde una interpretación restrictiva, que no existen bases legales suficientes para permitir la lesión de los derechos fundamentales que la intercepción electrónica o la investigación genética suponen3S2 • Existen
también,
vid.
S
136.a
stpo,
determinadas
prohibiciones respecto al uso de medios para la obtenci6n de pruebas ya que menoscaban directamente la libertad de decisión
y de
actuación del
inculpado.
Así
la
hipnosis,
el
llamado
detector de mentiras o el empleo de narcóticos3s3 • Por legales
lo que afecta al control del respeto a en
la
búsqueda
y
obtención
de
pruebas
las reglas tanto
por
funcionarios de policía como por miembros del MF, existen dos posibilidades complementarias:
350 BGHSt 11, 213, 214. BGHSt 24, 125, 129. stpo § 81 a. 351 BGH NJW 76, 1462. 352 No existe un desarrollo sistemático preponderante sobre la prohibición de la prueba, lo que provoca la existencia de discrepancias doctrinales y jurisprudenciales al respecto, GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, T. 11, op. cit. pp. 94 Y ss. GOSSEL K. H. Gedachtnisschrift für Karlheinz Meyer, 1990, p. 121. 353 Con respecto al detector de mentiras, KLEINKNECHT/MEYER strafprozeBordnung, op. cit. § 136.a Rdn. 24. SCHWABE J. Rechtsprobleme des Lügendetektors, NJW 1979, 576. SCHWABE J. Der ~ügendetektor vor dem Bundesverfassungsgericht, NJW 1982, 367. BVerfG NStZ 1981, 446. BVerfGE 49, 89, 141. BGHSt 5, 535. Y en relación con la hipnósis, SCHLÜCHTER E. Das Strafverfahren, Rdn. 91, 1983. Respecto al detector de mentiras no existe obstáculo a que el interrogatorio se practique mediante su empleo siempre que lo acepte voluntariamente el inculpado, BVerfGE 49, 286, 298. 185
Iñaki Esparza Leibar a). Control inmediato de la legalidad de las investigaciones realizadas a cargo de los Tribunales, que autorizarán o no su práctica
(v. gr.
SS stpo 100.b.1, respecto al control de las
telecomunicaciones, 6 105.1, respecto a los registros).
b). Control mediato a través de la prohibici6n de plantear ante los Tribunales pruebas ilegalmente obtenidas, que deberán ser rechazadas (vid. S 136.a.3 stpo, en referencia a los métodos de interrogatorio prohibidos)3~.
f. Derecho a guardar silencio - Derecho a no declarar contra si mismo/"schweigerecht" - "Nemo tenetur se ipsum accusare"
El principio según el que nadie está obligado a declarar contra si mismo, puede deducirse de la obligaci6n constitucional de protección de la dignidad humana, arto 1 GG. La
finalidad
de
dicho
principio
es
la
de
excluir
la
posibilidad de obligar al imputado a cooperar activamente en la formación
de
la
convicción
sobre
si
mismo,
y
la
forma
de
conseguirlo es mediante la prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del
imputado que haya
sido conseguida
mediante la violación del principio del que nos ocupamos 3SS . El acusado puede utilizar este derecho de estime
oportuna,
no
necesariamente
deberá
la forma que
hacerlo
de
forma
354 GOSSEL K. B. Strafverfahrensrecht, op. cit., pp. 187 Y ss. 355 BVerfGE 56 37, 44. 186
El principio del proceso debido absoluta, es decir puede pronunciarse sobre todas las cuestiones que se le planteen o solamente sobre algunas de ellas. En el caso de que el acusado haga pleno uso de su derecho a
guardar
silencio,
ninguna
no
consecuencia
podrá
por
desfavorable3~.
ello
derivarse
para
él
Por el contrario puede el silencio
parcial del acusado reportarle consecuencias desfavorables, ya que la libre apreciaci6n de la prueba, Tribunal
valorar esos
§ 261
stpo, permitirla al
silencios parciales por haberse,
las
declaraciones del acusado, constituido en medio de prueba357 •
g. Derecho a la defensa/"Verteidigung"
"La participaci6n de un defensor, incluso contra los deseos del acusado,
es considerada como primordial para el interés
público: Su concurrencia determinará la efectividad del principio de igualdad de armas/ "Waffengleichheit" (Y por tanto del "fairtrial"), la transparencia del proceso, la estructura dialética en la búsqueda de la verdad, y la autolimitaci6n y autocontrol de los poderes públicos, asimismo garantizará la atenci6n a los intereses individuales del imputado,,358. El derecho a la elecci6n del defensor está recogido en el § 137.1
stpo, que permite la elecci6n de un defensor para cada
356 BGHSt 25 365, 368. 357 HANACK E. W. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung .•. , op. cit. § 136 Rdn. 27, pp. 363, 364. En general sobre esta materia, ROGALL K. Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, Berlin 1977. BGHSt 20 298, 299. 358 BESS CH. Die Zulassigkeit aufgedrangter Fürsorge gegenüber ~m Beschuldigten im StrafprozeB, Frankfurt am Main 1989, p. 6. 187
Iñaki Esparza Leibar fase
procesal,
con un máximo de
tres,
y
con
la
limi tación
recogida en el S 146 stpo sobre la inadmisibilidad de un defensor común
para
varios
inculpados 359 •
La
defensa
únicamente en los supuestos recogidos en el
será
S 140,
necesaria
stPO~.
A través del S 147 stpo, se autoriza al defensor al ~Jtámen
de la causa, en principio, a todo lo largo del proceso~l. En los casos en los que exista la sospecha suficientemente fundada
de
que
el
defensor
ha
incurrido
en
alguno
de
los
supuestos de los SS 138.a o 138.b stPo~2, podrá el mismo ser excluido del proceso de que se trate; Exclusión que podrá ser
359 BVerfGE 39, 156, 165. BVerfGE 45, 354, 358. NStZ 1982, 294. 360 Es especialmente llamativo que en la lista de supuestos, S 140 stpo, en los que será la defensa necesaria, no figure expresamente el de falta de recursos económicos del imputado, si bien el n Q 2 del párrafo 82 de dicho S 140 stpo, permite al presidente cierto margen, en base a supuestos genéricos que la jurisprudencia va perfilando, para el nombramiento de defensor. v. gr. para el caso concreto de falta de recursos económicos que permitan costear un defensor de elección surge, como exigencia del "faires Verfahren", el derecho al nombramiento de un defensor por parte del Tribunal, también en casos especialmente complejos para la casación, BVerfGE 46, 202, 213. Vid. BVerfGE 9, 35, 38. BVerfGE 39, 238. BGHSt 15, 306. En general vid. SCHMIDT H. Die Pflichtverteidigunq, München 1967. BAHN K. Die notwendige verteidigung im StrafprozeB. Schriften zum ProzeBrecht, Berlin 1975. 361 LÜDERSSEN K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung ••. , op. cit. S 147 Rdn. 119, p. 272. BGHSt 30 131, 139. BVerfGE 63 45, 59. 362 La última redacción de ambos parágrafos corresponde a la Ley de 14 de abril de 1978 (BGBl I, S 497). DÜNNEBIER H. AusschlieBung des verteidigers und Beschrankung der Verteidigung, NJW 1976. BVerfGE 9, 124, 132. BVerfGE 31, 306, 308. BVerfGE 38, 105, 118. BVerfGE 39, 156, 168. 188
El principio del proceso debido revocada
tan
pronto
como
se
cumpla
alguno
los
supuestos
contemplados en el S 138. a. 3 Stpo363. "Se permitirá al inculpado la comunicación escrita y oral con
su
defensor,
incluso
cuando
no
se
encontrara
libre".
Establece como norma general el S 148.1 stpo, pero a continuaci6n y para determinados supuestos considerados especialmente graves
el n g 2 del mismo parágrafo autoriza el control judicial de dichas comunicaciones. Respecto a los interrogatorios judiciales, tanto el imputado como su defensor tienen el derecho a estar presentes en el interrogatorio de testigos o peritos, SS 168.c.2 y 247 stpo, as! como también tienen derecho a que se les comuniquen previamente las fechas de los interrogatorios, salvo que con ello hicieran peligar el éxito de la investigaci6n, S
168.c.5~.
Dentro del proceso puede el acusado desempeñar un papel activo
en
su propia defensa
Una de
"Rechtsstaatsprinzip"en su vertiente
las
finalidades
jurisdiccional,
que
del se
manifiesta con especial intensidad en el apartado relativo al derecho a la defensa del que nos ocupamos, consiste en garantizar un ámbito de autonomía que permita al acusado no ser un mero objeto del proceso. Se pretende lograr un equilibrio entre dicha
363 En general sobre la exclusión, vid., GOHEZ COLOHER J. L. La exclusi6n del abogado defensor de elecci6n en el proceso penal, Barcelona 1988, pp. 21-51, Y en particular sobre la revocaci6n, Pp. 47-49. 364 Los mismos derechos les asistirán cuando el interrogatorio Se lleve a cabo por medio de Juez comisionado o requerido de auxilio, SS 223 Y 224 stPO. En el caso del S 247 stpo, desalojo del acusado durante los interrogatorios, se deberá comunicar al mismo la declaración realizada en su ausencia. BGHSt 1, 346. 189
Iñaki Esparza Leibar autonom1a y una genérica obligación de asistencia de los poderes püblicos que se manifiesta a través de medidas protectoras "Waffengleichheit", "Fürsorgepflicht" - irrenunciables para el acusado. Alcanzado el mencionado equilibrio dentro del proceso, tendrá el acusado los instrumentos que le permitan influir en el devenir y en el resultado final del As1
por
ejemplo
tendrá
mismo~.
derecho,
él
o
su
defensor,
a
preguntar a testigos y peritos, siempre y cuando sea autorizado para ello por el Presidente,
S
240.2 stPO~.
Existe también la posibilidad para el defensor de realizar, junto con el MF, un interrogatorio cruzado con los testigos y peritos presentados por el acusado y con aquellos presentados por el MF, S 239.1 stPO. Finalmente
podrá
el
acusado
declarar
después
del
interrogatorio de cada uno de los testigos, peritos o coacusados, asi como después de la lectura de cada uno de los escritos, y dispondrá del derecho a pronunciar la ültima palabra, aunque el defensor hubiera hablado ya por él,
SS
incluso
257.1 Y 258.2
Y 3, StP0367 • Cabe hacer en este punto una referencia a la cuestión del delator
o
gente
de
confianza,
"V-Mann"
o
"V-Leute",
cuya
identidad podrá excepcionalmente mantenerse en secreto a lo largo del proceso siempre que concurran circunstancias de especial 365 BVerfGE 9, 89, 95. BVerfGE 26, 66, 71. BVerfGE 46, 202, 210. BVerfGE 63, 380, 390. BVerfGE 65, 171, 174. HESS CH. Die ~Ulassigkeit ... , op. cit., Einl. 366 BGHSt 9, 363. BGHSt 16, 67. BGHSt 7, 281. BGHSt 8, 155. 367 BGHSt 3, 368. BGHSt 9, 77. 190
El principio del proceso debido gravedad que así lo aconsejen, v. gr. riesgo para la vida del testigo368 •
h. Derecho a un intérprete gratuito/"Anspruch auf ein Unentgeltlich Dolmetscher"
Según el arto 6.lll.e CEDH~, el imputado extranjero - que tiene los mismos derechos procesales fundamentales o lo que es lo mismo el mismo derecho a un "fair trial" (proceso con todas las
garantías)
desconozca
la
que
un
lengua
imputado de
alemán370
trabajo
del
-
siempre
Tribunal
o
y
no
cuando pueda
expresarse en aquélla, en el caso de un proceso ante la justicia, tendrá derecho a la asistencia gratuita de un intérprete371 •
368 BGHSt 33, 83, 88. En general sobre esta cuestión, TIEDEMANN/SIEBER Die Verwertung des Wissens ven V - Leuten im Strafverfahren. Analyse und Konseguenzen der Entscheidung des GroBen Senats des BGH (Beschl. v. 17.10.1983 - GSst 1/83 = NJW 1984, 247 Y ss.) NJW 1984, pp. 753 Y ss. 369 Art. 6.lll. "Jeder Angeklagte hat mindestens die folgenden Rechte:" e) "Die unentgeltliche Beziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichtts nicht versteht oder sich nicht darin ausdrücken kann". "Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la AUdiencia", La traducción española se recoge en RAMOS HENDEZ F. Código procesal civil internacional, op. cit., pp. 189-191. 370 BVerfGE 40, 95. 371 EGMR NJW 1985, 1273. EuKomMR NJW 78, 477. C. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 96 j). 191
S
185 GVG. ROXIN
Iñaki Esparza Leibar B. El principio del deber de asistencial " FUrsorgepflicht372 "
1. Introducci6n
En la misma idea en la que descansa el principio de igualdad de armas,
es decir
la constataci6n del mayor peso de
los
instrumentos de los que se sirve el Estado para la persecuci6n penal frente a aquellos que el sujeto pasivo de la misma dispone para su defensa, y con el prop6sito de atenuar el exceso de fuerza de la posici6n del Estado en el proceso penal - que recordemos no es un proceso de partes en el caso alemán - , aparece el principio del deber de asistencia ("Fürsorgepflicht", en lo sucesivo FP) como modulador de las relaciones entre los sujetos procesales públicos (OOJJ, MF, funcionarios judiciales, funcionarios policiales), y los sujetos procesales que no tienen 372 Ya a finales del siglo pasado encontramos en la doctrina alemana una inequlvoca referencia al FP, "Junto al derecho de las partes aparece la obligaci6n del Tribunal de preocuparse de la aplicaci6n de los principios procesales en cada proceso." GLASER J. Handbuch des Strafprozesses, T. 11, Leipzig 1885, p. 504. si bien no es hasta tiempos más recientes cuando tras un mayor desarrollo tanto doctrinal como jurisprudencial puede afirmarse que el principio del "Fürsorgepflicht" se deriva, o mejor es una concreci6n del principio del "fair trial" (junto con el principio de la igualdad de armas/"Waffengleichheit, el principio "in dubio pro reo" y el derecho a la defensa a lo largo de todo el proceso) qUe a su vez es un componente esencial del principio del estado ~e derecho de los arts. 1.1.1 Y 28 GG, en su vertiente Jurisdiccional, vid. GOSSEL K. B. strafverfahrensrecht, T. 11, op. cit., pp. 61 Y 62. Sobre su naturaleza jurldica como Principio general procesal, SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG pie ~trafprozeBordnung ••• , op. cit. Einleitung Kap. 6, Rdn. 26. El significado de la palabra "Fürsorge" en lengua alemana serla "la a~uda/asistencia que alguien necesita" ("die jemand umsorgende ¡hlfe"), AKADEHIE DER WISSENSCHAFTEN, Worterbuch der deutschen ~enwartssprache.
192
El principio del proceso debido tal carácter y para los que sería impensable establecer una obligación de conocer las normas procesales y de atenerse a ellas. Especialmente se hace referencia al imputado/acusado373. Originariamente el FP actúa una vez que el proceso,
en
abstracto, para el que se han establecido determinadas garantías como
las
que
integran el
principio que
ya
conocemos de
la
igualdad de armas, pasa a ser un proceso real entre partes con sustantividad propia. Su función, habilitar
los
canales
que
llegados a este punto, es la
permitan
la
mayor
fluidez
en
la
información que a su vez será determinante a la hora de preparar la defensa del sujeto pasivo del proceso, y su actividad a todo 10 largo del mismo de la forma que más favorezca a sus intereses. Se pretende en definitiva mediante el FP ayudar a los sujetos procesales que 10 precisen, especialmente a la parte más débil, de tal manera que sean perfectamente conscientes de su situación procesal, sus derechos, sus posibilidades, las consecuencias que para ellas se pueden derivar del proceso.
El FP actuará con
especial intensidad en los casos en los que el acusado se sitúe en una posición de duda o desconocimiento con alcance procesal
373 VON LOBBECKE B. Fürsorgepflicht im StrafprozeB?, GA 1973, p. 200. KUMLEHN R. Die gerichtliche Fürsorgepflicht im Strafverfahren. Darstellung der nicht normierten ProzeBpflichten inbesondere des Strafrichters gegenüber den Angeklagten, Gottingen 1976. PLOTZ W. Die gerichtliche Fürsorgepflicht im Strafverfahren, Lübeck 1980. HEGMANN J. Fürsorgepflicht gegenüber dem Beschuldigten im Ermittlungsverfahren, Bochum 1981. KÜBLWEIN Qie prozessuale Fürsorgepflicht im Strafverfahren, 1985. SCHAFER l. en LOWE/ROSBHBERG Die strafprozeBordnung ••• , op. cit. Einleitung, Kap. 6, Rdn 23. KLEINKNECHT/KEYER gtrafprozeBordnung ••• , op. cit. Einleitung, nr. 155 y ss. ROXIN c. Strafverfahrensrecht, op. cit. S 43 DV, pp. 32 Y ss. HESS CH. Qie ZUlassigkeit ••• , op. cit., pp. 51 Y ss. 193
Iñaki Esparza Leibar práctic0374 •
Con respecto a los demás sujetos procesales el FP
tiende a garantizar el correcto desarrollo del proceso en todas sus fases. Podrlamos, siguiendo a la jurisprudencia, distinguir entre un
FP
entendido
fundamental estr icto,
y
en sentido
amplio,
universa1 37s ,
y
un
como principio FP
entendido
en relación con casos concretos,
procesal
en
sentido
como un auténtico
derecho subjetivo del acusado, fuente de derechos y obligaciones para los sujetos del proceso y cuya lesión abrirá la posibilidad del recurso de casación (S 337 stPO) o provocará la ineficacia ("Unwirksamkei t" ) del proces0376 • La obligación de asistencia no corresponde unicamente al OJ, si bien le es propia la parte más extensa e inportante de la misma,
asi alcanza también a
los miembros del MF en cuanto
curadores del derecho en la medida en que resulte compatible con su tarea,
alcanza
también
a
los
funcionarios
de
policia
e
FP y
su
igualmente a los funcionarios del Juzgad03TI • No
es
delimitación
sencilla la clasificación dogmática del respecto
a
otros
principios
e
instituciones
fundamentales del proceso penal (v. gr. la defensa necesaria, el 374 BGHst, NJW 1951, 83. BGHSt, MOR 1973, 388. HansOLG Hamburg JR 1956, 28. 375 OLG Oüsseldorf GA 1958, 54. BGH NJW 1973, 154. BayObLG NJW 1959,2273. HansOLG Hamburg MDR 1964, 524. 376 HansOLG Hamburg NJW 1967, 1577. OLG Celle NJW 1961, 1319. OLG Celle NJW 1974, 1258. OLG Koln NJW 1970, 720. PLOTZ W. Die aerichtliche •.. , op. cit. p. 69. 377 LG Aachen, NJW 1961, 86. KLEINKNECBT T. Anm. zu LG Aachen. v. 11.6.1960, NJW 1961, pp. 86 Y ss.KOBLHAAS K. ~rsonlichkeitsschutz im Strafverfahren, ZRP 1972, pp. 52 Y ss.
JL..
194
1,
11
I
El principio del proceso debido principio de inmediaci6n, el principio de celeridad, incluso con el principio de la igualdad de armas/ "Waffengleichheit,,378), si bien la mayor parte de la doctrina consigue, desligándolo del principio del "faires Verfahren" del que depende TI9 , un
significado
adelantado,
independiente
en
el
sentido
que
dotarlo de ya
cuyo desarrollo corresponderá en todo caso I
hemo§ como
viene siendo habitual en el tema del que nos estamos ocupando, a la doctrina y más especificamente a la jurisprudencia3w • Todo ello supone la inexistencia de un concepto propiamente dicho o de una normativizaci6n precisa al respecto. aunque
en
progresivo
retroceso,
no
Dicha situaci6n,
contribuye
a
alejar
la
sensaci6n de imprecisi6n sobre el contenido y los limites del FP. Aunque es precisamente esa falta de normativizaci6n precisa la que permite una constante redefinici6n del FP por la doctrina y
378 ULSENHEIKER K. Zur Rege1ung des Verteidigeraussch1usses in SS 138 a-d, 146 n. F. stpo, GA 1975, pp. 109 Y ss. SANDERHANN A. "Waffeng1eichheit" in strafprozeB .•• , op. cit., pp. 165 Y ss. 379 Es impensable el desarrollo del FP fuera de un proceso presidido por el principio del "Faires Verfahren". OLG SaarbrUcken VRS, T 25, p. 66. 380 ROXIN C. strafverfahrensrecht, op. cit. Ein1. § 2 B, pp. 11 Y 12. PLOTZ W. Die gericht1iche FP •.• , op. cit., pp. 49 Y ss. Y 333. MAIWALD K. Zur gericht1ichen FUrsorgepflicht im StrafprozeB und ihren Grenzen, en Festschrift fUr Richard Lange zuro 70. Geburtstag, Ber1in y New York 1976, p. 764. La primera referencia al FP por parte de la jurisprudencia la hallamos en la Sentencia de 17.08.1955 del HansOLG Hamburg, NJW 1955, 1938, en uno de cuyos fundamentos se hace referencia a la lesi6n que supone la supresi6n de la asistencia debida por el Tribunal hacia el acusado. 195
Iñaki Esparza Leibar la jurisprudencia, y la consiguiente adaptación y renovaci6n del principio del "fair trial,,381. A la meta final expuesta de igualar en la práctica las posibilidades y medios de la parte acusadora con respecto a la parte acusada sirve como objetivo parcial, y ello nos
permitir~
adentrarnos en lo que el FP supone, la pretensi6n de reducir las inevitables
y
perjudiciales
consecuencias
que
se
derivan
necesariamente de la intervención pública en la esfera privada de los derechos del sujeto pasivo y de otros participantes en el proceso, para lo cual la normalidad en el desarrollo del mismo 10 que implica entre otras cosas celeridad y objetividad, es una de las metas que con el FP se pretende alcanzar. Esta inicial aproximaci6n al FP nos permite percibir que el principio está presente en todas las fases del proceso, desde la investigación previa a la fase preliminar, hasta el recurso de casación (que como veremos cabe por la lesión del FP). Podemos también deducir que los sujetos implicados en el FP son desde luego todos aquellos participantes en el proces0382 , pero es que
381 PLOTZ W. Die gerichtliche FP... op. cit., p. 339. La constante incidencia de la jurisprudencia sobre el concepto "FUrsorge"/ asistencia, ha llevado en los últimos tiempos a la necesidad de distinguir un concepto nuevo "Vorsorge"/ previsi6n que si bien tiene relación con la asistencia, pues se desgaja de la misma, hace referencia a una función más general COn respecto - en principio - al proceso penal, la función de previsión. BGHSt 25, 325, 330.
382 La estructura del proceso penal no se acomoda a un FP simple entre el Tribunal y el acusado en favor de éste, sino que las relaciones son múltiples e interdependientes, afectando a una Pluralidad de sujetos, en beneficio del conjunto del proceso. Vid. SAX w. en KLBIBKNECBT/XÜLLBR/RBITBERGER Loseblattkommentar ~r StrafprozeBordnung, Darmstadt 1980, Einl. 13 y S 244.3. 196
El principio del proceso debido además sujetos ajenos al mismo pueden estar obligados por el deber
de
asistencia,
dada
la
multiplicidad
variedad
y
de
relaciones que preside383 • Debemos
también
tener
presente
que
la
redefinici6n
adaptaci6n a la realidad del contenido del FP es constante
y
sob~e
todo por la jurisprudencia, a lo que añadiremos que la tendencia del legislador contemporáneo es la de desarrollar el ámbito de la
obligaci6n
de
asistencia3M ,
de
todo
lo
cual
podemos
fácilmente concluir que si bien la aprehensi6n del concepto no reviste especial dificultad, no ocurre lo mismo a la hora de fijar sus exactos alcance y limites, y ello no s610 por lo vasto sino además por lo variable del contenido del principio del FP.
2.
Deber
de
asistencia
procesal
de
los
Tribunales/"Gerichtliche-Prozessuale Fürsorgepflicht"
El anclaje constitucional del FP se obtiene a través de los arts. 19.4 Y 103.1 GG, que consagran el derecho de acceso a los Tribunales, precisamente expedito el acceso actuará el FP como
383 Es el caso del S 161 stpo, donde y para llevar a término el procedimiento de averiguaci6n, el MF podrá exigir informaci6n de todas las autoridades públicas, las cuales - aún no siendo sujetos realacionados, a veces en absoluto, con el proceso u: .• quedarán obligadas a atender la petici6n o solicitud de la F1Scalia". 3~4 SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung ••• , op.
Clt. Einleitung, Kap. 6, Rdn. 26. 197
Iñaki Esparza Leibar principio ordenador dominante con la finalidad de conseguir una efectiva protección de los derechos 385 • Aunque existen diferencias en cuanto a la denominaci6n del insti tuto contenido, sujetos
del al
sobre
que nos menos
en
los que
ocupamos 386 , lo
la
posici6n
fundamental
-
en
sujetos
la asistencia recae,
cuanto al obligad(jl~D
finalidad de
la
asistencia, es la de acuerdo practicamente unánime; Así, estarán obligados a prestar la asistencia, cada uno en su respectivo ámbito de actuación,
todas
las autoridades encargadas de la
persecución penal, OJ, MF, policía judicial y los funcionarios de la oficina judicial - también entre ellos387
-.
En cuanto al
defensor, no está obligado a la asistencia en el proceso penal. Finalmente, hay autores que entienden que los peritos en tanto desarrollan una función de auxilio en la dirección del proceso,
385 Art. 19.4 GG "Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía jUdicial. tt Art. 103.1 GG "Todos tienen el derecho de ser oídos legalmente ante los Tribunales." PLOTZ W. Die gerichtliche FP •.. , op. cit., p. 333. 386
"Prozessuale
Fürsorgepflicht"
(FP
procesal)
I
KLElNKNECHT/MEYER StrafprozeBordnung, op. cit. Einl. Rdn. 155 y ss. KÜHLWElN H. P. Prozessuale Fürsorgepflicht, op. cit. otros autores emplean la expresi6n "Gerichtliche Fürsorgepflicht"(FP de los Tribunales), PLOTZ W. Die gerichtliche FP ••• op. cit. MAlWALDM. Zur gerichtlichen Fürsorgepflicht .•. , op. cit. pp. 745 Y ss. GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, T. 11, op. cit. p. 61. En alguna ocasión también "Richterliche Fürsorgepflicht" (FP de los Jueces), PLOTZ W. Die gerichtliche FP •.. op. cit., p. 31. 387 En el caso de los funcionarios, existe un deber general de asistencia a los ciudadanos como consecuencia del Estado de Derecho, que tien~ un reflejo procesal a través del FP. KRIEGER l. Das Recht des Bürgers auf die behordliche Auskunft, en fu::hriften zum offentlichen Recht, T 18, Berlin 1971, pp. 50 Y ss. BEYER Die Rechtsprechung des Reichgerichts und des ·~~·~~~~~illU~~~~~Yru~~Udilll~~~~~~~~~~~~, OVBl 198
r El principio del proceso debido podrían
potencialmente
también
estar
obligados
a
la
prestaci6n de asistencia388 . En cuanto a los sujetos sobre los que la asistencia recae, no se
limita al acusado que,
defensor,
sino
que
abarca
efectivamente dispone de un
circunstancialmente carece de también
defenso~89,
a
aquél
acusado
qu~
sea este de elección
Q
de oficio. También recaerá la asistencia sobre acusados a los que se considere doctos en derecho ya que no existe la presunci6n de que efectivamente conozcan los derechos que en un proceso les corresponden390 • Los demás sujetos participantes en el proceso sobre los que recae el deber de asistencia son los testigos, el actor privado y el actor accesorio.
Por lo que a las finalidades que corresponden al FP se refiere, las cuales nos darán una idea más exacta de su contenido y de
su
capital
importancia
dentro del
proceso,
podríamos
inicialmente clasificarlas en tres grandes grupos de objetivos generales:
a. Instrucci6n sobre las posibilidades de actuaci6n y defensa, en especial la "Belehrungspflicht"
388 MAIWALD M. Zur qericbtlicben ••• cit. en Festscbrift ••• op. cit.
p. 747. 389 PLOTZ W. Die gerichtliche FP ••. , op. cit. p. 338. Bay NJW 59, 2274. 390 OLG Koln, NJW 1961, 933. 199
Iñaki Esparza Leibar Se pretende la potenciación de las posibilidades de defensa a través de la información, exahustiva e inequivoca de las mismas a los sujetos procesales que, sobre cualquier hecho digno de consideración hayan sido pertinentemente planteadas391 • Asi el OJ
estará
obligado a
indicar
al
acusado
las
posibilidades
juridicas de defensa de las que dispone, v. gr. S 35.a stpo, acerca de la instrucción sobre recursos, o los SS 115.3.4 Y 115. a. 3 stpo, en los casos de prisión y detención provisional una vez que el inculpado ha sido conducido ante el Juez competente. Igualmente en el caso de los SS 136.1 Y 243.4.1 stpo, instrucción previa al primer interrogatorio e instrucción del acusado durante la vista principal respectivamente. También se garantiza la presencia tanto del inculpado, como de su defensor y del MF, en el interrogatorio judicial de un testigo o perito, y para ello se les comunicarán previamente las fechas del mismo, salvo supuestos excepcionales, S 168.c stPO. También cabe reseñar que dentro del derecho a intérprete gratuito que veiamos en el capitulo anterior como integrante del principio de "Waffengleichheit", existe una manifestación del FP, en tanto en cuanto el Juez puede, si lo estima necesario, modular la mayor o menor inclusión
extensión de de
la traducción del
declaraciones
y
acta u
explicaciones
en
ordenar el
la
idioma
extranjero, en función de criterios subjetivos, S 185 GVG. 391 Vid. S 139 ZPO, para el proceso
C1V1.
BGH 6, 282, 284. BGH
MDR 72, 925. La ilustración o información debe proporcionarse de forma equilibrada y adecuada a cada situación para evitar un exceso "überschieBenden Aufklarung" I que podria causar confusión, BayObLG NJW 1959, 2273. Sobre la preparación de una correcta defensa para el acusado como elemento integrante del concepto de FP, OLG Hamburg MOR 1964, 524. BGH NJW 1963, 1114. 200
El principio del proceso debido En definitiva la obligación de asistencia se impone al Tribunal
para
todas
aquellas
situaciones
de
las
que
pueda
derivarse algún efecto favorable para el acusado u otros sujetos procesales
interesados3~.
La lesión de la citada obligación de
instrucción y facilitación de la defensa al acusado, elemento necesario del "fair trial" - también imprescindible a lo largo del procedimiento preliminar - abrirá la posibilidad de recurso incluido el de casación - 393, pudiendo producirse la ineficacia del proceso, ya que aunque los errores de la voluntad no pueden de ordinario causarla se produce una excepción cuando 'el error haya sido provocado por una lesión del FP, v.
gr.
casos de
renuncia a recursos como consecuencia del incumplimiento del
El FP faculta al OJ, SS 228, 229, 265.4 stpo, a decretar la suspensión o interrupción de la vista principal y a establecer la duración de la misma dentro de los limites que la ley permite. Los supuestos en los que ello será preciso harán referencia en general a todas
aquellas situaciones en las que se produzca
392 MAIWALD K. Zur gerichtlichen FP •.. , op. cit., p. 745. 393 DENCRER F. Willensfeh1er bei Rechtsmitte1verzicht und Rechtsmittelzurücknahme im StrafprozeB, MOR 75, 371, 1972. GOSSEL K. R. Strafverfahrensrecht op. cit., pp. 161 Y 189. vid. S 338 stpo, sobre los motivos de Casación absolutos, n 2 8, "Cuando la defensa hubiera sido limitada inadmisiblemente por auto del Tribunal, en un punto esencial para la resolución". 394 ROCR R. J. Prob1eme des Rechtsmittelverzichts, JR 1964, pp. 255 Y ss. JOACRIK R. Oie Berücksichtigung von Willensmangeln bei
n1chtrichterlichen ProzeBhand1ungen im StrafprozeB, Erlangen NUrnberg, 1970. BGHSt 18, 257, 261. BGHSt 21, 38. 201
Iñaki Esparza Leibar cualquier circunstancia que afecte a la presencia del defensor en la vista principal o a la preparación de la
defensa~s.
El FP obliga al Tribunal a un aplazamiento del juicio oral cuando pretenda leg1timamente el acusado sustituir al defensor de elección que previamente ha sido rechazado como tal por el propio Tribuna 1 396 • También se ve obligado el Tribunal, como consecuencia del FP Y a fin de permitir al acusado una mejor defensa, a facilitar el interrogatorio de testigos que se hallen en el extranjero y cuyo testimonio se considere útil para la defensa, y en general el Tribunal deberá permitir - el § 245.2 stpo le obliga a ello la práctica de las pruebas propuestas por el acusado en su
395 V. gr. por enfermedad del defensor participante, OLG Düsseldorf GA 1958, 54. OLG Celle NJW 1965, 2264. Por retraso del defensor a causa de la desfavorable climatolog1a o del estado de las v1as públicas, OLG Hamm GA 1974, 346. Como consecuencia de la insuficiencia del mandato, OLG Celle NdsRpfl 1964, 234. Por la colisión o superposición en las fechas del defensor participante, OLG Hamburg MOR 1964, 524. OLG Hamburg NJW 1967, 1577. OLG Hamm NJW 1969, 943. Por la sorpresiva readmisión para la práctica de pruebas en el plazo establecido para dictar sentencia, BayObLGSt 1962, 226. OLG Saarbrücken VRS 25, 66. En el caso de asuntos especialmente complejos que precisen de más tiempo del ordinariamente asignado para su preparación, BGH NStZ, 1983 281. 396 OLG Koln, NJW 1970, 720. vid. § 145.1 stpo, sobre incomparecencia del defensor y correlativa obligación del Presidente del Tribunal de nombramiento de otro defensor para el inculpado o, alternativamente, suspensión de la vista. BGHSt 15, 306, sobre la posibilidad de nombrar por el Tribunal, un defensor necesario paralelo al de elección cuando sea previsible que con ello se evitarán problemas en el futuro desarrollo normal del proceso. También se producirá el aplazamiento o la interrupción de la vista principal en los siguientes casos: Por cambio del defensor necesario durante la vista principal, BGH VRS 26, 46. BGH NJW 1965, 2164. En los casos de excesiva brevedad del plazo para designación de un defensor necesario previamente a la vista principal, BGH NJW 1963, 1114. Por el tard10 conocimiento de la citación por el acusado, OLG Celle NJW 1961, 1319. 202
El principio del proceso debido solicitud de prueba, salvo que las mismas fueran inadmisibles, impertinentes,
interpuestas con finalidad dilatoria,
etc.
El
rechazo de una solicitud de prueba requerirá un auto del Tribunal (S 244.6 stPO). La lesión del FP en este punto crea un motivo que
permi tirá la interposición del recurso de casación397 " . Aún siendo evidente que es el acusado el principal sujeto sobre el que el FP recae, existen supuestos, como ya se anunció, en los que son otros los participantes en el proceso que precisan de la asistencia, v. gr. SS 55 Y 57 stpo, sobre instrucción por el Tribunal a los testigos sobre sus derechos y significado y alcance de sus declaraciones398 • Pero
no
es el OJ el
único
suj eto obligado a
prestar
asistencia, ni es siempre sujeto activo de la misma, en la propia stpo encontramos ejemplos en los que el FP obliga a otros sujetos procesales
diferentes
a
la
realización
actuaciones encuadrables bajo este
de
determinadas
titul03~.
397 BGHSt 22, 118. Un caso llamativo de limitación del derecho a la solicitud de prueba - se restringe a las solicitudes que presente a través de su defensor - se recoge en BGHSt 38, 111( 115, donde se produce un abuso por parte del acusado, (presenta aproximadamente 8.500 solicitudes escritas de prueba), con fines evidentemente reprobables, la limitación será aqui legitima. OLG Hamburg NJW 1955, 1938. OLG Celle MOR 1962, 236. HansOLG Bremen MDR 1959, 779. PLOTZ W. Die gerichtliche FP ••• , op. cit., pp. 46 - 47. TRAUB F. Die Behandlung übergangener, nach § 219 gestellter ~eweisantrage, NJW 1957, 1095 Y ss. NIETBAMHER B. Anmerkung zu QLG Bremen, urteil v. 6.8.1952, JZ 1953, 471 Y ss. 398 La exclusión del letrado de un testigo durante la declaración del mismo lesiona su derecho a un "faires Verfahren", BVerfGE 38, 105, 120. 39 9 ,S 320.2
stpo, FP del MF con respecto al notlficará al acusado, cuando la apelación ella, los escritos sobre interposición y apelación". S 321 stpo, FP del MF con
acusado, "La Fiscalía fuera interpuesta por justificación de la respecto al OJ, "La
203
I 11
j" 11
¡; ,i
Iñaki Esparza Leibar Como puede apreciarse a tenor de las líneas anteriores el FP consiste en gran medida, en estos supuestos de potenciación de las posibilidades de defensa, en instruir al acusado sobre sus derechos en el proceso,
"Belehrungspflicht"~.
Dentro de lo que llamamos potenciaci6n de las
posibilidade~
de defensa y además de la obligaci6n de informaci6n, existirá paralelamente otro deber del OJ para con las partes procesales consistente en la no adopción de resoluciones sorpresi vas o esencialmente
indiferentes,
incongruentes,
actividad defensiva desarrollada por las
respecto
de
la
mismas~l.
Fiscalía enviará los autos a la Fiscalía del Tribunal que conozca de la apelación. Esta entregará los autos al Presidente del Tr ibuna 1 dentro de una semana". § 163 • a . 4 stpo, FP de los funcionarios de policía con respecto al inculpado, "En el primer interrogatorio del inculpado por el funcionario de policía, se comunicará al inculpado qué hechos le son imputados. En lo restante, se aplicarán en el interrogatorio del inculpado por el funcionario de policía el § 136, sobre informaci6n de derechos al inculpado al comienzo del primer interrogatorio, y S 136.a, ambos stpo, sobre métodos de interrogatorio prohibidos. 400 vid. § 3 stpo Austriaca, 1975. PLOTZ W. Die gericht1iche FP ... , op. cit. 333, el FP se manifiesta en la stpo especialmente en la forma del "Belehrungsprinzip" /Principio de Instrucci6n. SCRORN B. Be1ehrungen und belehrende Hinweise im StrafprozeB q JR 1967, pp. 203 Y ss. SCBÜNEMANN B. Die Belehrungspf1ichten der S§ 243 IV, 136 n. F. stpo und der BGH, MOR 1969, 101 Y ss. SEELMANN K. Revision wegen des Unterlassens der Belehrung über das Recht ~ur Aussageverweigerunq, JuS 1976, 157 Y ss. GOLLWITZER W. en LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnung ..• , op. cit., S 226, Rdn. 12. SCBORN B. Die Fürsorgepflicht im Strafverfahren, MDR 1966, p. 640. BAUER G. 'Die Aussage des über das Schweigerecht nicht Qelehrten Beschu1digten, Gottingen 1972, pp. 90 Y ss. 401 GOSSEL K. B. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 166. Vid. § 265.1 stpo, sobre modificación de los puntos de vista jurídicos. "El acusado no podrá ser condenado en base a una ley penal distinta a la citada en la acusación admitida judicialmente, sin qUe previamente se le hubiera advertido especialmente de la mOdificaci6n del punto de vista jurídico y se le hubiera dado OPortunidad para la defensa". PLOTZ W. Die gericht1iche ••. , op. cit. pp. 214 Y ss. OLG Hamburg MOR 1964, 524. BayObLGSt 1962, 226. OLG Saarbrücken VRS, T 25, pp. 66 Y ss. 204
El principio del proceso debido Es
importante señalar que toda la actividad que el OJ
desarrolla en aplicación de las prescripciones del FP, y que como estamos viendo es fundamental en el proceso, debe estar presidida por la
neutralidad~.
b. Facultades de dirección procesal, subsanaci6n de defectos procesales/"Fürsorgepflicht gegenüber dem Verfahren"
La preparaci6n del proceso previamente a su inicio y la subsanaci6n de defectos procesales y eliminación de impedimentos procesales a 10 largo del mismo, F~,
son partes integrantes del
que atienden al correcto desarrollo del proceso. Podr1amos
señalar las siguientes direcciones que el FP adopta para alcanzar el objetivo que nos
ocupa~:
A) Protecci6n de la forma. B) Garantizar un proceso según el espíritu de la stPO. C) Corrección en la direcci6n oficial, concentaci6n, aceleración.
402 BVerfGE 3, 337, 381. BVerfGE 21, 139, 145. BVerfG NJW 1976, Pp. 1391 Y ss. La stpo incluye la posibilidad de recusación del Juez, § 24, articulándola como instrumento que puesto en manos
del MF, del actor privado o del inculpado, permite reaccionar frente a la parcialidad del Juez. 403 BayobLG 65, 2. FP como activador, acelerador del proceso, BGH NJW 1975, 63. 404 PLOTZ W. Die gerichtliche FP ••• , op. cit., pp. 94 Y ss. 205
Iñaki Esparza Leibar Los actos concretos que con respecto a las direcciones de actuación señaladas pueden ser procedentes son de naturaleza muy distinta, v. gr. asegurar la efectiva continuación del defensor necesario405 •
O,
en
determinados
casos,
la
repetición
de
un
concreto acto procesal viciado para evitar en lo posible lcr repetición de la totalidad del proceso o fase procesal, v.
g~<
§ 29.2.2 stP0406.
Otras posibilidades del FP en relación a la direcci6n del proceso,
a
garantizar su efectivo desarrollo,
son v.
gr.
el
aseguramiento de la prueba en aquellos casos en los qué a causa del
transcurso
inutilizaci6n,
del vid.
tiempo §
205
sea stpo
previsible en
el
su
supuesto
pérdida de
o
archivo
provisional del proceso, vid. S 285 stpo en los casos de procesos incoados contra ausentes. La posibilidad recogida en los
SS
251
Y ss. stpo de lectura de actas en los casos de imposibilidad o grave dificultad para la comparecencia de testigos, peritos o coincu1pados
atenderá
también
al
efectivo
desarrollo
del
proces0407 • La obligación de asistencia, en esta faceta de control del correcto desarrollo del
proceso,
se
extiende también a
los
testigos y peritos, además del acusado, respecto de los cuales
405 BGH NJW 1963, 1114. BGH NJW 1965, 2164. OLG Hamburg NJW 1966, 843.
406 KLEINKNECHT/MEYBR strafprozeBordnung, op. cit. Ein1. Rdn • •.. 1~9. SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnung .•• , op. ~>Clt:, Ein1., Kap. 10, Rdn. 25. SCDID W. Zur Hei1ung ~rlcht1icher Verfahrensfeh1er durch den Instanzrichter, JZ 1969, Pp. 757 Y ss. BayObLGSt 1965, 2.
BVerfGE 57, 250, 295. 206
El principio del proceso debido el OJ, normalmente su Presidente y el Tribunal en caso de dudas, dispondrán de facultades dirigidas a impedir la emisi6n de un testimonio de manera más o menos forzada, o al planteamiento por parte de
los
sujetos habilitados
tras
la
autorizaci6n
del
Presidente - Jueces vocales, MF, acusado, defensor y escabinos, (se excluye expresamente el interrogatorio directo de un acusado por otro coacusado) vid. S 240 stpo - de preguntas inadmisibles, vid. SS 241 Y 241 a, en general sobre las facultades de direcci6n de la vista, stpo SS
238
Y
ss.~.
Es patente que la finalidad principal, que mediante las posibilidades que este apartado del FP se alcanza, es la de mantener un desarrollo fluido del proceso que permita su rápida tramitación tal y como exige el arto celeridad y economía
6
CEDH,
en definitiva
procesal~.
c. Rehabilitación del inocente, protección de los sujetos participantes en el proceso
La rehabilitación del inocente que ha debido soportar un proceso penal previo a la dicha declaración debe ser una de las finalidades que el proceso penal debe prever y cumplir, se trata
aqui de la obligación de asistencia para con aquellas personas que resultan no culpables de los hechos que se les imputaron pero qUe
tuvieron que soportar la realizaci6n de un proceso, o la
----------------------
408 OLG Koln, MOR 77, 598. KLEINKNECBT/HEYER StrafprozeBordnung, 0p. cit., Einl. Rdn. 157. 409 BGHSt 15, 306. 207
q
Iñaki Esparza Leibar obligación de asistencia para con aquellos quienes resultaren lesionados a causa del mism0 410 • Con la finalidad antedicha comprende el FP la posibilidad de que bien el OJ bien el MF puedan ordenar, a pesar de estar ya dispuesta la sentencia y por tanto en casos excepcionales, una ulterior aclaración de la misma411 • Es también posible que un proceso penal en el que la única finalidad alcanzable sea la de establecer la no culpabilidad del acusado, dado v. gr. que sea previsible la absolución por falta de pruebas, pueda sin embargo no continuarse412 • Con carácter preventi vo y con respecto a establece el S 68.a stpo,
la exclusión,
los testigos,
salvo que ello sea
necesario, de las preguntas que sobre hechos difamantes le sean formuladas.
El
control
de
dichas
preguntas
corresponde
al
Presidente del Tribunal y supone una manifestación del FP. Finalmente
debemos
considerar
también
dentro
de
éste
apartado una suerte de protección que podemos encuadrar dentro de las facultades del OJ como garante del orden en las vistas, y que también está incluida dentro del FP.
Se trata de la
protección de los representantes del MF, los defensores u otros sujetos actuantes en el proceso, frente a los ataques o lesiones en su honor por el acusado u otras personas asistentes a la vista oral - una vez más el FP puede extenderse a personas totalmente ajenas al proceso, - vid. SS 177, 178 Y 179 GVG, medidas para el 410 GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 166. 411 BGHSt 11, 273. 412 BGHSt 10, 88, 93. 208
El principio del proceso debido mantenimiento del orden durante la vista de la causa, imposición de correcciones a causa del mal comportamiento y ej ecución de las correspondientes medidas de corrección adoptadas.
v.
CONCEPTO
El instrumento fundamental del que el FP se sirve para la consecución
de
sus
objetivos,
la
correcta
preparación
y
desarrollo de la actividad procesal además de la defensa de los intereses
de
los
sujetos
participantes
en
el
proceso,
especialmente los del acusado, es el control y difusión de la información procesal, y ello a través de advertencias, consejos y aclaraciones,
además de una genérica obligación de apoyo -
siempre con el límite de la neutralidad y la objetividad por parte
de
los
asistencia,
sujetos
a
quienes
principalmente el
OJ
corresponde -
dirigidos
el a
deber
los
de
sujetos
pasivos del FP, quienes a su vez tendrán la posibilidad genérica de pedir
aclaraciones
injustificadamente recursos),
y
presentar
rechazadas
solicitudes
abrirán
la
(que
de
ser
posibilidad
de
que les permitan acceder a dicha información para
posteriormente servirse de ella de la manera que mejor atienda a sus intereses413 • La finalidad que se pretende alcanzar con la aplicación del principio
de
la
igualdad
de
armas/"Waffengleichheit"
en
el
Proceso es idéntica a la que con la aplicación del FP se intenta
----------------------
W. Die gerichtliche .•• , op. cit., pp. 334 Y 335. TIPPEN o. Die Verletzung des S 219 als Revisionsgrund, Marburg ¡9 63, pp. 88 a 91.
:13 PLOTZ
209
Iñaki Esparza Leibar lograr, ambos son elementos esenciales del principio del "fair tria1" y ambos conjuntamente aspiran a su consecución. A cada uno de los principios procesales mencionados corresponderá un ámbito especifico propio y unos instrumentos privativos, pese a 10 que, y como ya hemos visto existen zonas de contacto y solapamiento donde la ni la doctrina ni la jurisprudencia han podido - en el caso de que ello sea posible - deslindar con absoluta nitidez
lo~
limites de cada uno de dichos principios, es el caso v. gr. del derecho a la defensa. Recuperando derecho
la referencia a
anglosajón del
presente tesis doctoral, derecho
alemán,
siguiente
es
la c1aúsu1a procedente del
"Oue process
of
Law",
origen
de
la
y para situar su equivalente en el
ilustrativa
-
afirmación de VOLLKOMMER
por
10
simplificada
"El derecho
a
un
la
faires
Verfahren (proceso limpio) es en el derecho alemán la c1aúsu1a no escrita del Due process,,414.
414 VOLLKOHMER H. Oer Anspruch der Parteien .•. , op. cit. p. 219. "Das Recht auf ein faires Verfahren ist die ungeschriebene deutsche due process-K1ause1". 210
PARTE III
EL RECONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LA W" EN LA LEGISLACION y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS
l. lNTRODUCClOIJ
Lo que en las páginas que siguen pretendemos es descubrir en relación a la institución llamada proceso debido/"Due process of law", cuya presencia es, a partir de la promulgación de la CE, evidente en el mundo jurldico español, todas las circunstancias que nos permi tan determinar su naturaleza,
el alcance,
los
contenidos que lo integran, el grupo normativo regulador, etc., lograr en definitiva definir un nuevo instrumento del que podamos efectivamente servirnos, de manera que nos sea posible, si cabe, incorporar la figura a los instrumentos útiles para la labor de interpretar el derecho y de proponer las soluciones más justas tanto para los problemas de nuevo planteamiento que la dinámica jurldica produce constantemente como para aquellas cuestiones cuya óptima resolución requiere de su constante reestudio, adaptación y mejora. Para lograr la finalidad anterior contamos con una serie de materiales que por el momento no han sido tratados de forma sistemática (labor que en estas páginas pretendemos abordar). Entre ellos destaca la doctrina, no sólo procesal sino también propia de otras ramas del derecho, v. gr. consti tucional 41S , que insistente aunque no siempre de forma decidida ha de V. gr. BANDRES SABCBEZ-CRUZAT J. K. Derecho Fundamental al .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, Pamplona 1992. El además de Magistrado del TSJ de Cataluña, es Profesor Dr. iado del Area de Derecho Constitucional de la Universidad de lona. 212
nuestro estudio, el proceso debido. Pero que por otra parte y ello es fundamental ha definido tanto las categorias juridicas como los conceptos y las instituciones de los que necesariamente deberemos servirnos para alcanzar los obj eti vos apuntados
416
•
Dada la amplitud que tras el enunciado proceso debido se adivina no podremos tampoco prescindir del estudio de materias no
propias
exclusivamente
del
Derecho
Procesal,
sino
que
tendremos que acudir a otras ramas del derecho como el Derecho constitucional
y
conceptos
nos
que
el
Derecho permitan
civil la
de
los
que
identificaci6n
adoptaremos
y
correcta
comprensión del proceso debid0417 •
416 V. gr. Todo lo relativo a la teoria de los principios ~e1 proceso, sistema del proceso penal español, principio acusator 7o , derechos fundamentales y garantias procesales, etc. Mater~as tratadas y desarrolladas en la práctica totalidad de los manuales de la disciplina que habitualmente se vienen cita:r:tdo, MONTERO/ORTELLS/GOKEZ/HONTON Derecho Jurisdiccional, op. c~t., tt. I, II, III. GlKENO/HORENO/ALHAGRO/CORTES Derecho proces a 1 op. cit., tt. I, II. DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho procesa Civil, op. cit. GOKEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho procesai Penal, op. cit. GOHEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho proce~a Civil •.• , op. cit. GOHEZ DE LIAÑO F. Proceso Penal, op. c~t. FENECH H. El proceso Penal, op. cit. FENECH H. Derecho procesal civil •.• , op. cit. PRIETO CASTRO/GUTIERREZ DB CABIEDES Derecho Procesal Penal, op. cit. PRIETO CASTRO L. Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., t. l. RAMOS MENDEZ F. Jil procesO Penal .•. , op. cit. RAMOS MENDEZ F. Derecho Procesal civil, op. cit., tt. I, II. etc.
í
417 Entre la doctrina constitucionalista, ALVAREZ CONDE E. ~ régimen politico español, Madrid 1990. DE ESTEBAN/LOPEZ G~ERRA 11 régimen constitucional español, Barcelona 1980. PEREZ LUNO ~d l. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constituci6n, Madr~ 1990. HERNANDEZ GIL A. El cambio politico español Y la Q9nstitución, Barcelona 1982. PECES BARBA G. Escritos sobre gerechos fundamentales, Madrid 1988. DE OTTO l. Dere~~o Q9nsti tucional. sistema de fuentes, Barcelona 1987. Tamb~en deberemos consultar con algunos de los autores civilistas m~s te levantes , v. gr. CASTAN TOBEÑAS J. Derecho civil Español, com n L foral, Madrid 1986. DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derec~º ~Vil, Madrid 1990. LACRUZ/SANCHO/LONA/DELGADO Elementos e ~recho civil. Parte general del Derecho civil, Barcelona 1988. 213
Contamos
también
con
los
resultados
que
la
constante
actividad de los Tribunales en la interpretación del arto 24 CE han producido. En este sentido pretendemos analizar la totalidad de la jurisprudencia proviniente tanto del TC como del TS desde la entrada en vigor de la CE"18. Es precisamente en la jurisprudencia de los dos Tribunales mencionados donde hallamos una notable cantidad de referencias al "proceso debido", "proceso debido según ley" o "proceso justo" y
por
tanto
componen419 •
de
donde
extraeremos
los
elementos
Debemos sin embargo advertir que no
que
lo
es posible
detectar ni en la jurisprudencia del TC ni en la del TS una posición clara respecto al proceso debido, como consecuencia de ello es interesante resaltar que no se llega a producir en la jurisprudencia analizada el desligamiento del proceso debido como institución juridica aut6noma con un contenido propio y por tanto diferenciable de figuras afines, sino que las referencias al mismo vienen sin excepci6n dadas en relación a otros derechos fundamentales, garantias o principios procesales, asi podemos citar sin ánimo, por ahora, de exhaustividad algunos ejemplos de la mencionada constatación: proceso debido y prohibici6n de la indefensión420 ,
proceso debido y principio de contradicci6n o
lo que al TC respecta utilizaremos básicamente la constitucional, editada por la Secretaria General del TC a través del BOE. y la jurisprudencia del TS la estudiaremos en el Repertorio de Jurisprudencia, editado por Aranzadi. 418
Por
~urisprudencia
Sobre la identidad de conceptos como "debido proceso", "proceso legal" y "proceso justo", vid., TIJERINO PACHECO J. H. ~ebido proceso y pruebas penales, San José de Costa Rica 1993, Pp. 35-38. 419
420 STC 50/1982, de 15 de junio, F. J. 4g. 214
audiencia421 ,
proceso debido y principio acusa tor io422 , proceso
debido y derecho de defensa 423 ,
proceso debido y principio de
publicidad424 ,
y
proceso
debido
presunción
proceso debido y tutela judicial efectiva426 ,
inocencia42S ,
de
proceso debido y
motivación de las resoluciones judiciales4v • Como se aprecia a
la simple vista de lo que a modo de
ejemplo hemos transcrito, el ámbito del proceso debido excederia de los contenidos del arto 24 CE, v. gr. sobre la motivaci6n de las resoluciones judiciales arto 120.3 CE, e incluso sobrepasarla los
limites de la propia CE,
asi en el caso del principio
acusatorio que no se contempla como tal en la CE y para cuya correcta comprensi6n deberemos acudir a
la LECrim arts.
642-
644.
Debe
sin
jurisprudencia
embargo que
ser
evidente
analizamos
no
nos
que será
a
la
luz
posible
de
la
alcanzar
nuestro objetivo, determinar la naturaleza y limites del proceso debido,
de forma inmediata,
pero no es menos cierto que las
421 STC 31/1989, de 13 de febrero, F. J. 32. STS de 12 de enero de 1993 (RA 475) F. J. 32. 422 STC 53/1989, de 22 de febrero, F. J. 22. STS de 11 de marzo de 1981 (RA 1107) Considerando 32. 423 STC 74/1984, de 27 de junio, F. J. 22. STS de 7 de febrero de 1992 (RA 1108) F. J. 32. 424 STC 96/1987, de 10 de junio, F. J. 22. STS de 4 de octubre de 1986 (RA 5478) F. J. 8g. 425 STC 107/1989, de 8 de junio, F. septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1 9 •
J.
22.
STS
de
16
de
426 STC 6/1992, de 16 de enero, F. J. 52. STS de 16 de abril de 1990 eRA 2761) F. J. 52. 427 STC 142/1991, de 1 de julio, F. J. 42. STS de 26 de febrero de 1990 (RA 1620) F. J. 42. 215
referencias
obtenidas
del
de
análisis
las
mencionadas
resoluciones nos servirán como elemento interpretativo de primer orden para definir sus limites; podremos además extraer de ella indicios para determinar la naturaleza de la instituci6n que no nos
será
revelada
directamente
por
la
jurisprudencia
que
manejaremos. Una vez
realizada
la tarea descrita de
jurisprudencia de cualquier referencia conscientes de
las
al
rastreo en
proceso debido
limitaciones que acabamos
la y
de mencionar,
teniendo además en cuenta que hemos procedido previamente al estudio de la misma instituci6n, naturaleza y limites, ·tanto en el sistema juridico del que procede (EEUU) como en uno de los sistemas juridicos continentales en el que se ha producido su recepción (RFA), nos vemos en la necesidad, dado que de otra manera poco supondrá nuestra investigación para avanzar en el conocimiento del proceso debido, y en la situación metodológica ideal
para
formular
una
hipótesis
verosimil
sobre
la
real
naturaleza de la institución. Se trata de ofrecer una teoria sólida en la medida que es producto de una investigación que hemos pretendido plantear y realizar correctamente, pero no dejamos de ser conscientes de que la misma no constituye una verdad absoluta o un dogma sino un mero intento de aclarar una institución que se nos ofrece confusa y dificilmente asequible, por lo tanto criticable desde cualquier
Posición igualmente fundada.
11. EL PRINCIPIO DEL DERECHO AL PROCESO DEBIDO EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA 216
A. Planteamiento de la cuestión
No son pacificas en el ámbito de la doctrina espafiola ni el concepto, ni la naturaleza juridica que corresponde al proceso debido, sea como derecho fundamental y por tanto reconocido y positivizado en la CE, sea como garantia de uno de aquell©15' derechos en este caso desarrollado a través de leyes
orgáni~a~
y en su extensión última por la jurisprudencia, sea como principo general constitucional o procesal428 • La propia pertenencia en exclusiva al Derecho Procesal de la materia, derechos y garantias que constituyen la esencia del proceso debido, recogidos en gran medida en el arto 24 y otros de la CE, es insostenible y desde la doctrina se sefiala la intima relación de dichas materias con el Derecho Constitucional en el se fundamentan y del que no cabe desligarlas si se quiere alcanzar su recta
comprensión4~.
No se puede asi desconocer en relación con la institución que nos ocupa la concurrencia legitima de dos ramas del derecho
428 Como derecho fundamental, BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J. K. Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal Constitucional, Pamplona 1992, p. 33; Y SAINZ DE ROBLES P. C. La tutela jUdicial y'el derecho a la justicia. I la STC 93/84. 'de 16 de octubre de 1984, Rev. Tapia, Madrid, mayo - junio 1988, p. 1; La jurisprudencia tanto del TC como del TS se inclina preferentemente por dicha consideración, v. gr. STC 106/1989, de 8 de junio, F. J. 2Q. STS de 9 de febrero de 1993 (RA 952) F. J. 2g. Como garantia constitucional procesal, ALMAGRO NOSETE J. foder JUdicial y Tribunal de Garantias en la nueva Constitución en Lecturas sobre la Constitución, UNED 1978, Y Constitución y ~roceso, Barcelona 1984, pp. 104 Y ss. COUTURE E. J. Y"ocabulario ••• , op. cit., p. 199. GARRIDO FALLA F. Y otros Qgmentarios a la constitución, Madrid 1985, p. 477. Como principio general del proceso, GONZALEZ PEREZ J. El derecho a la tutela jurisdiccional, Madrid 1984, pp. 89 Y ss. 429 GUASP DELGADO J. Derecho Procesal Civil, Madrid 1961, p. 224. 217
público para las que constituye obj eto de estudio, obviamente por razones de ubicaci6n el Derecho Constitucional (y ello tendrá su reflejo en páginas posteriores), pero también por razones de incidencia y eficacia de las propias disposiciones, el Derecho procesa1 430 . La referencia constitucional esencial es el arto 24
~E
coma
plasmaci6n de uno de los aspectos, el ejercicio de la !:ll'iCiml jurisdiccional,
propios del "Estado social y democrático de
Derecho" en que se constituye España según se establece en el art. 1 CE"31. Centrándonos por el momento en el arto 24 CE se aprecia su divisi6n en dos números que tampoco han sido interpretados, en el tema que nos ocupa, de modo unánime por la doctrina.
Se
considera de forma mayoritaria que el arto 24.1 hace referencia al derecho a la jurisdicci6n (derecho de acci6n), es por tanto un derecho de acceso y no comprendido, por ser cosa distinta, en el proceso debid0432 • 430 GlHENO SENDRA V. en ALHAGRO/GlHENO/COR'l'ES/HORENO Derecho Procesal. Parte general ••• , op. cit., p. 185. 431 El arto 24 CE está situado dentro del T1tulo I y más exactamente en la Secci6n lA del cap1tulo Segundo, bajo la genérica denominaci6n "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas". Goza por tanto de la protecci6n espec1fica que en el arto 53 CE se establece. La STS de 9 de febrero de 1993 (RA 952) F. J. 2 Q , identifica al proceso debido con el arto 24 CE Y también con las demás disposiciones de la CE de él derivadas. 432 La STC 46/1982, de 12 de julio, separa claramente ambos epígrafes calificando de "derecho" y de "garant1a previa al proceso" al contenido del número primero, y de "garantías procesales" al contenido del número segundo, obviando toda referencia al proceso debido y no ofreciendo una posibilidad de tratamiento conjunto de todo el arto 24 CE. Sin embargo no todas las resoluciones del TC realizan una separaci6n tan nítida, vid. entre otras, STC 93/1983, de 8 de noviembre o ATC 183/1983, de 27 de abril. Por contra y desde la perspectiva del proceso debido
218
;
Donde encajarla propiamente el proceso debido, en cualquiera de sus acepciones, es en el arto 24.2 que, y siempre a decir de la doctrina mayoritaria, recoge las garantlas que, ya dentro del proceso, aseguran con su cumplimiento el carácter de debido del proceso al que se apliquen. "Aunque la Constitución no impone la existencia de un proceso determinado,
el ejercicio de este¡
derecho - tutela jUdicial efectiva - sl que implica la existencia de
todo
un
consagración
conjunto de
de
una
garantlas
serie
de
que
se
derechos
traducen
en
la
fundamentales,
constitucionalizados en el artlculo 24.2. La importancia de este derecho deriva,
C01l10
nos muestra el caso norteamericano y la
entiende, a juzgar por su tratamiento, Gimeno Sendra que el proceso debido abarca indistintamente los contenidos de los dos números de que consta el art. 24 CE, vid., G:IHENO SENDRA V. Constitución V proceso, Madrid 1988, pp. 73 Y ss. A la misma conclusión llega BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J. K. Derecho fundamental ••• , op. cit., pp. 93 Y ss. Entiende a este respecto ALVAREZ CONDE E. El régimen po1itico español, Madrid 1990, pp. 171 Y ss., que el arto 24 CE, en su conjunto, constitucionaliza el derecho a la jurisdicción, que a su vez se subdivide en el derecho a la tutela efectiva constitucionalizado en el arto 24.1 CE "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legltimos, sin que, en ningún caso, pueda prOducirse indefensi6n.", cuyo contenido lo constituyen a) Libre acceso a los Jueces y Tribunales. b) Derecho a obtener un fallo de aquellos. c) Derecho a que el fallo se cumpla. Y por otro lado quedarla el derecho a un proceso debido constitucional izado en el arto 24.2 CE, cuya existencia se justifica por posibilitar a través de las garantias que acoge la efectividad de la tutela según se pretende en el arto 24.1 CE. FERNANDEZ ENTRALGO J. Constitución, Derecho Penal sustantivo V Derecho Procesal: Lnconstitucionalidad sobrevenida e interpretaci6n conforme a la ~onstitución, en Segundas Jornadas de Derecho Judicial. Lncidencia de la Constitución en las normas aplicables por los ~ribunales de Justicia, Madrid 1985, p. 289, en dicha ponencia se atribuyen al arto 24 (sin distinciones por números u otro tipo de clasificaci6n) los siguientes contenidos: "Derecho a la tutela efectiva de los Tribunales; a la defensa y asistencia de Abogado; garantlas del "proceso debido" ("due process of Law"); derecho a la prueba; ámbito de inmunidad del inculpado como objeto de prueba; presunci6n de inocencia y secreto prOfesional.". 219
cláusula del due process, en buena medida del propio ejercicio de la mayoría de los derechos fundamentales,,433. El contenido del proceso debido estará constituido, a juicio de ALVAREZ CONDE, por los siguientes
derechos4~:
A) Derecho al Juez ordinario. B) Derecho a la asistencia de letrado. C) Derecho a ser informado de la acusación formulada. D) Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. E) Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. F) Derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables. G) Derecho a la presunción de inocencia. 433 ALVAREZ CONDE E. El reg1men ••. , op. cit., p. 181. El proceso debido es aquél que permite que la tutela jurisdiccional sea efectiva, en este sentido el arto 24.2 CE serviría para garantizar el contenido del mismo artículo en su número 1. vid. GONZALEZ PEREZ J. El derecho ••• , op. cit. p. 89. Art. 24.2, párrafo primero CE "Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia." El texto reproducido procede de SERRANO ALBERCA J. M. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ••• , op cit., p. 474. Lo más destacable, sin embargo, lo hallamos en la distinción que el mencionado autor realiza respecto del contenido del arto 24.2 CE, el cual "reconoce, por Un lado, la garantía llamada del Juez natural o Juez legal y, por otro, las garantías del proceso debido.". El proceso debido no es un proceso específico con un contenido definido, sino todo aquél proceso que garantice que no se produzca indefensión, STC 93/1983, de 8 de noviembre. De donde se deduce que el proceso debido no se circunscribe, como al parecer se pretende, al penal sino que podría predicarse de cualquier proceso. ALVAREZ CONDE E. El régimen .•. , op. cit., pp. 179 Y ss. 220
----
Las consecuencias de la falta de claridad que se deriva de la situación que sólo a modo de ejemplo acabamos brevemente de relatar, y que es en parte consecuencia de que tanto la doctrina como la j ur isprudencia no han asumido por ahora la tarea de definir el núcleo y los límites del proceso debido (aunque eso sí,
se han hecho constantes referencias al mismo por el Te
prácticamente desde el inicio de su actividad, y no pocas por parte del TS, quizá por que sea necesario integrar o interpretar de alguna forma los instrumentos que la CE deja explícitamente a
su
disposición),
investigación, científico
la
del
momentáneamente,
son
atendiendo
absoluta
proceso
al
imposibilidad
debido
por
no
objeto de
de
un
nuestra
tratamiento
existir,
al
menos
la posibilidad de partir de un concepto, una
naturaleza jurídica, unos límites, etc., comúnmente aceptados. De
lo
dicho
se
deriva
la
necesidad
de
intentar
la
sistematización y orden de los materiales diversos existentes a la
luz
del
derecho
comparado,
ya
transcrito
en
páginas
anteriores, y de una nueva exégesis de los arts. 1, 24 Y otros de la CE. Para ello y en aplicación de una metodología que estimamos adecuada
a
nuestras
intenciones,
comenzaremos
redefiniendo
conceptos-categorías jurídicas más propios de otras ramas del derecho pero cuyo concurso es imprescindible a la hora de sentar las bases sobre las que el proceso debido descansa. Una última advertencia previa:
Hay que resaltar que la
separación entre los conceptos y categorías que a continuación analizaremos no se produce siempre de forma clara y absoluta, y además advertir de la existencia de instituciones cuya naturaleza 221
.
lO
se corresponde exactamente con alguna de las categorías que
'eremos,
lixta;
sino que puede presentar una naturaleza mÚltiple o
tal es el caso,
'ecogida en el arto 14 CE
v.
gr.,
de la igualdad ante la
ley
435
111. INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES APLICABLES AL PROCESO DEBIDO
A. Principios generales
Entendidos como " ••• ideas base de determinados conjuntos de
lormas, ideas que se deducen de la propia ley aunque no estén ~xpresamente
formuladas
en
ella. ,,436.
Ideas
en
def ini ti va
)roducto tanto de la técnica jurídica como de la ideología socio-
)olí tica de quienes elaboran las leyes437 •
&35 vid. STC 7/1983, de 14 de febrero, voto particular suscrito ~or el Magistrado Díez-Picazo, en el que se equipara la laturaleza de la igualdad con: Los principios generales del ierecho, además de como límite a la potestad legislativa estatal f demás poderes pÚblicos y finalmente como derecho subjetivo de codos los ciudadanos. En el mismo sentido vid. voto particular ;uscrito por cinco Magistrados a la STC 75/1983, de 3 de agosto.
~36 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., Vol. I, parte general, p. 486. Una concepci6n sustancialmente igual !lunque formulada no de manera abstracta y general sino en ~elaci6n a la CE la encontramos en DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El ~qimen constitucional español, Barcelona 1980, T. I, p. 53.
437 MONTERO AROCA J. Introducci6n al Derecho Procesal, Madrid 1979, pp. 208 Y ss. Respecto de los principios procesales como aquellos referentes a temas puramente procesales y Procedimentales, vid. DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El régimen ~nstitucional .•• , op. cit., pp. 247, 248. ALMAGRO NOSETB J. ~der Judicial y Tribunal de Garantías en la nueva Constituci6n, en Lecturas sobre la Constituci6n española, Madrid 1978, pp. 300 Y ss. Por lo que al origen de los principios generales del derecho respecta, todos los autores están de acuerdo en su procedencia jurídico-técnica, pero algunos añaden una segunda 222
Como hallamos
se desprende de la definición que adoptamos, ante
instituciones
que
en
muchos
casos
no
nos
están
reconocidas por el derecho positivo, por lo que se excluye su alegación directa como fuente de derechos invocables ante los Tribunales, pese a lo cual poseen un valor incalculable como elemento para la interpretación e integración, en el sentido más amplio, de las normas por lo que científicamente consideramos imprescindible
su
empleo
para
abordar
el
estudio
de
las
instituciones jurídicas en general, y de aquéllas que constituyen el derecho jurisdiccional en particular. De hecho el CC en su arto 1.4 reconoce expresamente a los principios generales del derecho
el
carácter
de
fuente
del
derecho
además
del
de
informador del ordenamiento al que ya se ha hecho referencia438 • fuente de procedencia, la jurídico-natural; al respecto vid. DE LA OLIVA/FERNANDEZ Lecciones •.• , op. cit., pp. 63 Y ss. Y ESCUSOL BARRA E. Manual de Derecho Procesal - Penal, Madrid 1993, pp. 5960 Y 113 Y ss. LACRUZ/SANCHO/LUNA/DELGADO Elementos de Derecho Civil, V. I, op. cit., § 12, pp. 198-206. DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derecho Civil, v. I, op. cit., pp. 160-168. CASTAN TOBEÑAS J. Derecho civil español, común y foral, t. I, op. cit. pp. 492-500. 438 Existen autores que aun sin dar un concepto, utilizan los principios en el sentido que venimos diciendo, de donde colegimos una anuencia respecto al concepto que de principio general hemos adoptado. ALMAGRO NOSETE/GIMENO SENDRA/CORTES DOMINGUEZ/MORENO CATENA Derecho Procesal op. cit., t. I, vol. I, Parte General, Valencia 1988, pp. 301 Y ss. Clara y contundentemente expresado lo hallamos en PEREZ LUÑO A. E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y constitución, Madrid 1990, p. 276, "los principios SUponen directrices, pautas o "guide lines" fundamentales que orientan la labor del intérprete. Por ello, tales principios, lejos de ser meros "topoi" o lugares comunes producto de la ':lnventio" o de preferencias contingentes de los operadores JUrídicos - como frecuentemente se les concibe -, configuran las lineas básicas que de modo necesario encauzan y orientan la interpretación del sistema constitucional." En el mismo sentido lLVAREZ CONDE E. El régimen ..• , op. cit., pp. 23 Y ss., quien en expresa referencia a la CE afirma que los principios fundamentales del régimen político español aparecen recogidos en e~ Titulo Preliminar de la CE, "cuyas disposiciones tienen el ~lsmo carácter normativo que el resto de su articulado. En este 223
r
¡
otra consideraci6n que cabe realizar en este momento es la constatar
de
la
de
existencia
movimiento
un
de
constitucionalizaci6n e internacionalizaci6n de los principios procesales especialmente en los paises de corte democráticooccidental, principios
con a
lo que estarian bastante definidos
los
que
un
proceso
considerado como fruto de un estado Una
importante
consecuencia
debe
ajustarse
aquellos para
ser
democrático~9.
de
la
positivizaci6n
de
determinados principios procesales es su directa aplicabilidad (v.
gr.
arto
CE:
24
principio
acusatorio,
principio
de
publicidad, etc. en relaci6n con el principio general del Estado de Derecho).
En cualquier caso es preciso constatar que "los
principios desempeñan por si mismos una funci6n normativa; son normas
por
más
que
circunstanciadamente
en
un
desenvuelto,
grado sino
de
enunciaci6n
dotadas
de
no gran
generalidad,,440 •
sentido, pues, no se puede decir que se trata de meras normas programáticas. Ello no impide plantear la cuesti6n de si esta eficacia juridica del Titulo Preliminar, y por tanto de los principios generales en él contenidos, puede ser inmediatamente exigida, es decir, si se pueden exigir pretensiones jurídicas directas de su simple enunciaci6n, o, por el contrario, estas ~retensiones juridicas únicamente pueden ser exigidas de la lnstitucionalizaci6n que de dichos principios se haga en el propio texto constitucional. Esta segunda parece ser la soluci6n adecuada". Pocas lineas después añade el autor " ••. , los ~rincipios generales vienen a constituir el último criterio lnterpretativo, aparte de su propia eficacia juridica, pues no hay que olvidar que, como normas jurídicas que son, se convierten en auténtico parámetro de constitucionalidad".
~39 MONTERO/ORTELLS/GOKEZ Derecho jurisdiccional, op. cit., vol. , Parte General, pp. 488-491 Y ss. GOKEZ COLOKER J.L. El proceso __~&-5a~llQ~, San José 1993, pp. 26 Y 27. GIL A. El cambio pOlítico español y la Barcelona 1982, p. 408. En el mismo sentido, CONDB B. El régimen •.. , op. cit., p. 24.
.~:::-:::-=~~,
224
La fundamental crítica que puede hacerse a los principios jurídicos como concepto operativo en el derecho es la de su ambigüedad por la gran cantidad de acepciones que de la expresión se conocen y utilizan441 •
B. Derechos fundamentales
No existe un concepto y menos una fundamentación comúnmente aceptados para referirse a los derechos fundamentales. Así, y dependiendo de las di versas concepciones que los diversos autores tienen del derecho (historicista, iusnaturalista, positivista), o incluso de la ideología política (conservadora, socialista), podrá hablarse de distintas teorías sobre la fundamentación de los derechos fundamentales,
de donde obtendremos diferentes
conceptos y resultará fácil provocar cierta confusión442 •
Hay
autores que movidos no por una determinada concepción del derecho sino exclusivamente por criterios pragmáticos, y ante la evidente complejidad
que
presenta
la
determinación
del
concepto
de
441 PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos .•• , op. cit., pp. 289 Y ss. 442 Al respecto es muy útil la aclaración que con respecto a conceptos afines ofrece PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos •.. , op. cit., pp. 295 Y ss., donde se exponen las principales teorías sobre la interpretación de los derechos fundamentales; Positivista, del orden de valores, institucional, iusnaturalista crítica. Exponente de la teoría iusnaturalista como fundamento de los derechos fundamentales, ESCUSOL BARRA B. Manual ..• , op. cit., p. 113. "La STC de fecha 15 de septiembre de 1981, puntualizó que los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de alcance universal. Nos remite así el TC a los derechos naturales, derechos éstos que alcanzan dimensión de fundamentales al quedar reflejados en la Constitución" • 225
derechos
fundamentales~3,
optan por una utilización indistinta-
aproximativa de términos como derechos fundamentales, libertades públicas, garantias individuales y
otros~.
Es posible afirmar, por lo que al concepto moderno y alcance de los derechos fundamentales respecta (y simplemente a efectos de dotarnos de un instrumento útil para la prosecución de nuestro trabajo), que se integran bajo el calificativo de fundamentales, determinados derechos que principalmente - su origen remoto se halla en formulaciones de finales del s. XVIII, Declaraciones de Derechos en Francia, de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, y EEUU, Declaración de Derechos consignada
en las diez primeras enmiendas de la Constitución que entraron en vigor en 1791 - a partir de la Segunda Guerra Mundial, se recogen en la parte dogmática de algunas Leyes Fundamentales (GG 1949, CE 1978, etc.) y en el articulado de numerosos Tratados
Internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos 1948,
CEDH de 1950 ratificado por España
con
fecha
26
de de
septiembre de 1979, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
443 Existe una gran difilcultad a la hora de proponer un concepto generalmente aceptado de derechos fundamentales, debido sobre todo a la ideologización y al uso polémico que de los mismos se pretende, vid. , PECES-BARBA G. Ecritos sobre derechos fundamentales, Madrid 1988, pp. 215 Y ss. 444 ROMERO MORENO J. M. Proceso y derechos fundamentales en la España del siglo XIX, Madrid 1983, p. 11. Para la distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales vid. PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos ••• , op. cit., pp. 30 Y 31, según el cuál se tiende a "reservar la denominación "derechos fundamentales" Para designar los derechos humanos positivados a nivel interno, en tanto que la fórmula "derechos humanos" es la más usual en el Plano de las declaraciones y convenciones internacionales". ALVAREZ CONDE E. El régimen ••. , op. cit., p. 28, donde resalta la especial conexión entre los valores superiores y los derechos fundamentales que configuran un "conjunto normativo Constitucional". 226
políticos de 1966, ratificado por España con fecha 13 de abril de 1977, etc.) vinculando al legislador y demás poderes pÚblicos de
tal
manera
que
no
podrán
menoscabarlos
en
su
contenido
esencial en el ejercicio de la funci6n que les es propia~s, y respecto
de
los
cuales
puede
ser
reclamada
su
tutela
por
cualquier ciudadano a fin de alcanzar la finalidad de todos los derechos fundamentales sin excepci6n
que no es otra que la de
"profundizar y potenciar la libertad de los individuos y de los grupos que éstos intergran,,446. La
CE
es un
características
reflejo de
propias
lo que hemos
identif icadoras
establecido de
los
como
derechos
fundamentales en un Estado de Derecho ~7. El
mérito
que
cabe
atribuir
a
la
CE,
y
al
TC
en
su
interpretaci6n de la misma al menos en lo que a esta materia
445 Vid. art. 10. 2 CE sobre interpretación de los derechos fundamentales, "Las normas relativas a los derechos fundamentales ya las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas ~at7rias ratificados por España". En el mismo sentido, art. 53.1 InCISO segundo en relaci6n con el arto 161.1.a, ambos de la CE. 446 PECES-BARBA G. Escritos ••• , op. cit. Madrid 1988, p. 213. En general sobre la materia vid. ALVAREZ CONDE E. El régimen ••• , op. oit. pp. 80 Y ss •. 447 HENBNDEZ REXACH E. Interpretaci6n judicial y derechos .fl.lndamentales, en Segundas jornadas de derecho judicial ii~cidencia de la Constitución en las ;ormas aplicables por l?s trIbunales de Justicia), Madrid 1985, pp. 385 Y ss. PEREZ LUNO l~ E. Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y ~tema, Sevilla 1979, p. 129. La jurisprudencia distingue dentro e los derechos fundamentales y para los supuestos de colisión orden jerárquico entre los mismos, así encontramos "la -¿~i"nal división bimembre entre derechos fundamentales ivos", inspirados en el valor superior a la libertad y los '8.....,_'"reaccionales", en cuyo ámbito hay que situar el derecho honor, fundados en el valor o principio de seguridad propio tOdo Estado de Derecho.", STS de 29 de abril de 1989 (RA 3281)
J. 212.
227
concierne,
es el de adoptar y
consagrar respectivamente una
concepción dualista de los derechos fundamentales, según dicha consideración se configurarán como derechos de los ciudadanos y como valores del ordenamiento juridico, lo cuál permitirá superar la dialéctica iusnaturalismo/positivismo, y la confusión que de ella se deriva y que ya hemos
reseñado~.
Finalmente y en consonancia con su carácter esencial en relación
con
la
CE,
es
posible
afirmar,
en
principio,
la
imposibilidad de renunciar a los derechos fundamentales por parte de sus titulares - españoles y extranjeros Aparece generales,
como
que
diferencia
fundamental
en el caso de
_~9.
con
los derechos
los
principios
fundamentales
positivización es requisito de su existencia,
la
lo que no es
indispensable en el caso de los principios4~. Por otro lado la directa aplicabilidad, la posibilidad de invocación para obtener la tutela de los derechos fundamentales por cualquier ciudadano y
la vinculación correlativa de los
448 Vid. STC 25/1981, de 14 de julio. "En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los indi viduos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status juridico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de Una convivencia humana justa y pacifica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y más tarde, en el estado social de D:recho o el Estado social y democrático de Derecho, según la formula de nuestra Constitución (art. 1.1). En el mismo sentido resaltando el aspecto de su configuración como valores y por su intima relación con el Estado de Derecho, vid. STC /1985, de 11 de'abril. 49 ALVAREZ CONDE E. El régimen ••• , op. cit., p. 102. O STC 5/1981, de 13 de febrero. 228
poderes
públicos
son
otras
de
las
caracterfsticas
que
los
diferencian de los principios generales4S1 • Hay un último aspecto que resulta interesante resaltar, se trata del
derivado de aquella concepci6n polivalente de
los
derechos fundamentales no s6lo como derechos subjetivos con una finalidad defensiva frente a las eventuales intromisiones del estado, sino además como garantfas institucionales, como normas conexas de actuación que vinculan a los poderes públicos, que tendrán asignado un papel activo imprescindible para asegurar el contenido
y
concepci6n
el que
disfrute
aquellos4s2 •
de
acabamos
muy
De
acuerdo
esquemáticamente
aplicándola al objeto de nuestra tesis,
de
con
la
exponer
y
obtendrfamos que el
derecho a la tutela jUdicial efectiva es un derecho fundamental cuya
satisfacci6n
perspectiva abstenci6n derecho
no
se
obtiene,
estrictamente estatal.
Por
procedimental,
como
individual-liberal,
el due
contrario,
process,
establecimiento de una organización, arreglo conforman
a
unos
principios
el
Derecho
imparcialidad,
reglas
ocurrirfa
es
que
probatorias,
la
una mera
definici6n
afianza
con
un el
la jurisdiccional, y con
universalmente
Procesal:
"con
por se
según
consagrados
independencia en
fin,
que
judicial, garantfas
procesales. ,,453.
451 DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El régimen constitucional ... , op. cit., pp. 209 Y ss. 452 BAÑO LEON J. K. La distinción entre derecho fundamental y aarantfa institucional en la Constituci6n Espafiola, REDC, Madrid 1988, pp. 155 Y ss. La STC 26/1987, de 27 de febrero, hace uso ~e la distinci6n entre derecho fundamental y garantfa lnstitucional. 453 BAÑO LEON J. K. La distinci6n ••• , op. cit., p. 161. 229
C. Libertades pÚblicas
Nos
hallamos
fuertemente
aquí
arraigada
ante una en
la
terminología,
doctrina
influencia en el constitucionalismo
francesa
occidenta14~,
originaria y y
de
gran
empleada por
quienes sostienen una concepci6n positivista del derecho, frente a planteamientos iusnaturalistas, con la finalidad de distinguir los derechos humanos (en su acepci6n iusnaturalista) considerados como inmanentes al ser humano y por tanto existentes tanto si se reconocen en téxtos legales como si no, de aquellos derechos humanos expresamente regulados y protegidos por normas jurídicas positivas que constituirán propiamente el campo de estudio del jurista455 • La
diferencia
de
este
concepto
con
el
de
derechos
fundamentales existirá unicamente desde la concepci6n posi ti vista del derecho en el sentido mencionado. A éste respecto la CE los distingue· conceptualmente y los regula conjuntamente bajo el epígrafe "De los derechos fundamentales y de las libertades pÚblicas", en la secci6n 1i, del capítulo segundo del Título 1,
454 ALVAREZ CONDE E. El régimen ... , op. cit., pp. 87 Y ss. 455 RIVERO J. Libertés publigues, París 1973,
vol. 1, pp. 16,
17. No existe tampoco unanimidad en la concepci6n transcrita, ya
que
existen
autores
que
identifican
derechos humanos con necesidad de una razones de fondo sino por el defectuoso uso que el legislador hace del lenguaje, al respecto vid. PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos ••• , op. cit., Pp. 35 Y ss. En general sobre la materia, COLLIARD C. A. Libertés ~Ubliques, Paris 1982.
l~bertades públicas o quienes entienden que la d~ferenciaci6n conceptual viene motivada no por
230
"sin establecer un criterio claro al respecto y sin determinar cuáles tienen una u otra
consideraci6n"4~.
D. Garantías constitucionales o institucionales
Constituyen
el
sistema
de
protecci6n
tendente
al
aseguramiento de la vigencia y efectividad de las libertades y derechos fundamentales que desprovistos de dichas garantías no pasarían de ser meros enunciados vacíos de contenido real y por tanto inútiles a efectos de configurar un régimen político como democrático, como un Estado de Derech04s7 • Previamente a
abordar
la delimitaci6n de
las garantías
constitucionales es preciso advertir de la existencia de otros requisitos y previas
a
condiciones que se configurarán como garantías
las
garantías
constitucionales,
nos
referimos
a
condicionamientos de tipo político, social, económico o cultural, sin cuyo concurso se hará prácticamente imposible la efectividad de las libertades y derechos fundamentales, la efectividad del Estado de Derech04s8 • Dentro ya de las garantías constitucionales y siguiendo a diversos
autores,
llamadas
garantías
es
admitida
una
jurisdiccionales
clasificación cuyo
rasgo
entre
las
distintivo
respecto del resto de garantías constitucionales (reserva de ley para la regulación de los derechos fundamentales, defensor del 456 ALVAREZ CONDE E. El régimen ... , op. cit. , p. 119. 457 DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El régimen constitucional ••• , op. cit., Vol. I, pp. 208 Y ss. ALVAREZ CONDE E. El régimen ••• , op. cit., pp. 232 Y ss. 458 ALVAREZ CONDE E. El régimen ..• , op. cit., p. 234. 231
I .
pueblo,
etc. ),
es que éstas
implican la
intervenci6n de la
autoridad judicial para la reparaci6n de la lesi6n sufrida, en definitiva
son
las
más
demostrar la experiencia;
eficaces
según
se
ha
encargado
de
El ámbito y las modalidades de su
ejercicio se configuran en el art. 24.1 cE"S9. A su vez estas garant1as jurisdiccionales podr1an dividl&8& en: a)
Garantías particulares, cuando su justificaci6n es la
protecci6n de un concreto derecho fundamental, v. gr. garantía jurisdiccional particular del habeas corpus (arto 17.4 CE Y LO 6/1984,
de 24 de mayo), relativo al derecho fundamental a la
libertad.
Cabrá
particulares,
finalmente
en
relaci6n
con
las
garant1as
la interposición del recurso de amparo ante el
T~.
b)
Garantías jurisdiccionales generales,
no establecidas
para la defensa de un espec1fico derecho fundamental sino para la defensa de cualquiera de ellos. Aquí situaremos la protección jurisdiccional
genérica
de
los
derechos
fundamentales
y
libertades a través de los procesos ordinarios con los recursos correspondientes, más el recurso de casación. Finalmente y tras el agotamiento de la via previa cabrá recurrir ante órganos de
459 En general, CANO MATA A. Derechos y Libertades Fundamentales: protección jurisdiccional, Revista de Derecho Público, nQ 91.
~u
460 Vid. GIMENO SENDRA V. El proceso de "Habeas Corpus", Madrid 1985, p. 45. Donde se destaca la vinculación del "derecho SUbjetivo reaccional" habeas corpus con los derechos
fundamentales a la tutela efectiva y de defensa. También es ejemplo de garantía particular la Ley 62/1978, de 26 de diciembre de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la • I as1 como las Leyes dé Objeción de Conciencia o de Llbertad Sindical. 232
la justicia constitucional (recurso de amparo LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
constitucional)~l.
Dentro de las garantías jurisdiccionales generales tienen especial relevancia aquéllas que expresamente recogidas en la CE establecen los límites y los contenidos a los que todo proceso debe atenerse. "Se trata de instaurar el proceso debido, no una farsa o
simulacro"~.
Hay que mencionar también aquí
las garantías
llamadas
extrajudiciales cuyo ámbi to de aplicaci6n se configura como complementario en relación a
las garantías
jurisdiccionales
mencionadas, y cuyo exponente más característico es la figura del Defensor del Pueblo (art. 54 CE Y en desarrollo del mismo LO 3/1981, de 6 de abril).
E. Valores superiores constitucionales
La
referencia
originaria
a
los
valores
superiores
constitucionales la encontramos en el arto 1 CE que califica de "valores superiores" del ordenamiento jurídico espafiol, que la propia CE disefia, a "la libertad, la justicia, la igualdad y el 461 DB BSTBBAN/LOPBZ GUERRA El régimen constitucional ..• , op. cit., pp. 222 Y ss. Vie. también al respecto GARRIDO FALLA F. Y otros Comentarios ••• , op. cit., pp. 882 Y ss. FAIRBN GUILLBN V. El procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo en ~ artículo 53.2 de la Constitución, Revista de Administración Pública, n Q 89. vid. arto 5.4 LOPJ. 462 RAMOS KENDEZ F. El proceso penal. Lectura Constitucional, 3~ ed., Barcelona 1993, p. 7. Y en general sobre las garantías c~nstitucionales, pp. 7 Y ss. Y también RAMOS KENDEZ F. El ~lstema procesal espafiol, Barcelona 1992, pp. 69 Y ss. FERNANDEZ BNTRALGO J. Constitución, Derecho Penal ••• , op. cit., p. 291, donde se hace referencia al "haz de garantías reunido baj o el amplio epígrafe del due process of Law." 233
pluralismo politico".
El mencionado enunciado ha forzado a la
doctrina constitucionalista a realizar un esfuerzo por dotar de significado propio y delimitar el alcance juridico del
mismo~.
constituyen "la base entera del ordenamiento, la que ha de prestar a éste su sentido propio, tanto, toda su interpretaci6n y
la que ha de persidir,
por
aplicaci6n"~.
Se plantea respecto de los valores constitucionales y con la
finalidad
de
posibilitar
su
constituci6n
como
categoría
aut6noma, la concurrencia o no del criterio identificador de la normatividad, sobre la que la debemos señalar la existencia de concepciones
contrapuestas tanto favorables,
..... los' valores
superiores son auténticas normas juridicas, que representan los ideales de una comunidad y que no agotan su virtualidad en su estricto contenido normativo, sino que constituyen un parámetro para la interpretaci6n y,
a la vez, un limite para el propio
ordenamiento juridico,,465, como contrarias al reconocimiento de contenido normativo en relaci6n con los valores superiores .. 463 ALVAREZ CONDE E. El reg1men ... , op. cit., pp. 25 Y ss. En la STC 53/1985, de 11 de abril, se conceptúa a la vida humana, arto 15 CE, Y a la dignidad de la persona, arto 10 CE, como "valor superior del ordenamiento juridico constitucional" en el primero y como "valor juridico fundamental" en el segundo, señalando la intima relaci6n existente entre los derechos fundamentales y los valores superiores constitucionales, siendo aquellos " •.• los componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden juridico objetivo como de cada una de las ramas que 10 integran, en raz6n de que son la expresi6n juridica de un sistema de valores que, por decisi6n del constituyente, ha de informar el conjunto de la organizaci6n juridica y politica".
GARCIA DE ENTERRIA E. La Consti tuci6n como norma v el Constitucional, Madrid 1981, p. 98. En el mismo sentido STC 53/1985, de 11 de abril. 464
~ribunal
465 PECES-BARBA G. Los valores superiores, Madrid 1984, p. 41. Sustentando igualmente una postura favorable al contenido normativo de los valores superiores, PEREZ LUÑO A. B. Derechos aumanos ••• , op. cit., pp. 287 Y ss. 234
el valor no es en si mismo una norma susceptible de aplicación directa como tal .•. ,,466 • A la vista de la doctrina mayoritaria, aquella favorable a la atribución de contenido normativo a los valores superiores, se nos hace dificil trazar la frontera entre dicho concepto y el ya examinado de principios generales. En todo caso y ateniéndonos a lo hasta aquí sucintamente expuesto podemos constatar la inexistencia en muchos casos de unos limites nitidos entre los conceptos que hemos estudiado. La sensación de relativa indefinición que de ahi se deriva se ve acrecentada por la falta de acuerdo de los diversos autores que afecta incluso a aspectos esenciales. Con todo ello pretendemos justif icar una utilización mesurada de los mencionados conceptos, que además son relativamente ajenos, en su origen, al derecho procesal, en nuestro intento de identificación de la naturaleza del proceso debido.
IV. ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO Y PROCESO DEBIDO
Entendemos indisoluble la relación entre Estado de Derecho (prescindimos ahora de los calificativos social y democrático que no añaden nada al concepto nuclear, limitándose a definir alguna de
las
modalidades
en
las
que
el
Estado de
Derecho puede
desenvol verse) , y conceptos tales como derechos humanos, derechos fundamentales, derechos fundamentales procesales y por lo que al objeto de la presente tesis respecta, proceso debido. Ello es as! 466 HERMANDEZ GIL A. El cambio pOlitico .•. , op. cit., p. 408. 235
por que el concepto de Estado de Derecho según una concepción moderna - opción por la que se inclina la CE en su arto supone
"una
política
y
lucha la
derecho, .•. ,
contra
exigencia
por
un
todas de
un
las
formas
control
determinado
de
del
derecho.
1~7
-
arbitrariedad Estado
Por
por
ello,
el las
mistificaciones de los ideólogos de los sistemas totalitarios dirigidas a justificarlos, presentándolos como formas del Estado de Derecho,
son inadmisibles en el plano explicativo por no
cumplir con los requisitos de limitación jurídica del pOder468 ". Los elementos básicos que definen el Estado de Derecho, según la opinión mayoritaria, podrían enunciarse así: Imperio de la voluntad general expresada a través de la ley, división de poderes,
reconocimiento
de
los
derechos
y
libertades,
sometimiento de la Administración a la legalidad~. La proclamación del Estado social y democrático de Derecho con los mencionados contenidos, es calificada por la doctrina como "el principio que cualifica nuestro régimen político,,470,
467 Art. 1 CE "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político." 468 PEREZ LUÑO A. B. Derechos humanos ••• , Opa cit., en general sobre el Estado de Derecho pp. 212 Y ss., cita p. 241.
Estado de Derecho y sociedad democrática, Madrid pp. 31 Y ss. Art. 9.1 CE "Los ciudadanos y los poderes püblicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Art. 53.1 CE "Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos". 469 DIAZ E. 1981,
470 ALVAREZ CONDE B. El régimen .•• , Opa cit., p. 28. Igualmente Para todo lo relativo al origen histórico e implicaciones ideológicas y jurídicas del concepto Estado de Derecho, vid., pp. 28 Y ss. 236
de donde podemos apreciar la real importancia de dicha afirmación constitucional y situarla, por su trascendencia, como origen inmediato de la institución de cuyo estudio nos ocupamos. Las manifestaciones jurisdiccionales clásicas del Estado de Derecho como pueden ser, y así lo declaran numerosas sentencias, la presunción de inocencia, el derecho a un Juez imparcial la publicidad, el derecho a un juicio con todas las garantías, todos ellos como veremos más adelante elementos del proceso debido
son
amplia
y
detalladamente
reflejadas
por
la
jurisprudencia tanto del TC como del TS,m. En el caso de España, así como en otros sistemas jurídicos de nuestro entorno,
ha sido decisiva
la existencia de una
471 Podemos encontrar en la jurisprudencia del TC argumentos que apoyen la afirmación realizada de que el proceso debido es uno de los contenidos irrenunciables del Estado de derecho, así STC 96/1987, de 10 de junio, cuando en relación con el principio de publicidad afirma en su fundamento jurídico 2g que constituye "una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho". También tiene una relación inescindible el Estado de Derecho, en su vertiente de ejercicio de la función jurisdiccional, con el derecho a un Juez imparcial, que entendemos integra parte del contenido del proceso debido, vid. STC 145/1988, de 12 de julio, F. J. 5g: "Entre ellas figura la prevista en el arto 24.2 que reconoce a todos el derecho a "un juicio público ••• con todas las garantías", garantías en la que debe incluirse, aunque no se cite de forma expresa, el derecho a un Juez imparcial, que consti tuye sin duda una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho, como lo es el nuestro de acuerdo con el arto 1.1 de la Constitución". vid. la mencionada STC en general para determinar el alcance del derecho al Juez imparcial, también STC 164/1988, de 26 de septiembre. En relación a la publicidad, vid., V. gr. STC 96/1987, de 10 de junio. Presunción de inocencia, STS de 12 de marzo de 1992 (RA 2442) F. J. 26 g , "La presunción de inocencia es el eje central alrededor del que se mueven las principales argumentaciones de la defensa de los procesados por que los dos motivos esenciales de ésta, el primero y el segundo, se fundamentan en el arto 24.2 de la Constitución, para denunciar en un caso la vulneración del derecho a un proceso justo con todas las garantías, y en otro la violación de la presunción de inocencia - como regla básica del juicio que corresponde a un Estado democrático y de derecho. 237
jurisdicción constitucional y dentro de ella la labor del TC a la hora de extraer y, progresivamente, delimitar el ámbito del proceso debido en relación con
la defensa de
los derechos
fundamentales. El instrumento que en mayor medida ha contribuido a la realización de la tarea que mencionamos ha sido como quedará patente en páginas posteriores el recurso de amparo, a través del cual cualquier persona (física o jurídica, nacional o extranjera, además del Defensor del Pueblo y del MF) podrá denunciar ante el TC la vulneración de derechos y libertades fundamentales, arts. 53.2, 161 Y 162 CE, Y 41 Y ss. LOTdn •
También debemos mencionar en este punto al TS cuya profusa jurisprudencia resulta de igual modo extremadamente útil a la hora de definir hasta sus más mínimas manifestaciones - partiendo de
la definición dada por el
TC y
aplicándola a
variados
supuestos concretos - cuestiones como la que constituye objeto de la presente obra, ya que desde que la CE entra en vigor su contenido en general y por lo que a nosotros concierne de forma muy especial,
las
exigencias del
arto
24
son directamente
aplicables por los Tribunales ordinarios, y el TS, como veremos, ha empleado con amplitud dicha posibilidad473 • 472 Vid. al respecto y en general sobre el proceso de amparo, CORDON MORENO F. El proceso de amparo constitucional, Madrid 1987. CASCAJO CASTRO J. L. Y GlMENO SENDRA V. El recurso de amparo, Madrid 1985. Sobre el valor de la jurisprudencia del TC, vid. DE aTTO l. Derecho constitucional ... , op. cit., pp. 295-296. 473 Afirma el propio TS en la S de 14 de febrero de 1992 (RA 1233) F. J. V~. 5, "La interpretación por parte de los Tribunales
de las normas constitucionales y procesales, es, sin duda, la más acorde con los principios constitucionales, según igualmente la interpretación que de las mismas efectúa el propio Tribunal 9onstitucional: consistente en el respeto máximo de las garantías lndividuales para un proceso justo.". Recordemos que la expresión ~tilizada "proceso justo" es rigurosamente sinónima, según una lnterpretación gramatical, y según afirma el propio TS en STS de 238
V. EL CONTENIDO DEL "DERECHO AL PROCESO DEBIDO" EN LA JURISPRUDENCIA DEL TC y DEL TS
La primera vez en la que el TC se refiere literalmente al proceso debido la encontramos en la STC 50/1982, de 15 de julio, en sus fundamentos jur1dicos tercero y cuart0474 , tanto en @ste caso como en analizaremos,
la totalidad de
los demás que posteriormente
el empleo que el TC hace del concepto proceso
debido es el de un concepto jur1dico relativamente indeterminado - sin pronunciarse de forma unánime sobre su naturaleza - y por lo tanto,
al
menos
aparentemente,
carente de un
contenido
jur1dico espec1fico y determinable con la deseada precisi6n41S • El derecho al proceso debido no figura como una categor1a independiente en los 1ndices ana11ticos que el propio TC elabora y adjunta a las publicaciones que recogen su jurisprudencia476 • 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 1 Q , a la de proceso debido.
474 F. J. 3Q "Instituida la revisi6n, alcanza a ella las garant1as fundamentales contenidas en el arte 24.1 de la Constituci6n Española y, por tanto, las de acceso a la revisi6n y al conocimiento de la pretensión revisora en el proceso debido, asegurando el contenido esencial de este derecho instrumental". F. J. 4Q: " ••• el Tribunal Constitucional no está establecido para velar, y, en su caso, corregir, todos los vicios in procedendo. Son aquellos que incidan en lo que es esencial del derecho a la jurisdicción y al proceso debido, y, que por esto, el consti tuyente, ha incorporado a los derechos fundamentales, dotándolos de la protecci6n reforzada que significa el arto 53.2 de la Consti tuci6n, los que pueden recabar mediante el amparo que regulan los arts. 41 Y siguientes de la LOTC una decisi6n reparadora de este Tribunal, en los términos que define el arto 55.1, también de la LOTC". 475 V.
gr. STC 74/1984, de la lectura de cuya fundamentaci6n jurídica se desprende la equiparación de los conceptos "proceso debido" y "adecuado proceso". ~76
S1 fugura el Derecho al proceso debido, como derecho lndependiente y aparentemente dotado de sustantividad en el indice ana11tico de FRAILB CLIVILLBS K. C6digo constitucional, 239
Pese a ello y en aplicación del sencillo método del rastreo de la
jurisprudencia del TC y del TS en busca del concepto
proceso debido y la posterior extracción del contenido que en aquella se le atribuye, obtendremos unos interesantes resultados. Las referencias que siguen se incorporan a este trabajo respetando el orden,
cronólogico,
en el que el TC se ha ido
refiriendo al proceso debido, siempre englobado o en relación con algún
derecho
fundamental,
de
donde
hemos
podido
extraer
paulatinamente el contenido del mismo.
A. Proceso debido y prohibición de la indefensión
1. En general
Dentro de los que determinados sectores de la doctrina han denominado
"derecho
constitucional
jurisdiccional,,477
y
más
concretamente en lo que al proceso concierne, nos encontramos con la prohibición de la indefensión que supondrá la prohibición de toda privación o limitación del derecho de defensa proviniente tanto de la vía legislativa como de la jurisdiccional. Se trata de una garantía general que permitirá extender el amparo de la
Madrid 1989, T. VI, p. 1738. Aunque muchas de las rem1S10nes que allí se hacen, lo son a SSTC donde no aparece la referencia expresa al proceso debido, del cual no ofrece el autor un concepto previo a través del que podría justificar las concretas remisiones. Tampoco figura el proceso debido como concepto específico en el "Indice alfabético de conceptos" que incorpora cada tomo del Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi. 477 MONTERO/ORTELLS/GOKEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, 111, op. cit., p. 30. Como aquél conjunto de normas de la CE que regulan ~as garantías derivadas o consecuencia de la garantía Jurisdiccional. 240
CE más
allá
de
su
literalidad
en
el
intento
de
evitar
la
indefensión478 • De la STC 50/1982, de 15 de junio, en su fundamento jurídico 4Q (al que ya se ha hecho referencia), y a sensu contrario se deduce que una de las manifestaciones esenciales del proceso debido
es
la
prohibición
de
la
indefensión,
en
el
mismo
fundamento jurídico se afirma el reconocimiento que del proceso debido se realiza en la CE a través de su arto 24 479 • 478 KONTERO/ORTELLS/GOKEZ/KONTON Derecho Jurisdiccional, III, op. cit., p. 37. GOKEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., p. 33, Y pp. 327 Y ss. destancando la intima relación entre la prohibición de la infensión y el principio, común a todos los procesos, de contradicción. Vid. también, STC 48/1984, de 4 de abril donde se establecen las bases para determinar los limites de la indefensión, partiendo de que no se produce indefensión como consecuencia de cualquier infracción de la ley procesal ordinaria sino sólo cuando tal infracción suponga un perjuicio efectivo de los intereses del sujeto a quién afecta. 479 F. J. 452 "Sólo puede entenderse quebrantadas las garantias de un proceso cuando, propuesta la prueba, ha sido denegada, y tal prueba es congruente e influyente para la decisión. si esto es así con un carácter de generalidad, es claro que falta el presupuesto necesario para que pueda enjuiciarse si se ha producido una indefensión quebrantadora del derecho al proceso debido, que tiene en el arto 24 su reconocimiento constitucional." La presente sentencia resuelve el recurso de amparo interpuesto frente a la resolución procedente de un órgano de los integrados en el orden jurisdiccional laboral, de donde queda establecida la necesidad de que el proceso a través del cuál se ejercite la función jurisdiccional en el ámbito social, se ajuste a los requisitos que el proceso debido comporta. vid. en general sobre la noción constitucional de indefensión SSTC 161/1985, F. J. 5Q. 145/1986, F. J. 3 52 , 102/1987, F. J. 2Q. 155/1988, F. J. 4Q. El alcance exacto y pormenorizado del concepto indefensión se ha ido delimitando progresivamente a través de la jurisprudencia del TC. Asi la indefensión consistirá, según la STC 64/1986, de 21 de mayo, en una limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de los órganos judiciales. La indefensión no se producirá por cualquier infracción de las reglas procesales, STC 48/1986, de 23 de abril. La indefensión coincide de forma correlativa con los contenidos de la tutela judicial efectiva, AATC 304/82 y 373/82 entre otros, en la medida en que no es Posible alcanzar la tutela judicial efectiva sin la absoluta erradicación de la indefensión, STC 31/1989, de 13 de febrero, "Ambas - la tutela judicial efectiva y la indefensi6n -se hallan
241
Quizá
sea
progresivamente
este
el
momento
comprobando
a
lo
de
resaltar,
largo
del
y
lo
análisis
iremos de
la
jurisprudencia del TC, la inescindible relación existente entre los dos términos, tutela judicial efectiva y prohibición de la indefensión, tutela
que configuran un único derecho -
judicial
efectiva
sin
indefensión
derecho a
cuya
constitucional se halla en el conjunto del arte 24
la
expresión
C~.
íntimamente conectadas", STC 159/1990, de 18 de octubre. De forma más explícita SSTC 89/1986, de 1 de julio y STC 31/1989, de 13 de febrero, donde se afirma que la indefensión se produce cuando existe impedimento en el derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos, en la privación de la potestad de alegar y, en su caso, de justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias. La indefensión debe/puede ser apreciada, y por tanto subsanada, en cada instancia, tanto a instancia de parte como de oficio, SSTC 28/1981, de 23 de junio, 240/1988, de 19 de diciembre y 31/1989, de 13 de febrero. El derecho a ser informado de la acusaci6n y la prohibici6n de la reforma peyorativa "reformatio in peius" son dos garantías constitucionales cuya concurrencia es necesaria para evitar la indefensión, STC 17/1989, de 30 de enero, y específicamente sobre el contenido esencial del derecho a ser informado de la acusación, "consistente en asegurar el conocimiento del acusado acerca de los hechos que se le imputan y de los cargos que contra él se formulan", SSTC 141/1986, de 12 de noviembre, 17/1988, de 16 de febrero y 30/1989, de 7 de febrero. En relación a la "reformatio in peius", Vid. STC 153/1990, de 15 de octubre, en la que se afirma que "constituye una garantía procesal del régimen de los recursos y tiene su encaje constitucional a través de la prohibición de la indefensión o de la exigencia de garantías inherentes al proceso, ex arto 24 de la Constituci6n.". Vid. también STS, de 15 de octubre de 1985 como infracci6n constitucional arto 24 CE a través del principio implícito de audiencia bilateral, STS, de 30 de mayo de 1986, distinguiendo la reformatio in peius de la incongruencia por extra petita, y SSTS, 28 de noviembre de 1989, 26 de diciembre de 1989 y 12 de diciembre de 1990, todas ellas sobre el alcance de la reformatio in peius. vid. también sobre la prohibici6n de la reformatio in peius, HARTINEZ ARRIETA A. El principio acusatorio: Teor1a ~eneral y desarrollo jurisprudencial, Justicia 1992, n Q IV, p. 872. RAMOS HENDEZ P. El proceso penal •.• , op. cit., pp. 411-413.
480 V. gr. STC 85/1991, de 22 de abril, en ella una única causa, la ejecuci6n de sentencias contra personas no condenadas en la misma, produce indefensi6n y por ello, inevitablemente, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. La STS de 2 de junio 242
Las situaciones de indefensión deben ser - y para ello se habilitan
los
oportunos
cauces
adaptados
a
las
diversas
situaciones (recursos ordinarios, audiencia al rebelde, juicio de revisión, recurso de casación) - remediadas a través de la via judicial ordinaria previamente, subsidiariedad, a su eventual acceso a la jurisdicción constitucional a través del recurso
d~
ampar0481 • Por lo que a la jurisprudencia del TS concierne a este respecto la STS de 10 de noviembre de 1982 (RA 7096) abre el cauce
del
recurso
de
judiciales que produzcan
casación
para
indefensión~2.
aquellas
actuaciones
En el mismo sentido, la
de 1986 (RA 3087) FF. JJ. 41;1, 51;1 Y 61;1, relaciona de forma necesaria cualquier vulneración del arto 24 CE, sea del nl;l 1 o del n 1;1 2, con una única consecuencia ineludible que es la producción de indefensión, "4. Que el motivo único del procesado José Maria R. C. alega vulneración del arto 24, 1 Y 2 de la Constitución Española, indefensión del recurrente, que desgrana en dos aspectos: A) No haber sido juzgado por el Juez ordinario predeterminado por la Ley; y B) No haber sido debidamente asistido en su Defensa por el Letrado que le fue nombrado de oficio." Sobre su relación con el principio acusatorio, vid., STS de 17 de octubre de 1985 (RA 5000) F. J. 51;1, cuando una persona es condenada por un delito de distinta naturaleza del que inicialmente era acusada (quiebra del principio acusatorio) se producirá una vulneración del principio de no indefensión "que supone realmente quizás en correlación con la igualdad del arto 14 de la Constitución o con la bilateralidad, la contradicción y la lealtad procesal (cual caracteristicas definitivas de la actividad procedimental), el derecho de todo ciudadano a un juicio justo - recordar que la STS de 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 11;1 considera la expresión juicio justo como sinónima de proceso debido - lógico y equilibrado en el que claramente se planteen las distintas cuestiones a ventilar sin merma de los derechos de defensa y de su legitima pretensión a obtener un proceso eficaz". 481 Arts. 53.2 CE, 41.1, 43.1 Y 44.1 LOTC, vid., CASCAJO CASTRO/GIMENO SENDRA El recurso de amparo .•• , op. cit., pp. 60 Y ss. Y 145 Y ss. 482 Considerando 21Z, "Que el principio de que toda persona tiene derecho a la tutela judicial sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, proclamado en el arto 24.1 CE, viene reconocido en el enjuiciamiento penal a través de .la exigencia 243
STS de 17 de noviembre de 1983 (RA 5507) Considerandos 1Q y 2 Q, hace
referencia
a
una
aplicación menos
restrictiva
en
los
criterios de admisión del recurso de casación en un intento de alcanzar
la
finalidad
anunciada
de
impedir
situaciones
de
indefensión, "fundada en la busca de la justicia material a que todo proceso debe tender, salvando obstáculos formales que la hagan
imposible,
y
ante
supuestos
manifiestos
de
clara
idefensión, que incid1an en el escrupuloso respeto que merecen las garant1as individuales y los derechos fundamentales.,,483 El ATC 341/1982,
de 10 de noviembre,
en su fundamento
jur1dico único atribuye al proceso debido la naturaleza'jur1dica de garant1a básica constitucionalizada en el arto 24 CE frente a la indefensión4M • de unas formas procesales para garantizar la igualdad de las partes en sus posiciones de acusación y de defensa, exigencias que aparecen - incluso - en la fase sumarial no obstante la prevalente finalidad investigadora y cautelar, y dicho principio tiene consagración precisa en el recurso de casación que en una de sus vertientes, la del quebrantamiento de forma, contempla los vicios de la actividad judicial, con nulidad y consiguiente reposición de actuación al momento de la indefensión,". En relación también con el recurso de casación, último eslabón de la v1a previa, STS de 27 de diciembre de 1985 (RA 6650) F. J. 3 Q, " •.• para proclamar dicha indefensión se requer1a que hubiera agotado los remedios y recursos legales que - en este caso - la Ley Procesal civil le ofrec1a en relación con la situación de rebeld1a que mantuvo en la primera instancia ...... STS de 20 de marzo de 1991, RA 2422, F. J. 2 Q, La infracción del arto 24.1 CE, es decir toda situación de indefensión, puede ser recurrida en casación a través del arto 1692.5Q LEC, (tras la reforma de 30 de abril de 1992, arto 1692.3Q LEC). 483 vid. arts. 53.1 CE, 5.4 LOPJ, 847 Y ss. LECRIM, 773, 1692, 1796 LEC. ARROYO DE LAS BERAS/XUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento giminal, op. cit., pp. 487 Y ss. VAZgUEZ IRUZUBIETA C. Doctrina ~jurisprudencia de la Ley de Enjuiciamiento civil, Madrid 1989, Pp. 2218 Y ss •• STS de 5 de octubre de 1983 (RA 5068) Considerandos 5Q y 6Q. ~84."El que ahora se diga que el valor dado a la cosa litigi<;>s~ lmp~dió el acceso al recurso de casación, y que con ello se ~r~vo
al
que
ahora
demanda
de
amparo 244
de
garant1as
bás~cas,
2. Extensión
Afirma la STC 31/1989, de 13 de febrero, que la prohibición de la indefensión,
y
en la misma medida el proceso debido,
alcanzan a todo tipo de procedimientos485 ,
aunque - y asl lo
refleja la jurisprudencia del TC - es en el ámbito penal en el que el proceso debido cuenta con un desarrollo más amplio, 10 que supone simplemente una adaptación a
los principios y
a
la
naturaleza de los derechos que en cada proceso se ejercitan o se ven involucrados4M •
constitucionalizadas en el arto 24, como son el derecho al proceso debido y al Juez ordinario predeterminado por la ley, ••• ". Recalcar la consciente distinción entre el derecho al proceso debido y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, y también la consideraci6n de ambas como garantlas básicas contenidas, junto con otras según se desprende con facilidad de la literalidad del fundamento, en el arto 24 CE. Respecto al derecho a ser juzgado por un Juez o Tribunal independiente e imparcial que constituye la principal exigencia del derecho al Juez legal (ordinario predeterminado por la ley) vid. arts. 14 PIDCP y 6.1 CEDH Y SSTEDH asuntos Piersack, de 1 de octubre de 1982 y de Cubber, de 26 de octubre de 1984. Y SSTC 145/1988, de 12 de julio y 11/1989, de 24 de enero. 485 V. gr. STC 125/1989, de 12 de jUlio, donde se produce una situaci6n de indefensión - el recurso de amparo resulta estimado - motivada por la incongruencia de la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 16 de marzo de 1987, (por tanto dentro del orden jurisdiccional laboral), que implica finalmente una negaci6n de la tutela judicial efectiva. También la prohibición de la indefensión rige en los procedimientos de ejecución, vid. STe 243/1991, de 16 de diciembre.
F.
J.
252
"Cabe
añadir
que
la
tutela
judicial
< constitucionalmente garantizada (y la consiguiente prohibici6n
. de indefensi6n) alcanza a todo tipo de procedimientos, incluido, Por tanto, el ámbito penal en cualquiera de sus modalidades, pero admite matizacione's en relaci6n con la acción civil derivada del lito o falta, frente a terceras personas que responden en forma sUbsidiaria, "pues tiene en su desarrollo menor alcance que el la acción criminal, por estar limitada al peculiar objeto izatorio o de resarcimiento". (STC 18/1985)". 245
"La indefensi6n, en cambio, es un concepto mucho más amplio, quizá también más ambiguo o genérico, - que la tutela efectiva pues puede originarse por múltiples causas. S6lo puede prosperar su alegaci6n cuando de alguna forma, generalmente por violaci6n de preceptos procedimentales,
se impida al acusado ejercitar
oportunamente su defensa, cuando se obstaculiza el derecho de defensa como posibilidad de refutar y rechazar el contenido de la acusaci6n que en su contra se esgrime.,,487 Para poder acceder al TS a través del recurso de casaci6n alegando alguna infracci6n de las normas relativas a los actos y
garantías
procesales
que
haya
producido
indefensi6n,
se
requiere el haber intentado subsanar la mencionada infracci6n en el momento procesal oportun0488 •
3. Actos de comunicación del OJ y prohibición de
1 a
indefensi6n.
En la ya mencionada STC 31/1989, encontramos una concreción más de lo que constituiría un supuesto de indefensi6n - causa de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva - que por tanto afectaría al ámbito de protección del proceso debido. Se trata de la falta de citación o emplazamiento de las personas que pUdieran
resultar
afectadas
por
la
resolución
del
OJ.
"
~¡" Constituye
el supuesto una quiebra del principio, común a todos de contradicción o audiencia -
nadie puede ser
87 STS de 15 de abril de 1991 (RA 2729) F. J. 5Q.
8 STS de 16 de octubre de 1992 (RA 7825) F. J. 1Q. Vid. también • 1692.3 Y 1693 LEC. 246
condenado sin ser antes oido y vencido en juicio - cuya falta genera indefensi6n y que por lo tanto incluimos como elemento específ ico e imprescindible del proceso debid0489 • El principio de contradicción requiere del OJ que este se asegure,
en la medida de lo posible,
de que la citaci6n o
F. J. 312 "Una manifestaci6n singular y precisa de la indefensión constitucionalmente relevante es la constituida por la falta de citación o emplazamiento de aquellos que puedan resultar afectados por las decisiones o pronunciamientos del órgano judicial, sin que pueda justificarse la resolución judicial "inaudita parte" más que en el caso de incomparecencia por voluntad expresa o tácita o por negligencia imputable a alguna parte". vid. STC 37/1984, de 14 de marzo, en el que se expresa la necesidad de que el OJ asegure en lo posible la efectividad de la citación o emplazamiento (supuesto de realizarlo por edictos), más allá de las formalidades prescritas. vid. también SSTC 142/1989, de 18 de septiembre y 166/1989, de 16 de octubre. Ya desde el inicio de su actividad el TC, vid. STC 9/1981, de 31 de marzo, ha mantenido que debe procederse al emplazamiento personal siempre que los interesados sean conocidos e identificables a partir de los datos obrantes en autos, siendo válida unicamente la citación por edictos cuando ni conste en autos ni sea conocido el domicilio de la persona que debe ser emplazada. vid. SSTC 7/1991, de 17 de enero y 89/1991, de 25 de abril, donde se produce una vulneración del derecho a la tutela jUdicial efectiva debido a la indefensión causada a la parte por resolución judicial dictada "inaudita parte" y , respectivamente, por no garantizarse la audiencia bilateral en todas las instancias. Igualmente en la STC 9/1991, también de 17 de enero, donde la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva es causada por la indefensión proviniente de un acto procesal de comunicación defectuoso, en el mismo sentido, vid. STC 154/1991, de 10 de julio. Por falta de citación para la vista en juicio de deshaucio por precario, STC 131/1992, de 28 de septiembre, F. J. 3g. Una de las primeras sentencias del periodo postconsti tucional del TS referida a las garantias procesales del acusado en general y al principio de contradicción en particular es la STS de 5 de noviembre de 1979 (RA 3814) Considerando 112 " ••• el orden social bien entendido no es más que el mantenimiento de la libertad de todos y el respeto reciproco de los derechos individuales", con lo que claramente se resalta de una parte que nadie pueda ser condenado sin ser oido ••• ", igualmente STS de 13 de octubre de 1982 (RA 6365) Considerando 412 y STS de 5 de octubre de 1983 (RA 5068) Considerando 612. Una concreta manifestación del principio de contradicción la hallamos en STS de 24 de febrero de 1992 (RA ~310) F. J. 1 12 , "el derecho de la Defensa y del acusado de lnterrogar a los testigos de cargo y de descargo, se fundamenta en el principio de contradicción (cfr. STC 53/1987; SSTS 1-21988; 12-2-1988; 10-5-1990; 26-12-1990; ••• entre otras).". STS de 12 de enero de 1993 (RA 475) F. J. 312. 489
247
emplazamiento
a
quienes
deban
comparecer
en
la
litis
sea
personal. Las pautas a las que atenerse sobre esta materia las fija la jurisprudencia del TS que establece: "a) Que la citación por edictos haya de ser considerada, cual aparece plasmado en el arto 269 LEC, como el último de los medios de comunicación que el ordenamiento procesal establece a dichos efectos; b) Que el órgano judicial competente, ante un alegado ignorado paradero de la contraparte, se funde para acudir a dicho postrer remedio, en criterios de razonabilidad; c) A su vez, el cumplimiento de dichas garantias ha de ponerse en conexión con la conducta de las partes procesales, ya que mientras si la imposibilidad de la citación personal es provocada por quien pretende escudar en ella la indefensión, ésta no es admisible; mas cuando la ocultación deliberada
del
domicilio
de
la
contraparte
sea
obra
del
demandante, - principios de lealtad y buena fe - es lógico deba perj udicar a éste y no a su oponente, ,,490 • En la STC 109/1989, de 8 de junio, y en relación con el principio
de
contradicción
se
afirma
que
el
mismo
es
simul táneamente elemento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del arte
24.1 CE,
Y además exigencia del
derecho al proceso con las garantias debidas o proceso debido del arte 24.2 CE. La argumentación empleada por el TC en este caso adolece de falta de claridad a la hora de distinguir la función que al principio de contradicción corresponde en relación con uno y otro derecho, quizá ello sea debido a que la separación entre
los números 1 y 2 del arte 24 CE no es tan clara y radical como
STS de 12 de enero de 1993 (RA 475) F. J. 3g. Vid. también • 236 LOPJ. 248
en esta STC se pretende, por tanto cabrla la hipótesis según la cual
el
derecho
fundamental
a
la
tutela
judicial
efectiva
formarla parte, conjuntamente con el resto del arto 24 CE, del proceso debid0491 • En la STC 78/1992, de 25 de mayo, y más concretamente en su F. J.
2 g,
se afirma nuevamente que el derecho de audiencia
bilateral "es elemento integrante del derecho fundamental a la tutela
judicial
efectiva
(art.
24.1
CE)"
Y añade que
"el
principio de contradicción en cualquiera de las instancias es exigencia imprescindible del derecho al proceso con las garantlas debidas
(art.
24.2
CE),
para cuya observancia adquiere una
singular relevancia constitucional
el deber de
los
órganos
judiciales de posibilitar la actuación de las partes a través de los actos de comunicación establecidos por la Ley.".
491 F. J. 22 "Es elemento integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), no sólo el acceso al proceso y a los recursos legalmente establecidos, sino también el adecuado ejercicio del derecho de audiencia bilateral para que las partes del proceso puedan hacer valer sus derechos e intereses legltimos. El principio de contradicción en cualquiera de las instancias es, además, existencia imprescindible del derecho al proceso con las garantias debidas (art. 24.2 CE), para cuya observancia adquiere una singular relevancia constitucional el deber que incumbe a los órganos judiciales de hacer posible que las partes puedan adoptar la conducta procesal que estimen conveniente a través de los oportunos actos de comunicación establecidos por la Ley Procesal. De esta manera sólo la incomparecencia en el proceso o en el recurso debida a la Voluntad expresa o tácita de la parte, o por negligencia inexcusable a ella imputable podrla justificar, en principio, una resolución inaudita parte.". vid. en relación con el principio de contradicción o audiencia bilateral la STS de 4 de octubre de 1985 (RA 4572) F. J. 52 donde se establece la relación, njecesaria, entre la concurrencia de dicho principio y la tutela Udicial efectiva del arto 24 CE, ", tutela que se verla ~enoscabada si no se cumplieran los principios de rogación civil y de audiencia bilateral que laten tanto en la doctrina de la Oongruencia como en la de la prohibición de la reforma gravosa a perjudicial expuestas.". 249
Merece
en
este
momento
siquiera
una
breve
regulación del proceso civil sumario del arto
reseña
la
131 de la Ley
Hipotecaria, que suscita una permanente pOlémica por la aparente vulneración
que
en
ella
se
consagra
del
principio
de
contradicción o audencia, al respecto y en numerosas sentencias SSTC 41/1981, 64/1985, 41/1986, 8/1991 - el TC declara qUe 01chó regulación no afecta, per se, al derecho contenido en el art. 24. 1 CE, pero la STC 6/1992, de 16 de enero matiza, limitándola en
relación a determinados terceros, dicha afirmaci6n4n •
4. Impugnación de sentencias firmes
STC 124/1984, de 18 de diciembre, en su fundamento jurídico 3,,493
(reproduciendo parcialmente el contenido del
fundamento
jurídico también 3a de la STC 50/1982, de 15 de julio), y de forma no especialmente clara se califica al proceso debido de "derecho instrumental" y parece querer equipararse el mismo al 492 F. J. 6" "Aplicando lo hasta aquí expuesto al caso que examinamos, ha de afirmarse que en este concreto supuesto la resolución judicial dictada en el trámite último del procedimiento sumario hipotecario, en cuanto impone el desalojo y lanzamiento de la actual arrendataria, sin que ésta haya podido hacer valer sus derechos e intereses ante los 6rganos jurisdiccionales vulnera la garantía constitucional contenida en el arto 24. 1 CE, dando lugar a un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa de la demandante de amparo y produciéndole así Una indefensi6n constitucionalmente amparable en esta sede.". Vid. FRANCO ARIAS J. El procedimiento del arto 131 de la Ley Hipotecaria y los arrendamientos constituidos sobre la finca Qipotecada.(Texto de la Sentencia del Tribunal Constitucional §11992. de 16 de enero y algunas reflexiones sobre la misma), Justicia 1992, nS;¡ IV, pp. 911-968. 493 F. J. 3 s;¡ " ••• instituida la revisión, alcanza a ella las garantías fundamentales contenidas en el arto 24.1 de la Constituci6n Española y, por tanto, las de acceso a la revisi6n y al conocimiento de la pretensi6n revisora en el proceso debido, asegurando el contenido esencial de este derecho instrumental".
250
arto
24.1
CE
Y más
concretamente
a
la
prohibición de
la
indefensión, y ello en relación a las regulaciones existentes o futuras de medios de impugnación frente a sentencias firmes, revisión, donde se ejercita una nueva pretensión distinta a la que dió lugar a la sentencia ahora objeto de El
proceso
de
revisión,
"instrumento
revisión4~.
revisor
de
las
garantías del debido proceso tiene cabida en el arto 24 de la CE. 494 STS de 26 de septiembre de 1986 (RA 4791) en cuyo F. J. 3 g ,
se establece en qué consiste el proceso de revisión en relación con el proceso civil, arts. 1796 y ss. LEC. "a) Que la revisión constituye un instituto que el legislador ha establecido para a través de un "juicio rescindente", obtener o no la "rescisión" de una sentencia firme que se estima tuvo su razón de ser bien en supuestos de hecho incompletos bien en defectos u omisiones formales indebidas, a fin de sustituirla por otra más ajustada a derecho; b) Por ello, la razón de ser de dicha figura procesal se encuentra, más que en la injusticia de la resolución cuya rescisión se pretende en la posibilidad de que el órgano jurisdiccional a cuya competencia viene referido su conocimiento, pueda controlar si la misma se dictó como consecuencia de incidir o no el proceso en vicios que de haberse producido habrían conducido a una sentencia distinta; c) Por todo ello, al ser la revisión una excepción al principio de cosa juzgada, la interpretación de 'los preceptos que la regulan ha de realizarse según constante doctrina de esta Sala, con un muy estricto a la vez que restringido criterio.". En relación con el proceso penal, arts. 954 y ss. LECRIM, vid. STS de 14 de junio de 1986 (RA 3154) F. J. V~ , "es de naturaleza extraordinaria y especial que se establece en nuestro ordenamiento jurídico-penal como última garantía ofrecida a la justificada inocencia o inculpabilidad de quien ha sido reputado responsable de infracción criminal y en tal concepto condenado con palmario y ostensible error, por lo que su esencial finalidad se dirige a hacer prevalecer frente a los efectos de una Sentencia o resolución firme, sustentada en una verdad formal y legal, la auténtica y plena verdad material, real y extraprocesal,". Es de destacar el distinto tratamiento que tanto la jurisprudencia del TC como la del TS otorgan a esta materia, su admisión - en el caso de impugnación de sentencias firmes - se realizará de forma restrictiva al concurrir el principio de seguridad jurídica cualificado por derivar de una sentencia firme, mientras que en el caso de los recursos el criterio de admisión es justamente el contrario, se busca no obstaculizar su admisión por meras rigideces interpretativas o Cuestiones formales; De todo ello no podemos sino extraer un nuevo elemento diferenciador de aquellos instrumentos jurídicos utilizables frente a resoluciones no firmes - recursos - de aquellos otros que caben frente a sentencias firmes y cuya naturaleza jurídica es distinta de la de los recursos. 251
r I
Así lo señala expresamente la importante STC 124/1984, de 18 de diciembre, ,,495.
5.
Indefensi6n
y
utilizaci6n
de
los
medios
de
prueba pertinentes. Derecho a no declarar contra s1 mism0 496
El TS establece la especial importancia del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, y destaca la fundamental contribuci6n del mismo a la consecuci6n del juicio justo, que interpretamos como riguroso sin6nimo de proceso debido
-
STS de 20 de enero de 1993
(RA 132)
F.
J.
.
-'
"La
Constitución Española al proclamar en su arto 24.2, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia, a un proceso público y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, sienta las bases y condicionamientos para alcanzar el juicio justo. ,,497 "El arto 24 de la CE ha convertido en un derecho fundamental el de utilizar los medios de prueba pertinentes en cualquier tipo
495 RAMOS KENDEZ F. El proceso penal ••. , op. cit., pp. 444-449. Vid. también el arto 797 LECRIM sobre la posibilidad de anulación de sentencias dictadas en rebeld1a en el procedimiento abreviado, y arto 773 y ss. LEC que se ocupa de la audiencia a determinados rebeldes frente a sentencias firmes. 496 KONTERO/ORTELLS/GOKEZ/KONTON Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. III, p. 39. Donde se destaca la doble parcialidad del enunciado del arto 24.2 CE respecto al derecho a utilizar los tnedios de prueba pertinentes, as1 no hace referencia a la aCUsación ni al previo derecho necesario de alegaci6n de hechos de cargo y descargo. RAMOS KENDEZ F. El proceso penal ••• , op. t., pp. 343 Y ss. GOKEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., . 341-344.
STS de 16 de septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1Q. 252
de proceso en que el ciudadano se vea involucrado. Este derecho , inseparable del de defensa, al haber sido constitucionalizado, impone
una
mayor
sensibilidad
en
relación
con
las
normas
procesales atinentes a ello, de forma que, admitida la prueba, el Tribunal
no
necesitaba
impulso de parte
para dictar
las
resoluciones pertinentes en orden a su práctica.,,493 El TS llega a afirmar en varias de sus sentencias y con respecto al derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, fundamental
que por
tras la
CE,
su
elevación lo
correcto
al
rango
será
de
"proveer
derecho a
la
satisfacción de tal derecho, sin desconocerlo u obstaculizarlo, siendo preferente en tal materia incurrir en un posible exceso en la admisión de pruebas que en su denegación, ••. ,,499 Debe destacarse la estrecha vinculación existente entre el derecho a
la utilización de los medios de prueba pertinentes
498 STS, de 8 de julio de 1988. Vid., también SSTS, de 18 de octubre de 1988, 16 de febrero de 1990, entre otras. 499 STS de 16 de junio de 1987 (RA 4952) F. J. 1 9 • En el mismo sentido ATS de 21 de octubre de 1991 (RA 7332) F. J. 19 Y STS de 10 de febrero de 1992 eRA 1080) FF. JJ. 2g Y 3g. Existen sin embargo limitaciones al derecho que nos ocupa, as1 no podrán ser utilizadas o si lo son no surtirán efecto aquellas pruebas obtenidas mediante la violación de derechos o libertades fundamentales, STC 114/1984, de 29 de noviembre. STS de 7 de febrero de 1992 eRA 1108) F. J. 2 g , en ella se establece que en tales casos no será de aplicación la "Fruit of the poisonous tree doctrine" /doctrina de los frutos del árbol envenenado, que invalidarla toda la cadena originada por una actuación i11cita para obtención de pruebas, sino que se desligará el acto de obtención il1cita de prueba, que no tendrá validez, de aquella otra prueba obtenida l1citamente como consecuencia de la primera, que será eficaz para enervar la presunción de inocencia. V. gr. en base a un interrogatorio en el que se vulneran derechos fundamentales, prueba inválida, se procede a una actuación de entrada y registro efectuada con mandamiento judicial en el que se hallan efectos incriminatorios, prueba válida. Vid. arto 11.1 LOPJ. Vid. LOPEZ BARJA DE gUIROGA J. Las escuchas telefónicas Y 19 prueba ilegalmente obtenida, Madrid 1989, pp. 82-148. 253
tanto con el derecho a la defensa como con el principio de contradicción y aUdiencia5°O,
sin embargo ello no excluye la
posibilidad, a la que nos acogemos, de clasificarlo, dada la relación causa-efecto existente entre ambos enunciados, bajo el epígrafe de la prohibición de la
indefensión~l.
El arto 24.2 CE en relación con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes no garantiza "el derecho a que se practiquen todas aquellas pruebas que las partes tengan a bien proponer, sino tan sólo las que sean pertinentes o necesarias (STC 192/1987), ya que - como también ha declarado este Tribunal
500 Un claro ejemplo de dicha relación lo constituye el supuesto recogido en la STS de 31 de marzo de 1989 (RA 2288) F. J. 2 Q, en el que se afirma que produce indefensión, por la violación del principio de contradicción o audiencia, el no permitir el OJ la intervención de las partes en la práctica de las diligencias para mejor proveer. Vid. arto 340 LEC. 501 En este sentido, STC 1/1992, de 13 de enero, F. J. 5 Q, "Este Tribunal se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre lo que constituye la esencia de la indefensión, o sea la limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de los 6rganos judiciales .•• ". y en relación al derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, F. J. 6Q "Despréndese de todo lo dicho que la interpretación excesivamente formalista de los preceptos procesales que regulan el recibimiento a prueba en segunda instancia para el declarado en rebeldía en la primera, y la inaplicación por el Tribunal del que, en todo caso, permitía la práctica de las pruebas que en el recurso de súplica se propusieron, vulneraron los derechos fundamentales garantizados para el recurrente en el arto 24.1 y 2 de la Constitución .•• ". STS de 8 de marzo de 1991 (RA 2082) F. J. 2 Q, donde se afirma por un lado que la improcedente denegación de práctica de medios probatorios produce indefensión, y por otro que "toda prueba, para que pueda producir efecto en el proceso, ha de ser pública para las partes, en cuanto que el derecho no admite eficacia a pruebas secretas,". La STS de 15 de abril de 1991 (RA 2729), afirma en su F. J. SQ, que "la indefensión hay que relacionarla con el derecho, también fundamental, a utilizar medios de prueba pertinentes, ya que el impedimento a los mismos naturalmente que genera una situación injusta al coartarse la utilización de llledios probatorios, si bien haya de tenerse presente que el jUicio de pertinencia es de la exclusiva competencia del juez ordinario". STS de 16 de septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1Q. Vid. también arto 6.3.d CEOH. 254
- sólo tiene relevancia constitucional para provocar indefensión la denegación de pruebas que, siendo solicitadas en el momento y la forma oportunas, no resultase razonable y privase a la parte
de hechos decisivos para su pretensión (SSTC 149/1987, 212/1990 Y STS de 28 de noviembre de 1990 (RA 9212) F. J.
412) "S
de
manera que sea respetada la competencia propia de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a la jurisdicci6n ordinaria para apreciar la pertinencia de las pruebas ante ellos propuestas, siempre que las resoluciones que sobre ello se pronuncien no resulten arbitrarias o
infundadas~.
Una concreta manifestaci6n del derecho que nos ocupa y que pertenece como veremos también al derecho fundamental a un proceso con todas las garantias - por tanto doblemente elemento del
proceso
debido
implica
la
consideración
de
prueba
pertinente de aquella que permita al acusado o a su representante el interrogatorio de los testigos que hayan declarado contra él, máxime si se trata de un único testigo de cargo, lo cuál supone
502 STC 87/92, de 8 de junio de 1992, F. J. 212. Igualmente en el mismo sentido STS de 15 de febrero de 1990 (RA 1544) F. J. 212. ~&"
503 STC 141/92, de 13 de octubre, F. J. 212. STS de 29 de de 1990 (RA 9214) F. J. 112 B, "Es evidente que el auto .¡;1,de la Sección 51 de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha .16 de jUlio de 1986, en el que, sin razonamiento alguno, denegó la prueba pericial propuesta por la defensa del procesado Consistente en que por médico especialista de la Clinica Médico Forense de Madrid, y previo examen del procesado, emitiera orme sobre su adicción a la heroina en junio de 1985, si fria alguna enferm~dad mental y en qué medida afectaban ambas su capacidad cognoscitiva y volitiva, asi como su influencia la realización del hecho de que venia siendo acusado, incidia VUlnerándolo - en el derecho del procesado a utilizar los os de prueba pertinentes para su defensa.".
~.·noviembre
255
en definitiva una concreta modalidad de aplicaci6n del principio de contradicci6n504 • "La doctrina jurisprudencial, por una parte, ha comprendido en el campo del presente motivo tanto los supuestos de inadmisi6n de un medio probatorio como los de no suspensi6n del juicio pese a la no práctica del admitido - cfr. STS de 10 de abril de 1989 (RA 3081),,505. El
derecho
pertinentes
a
la
extiende
manifestaciones
de
la
utilizaci6n su
eficacia,
de
los
además
jurisdicci6n~,
a
medios de los
a
de
prueba
todas
las
procedimientos
504 STS de 5 de enero de 1990 (RA 276) F. J. 2$1. "En lo que ahora nos ocupa concretamente ha de procurarse no prOducir indefensi6n a ninguna de las partes. Claramente se viola el derecho a la defensa del acusado cuando no se accede a la suspensi6n y se utilizan, no obstante, como prueba de cargo las manifestaciones del testigo que no declaró en el juicio y sí lo hizo en el sumario, porque, por regla general, no pude dictarse sentencia condenatoria en base a pruebas respecto de las cuales no ha podido intervenir el Abogado del acusado, siendo aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 6.3.d) del Convenio de Roma de 1950 y en el artículo 14.3.e) del Pacto de Nueva York de 1966, que conceden a todo acusado, como mínimo, entre otros, el derecho a interrogar o a hacer interrogar a los testigos que declaren contra él". De no estimarse como pertinente dicho medio probatorio se vulnerarán diversos derechos fundamentales, así STS de 7 de febrero de 1990 (RA 1289) F. J. 1$1 "En consecuencia, la valoración como prueba de las declaraciones de los testigos que no han sido sometidos a la posibilidad de contradicción por las partes procesales en el juicio, vulneran el derecho de defensa y el de presunción de inocencia - STC de 20 de noviembre de 1989 -.". En el mismo sentido STS de 30 de mayo de 1988 (RA 4110) FF. JJ. 3$1 Y 4$1, "La básica prueba de cargo con que se cuenta, en el supuesto que nos ocupa, dimana del testimonio de Javier Ll.¡ no pUede privarse a los procesados del ejercicio de su derecho de contradicción, interrogando a aquél en el acto del juicio oral, y realizando las confrontaciones oportunas.". 505 STS de 30 de abril de 1990 (RA 3378) F. J. 1$1. 506 STC 205/1991, de 30 de octubre, F. J. 3$1, "Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, el derecho a utilizar los lnedios de prueba pertinentes para la propia defensa, ~Onstitucionalizado por el arto 24.2 CE, ejercitable en cualquier di po de proceso e inseparable del derecho mismo de la efensa, ••• " • 256
administrativos sancionadores, si bien con ciertos matices "dado que
ambos
proceso
penal
y
procedimiento
administrativo
sancionador - son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. ,,507 El derecho a no declarar contra si mismo, nemo se detegere, forma parte del arto 24.2 CE Y es predicable tanto del acusado (art. 392 LECrim) como de los testigos (art. 418
LECrim)~.
No puede haber vulneraci6n del derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra si mismo, cuando se ha hecho al interesado ofrecimiento de los derechos expresados en el arto 520 LECrim que corresponden a toda persona privada de libertad, y cuando declara voluntariamente en presencia de El
derecho
particularidad,
a
no
declarar
contra
si
Abogado~.
mismo
tiene
la
como ocurre con los contenidos del presente
apartado pero que, sin embargo, no comparte con carácter general el contenido esencial del proceso debido, de ser un derecho renunciable510 •
6. Indefensi6n e incongruencia.
507 STC 212/1990, de 20 de diciembre, F. J. 3 2 ; Vid., también STC 169/1990, de 5 de noviembre. 508 En un supuesto penal, STS de 9 de mayo de 1990 (RA 3888) F. J. 12.
509 STS de 20 de enero de 1993 (RA 129) F. J. 62. 510 STS de 12 de junio de 1984 (RA 3548) Considerando 22, "Que aun cuando el arto 24-2 de la constituci6n reconoce el derecho a tOdo ciudadano a no declararse culpable, no es menos cierto que este derecho es renunciable ••• ". 257
No sólo el TC sino que también el TS se ha ocupado en numerosas ocasiones de determinar qué es la incongruencia y de qué manera y con qué consecuencias afecta al derecho a la tutela judicial
efectiva sin
indefensión y
en última
instancia
al
proceso debidoSll • La
jurisprudencia del TC afirma que "La congruencia es
compatible,
sin
embargo,
con
la
utilización
por
el
órgano
judicial del principio tradicional del cambio del punto de vista jurídico expresado en el aforismo iura novit curia,
en cuya
virtud los Jueces y Tribunales no están obligados a motivar sus Sentencias,
ajustádose
estrictamente
a
las
carácter
jurídico aducidas por las partes.
aplicar
la
norma
les
faculta
para
alegaciones
de
La potestad para
desvincularse
de
la
511 La STS de 5 de'mayo de 1988 (RA 3478) F. J. 1 Q, en la que el MF sostiene, aunque el TS declara no haber lugar al recurso, se ha producido indefensión en la parte acusadora, por incongruencia de la AN. otro ejemplo de incongruencia por resolver la sentencia puntos no sometidos a su decisión, por exceso, (en contra de lo establecido en el arto 359 LEC), afectando por tanto al derecho fundamental de defensa, lo hallamos en la STS de 6 de marzo de 1990 (RA 1671) F. J. 2Q. Como ejemplo de incongruencia por defecto, STS de 6 de abril de 1990, "La omisión en el fallo de todo pronunciamiento sobre la reconvención, ya para estimarla total o parcialmente o para desestimarla, coloca evidentemente al reconviniente gn situación de indefensión en cuanto al derecho ejercitado, contraviniendo así lo dispuesto en el arto 24.1 CE Y obligando, en caso de no corregirse esa deficiencia, a seguir el reconviniente un nuevo pleito para reclamar sus derechos. En consecuencia, al no resolver todos los puntos litigiosos que fueron objeto de debate, la sentencia impugnada ha incurrido en el vicio de incongruencia por defecto.". vid. también SSTS, de 22 diciembre de 1990, 30 de septiembre de 1991. MONTEROIORTELLS/GOHEZ/HONTON Derecho JuriSdiccional, op. cit., t. III, pp. 401-412. Donde se opta por la denominación Correlación con preferencia a la de congruencia. RAMOS HENDEZ F. II proceso penal ••• , op. cit., pp. 390-393. 258
argumentación jur1dica esgrimida por los litigantes, pudiendo basar su decisión en razonamientos jur1dicos distintos. "S12 Relacionado también con la incongruencia y por tanto con la prohibición de la indefensión, pero ceñido a la segunda instancia procesal y vigente en todos los órdenes jurisdiccionales, nos encontramos con la prohibición de la reÍormatio in peius como l1mite de la potestad jurisdiccional en tanto su vigencia no sea anulada por uno de los medios previstos en la leySl3. 512 STC 88/1992, de 8 de junio, F. J. 2Q. Por todas en relaci6n con los 11mites de la congruencia, vid. STS de 16 de abril de 1990 (RA 2719) F. J. 2Q. Con respecto al cambio del punto de vista jur1dico, afirma la STS de 9 de febrero de 1981 (RA 388) considerando 3 g , "la incongruencia no se produce por el cambio del punto de vista jur1dico, del Tribunal de instancia respecto del mantenido por los interesados, siempre que se observe por aquél el absoluto respeto para los hechos que son los únicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposici6n de las partes,". Con respecto al principio iura novit curia vid., v. gr., STS de 16 de noviembre de 1981 (RA 4535) Considerando 5 g , "habida cuenta, de una parte, que el principio iura novit curia, que rige en nuestro ordenamiento jur1dico procesal, posibilita fundamentar el fallo con distintas apreciaciones jurídicas que hayan establecido las partes e incluso el juzgador cuya sentencia se contempla en diferente instancia o recurso, siempre y cuando, como en este caso ocurre, se tengan en cuenta los hechos alegados y reconocidos y no se altere la causa o razón de pedir.". En igual sentido, SSTS de 15 de octubre de 1984 (RA 4865) Considerando 3 2 donde establece una vez más los límites de la potestad de los Jueces y Tribunales para aplicar la norma adecuada sin una rígida acomodación a la literalidad de los escritos de las partes, y SSTS de 21 de mayo de 1985 (RA 2406) Considerando 3 g ; de 24 de marzo de 1987 (RA 1720) referencia al principio da mihi Íactum dabo tibi ius. En el mismo sentido vid. STS de 10 de marzo de 1993 (RA 1829) F. J. 2Q, "la incongruencia centra toda su determinación procesal en el enfrentamiento del fallo con las pretensiones de los escritos iniciales, siendo por tanto inocua la posibilidad de que se apliquen normas legales ~istintas por imperio del principio "Da mihi factum, dabo tibi lUs" o su paralelo "iura novit curia", con tal de que ni se tergiversen los hechos ni se modifiquen las causas de pedir,".
513 STC 19/1992, de 14 de febrero, F. J. 2Q, "Como ya ha tenido Ocasión de poner de manifiesto con anterioridad este Tribunal (por todas, STC 17/1989) la prohibición de la reÍormatio in peius es una manifestación de la interdición de indefensión que reconoce el arte 24 CE Y una proyección de la congruencia en la segunda instancia, la cual incluye la prohibición de que el 259
B. Proceso debido y principio acusatorio
1. En general
El principio acusatorio es uno de los que configuran la LECrim que consagra un sistema acusatorio formal o mixto en el que confluyen caracteres propios de los sistemas originarios que cronológicamente se acusatorio
suceden
necesidad de
en el
tiempo,
acusación
asi
del
sistema
para que haya
juicio,
separación de las funciones de acusar y juzgar, resultado de la investigación preliminar base de la acusación no de la sentencia, publicidad y confrontación-contradicción en el juicio oral, libre valoraci6n de la prueba por el reformatio in peius
-
y del
juzgador,
prohibición de la
inquisi ti vo
investigación y
persecución de los delitos como función pública (principio de oficialidad) , procedimiento preliminar netamente inquisitivo que
órgano judicial ad quem exceda los limites en que viene formulada la apelaci6n acordando una agravaci6n de la sentencia recurrida que tenga origen exclusivo en la propia interposici6n del recurso.". Su vigencia se extiende también, aún sin existir norma expresa en tal sentido, a las apelaciones en los juicios de faltas (SSTC 54/1985, 84/1985, 115/1986, 202/1988). Por lo que a la jurisprudencia del TS respecta vid., STS de 27 de octubre de 1979 (RA 3760) Considerando 3 12 , "la prohibici6n de la reformatio in peius impide agravar la punici6n del contradictor sin recurso acusatorio,". Igualmente SSTS de 5 de mayo de 1980 (RA 1806) Considerando 3 12 ; De 4 de octubre de 1985 (RA 4572) FF. JJ. 512 Y 6 12 , donde se trata de deslindar con exactitud la ~ongruencia o incongruencia de la prohibici6n de la reformatio In peius, en su aplicaci6n. De 17 de junio de 1986 (RA 3166) F. J. 312; De 16 de marzo de 1988 (RA 1973) F. J. 5 12 ; de 16 de abril de 1990 (RA 2719) F. J. 6 12 , que la vulneración del principio de l'eformatio in peius "únicamente debe entenderse que existe cuando Una resolución judicial es revocada, no concediendo o negando lo qUe pedia el apelante, sino agravándola en su perjuicio, sin que esto sea pedido por otro apelante o adherido a la apelación,"; de 25 de marzo de 1991 (RA 2368) F. J. 112; de 9 de enero de 1992 (AA 175) F. J. 3 12 • 260
no precisa del ejercicio de la acción penal para su inicio y que puede ser secretosw • El principio acusatorio
("Nemo iudex sine actore";
"Ne
procedat iudex ex officio") supone la necesidad de que exista una
acusación sostenida por alguna de las partes legitimadas para ello, MF o ciudadano particular, con exclusión expresa del propio OJ como acusador (caracterlstica, como ya hemos señalado, propia del sistema acusatorio formal o mixto) para que se pueda abrir el juicio oral, ya que de otro modo la continuación del proceso serla imposible; supone también que el juzgador queda vinculado a la acusación en el sentido de que no podrá condenar a persona distinta de la acusada, ni podrá condenar por hechos distintos de los acusados S1S • 514 HONTERO/ORTELLB/GOKEZ/HONTON Derecho Jurisdiccional, t. III, op. cit., pp. 20-29. PAIREN GUILLEN V. La disponibilidad del derecho a la defensa en el sistema acusatorio español en Temas del ordenamiento procesal, T. II, op. cit., nQ 4, pp. 1208 Y ss. GIHENO/HORENO/ALMAGRO/CORTEB Derecho Procesal, T. II, op. cit., pp. 35 Y ss. Vid., arts. 642-644 LECRIM. HORENO/CORTEB/GIHENO Introducción ..• , op. cit., pp. 243-246. GOHEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho procesal penal, op. cit., § 12, pp. 115 Y ss. GOHEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 21 Y ss. 515 GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho procesal penal, op. cit., p. 121. Afirma GOMEZ DE LIAÑO P. en su obra El proceso l2e nal, ya citada, "El principio acusatorio informa el sistema de enjuiciar, en la materia que nos ocupa, de manera que sin acusación no hay juicio penal, porque las iniciativas de los tribunales se refieren exclusivamente, a la apertura de la instrucción, para la cual basta el simple conocimiento de hechos que puedan revestir el carácter de infracción de la ley penal, al objeto de conocer su alcance, para poder determinarse la Oportunidad de proceder, y acordarse medidas de aseguramiento, pero si a la vista de estas actuaciones no se llega a formular acusación, el tribunal está imposibilitado para continuar, er y fallar.", p. 30. HONTERO/ORTELLBIGOMEZ/HONTON Derecho ~~~~~~~, T~ III, op. cit., pp. 27, 28. GIMENO/HORENO --~~Ku/CORTES Derecho Procesal, T. II, op. cit., nQ 16, pp. - 72. GOMEZ COLOHER J. L. en ROXIN/ARZT/TIEDEKANN Introducción ~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, op. cit., pp. 230RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 31-32. n~~ft_ AROCA J. El principio acusatorio. Un intento de
Por lo que a la jurisprudencia concierne, entiende la misma que una de las manifestaciones más importantes del proceso debido en el especifico ámbito del proceso penal la constituye el principio acusatorio, que según unánime doctrina, requiere la existencia de una acusación formal contra una persona determinada en el sentido antedicho, ya que ello, según estiman tanto el TC como el TS, forma parte del derecho a no sufrir indefensión, STC 18/1989, de 30 de ener05~.
2. Extensión
aclaración conceptual, op. cit., pp. 775-788. MARTINEZ ARRIETA A. El principio acusatorio: Teoria general y desarrollo jurisprudencial, op. cit., pp. 833-879. DE LA OLIVA/ARAGONESES /HINOJOSA/HUERZA/TOKE Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 4144. 516 vid. entre otras, SSTS de 5 de noviembre de 1979 (RA 3814) Considerando 1 2 , de 11 de marzo de 1981 (RA 1107) Considerando 32 "el principio acusatorio básico en nuestro proceso penal, que no permite resolver en contra del reo cuestiones no planteadas ni postuladas en el juicio,"; de 3 de mayo de 1988 (RA 3449) F. J. 22, aplicación indebida de agravación especifica por el OJ ya que no se hace uso de la facultad del arto 733 LECRIM ante el manifiesto error en las conclusiones del MF que debiendo hacerlo no solicitó la mencionada agravante; De 9 de enero de 1990 (RA 287) F. J. 3 2 ; de 31 de octubre de 1991 (RA 7475) F. J. 12, "el proceso español está presidido por el principio o sistema acusatorio formal o mixto, y que no cabe, por tanto, condenar por delito que no ha sido objeto de acusación, del que los procesados no fueron informados en el momento procesal oportuno de la variación que se iba a efectuar de la acusación inicialmente formulada, con lo cual, elimina o disminuye sensiblemente cualquier posibilidad de defensa, ya que es evidente que una persona puede defenderse del delito de robo en el que sostiene no haber participado en absoluto, y no hacerlo de la receptaci6n del que no fue acusado, y respecto al que permanece indefenso."; También STS de 22 de enero de 1992 (RA 430) F. J. 1 2 , "El conocimiento completo de esta base acusatoria permite al acusado Valorar su contenido y en atención a las circunstancias del heCho, mostrar su conformidad o disconformidad con lo solici tado". Sobre este punto aporta interesantes consideraciones y abundante jurisprudencia tanto del TS como del TC, RUIZ VADILLO 8. Algunas breves consideraciones sobre el sistema acusatorio y
262
En la misma linea, la STC 53/1989, de 22 de febrero detalla los limites de aplicación del principio acusatorio en el proceso penal. Asi, se establece que deberá estar también presente en la fase de apelación de las sentencias y que rige igualmente en el juicio de faltas sn • En la STS de 13 de octubre de 1989 (RA 7679) F. J. 1 Q, se determina
el
alcance
exacto
del
principio
acusatorio
estableciendo los limites que le son propios y a los que tendrán que atenerse los OOJJ penales para no producir situaciones de indefensións18 •
517 F. J. 2Q "Es doctrina reiterada de este Tribunal en orden al principio acusatorio, que éste forma parte de las garantias sustanciales del proceso penal consagradas en el arto 24 de la Constitución y que, por tanto, dicho principio ha de aplicarse también en la fase de apelación de las Sentencias". En tal sentido, vid. SSTC 104/1986, de 17 de julio, 53/1987, de 7 de mayo, 240/1988, de 19 de diciembre y 109/1989, de 8 de junio. F. J. 22 "El principio acusatorio rige también, obviamente, en el juicio de faltas. Tal exigencia ha de hacerse compatible con los principios de oralidad y concentración propios del juicio de faltas, pero en modo alguno cabe admitir la acusación implici ta o presumir ésta de que haya habido condena". Vid. también STC 57/1987, de 18 de mayo. En relación también con el juicio de faltas, SSTC 168/1990, de 5 de noviembre, 47/1991, de 28 de febrero y 11/1992, de 27 de enero. 518 "1 1 ) los Tribunales de Instancia, no pueden sancionar cualquier delito más grave que el que haya sido objeto de acusación; 21) dichos Tribunales, no pueden castigar un delito distinto al que haya sido objeto de acusación, aunque, la Ley, le señale pena inferior, a menos que reine una gran homogeneidad entre una y otra infracción; 3 1 ) tampoco pueden apreciar agravantes genéricas o subtipos agravados, no invocados por las acusaciones; y 4 A ) todo ello será posible si, el Tribunal prOvincial, usa de la facultad a la que se refiere el articulo 733 de la Ley Procesal Penal, aunque, el Tribunal constitucional, en algunas sentencias, para la viabilidad de ese medio, exige que, una vez planteada la tesis, la asuma cualquiera de las acusaciones haciéndola propia.". 263
pi La STS de 17 de junio de 1991 (RA 4735) F. J. 4 Q , establece que la imposición de pena más benigna que la aceptada por medio de la conformidad por el procesado, no supone una vulneraci6n del principio acusatori0519 • Por el contrario, otra de las concretas manifestaciones del principio
acusatorio
en
el
proceso
penal
consiste
en
Id
imposibilidad de imponer una pena más grave que aquella que haya sido objeto de acusación, excepto si se emplea la posibilidad llamada tesis de la desvinculación,
recogida en el arto
733
LEcrim520 • Afirma
también con
rotundidad el TC que
"el principio
acusatorio debe respetarse en cada instancia, lo que significa que así como no basta con la acusación formulada en primera instancia si no vuelve a formularse en la segunda, tampoco puede admitirse que una
acusación
introducida por primera vez
en
apelación venga a sustituir a una acusación no formulada en la primera
instancia",
ello
supondría
una
vulneración
de
las
519 "La vinculación estricta debe entenderse pues como prohibición de imponer pena superior a la acordada por las partes, pero ello no ha de impedir que el Tribunal pueda bajarla dentro de las facultades que la Ley le concede," y más adelante, "en resumen, no se suplanta la misión que a las acusaciones corresponde ni se quebranta el principio acusatorio. Antes al contrario, al imponer pena más benigna que la pedida y conformada, si lo es dentro de sus límites, no se hace sino proyectar, con toda su grandeza, el principio de la más estricta legalidad. " . 520 STS de 15 de febrero de 1990 (RA 1550) FF. JJ. 2Q Y 3Q. Vid. sobre esta cuestión, MONTEROIORTELLS I GOMEZ I MONTON Derecho l.urisdiccional, 111, op. cit., pp. 313-321. GlMENo/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit. Pp. 455-457. ARROYO DB LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de ~uiciamiento criminal, op. cit., pp. 409 Y ss. 264
&i
exigencias del principio acusatorio y por tanto del proceso debid0521 • El TS afirma, a modo de ejemplo práctico y resolviendo cuestiones puntuales, que supone una vulneraci6n del principio acusatorio cuando "al acusado se le aplica la circunstancia agravante de reincidencia, sin tener en cuenta que el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, no lo solicita en sus conclusiones def ini ti vas ,,522.
3. Principio acusatorio y Juez legal
El derecho fundamental al Juez legal, predeterminado por la ley o Juez natural, puede deducirse con carácter general para todos los ordenes jurisdiccionales a partir de la definici6n del derecho al Juez legal penal que a continuaci6n insertamos y que lo conceptúa como aquél derecho fundamental "que asiste a todos los
sujetos
del
derecho,
a
ser
juzgados
por
un
6rgano
jurisdiccional, creado mediante Ley Orgánica y perteneciente a la jurisdicci6n penal ordinaria respetuoso con los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisi6n a la Ley y constituido con arreglo a las normas comunes de competencia
preestablecidas."ro 521 STC 100/1992, de 25 de junio, F. J. 2Q. 522 STS de 18 de enero de 1990 (RA 932) F. J. 3Q. 523 GIHENO/HORENO/ALMAGRO/CORTBS Derecho Procesal, t. II, op. cit., p. 48. HONTERO/ORTBLLS/GOKBZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, pp. 116-126. Donde se recogen los antecedentes hist6ricos y se destacan por un lado el aspecto positivo del derecho que supone la preexistencia de los OOJJ respecto a los hechos que serán enjuiciados además de la creaci6n y organizaci6n de dichos OOJJ conforme a una Ley orgánica y como derecho 265
En la STC 106/1989, de 8 de junio, el TC se pronuncia de forma inequívoca sobre la inescindible relaci6n entre el derecho a un Juez imparcial, implícitamente fundamental"S24
"garantía constitucional en el proceso
contenida
en
el
arto
24.2
de
la
Norma
(Juez legal/ordinario, en todo caso y en páginas
posteriores profundizaremos sobre el derecho específico al Juez imparcial, que aquí no podemos dejar de anunciar dada su íntima relaci6n con el
enunciado constitucional referente al
Juez
ordinario predeterminado por la ley del que se extrae) y el principio
acusatorioS~
presente del TC
de
modo
que
denota
la
tendencia
de dotar de un tratamiento unitario,
como
garantías integrantes del derecho al proceso debido, al arto 24.2 fundamental susceptible de amparo, y por otro lado el aspecto negativo que se manifiesta en la prohibici6n de los tribunales de excepción. vid. también GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., pp. 331-332. GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 33 Y ss. RAMOS MENDEZ P. El Proceso Penal ..• , op. cit., pp. 19-23. HORENO/CORTES/GlMENO Introducción ••• , op. cit., pp. 93-99. 524 STC 113/1992, de 14 de septiembre, F. J. 3g. 525 Necesidad de atribuir la fase de instrucci6n y la del juicio oral a OOJJ distintos¡ vid. STC 106/1989, F. J. 3g sobre el preciso alcance del concepto actividad instructoria, ya que no toda actividad previa merece tal calificación, por no constituir actividad inquisitiva, y consecuentemente puede no haber comprometido la imparcialidad de quien la realiza. La STS de 27 de mayo de 1988 (RA 3849) en su F. J. 1 9 , permite distinguir entre el derecho a Juez ordinario predeterminado por la ley, arto 24.2 CE, como aquél derecho a que quien conoza del caso sea un "juez ordinario fijado previamente por el ordenamiento jurídico para conocer de tales actuaciones¡" quedando por tanto excluida la posibilidad de "un nombramiento ad hoa para conocer de ellos ni designación extravagante alguna, en este sentido.", del derecho al Juez imparcial, derecho no expresamente contemplado en el mencionado arto 24.1 CE, extraible del arto 117.1 CE, Y que no necesariamente se dará con la determinaci6n del juez legal, se trata de una circunstancia añadida que supondrá la no concurrencia de causa alguna de abstenci6n o recusación en el Juez ordinario. Arts. 217 y ss. LOPJ. Arts. 52 y ss. LECRIM¡ Arts. 188 y ss. LEC. vid. ARROYO DE LAS HERAS/KUÑOZ CUESTA, ~ ~e Enjuiciamiento criminal, op. cit., pp. 66 Y ss. 266
CE526 -
considerando la del Juez
legal como una garantía del
proceso debido que es calificado en esta STC como derecho fundamental integrado por las garantías que componen el arto 24.2 CE
527
En la tramitación de un proceso penal la garantía del Juez legal, en virtud de la vigencia del principio de inmediación, supondrá que necesariamente deberá ser el Juez que ha presidido el juicio oral, ante quién se practicaron las pruebas, quién pronuncie la sentencia, (SSTC 145/1985, 57/1986, 145/1987), so pena de vulneración de la tutela judicial efectiva. Sin embargo en la tramitación de los procesos civiles esta garantía no opera de igual manera dado que no rige el principio de inmediación, y cuando lo hace no tiene las connotaciones y consecuencias que hemos mencionado en relación con el proceso penal, de manera que el supuesto en el que el Juez sentenciador fuera distinto al Juez
526 Ello permite terminar con situaciones de incertidumbre como las provocadas por el ATC 341/1982, de 10 de noviembre, comentado
en páginas anteriores, de donde se podía deducir la convivencia, dentro del arto 24. 2 CE de las garantías del proceso debido junto con otras garantías o derechos diferentes. 527 F. J. 212 "Como ha tenido ocasión de señalar este Tribunal en sus SSTC 113/1987, fundamento jurídico 4 Q , 145/1988, 47/1982, 261/1984, 44/1985 Y 148/1987, de las garantías del proceso debido, que reconoce como derecho fundamental el arto 24.2 CE, forma parte la del Juez imparcial, la cual constituye no sólo una de las notas esenciales del principio acusatorio, que encuentra su protección constitucional en el derecho a un "proceso con todas las garantías", sino también y al propio tiempo es un derecho fundamental, implícito en el derecho al Juez legal proclamado en el mismo núm. 2 del artículo 24 de la Constitución.". El TS, STS de 30 de septiembre de 1985 (RA 4581) F. J. 612, incluye al Juez ordinario entre aquellos "derechos o principios que, siendo autónomos e independientes en el art. 24.2, emanan y derivan de esa tutela efectiva que los jueces Obligatoriamente han de dar al ciudadano; proceso con plenas garant1as, proceso regido por el juez ordinario •.• ". 267
que tramitó los autos y presidió la comparecencia, no supondría vulneración alguna del proceso debido por indefensiónsu • En
la
STC
4/1990,
de
18
de
enero
se
constata
una
vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, por tanto del proceso debido, por atribución indebida de un asunto a una jurisdicción
jurisdicción especial,
en el caso concreto la
milita~~.
El TS colabora igualmente en el establecimiento de los límites
del
derecho
que
nos
ocupa,
y
así
y
en
relación
específicamente con la imparcialidad establece: "1.12 El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley que proclama el inciso primero del núm. comporta,
2 del
arto
24 de
la Constitución
cuando de Tribunales colegiados se trata,
que las
528 STC 189/1992, de 16 de noviembre, FF. JJ. 3 12 Y 412. En la STS de 10 de marzo de 1986 (RA 1171) se destaca la vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (y por tanto del proceso debido), cuando se nombran Jueces especiales civiles para la sustanciación y resolución de juicios universales. Por lo que al proceso penal concierne y en relación al principio vigente de inmediación, la STS de 29 de enero de 1993 (RA 220) F. J. 112, establece que se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, y dentro de él el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, cuando tras la suspensión del juicio oral, se reanuda anta un Tribunal distinto del anterior, al haber sido sustituido uno de los Magistrados que componían la Sala ante la que se llevó a cabo la parte inicial del juicio oral. vid. arto 793.4 LECRIM. 529 F. Jo 312 "En la STC 75/1982, este Tribunal sostuvo que el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, que está reconocido como derecho fundamental en el arto 24 o2 de la Constitución, resulta vulnerado cuando se atribuye indebidamente un asunto a una jurisdicción especial en vez de a la ordinaria." o También en relación con la jurisdicción militar, establece la STC 106/1992, de 1 de julio en su F. J. 212, Y con respecto al procedimiento de habeas corpus, que será competente para su conocimiento - por tanto juez legal - el correspondiente de la jurisdicción militar, cuando la razón de la detención que provoca la posterior interposición del habeas corpus, sea una sanción para cuyo conocimiento es competente la jurisdicción militar. En la jurisprudencia del TS vid., V. gr. STS de 26 de noviembre de 1990 (RA 9166) F. J. 512. 268
partes conozcan anticipadamente la composici6n de la Sala que ha de resolver el caso litigioso en cuesti6n,
como único medio
posible de que puedan hacer uso de su derecho de recusaci6n (arts. 217 y ss. LOPJ), teniendo a este respecto declarado el Tribunal Constitucional STC 46/1982, de 12 de julio, que "el derecho a
ser juzgado por el Juez predeterminado por la Ley
comprende recusar a aquellos funcionarios en quienes se estime que
concurran
las
causas
legalmente
tipificadas
como
circunstancias de privaci6n de la entidad subjetiva o de las condiciones
de
imparcialidad
y
de
neutralidad".
2. g
En
concordancia con lo anteriormente dicho, el arto 203 de la LOPJ ordena que se notifique a las partes el nombre del Magistrado Ponente
y,
en
su
caso,
del
que
con
arreglo
al
turno
ya
establecido le sustituya, con expresi6n de las causas que motiven la sustituci6n"s30. Dentro de los Tribunales especiales, que sólo pueden existir por
estar
admitidos
por
la
CE,
merece
siquiera
una
breve
referencia el Tribunal del Jurado puesto que está llamado a constituir - y debería ser ya, dado que mientras no se habilite las
posibilidades de
participación de
los
ciudadanos
en
la
administración de justicia que la CE pretende se ve seriamente restringida - parte del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley y por 10 tanto parte del contenido del proceso debido en el ámbito que le sea propio.
530 STS de 5 de octubre de 1992 (RA 7524) F. J. 42. 269
Hasta el momento se refieren al Jurado únicamente el arto
.25 CE Y los arts. 19.2 y 83 LOPJ, que se limitan a sentar las
)ases de la futura Ley reguladora de la materia 531 •
C. Proceso debido y derecho de defensa
1. En genera1532
El derecho de defensa es un derecho, y también una garantia,
:undamental reconocido en los arts. 17.3, 24.1 Y 24.2 CE Y que
La sido definido por algún autor como "otro de los comodines
lolivalentes que rodea el ejercicio de la acci6n penal" cuyo
lignificado es "ante todo el derecho a defenderse en el juego de
.a contradicci6n. Es en realidad un derecho a mantener la postura
;31 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. , pp. 62-78. En general vid., GOMEZ COLOMER J.L. Comentarios a .os articulos 19.2 v 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de .985: problemas prácticos aplicativos y de "lege ferenda" del 'uturo juicio con Jurados en el proceso penal, La Ley 1986, t. , pp. 1047-1073. FAIREN' GUILLEN' V. Los Tribunales de Jurados en .a Constituci6n española de 1978, Madrid 1979. GARRIDO FALLA P. ~omentarios ••. , op. cit., pp. 1846-1858.
Como curiosidad, aunque en absoluto carente de interés iientifico, en relaci6n con el tema del derecho a la defensa, 'id., UNION INTERNACIONAL DB ABOGADOS Carta internacional de los lerechos de la defensa, Justicia, Barcelona 1988, pp. 469 Y ss. 'a en el arto 1Q de la misma se hace referencia a que el derecho . la defensa es uno de los pilares del derecho a la justicia y , un proceso equitativo, al que califica de derecho fundamental.
132
270
procesal de parte acusadora o acusada. ,,533 Su aplicación en el proceso penal es decisiva. La STC 74/1984, de 27 de junio, establece en su fundamento jurldico 2Q que el derecho de defensa es uno de los contenidos del proceso debido s34 •
533 RAMOS MENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 16-18, en él se destaca la relación del derecho de defensa con la actividad probatoria, y con la defensa técnica por medio de la asistencia de Abogado y Procurador. GOMEZ DB LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 332-335, que lo vincula de modo esencial a la asistencia de Letrado. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, t. 111, op. cit., pp. 298-301. GIMENO/MORENO ¡ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 174-180, donde se señala que su contenido 10 constituyen: La autodefensa y el derecho a la asistencia de Abogado. Como ejemplo de posibilidades de restricción de dicho derecho en relación especlficamente a la defensa técnica, vid. GOMEZ COLOMER J. L. La exclusión del Abogado defensor de elección en el proceso penal, op. cit., pp. 61 Y ss. 534 La mencionada STC 74/1984 resuelve un recurso de amparo
interpuesto frente a la resoluci6n recaida en un proceso contencioso administrativo, por 10 tanto las exigencias del proceso debido abarcan también a los procesos que se realizan en dicho orden jurisdiccional. y en relación al proceso debido afirma, F. J. 2 Q "Los derechos al proceso debido y a la defensa dentro de él exigen, entre otras manifestaciones, la de tener que llamar como parte en cualquier procedimiento a toda persona legitimada para ello, por poseer derechos o intereses legalmente otorgados para constituirse en parte procesal, y poder oponerse contradictoriamente a las pretensiones adversas a través de la dialéctica jurldica y de las justificaciones oportunas, por exigirse la constituci6n adecuada de la relación jurldicoprocesal entre las partes que tengan que ser genuinos e id6neos demandantes y demandadas, en atenci6n al derecho material debatido, en el conflicto intersubjetivo de intereses". Para determinar el contenido del derecho a la defensa ATC 374/84, F. J. 4Q "El arto 24.1 de la CE, al conceder a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de los 6rganos jUdiciales, exige que en ningún caso se produzca indefensión, 10 que significa que en el proceso ha de respetarse el esencial principio de contradicción asl como ha de permitirse a las partes contendientes alegar y probar sus derechos e intereses con vistas a su reconocimiento judicial. La privaci6n de alguna de estas garantlas procesales constituirla una vulneración del derecho de defensa, que también podr1a provenir en aquellos casos en los que la decisión judicial efectuara una variaci6n absoluta del debate, alterando las pretensiones objeto de la inicial contradicci6n y olausurando la posibilidad de defensa y pruebas pertinentes." 271
>
2. Extensi6n
Con respecto a la efectividad del derecho de defensa en las distintas fases procesales, se desprende de la doctrina del TC, SSTC 44/1985, de 22 de marzo y 66/1989, de 17 de abril, y de los arts. 118 y especialmente 302 (instrucción e intervención de las partes personadas en todas las diligencias del procedimiento) ambos de la LECrim, la efectividad del derecho de defensa del imputado, a través de la intervención, en todas las fases del procedimiento con particularidades, en su caso, en relación a la fase sumaria 1535 • El derecho de defensa, y dentro de él el derecho a la asistencia letrada, sólo desplegará su eficacia, permitiendo la impugnación de la actuación correspondiente, cuando se produzca indefensión efectiva. "y ello no ocurre en este caso, en el que los procesados - salvo uno - negaron los hechos imputados y en las fases del proceso en que se materializó la acusación contaron con Letrado de su elección para la asistencia procesal que estimaron adecuada y conforme a sus intereses. ,,536 •
535 STC 66/1989, de 17 de abril, F. J. 4Q "Se establece as1 un principio de intervención procesal que, ••• , resulta del derecho de defensa del imputado en todas las fases del procedimiento, •••• Pero ha de recordarse también que en la fase de investigación (es decir, antes y fuera de la fase de vista oral) el Tribunal ha precisado en la citada Sentencia (STC 44/1985) que ese derecho "podrá restringirse en los supuestos especiales y extraordinarios que exija la investigación según las leyes procesales" .... J
STS de 7 de febrero de 1992 (RA 1108) F. J. 3 Q, señala igualmente esta sentencia que las pruebas producidas con irregularidades procesales en la fase sumarial o instructoria, generan su nulidad autónoma, sin afectar al resto del proceso, no PUdiendo ser consideradas aptas para enervar la presunción de inocencia, (también STS de 16 de enero de 1992 (RA 169) F. J. 2 Q, entre otras). 536
272
" Jea;
3.
Derecho
a
ser
informado
de
la
acusaci6n.
Derecho a la intervenci6n de intérprete
El sujeto pasivo del proceso penal tiene derecho a estar en todo momento informado de las actuaciones procesales que se realizan y en las que está involucrado, ese derecho comienza con el inicio del propio proceso penal, as! arto 17.3 CE donde se recoge el derecho a ser informado de los motivos de la detenci6n, y tiene una especial manifestaci6n en el derecho que ahora nos ocupa a ser informado de la acusaci6n frente a él formulada del art.
24 • 2
CE Y que actúa como presupuesto del derecho de
defensa S3? • En
la
STC
30/1989,
de
7 de
febrero,
encontramos una
expresi6n que entendemos, ateniéndonos al significado gramatical de las palabrass38 , sin6nima a la que constituye el obj eto de nuestra tesis - las referencias a su contenido nos confirman dicha identidad -
En la referida STC se habla de "proceso
iusto"S39, y respecto al mismo se afirma que comporta, dentro del derecho a la defensa - que como ya hemos destacado en páginas anteriores constituye uno de los contenidos del proceso debido y de su correlativo derecho a ser informado de la acusaci6n, con
la finalidad de asegurar en determinados casos la eficacia de 537 RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., p. 162. GOMEZ DE LXAÑo P. El proceso penal, op. cit. pp. 335-338. 538 REAL ACADEMXA ESPAÑOLA Diccionario de la lengua española, Madrid 1984, pp. 442 Y 806. 539 La terminología empleada no es ajena a Tribunales diferentes del TC español, as! v. gr. vid. STEDH de 6 de diciembre de 1988, oaso Barberá, Messegué y Jabardo, en relaci6n al arto 6 CEDH y el derecho a un proceso justo. vid. STS de 20 de enero de 1993
(RA 132) F. J. li2. 273
dicho derecho a ser informado, el derecho a la intervención de un intérprete, cuya no concurrencia - cuando procediere - será determinante de la indefensión de la parte a quien
afecte~.
La información de la acusación formulada debe realizarse de tal manera que permita al imputado una defensa completa. Así, afirma el TS que "tras la vigencia de la Constitución de 1978, todo imputado tiene derecho a conocer de lo que se le acusa, no pudiendo producirse la imputación de nuevas infracciones, de un modo sorpresivo y que le suma en la más completa indefensión consecutiva
al
desconocimiento
de
una
calificación
que,
el
Tribunal, mantuvo in pectore y que no exteriorizó sino cuando el acusado
ya
no
podía
articular
ni
alegaciones
ni
pruebas
exculpatorias. ,,541. 540 En relación con el derecho a ser informado de la acusación formulada, la STS de 25 de marzo de 1987 (RA 2212) F, J. 12, afirma refiriéndose a los diferentes momentos en que dicho derecho deberá hacerse efecti vo, "la información dicha, debe facilitarse al detenido o preso desde el mismo momento en que es privado de libertad, debiéndosele informar, de nuevo, a través de la notificación del auto de procesamiento, y que, finalmente, se le enterará de las causas o motivos por los que es enjuiciado, en los escritos de calificación provisional de las partes acusadoras, y en su caso, en los escritos de conclusiones definitivas de las mismas,". STS de 29 de septiembre de 1989 (RA 7517) F. J. 52, que establece la relación necesaria existente entre "el principio acusatorio que preside la fase plenaria del proceso penal español y el derecho constitucional que tienen todos los acusados, y les reconoce el artículo 24 de la Constitución, de conocer aquéllo concretamente por lo que se les acusa,". Respecto al derecho a la intervención de un intérprete, vid. ARROYO DE LAS HERAS/HUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento Criminal, op. cit., pp. 288 Y ss. 541 STS de 9 de septiembre de 1987 (RA 6327) F. J. 32. En el mismo sentido STS de 15 de marzo de 1988 (RA 2019) F. J. 52, "la ratio essendi del mandato constitucional contenido en el número 2 del artículo 24 de la Constitución de que todos tienen el derecho a ser informados de las acusaciones formuladas contra ellos, se encuentra en la necesidad de evitar que pueda llegar a producirse indefensión ante el desconocimiento de pretensiones qUe impida la posibilidad de impugnarlas,". y finalmente afirma el TS en sentencia de 15 de abril de 1992 (RA 3060) F. J. 4 2 , "la 274
En relación al derecho a ser informado de la acusación afirma el TC que "dado que los derechos de defensa se han de mantener en cada instancia (SSTC 245/1988, F. J. 3 Q¡ 31/1989, F. J. 3 Q ) , no cabria argumentar que la petición de esa acusación ya era conocida al actor." De manera que "cuando el recurrente es el acusador y no el acusado, en realidad en el recurso se está ejerciendo una acción penal, una acusación contra el recurrido de
la que debe ser
informado,
como exige el arto
24.2
CE,
exactamente igual que si de la primera instancia se tratara. Los derechos de información y
defensa que asisten al acusado en
primera instancia han de preservarse también en via de recurso, pues materialmente la situación no ha variado"S42. Establece el TS que el derecho del imputado a ser informado de la acusación formulada, asuntos
relativos
momento
de
la
al
orden
imputación,
debe ser también aplicado en los jurisdiccional aunque
en
el
militar
CÓdigo
de
desde
el
Justicia
Militar, ya derogado, no existia norma equiparable al arto 118
acusación ha de ser clara y precisa para que el acusado pueda defenderse de aquello que se le imputa, sin que el Tribunal pueda introducir en la sentencia hechos por los que no se acusó, pues si asi lo hiciera violaria el derecho que nuestra Constitución concede a todo acusado de ser informado de la acusación contra él formulada (art. 24.2) y causaria indefensión (art. 24.1)". En el procedimiento administrativo sancionador, STS de 19 de diciembre de 1991 (RA 311) FF. JJ. 3Q Y 4 Q, supone una VUlneración del derecho a la defensa, arto 24.2 CE, con lo que resulta estimado el recurso de casación interpuesto y la consiguiente nulidad y retroacción de actuaciones, la falta de notificación de pliego de cargos y propuesta de resolución. vid. STC 29/1989, de 6 de febrero. 542 STC 99/1992, de 22 de junio, F. J. 2Q. SSTS de 19 diciembre de 1986 (RA 7959) i de 9 de septiembre de 1987 6327); de 30 de abril de 1990 (RA 3398) F. J. 2Q Y de 18 ~ctubre de 1990 (RA 8177) F. J. 4Q. Dentro del derecho a lnformación en general, vid. arto 520 LECRIM. 275
de (RA de la
LEcrim, ya que es prevalente, de directa aplicación y obligado respeto el arto 24.2
C~3.
Los supuestos en los que es precisa la intervención de intérprete, que deberá hacerse efectiva aún sin una especifica configuración legal, no se limitan a aquellos en los que el acusado desconoce el idioma del Tribunal, sino que su correctú entendimiento abarcará todas las situaciones en las que aquél no comprenda o comprendiendo no pueda hacerse entender,
por el
motivo que sea, por el Tribunal; v. gr. la sordomudez de la parte tal y como ocurre en la STC de referenciaS«.
4. Derecho a la asistencia de letrado
543 STS de 22 de febrero de 1989 (RA 2789) F. J. 22. Hay que tener en cuenta que la nueva LO 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, si incorpora en su articulado, concretamente arto 125, el derecho a ser informado de la acusación formulada, adaptándose asi a lo dispuesto por el arto 24 CE. 544 F. J. 3Q "Por otra parte, la garantia de un proceso justo y el ejercicio de la adecuada defensa comporta también, como premisa necesaria, asegurar la comprensión del acusado sobre el sentido y significado de los actos procesales realizados y de las imputaciones efectuadas, independientemente de la clase de proceso, lo cual supone la intervenci6n de un intérprete cuando sea necesaria para garantizar la efectividad de dichos derechos". Vid. arto 10.2 CE, arto 6.3.e) CEDH y arto 14.3.f) PIDCP, en relación al derecho a la asistencia gratuita de intérprete y a su interpretación por los tribunales españoles. vid., SSTC 5/1984, de 24 de enero, 74/1987, de 25 de mayo y 71/1988, de 19 de abril. vid. también, SSTEDH de 26 de abril de 1978 (Luedicke, Belkacem y K09) y de 21 de febrero de 1984 (Oztürk). STS de 16 de febrero de 1993 (RA 1146) F. J. 6 Q , no se vulnera el derecho a la intervención de intérprete cuando este no ha sido reclamado a lo largo de la tramitaci6n de la primera instancia; la mera nacionalidad distinta de la española del inculpado no determina la intervenci6n de intérprete, si aquél conoce suficientemente la lengua española. vid. ARROYO DB LAS HBRAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento Criminal, op. cit., pp. 288 Y ss. 276
Es posiblemente el principal de los derechos que integran el derecho, más amplio, de defensa y consiste en garantizar la asistencia técnica de Abogado, de elecci6n y subsidiariamente nombrado de oficio, en todas las diligencias tanto policiales como judiciales donde su presencia sea
preceptiva~s.
La STC 135/1989, de 19 de julio, se ocupa de determinar momento
desde
el
que
integrado en el arto
la 24.2
asistencia
letrada,
como
~l
derecho
CE Y por tanto parte del proceso
debido, es exigible; y ello dependerá de la valoraci6n de Juez Instructor, ya que el art 118.2 LECrim no puede ser entendido literalmenteS46 •
545 En general vid. ARROYO DB LAS HERAS/HUÑOZ CUBSTA Ley de Enjuiciamiento criminal, op. cit., pp. 103 Y ss. Y 286 Y ss. GIHENO/MORBNO/ALHAGRO/CORTBS Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 175-179. GOHBZ COLOHER J.L. La exclusi6n del abogado defensor de elecci6n ••• , op. cit., en donde se define desde el punto de vista constitucional el derecho a la defensa técnica, pp. 124139. Y además se manifiesta contrario a las restricciones de dicho derecho que supone el arto 527, a) LEcrim, por considerarlas no acordes con los arts. 17.3, 24.2 Y 55.2 todos ellos de la CE, pp. 139-145 Y 157-158. 546 F. J. 3 Q "Es el titular del 6rgano instructor quien debe ponderar si la atribución, formulada por ejemplo por un testigo, de un hecho punible a persona cierta es "más o menos fundada" o por el contrario manifiestamente infundada. Es el instructor quien debe efectuar una provisional ponderaci6n de aquella atribución, y s6lo si él la considera veros1mil o fundada de modo que nazca en él una sospecha contra persona determinada, deberá considerar a ésta como imputado, poner en su conocimiento la imputaci6n y permitirle o proporcionarle la asistencia de Letrado.". En el mismo sentido vid. STC 188/1991, de 3 de octubre. STS de 4 de febrero de 1985 (RA 862). vid. además STS de 29 de marzo de 1989 (RA 2764), F. J. 2 Q , en ella se afirma que se tiene derecho a la asistencia de letrado desde el momento de la detenci6n, en caso contrario se producirá la vulneración del derecho a la defensa. Pormenorizadamente se trata en la STS de 14 de junio de 1991 (RA 4714) F. J. 2Q. STS de 7 de febrero de 1992 (RA 1108) F. J. 3 Q , sobre supuestos en los que las irregularidades procesales, falta de asistencia de letrado en este caso, no producen indefensión. STS 18 de diciembre de 1992 (RA 10439). vid. además, arts. 118.1, 384 Y 520 LECRIM. 277
"
.{
En la STC 135/1991, de 17 de junio, encontramos algunos de loS elementos claves que nos permitirán fundamentar la tesis que proponemos sobre el contenido del proceso debido. En ella el TC detecta - dado que el amparo es otorgado ante la inexistencia de nombramiento de Abogado y Procurador de oficio tal y como el ahora demandante de amparo solicitara - una única violaci6n del derecho de defensa (art. 24.2 CE) - "garant1a que conforma el derecho
al
proceso
vulneración del
debido",
derecho
a
que
la
supone
tutela
necesariamente
una
jUdicial efectiva
sin
indefensión (art. 24.1 CE) 547. No basta con que se dé formal o aparentemente la asistencia de letrado - supuestos de designación de abogado de oficio - , es decir que éste haya sido nombrado, sino que la misma deberá ser
una
"asistencia
técnica
efectiva"
para
garantizar
"el
verdadero contenido de la garant1a constitucional en el proceso, reconocida en el arto 24.2 de la Constitución, contemplada en el arto 6.3 CEDH y en el arto 14.3, d), del PIDCP, e interpretada 547 F. J. 2" "Dentro del haz de garant1as que conforman el derecho al proceso debido figura, como reiterada y firme
jurisprudencia de este Tribunal tiene declarado, el derecho a la asistencia letrada. Este derecho supone que tal asistencia, de acuerdo a la STC 37/1988 (fundamentos jur1dicos 6" y 7"), que recoge la doctrina del TEDH, debe ser, además de real y efectiva, proporcionada, en determinadas condiciones, por los poderes públicos ... "No haber actuado en el presente caso los órganos jUdiciales en orden a la preservación del derecho de defensa del ahora recurrente en amparo ha lesionado sus derechos constitucionales del arto 24.1 Y 2 CE, que corresponde ahora restablecer.". Con respecto a la jurisprudencia del TS vid., v. gr., STS de 2 de junio de 1986 (RA 3087) FF. JJ. 4" Y 6", "El derecho de defensa y asistencia que el párrafo 2" del arto 24 de la Constitución Española, establece en relación con el arto 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha sido vulnerado, de suerte que la pasividad del procesado en cuanto a la designación de un Abogado de su elección - fue suplida, hasta donde pod1a hacerse por el órgano judicial, el cual veló, por tanto, por el cumplimiento del derecho de defensa y el requisito procesal que la misma implica.". 278
en el sentido indicado por diversas resoluciones del TEDH y por la jurisprudencia de este Tribunal "S48. El derecho a la asistencia letrada "es predicable en el ámbito procesal penal, no sólo de los acusados, sino también de quienes comparecen como acusadores ejerciendo la acción penal. Ello comporta,
de forma esencial,
que las partes acusadoras
puedan encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien merezca
su confianza
y
consideren más
adecuado
para
instrumentar su propia defensa. "S49 • El derecho a la asistencia de Letrado no resulta vulnerado en el supuesto en que el Abogado del inculpado deja de serlo por actuar como testigo, siendo sustituido en su cometido por otro Abogado, sin que se produzca por ello protesta alguna. Hay que tener en cuenta también que cualquier otra soluci6n hubiera podido comprometer
el
derecho a
un proceso sin dilaciones
indebidas, sin ofrecer como contrapartida un más perfecto derecho a la asistencia de
Letrados~.
A la cuestión de determinar si, en un procedimiento en que no es preceptiva la asistencia letrada (juicio de faltas, 962 y ss. LECrim), la negativa del OJ a la suspensión del juicio oral por motivo de la incomparecencia del Abogado de una de las partes supone una vulneración del derecho a la defensa y por tanto, según ha quedado anteriormente aclarado, del proceso debido, responde el TC que "la pervivencia del derecho a la asistencia
548 STC 178/1991, de 19 de septiembre, F. J. 19. 549 STC 193/1991, de 14 de octubre,
F. J. 2 g , vid., arto 113
LECrim. 550 STS de 19 de enero de 1993 (RA 396) F. J. 6g. 279
letrada, incluso en aquellos procedimientos en los que no resulta preceptiva, favorecer
impone a los órganos judiciales la obligación de el
efectivo
ejercicio
de
ese
derecho,
una
vez
manifestada la voluntad inequívoca de cualquiera de las partes de ser asistida por un Abogado de su elección, abstenerse
de
interponer
obstáculos
así como la
impeditivos
a
dicho
ejercicio, sin otras limitaciones que aquellas que pudieran derivarse
del
derecho
de
dilaciones indebidas (STC
la
otra
parte
a
un
proceso
sin
47/1987)."5~.
D. Proceso debido y arto 24 CE
Paulatinamente hemos podido constatar la dificultad que en la mayoría de
los
casos entraña el
intento de mantener
la
separación que, únicamente a efectos de orden y claridad, hace la CE de su arto 24 como una separación esencial. Numerosa
jurisprudencia
relaciones esenciales, números del arto
se
encarga
de
destacar
las
la total interdependencia entre ambos
24 CE al que,
en consecuencia, dotan de un
tratamiento unitario. Con respecto a lo que no existe acuerdo es en
la
calificación
de
la
naturaleza
de
dicho
precepto
constitucional. Volviendo a la STC 74/1984, de 27 de junio, y en particular a su fundamento jurídico 3 g ,
apreciamos una nueva referencia
explicita al proceso debido como resultado de la aplicación de la totalidad del arto
24 CE
(sin distinción de números, sino
551 STC 208/1992, de 30 de noviembre, F. J. 2g. 280
considerado
en
su
conjunt0552 ).
El
amparo
es
otorgado,
sin
embargo, por vulneración del derecho fundamental de defensa, no por análoga circunstancia - vulneración - en relación con el proceso debido. Nuevamente encontramos una referencia al contenido del proceso
debido,
de
manera
explicita
aunque
empleando
una
terminologia diversa (producto de su descripción desde un punto de vista del contenido del mismo), en la STC 30/1986, de 20 de febrero, donde se afirma por los recurrentes y no se cuestiona por el Tribunal que el contenido del proceso debido
("las
garantlas procesales debidas"), se halla definido a través de los enunciados de los números
lS~
y 212 del art. 24 C~53.
otra referencia, aunque esta vez no es expllcita, al proceso debido, al arto 36/1991,
24
CE en su conjunto, la hallamos en la STC
de 14 de febrero (cuestiones de inconstitucionalidad
acumuladas en relación con la legislación, parcialmente derogada,
552 F. J. 3g "Ciertamente que el actor en dicho proceso previo no hizo referencia directa y expresa de las personas legitimadas como demandadas para soportar su pretensi6n y que indudablemente conocla, pues la resolución del concurso era la causa de su pretensi6n, pero su omisi6n negligente o deliberada no puede favorecerle, por que estaba obligado a respetar el proceso debido que el arto 24 de la C.E. garantiza, ••• ". 553 F. J. 712 "En el apartado quinto de la fundamentaci6n jurldica de la demanda aducen los recurrentes habérseles deparado lesi6n en su derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 de la constitución), lo que - añaden - habrla originado en su disfavor indefensi6n y merma, también, en las garantías procesales debidas (apartados 112 y 212 del mismo precepto de la Norma fundamental)". El arto 24 CE Y por lo tanto el proceso debido no son enteramente aplicables a los procedimientos disciplinarios. vid. SSTC 2/1987, 190/1987, 192/1987. De forma más matizada en la STC 58/1989, de 16 de marzo, F. J. 412 "Las garantlas previstas en el arto 24.2 de la Constituci6n son aplicables, además de en el proceso penal, en los procedimientos administrativos sancionadores, con las modulaciones que resulten de su diferente naturaleza.". 281
sobre Tribunales TUtelares de Menores), donde, y ahí radica el interés, se hace referencia al alcance o extensi6n del citado artículo de la CE, en una consideración una vez más unitaria proceso
debido
y
calificando
su naturaleza
como derecho
fundamental, concretamente la referencia es a los procesos de menoresSS4 • Parece que en la STC 188/1991, de 3 de octubre, se produce una equiparación entre la tutela judicial efectiva y el proceso debido al menos en tanto en cuanto son diferenciados ambos - por exceso - de lo que constituye el estricto contenido del arto 24.2 C~SS.
Una nueva referencia procedente en esta ocasión del TS nos proporciona un elemento más que permitirá el tratamiento conjunto del arto
24 CE,
cuyos enunciados -
siempre a juzgar por la
mencionada referencia - participarían de una doble naturaleza, 554 A. 8 Q , argumentación del Fiscal General del Estado en relaci6n al arto 15 LTTM, "El arto 24 de la CE también alcanza a los procesos de menores, aunque persigan fines correccionales, educativos o protectores, porque los derechos fundamentales se reconocen a todas las personas, sin que sea posible ninguna discriminación. Así el arto 14.1 del PIDCP establece que las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia, y las "Reglas de Beij ing" disponen una serie de garantías y derechos en el proceso en materia de menores, y, por último, la resoluci6n 20/1987, del Consejo de Europa, establece la necesidad de reforzar la posición legal de los menores durante todo el proceso, reconociéndoles las mismas garantías procesales que a los adultos.". (El arto 15 LTTM es finalmente y por las razones aducidas declarado inconstitucional). 555 F. J. 2Q "En primer término, es necesario distinguir, con arreglo a la doctrina de este Tribunal (por todas STC 196/1987), entre la asistencia letrada al detenido en las diligencias POliciales y judiciales, que la Constitución reconoce en el apartado 3 del arto 17 como una de las garantías del derecho a la libertad personal protegido en el apartado 1 de este mismo artículo, y la asistencia letrada al imputado o acusado que la propia constitución contempla en el arto 24.2 dentro del marco de la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso debido .... 282
como principios procesales y como derechos fundamentales. Asi, se afirma que " ••. el Juzgado o Tribunal que preside el juicio tiene que partir de los principios que regulan el proceso y que aparecen consagrados como derechos fundamentales de la persona en el arto 24 CE. ,,556. También procedente del TS la STS de 10 de febrero de 1990 (RA 1375) F. J. 19 C, se refiere de forma explicita tanto al proceso debido como a su positivización en el arto 24 CE en la totalidad del mismo, sin distinción de
númeross~.
Una última tendencia definitiva y explicita que procede también de la jurisprudencia del TS (STS de 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 1 9 ), afirma: "El horizonte final del derecho al proceso justo o debido según ley - queda patente la identidad de las expresiones proceso justo o debido - que establece el arto 24 de la Constitución no es otro que la interdicción de la indefensión.". En el mismo sentido la STS de 9 de febrero de 1993 (RA 952) F. J. 2 g , incide en la equivalencia del "derecho fundamental a un proceso debido según ley"
(nótese el paralelismo en
la
traducción de la expresión inglesa "due process of law") con la totalidad
del
arto
24
CE
además
de
con
otros
preceptos
constitucionales - en este caso arto 120.3 CE sobre la motivación de las sentencias - que de él se deri vanSS8 • 556 STS de 5 de enero de 1990 (RA 276) F. J. 2g. 557 "C) A mayor abundamiento, las exigencias del proceso debido según ley genéricamente establecidas en el articulo 24 de la Constitución (R. 1978, 2836 Y Ap. 1975-85, 2875)". 558 "La más reciente doctrina jurisprudencial de esta Sala (Sentencias, entre varias, de 27 febrero y 30 noviembre 1989 (RA 1675 Y 9363), 9 octubre y 10 diciembre 1990 (RA 7944 Y 9437) Y 283
E. Proceso debido y principio de publicidad
De la puesta en relación de los arts. 120.1 y 24.2 de la CE y
de
la
constatación
de
que
los
principales
textos
internacionales incorporan la publicidad como garantía procesal fundamental a su articulado obtendremos que la publicidad es una de las garantías más importantes de las partes en un proceso. La STC 96/1987, de 10 de junio, establece una relación fundamental - aunque indirecta ya que lo hace a través de uno de sus contenidos, el principio de publicidad, - entre el proceso debido y el Estado de Derecho por el que la CE opta en su arto 1,
tal y como señalamos en páginas anteriores,
se trata de
proteger a las partes, dotándolas del derecho fundamental a un proceso público, frente a una justicia sustraída al conocimiento, valga la redundancia, público y de mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales ss9 • Por lo que al contenido del proceso debido respecta hallamos en la STC de referencia un nuevo elemento de los que integran la
12 septiembre y 10 octubre 1991 (RA 6146 Y 7049», viene cada vez más, de acuerdo con el derecho fundamental a un proceso debido según ley establecido en el arto 24 de la Constitución, del que es simple manifestación o consecuencia el deber de motivar las sentencias consagrado en el arto 120.3 de la misma norma esencial del ordenamiento jurídico.". 559 Derecho sobre el que también se pronuncia el TS, V. gr., STS de 4 de octubre de 1986 (RA 5478) F. J. 8g. vid. ARROYO DE LAS HERAS/KUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento criminal, op. cit., pp. 367 Y ss. También, Art. 680 LECRIM. SERRANO ALBERCA J. K. en GARRIDO FALLA F. Comentarios •.. , op. cit., pp. 1719 Y ss. MONTERO/ORTELLS/GOKEZ Derecho Jurisdiccional, I, op. cit., pp. 537-538. GOKEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., pp. 338340. RAMOS KENDEZ F. El proceso penal .•• , op. cit., pp. 36-38. GIKENO/KORENO/ALKAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. II, op. cit., Pp. 91-94. 284
instituci6n
y
además
uno
principio de
publicidad~.
de
los
elementos
esenciales,
el
La publicidad no constituye un derecho absoluto, sino que puede ser limitado en beneficio de determinados motivos previstos por
las
leyes
procesales
ordinarias,
siendo
además
dicha
conclusión acorde con los tratados internacionales que se ocupan
de establecer un catálogo de garantias procesales y que han sido
suscritos por España, asi lo recoge la STC 65/1992, de 29 de
abri1 561 • La publicidad deberá en todo caso darse con respecto a los procesados, la declaración de secreto asistida por alguno de los
motivos contemplados por la normativa al efecto afectará a los
560 F. J. 2" "Hemos de empezar señalando que el principio de publicidad, estatuido por el arto 120.1 de la Constituci6n, tiene una doble finalidad; Por un lado, proteger a las partes de una justicia sustraida al control público, y por otro, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho." A tener en cuenta la referencia al arto 6.1 CEDH y a las Sentencias del TEDH en los casos "Pretto y otros" y "Axen", ambos de 8 de diciembre de 1983. Vid. en lo relativo a los limites de la aplicaci6n del principio de publicidad en el proceso, STC 176/1988, de 4 de octubre. STS de 16 de septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1", en el que se destaca la importancia del proceso informado por la publicidad para alcanzar el juicio justo o proceso debido.
561 F. J. 2" "Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, y asi resulta de lo dispuesto al respecto por la Declaración
Universal de Derechos Humanos y por los tratados internacionales sobre esta materia suscritos por España, conforme a los que deben interpretarse los derechos fundamentales reconocidos en nuestro texto constitucional, por imperativo del arto 10.2 de la propia CE, (arts. 29 y 10 DUDH, arto 14.1 PIDCP, arto 6.1 CEDH), se deduce que el derecho a un juicio público y, en concreto, el acceso del público y de la prensa a la Sala de audiencia, durante la celebración del juicio oral, puede ser limitado o excluido, entre otras, por razones de orden público justificadas en una sociedad democrática, que estén previstas por las leyes.". 285
terceros, pero nunca a los procesados so pena de vulneración del derecho que nos ocupa562 •
F. Proceso debido e igualdad de armas
La STC 66/1989, de 17 de abr i 1 , incorpora un importante elemento al concepto de proceso debido -
"proceso con
las
garant1as debidas" en la mencionada STC - que a través de la jurisprudencia del TC vamos progresivamente perfilando, se trata de la "igualdad de armas ,,563 , que proviene de la interpretación del arto 6.1 CEDH y cuya necesidad ha apreciado, y as1 10 ha manifestado en diversas ocasiones el
TC~,
imponiendo a través
562 STS de 8 de mayo de 1991 (RA 3597) FF. JJ. 1Q Y 2 Q, por lo que a la práctica de la prueba respecta afirma, "No basta as1 con la concurrencia de la defensa técnica al acto, si el acusado permanece desconectado del mismo.". vid. arto 232.2 LOPJ. 563 La igualdad de' armas ha sido ya estudiada cuando en páginas anteriores nos ocupábamos de las manifestaciones del proceso debido en relación con el derecho alemán; Hay que tener en cuenta sin embargo que la igualdad de armas/"Waffengleichheit" tiene un alcance distinto en Alemania donde - a diferencia de España con una configuración de la acción penal como pÚblica - el MF tiene prácticamente el monopolio del ejercicio de la accción penal § 152 stpo, por 10 que el contenido que vimos no tiene por qué coincidir con la igualdad de armas que para España diseñe el TC. En cualquier caso la justificación última de la necesidad de una igualdad de armas proviene de que los poderes del estado en el ejercicio del ius puniendi del que es titular, son inf ini tamente mayores a los medios que el inculpado podrá emplear en 8U defensa. La situación descrita es en la práctica dificilmente equilibrable por medio de una estricta igualdad de armas, por lo que, recordemos, la doctrina alemana prefiere emplear por su distinto alcance el concepto de igualdad de oportunidades/"Chancengleichheit". Vid. v. gr. STC 14/1992, de 10 de febrero, en cuanto a su fundamentación. vid. GOHEZ COLOHER J.L. El proceso penal alemán ... , op. cit., S 3, pp. 44-45. GOHEZ COLOHER J.L. El proceso penal españolo .• , op. cit., § 5, p. 48. MORENO/CORTES/GIHENO Introducción ••• , op. cit., pp. 240-241. 564 V. gr., SSTC 27/1985, de 26 de febrero, 109/1985, de 8 de octubre, 47/1987, de 22 de abril, 155/1988, de 22 de julio. 286
del arto 24 CE a los OOJJ la obligación de promover el debate procesal respetando la igualdad entre la acusación y la defensa (la
STC
que
excluyente, aunque
nos a
parece
ocupa
otro orden que
en
no
hace
referencia
alguna,
tampoco
jurisdiccional distinto del penal, buena
lógica
la
igualdad
de
armas/oportunidades pude perfectamente ser adaptada a cualquier proceso) 565 •
G. Proceso debido y presunción de inocencia
1. En general
El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el arto
24.2
CE,
resuelve en relación con el proceso penal la
cuestión de la carga de la prueba al dotar al titular del OJ de una regla que le permitirá resolver, dentro de los limites del proceso penal,
la duda sobre la cuestión de hecho.
Hasta la
promulgación de la CE dicha regla se expresaba en el principio juridico in dubio pro reo, y su fundamento último radica en la preferencia de la absolución de un culpable al riesgo de condenar a un inocente de tal manera que el juzgador absolverá si no tiene la certeza,
proporcionada por cualquier actividad probatoria
565 F. J. 12Q "El reconocimiento del derecho a un proceso con todas las garantias implica ciertamente que para evi tar el desequilibrio entre partes, ambas dispongan de las mismas Posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.". Dicha igualdad de armas/oportunidades que en la fase sumarial Puede no desplegar toda su eficacia, "cobra singular relevancia en el juicio oral y en la actividad probatoria incluidos los Supuestos de prueba anticipada (art. 6.3.d CEDH); pero ha de respetarse también en la denominada fase intermedia del Procedimiento por delitos (STC 44/1985, de 22 de marzo". 287
realizada con las suficientes garant1as, sobre los hechos que determinan o excluyen la pena SM • La conexión entre el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el proceso debido se establece de forma exp11cita a través de la STC 107/1989, de 8 de junio. En ella se afirma la exigencia de actividad probatoria "practicada normalmente en el juicio oral con las debidas garant1as procesales" inmediación,
contradicción y publicidad)
presunción de inocencia 567 •
(oralidad,
para desvirtuar
la
De modo que sólo a través de la
actividad probatoria practicada dentro de un proceso en el que se respeten todas las garant1as del proceso debido se podrán anular los efectos de la presunción de inocencia, que de otra
566 HON'l'EROIORTELLS/GOMEZ/HON'l'ON Derecho Jurisdiccional, 111, op. cit., pp. 340-345. RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 356-361. GlHENO/HORENO/ALHAGROICORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 79-82. GOHEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 344-349. DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/HUERZAI TOME Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 451-455. 567 Son las garant1as debidas que disciplinan la práctica de la prueba en el juicio oral y en cuya exigencia el TC se ha mantenido constante desde el inicio de su actividad, vid., v. gr., SSTC 31/1981, de 28 de julio; 51/1990, de 26 de marzo, entre otras. Por lo que al TS respecta, vid., STS de 9 de mayo de 1991 (RA 3617) F. J. 25:1, "Oralidad, inmediación, publicidad, buena fe, lealtad procesal y contradicción, son principios que ratifican la provisionalidad de las pruebas sumariales (lo que no quiere decir que estas sean inútiles, ineficaces o instrascendentes), siempre en el sentido de que en el plenario todas las sumariales han de ser ratificadas, rectificadas o reproducidas en supuestos excepcionales incluso ya con la fórmula que el art1culo 730 procesal contiene.". vid. en lo relativo a la presunción de inocencia la compleja STS de 12 de marzo de 1992 (RA 2442) FF. JJ. 265:1 Y ss. También la STS de 16 de septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1 12 , es ilustrativa al destacar la presunción de inocencia como elemento imprescindible del juicio justo o, (vid. STS de 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 15:1), proceso debido. 288
manera se constituirá como contenido necesario del propio proceso debido donde desplegará la eficacia que le
caracteriza~.
2. Alcance
568 F. J. 22 "Sin embargo, al haber sido elevada la presunción de inocencia por el articulo 24.2 de la Constitución al rango de derecho fundamental y, como tal, vinculante para todos los Poderes PÚblicos, su desvirtuación exige la existencia de una actividad probatoria, practicada normalmente en el juicio oral con las debidas garantias procesales, que contenga elementos incriminadores respecto a la participación de los acusados en los hechos ilicitos enjuiciados.". vid. SSTC 94/1990, de 23 de mayo, 140/1991, de 20 de junio y 10/1992, de 16 de enero. La primera STS que se ocupa de establecer de forma exhaustiva la doctrina general sobre la presunción de inocencia, es la de 3 de noviembre de 1982 (RA 6926) Considerandos 12 y 22. A partir de ese momento la jurisprudencia del TS es abundantisima al respecto, v. gr., Vid., STS de 21 de diciembre de 1983 (RA 6713) Considerando 4 g , en relación con la utilización de la jurisdicción ordinaria para impugnar la vulneración de dicho derecho, "habiendo establecido la doctrina de esta Sala, que el cauce más adecuado para la impugnación casacional es el núm. 2 del arto 849 de la LECRIM". otras SSTS, de 8 de junio de 1984 (RA 3525) Considerando 19. De 7 de diciembre de 1985 (RA 6006) F. J. 4 2 , "derecho fundamental del ciudadano!que ha de tomarse en consideraci6n por los órganos jurisdiccionales en su permanente función aplicadora de la Ley, encomendándose su salvaguarda y prevalencia a los Tribunales ordinarios, en todos sus grados e instancias,"; de 28 de octubre de 1986 (RA 5755) F. J. 4 2 , "tanto el derecho fundamental a la presunción de inocencia como el de igual rango a la no indefensión son, en cuanto puramente reaccionales, titularidades pertenecientes con carácter exclusivo a las partes acusadas y no a las acusadoras en el proceso penal,"; de 9 de junio de 1987 (RA 4699) F. J. 1 9 , en ella se afirma que la presunci6n de inocencia "no obsta ni empece al ejercicio, por parte de las AUdiencias, del soberano criterio valorativo de las pruebas - practicadas respetando los derechos fundamentales -, según la conciencia de los juzgadores, que le concede el articulo 741 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, o "racionalmente", tal como dispone el articulo 717 de la mentada disposici6n,"; de 1 de julio de 1988 (RA 5647) F. J. 3 2 ; de 18 de octubre de 1989 (RA 7712) F. J. 22; de 12 de septiembre de 1991 (RA 6147) F. J. 12, "el ámbito de la presunción de inocencia es el relativo a los "hechos", pues sólo ellos pueden ser objeto de prueba;"; de 8 de abril de 1992 (RA 3122) F. J. 12; de 21 de enero de 1993 (RA 142) F. J. 22, en relación a las declaraciones de coimputados como capaces de enervar la presunción de inocencia. Vid., también, arto 741 tECRIM, y ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento ~riminal, op. cit., pp. 417 Y ss. 289
Se trata de una presunci6n "iuris tantum" que puede ser desvirtuada a través de una minima actividad probatoria con las caracteristicas arriba
mencionadas~.
La vigencia de la presunción de inocencia no significa que haya de
negarse toda ef icacia a
los
actos de
investigaci6n
sumarial, los cuales podrán integrar la actividad probatoria a través del principio de libre valoración de la prueba s7o • 569 STC 31/1981, de 29 de julio, STC 24/1992, de 14 de febrero. STS de 11 de diciembre de 1989 (RA 792) FF. JJ. 2g Y 6 g , se desvirtúa la presunción de inocencia por la existencia acreditada de prueba tanto directa como indirecta, no existe por tanto vulneración del arto 24.2 CE. "La presunción de inocencia tiene carácter iuris tantum y queda desvirtuada por pruebas de culpabilidad.", Asi lo afirma la STS de 17 de enero de 1990 (RA 423) F. J. 3 g , en relación a los delitos flagrantes, en estos casos, afirma, la prueba flagrante de cargo destruye la presunción de inocencia, "no cabe decir que hay ausencia de prueba y no es caso incluible en la alegación de presunción de inocencia.". Las pruebas válidas para enervar la presunci6n de inocencia son según el TS: Confesión del imputado, declaraciones de coimputados, declaraciones de la victima, declaraciones de testigos, diligencias policiales, diligencia de reconocimiento en rueda, entrada y registro, informes o dictámenes periciales, informes o dictámenes dactiloscópicos, intervenciones telef6nicas, medios audiovisuales de reproducci6n, prueba indirecta, circunstancial o indiciaria, prueba directa, prueba practicada en juicio oral, prueba sumarial, prueba documental; siempre y cuando hayan sido practicadas con las debidas garantias procesales. 570 STC 107/1989, de 8 de junio. En relaci6n al test de alcoholemia, vid. STC 222/1991, de 25 de noviembre, F. J. 3 g , puede destruir la presunci6n de inocencia en determinadas circunstancias por constituir actividad probatoria suficiente, debe ser ratificada en el juicio oral. En relaci6n al atestado POlicial la STS de 17 fe enero de 1990 (RA 424) F. J. Unico, afit:'ma que cuando "no hay otra prueba de cargo que la recogida en el atestado policial el cual sólo tiene ese valor de mera denuncia (articulo 297, párrafo segundo, de la LECRIM)", cuando además dicho atestado no ha sido reconocido o ratificado en presencia del Juez, no constituirá prueba válida para destruir la presunci6n de inocencia. En relaci6n a la prueba dactiloscópica, afirma el TS en su STS de 19 de enero de 1990 eRA 454) F. J. 4g "La Doctrina de esta Sala - cfr. S. 08-02-88 (R. 909) Y las que cita - sostiene la habilidad de la prueba ~actiloscópica a efectos de alcanzar el convencimiento sobre la Intervención de una persona en determinado hecho." De manera que de su correcta realización se desprende la existencia de 290
También la prueba indiciaria puede contribuir a formar la convicción del Tribunal sin oponerse a ello la presunci6n de inocencia,
y
ello
en
la
medida
que
los
indicios
resulten
plenamente probados y que el OJ haga pÚblico su razonamiento a través de la motivación, exigida por el arto 120.3 CE para las sentencias,
además
de
otros
requisitos
exigidos
por
la
jurisprudencia del TS571 • En contra de lo que parece una opini6n asentada encontramos jurisprudencia a partir de la que podemos establecer que la presunción de inocencia no despliega unicamente su eficacia en los procesos penales, sino que también lo hará en todos aquellos casos de los que resulte una sanción o limitación de derechos
actividad probatoria de cargo con lo que es capaz de desvirtuar la presunción de inocencia; Los requisitos para garantizar la fiabilidad de la prueba dactilosc6pica los fija la STS de 19 de febrero de 1990 (RA 1578) F. J. Unico, (arts. 282 y 297 en relace arts. 326 y ss. y 688 LECRIM); Vid. también STS de 20 de noviembre de 1987 (RA 8569). vid. GOMEZ COLOHBR J.L. El proceso penal español ••. , op. cit., § 49, p. 202, en relación a la posibilidad de que el test de alcoholemia se constituya, si cumple con determinadas garant1as, en prueba para el proceso penal. 571 SSTC 175/1985, de 17 de diciembre. 229/1988, de 1 de diciembre, 107/1989, de 8 de junio. STS de 27 de junio de ~989 (RA 5236). También STS de 21 de diciembre de 1989 (RA 919) F. J. 12, "Es evidente que la prueba indiciaria puede servir para enervar la presunci6n de inocencia, la cual, no obstante ha de reunir una serie de caracteres, ••. ,: 1 S1 ) no debe tratarse de un indicio aislado, sino que habrán de ser varios, aunque no puede precisarse de antemano, y en abstracto, su número. 2 g ) Los hechos indiciarios han de estar absolutamente probados, y relacionados directamente con Éü hecho criminal. 3 g ) Es preciso que entre ellos, y su consecuencia, la convicción jUdicial sobre la cUlpabilidad, exista una armon1a que descarte toda irracionalidad en la formación de dicha convicción. 4 g ) Pueden ser también fuente de prueba presuntiva, los que se denominan por la doctrina cient1fica "contraindicios", toda vez que si bien el procesado no ha de soportar la carga de probar su inocencia, s1 puede SUfrir las consecuencias negativas de que se demuestre la falsedad de sus alegaciones exculpatorias, ya que tal evento, acaso sirva para corroborar ciertos indicios de culpabilidad.". 291
como consecuencia de una conducta sancionable a través de la via administrativa o jurisdiccional5n • El contenido de este derecho fundamental significará que "toda condena debe ir precedida de una actividad probatoria que si, por una parte impide que se condene sin pruebas, por otra, se entiende que
las tenidas en cuenta han de ser tales y
consti tucionalmente legitimas"m.
H. Proceso debido y dilaciones indebidas 572 V. gr. aplicaci6n del princ1p1o de presunci6n de 'inocencia dentro del orden jurisdicci6nal civil, STS de 26 de jUlio de 1985 (RA 4141) Considerando 4 Q , aunque en el caso concreto el motivo no resulta estimado, la Sala establece, apoyándose en la doctrina del TC, que "para que resulta admisible el recurso de casaci6n por infracci6n de la presunci6n de inocencia ha de fundamentarse mediante la referencia a actos concretos que otorguen verosimilitud a la aplicaci6n de que una decisi6n judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna, •.• , aun cuando se admita la aplicaci6n al caso de autos del principio de presunci6n de inocencia, como presunci6n "iuris tantum" es de ver que tal presunci6n ha quedado destruida mediante la prueba efectuada por las partes ante el 6rgano de instancia,". Igualmente la STS de 10 de diciembre de 1985 eRA 6432) F. J. 3 Q , "la presunci6n de inocencia que establece el articulo veinticuatro de la vigente Constituci6n Española, que es consustancial al Estado de Derecho que proclama, hay que ponerlo en relaci6n con todo el conjunto del ordenamiento juridico en vigor, y en consecuencia no se vulnera, como en el presente caso ocurre, cuando existe una norma especifica que, de por s1, establezca presunci6n legal de cupabilidad civil con posible proyecci6n posterior penal," i También STS de 8 de abril de 1990 (RA 2706) F. J. 2Q 2), en relaci6n con materia propia del orden jurisdiccional civil, más concretamente se trata de una suspensi6n de pagos. Finalmente, STS de 6 de junio de 1991 (RA 4423) F. J. 5 Q , "el principio de presunci6n de inocencia consagrado en el número 2 del art1culo 24 de la CE tiene aplicaci6n no solamente en el estricto ámbito de la jurisdicci6n penal, sino también en los demás campos jurisdiccionales, y por ello en el civil,". En relaci6n con la jurisdicci6n social, STS de 27 de junio de 1988 (RA 5474) F. J. 2Q , donde se afirma que no cabe aceptar la vulneraci6n de la presunci6n de inocencia por no tratarse de un proceso penal o sancionador •
. 3 STS de 19 de enero de 1988. Concretamente respecto al orden lurisdiccional civil, vid. SSTS de 12 de diciembre de 1988, de 14 de febrero de 1989, 15 de octubre de 1991 entre otras. 292
Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es preciso que el proceso se tramite con celeridad y
para
ello
sería
preciso,
cuando
menos
y
aceptada
la
imposibilidad del proceso instantáneo, el cumplimiento de los plazos procedimentales establecidos por las leyes; a partir de dicha constatación son los Tribunales quienes establecen el concepto y alcance de las dilaciones indebidas s74 . Las dilaciones indebidas o mejor el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas se constituye como otro de los contenidos del proceso debido, recogido en el arto 24. 2
C~7S.
en tanto en cuanto está
Al respecto afirma el TC: "El
574 RAMOS KENDEZ F. El proceso penal •.• , op. cit., pp. 34-36. GIKENO/KORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. II, op. cit., pp. 95-98. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., pp. 340341. 575 La STS de 10 de febrero de 1990 (RA 1375) afirma en su F. J. 11l C: "C) A mayor abundamiento, las exigencias del proceso debido según ley genéricamente establecidas en el artículo 24 de la
Constitución ( ••• ) mediante un haz de garantías concretas incluyen la de la decisión dentro de un plazo razonable o sin dilaciones indebidas.". La STS de 5 de marzo de 1990 (RA 2396) F. J. 2 Il 4, hace referencia a las dilaciones indebidas como consecuencia de "la inobservancia por el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia recurrida, de las prescripciones legales que pretenden salvaguardar el derecho a juicio con las debidas qarantías. 11 • También aparece el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas reflejado en algunas de las más importantes declaraciones inte~nacionales de derechos, v. gr. art. 9. 3 PIDCP, "Toda persona ••• tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable", arto 13.3 PIDCP tIc) a ser juzgada sin dilaciones indebidas". y en el CEDH art 5.3 "derecho a ser juzgada en un Plazo razonable" y arto 6 "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída ••• dentro de un plazo razonable". La STS de 29 de de 1989 (RA 4266) F. J. 11l, insta a la prudente utilización las facultades del OJ de suspensión del proceso, y así afirma acceder a la suspensión del trámite del juicio oral "de un sistemático e indiscriminado puede conllevar el imiento y bloqueo del desarrollo del juicio, contrariando opósito legislativo de una administraci6n de justicia a, ágil y eficaz, del que se hace eco la Constitución al ir en su artículo 24.2, dentro del Capítulo y Secci6n agrados a los "derechos fundamentales", a la necesidad de "un so público sin dilaciones indebidas;". 293
interpretación favorable al ejercicio del derecho de acceso, para poder denegar el mismo sin vulnerar por ello el derecho a tutela judicial "Hemos 65/1983,
la
efectiva~.
declarado reiteradamente
43/1984,
43/1985
(SSTC
Y 19/1986,
11/1982,
entre
otras)
37/1982,
que
el
contenido del derecho a la tutela judicial efectiva no se agota en la garantfa del acceso a la justicia, sino que faculta para obtener de ésta una resolución que se pronuncie sobre el fondo de las pretensiones deducidas, pronunciamiento que s610 podrá ser eludido
cuando
tales
pretensiones
resulten
inadmisibles
de
'acuerdo con las normas legales que regulan el ejercicio de las acciones. ,,604 • Pero la tutela judicial efectiva despliega su eficacia de manera especial sobre las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto una vez que las mismas han alcanzado firmeza, la
proyección
mencionada
se
traduce
en
la
prohibici6n
de
transformación sustancial de dichas resoluciones para el OJ que las dictó por la vfa de la aclaración de sentencias I para corregir errores materiales,
adecuada
ya que ello supondrfa una
Vid. SSTC 11/1982, de 29 de marzo, 90/1983, de 27 de iembre, 42/1984, de 26 de marzo, 43/1985, de 22 de marzo, /1988, de 2 de diciembre, entre otras. STC 160/1991, de 18 de julio, F. J. 2Q. STS de 18 de octubre 989 (RA 6938) F. J. 4 Q , con respecto al derecho a la tutela . 1 efectiva afirma, su "conculcación se produce cuando el lciable no obtiene una decisión sobre el fondo del asunto, que - como ocurre en el caso presente - se hayan empleado Vías procesales adecuadas - TC Sentencia de 8 de junio de
-"
306
vulneración
del
derecho
fundamental
a
la
tutela
judicial
efectiva 605 •
B. Motivación de las resoluciones judiciales
La necesidad de motivar las resoluciones judiciales y de hacerlo
de
forma
razonable
y
ajustada
a
las
pretensiones
ejercitadas en el proceso, forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto del derecho a la tutela
judicial efectiva sin indefensión
(la necesidad de
motivación de las resoluciones judiciales no aparece sin embargo en el arto 24 CE sino que se recoge expresamente en el arto 120.3 del mismo cuerpo legal), y por tanto la observancia de una de las exigencias implicitas en el arto 24.1
C~.
605 STC 142/1992, de 13 de octubre, F. J. 2 Q, donde tras definir el error material se afirma: " ••• puesto que las resoluciones recurridas no se limitan a corregir errores materiales manifiestos, sino que modifican sustancialmente una Sentencia firme a través de una vía procesal inadecuada, vulnerando, con ello, el principio de intangibilidad de las resoluciones jUdiciales firmes que garantiza el derecho a la tutela judicial reconocido en el arto 24.1 CE.". STS de 19 de febrero de 1993 (RA 1371) FF. JJ. l Q, 2Q Y 3 Q, la aclaración de sentencias podrá "hacerse de of icio dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la sentencia, o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal presentadas dentro de los dos días siguientes al de la notificación: 11 en caso contrario producirá indefensión. Vid., arto 267 LOPJ. 606 STC 142/1991, de 1 de jUlio, F. J. 4Q "De ello resulta que el Auto impugnado, al declarar inadmitido un recurso previsto en las leyes sin motivar suficientemente la causa legal en que se funda tal decisión, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes (SSTC 10/1987 y 214/1988) .... Vid., STC 199/1991, de 28 de octubre, F. J. 3Q. Cfr. arto 120.3 CE Y arts. 247 y 248 LOPJ. Por lo que a la jurisprudencia del TS Concierne, STS de 6 de octubre de 1988 (RA 7387) F. J. 2 Q , sobre la inexistencia de obligación legal de consignar los hechos prObados en las sentencias del orden jurisdiccional civil, si debe hacerse en los órdenes penal y social; STS de 4 de enero de 1990 (RA 267) F. J. l Q , "El derecho a la tutela judicial efectiva 307
Las resoluciones judiciales que contengan contradicciones internas, arbitrariedades o errores lógicos que las conviertan en
manifiestamente
irrazonables,
aún
teniéndola
se
las
considerará carentes de motivación, y por lo tanto vulnerarán el derecho a la tutela judicial
efectiva~.
"Son conformes con ese derecho fundamental las resoluciones que inadmiten los procesos y recursos, denegando su tramitación, o rechacen ad limine problemas litigiosos, siempre que vengan fundadas en una causa legal, aplicada de manera jurídicamente razonable y razonada, que no sea incompatible con el principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho que garantiza el citado arto 24.1 de la Constitución.,,608 del arto 24.1 CE ( ..• ) se extiende según reiterada jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional a la motivación de la sentencia en el sentido del arto 120.3 CE. De acuerdo con ello las partes del proceso tienen derecho a obtener una respuesta judicial a sus pretensiones jurídicamente fundadas _It , también STS de 26 de febrero de 1990 (RA 1620) F. J. 4Q " ••• es deber de Juzgados y Tribunales exponer cuáles fueron las pruebas utilizadas como medio para acreditar los hechos que reputan probados en sus sentencias penales, con el fin de dar a conocer públicamente sus razones en este aspecto esencial de la resolución judicial poniendo así de manifiesto que no actúan de modo arbitrario, y de permitir a las partes que puedan argumentar sus recursos, •.. ". STS de 5 de julio de 1991 (RA 5539) F. J. 3Q Y STS de 20 de junio de 1992 (RA 5411) F. J. 1Q. En general vid. , GIL CREMADES J.J. La motivación de las decisiones jurídicas en Constitución. Derecho y proceso, Estudios en memoria de los profesores Herce y Duque, Zaragoza 1983, pp. 161-183. El deber de moti vación de las resoluciones es una manifestación del derecho a obtener un resolución fundada en derecho, vid. RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 26-27. Sobre el origen histórico del deber de motivar las resoluciones jUdiciales, vid. ORTELLS RAMOS H. Origen histórico del deber de motivar las sentencias, RDPI 1977, pp. 899-932. Vid., la relación entre motivación, el principio del precedente y el principio de igualdad en DE OTTO l. Derecho Constitucional ••• , op. cit., pp. 291-292. 607 STC 184/1992, de 16 de noviembre, junio de 1992 (RA 5411) F. J. 1Q.
F. J. 2g. STS de 20 de
608 STC 98/1992, de 22 de junio, F. J. 3Q. 308
Para
que
se
considere
cumplido
el
requisito
de
la
motivación, "es necesario que lleve a cabo la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada, haciendo
explicito
que
éste
responde
a
una
determinada
interpretación del Derecho, y de permitir, de otro, su eventual control
jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los
derechos. ,,609 La fundamentación por remisión - dentro del mismo proceso puede
satisfacer el
derecho
a
la
tutela
judicial
efectiva
siempre y cuando la cuestión sustancial hubiera sido ,resuelta, y
por
supuesto
suficientemente fundada,
en
la
sentencia de
primera instancia610 • La concisión y la brevedad en la fundamentación no supone inexistencia de la misma, por lo tanto satiface el derecho a la tutela judicial efectiva611 • La
desestimación
implicita
supone
una
vulneración
del
derecho a obtener una sentencia razonada y motivada en relación a las pretensiones del justiciable612 •
C. Derecho a los recursos
609 STC 199/1991, de 28 de octubre, F. J. 3l2. SSTS de 3 de febrero de 1992 (RA 1007) F. J. 2 l2 ¡ de 20 de junio de 1992 (RA 5411) F. J. 1l2. 610 STC 27/1992, de 9 de marzo, F. J. 4 l2 . STS de 20 de junio de 1992 (RA 5411) F. J. 1 l2 . 611 STS de 11 de junio de 1991 (RA 4444) F. J. 3l2. 612 STS de 9 de febrero de 1993 (RA 952) F. J. 2 l2 • 309
El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a los recursos, pero no en todo caso y siempre sino en relación a los recursos establecidos por la l ey6!3. Se
afirma
igualmente
y
de
forma
repetida
por
la
jurisprudencia del TC (SSTC 19/1983, de 14 de marzo; 57/1984, de 8 de mayo; 60/1985, de 6 de mayo; 36/1986, de 12 de marzo; 3{1987, de 21 de enero; 185{1988, de 14 de octubre; 46/1989, de 21 de febrero; 121/1990, de 2 de julio; 51/1992, de 2 de abril, entre otras) que el derecho a la utilización de los recursos consti tuye uno de los contenidos del derecho a la tutela jUdicial efectiva sin indefensión6!4.
613 RAMOS MENDEZ F. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 407-411. GOKEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 323-326. KONTEROIORTELLS/GOKEZ Derecho Jurisdiccional, 1, op. cit., p. 432, en general, y KONTEROI ORTELLS I GOMBZ I KONTON Derecho Jurisdiccional, 111, op. cit., pp. 412-413, en relación al derecho al recurso en el proceso penal. 614 STC 139/1991, de 20 de junio, F. J. 251 "Con carácter general, este Tribunal ha reiterado que el derecho a la tutela judicicl efectiva que garantiza el arto 24.1 CE comprende el derecho a utilizar los recursos ordinarios y extraordinarios, incluido el de casación, en los supuestos y con los requisitos legalmente previstos. " • También el TS se ha ocupado del derecho a los recursos, vid., V. gr., SSTS de 10 de mayo de 1991 (RA 3625) F. J. 1 51 , donde se afirma que la tutela judicial efectiva comprende el derecho a residenciar la pretensión desestimada ante un OJ de superior grado, a través de los recursos ordinarios y extraordinarios legalmente previstos; y comprende también el derecho, en parte correlati vo, de quien obtuvo una sentencia favorable, a que la misma alcance la fuerza de cosa juzgada y posteriormente sea ejecutada sin que sea interferido tal procedimiento por la concesión de una vía casacional que no corresponde de acuerdo con la ley. ATS de 10 de jUlio de 1991 (RA 6160) F. J. 1 51 , "La utilización de los recursos que sean procedentes contra las resoluciones judiciales, en cuanto actividad depuradora y garantía del Justiciable, son expresión del principio de legalidad que tienden a satisfacer el derecho fundamental de tutela judicial efectiva.". STS de 13 de mayo de 1992 (RA 3922) F. J. 151. Respecto a la constitucionalidad de las limitaciones impuestas al acceso a la casación civil, ATS de 27 de junio de 1992 (RA 10650) F. J. 1Q. vid. arto 248.4 LOPJ. 310
"Son incompatibles con el derecho a
la tutela
jUdicial
efectiva, reconocido en el arto 24. 1 de la CE, todas aquellas decisiones judiciales que inadmiten un recurso por omisión de un requisito formal subsanable, sin antes dar oportunidad a que sea subsanado
o
que,
concedida esta
oportunidad,
la
parte haya
subsanado. ,,615 Sin embargo no resultará vulnerado el derecho a la tutela judicial
efectiva,
concierne, recurso
"si
por
por
lo
que
se obtiene una incumplimiento
de
al
derecho
resolución de los
a
los
recursos
inadmisión del
requisitos
legalmente
615 STC 93/1991, de 6 de mayo, F. J. 2Q. vid. también arto 11.3 LOPJ. En el mismo sentido, STC 98/1991, de 9 de mayo. STC 9/1992, de 16 de enero, F. J. 2 Q "ciertamente este Tribunal viene manteniendo que la limitación injustificada o arbitraria del acceso a los recursos legalmente previstos constituye lesión del derecho consagrado en el arto 24. 1 de la constitución,". STC 55/1992, de 8 de abril, F. J. 2Q " •.• la tutela judicial es un derecho de prestación que para su efectividad necesita de la mediación de la Ley; y que asegura el acceso a los recursos legalmente previstos, siempre que se cumplan y respeten los presupuestos, requisitos y limites que la propia Ley establezca, cuya observancia corresponde controlar a los órganos jUdiciales competentes en ejercicio de la exclusiva potestad jurisdiccional que les atribuye el arto 117.3 CE, en el cual no puede ni debe interferir este TC, a no ser que, admitiendo la legalidad procesal diversas interpretaciones, se haya elegido alguna que no sea la más favorable a la eficacia del derecho a la tutela jUdicial, ya que, en este caso, se habrá ocasionado vulneración de este derecho fundamental, cuya especial y superior fuerza vinculante exige a la jurisdicción ordinaria y, en último término, a este TC, conceder prevalencia a la interpretación y aplicación de las normas juridicas que resulten ser las más adecuadas a la viabilidad del mismo.". STS de 4 de julio de 1991 (RA 5533) F. J. único, "El derecho fundamental a la tutela jUdicial efectiva, conforme ha declarado esta Sala y el Tribunal Constitucional, obliga a huir de aquellas interpretaciones meramente formalistas, y restrictivas, de la norma que impidan el acceso a los recursos,". ATS de 5 de marzo de 1992 (RA 1790) F. J. único. STS de 10 de octubre de 1992 (RA 8230) F. J. 3 Q , donde se destaca que las interpretaciones meramente formalistas no deben impedir el acceso a los recursos, aqui se valora la VOluntad impllcita del recurrente en combinación con el principio pro actione, para alcanzar la tutela judicial efectiva. 311
establecidos
( SSTC
37/ 1982 ,
19/1983,
68/1983,
59/1988
Y
resoluciones,
y
36/1989) .. 616.
D. Derecho a la ejecuci6n de sentencias
Previamente
a
la
ejecuci6n
de
las
precisamente para posibilitar la misma debemos considerar, y as! 10 ha hecho el TC, el derecho a solicitar y eventualmente obtener la adopci6n de medidas cautelares en re1aci6n a un proces0617 • "Es doctrina consolidada de este Tribunal que la ejecuci6n de la Sentencias en sus propios términos forma parte del derecho fundamental a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en
las mismas
se reconocen no
serian otra
cosa que meras
declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad ninguna - SSTC 167/1987, de 28 de octubre y 92/1988, de 23 de mayo entre otras - cuesti6n de esencial importancia para dar efectividad al establecimiento del estado social y democrático que implica, entre otras manifestaciones, ciudadanos
y
de
la
Administraci6n
la sujeci6n de los
Pública
al
ordenamiento
juridico y a las decisiones que adopta la jurisdicci6n, no s610 juzgando, sino también ejecutando 10 juzgado .. 618 • 616 STC 87/1992, de 8 de junio, F. J. 3g.
STC 14/1992, de 10 de febrero, F. J. 7 g , . . . . . la tutela jUdicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la reso1uci6n definitiva que recaiga en el proceso.". 617
618 STC 73/1991, de 8 de abril, F. J. 4g. Encontramos alguna precisi6n más en la STC 85/1991, de 22 de abril, según ella la ejecuci6n de la sentencia "en sus propios términos" excluye la Posibilidad de ejecutarla contra personas no condenadas en la 312
La competancia para hacer ejecutar lo juzgado es exclusiva
de Jueces y Tribunales619 • El TS se ha pronunciado también en numerosas ocasiones sobre el alcance y significado de la ejecuci6n de las sentencias dictadas por los OOJJ, y sobre el modo, limites, en que la misma debe ser realizada. "Las sentencias entrafian, en principio, un mandato imperativo y trascendente, de ineludible cumplimiento, y ese carácter y el respeto debido a sus dictados debe impedir toda tergiversaci6n o interpretaci6n que anule o mediatice sus sentido y efectos, puesto que la Administraci6n únicamente puede inej ecutar una sentencia en los casos y por los trámites marcados por la Ley, pero no puede fuera de estos casos ni mucho menos
misma, ello vulneraria el derecho a la tutela judicial efectiva por ser motivo de indefensi6n. Vid., también STC 309/1991, de 7 de noviembre, para el caso de ejecuci6n de sentencias can6nicas. Entre las resoluciones más recientes, vid. STC 153/1992, de 19 de octubre, F. J. 4Q. ATS de 13 de junio de 1988 eRA 4375) F. J. 5 Q , "el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el articulo 24,1 de la Constituci6n comprende el derecho a obtener la ejecuci6n de la sentencia, debiendo la jurisdicci6n adoptar las medidas necesarias para el total cumplimiento del Fallo ••• " y ello en relaci6n a todos los 6rdenes jurisdiccionales; El mencionado derecho significa exactamente el obtener la ejecuci6n de lo resuelto en sus propios términos "sin que se pueda acudir a una prestaci6n sustitutoria aunque se repute equivalente" a menos que ello, el cumplimiento en sus propios términos, resulte absolutamente imposible. También STS de 21 de julio de 1992 eRA 6446) F. J. 3 Q, en ella se afirma que la ejecuci6n de la sentencia en sus propios términos no debe suponer una vulneraci6n d~ la tutela judicial efectiva, lo que ocurrirá si se pretende llevar a cabo la ejecuci6n por la totalidad de la cantidad fijada en la sentencia cuando el deudor acredita en esta fase procesal Cj1..le e 1 demandante cobr6 ya parte de la misma. Vid. art. 18 • 2 LOPJ. vid. también la doctrina al respecto, RAMOS HENDEZ P. El Rroceso penal ••. , op. cit., pp. 451-460. GOKEZ DE LIAÑO P. El R.r o c e s o p e n al, op . c i t . , pp. 326 - 327 . ALMAGRO/GIHENO/CORTES/HORENO Derecho Procesal, t. 1, v. 1, op. cit., p. 164. HONTERO/ORTELLS/GOHEZ/HONTON Derecho ~urisdiccional, 11 v. 2 Q, op. cit., pp. 9-15. 619 STC 109/1984, de 26 de noviembre. 313
anticipadamente
que
un
fallo
de
los
Tribunales
quede
incumplido. ,,620 También afirma el propio Tribunal que "al quedar firme una sentencia, no es lícito a las partes alterar el procedimiento o salirse
del
cualquier
molde
procesal
cuestión
que
de
pueda
la
ejecución
presentarse
para
resolver
dentro
de
los
pronunciamientos del Fallo, como tampoco hacer peticiones nuevas, debiendo estarse a los pronunciamientos del Fallo, sin acudir a un nuevo recurso, que, de entenderse de otro modo, se llegaría a promover nuevos litigios, con los que se enervaría., sino se anulaba,
el
carácter de
firmeza
de
las
sentencias
de
esta
Jurisdicción contencioso-administrativa, cuya ejecución sólo cabe reclamar dentro del procedimiento legal de ejecución. ,,621 Las
garantías
del
proceso
debido
deben
también
ser
observadas en relación con el trámite del exequatur, ya que de otra manera podría ser reconocida y ejecutada en España una sentencia dictada por un Tribunal extranjero como consecuencia de un proceso donde no fueron observadas las garantías y derechos que
integran
el
proceso
debido,
causando
la
consiguiente
vulneración del correpondiente derecho o garantía del arte 24
620 STS de 23 de junio de 1981 (RA 2777) Considerando 2Q. En relación a la indemnización sustitutoria y a la reparación de perjuicios causados por mora, como contenido, en su caso, de la ejecución de sentencias ajustado a la tutela judicial efectiva, vid. en su totalidad, STS de 2 de octubre de 1992 (RA 7599). 621 ATS de 4 de junio de 1980 (RA 2428). 622 STC 132/1991, de 17 de junio, F. J. 4Q "Estas exigencias suponen que el Tribunal español, a la hora de decidir sobre la ejecución en España de una resolución judicial extranjera, ha de tener en cuenta mas garantías contenidas en el arto 24 CE Y ha de comprobar si,al dictarse la resolución cuya ejecución se 314
VII. EL PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO AL PROCESO DEBIDO
A. Recapitulaci6n del Derecho comparado
1. La naturaleza del proceso debido en el derecho d e los EEUU de Norteamérica
Este
es
el
momento
oportuno
para
recordar
la
enorme
complejidad de la instituci6n del due process of law no s6lo en los EEUU sino en general en los paises de tradici6n juridica anglosajona,
y
la
raz6n
de
dicha
complejidad
es
que
la
instituci6n se ha ido desarrollando a través del sistema de creaci6n jurisprudencial del derecho a lo largo de más de siete siglos, con lo que en la actualidad su presencia es patente en todos los ámbitos relevantes del derecho y en relaci6n a los bienes o derechos fundamentales de la persona, vida, libertad y propiedad. Por lo que a su naturaleza juridica respecta, y salvando las diferencias diversos,
conceptuales
derivadas
de
sistemas
juridicos
se afirma que el DPL es un principio fundamental
constitucional
informador
del
derecho
penal,
civil
y
administrativo y aplicable a la actividad de sujetos del derecho
solicita, se han respetado las citadas garantias.""La comprobaci6n de aquellas garant1as por el Juez del exequatur no comporta que pueda revisar el fondo del asunto, pues ello desbordarla la funci6n homologadora que le corresponde." (Vid. SSTC 98/1984, 43/1986, 54/1989, Y AATC 276/1983 y 795/1988). 315
tan diversos como los Tribunales, las asambleas legislativas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado,
etc6~.
Como vemos la claúsula del DPL excede con mucho, en los paises anglosajones en general y en los EEUU en particular, el ámbi to del Derecho Jurisdiccional, por ello distingue la doctrina aquella
parte
del
principio
fundamental
constitucional
que
informa la aplicación de la función jurisdiccional o DPL procesal que ha sido esencial aunque no totalmente identificada tanto por la práctica de la Corte Suprema como por la doctrina con el término fair tria1 624 • De lo dicho hasta ahora podemos extraer que la naturaleza jurídica del DPL en los EEUU es la de un principio general del derecho
constitucionalizado
en
su
formulación
desarrollado por la jurisprudencia que consta,
esencial
y
en lo que a
nosotros nos interesa de forma especial, de una faceta netamente jurisdiccional que informa toda la actividad motivada por el ejercicio de la función jurisdiccional.
2.
La naturaleza del proceso debido en el derecho
alemán
Hemos estudiado en páginas anteriores el derecho alemán como ejemplo de la recepción pionera en un país que responde, como el nuestro, a un sistema jurídico continental de una institución,
623
RESNICR D. Due process and procedural ;ustice •.• , op. cit.,
p. 206. 624 GREY T. C. Procedural fairness and substantive rights ••• , op. cit., p. 183. SCHMID N. Das amerikanische Strafverfahren, op. cit., p. 130. vid. enmienda VI de la USC. 316
como es el caso del DPL,
procedente de un sistema
jurldico
esencialmente distinto como es el anglosajón, de tal forma que nos permitiera extraer provechosos resultados aplicables a la situación española tras la CE de 1978. En relación a la cuestión de la naturaleza juridica del DPL en el derecho alemán una primera precisión nos lleva a constatar que la doctrina alemana incorpora el concepto fair trialjfaires
Verfahren como elemento esencial del DPL norteamericano, y con respecto propiamente a su naturaleza juridica, podemos afirmar que
la
mayorla
principio
de
la
supremo,
en
doctrina tanto
considera
que
que
elemento
se
trata
del
inseparable
del
principio del estado de derecho/
Rechtsstaatprinzip, de naturaleza constitucional informador del Derecho Procesal
Pena16~.
La positivación del fair trial se produce en relación al derecho
alemán,
según
la
doctrina
mayoritaria
avalada
por
abundante jurisprudencia, a través del art. 6.1 CEDW26 •
625 ROXIH C. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 60. En la BVerfGE 57, 250, 275, citada y parcialmente reproducida en ROXIH/ARZT/TIEDEMANN Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, pp. 140-145, bajo el eplgrafe en el que se resalta la dependencia del Derecho Procesal Penal respecto del Derecho Constitucional, se caracteriza al juicio limpio como la expresión jurisdiccional del principio del estado de derecho, que vincula no sólo a los Tribunales sino a todos los órganos estatales que influyen en el desarrollo de un proceso penal. vid. arts. 1, 20 Y 28 GG, en relación con la configuración de la RFA como un estado de derecho. GOHEZ COLOHER J.L. El proceso penal alemán ..• , op. cit., § 3, pp. 43-53. 626 BGHSt 24, 125, 131. BGHSt 29, 109, 111. BGHst 36, 210. Como Postura critica a la directa aplicación del arto 6.1 CEDH en Cuanto ello suponga rebasar o prescindir de las disposiciones de la legislación alemana, vid, HEUBEL H. Der "fair trial" ... , op. c't 1 ., p. 31. 317
Deberemos finalmente y en pos de lograr una mayor claridad, establecer la exacta relación existente entre los conceptos que hasta ahora hemos utilizado, respetando la terminolog1a acuñada en cada pa1s, para hacer referencia al proceso debido. As1, el principio del faires Verfahren (Alemania) no constituye sino la expresión con la que el derecho alemán alude al principio objeto del presente trabajo del due process of law (EEUU), siendo la correspondencia esencialmente exacta, en el ámbito procesa1 6v •
B.
El
"Due process of law" como principio general del
derecho en relación al derecho jurisdiccional español
1. Resumen de la posición jurisprudencial
A la vista de las formulaciones que sobre el proceso debido se realizan en sistemas de derecho anglosajón -
EEUU -
y
continental - Alemania - y que acabamos sucintamente de exponer, es de destacar la similitud de las conclusiones tanto en lo relativo a la naturaleza jur1dica de la institución como en lo relativo
al contenido, integrado por derechos fundamentales y
garant1as procesales, que corresponde al proceso debido. Sin perder de vista lo anterior cuyo valor como elemento interpretativo
será
inapreciable
y
fijándonos
en
el
grupo
normativo que en la legislación española regula todo lo relativo al proceso debido y la fundamental interpretación que del mismo realizan tanto el Te como el TS, nos hallamos en disposición de
627 VOLLKOMMER M. Der Anspruch der Parteien .•. , op. cit., p. 219. 318
ofrecer varias hipótesis sobre la naturaleza y el alcance del proceso debido en España.
a.
Concepto
Elemento
estricto:
integrante
del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
Este concepto puede fundamentarse en sentencias como la STC 106/1989, de 8 de junio, en cuyo F. J. 2g se define el proceso
debido como aquella qarantía institucional inteqrada por los elementos que componen el arte 24.2 CE,
(también, entre otras,
STC 78/1992, de 25 de mayo, F.J. 2 g ). Según esta primera hip6tesis estricta, el proceso debido seria uno de los elementos del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva,
proceso,
a
observadas
su a
concretamente
tramitaci6n, lo
largo
a
del
aquella
las
parte
garantias
periodo
referida
que
comprendido
deben entre
al ser la
litispendencia y la consecución de una resolución definitiva, no abarcaria ni el acceso a los Tribunales, derecho de acción, ni alcanzaria la impugnaci6n asi como tampoco la ejecuci6n de las resoluciones recaidas en el proceso. Su
naturaleza
juridica
seria
la
de
una
Garantia
Institucional en el sentido expresado en páginas anteriores. En cuanto a su tratamiento procesal, no seria susceptible de amparo por medio de una directa invocación de su violación, sino que deberia concretarse en la
lesi6n de alguno de los
elementos que lo componen y son expresamente recogidos por la CE en su arto 24.2.
319
Su aplicación estaria pensada de forma especifica para el proceso penal, si bien alguno de sus elementos es extensible a todo tipo de procesos.
b.
Concepto
Equivalente
ecléctico:
las
a
garantias del arto 24 CE
Fundamentable entre otras en la STC 135/1991,
de 17 de
junio, esta segunda hipótesis ecléctica, según la cual el TC y también el TS (v. gr. STS de 10 de febrero de 1990 (RA 1375) F.
J. 1Q C, de 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 1 Q), emplean el concepto proceso debido como sinónimo de tutela jUdicial efectiva sin indefensión, jurisdicción,
una forma más de referirse al derecho a
estaria
constituida
por
el
arto
24
CE
en
la su
totalidad (STC 6/1992, de 16 de enero, F. J. 5 Q) Y abarcaria tanto el derecho al acceso como el derecho al proceso como, y finalmente,
el derecho a la ejecución de la resolución que en
aquél recaiga. Su naturaleza juridica seria la de derecho fundamental, y por lo tanto seria susceptible de amparo por invocación directa de su vulneración.
c.
Concepto
amplio:
Participe
de
la
naturaleza
juridica de los principios generales del derecho
Según
esta
tercera
hipótesis,
posible
jurisprudencia tanto del TC como del TS
a
la
luz
de
la
(v. gr. STS de 20 de
enero de 1993 (RA 132) F. J. 1 Q , STS de 9 de febrero de 1993 (RA 320
952)
F.
origen,
J.
212 628 ,
quizá
la más acorde con la naturaleza,
el
el desarrollo y la definitiva plasmaci6n del proceso
debido en el derecho anglosaj6n y en el derecho alemán según lo visto en páginas anteriores, el proceso debido constituiría, y así
lo
sostenemos
también
en
relaci6n
con
Espafia,
la
manifestaci6n jurisdiccional del estado de derecho. Adoptando
un
criterio
interpretativo
fundamentalmente
teleo16gico en relaci6n con todas las referencias que sobre el proceso debido hemos hallado,
obtendríamos una visi6n de
la
insti tuci6n proceso debido como una realidad dinámica que hoy por hoy está constituida por el arto
24 CE en su totalidad
(24.1
derecho a la tutela judicial efectiva con expresa prohibici6n de la indefensi6n, 24.2 garant1as concretas del proceso debido, no recogidas de forma exhaustiva). Pero además lo estará por otras garantías,
que
sin
ánimo
de
exahustividad
relacionamos
a
continuaci6n remitiendo cuando proceda a lo dicho al respecto en páginas
anteriores,
que
la
doctrina
y
principalmente
la
jurisprudencia se han encargado de destacar y que no constituyen un númerus claúsus629 :
628 En la sentencia de referencia se identifica el proceso debido con el arto 24 CE que lo establece y con los preceptos constitucionales derivados, que lo desarrollan. La más moderna doctrina se pronuncia igualmente por una consideraci6n amplia del proceso debido, como principio general informador del derecho procesal de cuya concurrencia dependerá la existencia del "proceso constitucionalmente debido", GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal espafiol. Para no juristas, Valencia 1993, S 3 Y en general SS 4, 8, 31, 63. 629 Los contenidos que a continuaci6n se relacionan derechos, garantías y principios con relevancia procesal, han sido en su mayor parte objeto de nuestra atenci6n en páginas anteriores por lo que la referencia actual es simplemente enunciativa y por tanto básica e incompleta si no se relaciona con lo ya dicho.
321
1.
El
arto
120.3
CE que
exige
la aotivaci6n da
las
resoluciones (STC 142/1991, de 1 de jUlio, F. J. 4 Q , STS de 4 de enero de 1990 (RA 267) F. J. 1 12 )63°.
2.
El principio de iqualdad de armas/oportunidades (STC
66/1989, de 17 de abril, F. J. 1212. STS de 14 de junio de 1991
(RA 4716) F. J. 112 yart. 6.1 CEDH).
3.
Los principios de oralidad e
inmediación ambos con
jerarquia constitucional, arto 120.2 CE, Y como delimitadores del proceso debido - en especial en el orden jurisdiccional penal SSTS de 7 de febrero de 1990 (RA 1289) F. J. lQ; de 9 de mayo de 1991 (RA 3617) F. J. 2 Q631 •
". El principio acusatorio que actúa únicamente en el ámbito penal y que, como sabemos, exige la existencia de una acusación formulada por persona distinta al Juez y prohibe condenar por delito que no haya sido objeto de acusación y por tanto sin ofrecer posibilidades de defensa; (v. gr. BSTS de 4 de noviembre de 1986 (RA 6241) FF. JJ. 112 Y 212; de 9 de septiembre de 1987 6327)
CRA
F. J. 3 12 ; de 15 de febrero de 1990 eRA 1550); de 7 de
noviembre de 1990 (RA 8782); de 1 de octubre de 1991 (RA 6877)
630 SERRANO ALBERCA J. K. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ... , op. cit., pp. 1729 Y ss. 631 SERRANO ALBERCA J. K. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ••. , op. cit., pp. 1725 Y ss. 322
F. J. 1Q. Respecto a la jurisdicción militar, vid. v. gr., STS de 22 de abril de 1991 (RA 3157) FF. JJ. 2Q Y
3Q)~2.
5. Los principios comunes a todos los procesos: Iqualdad~,
(art. 14 CE, SSTC 66/1989, de 17 de abril, F. J. 12; 242/1992, de 21 de diciembre¡ SSTS de 14 de septiembre de 1983 (RA 4551) Considerando 1 Q¡ de 30 de septiembre de 1985 (RA 4581) F. J. 3 Q¡ de 19 de noviembre de 1990 (RA 9246) F. J. 5 Q), principio de contradicción (Primera referencia postconstitucional STS de 5 de noviembre de 1979 (RA 3814) Considerando 1 Q; Sobre su carácter esencial en relación al proceso debido, SSTS de 4 de noviembre de 1986 (RA 6241) F. J. 2 Q¡ de 29 de noviembre de 1989 (RA 9344) vinculación directa con los arts. 6.3.d, CEDH y 11 DUDH, también sobre su jerarquia constitucional STS de 7 de febrero de 1990 (RA 1289)
F. J.
1Q. En relación a su necesaria concurrencia para
evitar la indefensión, STS de 9 de mayo de 1991 (RA 3617) F. J. 2 Q )634.
632 STS de 22 de enero de 1992 (RA 430) F. J. 1 Q, "El principio acusatorio exige que toda persona acusada de un hecho delictivo sea informada previamente de la acusación que se le formula con todas las precisiones y distinciones necesarias entre los hechos que la sustentan y su calificación jurídica así como de la pena que se solicita.". En relación con el principio de legalidad, vid., STS de 17 de junio de 1991 (RA 4735) F. J. 4Q. 633 GALVEZ J. en GARRIDO PALLA p.comentarios ••• , op. cit., pp. 254 Y ss. GIMENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 59 Y ss. MONTERO I ORTELLS I GOMEZ I MONTON Derecho Jurisdiccional, 111, op. cit. pp. 34-35 en relación al principio de contradicción, y 39-40 por lo que respecta al principio de igualdad en su doble aspecto, igualdad de los ciudadanos ante la ley procesal e igualdad de las partes en el proceso. GOMEZ COLOMER J.L. El proceso penal español ••• , op. cit., § 9, pp. 6869. 634 GIMENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 55 Y ss., donde se destacan a) La posibilidad de acceso a los Tribunales, b) La adquisición del status de parte y c) El 323
6. El principio in dubio pro reo (o su variante en relaci6n
al orden jurisdiccional social in dubio pro operario - SSTS de 20 de julio de 1987 (RA 5666) F. J. único, bastante confusamente;
de 31 de mayo de 1988 (RA 4999) F. J. 2Q. - también tiene una manifestaci6n en el orden jurisdiccional civil, concretamente en el campo de las relaciones asegurativas, in dubio pro asegurado, STS de 18 de jUlio de 1988 (RA 5725) F. J. 4 Q) basado en el principio de equidad (SSTS de 20 de junio de 1989 (RA 4702); de 24 de julio de 1989 (RA 5777); de 8 de octubre de 1992 (RA 7539»
y relacionado con el principio de proporcionalidad
(S~S
de 9 de
octubre de 1992 (RA 8142) F. J. 6 Q), Y orientador de la actividad decisoria del Juez 63S ¡
(cuestión claramente diferenciada de la
presunción de inocencia -derecho fundamental constitucional que vincula al Juzgador - v. gr. SSTS de 22 de mayo de 1980 (RA 2094) Considerando 1 Q; de 1 de diciembre de 1981 (RA 4961) Considerando único; de 15 de julio de 1986 (RA 4328) F. J.
6 Q;
de 11 de
diciembre de 1989 (RA 792) F. J. 5 g ; de 16 de febrero de 1990 (RA
derecho a la última palabra, como notas esenciales del principio de contradicci6n. GOHEZ DB LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 33 Y ss., donde se destaca la necesidad de completarlo con el principio de igualdad. HONTERO AROCA J. El principio acusatorio ••• , op.' cit., pp. 786-788. Destacando su carácter de principio previo a la ulterior conformaci6n del proceso y por tanto extrayéndolo y separándolo del principio acusatorio frente a afirmaciones en el sentido contrario, v. gr. STC 53/1987, de 7 de mayo. 635 Su vulneración no puede fundamentar un recurso de casaci6n, por tratarse de una norma de interpretaci6n no sustantiva, STS de 25 de enero de 1993 (RA 172) F. J. 5Q. GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 280-282, donde se afirma que el principio asume en el proceso penal la funci6n que para el proceso civil cumple la distribución de la carga de la prueba, "en caso de duda, hay que preferir la impunidad de un cUlpable a la condena de un inocente.", con lo que parece confundirse con el ámbito propio de la presunción de inocencia. 324
.
6. El principio in dubio pro reo (o su variante en relaci6n
al orden jurisdiccional social in dubio pro operario - SSTS de 20 de julio de 1987 (RA 5666) F. J. único, bastante confusamente;
de 31 de mayo de 1988 (RA 4999) F. J. 2Q. - también tiene una manifestaci6n en el orden jurisdiccional civil, concretamente en el campo de las relaciones asegurativas, in dubio pro asegurado, STS de 18 de jUlio de 1988 (RA 5725) F. J. 4 Q) basado en el principio de equidad (SSTS de 20 de junio de 1989 (RA 4702); de 24 de julio de 1989 (RA 5777); de 8 de octubre de 1992 (RA 7539»
y relacionado con el principio de proporcionalidad
(S~S
de 9 de
octubre de 1992 (RA 8142) F. J. 6 Q), Y orientador de la actividad decisoria del Juez 63S ¡
(cuestión claramente diferenciada de la
presunción de inocencia -derecho fundamental constitucional que vincula al Juzgador - v. gr. SSTS de 22 de mayo de 1980 (RA 2094) Considerando 1 Q; de 1 de diciembre de 1981 (RA 4961) Considerando único; de 15 de julio de 1986 (RA 4328) F. J.
6 Q;
de 11 de
diciembre de 1989 (RA 792) F. J. 5 g ; de 16 de febrero de 1990 (RA
derecho a la última palabra, como notas esenciales del principio de contradicci6n. GOHEZ DB LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 33 Y ss., donde se destaca la necesidad de completarlo con el principio de igualdad. HONTERO AROCA J. El principio acusatorio ••• , op.' cit., pp. 786-788. Destacando su carácter de principio previo a la ulterior conformaci6n del proceso y por tanto extrayéndolo y separándolo del principio acusatorio frente a afirmaciones en el sentido contrario, v. gr. STC 53/1987, de 7 de mayo. 635 Su vulneración no puede fundamentar un recurso de casaci6n, por tratarse de una norma de interpretaci6n no sustantiva, STS de 25 de enero de 1993 (RA 172) F. J. 5Q. GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 280-282, donde se afirma que el principio asume en el proceso penal la funci6n que para el proceso civil cumple la distribución de la carga de la prueba, "en caso de duda, hay que preferir la impunidad de un cUlpable a la condena de un inocente.", con lo que parece confundirse con el ámbito propio de la presunción de inocencia. 324
.
1552) F. J. 212 ; de 28 de febrero de 1990 (RA 2102) F. J. 112 Y
de 4 de junio de 1991 (RA 4501) F. J. 4 12 ).
7. El derecho a un juez imparcial, (STC 113/1992, de 14 de septiembre, F. J. 3 12 , garantia implicitamente contenida en los arts • 24. 2 Y 117. 1 , ambos CE636 •
8. El derecho fundamental a una doble instancia o mejor a someter el fallo condenatorio a un Tribunal superior en el proceso penal,
(SSTC 76/1982, de 14 de diciembre,
F. J.
512;
37/1988, de 3 de marzo, F. J. 5 12 , garantia que se deduce del arto 24.2 CE Y del arto 14.5 PIDCP). Con respecto al proceso civil,
rige igualmente el derecho a un doble enjuiciamiento que se deriva del derecho a la tutela judicial efectiva, STS de 13 de mayo de 1992 (RA 3922) F. J. 112.
9. El principio pro actione, {STC 107/1992, de 1 de jUlio, F. J. 212; SSTS de 17 de abril de 1991 (RA 5269) F. J. 112; de 14 de octubre de 1991 (RA 6915) F. J. 2 12 , inspirador de todas las manifestaciones del arto 24.1 CE). "la plena efectividad de la tutela judicial exige una interpretación de las normas procesales inspiradas en el principio pro actione y presupone que el mismo principio debe inspirar sus aplicaci6n,"m. 636 STC 106/1989, de 8 de junio. STS de 27 de mayo de 1988 (RA 3849) F. J. 112; de 5 de mayo de 1992 (RA 3706) F. J. 1 12 ,
imparcialidad objetiva, el Magistrado instructor de la causa no puede juzgarla. vid. arts. 219.1012 LOPJ y 54.12 LECRIM. vid. SERRANO ALBERCA J. H. en GARRIDO PALLA P. Comentarios •.• , op. cit., pp. 1615 Y ss. 637 SSTS de 18 de febrero de 1992 (RA 1318) F. J. 112; de 10 de octubre de 1992 (RA 8230) F. J. 312. 325
10.
El principio de
intangibilidad da
las resoluciones
jUdiciales firmes, (STC 142/1992, de 13 de octubre, F. J. 2 g ; STS de 19 de febrero de 1993 (RA 1371) FF. JJ. 12, 22 Y 3 g ) .
11. principio de non bis in idem, STC 152/1992, de 19 de octubre, F. J. 22. SSTS de 18 de abril de 1980 (RA 1537); de 1 de julio de 1980 (RA 3075); de 7 de mayo de 1981 (RA 2130); de 25 de junio de 1986 (RA 3192); de 18 de julio de 1988 (RA 6181);
de 17 de abril de 1990 (RA 3256) F. J. 12; de 12 de junio de 1991 (RA 4695)
F. J.
22.4 -
Art.
25 CE que recoge el principio de
legalidad con respecto al que se considera impllcito el que nos ocupa, y arts. 300, 666.2 Y 675 LECrim~8.
12.
principio de gratuidad de la Justicia,
muchas veces
condición sine qua non para que la tutela judicial ofrecida por la CE sea realmente efectiva, arts. 119 CE, 20 LOPJ, 13 Y ss. LEC; SSTS de 20 de junio de 1987 (RA 4538) F. J. 22, en el que se establece la relación esencial con la tutela judicial efectiva y la prohibición de la indefensión; de 6 de noviembre de 1989 (RA 8005)
F. J. 2 g ; debe también relacionarse con el principio de
igualdad en el proceso, STS de 31 de diciembre de 1992 (RA 10661) en su
totalidad~9.
638 ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOS CUESTA Ley de Enjuiciamiento Ciminal, Opa cit., pp. 183 Y 361 Y ss. Con respecto al principio de legalidad vid. STS de 8 de mayo de 1985 (RA 2454) Considerandos 1 2 , 2g Y 3 2 , donde se refleja sus trascendencia en relaci6n al estado de derecho y al proceso debido. SERRANO ALBERCA J. M. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ••• , op. cit., pp. 499 Y ss. 639 GOMES COLOMER J.L. El beneficio de pobreza, Barcelona 1982. SERRANO ALBERCA J.M. en GARRIDO FALLA P. Comentarios ••. , Opa
cit., pp. 1714 Y ss. 326
13. Derecho de habeas corpus, contemplado por el arto 17.4 CE Y desarrollado y regulado por la LO 6/84, de 24 de mayo de 1984, "cuyo contenido esencial consiste en la petición de amparo
judicial solicitada por el detenido al Juez para examinar las circunstancias y condiciones de una detención acordada por la policía, autoridad gUbernativa o, incluso, cualquier persona." ATS de 11 de mayo de 1990 eRA 3915) F. J. 5QMO.
14.
principios
de
lealtad
y
buena
fe,
parcialmente
contemplados en el arto 11 LOPJ, si cabe hablar de obligación de las partes de atenerse a determinadas pautas de conducta o principios en su relación jurídica con los OOJJ y entre ellas mismas, dicha conducta deberá estar regida por los mencionados principios, y en la medida en que la adecuación a los mismos permitirá a las partes, en cualquier procedimiento, acceder a la totalidad de las posibilidades propias del proceso debido, (su omisión puede dar lugar a la inadmisión de un recurso o de un medio de
p~ueba
ilícitamente obtenido), lo incluimos como parte
del proceso debido en su consideración ampliaM1 •
15. principio de conservación parcial del acto, STS de 8 de mayo de 1991 (RA 3597) F. J. 3Q. Art. 242 LOPJ. En combinación con la prohibici6n de las dilaciones indebidas y el principio de economia procesal.
640 SERRANO ALBERCA J. M. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ••• , op. cit., pp. 334 Y ss. GIMENO SENDRA V. El proceso de "habeas corpus", op. cit., pp. 43-60. 641 ATS de 4 de abril de 1989 (RA 4763) F. J. 2Q. STS de 9 de mayo de 1991 (RA 3617) F. J. 2Q. vid. arto 11.1 y 2 LOPJ. 327
derecho
a
un
proceso
público
sin
dilaciones
indebidas,
constitucionalizado como fundamental por el arto 24.2 CE Y que no
se
identifica
procesales,
con
comporta
el
mero
incumplimiento de
los
la utilizaci6n de un concepto
plazos
jurldico
indeterminado que necesita ser dotado de contenido concreto, en cada caso, atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico (SSTC 5/1985, 36/1984, 223/1988 Y 50/1989). Dichos criterios objetivos son, según ha afirmado este Tribunal de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH576 , circunstancias
del
litigio,
singularmente
la naturaleza y su
complejidad
y
márgenes ordinarios de duraci6n de los litigios del mismo tipo, el interés que en el proceso arriesga el demandante, su conducta procesal, actuaci6n del 6rgano judicial que sustancia el proceso y consecuencias que de la demora ,se siguen para los litigantes (SSTC 223/1988,
28/1989 Y 50/1989)
Y la consideraci6n de los
medios disponibles (STC 81/1989)m u • 576 Caso Neumeister, STEDH, de 27 de junio de 1968. Caso Neves e Silva, STEDH, de 27 de abril de 1989. Caso Oliveira Neves, STEDH, de 25 de mayo 1989. 577 STC 85/1990, de 5 de mayo, F. J. 21:l. Recurso de amparo interpuesto frente a una resoluci6n, o mejor ausencia de resoluci6n, procedente de un OJ perteneciente al orden jurisdiccional civil (concretamente resolución de contrato de arrendamiento), también en materia civil vid. STC 10/1991, de 17 de enero. En relación con el proceso laboral y abundando en idénticas consideraciones a las transcritas, STC 73/1992, de 13 de mayo, F. J. 2 Q • Respecto al proceso penal, v. gr., STC ?15j1992 9 de 1 de diciembre, FF. JJ. 2Q Y 3Q. Respecto a la juri~prudencia del TS, vid., STS de 11 de febrero de 1993 (RA 1042) Fo J. 2 Q , donde se pone de manifiesto la teor!a general, grupo normativo y jurisprudencia, en relación con las dilaciones indebidas. vid. VARELA CASTRO L. El plazo razonable como derecho fundamental en los procesos penales por delitos de escasa gravedad o flagrantes, Justicia 1988, pp. 361 Y ss. Pese a que dichos procesos no existen ya como tales, no dejan de tener valor las consideraciones generales realizadas, as! como las propuestas realizadas pos la AIDP en su reuni6n de Hamburgo en 1979, que asimismo se reflejan. 294
La misma STC 85/1990, en su F. J. 3Q matiza la declaraci6n anterior, "Ahora bien, como ha precisado este Tribunal en la STC 223/1988,
y reiterado en las 50/1989 y 81/1989,
excluir del
derecho al proceso sin dilaciones indebidas las que vengan ocasionadas
por
defectos
de
estructura
de
la
organización
judicial seria tanto como dejar sin contenido dicho derecho frente a esa clase de dilaciones (STC 36/1984, STEDH de 13 de julio de 1983, dictada en el caso Zimmermann y steiner) •.• , de modo que el deber de garantizar la justicia sin dilaciones indebidas "lleva implicita la dotación a los órganos de los necesarios medios personales y
j~diciales
materiales.,,~8.
La dilación indebida, su existencia, debe ser considerada en relación con el momento de interposición de la demanda de amparo que será determinante de su estimación por el TC, asi en la STC 61/1991, de 20 de marzoS79 •
578 Sobre este punto en concreto, dotaci6n al Poder Judicial de medios personales y materiales, y para poder ponderar con rigor los criterios que el TC declara deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar la existencia o no de dilaciones indebidas en un proceso en concreto y por tanto para determinar la existencia o no de vulneración del proceso debido, vid. PASTOR S. Elementos para la reforma procesal: Análisis de la litigaci6n. oferta de tutela judicial. dilaci6n. recursos econ6micos y acceso de los ciudadanos a la Justicia en Materiales para una reforma procesal, Madrid 1991, pp. 87 Y ss. 579 F. J. 1Q "Mientras que el cese de la inactividad judicial, antes de formular la demanda, repara la lesi6n del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 151/1990, fundamento juridico 4 Q) la resoluci6n judicial dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo no repara una dilación que"ya esté consumada, de modo que ninguna influencia tiene a la hora de ponderar la pervivencia de la lesión constitucional el que la inactividad jUdicial haya cesado después de interpuesto el recurso de amparo (STC 10/1991, fundamento juridico 2 Q ) , o, como ocurre en el presente caso, que cesara a posteriori la situaci6n de pendencia en la resolución de la apelaci6n.". 295
La prohibición de dilaciones indebidas despliega también su eficacia respecto a la anulación de actos procesales irregulares, asi el TS entiende que será de aplicación el principio de conservación parcial del acto, con lo que "no toda irregularidad procesal puede originar un efecto anulatorio extremo, pues ello también
incidiria
fundamental a
en
la
vulneración
al
derecho
asimismo
la resolución de la causa dentro de un plazo
razonable o sin dilaciones indebidas establecido en el citado articulo 24 de la Constitución. ,,580 Finalmente encontramos en la jurisprudencia del TS una solución aplicable en caso de conflicto entre el derecho que nos ocupa y la presunción de inocencia, "6. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, por último, es inferior al derecho a la presunción iuris tantum de inocencia que consagra el arto 24.2 de la Constitución (por todas, S. 3-4-1991). En caso de conflicto ha de prevalecer el segundo,,581.
l. Proceso debido, proceso con todas las garantías y Juez
imparcia1 582
580 STS de 8 de mayo de 1991 (RA 3597) F. J. 3g. Vid. arto 242 LOPJ. 581 STS de 14 de febrero de 1992 (RA 1233) F. J. 19.6. 582 "El derecho a un proceso con todas las garantias, al igual que los demás derechos fundamentales, ha de ser interpretado de conformidad con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre derechos humanos ratificados por España (art. 10.2 CE), ... ", STC 245/1991, de 16 de diciembre, F. J. 3Q. STS de 6 de abril de 1990 (RA 3181) F. J. Unico. 296
r El derecho fundamental al proceso con todas las garantías es la fórmula general por la que ha optado la CE en su arto 24.2 de forma que permita dar la cobertura más amplia posible a las situaciones
no
expresamente
contempladas
por
la
normativa
constitucional e internacional arto 10.2 CE. "La norma sirve así como una especie de salvoconducto de la constitucionalidad del proceso,,583. Figurando el derecho al proceso con todas las garantías como uno de los contenidos del arto
24. 2 CE - que a la luz de la
jurisprudencia del TC que hasta el momento ha sido analizada constituye, sin discusi6n posible dada la claridad con la que al respecto totalidad,
se pronuncia del
el
contenido
Tribunal, del
parte
proceso
esencial,
debid0 584
sino
la
deberemos,
aunque someramente, ocuparnos del contenido del mismo. En primer lugar determina el TC que la garantía de imparcialidad objetiva del juzgador es una de los contenidos de este derech0585 • 583 RAMOS MENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., p. 28. 584 Identificando el derecho al proceso con todas las garantías con el proceso debido tenemos: "Como es sabido, la doctrina del Tribunal Constitucional ha concebido el derecho de acci6n - o derecho a la tutela judicial efectiva según la formulación constitucional - con un contenido sensiblemente más amplio que el que se acaba de enunciar, en detrimento de otro derecho fundamental reconocido en el arto 24.2: el derecho a un proceso con todas las garantías o, dicho en otros términos, el derecho al debido proceso (due process OÍ law), que resulta así prácticamente vacío y sin virtualidad.", ALMAGRO/GIKENO/CORTES/KORENO Derecho Procesal, t. I, v. I, op. cit., pp. 164-165. En KORENO/CORTES/GIMENO Introducción ••• , p. 218, se afirma la identidad entre el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al debido proceso. 585 STC 151/1991, de 8 de julio, F. J. 3Q. Vid., específicamente sobre la imparcialidad de los Jueces como contenido esencial del derecho constitucional a un proceso con las debidas garantías y sobre las consecuencias de su aplicaci6n en el grupo normativo regulador del proceso penal español, GOKEZ COLOKER J. L. Apunte sobre las reformas de la Ley Orgánica 7/1988, La Ley, n Q 24 1989 297
Nos ocuparemos también en este apartado del derecho a ser juzgado por un Juez imparcial que se considera bien como una garant1a más de las comprendidas dentro del derecho al proceso con todas
las garant1asS86 ,
bien como una manifestación del
derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley del arto 24.2 CEs87 • El TC afirma en todo caso y de forma expresa e inequ1voca la pertenencia del derecho al Juez imparcial a las garant1as del proceso debido que se recogen en el art. 24.2 CES88 , e igualmente establece la relación, fundamental, entre el derecho a un Juez imparcial y un estado configurado como Estado de Derechos89 • En el concreto ámbito penal la imparcialidad objetiva del Juez
supone
la
imposibilidad,
por
exigencia
del
principio
acusatorio, de que el Juez que realizó la actividad instructoria respecto de un concreto proceso pueda posteriormente conocer y fallar la causa acumulando as1 las funciones instructoras y y GOHEZ COLOHER J. L. ¿Hacia el futuro proceso penal español? (Notas al hilo de la Ley Orgánica 7/1988), Bolet1n de Información del Ministerio de Justicia, n Q 1543 1989. MONTERO AROCA J. El principio acusatorio ••• , op. cit., pp. 780-786. MORENO/CORTES/GlKENO IntrOducción ••• , op. cit., pp. 79-91. 586 STC 113/1987, de 3 de julio. HONTERO/ORTELLS/GOHEZ/HONTON Derecho JuriSdiccional, 111, op. cit., p. 36. 587 GlKENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 51-52. RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 19-23. 588 STC 136/1992, de 13 de octubre, F. J. lQ " ••• ha sido violado el derecho a un Juez imparcial, inherente a las garant1as del proceso debido (art. 24.2 CE), como consecuencia de la acumulación en primera instancia de las facultades instructora y sentenciadora ••• ". El principio de imparcialidad -afirma la STS de 27 de mayo de 1988 (RA 3849) F. J. 1 Q - procede del arto 117.1 CE. 589 STC 136/1992, de 13 de octubre, F. J. 2 Q • vid. STS de 1 de marzo de 1989 (RA 2793) F. J. 2Q. 298
decisorias, (SSTC 145/1988, de 12 de julio; 164/1988, de 26 de septiembre; 11/1989, de 24 de enero; 106/1989, de 8 de junio; 98/1990, de 24 de mayo; 151/1991, de 8 de julio). Esta afirmación
debe,
sin embargo,
matizarse en el sentido de que no toda
intervención del Juez en el procedimiento preliminar supone automáticamente tal consecuencia, de manera que planteada la cuestión
deberá
analizarse
cada
caso
concreto,
"es
la
investigación directa de los hechos con una función en parte inquisitiva y en parte acusatoria (dirigida frente a determinada persona) la que puede considerarse integrante de una actividad l.nstructora. ,,590 "La denominada imparcialidad "objetiva" - para garantizar la no concurrencia de "contaminación inquisitiva" - sólo puede hacerse valer por el acusado, al contrario de lo que ocurre con la imparcialidad "subjetiva" - para garantizar la independencia judicial - predicable tanto para el acusado como para las partes acusadoras. ,,591 590 STC 151/1991, de 8 de julio, F. J. 4 g , Y como fundamental en esta materia vid. STC 145/1988, de 12 de julio. Con respecto a la jurisprudencia del TS, vid. v. gr. STS de 27 de mayo de 1988 (RA 3849) F. J. 1 9 , donde se intentan trazar los limites más allá
de los cuales quedará comprometida la independencia del Juez o MagistradO ordinario predeterminado por la ley, vulnerando asi el proceso debido. ATS de 18 de octubre de 1990 (RA 8179) F. J. 1, es el supuesto de intervenci6n en la tramitaci6n del recurso de casaci6n de Magistrado que form6 parte del Tribunal sentenciador, lo cuál supone la vulneraci6n del derecho al Juez imparcial. STS de 24 de junio de 1991 (RA 4795) F. J. 4 g , en referencia a la STC 106/1989, de 8 de junio, entiende "que la tmparcialidad objetiva se pierde si se efectúa por el Juez un U'lterrogatorio al detenido al referirse, conforme al articulo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a preguntas directas y dirigirse a la averiguación de los hechos y la participación en ellos del procesado por lo que al término de dicho interrogatorio el Juez puede haberse formado una determinada convicción acerca de la participación del imputado en el hecho punible.". 591 STC 136/1992, de 13 de octubre, F. J. 2g. 299
La jurisprudencia del TC ha establecido que los OOJJ tienen la obligación de comunicar a las partes - a ambas - la exacta composición del OJ llamado a conocer de la causa, arts. 202 y 203 LOPJ,
(STC 180/1991, de 23 de septiembre, F. J. 6 g ), lo cual
posibilitará la consecución de la imparcialidad subjetiva, ya que las partes podrán ejercer su derecho a recusar a los Jueces o Magistrados en los que concurriera motivo para ello.
De no
respetarse la obligación recogida en los articulos mencionados de la LOPJ, se producirá "la privación del ejercicio del derecho a
recusar derivado de tal omisión,
que constituye, garant.1a
esencial vinculada a la imparcialidad del juzgador e integrante del derecho a un proceso con todas las garantías que consagra el arto 24.2 CE, que, por tanto, ha de entenderse infringido en este caso. ,,592 Es posible también extraer del arto 24.2 CE en relación con el arto 14.5 del PIDCP de Nueva York, y así lo hace el TC, que uno de los derechos que componen el proceso con todas las garantias -distinto del derecho a un juez imparcial - y por tanto el proceso debido,
es el derecho fundamental a una segunda
instancia en el proceso penal o formulado de forma más precisa, a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean "sometidos a un Tribunal superior conforme a lo prescrito por la Ley" (SSTC 42/1982, 37/1988, entre otras)"m.
El TS introduce, distintos a
basándose en criterios clasificatorios
los empleados por el TC,
nuevos contenidos del
592 STC 230/1992, de 14 de diciembre, F. J. 4g. STS de 5 de octubre de 1992 (RA 7524) F. J. 4g. 593 STC 113/1992, de 14 de septiembre, FF. JJ. 4 g , 5g Y 6g. 300
1 derecho a un proceso con todas las garantías. Así, afirma que "el derecho a la prueba, que es una manifestación peculiar y concreta del derecho a un proceso con todas
las garantías,
aparece
reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución cuando concede a todas las partes en un proceso el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. ,,594 • La jurisprudencia del TS se ocupa de que los principios básicos procesales sean respetados en la práctica de los medios probatorios, v. gr., la necesidad de garantizar la contradicción en relación con los testigos de cargo que habrán de reproducir su testimonio en el juicio oral, y la correlativa suspensión del juicio ante la incomparecencia del único testigo de cargo que por tanto no ha podido ser sometido a contradicción595 •
VI. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SIN INDEFENSIO~
594 STS de 11 de abril de 1991 (RA 2611) F. J. 2Q. 595 STS de 12 de julio de 1988 (RA 6566) F. J. 3Q. También SSTS de 1 de febrero de 1988 (RA 832); de 15 de abril de 1988 (RA 2781); de 4 de junio de 1988 (RA 4431); de 8 de mayo de 1991 (RA 3597) FF. JJ. 1Q Y 2Q. Vid. arto 746.3Q LECRIM. Respecto a la práctica de pruebas, solamente serán válidas aquellas practicadas sin infracci6n constitucional alguna, actuando al respecto el TS unicamente como "filtro garantizador de constitucionalidad", STS de 12 de marzo de 1992 (RA 2442) F. J. 27Q. Vid. arto 238.3 LOPJ. 596 comprende el derecho a la tutela judicial efectiva (derecho de acción), el derecho a iniciar el proceso, el derecho a un proceso con las debidas garantías, el derecho a la sentencia de fondo, el derecho al recurso cuando está previsto por la ley y el derecho a la ejecución, así lo afirma GOHEZ COLOMER J. L. Reflexiones sobre las bases científicas ••. , op. cit., p. 587. CANO MATA A. El derecho a la tutela jUdicial efectiva •.• , Opa ci t. FIGUERUELO BURRIEZA A. El derecho a la tutela jUdicial efectiva, Madrid 1990. STC 6/1992, de 16 de enero, F. J. 5g "La tutela judicial efectiva que garantiza el arto 24 CE consiste, como en tantas ocasiones a declarado este Tribunal (STC 100/1988) "en el derecho que tienen todas las personas al acceso a los 301
Se trata de uno de los derechos fundamentales recogidos en el
arto
24
contenido,
CE
cuya
infracción,
debido a
la amplitud de su
se alega en la práctica totalidad de los recursos
formulados tanto ante la jurisdicción constitucional como ante la jurisdicción ordinaria. Previamente a abordar la exacta determinación de lo que la tutela judicial efectiva significa para el TC, deberemos advertir que del uso que el mencionado Tribunal hace de la expresión tutela judicial efectiva podemos extraer dos acepciones diferenciables
(el alcance práctico de dicha distinción es reducido,
pero su utilidad a la hora de clarificar las conclusiones de la presente tesis resulta ciertamente importante). La primera de ellas
se
emplea
de
un
modo
general
como
contenedor
de
la
totalidad de los derechos y garantías recogidos en el resto del arto 24 CE (Vid. v. gr. STC 14/1992, de 10 de febrero, FF. JJ.
órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos con arreglo a las normas de competencia y procedimiento legalmente establecidos", a obtener de los mimsmos una resolución fundada en Derecho, tras un proceso en el que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de los afectados y se respete, entre otros, el principio de contradicción, así como la igualdad entre las partes (SSTC 93/1984 y 191/1987), puesto que, como se dijo en la STC 9/1981, no ha de olvidarse que el arte 24. 1 CE contiene un mandato implícito al legislador y al intérprete - consistente en promover la defensión, en la medida de lo posible, mediante la correspondiente contradicción. De tal mandato, pues, se deriva el deber positivo de corregir cualquier situación que pueda calificarse como indefensión, (SSTC 98/1987, 102/1987, 149/1987, 155/1988, 145/1990)". En relación con el principio de contradicción procesal, vid. STC 78/1992, de 25 de mayo, F. J. 2g. Por lo que a la jurisprudencia del TS respecta Vid., v. gr., SSTS de 4 de noviembre de 1986 (RA 6241) en su particularmente explícito F. J. 4 g ¡ de 16 de abril de 1990 (RA 2761) F. J. 5 g , "la tutela judicial efectiva que consagra el arto 24.1 de la Constitución Española viene determinada por el estricto cumplimiento de los principios rectores del proceso, explícitos o implícitos en el ordenamiento procesal, según tiene declarado el TC en sentencias de 7 de junio de 1982, 16 de octubre de 1984, 11 de diciembre y 15 de octubre de 1987,". 302
6g Y 7 g ) con los que tiene evidentes relaciones, esta acepción
procede de la consideración del aspecto negativo del derecho fundamental
que
es
la
prohibici6n
de
la
indefensi6n,
su
vulneración es invocable en amparo si bien, por tratarse de una infracci6n genérica, se deberla concretar el motivo de la misma. La segunda acepción que hemos anunciado, más precisa, se referirá a aquél derecho fundamental concreto recogido en el Ng 1 del arto 24 CE, derecho al proceso, que se verá vulnerado - posibilitando
la correlativa impugnación directa (casación, amparo) - siempre que no concurran en un proceso los contenidos que a continuación citaremos y precisamente en la medida en que la doctrina y jurisprudencia, tanto del TC como del TS, los han establecido y exigen597 •
A. Derecho de acceso a la Jurisdicción y derecho a una resolución fundada sobre el fondo del asunto 597 STS de 18 de junio de 1991 (RA 4473) F. J. 3 g , "el contenido constitucional del mencionado derecho a la tutela judicial efectiva se manifiesta no solamente en el derecho de acceso a la jurisdicción y en el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, sino que también, esencialmente, del derecho a obtener una resoluci6n fundada jurídicamente,". Con respecto a su impugnación a través del recurso de casaci6n, establece el TS que la infracci6n del arto 24.1 CE, por ser un precepto de carácter sustantivo habrá de ser invocada a través del ordinal 5g del arto 1692 LEC, vid. STS de 20 de marzo de 1991 (RA 2422) F. J. 2Q. vid. arto 5.4 LOPJ. En general sobre el derecho a la tutela judicial efectiva vid, DB LA OLIVA/PERNANDEZ Derecho Procesal civil, I, op. cit., pp. 121-146. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, I, op. cit., pp. 413-434. RAMOS MENDEZ F. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 32-36. ALMAGRO/GIHENO ¡CORTES/MORENO Derecho Procesal, t. I, v. I, op. cit., pp. 159171. El derecho a la tutela judicial efectiva se predica respecto de todos los órdenes jurisdiccionales, vid. al respecto GOHEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., p. 315 Y sobre su contenido pp. 318 Y 319. También GARCIA DB ENTERRIA B. La posición jurldica del Tribunal Constitucional en el sistema español: posibilidades y perspectivas, REDC 1981, n Q 1, p. 51. MORENO/CORTES/GIHENO Introducción ... , op. cit., pp. 213-222. 303
El derecho de acceso a la jurisdicci6n que consagra el arto 24.1 CE "se concreta en el derecho a ser parte en el proceso,
para promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisi6n jUdicial sobre las pretensiones deducidas. ,,598. Dicha resolución judicial deberá ser fundada cualquiera que sea su sentido, favorable o
adversa5~.
No parece conveniente, aunque a determinados efectos pueda hacerse, separar ambos derechos, puesto que careceria de sentido el mero acceso a la jurisdicción si ello no comportara una resolución sobre el fondo del asunto, la cuál no seria posible sin una previa posibilidad de acceso a los
Tribunales~.
598 GOMEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., p. 319. 599 RAMOS MENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 24-27. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, I, op. cit., pp. 427-433. 600 El derecho de acceso se reconoce por el TC tanto a personas fisicas o naturales como a personas juridicas o colectivas, STC 53/1983, F. J. 19- STC 147/1985, F. J. 3 g , Y concretamente en relación con el derecho al ejercicio de la acción popular por una persona juridica, STC 241/1992, de 21 de diciembre, FF. JJ. 4g Y 5 g , que lo reconoce, produciéndose en caso contrario una vulneraci6n del derecho a la tutela judicial efectiva. STS de 13 de noviembre de 1985 (RA 5606) F. J. 3 g , el derecho a la tutela judicial efectiva "no puede ser interpretado consagrando un derecho incondicional a la protección juridica, sino como el derecho a obtenerla siempre que se ejerza por las vias procesales legalmente establecidas, sin que, por otra parte, pueda hablarse de indefensión, cuando el recurrente ha tenido abiertas todas las instancias y recursos, incluido el de casación, para hacer vales sus derechos.". En el mismo sentido STS de 17 de octubre de 1986 (RA 5796). Afirma la STS de 3 de febrero de 1987 (RA 2055) F. J. 3 Q p "B) El principio del derecho a la tutela efectiva por jueces y tribunales para el ejercicio de derechos e intereses legitimos por parte de sus titulares favorecedor de la accesibilidad a los órganos de la Administración-justicia, proclamado por el articulo 24 de la Constituci6n Española de 27 de diciembre de 1978, orienta la interpretación de la normativa, sobre los requisitos formales para comparecer en juicio, en sentido restrictivo, a fin de evitar la indefensión de los interesados.". ALMAGRO1GIMENOI CORTES 1MORENO Derecho Procesal, t. I, v. I, op. cit., pp. 162-164. 304
La
acceso
tutela jUdicial efectiva en relación con el derecho de puede
pretensión
quedar
satisfecha
interpuesta si
tras
la
inadmisión
ello se produce a
resolución razonada y fundada en
de
la
través de una
derecho~l.
También será respetado el derecho a la tutela judicial efectiva
en el
caso de que
no sea estimada
la
pretensión
interpuesta ante el OJ, siempre que se deba a la existencia de una causa legal que así lo
determine~.
El derecho de acceso al proceso sólo podrá correctamente ser limitado en virtud de la concurrencia de otro derecho ~ libertad constitucionalmente protegido y que suponga incompatibilidad con el mismo, es pues precisa la concurrencia de una causa legalmente establecida conjuntamente con la imposibilidad de realizar una
601 STC 33/1989, de 3 de febrero. STS de 23 de marzo de 1988 (RA 2421) F. J. 1 Q¡ El derecho a la tutela efectiva comprende obtener "una resolución fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones del actor, que podrá ser de inadmisi6n cuando así lo acuerde el Juez en aplicaci6n razonada de una causa legal. El derecho que consagra el artículo 24.1 de la constituci6n no es un derecho incondicional a la prestaci6n jurisdiccional, sino a obtenerla siempre que se ejerza cumpliendo los requisitos previos indispensables y por las vías procesales legalmente establecidas. ". STS de 10 de noviembre de 1992 (RA 9099) ¡ en ella se afirma que el derecho de acceso a la jurisdicci6n, integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no resulta vulnerado por inadmi tir una demanda por la no subsanaci6n de defectos subsanables. 602 SS~S de.2 .de febrero de 1983 (RA 3322) considerando.4Q~ ':no puede 1dent1f1carse con la no prestaci6n de la tutela )ud1c1al ni con la indefensi6n de los interesados que prohíbe el texto constitucional con el simple hecho de que no se acceda a las pretensiones que se deduzcan"¡ de 10 de mayo de 1985 (RA Q2267) Considerando 5 Q¡ de 29 de abril de 1989 (RA 3281) F. J. 3 ¡ de 30 de noviembre de 1990 (RA 9221) F.' J. 4 Q, " .•• 10 que: tal principio (tutela judicial efectiva) garantiza es que en.~1ngún supuesto pueda producirse denegación de justicia, obten1endose dicha tutela también en los casos en que se rechace lo interesado por la parte en el proceso, siempre que concurra Y se exprese la causa legal correspondiente,"¡ de 30 de abril de 1991 (RA 3117) F. J. 3 2 ¡ de 22 de jUlio de 1992 (RA 6447) F. J. 4 Q• 305
Además de otros contenidos tampoco recogidos en el arto 24 CE
pero
que
por
su
trascendencia
procesal
y
por
vía
de
interpretación, fundamentalmente teleológica entendemos pueden constituir parte del proceso debido según el concepto amplio del que nos ocupamos 642 •
2. Nuestra posición
El proceso debido participaría en nuestra opinión, como ya hemos avanzado,
de la naturaleza de los principios generales
informadores del derecho, con especial relevancia en relación con el
Derecho
Jurisdiccional
manifestaciones relación
a
y
dentro
jurisdiccionales643
cada
una
de
ellas
de
(de
él
de
forma
atendiendo
a
todas
distinta las
sus en
diversas
naturalezas y peculiaridades de los derechos que originan los procesos que ante sus Tribunales se tramitan y resuelven), con carácter expansivo en la medida en que el desarrollo del estado de derecho implique la incorporación de nuevos contenidos. El
principio
general
del
proceso
debido,
según
una
concepción positivista en la que fundamentamos nuestra opinión, sería el resultado del proceso de abstracción del gran grupo de normas que como hemos mostrado resultan implicadas en relación con el tema que nos ocupa; normas relativamente heterogéneas pero 642 V. gr. la institución del jurado que en relación con el proceso penal es contemplada por los arts. 125 CE Y 83 LOPJ, aunque por el momento no existe una regulación pormenorizada que permita su aplicación.
643 STS de 26 de julio de 1985 (RA 4141) Considerando 4 12 , "esta Sala - de lo civil - tiene reiteradamente declarada la aplicación directa al proceso civil de las normas constitucionales, Y concretamente del artículo veinticuatro de la Constituci6n,". 328
absolutamente interdependientes, a las que por otra parte dotar1a de
la necesaria unidad en relaci6n con el proceso,
y más
concretamente con el tipo de proceso que exige el estado de derecho, es decir el proceso
debido~.
a. Naturaleza y contenido
La postura que adoptamos y que consiste en atribuir al proceso debido la naturaleza de un principio general del derecho y más concretamente la de un principio constitucionalizado, la fundamentamos en las siguientes consideraciones, que han sido ya anteriormente expuestas: Podemos rechazar que nos hallemos ante una norma legal puesto que
es
caracter1stica definitoria
de
las mismas
su
manifestaci6n expresa e imperativa, situaci6n que dificilmente será
sostenible
en
relaci6n
con
el
proceso
debido
cuya
formulaci6n expresa no ha sido abordada por el momento por ninguna ley. Más conviene a la instituci6n a cuyo conocimiento aspiramos la caracter1stica propia de los principos generales de carecer de texto can6nico, siendo por tanto independientes de su formulaci6n y no constituyendo un numerus clausus, "el juez, el intérprete en general, pueden recurrir a nuevos principios cuando necesidades
sobrevenidas de
la evoluci6n de
las
ideas,
la
sociedad y la técnica lo requieran,,64s.
644 DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derecho Civil, v. I, op. cit., p. 162. 645 LACRUZ/SANCHO/LUNA/DELGADO Elementos de Derecho Civil, v. I, op. cit., pp. 203-204. 329
Partiremos
de
la
existencia
de
principios
generales
enunciados en la CE (aunque no todos de forma expresa como en el caso
que
nos
extraeremos
ocupa
de
en
relaci6n
con
como
1
articulos
el
el CE
proceso donde
debido
se
afirma
que la
constituci6n de España en Estado de Derecho, o el arto 24 CE en relaci6n a la tutela judicial efectiva, etc.) son los llamados "principios constitucionales", dichos principios no operarán en defecto de ley y costumbre sino que se aplicarán con carácter preferente a las citadas fuentes del derecho, y con respecto a los
mismos
se
tradicionales
observa principios
internacionalización relevantes
la
principos
y
tendencia generales
a
sustituir
del
a
los
derecho646 •
La
constitucionalización del
derecho
ha
tenido
de un
los
más
reflejo
especialmente intenso en relación a los principios procesales M7 •
646 vid. arto 1.4 CC, "Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico". 647 LACROZ/SANCHO/LONA/DELGADO Elementos de Derecho civil, v. I, op. cit., p. 205. Sobre la constitucionalización de los principios generales vid. DIEZ-PICAZO/GOLLON sistema de Derecho civil, v. I, op. cit., p. 164 Y 166, donde se destaca su función directiva e informadora de la legislaci6n. CAS'l'AN 'l'OBEÑAS J. Derecho civil español, común y foral, t. I, op. cit., p. 496. En el mismo sentido vid. arto 5.1 LOPJ "La Constituci6n es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos". Los principios generales del derecho y por lo tanto también los principios constitucionales "son auténticas normas jurídicas en sentido sustancial, pues suministran pautas o modelos de conducta", DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derecho Civil, v. 1, op. cit., p. 163. ALVAREZ CONDE E. El régimen ..• , op. cit., pp. 23 Y ss. HONTBRO/OR'l'ELLS/GOKBZ Derecho JuriSdiccional, 1, op. cit., pp. 488-505. DE LA OLIVA/ARAGONESES/ HINOJOSA/HUERZA/TOHE Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 63-68.
330
La función esencial de los principios del derecho es la "determinación del verdadero alcance, sentido o significación que dentro
del
ordenamiento
jurídico
posee
una
determinada
disposición legal ,,648. En este sentido, el proceso debido cumple, y así se desprende de las numerosas referencias e intentos de interpretar determinados arts.
de la CE a
la luz de dicha
institución que realizan tanto el TC como el TS y en menor medida la doctrina, la función descrita en relación con, principalmente, el arto 1 CE exacta determinación de lo que el Estado de Derecho significa en su faceta jurisdiccional, y con el arto 24 CE exacta determinación del alcance e implicaciones de la tutela jUdicial efectiva; además de con otros artículos de la CE de los que ya nos hemos ocupado en páginas anteriores. 649 El principio general constitucionalizado del proceso debido tal y como lo entendemos se obtiene de la abstracción de, fundamentalmente, algunas de las normas formuladas en la CE y en otras disposiciones. Es
preciso
hacer
una
referencia
siquiera
breve
a
la
posibilidad de atribuir al proceso debido la naturaleza de derecho fundamental ya que se contempla tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia6~,
al respecto hay que considerar en
648 DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derecho civil, v. I, op. cit., p. 160. PEREZ LUÑO A. B. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., p. 276. 649 BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J.M. Derecho fundamental al proceso debido ••. , op. cit., pp. 33-39. 650 BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J. M. Derecho fundamental al proceso debido ••. , op. cit., p. 33. SAINZ DE ROBLES P. C. La tutela jUdicial •.. , op. cit., p. 1. Alguna jurisprudencia tanto del TC como del TS atribuye también al proceso debido la naturaleza de derecho fundamental, vid. en pp. anteriores lo relativo al concepto ecléctico del proceso debido. No nos ocuparemos en mayor
331
el
lado de
finalidad individual
las
identidades con el proceso debido
genérica y
de
profundizar
colectiva,
su
y
garantizar
irrenunciabilidad
y
la de su
la
libertad
la
obligada
observancia por parte de los poderes públicos. En todo caso, la consignaci6n de las diferencias con el mismo nos lleva a rechazar dicha posibilidad, asi es caracteristica esencial de los derechos fundamentales la de su positivizaci6n, que como ya hemos afirmado no se da respecto al proceso debido~l. Los invocables
derechos para
fundamentales,
la
obtenci6n
de
directamente su
tutela
aplicables y
e
expresamente
formulados en la CE (v. gr. derecho a la defensa, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc.) constituyen, yeso es innegable, el contenido esencial del proceso debido, aunque no su totalidad, v. gr. principio acusatorio, principio de gratuidad de la justicia, etc.~2
b. Efectos
Los derechos especificos que de la aplicaci6n práctica del principio
del
proceso
debido
se
derivan
para
los
sujetos
procesales son, en la mayor parte de los casos, irrenunciables
medida que lo ya hecho de la posibilidad de atribuir al proceso debido la naturaleza juridica de las libertades públicas, garantlas constitucionales o valores superiores constitucionales, puesto que no son posibilidades desarrolladas por la doctrina o por la jurisprudencia. 651 STC 5/1981, de 13 de febrero. 652 DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El régimen constitucional •.• , op. cit., pp. 209 Y ss. PECES BARBA G. Escritos •.• , op. cit., p. 213. 332
ya que no entran, por su naturaleza (derechos fundamentales), dentro de la esfera dispositiva de los mismos~3. En
principio
directamente
su
no
es
susceptible
vulneración,
pero si
de lo
amparo es
a
invocando
través
de
la
invocación de la vulneración de sus contenidos. Igualmente será susceptible de
apelación,
y
de recurso de casación ante
la
jurisdicción ordinaria de la misma forma ya expresada, arto 5.4 LOP~.
La
estimación
de
la
violación
de
cualquiera
de
los
contenidos que integran el principio del proceso debido supondrá, por lo general, la anulación de lo actuado en ese proceso hasta el momento de prOducirse dicha situación,
es decir hasta el
momento en el que el proceso dejó de poder calificarse de debido, con la consiguiente repetición de actuaciones hasta su debida conclusión~s •
En cuanto a la legitimación para solicitar la tutela de los Tribunales por la vulneración del principio del proceso debido, la misma corresponderá: Para solicitar la tutela a través de la jurisdicción
ordinaria,
recurso
de
apelación
y
recurso
de
casación, a las partes en el proceso en las que concurran los presupuestos
nece~arios;
para solicitar la tutela a través de la
653 ALVAREZ CONDE E. El reg~men ••• , Opa cit., p. 102. Aunque existen excepciones a la irrenunciabilidad, v. gr. con respecto al derecho a no declarar contar si mismo, STS de 12 de junio de 1984 (RA 3548) Considerando 2 g •
554 E~ también posible la protección de los Tribunales ordinarios, respecto a la vulneraci6n de los contenidos del proceso debido, a través del procedimiento especial y preferente diseñado por la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. 655 CASCAJO CASTRO/GIHENO SENDRA El recurso de amparo, Opa cit., pp. 74-80. vid. arts. 53-58 LOTC. 333
jurisdicción ciudadano,
constitucional,
recurso
de
amparo,
cualquier
en la medida en que defienda derechos e intereses
legitimos, arto 53.2 CE, además del Defensor del Pueblo y del Ministerio Fiscal, arto 162.1.b
c~.
656 STS de 3 de abril de 1991 (RA 2560) F. J. 1Q. 334
CONCLUSIONES
Como resultado de nuestras investigaciones, hemos llegado a las siguientes tres conclusiones:
Primera. -
Norteamérica
La Constitución de los Estados Unidos de
disefia
un
sistema
basado
en
los
derechos
fundamentales indi viduales,
principalmente los derechos a la
vida,
la
a
la
libertad
y
a
propiedad.
Como
garantia
del
mencionado sistema la propia Constitución crea un mecanismo, the due process of law, que actúa como limite al que necesariamente deberá atenerse la actuación de los poderes públicos en relación con la esfera de derechos propia de cada individuo, núcleo del llamado
due
process
sustantivo.
si
debiéramos
expresar
la
afirmación anterior en categorias juridicas continentales, no seria inadecuado decir que la Constitución de los Estados Unidos configura un estado de derecho. La propia Constitución de los Estados Unidos hace referencia también en su articulado a una especifica manifestación del due process en relación con el ejercicio de la función jurisdiccional y
especialmente en relación al proceso penal.
establecen determinados derechos,
Para ello se
primeramente en la propia
Constitución (inviolabilidad del domicilio, información sobre la acusación formulada,
etc. ),
derechos que posteriormente son
desarrollados por la jurisprudencia y que serán reconocidos a toda persona que se halle sujeta a un proceso. Se trata del due process procesal.
336
En
Sequnda.-
el
caso
de
la
República
Alemania la Ley Fundamental en sus arts.
1,
Federal
de
20 Y 28 opta por
configurar un estado de derecho, Rechtsstaatsprinzip, del que como manifestación necesaria en el ámbito
jurisdiccional se
deriva la exigencia de un proceso informado por la justicia y la equidad,
faires
principio
del
principio de
Verfahren
principalmente
por
el
asistencia/Fürsorgepflicht y
por
el
igualdad de armas/Waffengleichheit) ,
que
se
deber la
de
(integrado
positivizará a través del arto
6.
del Convenio Europeo de
1
Derechos Humanos, cuyo principal contenido, según la doctrina mayoritaria, es el principio jur1dico anglosajón del fair trial. La referencia al fair trial/faires Verfahren del derecho alemán es equivalente por sus contenidos al due process of law americano en su aspecto procesal.
Tercera. -
El
punto
de
partida
con
respecto
a
la
situación española lo encontramos en el arto 1 de la Constitución Española,
según el cual España se constituye en un estado de
derecho,
existiendo
en
la
propia
Constitución
numerosas
referencias que implican directamente al Derecho Jurisdiccional, es decir, su regulación esencial (jurisdicción, acción y proceso) de acuerdo con un estado configurado como de derecho. Desde progresiva,
la
promulgación
tanto
por
de
parte
la de
Constitución la
doctrina
y
de
como
forma de
la
jurisprudencia, se hace referencia al proceso debido, y una de las interpretaciones que cabe extraer de dichas referencias es que el proceso debido es el concepto aglutinador de lo que se ha llamado el Derecho Constitucional Procesal. 337
Podemos asi afirmar, y ello en armonia tanto con el origen y posterior desarrollo como con la naturaleza de la institución,
que el proceso debido es la manifestación jurisdiccional del estado de derecho en nuestro pais.
338
TESIS
m) Derecho a la ejecución de sentencias.
No
es,
sin
embargo,
un
derecho
que
tenga
una
tutela
específica ante el Tribunal Constitucional por sí mismo, si no es en unión de alguno de los anteriormente dichos.
341
INDICE BIBLIOGRAFICO
ACOSTA ESTEVEZ Los derechos básicos del justiciable Editorial PPU Barcelona España
1.987
ALCALA-ZAMORA y CASTILLO Estudios de derecho procesal Editorial Góngora Madrid España
1.934
ALMP.GRO NOSETE J. Consideraciones de Derecho Procesal Editorial Bosch Barcelona España
1.988
ALMAGRO NOSETE J. Constitución y proceso Editorial Bosch España Barcelona
1.984
ALMAGRO NOSETE J. Poder Judicial y Tribunal de Garantías en la nueva Constitución Lecturas sobre la Constitución española 1.978 Tomo 1 Pág. 300 ALMAGROjGIMENOjCORTESjMORENO Derecho Procesal. Parte general. Proceso civil ( 3 a ed.) Editorial Tirant lo blanch Valencia España 1.988 ALVAREZ CONDE E. El régimen político español ( 4 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
(1)
1.990
ARMENTA DEU T. Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España Editorial PPU Barcelona España 1.991 ARNDT A. Das rechtliche Gehar Pág.
6
ARNDT A. Die Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Gehors NJW Pág. 1297 1.959 ARNDT A. Eroffnungsbeschluss, rechtliches Gehar und MRK; Erschopfung des Rechtswegs; Die Wahrheitsfrage und das demokratische Rechtsstaatsprinzip NJW 1.960 Pág. 1191
BAÑO LEON J M. La dlstlnclón entre derecho fundamental y garantía lnstltuclonal en la Constltuclón Española Revlsta Española Derecho Constltuclonal 1 988 Pág 155 BETTIOL G Instltuzlonl dl dlrltto e procedurapenale Edltorlal Cedam Italla Padova 1 973 BEYER H Dle Rechtsprechung des Relchgerlchts und des Bundesgerlchtshofs zur Amtshaftung fur behordllche Auskunft DVBl 1 962 Pág. 613 BLECKMANN A. Allgemelne Grundrechtslehren Edltorlal Kohlhammer Koln Alemania
1.979
BRUNS R Zlvllprozessrecht ( 2 a ed.) Edltorlal Franz Vahlen Munchen Alemania
1. 979
CALAMANDREI P. Opere Giuridiche Editorial Morano Napoli
1. 965
Italia
CANO MATA A. Derechos y Libertades Fundamentales: su protección Jurisdiccional Revista de Derecho Público pág. CANO MATA A. El derecho a la tutela judicial efectiva en la doctrlna del Trlbunal Constitucional Edltorlal Edersa Madrld España 1.984 CAPPE1LETTI M. Ld oralldad y las pruebas en el proceso civll Edltorlal Ed Jurídlcas Eu-Am Argentlna Buenos Alres 1 972
CARNELUTTI F Derecho Procesal C1Vll y Penal, derecho y proceso Edltorlal Ed Jurídlcas Eu- Am Buenos Alres Argentlna 1 971 CARNELUTTI F Trattato del processo C1Vlle Edltorlal Morano Napoll Italla
1 958
CASCAJO CASTRO J L /GIMENO SENDRA V El recurso de amparo Edltorlal Tecnos Madrld España
1 985
CASTAN TOBEÑAS J Derecho C1Vll español, común y foral, y parte general (12 a ed ) Edltorlal Reus S A Madrld España
lntroducclón
1 986
CAVISE LoL Human Rlghts ln the trlal phase of the amerlcan system of clrmlnal procedure, en "Protectlon of Human Rlghts ln the crlmlnalo o o o" Edltorlal Alexandrla EglptO 1 989 CHIOVENDA G Derecho Procesal Civll Edltorlal Reus Madrld España
10922
CHIOVENDA Go Prlnciplos de Derecho Procesal Civil Edltorlal Reus Madrld España
i0977
COLLIARD Co Ao Libertés publlques Editorlal Dalloz ParlS
1 982
Francia
CORDON MORENO F El proceso de amparo constltuclonal Edltorlal La Ley Mddrld España
1 987
CORDON MORENO F En torno a los poderes de dlrecclón del Juez C1Vll Revlsta de Derecho Prlvado/RDPrlv 1 979 Tomo 63 Pág 807 CORDON MORENO F La legltlmaclon en el proceso contenclOSOadmlnlstratlvo Edltorlal :Cunsa España Pamplona 1 979
CORTES DOMINGUEZ (Coordlnador) ComentarlOS a la reforma de la Ley de En]UlClamlento Clvll Edltorlal Tecnos Madrld España 1 985 CORTES DOMINGUEZ V Las facultades del trlbunal eA articulo 43 2 de la LJCA (Nota a la sentencla de la Sala cuarta del TS de 17 de octubre de 1980) Justlcla 1 981 Tomo 240 1 Pág CORTES GENERALES Trlbunal Europeo de Derechos Pumanos ]urlsprudencla 1959-1983 BJC o Pág
25 años de
CORWIN E The doctrlne of due process of Law before the clvll war Harvard Law Revlew 1.911 Pág COUTURE E. J Vocabularlo Juridlco Edltorlal Depalma Buenos Alres Argentlna
1 991
COWLES W.B. Treatles and constltutlonal law Prloerty lnterferences and due process of law. Edltorial Wesport (Connectic.)EE.UU. 1.975 DAMASKA M. Die Stellung des Verteldigers lm amerikanischen Strafprozess ZStW 1.978 Pág. 829 DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El réglmen constltuclonal español Editorlal Labor unlversltarla Barcelona España
1.980
DL LA OLIVA SANTOS A Sobre el derecho a la tutela ]urlsdlcclonal La peIsona ante la Admlnlstraclón de Justlcla derechos báslcos Edltorlal Bosch Barcelona España 1 980
DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal Editorial Ceura Madrid España 1.993 DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho Procesal Civil ( 3 a ed.) Editorial PPU Barcelona España
1.988
DE LA OLIVA/FERNJ'..NDEZ Derecho Procesal Civil ( 3 a ed.) Editorial PPU España Barcelona
1.988
DE OTTO l. Derecho Constitucional. Sistema de fuentes Editorial Ariel España Barcelona 1.987 DELVO M. Der Lügendetektor im Strafprozess der USA Editorial Kónigstein/Ts. Alemania 1.981 DENCKER F. Willensfehler bei Rechtsmittelverzicht und Rechtsmittelzurücknahme im Strafprozess MDR 1. 972 Pág. 361 DEPARTAMENTO DE PRENSA E INFORMACION DEL GOBIERNO FEDERAL Ley Fundamental de la República Federal de Alemania Editorial Dep. Prensa e inf. Essen-Werden Alemania ~i.981 DIAZ E. Estado de Derecho y sociedad democrática Editorial Taurus Madrid España 1.981 DIEZ-PICAZO/GULLON Sistema de Derecho Civil, introducción ( "1 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.990
DIXON O. Marshall and 'the Aus tral ian Cons ti tution Editorial EE.UU. 1.956 Cambridge
DORR D. Faires Verfahren, Gewahrleistung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Editorial Engel Kehl am Rhein Alemania 1.984 DÜNNEBIER H. Ausschliessung des Verteidigers und Beschrankung der Verteidigung NJW 1.976 Pág. ECHTERHOLTER R. Die Europaische Menschenrechtskonvention im Rahmen der verfassungsmassigen Ordnung JZ l.955 Pág. 689 ESCUSOL BARRA E. Manual de Derecho Procesal-Penal Editorial Colex Madrid España
l. 993
ESER A. Einführung in das Strafprozessrecht Editorial C. H. Beck München Alemania
l. 983
ESPLUGES MOTA/BOQUERA MATARREDONA/SANCHEZ GARCIA Código de Derecho Internacional Privado español Editorial Madrid España 1.989 FAIREN GUILLEN V. Doctrina general del derecho procesal, hacia una teoría y ley procesal generales Editorial Bosch Barcelona España 1.990 FAIREN GUILLEN V. El procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo en el artículo 53.2 de la Constitución Revista de Administración Pública Pág. FAIREN GUILLEN V. Rstudios de Derecho Procesal ¡,:d i.l~o(· Lal Edersa Madrid España
1.955
FAIREN GUILLEN V. Los Tribunales de Jurados en la Constitución española de 1978 Editorial Civitas España Madrid 1.979
FAIREN GUILLEN V. Temas del ordenamiento procesal Editorial Tecnos Madrid España
1.969
FASCHING Liberalización y socialización del proceso civil. (Las facultades del Juez en la legislación y en la realidad procesales) RDPI l . 972 Pág. 311 FENECH M. Derecho Procesal Civil. Introducción, procedimientos ordinarios de declaración y de ejecución. ( 2 a ed.) Editorial Agesa Madrid España 1.986 FENECH M. El proceso penal Editorial Agesa Madrid
España
1.982
FERNANDEZ ENTRALGO J. Constitución, Derecho Penal sustantivo y Derecho Procesal: Inconstitucionalidad sobrevenida e interpretación conforme a la Constitución Segundas Jornadas de Derecho Judicial 1.985 Pág. FIGUERUELO BURRIEZA A. El derecho a la tutela judicial efectiva Editorial Tecnos Madrid España 1.990 FRAILE CLIVILLES M. Código constitucional Editorial Trivium Madrid España
1.989
FRANK U. Strafprozessrecht, Ausgewalte Problemkreise für Studium, Examen und Praxis Editorial Kohlhammer Stuttgart Alemania 1.986 FREEDí\ffiN W. News media coverage of criminal cases and the right to a Fair Trial Nebraska Law Review 1.961 Tomo 40 Pág. GARCIA DE ENTERRIA E. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional Editorial Civitas Madrid España 1.981
350
GARCIA DE ENTERRIA E. La posiclón Jurídica del Tribunal Constituclonal en el slstema español: poslbllldades y perspectlvas REDC 1.981 Tomo 1 Pág 51 GARRIDO FALLA F /OTROS Comentarlos a la Constltuclón ( 2 a ed ) Edltorlal Clvltas S.A. Madrld España
1.985
GEORGE B.J. Jr Due Process Rlghts of the Criminal Defendant ln the Pre-Trlal Phase en "Protection of Human Rlghts ln the crlmlnal procedure of Egyp, France and USA" Editorial Alexandria Egipto 1.989 GIL CREMADES J.J. La rnotivaclón de las declsiones jurídicas Constitución, Derecho y proceso 1.983 Pág. 161 GIMENO SENDRA V. Constitución y proceso Editorial Tecnos Madrid España
1.988
GU1ENO SENDRA V. El proceso de "habeas corpus" Editorial Tecnos Madrid España
1.985
GIMENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, proceso civil ( 3 a ed.) Editorial Tirant lo Blanch Valencia España
1.988
GIMENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Proceso penal ( 3 a ed.) Editorial Tirant lo Blanch Valencia España
1.990
ULl-\SER J.
Handbuch des Strafprozesses Edltorlal Leipzig Alemanla
351
1 885
GOMEZ COLOMER J. L. Apunte sobre las reformas de la Ley Orgánica. 7/1988 La Ley l.989 Pág. GOMEZ COLOMER J. L. Comentarios a los artículos 19.2 y 83 de la LOPJ: problemas prácticos aplicativos y de"lege ferenda" del futuro juicio con Jurados en el p. penal Revista jurídica española La Ley 1.986 Tomo 1 Pág. 1047 GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal alemán, Introducción y normas básicas Editorial Bosch España Barcelona 1.985 GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal español Editorial IJSA San José Costa Rica
1.993
GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal español. Para no juristas Editorial Tirant lo Blanc Valencia España 1.993 GOMEZ COLOMER J. L. La exclusión del abogado defensor de elección en el proceso penal Editorial Bosch España Barcelona l. 988 GOMEZ COLOMER J. L. Paralización del procedimiento NEJ 1.986 Tomo 18 Pág. 848 GOMEZ COLOMER J. L. Reflexiones sobre las bases científicas de la parte general del Derecho Jurisdiccional Justicia 1.989 Pág. rOLOMER J. L. ¿Hacia el futuro proceso penal español? hilo de la Ley Orgánica 7/1988) Boletín de Información 1.989 Pág.
GOMB~
GOMEZ COLOMER J.L. El beneficio de pobreza Editorial Bosch España Barcelona
352
(Notas al
1.982
GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal Editorial Apel Oviedo
España
1.987
GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal Civil. Parte general. El proceso declarativo ordinario ( 8 a ed.) Editorial Agesa Madrid España 1.979 GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho procesal penal (10 a ed.) Editorial Agesa Madrid España
1.987
GONZALEZ PEREZ J. El derecho a la tutela jurisdiccional Editorial Cívitas Madrid España
1.984
GREY T.C. Procedural fairness and substantive rights, en "Due process ... ", op. cit. Editorial New York EE. UD. 1.977 GUARADZE H. Die Europaische Menschenrechtskonvention Editorial Vahlen Berlin y Frankfurt Alemania 1.968 GUASP DELGADO J. Derecho Procesal Civil Editorial Madrid España
'1.961
GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, T. 1 Strafverfahrensrecht, T. 11 Editorial Kohlhammer Stuttgart Alemania
1.977
GOSSEL K.H. Gedachtnisschrift für Karlheinz Meyer Editorial Alemania
1.990
HAHN M. Die notwendige Verteidigung 1m Strafprozess. Schriften zum Prozessrecht Editorial Berlin Alemania 1.975
HANACK E W. en LOWE/ROSENBERG Dle Strafprozessordnung und das Gerlchtverfassungsgesetz Edltorlal Walter de Gruyter Berlln Alemanla 1 988 HEGMANN J Fursorgepfllcht gegenuber dem Beschuldlgten 1m Ermlttlungsverfahren Edltorlal Brockmeyer Bochum Alemanla 1 981 HERNANDEZ GIL A. El camblo polítlCO español y la Constltuclón Edltorlal Planeta Barcelona España 1.982 HESS CH. Die Zulassigkelt aufgedrangter Fursorge gegenuber dem Beschuldlgten 1m Strafprozess Editorlal Peter Lang Frankfurt am Maln Alemania 1.989 HESSE K. Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepubllk Deutschland (15 a ed.) Editorial C. F. Muller Heidelberg Alemania 1.985 HEUBEL H. Der "fair trial"-ein Grundsatz des Strafverfahrens Zugleich ein Beitraf zum Problem der "verfassungskonformen" Rechtsforbildung im Strafprozess Editorial Duncker & Humblot Berlin Alemania 1.981 JOACHIM H. Die Berücksichtigung von Willensmangeln bei nichtrichterlichen Prozesshandlungen im Strafprozess Editorial TD Erlangen-Nürnberg Alemania 1.970 KARLEN/SCHULTZ Justice in the accusatlon en "The rights of the ní'Cused in law and actlon" ErUtorlal Beberly Hllls (Cal )EE UU 1.972 KEARNS T R On de-morallzlng due process, en "Due process op Clt Edltorlal EE UD New York 1 977
11
KERN/ROXIN Strafverfahrensrecht (14 a ed.) Editorial C.H.3eck München Alemanla
1.976
KISCH Private und óffentliche Belange in der bürgerlichen R2chtspflege DRiz 1.936 Pág. KLEIN/ENGEL Der Zivilprozess osterreichs Editorial Bensheimer Manheim Alemania
1.927
KLEINKNECHT T. Anm. zu LG Aachen, B. v. 11.6.1960 NJW 1.961 Pág. KLEINKNECHT/MEYER Strafprozessórdnung Editorial C. H. BECK München Alemania
1.989
KOCH H. J. Probleme des Rechtmittelverzichts JR 1.964 Pág. KOHLHAAS M. Persónlichkeitsschutz im Strafverfahren ZRP 1.972 Pág. KRIEGER K. Das Recht des Bürgers auf die behórdliche Auskunft en Schriften zum óffentlichen Recht Schriften zum óffentlichen Recht 1.971 Tomo 18 Pág. KUMLEHN R. Die gerichtliche Fürsorgepflicht im Strafverfahren Darstellung der nicht normierten Prozesspflichten -LnD2;:;ondcre des Strafrichters gegenüber dem Angek. Editorial TD Góttingen Alemania 1.976 KÜHLWEIN Die prozessuale Editorial
F~rsorgepflicht
Alemania
lm Strafverfahren 1.985
LA FAVE/ISRAEL Criminal Procedure Editorial Sto Paul
EEUU
1.984
LACRUZ/SANCHO/LUNA/DELGADO Elementos de Derecho Civll, Parte general del Derecho Clvll, Introducclón ( 2 a ed.) Editorial Bosch Barcelona España 1 988 LANGENSCHEIDT Langenscheidts Grossworterbuch Editorial Langenscheldt München Alemanla
1.985
LEMKE M. Hóchstrichterllche Grundsatzentscheidungen zum Strafrecht, GrEzSt Editorial Hermann Luchterhand Darmstadt Alemania 1.984 LENT F. Wahrheit und Aufklarungspflicht im Zivilprozess Editorial 1.942
LOPEZ BARJA DE QUIROGA J. Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida Editorial Akal Madrid España 1.989 LORCA NAVARRETE A. M. Introducción al Derecho Procesal ( 2 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.991
LORCA NAVARRETE A.M. Derecho Procesal Penal ( 2 a ed.) Editorial Tecnos Mc1.c1rid España
1.988
LÓm31J;CKE B
von
:"11 (~jorgepflicht
lm Strafprozess?
GA 1 973
pág
200
LOWE/ROSENBERG Dle Strafprozessordnung und das Gerlchtverfassungsgesetz Edltorlal Walter de Gruyter Berlln Alemanla 1 988
LÜDERSSEN K. en LOWE/ROSENBERG Die Strafprozessordnung und das Gerichtverfassungsgesetz Editorial Walter de Gruyter Berlin Alemanla 1.988 MAIWALD M. Zur gerichtllchen Fursorgepfllcht im Strafprozess und ihren Grenzen,en Festschrlft für Richard Lange zum 70.Geburstag. Editorial Walter de Gruyter Berlin Alemanla 1.976 MARCUS P. Criminal justlce reforms in the United States Editorial Toledo España 1.992 MARSHALL G. Due process in England, en "Due process ... ", op. cit. Editorial EE.UU. New York 1. 977 MARTIN OSTOS J. Las diligencias para mejor proveer en el proceso civil Editorial España 1.981 Madrid MARTINEZ ARRIETA A. El principio acusatorio: teoría general y desarrollo jurisprudencial Justicia 1.992 Pág. MASHAW J.L. Due Process in the Administrative State ' Editorial Michigan EE.UU. 1.985 MAUNZ/DÜRIG/HERZOG/SCHOLZ Grundgesetz Edltorial C. H. Beck München Alemania
1.982
MAYER L. The Amer-tcan Legal System ( 2 a ed.) Editorlal EEUU New York
1.964
MENENDEZ REXACH E. Interpretación judicial y derechos fundamentales Segundas Jornadas de Derecho Judicial 1.985 Pág. MICHELMAN I.F. Formal and associational aims in procedural Due Process, en "Due process ... ", op. cit. Editorial New York EE.UU. 1.977 MILLER A.CH. The forest of Due Process of Law: The american constitutional tradition, en "Due process ... ", op. cit. Editorial EE.UU. New York 1.977 MONAGHAN Liberty and Property Cornell Law Review 1.977 Pág. MONTERO AROCA J. El principio acusatorio. Un intento de aclaración conceptual Justicia 1.992 Pág. 775 MONTERO AROCA J. El principio de oralidad y su práctica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal Justicia 1.983 Pág. 263 MONTERO AROCA J. El proceso laboral ( 2 a ed.) Editorial Bosch Barcelona
España
1. 982
MONTERO AROCA J. Introducción al derecho procesal ( 2 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.979
l\'fuJ.\JTER.O AROCA J. Presupuestos procesales y nulidad de actuaciones en el proceso penal. (Evolución j urisprudencial) Justicia 1.981 Tomo 1 Pág. 245 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional 1, Parte general ( 4 a ed.) Editorial Bosch España Barcelona 1.993
358
MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional 11, proceso civil ( 4 a ed.) Editorial Bosch Barcelona 1.993 España MONTERO/ORTELLS/GOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional 111, proceso penal ( 4 a ed.) Editorial Bosch Barcelona España l . 993 MORELAND R. Modern Criminal Procedure Editorial Indianapolis EEUU
1.959
MORENILLA RODRIGUEZ J.M. Los derechos del acusado en el sistema legal norteamericano RDPI 1.977 Pág. 621 MORENO/CORTES/GIMENO Introducción al Derecho Procesal Editorial Tirant lo Blanch Valencia España
1.993
MOTT L.R. Due Process of Law. A historical and analytical treatise of the principIes and methods followed by the courts in the aplication of the concept of .... Editorial Indianapolis EE.UU. 1.926 McILWAIN Due process of law in Magna Carta Columbia Law Review 1.914 Pág. MÜLLER E. Der Grundsatz der Waffengleichheit im Strafverfahren NJW 1.976 Pág. 1063 r, S. S . l'estlng the effects of excluding illegally seized evidence Wisconsin Law Review 1.965 Pág.
Ni'\CT,~
NAGEL S.S. The rights of the accused, in law and action Editorial Beberly Hills (Cal.)EE.UU. 1.972
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS Description and analysis of the Passaic County (NJ) speedy tiral demonstration project Editorial North Andover (Mass)EE.UU. 1.980 NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS Implementing delay reductlon and delay preventlon programs in urban Trlal Courts Editorial Denver (Colorado) EE UU. 1.985 NIETHAMMER E. Anm. zu OLG Bremen, Drt. v. 6.8.1952 JZ 1.953 Pág. 471 ORTELLS RAMOS M. Origen histórico del deber de motivar las sentencias RDPI 1.977 Pág. 899 ORTIZ NAVACERRADA S. Jurisprudencia procesal civil del Tribunal Supremo Editorial Comares Granada España 1.992 PASTOR S./Comisión General de Codificación/Ref. Procesal Elementos para la reforma procesal: Análisis de la litigación, oferta de tutela judicial, dilación, recursos económicos y acceso de los cc. a la Ja. Materiales para una reforma procesal 1.991 Pág. 87 PECES-BARBA G. Escritos sobre derechos fundamentales Editorial Eudema Madrid España
1. 988
PECES-BARBA G. Los valores superiores Editorial Tecnos Madrid España
1.984
PENNOCK J.R. nup process, Nomos XVIII, Yearbook of the American 30clety for Politlcal and Legal Philosophy Introducción Editorial New York EE UD 1.977
PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos, estado de derecho y constitución ( 3 a ed.) Editorial Tecnos España Madrid 1.990 PEREZ LUÑO A. E. Los Derechos Humanos Editorial Univ. de Sevilla Sevilla España
1.979
PEREZ LUÑO A. E./AA. VV. Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema Editorial Publ. Univ. Sevilla Sevilla España 1.979 PETERS K. Strafprozess Editorial C. F. Müller Heidelberg Alemania
1.985
PEUKERT W. Die Garantie des "fair trial" in der Strassburger Rechtsprechung EuGRZ 1.980 Pág. PFEIFFER G. Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz mit Einführungsgesetz Editorial C. H. Beck München Alemania 1.987 PIECK W. Der Anspruch auf ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren Editorial Walter de Gruyter Berlin Alemania 1.966 PLOTZ W. Die gerichtliche Fürsorgepflicht im Strafverfahren Editorial Schmidt - Rórnhild Lübeck Alemania 1.980 PRACB'T W.
Die Berufung vor dem Landesarbeitsgericht, en 10 Jahre Arbeitsgericht Editorial Walter de Gruyter Berlln Alemania 1.937
PRIETO CASTRO L. Derecho Procesal Civil ( 4 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.988
PRIETO CASTRO L. Estudios y comentarios para la teoría y la práctlca procesal clvil Editorial Reus Madrid España 1.950 PRIETO CASTRO L. Tratado de Derecho Procesal Clvil ( 2 a ed.) Editorial Aranzadi España Pamplona
1.985
PRIETO CASTRO/GUTIERREZ DE CABIEDES Derecho Procesal Penal ( 3 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.987
QUAMBUSCH E. Rechsstaatsprinzipl Verschuldensgrundsatz und das antikausale Werturteil JA 1.987 Pág. 68 RAMOS MENDEZ F. Código procesal civil internacional Editorial Bosch Barcelona España
1. 985
RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal civil Editorial Bosch Barcelona España
1. 986
RAMOS MENDEZ F. Derecho y proceso Editorial Bosch Barcelona
1.979
España
RAMOS MENDEZ F. Rl proceso penal. Lectura constitucional ( 1" ed.) Editorial Bosch Barcelona España 1.993
162
RAMOS MENDEZ F. El sistema procesal español Editorial Bosch Barcelona España
1.992
RAMOS MENDEZ F Para un proceso clvll eflcaz Editorial UAB Bellaterra España
1 982
RATNER G.L. The functlon of the due process clause University Pennsllvanla Law Review 1.968 Pág REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Diccionario de la lengua española (2 Oa ed.) Editorial Espasa-Calpe S.A. Madrid España
1.984
RESNICK D. Due process and procedural justice, en "Due process, Nomos XVIII, Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy" Editorial New York EE.UU. 1.977 RESS G. Die Wirkungen der Urteile des Europaischen Gericht shofs für Menschenrechte im innerstaatlichen Gerichten Editorial V Col. Int. CEDH Frankfurt Alemania 1.980 RIESS P. Die Zukunft des Legalitatsprinzips NStZ 1,981 Pág. RIOS/VEIT/ZILLER Deutsch für Juristen Editorial Editions Cujas Paris Francia
1.979
RIVERO J. T,"lbertés Publiques ~dJtorldl Presses Univ. France Paris France
1.973
ROGALL K. Der Beschuldlgte als Bewelsmlttel gegen slch selbst Editorial Alemanla Berlin 1.977
363
ROGGE J.O. Confessions and self-incrimination, en "The rights of the accused in law and action" Editorial Beverly Hills (Cal.)EE.UU. 1.972 ROMERO MORENO J. M. Proceso y derechos fundamentales en la España del siglo XIX Editorial C.E.Constituclonales Madrid España 1.983 ROSENBERG L. Tratado de derecho procesal civil Editorial E.J. Europa-América Buenos Aires Argentina
1.955
ROXIN C. Strafverfahrensrecht Editorial C. H. Beck München Alemania
1.991
ROXIN/ARZT/TIEDEMANN Einführung in das Strafrecht und Strafprozessrecht Editorial C. F. Müller Heidelberg Alemania 1.988 ROXIN/ARZT/TIEDEMANN Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal Editorial Ariel S.A. Barcelona España 1. 989 RUIZ VADILLO E. Algunas breves consideraciones sobre el sistema acusatorio y la interdicción constitucional de toda indefensión en el proceso penal La Ley 1.987 Pág. RÜPING/DORNSEIFER Dysfunktionales Verhalten im Prozess JZ 1.977 Pág. SAINZ DE ROBLES F. C. L~ tutela judicial y el derecho a la justicia. l. La STC 93/84, de 16 de octubre de 1984 Tapia 1.988 Pág. SANDERMANN A. "Waffengleichhelt" lm Strafprozess. Zu den rechtlichen Grundlagen dieses Rechtinstituts Editorial TD Kóln Alemania 1.975
SAX W. en KLEINKNECHT/MÜLLER/REITBERGER Loseblattkommentar zur Strafprozessordnung ( 7 a ed.) Editorial Stoytscheff Darmstadt Alemania 1.980 SCANLON T.M. Due Process en "Due process ... ", op. cit. Editorial New York EE.UU. 1.977 SCHLÜCHTER E. Das Strafverfahren ( 2 a ed.) Editorial Heyrnanns K6ln,Berlin,München Alemania
1.983
SCHMID N. Das amerikanische Strafverfahren Editorial Heidelberg Alemania
1.986
SCHMID W. Zur Heilung gerichtlicher Verfahrensfehler durch den Instanzrichter JZ 1.969 Pág. 757 SCHMIDT H. Die Pflichtverteidigung Editorial TD München Alemania
1. 967
SCHNEIDER H. Zur Neugestaltung des Verfahrenrechts Editorial 1. 936
SCHORN H. Belehrungen und belehrende Hinweise im Strafprozess JR 1.967 Pág. 203 SCHORN H. Die Europaische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreheiten Edltorlal Klostermann Frankfurt am Main Alemania 1.965 SCHORN H. Die Fürsorgepflicht im Strafverfahren MDR 1.966 Pág. 640 SCHROEDER R.C. Reseña del gobierno de los Estados Unidos Editorial Servo lnf. EEUU Washington EE.UU.
SCHULHOFER S.J. The post-trial phase of the american criminal case en "Protection of human rights in the criminal procedure ... " Editorial Alexandria Egipto 1.989 SCHWABE J. Der Lügendetektor vor dem Bundesverfassungsgericht NJW 1.982 Pág. 367 SCHWABE J. Rechtprobleme des Lügendetektors NJW 1.979 Pág. 576 SCHÁFER K. en LÓWE / ROSENBERG Die Strafprozessordnung und das Gerichtverfassungsgesetz Editorial Walter de Gruyter Berlin Alemania 1.988 SCHÓNKE A. Derecho procesal civil ( 5 a ed.) Editorial Bosch Barcelona España
1.950
SCHÜNEMANN B. Absprachen lm Strafverfahren? Grundlagen, Gegenstande und Grenzen Editorial C. H. Beck München Alemania 1.990 SCHÜNEMANN B. Die Belehrungspflichten der Paragraphen 243 IV, 136 n. F. StPO un der BGH MDR 1.969 Pág. 101 SEELMANN K. Revision wegen des Unterlassens der Belehrung über das Recht zur Aussageverweigerung JuS 1.976 Pág. 157 S\J;,
í\ DOMINGUEZ M. Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil Editorial Tecnos Madrid España 1.985
SERRA DOMINGUEZ M. Comentarios al Código Civil Edltorlal Edersa Madrld España
1 981
SERRA DOMINGUEZ M EstudlOS de Derecho Procesal Edltorlal Bosch Barcelona España
1.969
SERRA DOMINGUEZ M. Llberalizaclón y soclallzaclón del proceso C1Vll. Las facultades del Juez en la legislaclón y en la realldad procesales. RDPI 1.972 Pág. 511 SERVICIO DE INFORMACION DE LOS ESTADOS UNIDOS La declaración de independencia. La Constitución de los Estados Unidos de América Editorial Servo Inf. EEUU Washington, D. C. EEUU SIMON Liberty and Property in the Supreme Court: A defense of Roth and Perry California Law Review 1.983 Pág. SIMSON ZfSR 1. 944
Pág.
SMOLLA The re-emergence of the Right-Privilege distinction in Constitutional Law: The price of protesting too much .. Stanford Law Review 1.982 Pág. SPRINGER E.CH. Limitations on government power Editorial Carson City (Nevada) EE.UU.
1.986
SPPTNr'ER E.CH. Sistema jurídico anglosajón Edjtorial España San Sebastlán
1 990
STARR l. Justice: Due Process of Law Editorial Sto Paul (Minn.) EE.UU.
1.981
STEFFEN O. Dle Verletzung des Pragraph 219 als Revlsiongrund Editorial TD Marburg Alemania 1.963 STRONG F.R. Substantive due process of law, a dichotomy of sense and nonsense Editorial Durham (North Caro.)EE.UU. 1.986 TETTlNGER P.J. Fairness und Waffengleichheit. Rechtsstaatliche Direktiven für Prozess und Verwaltungsverfahren Editorial C. H. Beck München Alemania 1.984 THE JUDGES JOURNAL The Judges journal The Judges journal 1.984 Tomo 23 Pág. THE OXFORD UNIVERSAL DlCTIONARY ILLUSTRATED The Oxford Universal Dictionary lllustrated ( 3 a ed.) Editorial Oxford Reino Unido 1.976 TIEDEMANN K. Los movimientos de reforma del proceso penal y la protección de los derechos humanos Editorial Toledo España 1.992 TIEDEMANN K. Rechtsgrundlagen, Grundlagen un Technik der Reform des nationalen Strafverfahrens Editorial Toledo España 1.992 TIEDEMANN/SIEBER Die Verwertung des Wissens von V - Leuten im ,~t 1° verfahren. Analyse und Konsequenzen der Entscheidung des Grossen Senats des BGH NJW 1.984 Pág. 753 t
TIJERINO PACHECO J. M. Debido proceso y pruebas penales Rev. Ciencias Penales 1.993 Pág. 35
TOME GARCIA J.A. Protección procesal de los derechos humanos ante los Tribunales ordinarios Editorial Montecorvo Madrid España 1 987 TRAUB F. Die Behandlung übergangener, nach Paragraph 219 gestellter Beweisantrage NJW 1.957 Pág. 1095 ULSENHEIMER K. Zur Regelung des Verteidigerausschlusses ln Paragraphen 138 a-d, 146 n. F. StPO GA 1.975 Pág. UNION INTERNACIONAL DE ABOGADOS Carta internacional de los derechos de la defensa Justicia 1.988 Pág. 469 VARELA CASTRO L. El plazo razonable como derecho fundamental en los procesos penales por delitos de escasa gravedad o flagrantes Rev. Justicia 1.988 Pág. 361 VARIOS Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtverfassungsgesetz mit Einfhürungsgesetz Editorial C. H. Beck München Alemania 1.987 VAZQUEZ IRUZUBIETA C. Doctrina y Jurisprudencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( 4 a ed.) Editorial Edersa Madrid España
1.989
VOLLKOMMER M. Der Anspruch der Parteien auf ein faires Verfahren im Zivllprozess. En Gedachtnisschrift für Rudolf 1)
I~un¡::
Gedachtnisschrift für Rudolf Bruns 1.980 Pág. 195 VON MÜNCH l. Grundgesetz-Kommentar ( 3 a ed.) Editorial C. H. Beck Alemania Múnchen
1.985
WACH A. Manual de derecho procesal civil Editorial Buenos Aires Argentina
1.977
WALD P.M. The right to ball revlsited: A decade of promise without fulflllment, en "The rlghts of the accused in law and action" Editorial Beberly Hills (Cal.lEE.UU. 1.972 WEBER F. Der Missbrauch prozessualer Rechte im Strafverfahren GA 1.975 Pág. WEISS J. Missbrauch von Anwaltsrechten zur Prozesssabotage AnwBL 1.981 Pág. WILLIAMS F. J. Classifying pre-trial detention decisions under the Bail Reform Act of 1984: A statistical approach American Criminal Law Review 1.993 Tomo 30 Pág. 255 WOOD V. Due Process of Law, 1932-1949. The Supreme Court's Use of a Constitutional Tool Editorial Louisiana EE.UU. 1.951 WORTON S.N. Law enforcement and justice Editorial Rochelle Park (N.J.)EE.UU. WASCHE L. Die innerstaatliche Bindung des deutschen Gesetzgebers an die Europaische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten Editorial TD Kóln Alemania 1.961
TESIS DOCTORAL
El principio del proceso debido
Presentada por: Ledo. Iñaki Esparza Leibar
Dirigida por:
Prof. Dr. Juan-Luis Gómez Colomer Catedrático de Derecho Procesal
El principio del proceso debido,
Ledo. lñaki Esparza Leibar Area de Derecho Procesal U.P. de Derecho Público Universitat Jaume I de Castellón
El Doctorando, adscrito al Area de De~~oho Procesal de la Unidad Predepartamental de Derecho PUblico, ha obtenido dos becas de la Universitat Jaume I de Castellón como ayuda para la realización de la presente Tesis Doctoral: La primera disfrutada en el "Institut für ltriminoloqie und wirtschaftsstrafrecht" de la Universidad alemana de Friburqo de Brisqovia, bajo la dirección del Pro!. Dr. Dr.h.c. multe Klaus Tiedemann, de junio a diciembre de 1992; la segunda, en el "International Human Riqhts Law Institute" de la DePaul university de chicaqo (USA), bajo la dirección del Prof. Dr. H. Cherif Bassiouni, a disfrutar los meses de junio a septiembre de 1994Q
INDICE SISTEMATICO
INTRODUCCION CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO I •
II.
NOTAS PRELIMINARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
CONCEPTO Y NECESIDAD DE LA TEORIA DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO .•.•••••••.•.•.••••••••••••••••••••••••••
19
A. El principio de oportunidad y los derivados ......
27
1. Principio dispositivo •.•..•...•............. 2. Principio de aportación de parte .••••••..•.. 3. Control de los presupuestos procesales e impulso procesal ..........•.•........ 4. sistema mixto de valoración de la prueba .•..
30 32 35 41
B. El principio de necesidad y los derivados •..•....
47
1. Principio de oficialidad •..•••••••••.•••..•. 2. principio de investigaci6n oficial ••••.•.•.. 3. Control de los presupuestos procesales e impulso procesal •••••••••••.•••••••.• 4. sistema de valoración libre de la prueba .•..
50 54
C. Los principios del procedimiento ••••••••.•..•.•..
62
1. Escritura y sus principios consecuencia .....
64
a. principio de mediación .••••••.••..•...... b. Dispersión y preclusión •..•••.•.•.••.....
67
c. Secreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
2. Oralidad y sus principios consecuencia •..•..
70
a. Principio de inmediaci6n .•••..•••.......• b. Concentraci6n/Celeridad ..•..•.••..••.•.•.
73 74
c. Publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
57 60
66
=
PARTE 1
EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW": SU REGULACION y MANIFESTACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA l.
11.
INTRODUCCION: BREVE REFERENCIA AL PODER JUDICIAL FEDERAL EN LOS USA; ORGANIZACION y ALCANCE ....•...
81
EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS 01' LAW" •••••.••••.•.
84
111. AMaITO DE APLICACION DE LA INSTITUCION EN LOS USA •.......•..•..•••••.••••.••••••.•.......
IV.
95
MANIFESTACIONES DEL DPL EN EL PROCESO PENAL FEDERAL USA ..••••.•..•.•.••.••••••••••••••••••••••
100
A. Procedimiento preliminar/"Pretrial phase" .•.•.. 102 1. Detención ordenada por órgano jurisdiccional/"Arrest under warrant" ..... 102 2. Detención no ordenada por órgano jurisdiccional/"Arrest without warrant" ••. 104 3. otras posibilidades de investigación / "stop-and-frisk" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4. Registros-Incautaciones/"SearchesSeizures" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5. Escuchas/"Eavesdropping" ..••••••.••••••... 108 6. La denominada "Exclusionary rule" de la cuarta enmienda USC .•••.•.•••••••••.•••... 110 7. Interrogatorios-confesiones-silencioprivilegio frente a la autoincriminación/ "Interrogation-confessions-self incrimination" .....•.••••••••••••••••••... 113 B. comparecencia previa al juicio/ "Pretrial phase" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
1. Imputación/"Indictment, information or presentment" ............................. . 117 2 . F 1anza ' /"B al'1" ............................ . 118
3. Especial referencia a la prisión provisional/"Preventive detention" ....... . 119 C. Fase
de plenario o juicio oral/
"Trial phase" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1.
n Due
process ti
••••••••••••••••••••••••••••••
2. Presunción de inocencia/"Presumption of
123
, " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 lnnocence
3. Prueba más allá de toda duda razonable/"Proof beyond a reasonable doubt II
.....................................................................
126
4. Derecho a un juicio con juradol"Right to jury trial" .•.•••..••••••••••••••••••••••• 126 5. contradicción-derecho de defensa/"Right to present defense" .••••••••••••••••.••••• 128 6. Derecho a la asistencia letrada/"Right to counsel" .............................................................. 13 O
7. Derecho a estar presente/"Right to be present" .................................................................... 133
8. Derecho a pronunciarse sobre la acusación formulada/"Guilty pleas -plea bargaining" .••••••••••••••••••.•••.• 135 9. Objetividad en la conducta del MF-debercontrol/"Conduct of the Prosecutor-duty" 137 10. Objetividad en la conducta del juzgadordeber-control/"Conduct of the jUdgeduty"
.......................................................................... 138
11. "Ne bis in idem" /"Double jeopardy" ••••••.• 139 12. "Fair trial/Free press/Public trial" ••••.• 140 V.
CONCEPTO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
142
PARTEn EL SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW" EN EL DERECHO PROCESAL PENAL ALEMAN: CONCEPTO y CARACTERES DIFERENCIADORES l.
INTRODUCCION: BREVE REFERENCIA A LA ORGANIZACION JUDICIAL EN ALEMANIA ••••••••••••••••• 145
A. Organización de los tribunales en Alemania
147
B. Esquema sintético del proceso penal alemán por delitos •.••••••••••••••••••••••••••• 150
c. 11.
El proceso penal alemán: Configuración
152
EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW", LA PLASMACION EN ALEMANIA DE UNO DE SUS CONTENIDOS ESENCIALES: EL "FAIR TRIAL" ..•.•... 155
111. CONTENIDO Y ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUTIVOS DEL "FAIR TRIAL/FAIRES VERFAHREN" EN EL PROCESO ALEMAN ••.••••••..•..•..•• 166
IV.
MANIPESTACIONES DEL "PAIR TRIALI PAIRES VERPABRENtf EN EL PROCESO PENAL ALEMAN ...••. 172 A. El principio de la igualdad de armasl Waffengleichheit" .••.••••••••••••••••••.•.••••• 175 1. Manifestaciones del principio "Waffengleichheit"/Igualdad de armas en el proceso penal alemán: •••...••. 179 a. Presunción de inocencia/ Unschuldsvermutung" •••••••........ 179 b. Derecho de audiencia/"Rechtliches Gehor ti
••••••••••••••••••••••••••••
c. Derecho a la información/"Umfassende Be1ehrung liber die Beschuldigtenrechte" •.•....••..... d. Derecho a un proceso rápido/"Speedy Trial"-"Konzentrationsmaxime" •.••• e. Medios de prueba - Prueba ilícitamente obtenida/"Beweismethoden Gesetzeswidrig Erhobene Beweise" f. Derecho a guardar silencio - Derecho a no declarar contra sí mismo/ "Schweigerecht" - "Nemo tenetur se ipsum accusare" ••••••••••••.••. g. Derecho a la defensa/"Verteidigung" h. Derecho a un intérprete gratuito/ "Anspruch auf einen Unentgelt1ichen Do1metscher" ••.•.•
18 O
180 182 184
186 187 191
B. El principio del deber de asistencial "Fürsorgepflicht" ••••••••••••••••••••••••••••••• 192 1. Introducci6n ............................... 192
2. Deber de asistencia procesal de los Tribuna1es/"Gericht1iche -Prozessuale Fürsorgepflicht" ••••••••••••• 197 a. Instrucción sobre las posibilidades de actuación y defensa, en especial la "Be1ehrungspf1icht" ••••••••.•..•.• 199 b. Facultades de dirección procesal, subsanación de defectos procesales/"Fürsorgepf1icht gegenliber dem Verfahren" •••••••••. 205 c. Rehabilitación del inocente, protección de los sujetos participantes en el proceso ••••••. 207 V.
CONCEPTO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
209
PARTE m
EL RECONOCIMIENTO DEL PRlNCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW" EN LA LEGISLACION y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS l.
INTRODUCCION. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 212
II.
EL PRINCIPIO DEL DERECHO AL PROCESO DEBIDO EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA ..•.•••••••••••...••••• 216
III. INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES APLICABLES AL PROCESO DEBIDO .....•.....•.•..•.•.•••••••••••.• 222 A. principios generales .•.•.••••••••••••••.•.•••.• 222 B. Derechos fundamentales ..•.••.••••.•••..•.•..•.• 225 C. Libertades püblicas •.•••••..•••.••••••••..•...• 230 D. Garantías constitucionales o institucionales ••• 231 E. Valores superiores constitucionales
233
IV.
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO Y PROCESO DEBIDO ..•.•••••••••••••••••••••. 235
V.
EL CONTENIDO DEL "DERECHO AL PROCESO DEBIDO" EN LA JURISPRUDENCIA DEL TC y DEL TS ••••••••••.••• 239 A. Proceso debido y prohibición de la indefensión •••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 240 B. Proceso debido y principio acusatorio •••••••••• 260 C. Proceso debido y derecho de defensa •••••••••••• 270 D. Proceso debido y Art. 24 CE
280
E. Proceso debido y principio de publicidad •.•.•.• 284 F. Proceso debido y principio de igualdad de armas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 286
G. Proceso debido y presunción de inocencia ..••••• 287 H. Proceso debido y dilaciones indebidas .•.....••• 292 I. Proceso debido, proceso con todas las garantías y Juez imparcial .••.•.....•••.•.•.••.• 296
VI.
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SIN INDEFENSION ..•..•....••.•••••...•.... 301
A. Derecho de acceso a la justicia y derecho a una resolución fundada sobre el fondo del asunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 B. Motivación de las resoluciones judiciales ...... 307 C. Derecho a los recursos
309
D. Derecho a la ejecución de sentencias ........... 312 VII. EL PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO AL PROCESO DEBIDO ••..•..••..•••.••.•..•.....•...•. 315
A. Recapitulación de derecho comparado .•.•........ 315 1. La naturaleza del proceso debido en el derecho de los EEUU de Norteamérica •.•.... 315 2. La naturaleza del proceso debido en el derecho alemán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 B. El "Due process of law" como principio general del derecho en relación al Derecho Jurisdiccional español •••..•••......... 318 1. Resumen de la posición jurisprudencial
318
a. concepto estricto: Elemento integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva .•...••..• 319 b. Concepto ecléctico: Equivalente a las garantias del arto 24 CE .•..••... 320 c. Concepto amplio: Participe de la naturaleza juridica de los principios generales del derecho •••••••••.•.••...• 320 Nuestra posición •••••••••••••••••••.•••••• 328
?"
a. Naturaleza y contenido ••••••••••..•.... 329 b. Efectos •....•••••••••.••.•.•.•....••.•• 332
,(;Olij~L1) 81 ONES
TE81S
........
¡t"
~..........................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
INDICE BIBLIOGRAFICO . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . . . . . . . . . .
335 339
342
-
ABREVIATURAS
ACLR AG ADWBL BGBl BGH
: American Criminal Law Review.
oficial. ··• AmtsgerichtjTribunal AnwaltsblattjBoletln de la Abogacla. Oficial Federal. ··• BundesgesetzblattjBoletln BundesgerichtshofjTribunal Supremo Federal
BGHSt
BJC BVerfG BVerfGE BVerfGG
·• · · ·
CC CE
:
CEDH
:
DPL
·• · ·: ·
DRiG DRiz DWl EGGVG
EGMR EuGRZ
EuKomMR
·
· · · o
para asuntos civiles y causas penales. Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, amtliche SammlungjResoluciones del Tribunal Supremo Federal en causas penales, colección oficial. Boletln de Jurisprudencia Constitucional. BundesverfassungsgerichtjTribunal Constitucional Federal. Entscheidungen des BVerfG, amtliche SarnrnlungjResoluciones del Tribunal Constitucional Federal, colección oficiaL. BundesverfassungsgerichtsgesetzjLey del Tribunal Constitucional Federal, de 12.12.1985 (BGBl 1 S 2229). CÓdigo civil de 24 de julio de 1889. Constitución Española de 31 de octubre de 1978. Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma 4 de noviembre de 1950. Due Process of LawjPrincipio del Proceso Debido. Deutsches RichtergesetzjLey de los Jueces alemanes de 08 de septiembre de 1961 (BGBl 1 1665; 111 301 - 1). Deutsche Richterzeitung. Deutsches Verwaltungsblatt. Einführungsgesetz zum GerichtsverfassungsgesetzjLey de introducción a la Ley Orgánica de los Tribunales, de 27. enero de 1877 (RGBI 77; BGBL I I ! 300-1). Entscheidungen des Europaischen Gerichtshofs für MenschenrechtejSentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Europaische Grundrechte ZeitschriftjRevista Europea de Derechos Fundamentales. Europaische Kornrnission für MenschenrechtejComisión Europea de Derechos Humanos.
Fed.R.
Crim.p GA GG GVG
JA
: Federal Rules of Criminal Procedurej
Normativa Procesal Penal Federal. Goltdammer's Archiv für Strafrecht. GrundgesetztjLey Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949. GerichtsverfassungsgesetzjLey orgánica de los Tribunales de 27 de enero de 1877 (RGBl 417; 111 300-2), Nueva redacción de 09 de mayo de 1975 (BGBl 1, 1077). : Juristische Arbeitsblatter.
.
·
2
JBeitrO JGG JR
JUS JZ LEC LEcrim LG
LJCA LO
LOPJ LOTC LPL L. Rev. ~R ~K
: Justizbeitreibungsordnung/Ley sobre Recaudación de Costas Judiciales de 11 de marzo de 1937. : Jugendgerichtsgesetz, vom 4. August 1953 (BGBl I S. 751; III S. 451-1). : Juristische Rundschau. : Juristische Schulung. : Juristenzeitung. : Ley de Enjuiciamiento Civil, de 3 de febrero de 1881. : Ley de Enjuiciamiento criminal, de 14 de septiembre de 1882. : Landgericht/Tribunal Estatal (Land). Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. : Ley orgánica. : Ley orgánica del Poder JUdicial, de 1 de julio de 1985. : Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 1979. : Ley de Procedimiento Laboral, de 27 de abril de 1990. : Law Review/Revista Juridica. : Monatschrift für Deutsches Recht. : Europaische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Grundfreiheiten/ CEDH, Roma 4 de noviembre de 1950. : zeitschrift: Niedersachsische Rechtspflege. : Nueva Enciclopedia Juridica Seix. : Neue Juristische Wochenschrift. : Neue zeitschrift für Strafrecht.
NdsRpfl NEJ NJW NStZ N.Y. crim. Proc.Law : New York Criminal Procedure Law/Ley Procesal Penal del Estado de Nueva York. OJ/OOJJ : Organo/s Jurisdiccional/es. OLG : Oberlandesgericht/Tribunal Superior del Land. op. : Obra. OWiG : Gesetz über Ordnungswidrigkeiten/Ley sobre contravenciones al orden administrativo. p./pp. : Página/s. PIDCP : Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, Nueva York, 19 de diciembre de 1966. RA : Repertorio de Jurisprudencia, Aranzadi. RDPI : Revista de Derecho Procesal Iberoamericana. RDpriv : Revista de Derecho Privado. REDC : Revista Española de Derecho Constitucional. RGBl : Reichgesetzblatt/Boletin imperial. STC : Sentencia del Tribunal Constitucional. STEDH : Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. StGB Strafgesetzbuch/Código Penal, de 2. enero. de 1975 (BGBl I 1; III 450-2). stpo : StrafprozeBordnunw/Ley Procesal Penal, de 1. febrero de 1877 (RGBl 253; BGBl III 312-2). STS : Sentencia del Tribunal Supremo.
strVollstrO : Strafvollstreckungsordnung/Ley de Ejecución de las penas en general, de 15 de diciembre de 1956. : Strafvollzugsgesetz/Ley de Ejecución de Penas stVo11zG Privativas de Libertad, de 16 de marzo de 1976. : Tribunal Constitucional. TC : Tribunal Europeo de Derechos Humanos. TEDH : Tribunal Supremo. TS u.Pa.LeRev: University of Pennsylvania Law Review. USC : united States constitution/Constitución de los USA de 17 de septiembre de 1787. : united States Constitution Amendment/ U.S.C.A Enmiendas a la Constitución de los USA. Desarrollo. : Verkehrsrechtsammlung. VRS Wis.L.Rev.: Wisconsin Law Review. Yearbook of the European Convention on Human Ybk Rights. Zeitschrift für schweitzerisches Recht/Revista ZfSR Jurídica Suiza. : ZivilprozeBordnung/Ley Procesal civil. ZPO : Zeitschrift für Rechtstpolitik. ZRP : zeitschrift für die gesamte zstw Strafrechtswissenschaft.
INTRODUCCION
CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO
•
Antes de entrar en la materia propia de esta Tesis Doctoral, debemos realizar una genérica y sucinta justificación de las páginas
que
bajo
el
rótulo
"Introducción"
se desarrollan
a
continuación. En primer lugar, dado que el objeto de la presente tesis doctoral está constituido por una institución a la que atribuimos la
naturaleza
de
principio general
del
derecho,
nos
parece
imprescindible partir del estudio de la teor1a general de los principios,
de
tan
amplia
raigambre
entre
procesalista tanto nacional como extranjera,
la
doctrina
y que tiene una
especial relevancia y utilidad en relación a la interpretación de la normativa procesal. No es posible una correcta comprensión del proceso debido si se desgaja del resto de principios que integran la teor1a a la que nos referimos con los que comparte una única naturaleza. Cada uno de los principios del proceso se aplica a un objeto concreto y en un ámbito determinado (principio de oportunidad, en relación a
las posibilidades de iniciar el proceso en el
proceso civil y derivados, procedimiento,
etc.),
principio de oralidad,
propio del
en tanto que el principio del proceso
debido contiene la totalidad de los principios integrantes de la teoria
de
los
principios
(principios
comunes
a
todos
los
procesos, principios especificos, principios del procedimiento) siempre que no sean incompatibles,
siendo además adaptable y
aplicándose tanto al proceso penal como al proceso civil y a
16
El principio del proceso debido aquellos que de él derivan, respetando la naturaleza de cada uno de ellos. El
estudio del principio del proceso debido no tendrla
ningún sentido si no lo pusiéramos en relación, primero con el conjunto de la teoría de los principios, y posteriormente con aquéllos que rigen en el proceso y los procedimientos propios de cada una de las manifestaciones de la jurisdicción.
I. NOTAS PRELIMINARES
Dentro del análisis de la naturaleza del proceso y como configuradores de la estructura del mismo, además de serlo de los diversos procedimientos,
nos encontramos con la necesidad de
remisión a unos puntos de referencia comunes, cualquier
ulterior
construcción
casuismo,
suponiendo
más
un
adolecería
retroceso
sin los cuales
del
que
un
defecto avance
del el
encontrarnos tratando materias científicas de un modo contingente y básicamente inadecuado. En auxilio de las carencias que venimos a señalar de
forma
tan somera y que han aquejado a lo largo de siglos los esfuerzos realizados para la construcción de una auténtica ciencia del Derecho Procesal, ya a mediados del siglo anterior y fundamental e inicialmente a cargo de estudiosos alemanes (Bülow, Kohler, Wa~h,
Goldschmidt, etc.), se procedió a sentar las bases
17
del
Iñaki Esparza Leibar método científico para la disciplina que nos ocupa, además de a acotar el campo que en lo sucesivo habría de serIe propio l • Uno de los contenidos, el más tradicional sin duda, ha sido de alguna manera hipervalorado hasta el punto de denominar la disciplina Derecho Procesal olvidando incluir en la definición otros contenidos no menos importantes sobre los que "ab initio" carecemos de información
(tal es el caso de la teoría de la
acción y de la parte orgánica); nos estamos refiriendo claramente al proceso, que es la parte de la que pasaremos inmediatamente a ocuparnos: y más concretamente haremos referencia a una línea metodológica, dentro de la teoría del proceso, que nos dará en todo momento una
referencia
cierta para
posteriormente se ha construido,
juzgar todo
lo que
su error o acierto,
de una
manera indudable por lo que de científico incorpora el método al que nos referimos, y que la doctrina ha denominado método de los principios 2 •
1 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional. Parte general, 1993, v. 1, pp. 25-36. vid. también referencia btbltográfica en PRIETO CASTRO L. Tratado de Derecho Procesal Civil. Proceso declarativo y proceso de ejecución, Pamplona 1985, 21 ed., t. 1, pp. 172-174. RAMOS MENDEZ F. Derecho Procesal, Barcelona 1978, pp. 19-20. Ba~c@lona
2 Vid., en general MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional
I op. cit., v. 1, pp. 485-548. GOMEZ COLOMER J. L. Reflexiones sobre las bases científicas de la parte general del Derecho Jurisdiccional, Justicia, n Q 111 1989, pp. 590 Y ss. 18
El principio del proceso debido 11. CONCEPTO Y NECESIDAD DE LA TEORIA DB LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO
considerado
como
un
método
orientado
sistematización de unos principios de general
hacia
la
aceptación,
a
partir de los cuales se establecen los contenidos propios y los limi tes
de
cada proceso,
atendiendo a
las exigencias de
la
pretensión objeto del mismo, que requerirá un tratamiento u otro; pero es que además, y precisamente por su construcción lógica, el mencionado método de los principios determina el conjunto de garantias procesales que a modo de cierre serán establecidas para cada
proceso,
o
dicho de otra manera,
dados unos principos
tendremos la posibilidad de instaurar unas u otras garantías procesales. principios
Particularmente que
denominaremos
llamativo bifrontes,
es
el y
caso
ello
de
los
puesto
que
simultáneamente compaginan la naturaleza de principios con la de garantias;
Son
los principios del procedimiento,
los
cuales
determinan considerablemente los procesos que configuran3 • La relación que se apunta constituye una hipotésis para cuyo tratamiento comenzaremos inmediatamente con la exposición ordenada de un sistema de principios procesales generalmente
3 En este sentido vid. MORENO I CORTES I GIMBNO Introducción al Derecho Procesal, Valencia 1993, p. 237, donde se destaca la importante función de los principios del proceso en relación al "proceso justo", que como veremos a lo largo del presente trabajo equivale a proceso debido; "A través del estudio de los principios del proceso se puede observar en un corto espacio los criterios informadores de nuestro ordenamiento procesal, a la vez que puede destacarse la adecuación o no de nuestros distintos tipos de procesos con el modelo del "proceso justo" trazado por nuestra Constitución." 19
Iñaki Esparza Leibar aceptado y suficientemente sistematizado como para suponer una base imprescindible para la posterior construcción. Es probablemente éste el momento adecuado para situar el concepto de proceso diferenciándolo de otros, que aun no siendo equiparables, son ordinariamente empleados como sinónimos, de tal suerte que entenderemos por proceso aquél función
jurisdiccional
a
través
del
instrumento de
cual,
únicamente,
la se
ejercita la misma 4 ¡ obtenida una definición tan concreta como la precedente estamos en situación de poder compararla con las correspondientes a
los antedichos conceptos que se prestan a
equívoco:
1- Procedimiento: Procedimiento se refiere a una serie de fases
sucesivas
efectivamente perfectamente
de
un
ser no
serlo,
fenómeno ¡
jurisdiccional, (el
dicho
fenómeno
pero
procedimiento
a
puede seguir
puede también para
la
obtención de un permiso de ausencia en el caso de los profesores universitarios), la desvinculación con la función jurisdiccional puede ser absoluta,
a diferencia del proceso,
y en todo caso
parece aludir a una actividad formal, externa o no sustantivas. 4 HONTERO/ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., v. 1,
pp. 455-460. 5 HONTERO/ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., v. 1, pp. 455-460. DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho Procesal Civil, v. 1, (Introducción. El proceso civil, sus tribunales y sus sujetos), 3i Ed., Barcelona 1988, S 3, pp. 58 Y ss. Vid. en general sobre esta materia, ALCALA-ZAHORA y CASTILLO, Estudios de derecho procesal, Madrid 1934, págs. 461 y ss. RAMOS HENDEZ F. Derecho procesal civil, Barcelona 1992, 5i ed., T. 1, pp. 330-331ALHAGRO/GIHENO/CORTES/MORENO Derecho Procesal. Parte general. Proceso civil (1), Valencia 1988, T. 1, Vol. 1, pp. 190-191. PRIETO CASTRO L. Derecho Procesal Civil, Madrid 1988, 4i ed., pp. 20
El principio del proceso debido 2- Juicio: En propiedad, dicho vocablo designa el momento final del proceso, alli donde el órgano jurisdiccional emite un pronunciamiento
sobre
la
materia
que
integra
el
asunto
controvertido; de lo que cabe entender que la confusión entre juicio y proceso, a nivel conceptual, supone el mismo error que la
designación de la rama del ordenamiento juridico que nos
ocupa como derecho procesal olvidando; como en lineas anteriores otras
señalábamos,
partes
esenciales
que
a
dicha
rama
corresponden por definirlas con el nombre de una sola de sus partes, que en ambos casos es discutible sea la esencia1 6 •
3- Enjuiciamiento: Es el término tradicional del derecho español para designar la acción y efecto de enjuiciar, por lo que abarcará tanto el procedimiento como el proceso,
además del
juicio que sobre él se emita. No es un instrumento ni es una actividad externa o formal,
asi como tampoco es un concreto
momento del proceso, precisamente el de su resolución; sino un término general y Es seguro,
relativamente vago en su plasmación7 •
y volvemos a la teoria de los principios del
proceso, que el estudio, desarrollo y posterior aplicación de los principios
ha
sido
mayor
en
la
rama
penal
del
Derecho
38-39. COUTURE E. J. Vocabulario ;uridico, Buenos Aires 1991, p. 479.
6 PRIETO CASTRO L. Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., t. I, pág. 49; SERRA DOHINGUEZ H. Estudios de Derecho Procesal, Barcelona 1969, págs. 63 Y ss .. Vid. ACOSTA ESTEVEZ Los derechos básicos del justiciable, Barcelona 1987, págs. 27 y ss. COUTURE E. J. Vocabulario ... , op. cit., p. 357 Y ss. 7 Para mayor detalle sobre el término, vid. FENECH H. Derecho Procesal civil, Madrid 1986, pp. 41 Y ss., SS 14 Y 15. 21
Iñaki Esparza Leibar Jurisdiccional, y ello debido posiblemente a que los derechos de los que
la referida rama se ocupa han sido considerados de
preferente interés por la doctrina dada la trascendencia que los caracteriza. En todo caso ello nos permitirá un más rápido avance en el desarrollo de los mismos dentro de la rama civil por medio de un adecuado aprovechamiento de los estudios y plasmaciones que los investigadores de la materia penal han realizado. Sin olvidar la esencial unidad del proceso en el sentido del concepto que anteriormente avanzábamos y sin
perde~
de vista
que los principios que rigen ambos procesos, civil y penal, son en general correlativos, teniendo en muchos casos la posibiblidad de
deducir
los
unos
mediante
una
interpretación
a
sensu
contrario de los otros, y esto en ambas direcciones. Procederemos en este
momento a la exposición por separado de los principios
derivados proceso
del
principio
y
civil
en
de
oportunidad,
general
de
los
caracteristico procesos
laboral
del
y
administrativo, y por otro lado expondremos también, de la forma más
detallada
y
sistemática
posible,
las
derivaciones
del
principio de necesidad como origen de la obligada distinción entre proceso corresponde.
civil y Hay
que
penal, tener
siendo en
a
cuenta
este último sin
embargo,
a
quien que
la
separación entre los distintos procesos no es ni tan n1tida ni tan absoluta como pudiera parecer; al contrario,
"anziche la
assoluta separazione di un incolmabile abisso, corre a guisa di ponte di passaggio una zona di forme processuali intermedie (proceso penal por delitos privados y semiprivados, y proceso civil inquisitivo) - attraverso le quali la graduale continuita 22
El principio del proceso debido tra i due tipi estremi di processo - (proceso civil dispositivo y proceso penal por delitos públicos) -
e mantenuta, e confermata
la loro essenziale unita di destinazione,,8. En
la
misma
línea
que
la
argumentación
antecedente
y
previamente a cualquier intento de clasificación de procesos atendiendo necesaria
a una
los
principios
referencia,
a
los
siquiera
que
responden,
breve,
a
un
se
hace
grupo
de
principios que son comunes a todo tipo de procesos y que están referidos a las posibilidades de intervención de las partes en el proceso. A ellos, y por suponer su existencia el respeto de algunos postulados elementales de justicia, se los ha llegado a denominar, por algún "jurídico-naturales" 9 • entendida
de modo
concreto sector doctrinal, como principos En cualquier caso,
di verso,
existe
si su naturaleza es
acuerdo
unánime
sobre
su
contenido; así, serán comunes a todos los procesos los siguientes principios 1o :
A- Dualidad de posiciones: Cuya concreción cabría en el siguiente
enunciado:
La
existencia
requiere
necesariamente de dos
de
un
verdadero
posiciones,
que
proceso
no partes,
contrapuestas; sin esa dualidad no existirá un verdadero proceso,
8 CALAMANDREI P. Opere giuridiche, vol. l, Napoli 1965, pp. 146. 9 DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho Procesal ... , op. cit. vol.l., §
4, pp. 65-82.
10 FAIREN GUILLEN V. Doctrina general del derecho procesal, hacia una teoría y ley procesal generales, Barcelona 1990, pp. 35 Y ss. 23
Iñaki Esparza Leibar y de otra parte la misma determinará la estructura del proceso a que dará lugar precisamente la dualidad de posiciones ll •
B- Contradicción o audiencia:
Se trata de un principio
general del derecho, en base al cual, nadie puede ser condenado sin ser oido y vencido en "juicio"
(proceso). Se trata de una
parte, y de una parte fundamental, de lo que denominamos derecho de defensa, que deberá ser articulada técnicamente de diferente forma para los procesos informados por el principio especifico de oportunidad o para aquellos que lo son por el de necesidad. Lo que
debe
quedar claro es que
se
reconoce y
se debe de
garantizar para todas las partes de todos los procesos; esta última
consideración viene
articulo
24.1
CE,
implica
la
contradicción
correspondiente
a
de
avalada
por
la prohibición de
derechos
o
la la
audiencia) ,
fundamentales,
inclusión, indefensión en con
la la
en
el
(que parte
especial
protección que ello conlleva l2 • La necesidad de este principio no termina una vez iniciado el proceso, emplazamiento o citación, sino que tiene vigencia a lo largo de todo su devenir. Las concretas garantias que requiere 11 RAMOS MENDEZ F. El sistema procesal español, Barcelona 1992, pp. 129 Y ss. LORCA NAVARRETE A. M. Introducción al Derecho Procesal, Madrid 1991, p. 74. PRIETO CASTRO L. Tratado ••. , op. cito q pp. 233-236. 12 RAMOS MENDEZ F., El proceso Denal. lectura constitucional, Barcelona 1993, págs. 13 y 14. RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal ... , op. cit., pp. 338, 339. ESCUSOL BARRA E. Manual de derecho procesal-penal, Madrid 1993, p. 126. ORTIZ NAVACERRADA s. Jurisprudencia procesal civil del Tribunal Supremo, Granada 1992, pp. 44 Y ss. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, Oviedo 1987, p. 33. DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/ MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal, Madrid 1993, pp. 28-32 Y 604. 24
El principio del proceso debido para su efectividad serán objeto de estudio posterior en nuestro trabaj o 13.
C- principio de igualdad de las partes:
Cuya existencia
garantizará que todas las partes dispongan de igualdad de medios para la defensa de sus respectivas posiciones; lo que debemos entender en este lugar no es que las partes son iguales pues no lo
son
(especialmente
administración pública
si
consideramos
al
Estado
en su actuación como parte
u
otra
procesal,
también es el caso del MF en relación con el acusado en el proceso
penal,
pero
también
existen
desigualdades
por
circunstancias de hecho, económicas, culturales, etc.) sino que en virtud de la igualdad quedarán automáticamente proscritas las posibilidades de la existencia de privilegios para alguna de ellas 14 • Posiblemente sea éste el principio de más difícil aplicación real, dado que el mero enunciado normativo (por elevado que sea el
cuerpo
que
lo
recoge),
no
podrá
en
ningún
caso
con
pretensiones de inmediatez acabar con desigualdades de hecho poco menos que milenarias en el seno de la sociedad en el que se 13 RAMOS MENDEZ F. El sistema •.• , op. cit. I pp. 78 Y ss. MORENO/CORTES/GIMENO Introducción ••• , op. cit., pp. 238-240. 'lid., SSTS, de 30 de octubre de 1987, 31 de marzo de 1989, 6 de octubre de 1990, 5 de febrero de 1991, entre otras. 14 ORTIZ NAVACERRADA S. Jurisprudencia procesal •.• , op. cit., p. 48. En relación con la igualdad de armas Waffengleichheit, vid. MORENO/CORTES/GIMENO Introduccion .•• , op. cit., pp. 240-241SSTS, de 6 de julio de 1987 y de 19 de enero de 1988. DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 32-37 Y 604-605. Para las especialidades de la postura del Estado como parte procesal civil, vid., PRIETO CASTRO L. Tratado ... , op. cit., t. I, pp. 236-237. 25
Iñaki Esparza Leibar intenta promover. Se recoge primariamente
en los articulos 1.1
y 14 CE I5 •
De los citados principios comunes a todos los procesos, al menos el de audiencia y contradicción y el de igualdad informan la legislación procesal tanto desde el prisma ejemplificador y general propio de todas las instituciones principiales, como, y cerrando el sistema, "garantlas constitucionales" del proceso, de todos ellos 16 lo que requiere un desarrollo especifico para cada uno partiendo no ya de la generalidad y abstracción sino de las exigencias concretas de cada fase de cada proceso. Expuesto el alcance que como principios les corresponde, suspendemos ahora la exposición del ámbito que como nuevamente
abordarla en el
garantias les afectará, para
lugar que consideramos adecuado,
siendo plenamente conscientes de que cualquier principio respecto del que no se establezcan concretas garantias, estará condenado a una ejemplificadora ineficacia. Es
a
partir
de
este
momento
cuando
comenzaremos
la
exposición de los fundamentos que sustentan la distinción primero entre el proceso civil y el proceso penal,
es decir,
principios especificos de oportunidad y necesidad, seguirán
los
principios
técnicos
derivados
de
a
de los los que
cada
uno
de
15 RAMOS MENDEZ F. El sistema ... , op. cit., pp. 75 Y ss. 16 En relación al proceso civil, vid. RAMOS HENDEZ F. Derecho procesal ... , op. cit., pp. 343 Y ss. 26
El principio del proceso debido ellos 17 • Comenzando por aquél que caracteriza al proceso civil.
A. El principio de oportunidad y los derivados
El principio de oportunidad es aquél que regirá en todos los procesos en los cuales el interés predominante sea el interés del individuo, informando as! todo el desarrollo de los mismos en la medida en que como se ha dicho,
la afirmación de un concreto
derecho privado constituya el objeto de aquéllos. Como tal, es un principio neutral respecto del tema que pretendemos abordar, pues de su mera existencia nos resultará imposible concluir que exista
un
nexo,
garantías que principio.
con
la
formulación
causa-efecto,
con
las
debe contar cualquier proceso informado por dicho
En cualquier caso, estimamos conveniente, para una
adecuada comprensión del conjunto de la presente exposición, el hacer siquiera una breve referencia a los contenidos que comporta la existencia del principio de oportunidad, que a su vez nos dará la clave para entender la anterior afirmación. Está en relación con
otras
posibilidades
que
el
titular del
derecho
privado
perturbado puede emplear para el adecuado restablecimiento del mismo 18 ,
es
transacción),
decir, o
la
la
autocomposición
extraprocesal,
heterocomposición
materializada
(vgr. en
el
arbitraje. De tal suerte que serán las partes las que decidirán, 17 FAIREN GUILLEN V. Doctrina general ... , op. cit. pp. 267 Y ss. 18 HONTERO/ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., v. 1, pp. 465-471. FAIREN GUILLEN V. Temas del ordenamiento procesal, t. 1, Madrid 1969, págs. 321 y ss. 27
Iñaki Esparza Leibar en base a su conveniencia u oportunidad, si sus intereses serán tutelados por un órgano jurisdiccional o no. O dicho de otra manera, el proceso, cuando en él se conozca de pretensiones de carácter privado, nunca será
iniciado de oficio por el órgano
jurisdiccional a quien en estos casos no compete la iniciativa procesal.
Tal y como certeramente
se ha dicho,
es el Estado
quien ejerce la tutela de los derechos privados, pero no para si, pues no es el sujeto interesado con derecho a ella; por lo que no le corresponderá, en este ámbito, la iniciativa procesal 19 • Llegados a este punto, parece conveniente realizar un pequeño inciso
en
meramente
el
que
técnico
enmarcar o
la
discusión
técnico-politico
de
sobre las
el
carácter
normas
básicas
reguladoras del proceso y concretamente del proceso civil. Desde la posición que entiende que dichas normas componen un derecho técnico a salvo totalmente de influencias ideológicas siendo el caso del proceso civil "particularmente estable •.. , como
lo muestran el
alemana
oriental
modificaciones opuestos. ,,20,
a
y
ejemplo de española,
través
de
constituyendo
producidas
meras
exigencias
contenido
técnico-dogmático.
las
que
legislaciones
han
regimenes el
subsistido politicos
fundamento
teóricas Hasta
y la
italiana,
de
casi
totalmente
las
reformas
experimentales concepción
19 WACH A., Manual de Derecho Procesal civil, vol. Aires 1977, pág. 22.
sin
de
opuesta
I,
Buenos
20 SERRA DOMINGUEZ M. Liberalización y socialización del proceso ci vil. (Las facultades del Juez en la legislación y en la realidad procesales), Ponencia redactada para el V Congreso Internacional de Derecho Procesal, México 1972, RDPI 1972, pp. 511 Y ss.
28
El principio del proceso debido sustentada por juristas principalmente italianos, soviéticos y austríacos para los que la dependencia del proceso con respecto a
la
ideolgía e
incluso,
en el caso de los socialistas,
el
servicio de aquél para con el sistema político, es evidente. Ello puede claramente deducirse de las siguientes palabras del jurista austríaco
Fasching21 :
estados totalitarios,
"La
diferencia
con
el
sistema
de
los
particularmente con el sistema jurídico
socialista, consiste en que estos medios intensificados del juez, se implantan allí para el logro de finalidades sociales, y aquí, ante todo, mediante la intervención del ministerio público y de otros organismos sociales en el procedimiento". Considera
este
sector de opinión que las reformas procesales entran dentro de las tareas de previsión social del Estado,
o dicho en otras
palabras, cada ideología determinada modulará la regulación del proceso con criterios políticos, pues esta última no es sino un reflejo de aquella y por tanto al servicio de los mismos fines. Parece más adecuado a
la realidad el propugnar una vía
intermedia entre las dos ya expuestas, afirmando que si bien los principios procesales reflejan la ideología política dominante, su plasmación técnica
concreta dependerá
presidida por
siempre de una
criterios de eficacia y
elaboración orientada a
posibilitar el ejercicio de la función jurisdiccional. De acuerdo con lo expuesto y fundamentanda la exactitud de la postura, la realidad permitirá encontrar soluciones similares en lo relativo a la normativa procesal dentro de regímenes políticos básicamente
21 FASCHING Liberalización y socialización del proceso civil., op. cit., pág. 311. 29
Iñaki Esparza Leibar diferentes. Dejando a un lado el paréntesis abierto, y expuestas sucintamente las diversas posturas,
pasamos
inmediatamente a
centrarnos en el ordenamiento español actual, y dentro de él a analizar los principios técnicos, derivados del especifico de oportunidad, presentes. En
el
ordenamiento
español
actual
el
principio
de
oportunidad rige tanto en el proceso civil como en los procesos laboral
y
administrativo,
especiales
surgidos
de
que la
no
son
sino
insuficiencia
procesos de
civiles
éste, para
el
tratamiento de cuestiones especificas propias de aquéllos.
1. Principio dispositivo
Su necesidad viene dada por la exigencia de armonizar la potestad jurisdiccional pública representada por el juez, con la autonomia de la voluntad de las partes en el proceso civil. Supone una forma de delimitar el campo de actuaci6n de cada uno de los sujetos citados. Una definici6n clásica que del mismo se ha dado lo enuncia como aquél principio " ••• que en el proceso civil atribuye a las partes la tarea de estimular la actividad jUdicial
y
aportar
los
materiales
del
proceso"n,
con
las
correlativas consecuencias de que los hechos no aportados por las partes no podrán ser tenidos en consideraci6n por el 6rgano
22 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho JuriSdiccional, op. cit., t. I, pp. 508-511. SCHONKE A. Derecho procesal civil, Sil Ed., Barcelona 1950, pág. 31. vid. también RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal ... , op. cit., p. 337. 30
El principio del proceso debido jurisdiccional,
ni
este
podrá,
de
oficio,
practicar
prueba
alguna 23 • Hoy, y tras apreciar la existencia de varios y diferentes contenidos dentro de la definición transcrita, se ha procedido a su desmenuzamiento y se considera, mediante la aplicación de una correcta técnica procesal, que el contenido que realmente es propio
del
principio
iniciativa procesal acción),
la
que
nos
ocupa
se
limita
reservar
la
(nadie puede ser obligado a ejercitar su
determinación de
lo
que
constituirá
objeto del
proceso, y la posibilidad en cualquier momento de ponerle fin (desistimineto, allanamiento, etc.) a cualquiera de las partes~. De lo que se deduce que las únicas facultades que corresponderán al órgano jurisdiccional en cuanto a la fijación y disposición del objeto del proceso,
serán aquellas que puedan acomodarse
dentro de la congruencia con las peticiones que le sean hechas; siendo
de
esta
ejercitada y
manera
y
a
su vez
coherente con
la
opción
plasmada en los articulos 33 y 38 de la CE.,
23 Con respecto al último inciso existe una clara excepción al principio dispositivo, las diligencias para mejor proveer, excepción que permite al OJ practicar de oficio, sin ningún requisito previo, todo tipo de prueba; vid. PRIETO CASTRO L. Tratado ... , op. cit., v. I, pp. 523-534. CORDON MORENO F. En torno a los poderes de dirección del Juez Civil, RDpriv 1979, pp. 807-826. HARTIN OSTOS J. Las diligencias para mejor proveer en el proceso civil, Madrid 1981. VAZQUEZ IRUZUBIETA C. Doctrina y jurisprudencia de la Ley de Enjuiciamiento civil, Madrid 1989, 49 ed., pp. 369-379. vid. también, diligencias para mejor proveer arts. 340, 341 Y 342 LEC. 24 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, p. 509. ALMAGRO NOSETE J. Consideraciones de Derecho procesal, Barcelona 1988, pp. 247 Y ss. GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal civil. Parte general. El proceso declarativo ordinario, Madrid 1979, Vol. I, § 23, pp. 213 Y ss. MORENO/CORTES/GIMENO Introducción ... , op. cit., pp. 241-243. 31
Iñaki Esparza Leibar distinguiendo capacitando
los al
intereses
titular
de
públicos
dichos
de
intereses
los
privados
para
y
decidir,
atendidas las limitaciones que impone la función social de la propiedad, libremente el destino que al objeto de su propiedad quiera dar. En este contexto, el principio dispositivo no es sino un reflejo, en la concreta faceta procesal, de la autonomia de la voluntad respecto de los intereses privados.
2. Principio de aportación de parte
Supone que es misión de los litigantes la aportación de los hechos necesarios para fundar sus peticiones, habida cuenta que, a los citados efectos, los hechos que por ellos no sean aportados no serán tenidos en cuenta a la hora de pronunciar el fallo, consecuentemente
con
10
expuesto
en
el
anterior
epigrafe.
Igualmente, en virtud del principio que explicamos, corresponderá a las partes la proposición de concretos medios de prueba que servirán para probar los hechos por ellas aportados, y que una vez más, no serán tenidos en cuenta para el pronunciamiento de la sentencia en la medida en que no resulten probados. Existen en el proceso civil algunas excepciones a este principio sin que, en ningún caso, lleguen a suponer una derogación del principio general, v.gr.
articulo 340 LEC, que sustenta las
dilig~ncias
para mejor proveer en las que el órgano jurisdiccional puede, de oficio, acordar la práctica de medios de prueba. Por lo que al proceso laboral respecta la aplicación del principio es general, igualmente existen algunas excepciones, al igual que ocurre en 32
El principio del proceso debido el proceso civi1 25 • En el caso del proceso administrativo, parece más bien regirse por un principio de aportación no exclusivo de las partes sino compartido con el órgano jurisdiccional, tanto respecto de la aportación de hechos, la LJCA.), prueba,
(articulas 43.2 y 79.2 de
como respecto de la proposición y práctica de la
(articulo 75 de la LJCA.)u.
Esta
tendencia,
que
mina
de
alguna
forma
la
vigencia
absoluta del principio de aportación de parte, viene observándose en algunos ordenamientos ya consolidados, (República Federal de Alemania
o
vigencia),
Austria, y
cuyas
ZPO
en particular en
tienen
más
de
lo referente a
práctica de los medios de prueba,
un
siglo
de
proposición y
(manteniéndose la aportación
de los hechos en la esfera de las partes), y ello debido a la introducción
del
deber
jUdicial
de
interrogación
y
esclarecimiento, que al otorgar parte de dichas facultades al órgano
jurisdiccional
lo
hace
igualmente
participe
en
la
responsabilidad por el resultado del procesoTI • Esta linea parece correcta en tanto que su pretensión sea la verdad material del proceso y en la medida en que no se violenten los principios rectores del proceso civil, y también en la medida en que la 25 MONTERO AROCA J. El proceso laboral, Barcelona 1982, pp. 8891. Vid. arts. 87.2, 93.2 Y 95 LPL que recogen las excepciones especificas de la LPL al principio de aportación de parte. 26 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, p. 516. CORDON MORENO F. La legitimación en el proceso contencioso-administrati va, Pamplona 1979, pp. 66-86. CORTES DOMINGUEZ v. Las facultades del tribunal ex arto 43.2 de la LJCA. lNota a la sentencia de la Sala cuarta del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1980), Justicia 1981, pp. 240-244. 27 SCHONKE A. Derecho ..• , cit. pág. 33. LENT F. Wahrheit und AUfklarungspflicht im Zivilprozess, 1942. 33
Iñaki Esparza Leibar participación del órgano garantizar
un
innovaciones
jurisdiccional sirva realmente para
resultado transcritas
delimitación
más
justo.
no
suponen
más
definitiva, que
una
las nueva
entre la potestad jurisdiccional y la autonomla de
la voluntad anteriormente expuesta. sustancial,
En
ya que
la
No siendo una alteración
innovación introducida no tiene otro
objeto al fin, que el de la protección de los intereses privados, respetando su carácter, y ello mediante la introducción de una más depurada técnica procesal dentro de la aplicación de la función jurisdiccional, que por ser pública permitirla, siempre que no se
excedan sus llmites, este tipo de innovaciones. otra
propuesta que al respecto ha sido planteada, y que consideramos más discutible,
se cuestiona,
no ya
la delimitación función
juriSdiccional-intereses privados, sino el propio mantenimiento del
principio
dispositivo;
Se
propugna
la
implantación
del
principio de investigación oficial en el proceso civil, y ello en pos de la obtención de la verdad material, considerada como interés prioritario de la comunidad, e incluso en pro de dotar al juez de una mayor iniciativa y por tanto, se supone, de una correlativa mayor satisfacción28 • El punto de vista anotado no es pacificamente aceptado y por ello ha sido objeto de criticas fundamentalmente en el sentido de considerar que la verdad material en el proceso civil no es necesariamente requerida por el interés de la comunidad, con lo
28 Vid. SCHNEIDER H. Zur Neugestaltung des Verfahrenrechts, 1936, págs. 157-161. PRACHT W. Die Berufung vor dem Landesarbeitsgericht, en 10 Jahre Arbeitsgericht, Berlin 1937, pág. 23. PRIETO CASTRO L. Tratado •.. , op. cit., t. I, p. 535. 34
El principio del proceso debido que
el
proceso civil
cumple con
su cometido definiendo con
carácter vinculante las relaciones juridicas de las partes aunque no se correspondan totalmente con las relaciones existentes antes de pronunciada la sentencia. Por ello no perjudica al interés de la comunidad el que se permita a las partes la aportación del material de hecho del proceso29 •
"El bien común no exige, sino
que por el contrario se opone, a que la responsabilidad por la aportación
adecuada
y
suficiente
de
material
de
hecho
se
sustraiga a las partes inmediatamente interesadas, y se confie al Estado, esto es, a la comunidad misma,,30. En todo caso y por lo que a nosotros respecta, consideramos que el ámbito que corresponde al principio de aportación de parte,
considerado
dirección
del
dentro
proceso,
de es
las
facultades
aquella
materiales
delimitación
de
función
jurisdiccional-interés privado, a la que aludíamos al inicio de la exposición de esta materia, que nos parece respetuosa con la naturaleza de
los intereses presentes en el proceso civil y
adecuada a la finalidad que el mismo pretende. concepción que, en general, es la recogida por el ordenamiento procesal civil español.
3. Control de los presupuestos procesales e impulso procesal
29 Vid. LENT F. Wahrheit •.. , op. cit. 30 RISCH, Private und offentliche Belange in der bürgerlichen Rechtspflege, DRiZ., 1936, pág. 10. 35
Iñaki Esparza Leibar La cuestión que ahora abordamos está en relación no ya
con
el objeto o la materia que conforma el proceso (la pretensión), sino que hace referencia a una materia exclusivamente de técnica procesal:
se
trata de
saber por un
lado si
será el
órgano
jurisdiccional o, por el contrario, serán las partes o solamente alguna
de
ellas
las
encargadas
de
controlar
que
en
el
planteamiento del proceso se respete la exigencia técnica de realizarlo dados unos determinados presupuestos procesales. Por otro lado, y en 10 que al impulso atañe,
su objeto es el de
averiguar quién, órgano jurisdiccional o partes, será el sujeto al que corresponde impulsar el proceso cumpliendo, dentro del respeto de los plazos existentes al efecto, sucesivamente las fases legalmente establecidas. La distinción que de la resolución de estas materias se ha derivado y mantenido a lo largo del tiempo diferenciando el caso del proceso civil y el del proceso penal, ha perdido vigencia en la actualidad y dentro del ordenamiento español, habida cuenta, como al inicio de este epigrafe apuntábamos, de que se trata de una materia
técnica cuyo objetivo no es
otro que el de
el
ejercicio adecuado de la función jurisdiccional, la realización correcta
de
cada
uno
de
los
procesos
evitando
dilaciones
indebidas, situaciones de indefensión y equivocas comprensiones de lo que el interés privado, particularmente, debe suponer en relación a los dos temas de los que nos ocupamos 31 •
31 CaRDaN MORENO F. En torno a los poderes de dirección del Juez Civil, op. cit., pp. 807-826. vid. especialmente arto 24 CE. 36
El principio del proceso debido Para una mejor comprensión de
lo hasta ahora afirmado,
analizaremos por separado y con una breve reseña introductoria la articulación del control de admisibilidad de la pretensión deducida
en el
proceso y
la normativa referente
al
impulso
procesal, consideradas ambas actividades dentro de las facultades procesales de dirección del proceso.
Ya tempranamente y sobre
todo por parte de estudiosos alemanes se habla apreciado la relación existente entre la concentración del procedimiento y la práctica de oficio de notificaciones, citaciones y señalamiento de términos, 10 que se denominó "principio del impulso procesal de oficio", resultando de dicha práctica una mayor concentración
y
consiguientemente
una
mayor
rapidez
en
la
tramitaci6n
y
resolución de litigios. El instrumento preferente empleado para conseguir el objetivo transcrito ha sido la reducci6n del número de suspensiones de la tramitaci6n procesal. Es de todos conocido el ejemplo, extremo en la aplicaci6n de este principio, alcanzado en la legiSlación sueca, cuya ley procesal busca especialmente la concentración, resultando as! que la audiencia principal debe continuarse, a ser posible, sin interrupción hasta que el objeto del proceso quede dispuesto para ser resuelto
{en este caso
debemos advertir que no es sólo el principio de impulso procesal de oficio el determinante, sino que se conjuga con la aplicación de
otros
principios,
éstos
del
procedimiento.
Aunque
es
un
ejemplO válido para mostrar los diversos resultados posibles
37
Iñaki Esparza Leibar según se combinen de una u otra manera todos los principios que estamos exponiendo) TI. Volviendo,
como
ya
anunciamos,
al
ejemplo
español,
y
empleando la distinción entre el control de los presupuestos procesales y el impulso procesal propiamente, la situación de los mismos, y por lo que al proceso civil concierne, es la siguiente: Históricamente dentro del proceso civil el control de los presupuestos procesales ha estado encomendadado, salvo escasas excepciones, únicamente a las partes. Recordemos el contenido del articulo 687 LEC anterior a la reforma de 1984: "El demandado propondrá en la contestación todas las excepciones que tenga a su favor, asi dilatorias como perentorias, y el Juez resolverá sobre todas en la sentencia, absteniéndose de hacerlo, en cuanto al
fondo
del
pleito,
si
estimare procedente
alguna
de
las
dilatorias que lo impida". La labor de control aparece asignada en su totalidad al demandado sin matizaciones de ningún tipo de manera
que
sobre
lo
no
alegado
no
podria
inicialmente
pronunciarse el órgano jurisdiccional. Tras la reforma de 1984, Ley
34/1984, de 6 de agosto, el citado artículo incorpora un
breve inciso,
"si se mantienen",
medio
excepciones
de
las
referido al control que por
ej erci taba
el
demandado
sobre
los
presupuestos procesales, inciso que abre la posibilidad recogida por el arto
693.3~
que, dentro de la comparecencia obligatoria
del juicio declarativo ordinario de menor cuantía,
faculta al
Juez a controlar de oficio la " •.. falta de algún presupuesto o 32 Vid. SCHONKE, Derecho ••. , op. cit., pág. 41. KLEIN-ENGEL, Der Zivilprozess osterreichs, Manheim 1927, pág. 170. SIKSON, en ZfSR. 1944, pág. 162. 38
El principio del proceso debido requisito del proceso ... ". El hecho de que la reforma no afecte a lo establecido al efecto para el juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, partes,
en el cual
principalmente,
seguirá correspondiendo a
el
control
de
los
las
presupuestos
procesales, queda relegado al rango de excepción de la regla general, ya que la mencionada reforma ha supuesto la consagración del juicio declarativo ordinario de menor cuantía como juicio ordinario
civil
por
excelencia.
Hay
que
recordar
que
la
regulación del juicio de cognición D.de 21 de noviembre de 1952 p incorpora
ya
la
posibilidad
de
control
de
oficio
de
los
presupuestos procesales". En el caso del juicio verbal la cuestión del control de la concurrencia
de
los
presupuestos
procesales
se
resuelve
expresamente desde la Ley 10/1992, de 30 de abril de Medidas Urgentes
de
Reforma
Procesal
(BOE
ng
108,
de
5
de
mayo),
ateniéndose exclusivamente a criterios de técnica procesal, a favor
del
OJ
estableciendose
el
control
de
oficio
de
la
competencia objetiva y territorial~. Por lo que al impulso procesal concierne, éste consiste en "poner en movimiento y mantener en actividad el proceso". Es la actividad que impulsa la ejecución del acto inmediato que sirve para el desarrollo del procedimiento o da a las partes ocasión para
ello"35.
Cuando
el
impulso
está
en
manos
del
órgano
33 Vid. arts. 41 y ss. del Decreto de 21 de noviembre de 1952. 34 Vid. artículos 715 y ss. LEC. 35 ROSENBERG L. Tratado de derecho procesal civil, Buenos Aires 1955, pág. 383. MONTERO/ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 523-524. 39
Iñaki Esparza Leibar jurisdiccional sin necesidad de que las partes denomina
impulso de oficio;
lo pidan,
se
cuando por el contrario son las
partes quienes deben procurarlo solicitando del juez que declare terminada una fase
procesal y que abra la siguiente, estaremos
ante un ordenamiento que propugna el llamado impulso de parte. Centrándonos en el ordenamiento español, ya desde el RO.Ley de 2 de abril de 1924 (hoy derogado) queda definitivamente instaurado el principio de impulso oficial dentro del proceso civil,
y
ello fuá
necesario dado que
la LEC en su primera
redacción consagraba el principio contrario de impulso de parte, y ello motivó multitud de abusos y dilaciones en los procesos respondiendo a intereses partidistas en cuyas manos quedaba la posibilidad de que el proceso continuara accediendo a una nueva fase y consiguientemente la posibilidad contraria de paralizarlo. La
reforma
de
1984
dió
al
articulo
307
LEC
una
redacción
claramente en la linea de mantener para el proceso civil el principio de impulso oficial, estableciendo lo siguiente: "Salvo que la ley disponga otra cosa el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda dictando al efecto los proveidos necesarios". Por lo que a la legislación básica atañe, y en relación a todos los tipos de proceso, debemos tener en cuenta lo recogido por la LOPJ en sus arts. 237: "Salvo que la ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda, proveidos necesarios"; corresponderá ordenación,
a
los
y
288:
dictando al efecto los
"En los Juzgados y Tribunales
Secretarios
dictar
que tendrán por objeto dar a 40
las
diligencias
de
los autos el curso
El principio del proceso debido ordenado por la ley e impulsar formalmente el procedimiento en sus
distintos
trámites
de
conformidad
con
las
leyes
procesales •.• ". Por lo que a los procesos laboral, administrativo y penal concierne, es plena la vigencia del principio de impulso oficial~.
La conclusión que debemos extraer de la materia relativa a las facultades procesales de dirección del proceso debe pasar, a tenor de lo dicho hasta este momento, por la consideración de las mismas como facultades técnicas y por tanto diferentes de la relación material de fondo que en cada proceso se ventila. El modo en que los órganos jurisdiccionales afrontan y tramitan los asuntos que ante ellos son planteados atañe exclusivamente a los mismos
siguiendo
criterios
de
eficacia
y
en
definitiva
de
justicia, si esto no se comprende de la manera transcrita y se pretende que las partes, dependiendo de la naturaleza jurídica del
derecho
objeto
del
litigio,
pueden
participar
de
las
facultades procesales de dirección, llegaremos a situaciones como las
ya
producidas
en
anteriores
épocas
que
por
su
insostenibilidad forzaron a las reformas legislativas precisas para consagrar en el ámbito que nos ocupa los principios de control de los presupuestos procesales e impulso de oficio.
4. sistema mixto de valoración de la prueba
36 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, p. 524. RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal •.• , op. cit., p. 339. 41
Iñaki Esparza Leibar Las materias incluidas bajo este epígrafe constituyen,
a
nuestro modo de ver, otro grupo de las que podríamos denominar exclusivamente técnicas; dicho de otro modo, la valoración de las pruebas será tan ajustada en un proceso regido por el principio de oportunidad corno en otro en el que predomine el principio de necesidad,
aunque
se
realice
mediante
idénticos
medios
de
valoración. Es decir que, siempre a nuestro modo de ver, será totalmente intranscendente la naturaleza del derecho que se esté actuando en el proceso a efectos de establecer los principios por los que se regirá la valoración, con los que no existe relación alguna
q~
técnicos,
necesidad más
o
dado
menos
que
éstos
eficaces
y
son
meros
seguros,
al
instrumentos servicio
de
cualquier proceso. Establecido lo anterior, pasaremos a analizar los sistemas posibles
de
valoración
de
la
prueba
y
su
vigencia
en
el
ordenamiento procesal civil español actual, que podemos anticipar responde a un sistema de valoración mixto (concurren reglas de valoración legales y libres) por lo que al proceso civil, laboral y administrativo respecta37 •
1) Valoración legal de la prueba:
Producto originariamente
de una rudimentaria elaboración jurídica como resultado de la cual se construyen una serie de reglas obtenidas por resultados físicos externos que conducen a que sea la ley quien establezca 37 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 524-528. PRIETO CASTRO L. Tratado .•• , op. cit., v. 1, pp. 654-656. DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho Procesal civil, op. cit., t. II, § 32, pp. 280-284. LORCA NAVARRETE A. M. Introducción ••• , op. cit., pp. 163 Y ss. 42
El principio del proceso debido de forma abstracta y general el valor de las diversas pruebas, «presionando la conciencia del juez«H. Existen aún hoy defensores de la valoración legal de la prueba cuyo principal argumento en favor de la misma se basa en la seguridad jurídica que consideran, al menos en algunos casos (v. gr. documentos públicos en la medida en que un funcionario público interviene en su otorgamiento y en relación al hecho que motiva su otorgamiento y a la fecha y también, más limitadamente, respecto
a
las
declaraciones
de
los
contratantes 39 )
queda
garantizada a las partes mediante la aplicación de dicho sistema añadiendo que se recogerá así fielmente la voluntad de las mismas que
al
recurrir
a
un
previamente al proceso hacen
sabedores
del
determinado
medio
de
documentación,
(y seguimos con el mismo ejemplo),
valor
que
en
caso de
conflicto
la
lo ley
automáticamente otorgará a dicho soporte material. Cabe, llegados a este punto, una breve advertencia sobre el abuso que puede darse en situaciones como la descrita, impulsados por la mala fe, y amparados por la valoración legal~. La evolución en la actualidad está marcada por la práctica de los Tribunales de apartamiento de las limitaciones probatorias legales; práctica de la que incluso el Tribunal Supremo participa 38 PRIETO-CASTRO L. Tratado ... , op. cit., pág. 655. 39 También es el caso de la confesión bajo juramento decisorio, y del documento privado reconocido legalmente, vid. arts. 1218 CC respecto a los documentos públicos, 1225 CC respecto alos documentos privados reconocidos y 1238 CC en relación a la confesión bajo juramento decisorio. 40 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 524 Y 525. CARNELUTTI F. Derecho Procesal civil y Penal. Derecho y proceso, t. 1, Buenos Aires 1971, pp. 154 Y 155. 43
Iñaki Esparza Leibar desconociendo dichas reglas. En cualquier caso, la inaplicación por el
juzgador de las reglas de valoración legal puede ser
denunciada en casación por el motivo 4Q del articulo 1.692 LEC. como
infracción de las normas del dichos
pudiendo,
medios
de
ordenamiento
prueba
juridico.
privilegiados,
No
"ser
desvirtuados por la apreciación conjunta de la prueba ,,41, aunque es de resaltar que la realidad avanza por otros derroteros y la apreciación
conjunta
de
la
prueba
es
admitida
por
la
jurisprudencia, y su práctica generalizada en la actividad de los órganos jurisdiccionalesG •
2)
Libre
valoraci6n
de
la
prueba:
En
este
sistema
juzgador decide, con arreglo a su criterio racional,
el
sobre la
verdad o no de unos hechos, sin hallarse sujeto a determinados criterios valorativos preestablecidos por la ley; ni finalmente quedará
vinculado por
la
apreciación que
puedan
las
partes
hacer 43 • El proceso para obtener el convencimiento en uno u otro sentido será personal de cada juez, y no, como ocurria en el caso anterior,
a través de
la mera aplicación de unos criterios
41 SERRA DOMINGUEZ M. en Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil, coordinado por CORTES V. Madrid 1985, págs. 847 Y ss.
42 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, p. 526. SERRA DOMINGUEZ M. en Comentarios al CÓdigo civil, dirigidos por ALBALADEJO M., Madrid 1981, págs. 267 y ss. 43 PRIETO CASTRO L. Derecho Procesal Civil, op. cit., pp. 152153. SCHONKE A. Derecho •.. , op. cit. pág. 47.
44
El principio del proceso debido legalmente
establecidos
y
basados
en
"máximas
de
la
experiencia"44. La progresiva implantación de este sistema en legislaciones de todo el mundo es un dato más a tener en cuenta a la hora de emitir una valoración sobre el mismo, valoración para
la que
e~
preciso afirmar que la arbitrariedad o discrecionalidad están excluidas de la libre valoración, en la que es rasgo principal la racionalidad. La libre valoración de la prueba rige con exclusividad en relación con el proceso penal español.
3)
El sistema español: Por lo que al ordenamiento español
atañe en la materia que exponemos órdenes civil, laboral y
(que es idéntico para los
administrativo), nos encontramos con
un sistema al que, como ya se anunció, denominaremos mixto ya que conviven dentro de él los dos tipos de reglas existentes para la valoración de la prueba a los que hemos hecho referencia, asi desglosados por medios de prueba y en relación con el proceso civil, la situación es como sigue: Existen reglas de valoración legal que, con mayor o menor amplitud,
se refieren a la confesión en juicio bajo juramento
decisorio, arto 580 LEC en relación con el articulo 1.238 CC, como también en el caso de los documentos públicos, articulas 596 y ss. LEC en relación con los artículos 1.218 y ss. CC, también
se hallan en la misma situación de valoración a través de una 44 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdccional, op. cit., t. 1,
p. 525. DE LA OLIVA¡FERNANDEZ Derecho Procesal civil, op. cit.,
v. 11, pp. 280-284.
45
Iñaki Esparza Leibar regla establecida por la ley los documentos privados legalmente reconocidos del arto 1225 CC. Fuera de los tres casos concretos citados,
el resto de
medios probatorios se beneficiarán de una valoración libre45 • Merece siquiera un breve comentario la denominada valoración conjunta de permite,
la prueba,
por
la vía de
técnica,
que
hecho,
cierta
corno ya hemos
indicado
liberación del órgano
jurisdiccional de los estrictos criterios valorativos legales, lo que resulta favorable para una apreciación más
justa del
conjunto de pruebas realizadas en un proceso. Esta práctica está admitida
en
numerosas
sentencias
del
Tribunal
supremo%,
y
correctamente entendida supone no la apreciación en conjunto de todas las pruebas, perdiendo cada una de ellas su individualiad y valor propios, sino una valoración ponderada de los resultados
de
cada
uno
de
los
medios
probatorios
y
su
posterior
confrontación o complementación, de lo que derivará un resultado razonado y ünico~. Pero la apreciación conjunta de la prueba, admitida por el TC en la STC 138/1991, de 20 de junio, está suponiendo en la práctica el desconocimiento del valor de las pruebas legales así como la infracción del arto 120.3 CE que exige que las sentencias 45 vid. de la LEC los arts. 578 y ss., sobre los medios de prueba, y los arts. 609, 632 Y 659, que recogen el principio de libre valoración a través de concretas aplicaciones, así corno el arto 1239 CC. VAZQUEZ IRUZUBIETA C. Doctrina y Jurisprudencia .•. , op. cit., pp. 740, 757-759 Y 784-787. 46 SSTS de 16 de diciembre de 1978, de 19 de junio de 1979, de 22 de diciembre de 1979 entre otras. PRIETO CASTRO L. Tratado .•• , op. cit., t. 1, pp. 654 Y 655 Y 657-676. 47 RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal civil, op. cit., pp. 539-546. 46
El principio del proceso debido sean motivadas,
lo que en definitiva supone una valoración
discrecional Y arbitraria48 •
B. El principio de necesidad y los derivados
complementando el ámbito en el que se justifica el principio de oportunidad (interés privado), y como principio propio del otro gran grupo de intereses posible (interés pÚblico), surge el principio técnico de necesidad, que como decimos supone que en la relación jurídica sustantiva, y posteriormente en la relación jurídica procesal, el interés de la colectividad es
dominante~.
En cuanto al contenido que comporta la existencia de un proceso en el que rija el principio de necesidad, inmediatamente se aprecia la justificada separación del mismo (sin perjuicio del mantenimiento de una
concepción unitaria del
proceso),
con
respecto a un proceso en el que rijan los principios ya expuestos derivados del principio de oportunidad.
Ello es debido a
la
imposibilidad de, mediante un único tipo de proceso, satisfacer tanto intereses privados como intereses que afectan a la sociedad misma como colectividad. Así, el proceso necesario se iniciará ante la lesión de un bien pÚblico, independientemente de la existencia de una parte privada que ejercite la acción. La figura del Ministerio Fiscal actuará corno garante de la continuidad de dicho proceso y por lo 48 MONTERO¡ORTELLS¡GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit. , t. 11, v. 1, p. 234.
49 MONTERO¡ORTELLS¡GOKEZ COLOKER Derecho Jurisdiccional ••• , op. cit., t. l., pp. 506-528, para la línea expositiva. 47
Iñaki Esparza Leibar tanto como garante de
la
integridad del
interés público.
La
posibilidad de diposición de los particulares en este tipo de proceso, aún siendo los directamente afectados por la lesión, es, en principio, excepcional~. La
reparación
del
bien
público
lesionado,
s610
podrá
realizarse a través de los Tribunales y por medio de un proceso, único cauce de actuación posible para el "ius puniendi" cuyo titular exclusivo es el Estado. No cabe que el mismo se satisfaga por acuerdo extraprocesal (o intraprocesal), de las voluntades de partes privadas, ya que la materia de la que se trata es por naturaleza indisponible. En
consecuencia
cabe
af irmar
que
dentro
de
un proceso
informado por el principio de necesidad, no corresponde a los sujetos privados facultad alguna en relación con la elección del medio para reparar la lesión causada (que será necesariamente el proceso), ni en relación con el mantenimiento o terminación del proceso una vez iniciado (que quedará en manos del Ministerio Público) • Brevemente expresado, significa el principio de necesidad "que el proceso penal es obligatorio para averiguar la infracción criminal, descubrir al autor, juzgarle y, sobre todo, imponer la pena
(nullum crimen,
nulla poena sine lege et judicio)
,,51.
La
50 Se trata de los supuestos de conformidad del procesado con la pena pedida por las partes acusadoras, vid. arts. 655 y 791. 3 Q , ambos de la LECrim. y de aquellos procesos penales que no pueden iniciarse sino a instancia de parte, arts. 275 y 278 LECrim. 51 PRIETO CASTRO/GUTIERREZ DE CABIEDES Derecho Procesal Penal, 31 ed., Madrid 1987, pág. 90. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., afirma la identidad entre los principios de oficialidad y de necesidad, p. 32. 48
El principio del proceso debido conexión con el principio de
legalidad es,
como se aprecia,
eV1-. d ent e 52 . Es precisamente en este momento cuando nos corresponde hacer una llamada de atención, a la vista de la exclusividad del Estado como titular del "ius puniendi",
sobre el amplísimo campo de
discrecionalidad que a los poderes públicos puede corresponder a la hora de fijar la concreta plasmación de un proceso penal, de los principios a los que responderá el mismo. Teniendo en cuenta lo dicho,
es posible la existencia de tantos tipos de
proceso penal como imaginarse quepa, y de ello se deriva que el tratamiento de los sujetos sometidos a proceso sea tremendamente variable de un ordenamiento a otro. Es preciso ahora
establecer
la premisa de que el bien
jurídico principalmente afectado por una sentencia firme penal, la libertad, es uno de los derechos fundamentales de la persona por lo que debería gozar de una especial protección (vid. España artículos 17.1 Y 53
CE).
Establecida y
en
aceptada esta
premisa, se aprecia que la discrecionalidad a la que hacíamos referencia
se vería drásticamente
reducida
atendiendo a
los
intereses en juego antedichos, que exigirían la articulación de unos principios respetuosos con la totalidad de los derechos fundamentales de la persona que disciplinen el ejercicio del" ius puniendi" y
finalmente unas garantías concretas,
prácticas y
eficaces que signifiquen no sólo el definitivo anclaje en el ordenamiento de los principios,
generales y abstractos,
sino
además la real posibilidad de que la función jurisdiccional del 52 Vid. arts. 25.1 CE, 1 LECrim, y 9.3, 21 Y 23 LOPJ. 49
Iñaki Esparza Leibar Estado (en todos los órdenes aunque sea el orden penal aquél en el que la necesidad sea más evidente), se aplique en realidad de un modo acorde con las exigencias de los derechos por aquella función moduladoss3 • Es
interesante
constatar
el
de
fenómeno
constitucionalización, por un lado, e internacionalización por otro, de un nivel stándar de protección en el sentido transcrito
y con la finalidad de evitar toda arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional y garantizar la plena efectividad de
los
derechos
individuales.
Los
mecanismos
de' control
trascienden igualmente las fronteras nacionales (TEDH), por lo que es ya posible afirmar que en lo que a nuestra área cultural afecta, el nivel de garantlas es, mutatis mutandis, igual. y cabe también pensar que la tendencia iniciada aspire, y ello parece 16gico, al establecimiento a nivel mundial y en el ámbito que nos ocupa de
los mecanismos necesarios para hacer efectivos los
derechos que de momento cuentan con un mero enunciado ideal y, en muchos casos, inútil. La
concreci6n
corresponde,
y
de
los
volvemos
al
contenidos
generales
ordenamiento
mencionados
español
y
a
las
instituciones que delimitan el modo en el que se realizará el proceso penal, a los siguientes principios técnicos derivados del principio de necesidad:
1. principio de oficialidad
53 Vid., en este sentido, RAMOS MENDEZ F., El proceso penal; Lectura constitucional, Barcelona 1993, pp. 3-18. 50
El principio del proceso debido Estamos ante un proceso en el que rige el principio de oficialidad cuando "la persecución penal es promovida por órganos del Estado"~. Su transcripción revela que este principio es una consecuencia contenido,
del
principio
significará
que
de
necesidad,
y
no
va
la
a
ser
en
cuanto
voluntad
a
su
de
un
particular sino el deber de un órgano jurisdiccional o de un órgano público del Estado habilitado para la defensa de los intereses colectivos inicio de
(Ministerio Fiscal),
la actividad jurisdiccional,
y
lo determinante del ello no en base a
criterios de conveniencia u oportunidad sino sujetos al principio de
legalidad
(razón
de
la
estrecha
relación
a
la
que
anteriormente hacíamos referencia); es decir, que actuarán dados los presupuestos de hecho determinados por la l ey55. La determinación de la materia que constituirá el objeto del proceso no queda tampoco en manos de los particulares, sino que quedará automáticamente fijada dados los hechos tipificados como delito o falta que constituyen directamente el objeto del proceso necesario;
sin que con respecto a
pretensión añadida.
ellos deba plantearse una
Es por ello que no podemos
entender
la
congruencia en un proceso de este tipo de igual manera que en los procesos en los que rige el principio dispositivo; de tal manera que al no poder las partes disponer del objeto del proceso, en
54 BAUMANN J. Derecho procesal penal. Conceptos fundamentales y principios procesales, Buenos Aires 1986, pp. 42-48. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 511-514. 55 Sobre la presencia de manifestaciones del principio de oportunidad en el proceso penal, vid. DE LA OLIVA/ARAGONESES/ BINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 20-27. 51
Iñaki Esparza Leibar el sentido que avanzábamos, el órgano jurisdiccional no estará vinculado
por
las
peticiones que
las
partes
realicen,
sino
únicamente por los hechos que constituyen el objeto del proceso y
por
la
persona
del
acusado,
independientemente
de
la
calificación jurldica que las partes realicen sobre los mismos; que podrá coincidir con la apreciación del órgano jurisdiccional pero no forzarle a ser congruente con ella~. Lógico corolario de lo que venimos exponiendo, y como una consecuencia más de la indisponibilidad por las partes del objeto de un proceso en el que se estén enjuiciando intereses públicos, concluiremos
que las mismas, ninguna de ellas, podrán poner fin
al
Asl,
proceso.
el
abandono
del
proceso
por
el
acusador
particular no supondrá el fin del mismo de la misma manera que el allanamiento del imputado 10 implicará; ello por imperativo del principio de legalidad al que habrán de ajustarse en su actuación tanto el
órgano
jurisdiccional como
el Ministerio
Fiscal. El
sistema
ordenamiento
procesal
español
y
en
que que
queda se
constituido
encuadra
el
por
principio
el de
oficialidad, es el denominado sistema acusatorio formal (hlbrido entre
los
clásicos
sistemas
inquisi ti vo
y
acusatorio
cuyos
caracteres predominan respectivamente en la fase sumarial y de juicio oral del ordenamiento español),
cuyas manifestaciones
56 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I,
Pp. 511-512.
52
---
\!
El principio del proceso debido son 57 : En la fase sumarial, el proceso puede iniciarse de oficio, por el ejercicio de la acción popular, por querella del ofendido y finalmente por querella del Ministerio Fiscal. En la fase de
juicio
el
oral,
sentenciador58 ,
juez
instructor
será precisa
no
podrá
la existencia de
actuar
como
acusación paLa
poder iniciar el juicio oral y dicha acusación no deberá ser formulada ni por el juez (aqui
cobra
relieve
instructor ni por el juez sentenciador
la
figura
ajustándose al principio de cualquier
del
Ministerio
Fiscal,
que
legalidad formulará y sostendrá
acusación sobre hechos que revistan caracteres de
delito, independientemente de la actuación que los particulares realicen al respecto). Mediante la acusación se determinará el objeto
del
proceso,
tanto
consti tuti vos del delito,
las
personas
como
los
hechos
pero no quedará establecida ni
la
definitiva calificación juridica de los hechos ni la pena que se impondrá por los mismos. La realidad ofrece tras la reconversión en uno sólo de
los
tres procedimientos existentes por delitos menos graves (los dos de urgencia noviembre),
de
la LECr.
y
el
de
la
LO.
10/1980,
de 11 d.e
llamado "procedimiento abreviado para determinados
57 Vid. MONTERO AROeA J. El princ1P10 acusatorio. Un intento de aclaración conceptual, Justicia 1992, n Q IV, pp. 775-788. ALMAGRO NOSETE J. Consideraciones de Derecho Procesal, Barcelona 1988, pp. 226 Y ss. 58 Vid LO 7/1988, de 28 de diciembre, de los Juzgados de lo Penal. En particular lo relativo al derecho a un Juez imparcial, en su preámbulo. 53
Iñaki Esparza Leibar delitos"",
una
esencial
adecuación
de
la
misma
con
los
caracteres propios del sistema acusatorio formal ya transcritos; y ello sin excepciones ya que el juicio de faltas,
en el que
predominaba el sistema inquisitivo, ha sido adecuado a través de la jurisprudencia del TC a las exigencias derivadas de Id
~h~.
2. Principio de investigación oficial
Evidente y necesariamente relacionado con el principio de oficialidad, y en la materia relativa a las facultades materiales de dirección del proceso, se trata en este momento de determinar a
quién
corresponderá
dentro
de
un
proceso
"necesario"
la
aportación de hechos y de pruebas que constituirán el concreto objeto del proceso. Pues bien, en el caso de que sea el principio de investigación ofocial el que rija a los efectos antedichos, la dirección material del proceso estará a
cargo del órgano
jurisdiccional, y ello entendido en el marco general de vigencia del
principio
de
contradicción,
que
en
páginas
anteriores
considerábamos como propio de todos los procesos existentes en 59 vid. LECRIM, arts. 779 y ss. La Ley 10/1992 de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal introduce en el procedimiento abreviado la posibilidad, bajo determinadas circunstancias, de acelerar las actuaciones, sin con ello crear un nuevo proceso. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, t. 111, proceso penal, p. 603 Y ss. 60 STC 54/1985, de 18 de abril; STC 6/1987, de 28 de enero; STC 225/1988, de 28 de noviembre. Para la regulación del procedimiento para el juicio sobre faltas reformado por la Ley 10/1992 de 30 de abril, vid. Arts. 962 a 964 y 966 a 977 LECrim. En general, sobre el principio de oficialidad, vid. KERN/ROXIN Strafverfahrensrecht, 14~ Ed., München 1976, pp. 54-57. vid, BAUMANN J. Derecho procesal penal, op. cit., págs. 74 y ss., en lo referente al "principio de instrucción". 54
El principio del proceso debido el ordenamiento español. Esta matización supondrá que el órgano jurisdiccional tendrá efectivamente a su cargo la llevanza de la dirección
material
del
proceso,
pero
no
con
carácter
exclusividad, dado que aunque sea asi principalmente,
de
siempre
existirá para las partes la posibilidad de realizar alegaciones o proponer y practicar la prueba que sea pertinente, aunque la actividad que realicen en tal sentido ni vincula ni limita
la~
facultades del órgano jurisdiccional en cuanto a la dirección material del proceso61 • La manifestación del principio del que nos ocupamos
es
diversa según se analice la fase sumarial o la fase.del juicio ora162 • En la primera de ellas, articulo 299 en relación con el articulo 303.1 ambos de la LECrim., el Juez instructor actúa sin limi taciones,
no estará vinculado ni por
las propuestas del
Ministerio Fiscal ni por aquellas que pueda realizar cualquiera de
las
partes personadas que
podrá
rechazar por
inútiles o
perjudiciales, y tampoco quedará vinculado por la admisión de hechos de los acusados, articulas 311, 312 Y 406 ambos LECrim. Tampoco se limita en esta fase el objeto de la acusación, por lo que el órgano jurisdiccional carecerá de limites temáticos e
instrumentales,
posibilidad
que
parece
desprenderse
con
claridad del articulo 315 párrafo 11, LECrim. En relación a
la segunda,
y principal,
fase del proceso
denominada juicio oral en nuestra ley, nos encontramos con que
61 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 518-519. 62 FENECH M. El proceso penal, Madrid 1982, págs. 15 y ss. 55
Iñaki Esparza Leibar el objeto del proceso queda determinado por la acusación, y la actividad principal se centra en la proposición y práctica de la prueba para la comprobación de los hechos fijados por las partes e inalterables por el órgano jurisdiccional; LECrim.,
El articulo 729
aunque establecido como excepción, permite al 6rgano
jurisdiccional
en
su
número
2 12
practicar
de
oficio
"las
diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, que el Tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación". La posibilidad transcrita se establece como excepción al
contenido del
articulo
728
LECrim.,
en el que
expresamente se contempla que corresponde exclusivamente a las partes la proposición de medios de prueba concretos~. El órgano jurisdiccional tiene, además de la posibilidad de practicar
las
pruebas
que
estime
prerrogativas,
"cuando
asi
lo
necesarias,
considere
determinadas
conveniente" ,
para
intervenir modificando aspectos no sustanciales en la práctica de la prueba propuesta por las partes, v.gr., articulos 701.5 y 6, 708.2 LECrim.
Los
ej emplos
citados
además
de
otros de
contenido más
general (principalmente articulo 683 LECrim.), no son sino una manifestación de que en el proceso penal español la vigencia del principio de investigación oficial es plena y necesaria~. 63 MONTEROIORTELLSIGOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, op. cit.,
t. 111, pp. 345-349. ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento criminal, Pamplona 1993, pp. 398-400. 64 BETTIOL G. Instituzioni di diritto e procedura penale, Padova 1973, págs. 247 y ss., referentes al principio de declaración de
la verdad, en relación con el principio de investigación oficial. 56
--El principio del proceso debido 3. Control de los presupuestos procesales e impulso procesal
Teniendo en cuenta las precisiones que fueron realizadas al pero con respecto d
tratar esta misma materia,
los proc0sos
informados por el principio especifico de oportunidad,
en el
sentido de considerarla técnica, y básicamente desvinculada del derecho material ventilado en el proceso, y atendiendo también a la pérdida de vigencia de la tradicionalmente clara distinción de las manifestaciones de las facultades procesales de dirección en los procesos regidos por el principio de oportunidact y en los regidos por el de necesidad, veremos a continuación la forma en la
que
el
ordenamiento
español
concibe
dichas
facultades
procesales de dirección en relación con el proceso penal. Por lo que al control de los presupuestos procesales atañe, el deficiente planteamiento de la LECrim. y las disposiciones recogidas en los articulos 144 y 742, en el sentido de que las sentencias
habrán
de
ser
condenatorias
entendiéndose estas últimas como
o
absolutorias,
libres en todos
los casos,
establecieron una dinámica en la que, por considerar excluidas las
sentencias de
contenido meramente
procesal,
los
órganos
jurisdiccionales optaban por la absolución o condena en los casos de falta de algún presupuesto procesal, creándose una disfunción dificilmente justificable, pero con la posibilidad de encontrar
57
Iñaki Esparza Leibar cobertura en las citadas rigidas disposiciones, con lo que ello supone de consagración de una situación absurda~. La
solución
del
problema
expuesto
viene
dada
por
vía
jurisprudencial en primer lugar, siendo posteriormente recogidas sus declaraciones Y plasmadas en el ordenamiento; asi el art1<culo 238.1 Q Y 240.2, ambos de la LOPJ, a tenor de los cuales podrá el
órgano jurisdiccional de oficio y previamente a' la sentencia declarar
la
nulidad
realizadas
sin
procesales,
y
la
de
las
actuaciones
concurrencia
dicha
de
posibilidad
los vale
cuando
debidos tanto
hayan
sido
presupuestos
para
el
juez
instructor como para el juez sentenciadorM • Por
lo que respecta al
alternativa impulso
tradicionalmente
oficial,
a
lo
que
impulso procesal y aplicable67 , añadiremos
conocida la
impulso de las
parte
o
consideraciones
realizadas en sede del proceso "oportuno", ratificadas por las más importantes reformas 10/1992,
de 30 de abril),
(Ley 34/1984,
de 6 de agosto y Ley
llevadas a cabo en la LEC.
en el
sentido de caracterizar la materia a examen como desvinculada del derecho
material
actuado,
es
decir,
considerándola
como de
técnica procesal. Nos queda exponer la situación efectiva de los
65 STS de 2 de marzo de 1990 (RA 2321).
66 MONTERO AROeA J. Presuouestos procesales y nulidad de actuaciones en el proceso penal. (Evolución jurisprudencial), Justicia 1981, pp. 245-253. vid. en relación con el proceso abreviado el arto 793.2 LECrim. 67 vid. FAIREN GUILLEN V. Estudios de Derecho Procesal, Madrid 1955, págs. 260 y ss. En ellas elabora una genérica separación entre diversos tipos de procesos partiendo del predominio de la actuación directiva y de las facultades en el proceso del Juez o de las partes. 58
El principio del proceso debido diversos procesos, excluido el civil, puesto que ya fue analizado en momento oportuno, aunque debemos en este punto insistir en que el
impulso
de
oficio
es
el
principio
común
a
los
procesos
existentes en todos los órdenes jurisdiccionales, y ello como culminación de una tendencia cuyo advenimiento ha sido largamente esperado por dar la solución más adecuada y correcta en esta materia, Y que equivocadas concepciones privatistas en relación a la actividad jurisdiccional han retardado notoriamente68 • En cuanto al proceso laboral, no cabe duda de la vigencia del impulso oficial: así lo establece el articulo 52.1 de la LPL vigente, procedente de lo establecido por la base duodécima de la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral. Además hay que tener en cuenta el carácter supletorio de la LEC. con respecto a
la LPL,
y
relacionarlo con lo dicho sobre el
artículo 307 LEC69 • situándonos ahora en el proceso Administrativo, cabe decir sobre él lo mismo que se ha afirmado respecto al proceso civil partiendo
de
las
consideraciones
allí
realizadas
y
de
la
constatación de que "la jurisdicción contencioso-administrativa no es esencialmente distinta de la jurisdicción civil", es decir y a los efectos que ahora nos interesan, la vigencia absoluta del
impulso oficial; así, artículo 121 LJCA. de 1956, actualmente en vigor70 •
68 Vid. artículos 237 y 288 LOPJ, y artículo 307 LEC, procedente de la reforma de 1984. 69 MONTERO AROCA J. El proceso laboral, op. cit., v. I, p. 91. 70 CaRDaN MORENO F. La legitimación ••• , op. cit., p. 58. 59
Iñaki Esparza Leibar Finalmente ordenamiento necesidad,
volvemos
español
es decir,
sobre
el
responde
único
al
proceso
principo
que
en
específico
al proceso penal sobre el que,
el de
y en la
materia que nos ocupa, observamos que la vigencia del principio de impulso oficial es indudable (vid., en general, artso 237 y 288 LOPJ y específicamente v.
gr.
arto
215 LEcrim.),
si bien
existe alguna excepción, sin que tenga mayor trascendencia en el cómputo general del proceso,
(v.gr.art. 275 LEcrim.)TI.
4. sistema de valoración libre de la prueba'
El
proceso
penal
viene
beneficiándose
a
lo
largo
de
prácticamente dos siglos de la ausencia de reglas de valoración legal en su seno, y ello sin resistencias perceptibles aun cuando la prueba tiene una
importancia capital dentro del proceso,
constituyéndose como el acto central del juicio alrededor del que giran sus sesiones; La importancia de lo afirmado radica en las deducciones que ello nos permite realizar en favor de un sistema de
libre
valoración para
aquellos en los que rige emplazan
derechos
todo
tipo
de procesos,
ya
que
en
(que son los procesos en los que se
fundamentales),
funciona
y
funciona
bien,
resultando sus exigencias más acordes con la "tutela efectiva"
71 La única razón que nos ha impulsado a referirnos en este punto a todos los órdenes jurisdiccionales (sus procesos), rompiendo con la metodología anterior, es la de abundar en nuestra idea de que la eficacia en las materias técnicas puede alcanzarse mediante idénticas soluciones, incluso en procesos en los que se analicen pretensiones basadas en derechos de diversa naturaleza. 60
El principio del proceso debido preconizada por la CE. en su artículo 24.1, que las derivadas del sistema de valoración legal72 • El
sistema del que nos
ocupamos se caracteriza por dos
elementos principales, uno de ellos es el fin que se pretende con respecto a cada uno de los procesos en los que rige, que estariQ constituido por la verdad material o realn , para lo que se dota al órgano jurisdiccional de las prerrogativas a las que hacíamos referencia bajo el epígrafe "principio de investigación oficial". El otro elemento principal del sistema denominaremos
metodológico,
convencimiento
del
juez.
que
lo constituye el que
consiste
Fijándonos
en
lo
el
en qu~
al
libre
respecto
establece el ordenamiento español para el proceso penal en el que de forma absoluta rige el sistema de la libre valoración de la prueba,
resalta
elemento.
sistemática,
diversidad de
mientras
Así
aprehensible
la
por el
el
medio segundo
tratamiento
primero
de
se
una
de
entiende
razonada
elemento,
uno y
implícito y
interpretación
referente
lo
otro
al
libre
convencimiento, sí aparece recogido en varios artículos de la LECrim., aunque con diversas formulaciones. En este sentido, el artículo
717
habla
de
las
"reglas
del
criterio
racional",
72 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, pp. 526-528. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 111, pp. 337-340. ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento criminal, op. cit., pp. 417-421. vid. arts. 717 y 741 LECrim. 73 RAMos MENDEZ F.
El proceso penal,
op.
cit.,
pp.
356-361-
P~IETO CASTRO/GUTIERREZ DE CABIEDES Derecho Procesal Penal, op.
clt., p. 236. LORCA NAVARRETE A. Madrid 1986, págs. 202 y ss. 61
M.
Derecho Procesal Penal,
Iñaki Esparza Leibar mientras que en el articulo 741 se alude a una valoración "según su conciencia" del Tribunal. La dicción literal de dichos articulos, en particular la del articulo 741, junto con el mal uso que en la práctica se ha hecho de ellos, no pueden llevarnos a pensar que la libertad del juez en la apreciación de la prueba conduzca inexorablemente a degeneración que significa la arbitrariedad.
la
"También el juez
debe respetar los limites de un juicio sensato,,74, y no solamente aquellos limites, sino que el propio ordenamiento, articulará los mecanismos objetivos que para ello sean precisos,
en nuestro
caso, articulo 849.2g LECrim. con la consideración de infracción de ley y LECrim.
a
efectos de recurso de casación;
que
igualmente
quebrantamiento adecuadamente
de
forma
como
por
abre
la
tanto no
vía
por
de
no
hacerlo
en
articulo 851. 2g la
fundar
casación la
absoluto.
por
sentencia Existen
simultáneamente fuera de la LECrim. disposiciones encaminadas directa o tangencialmente a la proscripción de la arbitrariedad amparada en la libre valoración: así y respectivamente, artículo 120.3 CE. Y artículo 24 del mismo cuerpo normativo; al respecto,
cabe la posibilidad de fundar
el
recurso de casación en
la
infracción de algún precepto constitucional, arto 5.4 LOPJ.
C. Los principios del procedimiento
74 BAUMANN J. Derecho procesal penal •.. , op. cit., págs. 119 y ss. GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal alemán introducción y normas básicas, Barcelona 1985, pp. 51-53. ROXIN/ARZT/TIEDEMANN Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal, Barcelona 1989, pp. 149-151. 62
El principio del proceso debido Entendido el concepto de procedimiento en el sentido que avanzábamos en páginas anteriores, como actividad externa y más o menos formal, debemos en este momento atender a una concreta especie
dentro
denominaremos
del
género
procedimiento
procedimiento.
Esta
jurisdiccional,
especie,
tiene
un
que rasgo
distintivo fácilmente identificable respecto de la generalidad: se trata proceso.
de
la
influencia
En otras palabras,
del
mismo
en
la
efectividad del
nos encontramos ante un tipo de
procedimiento caracterizado por darse exclusivamente dentro del ámbito de la jurisdicción, y precisamente por ello dotado de cierta relevancia con respecto al proceso, determinando dentro del mismo la ausencia o no de algunas garantias básicas de los sujetos del proceso. No se trata entonces de un procedimiento neutral,
sino
que
puede
ser
considerado
(el
propio
procedimiento), como una garantia más del proces07S • Realizamos ahora una aproximación al ordenamiento español, situándonos en el punto de partida para examinar la cuestión que nos ocupa. Establecido que el sistema español, como en la prática totalidad de los casos, corresponde al denominado de legalidad de las formas procesales (vid. articulo 1Q tanto de la LEC como de la LECrim), que exige el cumplimiento de determinadas formas a las que deberán ajustarse tanto los solicitantes como los
75 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, Pp. 529-548. FAIREN GUILLEN V. Doctrina general .•. , op. cit. pp. 395 Y ss. RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal ... , op. cit., pp. 341 Y ss. ALMAGRO/GIMENO/CORTES/MORENO Derecho Procesal. Parte ~eneral •.. , op. cit., pp. 313 Y ss. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso ~enal, op. cit., pp. 36 Y ss. 63
Iñaki Esparza Leibar impartidores de justicia, y mediante las cuales se alcanzan unos aceptables niveles de certeza, de seguridad. Dentro ya del sistema de legalidad de las formas procesales y apercibidos del alternativa escritura,
se
riesgo que
presenta
en
supone el mero
la
actualidad
formalismo,
entre
la
oralidad
y
ya que históricamente esta última ha prevalecido
claramente;
Cuando
hacemos
referencia
a
la
alternativa
transcrita, se hace preciso realizar ciertas matizaciones: asi el procedimiento será escrito u oral cuando el material fáctico y la pretensión sean aportados al amparo de una de estas formas
ante
el
OJ
sentenciador,
asi
la
oralidad
o
la
escritura
prevalecerán pero niguna de estas dos modalidades resultará práctica si se aplica de modo absoluto y rígido. otra precisión hace referencia a que decidido un sistema por una de las dos alternativas posibles, deberá naturalmente recoger los principios lógicamente derivados de cada una de ellas, ya que de la efectiva existencia de todos ellos dependerá el que un procedimiento sea escrito u oral, debiendo atender al conjunto del procedimiento en
lugar
de
a
concretas
partes
del
mismo,
por
básicas que
resul ten76 •
1. Escritura y sus principios consecuencia
Como se ha dicho anteriormente, sistema
hegemónico
hasta
nuestros
la escritura ha sido el
días.
Tal
longevidad
"ha
76 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, Pp. 531-533. 64
El principio del proceso debido permitido precisar hasta los más pequeños detalles de esta forma procedimental", encontrándonos en nuestros días con un sistema perfectamente estudiado, sólido y extremadamente minuciosoTI , lo que conducirá a un predominio absoluto de la forma escrita en todo tipo de actos procesales llegándose a una hipervaloraci6n de lo escrito, al establecer que el juez no podrá, para diccar sentencia, emplear otros materiales fuera de lo documentado en los autos. En el ordenamiento español, el sistema de la escritura ha sido
(y
sigue
siéndolo) ,
preferente
dentro
del
orden
jurisdiccional civil, y ello a pesar de lo establecido en el artículo 120.2 CE, en el sentido de establecer un procedimiento predominantemente ora1 78 • Quizá como consecuencia del mandato constitucional, aunque no como cumplimiento del mismo, la reforma de la LEC efectuada en 1984 introduce alguna posibilidad de oralidad por medio de una doble operación. Así consagra el juicio declarativo ordinario de menor cuantía como juicio tipo
(en detrimento del rigido y
formalista juicio declarativo ordinario de mayor cuantía), simultáneamente introduce en aquél
la
llamada
y
comparecencia
obligatoria (tras los actos iniciales de alegación, naturalmente escritos), que se tramita por medio de un procedimiento oral, con inmediación del juez (cuando menos teórica), y con todas las
77 PRIETO CASTRO L. Estudios y comentarios para la teoria y la procesal civil, v. I, Madrid 1950, pp. 75 Y ss.
~ráctica
78 ALMAGRO NOSETE J. consideraciones ••• , op. cit. pp. 249 Y ss. 65
Iñaki Esparza Leibar características propias de un procedimiento oral (arts. 691-693, LEC) . Aparte
de
lo
ya
dicho,
los
procedimientos
ordinarios
restantes en materia civil no son sino la concreción de diversas opciones posibles dentro de un único sistema informado por el principio de escritura; Tal es el caso del juicio verbal y del juicio de cognición. Respecto de la jurisdicción contencioso-administrativa, es de constatar que
las concesiones a
la oralidad son aún más
reducidas que en el caso anterior, siendo hasta tal punto central el principio de escritura, que es perfectamente posible llevar a cabo un procedimiento de esta índole enteramente por escrito, ya que la única excepción es opcional, pues según el arto 76.1 LJCA, "habrá lugar a la celebración de la vista cuando lo pidan las dos partes o el Tribunal lo estime necesario.", opción que raramente se produce en la práctica, y cuya solicitud por las partes deberá hacerse en todo caso,
artículo 76.2 LJCA,
por
escrit079 • Analizaremos
ahora
brevemente
los
principos
que
hemos
denominado "consecuencia" de la escritura, y que junto con ésta conforman todo sistema en el que rige el principio de escritura.
a. Principio de mediación
79 La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), no aprovecha la oportunidad de modificar este aspecto de la LJCA ajustándolo al mandato constitucional. 66
El principio del proceso debido Más que un principio inspirador, nos hallarnos aqui ante una consecuencia no deseada, derivada o en todo caso favorecida por la escritura, y decirnos no deseada ya que a través de ella se ha conseguido proceso,
un
extraordinario
alargamiento
en
el
tiempo
además de otros resultados tan perjudiciales
del
(y que
suponen una quiebra del sistema de garantias que preside el ordenamiento
español),
corno
el
desinterés
del
juzgador
por
materias que anticipadamente sabe pueden no corresponderle sino en alguna concreta fase procesal aislada. sin embargo a nivel teórico se contempla la oralidad en las fases
fundamentales
del proceso
Casi el articulo
229.2
LOPJ
establece la práctica de toda actividad probatoria ante el Juez e igualmente la LEC. articulos 573 y ss., con lo que se reconoce implicitamente el valor de la inmediación), a pesar de todo ello y en la realidad la práctica de la prueba no se realiza, por diversas causas, ante el Juez, que sólo las conocerá a través del acta que reflejando su práctica sea redactada. Y es que dentro de un procedimiento fundamentalmente escrito no parece que la oralidad establecida para alguna de sus fases goce de las mejores condiciones para su normal desarrollo, y menos aún en el caso de que ello suponga una mayor cantidad de trabajo en un sistema tradicionalmente sobrecargado w .
b. Dispersión y preclusión
80 FAIREN GUILLEN V. Estudios ... , op. cit., pág. 265. Vid. PRIETO CASTRO L. Tratado ..• , op. cit., § 6, pp. 639 Y ss. CORTES DOMINGUEZ V. (coordinador), Comentarios a la reforma de la Ley
~e Enjuiciamiento Civil, Madrid 1985, págs. 525 y ss.
67
Iñaki Esparza Leibar otra de
las consecuencias al parecer
procedimientos
escritos
es
ineludible en los
la dispersión de
las
actividades
procesales en el tiempo, y ello tanto si la dispersión se deriva de la regulación legal (v.gr. el juicio declarativo ordinario de mayor cuantía es un modelo de dispersión, artículos 524 y ss. LEC),
como
si
la
propia
regulación
legal
establece
la
concentración, como es el caso del juicio verbal, artículos 715 y ss.
LEC.
De lo que parece deducirse que la dispersión es
consecuencia directa e inevitable de la escritura8t • La dispersión encuentra cabida en un proceso dividido en diferentes fases que a su vez deben observar un orden de sucesión lógicamente
concebido para
alcanzar el
fin
del
proceso.
La
existencia de éstas "unidades de tiempo computadas en plazos" aconseja el establecimiento de algún mecanismo que impida la anarquía procedimental y simultáneamente estimule la ordenada progresi6n del procedimiento con unos razonables márgenes. Esto nos lleva al principio de preclusi6n que,
y en palabras del
Tribunal Supremo, "impone la carga de aprovechar libremente las oportunidades procesales en el término que tienen señalado para su producci6n,,82, de tal suerte que el no realizar una actuación concreta
en
el
tiempo
establecido
al
efecto
supondrá
la
imposibilidad de realizarla posteriormente, artículo 306.2 LEC.
81 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, 541-543. PRIETO CASTRO L. Tratado ••. , op. cit., t. 1, pp. 546-547.
Pp.
82 STS de 16 de octubre de 1975 (RA 3597) Y STS de 13 de febrero de 1978 (RA 551). 68
El principio del proceso debido Como consecuencia de la preclusión y como causa a su vez de extraordinarias alegaciones,
rige el principio de acumulación
eventual, única forma dentro de un sistema en el que rija la preclusión,
para que las partes acumulen en cada una de las
fases, en las que ello sea posible, todos los medios de defensa de que disponen de manera que todos ellos puedan ser sucesiva y eventualmente analizados por el órgano jurisdiccional (articulo 687 LEC.).
El temor derivado de
la preclusión produce en la
práctica abusos que en definitiva no contribuyen a la eficacia del proceso. El sistema caracterizado por la dispersión, la preclusión
y
la
acumulación eventual,
ordenamiento
español
y
tiene
plena
concretamente
vigencia
en
los
dentro
del
procedimientos
establecidos por la LEC. Y la LJCA83 •
c. Secreto
El secreto es otra de las consecuencias de la escritura que podemos
calificar
de
no
deseadas,
y
ello
en
base
a
las
disposiciones legales existentes tanto en la CE., articulo 120.3, como en la LOPJ., artículo 232, como final y específicamente para el procedimiento civil en la propia LEC., articulos 313, 364, 570 y otros que disponen la publicidad como regla general.
La no
puesta
en
en
referente
práctica de al
las
mencionadas civil
procedimiento
disposiciones,
y
al
lo
"contencioso"
83 MONTERO¡ORTELLS/GOHEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1, Pp. 541-543. PRIETO CASTRO L. Tratado ••• , op. cit., t. 1, p. 547. 69
Iñaki Esparza Leibar administrativo, o mejor aún su inoperancia de cara a lograr un procedimiento público (entendido para terceros no relacionados con el proceso), es debida a la imposibilidad de una publicidad real en un procedimiento escrito M •
2. Oralidad y sus principios consecuencia u
La vigencia del principio de oralidad supondrá que, carácter general,
con
"únicamente lo que de palabra se aporte al
proceso puede ser valorado por el juez y tenido en cuenta en la resolución final"u. Debemos comenzar señalando que desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, la oralidad goza de un tratamiento preferente como principio inspirador de todos los procedimientos. Así lo establece en su articulo 120.2, y dentro de la citada preferencia
se
acentúa
la
misma
respecto
del
procedimiento
84 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, pp. 543-544. RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal ••• op. cit., págs. 346 y ss. RAMOS MENDEZ F. Para un proceso civil eficaz, Bellaterra 1982, págs. 17-18. CARNELUTTI F. Derecho procesal ••. , op. cit., págs. 173 y ss., en particular concepto y alcance de la inmediación. ALMAGRO NOSETE J. consideraciones .•• , op. cit. pp. 251-252. 85 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, pp. 533-538 Y 544-548. GOMEZ COLOMER J. L. en ROXIN/ARZTI 'l'IEDEMANN Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal, op. cit., pp. 235-236.GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal •.• , op. cit., pp. 218 Y ss., § 23. CHIOVENDA G. Principios de Derecho Procesal civil, Madrid 1977, T. II, pp. 132 Y ss., § 44. CARNELUTTI F. Derecho Procesal. .• , op. cit., pp. 175 Y 176. DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho ~rocesal Penal, op. cit., pp. 44-48 Y 606. 86 PRIETO CASTRO L. Tratado ••• , op. cit., t. I, p. 540. MONTERO AROCA J. El proceso laboral, op. cit., t. I, pp. 91-96. 70
El principio del proceso debido criminal.
La
expresión de
reafirmada en la LOPJ. limitándose
aquella voluntad queda renovada
de 1985,
únicamente
a
que amplía oralidad
la
y
la referencia no sino
incluyendo
explícitamente la inmediación y la publicidad, artículos 229 y ss., con la
~lpo
pretensión de hacerlas extensivas a todo
de
procedimientos 87 • Los
motivos
de
la
preferencia
por
la
oralidad
son
posiblemente variados, pero nosotros nos inclinamos a pensar que el fundamental de entre ellos sea que un procedimiento en el que rija la oralidad (y naturalmente sus principios consecuencia), es
con
notoria
diferencia
más
apto
para
obtener
la
tutela
efectiva a que se refiere la propia CE. en su articulo 24.1, y específicamente más adecuado para articular un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE.). El hecho de que ordenamiento
español
existan en
la actualidad y
procedimientos
poco
dentro del
ajustados
a
estas
directrices, como los expuestos en el capítulo anterior, obedece a diversas causas,
y
básicamente a
entre la norma y la realidad,
la tradicional disfunción
a lo que hay que añadir que la
efectiva aplicación de la oralidad supone un mayor costo, no sólo económico, y la ruptura con una práctica asentada~. La oralidad en los procedimientos como alternativa a escritura,
toma
realmente
cuerpo
mediado
el
s.
la
XIX,
87 GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., p. 37, donde afirma que el principio de oralidad "tiene la ventaja de favorecer la inmediación, la concentración y la pUblicidad.". 88 MONTERO/ORTELLSIGOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. 1,
Pp. 544-548.
71
Iñaki Esparza Leibar principalmente en paises del área germánica y en relación tanto a procedimientos penales corno civiles. Las ventajas que aporta la
oralidad
son
consideradas
no
sólo
corno
meramente
metodológicas, en palabras de Rosenberg "la oralidad tiene la ventaja de la mayor claridad y energia, agilidad y naturalidao de la exposición", sino que se valora igualmente su trascendencia con
respecto
al
proceso,
su
faceta,
a
la que
aludiamos
al
comienzo de esta parte, de garantia de un proceso eficaz. Asi, "La posibilidad, más fácil de adaptación al caso particular; la eliminación
de
malas
interpretaciones;
el
complemento
y
aclaración de la materia procesal ••• ,,89. El objetivo de un procedimiento en el que la oralidad sea plena es sin embargo utópico. Tal y como adelantamos, se habla de prevalencia y no de plenitud, pero la oralidad si debe darse en las fases decisivas del procedimiento, en el "juicio oral", ya que sólo de un debate oral puede el órgano jurisdiccional obterner la convicción. En
la
regulación
positiva
española
dos
son
los
procedimientos que podemos afirmar responden al principio de oralidad: El establecido por la LECrim para el proceso penal, en particular la regulación del juicio oral articulos 680
y ss.,
además del procedimiento laboral para el que la LPL diseña un procedimiento establecido en
oral;
en
este
la Ley 7/1989,
punto de
12
debemos de abril,
mencionar de Bases
lo de
Procedimiento Laboral, y concretamente en su Base decimosexta, 89 ROSENBERG L. Tratado ••• , op. cit., pp. 394 Y ss. SCHONKB A. Derecho Procesal Civil, op. cit., pp. 42 Y ss. CAPPBLLBTTI M. La ~ralidad y las pruebas en el proceso civil, Buenos Aires 1972. 72
El principio del proceso debido apartado
primero,
en
el
que
se
enuncian
los
principios
inspiradores del futuro "proceso", que posteriormente incorpora el nuevo texto articulado de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral (521/1990, de 27 de abril), en su arto 74., entre los que se cuenta la oralidad, además de los principios consecuencia de inmediación Y concentración y el de carácter más novedoso, aunque lógicamente derivado de un procedimiento oral, de celeridad~.
a. principio de inmediación
El proceso se desarrollará ante el juez sin la mediatización de
elemento
intelectiva
alguno91 • posible
El
obj eti vo
entre
el
es
órgano
alegaciones de las partes por un lado,
la
mayor
aproximación
jurisdiccional
y
las
y la práctica de las
pruebas por otro (vid. articulos 688 y ss. LECrim). El mecanismo que se articula para la real consecución de los citados obj eti vos consiste en la suspensión del juicio oral cuando algún miembro del Tribunal no pueda seguir tomando parte en el mismo, articulo 746.4 LECrim, debido a los inconvenientes que comporta para la
90 Art. 74. 1 LPL "Los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso laboral ordinario según los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad". Por lo que al proceso penal concierne, vid. MONTERO AROCA J. El principio de oralidad y su práctica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, Justicia 1983, pp. 263-308. ESCUSOL BARRA E. Manual .•. , 0p. cit., pp. 130 Y 131. 91 CARNELUTTI F. Trattato del processo civile, Napoli 1958, pp. 151 Y ss. CARNELUTTI F. Derecho Procesal ... , op. cit., pp. 173 Y 174. CHIOVENDA G. Derecho Procesal civil, T. II., Madrid 1922, Págs. 196 y ss. CHIOVENDA G. Principios •.• , op. cit., pp. 182 Y ss., § 46. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., p. 37. 73
Iñaki Esparza Leibar defensa del interesado; e incluso el dejar sin efecto parte del juicio, cuando la suspensión es excesivamente prolongada, para volver a ser realizada con las debidas garantías, artículo 749 LECrim.
No
es
solamente
garantizar sino algo más,
la
inmediación
lo
que
se
pretende
que es la imposibilidad de que se
produzcan cambios entre los miembros del Tribunal, circunstancia que debemos entender como exigencia de la inmediación y como garantía del justiciablen • También puede ser entendida la inmediación en otro sentido además del ya señalado de producción de los materiales de hecho fundamentales para la resolución final del proceso directamente ante el juzgador,
dicho segundo sentido supondrá entender el
principio de inmediación "como utilización del medio de prueba más directo,
con exclusión de pruebas
de
segunda
o
tercera
mano. ,,93. En la LPL.
el tratamiento es similar estableciéndose el
mecanismo que garantiza la inmediación en su arto 74.1 del téxto vigente, procedente de la Base vigésima NQ 1 de la mencionada Ley de Bases de Procedimiento Laboral.
b. concentración/Celeridad
92 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, Pp. 534-535. PRIETO CASTRO L. Tratado .•• , op. cit., t. I, pp. 543-546. GOMEZ COLOMER J. L. Paralización del procedimiento, NEJ 1986, t. XVIII, pp. 848-877. 93 GOMEZ ORBANEJA/BERCE QUEMADA Derecho procesal penal, op. cit., § 12, p.
123.
74
El principio del proceso debido "La LECrim tiene el propósito de que rija el principio de la concentración y de unidad de la vista y por tanto, que todas las actuaciones del juicio se concentren en una sesión y, fuera inevitable, en varias
próximas"~
si
(vid. articulos 744 y 746
LEcrim). Igualmente la LPL, arto 74.1, consagra el principio
(~(
concentración y añade el relativamente novedoso principio de celeridad,
que
asimismo
aparece
en
la
ya
mencionada
Base
decimosexta de la Ley de Bases de Procedimiento Labora 1 95 • ambos
Y para
casos,
principio,
por
lo de
entendimiento
hacer
que lo
efectivo
ello que
supone la
el
contenido
de
celeridad 'y
inmediación
de
En
este recto
significa,
la
Jurisprudencia ha interpretado restrictivamente las posibilidades de
suspensión
del
juicio,
de
lo
que
claramente
deriva
la
importancia de este principio que comporta la oralidad y que a su vez es indispensable para la real existencia de la misma%. Junto a la concentración y como manifestación de la misma rige el principio de unidad del debate (contrario a la preclusión y eventualidad del procedimiento escrito), que permite que las alegaciones y medios de prueba puedan ser propuestos en cualquiel momento
del
procedimiento
sin
que
pueda
ser
rechazado.
De
94 PRIETRO CASTRO/GUTIERREZ DE CABIEDES, Derecho ... , cit., Madrid 1978, págs. 334 y ss. 95 Vid., MONTERO AROCA J. El proceso laboral, op. cit., v. 1, p. 93.
STS de 22 de noviembre de 1991 (RA 8453); STS de 27 de enero 19~2 (RA 457); STS de 30 de enero de 1992 (RA 606) Respecto pr1ncipio de celeridad en el ámbito penal y en relación con proceso penal abreviado, vid., DE LA OLIVAI GONESES/HINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal, op. cit., p. 603-604.
96 de ai e
ARAp
75
Iñaki Esparza Leibar cualquier manera y a fin de no posibilitar el empleo abusivo de dicha posibilidad con el único objetivo de dilatar el proceso, la ley establece determinadas limitaciones para los casos en los que la admisión supusiera la suspensión del juicio y siempre que no se hubiera realizado con anterioridad la proposición de la prueba por negligencia o mala fe imputables a la parten.
c. Publicidad
En la alternativa existente entre publicidad y secreto, los procedimientos orales, en general, y los procedimientos penal y laboral españoles, se decantan (bien entendido por ser la única alternativa coherente con la oralidad), por la publicidad, la cual entendida en su correcta significación, publicidad para terceros, se incorpora por la ideología liberal como medio de control
de
la
actividad
jurisdiccional
por
parte
de
la
comunidad98 • La publicidad ha sido considerada como principio básico del procedimiento y por ello se encuentra recogida en diferentes téxtos jurídicos suscritos por una gran parte de la comunidad internacional
(Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
97 BAOMANN J. Derecho procesal penal ... , op. cit., págs. 101 y ss. PRIETO CASTRO L. Estudios .•. , cit. págs. 91 y ss. 98 PRIETO CASTRO L. Tratado ••• , op. cit., t. I, pp. 547-552. FAIREN GUILLEN V. Doctrina general del Derecho Procesal ••. , op. cit., pp. 407-420. CHIOVENDA G. Principios .•. , op. cit., pp. 179 Y ss., § 45. TOME GARCIA J. A. Protección procesal de los
~erechos
humanos ante los Tribunales ordinarios (CE y leyes de desarrollo), Madrid 1987, pág. 116. Aunque desde luego no debemos olvidar que la publicidad debe también manifestarse, y con un alcance mucho mayor que para con los terceros, entre las partes. 76
El principio del proceso debido politicos, articulo 14.1; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, articulo 6)~. Dentro
del
ordenamiento
español
goza
la
publicidad
igualmente de la más alta consideración, y así la encontramos como principio general informador de las actuaciones judiciales" en el artículo 120.1 CE., Y por otra parte con la consideración de
Derecho
Fundamental
y
más
específicamente
como
garantía
procesal, encuadrada por algunos autores dentro del derecho de defensa, en el articulo 24.2 CE 1OO • En la LOPJ., considerada como base común de
todos los órdenes jurisdiccionales, se reproduce
literalmente el mencionado precepto de la CE. en el arto 232. La razón última de la publicidad reside en la trascendencia de la actividad jurisdiccional, particularmente en el caso del orden penal, que exige que dichas actuaciones no se lleven a cabo secretamente por la infinidad de connotaciones negativas que de ello se derivan, y por la imposibilidad de fiscalización social que comporta, y que dado que la actividad jurisdiccional es una manifestación de la soberanía popular, es insostenible 1w • La Jurisprudencia del TC. se ha ocupado en varias ocasiones del derecho a un proceso público delimitando su alcance, y lo ha hecho en el sentido de favorecer la publicidad y su aplicación real en los procedimientos,
sin que las excepciones previstas
99 MONTEROIORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I,
Pp. 537-538. 100 GONZALEZ PEREZ J. El derecho a Madrid 1984, págs. 120 y ss.
la tutela jurisdiccional,
101 BAUMANN J. Derecho •.• , op. cit, pág. 108. vid. arto 117.1 CE en el mismo sentido y para el ordenamiento español. 77
Iñaki Esparza Leibar Centrándonos y
españoles,
en
como
los
diversos
consecuencia
órdenes de
la
jurisdiccionales ya
mencionada
incompatibilidad entre los principios de escritura y publicidad "real", sólo se garantiza la publicidad en los procedimientos penales y laborales. Asi, y para el primero de los casos,
la
LECrim en su articulo 680
impone la oralidad como principio
general
e
del
juicio
oral
instrumenta
la
nulidad
para f
sancionando su falta, garantizar su efectividad. Es decir, que exceptuando la posibilidad de excluir la publicidad a 10 largo de la tramitación del sumario, todas las actuaciones de 10 que constituye la parte esencial del proceso penal serán públicas, salvo las excepciones taxativamente establecidas en la propia LECRIM 103 • En el caso de la LPL., son los arts. 74.1 y 84.1 quienes mediante la constitución en audiencia pública del Magistrado establecen
la publicidad,
la procedencia de dichos arts.
es
directa respecto de la Bases decimosexta y decimonovena de la Ley
103 ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento Criminal, op. cit., pp. 367-370. Por lo que al sumario respecta el arto 301 LECrim establece su carácter secreto. El propio arto 680 LECrim en su párrafo segundo y en relación al juicio oral, plasma las excepciones a la publicidad que necesariamente habrán de fundamentarse en razones de moralidad, orden público o respeto al ofendidio o a su familia. vid. también arto 232. 2 LOPJ. vid. STC 65/1992, de 29 de abril que confirma la validez de las excepciones a la publicidad establecidas por las leyes.
78
El principio del proceso debido de Bases de Procedimiento Laboral,
además del anterior texto
legal, arto 76.1 IM •
104 MONTERO AROeA J. El proceso laboral, op. cit., t. 1, pp. 9496. 79
PARTE 1 EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LA W": SU REGULACION y MANIFESTACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
l. INTRODUCCION: BREVE REFERENCIA AL PODER JUDICIAL FEDERAL EN LOS USA; ORGANIZACION y ALCANCE La
propia USC de
1787
se ocupa de
la
cuestión
en
las
secciones primera y segunda del arto 3, de las que transcribimos los párrafos más significativosl~: a) Art. 3, primera sección, USC:
"Se depositará el poder
judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesi V0 106 • " b) Art. 3, segunda sección, nQ 1, USC: " El Poder Judicial entenderá en todas las controversias, tanto de derecho escrito como
de
equidad,
consti tución,
de
que las
surjan
leyes
de
como los
consecuencia
Estados
de
Unidos
y
de
esta los
tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; ... en las controversias
en que
sean parte
los
controversias entre dos o más Estados, ciudadanos
de
otro,
diferentes, ..• entre
un
entre Estado
o
Estados
Unidos;
las
entre un Estado y los
ciudadanos los
en
de
ciudadanos
Estados
del
mismo
y
Estados, ciudadanos o sübditos extranjeros 1OO ." c)
Art.
3,
segunda
sección,
nQ
2,
USC:
"En
todos
los
casos ... en que sea parte un Estado, el Tribunal Supremo poseerá jurisdicción en ünica instancia. En todos los demás casos que
105 La traducción oficial de los preceptos constitucionales ci tados procede del SERVICIO DE INFORMACION DE LOS ESTADOS UNIDOS La declaración de independencia. La Constitución de los Estados Unidos de América, Washington D.C., pp. 8-40.
Art. 1, octava sección, n Q 9, facultad: ... Para crear tribunales Supremo." 106
USC. "El Congreso tendrá inferiores al Tribunal
107 Vid. Decimoprimera Enmienda USC, que redefine los limites de la jurisdicción federal, excluyendo del conocimiento de dicha jurisdicción el supuesto segün el cuál los ciudadanos de un Estado demandan al gobierno de otro Estado. 81
Iñaki Esparza Leibar antes se mencionaron (art. 3, secc. 2, n Q 1) el Tribunal Supremo conocerá en apelación, tanto del derecho corno de los hechos, con las excepciones y con arreglo a la reglamentación que formule el congreso." d) Art. 3, segunda sección, n2 3, USC: "Todos los delitos serán juzgados por medio de un jurado, ... y el juicio de que se habla
tendrá
lugar
en
el
Estado
en
que
el
delito
se
haya
cometido ... " La
plasmación material
a
nivel
de
organización
de
los
tribunales de las disposiciones transcritas, especialmente arto 3, secc. cuya
1~,
se puede representar con una estructura piramidal
cúspide
estaría
ocupada
por
el
Tribunal
Supremo,
inmediatamente debajo de él hay en la actualidad 11 tribunales de apelación a los que sustentan en la pirámide 93 tribunales federales de distrito. Existen paralelamente a dicha estructura varios tribunales de competencia especial de los que no nos ocuparemos aquí dada su extrema especificidadl~. Las facultades del Congreso respecto a dichos OOJJ, excepto el Tribunal Supremo, le permiten la creación o supresión de tribunales federales, y la fijación del número de jueces del sistema federal. El sistema federal cuyos rasgos básicos estamos destacando convi ve
con
el
sistema
judicial propio de
cada
Estado cuya
jurisdicción se circunscribirá, en principio, al conocimiento de las controversias que surjan de la aplicación de leyes estatales, La separación entre conviviendo
el
jurisdicciones no
criterio
de
la
es sin embrago nítida
exclusividad
con
el
de
la
concurrencia. 109 A continuación nos ocuparemos de destacar lo más fundamental de cada uno de los OOJJ que integran el sistema judicial federal:
~08 V. gr. el Tribunal de Reclamaciones establecido en 1855, a lnstancias del congreso, para conocer de las reclamaciones monetarias presentadas frente a los Estados Unidos.
109 SCHROEDER R. C. Reseña del gobierno de los Estados Unidos, para el Servicio de Información de los Estados unidos, Washington D. C., pág. 68. 82
El principio del proceso debido A) Tribunal Supremo, Como se ha visto es el único tribunal expresamente creado por la USC, que culmina la organización judicial resultando sus resoluciones inimpugnables. Desde 1869 la composición del alto Tribunal es de un Presidente, sin voto de calidad, y ocho Magistrados. Su competencia le atribuye el conocimiento en primera instancia de aquellos asuntos en los que aparecen involucrados dignatarios extranjeros, y aquellos otros en los que un Estado es parte litigante. Todo el resto de causas que conoce el Tribunal Supremo accede al mismo a través del recurso de apelación frente a resoluciones de tribunales inferiores. El Tribunal Supremo tiene también, aunque la USC no se refiera a ello, competencia para dictaminar sobre la adecuación a la Constitución de la legislación as1 como de los actos procedentes del Poder Ejecutivo, y todo ello no sólo a nivel federal sino también a nivel estatal e incluso local llo • Para la válida constitución del Tribunal que permita dictar sentencia se precisa un quórum de seis Magistrados como m1nimo. La sentencia puede adoptarse por mayor1a simple, no se precisa unanimidad. Los votos particulares, concurrentes o discrepantes, pueden sentar precedente para futuras resoluciones. B) Tribunales de Apelación, Creados en 1891 con el objeto de hacerse cargo de parte de los asuntos, apelaciones, de los que se ocupaba el Tribunal Supremo (cuyo ámbito competencial aparece, a la vista de lo ya dicho, desmesurado) y de racionalizar la organización y gestión judiciales con una notoria aproximación a los potenciales sujetos pasivos de la jurisdicción. El número de Tribunales de Apelación es de 11 que se corresponden con una división territorial, circuito, del pa1s a los efectos de las apelaciones. El número de Magistrados que integran estos OOJJ oscila entre tres y quince, y se ocupan principalmente de resolver las apelaciones interpuestas frente a las resoluciones dictadas por los Tribunales Federales de Distrito radicados en su circunscripción.
e) Tribunales Federales de Distrito, En número de 93, los 50 Estados están divididos en 91 distritos a los que deben añadirse los de Columbia y Puerto Rico. Su composición oscila entre uno y veintisiete Magistrados. La sede de éste tipo de OJ no es permanente sino que existe una suerte de rotación periódica entre distintas poblaciones del distrito. 110 El origen de la atribución de dicho ámbito competencial se remonta a la doctrina emanada del Tribunal Supremo en Marbury v. Madison (1803) donde se afirmaba que "un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley". 83
Iñaki Esparza Leibar Su competencia objetiva alcanza al primera instancia de delitos federales.
conocimiento en
Los Tribunales que componen el Poder Judicial en los USA tienen asignada, según se ha dicho, la labor de interpretar la use y correlativamente decidir sobre la adecuación de las leyes a aquella. El sistema del "Judicial Review" (revisión judicial) , junto con la importancia del precedente judicial en el sistema USA
convierten
al
Poder
JUdicial
en
el
único
intérprete
autorizado de la use, y a las opiniones emitidas en el ejercicio de la función jurisdiccional a través de las sentencias de los Tribunales Supremo y de Apelación, en vinculantes para supuestos análogos posteriormente planteados.
II. EL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LAW"
La primera advertencia que debemos hacer recae por un lado sobre la gran complejidad de la institución, y por otro sobre la importancia fundamental de la misma dentro del sistema juridico de los USA 111 • La complej idad está garantizada por el hecho de 111 Precisamente por las citadas razones y para no añadir mayor confusión a tan delicado tema, hemos decidido respetar el idioma original, añadiendo la traducción oficial, por lo menos en lo que a cuestiones fundamentales (v. gr. texto de las Enmiendas USe) respecta, aunque su comprensión en la mayor parte de los casos no presenta ninguna dificultad. Procederemos de distinta manera con instituciones, actos o momentos procesales concretos en los que ofreceremos una traducción personal, siempre que ello sea posible. Por lo que a la metodologia respecta nos ceñiremos igualmente a la de cada uno de los paises de que nos ocupamos, asi las citas bibliográficas y jurisprudenciales se realizarán en cada caso tal y como son empleadas en aquellos paises; entendemos que de ello no se deriva ninguna dificultad añadida y por contra permitirá la localización de cada uno de los 84
El principio del proceso debido tratarse
de
un
elemento
que
se
ha
desarrollado
en
los
ordenamientos anglosajones durante más de siete siglos, a través de la constante interpretación jurisprudencial y de la no menos trascendente elaboración doctrina1 1l2 • por
lo
que
al
carácter
fundamental
dentro
de
lo~
ordenamientos anglosajones concierne, el mismo se deriva de la finalidad de la institución que tiene su ámbito en la modulación de las situaciones en las que los Derechos Fundamentales a la vida,
libertad y propiedad l13 son regulados por la autoridad,
actuando el DPL en aquellas ocasiones como válvula reguladora. Se
trata
de
una
institución
de
origen
y
desarrollo
anglosajón. Es comúnmente aceptado y así ha sido demostrado que materiales citados en sus fuentes originales. 112 Sobre la complejidad de la institución advierte MORENILLA RODRIGUEZ J. M. Los derechos del acusado en el sistema legal norteamericano, RDPI 1977, pp. 621 Y ss. Así a la hora de realizar, corno pretendernos globalmente, un análisis comparativo tendremos que tener en cuenta "Que los derechos y garantías procesales del acusado en los Estados Unidos están insertos, de modo inseparable, en un contexto de tradiciones jurídicopolíticas, de instituciones y de actitudes típicamente anglosajonas." Ello supone una mentalidad sustancialmente diferente de la continental europea "a la que en muchos aspectos se contrapone, y se caracteriza por un arcaismo derivado del aferramiento a una tradición que se remonta a la Edad Media que sigue viendo en el proceso un duelo entre el acusador y el acusado que es decidido por un jurado de vecinos y arbitrado por un juez que en ningún momento investiga o interroga al acusado, pero al que corresponde velar porque las "reglas del combate" sean observadas y salvaguardar la libertad del acusado que se presume siempre inocente mientras su culpabilidad no sea demostrada en el mismo juicio." 113 Amendment V (1791) "No person Shall be ... deprived of life, liberty, or property, without due process of law"/"Nadie será privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal". Amendment XIV (1868) "nor shall any State deprive any person of life, liberty or property, without due process of law"/"Ningún Estado podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal". 85
Iñaki Esparza Leibar la expresión
"due process
of
Law"
es una
variación de
la
contenida en la Magna Carta Inglesa de 1215 "per legem terrae", "bY the law of the land,,114. Sobre el mencionado carácter básico dentro de aquellos ordenamientos, precisaremos que el mismo es predicable no sólo de lo que podriamos a efectos de comprensió'l denominar Derecho Procesal, sino incluso - tal y como se verá más adelante -como principio sustantivo fundamental informador de todo el ordenamiento juridico llS • Deberemos abordar con la máxima atención el estudio del DPL cuidando de separar los aspectos de la misma que como procesalistas deben ocuparnos primordialmente. Se
desprende
inmediatamente,
tras
un
estudio
de
la
bibliografia norteamericana, que no es caracteristica definitoria del DPL su simplicidad conceptual o su no beligerancia a causa de
la
común
aceptación
del
contenido
y
alcance
de
su
significado 116 • El problema se plantea de forma diversa a la que 114 CORWIN E. The doctrine of due process of Law before the civil war, 24 Harvard L. Rev. 1911, págs. 366 ss. McILWAIN Due process of law in Magna Carta, 14 Columbia L. Rev. 1914, pág. 27. En el capitulo 39 de la Magna Carta el rey promete: "No free man shall be taken or imprisoned or disseised or outlawed or exiled or in any way ruined, nor will we go or send against him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land". 115 "Due process is a fundamental constitutional principIe in american jurisprudence. It appears in criminal law, civil law, and administrative law; it applies to the actions of such diverse groups as the police, administrative agencies, legislative bodies, and courts of law". RESNICK D. Due process and procedural justice, en "Due process, Nomos XVIII, Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy", New York, 1977, pág. 206. 116 Ni siquiera de la interpretación gramatical de los términos centrales de la institución podemos extraer gran cosa, aunque no por ello debemos dejar de emplear dicho medio interpretativo. Podemos destacar asi los siguientes significados; Due: Aquello que en virtud de la ley o de la moral es debido a alguien. Un derecho. Justo, apropiado, ajustado a derecho. Process: El 86
El principio del proceso debido podr1amos llamar tradicional, y es que pese a tratarse de una insti tución cuya vigencia se extiende a
lo largo de var ios
siglos, Y pese a ser constante objeto de estudio y aplicación tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, se ha resistido a una definición en el sentido al que estamos acostumbrados en los ordenamientos continentales 1l7 • Ello puede deberse a que "Las ideas po11ticas y jur1dicas fundamentales, de la misma manera que las grandes obras de arte, se resisten a una definición final, e incluso y posiblemente a una definitiva comprensión"l18. S1 existe sin embargo entre los autores un sustrato básico de común
aceptación que
contenidos
que,
como
atribuye m1nimo,
al
deben
DPL unos
determinados
concurrir
para
que
efectivamente se dé. En este sentido se concibe el DPL como una válvula reguladora entre la libertad individual y las previsibles imposiciones conflictos
de
entre
la los
autoridad, ciudadanos
asumiendo y
aquella
la
existencia
de
y
encauzando
la
resolución de los mismos por medio de procedimientos legales. Es el concreto alcance de esa legalidad el que, y en la práctica, ha ofrecido sucesivas versiones del DPL,
dependiendo de las,
conjunto de procedimentos relativos al ejercicio de una aCC10n legal. Vid. The Oxford Universal Dictionary Illustrated, 3A ed., Oxford 1976. Respecto a su alcance, escaso como se anunció en l1neas anteriores, vid. MASHAW J. L. Due Process in the Administrative State, Michigan, 1985, pág. 43. "Literal interpretation, a concentration on the ordinary meaning of the words, has little to offer the scholar or the courts." 117 RATNER G.L. The function of the due process clause, 116 U. Pa. L. Rev. 1968, pág. 1049. 118 HILLER A.CH. The forest of Due Process of Law: The american Q.onstitutional tradition, en "Due Process ••. ", op. cit., pág. 3. Y abundando en la cuestión, PENNOCK J. R. Due Process ..• , op. cit., introducción, pág. XV Y ss. 87
Iñaki Esparza Leibar oscilaciones
de
conceptos
indeterminados
tales
como
interés
general, arbitrariedad, injusto o desleal. Es
evidente
en
este
punto
el
indudable
componente
sociológico del concepto, siendo así que su definitorio concurso lo dota
de
una
indudable
flexibilidad
longevidad de la institución y a
que
ha
permitido
lél
cambio la imposibilidad de
definirlo absolutamente si no es en relación con un momento histórico determinado,
aunque siempre subyace la idea de una
"constante voluntad de armonizar, de forma consciente y sutil, la aspiración de una vida más justa con la relaci6n entre la satisfacción individual y el bienestar social .. 1l9 • Tanto la doctrina 120 como la jurisprudencia principalmente norteamericanas 121 , nos ofrecen numerosos ejemplos que confirman 119 HlLLER A.CH. The forest .•• cit. pág. 38. 120 SCANLON T.X. Oue Process pág. 93, (como origen de reclamaciones contra actos institucionales y protección ante la arbitrariedad). XlCHELHAN l.F. Formal and associational aims in procedural Oue Process, pág. 126, (como garantía mediante cuyo concurso las partes afectadas son admitidas para examinar y, en su caso, contestar, las razones en las que se funda la decisión que les concierne). RESNlCK D. Oue Process and procedural justice, pág. 206, (como princ1p10 normativo o concepto descriptivo empleado para justificar las normas y procedimientos existentes y para generar otros nuevos). Todos ellos en "Oue Process, Nomos XVIII, Yearbook of the American ... " op.cit. 121 Bradwell v. Illinois 1873, Malinski v. New York 1945, Joint Anti-Fascist Refugee Committee v. McGrath, 341 U.S. 123, 1951. Rochin v. California, 342 U.S. 432, 1957. Environmental Defense Fund. Inc. v. Hoerner Waldorf Corp. 1970. United States v. Batchelder, 442 U.S. 114, 123, 1979. Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352, 358, 1983. No hay un modo único de citar correctamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso de los EEUU, de manera que nos será posible hallar di versas formas dependiendo de la que adopte cada autor. En cualquier caso es imprescindible, y la doctrina es aquí unánime, citar los nombres de las partes, personas físicas o jurídicas, flanqueando la palabra latina versus representada por la abreviatura v., (esto es lo común en el caso de resoluciones especialmente célebres o trascendentes, 88
El principio del proceso debido el sentido de lo dicho en cuanto a la flexibilidad y progresiva extensión
de
invariablemente politicos,
la
polifacética
elementos sociológicos,
no
institución, sólo
éticos,
jurídicos
introduciendo sino
morales l22 ,
además
etc. ,
que
progresivamente van definiendo y configurando el OPL, alrededor de una
idea central percibida como una
amplia
e
indefinida
• ~ 123 protecc10n .
Dada el enorme campo que tras la institución que pretendemos analizar se adivina, deberemos necesariamente acotar aquellas facetas del mismo que por su trascendencia procesal puedan sernos de especial utilidad. Así una primera acepción del OPL que, no por obvia, debemos dejar de tratar es la que considera al mismo como
"aquél proceso que es debido -
entendido como derecho
v. gr. Marbury v. Madison, ya citada). En el resto de los casos la forma estándar de cita añade a los nombres de las partes el número de tomo de la colección oficial donde se recoge (U.S.) además de las páginas que ocupa y finalmente el año al que corresponde. 122 "What interests me is a conceptual matter; specifically, whether due process is best understood - as is commonly supposed - in terms of certain moral requirements applied to the law" KEARNS T.R. On de-moralizinq due process, en "Oue process •.• ", op. cit. pág. 229. 123 La idea de progresiva definición o gradual creación del concepto se recoge claramente en MOTT L. R. Due Process of Law.A historical and analytical treatise of the principIes and methods followed by the courts in the application of the concept of the "Law of the land" , Indianapolis, 1926, págs. 589 y ss. " ... In 1215 it was invoked against judgment without trial; in 1628 against arrests without indictment¡ in 1776 against taxation without jurisdiction; and in 1868 against class legislation. In each instance it might be said that there was an addition to its meaning, but it is probably more nearly correct to consider this development as the appropriation of portions of the general residual meaning which it has always hado In both its origin and development the concept rests on the specification, in a number of acute constitutional struggles, of the balance between individualism and legal control". 89
Iñaki Esparza Leibar subjetivo - cuando los poderes de la administración se movilizan con el objetivo de privar a un individuo de su vida, libertad o propiedad"I24. El mismo lo constituyen las salvaguardas para la protección de los derechos individuales que han sido establecidas por la Constitución USA e interpretadas por la jurisprudencia norteamericana l25 ,
para la aplicación y protección de derechos
privados; DPL implica el derecho fundamental de una persona a seL libremente escuchada, el derecho a la tutela jurisdiccional, "day in court". Aparece
el
concepto
en
el
sistema
norteameric'ano
para
significar la fundamental protección de la libertad individual, la Justicia l26 •
El DPL se fundamenta doblemente en
Enmiendas Quinta y Decimocuarta,
la
USC,
cada una de cuyas claúsulas
dispone que la vida, la libertad o la propiedad no pueden ser objeto de privación sin un proceso debido 1v •
124 SPRINGER E.CH. Justice of the Supreme Court of Nevada, sistema jurídico anglosajón, conferencia, Facultad de Derecho de San Sebastián 01.10.1990. Posteriormente documentado por medio de correspondencia personal. 125 La primera sentencia de la Corte Suprema que intenta definir el DPL es la recaida en Murray' s Lessee v. Hoboken Land & Improvement Co. 18 U.S. 272, 1856. Con una concepción extremadamente restrictiva intentando vincular el concepto exclusi vamente al "comInon law" de cada páis. Con Hurtado v. California, 110 U.S. 516, 1884, se aprecia una apertura en aquella primitiva concepción. 126 OIXON o. Marshall and the Australian Constitution, en "Government under law", a conference held at Harvard Law School on the occasion of the bicentennial of JOHN MARSHALL, Cambridge (USA), 1956, pág. 325. 127 Vid. nota n Q 7. KASBAW J. L. Due Process •.• , op. cit. pág. 50. Ello significará de entrada la prohibición de procesos especiales para casos singulares. 90
El principio del proceso debido En la práctica, las mencionadas previsiones constitucionales junto
con
los
preceptos
también
constitucionales
que
las
determinan, incluyen dos garantías distintas, según se deduce de una inicial aproximación al tema 1U :
11)
El DPL implica lo que es conocido como "Due Process
procesal",
lo que significa que ningún órgano jurisdiccional
puede privar de la vida, libertad o propiedad, a ningún sujeto de derecho, excepto a través de procesos ajustados a la USC rn • Así, una persona no podrá ser expropiada sin ser notificada de ello y oidas sus alegaciones, ni puede ser privado nadie de su libertad sin un juicio limpio ("Fair trial") 130.
2 1)
La
sustantivo" ,
claúsula
de
DPL
garantiza
el
"Due
Process
lo que signif ica que la administración no puede
limitar o privar arbitrariamente a los individuos de ciertos 128 DORa D. Faires Verfahren, Gewahrleistung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Kehl am Rhein 1984, pp. 10 Y ss. 129 Las demandas ante los Tribunales Federales motivadas por la pri vación del DPL procesal, muestran en los años setenta un incremento de un 350% sobre la década anterior, teniendo en cuenta que el incremento general de la litigiosidad fué de un 70%. La tendencia se mantiene para la década de los ochenta. HASHAW J. L. Due Process ... , op. cit. págs. 9 - 10.
13? La práctica de la Corte Suprema liga indisolublemente los prlnc;:ipios de Due Process of Law y Fair Trial. SCHMID N. Das gmerlkanische Strafverfahren, Heidelberg, 1986, pág. 130. La doctrina encadena también basicamente la limpieza del procedimiento "procedural fairness" con las reglas y principios qU~ configuran el DPL procesal. GREY T.C. Procedural fairness and :u-stantive rights, en "Due Process ... " op. cit., pág. 183. dORENILLA RODRIGUEZ J. M. Los derechos .•. , op. cit., p. 637, It ond7 también se parte de la identidad entre los conceptos d~bldo proceso legal/due process of law" y "juicio limpio/fair rlal".
t
91
Iñaki Esparza Leibar DerechoS Fundamentales, como aquellos contenidos en la USC, sin disponer
de
un
motivo
que
asi
lo
justifique,
se
trata
en
definitiva de una forma de autocontrol, constitucional, de la discrecionalidad en la actuación de la administración pública en general!3! poderes
(v.
gr.
públicos
el la
Due
Process
aplicación
de
sustantivo leyes
prohibe
restrictivas
d,
de
lOE
la
libertad de expresión, excepto si pueden, los poderes públicos, demostrar que tales leyes son necesarias por un apremiante - y por tanto superior - interés público)u2. Vamos ahora a centrarnos especificamente en el primero de los significados citados que hemos denominado DP procesal, que constituirá
nuestro
prescindir de
inmediato
parte de
objeto
lo que para
de
estudio.
la doctrina
Deberemos anglosajona
significa el DPL, concretamente de las implicaciones del DPL con el inicio del procedimiento legislativo y su posterior desarrollo 131 Amendment V (1791) " ••• nor shall private property be taken for public use, without just compensation". HASTIE W. H. Judicial method in Due Process inguiry, en "Government under law ..• "op. cit., Cambridge, 1956, pág. 343. En STRONG F. R. Substantive due process of law, a dichotomy of sense and nonsense, Durham (North Carolina), 1986; Se realiza un completo análisis histórico del origen del DP sustantivo en la "Magna Carta" inglesa como una limitación de las prerrogativas de la corona. También se analiza el significado de la institución tras su recepción por el derecho norteamericano, (limitación a las expropiaciones por apropiación PÚblica, limitación de situaciones de monopolio público o privado), y su posterior desarrollo. En general sobre esta materia es de interés el minucioso análisis histórico realizado en, COWLES W. B.Treaties and constitutional law: Property interferences and due process of law, Westport (Connecticut), 1975 (Reimpresión). 1~2 El ejemplo ofrecido procede S~stema ... cit. posteriormente
de la conferencia SPRINGER E.CH. transcrito en la documentación recibida del mismo, 07.01.1991 y 18.06.1991; Y es llamativo el empleo que en el mismo se hace de conceptos indeterminados como "apremiante interés", siempre presentes en la jurisprudencia USA y cuyo alcance deberemos fijar en páginas posteriores. 92
El principio del proceso debido - sometidos en todo momento a los límites impuestos por el DP sustanti vo
en
el
exclusivamente en jurisdiccional,
sentido
ya
anticipado
centrándonos
las manifestaciones del DPL en el aspecto
su significado,
exigencias y alcance ante la
eventual existencia de un conflicto que requiera de un proceso para su resolución 133 • Prescindiremos en definitiva del estudio del DPL sustantivo por no resultar aplicable a una manifestación jurisdiccional de la norma. La finalidad del DPL procesal la constituye en esencia la garantía de un juicio limpio para las partes en cualquier proceso y en especial para las partes en un proceso penal, ya que la
función jurisdiccional aplicada de acuerdo a sus características minimiza el riesgo de resoluciones injustas.
133 Tomaremos como punto de partida las "garantías básicas o derechos fundamentales" que extra idos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los EEUU, destaca sucintamente - a lo largo de esta parte de la tesis desarrollaremos y ampliaremos más en profundidad dichos elementos - como contenido del DPL procesal, MORENILLA RODRIGUEZ J. M. Los derechos ••• , op. cit., pp. 638, 639. "1) El Tribunal debe tener jurisdicción sobre el acusado atendiendo al lugar donde el delito se cometió. 2) El acusado debe ser juzgado con orden y por un Tribunal imparcial. 3) El acusado debe ser notificado de los cargos que existan contra él para preparar su defensa. ") El acusado tiene derecho a ser asistido de un letrado; si careciere de medios económicos para procurárselo el Estado tiene que proporcionarle abogado defensor. S) El acusado tiene derecho a exigir la presencia de los testigos de cargo y a carearse con ellos. 6) El acusado tiene el derecho de ser oído en su propia defensa. 7) El acusado tiene el privilegio de no poder ser declarado culpable en base a ~onfesiones obtenidas contra su libre voluntad y sin conocimiento e sUs derechos constitucionales. 8) El juicio debe ser público rápido. 9) El acusado-condenado tiene el derecho de obtener la ranscripción de cuanto se dijo en el juicio. 10) El acusado~O~denado tiene derecho a recurrir contra la sentencia ante un rlbunal superior.".
i
93
Iñaki Esparza Leibar En otras palabras, en los USA la garantia del juicio limpio es parte, y parte nuclear pero no la totalidad, del alcance de la claúsula del DPL que contiene superpuestas y desarrolladas otras especificas garantias destinadas a asegurar la realización de la Justicia en los procesos principalmente penales. Varias de las garantias a las que hacemos referencia_ las más básicas, que constituyen elementos irrenunciables del "Fair trial" y por tanto manifestaciones propias del DPL en su faceta procesal,
están
recogidas
a
modo
de
catálogo
en
la
Sexta
Enmienda 134 de la USC y son:
a.- Derecho a un proceso rápido,
("Justice delayed is
justice denied") 135. 134 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, wich district shall have be en previously ascertaines by law, and to be informed of the natura and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense"/"En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley; asi como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda". 135 La consecución del "speedy trial" como fundamento del "fair trial" y por tanto imprescindible para que el DPL exista, ha centrado buena parte de los esfuerzos de las instituciones norteamericanas en los últimos años, particularmente es el caso del "National Center For State Courts" y los estudios y PUblicaciones que impulsa. Description and analysis of the Passaic County (NJ) speedy trial demonstration pro;ect, North Andover (Massachusetts), 1980. Implementing delay reduction and ~elay prevention programs in urban Trial Courts, Denver 94
El principio del proceso debido
b.- Dereoho a un prooeso públioo. 0.-
Dereoho a un prooeso con jurado imparcial.
d.- Dereoho a Juez natural. e.- Dereoho a ser informado de la naturaleza y oausa de la aousaoión formulada. f.- Derecho al careo con testigos. g.- Derecho a la asistenoia letrada.
Podemos provisionalmente concluir que en los USA la garantia del juicio limpio no es un concepto simple, sino una combinación de elementos que aseguran una determinada forma de procedimiento en torno a
los valores equidad,
igualdad, publicidad,
imparcialidad,
racionalidad,
independencia,
certeza y universalidadl~,
estando todos ellos incluidos y presentes en la claúsula de DPL que además incorpora otros requisitos especificos contenidos en otras partes de la USC I37 •
111. AMBITO DE APLICACION DE LA INSTITUCION EN LOS USA
(Colorado), 1985. vid. también el vol. 23, n Q 1, de la revista The Judges ;ournal, Chicago (Illinois), 1984, que se ocupa rnOnograficamente de la cuestión. La resolución de este problema depende de la aplicación de técnicas principalmente de racionalización de la gestión, que por no constituir materia procesal no analizaremos aqui. ~36 Existe un generalizado acuerdo sobre estos elementos como
lntegrantes del DPL (tanto en su faceta sustantiva prOcesal), MAR S HALL G. Due process in England, en Process ••. ", op. cit., New York 1977, pág. 69. 137 SPRINGER E.CH., conferencia sistema ... cit. 95
como "Due
>
2
Iñaki Esparza Leibar Intentaremos inmediatamente proporcionar un concepto de DPL adaptado a categorías jurídicas continentales con el objeto de sistematizar lo hasta ahora visto y que simultaneamente sea apto para ser completado con lo que a partir de este momento diremos. Se trata de un principio general de
los
ordenamientos
jurídicos anglosajones de naturaleza constitucional, que presenta una importante faceta procesal (ampliamente desarrollada por la doctrina y
la
jurisprudencia),
y que contiene elementos de
directa aplicación como garantías procesales (recogidos no sólo en las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la USC, sino también en otras partes de la misma), tanto estrictamente técnicos como de otra índole, que hacen referencia a las bases científicas que integran el Derecho Jurisdiccional: Poder JUdicial, derecho de acción y proceso.
A) La primera cuestión que cabe plantearse es la de saber si en cualquier caso y siempre que los poderes públicos realicen un acto desfavorable, restrictivo de derechos, para uno o varios individuos, deben hacerlo dentro de los límites del DPL o no 138 (ámbito material). La respuesta a dicha cuestión ha determinado las fluctuaciones de la jurisprudencia en cada momento histórico. Podemos destacar la existencia de dos posturas al respecto:
1) DOCTRINA RESTRICTIVA: No existe un mandato general que obligue
al
gobierno
a
instituir
un procedimiento previo
a
138 SPRINGER E.CH. Limitations on government power Carson city 1986, págs 526 y ss. 96
El principio del proceso debido cualquier acto desfavorable para algún individuo. Solamente será asi cuando la restricción, vida,
privación o daño recaigan sobre la
libertad o propiedad de alguna persona y
en atención,
precisamente, a dichos derechos será obligado un proceso ajustado a
los principios que
integran el
DPL.
El
fundamento
de tal
interpretación radica en la no consideración de la vida, libertad y propiedad como un enunciado general y omnicomprensivo de todos
los aspectos de la vida de un individuo en sociedad, sino que la jurisprudencia
de
la
Tribunal
restrictivamente el ámbito de
Supremo
ha
los términos vida,
establecido libertad y
propiedad referidos a un limitado grupo de intereses determinando asi los actos del gobierno que ni afectan ni privan a un sujeto de uno de los citados tres intereses, y por tanto no requieren un
DPL139 •
Aunque
la
tendencia
jurisprudencial
apuntada
se
manifiesta con claridad sólo desde 1972, existen precedentes ya en el siglo anterior, que permiten complementar la argumentación restrictiva, cuando se establece la distinción entre derechos y privilegios, estando la restricción de derechos sometida a los limites constitucionales, lo que no ocurrirá con los privilegios cuya limitación no está sujeta a las restricciones establecidas por la USC1~. Cuando un acto de la administración perjudica un 139 Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564, 1972. united states Labor Party v. Oremus, 619 F.2d 683, 689, (7th. Cir.), 1980. 140 McAuliffe v. Major of New Bedford, 155 Mass. 216, 220, 29 N.E. 517, 1892. El caso de un policia que pierde su empleo por comprometerse con actividades politicas. El Juez Oliver Wendell Holmes sentenció: "El solicitante tiene efectivamente el derecho constitucional de intervenir activamente en politica (derecho, por tanto la restricción del mismo deberá ajustarse al DPL), pero no tiene el derecho constitucional de ser policia (privilegio, por tanto su tutela no exige la aplicación del DPL)". 97
Iñaki Esparza Leibar derecho individual pero no constituye una denegación de la vida, libertad o propiedad,
el gobierno no tiene la obligación de
facilitar el DPL a esa persona.
2) DOCTRINA AMPLIA: Entiende esta linea
los
tres
términos
incluidos
en
la
frase
interpretativa, que "vida,
libertad
o
propiedad" son descripciones genéricas de todos los intereses individuales,
no
habiéndose
pretendido
con
creación de una jerarquia de intereses con su
su
redacción
correlati~o
la
reflejo
en el ámbito jurisdiccional. Lo contrario, se aduce, supondria una incomprensible limitación de la actividad revisora propia de la jurisdicción141 • B)
Una segunda cuestión que ha sido planteada es la de
determinar la eventual existencia de otras limitaciones en la aplicación del DPL, limitaciones fundamentadas en la libertad de cada estado para ajustarse o no a los principios del DPL, a la hora
de
establecer
las
normas
relativas
a
la
función
jurisdiccional. Debe señalarse a este respecto que los garantias recogidas en las ocho primeras enmiendas, ratificadas en 1791, fueron originalmente concebidas, o al menos asi se interpretó por los Estados, para su aplicación en el caso de procesos originados por la transgresión de una norma federal,
141 MONAGHAN Liberty and Property,
en estos casos se
62 Cornell L. Rev.,
1977,
P~gs. 405, 415. SMOLLA The re-emergence of the Right-Privilege g~stinction in Constitutional Law: The price of protesting too ~uch, 35 Stanford L. Rev., 1982, pág. 69. BINON Liberty and ~roperty in the Supreme Court: A defense of Roth and Perry, 71
Cal'f ~ ~ • L. Rev., 1983, pago 146.
98
El principio del proceso debido aplicaría necesariamente el DPL ante un Tribunal Federal, con todas las garantías mencionadas. En
principio
ello
no
sería
aplicable
a
los
casos
de
acusación en base a la violación de una ley estatal que tuvieran asimismo
que
ventilarse
Tribunal
Supremo
ha
ante
un
acudido
a
Tribunal la
Estatal;
Enmienda
Pero
el
Decimocuarta,
ratificada en 1868, en virtud de la cual deberán ser respetadas las garantías incluidas en el DPL también en los casos relativos y resueltos por instancias estatales "The nationalization of the ai11 of Rights" 142 • De la interacción entre las enmiendas que venimos citando en este apartado surge, tras la necesaria y lenta elaboración jurisprudencial l43 , un más amplio concepto de DPL que incluye los derechos y garantías recogidos en las Enmiendas Cuarta, Quinta Sexta y Octava y los aplica al ámbito territorial resultante de la combimación de las Enmiendas Quinta (que permitía una amplia discrecionalidad por parte de cada Estado) y Decimocuarta (que controla la situación anterior imponiendo la observancia de la cláusula del DPL a todas las legislaciones estatales) , resultando de todo ello una situación de básica igualdad que permite un 142 Hurtado v. California, 110 U.S. 516, 535, 1884. Howard v. Fleming, 191 U.S. 126, 1903. Sobre la suficiencia de una acusación. TWining v. New Jersey, 211 U.S. 78, 1908. Sobre la protección frente a la autoinculpación. Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip, 1991, en The united States Law Week, Justice O'Connor opinion dissenting, vol. 59, NQ 34, págs. 4159 y 4168. Sobre anulación de leyes estatales por vaguedad en los términos de aplicación y como exigencia del DPL. 143 Frank v. Magnum, 237 U.S. 309, 1915. Fiske v. Kansas, 274 U. S. 380, 1927. En este último caso se aplica el DPL como protección de algunos acusados frente a procesos no limpios (II un fair ll ) ante tribunales estatales. 99
Iñaki Esparza Leibar desarrollO y aplicación
homogéneos del DPL en todo el territorio
nacionallM. Siendo la descrita la situación actual, a partir de la que deberemos enfocar las páginas siguientes.
IV. MANIFESTACIONES DEL DPL EN EL PROCESO PENAL FEDERAL
Abordaremos
ahora
manifestaciones del
la
DPL a
tarea lo
de
resaltar
las
concretas
largo del proceso penal,
y
lo
haremos en base a un modelo stándar, es decir un modelo en el que queden reflejados los mínimos - referidos a garantías procesales - exigidos por las leyes federales y por la propia USC, mencionar
las
particularidades
legislaciones estatales, gran especificidad;
existentes
en
las
sin
diversas
salvo las de especial interés por su
con la
finalidad
de conseguir una mayor
claridad expositiva sin - entendemos - menoscabo de los objetivos de
esta
Tesis
Doctoral.
Para
facilitar
su
comprensión
realizaremos previamente un somero esquema que trata de reflejar las fases y actos principales del proceso penal USA:
Producido
el
hecho
ilícito
y
una
vez
que
el
MF
tiene
conocimiento del mismo.
144 STARR l. Justice: Due Process of Law, sto Paul (Minn.), 1981, págs. 5 Y ss. 145 MARCUS P. Criminal justice reforms in the united states, relación norteamericana presentada en el XXV congreso AIDP "Los movimientos de reforma del proceso penal y la protección de los Derechos Humanos", Toledo 1992. 100
El principio del proceso debido A) PROCEDIMIENTO PRELIMINAR: - Denominación USA: "Pre-trial phase/stage" - Sujetos intervinientes: MF/policla judicial. OJ (eventualmente) "preliminary hearing" para adopción de medidas cautelares. - Actuaciones procedentes: Investigación. Adopción de medidas cautelares (eventualmente) - Finalidad: Conclusión de la investigación sobre las circunstancias del delito y del presunto delincuente. B) COMPARECENCIA PREVIA: - Denominación USA: "Pre-trial phase/stage" - Sujetos intervinientes: OJ ante el que se realizan las actuaciones. MF y/o gran jurado. Imputado. - Actuaciones procedentes: Formalización de la acusación. "Guilty pleas/plea bargaining"/posibilidad de conformidad. - Finalidad: Informar al acusado de los hechos que se le imputan. En caso de conformidad: Inmediata conclusión del proceso por sentencia. En caso de no haber conformidad: Apertura del juicio oral. C) JUICIO ORAL: - Denominación USA: "Trial phase/stage". - sujetos intervinientes: OJ, jurado, MF y acusado. - Actuaciones procedentes: Selección del juradO. Realización de la vista. Práctica de la prueba. - Finalidad: posibilitar el veredicto del jurado y la sentencia sobre el fondo del asunto. Eventualmente cabe la posibilidad de que se produzca una resolución que termine el proceso cuando su continuación sea imposible, "mistrial". D) FASE DE CONCLUSION: - Denominación USA: "Post-trial phase/stage". = sujetos intervinientes: Jurado, OJo - Actuaciones procedentes: Emisión del veredicto por el jurado y correlativa sentencia. - Finalidad: Obtención de una resolución definitiva en el proceso. E) APELACION: 101
Iñaki Esparza Leibar - Denominación USA: "Apellate review of sentencing/Right to appeal". - Sujetos intervinientes: OJ (Tribunales de apelación) . - Actuaciones procedentes:Revisión de la resolución apelada por considerarse perjudicial para el condenado en la misma. - Finalidad: Garantizar mediante la revisión que la privación de la vida, la libertad o la propiedad al condenado por la sentencia,ha sido realizada en la estricta observancia de lo que el B exige. si no hay vulneración del DPL se confirmará la sentencia apelada. si existe violación se modificará la resolución apelada.
A. Procedimiento preliminar/"Pretrial phase"l~ 1. Detención ordenada por órgano jurisdiccional/ "Arrest
under warrant"
La norma básica aplicable a toda la materia agrupada bajo los epígrafes referidos a las medidas cautelares es la Enmienda Cuarta de través,
la Usc 141, por
una
ratificada en 1791, parte,
de
las
que se desarrolla a
legislaciones
estatales
146 GEORGE B.J. Jr. Due Process Rights of the Criminal Defendant in the Pre-Trial Phase, en "Protection of Human Rights in the criminal procedure of Egypt, France and the United States, Second conference of the egyptian section of the A.I.D.P.", Alexandria, 1989, pág. 12 Y ss. 147 Amendment IV, USA. Constitution: "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particulary describing the place to be searched, and the persons or things to be seized"/"El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas". 102
El principio del proceso debido ("statutes")
y por otra, y principalmente por el sistema del
"Common Law" o desarrollo de la ley a través de las sentencias dictadas por
los
jueces en casos
concretos y
basadas en la
tradición y en las costumbres1 48 . Veremos
a
continuación
el
resultado
de
algunas
de
las
concreciones más importantes que se han producido en el proceso de adaptación de la enmienda a la realidad práctica a través de los años:
a) Podrán los funcionarios de policía en el ejercicio de sus funciones,
solicitar al OJ competente una orden de detención,
cuando exista una causa para creer que la persona cuya detención se interesa, ha cometido un delito federal 149 •
b)
Los
funcionarios
de
policía
no
necesitan
estar
en
posesión de la orden de detención en el momento de verificarla, si bien deberán mostrarla al detenido tan pronto como ello sea posible.
Entretanto,
la persona
detenida
será
informada del
delito que ha motivado su detención, así como del hecho de la expedición de la orden de
detenciónl~.
148 STARR l. Jus t 'lce: •.. , Cl. 't ~ pago 260. WILLlAMS P • J • ~lassifying pre-trial detention decisions under the Bail Reform ~ct of 1984: A statistical approach, ACLR 1993, pp. 255-336. 149 Fed. Cr. Crim P. R.4(a), (b). 150 Fed. Cr. C' rlm. P . R . 4(d)(4). 103
Iñaki Esparza Leibar c) Un Fiscal Federal puede, previamente a la expedición de la orden de detención ,
citar a una persona
(previsiblemente
objeto de inmediata detención) con las ventajas que para aquella se derivarán de la no existencia de custodia física y de no estar sujeta a las condiciones de la detención preventiva.
d) Una orden de detención es preceptiva para la detención de una persona en su casa 151 • si el individuo cuya detención se pretende se hallare en la residencia o propiedad de otra persona, será precisa además una orden de registro identificando a esa persona, antes de que los funcionarios de pOlic1a puedan entrar en aquella propiedad para detenerla 152 •
2. Detención no ordenada por órgano jurisdiccionall "Arrest without warrant"
Todo
funcionario
de polic1a,
incluso estando
fuera
de
servicio, puede detener por la comisión de delitos o infracciones menos graves cometidas en su presencia; asimismo y aún no estando presente podrá detener a
quien cometa un deli to.
Tanto
la
jurisprudencia como numerosas legislaciones estatales manifiestan una clara tendencia expansiva, permitiéndose la detención en base a una
"razonable creencia" de autor1a,
y extendiendo dicha
151 Payton v. New York, 445 U.S. 573, 1980. 1~2 Steagald v. United States, 451 U.S. 204, 1981 Y Welsh v. Wlsconsin, 446 U.S. 740, 1984.
104
El principio del proceso debido facultad
a
los
casos
no
ya
de
delito
sino
incluso
a
las
infracciones menos graves1~. Los funcionarios de policia no tienen
la obligación de
obtener una orden de detención si cuentan con "razones válidas" para realizarlo, aunque dicha posibilidad desaparece en el caso de
tener
que
verificarse
la
detención
en
una
propiedad
pr i vada 154 . Está
prohibido
el
uso
de
medios
desproporcionados
y
violentos por parte de los agentes de pOlicia, salvo actuando en la creencia de que la persona que va a ser detenida supone una amenaza grave de muerte o graves lesiones tanto para los agentes como para otras personas 155 • Tradicionalmente
se
viene
permitiendo
a
los
ciudadanos
particulares la detención de quien cometa delito o infracción violenta en su presencia (algunos estados como Nueva York han extendido en virtud de la legislación estatal dichas facultades) • En todo caso el ciudadano particular que detenga a otra persona debe ponerla inmediatamente a disposición de la policía para ulteriores diligencias 1Y •
153 N.Y. Crim. Proc. Law 1958.
S
140.10. Draper v. U.S., 358 U.S. 307
154 Será de aplicación en este punto lo dicho para detenciones ordenadas por Organo Jurisdiccional (l.a). 155 Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1, 1985. 156 N.Y. Crim. Proc. Law.
S
140.40 (1). 105
las
Iñaki Esparza Leibar Una vez que cualquier persona haya sido detenida deberá ser inmediatamente puesta a disposición judicial, tanto si existe como si no una orden de detención l57 •
3. otras posibilidades de investigación/"stop-andFrisk"
Con fundamentos razonables para sospechar que un individuo armado puede resultar peligroso, para los propios agentes o para terceros, pueden los funcionarios de policía proceder al cacheo del individuo l58 ;
la sospecha para la actuación descrita puede
proceder tanto de la observación directa de los agentes como de referencias de otras personas 1B • Podrán
también
los
funcionarios
de
policía
detener
brevemente para su identificación a cualquier persona sobre la "razonable base" de sospechar que está involucrado en la comisión de un delito o buscado por la autoridades por la misma causa 1OO • Ninguna
norma
establece
el
tiempo
máximo
de
tal
detención,
cuestión de la que se ocupa la jurisprudencia estableciendo su duración "de treinta a cuarenta minutos,,161.
157 Fed. R. Crim. P. 5(a). ¡58 Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 1968. Sibron v. New York, 392 U.S. O, 1968. Son los primeros casos que se ocupan de delimitar la CUestión de los cacheos (frisk). 159 Adams v. Williams, 407 U.S. 143, 1972. 160 United States v. Hensley, 469 U.S. 221, 1985. United States v. Sharpe, 470 U.S. 675, 1985. 106
El principio del proceso debido En el caso de que no existan motivos legales para proceder a la detención de una persona, pero ante la sospecha de que ha cometido un delito, podrán los funcionarios de policía,
según
indicaciones del Tribunal Supremo, tomar las huellas digitales de la misma en el lugar en que fuese halladal~.
4. Registros-Incautaciones/"Searches-Seizures"
Como ya hemos tenido ocasión de ver en anteriores páginas el DPL incluye la garantía frente a registros e incautaciones ilegales (Enmienda Cuarta USC) , en el sentido de excluir tal tipo de evidencias de un uso procesal como material probatorio (ello atentaría contra la Decimocuarta Enmienda USC). La situación es idéntica respecto a
la producción y ej ecución de órdenes de
registro no debidamente justificadas y así ha sido entendido y desarrollado por el Tribunal supremol~. Ningún funcionario de policía podrá efectuar un registro sin la
debida
orden
fehacientemente
no
que sólo
lo que
autorice, existe
excepto una
si
probable
acredita causa
que
fundamente eventualmente una orden de registro, sino que también deberá mostrar
la existencia de circunstancias
urgentes que
impiden la obtención de una orden de registro sin grave riesgo de pérdida, daño o destrucción de la evidencia que se pretende 162 Hayes v. Florida, 470 u.s. 811, 1985. ;63 Boyd v. United states, 116 U.S. 616, 1886. Weeks v. United l;ates, 232 U.S. 383, 1914. Sgro v. United States, 287 U.S. 206, 39 32 . Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25, 1949. Chimel v. California, 19 5 U.S. 752, 1969. Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443,
71.
107
Iñaki Esparza Leibar lograr, en el tiempo que transcurrirá hasta la efectiva obtención de la orden l64 • El consentimiento para la entrada y registro por parte del sujeto
pasivo,
constituye
igualmente
una
base
que
permite
proceder al registro sin la necesidad de una previa autorización judicial 165 • Los funcionarios que efectúen el registro pueden incautarse de material no especificado en la orden de registro que ejecutan, siempre que el descubrimiento sea involuntario y se simple vistal~.
~roduzca
a
No obstante, viola el DPL la actividad de los
funcionarios de policía consistente en incautarse de la totalidad del material existente en el local y retirarlo para un ulterior examen oficial 167 •
5. Escuchas/"Eavesdropping"
Pueden también constituir una violación del DPL en tanto en cuanto ataquen al contenido dispuesto por la cuarta enmienda USC en lo que a la protección de la privacidad conciernel~. 164 Welsh v. Wisconsin, 466 U.S. 740, 1984. 165 Stoner v. California, 376 U.S. 483, 1964. Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218, 1973. united States v. Matlock, 415 U.s. 164, 1974. 166 Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443, 468, 1971. Texas v. Brown, 460 U.S. 730, 1983. Arizona v. Hicks, 480 U.S. 321, 1987. 167 Kremen v. United States, 353 U.S. 346, 1957. 168 La primera vez que se plantea ante el Tribunal Supremo el problema de las escuchas como medio para la obtención de prueba es en el caso Olmstead v. united States, 277 U.S. 438, 1928. Las reglas para determinar el valor, los medios de acuerdo con las 108
El principio del proceso debido La sentencia del caso Katz v. USo afirma que las escuchas realizadas con autorización de un órgano jurisdiccional pueden ser compatibles con la cuarta enmienda USC. La legislación del Congreso se ocupa ampliamente de la cuestión J69 ,
estableciendo
los siguientes actos prohibidos en relación con las escuchas:
1. Interceptación premeditada o tentativa.
2. Uso, intento de uso o uso indirecto de una interceptación mecánica. 3.
Revelación premeditada o intento de revelación de los
contenidos
de
una
comunicación
oral
o
por
cable,
con
conocimiento, o posibilidad de tenerlo, de que la información fué obtenida por medios ilegales. 4. Uso premeditado o intento de uso de los contenidos de una
comunicación oral o por cable con conocimiento, o posibilidad de tenerlo, de que la información fué obtenida por medios ilegales. 5.
Fabricación,
distribución,
posesión
o
publicidad
de
medios, con conocimiento o posibilidad de tenerlo, de que son básicamente utilizables para la interceptación subrepticia de comunicaciones orales o por cable.
Se promulga la "E1ectronic Communications Privacy Act" en 1986 alterando el ámbito de protección de la Ley Federal de
Escuchas de 1968, para reflejar y abarcar las modalidades de nuevas tecno10gias y las circunstancias de validez de dicha via de obtención de prueba se sientan en Berger v. New York, 388 U.S. 41, 1967. Y Katz v. United States, 389 U.S. 347, 1967. 169 18. U.S.C. §§ 2510-2520, 1988. 109
Iñaki Esparza Leibar escuchas ilegales posibles al amparo de nuevas tecnolog1as. De la misma se derivan las siguientes consecuencias:
a) (persona
constituye objeto
delito
de
la
la
advertencia
escucha)
de
la
al
sujeto
existencia
pasivo
de
dicha
intervención para la que alguna agencia federal o funcionario han sido
autorizados
postulados
de
interceptar
la
o
han ley
solicitado federal.
comunicaciones
tanto
autorización
Ello
les
por
cable,
bajo
habilitará como
los para
orales
o
electrónicas.
b)
Tanto
los
funcionarios
públicos
como
las
personas
privadas que violen la ley cometerán un delito federal y serán consideradas civilmente responsables.
c) La prueba, también la prueba "derivada", obtenida con violación de la ley deberá ser excluida de todo procedimiento, tanto estatal como federal, y también administrati V0 170 •
6. La denominada "Exclusionary rule" de la cuarta enmienda USC
Inicialmente concebida como una limitación en el uso de material probatorio ilegalmente obtenido exclusivamente ante los Tribunales Federales, Se ha visto progresivamente extendida a los
i8
70 18 U.S.C.A.
U.S.C.A.
§
( SUPP. 1988).
§ 2232 (c) (Supp. 1988). 18 U.S.C.A. § 2511(1). 2520. 18 U.S.C.A. § 2515 Y 18 U.S.C.A. § 2708
110
El principio del proceso debido Tribunales Estatales con el amparo de la Enmienda Decimocuarta USC que incluye la c1aúsula del DPL I71 • La Regla de Exclusión es considerada por el Tribunal Supremo como el mejor de los remedios disuasorios frente a los abusos de autoridad 1n ,
y
de
su
aplicación
resultan
las
siguientes
particularidades:
1) El alcance de la exclusión abarca tanto la prueba directa
como la der i vada ( indirecta) 173 • La
exclusión
se
aplica
en
todas
las
fases
de
un
procedimiento penal. También será de aplicación en procedimientos expropiatorios,
no
así
en
procedimientos
civiles
o
171 Weeks v. united States, 232 U.S. 383, 1914, aplicación restringida a Tribunales Federales; Se señala este precedente como el origen de la "exclusionary rule", igualmente en Rochin v. California, 342 U.S. 165, 172, 1952 Y Elkins v. united States, 364 U.S. 206, 1960. Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 1961, se extiende su aplicación a los tribunales estatales, vid. comentario sobre dicha sentencia en WORTON S. N. Law enforcement and justice, Rochelle Park (New Jersey), 1977, págs. 33 Y ss. y en general sobre esta materia, NAGEL S. S. Testing the effects of excluding illegally seized evidence, wis. L. Rev., 1965, (Spring), págs. 283 y ss. l72 Existen además remedios alternativos o complementarios a la aplicación de la exclusión, así la "Federal civil Rights Act" de 1981 ha sido empleada para fiscalizar la constitucionalidad de la actividad policial. También se ha incrementado el uso de l:'emedios administrativos y procedimientos disciplinarios contra funcionarios que hayan infringido las claúsulas del DPL incluidas en la cuarta enmienda use. En Bivens v. six Unknown Named Agents, 403 U.S. 388, 1971, se sugieren remedios alternativos civiles ya qUe se considera que la aplicación de la "exclusionary rule" Penaliza a los ciudadanos a causa de errores policiales. 173 Wong Sun v. united States, 371 U.S. 471, 1963. 111
Iñaki Esparza Leibar administrativos de deportación o en procedimientos sancionadores civiles en materia de impuestos 174 • Dado que la Cuarta Enmienda USC no regula la actividad de personas o entidades privadas, la exclusión no podrá ser invocada si
el
Gobierno
registros,
no
ha
participado
en
las
investigaciones
incluso aunque posteriormente haga
y
uso de dichas
pruebas l75 • En el caso de que no exista una relación causal entre la actividad anticonstitucional y cuestión,
la obtención de
la prueba en
no existe base suficiente para invocar,
mejor para
aplicar, la exclusión n6 •
2) Supremo
Principio del Descubrimiento Inevitable: entiende
que
incluso
cuando
la
prueba
El Tribunal haya
sido
conseguida como resultado de una actividad ilegal de la pOlicia, no
obstante,
si
inevitablemente en cuestión,
el
procedimiento
de
investigación
tuviera
como resultado el descubrimiento de la prueba
la misma deberá ser admitida en el proceso como
tal 177 •
174 United States v. Calandra, 414 U.S. 338, 1974, respecto a procedimientos penales. One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania, 380 U.S. 693, 1965, procedimientos expropiatorios o confiscatorios. I.N.S. v. Lopez-Mendoza, 468 U.S. 1032, 1984, procedimientos de deportación. united States v. Janis, 428 U.S. ~33, 1976, procedimientos sancionadores civiles en materia de lmpuestos. 175 United States v. Jacobsen, 466 U.S. 109, 1984. 176 Wong Sun v. united States, 371 U.S. United States, 468 U.S. 796, 1984. 177 Nix v. Williams, 467 U.S. 431, 1984. 112
471,
1963. Segura v.
El principio del proceso debido
3) La Excepción de Confianza: En los casos en los que sea precisa orden de un órgano jurisdiccional para la investigación, si los oficiales de polic1a actúan bajo la confianza de una orden aparentemente válida para efectuar un registro o incautación, o en
el
caso
de
que
la
ley
que
autorizó
dicha
orden
sea
posteriormente derogada, en ambos casos la exclusión no debe ser aplicada
y
las
pruebas
así
obtenidas
podrán
introducirse
normalmente en el proceso l78 •
7.
Interrogatorios-confesiones-silencio-privilegio frente a la autoincriminación/"Interrogationconfessions-self incrimination"
En este caso sí existe una previsión constitucional al respecto estando recogido este derecho en la Quinta Enmienda USC 179 •
A tenor de la misma el acusado tiene el derecho a no
declarar en su contra a lo largo del procedimiento, ello excluye lógicamente el uso en el proceso de declaraciones obtenidas por medio de métodos impermisibles 18o • 178 Massachusetts v. Sheppard, 468 U.S. 981, 1984. united States v. Leon, 468 U.S. 897, 1984. Illinois v. Krull, 480 U.S. 340, 1987. 179 Amendment V (1791) " ••• nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself,"j"Nadie será compelido a declarar contra si mismo en ningún juicio criminal". 180 McNabb v. united States, 318 U.S. 332, 1943. Malinski v. New York, 324 U.S. 401, 1945. Mallory v. united states, 354 u.s. 449, 1957. Mathis v. u.s., 391 u.s. 1, 1969. Oregon v. Mathiason, 429 U.S. 492, 1977. DELVO M. Der Lügendetektor im StrafprozeB der llS~, KonigsteinjTs, 1981. BARLAND G. H. The polygraph test. Lies.
Iñaki Esparza Leibar Tradicionalmente las leyes Anglo-Americanas sobre la prueba han tratado restrictivamente, por el rechazo que producen los medios
inquisitoriales para
la obtención de pruebas,
el uso
procesal de las confesiones obtenidas por medio distinto a la "guilty plea" que implica la asistencia letrada 181 • Ya tempranamente el Tribunal Supremo USA declaraba que el uso de una confesión obtenida por medios no adecuados podría violar
el
privilegio
de
la
quinta
enmienda
contra
la
autoinculpación 182 • Finalmente la Tribunal Supremo estableció que el uso judicial por parte de un Estado de una confesión obtenida por medio de coacción supone una negación del DPL contenido en la Enmienda Decimocuarta 183 • Desde
entonces
el
Tribunal
Supremo
ha
empleado
cuatro
criterios basados en la USC para regular la admisibilidad de la confesión:
1. Cualquier confesión lograda por medio de coacción será rechazada por los términos de la Quinta Enmienda, de tal modo que
truth and science, the polygraph test in the USA and elsewhere, London 1988. 181 MAYER L. The American Legal System, New York 1964, pp. 32 Y ss. ROGGE J. o. Confessions and self-incrimination, en "The rights of the accused in law and action", coordinado por NAGEL S.S. Beverly Hills (California) 1972, pág. 61. 182 Bram v. united States, 168 U.S. 532, 542, 1897. 183 Brown v. Mississippi, 297 U.S. 278, 1936. 114
El principio del proceso debido su uso viola el privilegio de la no autoinculpación, suponiendo una directa violación del DPL1M •
2. Las declaraciones realizadas por una persona detenida contraviniendo
el
contenido
de
la
cuarta
enmienda,
serán
consideradas como fruto de dicha violación y por tanto deberán ser suprimidas como prueba 185 •
3.
La "Miranda Rule": El Tribunal Supremo declara que la
protección
de
la
Quinta
Enmienda
contra
la
auto inculpación
requiere que la persona bajo custodia policial sea informada del derecho a permanecer en silencio y del derecho de contar con la presencia de un abogado durante el interrogatorio, así como del derecho a la designación de oficio de un abogado
en el caso de
que el detenido no pueda procurárselo 186 • La efectividad de la "Miranda Rule" requiere los siguientes elementos: A) El inculpado tiene derecho a guardar silencio; B) Cualquier
cosa que
adversa; e)
declare
podrá
ser
utilizada
El inculpado tiene derecho a
como
prueba
la presencia de un
184 Payne v. Arkansas, 356 U.S. 560, 1958. Mincey v. Arizona, 437 U.S. 385, 1978. 185 Brown v. Illinois, 422 U.S. 590, 1975. Dunaway v. New York,
142 U.S. 200, 1979.
186 No se trata aquí del mismo derecho a la asistencia letrada recogido en la sexta enmienda, sino de un especial derecho a';lxiliar de dicha asistencia , derivado de la Quinta Enmienda dlrigido a salvaguardar la correcta aplicación del privilegio de ~~ autoinculpación. Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478, 1964. lranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 1966, vid. WORTON N. S. Law ~forcement ... , op. cit. comentarios sobre las mencionadas sentencias, págs. 20 y ss. 115
Iñaki Esparza Leibar abogado durante el interrogatorio;
Si el inculpado no puede
D)
procurarse un abogado, le será designado uno de oficio antes de que tenga lugar el interrogatorio. La "Exclusionary Rule" en combinación con la "Miranda Rule" determina que ninguna confesión obtenida violando la segunda de las
reglas
podrá
ser
usada
como
prueba
para
sostener
absolutamente ninguna acusación 187 • si una primera confesión viola la "Miranda Rule" ello no significa necesariamente que se invalide también una ulterior confesión producida con las advertencias precisas y renuncia de los derechos derivados de la mencionada regla 188 •
4.
Aún
habiendo
cumplido
con
prescripciones
las
constitucionales citadas, si un individuo deviene acusado, no ya inculpado como en los casos anteriores, en un proceso penal, cualquier interrogatorio en ausencia de su abogado infringe el derecho de la sexta enmienda a su concurso, y por tanto incluso las admisiones voluntarias deben ser excluidas 189 •
El derecho
constitucional a la asistencia letrada puede ser renunciado en aquel contexto, pero el acusado debe ser especialmente advertido
187 Estelle v. smith, 451 U.S. 454, 1981. Donde se pretendió
~InPlear como base para la acusación las declaraciones procedentes
e una entrevista garantias.
psiquiátrica,
realizada
sin
188 Oregon v. Elstad, 470 U.S. 298, 1985. 189 United St ates v. Henry, 447 U.S. 264, 1980. 116
las
debidas
El principio del proceso debido más allá de lo establecido en la "Miranda Rule" antes de aceptar su renuncia como válida1~.
B. comparecencia previa al juicio/"Pretrial phase"
1. Imputación/"Indictment,
information or
presentment 191"
La manifestación más importante del DPL en esta subfase procesal 192 , separar
última del procedimiento preliminar y destinada a
las acusaciones
infundadas del resto l93 ,
conectando a
cada una de ellas las consecuencias fijadas por el ordenamiento, se da
en
el
denominado
Acto
de
Acusación
( "Arraignment
on
Indictment") o Información, consistente en una comparecencia del acusado
ante
el
ógano
jurisdiccional
que
ha
recibido
el
190 Brewer v. Williams, 430 U.S. 387, 1977. 191 La acusación en los casos de delitos graves puede revestir alguna de las siguientes formas: Indictment, presentada por un gran jurado ("Grand Jury" es un órgano acusador cuya regulación varia grandemente de un estado a otro, no debe confundirse con el jurado que determina la culpabilidad o inocencia), sobre la base de la evidencia facilitada por el MF Information, presentada por el MF por propia iniciativa. Presentment, realizada por el gran jurado por propia iniciativa. En la práctica es pr.eponderante el papel del MF en cuyas depencias se preparan practicamente la totalidad de los instrumentos acusatorios. vid. kARLEN D./SCHULTZ J.L. Justice in the accusation, en "The rights of the accused in law and action" op. cit., p. 121. 192 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the aCCUsed shall enjoy the right to ... be informed of the nature and Oause of the accusation". 193 Vid. en general, KARLEN D./SCHULTZ J. L. Justice in the ~cusation, en "The rights of the accused ... " op. cit. págs. 113
y ss.
117
Iñaki Esparza Leibar instrumento acusatorio, normalmente remitido por el MF, donde oirá
la
literal1~.
acusación
de
Además,
procedimiento
la
y
que
dado
criminal,
le
que
deberá
será nos
facilitada
hallamos
facilitarse
una
dentro al
copia de
un
acusado
la
asistencia letrada si no se ha hecho anteriormente. En la misma información u otra posterior comparecencia el acusado se pronunciará sobre el instrumento acusatorio "Pleas", y
podrá
también
hacer
uso
de
determinados
actuando a modo de nuestros artículos de previo están
orientados
al
eventual
planteamiento
mecanismos
que,
pronun~iamiento,
de
objeciones
procesales o de fondo que deberán ser resueltos la mayor parte de la veces antes del juicio (v. gr. prueba de discriminación en la acusación, discriminación en la selección del jurado, etc. 19.5) La negación del uso de alguno de los mecanismos referidos abrirá la posibilidad de apelación.
2. Fianza/lBail"
otra manifestación del DPL en esta fase procesal es la derivada de la Octava Enmienda del texto constitucional l96 ,
y
consiste
o
en
la
prohibición de
requerir
fianzas
excesivas
194 Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 1934. smith v. O'Grady, 112 U.s. 329, 1941. Fed. R. Crim. P. 7(f) Y P. 10; N.Y. Crim. Proc. Law. S 200.90 Y S 210.15 (McKinney 1981). 195 Discriminación en la persecución por razones de raza, Oyler ~. Boles, 368 U.S. 448, 1962. Discriminatoria selección del Jurado, Beck v. washington, 369 U.S. 541, 1962. 196
Amendment
VIII
(1791)
"Excessive
bail
required"/"NO se exigirán fianzas excesivas". 118
shall
not
be
El principio del proceso debido desproporcionadas. La posibilidad de fianza se abre en principio a toda persona acusada por un delito no capital, y asi lo recogen la mayoria de las constituciones estatalesl~. Los factores a tener en cuenta a la hora de fijar el importe de la fianza son: La naturaleza del delito, el peso de la prueba contra el acusado, y además otro tipo de circunstancias extraprocesales (familia, renta, empleo, moralidad, etc.)l~.
3. Especial referencia a la prisión provisional/ "Preventive detention"
Debe
tenerse
en
cuenta
en
este
punto
que
la
prisión
provisional presenta dentro del ordenamiento norteamericano una sustantividad propia, no siendo considerada una simple medida cautelar personal, a nuestro juicio correctamente. Su reciente configuración ha despertado una importante polémica ampliamente reflejada por la doctrina. Las
disposiciones
comparativamente
reguladoras
recientes
"Bail
de
la
Reform
materia Act"
de
son 1984
las y
iGComprehensive Crime Control Act" de 1986. Con diferencia la cuestión más novedosa y por tanto controvertida derivada de dicha norm~tiva
es
la
autorización
de
alternativas
a
la
prisión
provisional para acusados por determinados delitos federales
197 Stack v. Boyle, 342 U.S. 1, 1951. U.S. 524, 1952.
Carlson v. Landon,
342
19~ Vid. en general sobre esta materia, WALD P. M. The right to 'º-<:ll revisited: A decade of promise without fulfillment, en "The rlghts of the accused", op. cit. págs. 177 y ss.
119
Iñaki Esparza Leibar graves,
siempre que constituyan figuras menos onerosas y que
prevengan igualmente las posibilidades de huida o peligro para la comunidad l99 • La ley incorpora la presunción - cabe por tanto prueba en contrario - de que no existe otra posibilidad de garantizar razonablemente la seguridad de la comunidad. si no se destruye dicha presunción, surgida de la existencia de tres presupuestos que a continuación se citarán, procede la prisión provisional. Los tres presupuestos mencionados para acordar la prisión provisional son:
A)
Existencia de una condena anterior del imputado por un
delito federal caracterizado por su violencia, por su punibilidad (hasta prisión perpetua o muerte), por su relación con algunas especificas materias relacionadas con el narcotráfico con penas de diez o más años, o por ser de los denominados de "criminalidad preferente ,,200 •
B)
Comisión del delito mientras el acusado está en libertad
provisional por un proceso pendiente por otro delito federal, estatal o local.
199 18 U.S.C.A.
§
3142 (e)
(Supp. 1988).
200 18 U.S.C.A. § 3142(e) (1), (f) (1) (D). Idem. § 3142(e) (1), (f) (1 A) . "Controlled Substances Act", 1988. "Controlled SUbstances Import and Export Act" (Supp. 1988). 120
lA
El principio del proceso debido e)
desde
Que habiendo pasado un periodo no mayor de cinco años la
fecha
de condena
o
libertad por un delito de
los
especificados en el punto A), haya cometido cualquier otr0201 •
Un Tribunal Federal actuando de oficio o a instancia del MF, puede ordenar la prisión preventiva, tras una audiencia, basada en la existencia de grave riesgo de que el acusado bien huya, bien obstruya o intente obstruir la actividad de la justicia o atente o intimide a un eventual testigo o jurado. La constitucionalidad de la precendente normativa ha sido objeto inmediato de examen, pero el Tribunal Supremo ha mantenido su validez.
Los
argumentos
contrarios
mantienen202 que
dicha
normati va supone un atentado al DPL del acusado tanto en su aspecto sustantivo como en el procesal, los argumentos esgrimidos son:
La prisión provisional impone una condena anticipada,
y
supone la adopción de dicha medida, una evidente desproporción respecto a la legitima finalidad pretendida de salvaguardar la seguridad de la comunidad. Además entienden tanto la doctrina como algunos magistrados disidentes,
que cualquier periodo de
prisión provisional no sujeto a limites en su duración atenta al DPL. El Tribunal Supremo afirma por contra la proporcionalidad existente entre los delitos, muy graves, en relación a los que la prisión provisional puede ser acordada y añade que la duración
20118U.S.C.A. § 3142(e)(2),
(e)(3).
202 Unites States v. Salerno, 107 S. ct. 2095, 1987. 121
Iñaki Esparza Leibar de la prisión está regulada por los estrictos plazos establecidos en la "speedy Trial Act,,203. La
argumentación
del
Tribunal
Supremo
en
el
caso
de
referencia desarrolla el siguiente postulado: Es evidente que se pretende garantizar para los acusados la libertad mientras no exista sentencia en sentido contrario. Dicho interés debe, sin embargo, ceder ante uno más respetable como es el interés social, siempre, eso si, en circunstancias cuidadosamente determinadas. Más concretamente, si se consigue demostrar mediante claras y convincentes pruebas que el acusado por un delito supone una amenaza para otro individuo o para la comunidad, el DPL en tales casos no impedirá a un Tribunal incapacitar a dicha persona para la ejecución de la amenaza2~. Finalmente
el
Tribunal
procedimientos regulados en
Supremo
la
encuentra
ley federal
que
reúnen todas
los las
exigencias del DPL procesal. En particular, y con criterio ya establecid02~,
considera
perfectamente
comprensibles
las
previsiones de peligrosidad como base de la prisión provisional. Entiende además que se reconocen los derechos de asistencia letrada, autodefensa y derecho de confrontación. Se determinan detalladamente los supuestos en que la prisión provisional podrá acordarse
y
se
precisa
de
una
audiencia
ante
el
órgano
jurisdiccional donde serán revisados los motivos de la posterior
203 18 U.S.C.A. §§ 3161-3162, 3164, 3172-3173 (Supp. 1988). 204 United States v. Salerno, cit ..• 2103. 205 Schall v. Martín, 467 U.S. 278, 1984. 122
El principio del proceso debido decisión que
será
siempre
fundada,
además es
admisible el recurso frente a la orden de
inmediatamente
prisión2~.
Son también rechazadas las objeciones que se realizan en base a la octava enmienda, ya que el Tribunal Supremo considera que la citada enmienda al prohibir las fianzas excesivas,
no
determina si las mismas deben siempre hacerse disponibles. Para concluir con esta cuestión es necesario constatar la inexistencia de apoyo legal o jurisprudencial para determinar la prisión
provisional
fuera
de
los
supuestos
de
ri~sgo
para
personas determinadas o para la comunidad, o huida de la persona presuntamente
responsable
presencia
ante
los
definidos
los limites a
eludiendo
órganos
consiguientemente
jurisdiccionales207 ,
quedando
su asi
los que la regulación de la prisión
provisional deberá atenerse.
C. Fase de plenario o juicio oral/"Trial phase"
1. "Due process"
El punto de partida a la hora de enfocar esta cuestión ha sido y es la constatación de una palmaria desigualdad donde "los instrumentos y
recursos a
disposición del gobierno,
procesamiento del delincuente,
para el
son infinitamente superiores a
aquellos de los que, incluso el más rico de los acusados, podrá
206 18 U.S.C.A. § 3142(f), 3145(b)
(c),
(Supp. 1988).
207 GEORGE B.J. Jr. Due Process ... , cit. pág. 37. 123
Iñaki Esparza Leibar emplear para su defensa ,,208. Las sal vaguardas derivadas del DPL no pretenden otra cosa que corregir la mencionada situación garantizando en la medida de lo posible la igualdad entre las partes procesales,
buscando un punto de equilibrio entre los
medios y posibilidades de los contendientes. Los derechos procesales fundamentales del acusado en un proceso penal parten de los genéricos enunciados del DPL y se manifiestan
en
las
concretas
exigencias
que
a
continuación
veremos, recogidas en las diez primeras enmiendas de la USC que son comúnmente conocidas con el nombre de "Bill of Rights" 209 , las cuales deben concurrir todas en cada proceso para reputar al mismo su carácter de proceso debido,
y que en virtud de la
Enmienda Decimocuarta de la USC son de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros 210 • Sobre esta cuestión y en contra de gran parte de la doctrina, el Tribunal Supremo ha adoptado un criterio
selectivo-restrictivo,
analizando
minuciosamente
el
contenido de cada enmienda de las que conforman el "Bill of Rights" para determinar cuando su contenido es fundamental o no para salvaguardar el DPL. Así por ejemplo en el caso de la Sexta
208 CAVISE L.L. Human Rights in the trial phase of the american system of criminal procedure, en "Protection of Human Rights in the criminal procedure of Egypt, France and the united States, second conference of the egyptian section of the A.I.D.P.", Alexandria, 1989, pág. 67. •• e los 26 derechos d1ferenc1ados recogidos en las 8 primeras enmiendas del "Bill of Rights", 15 están específicamente dirigidos a ser aplicados en procesos penales. '09
D
210 !Lse 260 267
WOOD V. Due Process of Law. 1932-1949. The Supreme Court's of a Cosnti tutional Too!. Louisiana 1951 (reimpr. 1972), pág. Y bajo el epígrafe "Due Process" Equals a "Fair Trial", págs. y ss. 124
El principio del proceso debido Enmienda, que ha sido históricamente interpretada en el sentido de requerir un veredicto unánime del Jurado para los procesos penales federales - lo que supondria en virtud de la Decimocuarta Enmienda la extensión a los procesos estatales - nos encontramos sin embargo con una sentencia de 1970 del Tribunal Supremo en la que arguye que el derecho a
un veredicto unánime no es tan
fundamental como para violar, si no se diera, el contenido del DPL Y por lo tanto no podrá imponerse a los Estados miembros dado que, entiende el Tribunal Supremo, no es un requisito del DPL y podrán ser promulgadas por lo tanto leyes estatales permitiendo sentencias condenatorias en base a veredictos no unánimes 211 •
2. Presunción de inocenciaj"Presumption of innocence"
En
todos
los
asuntos
criminales
se
presume,
o
más
exactamente, es asumida la legalidad de la conducta del acusado y correlativamente su no culpabilidad respecto de las acusaciones contra él formuladas 212 • La fuerza de la presunción de inocencia no podrá ser enervada salvo por
la obtención de pruebas
lo
suficientemente persuasivas como para demostrar la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. La presunción de inocencia no aparece recogida en el articulado constitucional,
211 CAVISE L.L. Human Rights ... op. cit., pág. 81 - 82. 212 La descrita es la situación presente, pero para llegar a la misma se han debido superar situaciones como las "Statutory Presumptions of Guilt" (presunciones de culpabilidad establecidas Por la ley), así en Atlantic Coast Line Ry. Co. v. Ford, 287 U.S. 502, 1933. Morrison v. California, 291 U.S. 82, 1934. Tot v. United States, 319 U.S. 463, 1943. 125
• Iñaki Esparza Leibar lo que no impide su unánime consideración como un componente básico del "fair trial" en el sistema de los USA.
3. Prueba más allá de toda duda razonable/ "Proof beyond a reasonable doubt"
Tampoco existe una
previsión constitucional
en
la
que
incardinar la intensidad requerida a la prueba para que la misma sea considerada eficaz y por tanto válida para la condena de un acusado (por destruir la presunción de inocencia), pero todavía permanece como uno de los principios básicos del sistema procesal penal norteamericano. Una vez más nos hallamos ante un concepto indeterminado e incompatible con cualquier cuantificación objetiva, por ello la determinación
de
si
persiste
o
ha
sido despejada
la
duda
razonable, o en otras palabras la cuantificación de la evidencia necesaria para satisfacer la carga, corresponde exclusivamente y para cada caso concreto a la racionalidad del jurado, el cual determinará en base a su convencimiento la culpabilidad o no del acusado. La carga de la prueba recaerá sobre la acusación que deberá, para que sea eficaz, probar todos y cada uno de los elementos incriminadores del
caso y probarlos más allá de toda duda
razonable.
4. Derecho a un juicio con jurado/ "Right to jury trial"
126
El principio del proceso debido La use se ocupa de este derecho en su Sexta Enmienda213 que posteriormente
ha
sido
delimitada
por
el
Tribunal
Supremo
resultando que toda persona acusada de haber cometido un delito tiene
el
derecho a
ser
juzgada por un Tribunal
con Jurado,
siempre que la acusación se refiera a delitos cuya pena exceda los seis meses de prisión. Para los delitos "petty offenses" que comportan penas de prisión de
seis meses o menores,
la
ley
federal no dispone automáticamente el derecho a un juicio con jurado, de manera que habrá que estar a lo que las legislaciónes estatales establezcan214 • El
enunciado
constitucional
tampoco
hece
referencia
al
número de personas que integrarán el jurado (la sentencia de williams v. Florida, cit., admite un jurado compuesto por seis personas), veredicto
ni
a
la forma
(en Johnson v.
en que aquellas deberán emitir su Louisiana -
admite un veredicto no unánime,
9-3.),
40 LW.
4524,
1972 -
se
de modo que será cada
estado el que lo determine y module los concretos limites del derecho a un juicio con jurado dentro de su jurisdicción. El derecho que nos ocupa es susceptible de renuncia por parte del acusado siempre que aquella revista ciertas garantias 213 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the accUsed shall enjoy the right to a speedy and public trial,by an
impartial jury of the state and district wherein the crime shall ha.ve been committed, ..• " 214 Como fundamento del esquema norteamerticano de justicia, Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 149, 1968. En relación con las llamadas "petty offenses", Williams v. Florida, 399 U.S. 78, 138, ~970. Como requisito del DPL cuando la potencial sentencia exceda e los seis meses de privación de libertad, Dyke v. Taylor ~mplement Mfg. Co., 391 U.S. 216, 1968. Baldwin v. New York, 399 c: s . 66, 1970. MORENILLA RODRIGUEZ J. M. Los derechos .•. , op. lt., pp. 630 Y ss. 127
Iñaki Esparza Leibar (consciente,
voluntaria,
estando asistido por letrado),
y
su
aceptación o rechazo corresponderá al Tribunal, el cual impedirá el uso de
la renuncia como un mero
instrumento dilatorio o
táctico al servicio del acusad0 21S • El procedimiento para la selección del jurado opera como una garantía del
derecho que
nos
ocupa.
Existen así
"causas de
recusación" que serán aplicadas a las personas llamadas a formar parte de un jurado. Dichas causas variarán dependiento del delito o tipo de delitos, y se harán efectivas con diversa intensidad en los casos de enjuiciamiento de minorías étnicas, para impedir la sistemática exclusión,
por parte del acusador,
de jurados
miembros de la misma minoría étnica y/o del mismo grupo socioeconómico que el acusad0216 •
5. Contradicción-derecho de defensa/"Right to present defense"
Se trata de uno de los elementos fundamentales del DPL, no enunciado
expresamente
así
por
la
USC 217 ,
consistente
en
el
derecho que asiste a todo acusado por un delito a preparar una
215 Fed. R. Crim. Pro. 23 (a). Sobre los requisitos de la renuncia, Dranow v. united States, 376 U.S. 912, 1963. Rosemon V. United States, 386 U.S. 918, 1966. 216 Swain v. Alabama, 380 U.S. 202, 1965. Witherspoon v. state of Illinois, 391 U.S. 510, 1969. Taylor v. Louisiana, 419 U.S. 522, 1975. Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79, 1986. 217 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the accUsed shall enjoy the right to... be confronted with the W~tnesses against him¡ to have compulsory process tor obtaining Wltnesses in his favor". 128
El principio del proceso debido defensa en igualdad de condiciones que la acusación. Dado que los componentes
técnicos
que
posibilitan
la
de
inocencia,
etc. )
presunción
letrada,
misma
(asistencia encuentran
se
garantizados por otras vías, el derecho a la defensa se entiende en los USA como el derecho a conocer los elementos en los que la parte contraria
fundamentará
su acusación y
sus peticiones,
garantizando así la plena contradicción218 • El
tratamiento
que
por
parte
del
Tribunal
Supremo
ha
recibido este derecho se ha materializado en una potenciación del mismo impidiendo la creación de trabas dentro del procedimiento. No se trata sin embargo de un derecho absoluto, y los Estados podrán a través de su propia legislación determinar algunas de sus
concretas
manifestaciones,
aunque
no
la
esencial
confrontación219 • Uno de
los
pilares de
este derecho es
el deber de
la
acusación de descubrir sustancialmente la fundamentación de su postura
(hechos,
parte acusada, engaño
que
defensa,
pruebas materiales,
declaraciones ..• ),
a
la
y ello para impedir situaciones de sorpresa o
redundarían
en
una
inadecuada
preparación de
la
lo que supondría una violación del DPL quedando por
tanto abierta la posibilidad de apelaciónno • 218 KARLEN D.¡SCHULTZ J.L. Justice in the accusation, rights of the accused ... " op. cit., págs. 127 y 128.
en "The
219 Pointer v. Texas, 380 U.S. 400, 1965. 220 Un importante hito en la determinación de éste derecho lo encontramos en Williams v. New York, 337 U.S. 241, 1949. Aquí el JUez entiende que el DPL queda a salvo, en lo que al derecho de defensa concierne, ya que el acusado ha tenido oportunidad de conocer los cargos que frente a él se presentan, y ha podido examinar a los testigos contrarios. No se considera necesario, 129
Iñaki Esparza Leibar 6. Derecho a la asistencia letrada/"Right to counsel"
Es en este caso la Sexta Enmienda de la USC quien se ocupa de su reconocimient0221 . La trascendencia de este derecho no es poca, pues "es probablemente el más importante para pr@verllÍr sentencias
erróneas
y
el
hostigamiento
del
acusado"222.
En
algunos casos es tan imprescindible que si no fuera posible garantizar su efectividad podría suponer una denegación del DPL según la Decimocuarta Enmienda2n • La claúsula de DPL exige,
según la
jurisprudencia del
Tribunal supremo, garantizar la asistencia letrada de oficio para todas las personas (indigentes en terminología de la doctrina USA, "indigent defendant") que no dispongan de ella224 • Además, para el cumplimiento del derecho, el examen por parte del acusado de las pruebas incriminatorias, si bien hay dos Jueces que disienten en este punto marcando el que hoyes ya el criterio generalmente aceptado. 221 Amendment VI (1791) "In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right ..• to bave tbe assistance of counsel tor bis defense" 222 NAGEL S. S. The riqhts of the accused. in law and action, Beverly Hills (California), 1972, pág. 17. DAMASKA H. Die ,S,.tellung des Verteidigers im amerikanischen StrafprozeB, zstw 90, pp. 829 Y ss., 1978. 223 Powell v. Alabama, 287 U.S. 45, 71, 1932 (con los votos en contra de los Jueces Butler y McReynolds, por considerar dicha interpretación como una injerencia del poder federal en un campo en el que sólo cada estado es competente). 224 Powell v. Alabama, 287 U. S. 45, 68-69, 1932. Garantiza e~presamente, y por primera vez, el derecho a la asistencia para ~~ acusado ante un tribunal estatal. Johnson v. Zerbst, 304 U.S. a ~, 1938, como precedente de la obligación de proveer de
8:~~tencia letrada a un acusado indigente en un caso federal. s v. Brady, 316 U.S. 455/ 462, 1942. Todavía no se establece Uiobligación por parte de los estados de proveer de abogado a q en lo precise como principio general, aunque si se prescribe 130
El principio del proceso debido
y por la misma via,
este derecho de
la Sexta Enmienda será
básicamente de aplicación en todos los estados, en virtud de la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda. El ámbito de aplicación de este derecho en el proceso está determinado por la concurrencia de dos circunstancias, la primera derivada de la penalidad aparejada al delito y la segunda en relación con determinadas fases procesales. Por un lado se hará efectivo
en
todos
los
asuntos
penales
incluidos
los
"petty
offenses" (delitos menores) de los que resulte necesariamente una pena privativa de libertad225 •
otra circunstancia determinante
está constituida por las fases criticas ("critical stages") del proceso - virtualmente la totalidad-, ya que será principalmente en ellas,
es decir cuando derechos fundamentales del acusado
puedan verse afectados,
donde se requiere la plasmación
del
bajo especiales circunstancias por lo que deberá analizarse su necesidad caso por caso. Griffin v. Illinois, 351 U.S. 12, 1955. En base a enlazar DPL con la necesidad de igual protección, se ha conseguido incrementar los derechos de los indigentes en general y por lo que respecta a la designación de defensor de oficio en particular. Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335, 344, 1963. Donde el Tribunal Supremo establece la obligatoriedad para los estados de garantizar la asistencia en virtud de la Decimocuarta Enmienda ya que el derecho a la asistencia es Considerado "fundamental and essential to a fair trial".Douglas v. California, 372 U.S. 353, 1963. Ross v. Moffitt, 417 U.S. 600, 1974. 225 Argersinger v. Hamlin, 407 U.S. 25, 1972. Scott v. Illinois, 440 U.S. 367, 372, 1979. Establece el Tribunal Supremo que dada ~a gravedad de la pena de privación de libertad la misma no debe ~tnlP<;>ne::se sin mediar la asistencia letrada. vid. Baldasar v. llnolS, 446 U.S. 222, 1980. 131
Iñaki Esparza Leibar deber constitucional de asistencia,
sin que las legislaciones
estatales puedan alterar dichos minimos nó • Desde 1932 el Tribunal Supremo ha planteado la necesidad de una asistencia que para ser la recogida por la Sexta Enmienda USC debe ser efectiva. La cuestión es aún en nuestros dias más una expresión
carente
de
alcance
práctico
que
un
criterio
determinante de la validez de la asistencia, y ello debido a las dificultades de todo tipo que plantea la acreditación no sólo de una incorrecta asistencia,
sino de la relación de causalidad
entre aquella y un perjuicio tan definitivo que haya privado al acusado de un juicio limpio "fair trial".
226 En Foster v. Illinois, 332 U.S. 134, 1947, el Juez Frankfurter establece que en determinadas circunstancias el DPL no exige la aplicación del derecho a la asistencia letrada; la mencionada sentencia no es sino un hito dentro de una marcada linea jurisprudencial que en base a circunstancias como la edad del imputado, su experiencia ante tribunales, la naturaleza del hecho que se le imputa, las circunstancias que rodean al juicio, etc. ha negado la exigencia de asistencia letrada como requisito para un proceso limpio, y por tanto del DPL, vid. en el mismo sentido Carter v. Illinois, 329 U.S. 173, 1946. En la actualidad, aunque superada esta concepción restrictiva, se han objetivizado y aislado situaciones en las que la asistencia letrada no es un requisito para el DPL, v. gr. Fed. R. Crim. P. 5(b). united states v. Wade, 388 U.S. 218, 1966. Coleman v. Alabama, 399 U.S. 1, 1970, con respecto a la necesidad de la asistencia en la "Preliminary Hearing". Hamilton v. Alabama, 368 U.S. 52, 1961, precedente en el que se determina la necesidad de la asistencia cuando se realice la acusación. Gideon v. Wainwright, cit. establece que es en el juicio oral donde la asistencia es necesaria por excelencia. 28 USC S 1915, 1970, en éste parágrafo se garantiza la asistencia letrada en las apelaciones. Kirby v. Illinois, 406 U.S. 682, 1972. united States v. Ash, 413 U.S. 300, 1973. En ocasiones la asistencia a la que el DPL obliga no se reduce a la asistencia letrada sino que puede comprender la de u~ investigador u otro experto que pueda asistirle en su defensa, Vld. Ake v. Oklahoma, 470 U.S. 68, 1985. También 18 U.S.C. S3006A (e), sobre la discrecionalidad del juzgador de los Tribunales Federales a la hora de conceder una asistencia más o menos amplia. 132
El principio del proceso debido Por lo que a la renuncia del derecho concierne,
la misma
está regulada por leyes estatales, no existiendo una regulación homogénea federal salvo en algún punto concreto, ejercicio del propio letrada.
acusado
derecho exige
constitucional de la
renuncia
La renuncia deberá,
al
así p.e.
el
auto-defensa por
el
derecho
de
asistencia
según reiterada jurisprudencia -
citada en este apartado- ser consciente y voluntaria, lo cual no implica que sea necesariamente expresa, para ser efectivaw .
7. Derecho a estar presente/"Right to be present"
Aunque la USC no recoge expresamente en su Sexta Enmienda el derecho del acusado a estar presente en la sala de vistas durante todas las fases del proceso, derivado del derecho al careo con los testigos que depongan en su contrans , este derecho es de aplicación en todos los estados a través de la c1aúsula de DPL de la Enmienda Decimocuartan9 • El derecho va más allá de
la mera presencia física,
e
incluye el derecho a comprender lo actuado en el proceso, de 227 Faretta v. California, 422 U.S. 806, 834, 1975. McKaskle v. Wiggins, 465 U.S. 168, 1984. Patterson v. Illinois, 487 U.S. 285, 299, 1988. 228 Amendment VI (1791) "The accused shall enjoy the right to ... be confronted with the witnesses against him". 229 Con las habituales tensiones en el ajuste de los límites entre las legislaciones estatales y los mandatos constitucionales, se plantea por primera vez la cuestión en Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 1934. Siendo la sentencia del Juez Cardozo favorable al derecho constitucional del acusado, dimanante del DPL, de estar presente en todas las fases del proceso. Dicha sentencia contó con la disidencia de cuatro Jueces. 133
lñaki Esparza Leibar donde se deriva la obligación para el Tribunal y el correlativo derecho para el acusado de que le sea facilitado un intérprete en el caso de que desconozca la lengua inglesa. Existen también requisitos formales sobre la presencia del acusado en la sala, asl el Tribunal supremo ha establecido
qu~
es una violación de los derechos que el DPL garantiza al acusado, obligarle
a
comparecer
ante
el
Tribunal
vistiendo
ropas
de
prisionero, y ello por que el acusado tiene derecho a comparecer con
la
apariencia
y
dignidad
propias
de
un
hombre
libre
e
inocente. De ello se desprende la prohibición del uso de esposas o grilletes en la sala, salvo por razones de peligro de fugas o riesgo para las personas alll presentes. La renuncia de este derecho puede hacerse de forma tácita. Asl entiende el Tribunal Supremo que renunciará al mismo el acusado que haciendo gala de una conducta inapropiada altere o impida el transcurso del proceso230 • el momento
en que el acusado
Cesará la situación desde
esté dispuesto a
mantener una
conducta apropiada en la sala. Es posible que con ciertas salvaguardias el juicio pueda proseguir ante la ausencia voluntaria del acusado. si una vez comparecido, éste deja posteriormente de asistir a las sesiones del juicio, entiende el Tribunal Supremo que se ha producido una renuncia al derecho de estar presente. Parece ser que la cuestión que decidirá si un proceso puede o no seguirse frente una persona ausente, es la de saber si el acusado es o no consciente de su carga-derecho a comparecer ante el Tribunal de donde se obtendrá
----------------------
230 Illinois v. Allen, 397 U.S. 337, 1970. 134
El principio del proceso debido si la renuncia es o no voluntaria, tramitándose,
en el primer
caso, el proceso en ausencia del acusado.
8. Derecho a pronunciarse sobre la acusación formulada/ "Guilty pleas-Plea bargaining"
La posibilidad de declararse culpable "guilty plea" se ha visto grandemente incrementada en los EEUU para los acusados de un delito. En los últimos años se ha llegado a constatar que en aproximadamente el 90% de los casos conocidos por los Tribunales se ha presentado una declaración de culpabilidad por parte del acusado 231 • Es llamativo que pese a la existencia de un proceso penal con multitud de garantías a disposición del acusado en el que las posibilidades reales de defensa son elevadas, en la mayor parte de los casos la resolución del proceso venga determinada por la existencia de una "guilty plea" cuya inmediata consecuencia es la no celebración del proceso penal y la emisión "consensuada" de una resolución en cuyo procedimiento de formación no han intervenido en absoluto las garantías mencionadas. A la vista de lo dicho es fácil entender que el empleo de la
"guilty
plea"
es
atractivo
para
todos
los
sujetos
intervinientes. Así en los casos de sobrecarga de trabajo en los Tribunales que a su vez conllevan la distribución de retrasos
------------------~~i SCHMID N. Das amerikanische •..
op.cit., pág. 61. vid. también ~~~~LHOFER S.J. The post-trial phase of the american criminal ~' en "Protection of human rights in the criminal . Ocedure ••. " cit. pág. 129. 135
Iñaki Esparza Leibar acumulados
en
los
nuevos
asuntos,
la
"guilty
plea"
acorta
considerablemente la duración del proceso ya que la sentencia será inmediata, y agiliza la gestión de la sobrecarga de trabajo existente. Pero también resulta un procedimiento interesante para el acusado (quien en definitiva decidirá si va a someterse a un proceso ordinario o a la negociación que conlleva la "guilty plea"),
quien
además
de
ver
reducida
la
pena
que
podria
corresponderle, verá su caso resuelto muy poco tiempo después de producido
el
acuerdo,
con
las
consecuencias
favorables
que
respecto a su situación personal pueden derivarse directamente. Por todo ello, y para evitar el previsible colapso al que conduciria
la
situación
contraria,
se
viene
observando
una
tendencia entre acusadores y jueces no sólo a favorecer el que se produzcan las "guilty pleas" con sentencias clementes, sino incluso
agravando
inconscientemente
las
sentencias
de
los
imputados que optaron por el proceso penal n2 • Es fundamental para el imputado entender que la opción por el reconocimiento de culpabilidad supone la renuncia a un gran número de derechos procesales (juicio con jurado, confrontación con los testigos de la acusación, no autoincriminación), y el Tribunal se ocupará de que asi sea advirtiendo e informando al imputado del alcance exacto de su opción como paso previo y necesario para aceptarla233 •
232 CAVISE L.L. Human Rights ... op. cit. pág. 109 233 LA FAVE/ISRAEL Criminal Procedure, Vol. 2, sto Paul, 1984. 136
El principio del proceso debido 9. Objetividad en la conducta del MF-debercontrol/"Conduct of the Prosecutor-duty"
configurado el MF como un servidor de la ley cuyo interés, por encima de todo, debe ser el de colaborar en la realizaci6n de la justicia, y en ningún caso el de "ganar" un caso, actitud frecuente dada su participación en fases previas al juicio que pueden haber determinado su opinión, aparece la prohibición para los miembros del MF de utilizar métodos impropios concebidos para lograr una convicción interesada (positiva o negativa respecto del imputado)n4. Una actitud como la descrita no cuestiona con la claridad deseada ningún derecho de los recogidos en el "Sill of Rights", pero es generalmente admitido el atentado que de la misma se deriva al derecho a un proceso debido. El control de actitudes no autorizadas como las definidas es una cuestión compleja y dificil dada la ausencia de guias legales precisas al respecto. En cualquier caso una actitud de aquéllas puede y deberá ser controlada ante, principalmente, la influencia que sobre la convicción del jurado puede causar. Es posible a través de una incorrecta actitud del representante del MF la violación del DPL cuyo alcance y consecuencias deberá determinar el Tribunal 235 • 234 Las leyes estatales que permiten una excesiva discreción al M!. en la aplicación de la ley penal, o que son imprecisas en sus te~minos, violan las garantias derivadas del DPL de las Enmiendas ~u~nta y Decimocuarta use. Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451, 939. Palmer v. city of Euclid, 402 U.S. 544, 1971.
~35 Debemos señalar aqui aunque sea bervemente la posición, Undamental, del MF ("Prosecutor") en relación con el proceso Penal. Asi correspnde al mismo realizar la acusación en la mayor 137
i
Iñaki Esparza Leibar 10. Objetividad en la conducta del juzgador-debercontrolj"Conduct of the jUdge-duty"
La
imparcialidad
que
debe
de
caracterizar
al
juzgador
aparece inequivocamente recogida en la Decimocuarta Enmienda de la USC236 • recusarse
Aquella impone al juzgador el deber ético de autocuando
la
imparcialidad
puede
ser
razonablemente
cuestionada, y ello puede ocurrir por la concurrencia de factores tanto extra como intraprocesales, por lo que deberá mantenerse acti vamente a todo lo largo del mismo.
En caso de que no se
cumpla lo anteriormente afirmado se producirá una violación del derecho a un proceso debido y será motivo suficiente como para impugnar
el
proceso
en
el
que
no
se
haya
respetado
la
imparcialidad. Una incorrecta actitud por parte del juzgador en el sentido que nos ocupa se produce principalmente respecto de
parte de los casos (también pueden hacerlo en determinados supuestos los ciudadanos particulares e incluso la policia tráfico -) pudiendo además vetar la iniciación de procesos por parte de otros sujetos, dado que es el único que puede activar la maquinaria jUdicial en asuntos penales y también detenerla. Su actividad está presidida por la autonomia y la discrecionalidad en la persecución de delitos que será selectiva y variable dependiendo de múltiples circunstancias también extrajuridicas. Dicha actividad se circunscribe al ámbito de cada comunidad donde el representante del MF decidirá la politica de persecución de delitos a aplicar. Vid. KARLEN D./SCHULTZ J.L. Justice in the accusation, en "The rights of the accused" op. cit. págs. 115 y ss. 236 Amendment XIV (1868) "Nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law¡ nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws"j"Ningún Estado podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal¡ ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos". ' 138
,.
El principio del proceso debido testigos o miembros del jurado cuya actitud o convicción puede verse alterada debido a la autoridad que de las opiniones del juzgador indudablemente dimana.
11. "Ne bis in idem"/"Double jeopardy"
En
la
Quinta
Enmienda
de
la
USC n7
se
establece
la
prohibición de someter a persona alguna dos veces al peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito. Ello supone actualmente la prohibición de juzgar a una persona dos veces por el mismo delitons • Por supuesto si se ha producido una 237 AInendment V (1791) "Nor shall any person be subject, for the sama offence, to be twice put in jeopardy of life or limb"/"Tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito". 238 Hasta llegar a la situación presente, la cuestión del alcance de la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda USC, respecto a la prohibición de "double jeopardy" en procesos penales estatales, ha sido objeto de diversas interpretaciones por parte de la Corte Suprema. As1 desde la práctica ignorancia en Dreyer v. Illinois, 187 U.S. 71, 86, 1902. Keerl v. Montana, 213 U.S. 135, 137, 1909. Hasta el caso paradigmático al respecto Palko v. Connenticut, 302 U. S. 319, 1937. Agu1 un sujeto (palko) es condenado a cadena perpetua por un asesinato en segundo grado; Tras descubrirse determinados errores sustanciales en aquél primer proceso, se procede a un segundo enjuiciamiento cuyo resultado es una condena a muerte por un delito calificado como asesinato en primer grado. Se produce la apelación basada en la prohibición del "double jeopardy", pero el Juez Cardozo entiende ~l resolver el recurso que la garant1a afectada ("double Jeopardy") no puede clasificarse como derecho fundamental, por tanto no está incluida en la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda. Igual criterio se aplica en Louisiana ex rel. Francis v. Resweber, 329 U.S. 459, 1947. Donde se producen ya cuatro votos disidentes sobre un total de nueve votos. Finalmente es en Benton v. Maryland, 395 U.S. 784, 808, 1969, donde se materializa l~ federalización del "double jeopardy", incorporándose a la e aúsula del DPL de la Decimocuarta Enmienda, siendo ~ost7riormente desarrollado por el Tribunal Supremo, Grady v. ~b~n, 495 U.S. 508, 1990. MORELAND R. Modern Criminal Ocedure, Indianapolis 1959, pp. 273 Y ss. 139
Iñaki Esparza Leibar 10. Objetividad en la conducta del juzgador-debercontrol/"Conduct of the jUdge-duty"
La
imparcialidad que
debe de caracterizar
al
juzgador
aparece inequivocamente recogida en la Decimocuarta Enmienda de la USC236 • Aquella impone al juzgador el deber ético de autorecusarse
cuando
la
imparcialidad
puede
ser
razonablemente
cuestionada, y ello puede ocurrir por la concurrencia de factores tanto extra como intraprocesales, por lo que deberá mantenerse activamente a todo lo largo del mismo. En caso de que no se cumpla lo anteriormente afirmado se producirá una violaci6n del derecho a un proceso debido y será motivo suficiente como para impugnar
el
proceso
en
el
que
no
se
haya
respetado
la
imparcialidad. Una incorrecta actitud por parte del juzgador en el sentido que nos ocupa se produce principalmente respecto de
parte de los casos (también pueden hacerlo en determinados supuestos los ciudadanos particulares e incluso la policía tráfico -) pudiendo además vetar la iniciaci6n de procesos por parte de otros sujetos, dado que es el único que puede activar la maquinaria judicial en asuntos penales y también detenerla. Su actividad está presidida por la autonomía y la discrecionalidad en la persecuci6n de delitos que será selectiva y variable dependiendo de múltiples circunstancias también extrajurídicas. Dicha actividad se circunscribe al ámbito de cada comunidad donde el representante del MF decidirá la política de persecuci6n de delitos a aplicar. vid. KARLEN D./SCHULTZ J.L. Justice in the accusation, en "The rights of the accused" op. cit. págs. 115 y ss. 236 Amendment XIV (1868) liNar shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person witbin its jurisdiction tbe equal protection of the laws"/"Ningún Estado podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus limites jurisdiccionales la protecci6n de las leyes, igual para tOdos". 138
El principio del proceso debido testigos o miembros del jurado cuya actitud o convicción puede verse alterada debido a la autoridad que de las opiniones del juzgador indudablemente dimana.
11. "Ne bis in idem"/"Double jeopardy"
En
la
Quinta
Enmienda
de
la
USCn7
se
establece
la
prohibición de someter a persona alguna dos veces al peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito. Ello supone actualmente la prohibición de juzgar a una persona dos veces por el mismo delito ns • Por supuesto si se ha producido una 237 Amendment V (1791) "Nor sball any person be subject, for tbe same offence, to be twice put in jeopardy of life or liDib"/"Tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito". 238 Hasta llegar a la situación presente, la cuestión del alcance de la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda USC, respecto a la prOhibición de "double jeopardy" en procesos penales estatales, ha sido objeto de diversas interpretaciones por parte de la Corte Suprema. Así desde la práctica ignorancia en Dreyer v. Illinois, 187 U.S. 71, 86, 1902. Keerl v. Montana, 213 U.S. 135, 137, 1909. Hasta el caso paradigmático al respecto Palko v. Connenticut, 302U.S. 319, 1937. Aquí un sujeto (Palko) es condenado a cadena perpetua por un asesinato en segundo grado; Tras descubrirse determinados errores sustanciales en aquél primer proceso, se procede a un segundo enjuiciamiento cuyo resultado es una condena a muerte por un delito calificado como asesinato en primer grado. Se produce la apelación basada en la prohibición del "double jeopardy" , pero el Juez Cardozo entiende ~l resolver el recurso que la garantia afectada ("double Jeopardy") no puede clasificarse como derecho fundamental, por tanto no está incluida en la claúsula de DPL de la Decimocuarta Enmienda. Igual criterio se aplica en Louisiana ex rel. Francis v. Resweber, 329 U.S. 459, 1947. Donde se producen ya cuatro votos disidentes sobre un total de nueve votos. Finalmente es en Benton v. Maryland, 395 U.S. 784, 808, 1969, donde se materializa la federalización del "double jeopardy" , incorporándose a la claúsula del DPL de la Decimocuarta Enmienda, siendo ~ost7riormente desarrollado por el Tribunal Supremo, Grady v. ~rb1n, 495 U.S. 508, 1990. MORELAND R. Modern Criminal rocedure, Indianapolis 1959, pp. 273 Y ss. 139
Iñaki Esparza Leibar sentencia definitiva sobre el fondo, pero también cuando por ser imposible por razones objetivas la continuación del proceso se produce una resolución de carácter procesal con la que concluye el
mismo
veredicto
"mistrial" del
(v. gr.
jurado)
en
por
ser
éstos
imposible
ültimos
llegar
casos
a
un
sólo
es
constitucionalmente posible un nuevo proceso frente a la misma persona Y por el mismo delito en el caso de que el propio imputado haya solicitado o aceptado la declaración de "mistrial", dado que asi se considera que el imputado renuncia a algunos de los derechos comprendidos en el "double jeopardy". En el caso de que la declaración sea exigida por error de la acusación,
no
habrá posibilidad de nuevo proceson9 • otra de las consecuencias, pacificamente aceptada, derivada de la claüsula del "double jeopardy" es la de impedir al MF apelar un veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado. El alcance del
"double
j eopardy"
puede trascender a
un
ulterior proceso, segün la doctrina del "collateral estoppel", con un efecto similar a
lo que nosotros entendemos por cosa
juzgada materia1 24o •
12. "Fair trial/Free press/Public trial"
239 United States v. Jorn, 400 U.S. 470, 1970. Crea la doctrina de la "manifest necessity" que excepciona enervándolo el efecto general pro-acusado. 240 Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436, 1970. 140
El principio del proceso debido La use garantiza el derecho a jurado "limpio" e imparcial~l, de
prensa
(Primera
Enmienda
un juicio público por un
y además garantiza la libertad USC).
Ambos
derechos
deben
ser
protegidos y para ello deberá encontrarse un punto de equilibrio entre ellos, ya que la publicidad, entendida de forma absolutd u puede provocar graves distorsiones en el proceso (testigos que se niegan a participar por el riesgo que la publicidad puede acarrearles,
presiones
a
los
sujetos
participantes,
etc.),
comprometiendo la limpieza del mismo, según lo ha entendido el Tribunal Supremo en diversas sentencias~2. También la doctrina se ha ocupado, comparativamente de una forma amplia,
sobre esta cuestión.
Entiende la misma que
la
publicidad del proceso a través de la libertad de prensa, no es un derecho superior,
absoluto un
proceso
sino
que
limpio,
deberá
ceder
contribuyendo
ante en
un
interés
ocasiones
la
denegación de publicidad, a lograr el mencionado interés (v.gr. delitos sexuales) 243. 241 Amendment VI (1791) "In a11 criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartia1 jury ..• " "It is the "law of the 1and" that no man's life, 1iberty, or property be forfeited as a punishment unti1 there has been a charge fairly made and fairly tried in a public tribunal", Justice Black in In re Oliver, 333 U.S. 257, 1948. 242 Irvin v. Dowd, 366 U.S. 717, 1961. Donde determinada PUblicidad en la fase preliminar logra, a juicio del Tribunal Supremo involucrar, afectándola, la imparcialidad del jurado. Sheppard v. Maxwe11, 384 U.S. 333, 1966, en el mismo sentido. Gannett Co. v. De Pasqua1e, 443 U.S. 368, 1979. Exclusión de la Publicidad en la fase previa al juicio para mayor garant1a del " fal.r ' . trl.al". 243 GILLHOR D. M. Free press and Fair Tria1, Washington, 1966, en especial págs. 177 y ss. "Proposals for resolving the conflict" que incluye supuestos de exclusión de la prensa y del pÚblico de la Sala de vistas. FREEDMAN W. News media coverage of
Iñaki Esparza Leibar Las
limitaciones
acordarse
caso
por
a
la
caso
y
publicidad deberán a
la
luz
de
en
una
todo
caso
interpretación
favorable al acceso. El derecho a un juicio público está intimamente relacionado con el derecho a la defensa del acusado (constituye una extensión del mismo),
asl no sólo éste sino también el jurado y quien
asista al proceso podrán y deberán examinar los testigos y las pruebas en las que se sustente la acusación,
y
solamente la
prueba presentada de tal manera será tomada en consideración por el Juez en su resolución244 •
v.
CONCEPTO
A) Formalmente, el DPL es un elemento recibido del derecho
inglés
redefinido
y
por
la
use
y
sus
intérpretes
con
consideración de básico, que impone directamente el deber de ajustarse a él a todos los sujetos y en todas las actuaciones que afecten
a
la
vida,
libertad
manifestaciones de derecho material
o
propiedad,
tanto
(DPL sustantivo)
en
como en
manifestaciones jurisdiccionales del derecho (DPL procesal), que correlativamente otorga a todos los sujetos determinados derechos fundamentales y directamente exigibles con respecto a aquellas materias.
Se tratarla,
naturalmente desde nuestra óptica y a
.Q.riminal cases and the right to a Fair Trial, Rev., 1961, pág. 393. 244 Williams v. New York, 337 U.S. 241, 1949. 142
40 Nebraska L.
El principio del proceso debido través
de
criterios
interpretativos
continentales,
de
un
enunciados de
las
principio general del derecho.
B)
Materialmente,
lo constituyen
los
Enmiendas que definen el llamado "Bill of Rights" (10 primeras de la USe),
que incluyen el Derecho Fundamental a un Juicio
Limpio (aspecto estrictamente procesal del DPL) , con el ámbito territorial establecido en la Decimocuarta Enmienda y con el alcance que en cada momento histórico la jurisprudencia permita y las leyes establezcan.
143
PARTE II
EL SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LA W" EN EL DERECHO PROCESAL PENAL ALEMAN:
CONCEPTO y CARACTERES DIFERENCIADORES
l. INTRODUCCION: BREVE REFERENCIA A LA ORGANIZACION JUDICIAL EN ALEMANIA
La GG alemana, Ley fundamental de la RFA de 23 de
ID&yO
de
1949, contiene al igual que la ya analizada USC y que la CE, cuyo estudio afrontaremos en la parte III, un núcleo homogéneo y particularmente
explicito
de
disposiciones
que
conciernen
directamente al derecho jurisdiccional y más exactamente a la configuración - contenido, modalidades y limites - del derecho de acción especialmente en relación con el proceso
penal~s.
La
aprehensión del exacto alcance de dichas disposiciones precisa del
conocimiento de otras normas procedentes
de
instancias
supranacionales que incorporadas a los ordenamientos de cada pais pasan a formar parte de los mismos con carácter imperati V02~ • La posibilidad teórica de que instancias de ámbito inferior a la
245 Arts. 101 y 102 GG prohibiendo los tribunales de excepción y aboliendo la pena de muerte respectivamente. Arts. 103 y 104
GG en los que se consagran determinadas garantias procesales penales básicas como el derecho a ser oido ante los Tribunales, la prohibición de leyes penales con efecto retroactivo y de la pena doble; Garantias en caso de privación de libertad, inmediata puesta a disposición judicial, información al detenido sobre sus derechos, etc. 246 Los arts. 24 y 25 GG abren la posibilidad de cesiones de soberania a instancias supranacionales ("instituciones internacionales"), asi como a la incorporación de normas de derecho internacional público que tendrán primacia sobre las leyes federales y serán fuente directa de derechos para los habitantes del pais, v. gr. Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, (CEDH/MRK), de 04.11.1950, de especial importancia en el tema que abordamos, como a lo largo de todo el estudio del mismo se verá. 145
Iñaki Esparza Leibar Federación - arts. 72.1 Y 74.1 GG 247 que permiten a los Lander legislar sobre la materia que nos ocupa si la Federación no hace uso de dicha facultad 248
-
puedan aunque restringidamente, como
hemos visto que ocurre en los USA, legislar sobre la referida materia ha sido de tal manera interpretada que imposibilita en la práctica a los Lander a intervenir en la configuración del derecho de acción y manifestaciones jurídicas derivadas de su existencia. Delimitado el ámbito de procedencia de las normas que incidirán en el objeto de esta tesis doctoral en relación con el derecho alemán249 , procederemos al igual que hicimos en el caso
247 arto 74.1 GG "La legislación concurrente - donde los Lander tienen la facultad de legislar en tanto en cuanto la Federación no haga uso de su facultad legislativa, arto 72.1 GG -abarca las materias siguientes: l. El derecho civil, el derecho penal y el régimen penitenciario, la organización judicial, el procedimiento jUdicial, el régimen de la abogacía, del notariado y del asesoramiento jurídico." La traducción oficial del precepto y en lo sucesivo de los arts. de la GG a los que hagamos referencia, proviene del DEPARTAMENTO DE PRENSA E INFORMACION DEL GOBIERNO FEDERAL Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, Essen-Werden 1981. 248 En este punto no se producen modificaciones en virtud del acuerdo de unificación de los dos estados alemanes, Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik liber die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertrag - Vom 31. August 1990 (BGB1 11 s. 889, 933). 249 GG de 23. mayo de 1949 y Einigungsvertrag de 31. agosto de 1~9? stpo de 1. febrero de 1877 hasta la última reforma de 7. a rll de 1987 (BGBl 1 S. 1074), deben también ser tenidas en ~u:~ta las modificaciones que a la stpo introduce la "Gesetz zur le amp~ung des Illegalen Rauschgifthandels und anderer 1~s,?helnungSfOrmen der Organisierten Kriminalitat (OrgKG)" de d .)Ulio.1992 (BGBl I S. 1302), en su arto 3. EGGVG de 27. enero 1:1 1877 y GVG según la redacción de 09 de mayo de 1975 (BGBl I 1). MRK de 7. agosto de 1952. 146
El principio del proceso debido de los USA a esbozar la organización de aquellos Tribunales que en Alemania tienen atribuida competencia penal.
A. organización de los Tribunales en Alemania
La organización de los Tribunales en Alemania2ro reviste un cierto grado de complejidad, debido a varias razones, as!, el gran número de Organos que tienen atribuida competencia en materia penal y que a su vez y desde el punto de vista de la actuación jurisdiccional se subdividen en OJ, influye también la coexistencia de varios estados federados, cuya estructura queda reflejada también a nivel jurisdiccional, etc. En cualquier caso esta materia nos interesa en este momento solamente en la medida en que pretendemos plasmar un sencillo esquema de la organización de
los
Tribunales
en
Alemania~l.
As!
dentro
del
orden
jurisdiccional penal nos encontraremos con los siguientes OOJJ competentes que ordenamos desde aquéllos que constituyen la base de la organización jurisdiccional hasta aquéllos otros que la culminan
252:
250 Cuya regulación corresponde a la Gerichtsverfassungsgesetz Ley Orgánica de los Tribunales - GVG, de 27 de enero de 1877, (RGBl 417; III 300 - 2), según la nueva redacción de 09 de mayo de 1975, (BGB1 I 1077) Y con las últimas modificaciones legales de 12 de septiembre y 17 de diciembre de 1990 (BGB1 I 2002 Y BGB1 I 2847 respectivamente). 251 RIOS/VEIT/ZILLER Deutsch für Juristen, Paris, 1979, pp. 64 Y ss. Y 79 Y ss. 252 GOHEZ-COLOHER J.L. El proceso penal alemán, Introducción y normas básicas, op. cit., pp. 56 Y ss. Y 514-515. 147
Iñaki Esparza Leibar A) Amtsgericht (AG), forman el nivel inferior de la organización, lo constituyen dos OJ diferentes para la materia penal: - Juez de lo Penal, OJ unipersonal (el único en éste ámbito), con competencia en delitos de escasa gravedad. - Tribunal de Escabinos, OJ colegiado que complet~ las competencias que corresponden al AG, siempre en cuan:ta a delitos a los que corresponden penas privativas de libertad no superiores a tres años. B) Landgericht (LG), integrado en lo penal por cuatro tipos de OJ, todos ellos colegiados: - Pequeña Sala de lo penal, compuesta por el Presidente del Tribunal y dos Jueces Escabinos con competencia en materia de recursos frente a las resoluciones del Juez de lo Penal. - Gran Sala de lo Penal, en cuya composición aparecen también los Jueces Escabinos, y con competencia para conocer de aquellos asuntos que exceden de las competencias de los AG. - Tribunal de Jurado, con una composición mixta de Jueces Técnicos y Escabinos, y competencia en delitos de especial gravedad y con resultado de muerte. - Salas de lo Penal con competencia Específica, con una composición similar al caso anterior, y competencia en materia de menores, delitos económicos y determinados delitos. c) Oberlandesgericht (OLG), es el OJ que culmina la organización judicial de cada Estado Federado (Land), está integrado por dos Salas: - Sala de lo Penal para casaciones y Quejas, compuesta por tres Jueces Técnicos, con competencia para conocer de los recursos interpuestos frente a las resoluciones de Tribunales inferiores. - Sala de lo Penal de primera Instancia, compuesta por cinco Jueces Técnicos, con competencia para el conocimiento de delitos contra la seguridad del estado. D) Bundesgerichtshof für strafsachen (BGBSt), ~3 es el OJ SUpremo en el orden jurisdiccional penal, existe por tanto solamente uno para toda Alemania, formado por cinco Salas cada una de las cuales se compone a su vez de cinco Jueces
---------------------
253 Vid. arto 95.1 GG. Con sede en Karlsruhe, S 23 GVG. 148
El principio del proceso debido Técnicos. Su competencia se extiende al conocimiento del recurso de casación, cuando asl lo establezca la ley, asl como de determinadas discrepancias entre OLG de diferentes estados federados. Finalmente y al margen de la jurisdicci6n ordinaria, la propia GG configura en sus arts. 93 y 94 un Tribunal Constitucional Federal al que sitúa como último intérprete autorizado de la constituci6n, para el caso de opiniones di vergentes254 • E) Bundesverfassungsgericht (BVerfG), con sede en Karlsruhe
y jurisdicci6n en toda la BRD, conocerá del equivalente a nuestros recursos de inconstitucionalidad, recurso de amparo, controversias entre la Federaci6n y los Lander, o los Lander entre sl, etc. Sus miembros serán elegidos por mitades por Parlamento Federal y por el Consejo Federal. Al igual que en el caso anterior del proceso penal USA, diseñaremos
primeramente un esquema en el que de
forma más
gráfica quede reflejado el curso del proceso penal alemán y en el que figuren ordenadamente sus fases y actos principales. Debemos también advertir ya en este momento que el papel que el "fair trial"
juega en los procesos de corte anglosaj6n -
consistente en la exigencia de concretas pautas más o menos minuciosamente creadas y desarrolladas de forma flexible por la jurisprUdencia a todo lo largo del proceso, como hemos tenido ocasi6n de comprobar en el caso de los USA -
es básicamente
diferente de aquél que le corresponderá en la normativa procesal continental, y más concretamente alemana, donde actuará según veremos
a
preexistente
continuaci6n a
cualquier
más
como
posterior
un
principio
precisi6n
general
venida
de
la
interpretaci6n de los Tribunales, y limitado en su desarrollo por
-----------------:i~ ~sta materia tampoco
ha sido objeto de modificaci6n por el lnlgungsvertrag" de 31. Agosto 1990, (BGBl 11 S. 889). 149
~"""""""""------------"""".a Iñaki Esparza Leibar otros principios -
o instrumento de interpretación que en el
sentido ya dicho en referencia a los ordenamientos anglosajones. Una de
las razones que pueden explicar esta diferencia
radical es, además de la diferencia de sistema - acusatorio o mixto -, el modo en que cada uno de los tipos de proceso
~e
ha
desarrollado, a través de principios generales interdependientes que
permiten
una
cierta
variedad
de
alternativas,
caso
continental, o a través de la acumulación esencialmente variable, por su intima relación con el criterio jurisprudencial, de actos procesales
concretos
estrictamente
regulados
con
el
único
objetivo, esencialmente práctico, de lograr un proceso adecuado a la sensibilidad de un pais sin ninguna servidumbre de tipo dogmático, caso del proceso USA.
B. Esquema sintético del proceso penal alemán por delitos 255
Para facilitar su comprensión realizaremos previamente un somero
esquema
que
refleje
las
fases,
actos
y
sujetos
intervinientes en el proceso penal alemán:
255 otros esquemas realizados sobre el mismo objeto pueden consultarse en, GOMEZ COLOMER J.L. El proceso penal alemán ••• , op. cit., p. 239. FRANK U. StrafprozeBrecht. Ausgewalte froblemkreise für Studium. Examen und Praxis, Stuttgart, 1986, p. 91. ROXIN C. Strafverfahrensrecht, München, 1991, p. 23. PETERS k. Strafprozess, Heidelberg, 1985, p. 528. GOSSEL k. H. ªtrafverfahrensrecht, T. 11, Stuttgart 1979. vid. también 'l'IEDEMANN K. en ROXIN/ARZT/TIEDEMANN Introducción al Derecho fenal y al Derecho Penal Procesal, op. cit., pp. 133 Y ss. 150
• El principio del proceso debido A) PROCEDIMIENTO PRELIMINAR: (SS 158 a 177 stPO) - Denominación BRD: "Vorverfahren" - sujetos intervinientes: MF/policla judicial. OJ (eventualmente) para la comprobación de la legalidad de las medidas cautelares. Actuaciones procedentes: Práctica de actos de investigaci6n. Adopci6n, eventualmente, de medidas cautelares. - Finalidad: Conclusión de la investigación sobre las circunstancias del delito y del presunto delincuente, preparación de la acusación. B) FASB INTBRMBDIA:
<ss
199 a 211 stPO)
- Denominación BRD: "Zwischenverfahren" Sujetos intervinientes: Se tramita ante el OJ (Tribunal técnico), una vez que el MF ha presentado el escrito de acusación, producto de la investigación realizada. Acusado, puede formular reclamaciones y objeciones. - Actuaciones procedentes: Comunicación al acusado. Eventuales reclamaciones. Eventual práctica de prueba. - Finalidad: Informar al acusado de los hechos que se le imputan. Auto de apertura del procedimiento principal, en su caso. C) PROCEDIMIENTO PRINCIPAL/JUICIO ORAL: (SS 207 a 275 stPO) - Denominación BRD: "Hauptverfahren" - Sujetos intervinientes: OJ (Escabinos) , MF, acusado. - Actuaciones procedentes: Preparaci6n y realización de la vista principal. Práctica de la prueba. Informes finales. - Finalidad: posibilitar la sentencia sobre el fondo del asunto. D) FASE IMPUGNATORIA, APELACION/CASACION: (312 a 358 stPO) - Denominación BRD: "Rechtsmittelverfahren" - sujetos intervinientes: OJ (Tribunales de Apelaci6n o casación). - Actuaciones procedentes: Revisión, en la medida de cada recurso, de la Sentencia impugnada por considerarse la misma perjudicial para el recurrente. - Finalidad: Modificaci6n, anulaci6n o confirmaci6n de la resolución impugnada dependiendo de la correcci6n o no de lo actuado en las anteriores fases procedimentales. E) EJBCUCION: (SS 449 a 463d stpo, SS 78a y 78b GVO y otras normas específicas para la ejecución de penas privativas de libertad StVollzG, y para otras penas StrVollstrO y JBeitrO) 151
Iñaki Esparza Leibar -
Denominación BRD: "Vollstreckungsverfahren" Sujetos intervinientes: MF y OJo Actuaciones procedentes: Variedad. Finalidad: Ejecución de la Sentencia.
C. El proceso penal alemán: configuraci6n
En
el
caso del
proceso penal actualmente
existente en
Alemania y en una inicial delimitaci6n se constata que en su estructura básica prevalece el modelo europeo continental y más precisamente el modelo
procedente del derecho italiano del s.
XV y con elementos del derecho inglés y francés cuya influencia
es constatable desde comienzos del s. XIX~ , de tal manera que convergen en el mismo principios propios del proceso inquisitivo (v.gr. § 376 stpo sobre la iniciaci6n del proceso por querella pública) acusatorio
con (
otros v.gr.
principios §
151
stpo
pertenecientes que
consagra
al el
sistema principio
acusatorio) y a su especial configuración del proceso penal~7. Analizaremos
a
continuación
de
forma
más
precisa
los
principios que configuran el proceso penal alemán clasificados en relación con las distintas fases de desarrollo del proceso~8.
256 TIEDEMANN K. Rechtsgrundlagen. Grundlagen und Technik der Reform des nationalen Strafverfahrens, XXV Congreso de la AIDP, congreso preparatorio, Toledo 1992, p. 9. 257 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 92. 258 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. pp. 58 Y ss. GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal alemán ••• , op. cit. pp. 44 y ss. des BAUMANN J. Grundbegriffe und Verfahrensprinzipien §~rafprozeBrechts, Stuttgart 1979, pp. 38 Y ss. ESBa A. ~lnfUhrung in das strafprozeBrecht, München 1983, pp. 105 Y ss. 152
El principio del proceso debido a) principios relativos a la iniciación del proceso: 1) Principio de oficialidad (S 152.1
stPO)~9.
2) Principio acusatorio (SS 151, 155, 264
stPO)2~.
3) Principio de legalidad (art. 103.2 GG, S 152.2 stPO) 261. 4) Principio de oportunidad (SS 153 a, c y 154 b stpo, S 45 JGG) 262.
5) Principio de Juez legal (Art. 101.1 GG, S 16 GVG) 263.
b) principios relativos al desarrollo del proceso: 259 ROXlN/ARZT/TlEDEMANN Einführung in das Strafrecht StrafprozeBrecht, Heidelberg 1988, pp. 169 Y ss.
wnd
260 GOSSEL K. B. strafverfahrensrecht, T. I, stuttgart 1977, pp. 29 Y ss. para todo lo referente a los principios relativos a la iniciación del proceso. 261 vid. al respecto, PFElFFER G. en Karlsruher Kommentar zur StrafprozeBordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz mit Einführungsgesetz, München 1987, p. 13-14, n Q 29a. RlES P. Die Zukunft des Legalitatsprinzips, NStZ 1981, pp. 2 Y ss. Los SS 172 - 177 stpo y S 258 StGB, contribuyen a asegurar el principio de legalidad procesal, que en todo caso no debemos entender como absoluto en la actualidad por razones tanto de polltica criminal como de economla procesal. BVerfGE 85, 69, 79. La cita de la jurisprudencia en el caso alemán comprende en primer lugar la indicación del OJ del que la resolución procede, a continuaci6n el tomo de la colecci6n oficial donde se recoge y finalmente el número de página (s6lo inicial o inicial y final) donde figura. 262 ARKENTA DEU T. Criminalidad de bagatela y pr~.ncipio de oportunidad: Alemania y España, Barcelona 1991. SCBUNEMANN B. Absprachen im Strafverfahren? Grundlagen. Gegenstande und ~enzen, München 1990. En el derecho procesal penal alemán no existe la posibilidad del "guilty plea", vid. TlEDEMANN K. Rechtsgrundlagen .•• cit. p. 17. 263 BVerfGE 40 356, 361. BVerfGE 18 345, 349. BVerfGE 3 359, 364. SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnung und das ~erichtverfassungsgesetz, Berlin 1988, Einleitung, Kap. 6, Rdn 8. 153
Q
Iñaki Esparza Leibar 1) Principio de la independencia jUdicial ( Art. 97.1
GG, S 1 GVG, SS 25, 45.1
DRiG)~.
2) Principio de investigación o instrucción inquisitivo - (SS 155, 160.2,244.2 stPO). 3) Principio de audiencia (Art. 103.1 GG, stpo
S 258,
OWiG S 71) 265. 4) Principios de celeridad y concentraci6n
(SS 229 Y
268.3 stPO) 266.
c) principios relativos a la prueba: 1) Principio de investigación oficial
(SS 155, 244.2
stPO). 2) principio de inmediaci6n (S 250 stPO). 3) principio de libre valoraci6n de la prueba (S 261
stPO).
264 BVerfGE 4 331, 344. BVerfGE 27 312, 322. BVerfGE 12 67, 71. La independencia judicial puede entenderse como uno de los resultados de la separaci6n de poderes, S 90 BVerfGG. 265 KLEINKNECHT/MEYER strafprozeBordnung, München 1989, p. 5. PFEIFFER G. en Karlsruher Kommentar ••• , op. cit. p. 12, nQ 27. LEMRE M. Hochstrichterliche Grundsatzentscheidungen zum Strafrecht (GrEzStl, Darmstadt 1984, p. 382. ARNDT A. Das rechtliche Gehor, NJW 1959, pp. 6 Y ss. ARNDT A. Die Yerfassungsbeschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Gehors, NJW 1959, pp. 1297 Y ss. ARNDT A. Fragen des rechtlichen Gehors, NJW 1962, pp. 27 Y ss. BayVerfGH 15.05.1962, JZ 1963, 63 Y ss. aVerfGE 54, 140. BVerfGE 85, 337, 353. BVerfGE 85, 386, 405. 266 El principio de celeridad no aparece expresamente formulado ~n
la stpo, pero existen di versos preceptos que muestran el lnterés en que la celeridad se dé en los diversos actos Procesales, v. gr. SS 115 Y 128 stPO. BAQUERO BORDA H. Panorama :ot~al del proceso penal de la República Federal de Alemania, eV¿sta del Ministerio Público, n Q 17, octubre 1981, pp. 123 Y ss. 154
El principio del proceso debido 4) "In dubio pro reo" (Art. 6.11
CEDH)2~.
d) principios relativos al procedimiento 1) Principio de oralidad
(~orma):
(SS 261, 264 stPO).
2) Principio de publicidad
(S 169 GVG)us.
En su mayor parte el esquema que acabamos de
transcribir2~
se corresponde perfectamente con el que en la parte introductoria de esta tesis describíamos el proceso penal español,
lo que
facilitará en gran medida al lector español la comprensión de la estructura del proceso penal alemán.
11. EL PRICIPIO DEL "DUE PROCESS OP LAW", LA PLASHACION EN ALEMANIA DE UNO DE SUS CONTENIDOS ESENCIALES: EL "PAIR TRIAL"
Dentro de la materia relativa a los principios del proceso nos encontramos en el seno de
la doctrina alemana con una
diversidad de opiniones270 en cuanto a la consideración del "fair
267 PFEIPPER G. en Karlsruher Kommentar ••. , op. cit. p. 13, n Q 28. DORa D. Faires Verfahren. Gewahrleistung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Kehl am Rhein 1984, pp. 61 Y 62. 268 BGHSt 22, 297, 301. BGHst 23, 123, 125 f. Un reciente caso de exclusión de la publicidad se produce por moti vos de moralidad en un supuesto de abusos sexuales, BGHst 38, 248, 251, (sentecia de 19. 03 • 92) • 269 ROXIN C. StrafprozeBordnung, op. cit. pp. 58 Y ss. GOKEZ COLOKER J.L. El proceso penal alemán ••• , cit., pp. 43 Y ss.
2?O SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung ••• , op. Einleitung, Kap. 6, Rdn. 18.
Olt.
155
Iñaki Esparza Leibar trial,,271 como principio activo y autónomo del proceso penal por una lado y en cuanto a la fundamentación del "fair trial" en el arto 6.1
CEDH2n
por otro. Las cuestiones planteadas y de las que
nos ocuparemos a renglón seguido podr1an enunciarse as1: ¿Es el principio procesal procedente del derecho anglosajón y enunciado como "fair trial" un principio informador del proceso penal alemán? si la respuesta fuere afirmativa la siguiente cuestión 271 La traducci6n de la expresión inglesa "fair trial" no es del todo sencilla ya que aunque el término "tria1" es pac1ficamente traducible como "Verfahren", la otra parte de la expresi6n "fair" puede tener en lengua alemana y entre otros, éstos significados: Bonito, limpio, simpático, honesto, respetable, conveniente, etc. vid. Langenscheidts Grossworterbuch, Englisch-Deutsch, MUnchen 1985, p. 367. HEUBEL H. Der "fair trial" .•• , op. cit. p. 63. 272 CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS ~WOS DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES. Art. 6.1 "Toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sea sobre sus derechos y obligaciones civiles, sea sobre el fundamento de cualquier acusaci6n en materia penal dirigida contra ella ••• " KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN /MRK. Art. 6. 1 "Jedermann hat Anspruch darauf, daS seine Sache in bi11iger Weise offent1ich und innerhalb einer angemessenen Frist gehort wird, und zwar von einem unabhangigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivi1recht1iche Ansprüche und Verpf1ichtungen oder über die stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrecht1ichen Anklage zu entscheiden hat ••. " InCluimos también las versi6nes oficiales francesa e inglesa de esta parte del art. 6. 1 dado su indudable interés. "Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement, ~ubliquement et dans un dé1ai raisonnable, par un tribunal lndépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droi ts et obligations de caractere civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiere pénale d~rigée contre elle •.. ", "In the determination of his civil rlghts and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and pUb1ic hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal :stablished by law". Sobre la interpretaci6n realizada por la oetrina alemana en relación con el arto 6.1 MRK, de la que r~sulta la referencia al "procedural due process" de los USA, !;d. DOn D. Faires Verfahren ••• , op. cit. pp. 71 Y ss. ~IINKNICHT/HEYER StrafprozeSordnung ••• op. cit. p. 1751. y
156
.....
-
--
Iñaki Esparza Leibar trial,,271 como principio activo y autónomo del proceso penal por una lado y en cuanto a la fundamentación del "fair trial" en el arto 6.1 CEDHV2 por otro. Las cuestiones planteadas y de las que nos ocuparemos a renglón seguido podr1an enunciarse as1: ¿Es el principio procesal procedente del derecho anglosajón y enunciado como "fair trial" un principio informador del proceso penal alemán? Si la respuesta fuere afirmativa la siguiente cuestión 271 La traducción de la expresión inglesa "fair trial" no es del todo sencilla ya que aunque el término "trial" es pac1ficamente traducible como "Verfahren", la otra parte de la expresión "fair" puede tener en lengua alemana y entre otros, éstos significados: Bonito, limpio, simpático, honesto, respetable, conveniente, etc. vid. Langenscheidts Grossworterbuch, Englisch-Deutsch, MUnchen 1985, p. 367. HEUBEL H. Der "fair trial" ••• , op. cit. p. 63. 272 CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS H~NOS DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES. Art. 6.1 "Toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y pÚblicamente en un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sea sobre sus derechos y obligaciones ci viles, sea sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella ••• " KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UNO GRUNDFREIHEITEN/MRK. Art. 6.1 "Jedermann hat Anspruch darauf, daS seine Sache in billiger Weise offentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehort wird, und zwar von einem unabhangigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat ••• " Incluimos también las versiónes oficiales francesa e inglesa de esta parte del art. 6. 1 dado su indudable interés. "Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droi ts et obligations de caractere civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiere pénale dirigée contre elle •.. ", "In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law". Sobre la interpretación realizada por la doctrina alemana en relación con el arto 6.1 MRK, de la que resulta la referencia al "procedural due process" de los USA, vid. DORa D. Faires Verfahren ••• , op. cit. pp. 71 Y ss. ILBINkNECHT/MEYER StrafprozeBordnung ••• op. cit. p. 1751. y
156
-,.
----------------~~~~~----------------~
El principio del proceso debido que surge es: ¿Es suficiente la referencia del arto 6.1 CEDH para fundar
la
trial"? y
existencia y finalmente,
efectividad del
respondidas
principio del
"fair
las anteriores cuestiones,
cabrá preguntarse sobre el contenido exacto del principio y sobre sus manifestaciones procesales. Con respecto a la primera de las cuestiones planteadas de cuya respuesta depende en gran medida el desarrollo posterior de la cuestión, tomaremos inicialmente dos posturas sustentadas por otros tantos autores y que en principio podemos considerar como antagónicas: a) La primera de ellas considera al "fair trial" como principio informador del proceso penal alemán, pero no sólo eso sino que en algún caso lo considera como "El principio supremo del conjunto del derecho procesal penal ,,273. b) imposibilidad procesal
En
cuanto
de
considerar
autónomo,
conclusiones
de
la
a
podemos
la
segunda
al
"fair
trial"
resumirla
monografia
postura como
tomando
que H.
anunciada, principio
una
de
HEUBEL dedica
a
las esta
importante cuestión. "Puede establecerse como conclusión conjunta que el fair trial ni desarrolla una función procesal especifica reconocible, dogmático
ni dispone de un
como
para
ser
preciso y
considerado
un
bastante
contenido
principio
procesal
autónomo en el derecho procesal penal ,,274 • 273 "Oberster Grundsatz des gesamten strafprozeBrechts ist schlieBlich das Gebot eines fairen Verfahrens." ROXIN c. ~afverfahrensrecht op. cit. p.60. 274 REUDEL H. Der "fair trial" ein Grundsatz des !ttafverfahrens? Zugleich ein Beitrag zum Problem der ~rfassungskonformen" Rechtsforbildung im StrafprozeB, Berlin 157
Iñaki Esparza Leibar Analizaremos a continuaci6n y de una forma detallada la argumentaci6n de la que se sirven quienes suscriben cada una de las
posturas
anunciadas,
para poder
finalmente
extraer
las
conclusiones oportunas.
A) opini6n favorable a la consideraci6n del "fair Trial" como principio independiente y efectivo del derecho procesal (civil - penal) alemán:
El autor de quien partimos para sustentar esta postura favorable,
ROXIN27S ,
entiende
que
no
se
trata
solamente
de
extraer del contenido del arto 6.1 CEDH toda la fundamentaci6n y
anclaje en el derecho alemán del principio del "fair trial",
sino que aprecia la existencia de dos fases diferenciadas y complementarias cuyo concurso simultáneo permitirá al principio que nos ocupa ser efectivo en el proceso alemán. Las dos fases mencionadas son:
1) De la propia redacci6n de la GG se desprende la opción por un estado social de derecho, arts.
1,
20 Y 28 GG,
corrobora repetidamente la juisprudencia del BVerfG
como
276
1981, p. 145 - V. 275 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. 276 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. p. 60. PPEIPPER G. en Karslruher Kommentar •.. , op. cit. p. 12, n 12 28. "El derecho a un "faires Verfahren" (fair trial) es consustancial al principio del Estado de Derecho (Rechtsstaatsprinzip)." y a modo de complemento y aclaraci6n de los conceptos pertenecientes al derecho constitucional alemán que nosotros empleamos para fundamentar el principio procesal que nos ocupa, HESSE lt. 158
El principio del proceso debido El derecho a un proceso ajustado a los principios del estado de derecho -IIfaires Verfahren"- se deriva y simultaneamente hace posible
la
existencia
del
propio
estado
de
derecho
"Rechtsstaat"-, arts. 20.3 y 2.1 GG, entendido este como garantía general fundamental a partir de la que se materializan todas las demás 2n , estableciéndose una relación de mutua dependenci& que asegure en última instancia el repeto de la dignidad humana, arto 1. 1. 1 GG, como máxima exigencia general a la que el proceso penal debe también plegarse278 •
2)
Existente la
posibilidad. te6rica de
aplicación,
se
positiviza el principio del "fair trial", a través del arto 6.1
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1985, pp. 72 Y ss., 132 y ss., 166 y ss. La jurisprudencia del BVerfG entiende el derecho a un proceso límpio/"faires Verfahren" como una concreci6n del "Rechtsstaatsprinzip", en tal sentido, BVerfGE 26, 66, 71. BVerfGE 38, 105, 111. BVerfGE 39, 238, 243. BVerfGE 40, 95, 99. BVerfGE 41, 246, 249. BVerfGE 46, 202, 210. 277 KLElNKNECHT/KBYER strafprozeBordnung, op. cit., p. 40 SCHÜNEKANN B. Absprachen im Strafverfahren? .• op. cit. pp. B 115 Y ss. QUAMBUSCH E. Rechtsstaatsprinzip, Verschuldengrundsatz und das antikausale Werturteil, JA 1987, n Q 2, p. 68. VON HÜNCH l. Grundgesetz-Kommentar, München 1985, T. l., pp. 35, 36. BVerfGE 37, 57, 65. BVerfGE 38, 105, 111. BVerfGE 40, 95, 99. BVerfGE 49, 148, 164. BVerfGE 85, 386, 405. 278 "La raíz de este derecho fundamental procesal se encuentra
en el Principio del Estado de Derecho (Rechtsstaatsprinzip), su consideraci6n material, que garantiza los derechos y libertades fundamentales de la persona, especialmente en el caso del proceso Penal por la amenaza que supone contra la libertad y la dignidad de la persona (arta. 1. 1. 1 Y 2. 2 GG) esa función de aseguramiento de la libertad y la dignidad también debe ser atendida por el Derecho Jurisdiccional". PFElFFER G. en Karlsruher Kommentar ••• , o~. cit. p. 12, nQ 28. GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, op. Clt., p. 165. 159
9 Iñaki Esparza Leibar CEDH v9 • Sobre el alcance real de dicha cobertura legal inmediata al principio del "fair trial" en la que todos los autores están de acuerd028o , podemos realizar las siguientes matizaciones:
1 A) La consideración textual del contenido del art. 6.1 CEDB
no permite más que la compresión del derecho a la consideraci6n del asunto litigioso "in bi11iger Weise" o "de manera justa, equitativa,,281. La opinión mayoritaria de la doctrina entiende que a través del mencionado art.
6.1
CEDH se está haciendo
mención al principio juridico propio del derecho anglosajón del "fair tria1 282 "
entendido como garantia procesal,
lo que en
definitiva significa que el acusado debe de poder servirse de los medios que garanticen de la mejor forma posible su derecho a defenderse de la acusación. Todo lo anterior ha llevado a la doctrina alemana a deducir del arto 6.1 CEDH el principio de la igualdad de armas "prinzip der Waffengleichheit,,283.
279 La jurisprudencia del BGH reconoce como elemento principal del art. 6.1.1 CEDH el derecho a un juicio limpio/ "faires Verfahren", en ese sentido, BGHSt 24, 125, 131. BGHSt 29, 109, 111. BGHSt 36, 210.
280 HEUBEL H. Der "fair trial" - ein Grundsatz •.. , op. cit. p. 30. 281 GOHEZ COLOHER J.L. El proceso penal alemán ••• , op. cit. p.
45. PFEIFFER G. Karlsruher Kommentar •.• , op. cit. p. 13, n 2 28
"Del "Rechtsstaatsprinzip" se deriva el derecho a un proceso orientado por la justicia y la equidad - "Bi11igkeit"- el cuál ha encontrado su expresión en el arto 6.1 MRK." 282 EUKomMR NJW 63, 2247.
~~3 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. p. 60. SCHAFER K. en
~OWB/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung .•• , op. cit. Einleitung, 4\ap. 6, Rdn. 14.
160
El principio del proceso debido 21)
Intimamente relacionado con la
posibilidades,
oportunidades
y
por
igualdad de armas tanto
-
estrechamente
vinculado con el principio del "fair trial" aparece el llamado "Fürsorgepflicht" u obligación de asistencia por parte de los Tribunales 284 •
Es
preciso
en
cualquier
caso
advertir
que
la
igualdad de armas entendida de forma absoluta es ciertamente engañosa, ya que el alemán
no es un proceso puro de partes, por
lo que no sería compatible con su estructura28S • 3 1 ) Sentadas las bases anteriores podemos entender que las exigencias
derivadas
del
"fair
trial"
pueden
adaptarse,
respetando la estructura establecida, o lo que es lo mismo las desigualdades existentes entre la posición acusadora 286 ,
y
las
posibilidades - en su caso prohibiciones - de participación del acusado o de su defensor. Con ello obtendríamos una igualdad de armas relativa, efectiva en la medida de las posibilidades que ofrece
un
proceso
presidido
por
el
principio
oficial
"Offizialprinzip".
B) opinión crítica respecto a la consideración del "fair trial" como principio independiente y efectivo del derecho procesal (civil - penal) alemán:
2~4 SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnunq •.• , op. clt., Einleitung, Kap. 6, Rdn. 23.
285 ROXIN C. Strafverfahrensrecht, op. cit. p. 60. 2~6 Al igual que en el caso de los USA, el Ministerio Fiscal tlene el monopolio de la acción en el proceso penal alemán. vid. GONEZ COLOKER J.L. El proceso penal alemán ••• , op. cit. pp. 46, 207. § 152.1 stPO.
161
Iñaki Esparza Leibar Las críticas vertidas en relación con nuestro tema proceden principalmente
de
HEUBEL,
quien
aborda
sitemáticamente
la
cuestión de si el fair trial es o no un principio efectivo del derecho procesal alemán, cuestión que, por definirse a través de unos perfiles poco precisos, había creado un estado de relativa ambigüedad respecto a su tratamient0287 • Las primeras objeciones surgen sobre la pacifica aceptación de
que
el
arte
6.1
CEDH
pueda
positivamente
suponer
un
complemento de las normas procesales internas de Alemaniau8 , lo cual -
a
juicio del autor -
no es tan evidente como alguna
jurisprudencia hace pensar. Ya que ello supondría que una regla jurídica comprendida en un tratado internacional,
en materia
procesal, puede ser incorporada al derecho interno por medio de una simple traducción, rebasando o prescindiendo de lo que al respecto regula en Alemania la stpo289. Nos hallamos nuevamente ante el problema del alcance de la expresión inglesa "fair hearing" de la versión oficial del arte 6.1
CEDH2~.-
Avanzaremos
ahora
la
certeza,
abonada
por
la
expresa referencia de todas las versiones idiomáticas del arte 6.1 CEDH,
de que cualquiera que sea el alcance efectivo del
287 HEUBEL H. Der "fair trial" ... , op. cit. 288 PFEIFFER G. en Karlsruher Kommentar •.. , op. cit. p. 13, n Q 28. "El derecho del inculpado a un "faires Verfahren" está
básicamente regulado en la stPO." 289 HEUBEL H. Der "fair trial" ... , op. cit. p. 31. 290 "In the determination of his civil rights and obligations or
Of any criminal charge against him, everyone i8 entitled to a f~ir and public hearinq ••• " En RAMOS MENDEZ F. C6digo procesal
p-"fil
internacional, Barcelona 1985, p. 188. HEUBEL H. Der "fair 33.
~lal" ••. , op. cit. p.
162
p
&
El principio del proceso debido principio del "fair trial" no debe circunscribirse al proceso penal, como en la práctica ocurre en USA, sino que deberá hacerse extensivo también al proceso civil, con todas las consecuencias que de ello derivan y en la medida en que se ajuste a estructura y exigencias de dicho proceso,
la
como más adelante
veremos. Retomando el objetivo de aclarar la expresión inglesa "fair trial" consideramos oportuno analizar los trabajos previos, en su versi6n inglesa, a la elaboraci6n del mencionado art1culo. Se aprecia, siguiendo un orden cronológico, que en las primeras sesiones
no
existe referencia
alguna
a
la expresión
"fair
hearing" ni en el arto 6 ni en los arts. adyacentes, se enumeran obj eti vos de carácter más genera 1291 • La incorporaci6n de la expresión "fair hearing" se produce a través del informe TEITGEN que en su apéndice hace referencia al arto 10 de la Declaraci6n Universal de Derechos del Hombre de 10.12.1948 (Resoluci6n 217/III de la Asamblea General de Naciones Unidas) 292, que curiosamente presenta en su versi6n española una traducci6n diferente de la empleda en el caso del Convenio Europeo para la misma expresi6n "fair hearing" que según se ha dicho ya fué "equitativamente,,293, mientras que en el caso de la
291 Primera seS10n de la Asamblea Consultiva, Strasbourg, 10.08 a 08.09 de 1949. " ••. just requirements of public morality, order and security in a democratic society" arto 6. 292 Informe TEITGEN presentado a petici6n del Comité para cuestiones Legales y Administrativas para el establecimiento de una garant1a colectiva de los derechos fundamentales y de las libertades esenciales. Doc. 77, pp. 105, 107. 293 Vid. nota correspondiente. 163
Iñaki Esparza Leibar Declaración
Universal,
la
expresión
utilizada
es
"con
justicia ,,294. Una vez producida la mencionada incorporación, la expresión "fair
hearing"
se
consolida
y
es
utilizada
en
las
dos
alternativas propuestas como borradores (marzo 1950) aunque por el momento bajo el arto n Q 7. Posteriormente aparece como una cuestión pacifica ya que no es objeto de enmienda alguna a lo largo de toda la tramitación poster ior y hasta su def ini ti va aprobación dentro del arto 6.1 CEDH~s. Con los antecedentes citados tanto la doctrina como la jurisprudencia
alemanas
se
han
esforzado
principio procesal del "fair trial",
en
estructurar
el
sus derivaciones y sus
consecuencias prácticas que le confieren un valor generalizado sobre la dogmática, y que sea preciso tener en cuenta para la formación del proceso penal. El objetivo final de todo ello es el de perfeccionar la situación del acusado en el proceso y por lo
tanto
el
propio
proceso,
aunque
de
ello
derive
algún
solapamiento o modificación de la stPO~.
294 ESPULGUES MOTA/BOQUERA KATARREDONA/SANCHEZ GARCIA Código de Derecho Internacional Privado español, Madrid 1989, p. 727. 295 Report of the Conference of Senior Officials, Strasbourg 0817.06.1950. Fifth Session of the Committee of Ministers, Strasbourg 03-09.08.1950. Recommendation n Q 24, adopted 25th August 1950. Documents prepared by the Secretariat General, september-october.1950. Meeting of the Committee of experts on h~man rights, Paris 21-24.02.1951 y Strasbourg 18-19.04.1951. y flnalmente el Informe preparado por la Comisión para cuestiones iegales y Administrativas, de 02.10.1951, en el que se recomienda a "no alteration" con respecto al arto 6.1 MRK. 296 HEUBEL H. Der "fair trial" •.• , op. cit. pp. 143 Y ss. 164
El principio del proceso debido Uno de los problemas fundamentales del principio "fair trial" es que adolece de la falta de un concepto meridianamente claro, lo que inevitablemente lleva a la existencia de versiones que en definitiva impiden sacar el concepto de la oscuridad en la que sus contornos se mantienen,
siempre con respecto al
derecho alemán297 • Para que el "fair trial" pueda ser válido como principio del penal
proceso
no
basta,
HEUBEL298 ,
entiende
con
una
fundamentación referida en exclusiva al arto 6.1 MKR, Y ello por que atentaria contra lo pretendido por los estados contratantes que quisieron lograr, y el estudio realizado de los trabajos previos a la redacción del MKR confirma este punto de vista, un minimo stándar de garantias efectivas, no un suplemento dirigido a completar normas internas procesales alli donde, como era el caso de Alemania con la stpo, el minimo stándar al que haciamos referencia estaba amplia y efectivamente garantizado299 • Concluye
HEUBEL
su
argumentación
afirmando
que
no
es
aceptable con respecto al proceso penal actual en Alemania, un "fair
trial"
dominante.
formulado
como
principio
o
máxima
procesal
si cabria por contra su admisión como principio
general de equidad en manos de los
OOJJ~.
297 HEUBEL H. Der "fair trial" .•• , op. cit. pp. 143 Y ss. 298 HEUBEL H. Der "fair trial" ... , op. cit. pp. 143 Y ss. 299 PFEIFFER G. en Karlsruher Kommentar •.. , op. cit. p. 13, n Q 28. "El derecho del inculpado a un "faires Verfahren" está básicamente regulado en la stPO." 300 HEUBEL H. Der "fair trial" ••• , op. cit. pp. 144 Y 145. PFEIFFER G. en Karlsruher Kommentar ••• , op. cit. p. 13, n Q 28. I'Para el Juez de lo Penal la oferta de un "fair trial" supone una 165
Iñaki Esparza Leibar Establecida
la
existencia del
principio
informador
del
Derecho Jurisdiccional alemán, "fair trial/faires Verfahren", y una
vez
referidas
las
diferentes
concepciones
sobre
su
fundamentación - GG, CEDH y stpo - y virtualidad, como principio supremo
del
ordenamiento
o
exigible, realizadas
como
procesal
mero
principio
principalmente
por
la
por
tanto
general
inmediatamente interpretativo,
doctrina,
pasaremos
a
continuación - tal y como anunciábamos en páginas anteriores como tercera cuestión a plantearse - al análisis del alcance concreto del principio, al11 donde ha sido establecido, principalmente por la jurisprudencia que próxima
a
quienes
se ha decantado por una
consideran el
principio
como
acepción más supremo
del
ordenamient0301 •
111. CONTENIDO Y ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUTIVOS DEL "FAIR TRIAL/FAIRES VERFABREN" EN EL PROCESO ALEHAN
Ya se avanzó en páginas anteriores la intención de explorar el alcance
del
"faires
Verfahren"
no
exclusivamente
en
lo
concerniente al proceso penal, y ello fundamentado en que el arto 6.1 CEDH del que, según se ha visto ya, surge para el Derecho Procesal alemán la garant1a que nos ocupa no se limita al proceso
. . pauta interpretati va; . •• en relación con un proceso ldldo por los principios de justicia y equidad". Strafverfahrensrecht, op. cit. 166
El principio del proceso debido penal sino que también hace referencia al proceso civil 302 , aunque no
se diga expresamente en el mencionado art.
y
6.1,
determinada jurisprudencia entiende que su exigibilidad debe alcanzar a todos los procesos, incluido el equivalente a nuestro contencioso-administrativo~.
En cualquier caso en las páginas
que siguen haremos referencia unicamente al proceso penal sin ocuparnos de otro tipo de proceso con el objetivo de no ampliar excesivamente el campo de estudio. Una vez delimitado el Objeto de nuestra investigación para las
páginas
siguientes,
nos
centraremos
nuevamente
en
el
principio del "faires Verfahren" cuyo origen y arraigo respecto al derecho procesal alemán ya han sido objeto de comentario. Lo que a continuación pretendemos es analizar el contenido mismo del principio, sus manifestaciones y sus limites, para ello deberemos en primer lugar determinar el rango normativo que al CEDH - donde se contiene el principio que nos ocupa -
corresponde en el
derecho interno alemán3M • 302 VOLLKOMKER H. Der Anspruch der Parteien auf ein faires Verfahren im ZivilprozeB, en Gedachtnisschrift für Rudolf Bruns, MUnchen 1980, pp. 195 Y ss. BRUNS R. ZivilprozeBrecht, München 1979, rdn. 17b. DORR D. Faires Verfahren •.• , op. cit. p. 71. 303 EuGRZ 1978, 405 Y ss. (Caso Konig) y EuGRZ 1979, 650 Y ss. (Caso Winterwerp). La referencia española en BJC Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 25 años de jurisprudencia 1959-1983, Caso Konig, Sentencia de 28 de junio de 1978, TEDH 21, pp. 449-467. Caso Winterwerp, Sentencia de 24 de octubre de 1979, TEDH 27, pp. 579-595. 304 A este respecto existen dos posibilidades de incorporación de los convenios internacionales suscritos por Alemania al derecho interno alemán, la primera de ellas a través del arto 25 GG que opera como una disposición general de incorporación de algunas de aquellas normas, "Generelle Transformation" que supone que las mismas tengan primacia sobre las leyes federales, es decir y a los efectos que ahora nos interesan, rango 167
Iñaki Esparza Leibar La cuestión del rango normativo del CEDH no es pacifica, ni como veremos intrascendente, y existen dos opciones principales al respecto: 1)
Para
la
primera
de
ellas,
sustentada
por
la
jurisprudencia y parte de la doctrina, el rango del CEDH dentro del derecho alemán es el de una ley federal ordinaria, siendo el principal
argumento
en
el
que
se
apoyan
el
de
la
"Transformationstheorie" que explica el cambio que experimenta la CEDH al incorporarse al derecho interno a través de una ley federal ordinaria~. 2) La otra opinión principal sustentada unicamente por un sector de la doctrina,
entiende que el CEDH tiene dentro del
derecho alemán el mismo rango normativo que la GG, y fundamentan su postura precisamente en el arto 25 de la
misma~.
constitucional. La segunda posibilidad es la contemplada en el arto 59.2 GG según el cuál será preciso un acto especial - una ley federal - "Spezielle Transformation" para su incorporación al derecho interno alemán, con valor de ley ordinaria federal. 305 BVerfGE 1, 396. BVerfGE 4, 157. BVerfGE 6, 290. BVerfGE 10, 271. BVerfGE 30, 272. BVerfGE 34, 384. BVerfGE 41, 88. BVerfGE 47, 365. BVerfGE 52, 313. BGHSt 21 81, 84. RESS G. Die Wirkungen der Urteile des Europaischen Gerichtshofs für Menschenrechte im innerstaatlichen Recht un vor innerstaatlichen Gerichten, Informe presentado en el Quinto Coloquio Internacional sobre el MRK, Frankfurt a. M. 9 - 12 Abril de 1980, p. 32. BLECKKANN A. Allgemeine Grundrechtslehren, Koln 1979, p. 24. MAUNZ/DÜRIG/BERZOG/SCBOLZ Grundgesetz, München 1982, T.I, arto 1, Rdnr. 58 f. TIEDEMANN K. Rechtsgrundlagen .•• , op. cit. p. 5. 306
ECBTERHOLTER R. Die Europaische Menschenrechtskonvention im JZ 1955, pp. 689 Y ss. -¡SCBE L. Die innerstaatliche Bindung des deutschen Gesetzgebers in die Europaische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und QtUndfreiheiten, Koln 1961, pp. 32 Y ss. SCBORN B. Die ~ropaische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und ~Undfreheiten, Frankfurt a. M. 1965, pp. 44 Y ss. PIECK W. Der ~~hmen der verfassungsmaBigen ordnung,
El principio del proceso debido Parece finalmente predominar la postura citada en primer lugar y por tanto decisivo el hecho de que la aprobación de la CEDH se produzca para el Derecho alemán a través de una ley federal ordinaria - Ley de aprobación de 7. agosto. 1952 (BGBl 1952
II
S
diciembre.
685, 1952,
953),
la
posterior
Y finalmente
entra
ratificación en vigor
con
es
de
5.
fecha
3.
septiembre. 1953 (BGBl 1954 II S 14) - hecho éste que determinará su rango
normativo posterior,
ley
federal
ordinaria307 •
otro
argumento que fortalece la postura adoptada es que el recurso de queja constitucional "Verfassungsbeschwerde" no pede interponerse fundándolo en una lesión del CEDH~. En lo que si parece haber acuerdo entre la doctrina alemana es en considerar como un principio fundamental que el proceso debe de
estar diseñado y
posteriormente desarrollarse
"fair
rechtsstaatlich"- en una traducción aproximada, adecuado a las exigencias de un Estado de Derecho - y que dicho principio es el resultado de un largo desarrollo a cargo tanto de la doctrina
Anspruch auf 1966, pp.
ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren, Berlin 3 Y ss. GUARADZE H. Die Eurooaische ~enschenrechtskonvention, Berlin y Frankfurt a. M. 1968, pp. 17 Y ss. Art. 25 GG: "Las normas generales del Derecho Internacional PÜblico son parte integrante del derecho federal. Estas normas tienen primacia sobre las leyes y constituyen fuentes directas de derechos y obligaciones para los habitantes del territorio federal" • 307 DORR D. Faires yerfahren .•• , op. cit. p. 91. Seria por tanto 'quiparable en rango a la stpo y por tanto inferior a la GG. !08 Si cabrá el recurso ante el EuKomMR tal y como los arts. 24 z 25 del propio MRK establecen. 169
Iñaki Esparza Leibar como de la
jurisprudencia~.
Este principio regirá la actuaci6n
de los 6rganos estatales a quienes corresponde el desarrollo de la
normativa
procesal,
especialmente
en
lo
relativo
al
establecimiento de la autolimitaci6n de los instrumentos de poder que deberá hacerse en forma no s610 correcta, sino también limpia _ "fair" En
_310.
cuanto al
siguientes
alcance
aspectos
del
concepto podemos
procedentes
de
sentencias
extraer del
los
Tribunal
constitucional Alemán: 112) El derecho a un "faires Verfahren" no comprende por si
ninguna
exigencia
o
prohibición
concretas,
el
detallar
su
contenido preciso es tarea del legislador, que tras determinar los limites del derecho permitirá y obligará a los Tribunales a su aplicación311 • 212) La limpieza/equidad/fairness es un elemento integrante
y que caracteriza al estado de derecho312 • 3 g) Como un derecho subj eti vo del inculpado que no podrá ser violado en aras de la búsqueda de la verdad que persigue el proceso pena 1 313 •
309 BVerfGE 26, 66 = NJW 1969, p. 1423. BVerfGE 46, 206 = NJW 1978, p. 151. BVerfGE 63, 45 = NJW 1984, p. 113. HEUBEL H. Das " . . h _IIf.. al.r trl.al" ... , op. Cl.t. DORR. D. . Fal.res Ver f aren .•• , op. Cl.' t . tOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung ••. , op. cit.
BVerfGE 30, 1, 27
=
NJW 1975, p. 103.
BVerfGE 57, 250, 275. BVerfGE 63, 45. BVerfGE 57, 275. 170
---El principio del proceso debido 4 Q ) En un estado constitucional de derecho no podrá ser el acusado objeto de cualquier proceso,
sino precisamente de un
proceso que le permita a lo largo de su tramitación la defensa de sus derechos lo que enlaza con el derecho al nombramiento de un defensor de oficio cuando ello fuere necesari0314 • Un
5 Q)
proceso podrá
exista
cuando
en
él
ser considerado certeza
la
limpio/equitativo
procesal
"gewisse
verfahrensrechtliche" de la igualdad de armas entre el MF y el inculpado en el proceso pena131S •
Debe ser resaltada la labor de la jurisprudencia del BVerfG empleando el "faires Verfahren" no sólo como principio general interpretativo de las leyes - dado que no se han prodigado al respecto -
sino como instrumento para la deducción de otros
principios independientes en el ámbito del Derecho Procesal, v. gr.
de
"Waffengleichheit"/igualdad
armas,
o
"Fürsorgepflicht"/obligación de asistencia316 • otra de las situaciones que la jurisprudencia ha catalogado como contraria al "faires Verfahren" es aquella en la que los órganos que realizar
legalmente tienen atribuida
la persecución penal
actuen de
la competencia para forma
abusiva317 •
La
prohibición del abuso al que nos referimos se ha materializado
314 BVerfGE 46, 202 210. BVerfGE 57, 250, 275. 315 BVerfGE 38, 105, 111. 316 SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnung ••• , op. cit. Einleitung, Kap 6, Rdn. 19 a. 317 BGHst 15, 11. BGHst 21, 236. BGHst 29, 396. 171
p
c
Iñaki Esparza Leibar en normas concretas como el S 154a stpo,
que determina
las
limitaciones de la persecución penal 318 • Una de las cuestiones que no por obvia debemos de dejar de mencionar es que el derecho a equi tati vo,
es predicable
de
un "faires Verfahren" /proceso todos
los
participantes
en
actor privado, testigos, víctimas del delit0319
proceso solamente
de
la
parte
procesal
más
débil,
es
el
-
no
decir
el
inculpad032o • También se pueden apreciar en el texto de la stpo parágrafos en los que se materializa esa extensión del "faires Verfahren" a otros sujetos del proceso distintos del inculpado, lo que supone en definitiva una facilitación de los derechos procesales,
v. gr.
SS 378,
397,
sobre la posibilidad para el
acusador privado de servirse de la asistencia de un defensor. Con respecto a
las víctimas del delito y también respecto a
los
testigos SS 406d - 406h, stPO.
IV. MANIFESTACIONES DEL "FAIR TRIAL/FAIRES VERFAHREN" EN EL PROCESO PENAL ALEMAN
Podría pensarse, y quizá haya sido así originariamente, que la estructura a la que fundamentalmente responde cada sistema procesal, acusatorio o inquisitivo, determinará los medios que 318 Sobre este punto en general vid. WEBER F. Der MiSbrauch ltrozessualer Rechte im strafverfahren, GA 1975. RÜPING/DORNSEIFER Qysfunktiona1es Verha1ten im ProzeS, JZ 1977. WEIB J. MiSbrauch ~n Anwaltsrechten zur ProzeSsabotage, AnwBL 1981. 319 Vid. Ley de protección de las víctimas delitos/ "OpferschutzG" de 18.12.1986, (BGB!. 1 2496).
320 BVerfGE 38, 105. BVerfGE 58, 105. 172
de
El principio del proceso debido puedan arbitrarse para alcanzar el grado óptimo en la protección de los derechos "jurisdiccionales" del hombre o lo que serla lo mismo,
para alcanzar el "fair trial",
asl
corresponderá al
sistema procesal continental -en su ralz inquisitivo v.
gr.
España o Alemania, en el que se parte de la esencial desigualdad entre los sujetos intervinientes en el proceso - un conjunto de medios, de alguna manera compensatorios de dicha desigualdad, que obligen a la objetividad y el deber de asistencia de los órganos procesales (MF y OJ) con respecto al sujeto pasivo y en principio más
débil
del
proceso
("Fürsorgepflicht lt ) ,
medios
que
en
principio parecerían inadecuados por innecesarios en un proceso en el que las partes tienen garantizada "ab initio" una absoluta igualdad. El equivalente en el modelo acusatorio - proceso de partes, v. gr. USA - deberá para garantizar el "fair trial" velar por la efectividad y mantenimiento a lo largo de todo el proceso de esa igualdad de de posibilidades ("Waffengleichheit)
,,321,
cuyo
uso estarla originariamente excluido en un proceso en el que como se ha dicho se parte de la desigualdad entre los sujetos del proceso. Lo anterior serla unicamente defendible de modo absoluto desde un punto de vista teórico-dogmático puro, pero supondrla simultáneamente un olvido de la situación real que no es otra que la existencia de sistemas procesales hlbridos o mixtos que participan, aún partiendo de uno de los dos sistemas clásicos
321 Vid. comentario al respecto en TIEDEMANN K. Los movimientos ae reforma del proceso penal y la protección de los derechos humanos, Introducción y cuestionario concerniente al Tema n Q 3 del XXV Congreso de la AIDP, Toledo 1992. 173
.. Iñaki Esparza Leibar acusatorio o inquisitivo,
de las carácterísticas de ambos 322 ,
siendo su resultado el fruto de la combinación de manifestaciones privativas de los sitemas considerados en su pureza, y por tanto, en principio,
incompatibles
(v.
gr.
proceso inquisitivo con
posibilidad de actuación del principio de oportunidad, cuando sería el principio de legalidad el que correspondería en una concepción estricta3D ) con la única finalidad y límite de lograr una protección y un respeto más perfectos de los derechos humanos en el proceso, un "fair trial,,324. Entendido así vemos que en un proceso en el que se combinen manifestaciones de los sistemas inquisi ti vo y acusatorio (la práctica totalidad de los sistemas continentales), habrá lugar para compaginar los instrumentos que,
en la búsqueda de la
igualdad de armas "Waffengleichheit" y del deber de objetividad y asistencia "Fürsorgepflicht", han sido desarrollados con el
objeto de garantizar la finalidad ya dicha, el "fair trial". Una técnica
procesal
correctamente
entendida
debería
permitir
extender el uso de los mencionados instrumentos, en la medida de la realidad y las posibilidades de cada uno de ellos, a otros procesos además del proceso penal, cuestión que más adelante retomaremos.
322
MONTERO I ORTELLS I GOMEZ I MONTON Derecho Jurisdiccional penal, Barcelona 1991, pp. 16 Y ss.
111 «
~roceso
323 GlMENO/HORENO/ALMAGRO/CORTES Proceso penal, Valencia 1990,
Pp. 62 Y ss. 324 FAIREN GUILLEN V. Doctrina general del Derecho Procesal. h.acia una teoría y ley procesal generales, Barcelona 1990, p. 38. En lo relati vo al principio del respeto a los "Derechos Fundamentales" •
174
El principio del proceso debido Entendernos que el descrito es el caso del proceso penal actual en Alemania y avanzarnos que posiblemente sea también el caso del proceso penal en España.
A. El principio de la igualdad de armas/ "Waffengleichhei t 325 "
Este es el momento de desarrollar algo que ya se apuntó en páginas anteriores, nos referirnos al principio de la igualdad de armas
"Waffengleichheit,,326.
Cuyo
origen
se
sitúa
en
la
interpretación del arto 6.1 CEDH, siendo su fundamento último el principio "audiatur et altera pars,,327, y guarda relación con la garant1a,
procedente
del
derecho
anglosajón,
del
"natural
justice". El significado del "Waffengleichheit" se concreta en que "cada parte procesal dispondrá de iguales y suficientes oportunidades para manifestar su pretensión", y significa también
325 BVerfG NJW 75, 103. Según la cuál el derecho a un "fair trial" /juicio justo, contiene espec1ficamente la exigencia de una igualdad de armas procesal entre la parte acusadora y la parte inculpada - acusada. XÜLLER E. Der Grundsatz der Waffengleichheit im Strafverfahren, NJW 1976, pp. 1063 Y ss. 326 vid. en general TETTINGER P. J. FairneB und Waffengleichheit. Rechtsstaatliche Direktiven für ProzeB und Verwaltungsverfahren, München 1984, con respecto a los procesos penal, civil y administrativo. 327 PEUKERT W. Die Garantie des "fair trial" in der StraBburger Rechtsprechung, en EuGRZ 1980, p. 254. Existe también la postura de fundamentar el principio de la igualdad de armas en el arto 3 GG, as1 BGHSt 12, 136, 139. ARNDT A. EroffnungsbeschluB, ~echtliches Gehor und Menschenrechts Konvention¡ Erschopfung des Rechtswegs¡ die Wahrheitsfrage und das demokratische Rechtsstaatsprinzip, NJW 1960, pp. 1191 Y ss. 175
se
Iñaki Esparza Leibar que
"ninguna de
las partes
será discriminada
frente
a
las
demás ,,328. La necesidad de un principio procesal que actúe en el sentido que acabamos de manifestar, se hace patente cuando nos encontarmos con ordenamientos, como es el caso del alemán, en donde el poder y los medios con los que cuenta el estado titular del "ius puniendi" para el esclarecimiento y persecución de los hechos delictivos son limitadas
las
incluso después de racionalizadas y
atribuciones
de
sus
propios
órganos
desproporcionadamente mayores a los medios que el inculpado puede utilizar en su
defensa3~.
Así por ejemplo el MF podrá dentro del
procedimiento preliminar, "Vorverfahren", citar testigos para su interrogatorio
161a
(S
stPO),
pudiendo
incluso
forzar
la
efectividad de la comparecencia (S 51 stPO). Puede también el MF y en todo momento servirse de la ayuda oficial de la autoridad
pública (S 161 stPO),
especialmente pOlicía judicial
(S
163
stPO), e igualmente puede permitirse sufragar el alto costo que determinada investigación pude suponer imputándolo a la hacienda pública. Estos son sólo ejemplos a través de los que se puede apreciar la abismal diferencia en cuanto a medios, materiales,
entre
el
MF
y
el
imputado
en
al menos
general
cuyas
prerrogativas no son en modo alguno comparables. El concepto se basa en la consideración, para el proceso penal, de la acusadora y la inculpada como posiciones procesales
-------DORa D. Faires Verfahren ... , 328
;¡~ SC~E~ K. en •
E~nle~tung,
op. cit. p. 74.
LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnunq ••• , op •
Kap. 6, Rdn. 14. 176
El principio del proceso debido opuestas igualmente legitimadas, y que en consecuencia deberán ser dotadas de iguales armas para la consecución de sus fines procesales. Pero los "roles" procesales de acusador e iculpado son tan diferentes que no será posible hablar de una igualdad de armas
absoluta
entre
la
posición
acusadora,
obligada
a
la
investigación de los hechos y los inculpados facultados para la negación y el silencio sobre los mismos3~. La situación descrita requerirá
no una
igualdad de
"armas",
sino una
oportunidades
("Chancengleichheit")
equilibrio del
derecho de ambas partes en la medida de las
diferentes
el
sentido
de
un
necesidades que para cada rol procesal deben ser
satisfechas, superando
en
igualdad de
una
esto
garantizarla
consideración
igualmente
de
la
un
igualdad
"fair de
trial"
armas
como
absoluta331 • Consciente de esta situación la ley alemana busca compensar o equilibrar la situación,
y para ello se sirve de dos vías
principalmente: La primera de ellas a través del instituto de la defensa necesaria, tratando de extenderla al máximo a todo lo largo de la actividad procesal,
(vid.
S§ 140 y ss. stPO).
La segunda línea de actuación tiene como objetivo garantizar la objetividad en la actuación del MF
(S 160, ap.
(2) stPO),
330 Vid. referencia jurisprudencial en nota n Q 32 de SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnunq ... , op. cit., Einl. Kap.
6, Rdn . 15, P . 128. 331 KÜLLER E. Der Grundsatz der Waffengleichheit ••• , cit. NJW 19 76, 1063. KLEINKNECHT/MEYER StrafprozeBordnung, op. cit., Einl.
Rdn. 88, pp. 18 Y 19. 177
p
fe Iñaki Esparza Leibar habilitando los medios que permitan su sustitución cuando existan indicios que permitan dudar de su objetividad"2. Se considera al principio del que ahora nos ocupamos como una parte esencial del "fair hearing" al que se refiere la versión en lengua inglesa del art. 6.1 CEDH333 • Es perfectamente comprensible a tenor del contenido del principio de la igualdad de armas que su ámbito de aplicación pueda
extenderse
al
proceso
civil
donde
la
igualdad
de
oportunidades y la no discriminación de las partes es, al igual que en caso del proceso penal, perfectamente
exigible3~.
En la sentencia del asunto NEUMEISTER de 27.06.1968, el Tribunal es de la opinión y as! lo pone de relieve, que el principio del "Waffengleichheit" es un elemento esencial para que se dé un "faires Verfahren,,33S. Existen sin embargo opiniones contrarias a la consideración del principio de la igualdad de armas como integrante de los principios que rigen el proceso penal alemán, y ello fundamentado en que dicho proceso no es un proceso de partes, v. gr. posición 332 OLG stuttgart, MOR 1974, 688. vid. en esta tesis doctoral y dentro de la parte dedicada a los Estados Unidos el punto 3.i Objetividad en la conducta del MF-Deber-Control/"Conduct of the Prosecutor-Duty". 333 SANDERMANN A. "Waffengleichheit" im strafprozeB. Zu den rechtlichen Grundlagen dieses Rechtinstituts, (tesis doctoral) , Koln 1975, pp. 11 Y ss. Kommissionsbericht Nr. 524/59 y 617/59, Ybk 6, 676, p. 696. 334 Kommissionsbericht Nr. 434/59, Ybk 2, 354, pp. 360 Y ss. 335 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, T. 1, 143 fundamento n g 22, BJC Tribunal Europeo de Derechos Humanos ..• , op. cit., Caso Neumeister, sentencia de 27 de junio de 1968, TEDH 5, pp. 67-87. SANDERKANN A. "Waffengleichheit" ••• , op. cit. pp. 20 Y ss. 178
El principio del proceso debido del MF en la vista principal del proceso, lo que imposibilitaría absolutamente3~.
la igualdad, al menos entendida
1. Manifestaciones del principio "Waffengleichheit"/
Igualdad de armas en el proceso penal alemán:
a. Presunci6n de inocencia/"Unschuldsvermutung"
La presunci6n de inocencia se incorpora al derecho alemán a través del CEDH, y más concretamente se explicita en su arto 6.2
que
a
incardina
su
vez
la
dentro
jurisprudencia del
principio
Derecho/"Rechtsstaatsprinzip,,337.
constitucional del
alemana
Estado
de
Lo que se pretende conseguir
a través de la presunci6n de inocencia es que aquellas personas cuya culpabilidad todavía no ha sido probada sean consideradas en el proceso como inocentes, siendo así que es precisamente la prueba
practicada
con
todas
las
garantías
y
dentro
de
la
336 HÜLLER E. Der Grundsatz der Waffengleichheit im ªtrafverfahren, en NJW 1976, pp. 1063 Y ss. Debemos, sin embargo, recordar que el proceso penal USA no es tampoco un proceso puro de partes, pero existen mecanismos que ante cada situaci6n, v. gr. la posici6n mencionada del MF en la vista del proceso, permiten adaptarla a las exigencias del principio de la igualdad de armas, en este caso mediante el deber de objetividad que se predica del MF, vid. parte dedicada al proceso penal USA, apartado 3. i Objeti vidad en la conducta del MF-DeberControl/"Conduct of the Prosecutor-Duty", la situaci6n se adaptaría a. las exigencias del "Waffengleichheit". 337 "Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet,
~a6 der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig
1st". BVerfGE 22, 254, 265. 179
Iñaki Esparza Leibar correspondiente fase procesal la que será capaz de destruir dicha presunción338 • La efectividad de la ficción que supone la presuci6n de inocencia se extiende a todo lo largo de las diversas fases del proceso penal, hasta la eventual convicci6n de la culpabilidad del imputad0339 • si al final del proceso subsistieren las dudas respecto a la culpabilidad del acusado, procederá una sentencia absolutoria, sin que sea posible mantener el proceso en suspenso en tanto en cuanto las mencionadas dudas sean resueltas.
b. Derecho de Audiencia/"Rechtlichen Gehors"
Se encuentra recogido en el arto 103.1 GG - Todos tienen el derecho a ser oídos legalmente ante los Tribunales - y constituye un presupuesto imprescindible para la producción de una sentencia que sea ajustada a derecho. El fundamento último del derecho de audiencia es el de dar a la persona, cuyos derechos se van a ver previsiblemente afectados por un proceso, pronunciarse
al
respecto
de
un modo
la posibilidad de
relevante
de
cara
al
resultado del mismo>W.
c. Derecho a la información/ "Umfassende Belehrung über die Beschuldigtenrechte"
338 BGH NJW 75, 1829, 1831.
BVerfGE 35 202, 232. 340 BVerfGE 9 89, 95. BVerfGE 34 1, 7. VOLLROKMER M. Der Anspruch
~ Parteien .•• , op. cit., p. 200 Y ss.
180
El principio del proceso debido
Establecen los SS 136.1.1 Y 243.4.1 stpo que desde el primer interrogatorio el inculpado recibirá una completa información sobre
sus
derechos,
participándole
de
la
posibilidad
pronunciarse sobre la acusaci6n contra el formulada,
de
o de no
declarar sobre la causa341 • En el caso de que el Presidente de la Sala omita su deber de informar al acusado tal como establece el S 243.4.1 stpo, lesionando
el
derecho
a
la
informaci6n
del
mismo,
será
de
aplicaci6n la prohibición de emplear la declaraci6n asi'obtenida como prueba en el proceso, ya que el acusado debe ser consciente de su derecho a no actuar como testigo contra si mismo342 • si
la omisión del deber de informar al acusado de sus
derechos
se
produce
en
el
procedimiento
preliminar
y
es
atribuible bien al MF bien a la policia, § 136.1 stpo, no se produce el efecto ya visto de inutilizar dicha declaraci6n como fuente
de
considera
prueba
en
el
según reiterada
proceso
subsiguiente,
sino
que
se
jurisprudencia como un mero error
341 § 136.1.1 stpo "Al comienzo del primer interrogatorio se comunicará al inculpado el hecho que se le imputa y las disposiciones penales que sean de aplicaci6n. Se le advertirá que es libre según la Ley de declarar sobre la inculpaci6n o no, de declarar sobre la causa, y siempre, también antes del interrogatorio, de consultar a un defensor por él elegido •.• " § 243.4.1 stpo "A continuaci6n será advertido el acusado de que es libre de pronunciarse sobre la acusaci6n, o de no declarar sobre la causa •.• " La traducci6n de los preceptos de la stpo es de GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal alemán ••• , op. cit., pp. 264-434. 342 BGHSt 25 325, 331. 181
lfiaki Es arza Leibar
procedimental no perseguible o sancionable, es decir a efectos procesa l es intrascendente~3 .
d
Derecho a Un Pr .
OCeso rápidO/"Speedy trial" _ IIKonZentrationslllaXilllell
pesar de la relación causa-efecto entre la excesi Va ~ del pleito y la , '6 d 1 duracion consiguiente dism1nuc1 n e as A
posibilidades de mantener una correcta defensa por parte del sujeto pasivo del mismo y Por tanto siendo patente la necesidad de sustraer la duración del Pl"oceso de los intel"eses pal"tid1stas, por razones de economla procesal pero también de justicia, nos encontramos con que no existe dentro del del"echo alemán otro mandato expreso de agilización del proceso que el l"ecogido en el art. 6. 1 CEDH. Sin embargO la Stpo contiene algunas disposiciones cuyo contenido, aunque no de forma eXpresa, contempla la cuesti6n que nos ocupa. A dicho COnjunto de normas es al que la doctrina refiere C011\o "" . '344 alemana se ~onzentrabonsmax1me" •
170~n~7~. ~HSt ~egún CU~l
343 BGHSt 22, 25, 325, 331. BGHSt 31, 395. Sin embargo existe alg la JUrlSprudencia reciente BGHst 38, 214, 231, (27.02.1992) r no será Posible el apl"OVechamiento de las declaraC:'0nest eallzadas Por el imputado en el primer interrogatono an e la POlic1a, si previamente no ha sido cuerpo. instruido sobre sus derechos por los fUncionarios de dicho
stPo.S~~~e co~ s~pera \l~ Se~~encia,
344 § 228 la susPensi6n o interrupción de la vista principal, deC1Sl cr·?e. corresponde al Tribunal y que será aplicada un l ' .erlo restrictivo. S 229 Stpo Sobre la duraci6n máxlma de a lnterrupci6n o la reiniciación de la vista principal si ,!e el Plazo preVisto para la misma. S 268.3.1 u Stpo Publicac16n Plazo máximo y de no respetarse el plazo para la P1 2 lcaClon, deberá Volverse a iniciar la vista StPo principal. e Plazo de la ejecutoria. Cabe resaltar la preocupaclón q n Alemania, como en otros muchos lugares,
S.275·u~
182
El principio del proceso debido En general cabe afirmar que la excesiva duración del proceso no
supone,
a
decir
de
la
más
jurisprudencia~5,
amplia
un
impedimento procesal para la continuación del mismo. sin embargo existen opiniones en el sentido de que los retrasos, al menos aquellos
imputables
a
las
autoridades
encargadas
de
1&
persecución penal (MF y polic1a), deber1an poder ser controlados asignándoseles consecuencias relevantes para el es precisamente a
proceso~,
pues
aquellas autoridades a quienes corresponde
vigilar por el escrupuloso cumplimiento de los derechos del acusado. sin embargo hay casos en los que el excesivo alargamiento del
proceso
perjudica
de
manera
especialmente
intensa
los
derechos del sujeto pasivo del proceso, para estos supuestos la jurisprudencia permite la adopción de medidas de mitigación que compensen
de
alguna
manera
la
lesión
descrita~7.
Puede
as1
permitirse una reducción de la responsabilidad penal del acusado
despierta la saturación de los órganos encargados de ejercitar la función jurisdiccional que es una de las principales causas de excesiva y anormal duración de los procesos, por ello se ha elaborado una ley para la descongestión de la administración de justicia "Gesetz zur Entlastung der Rechtpflege" de 11 de enero de 1993, (BGB1. I, 50) que afecta principalmente a los procesos penales y civiles. 345 BGHSt 21, 81. BGHSt 24, 239. BGHST 27, 274. BGHSt 35, 137. 346 BVerfG NStZ 1984, 128. BVerfG NJW 84, 967. BGH NStZ 82, 291. OLG Stuttgart, JZ 1974, 268. SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die ~trafprozeBordnung ••• , op. cit. Einl. Kap. 12, Rdn. 92, p. 264. 347 BGHSt 35 137, 141. 183
Iñaki Esparza Leibar (§
46.2
StGB)
o
la
desaparición
determinada persecución penal (§ 153
del
interés
público
en
StPO)~8.
e. Medios de prueba - Prueba ilícitamente obtenida/ "Beweismethoden - Gesetzeswidrig erhobene Beweise Ol
La argumentación empleada para hacer frente a los medios probatorios que surgen paralelamente al desarrollo general, y que lógicamente no contempla la stpo en su redacción original e eon más de un siglo de antigüedad, es la siguiente: Dado que según la GG cualquier restricción de las libertades fundamentales precisa de una base legal
(art. 19.1 GG349 )
,
entonces también
cualquier restricción en los derechos fundamentales que provenga de la necesidad de obtener y asegurar la prueba para el proceso, de acuerdo con las nuevas posibilidades, precisará de un apoyo legal expreso.
De esta manera el legislador viene regulando
progresivamente en la stpo nuevas posibilidades tendentes a la incorporación al proceso de fuentes de prueba (v. gr.
§ 81
stPO)
sobre el internamiento para dictaminar sobre el estado psíquico del inculpado o sobre la investigación corporal que permite las extracciones de sangre " •.. para la constatación de los hechos que
348 BGH NStZ 1990, 94. 349 Art. 19.1 GG "Cuando de acuerdo con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser restringido por ley o en virtud de una ley, ésta deberá tener carácter general y no Ser limitada al caso individual". 184
El principio del proceso debido fueran de importancia para el proceso u3SO , o el S 100 a Sobre el control de las telecomunicaciones) 351 A la vista de las disposiciones existentes hay autores que estiman, desde una interpretación restrictiva, que no existen bases legales suficientes para permitir la lesión de los derechos fundamentales que la intercepción electrónica o la investigación genética suponen3S2 • Existen
también,
vid.
S
136.a
stpo,
determinadas
prohibiciones respecto al uso de medios para la obtenci6n de pruebas ya que menoscaban directamente la libertad de decisión
y de
actuación del
inculpado.
Así
la
hipnosis,
el
llamado
detector de mentiras o el empleo de narcóticos3s3 • Por legales
lo que afecta al control del respeto a en
la
búsqueda
y
obtención
de
pruebas
las reglas tanto
por
funcionarios de policía como por miembros del MF, existen dos posibilidades complementarias:
350 BGHSt 11, 213, 214. BGHSt 24, 125, 129. stpo § 81 a. 351 BGH NJW 76, 1462. 352 No existe un desarrollo sistemático preponderante sobre la prohibición de la prueba, lo que provoca la existencia de discrepancias doctrinales y jurisprudenciales al respecto, GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, T. 11, op. cit. pp. 94 Y ss. GOSSEL K. H. Gedachtnisschrift für Karlheinz Meyer, 1990, p. 121. 353 Con respecto al detector de mentiras, KLEINKNECHT/MEYER strafprozeBordnung, op. cit. § 136.a Rdn. 24. SCHWABE J. Rechtsprobleme des Lügendetektors, NJW 1979, 576. SCHWABE J. Der ~ügendetektor vor dem Bundesverfassungsgericht, NJW 1982, 367. BVerfG NStZ 1981, 446. BVerfGE 49, 89, 141. BGHSt 5, 535. Y en relación con la hipnósis, SCHLÜCHTER E. Das Strafverfahren, Rdn. 91, 1983. Respecto al detector de mentiras no existe obstáculo a que el interrogatorio se practique mediante su empleo siempre que lo acepte voluntariamente el inculpado, BVerfGE 49, 286, 298. 185
Iñaki Esparza Leibar a). Control inmediato de la legalidad de las investigaciones realizadas a cargo de los Tribunales, que autorizarán o no su práctica
(v. gr.
SS stpo 100.b.1, respecto al control de las
telecomunicaciones, 6 105.1, respecto a los registros).
b). Control mediato a través de la prohibici6n de plantear ante los Tribunales pruebas ilegalmente obtenidas, que deberán ser rechazadas (vid. S 136.a.3 stpo, en referencia a los métodos de interrogatorio prohibidos)3~.
f. Derecho a guardar silencio - Derecho a no declarar contra si mismo/"schweigerecht" - "Nemo tenetur se ipsum accusare"
El principio según el que nadie está obligado a declarar contra si mismo, puede deducirse de la obligaci6n constitucional de protección de la dignidad humana, arto 1 GG. La
finalidad
de
dicho
principio
es
la
de
excluir
la
posibilidad de obligar al imputado a cooperar activamente en la formación
de
la
convicción
sobre
si
mismo,
y
la
forma
de
conseguirlo es mediante la prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del
imputado que haya
sido conseguida
mediante la violación del principio del que nos ocupamos 3SS . El acusado puede utilizar este derecho de estime
oportuna,
no
necesariamente
deberá
la forma que
hacerlo
de
forma
354 GOSSEL K. B. Strafverfahrensrecht, op. cit., pp. 187 Y ss. 355 BVerfGE 56 37, 44. 186
El principio del proceso debido absoluta, es decir puede pronunciarse sobre todas las cuestiones que se le planteen o solamente sobre algunas de ellas. En el caso de que el acusado haga pleno uso de su derecho a
guardar
silencio,
ninguna
no
consecuencia
podrá
por
desfavorable3~.
ello
derivarse
para
él
Por el contrario puede el silencio
parcial del acusado reportarle consecuencias desfavorables, ya que la libre apreciaci6n de la prueba, Tribunal
valorar esos
§ 261
stpo, permitirla al
silencios parciales por haberse,
las
declaraciones del acusado, constituido en medio de prueba357 •
g. Derecho a la defensa/"Verteidigung"
"La participaci6n de un defensor, incluso contra los deseos del acusado,
es considerada como primordial para el interés
público: Su concurrencia determinará la efectividad del principio de igualdad de armas/ "Waffengleichheit" (Y por tanto del "fairtrial"), la transparencia del proceso, la estructura dialética en la búsqueda de la verdad, y la autolimitaci6n y autocontrol de los poderes públicos, asimismo garantizará la atenci6n a los intereses individuales del imputado,,358. El derecho a la elecci6n del defensor está recogido en el § 137.1
stpo, que permite la elecci6n de un defensor para cada
356 BGHSt 25 365, 368. 357 HANACK E. W. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung .•. , op. cit. § 136 Rdn. 27, pp. 363, 364. En general sobre esta materia, ROGALL K. Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, Berlin 1977. BGHSt 20 298, 299. 358 BESS CH. Die Zulassigkeit aufgedrangter Fürsorge gegenüber ~m Beschuldigten im StrafprozeB, Frankfurt am Main 1989, p. 6. 187
Iñaki Esparza Leibar fase
procesal,
con un máximo de
tres,
y
con
la
limi tación
recogida en el S 146 stpo sobre la inadmisibilidad de un defensor común
para
varios
inculpados 359 •
La
defensa
únicamente en los supuestos recogidos en el
será
S 140,
necesaria
stPO~.
A través del S 147 stpo, se autoriza al defensor al ~Jtámen
de la causa, en principio, a todo lo largo del proceso~l. En los casos en los que exista la sospecha suficientemente fundada
de
que
el
defensor
ha
incurrido
en
alguno
de
los
supuestos de los SS 138.a o 138.b stPo~2, podrá el mismo ser excluido del proceso de que se trate; Exclusión que podrá ser
359 BVerfGE 39, 156, 165. BVerfGE 45, 354, 358. NStZ 1982, 294. 360 Es especialmente llamativo que en la lista de supuestos, S 140 stpo, en los que será la defensa necesaria, no figure expresamente el de falta de recursos económicos del imputado, si bien el n Q 2 del párrafo 82 de dicho S 140 stpo, permite al presidente cierto margen, en base a supuestos genéricos que la jurisprudencia va perfilando, para el nombramiento de defensor. v. gr. para el caso concreto de falta de recursos económicos que permitan costear un defensor de elección surge, como exigencia del "faires Verfahren", el derecho al nombramiento de un defensor por parte del Tribunal, también en casos especialmente complejos para la casación, BVerfGE 46, 202, 213. Vid. BVerfGE 9, 35, 38. BVerfGE 39, 238. BGHSt 15, 306. En general vid. SCHMIDT H. Die Pflichtverteidigunq, München 1967. BAHN K. Die notwendige verteidigung im StrafprozeB. Schriften zum ProzeBrecht, Berlin 1975. 361 LÜDERSSEN K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung ••. , op. cit. S 147 Rdn. 119, p. 272. BGHSt 30 131, 139. BVerfGE 63 45, 59. 362 La última redacción de ambos parágrafos corresponde a la Ley de 14 de abril de 1978 (BGBl I, S 497). DÜNNEBIER H. AusschlieBung des verteidigers und Beschrankung der Verteidigung, NJW 1976. BVerfGE 9, 124, 132. BVerfGE 31, 306, 308. BVerfGE 38, 105, 118. BVerfGE 39, 156, 168. 188
El principio del proceso debido revocada
tan
pronto
como
se
cumpla
alguno
los
supuestos
contemplados en el S 138. a. 3 Stpo363. "Se permitirá al inculpado la comunicación escrita y oral con
su
defensor,
incluso
cuando
no
se
encontrara
libre".
Establece como norma general el S 148.1 stpo, pero a continuaci6n y para determinados supuestos considerados especialmente graves
el n g 2 del mismo parágrafo autoriza el control judicial de dichas comunicaciones. Respecto a los interrogatorios judiciales, tanto el imputado como su defensor tienen el derecho a estar presentes en el interrogatorio de testigos o peritos, SS 168.c.2 y 247 stpo, as! como también tienen derecho a que se les comuniquen previamente las fechas de los interrogatorios, salvo que con ello hicieran peligar el éxito de la investigaci6n, S
168.c.5~.
Dentro del proceso puede el acusado desempeñar un papel activo
en
su propia defensa
Una de
"Rechtsstaatsprinzip"en su vertiente
las
finalidades
jurisdiccional,
que
del se
manifiesta con especial intensidad en el apartado relativo al derecho a la defensa del que nos ocupamos, consiste en garantizar un ámbito de autonomía que permita al acusado no ser un mero objeto del proceso. Se pretende lograr un equilibrio entre dicha
363 En general sobre la exclusión, vid., GOHEZ COLOHER J. L. La exclusi6n del abogado defensor de elecci6n en el proceso penal, Barcelona 1988, pp. 21-51, Y en particular sobre la revocaci6n, Pp. 47-49. 364 Los mismos derechos les asistirán cuando el interrogatorio Se lleve a cabo por medio de Juez comisionado o requerido de auxilio, SS 223 Y 224 stPO. En el caso del S 247 stpo, desalojo del acusado durante los interrogatorios, se deberá comunicar al mismo la declaración realizada en su ausencia. BGHSt 1, 346. 189
Iñaki Esparza Leibar autonom1a y una genérica obligación de asistencia de los poderes püblicos que se manifiesta a través de medidas protectoras "Waffengleichheit", "Fürsorgepflicht" - irrenunciables para el acusado. Alcanzado el mencionado equilibrio dentro del proceso, tendrá el acusado los instrumentos que le permitan influir en el devenir y en el resultado final del As1
por
ejemplo
tendrá
mismo~.
derecho,
él
o
su
defensor,
a
preguntar a testigos y peritos, siempre y cuando sea autorizado para ello por el Presidente,
S
240.2 stPO~.
Existe también la posibilidad para el defensor de realizar, junto con el MF, un interrogatorio cruzado con los testigos y peritos presentados por el acusado y con aquellos presentados por el MF, S 239.1 stPO. Finalmente
podrá
el
acusado
declarar
después
del
interrogatorio de cada uno de los testigos, peritos o coacusados, asi como después de la lectura de cada uno de los escritos, y dispondrá del derecho a pronunciar la ültima palabra, aunque el defensor hubiera hablado ya por él,
SS
incluso
257.1 Y 258.2
Y 3, StP0367 • Cabe hacer en este punto una referencia a la cuestión del delator
o
gente
de
confianza,
"V-Mann"
o
"V-Leute",
cuya
identidad podrá excepcionalmente mantenerse en secreto a lo largo del proceso siempre que concurran circunstancias de especial 365 BVerfGE 9, 89, 95. BVerfGE 26, 66, 71. BVerfGE 46, 202, 210. BVerfGE 63, 380, 390. BVerfGE 65, 171, 174. HESS CH. Die ~Ulassigkeit ... , op. cit., Einl. 366 BGHSt 9, 363. BGHSt 16, 67. BGHSt 7, 281. BGHSt 8, 155. 367 BGHSt 3, 368. BGHSt 9, 77. 190
El principio del proceso debido gravedad que así lo aconsejen, v. gr. riesgo para la vida del testigo368 •
h. Derecho a un intérprete gratuito/"Anspruch auf ein Unentgeltlich Dolmetscher"
Según el arto 6.lll.e CEDH~, el imputado extranjero - que tiene los mismos derechos procesales fundamentales o lo que es lo mismo el mismo derecho a un "fair trial" (proceso con todas las
garantías)
desconozca
la
que
un
lengua
imputado de
alemán370
trabajo
del
-
siempre
Tribunal
o
y
no
cuando pueda
expresarse en aquélla, en el caso de un proceso ante la justicia, tendrá derecho a la asistencia gratuita de un intérprete371 •
368 BGHSt 33, 83, 88. En general sobre esta cuestión, TIEDEMANN/SIEBER Die Verwertung des Wissens ven V - Leuten im Strafverfahren. Analyse und Konseguenzen der Entscheidung des GroBen Senats des BGH (Beschl. v. 17.10.1983 - GSst 1/83 = NJW 1984, 247 Y ss.) NJW 1984, pp. 753 Y ss. 369 Art. 6.lll. "Jeder Angeklagte hat mindestens die folgenden Rechte:" e) "Die unentgeltliche Beziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichtts nicht versteht oder sich nicht darin ausdrücken kann". "Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la AUdiencia", La traducción española se recoge en RAMOS HENDEZ F. Código procesal civil internacional, op. cit., pp. 189-191. 370 BVerfGE 40, 95. 371 EGMR NJW 1985, 1273. EuKomMR NJW 78, 477. C. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 96 j). 191
S
185 GVG. ROXIN
Iñaki Esparza Leibar B. El principio del deber de asistencial " FUrsorgepflicht372 "
1. Introducci6n
En la misma idea en la que descansa el principio de igualdad de armas,
es decir
la constataci6n del mayor peso de
los
instrumentos de los que se sirve el Estado para la persecuci6n penal frente a aquellos que el sujeto pasivo de la misma dispone para su defensa, y con el prop6sito de atenuar el exceso de fuerza de la posici6n del Estado en el proceso penal - que recordemos no es un proceso de partes en el caso alemán - , aparece el principio del deber de asistencia ("Fürsorgepflicht", en lo sucesivo FP) como modulador de las relaciones entre los sujetos procesales públicos (OOJJ, MF, funcionarios judiciales, funcionarios policiales), y los sujetos procesales que no tienen 372 Ya a finales del siglo pasado encontramos en la doctrina alemana una inequlvoca referencia al FP, "Junto al derecho de las partes aparece la obligaci6n del Tribunal de preocuparse de la aplicaci6n de los principios procesales en cada proceso." GLASER J. Handbuch des Strafprozesses, T. 11, Leipzig 1885, p. 504. si bien no es hasta tiempos más recientes cuando tras un mayor desarrollo tanto doctrinal como jurisprudencial puede afirmarse que el principio del "Fürsorgepflicht" se deriva, o mejor es una concreci6n del principio del "fair trial" (junto con el principio de la igualdad de armas/"Waffengleichheit, el principio "in dubio pro reo" y el derecho a la defensa a lo largo de todo el proceso) qUe a su vez es un componente esencial del principio del estado ~e derecho de los arts. 1.1.1 Y 28 GG, en su vertiente Jurisdiccional, vid. GOSSEL K. B. strafverfahrensrecht, T. 11, op. cit., pp. 61 Y 62. Sobre su naturaleza jurldica como Principio general procesal, SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG pie ~trafprozeBordnung ••• , op. cit. Einleitung Kap. 6, Rdn. 26. El significado de la palabra "Fürsorge" en lengua alemana serla "la a~uda/asistencia que alguien necesita" ("die jemand umsorgende ¡hlfe"), AKADEHIE DER WISSENSCHAFTEN, Worterbuch der deutschen ~enwartssprache.
192
El principio del proceso debido tal carácter y para los que sería impensable establecer una obligación de conocer las normas procesales y de atenerse a ellas. Especialmente se hace referencia al imputado/acusado373. Originariamente el FP actúa una vez que el proceso,
en
abstracto, para el que se han establecido determinadas garantías como
las
que
integran el
principio que
ya
conocemos de
la
igualdad de armas, pasa a ser un proceso real entre partes con sustantividad propia. Su función, habilitar
los
canales
que
llegados a este punto, es la
permitan
la
mayor
fluidez
en
la
información que a su vez será determinante a la hora de preparar la defensa del sujeto pasivo del proceso, y su actividad a todo 10 largo del mismo de la forma que más favorezca a sus intereses. Se pretende en definitiva mediante el FP ayudar a los sujetos procesales que 10 precisen, especialmente a la parte más débil, de tal manera que sean perfectamente conscientes de su situación procesal, sus derechos, sus posibilidades, las consecuencias que para ellas se pueden derivar del proceso.
El FP actuará con
especial intensidad en los casos en los que el acusado se sitúe en una posición de duda o desconocimiento con alcance procesal
373 VON LOBBECKE B. Fürsorgepflicht im StrafprozeB?, GA 1973, p. 200. KUMLEHN R. Die gerichtliche Fürsorgepflicht im Strafverfahren. Darstellung der nicht normierten ProzeBpflichten inbesondere des Strafrichters gegenüber den Angeklagten, Gottingen 1976. PLOTZ W. Die gerichtliche Fürsorgepflicht im Strafverfahren, Lübeck 1980. HEGMANN J. Fürsorgepflicht gegenüber dem Beschuldigten im Ermittlungsverfahren, Bochum 1981. KÜBLWEIN Qie prozessuale Fürsorgepflicht im Strafverfahren, 1985. SCHAFER l. en LOWE/ROSBHBERG Die strafprozeBordnung ••• , op. cit. Einleitung, Kap. 6, Rdn 23. KLEINKNECHT/KEYER gtrafprozeBordnung ••• , op. cit. Einleitung, nr. 155 y ss. ROXIN c. Strafverfahrensrecht, op. cit. S 43 DV, pp. 32 Y ss. HESS CH. Qie ZUlassigkeit ••• , op. cit., pp. 51 Y ss. 193
Iñaki Esparza Leibar práctic0374 •
Con respecto a los demás sujetos procesales el FP
tiende a garantizar el correcto desarrollo del proceso en todas sus fases. Podrlamos, siguiendo a la jurisprudencia, distinguir entre un
FP
entendido
fundamental estr icto,
y
en sentido
amplio,
universa1 37s ,
y
un
como principio FP
entendido
en relación con casos concretos,
procesal
en
sentido
como un auténtico
derecho subjetivo del acusado, fuente de derechos y obligaciones para los sujetos del proceso y cuya lesión abrirá la posibilidad del recurso de casación (S 337 stPO) o provocará la ineficacia ("Unwirksamkei t" ) del proces0376 • La obligación de asistencia no corresponde unicamente al OJ, si bien le es propia la parte más extensa e inportante de la misma,
asi alcanza también a
los miembros del MF en cuanto
curadores del derecho en la medida en que resulte compatible con su tarea,
alcanza
también
a
los
funcionarios
de
policia
e
FP y
su
igualmente a los funcionarios del Juzgad03TI • No
es
delimitación
sencilla la clasificación dogmática del respecto
a
otros
principios
e
instituciones
fundamentales del proceso penal (v. gr. la defensa necesaria, el 374 BGHst, NJW 1951, 83. BGHSt, MOR 1973, 388. HansOLG Hamburg JR 1956, 28. 375 OLG Oüsseldorf GA 1958, 54. BGH NJW 1973, 154. BayObLG NJW 1959,2273. HansOLG Hamburg MDR 1964, 524. 376 HansOLG Hamburg NJW 1967, 1577. OLG Celle NJW 1961, 1319. OLG Celle NJW 1974, 1258. OLG Koln NJW 1970, 720. PLOTZ W. Die aerichtliche •.. , op. cit. p. 69. 377 LG Aachen, NJW 1961, 86. KLEINKNECBT T. Anm. zu LG Aachen. v. 11.6.1960, NJW 1961, pp. 86 Y ss.KOBLHAAS K. ~rsonlichkeitsschutz im Strafverfahren, ZRP 1972, pp. 52 Y ss.
JL..
194
1,
11
I
El principio del proceso debido principio de inmediaci6n, el principio de celeridad, incluso con el principio de la igualdad de armas/ "Waffengleichheit,,378), si bien la mayor parte de la doctrina consigue, desligándolo del principio del "faires Verfahren" del que depende TI9 , un
significado
adelantado,
independiente
en
el
sentido
que
dotarlo de ya
cuyo desarrollo corresponderá en todo caso I
hemo§ como
viene siendo habitual en el tema del que nos estamos ocupando, a la doctrina y más especificamente a la jurisprudencia3w • Todo ello supone la inexistencia de un concepto propiamente dicho o de una normativizaci6n precisa al respecto. aunque
en
progresivo
retroceso,
no
Dicha situaci6n,
contribuye
a
alejar
la
sensaci6n de imprecisi6n sobre el contenido y los limites del FP. Aunque es precisamente esa falta de normativizaci6n precisa la que permite una constante redefinici6n del FP por la doctrina y
378 ULSENHEIKER K. Zur Rege1ung des Verteidigeraussch1usses in SS 138 a-d, 146 n. F. stpo, GA 1975, pp. 109 Y ss. SANDERHANN A. "Waffeng1eichheit" in strafprozeB .•• , op. cit., pp. 165 Y ss. 379 Es impensable el desarrollo del FP fuera de un proceso presidido por el principio del "Faires Verfahren". OLG SaarbrUcken VRS, T 25, p. 66. 380 ROXIN C. strafverfahrensrecht, op. cit. Ein1. § 2 B, pp. 11 Y 12. PLOTZ W. Die gericht1iche FP •.• , op. cit., pp. 49 Y ss. Y 333. MAIWALD K. Zur gericht1ichen FUrsorgepflicht im StrafprozeB und ihren Grenzen, en Festschrift fUr Richard Lange zuro 70. Geburtstag, Ber1in y New York 1976, p. 764. La primera referencia al FP por parte de la jurisprudencia la hallamos en la Sentencia de 17.08.1955 del HansOLG Hamburg, NJW 1955, 1938, en uno de cuyos fundamentos se hace referencia a la lesi6n que supone la supresi6n de la asistencia debida por el Tribunal hacia el acusado. 195
Iñaki Esparza Leibar la jurisprudencia, y la consiguiente adaptación y renovaci6n del principio del "fair trial,,381. A la meta final expuesta de igualar en la práctica las posibilidades y medios de la parte acusadora con respecto a la parte acusada sirve como objetivo parcial, y ello nos
permitir~
adentrarnos en lo que el FP supone, la pretensi6n de reducir las inevitables
y
perjudiciales
consecuencias
que
se
derivan
necesariamente de la intervención pública en la esfera privada de los derechos del sujeto pasivo y de otros participantes en el proceso, para lo cual la normalidad en el desarrollo del mismo 10 que implica entre otras cosas celeridad y objetividad, es una de las metas que con el FP se pretende alcanzar. Esta inicial aproximaci6n al FP nos permite percibir que el principio está presente en todas las fases del proceso, desde la investigación previa a la fase preliminar, hasta el recurso de casación (que como veremos cabe por la lesión del FP). Podemos también deducir que los sujetos implicados en el FP son desde luego todos aquellos participantes en el proces0382 , pero es que
381 PLOTZ W. Die gerichtliche FP... op. cit., p. 339. La constante incidencia de la jurisprudencia sobre el concepto "FUrsorge"/ asistencia, ha llevado en los últimos tiempos a la necesidad de distinguir un concepto nuevo "Vorsorge"/ previsi6n que si bien tiene relación con la asistencia, pues se desgaja de la misma, hace referencia a una función más general COn respecto - en principio - al proceso penal, la función de previsión. BGHSt 25, 325, 330.
382 La estructura del proceso penal no se acomoda a un FP simple entre el Tribunal y el acusado en favor de éste, sino que las relaciones son múltiples e interdependientes, afectando a una Pluralidad de sujetos, en beneficio del conjunto del proceso. Vid. SAX w. en KLBIBKNECBT/XÜLLBR/RBITBERGER Loseblattkommentar ~r StrafprozeBordnung, Darmstadt 1980, Einl. 13 y S 244.3. 196
El principio del proceso debido además sujetos ajenos al mismo pueden estar obligados por el deber
de
asistencia,
dada
la
multiplicidad
variedad
y
de
relaciones que preside383 • Debemos
también
tener
presente
que
la
redefinici6n
adaptaci6n a la realidad del contenido del FP es constante
y
sob~e
todo por la jurisprudencia, a lo que añadiremos que la tendencia del legislador contemporáneo es la de desarrollar el ámbito de la
obligaci6n
de
asistencia3M ,
de
todo
lo
cual
podemos
fácilmente concluir que si bien la aprehensi6n del concepto no reviste especial dificultad, no ocurre lo mismo a la hora de fijar sus exactos alcance y limites, y ello no s610 por lo vasto sino además por lo variable del contenido del principio del FP.
2.
Deber
de
asistencia
procesal
de
los
Tribunales/"Gerichtliche-Prozessuale Fürsorgepflicht"
El anclaje constitucional del FP se obtiene a través de los arts. 19.4 Y 103.1 GG, que consagran el derecho de acceso a los Tribunales, precisamente expedito el acceso actuará el FP como
383 Es el caso del S 161 stpo, donde y para llevar a término el procedimiento de averiguaci6n, el MF podrá exigir informaci6n de todas las autoridades públicas, las cuales - aún no siendo sujetos realacionados, a veces en absoluto, con el proceso u: .• quedarán obligadas a atender la petici6n o solicitud de la F1Scalia". 3~4 SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die StrafprozeBordnung ••• , op.
Clt. Einleitung, Kap. 6, Rdn. 26. 197
Iñaki Esparza Leibar principio ordenador dominante con la finalidad de conseguir una efectiva protección de los derechos 385 • Aunque existen diferencias en cuanto a la denominaci6n del insti tuto contenido, sujetos
del al
sobre
que nos menos
en
los que
ocupamos 386 , lo
la
posici6n
fundamental
-
en
sujetos
la asistencia recae,
cuanto al obligad(jl~D
finalidad de
la
asistencia, es la de acuerdo practicamente unánime; Así, estarán obligados a prestar la asistencia, cada uno en su respectivo ámbito de actuación,
todas
las autoridades encargadas de la
persecución penal, OJ, MF, policía judicial y los funcionarios de la oficina judicial - también entre ellos387
-.
En cuanto al
defensor, no está obligado a la asistencia en el proceso penal. Finalmente, hay autores que entienden que los peritos en tanto desarrollan una función de auxilio en la dirección del proceso,
385 Art. 19.4 GG "Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía jUdicial. tt Art. 103.1 GG "Todos tienen el derecho de ser oídos legalmente ante los Tribunales." PLOTZ W. Die gerichtliche FP •.. , op. cit., p. 333. 386
"Prozessuale
Fürsorgepflicht"
(FP
procesal)
I
KLElNKNECHT/MEYER StrafprozeBordnung, op. cit. Einl. Rdn. 155 y ss. KÜHLWElN H. P. Prozessuale Fürsorgepflicht, op. cit. otros autores emplean la expresi6n "Gerichtliche Fürsorgepflicht"(FP de los Tribunales), PLOTZ W. Die gerichtliche FP ••• op. cit. MAlWALDM. Zur gerichtlichen Fürsorgepflicht .•. , op. cit. pp. 745 Y ss. GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, T. 11, op. cit. p. 61. En alguna ocasión también "Richterliche Fürsorgepflicht" (FP de los Jueces), PLOTZ W. Die gerichtliche FP •.. op. cit., p. 31. 387 En el caso de los funcionarios, existe un deber general de asistencia a los ciudadanos como consecuencia del Estado de Derecho, que tien~ un reflejo procesal a través del FP. KRIEGER l. Das Recht des Bürgers auf die behordliche Auskunft, en fu::hriften zum offentlichen Recht, T 18, Berlin 1971, pp. 50 Y ss. BEYER Die Rechtsprechung des Reichgerichts und des ·~~·~~~~~illU~~~~~Yru~~Udilll~~~~~~~~~~~~, OVBl 198
r El principio del proceso debido podrían
potencialmente
también
estar
obligados
a
la
prestaci6n de asistencia388 . En cuanto a los sujetos sobre los que la asistencia recae, no se
limita al acusado que,
defensor,
sino
que
abarca
efectivamente dispone de un
circunstancialmente carece de también
defenso~89,
a
aquél
acusado
qu~
sea este de elección
Q
de oficio. También recaerá la asistencia sobre acusados a los que se considere doctos en derecho ya que no existe la presunci6n de que efectivamente conozcan los derechos que en un proceso les corresponden390 • Los demás sujetos participantes en el proceso sobre los que recae el deber de asistencia son los testigos, el actor privado y el actor accesorio.
Por lo que a las finalidades que corresponden al FP se refiere, las cuales nos darán una idea más exacta de su contenido y de
su
capital
importancia
dentro del
proceso,
podríamos
inicialmente clasificarlas en tres grandes grupos de objetivos generales:
a. Instrucci6n sobre las posibilidades de actuaci6n y defensa, en especial la "Belehrungspflicht"
388 MAIWALD M. Zur qericbtlicben ••• cit. en Festscbrift ••• op. cit.
p. 747. 389 PLOTZ W. Die gerichtliche FP ••. , op. cit. p. 338. Bay NJW 59, 2274. 390 OLG Koln, NJW 1961, 933. 199
Iñaki Esparza Leibar Se pretende la potenciación de las posibilidades de defensa a través de la información, exahustiva e inequivoca de las mismas a los sujetos procesales que, sobre cualquier hecho digno de consideración hayan sido pertinentemente planteadas391 • Asi el OJ
estará
obligado a
indicar
al
acusado
las
posibilidades
juridicas de defensa de las que dispone, v. gr. S 35.a stpo, acerca de la instrucción sobre recursos, o los SS 115.3.4 Y 115. a. 3 stpo, en los casos de prisión y detención provisional una vez que el inculpado ha sido conducido ante el Juez competente. Igualmente en el caso de los SS 136.1 Y 243.4.1 stpo, instrucción previa al primer interrogatorio e instrucción del acusado durante la vista principal respectivamente. También se garantiza la presencia tanto del inculpado, como de su defensor y del MF, en el interrogatorio judicial de un testigo o perito, y para ello se les comunicarán previamente las fechas del mismo, salvo supuestos excepcionales, S 168.c stPO. También cabe reseñar que dentro del derecho a intérprete gratuito que veiamos en el capitulo anterior como integrante del principio de "Waffengleichheit", existe una manifestación del FP, en tanto en cuanto el Juez puede, si lo estima necesario, modular la mayor o menor inclusión
extensión de de
la traducción del
declaraciones
y
acta u
explicaciones
en
ordenar el
la
idioma
extranjero, en función de criterios subjetivos, S 185 GVG. 391 Vid. S 139 ZPO, para el proceso
C1V1.
BGH 6, 282, 284. BGH
MDR 72, 925. La ilustración o información debe proporcionarse de forma equilibrada y adecuada a cada situación para evitar un exceso "überschieBenden Aufklarung" I que podria causar confusión, BayObLG NJW 1959, 2273. Sobre la preparación de una correcta defensa para el acusado como elemento integrante del concepto de FP, OLG Hamburg MOR 1964, 524. BGH NJW 1963, 1114. 200
El principio del proceso debido En definitiva la obligación de asistencia se impone al Tribunal
para
todas
aquellas
situaciones
de
las
que
pueda
derivarse algún efecto favorable para el acusado u otros sujetos procesales
interesados3~.
La lesión de la citada obligación de
instrucción y facilitación de la defensa al acusado, elemento necesario del "fair trial" - también imprescindible a lo largo del procedimiento preliminar - abrirá la posibilidad de recurso incluido el de casación - 393, pudiendo producirse la ineficacia del proceso, ya que aunque los errores de la voluntad no pueden de ordinario causarla se produce una excepción cuando 'el error haya sido provocado por una lesión del FP, v.
gr.
casos de
renuncia a recursos como consecuencia del incumplimiento del
El FP faculta al OJ, SS 228, 229, 265.4 stpo, a decretar la suspensión o interrupción de la vista principal y a establecer la duración de la misma dentro de los limites que la ley permite. Los supuestos en los que ello será preciso harán referencia en general a todas
aquellas situaciones en las que se produzca
392 MAIWALD K. Zur gerichtlichen FP •.. , op. cit., p. 745. 393 DENCRER F. Willensfeh1er bei Rechtsmitte1verzicht und Rechtsmittelzurücknahme im StrafprozeB, MOR 75, 371, 1972. GOSSEL K. R. Strafverfahrensrecht op. cit., pp. 161 Y 189. vid. S 338 stpo, sobre los motivos de Casación absolutos, n 2 8, "Cuando la defensa hubiera sido limitada inadmisiblemente por auto del Tribunal, en un punto esencial para la resolución". 394 ROCR R. J. Prob1eme des Rechtsmittelverzichts, JR 1964, pp. 255 Y ss. JOACRIK R. Oie Berücksichtigung von Willensmangeln bei
n1chtrichterlichen ProzeBhand1ungen im StrafprozeB, Erlangen NUrnberg, 1970. BGHSt 18, 257, 261. BGHSt 21, 38. 201
Iñaki Esparza Leibar cualquier circunstancia que afecte a la presencia del defensor en la vista principal o a la preparación de la
defensa~s.
El FP obliga al Tribunal a un aplazamiento del juicio oral cuando pretenda leg1timamente el acusado sustituir al defensor de elección que previamente ha sido rechazado como tal por el propio Tribuna 1 396 • También se ve obligado el Tribunal, como consecuencia del FP Y a fin de permitir al acusado una mejor defensa, a facilitar el interrogatorio de testigos que se hallen en el extranjero y cuyo testimonio se considere útil para la defensa, y en general el Tribunal deberá permitir - el § 245.2 stpo le obliga a ello la práctica de las pruebas propuestas por el acusado en su
395 V. gr. por enfermedad del defensor participante, OLG Düsseldorf GA 1958, 54. OLG Celle NJW 1965, 2264. Por retraso del defensor a causa de la desfavorable climatolog1a o del estado de las v1as públicas, OLG Hamm GA 1974, 346. Como consecuencia de la insuficiencia del mandato, OLG Celle NdsRpfl 1964, 234. Por la colisión o superposición en las fechas del defensor participante, OLG Hamburg MOR 1964, 524. OLG Hamburg NJW 1967, 1577. OLG Hamm NJW 1969, 943. Por la sorpresiva readmisión para la práctica de pruebas en el plazo establecido para dictar sentencia, BayObLGSt 1962, 226. OLG Saarbrücken VRS 25, 66. En el caso de asuntos especialmente complejos que precisen de más tiempo del ordinariamente asignado para su preparación, BGH NStZ, 1983 281. 396 OLG Koln, NJW 1970, 720. vid. § 145.1 stpo, sobre incomparecencia del defensor y correlativa obligación del Presidente del Tribunal de nombramiento de otro defensor para el inculpado o, alternativamente, suspensión de la vista. BGHSt 15, 306, sobre la posibilidad de nombrar por el Tribunal, un defensor necesario paralelo al de elección cuando sea previsible que con ello se evitarán problemas en el futuro desarrollo normal del proceso. También se producirá el aplazamiento o la interrupción de la vista principal en los siguientes casos: Por cambio del defensor necesario durante la vista principal, BGH VRS 26, 46. BGH NJW 1965, 2164. En los casos de excesiva brevedad del plazo para designación de un defensor necesario previamente a la vista principal, BGH NJW 1963, 1114. Por el tard10 conocimiento de la citación por el acusado, OLG Celle NJW 1961, 1319. 202
El principio del proceso debido solicitud de prueba, salvo que las mismas fueran inadmisibles, impertinentes,
interpuestas con finalidad dilatoria,
etc.
El
rechazo de una solicitud de prueba requerirá un auto del Tribunal (S 244.6 stPO). La lesión del FP en este punto crea un motivo que
permi tirá la interposición del recurso de casación397 " . Aún siendo evidente que es el acusado el principal sujeto sobre el que el FP recae, existen supuestos, como ya se anunció, en los que son otros los participantes en el proceso que precisan de la asistencia, v. gr. SS 55 Y 57 stpo, sobre instrucción por el Tribunal a los testigos sobre sus derechos y significado y alcance de sus declaraciones398 • Pero
no
es el OJ el
único
suj eto obligado a
prestar
asistencia, ni es siempre sujeto activo de la misma, en la propia stpo encontramos ejemplos en los que el FP obliga a otros sujetos procesales
diferentes
a
la
realización
actuaciones encuadrables bajo este
de
determinadas
titul03~.
397 BGHSt 22, 118. Un caso llamativo de limitación del derecho a la solicitud de prueba - se restringe a las solicitudes que presente a través de su defensor - se recoge en BGHSt 38, 111( 115, donde se produce un abuso por parte del acusado, (presenta aproximadamente 8.500 solicitudes escritas de prueba), con fines evidentemente reprobables, la limitación será aqui legitima. OLG Hamburg NJW 1955, 1938. OLG Celle MOR 1962, 236. HansOLG Bremen MDR 1959, 779. PLOTZ W. Die gerichtliche FP ••• , op. cit., pp. 46 - 47. TRAUB F. Die Behandlung übergangener, nach § 219 gestellter ~eweisantrage, NJW 1957, 1095 Y ss. NIETBAMHER B. Anmerkung zu QLG Bremen, urteil v. 6.8.1952, JZ 1953, 471 Y ss. 398 La exclusión del letrado de un testigo durante la declaración del mismo lesiona su derecho a un "faires Verfahren", BVerfGE 38, 105, 120. 39 9 ,S 320.2
stpo, FP del MF con respecto al notlficará al acusado, cuando la apelación ella, los escritos sobre interposición y apelación". S 321 stpo, FP del MF con
acusado, "La Fiscalía fuera interpuesta por justificación de la respecto al OJ, "La
203
I 11
j" 11
¡; ,i
Iñaki Esparza Leibar Como puede apreciarse a tenor de las líneas anteriores el FP consiste en gran medida, en estos supuestos de potenciación de las posibilidades de defensa, en instruir al acusado sobre sus derechos en el proceso,
"Belehrungspflicht"~.
Dentro de lo que llamamos potenciaci6n de las
posibilidade~
de defensa y además de la obligaci6n de informaci6n, existirá paralelamente otro deber del OJ para con las partes procesales consistente en la no adopción de resoluciones sorpresi vas o esencialmente
indiferentes,
incongruentes,
actividad defensiva desarrollada por las
respecto
de
la
mismas~l.
Fiscalía enviará los autos a la Fiscalía del Tribunal que conozca de la apelación. Esta entregará los autos al Presidente del Tr ibuna 1 dentro de una semana". § 163 • a . 4 stpo, FP de los funcionarios de policía con respecto al inculpado, "En el primer interrogatorio del inculpado por el funcionario de policía, se comunicará al inculpado qué hechos le son imputados. En lo restante, se aplicarán en el interrogatorio del inculpado por el funcionario de policía el § 136, sobre informaci6n de derechos al inculpado al comienzo del primer interrogatorio, y S 136.a, ambos stpo, sobre métodos de interrogatorio prohibidos. 400 vid. § 3 stpo Austriaca, 1975. PLOTZ W. Die gericht1iche FP ... , op. cit. 333, el FP se manifiesta en la stpo especialmente en la forma del "Belehrungsprinzip" /Principio de Instrucci6n. SCRORN B. Be1ehrungen und belehrende Hinweise im StrafprozeB q JR 1967, pp. 203 Y ss. SCBÜNEMANN B. Die Belehrungspf1ichten der S§ 243 IV, 136 n. F. stpo und der BGH, MOR 1969, 101 Y ss. SEELMANN K. Revision wegen des Unterlassens der Belehrung über das Recht ~ur Aussageverweigerunq, JuS 1976, 157 Y ss. GOLLWITZER W. en LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnung ..• , op. cit., S 226, Rdn. 12. SCBORN B. Die Fürsorgepflicht im Strafverfahren, MDR 1966, p. 640. BAUER G. 'Die Aussage des über das Schweigerecht nicht Qelehrten Beschu1digten, Gottingen 1972, pp. 90 Y ss. 401 GOSSEL K. B. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 166. Vid. § 265.1 stpo, sobre modificación de los puntos de vista jurídicos. "El acusado no podrá ser condenado en base a una ley penal distinta a la citada en la acusación admitida judicialmente, sin qUe previamente se le hubiera advertido especialmente de la mOdificaci6n del punto de vista jurídico y se le hubiera dado OPortunidad para la defensa". PLOTZ W. Die gericht1iche ••. , op. cit. pp. 214 Y ss. OLG Hamburg MOR 1964, 524. BayObLGSt 1962, 226. OLG Saarbrücken VRS, T 25, pp. 66 Y ss. 204
El principio del proceso debido Es
importante señalar que toda la actividad que el OJ
desarrolla en aplicación de las prescripciones del FP, y que como estamos viendo es fundamental en el proceso, debe estar presidida por la
neutralidad~.
b. Facultades de dirección procesal, subsanaci6n de defectos procesales/"Fürsorgepflicht gegenüber dem Verfahren"
La preparaci6n del proceso previamente a su inicio y la subsanaci6n de defectos procesales y eliminación de impedimentos procesales a 10 largo del mismo, F~,
son partes integrantes del
que atienden al correcto desarrollo del proceso. Podr1amos
señalar las siguientes direcciones que el FP adopta para alcanzar el objetivo que nos
ocupa~:
A) Protecci6n de la forma. B) Garantizar un proceso según el espíritu de la stPO. C) Corrección en la direcci6n oficial, concentaci6n, aceleración.
402 BVerfGE 3, 337, 381. BVerfGE 21, 139, 145. BVerfG NJW 1976, Pp. 1391 Y ss. La stpo incluye la posibilidad de recusación del Juez, § 24, articulándola como instrumento que puesto en manos
del MF, del actor privado o del inculpado, permite reaccionar frente a la parcialidad del Juez. 403 BayobLG 65, 2. FP como activador, acelerador del proceso, BGH NJW 1975, 63. 404 PLOTZ W. Die gerichtliche FP ••• , op. cit., pp. 94 Y ss. 205
Iñaki Esparza Leibar Los actos concretos que con respecto a las direcciones de actuación señaladas pueden ser procedentes son de naturaleza muy distinta, v. gr. asegurar la efectiva continuación del defensor necesario405 •
O,
en
determinados
casos,
la
repetición
de
un
concreto acto procesal viciado para evitar en lo posible lcr repetición de la totalidad del proceso o fase procesal, v.
g~<
§ 29.2.2 stP0406.
Otras posibilidades del FP en relación a la direcci6n del proceso,
a
garantizar su efectivo desarrollo,
son v.
gr.
el
aseguramiento de la prueba en aquellos casos en los qué a causa del
transcurso
inutilizaci6n,
del vid.
tiempo §
205
sea stpo
previsible en
el
su
supuesto
pérdida de
o
archivo
provisional del proceso, vid. S 285 stpo en los casos de procesos incoados contra ausentes. La posibilidad recogida en los
SS
251
Y ss. stpo de lectura de actas en los casos de imposibilidad o grave dificultad para la comparecencia de testigos, peritos o coincu1pados
atenderá
también
al
efectivo
desarrollo
del
proces0407 • La obligación de asistencia, en esta faceta de control del correcto desarrollo del
proceso,
se
extiende también a
los
testigos y peritos, además del acusado, respecto de los cuales
405 BGH NJW 1963, 1114. BGH NJW 1965, 2164. OLG Hamburg NJW 1966, 843.
406 KLEINKNECHT/MEYBR strafprozeBordnung, op. cit. Ein1. Rdn • •.. 1~9. SCHAFER K. en LOWE/ROSENBERG Die strafprozeBordnung .•• , op. ~>Clt:, Ein1., Kap. 10, Rdn. 25. SCDID W. Zur Hei1ung ~rlcht1icher Verfahrensfeh1er durch den Instanzrichter, JZ 1969, Pp. 757 Y ss. BayObLGSt 1965, 2.
BVerfGE 57, 250, 295. 206
El principio del proceso debido el OJ, normalmente su Presidente y el Tribunal en caso de dudas, dispondrán de facultades dirigidas a impedir la emisi6n de un testimonio de manera más o menos forzada, o al planteamiento por parte de
los
sujetos habilitados
tras
la
autorizaci6n
del
Presidente - Jueces vocales, MF, acusado, defensor y escabinos, (se excluye expresamente el interrogatorio directo de un acusado por otro coacusado) vid. S 240 stpo - de preguntas inadmisibles, vid. SS 241 Y 241 a, en general sobre las facultades de direcci6n de la vista, stpo SS
238
Y
ss.~.
Es patente que la finalidad principal, que mediante las posibilidades que este apartado del FP se alcanza, es la de mantener un desarrollo fluido del proceso que permita su rápida tramitación tal y como exige el arto celeridad y economía
6
CEDH,
en definitiva
procesal~.
c. Rehabilitación del inocente, protección de los sujetos participantes en el proceso
La rehabilitación del inocente que ha debido soportar un proceso penal previo a la dicha declaración debe ser una de las finalidades que el proceso penal debe prever y cumplir, se trata
aqui de la obligación de asistencia para con aquellas personas que resultan no culpables de los hechos que se les imputaron pero qUe
tuvieron que soportar la realizaci6n de un proceso, o la
----------------------
408 OLG Koln, MOR 77, 598. KLEINKNECBT/HEYER StrafprozeBordnung, 0p. cit., Einl. Rdn. 157. 409 BGHSt 15, 306. 207
q
Iñaki Esparza Leibar obligación de asistencia para con aquellos quienes resultaren lesionados a causa del mism0 410 • Con la finalidad antedicha comprende el FP la posibilidad de que bien el OJ bien el MF puedan ordenar, a pesar de estar ya dispuesta la sentencia y por tanto en casos excepcionales, una ulterior aclaración de la misma411 • Es también posible que un proceso penal en el que la única finalidad alcanzable sea la de establecer la no culpabilidad del acusado, dado v. gr. que sea previsible la absolución por falta de pruebas, pueda sin embargo no continuarse412 • Con carácter preventi vo y con respecto a establece el S 68.a stpo,
la exclusión,
los testigos,
salvo que ello sea
necesario, de las preguntas que sobre hechos difamantes le sean formuladas.
El
control
de
dichas
preguntas
corresponde
al
Presidente del Tribunal y supone una manifestación del FP. Finalmente
debemos
considerar
también
dentro
de
éste
apartado una suerte de protección que podemos encuadrar dentro de las facultades del OJ como garante del orden en las vistas, y que también está incluida dentro del FP.
Se trata de la
protección de los representantes del MF, los defensores u otros sujetos actuantes en el proceso, frente a los ataques o lesiones en su honor por el acusado u otras personas asistentes a la vista oral - una vez más el FP puede extenderse a personas totalmente ajenas al proceso, - vid. SS 177, 178 Y 179 GVG, medidas para el 410 GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 166. 411 BGHSt 11, 273. 412 BGHSt 10, 88, 93. 208
El principio del proceso debido mantenimiento del orden durante la vista de la causa, imposición de correcciones a causa del mal comportamiento y ej ecución de las correspondientes medidas de corrección adoptadas.
v.
CONCEPTO
El instrumento fundamental del que el FP se sirve para la consecución
de
sus
objetivos,
la
correcta
preparación
y
desarrollo de la actividad procesal además de la defensa de los intereses
de
los
sujetos
participantes
en
el
proceso,
especialmente los del acusado, es el control y difusión de la información procesal, y ello a través de advertencias, consejos y aclaraciones,
además de una genérica obligación de apoyo -
siempre con el límite de la neutralidad y la objetividad por parte
de
los
asistencia,
sujetos
a
quienes
principalmente el
OJ
corresponde -
dirigidos
el a
deber
los
de
sujetos
pasivos del FP, quienes a su vez tendrán la posibilidad genérica de pedir
aclaraciones
injustificadamente recursos),
y
presentar
rechazadas
solicitudes
abrirán
la
(que
de
ser
posibilidad
de
que les permitan acceder a dicha información para
posteriormente servirse de ella de la manera que mejor atienda a sus intereses413 • La finalidad que se pretende alcanzar con la aplicación del principio
de
la
igualdad
de
armas/"Waffengleichheit"
en
el
Proceso es idéntica a la que con la aplicación del FP se intenta
----------------------
W. Die gerichtliche .•• , op. cit., pp. 334 Y 335. TIPPEN o. Die Verletzung des S 219 als Revisionsgrund, Marburg ¡9 63, pp. 88 a 91.
:13 PLOTZ
209
Iñaki Esparza Leibar lograr, ambos son elementos esenciales del principio del "fair tria1" y ambos conjuntamente aspiran a su consecución. A cada uno de los principios procesales mencionados corresponderá un ámbito especifico propio y unos instrumentos privativos, pese a 10 que, y como ya hemos visto existen zonas de contacto y solapamiento donde la ni la doctrina ni la jurisprudencia han podido - en el caso de que ello sea posible - deslindar con absoluta nitidez
lo~
limites de cada uno de dichos principios, es el caso v. gr. del derecho a la defensa. Recuperando derecho
la referencia a
anglosajón del
presente tesis doctoral, derecho
alemán,
siguiente
es
la c1aúsu1a procedente del
"Oue process
of
Law",
origen
de
la
y para situar su equivalente en el
ilustrativa
-
afirmación de VOLLKOMMER
por
10
simplificada
"El derecho
a
un
la
faires
Verfahren (proceso limpio) es en el derecho alemán la c1aúsu1a no escrita del Due process,,414.
414 VOLLKOHMER H. Oer Anspruch der Parteien .•. , op. cit. p. 219. "Das Recht auf ein faires Verfahren ist die ungeschriebene deutsche due process-K1ause1". 210
PARTE III
EL RECONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DEL "DUE PROCESS OF LA W" EN LA LEGISLACION y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS
l. lNTRODUCClOIJ
Lo que en las páginas que siguen pretendemos es descubrir en relación a la institución llamada proceso debido/"Due process of law", cuya presencia es, a partir de la promulgación de la CE, evidente en el mundo jurldico español, todas las circunstancias que nos permi tan determinar su naturaleza,
el alcance,
los
contenidos que lo integran, el grupo normativo regulador, etc., lograr en definitiva definir un nuevo instrumento del que podamos efectivamente servirnos, de manera que nos sea posible, si cabe, incorporar la figura a los instrumentos útiles para la labor de interpretar el derecho y de proponer las soluciones más justas tanto para los problemas de nuevo planteamiento que la dinámica jurldica produce constantemente como para aquellas cuestiones cuya óptima resolución requiere de su constante reestudio, adaptación y mejora. Para lograr la finalidad anterior contamos con una serie de materiales que por el momento no han sido tratados de forma sistemática (labor que en estas páginas pretendemos abordar). Entre ellos destaca la doctrina, no sólo procesal sino también propia de otras ramas del derecho, v. gr. consti tucional 41S , que insistente aunque no siempre de forma decidida ha de V. gr. BANDRES SABCBEZ-CRUZAT J. K. Derecho Fundamental al .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, Pamplona 1992. El además de Magistrado del TSJ de Cataluña, es Profesor Dr. iado del Area de Derecho Constitucional de la Universidad de lona. 212
nuestro estudio, el proceso debido. Pero que por otra parte y ello es fundamental ha definido tanto las categorias juridicas como los conceptos y las instituciones de los que necesariamente deberemos servirnos para alcanzar los obj eti vos apuntados
416
•
Dada la amplitud que tras el enunciado proceso debido se adivina no podremos tampoco prescindir del estudio de materias no
propias
exclusivamente
del
Derecho
Procesal,
sino
que
tendremos que acudir a otras ramas del derecho como el Derecho constitucional
y
conceptos
nos
que
el
Derecho permitan
civil la
de
los
que
identificaci6n
adoptaremos
y
correcta
comprensión del proceso debid0417 •
416 V. gr. Todo lo relativo a la teoria de los principios ~e1 proceso, sistema del proceso penal español, principio acusator 7o , derechos fundamentales y garantias procesales, etc. Mater~as tratadas y desarrolladas en la práctica totalidad de los manuales de la disciplina que habitualmente se vienen cita:r:tdo, MONTERO/ORTELLS/GOKEZ/HONTON Derecho Jurisdiccional, op. c~t., tt. I, II, III. GlKENO/HORENO/ALHAGRO/CORTES Derecho proces a 1 op. cit., tt. I, II. DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho procesa Civil, op. cit. GOKEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho procesai Penal, op. cit. GOHEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho proce~a Civil •.• , op. cit. GOHEZ DE LIAÑO F. Proceso Penal, op. c~t. FENECH H. El proceso Penal, op. cit. FENECH H. Derecho procesal civil •.• , op. cit. PRIETO CASTRO/GUTIERREZ DB CABIEDES Derecho Procesal Penal, op. cit. PRIETO CASTRO L. Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., t. l. RAMOS MENDEZ F. Jil procesO Penal .•. , op. cit. RAMOS MENDEZ F. Derecho Procesal civil, op. cit., tt. I, II. etc.
í
417 Entre la doctrina constitucionalista, ALVAREZ CONDE E. ~ régimen politico español, Madrid 1990. DE ESTEBAN/LOPEZ G~ERRA 11 régimen constitucional español, Barcelona 1980. PEREZ LUNO ~d l. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constituci6n, Madr~ 1990. HERNANDEZ GIL A. El cambio politico español Y la Q9nstitución, Barcelona 1982. PECES BARBA G. Escritos sobre gerechos fundamentales, Madrid 1988. DE OTTO l. Dere~~o Q9nsti tucional. sistema de fuentes, Barcelona 1987. Tamb~en deberemos consultar con algunos de los autores civilistas m~s te levantes , v. gr. CASTAN TOBEÑAS J. Derecho civil Español, com n L foral, Madrid 1986. DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derec~º ~Vil, Madrid 1990. LACRUZ/SANCHO/LONA/DELGADO Elementos e ~recho civil. Parte general del Derecho civil, Barcelona 1988. 213
Contamos
también
con
los
resultados
que
la
constante
actividad de los Tribunales en la interpretación del arto 24 CE han producido. En este sentido pretendemos analizar la totalidad de la jurisprudencia proviniente tanto del TC como del TS desde la entrada en vigor de la CE"18. Es precisamente en la jurisprudencia de los dos Tribunales mencionados donde hallamos una notable cantidad de referencias al "proceso debido", "proceso debido según ley" o "proceso justo" y
por
tanto
componen419 •
de
donde
extraeremos
los
elementos
Debemos sin embargo advertir que no
que
lo
es posible
detectar ni en la jurisprudencia del TC ni en la del TS una posición clara respecto al proceso debido, como consecuencia de ello es interesante resaltar que no se llega a producir en la jurisprudencia analizada el desligamiento del proceso debido como institución juridica aut6noma con un contenido propio y por tanto diferenciable de figuras afines, sino que las referencias al mismo vienen sin excepci6n dadas en relación a otros derechos fundamentales, garantias o principios procesales, asi podemos citar sin ánimo, por ahora, de exhaustividad algunos ejemplos de la mencionada constatación: proceso debido y prohibici6n de la indefensión420 ,
proceso debido y principio de contradicci6n o
lo que al TC respecta utilizaremos básicamente la constitucional, editada por la Secretaria General del TC a través del BOE. y la jurisprudencia del TS la estudiaremos en el Repertorio de Jurisprudencia, editado por Aranzadi. 418
Por
~urisprudencia
Sobre la identidad de conceptos como "debido proceso", "proceso legal" y "proceso justo", vid., TIJERINO PACHECO J. H. ~ebido proceso y pruebas penales, San José de Costa Rica 1993, Pp. 35-38. 419
420 STC 50/1982, de 15 de junio, F. J. 4g. 214
audiencia421 ,
proceso debido y principio acusa tor io422 , proceso
debido y derecho de defensa 423 ,
proceso debido y principio de
publicidad424 ,
y
proceso
debido
presunción
proceso debido y tutela judicial efectiva426 ,
inocencia42S ,
de
proceso debido y
motivación de las resoluciones judiciales4v • Como se aprecia a
la simple vista de lo que a modo de
ejemplo hemos transcrito, el ámbito del proceso debido excederia de los contenidos del arto 24 CE, v. gr. sobre la motivaci6n de las resoluciones judiciales arto 120.3 CE, e incluso sobrepasarla los
limites de la propia CE,
asi en el caso del principio
acusatorio que no se contempla como tal en la CE y para cuya correcta comprensi6n deberemos acudir a
la LECrim arts.
642-
644.
Debe
sin
jurisprudencia
embargo que
ser
evidente
analizamos
no
nos
que será
a
la
luz
posible
de
la
alcanzar
nuestro objetivo, determinar la naturaleza y limites del proceso debido,
de forma inmediata,
pero no es menos cierto que las
421 STC 31/1989, de 13 de febrero, F. J. 32. STS de 12 de enero de 1993 (RA 475) F. J. 32. 422 STC 53/1989, de 22 de febrero, F. J. 22. STS de 11 de marzo de 1981 (RA 1107) Considerando 32. 423 STC 74/1984, de 27 de junio, F. J. 22. STS de 7 de febrero de 1992 (RA 1108) F. J. 32. 424 STC 96/1987, de 10 de junio, F. J. 22. STS de 4 de octubre de 1986 (RA 5478) F. J. 8g. 425 STC 107/1989, de 8 de junio, F. septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1 9 •
J.
22.
STS
de
16
de
426 STC 6/1992, de 16 de enero, F. J. 52. STS de 16 de abril de 1990 eRA 2761) F. J. 52. 427 STC 142/1991, de 1 de julio, F. J. 42. STS de 26 de febrero de 1990 (RA 1620) F. J. 42. 215
referencias
obtenidas
del
de
análisis
las
mencionadas
resoluciones nos servirán como elemento interpretativo de primer orden para definir sus limites; podremos además extraer de ella indicios para determinar la naturaleza de la instituci6n que no nos
será
revelada
directamente
por
la
jurisprudencia
que
manejaremos. Una vez
realizada
la tarea descrita de
jurisprudencia de cualquier referencia conscientes de
las
al
rastreo en
proceso debido
limitaciones que acabamos
la y
de mencionar,
teniendo además en cuenta que hemos procedido previamente al estudio de la misma instituci6n, naturaleza y limites, ·tanto en el sistema juridico del que procede (EEUU) como en uno de los sistemas juridicos continentales en el que se ha producido su recepción (RFA), nos vemos en la necesidad, dado que de otra manera poco supondrá nuestra investigación para avanzar en el conocimiento del proceso debido, y en la situación metodológica ideal
para
formular
una
hipótesis
verosimil
sobre
la
real
naturaleza de la institución. Se trata de ofrecer una teoria sólida en la medida que es producto de una investigación que hemos pretendido plantear y realizar correctamente, pero no dejamos de ser conscientes de que la misma no constituye una verdad absoluta o un dogma sino un mero intento de aclarar una institución que se nos ofrece confusa y dificilmente asequible, por lo tanto criticable desde cualquier
Posición igualmente fundada.
11. EL PRINCIPIO DEL DERECHO AL PROCESO DEBIDO EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA 216
A. Planteamiento de la cuestión
No son pacificas en el ámbito de la doctrina espafiola ni el concepto, ni la naturaleza juridica que corresponde al proceso debido, sea como derecho fundamental y por tanto reconocido y positivizado en la CE, sea como garantia de uno de aquell©15' derechos en este caso desarrollado a través de leyes
orgáni~a~
y en su extensión última por la jurisprudencia, sea como principo general constitucional o procesal428 • La propia pertenencia en exclusiva al Derecho Procesal de la materia, derechos y garantias que constituyen la esencia del proceso debido, recogidos en gran medida en el arto 24 y otros de la CE, es insostenible y desde la doctrina se sefiala la intima relación de dichas materias con el Derecho Constitucional en el se fundamentan y del que no cabe desligarlas si se quiere alcanzar su recta
comprensión4~.
No se puede asi desconocer en relación con la institución que nos ocupa la concurrencia legitima de dos ramas del derecho
428 Como derecho fundamental, BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J. K. Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal Constitucional, Pamplona 1992, p. 33; Y SAINZ DE ROBLES P. C. La tutela jUdicial y'el derecho a la justicia. I la STC 93/84. 'de 16 de octubre de 1984, Rev. Tapia, Madrid, mayo - junio 1988, p. 1; La jurisprudencia tanto del TC como del TS se inclina preferentemente por dicha consideración, v. gr. STC 106/1989, de 8 de junio, F. J. 2Q. STS de 9 de febrero de 1993 (RA 952) F. J. 2g. Como garantia constitucional procesal, ALMAGRO NOSETE J. foder JUdicial y Tribunal de Garantias en la nueva Constitución en Lecturas sobre la Constitución, UNED 1978, Y Constitución y ~roceso, Barcelona 1984, pp. 104 Y ss. COUTURE E. J. Y"ocabulario ••• , op. cit., p. 199. GARRIDO FALLA F. Y otros Qgmentarios a la constitución, Madrid 1985, p. 477. Como principio general del proceso, GONZALEZ PEREZ J. El derecho a la tutela jurisdiccional, Madrid 1984, pp. 89 Y ss. 429 GUASP DELGADO J. Derecho Procesal Civil, Madrid 1961, p. 224. 217
público para las que constituye obj eto de estudio, obviamente por razones de ubicaci6n el Derecho Constitucional (y ello tendrá su reflejo en páginas posteriores), pero también por razones de incidencia y eficacia de las propias disposiciones, el Derecho procesa1 430 . La referencia constitucional esencial es el arto 24
~E
coma
plasmaci6n de uno de los aspectos, el ejercicio de la !:ll'iCiml jurisdiccional,
propios del "Estado social y democrático de
Derecho" en que se constituye España según se establece en el art. 1 CE"31. Centrándonos por el momento en el arto 24 CE se aprecia su divisi6n en dos números que tampoco han sido interpretados, en el tema que nos ocupa, de modo unánime por la doctrina.
Se
considera de forma mayoritaria que el arto 24.1 hace referencia al derecho a la jurisdicci6n (derecho de acci6n), es por tanto un derecho de acceso y no comprendido, por ser cosa distinta, en el proceso debid0432 • 430 GlHENO SENDRA V. en ALHAGRO/GlHENO/COR'l'ES/HORENO Derecho Procesal. Parte general ••• , op. cit., p. 185. 431 El arto 24 CE está situado dentro del T1tulo I y más exactamente en la Secci6n lA del cap1tulo Segundo, bajo la genérica denominaci6n "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas". Goza por tanto de la protecci6n espec1fica que en el arto 53 CE se establece. La STS de 9 de febrero de 1993 (RA 952) F. J. 2 Q , identifica al proceso debido con el arto 24 CE Y también con las demás disposiciones de la CE de él derivadas. 432 La STC 46/1982, de 12 de julio, separa claramente ambos epígrafes calificando de "derecho" y de "garant1a previa al proceso" al contenido del número primero, y de "garantías procesales" al contenido del número segundo, obviando toda referencia al proceso debido y no ofreciendo una posibilidad de tratamiento conjunto de todo el arto 24 CE. Sin embargo no todas las resoluciones del TC realizan una separaci6n tan nítida, vid. entre otras, STC 93/1983, de 8 de noviembre o ATC 183/1983, de 27 de abril. Por contra y desde la perspectiva del proceso debido
218
;
Donde encajarla propiamente el proceso debido, en cualquiera de sus acepciones, es en el arto 24.2 que, y siempre a decir de la doctrina mayoritaria, recoge las garantlas que, ya dentro del proceso, aseguran con su cumplimiento el carácter de debido del proceso al que se apliquen. "Aunque la Constitución no impone la existencia de un proceso determinado,
el ejercicio de este¡
derecho - tutela jUdicial efectiva - sl que implica la existencia de
todo
un
consagración
conjunto de
de
una
garantlas
serie
de
que
se
derechos
traducen
en
la
fundamentales,
constitucionalizados en el artlculo 24.2. La importancia de este derecho deriva,
C01l10
nos muestra el caso norteamericano y la
entiende, a juzgar por su tratamiento, Gimeno Sendra que el proceso debido abarca indistintamente los contenidos de los dos números de que consta el art. 24 CE, vid., G:IHENO SENDRA V. Constitución V proceso, Madrid 1988, pp. 73 Y ss. A la misma conclusión llega BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J. K. Derecho fundamental ••• , op. cit., pp. 93 Y ss. Entiende a este respecto ALVAREZ CONDE E. El régimen po1itico español, Madrid 1990, pp. 171 Y ss., que el arto 24 CE, en su conjunto, constitucionaliza el derecho a la jurisdicción, que a su vez se subdivide en el derecho a la tutela efectiva constitucionalizado en el arto 24.1 CE "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legltimos, sin que, en ningún caso, pueda prOducirse indefensi6n.", cuyo contenido lo constituyen a) Libre acceso a los Jueces y Tribunales. b) Derecho a obtener un fallo de aquellos. c) Derecho a que el fallo se cumpla. Y por otro lado quedarla el derecho a un proceso debido constitucional izado en el arto 24.2 CE, cuya existencia se justifica por posibilitar a través de las garantias que acoge la efectividad de la tutela según se pretende en el arto 24.1 CE. FERNANDEZ ENTRALGO J. Constitución, Derecho Penal sustantivo V Derecho Procesal: Lnconstitucionalidad sobrevenida e interpretaci6n conforme a la ~onstitución, en Segundas Jornadas de Derecho Judicial. Lncidencia de la Constitución en las normas aplicables por los ~ribunales de Justicia, Madrid 1985, p. 289, en dicha ponencia se atribuyen al arto 24 (sin distinciones por números u otro tipo de clasificaci6n) los siguientes contenidos: "Derecho a la tutela efectiva de los Tribunales; a la defensa y asistencia de Abogado; garantlas del "proceso debido" ("due process of Law"); derecho a la prueba; ámbito de inmunidad del inculpado como objeto de prueba; presunci6n de inocencia y secreto prOfesional.". 219
cláusula del due process, en buena medida del propio ejercicio de la mayoría de los derechos fundamentales,,433. El contenido del proceso debido estará constituido, a juicio de ALVAREZ CONDE, por los siguientes
derechos4~:
A) Derecho al Juez ordinario. B) Derecho a la asistencia de letrado. C) Derecho a ser informado de la acusación formulada. D) Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. E) Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. F) Derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables. G) Derecho a la presunción de inocencia. 433 ALVAREZ CONDE E. El reg1men ••. , op. cit., p. 181. El proceso debido es aquél que permite que la tutela jurisdiccional sea efectiva, en este sentido el arto 24.2 CE serviría para garantizar el contenido del mismo artículo en su número 1. vid. GONZALEZ PEREZ J. El derecho ••• , op. cit. p. 89. Art. 24.2, párrafo primero CE "Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia." El texto reproducido procede de SERRANO ALBERCA J. M. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ••• , op cit., p. 474. Lo más destacable, sin embargo, lo hallamos en la distinción que el mencionado autor realiza respecto del contenido del arto 24.2 CE, el cual "reconoce, por Un lado, la garantía llamada del Juez natural o Juez legal y, por otro, las garantías del proceso debido.". El proceso debido no es un proceso específico con un contenido definido, sino todo aquél proceso que garantice que no se produzca indefensión, STC 93/1983, de 8 de noviembre. De donde se deduce que el proceso debido no se circunscribe, como al parecer se pretende, al penal sino que podría predicarse de cualquier proceso. ALVAREZ CONDE E. El régimen .•. , op. cit., pp. 179 Y ss. 220
----
Las consecuencias de la falta de claridad que se deriva de la situación que sólo a modo de ejemplo acabamos brevemente de relatar, y que es en parte consecuencia de que tanto la doctrina como la j ur isprudencia no han asumido por ahora la tarea de definir el núcleo y los límites del proceso debido (aunque eso sí,
se han hecho constantes referencias al mismo por el Te
prácticamente desde el inicio de su actividad, y no pocas por parte del TS, quizá por que sea necesario integrar o interpretar de alguna forma los instrumentos que la CE deja explícitamente a
su
disposición),
investigación, científico
la
del
momentáneamente,
son
atendiendo
absoluta
proceso
al
imposibilidad
debido
por
no
objeto de
de
un
nuestra
tratamiento
existir,
al
menos
la posibilidad de partir de un concepto, una
naturaleza jurídica, unos límites, etc., comúnmente aceptados. De
lo
dicho
se
deriva
la
necesidad
de
intentar
la
sistematización y orden de los materiales diversos existentes a la
luz
del
derecho
comparado,
ya
transcrito
en
páginas
anteriores, y de una nueva exégesis de los arts. 1, 24 Y otros de la CE. Para ello y en aplicación de una metodología que estimamos adecuada
a
nuestras
intenciones,
comenzaremos
redefiniendo
conceptos-categorías jurídicas más propios de otras ramas del derecho pero cuyo concurso es imprescindible a la hora de sentar las bases sobre las que el proceso debido descansa. Una última advertencia previa:
Hay que resaltar que la
separación entre los conceptos y categorías que a continuación analizaremos no se produce siempre de forma clara y absoluta, y además advertir de la existencia de instituciones cuya naturaleza 221
.
lO
se corresponde exactamente con alguna de las categorías que
'eremos,
lixta;
sino que puede presentar una naturaleza mÚltiple o
tal es el caso,
'ecogida en el arto 14 CE
v.
gr.,
de la igualdad ante la
ley
435
111. INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES APLICABLES AL PROCESO DEBIDO
A. Principios generales
Entendidos como " ••• ideas base de determinados conjuntos de
lormas, ideas que se deducen de la propia ley aunque no estén ~xpresamente
formuladas
en
ella. ,,436.
Ideas
en
def ini ti va
)roducto tanto de la técnica jurídica como de la ideología socio-
)olí tica de quienes elaboran las leyes437 •
&35 vid. STC 7/1983, de 14 de febrero, voto particular suscrito ~or el Magistrado Díez-Picazo, en el que se equipara la laturaleza de la igualdad con: Los principios generales del ierecho, además de como límite a la potestad legislativa estatal f demás poderes pÚblicos y finalmente como derecho subjetivo de codos los ciudadanos. En el mismo sentido vid. voto particular ;uscrito por cinco Magistrados a la STC 75/1983, de 3 de agosto.
~36 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., Vol. I, parte general, p. 486. Una concepci6n sustancialmente igual !lunque formulada no de manera abstracta y general sino en ~elaci6n a la CE la encontramos en DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El ~qimen constitucional español, Barcelona 1980, T. I, p. 53.
437 MONTERO AROCA J. Introducci6n al Derecho Procesal, Madrid 1979, pp. 208 Y ss. Respecto de los principios procesales como aquellos referentes a temas puramente procesales y Procedimentales, vid. DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El régimen ~nstitucional .•• , op. cit., pp. 247, 248. ALMAGRO NOSETB J. ~der Judicial y Tribunal de Garantías en la nueva Constituci6n, en Lecturas sobre la Constituci6n española, Madrid 1978, pp. 300 Y ss. Por lo que al origen de los principios generales del derecho respecta, todos los autores están de acuerdo en su procedencia jurídico-técnica, pero algunos añaden una segunda 222
Como hallamos
se desprende de la definición que adoptamos, ante
instituciones
que
en
muchos
casos
no
nos
están
reconocidas por el derecho positivo, por lo que se excluye su alegación directa como fuente de derechos invocables ante los Tribunales, pese a lo cual poseen un valor incalculable como elemento para la interpretación e integración, en el sentido más amplio, de las normas por lo que científicamente consideramos imprescindible
su
empleo
para
abordar
el
estudio
de
las
instituciones jurídicas en general, y de aquéllas que constituyen el derecho jurisdiccional en particular. De hecho el CC en su arto 1.4 reconoce expresamente a los principios generales del derecho
el
carácter
de
fuente
del
derecho
además
del
de
informador del ordenamiento al que ya se ha hecho referencia438 • fuente de procedencia, la jurídico-natural; al respecto vid. DE LA OLIVA/FERNANDEZ Lecciones •.• , op. cit., pp. 63 Y ss. Y ESCUSOL BARRA E. Manual de Derecho Procesal - Penal, Madrid 1993, pp. 5960 Y 113 Y ss. LACRUZ/SANCHO/LUNA/DELGADO Elementos de Derecho Civil, V. I, op. cit., § 12, pp. 198-206. DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derecho Civil, v. I, op. cit., pp. 160-168. CASTAN TOBEÑAS J. Derecho civil español, común y foral, t. I, op. cit. pp. 492-500. 438 Existen autores que aun sin dar un concepto, utilizan los principios en el sentido que venimos diciendo, de donde colegimos una anuencia respecto al concepto que de principio general hemos adoptado. ALMAGRO NOSETE/GIMENO SENDRA/CORTES DOMINGUEZ/MORENO CATENA Derecho Procesal op. cit., t. I, vol. I, Parte General, Valencia 1988, pp. 301 Y ss. Clara y contundentemente expresado lo hallamos en PEREZ LUÑO A. E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y constitución, Madrid 1990, p. 276, "los principios SUponen directrices, pautas o "guide lines" fundamentales que orientan la labor del intérprete. Por ello, tales principios, lejos de ser meros "topoi" o lugares comunes producto de la ':lnventio" o de preferencias contingentes de los operadores JUrídicos - como frecuentemente se les concibe -, configuran las lineas básicas que de modo necesario encauzan y orientan la interpretación del sistema constitucional." En el mismo sentido lLVAREZ CONDE E. El régimen ..• , op. cit., pp. 23 Y ss., quien en expresa referencia a la CE afirma que los principios fundamentales del régimen político español aparecen recogidos en e~ Titulo Preliminar de la CE, "cuyas disposiciones tienen el ~lsmo carácter normativo que el resto de su articulado. En este 223
r
¡
otra consideraci6n que cabe realizar en este momento es la constatar
de
la
de
existencia
movimiento
un
de
constitucionalizaci6n e internacionalizaci6n de los principios procesales especialmente en los paises de corte democráticooccidental, principios
con a
lo que estarian bastante definidos
los
que
un
proceso
considerado como fruto de un estado Una
importante
consecuencia
debe
ajustarse
aquellos para
ser
democrático~9.
de
la
positivizaci6n
de
determinados principios procesales es su directa aplicabilidad (v.
gr.
arto
CE:
24
principio
acusatorio,
principio
de
publicidad, etc. en relaci6n con el principio general del Estado de Derecho).
En cualquier caso es preciso constatar que "los
principios desempeñan por si mismos una funci6n normativa; son normas
por
más
que
circunstanciadamente
en
un
desenvuelto,
grado sino
de
enunciaci6n
dotadas
de
no gran
generalidad,,440 •
sentido, pues, no se puede decir que se trata de meras normas programáticas. Ello no impide plantear la cuesti6n de si esta eficacia juridica del Titulo Preliminar, y por tanto de los principios generales en él contenidos, puede ser inmediatamente exigida, es decir, si se pueden exigir pretensiones jurídicas directas de su simple enunciaci6n, o, por el contrario, estas ~retensiones juridicas únicamente pueden ser exigidas de la lnstitucionalizaci6n que de dichos principios se haga en el propio texto constitucional. Esta segunda parece ser la soluci6n adecuada". Pocas lineas después añade el autor " ••. , los ~rincipios generales vienen a constituir el último criterio lnterpretativo, aparte de su propia eficacia juridica, pues no hay que olvidar que, como normas jurídicas que son, se convierten en auténtico parámetro de constitucionalidad".
~39 MONTERO/ORTELLS/GOKEZ Derecho jurisdiccional, op. cit., vol. , Parte General, pp. 488-491 Y ss. GOKEZ COLOKER J.L. El proceso __~&-5a~llQ~, San José 1993, pp. 26 Y 27. GIL A. El cambio pOlítico español y la Barcelona 1982, p. 408. En el mismo sentido, CONDB B. El régimen •.. , op. cit., p. 24.
.~:::-:::-=~~,
224
La fundamental crítica que puede hacerse a los principios jurídicos como concepto operativo en el derecho es la de su ambigüedad por la gran cantidad de acepciones que de la expresión se conocen y utilizan441 •
B. Derechos fundamentales
No existe un concepto y menos una fundamentación comúnmente aceptados para referirse a los derechos fundamentales. Así, y dependiendo de las di versas concepciones que los diversos autores tienen del derecho (historicista, iusnaturalista, positivista), o incluso de la ideología política (conservadora, socialista), podrá hablarse de distintas teorías sobre la fundamentación de los derechos fundamentales,
de donde obtendremos diferentes
conceptos y resultará fácil provocar cierta confusión442 •
Hay
autores que movidos no por una determinada concepción del derecho sino exclusivamente por criterios pragmáticos, y ante la evidente complejidad
que
presenta
la
determinación
del
concepto
de
441 PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos .•• , op. cit., pp. 289 Y ss. 442 Al respecto es muy útil la aclaración que con respecto a conceptos afines ofrece PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos •.. , op. cit., pp. 295 Y ss., donde se exponen las principales teorías sobre la interpretación de los derechos fundamentales; Positivista, del orden de valores, institucional, iusnaturalista crítica. Exponente de la teoría iusnaturalista como fundamento de los derechos fundamentales, ESCUSOL BARRA B. Manual ..• , op. cit., p. 113. "La STC de fecha 15 de septiembre de 1981, puntualizó que los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de alcance universal. Nos remite así el TC a los derechos naturales, derechos éstos que alcanzan dimensión de fundamentales al quedar reflejados en la Constitución" • 225
derechos
fundamentales~3,
optan por una utilización indistinta-
aproximativa de términos como derechos fundamentales, libertades públicas, garantias individuales y
otros~.
Es posible afirmar, por lo que al concepto moderno y alcance de los derechos fundamentales respecta (y simplemente a efectos de dotarnos de un instrumento útil para la prosecución de nuestro trabajo), que se integran bajo el calificativo de fundamentales, determinados derechos que principalmente - su origen remoto se halla en formulaciones de finales del s. XVIII, Declaraciones de Derechos en Francia, de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, y EEUU, Declaración de Derechos consignada
en las diez primeras enmiendas de la Constitución que entraron en vigor en 1791 - a partir de la Segunda Guerra Mundial, se recogen en la parte dogmática de algunas Leyes Fundamentales (GG 1949, CE 1978, etc.) y en el articulado de numerosos Tratados
Internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos 1948,
CEDH de 1950 ratificado por España
con
fecha
26
de de
septiembre de 1979, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
443 Existe una gran difilcultad a la hora de proponer un concepto generalmente aceptado de derechos fundamentales, debido sobre todo a la ideologización y al uso polémico que de los mismos se pretende, vid. , PECES-BARBA G. Ecritos sobre derechos fundamentales, Madrid 1988, pp. 215 Y ss. 444 ROMERO MORENO J. M. Proceso y derechos fundamentales en la España del siglo XIX, Madrid 1983, p. 11. Para la distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales vid. PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos ••• , op. cit., pp. 30 Y 31, según el cuál se tiende a "reservar la denominación "derechos fundamentales" Para designar los derechos humanos positivados a nivel interno, en tanto que la fórmula "derechos humanos" es la más usual en el Plano de las declaraciones y convenciones internacionales". ALVAREZ CONDE E. El régimen ••. , op. cit., p. 28, donde resalta la especial conexión entre los valores superiores y los derechos fundamentales que configuran un "conjunto normativo Constitucional". 226
políticos de 1966, ratificado por España con fecha 13 de abril de 1977, etc.) vinculando al legislador y demás poderes pÚblicos de
tal
manera
que
no
podrán
menoscabarlos
en
su
contenido
esencial en el ejercicio de la funci6n que les es propia~s, y respecto
de
los
cuales
puede
ser
reclamada
su
tutela
por
cualquier ciudadano a fin de alcanzar la finalidad de todos los derechos fundamentales sin excepci6n
que no es otra que la de
"profundizar y potenciar la libertad de los individuos y de los grupos que éstos intergran,,446. La
CE
es un
características
reflejo de
propias
lo que hemos
identif icadoras
establecido de
los
como
derechos
fundamentales en un Estado de Derecho ~7. El
mérito
que
cabe
atribuir
a
la
CE,
y
al
TC
en
su
interpretaci6n de la misma al menos en lo que a esta materia
445 Vid. art. 10. 2 CE sobre interpretación de los derechos fundamentales, "Las normas relativas a los derechos fundamentales ya las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas ~at7rias ratificados por España". En el mismo sentido, art. 53.1 InCISO segundo en relaci6n con el arto 161.1.a, ambos de la CE. 446 PECES-BARBA G. Escritos ••• , op. cit. Madrid 1988, p. 213. En general sobre la materia vid. ALVAREZ CONDE E. El régimen ••• , op. oit. pp. 80 Y ss •. 447 HENBNDEZ REXACH E. Interpretaci6n judicial y derechos .fl.lndamentales, en Segundas jornadas de derecho judicial ii~cidencia de la Constitución en las ;ormas aplicables por l?s trIbunales de Justicia), Madrid 1985, pp. 385 Y ss. PEREZ LUNO l~ E. Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y ~tema, Sevilla 1979, p. 129. La jurisprudencia distingue dentro e los derechos fundamentales y para los supuestos de colisión orden jerárquico entre los mismos, así encontramos "la -¿~i"nal división bimembre entre derechos fundamentales ivos", inspirados en el valor superior a la libertad y los '8.....,_'"reaccionales", en cuyo ámbito hay que situar el derecho honor, fundados en el valor o principio de seguridad propio tOdo Estado de Derecho.", STS de 29 de abril de 1989 (RA 3281)
J. 212.
227
concierne,
es el de adoptar y
consagrar respectivamente una
concepción dualista de los derechos fundamentales, según dicha consideración se configurarán como derechos de los ciudadanos y como valores del ordenamiento juridico, lo cuál permitirá superar la dialéctica iusnaturalismo/positivismo, y la confusión que de ella se deriva y que ya hemos
reseñado~.
Finalmente y en consonancia con su carácter esencial en relación
con
la
CE,
es
posible
afirmar,
en
principio,
la
imposibilidad de renunciar a los derechos fundamentales por parte de sus titulares - españoles y extranjeros Aparece generales,
como
que
diferencia
fundamental
en el caso de
_~9.
con
los derechos
los
principios
fundamentales
positivización es requisito de su existencia,
la
lo que no es
indispensable en el caso de los principios4~. Por otro lado la directa aplicabilidad, la posibilidad de invocación para obtener la tutela de los derechos fundamentales por cualquier ciudadano y
la vinculación correlativa de los
448 Vid. STC 25/1981, de 14 de julio. "En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los indi viduos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status juridico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de Una convivencia humana justa y pacifica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y más tarde, en el estado social de D:recho o el Estado social y democrático de Derecho, según la formula de nuestra Constitución (art. 1.1). En el mismo sentido resaltando el aspecto de su configuración como valores y por su intima relación con el Estado de Derecho, vid. STC /1985, de 11 de'abril. 49 ALVAREZ CONDE E. El régimen ••• , op. cit., p. 102. O STC 5/1981, de 13 de febrero. 228
poderes
públicos
son
otras
de
las
caracterfsticas
que
los
diferencian de los principios generales4S1 • Hay un último aspecto que resulta interesante resaltar, se trata del
derivado de aquella concepci6n polivalente de
los
derechos fundamentales no s6lo como derechos subjetivos con una finalidad defensiva frente a las eventuales intromisiones del estado, sino además como garantfas institucionales, como normas conexas de actuación que vinculan a los poderes públicos, que tendrán asignado un papel activo imprescindible para asegurar el contenido
y
concepci6n
el que
disfrute
aquellos4s2 •
de
acabamos
muy
De
acuerdo
esquemáticamente
aplicándola al objeto de nuestra tesis,
de
con
la
exponer
y
obtendrfamos que el
derecho a la tutela jUdicial efectiva es un derecho fundamental cuya
satisfacci6n
perspectiva abstenci6n derecho
no
se
obtiene,
estrictamente estatal.
Por
procedimental,
como
individual-liberal,
el due
contrario,
process,
establecimiento de una organización, arreglo conforman
a
unos
principios
el
Derecho
imparcialidad,
reglas
ocurrirfa
es
que
probatorias,
la
una mera
definici6n
afianza
con
un el
la jurisdiccional, y con
universalmente
Procesal:
"con
por se
según
consagrados
independencia en
fin,
que
judicial, garantfas
procesales. ,,453.
451 DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El régimen constitucional ... , op. cit., pp. 209 Y ss. 452 BAÑO LEON J. K. La distinción entre derecho fundamental y aarantfa institucional en la Constituci6n Espafiola, REDC, Madrid 1988, pp. 155 Y ss. La STC 26/1987, de 27 de febrero, hace uso ~e la distinci6n entre derecho fundamental y garantfa lnstitucional. 453 BAÑO LEON J. K. La distinci6n ••• , op. cit., p. 161. 229
C. Libertades pÚblicas
Nos
hallamos
fuertemente
aquí
arraigada
ante una en
la
terminología,
doctrina
influencia en el constitucionalismo
francesa
occidenta14~,
originaria y y
de
gran
empleada por
quienes sostienen una concepci6n positivista del derecho, frente a planteamientos iusnaturalistas, con la finalidad de distinguir los derechos humanos (en su acepci6n iusnaturalista) considerados como inmanentes al ser humano y por tanto existentes tanto si se reconocen en téxtos legales como si no, de aquellos derechos humanos expresamente regulados y protegidos por normas jurídicas positivas que constituirán propiamente el campo de estudio del jurista455 • La
diferencia
de
este
concepto
con
el
de
derechos
fundamentales existirá unicamente desde la concepci6n posi ti vista del derecho en el sentido mencionado. A éste respecto la CE los distingue· conceptualmente y los regula conjuntamente bajo el epígrafe "De los derechos fundamentales y de las libertades pÚblicas", en la secci6n 1i, del capítulo segundo del Título 1,
454 ALVAREZ CONDE E. El régimen ... , op. cit., pp. 87 Y ss. 455 RIVERO J. Libertés publigues, París 1973,
vol. 1, pp. 16,
17. No existe tampoco unanimidad en la concepci6n transcrita, ya
que
existen
autores
que
identifican
derechos humanos con necesidad de una razones de fondo sino por el defectuoso uso que el legislador hace del lenguaje, al respecto vid. PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos ••• , op. cit., Pp. 35 Y ss. En general sobre la materia, COLLIARD C. A. Libertés ~Ubliques, Paris 1982.
l~bertades públicas o quienes entienden que la d~ferenciaci6n conceptual viene motivada no por
230
"sin establecer un criterio claro al respecto y sin determinar cuáles tienen una u otra
consideraci6n"4~.
D. Garantías constitucionales o institucionales
Constituyen
el
sistema
de
protecci6n
tendente
al
aseguramiento de la vigencia y efectividad de las libertades y derechos fundamentales que desprovistos de dichas garantías no pasarían de ser meros enunciados vacíos de contenido real y por tanto inútiles a efectos de configurar un régimen político como democrático, como un Estado de Derech04s7 • Previamente a
abordar
la delimitaci6n de
las garantías
constitucionales es preciso advertir de la existencia de otros requisitos y previas
a
condiciones que se configurarán como garantías
las
garantías
constitucionales,
nos
referimos
a
condicionamientos de tipo político, social, económico o cultural, sin cuyo concurso se hará prácticamente imposible la efectividad de las libertades y derechos fundamentales, la efectividad del Estado de Derech04s8 • Dentro ya de las garantías constitucionales y siguiendo a diversos
autores,
llamadas
garantías
es
admitida
una
jurisdiccionales
clasificación cuyo
rasgo
entre
las
distintivo
respecto del resto de garantías constitucionales (reserva de ley para la regulación de los derechos fundamentales, defensor del 456 ALVAREZ CONDE E. El régimen ... , op. cit. , p. 119. 457 DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El régimen constitucional ••• , op. cit., Vol. I, pp. 208 Y ss. ALVAREZ CONDE E. El régimen ••• , op. cit., pp. 232 Y ss. 458 ALVAREZ CONDE E. El régimen ..• , op. cit., p. 234. 231
I .
pueblo,
etc. ),
es que éstas
implican la
intervenci6n de la
autoridad judicial para la reparaci6n de la lesi6n sufrida, en definitiva
son
las
más
demostrar la experiencia;
eficaces
según
se
ha
encargado
de
El ámbito y las modalidades de su
ejercicio se configuran en el art. 24.1 cE"S9. A su vez estas garant1as jurisdiccionales podr1an dividl&8& en: a)
Garantías particulares, cuando su justificaci6n es la
protecci6n de un concreto derecho fundamental, v. gr. garantía jurisdiccional particular del habeas corpus (arto 17.4 CE Y LO 6/1984,
de 24 de mayo), relativo al derecho fundamental a la
libertad.
Cabrá
particulares,
finalmente
en
relaci6n
con
las
garant1as
la interposición del recurso de amparo ante el
T~.
b)
Garantías jurisdiccionales generales,
no establecidas
para la defensa de un espec1fico derecho fundamental sino para la defensa de cualquiera de ellos. Aquí situaremos la protección jurisdiccional
genérica
de
los
derechos
fundamentales
y
libertades a través de los procesos ordinarios con los recursos correspondientes, más el recurso de casación. Finalmente y tras el agotamiento de la via previa cabrá recurrir ante órganos de
459 En general, CANO MATA A. Derechos y Libertades Fundamentales: protección jurisdiccional, Revista de Derecho Público, nQ 91.
~u
460 Vid. GIMENO SENDRA V. El proceso de "Habeas Corpus", Madrid 1985, p. 45. Donde se destaca la vinculación del "derecho SUbjetivo reaccional" habeas corpus con los derechos
fundamentales a la tutela efectiva y de defensa. También es ejemplo de garantía particular la Ley 62/1978, de 26 de diciembre de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la • I as1 como las Leyes dé Objeción de Conciencia o de Llbertad Sindical. 232
la justicia constitucional (recurso de amparo LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
constitucional)~l.
Dentro de las garantías jurisdiccionales generales tienen especial relevancia aquéllas que expresamente recogidas en la CE establecen los límites y los contenidos a los que todo proceso debe atenerse. "Se trata de instaurar el proceso debido, no una farsa o
simulacro"~.
Hay que mencionar también aquí
las garantías
llamadas
extrajudiciales cuyo ámbi to de aplicaci6n se configura como complementario en relación a
las garantías
jurisdiccionales
mencionadas, y cuyo exponente más característico es la figura del Defensor del Pueblo (art. 54 CE Y en desarrollo del mismo LO 3/1981, de 6 de abril).
E. Valores superiores constitucionales
La
referencia
originaria
a
los
valores
superiores
constitucionales la encontramos en el arto 1 CE que califica de "valores superiores" del ordenamiento jurídico espafiol, que la propia CE disefia, a "la libertad, la justicia, la igualdad y el 461 DB BSTBBAN/LOPBZ GUERRA El régimen constitucional ..• , op. cit., pp. 222 Y ss. Vie. también al respecto GARRIDO FALLA F. Y otros Comentarios ••• , op. cit., pp. 882 Y ss. FAIRBN GUILLBN V. El procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo en ~ artículo 53.2 de la Constitución, Revista de Administración Pública, n Q 89. vid. arto 5.4 LOPJ. 462 RAMOS KENDEZ F. El proceso penal. Lectura Constitucional, 3~ ed., Barcelona 1993, p. 7. Y en general sobre las garantías c~nstitucionales, pp. 7 Y ss. Y también RAMOS KENDEZ F. El ~lstema procesal espafiol, Barcelona 1992, pp. 69 Y ss. FERNANDEZ BNTRALGO J. Constitución, Derecho Penal ••• , op. cit., p. 291, donde se hace referencia al "haz de garantías reunido baj o el amplio epígrafe del due process of Law." 233
pluralismo politico".
El mencionado enunciado ha forzado a la
doctrina constitucionalista a realizar un esfuerzo por dotar de significado propio y delimitar el alcance juridico del
mismo~.
constituyen "la base entera del ordenamiento, la que ha de prestar a éste su sentido propio, tanto, toda su interpretaci6n y
la que ha de persidir,
por
aplicaci6n"~.
Se plantea respecto de los valores constitucionales y con la
finalidad
de
posibilitar
su
constituci6n
como
categoría
aut6noma, la concurrencia o no del criterio identificador de la normatividad, sobre la que la debemos señalar la existencia de concepciones
contrapuestas tanto favorables,
..... los' valores
superiores son auténticas normas juridicas, que representan los ideales de una comunidad y que no agotan su virtualidad en su estricto contenido normativo, sino que constituyen un parámetro para la interpretaci6n y,
a la vez, un limite para el propio
ordenamiento juridico,,465, como contrarias al reconocimiento de contenido normativo en relaci6n con los valores superiores .. 463 ALVAREZ CONDE E. El reg1men ... , op. cit., pp. 25 Y ss. En la STC 53/1985, de 11 de abril, se conceptúa a la vida humana, arto 15 CE, Y a la dignidad de la persona, arto 10 CE, como "valor superior del ordenamiento juridico constitucional" en el primero y como "valor juridico fundamental" en el segundo, señalando la intima relaci6n existente entre los derechos fundamentales y los valores superiores constitucionales, siendo aquellos " •.• los componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden juridico objetivo como de cada una de las ramas que 10 integran, en raz6n de que son la expresi6n juridica de un sistema de valores que, por decisi6n del constituyente, ha de informar el conjunto de la organizaci6n juridica y politica".
GARCIA DE ENTERRIA E. La Consti tuci6n como norma v el Constitucional, Madrid 1981, p. 98. En el mismo sentido STC 53/1985, de 11 de abril. 464
~ribunal
465 PECES-BARBA G. Los valores superiores, Madrid 1984, p. 41. Sustentando igualmente una postura favorable al contenido normativo de los valores superiores, PEREZ LUÑO A. B. Derechos aumanos ••• , op. cit., pp. 287 Y ss. 234
el valor no es en si mismo una norma susceptible de aplicación directa como tal .•. ,,466 • A la vista de la doctrina mayoritaria, aquella favorable a la atribución de contenido normativo a los valores superiores, se nos hace dificil trazar la frontera entre dicho concepto y el ya examinado de principios generales. En todo caso y ateniéndonos a lo hasta aquí sucintamente expuesto podemos constatar la inexistencia en muchos casos de unos limites nitidos entre los conceptos que hemos estudiado. La sensación de relativa indefinición que de ahi se deriva se ve acrecentada por la falta de acuerdo de los diversos autores que afecta incluso a aspectos esenciales. Con todo ello pretendemos justif icar una utilización mesurada de los mencionados conceptos, que además son relativamente ajenos, en su origen, al derecho procesal, en nuestro intento de identificación de la naturaleza del proceso debido.
IV. ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO Y PROCESO DEBIDO
Entendemos indisoluble la relación entre Estado de Derecho (prescindimos ahora de los calificativos social y democrático que no añaden nada al concepto nuclear, limitándose a definir alguna de
las
modalidades
en
las
que
el
Estado de
Derecho puede
desenvol verse) , y conceptos tales como derechos humanos, derechos fundamentales, derechos fundamentales procesales y por lo que al objeto de la presente tesis respecta, proceso debido. Ello es as! 466 HERMANDEZ GIL A. El cambio pOlitico .•. , op. cit., p. 408. 235
por que el concepto de Estado de Derecho según una concepción moderna - opción por la que se inclina la CE en su arto supone
"una
política
y
lucha la
derecho, .•. ,
contra
exigencia
por
un
todas de
un
las
formas
control
determinado
de
del
derecho.
1~7
-
arbitrariedad Estado
Por
por
ello,
el las
mistificaciones de los ideólogos de los sistemas totalitarios dirigidas a justificarlos, presentándolos como formas del Estado de Derecho,
son inadmisibles en el plano explicativo por no
cumplir con los requisitos de limitación jurídica del pOder468 ". Los elementos básicos que definen el Estado de Derecho, según la opinión mayoritaria, podrían enunciarse así: Imperio de la voluntad general expresada a través de la ley, división de poderes,
reconocimiento
de
los
derechos
y
libertades,
sometimiento de la Administración a la legalidad~. La proclamación del Estado social y democrático de Derecho con los mencionados contenidos, es calificada por la doctrina como "el principio que cualifica nuestro régimen político,,470,
467 Art. 1 CE "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político." 468 PEREZ LUÑO A. B. Derechos humanos ••• , Opa cit., en general sobre el Estado de Derecho pp. 212 Y ss., cita p. 241.
Estado de Derecho y sociedad democrática, Madrid pp. 31 Y ss. Art. 9.1 CE "Los ciudadanos y los poderes püblicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Art. 53.1 CE "Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos". 469 DIAZ E. 1981,
470 ALVAREZ CONDE B. El régimen .•• , Opa cit., p. 28. Igualmente Para todo lo relativo al origen histórico e implicaciones ideológicas y jurídicas del concepto Estado de Derecho, vid., pp. 28 Y ss. 236
de donde podemos apreciar la real importancia de dicha afirmación constitucional y situarla, por su trascendencia, como origen inmediato de la institución de cuyo estudio nos ocupamos. Las manifestaciones jurisdiccionales clásicas del Estado de Derecho como pueden ser, y así lo declaran numerosas sentencias, la presunción de inocencia, el derecho a un Juez imparcial la publicidad, el derecho a un juicio con todas las garantías, todos ellos como veremos más adelante elementos del proceso debido
son
amplia
y
detalladamente
reflejadas
por
la
jurisprudencia tanto del TC como del TS,m. En el caso de España, así como en otros sistemas jurídicos de nuestro entorno,
ha sido decisiva
la existencia de una
471 Podemos encontrar en la jurisprudencia del TC argumentos que apoyen la afirmación realizada de que el proceso debido es uno de los contenidos irrenunciables del Estado de derecho, así STC 96/1987, de 10 de junio, cuando en relación con el principio de publicidad afirma en su fundamento jurídico 2g que constituye "una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho". También tiene una relación inescindible el Estado de Derecho, en su vertiente de ejercicio de la función jurisdiccional, con el derecho a un Juez imparcial, que entendemos integra parte del contenido del proceso debido, vid. STC 145/1988, de 12 de julio, F. J. 5g: "Entre ellas figura la prevista en el arto 24.2 que reconoce a todos el derecho a "un juicio público ••• con todas las garantías", garantías en la que debe incluirse, aunque no se cite de forma expresa, el derecho a un Juez imparcial, que consti tuye sin duda una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho, como lo es el nuestro de acuerdo con el arto 1.1 de la Constitución". vid. la mencionada STC en general para determinar el alcance del derecho al Juez imparcial, también STC 164/1988, de 26 de septiembre. En relación a la publicidad, vid., V. gr. STC 96/1987, de 10 de junio. Presunción de inocencia, STS de 12 de marzo de 1992 (RA 2442) F. J. 26 g , "La presunción de inocencia es el eje central alrededor del que se mueven las principales argumentaciones de la defensa de los procesados por que los dos motivos esenciales de ésta, el primero y el segundo, se fundamentan en el arto 24.2 de la Constitución, para denunciar en un caso la vulneración del derecho a un proceso justo con todas las garantías, y en otro la violación de la presunción de inocencia - como regla básica del juicio que corresponde a un Estado democrático y de derecho. 237
jurisdicción constitucional y dentro de ella la labor del TC a la hora de extraer y, progresivamente, delimitar el ámbito del proceso debido en relación con
la defensa de
los derechos
fundamentales. El instrumento que en mayor medida ha contribuido a la realización de la tarea que mencionamos ha sido como quedará patente en páginas posteriores el recurso de amparo, a través del cual cualquier persona (física o jurídica, nacional o extranjera, además del Defensor del Pueblo y del MF) podrá denunciar ante el TC la vulneración de derechos y libertades fundamentales, arts. 53.2, 161 Y 162 CE, Y 41 Y ss. LOTdn •
También debemos mencionar en este punto al TS cuya profusa jurisprudencia resulta de igual modo extremadamente útil a la hora de definir hasta sus más mínimas manifestaciones - partiendo de
la definición dada por el
TC y
aplicándola a
variados
supuestos concretos - cuestiones como la que constituye objeto de la presente obra, ya que desde que la CE entra en vigor su contenido en general y por lo que a nosotros concierne de forma muy especial,
las
exigencias del
arto
24
son directamente
aplicables por los Tribunales ordinarios, y el TS, como veremos, ha empleado con amplitud dicha posibilidad473 • 472 Vid. al respecto y en general sobre el proceso de amparo, CORDON MORENO F. El proceso de amparo constitucional, Madrid 1987. CASCAJO CASTRO J. L. Y GlMENO SENDRA V. El recurso de amparo, Madrid 1985. Sobre el valor de la jurisprudencia del TC, vid. DE aTTO l. Derecho constitucional ... , op. cit., pp. 295-296. 473 Afirma el propio TS en la S de 14 de febrero de 1992 (RA 1233) F. J. V~. 5, "La interpretación por parte de los Tribunales
de las normas constitucionales y procesales, es, sin duda, la más acorde con los principios constitucionales, según igualmente la interpretación que de las mismas efectúa el propio Tribunal 9onstitucional: consistente en el respeto máximo de las garantías lndividuales para un proceso justo.". Recordemos que la expresión ~tilizada "proceso justo" es rigurosamente sinónima, según una lnterpretación gramatical, y según afirma el propio TS en STS de 238
V. EL CONTENIDO DEL "DERECHO AL PROCESO DEBIDO" EN LA JURISPRUDENCIA DEL TC y DEL TS
La primera vez en la que el TC se refiere literalmente al proceso debido la encontramos en la STC 50/1982, de 15 de julio, en sus fundamentos jur1dicos tercero y cuart0474 , tanto en @ste caso como en analizaremos,
la totalidad de
los demás que posteriormente
el empleo que el TC hace del concepto proceso
debido es el de un concepto jur1dico relativamente indeterminado - sin pronunciarse de forma unánime sobre su naturaleza - y por lo tanto,
al
menos
aparentemente,
carente de un
contenido
jur1dico espec1fico y determinable con la deseada precisi6n41S • El derecho al proceso debido no figura como una categor1a independiente en los 1ndices ana11ticos que el propio TC elabora y adjunta a las publicaciones que recogen su jurisprudencia476 • 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 1 Q , a la de proceso debido.
474 F. J. 3Q "Instituida la revisi6n, alcanza a ella las garant1as fundamentales contenidas en el arte 24.1 de la Constituci6n Española y, por tanto, las de acceso a la revisi6n y al conocimiento de la pretensión revisora en el proceso debido, asegurando el contenido esencial de este derecho instrumental". F. J. 4Q: " ••• el Tribunal Constitucional no está establecido para velar, y, en su caso, corregir, todos los vicios in procedendo. Son aquellos que incidan en lo que es esencial del derecho a la jurisdicción y al proceso debido, y, que por esto, el consti tuyente, ha incorporado a los derechos fundamentales, dotándolos de la protecci6n reforzada que significa el arto 53.2 de la Consti tuci6n, los que pueden recabar mediante el amparo que regulan los arts. 41 Y siguientes de la LOTC una decisi6n reparadora de este Tribunal, en los términos que define el arto 55.1, también de la LOTC". 475 V.
gr. STC 74/1984, de la lectura de cuya fundamentaci6n jurídica se desprende la equiparación de los conceptos "proceso debido" y "adecuado proceso". ~76
S1 fugura el Derecho al proceso debido, como derecho lndependiente y aparentemente dotado de sustantividad en el indice ana11tico de FRAILB CLIVILLBS K. C6digo constitucional, 239
Pese a ello y en aplicación del sencillo método del rastreo de la
jurisprudencia del TC y del TS en busca del concepto
proceso debido y la posterior extracción del contenido que en aquella se le atribuye, obtendremos unos interesantes resultados. Las referencias que siguen se incorporan a este trabajo respetando el orden,
cronólogico,
en el que el TC se ha ido
refiriendo al proceso debido, siempre englobado o en relación con algún
derecho
fundamental,
de
donde
hemos
podido
extraer
paulatinamente el contenido del mismo.
A. Proceso debido y prohibición de la indefensión
1. En general
Dentro de los que determinados sectores de la doctrina han denominado
"derecho
constitucional
jurisdiccional,,477
y
más
concretamente en lo que al proceso concierne, nos encontramos con la prohibición de la indefensión que supondrá la prohibición de toda privación o limitación del derecho de defensa proviniente tanto de la vía legislativa como de la jurisdiccional. Se trata de una garantía general que permitirá extender el amparo de la
Madrid 1989, T. VI, p. 1738. Aunque muchas de las rem1S10nes que allí se hacen, lo son a SSTC donde no aparece la referencia expresa al proceso debido, del cual no ofrece el autor un concepto previo a través del que podría justificar las concretas remisiones. Tampoco figura el proceso debido como concepto específico en el "Indice alfabético de conceptos" que incorpora cada tomo del Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi. 477 MONTERO/ORTELLS/GOKEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, 111, op. cit., p. 30. Como aquél conjunto de normas de la CE que regulan ~as garantías derivadas o consecuencia de la garantía Jurisdiccional. 240
CE más
allá
de
su
literalidad
en
el
intento
de
evitar
la
indefensión478 • De la STC 50/1982, de 15 de junio, en su fundamento jurídico 4Q (al que ya se ha hecho referencia), y a sensu contrario se deduce que una de las manifestaciones esenciales del proceso debido
es
la
prohibición
de
la
indefensión,
en
el
mismo
fundamento jurídico se afirma el reconocimiento que del proceso debido se realiza en la CE a través de su arto 24 479 • 478 KONTERO/ORTELLS/GOKEZ/KONTON Derecho Jurisdiccional, III, op. cit., p. 37. GOKEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., p. 33, Y pp. 327 Y ss. destancando la intima relación entre la prohibición de la infensión y el principio, común a todos los procesos, de contradicción. Vid. también, STC 48/1984, de 4 de abril donde se establecen las bases para determinar los limites de la indefensión, partiendo de que no se produce indefensión como consecuencia de cualquier infracción de la ley procesal ordinaria sino sólo cuando tal infracción suponga un perjuicio efectivo de los intereses del sujeto a quién afecta. 479 F. J. 452 "Sólo puede entenderse quebrantadas las garantias de un proceso cuando, propuesta la prueba, ha sido denegada, y tal prueba es congruente e influyente para la decisión. si esto es así con un carácter de generalidad, es claro que falta el presupuesto necesario para que pueda enjuiciarse si se ha producido una indefensión quebrantadora del derecho al proceso debido, que tiene en el arto 24 su reconocimiento constitucional." La presente sentencia resuelve el recurso de amparo interpuesto frente a la resolución procedente de un órgano de los integrados en el orden jurisdiccional laboral, de donde queda establecida la necesidad de que el proceso a través del cuál se ejercite la función jurisdiccional en el ámbito social, se ajuste a los requisitos que el proceso debido comporta. vid. en general sobre la noción constitucional de indefensión SSTC 161/1985, F. J. 5Q. 145/1986, F. J. 3 52 , 102/1987, F. J. 2Q. 155/1988, F. J. 4Q. El alcance exacto y pormenorizado del concepto indefensión se ha ido delimitando progresivamente a través de la jurisprudencia del TC. Asi la indefensión consistirá, según la STC 64/1986, de 21 de mayo, en una limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de los órganos judiciales. La indefensión no se producirá por cualquier infracción de las reglas procesales, STC 48/1986, de 23 de abril. La indefensión coincide de forma correlativa con los contenidos de la tutela judicial efectiva, AATC 304/82 y 373/82 entre otros, en la medida en que no es Posible alcanzar la tutela judicial efectiva sin la absoluta erradicación de la indefensión, STC 31/1989, de 13 de febrero, "Ambas - la tutela judicial efectiva y la indefensi6n -se hallan
241
Quizá
sea
progresivamente
este
el
momento
comprobando
a
lo
de
resaltar,
largo
del
y
lo
análisis
iremos de
la
jurisprudencia del TC, la inescindible relación existente entre los dos términos, tutela judicial efectiva y prohibición de la indefensión, tutela
que configuran un único derecho -
judicial
efectiva
sin
indefensión
derecho a
cuya
constitucional se halla en el conjunto del arte 24
la
expresión
C~.
íntimamente conectadas", STC 159/1990, de 18 de octubre. De forma más explícita SSTC 89/1986, de 1 de julio y STC 31/1989, de 13 de febrero, donde se afirma que la indefensión se produce cuando existe impedimento en el derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos, en la privación de la potestad de alegar y, en su caso, de justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias. La indefensión debe/puede ser apreciada, y por tanto subsanada, en cada instancia, tanto a instancia de parte como de oficio, SSTC 28/1981, de 23 de junio, 240/1988, de 19 de diciembre y 31/1989, de 13 de febrero. El derecho a ser informado de la acusaci6n y la prohibici6n de la reforma peyorativa "reformatio in peius" son dos garantías constitucionales cuya concurrencia es necesaria para evitar la indefensión, STC 17/1989, de 30 de enero, y específicamente sobre el contenido esencial del derecho a ser informado de la acusación, "consistente en asegurar el conocimiento del acusado acerca de los hechos que se le imputan y de los cargos que contra él se formulan", SSTC 141/1986, de 12 de noviembre, 17/1988, de 16 de febrero y 30/1989, de 7 de febrero. En relación a la "reformatio in peius", Vid. STC 153/1990, de 15 de octubre, en la que se afirma que "constituye una garantía procesal del régimen de los recursos y tiene su encaje constitucional a través de la prohibición de la indefensión o de la exigencia de garantías inherentes al proceso, ex arto 24 de la Constituci6n.". Vid. también STS, de 15 de octubre de 1985 como infracci6n constitucional arto 24 CE a través del principio implícito de audiencia bilateral, STS, de 30 de mayo de 1986, distinguiendo la reformatio in peius de la incongruencia por extra petita, y SSTS, 28 de noviembre de 1989, 26 de diciembre de 1989 y 12 de diciembre de 1990, todas ellas sobre el alcance de la reformatio in peius. vid. también sobre la prohibici6n de la reformatio in peius, HARTINEZ ARRIETA A. El principio acusatorio: Teor1a ~eneral y desarrollo jurisprudencial, Justicia 1992, n Q IV, p. 872. RAMOS HENDEZ P. El proceso penal •.• , op. cit., pp. 411-413.
480 V. gr. STC 85/1991, de 22 de abril, en ella una única causa, la ejecuci6n de sentencias contra personas no condenadas en la misma, produce indefensi6n y por ello, inevitablemente, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. La STS de 2 de junio 242
Las situaciones de indefensión deben ser - y para ello se habilitan
los
oportunos
cauces
adaptados
a
las
diversas
situaciones (recursos ordinarios, audiencia al rebelde, juicio de revisión, recurso de casación) - remediadas a través de la via judicial ordinaria previamente, subsidiariedad, a su eventual acceso a la jurisdicción constitucional a través del recurso
d~
ampar0481 • Por lo que a la jurisprudencia del TS concierne a este respecto la STS de 10 de noviembre de 1982 (RA 7096) abre el cauce
del
recurso
de
judiciales que produzcan
casación
para
indefensión~2.
aquellas
actuaciones
En el mismo sentido, la
de 1986 (RA 3087) FF. JJ. 41;1, 51;1 Y 61;1, relaciona de forma necesaria cualquier vulneración del arto 24 CE, sea del nl;l 1 o del n 1;1 2, con una única consecuencia ineludible que es la producción de indefensión, "4. Que el motivo único del procesado José Maria R. C. alega vulneración del arto 24, 1 Y 2 de la Constitución Española, indefensión del recurrente, que desgrana en dos aspectos: A) No haber sido juzgado por el Juez ordinario predeterminado por la Ley; y B) No haber sido debidamente asistido en su Defensa por el Letrado que le fue nombrado de oficio." Sobre su relación con el principio acusatorio, vid., STS de 17 de octubre de 1985 (RA 5000) F. J. 51;1, cuando una persona es condenada por un delito de distinta naturaleza del que inicialmente era acusada (quiebra del principio acusatorio) se producirá una vulneración del principio de no indefensión "que supone realmente quizás en correlación con la igualdad del arto 14 de la Constitución o con la bilateralidad, la contradicción y la lealtad procesal (cual caracteristicas definitivas de la actividad procedimental), el derecho de todo ciudadano a un juicio justo - recordar que la STS de 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 11;1 considera la expresión juicio justo como sinónima de proceso debido - lógico y equilibrado en el que claramente se planteen las distintas cuestiones a ventilar sin merma de los derechos de defensa y de su legitima pretensión a obtener un proceso eficaz". 481 Arts. 53.2 CE, 41.1, 43.1 Y 44.1 LOTC, vid., CASCAJO CASTRO/GIMENO SENDRA El recurso de amparo .•• , op. cit., pp. 60 Y ss. Y 145 Y ss. 482 Considerando 21Z, "Que el principio de que toda persona tiene derecho a la tutela judicial sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, proclamado en el arto 24.1 CE, viene reconocido en el enjuiciamiento penal a través de .la exigencia 243
STS de 17 de noviembre de 1983 (RA 5507) Considerandos 1Q y 2 Q, hace
referencia
a
una
aplicación menos
restrictiva
en
los
criterios de admisión del recurso de casación en un intento de alcanzar
la
finalidad
anunciada
de
impedir
situaciones
de
indefensión, "fundada en la busca de la justicia material a que todo proceso debe tender, salvando obstáculos formales que la hagan
imposible,
y
ante
supuestos
manifiestos
de
clara
idefensión, que incid1an en el escrupuloso respeto que merecen las garant1as individuales y los derechos fundamentales.,,483 El ATC 341/1982,
de 10 de noviembre,
en su fundamento
jur1dico único atribuye al proceso debido la naturaleza'jur1dica de garant1a básica constitucionalizada en el arto 24 CE frente a la indefensión4M • de unas formas procesales para garantizar la igualdad de las partes en sus posiciones de acusación y de defensa, exigencias que aparecen - incluso - en la fase sumarial no obstante la prevalente finalidad investigadora y cautelar, y dicho principio tiene consagración precisa en el recurso de casación que en una de sus vertientes, la del quebrantamiento de forma, contempla los vicios de la actividad judicial, con nulidad y consiguiente reposición de actuación al momento de la indefensión,". En relación también con el recurso de casación, último eslabón de la v1a previa, STS de 27 de diciembre de 1985 (RA 6650) F. J. 3 Q, " •.• para proclamar dicha indefensión se requer1a que hubiera agotado los remedios y recursos legales que - en este caso - la Ley Procesal civil le ofrec1a en relación con la situación de rebeld1a que mantuvo en la primera instancia ...... STS de 20 de marzo de 1991, RA 2422, F. J. 2 Q, La infracción del arto 24.1 CE, es decir toda situación de indefensión, puede ser recurrida en casación a través del arto 1692.5Q LEC, (tras la reforma de 30 de abril de 1992, arto 1692.3Q LEC). 483 vid. arts. 53.1 CE, 5.4 LOPJ, 847 Y ss. LECRIM, 773, 1692, 1796 LEC. ARROYO DE LAS BERAS/XUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento giminal, op. cit., pp. 487 Y ss. VAZgUEZ IRUZUBIETA C. Doctrina ~jurisprudencia de la Ley de Enjuiciamiento civil, Madrid 1989, Pp. 2218 Y ss •• STS de 5 de octubre de 1983 (RA 5068) Considerandos 5Q y 6Q. ~84."El que ahora se diga que el valor dado a la cosa litigi<;>s~ lmp~dió el acceso al recurso de casación, y que con ello se ~r~vo
al
que
ahora
demanda
de
amparo 244
de
garant1as
bás~cas,
2. Extensión
Afirma la STC 31/1989, de 13 de febrero, que la prohibición de la indefensión,
y
en la misma medida el proceso debido,
alcanzan a todo tipo de procedimientos485 ,
aunque - y asl lo
refleja la jurisprudencia del TC - es en el ámbito penal en el que el proceso debido cuenta con un desarrollo más amplio, 10 que supone simplemente una adaptación a
los principios y
a
la
naturaleza de los derechos que en cada proceso se ejercitan o se ven involucrados4M •
constitucionalizadas en el arto 24, como son el derecho al proceso debido y al Juez ordinario predeterminado por la ley, ••• ". Recalcar la consciente distinción entre el derecho al proceso debido y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, y también la consideraci6n de ambas como garantlas básicas contenidas, junto con otras según se desprende con facilidad de la literalidad del fundamento, en el arto 24 CE. Respecto al derecho a ser juzgado por un Juez o Tribunal independiente e imparcial que constituye la principal exigencia del derecho al Juez legal (ordinario predeterminado por la ley) vid. arts. 14 PIDCP y 6.1 CEDH Y SSTEDH asuntos Piersack, de 1 de octubre de 1982 y de Cubber, de 26 de octubre de 1984. Y SSTC 145/1988, de 12 de julio y 11/1989, de 24 de enero. 485 V. gr. STC 125/1989, de 12 de jUlio, donde se produce una situaci6n de indefensión - el recurso de amparo resulta estimado - motivada por la incongruencia de la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 16 de marzo de 1987, (por tanto dentro del orden jurisdiccional laboral), que implica finalmente una negaci6n de la tutela judicial efectiva. También la prohibición de la indefensión rige en los procedimientos de ejecución, vid. STe 243/1991, de 16 de diciembre.
F.
J.
252
"Cabe
añadir
que
la
tutela
judicial
< constitucionalmente garantizada (y la consiguiente prohibici6n
. de indefensi6n) alcanza a todo tipo de procedimientos, incluido, Por tanto, el ámbito penal en cualquiera de sus modalidades, pero admite matizacione's en relaci6n con la acción civil derivada del lito o falta, frente a terceras personas que responden en forma sUbsidiaria, "pues tiene en su desarrollo menor alcance que el la acción criminal, por estar limitada al peculiar objeto izatorio o de resarcimiento". (STC 18/1985)". 245
"La indefensi6n, en cambio, es un concepto mucho más amplio, quizá también más ambiguo o genérico, - que la tutela efectiva pues puede originarse por múltiples causas. S6lo puede prosperar su alegaci6n cuando de alguna forma, generalmente por violaci6n de preceptos procedimentales,
se impida al acusado ejercitar
oportunamente su defensa, cuando se obstaculiza el derecho de defensa como posibilidad de refutar y rechazar el contenido de la acusaci6n que en su contra se esgrime.,,487 Para poder acceder al TS a través del recurso de casaci6n alegando alguna infracci6n de las normas relativas a los actos y
garantías
procesales
que
haya
producido
indefensi6n,
se
requiere el haber intentado subsanar la mencionada infracci6n en el momento procesal oportun0488 •
3. Actos de comunicación del OJ y prohibición de
1 a
indefensi6n.
En la ya mencionada STC 31/1989, encontramos una concreción más de lo que constituiría un supuesto de indefensi6n - causa de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva - que por tanto afectaría al ámbito de protección del proceso debido. Se trata de la falta de citación o emplazamiento de las personas que pUdieran
resultar
afectadas
por
la
resolución
del
OJ.
"
~¡" Constituye
el supuesto una quiebra del principio, común a todos de contradicción o audiencia -
nadie puede ser
87 STS de 15 de abril de 1991 (RA 2729) F. J. 5Q.
8 STS de 16 de octubre de 1992 (RA 7825) F. J. 1Q. Vid. también • 1692.3 Y 1693 LEC. 246
condenado sin ser antes oido y vencido en juicio - cuya falta genera indefensi6n y que por lo tanto incluimos como elemento específ ico e imprescindible del proceso debid0489 • El principio de contradicción requiere del OJ que este se asegure,
en la medida de lo posible,
de que la citaci6n o
F. J. 312 "Una manifestaci6n singular y precisa de la indefensión constitucionalmente relevante es la constituida por la falta de citación o emplazamiento de aquellos que puedan resultar afectados por las decisiones o pronunciamientos del órgano judicial, sin que pueda justificarse la resolución judicial "inaudita parte" más que en el caso de incomparecencia por voluntad expresa o tácita o por negligencia imputable a alguna parte". vid. STC 37/1984, de 14 de marzo, en el que se expresa la necesidad de que el OJ asegure en lo posible la efectividad de la citación o emplazamiento (supuesto de realizarlo por edictos), más allá de las formalidades prescritas. vid. también SSTC 142/1989, de 18 de septiembre y 166/1989, de 16 de octubre. Ya desde el inicio de su actividad el TC, vid. STC 9/1981, de 31 de marzo, ha mantenido que debe procederse al emplazamiento personal siempre que los interesados sean conocidos e identificables a partir de los datos obrantes en autos, siendo válida unicamente la citación por edictos cuando ni conste en autos ni sea conocido el domicilio de la persona que debe ser emplazada. vid. SSTC 7/1991, de 17 de enero y 89/1991, de 25 de abril, donde se produce una vulneración del derecho a la tutela jUdicial efectiva debido a la indefensión causada a la parte por resolución judicial dictada "inaudita parte" y , respectivamente, por no garantizarse la audiencia bilateral en todas las instancias. Igualmente en la STC 9/1991, también de 17 de enero, donde la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva es causada por la indefensión proviniente de un acto procesal de comunicación defectuoso, en el mismo sentido, vid. STC 154/1991, de 10 de julio. Por falta de citación para la vista en juicio de deshaucio por precario, STC 131/1992, de 28 de septiembre, F. J. 3g. Una de las primeras sentencias del periodo postconsti tucional del TS referida a las garantias procesales del acusado en general y al principio de contradicción en particular es la STS de 5 de noviembre de 1979 (RA 3814) Considerando 112 " ••• el orden social bien entendido no es más que el mantenimiento de la libertad de todos y el respeto reciproco de los derechos individuales", con lo que claramente se resalta de una parte que nadie pueda ser condenado sin ser oido ••• ", igualmente STS de 13 de octubre de 1982 (RA 6365) Considerando 412 y STS de 5 de octubre de 1983 (RA 5068) Considerando 612. Una concreta manifestación del principio de contradicción la hallamos en STS de 24 de febrero de 1992 (RA ~310) F. J. 1 12 , "el derecho de la Defensa y del acusado de lnterrogar a los testigos de cargo y de descargo, se fundamenta en el principio de contradicción (cfr. STC 53/1987; SSTS 1-21988; 12-2-1988; 10-5-1990; 26-12-1990; ••• entre otras).". STS de 12 de enero de 1993 (RA 475) F. J. 312. 489
247
emplazamiento
a
quienes
deban
comparecer
en
la
litis
sea
personal. Las pautas a las que atenerse sobre esta materia las fija la jurisprudencia del TS que establece: "a) Que la citación por edictos haya de ser considerada, cual aparece plasmado en el arto 269 LEC, como el último de los medios de comunicación que el ordenamiento procesal establece a dichos efectos; b) Que el órgano judicial competente, ante un alegado ignorado paradero de la contraparte, se funde para acudir a dicho postrer remedio, en criterios de razonabilidad; c) A su vez, el cumplimiento de dichas garantias ha de ponerse en conexión con la conducta de las partes procesales, ya que mientras si la imposibilidad de la citación personal es provocada por quien pretende escudar en ella la indefensión, ésta no es admisible; mas cuando la ocultación deliberada
del
domicilio
de
la
contraparte
sea
obra
del
demandante, - principios de lealtad y buena fe - es lógico deba perj udicar a éste y no a su oponente, ,,490 • En la STC 109/1989, de 8 de junio, y en relación con el principio
de
contradicción
se
afirma
que
el
mismo
es
simul táneamente elemento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del arte
24.1 CE,
Y además exigencia del
derecho al proceso con las garantias debidas o proceso debido del arte 24.2 CE. La argumentación empleada por el TC en este caso adolece de falta de claridad a la hora de distinguir la función que al principio de contradicción corresponde en relación con uno y otro derecho, quizá ello sea debido a que la separación entre
los números 1 y 2 del arte 24 CE no es tan clara y radical como
STS de 12 de enero de 1993 (RA 475) F. J. 3g. Vid. también • 236 LOPJ. 248
en esta STC se pretende, por tanto cabrla la hipótesis según la cual
el
derecho
fundamental
a
la
tutela
judicial
efectiva
formarla parte, conjuntamente con el resto del arto 24 CE, del proceso debid0491 • En la STC 78/1992, de 25 de mayo, y más concretamente en su F. J.
2 g,
se afirma nuevamente que el derecho de audiencia
bilateral "es elemento integrante del derecho fundamental a la tutela
judicial
efectiva
(art.
24.1
CE)"
Y añade que
"el
principio de contradicción en cualquiera de las instancias es exigencia imprescindible del derecho al proceso con las garantlas debidas
(art.
24.2
CE),
para cuya observancia adquiere una
singular relevancia constitucional
el deber de
los
órganos
judiciales de posibilitar la actuación de las partes a través de los actos de comunicación establecidos por la Ley.".
491 F. J. 22 "Es elemento integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), no sólo el acceso al proceso y a los recursos legalmente establecidos, sino también el adecuado ejercicio del derecho de audiencia bilateral para que las partes del proceso puedan hacer valer sus derechos e intereses legltimos. El principio de contradicción en cualquiera de las instancias es, además, existencia imprescindible del derecho al proceso con las garantias debidas (art. 24.2 CE), para cuya observancia adquiere una singular relevancia constitucional el deber que incumbe a los órganos judiciales de hacer posible que las partes puedan adoptar la conducta procesal que estimen conveniente a través de los oportunos actos de comunicación establecidos por la Ley Procesal. De esta manera sólo la incomparecencia en el proceso o en el recurso debida a la Voluntad expresa o tácita de la parte, o por negligencia inexcusable a ella imputable podrla justificar, en principio, una resolución inaudita parte.". vid. en relación con el principio de contradicción o audiencia bilateral la STS de 4 de octubre de 1985 (RA 4572) F. J. 52 donde se establece la relación, njecesaria, entre la concurrencia de dicho principio y la tutela Udicial efectiva del arto 24 CE, ", tutela que se verla ~enoscabada si no se cumplieran los principios de rogación civil y de audiencia bilateral que laten tanto en la doctrina de la Oongruencia como en la de la prohibición de la reforma gravosa a perjudicial expuestas.". 249
Merece
en
este
momento
siquiera
una
breve
regulación del proceso civil sumario del arto
reseña
la
131 de la Ley
Hipotecaria, que suscita una permanente pOlémica por la aparente vulneración
que
en
ella
se
consagra
del
principio
de
contradicción o audencia, al respecto y en numerosas sentencias SSTC 41/1981, 64/1985, 41/1986, 8/1991 - el TC declara qUe 01chó regulación no afecta, per se, al derecho contenido en el art. 24. 1 CE, pero la STC 6/1992, de 16 de enero matiza, limitándola en
relación a determinados terceros, dicha afirmaci6n4n •
4. Impugnación de sentencias firmes
STC 124/1984, de 18 de diciembre, en su fundamento jurídico 3,,493
(reproduciendo parcialmente el contenido del
fundamento
jurídico también 3a de la STC 50/1982, de 15 de julio), y de forma no especialmente clara se califica al proceso debido de "derecho instrumental" y parece querer equipararse el mismo al 492 F. J. 6" "Aplicando lo hasta aquí expuesto al caso que examinamos, ha de afirmarse que en este concreto supuesto la resolución judicial dictada en el trámite último del procedimiento sumario hipotecario, en cuanto impone el desalojo y lanzamiento de la actual arrendataria, sin que ésta haya podido hacer valer sus derechos e intereses ante los 6rganos jurisdiccionales vulnera la garantía constitucional contenida en el arto 24. 1 CE, dando lugar a un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa de la demandante de amparo y produciéndole así Una indefensi6n constitucionalmente amparable en esta sede.". Vid. FRANCO ARIAS J. El procedimiento del arto 131 de la Ley Hipotecaria y los arrendamientos constituidos sobre la finca Qipotecada.(Texto de la Sentencia del Tribunal Constitucional §11992. de 16 de enero y algunas reflexiones sobre la misma), Justicia 1992, nS;¡ IV, pp. 911-968. 493 F. J. 3 s;¡ " ••• instituida la revisión, alcanza a ella las garantías fundamentales contenidas en el arto 24.1 de la Constituci6n Española y, por tanto, las de acceso a la revisi6n y al conocimiento de la pretensi6n revisora en el proceso debido, asegurando el contenido esencial de este derecho instrumental".
250
arto
24.1
CE
Y más
concretamente
a
la
prohibición de
la
indefensión, y ello en relación a las regulaciones existentes o futuras de medios de impugnación frente a sentencias firmes, revisión, donde se ejercita una nueva pretensión distinta a la que dió lugar a la sentencia ahora objeto de El
proceso
de
revisión,
"instrumento
revisión4~.
revisor
de
las
garantías del debido proceso tiene cabida en el arto 24 de la CE. 494 STS de 26 de septiembre de 1986 (RA 4791) en cuyo F. J. 3 g ,
se establece en qué consiste el proceso de revisión en relación con el proceso civil, arts. 1796 y ss. LEC. "a) Que la revisión constituye un instituto que el legislador ha establecido para a través de un "juicio rescindente", obtener o no la "rescisión" de una sentencia firme que se estima tuvo su razón de ser bien en supuestos de hecho incompletos bien en defectos u omisiones formales indebidas, a fin de sustituirla por otra más ajustada a derecho; b) Por ello, la razón de ser de dicha figura procesal se encuentra, más que en la injusticia de la resolución cuya rescisión se pretende en la posibilidad de que el órgano jurisdiccional a cuya competencia viene referido su conocimiento, pueda controlar si la misma se dictó como consecuencia de incidir o no el proceso en vicios que de haberse producido habrían conducido a una sentencia distinta; c) Por todo ello, al ser la revisión una excepción al principio de cosa juzgada, la interpretación de 'los preceptos que la regulan ha de realizarse según constante doctrina de esta Sala, con un muy estricto a la vez que restringido criterio.". En relación con el proceso penal, arts. 954 y ss. LECRIM, vid. STS de 14 de junio de 1986 (RA 3154) F. J. V~ , "es de naturaleza extraordinaria y especial que se establece en nuestro ordenamiento jurídico-penal como última garantía ofrecida a la justificada inocencia o inculpabilidad de quien ha sido reputado responsable de infracción criminal y en tal concepto condenado con palmario y ostensible error, por lo que su esencial finalidad se dirige a hacer prevalecer frente a los efectos de una Sentencia o resolución firme, sustentada en una verdad formal y legal, la auténtica y plena verdad material, real y extraprocesal,". Es de destacar el distinto tratamiento que tanto la jurisprudencia del TC como la del TS otorgan a esta materia, su admisión - en el caso de impugnación de sentencias firmes - se realizará de forma restrictiva al concurrir el principio de seguridad jurídica cualificado por derivar de una sentencia firme, mientras que en el caso de los recursos el criterio de admisión es justamente el contrario, se busca no obstaculizar su admisión por meras rigideces interpretativas o Cuestiones formales; De todo ello no podemos sino extraer un nuevo elemento diferenciador de aquellos instrumentos jurídicos utilizables frente a resoluciones no firmes - recursos - de aquellos otros que caben frente a sentencias firmes y cuya naturaleza jurídica es distinta de la de los recursos. 251
r I
Así lo señala expresamente la importante STC 124/1984, de 18 de diciembre, ,,495.
5.
Indefensi6n
y
utilizaci6n
de
los
medios
de
prueba pertinentes. Derecho a no declarar contra s1 mism0 496
El TS establece la especial importancia del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, y destaca la fundamental contribuci6n del mismo a la consecuci6n del juicio justo, que interpretamos como riguroso sin6nimo de proceso debido
-
STS de 20 de enero de 1993
(RA 132)
F.
J.
.
-'
"La
Constitución Española al proclamar en su arto 24.2, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia, a un proceso público y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, sienta las bases y condicionamientos para alcanzar el juicio justo. ,,497 "El arto 24 de la CE ha convertido en un derecho fundamental el de utilizar los medios de prueba pertinentes en cualquier tipo
495 RAMOS KENDEZ F. El proceso penal ••. , op. cit., pp. 444-449. Vid. también el arto 797 LECRIM sobre la posibilidad de anulación de sentencias dictadas en rebeld1a en el procedimiento abreviado, y arto 773 y ss. LEC que se ocupa de la audiencia a determinados rebeldes frente a sentencias firmes. 496 KONTERO/ORTELLS/GOKEZ/KONTON Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. III, p. 39. Donde se destaca la doble parcialidad del enunciado del arto 24.2 CE respecto al derecho a utilizar los tnedios de prueba pertinentes, as1 no hace referencia a la aCUsación ni al previo derecho necesario de alegaci6n de hechos de cargo y descargo. RAMOS KENDEZ F. El proceso penal ••• , op. t., pp. 343 Y ss. GOKEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., . 341-344.
STS de 16 de septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1Q. 252
de proceso en que el ciudadano se vea involucrado. Este derecho , inseparable del de defensa, al haber sido constitucionalizado, impone
una
mayor
sensibilidad
en
relación
con
las
normas
procesales atinentes a ello, de forma que, admitida la prueba, el Tribunal
no
necesitaba
impulso de parte
para dictar
las
resoluciones pertinentes en orden a su práctica.,,493 El TS llega a afirmar en varias de sus sentencias y con respecto al derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, fundamental
que por
tras la
CE,
su
elevación lo
correcto
al
rango
será
de
"proveer
derecho a
la
satisfacción de tal derecho, sin desconocerlo u obstaculizarlo, siendo preferente en tal materia incurrir en un posible exceso en la admisión de pruebas que en su denegación, ••. ,,499 Debe destacarse la estrecha vinculación existente entre el derecho a
la utilización de los medios de prueba pertinentes
498 STS, de 8 de julio de 1988. Vid., también SSTS, de 18 de octubre de 1988, 16 de febrero de 1990, entre otras. 499 STS de 16 de junio de 1987 (RA 4952) F. J. 1 9 • En el mismo sentido ATS de 21 de octubre de 1991 (RA 7332) F. J. 19 Y STS de 10 de febrero de 1992 eRA 1080) FF. JJ. 2g Y 3g. Existen sin embargo limitaciones al derecho que nos ocupa, as1 no podrán ser utilizadas o si lo son no surtirán efecto aquellas pruebas obtenidas mediante la violación de derechos o libertades fundamentales, STC 114/1984, de 29 de noviembre. STS de 7 de febrero de 1992 eRA 1108) F. J. 2 g , en ella se establece que en tales casos no será de aplicación la "Fruit of the poisonous tree doctrine" /doctrina de los frutos del árbol envenenado, que invalidarla toda la cadena originada por una actuación i11cita para obtención de pruebas, sino que se desligará el acto de obtención il1cita de prueba, que no tendrá validez, de aquella otra prueba obtenida l1citamente como consecuencia de la primera, que será eficaz para enervar la presunción de inocencia. V. gr. en base a un interrogatorio en el que se vulneran derechos fundamentales, prueba inválida, se procede a una actuación de entrada y registro efectuada con mandamiento judicial en el que se hallan efectos incriminatorios, prueba válida. Vid. arto 11.1 LOPJ. Vid. LOPEZ BARJA DE gUIROGA J. Las escuchas telefónicas Y 19 prueba ilegalmente obtenida, Madrid 1989, pp. 82-148. 253
tanto con el derecho a la defensa como con el principio de contradicción y aUdiencia5°O,
sin embargo ello no excluye la
posibilidad, a la que nos acogemos, de clasificarlo, dada la relación causa-efecto existente entre ambos enunciados, bajo el epígrafe de la prohibición de la
indefensión~l.
El arto 24.2 CE en relación con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes no garantiza "el derecho a que se practiquen todas aquellas pruebas que las partes tengan a bien proponer, sino tan sólo las que sean pertinentes o necesarias (STC 192/1987), ya que - como también ha declarado este Tribunal
500 Un claro ejemplo de dicha relación lo constituye el supuesto recogido en la STS de 31 de marzo de 1989 (RA 2288) F. J. 2 Q, en el que se afirma que produce indefensión, por la violación del principio de contradicción o audiencia, el no permitir el OJ la intervención de las partes en la práctica de las diligencias para mejor proveer. Vid. arto 340 LEC. 501 En este sentido, STC 1/1992, de 13 de enero, F. J. 5 Q, "Este Tribunal se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre lo que constituye la esencia de la indefensión, o sea la limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de los 6rganos judiciales .•• ". y en relación al derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, F. J. 6Q "Despréndese de todo lo dicho que la interpretación excesivamente formalista de los preceptos procesales que regulan el recibimiento a prueba en segunda instancia para el declarado en rebeldía en la primera, y la inaplicación por el Tribunal del que, en todo caso, permitía la práctica de las pruebas que en el recurso de súplica se propusieron, vulneraron los derechos fundamentales garantizados para el recurrente en el arto 24.1 y 2 de la Constitución .•• ". STS de 8 de marzo de 1991 (RA 2082) F. J. 2 Q, donde se afirma por un lado que la improcedente denegación de práctica de medios probatorios produce indefensión, y por otro que "toda prueba, para que pueda producir efecto en el proceso, ha de ser pública para las partes, en cuanto que el derecho no admite eficacia a pruebas secretas,". La STS de 15 de abril de 1991 (RA 2729), afirma en su F. J. SQ, que "la indefensión hay que relacionarla con el derecho, también fundamental, a utilizar medios de prueba pertinentes, ya que el impedimento a los mismos naturalmente que genera una situación injusta al coartarse la utilización de llledios probatorios, si bien haya de tenerse presente que el jUicio de pertinencia es de la exclusiva competencia del juez ordinario". STS de 16 de septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1Q. Vid. también arto 6.3.d CEOH. 254
- sólo tiene relevancia constitucional para provocar indefensión la denegación de pruebas que, siendo solicitadas en el momento y la forma oportunas, no resultase razonable y privase a la parte
de hechos decisivos para su pretensión (SSTC 149/1987, 212/1990 Y STS de 28 de noviembre de 1990 (RA 9212) F. J.
412) "S
de
manera que sea respetada la competencia propia de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a la jurisdicci6n ordinaria para apreciar la pertinencia de las pruebas ante ellos propuestas, siempre que las resoluciones que sobre ello se pronuncien no resulten arbitrarias o
infundadas~.
Una concreta manifestaci6n del derecho que nos ocupa y que pertenece como veremos también al derecho fundamental a un proceso con todas las garantias - por tanto doblemente elemento del
proceso
debido
implica
la
consideración
de
prueba
pertinente de aquella que permita al acusado o a su representante el interrogatorio de los testigos que hayan declarado contra él, máxime si se trata de un único testigo de cargo, lo cuál supone
502 STC 87/92, de 8 de junio de 1992, F. J. 212. Igualmente en el mismo sentido STS de 15 de febrero de 1990 (RA 1544) F. J. 212. ~&"
503 STC 141/92, de 13 de octubre, F. J. 212. STS de 29 de de 1990 (RA 9214) F. J. 112 B, "Es evidente que el auto .¡;1,de la Sección 51 de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha .16 de jUlio de 1986, en el que, sin razonamiento alguno, denegó la prueba pericial propuesta por la defensa del procesado Consistente en que por médico especialista de la Clinica Médico Forense de Madrid, y previo examen del procesado, emitiera orme sobre su adicción a la heroina en junio de 1985, si fria alguna enferm~dad mental y en qué medida afectaban ambas su capacidad cognoscitiva y volitiva, asi como su influencia la realización del hecho de que venia siendo acusado, incidia VUlnerándolo - en el derecho del procesado a utilizar los os de prueba pertinentes para su defensa.".
~.·noviembre
255
en definitiva una concreta modalidad de aplicaci6n del principio de contradicci6n504 • "La doctrina jurisprudencial, por una parte, ha comprendido en el campo del presente motivo tanto los supuestos de inadmisi6n de un medio probatorio como los de no suspensi6n del juicio pese a la no práctica del admitido - cfr. STS de 10 de abril de 1989 (RA 3081),,505. El
derecho
pertinentes
a
la
extiende
manifestaciones
de
la
utilizaci6n su
eficacia,
de
los
además
jurisdicci6n~,
a
medios de los
a
de
prueba
todas
las
procedimientos
504 STS de 5 de enero de 1990 (RA 276) F. J. 2$1. "En lo que ahora nos ocupa concretamente ha de procurarse no prOducir indefensi6n a ninguna de las partes. Claramente se viola el derecho a la defensa del acusado cuando no se accede a la suspensi6n y se utilizan, no obstante, como prueba de cargo las manifestaciones del testigo que no declaró en el juicio y sí lo hizo en el sumario, porque, por regla general, no pude dictarse sentencia condenatoria en base a pruebas respecto de las cuales no ha podido intervenir el Abogado del acusado, siendo aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 6.3.d) del Convenio de Roma de 1950 y en el artículo 14.3.e) del Pacto de Nueva York de 1966, que conceden a todo acusado, como mínimo, entre otros, el derecho a interrogar o a hacer interrogar a los testigos que declaren contra él". De no estimarse como pertinente dicho medio probatorio se vulnerarán diversos derechos fundamentales, así STS de 7 de febrero de 1990 (RA 1289) F. J. 1$1 "En consecuencia, la valoración como prueba de las declaraciones de los testigos que no han sido sometidos a la posibilidad de contradicción por las partes procesales en el juicio, vulneran el derecho de defensa y el de presunción de inocencia - STC de 20 de noviembre de 1989 -.". En el mismo sentido STS de 30 de mayo de 1988 (RA 4110) FF. JJ. 3$1 Y 4$1, "La básica prueba de cargo con que se cuenta, en el supuesto que nos ocupa, dimana del testimonio de Javier Ll.¡ no pUede privarse a los procesados del ejercicio de su derecho de contradicción, interrogando a aquél en el acto del juicio oral, y realizando las confrontaciones oportunas.". 505 STS de 30 de abril de 1990 (RA 3378) F. J. 1$1. 506 STC 205/1991, de 30 de octubre, F. J. 3$1, "Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, el derecho a utilizar los lnedios de prueba pertinentes para la propia defensa, ~Onstitucionalizado por el arto 24.2 CE, ejercitable en cualquier di po de proceso e inseparable del derecho mismo de la efensa, ••• " • 256
administrativos sancionadores, si bien con ciertos matices "dado que
ambos
proceso
penal
y
procedimiento
administrativo
sancionador - son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. ,,507 El derecho a no declarar contra si mismo, nemo se detegere, forma parte del arto 24.2 CE Y es predicable tanto del acusado (art. 392 LECrim) como de los testigos (art. 418
LECrim)~.
No puede haber vulneraci6n del derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra si mismo, cuando se ha hecho al interesado ofrecimiento de los derechos expresados en el arto 520 LECrim que corresponden a toda persona privada de libertad, y cuando declara voluntariamente en presencia de El
derecho
particularidad,
a
no
declarar
contra
si
Abogado~.
mismo
tiene
la
como ocurre con los contenidos del presente
apartado pero que, sin embargo, no comparte con carácter general el contenido esencial del proceso debido, de ser un derecho renunciable510 •
6. Indefensi6n e incongruencia.
507 STC 212/1990, de 20 de diciembre, F. J. 3 2 ; Vid., también STC 169/1990, de 5 de noviembre. 508 En un supuesto penal, STS de 9 de mayo de 1990 (RA 3888) F. J. 12.
509 STS de 20 de enero de 1993 (RA 129) F. J. 62. 510 STS de 12 de junio de 1984 (RA 3548) Considerando 22, "Que aun cuando el arto 24-2 de la constituci6n reconoce el derecho a tOdo ciudadano a no declararse culpable, no es menos cierto que este derecho es renunciable ••• ". 257
No sólo el TC sino que también el TS se ha ocupado en numerosas ocasiones de determinar qué es la incongruencia y de qué manera y con qué consecuencias afecta al derecho a la tutela judicial
efectiva sin
indefensión y
en última
instancia
al
proceso debidoSll • La
jurisprudencia del TC afirma que "La congruencia es
compatible,
sin
embargo,
con
la
utilización
por
el
órgano
judicial del principio tradicional del cambio del punto de vista jurídico expresado en el aforismo iura novit curia,
en cuya
virtud los Jueces y Tribunales no están obligados a motivar sus Sentencias,
ajustádose
estrictamente
a
las
carácter
jurídico aducidas por las partes.
aplicar
la
norma
les
faculta
para
alegaciones
de
La potestad para
desvincularse
de
la
511 La STS de 5 de'mayo de 1988 (RA 3478) F. J. 1 Q, en la que el MF sostiene, aunque el TS declara no haber lugar al recurso, se ha producido indefensión en la parte acusadora, por incongruencia de la AN. otro ejemplo de incongruencia por resolver la sentencia puntos no sometidos a su decisión, por exceso, (en contra de lo establecido en el arto 359 LEC), afectando por tanto al derecho fundamental de defensa, lo hallamos en la STS de 6 de marzo de 1990 (RA 1671) F. J. 2Q. Como ejemplo de incongruencia por defecto, STS de 6 de abril de 1990, "La omisión en el fallo de todo pronunciamiento sobre la reconvención, ya para estimarla total o parcialmente o para desestimarla, coloca evidentemente al reconviniente gn situación de indefensión en cuanto al derecho ejercitado, contraviniendo así lo dispuesto en el arto 24.1 CE Y obligando, en caso de no corregirse esa deficiencia, a seguir el reconviniente un nuevo pleito para reclamar sus derechos. En consecuencia, al no resolver todos los puntos litigiosos que fueron objeto de debate, la sentencia impugnada ha incurrido en el vicio de incongruencia por defecto.". vid. también SSTS, de 22 diciembre de 1990, 30 de septiembre de 1991. MONTEROIORTELLS/GOHEZ/HONTON Derecho JuriSdiccional, op. cit., t. III, pp. 401-412. Donde se opta por la denominación Correlación con preferencia a la de congruencia. RAMOS HENDEZ F. II proceso penal ••• , op. cit., pp. 390-393. 258
argumentación jur1dica esgrimida por los litigantes, pudiendo basar su decisión en razonamientos jur1dicos distintos. "S12 Relacionado también con la incongruencia y por tanto con la prohibición de la indefensión, pero ceñido a la segunda instancia procesal y vigente en todos los órdenes jurisdiccionales, nos encontramos con la prohibición de la reÍormatio in peius como l1mite de la potestad jurisdiccional en tanto su vigencia no sea anulada por uno de los medios previstos en la leySl3. 512 STC 88/1992, de 8 de junio, F. J. 2Q. Por todas en relaci6n con los 11mites de la congruencia, vid. STS de 16 de abril de 1990 (RA 2719) F. J. 2Q. Con respecto al cambio del punto de vista jur1dico, afirma la STS de 9 de febrero de 1981 (RA 388) considerando 3 g , "la incongruencia no se produce por el cambio del punto de vista jur1dico, del Tribunal de instancia respecto del mantenido por los interesados, siempre que se observe por aquél el absoluto respeto para los hechos que son los únicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposici6n de las partes,". Con respecto al principio iura novit curia vid., v. gr., STS de 16 de noviembre de 1981 (RA 4535) Considerando 5 g , "habida cuenta, de una parte, que el principio iura novit curia, que rige en nuestro ordenamiento jur1dico procesal, posibilita fundamentar el fallo con distintas apreciaciones jurídicas que hayan establecido las partes e incluso el juzgador cuya sentencia se contempla en diferente instancia o recurso, siempre y cuando, como en este caso ocurre, se tengan en cuenta los hechos alegados y reconocidos y no se altere la causa o razón de pedir.". En igual sentido, SSTS de 15 de octubre de 1984 (RA 4865) Considerando 3 2 donde establece una vez más los límites de la potestad de los Jueces y Tribunales para aplicar la norma adecuada sin una rígida acomodación a la literalidad de los escritos de las partes, y SSTS de 21 de mayo de 1985 (RA 2406) Considerando 3 g ; de 24 de marzo de 1987 (RA 1720) referencia al principio da mihi Íactum dabo tibi ius. En el mismo sentido vid. STS de 10 de marzo de 1993 (RA 1829) F. J. 2Q, "la incongruencia centra toda su determinación procesal en el enfrentamiento del fallo con las pretensiones de los escritos iniciales, siendo por tanto inocua la posibilidad de que se apliquen normas legales ~istintas por imperio del principio "Da mihi factum, dabo tibi lUs" o su paralelo "iura novit curia", con tal de que ni se tergiversen los hechos ni se modifiquen las causas de pedir,".
513 STC 19/1992, de 14 de febrero, F. J. 2Q, "Como ya ha tenido Ocasión de poner de manifiesto con anterioridad este Tribunal (por todas, STC 17/1989) la prohibición de la reÍormatio in peius es una manifestación de la interdición de indefensión que reconoce el arte 24 CE Y una proyección de la congruencia en la segunda instancia, la cual incluye la prohibición de que el 259
B. Proceso debido y principio acusatorio
1. En general
El principio acusatorio es uno de los que configuran la LECrim que consagra un sistema acusatorio formal o mixto en el que confluyen caracteres propios de los sistemas originarios que cronológicamente se acusatorio
suceden
necesidad de
en el
tiempo,
acusación
asi
del
sistema
para que haya
juicio,
separación de las funciones de acusar y juzgar, resultado de la investigación preliminar base de la acusación no de la sentencia, publicidad y confrontación-contradicción en el juicio oral, libre valoraci6n de la prueba por el reformatio in peius
-
y del
juzgador,
prohibición de la
inquisi ti vo
investigación y
persecución de los delitos como función pública (principio de oficialidad) , procedimiento preliminar netamente inquisitivo que
órgano judicial ad quem exceda los limites en que viene formulada la apelaci6n acordando una agravaci6n de la sentencia recurrida que tenga origen exclusivo en la propia interposici6n del recurso.". Su vigencia se extiende también, aún sin existir norma expresa en tal sentido, a las apelaciones en los juicios de faltas (SSTC 54/1985, 84/1985, 115/1986, 202/1988). Por lo que a la jurisprudencia del TS respecta vid., STS de 27 de octubre de 1979 (RA 3760) Considerando 3 12 , "la prohibici6n de la reformatio in peius impide agravar la punici6n del contradictor sin recurso acusatorio,". Igualmente SSTS de 5 de mayo de 1980 (RA 1806) Considerando 3 12 ; De 4 de octubre de 1985 (RA 4572) FF. JJ. 512 Y 6 12 , donde se trata de deslindar con exactitud la ~ongruencia o incongruencia de la prohibici6n de la reformatio In peius, en su aplicaci6n. De 17 de junio de 1986 (RA 3166) F. J. 312; De 16 de marzo de 1988 (RA 1973) F. J. 5 12 ; de 16 de abril de 1990 (RA 2719) F. J. 6 12 , que la vulneración del principio de l'eformatio in peius "únicamente debe entenderse que existe cuando Una resolución judicial es revocada, no concediendo o negando lo qUe pedia el apelante, sino agravándola en su perjuicio, sin que esto sea pedido por otro apelante o adherido a la apelación,"; de 25 de marzo de 1991 (RA 2368) F. J. 112; de 9 de enero de 1992 (AA 175) F. J. 3 12 • 260
no precisa del ejercicio de la acción penal para su inicio y que puede ser secretosw • El principio acusatorio
("Nemo iudex sine actore";
"Ne
procedat iudex ex officio") supone la necesidad de que exista una
acusación sostenida por alguna de las partes legitimadas para ello, MF o ciudadano particular, con exclusión expresa del propio OJ como acusador (caracterlstica, como ya hemos señalado, propia del sistema acusatorio formal o mixto) para que se pueda abrir el juicio oral, ya que de otro modo la continuación del proceso serla imposible; supone también que el juzgador queda vinculado a la acusación en el sentido de que no podrá condenar a persona distinta de la acusada, ni podrá condenar por hechos distintos de los acusados S1S • 514 HONTERO/ORTELLB/GOKEZ/HONTON Derecho Jurisdiccional, t. III, op. cit., pp. 20-29. PAIREN GUILLEN V. La disponibilidad del derecho a la defensa en el sistema acusatorio español en Temas del ordenamiento procesal, T. II, op. cit., nQ 4, pp. 1208 Y ss. GIHENO/HORENO/ALMAGRO/CORTEB Derecho Procesal, T. II, op. cit., pp. 35 Y ss. Vid., arts. 642-644 LECRIM. HORENO/CORTEB/GIHENO Introducción ..• , op. cit., pp. 243-246. GOHEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho procesal penal, op. cit., § 12, pp. 115 Y ss. GOHEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 21 Y ss. 515 GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho procesal penal, op. cit., p. 121. Afirma GOMEZ DE LIAÑO P. en su obra El proceso l2e nal, ya citada, "El principio acusatorio informa el sistema de enjuiciar, en la materia que nos ocupa, de manera que sin acusación no hay juicio penal, porque las iniciativas de los tribunales se refieren exclusivamente, a la apertura de la instrucción, para la cual basta el simple conocimiento de hechos que puedan revestir el carácter de infracción de la ley penal, al objeto de conocer su alcance, para poder determinarse la Oportunidad de proceder, y acordarse medidas de aseguramiento, pero si a la vista de estas actuaciones no se llega a formular acusación, el tribunal está imposibilitado para continuar, er y fallar.", p. 30. HONTERO/ORTELLBIGOMEZ/HONTON Derecho ~~~~~~~, T~ III, op. cit., pp. 27, 28. GIMENO/HORENO --~~Ku/CORTES Derecho Procesal, T. II, op. cit., nQ 16, pp. - 72. GOMEZ COLOHER J. L. en ROXIN/ARZT/TIEDEKANN Introducción ~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, op. cit., pp. 230RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 31-32. n~~ft_ AROCA J. El principio acusatorio. Un intento de
Por lo que a la jurisprudencia concierne, entiende la misma que una de las manifestaciones más importantes del proceso debido en el especifico ámbito del proceso penal la constituye el principio acusatorio, que según unánime doctrina, requiere la existencia de una acusación formal contra una persona determinada en el sentido antedicho, ya que ello, según estiman tanto el TC como el TS, forma parte del derecho a no sufrir indefensión, STC 18/1989, de 30 de ener05~.
2. Extensión
aclaración conceptual, op. cit., pp. 775-788. MARTINEZ ARRIETA A. El principio acusatorio: Teoria general y desarrollo jurisprudencial, op. cit., pp. 833-879. DE LA OLIVA/ARAGONESES /HINOJOSA/HUERZA/TOKE Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 4144. 516 vid. entre otras, SSTS de 5 de noviembre de 1979 (RA 3814) Considerando 1 2 , de 11 de marzo de 1981 (RA 1107) Considerando 32 "el principio acusatorio básico en nuestro proceso penal, que no permite resolver en contra del reo cuestiones no planteadas ni postuladas en el juicio,"; de 3 de mayo de 1988 (RA 3449) F. J. 22, aplicación indebida de agravación especifica por el OJ ya que no se hace uso de la facultad del arto 733 LECRIM ante el manifiesto error en las conclusiones del MF que debiendo hacerlo no solicitó la mencionada agravante; De 9 de enero de 1990 (RA 287) F. J. 3 2 ; de 31 de octubre de 1991 (RA 7475) F. J. 12, "el proceso español está presidido por el principio o sistema acusatorio formal o mixto, y que no cabe, por tanto, condenar por delito que no ha sido objeto de acusación, del que los procesados no fueron informados en el momento procesal oportuno de la variación que se iba a efectuar de la acusación inicialmente formulada, con lo cual, elimina o disminuye sensiblemente cualquier posibilidad de defensa, ya que es evidente que una persona puede defenderse del delito de robo en el que sostiene no haber participado en absoluto, y no hacerlo de la receptaci6n del que no fue acusado, y respecto al que permanece indefenso."; También STS de 22 de enero de 1992 (RA 430) F. J. 1 2 , "El conocimiento completo de esta base acusatoria permite al acusado Valorar su contenido y en atención a las circunstancias del heCho, mostrar su conformidad o disconformidad con lo solici tado". Sobre este punto aporta interesantes consideraciones y abundante jurisprudencia tanto del TS como del TC, RUIZ VADILLO 8. Algunas breves consideraciones sobre el sistema acusatorio y
262
En la misma linea, la STC 53/1989, de 22 de febrero detalla los limites de aplicación del principio acusatorio en el proceso penal. Asi, se establece que deberá estar también presente en la fase de apelación de las sentencias y que rige igualmente en el juicio de faltas sn • En la STS de 13 de octubre de 1989 (RA 7679) F. J. 1 Q, se determina
el
alcance
exacto
del
principio
acusatorio
estableciendo los limites que le son propios y a los que tendrán que atenerse los OOJJ penales para no producir situaciones de indefensións18 •
517 F. J. 2Q "Es doctrina reiterada de este Tribunal en orden al principio acusatorio, que éste forma parte de las garantias sustanciales del proceso penal consagradas en el arto 24 de la Constitución y que, por tanto, dicho principio ha de aplicarse también en la fase de apelación de las Sentencias". En tal sentido, vid. SSTC 104/1986, de 17 de julio, 53/1987, de 7 de mayo, 240/1988, de 19 de diciembre y 109/1989, de 8 de junio. F. J. 22 "El principio acusatorio rige también, obviamente, en el juicio de faltas. Tal exigencia ha de hacerse compatible con los principios de oralidad y concentración propios del juicio de faltas, pero en modo alguno cabe admitir la acusación implici ta o presumir ésta de que haya habido condena". Vid. también STC 57/1987, de 18 de mayo. En relación también con el juicio de faltas, SSTC 168/1990, de 5 de noviembre, 47/1991, de 28 de febrero y 11/1992, de 27 de enero. 518 "1 1 ) los Tribunales de Instancia, no pueden sancionar cualquier delito más grave que el que haya sido objeto de acusación; 21) dichos Tribunales, no pueden castigar un delito distinto al que haya sido objeto de acusación, aunque, la Ley, le señale pena inferior, a menos que reine una gran homogeneidad entre una y otra infracción; 3 1 ) tampoco pueden apreciar agravantes genéricas o subtipos agravados, no invocados por las acusaciones; y 4 A ) todo ello será posible si, el Tribunal prOvincial, usa de la facultad a la que se refiere el articulo 733 de la Ley Procesal Penal, aunque, el Tribunal constitucional, en algunas sentencias, para la viabilidad de ese medio, exige que, una vez planteada la tesis, la asuma cualquiera de las acusaciones haciéndola propia.". 263
pi La STS de 17 de junio de 1991 (RA 4735) F. J. 4 Q , establece que la imposición de pena más benigna que la aceptada por medio de la conformidad por el procesado, no supone una vulneraci6n del principio acusatori0519 • Por el contrario, otra de las concretas manifestaciones del principio
acusatorio
en
el
proceso
penal
consiste
en
Id
imposibilidad de imponer una pena más grave que aquella que haya sido objeto de acusación, excepto si se emplea la posibilidad llamada tesis de la desvinculación,
recogida en el arto
733
LEcrim520 • Afirma
también con
rotundidad el TC que
"el principio
acusatorio debe respetarse en cada instancia, lo que significa que así como no basta con la acusación formulada en primera instancia si no vuelve a formularse en la segunda, tampoco puede admitirse que una
acusación
introducida por primera vez
en
apelación venga a sustituir a una acusación no formulada en la primera
instancia",
ello
supondría
una
vulneración
de
las
519 "La vinculación estricta debe entenderse pues como prohibición de imponer pena superior a la acordada por las partes, pero ello no ha de impedir que el Tribunal pueda bajarla dentro de las facultades que la Ley le concede," y más adelante, "en resumen, no se suplanta la misión que a las acusaciones corresponde ni se quebranta el principio acusatorio. Antes al contrario, al imponer pena más benigna que la pedida y conformada, si lo es dentro de sus límites, no se hace sino proyectar, con toda su grandeza, el principio de la más estricta legalidad. " . 520 STS de 15 de febrero de 1990 (RA 1550) FF. JJ. 2Q Y 3Q. Vid. sobre esta cuestión, MONTEROIORTELLS I GOMEZ I MONTON Derecho l.urisdiccional, 111, op. cit., pp. 313-321. GlMENo/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit. Pp. 455-457. ARROYO DB LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de ~uiciamiento criminal, op. cit., pp. 409 Y ss. 264
&i
exigencias del principio acusatorio y por tanto del proceso debid0521 • El TS afirma, a modo de ejemplo práctico y resolviendo cuestiones puntuales, que supone una vulneraci6n del principio acusatorio cuando "al acusado se le aplica la circunstancia agravante de reincidencia, sin tener en cuenta que el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, no lo solicita en sus conclusiones def ini ti vas ,,522.
3. Principio acusatorio y Juez legal
El derecho fundamental al Juez legal, predeterminado por la ley o Juez natural, puede deducirse con carácter general para todos los ordenes jurisdiccionales a partir de la definici6n del derecho al Juez legal penal que a continuaci6n insertamos y que lo conceptúa como aquél derecho fundamental "que asiste a todos los
sujetos
del
derecho,
a
ser
juzgados
por
un
6rgano
jurisdiccional, creado mediante Ley Orgánica y perteneciente a la jurisdicci6n penal ordinaria respetuoso con los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisi6n a la Ley y constituido con arreglo a las normas comunes de competencia
preestablecidas."ro 521 STC 100/1992, de 25 de junio, F. J. 2Q. 522 STS de 18 de enero de 1990 (RA 932) F. J. 3Q. 523 GIHENO/HORENO/ALMAGRO/CORTBS Derecho Procesal, t. II, op. cit., p. 48. HONTERO/ORTBLLS/GOKBZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. I, pp. 116-126. Donde se recogen los antecedentes hist6ricos y se destacan por un lado el aspecto positivo del derecho que supone la preexistencia de los OOJJ respecto a los hechos que serán enjuiciados además de la creaci6n y organizaci6n de dichos OOJJ conforme a una Ley orgánica y como derecho 265
En la STC 106/1989, de 8 de junio, el TC se pronuncia de forma inequívoca sobre la inescindible relaci6n entre el derecho a un Juez imparcial, implícitamente fundamental"S24
"garantía constitucional en el proceso
contenida
en
el
arto
24.2
de
la
Norma
(Juez legal/ordinario, en todo caso y en páginas
posteriores profundizaremos sobre el derecho específico al Juez imparcial, que aquí no podemos dejar de anunciar dada su íntima relaci6n con el
enunciado constitucional referente al
Juez
ordinario predeterminado por la ley del que se extrae) y el principio
acusatorioS~
presente del TC
de
modo
que
denota
la
tendencia
de dotar de un tratamiento unitario,
como
garantías integrantes del derecho al proceso debido, al arto 24.2 fundamental susceptible de amparo, y por otro lado el aspecto negativo que se manifiesta en la prohibici6n de los tribunales de excepción. vid. también GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., pp. 331-332. GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 33 Y ss. RAMOS MENDEZ P. El Proceso Penal ..• , op. cit., pp. 19-23. HORENO/CORTES/GlMENO Introducción ••• , op. cit., pp. 93-99. 524 STC 113/1992, de 14 de septiembre, F. J. 3g. 525 Necesidad de atribuir la fase de instrucci6n y la del juicio oral a OOJJ distintos¡ vid. STC 106/1989, F. J. 3g sobre el preciso alcance del concepto actividad instructoria, ya que no toda actividad previa merece tal calificación, por no constituir actividad inquisitiva, y consecuentemente puede no haber comprometido la imparcialidad de quien la realiza. La STS de 27 de mayo de 1988 (RA 3849) en su F. J. 1 9 , permite distinguir entre el derecho a Juez ordinario predeterminado por la ley, arto 24.2 CE, como aquél derecho a que quien conoza del caso sea un "juez ordinario fijado previamente por el ordenamiento jurídico para conocer de tales actuaciones¡" quedando por tanto excluida la posibilidad de "un nombramiento ad hoa para conocer de ellos ni designación extravagante alguna, en este sentido.", del derecho al Juez imparcial, derecho no expresamente contemplado en el mencionado arto 24.1 CE, extraible del arto 117.1 CE, Y que no necesariamente se dará con la determinaci6n del juez legal, se trata de una circunstancia añadida que supondrá la no concurrencia de causa alguna de abstenci6n o recusación en el Juez ordinario. Arts. 217 y ss. LOPJ. Arts. 52 y ss. LECRIM¡ Arts. 188 y ss. LEC. vid. ARROYO DE LAS HERAS/KUÑOZ CUESTA, ~ ~e Enjuiciamiento criminal, op. cit., pp. 66 Y ss. 266
CE526 -
considerando la del Juez
legal como una garantía del
proceso debido que es calificado en esta STC como derecho fundamental integrado por las garantías que componen el arto 24.2 CE
527
En la tramitación de un proceso penal la garantía del Juez legal, en virtud de la vigencia del principio de inmediación, supondrá que necesariamente deberá ser el Juez que ha presidido el juicio oral, ante quién se practicaron las pruebas, quién pronuncie la sentencia, (SSTC 145/1985, 57/1986, 145/1987), so pena de vulneración de la tutela judicial efectiva. Sin embargo en la tramitación de los procesos civiles esta garantía no opera de igual manera dado que no rige el principio de inmediación, y cuando lo hace no tiene las connotaciones y consecuencias que hemos mencionado en relación con el proceso penal, de manera que el supuesto en el que el Juez sentenciador fuera distinto al Juez
526 Ello permite terminar con situaciones de incertidumbre como las provocadas por el ATC 341/1982, de 10 de noviembre, comentado
en páginas anteriores, de donde se podía deducir la convivencia, dentro del arto 24. 2 CE de las garantías del proceso debido junto con otras garantías o derechos diferentes. 527 F. J. 212 "Como ha tenido ocasión de señalar este Tribunal en sus SSTC 113/1987, fundamento jurídico 4 Q , 145/1988, 47/1982, 261/1984, 44/1985 Y 148/1987, de las garantías del proceso debido, que reconoce como derecho fundamental el arto 24.2 CE, forma parte la del Juez imparcial, la cual constituye no sólo una de las notas esenciales del principio acusatorio, que encuentra su protección constitucional en el derecho a un "proceso con todas las garantías", sino también y al propio tiempo es un derecho fundamental, implícito en el derecho al Juez legal proclamado en el mismo núm. 2 del artículo 24 de la Constitución.". El TS, STS de 30 de septiembre de 1985 (RA 4581) F. J. 612, incluye al Juez ordinario entre aquellos "derechos o principios que, siendo autónomos e independientes en el art. 24.2, emanan y derivan de esa tutela efectiva que los jueces Obligatoriamente han de dar al ciudadano; proceso con plenas garant1as, proceso regido por el juez ordinario •.• ". 267
que tramitó los autos y presidió la comparecencia, no supondría vulneración alguna del proceso debido por indefensiónsu • En
la
STC
4/1990,
de
18
de
enero
se
constata
una
vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, por tanto del proceso debido, por atribución indebida de un asunto a una jurisdicción
jurisdicción especial,
en el caso concreto la
milita~~.
El TS colabora igualmente en el establecimiento de los límites
del
derecho
que
nos
ocupa,
y
así
y
en
relación
específicamente con la imparcialidad establece: "1.12 El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley que proclama el inciso primero del núm. comporta,
2 del
arto
24 de
la Constitución
cuando de Tribunales colegiados se trata,
que las
528 STC 189/1992, de 16 de noviembre, FF. JJ. 3 12 Y 412. En la STS de 10 de marzo de 1986 (RA 1171) se destaca la vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (y por tanto del proceso debido), cuando se nombran Jueces especiales civiles para la sustanciación y resolución de juicios universales. Por lo que al proceso penal concierne y en relación al principio vigente de inmediación, la STS de 29 de enero de 1993 (RA 220) F. J. 112, establece que se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, y dentro de él el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, cuando tras la suspensión del juicio oral, se reanuda anta un Tribunal distinto del anterior, al haber sido sustituido uno de los Magistrados que componían la Sala ante la que se llevó a cabo la parte inicial del juicio oral. vid. arto 793.4 LECRIM. 529 F. Jo 312 "En la STC 75/1982, este Tribunal sostuvo que el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, que está reconocido como derecho fundamental en el arto 24 o2 de la Constitución, resulta vulnerado cuando se atribuye indebidamente un asunto a una jurisdicción especial en vez de a la ordinaria." o También en relación con la jurisdicción militar, establece la STC 106/1992, de 1 de julio en su F. J. 212, Y con respecto al procedimiento de habeas corpus, que será competente para su conocimiento - por tanto juez legal - el correspondiente de la jurisdicción militar, cuando la razón de la detención que provoca la posterior interposición del habeas corpus, sea una sanción para cuyo conocimiento es competente la jurisdicción militar. En la jurisprudencia del TS vid., V. gr. STS de 26 de noviembre de 1990 (RA 9166) F. J. 512. 268
partes conozcan anticipadamente la composici6n de la Sala que ha de resolver el caso litigioso en cuesti6n,
como único medio
posible de que puedan hacer uso de su derecho de recusaci6n (arts. 217 y ss. LOPJ), teniendo a este respecto declarado el Tribunal Constitucional STC 46/1982, de 12 de julio, que "el derecho a
ser juzgado por el Juez predeterminado por la Ley
comprende recusar a aquellos funcionarios en quienes se estime que
concurran
las
causas
legalmente
tipificadas
como
circunstancias de privaci6n de la entidad subjetiva o de las condiciones
de
imparcialidad
y
de
neutralidad".
2. g
En
concordancia con lo anteriormente dicho, el arto 203 de la LOPJ ordena que se notifique a las partes el nombre del Magistrado Ponente
y,
en
su
caso,
del
que
con
arreglo
al
turno
ya
establecido le sustituya, con expresi6n de las causas que motiven la sustituci6n"s30. Dentro de los Tribunales especiales, que sólo pueden existir por
estar
admitidos
por
la
CE,
merece
siquiera
una
breve
referencia el Tribunal del Jurado puesto que está llamado a constituir - y debería ser ya, dado que mientras no se habilite las
posibilidades de
participación de
los
ciudadanos
en
la
administración de justicia que la CE pretende se ve seriamente restringida - parte del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley y por 10 tanto parte del contenido del proceso debido en el ámbito que le sea propio.
530 STS de 5 de octubre de 1992 (RA 7524) F. J. 42. 269
Hasta el momento se refieren al Jurado únicamente el arto
.25 CE Y los arts. 19.2 y 83 LOPJ, que se limitan a sentar las
)ases de la futura Ley reguladora de la materia 531 •
C. Proceso debido y derecho de defensa
1. En genera1532
El derecho de defensa es un derecho, y también una garantia,
:undamental reconocido en los arts. 17.3, 24.1 Y 24.2 CE Y que
La sido definido por algún autor como "otro de los comodines
lolivalentes que rodea el ejercicio de la acci6n penal" cuyo
lignificado es "ante todo el derecho a defenderse en el juego de
.a contradicci6n. Es en realidad un derecho a mantener la postura
;31 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, op. cit., t. , pp. 62-78. En general vid., GOMEZ COLOMER J.L. Comentarios a .os articulos 19.2 v 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de .985: problemas prácticos aplicativos y de "lege ferenda" del 'uturo juicio con Jurados en el proceso penal, La Ley 1986, t. , pp. 1047-1073. FAIREN' GUILLEN' V. Los Tribunales de Jurados en .a Constituci6n española de 1978, Madrid 1979. GARRIDO FALLA P. ~omentarios ••. , op. cit., pp. 1846-1858.
Como curiosidad, aunque en absoluto carente de interés iientifico, en relaci6n con el tema del derecho a la defensa, 'id., UNION INTERNACIONAL DB ABOGADOS Carta internacional de los lerechos de la defensa, Justicia, Barcelona 1988, pp. 469 Y ss. 'a en el arto 1Q de la misma se hace referencia a que el derecho . la defensa es uno de los pilares del derecho a la justicia y , un proceso equitativo, al que califica de derecho fundamental.
132
270
procesal de parte acusadora o acusada. ,,533 Su aplicación en el proceso penal es decisiva. La STC 74/1984, de 27 de junio, establece en su fundamento jurldico 2Q que el derecho de defensa es uno de los contenidos del proceso debido s34 •
533 RAMOS MENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 16-18, en él se destaca la relación del derecho de defensa con la actividad probatoria, y con la defensa técnica por medio de la asistencia de Abogado y Procurador. GOMEZ DB LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 332-335, que lo vincula de modo esencial a la asistencia de Letrado. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional, t. 111, op. cit., pp. 298-301. GIMENO/MORENO ¡ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 174-180, donde se señala que su contenido 10 constituyen: La autodefensa y el derecho a la asistencia de Abogado. Como ejemplo de posibilidades de restricción de dicho derecho en relación especlficamente a la defensa técnica, vid. GOMEZ COLOMER J. L. La exclusión del Abogado defensor de elección en el proceso penal, op. cit., pp. 61 Y ss. 534 La mencionada STC 74/1984 resuelve un recurso de amparo
interpuesto frente a la resoluci6n recaida en un proceso contencioso administrativo, por 10 tanto las exigencias del proceso debido abarcan también a los procesos que se realizan en dicho orden jurisdiccional. y en relación al proceso debido afirma, F. J. 2 Q "Los derechos al proceso debido y a la defensa dentro de él exigen, entre otras manifestaciones, la de tener que llamar como parte en cualquier procedimiento a toda persona legitimada para ello, por poseer derechos o intereses legalmente otorgados para constituirse en parte procesal, y poder oponerse contradictoriamente a las pretensiones adversas a través de la dialéctica jurldica y de las justificaciones oportunas, por exigirse la constituci6n adecuada de la relación jurldicoprocesal entre las partes que tengan que ser genuinos e id6neos demandantes y demandadas, en atenci6n al derecho material debatido, en el conflicto intersubjetivo de intereses". Para determinar el contenido del derecho a la defensa ATC 374/84, F. J. 4Q "El arto 24.1 de la CE, al conceder a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de los 6rganos jUdiciales, exige que en ningún caso se produzca indefensión, 10 que significa que en el proceso ha de respetarse el esencial principio de contradicción asl como ha de permitirse a las partes contendientes alegar y probar sus derechos e intereses con vistas a su reconocimiento judicial. La privaci6n de alguna de estas garantlas procesales constituirla una vulneración del derecho de defensa, que también podr1a provenir en aquellos casos en los que la decisión judicial efectuara una variaci6n absoluta del debate, alterando las pretensiones objeto de la inicial contradicci6n y olausurando la posibilidad de defensa y pruebas pertinentes." 271
>
2. Extensi6n
Con respecto a la efectividad del derecho de defensa en las distintas fases procesales, se desprende de la doctrina del TC, SSTC 44/1985, de 22 de marzo y 66/1989, de 17 de abril, y de los arts. 118 y especialmente 302 (instrucción e intervención de las partes personadas en todas las diligencias del procedimiento) ambos de la LECrim, la efectividad del derecho de defensa del imputado, a través de la intervención, en todas las fases del procedimiento con particularidades, en su caso, en relación a la fase sumaria 1535 • El derecho de defensa, y dentro de él el derecho a la asistencia letrada, sólo desplegará su eficacia, permitiendo la impugnación de la actuación correspondiente, cuando se produzca indefensión efectiva. "y ello no ocurre en este caso, en el que los procesados - salvo uno - negaron los hechos imputados y en las fases del proceso en que se materializó la acusación contaron con Letrado de su elección para la asistencia procesal que estimaron adecuada y conforme a sus intereses. ,,536 •
535 STC 66/1989, de 17 de abril, F. J. 4Q "Se establece as1 un principio de intervención procesal que, ••• , resulta del derecho de defensa del imputado en todas las fases del procedimiento, •••• Pero ha de recordarse también que en la fase de investigación (es decir, antes y fuera de la fase de vista oral) el Tribunal ha precisado en la citada Sentencia (STC 44/1985) que ese derecho "podrá restringirse en los supuestos especiales y extraordinarios que exija la investigación según las leyes procesales" .... J
STS de 7 de febrero de 1992 (RA 1108) F. J. 3 Q, señala igualmente esta sentencia que las pruebas producidas con irregularidades procesales en la fase sumarial o instructoria, generan su nulidad autónoma, sin afectar al resto del proceso, no PUdiendo ser consideradas aptas para enervar la presunción de inocencia, (también STS de 16 de enero de 1992 (RA 169) F. J. 2 Q, entre otras). 536
272
" Jea;
3.
Derecho
a
ser
informado
de
la
acusaci6n.
Derecho a la intervenci6n de intérprete
El sujeto pasivo del proceso penal tiene derecho a estar en todo momento informado de las actuaciones procesales que se realizan y en las que está involucrado, ese derecho comienza con el inicio del propio proceso penal, as! arto 17.3 CE donde se recoge el derecho a ser informado de los motivos de la detenci6n, y tiene una especial manifestaci6n en el derecho que ahora nos ocupa a ser informado de la acusaci6n frente a él formulada del art.
24 • 2
CE Y que actúa como presupuesto del derecho de
defensa S3? • En
la
STC
30/1989,
de
7 de
febrero,
encontramos una
expresi6n que entendemos, ateniéndonos al significado gramatical de las palabrass38 , sin6nima a la que constituye el obj eto de nuestra tesis - las referencias a su contenido nos confirman dicha identidad -
En la referida STC se habla de "proceso
iusto"S39, y respecto al mismo se afirma que comporta, dentro del derecho a la defensa - que como ya hemos destacado en páginas anteriores constituye uno de los contenidos del proceso debido y de su correlativo derecho a ser informado de la acusaci6n, con
la finalidad de asegurar en determinados casos la eficacia de 537 RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., p. 162. GOMEZ DE LXAÑo P. El proceso penal, op. cit. pp. 335-338. 538 REAL ACADEMXA ESPAÑOLA Diccionario de la lengua española, Madrid 1984, pp. 442 Y 806. 539 La terminología empleada no es ajena a Tribunales diferentes del TC español, as! v. gr. vid. STEDH de 6 de diciembre de 1988, oaso Barberá, Messegué y Jabardo, en relaci6n al arto 6 CEDH y el derecho a un proceso justo. vid. STS de 20 de enero de 1993
(RA 132) F. J. li2. 273
dicho derecho a ser informado, el derecho a la intervención de un intérprete, cuya no concurrencia - cuando procediere - será determinante de la indefensión de la parte a quien
afecte~.
La información de la acusación formulada debe realizarse de tal manera que permita al imputado una defensa completa. Así, afirma el TS que "tras la vigencia de la Constitución de 1978, todo imputado tiene derecho a conocer de lo que se le acusa, no pudiendo producirse la imputación de nuevas infracciones, de un modo sorpresivo y que le suma en la más completa indefensión consecutiva
al
desconocimiento
de
una
calificación
que,
el
Tribunal, mantuvo in pectore y que no exteriorizó sino cuando el acusado
ya
no
podía
articular
ni
alegaciones
ni
pruebas
exculpatorias. ,,541. 540 En relación con el derecho a ser informado de la acusación formulada, la STS de 25 de marzo de 1987 (RA 2212) F, J. 12, afirma refiriéndose a los diferentes momentos en que dicho derecho deberá hacerse efecti vo, "la información dicha, debe facilitarse al detenido o preso desde el mismo momento en que es privado de libertad, debiéndosele informar, de nuevo, a través de la notificación del auto de procesamiento, y que, finalmente, se le enterará de las causas o motivos por los que es enjuiciado, en los escritos de calificación provisional de las partes acusadoras, y en su caso, en los escritos de conclusiones definitivas de las mismas,". STS de 29 de septiembre de 1989 (RA 7517) F. J. 52, que establece la relación necesaria existente entre "el principio acusatorio que preside la fase plenaria del proceso penal español y el derecho constitucional que tienen todos los acusados, y les reconoce el artículo 24 de la Constitución, de conocer aquéllo concretamente por lo que se les acusa,". Respecto al derecho a la intervención de un intérprete, vid. ARROYO DE LAS HERAS/HUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento Criminal, op. cit., pp. 288 Y ss. 541 STS de 9 de septiembre de 1987 (RA 6327) F. J. 32. En el mismo sentido STS de 15 de marzo de 1988 (RA 2019) F. J. 52, "la ratio essendi del mandato constitucional contenido en el número 2 del artículo 24 de la Constitución de que todos tienen el derecho a ser informados de las acusaciones formuladas contra ellos, se encuentra en la necesidad de evitar que pueda llegar a producirse indefensión ante el desconocimiento de pretensiones qUe impida la posibilidad de impugnarlas,". y finalmente afirma el TS en sentencia de 15 de abril de 1992 (RA 3060) F. J. 4 2 , "la 274
En relación al derecho a ser informado de la acusación afirma el TC que "dado que los derechos de defensa se han de mantener en cada instancia (SSTC 245/1988, F. J. 3 Q¡ 31/1989, F. J. 3 Q ) , no cabria argumentar que la petición de esa acusación ya era conocida al actor." De manera que "cuando el recurrente es el acusador y no el acusado, en realidad en el recurso se está ejerciendo una acción penal, una acusación contra el recurrido de
la que debe ser
informado,
como exige el arto
24.2
CE,
exactamente igual que si de la primera instancia se tratara. Los derechos de información y
defensa que asisten al acusado en
primera instancia han de preservarse también en via de recurso, pues materialmente la situación no ha variado"S42. Establece el TS que el derecho del imputado a ser informado de la acusación formulada, asuntos
relativos
momento
de
la
al
orden
imputación,
debe ser también aplicado en los jurisdiccional aunque
en
el
militar
CÓdigo
de
desde
el
Justicia
Militar, ya derogado, no existia norma equiparable al arto 118
acusación ha de ser clara y precisa para que el acusado pueda defenderse de aquello que se le imputa, sin que el Tribunal pueda introducir en la sentencia hechos por los que no se acusó, pues si asi lo hiciera violaria el derecho que nuestra Constitución concede a todo acusado de ser informado de la acusación contra él formulada (art. 24.2) y causaria indefensión (art. 24.1)". En el procedimiento administrativo sancionador, STS de 19 de diciembre de 1991 (RA 311) FF. JJ. 3Q Y 4 Q, supone una VUlneración del derecho a la defensa, arto 24.2 CE, con lo que resulta estimado el recurso de casación interpuesto y la consiguiente nulidad y retroacción de actuaciones, la falta de notificación de pliego de cargos y propuesta de resolución. vid. STC 29/1989, de 6 de febrero. 542 STC 99/1992, de 22 de junio, F. J. 2Q. SSTS de 19 diciembre de 1986 (RA 7959) i de 9 de septiembre de 1987 6327); de 30 de abril de 1990 (RA 3398) F. J. 2Q Y de 18 ~ctubre de 1990 (RA 8177) F. J. 4Q. Dentro del derecho a lnformación en general, vid. arto 520 LECRIM. 275
de (RA de la
LEcrim, ya que es prevalente, de directa aplicación y obligado respeto el arto 24.2
C~3.
Los supuestos en los que es precisa la intervención de intérprete, que deberá hacerse efectiva aún sin una especifica configuración legal, no se limitan a aquellos en los que el acusado desconoce el idioma del Tribunal, sino que su correctú entendimiento abarcará todas las situaciones en las que aquél no comprenda o comprendiendo no pueda hacerse entender,
por el
motivo que sea, por el Tribunal; v. gr. la sordomudez de la parte tal y como ocurre en la STC de referenciaS«.
4. Derecho a la asistencia de letrado
543 STS de 22 de febrero de 1989 (RA 2789) F. J. 22. Hay que tener en cuenta que la nueva LO 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, si incorpora en su articulado, concretamente arto 125, el derecho a ser informado de la acusación formulada, adaptándose asi a lo dispuesto por el arto 24 CE. 544 F. J. 3Q "Por otra parte, la garantia de un proceso justo y el ejercicio de la adecuada defensa comporta también, como premisa necesaria, asegurar la comprensión del acusado sobre el sentido y significado de los actos procesales realizados y de las imputaciones efectuadas, independientemente de la clase de proceso, lo cual supone la intervenci6n de un intérprete cuando sea necesaria para garantizar la efectividad de dichos derechos". Vid. arto 10.2 CE, arto 6.3.e) CEDH y arto 14.3.f) PIDCP, en relación al derecho a la asistencia gratuita de intérprete y a su interpretación por los tribunales españoles. vid., SSTC 5/1984, de 24 de enero, 74/1987, de 25 de mayo y 71/1988, de 19 de abril. vid. también, SSTEDH de 26 de abril de 1978 (Luedicke, Belkacem y K09) y de 21 de febrero de 1984 (Oztürk). STS de 16 de febrero de 1993 (RA 1146) F. J. 6 Q , no se vulnera el derecho a la intervención de intérprete cuando este no ha sido reclamado a lo largo de la tramitaci6n de la primera instancia; la mera nacionalidad distinta de la española del inculpado no determina la intervenci6n de intérprete, si aquél conoce suficientemente la lengua española. vid. ARROYO DB LAS HBRAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento Criminal, op. cit., pp. 288 Y ss. 276
Es posiblemente el principal de los derechos que integran el derecho, más amplio, de defensa y consiste en garantizar la asistencia técnica de Abogado, de elecci6n y subsidiariamente nombrado de oficio, en todas las diligencias tanto policiales como judiciales donde su presencia sea
preceptiva~s.
La STC 135/1989, de 19 de julio, se ocupa de determinar momento
desde
el
que
integrado en el arto
la 24.2
asistencia
letrada,
como
~l
derecho
CE Y por tanto parte del proceso
debido, es exigible; y ello dependerá de la valoraci6n de Juez Instructor, ya que el art 118.2 LECrim no puede ser entendido literalmenteS46 •
545 En general vid. ARROYO DB LAS HERAS/HUÑOZ CUBSTA Ley de Enjuiciamiento criminal, op. cit., pp. 103 Y ss. Y 286 Y ss. GIHENO/MORBNO/ALHAGRO/CORTBS Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 175-179. GOHBZ COLOHER J.L. La exclusi6n del abogado defensor de elecci6n ••• , op. cit., en donde se define desde el punto de vista constitucional el derecho a la defensa técnica, pp. 124139. Y además se manifiesta contrario a las restricciones de dicho derecho que supone el arto 527, a) LEcrim, por considerarlas no acordes con los arts. 17.3, 24.2 Y 55.2 todos ellos de la CE, pp. 139-145 Y 157-158. 546 F. J. 3 Q "Es el titular del 6rgano instructor quien debe ponderar si la atribución, formulada por ejemplo por un testigo, de un hecho punible a persona cierta es "más o menos fundada" o por el contrario manifiestamente infundada. Es el instructor quien debe efectuar una provisional ponderaci6n de aquella atribución, y s6lo si él la considera veros1mil o fundada de modo que nazca en él una sospecha contra persona determinada, deberá considerar a ésta como imputado, poner en su conocimiento la imputaci6n y permitirle o proporcionarle la asistencia de Letrado.". En el mismo sentido vid. STC 188/1991, de 3 de octubre. STS de 4 de febrero de 1985 (RA 862). vid. además STS de 29 de marzo de 1989 (RA 2764), F. J. 2 Q , en ella se afirma que se tiene derecho a la asistencia de letrado desde el momento de la detenci6n, en caso contrario se producirá la vulneración del derecho a la defensa. Pormenorizadamente se trata en la STS de 14 de junio de 1991 (RA 4714) F. J. 2Q. STS de 7 de febrero de 1992 (RA 1108) F. J. 3 Q , sobre supuestos en los que las irregularidades procesales, falta de asistencia de letrado en este caso, no producen indefensión. STS 18 de diciembre de 1992 (RA 10439). vid. además, arts. 118.1, 384 Y 520 LECRIM. 277
"
.{
En la STC 135/1991, de 17 de junio, encontramos algunos de loS elementos claves que nos permitirán fundamentar la tesis que proponemos sobre el contenido del proceso debido. En ella el TC detecta - dado que el amparo es otorgado ante la inexistencia de nombramiento de Abogado y Procurador de oficio tal y como el ahora demandante de amparo solicitara - una única violaci6n del derecho de defensa (art. 24.2 CE) - "garant1a que conforma el derecho
al
proceso
vulneración del
debido",
derecho
a
que
la
supone
tutela
necesariamente
una
jUdicial efectiva
sin
indefensión (art. 24.1 CE) 547. No basta con que se dé formal o aparentemente la asistencia de letrado - supuestos de designación de abogado de oficio - , es decir que éste haya sido nombrado, sino que la misma deberá ser
una
"asistencia
técnica
efectiva"
para
garantizar
"el
verdadero contenido de la garant1a constitucional en el proceso, reconocida en el arto 24.2 de la Constitución, contemplada en el arto 6.3 CEDH y en el arto 14.3, d), del PIDCP, e interpretada 547 F. J. 2" "Dentro del haz de garant1as que conforman el derecho al proceso debido figura, como reiterada y firme
jurisprudencia de este Tribunal tiene declarado, el derecho a la asistencia letrada. Este derecho supone que tal asistencia, de acuerdo a la STC 37/1988 (fundamentos jur1dicos 6" y 7"), que recoge la doctrina del TEDH, debe ser, además de real y efectiva, proporcionada, en determinadas condiciones, por los poderes públicos ... "No haber actuado en el presente caso los órganos jUdiciales en orden a la preservación del derecho de defensa del ahora recurrente en amparo ha lesionado sus derechos constitucionales del arto 24.1 Y 2 CE, que corresponde ahora restablecer.". Con respecto a la jurisprudencia del TS vid., v. gr., STS de 2 de junio de 1986 (RA 3087) FF. JJ. 4" Y 6", "El derecho de defensa y asistencia que el párrafo 2" del arto 24 de la Constitución Española, establece en relación con el arto 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha sido vulnerado, de suerte que la pasividad del procesado en cuanto a la designación de un Abogado de su elección - fue suplida, hasta donde pod1a hacerse por el órgano judicial, el cual veló, por tanto, por el cumplimiento del derecho de defensa y el requisito procesal que la misma implica.". 278
en el sentido indicado por diversas resoluciones del TEDH y por la jurisprudencia de este Tribunal "S48. El derecho a la asistencia letrada "es predicable en el ámbito procesal penal, no sólo de los acusados, sino también de quienes comparecen como acusadores ejerciendo la acción penal. Ello comporta,
de forma esencial,
que las partes acusadoras
puedan encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien merezca
su confianza
y
consideren más
adecuado
para
instrumentar su propia defensa. "S49 • El derecho a la asistencia de Letrado no resulta vulnerado en el supuesto en que el Abogado del inculpado deja de serlo por actuar como testigo, siendo sustituido en su cometido por otro Abogado, sin que se produzca por ello protesta alguna. Hay que tener en cuenta también que cualquier otra soluci6n hubiera podido comprometer
el
derecho a
un proceso sin dilaciones
indebidas, sin ofrecer como contrapartida un más perfecto derecho a la asistencia de
Letrados~.
A la cuestión de determinar si, en un procedimiento en que no es preceptiva la asistencia letrada (juicio de faltas, 962 y ss. LECrim), la negativa del OJ a la suspensión del juicio oral por motivo de la incomparecencia del Abogado de una de las partes supone una vulneración del derecho a la defensa y por tanto, según ha quedado anteriormente aclarado, del proceso debido, responde el TC que "la pervivencia del derecho a la asistencia
548 STC 178/1991, de 19 de septiembre, F. J. 19. 549 STC 193/1991, de 14 de octubre,
F. J. 2 g , vid., arto 113
LECrim. 550 STS de 19 de enero de 1993 (RA 396) F. J. 6g. 279
letrada, incluso en aquellos procedimientos en los que no resulta preceptiva, favorecer
impone a los órganos judiciales la obligación de el
efectivo
ejercicio
de
ese
derecho,
una
vez
manifestada la voluntad inequívoca de cualquiera de las partes de ser asistida por un Abogado de su elección, abstenerse
de
interponer
obstáculos
así como la
impeditivos
a
dicho
ejercicio, sin otras limitaciones que aquellas que pudieran derivarse
del
derecho
de
dilaciones indebidas (STC
la
otra
parte
a
un
proceso
sin
47/1987)."5~.
D. Proceso debido y arto 24 CE
Paulatinamente hemos podido constatar la dificultad que en la mayoría de
los
casos entraña el
intento de mantener
la
separación que, únicamente a efectos de orden y claridad, hace la CE de su arto 24 como una separación esencial. Numerosa
jurisprudencia
relaciones esenciales, números del arto
se
encarga
de
destacar
las
la total interdependencia entre ambos
24 CE al que,
en consecuencia, dotan de un
tratamiento unitario. Con respecto a lo que no existe acuerdo es en
la
calificación
de
la
naturaleza
de
dicho
precepto
constitucional. Volviendo a la STC 74/1984, de 27 de junio, y en particular a su fundamento jurídico 3 g ,
apreciamos una nueva referencia
explicita al proceso debido como resultado de la aplicación de la totalidad del arto
24 CE
(sin distinción de números, sino
551 STC 208/1992, de 30 de noviembre, F. J. 2g. 280
considerado
en
su
conjunt0552 ).
El
amparo
es
otorgado,
sin
embargo, por vulneración del derecho fundamental de defensa, no por análoga circunstancia - vulneración - en relación con el proceso debido. Nuevamente encontramos una referencia al contenido del proceso
debido,
de
manera
explicita
aunque
empleando
una
terminologia diversa (producto de su descripción desde un punto de vista del contenido del mismo), en la STC 30/1986, de 20 de febrero, donde se afirma por los recurrentes y no se cuestiona por el Tribunal que el contenido del proceso debido
("las
garantlas procesales debidas"), se halla definido a través de los enunciados de los números
lS~
y 212 del art. 24 C~53.
otra referencia, aunque esta vez no es expllcita, al proceso debido, al arto 36/1991,
24
CE en su conjunto, la hallamos en la STC
de 14 de febrero (cuestiones de inconstitucionalidad
acumuladas en relación con la legislación, parcialmente derogada,
552 F. J. 3g "Ciertamente que el actor en dicho proceso previo no hizo referencia directa y expresa de las personas legitimadas como demandadas para soportar su pretensi6n y que indudablemente conocla, pues la resolución del concurso era la causa de su pretensi6n, pero su omisi6n negligente o deliberada no puede favorecerle, por que estaba obligado a respetar el proceso debido que el arto 24 de la C.E. garantiza, ••• ". 553 F. J. 712 "En el apartado quinto de la fundamentaci6n jurldica de la demanda aducen los recurrentes habérseles deparado lesi6n en su derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 de la constitución), lo que - añaden - habrla originado en su disfavor indefensi6n y merma, también, en las garantías procesales debidas (apartados 112 y 212 del mismo precepto de la Norma fundamental)". El arto 24 CE Y por lo tanto el proceso debido no son enteramente aplicables a los procedimientos disciplinarios. vid. SSTC 2/1987, 190/1987, 192/1987. De forma más matizada en la STC 58/1989, de 16 de marzo, F. J. 412 "Las garantlas previstas en el arto 24.2 de la Constituci6n son aplicables, además de en el proceso penal, en los procedimientos administrativos sancionadores, con las modulaciones que resulten de su diferente naturaleza.". 281
sobre Tribunales TUtelares de Menores), donde, y ahí radica el interés, se hace referencia al alcance o extensi6n del citado artículo de la CE, en una consideración una vez más unitaria proceso
debido
y
calificando
su naturaleza
como derecho
fundamental, concretamente la referencia es a los procesos de menoresSS4 • Parece que en la STC 188/1991, de 3 de octubre, se produce una equiparación entre la tutela judicial efectiva y el proceso debido al menos en tanto en cuanto son diferenciados ambos - por exceso - de lo que constituye el estricto contenido del arto 24.2 C~SS.
Una nueva referencia procedente en esta ocasión del TS nos proporciona un elemento más que permitirá el tratamiento conjunto del arto
24 CE,
cuyos enunciados -
siempre a juzgar por la
mencionada referencia - participarían de una doble naturaleza, 554 A. 8 Q , argumentación del Fiscal General del Estado en relaci6n al arto 15 LTTM, "El arto 24 de la CE también alcanza a los procesos de menores, aunque persigan fines correccionales, educativos o protectores, porque los derechos fundamentales se reconocen a todas las personas, sin que sea posible ninguna discriminación. Así el arto 14.1 del PIDCP establece que las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia, y las "Reglas de Beij ing" disponen una serie de garantías y derechos en el proceso en materia de menores, y, por último, la resoluci6n 20/1987, del Consejo de Europa, establece la necesidad de reforzar la posición legal de los menores durante todo el proceso, reconociéndoles las mismas garantías procesales que a los adultos.". (El arto 15 LTTM es finalmente y por las razones aducidas declarado inconstitucional). 555 F. J. 2Q "En primer término, es necesario distinguir, con arreglo a la doctrina de este Tribunal (por todas STC 196/1987), entre la asistencia letrada al detenido en las diligencias POliciales y judiciales, que la Constitución reconoce en el apartado 3 del arto 17 como una de las garantías del derecho a la libertad personal protegido en el apartado 1 de este mismo artículo, y la asistencia letrada al imputado o acusado que la propia constitución contempla en el arto 24.2 dentro del marco de la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso debido .... 282
como principios procesales y como derechos fundamentales. Asi, se afirma que " ••. el Juzgado o Tribunal que preside el juicio tiene que partir de los principios que regulan el proceso y que aparecen consagrados como derechos fundamentales de la persona en el arto 24 CE. ,,556. También procedente del TS la STS de 10 de febrero de 1990 (RA 1375) F. J. 19 C, se refiere de forma explicita tanto al proceso debido como a su positivización en el arto 24 CE en la totalidad del mismo, sin distinción de
númeross~.
Una última tendencia definitiva y explicita que procede también de la jurisprudencia del TS (STS de 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 1 9 ), afirma: "El horizonte final del derecho al proceso justo o debido según ley - queda patente la identidad de las expresiones proceso justo o debido - que establece el arto 24 de la Constitución no es otro que la interdicción de la indefensión.". En el mismo sentido la STS de 9 de febrero de 1993 (RA 952) F. J. 2 g , incide en la equivalencia del "derecho fundamental a un proceso debido según ley"
(nótese el paralelismo en
la
traducción de la expresión inglesa "due process of law") con la totalidad
del
arto
24
CE
además
de
con
otros
preceptos
constitucionales - en este caso arto 120.3 CE sobre la motivación de las sentencias - que de él se deri vanSS8 • 556 STS de 5 de enero de 1990 (RA 276) F. J. 2g. 557 "C) A mayor abundamiento, las exigencias del proceso debido según ley genéricamente establecidas en el articulo 24 de la Constitución (R. 1978, 2836 Y Ap. 1975-85, 2875)". 558 "La más reciente doctrina jurisprudencial de esta Sala (Sentencias, entre varias, de 27 febrero y 30 noviembre 1989 (RA 1675 Y 9363), 9 octubre y 10 diciembre 1990 (RA 7944 Y 9437) Y 283
E. Proceso debido y principio de publicidad
De la puesta en relación de los arts. 120.1 y 24.2 de la CE y
de
la
constatación
de
que
los
principales
textos
internacionales incorporan la publicidad como garantía procesal fundamental a su articulado obtendremos que la publicidad es una de las garantías más importantes de las partes en un proceso. La STC 96/1987, de 10 de junio, establece una relación fundamental - aunque indirecta ya que lo hace a través de uno de sus contenidos, el principio de publicidad, - entre el proceso debido y el Estado de Derecho por el que la CE opta en su arto 1,
tal y como señalamos en páginas anteriores,
se trata de
proteger a las partes, dotándolas del derecho fundamental a un proceso público, frente a una justicia sustraída al conocimiento, valga la redundancia, público y de mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales ss9 • Por lo que al contenido del proceso debido respecta hallamos en la STC de referencia un nuevo elemento de los que integran la
12 septiembre y 10 octubre 1991 (RA 6146 Y 7049», viene cada vez más, de acuerdo con el derecho fundamental a un proceso debido según ley establecido en el arto 24 de la Constitución, del que es simple manifestación o consecuencia el deber de motivar las sentencias consagrado en el arto 120.3 de la misma norma esencial del ordenamiento jurídico.". 559 Derecho sobre el que también se pronuncia el TS, V. gr., STS de 4 de octubre de 1986 (RA 5478) F. J. 8g. vid. ARROYO DE LAS HERAS/KUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento criminal, op. cit., pp. 367 Y ss. También, Art. 680 LECRIM. SERRANO ALBERCA J. K. en GARRIDO FALLA F. Comentarios •.. , op. cit., pp. 1719 Y ss. MONTERO/ORTELLS/GOKEZ Derecho Jurisdiccional, I, op. cit., pp. 537-538. GOKEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., pp. 338340. RAMOS KENDEZ F. El proceso penal .•• , op. cit., pp. 36-38. GIKENO/KORENO/ALKAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. II, op. cit., Pp. 91-94. 284
instituci6n
y
además
uno
principio de
publicidad~.
de
los
elementos
esenciales,
el
La publicidad no constituye un derecho absoluto, sino que puede ser limitado en beneficio de determinados motivos previstos por
las
leyes
procesales
ordinarias,
siendo
además
dicha
conclusión acorde con los tratados internacionales que se ocupan
de establecer un catálogo de garantias procesales y que han sido
suscritos por España, asi lo recoge la STC 65/1992, de 29 de
abri1 561 • La publicidad deberá en todo caso darse con respecto a los procesados, la declaración de secreto asistida por alguno de los
motivos contemplados por la normativa al efecto afectará a los
560 F. J. 2" "Hemos de empezar señalando que el principio de publicidad, estatuido por el arto 120.1 de la Constituci6n, tiene una doble finalidad; Por un lado, proteger a las partes de una justicia sustraida al control público, y por otro, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho." A tener en cuenta la referencia al arto 6.1 CEDH y a las Sentencias del TEDH en los casos "Pretto y otros" y "Axen", ambos de 8 de diciembre de 1983. Vid. en lo relativo a los limites de la aplicaci6n del principio de publicidad en el proceso, STC 176/1988, de 4 de octubre. STS de 16 de septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1", en el que se destaca la importancia del proceso informado por la publicidad para alcanzar el juicio justo o proceso debido.
561 F. J. 2" "Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, y asi resulta de lo dispuesto al respecto por la Declaración
Universal de Derechos Humanos y por los tratados internacionales sobre esta materia suscritos por España, conforme a los que deben interpretarse los derechos fundamentales reconocidos en nuestro texto constitucional, por imperativo del arto 10.2 de la propia CE, (arts. 29 y 10 DUDH, arto 14.1 PIDCP, arto 6.1 CEDH), se deduce que el derecho a un juicio público y, en concreto, el acceso del público y de la prensa a la Sala de audiencia, durante la celebración del juicio oral, puede ser limitado o excluido, entre otras, por razones de orden público justificadas en una sociedad democrática, que estén previstas por las leyes.". 285
terceros, pero nunca a los procesados so pena de vulneración del derecho que nos ocupa562 •
F. Proceso debido e igualdad de armas
La STC 66/1989, de 17 de abr i 1 , incorpora un importante elemento al concepto de proceso debido -
"proceso con
las
garant1as debidas" en la mencionada STC - que a través de la jurisprudencia del TC vamos progresivamente perfilando, se trata de la "igualdad de armas ,,563 , que proviene de la interpretación del arto 6.1 CEDH y cuya necesidad ha apreciado, y as1 10 ha manifestado en diversas ocasiones el
TC~,
imponiendo a través
562 STS de 8 de mayo de 1991 (RA 3597) FF. JJ. 1Q Y 2 Q, por lo que a la práctica de la prueba respecta afirma, "No basta as1 con la concurrencia de la defensa técnica al acto, si el acusado permanece desconectado del mismo.". vid. arto 232.2 LOPJ. 563 La igualdad de' armas ha sido ya estudiada cuando en páginas anteriores nos ocupábamos de las manifestaciones del proceso debido en relación con el derecho alemán; Hay que tener en cuenta sin embargo que la igualdad de armas/"Waffengleichheit" tiene un alcance distinto en Alemania donde - a diferencia de España con una configuración de la acción penal como pÚblica - el MF tiene prácticamente el monopolio del ejercicio de la accción penal § 152 stpo, por 10 que el contenido que vimos no tiene por qué coincidir con la igualdad de armas que para España diseñe el TC. En cualquier caso la justificación última de la necesidad de una igualdad de armas proviene de que los poderes del estado en el ejercicio del ius puniendi del que es titular, son inf ini tamente mayores a los medios que el inculpado podrá emplear en 8U defensa. La situación descrita es en la práctica dificilmente equilibrable por medio de una estricta igualdad de armas, por lo que, recordemos, la doctrina alemana prefiere emplear por su distinto alcance el concepto de igualdad de oportunidades/"Chancengleichheit". Vid. v. gr. STC 14/1992, de 10 de febrero, en cuanto a su fundamentación. vid. GOHEZ COLOHER J.L. El proceso penal alemán ... , op. cit., S 3, pp. 44-45. GOHEZ COLOHER J.L. El proceso penal españolo .• , op. cit., § 5, p. 48. MORENO/CORTES/GIHENO Introducción ••• , op. cit., pp. 240-241. 564 V. gr., SSTC 27/1985, de 26 de febrero, 109/1985, de 8 de octubre, 47/1987, de 22 de abril, 155/1988, de 22 de julio. 286
del arto 24 CE a los OOJJ la obligación de promover el debate procesal respetando la igualdad entre la acusación y la defensa (la
STC
que
excluyente, aunque
nos a
parece
ocupa
otro orden que
en
no
hace
referencia
alguna,
tampoco
jurisdiccional distinto del penal, buena
lógica
la
igualdad
de
armas/oportunidades pude perfectamente ser adaptada a cualquier proceso) 565 •
G. Proceso debido y presunción de inocencia
1. En general
El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el arto
24.2
CE,
resuelve en relación con el proceso penal la
cuestión de la carga de la prueba al dotar al titular del OJ de una regla que le permitirá resolver, dentro de los limites del proceso penal,
la duda sobre la cuestión de hecho.
Hasta la
promulgación de la CE dicha regla se expresaba en el principio juridico in dubio pro reo, y su fundamento último radica en la preferencia de la absolución de un culpable al riesgo de condenar a un inocente de tal manera que el juzgador absolverá si no tiene la certeza,
proporcionada por cualquier actividad probatoria
565 F. J. 12Q "El reconocimiento del derecho a un proceso con todas las garantias implica ciertamente que para evi tar el desequilibrio entre partes, ambas dispongan de las mismas Posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.". Dicha igualdad de armas/oportunidades que en la fase sumarial Puede no desplegar toda su eficacia, "cobra singular relevancia en el juicio oral y en la actividad probatoria incluidos los Supuestos de prueba anticipada (art. 6.3.d CEDH); pero ha de respetarse también en la denominada fase intermedia del Procedimiento por delitos (STC 44/1985, de 22 de marzo". 287
realizada con las suficientes garant1as, sobre los hechos que determinan o excluyen la pena SM • La conexión entre el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el proceso debido se establece de forma exp11cita a través de la STC 107/1989, de 8 de junio. En ella se afirma la exigencia de actividad probatoria "practicada normalmente en el juicio oral con las debidas garant1as procesales" inmediación,
contradicción y publicidad)
presunción de inocencia 567 •
(oralidad,
para desvirtuar
la
De modo que sólo a través de la
actividad probatoria practicada dentro de un proceso en el que se respeten todas las garant1as del proceso debido se podrán anular los efectos de la presunción de inocencia, que de otra
566 HON'l'EROIORTELLS/GOMEZ/HON'l'ON Derecho Jurisdiccional, 111, op. cit., pp. 340-345. RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 356-361. GlHENO/HORENO/ALHAGROICORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 79-82. GOHEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 344-349. DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/HUERZAI TOME Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 451-455. 567 Son las garant1as debidas que disciplinan la práctica de la prueba en el juicio oral y en cuya exigencia el TC se ha mantenido constante desde el inicio de su actividad, vid., v. gr., SSTC 31/1981, de 28 de julio; 51/1990, de 26 de marzo, entre otras. Por lo que al TS respecta, vid., STS de 9 de mayo de 1991 (RA 3617) F. J. 25:1, "Oralidad, inmediación, publicidad, buena fe, lealtad procesal y contradicción, son principios que ratifican la provisionalidad de las pruebas sumariales (lo que no quiere decir que estas sean inútiles, ineficaces o instrascendentes), siempre en el sentido de que en el plenario todas las sumariales han de ser ratificadas, rectificadas o reproducidas en supuestos excepcionales incluso ya con la fórmula que el art1culo 730 procesal contiene.". vid. en lo relativo a la presunción de inocencia la compleja STS de 12 de marzo de 1992 (RA 2442) FF. JJ. 265:1 Y ss. También la STS de 16 de septiembre de 1992 (RA 7167) F. J. 1 12 , es ilustrativa al destacar la presunción de inocencia como elemento imprescindible del juicio justo o, (vid. STS de 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 15:1), proceso debido. 288
manera se constituirá como contenido necesario del propio proceso debido donde desplegará la eficacia que le
caracteriza~.
2. Alcance
568 F. J. 22 "Sin embargo, al haber sido elevada la presunción de inocencia por el articulo 24.2 de la Constitución al rango de derecho fundamental y, como tal, vinculante para todos los Poderes PÚblicos, su desvirtuación exige la existencia de una actividad probatoria, practicada normalmente en el juicio oral con las debidas garantias procesales, que contenga elementos incriminadores respecto a la participación de los acusados en los hechos ilicitos enjuiciados.". vid. SSTC 94/1990, de 23 de mayo, 140/1991, de 20 de junio y 10/1992, de 16 de enero. La primera STS que se ocupa de establecer de forma exhaustiva la doctrina general sobre la presunción de inocencia, es la de 3 de noviembre de 1982 (RA 6926) Considerandos 12 y 22. A partir de ese momento la jurisprudencia del TS es abundantisima al respecto, v. gr., Vid., STS de 21 de diciembre de 1983 (RA 6713) Considerando 4 g , en relación con la utilización de la jurisdicción ordinaria para impugnar la vulneración de dicho derecho, "habiendo establecido la doctrina de esta Sala, que el cauce más adecuado para la impugnación casacional es el núm. 2 del arto 849 de la LECRIM". otras SSTS, de 8 de junio de 1984 (RA 3525) Considerando 19. De 7 de diciembre de 1985 (RA 6006) F. J. 4 2 , "derecho fundamental del ciudadano!que ha de tomarse en consideraci6n por los órganos jurisdiccionales en su permanente función aplicadora de la Ley, encomendándose su salvaguarda y prevalencia a los Tribunales ordinarios, en todos sus grados e instancias,"; de 28 de octubre de 1986 (RA 5755) F. J. 4 2 , "tanto el derecho fundamental a la presunción de inocencia como el de igual rango a la no indefensión son, en cuanto puramente reaccionales, titularidades pertenecientes con carácter exclusivo a las partes acusadas y no a las acusadoras en el proceso penal,"; de 9 de junio de 1987 (RA 4699) F. J. 1 9 , en ella se afirma que la presunci6n de inocencia "no obsta ni empece al ejercicio, por parte de las AUdiencias, del soberano criterio valorativo de las pruebas - practicadas respetando los derechos fundamentales -, según la conciencia de los juzgadores, que le concede el articulo 741 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, o "racionalmente", tal como dispone el articulo 717 de la mentada disposici6n,"; de 1 de julio de 1988 (RA 5647) F. J. 3 2 ; de 18 de octubre de 1989 (RA 7712) F. J. 22; de 12 de septiembre de 1991 (RA 6147) F. J. 12, "el ámbito de la presunción de inocencia es el relativo a los "hechos", pues sólo ellos pueden ser objeto de prueba;"; de 8 de abril de 1992 (RA 3122) F. J. 12; de 21 de enero de 1993 (RA 142) F. J. 22, en relación a las declaraciones de coimputados como capaces de enervar la presunción de inocencia. Vid., también, arto 741 tECRIM, y ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOZ CUESTA Ley de Enjuiciamiento ~riminal, op. cit., pp. 417 Y ss. 289
Se trata de una presunci6n "iuris tantum" que puede ser desvirtuada a través de una minima actividad probatoria con las caracteristicas arriba
mencionadas~.
La vigencia de la presunción de inocencia no significa que haya de
negarse toda ef icacia a
los
actos de
investigaci6n
sumarial, los cuales podrán integrar la actividad probatoria a través del principio de libre valoración de la prueba s7o • 569 STC 31/1981, de 29 de julio, STC 24/1992, de 14 de febrero. STS de 11 de diciembre de 1989 (RA 792) FF. JJ. 2g Y 6 g , se desvirtúa la presunción de inocencia por la existencia acreditada de prueba tanto directa como indirecta, no existe por tanto vulneración del arto 24.2 CE. "La presunción de inocencia tiene carácter iuris tantum y queda desvirtuada por pruebas de culpabilidad.", Asi lo afirma la STS de 17 de enero de 1990 (RA 423) F. J. 3 g , en relación a los delitos flagrantes, en estos casos, afirma, la prueba flagrante de cargo destruye la presunción de inocencia, "no cabe decir que hay ausencia de prueba y no es caso incluible en la alegación de presunción de inocencia.". Las pruebas válidas para enervar la presunci6n de inocencia son según el TS: Confesión del imputado, declaraciones de coimputados, declaraciones de la victima, declaraciones de testigos, diligencias policiales, diligencia de reconocimiento en rueda, entrada y registro, informes o dictámenes periciales, informes o dictámenes dactiloscópicos, intervenciones telef6nicas, medios audiovisuales de reproducci6n, prueba indirecta, circunstancial o indiciaria, prueba directa, prueba practicada en juicio oral, prueba sumarial, prueba documental; siempre y cuando hayan sido practicadas con las debidas garantias procesales. 570 STC 107/1989, de 8 de junio. En relaci6n al test de alcoholemia, vid. STC 222/1991, de 25 de noviembre, F. J. 3 g , puede destruir la presunci6n de inocencia en determinadas circunstancias por constituir actividad probatoria suficiente, debe ser ratificada en el juicio oral. En relaci6n al atestado POlicial la STS de 17 fe enero de 1990 (RA 424) F. J. Unico, afit:'ma que cuando "no hay otra prueba de cargo que la recogida en el atestado policial el cual sólo tiene ese valor de mera denuncia (articulo 297, párrafo segundo, de la LECRIM)", cuando además dicho atestado no ha sido reconocido o ratificado en presencia del Juez, no constituirá prueba válida para destruir la presunci6n de inocencia. En relaci6n a la prueba dactiloscópica, afirma el TS en su STS de 19 de enero de 1990 eRA 454) F. J. 4g "La Doctrina de esta Sala - cfr. S. 08-02-88 (R. 909) Y las que cita - sostiene la habilidad de la prueba ~actiloscópica a efectos de alcanzar el convencimiento sobre la Intervención de una persona en determinado hecho." De manera que de su correcta realización se desprende la existencia de 290
También la prueba indiciaria puede contribuir a formar la convicción del Tribunal sin oponerse a ello la presunci6n de inocencia,
y
ello
en
la
medida
que
los
indicios
resulten
plenamente probados y que el OJ haga pÚblico su razonamiento a través de la motivación, exigida por el arto 120.3 CE para las sentencias,
además
de
otros
requisitos
exigidos
por
la
jurisprudencia del TS571 • En contra de lo que parece una opini6n asentada encontramos jurisprudencia a partir de la que podemos establecer que la presunción de inocencia no despliega unicamente su eficacia en los procesos penales, sino que también lo hará en todos aquellos casos de los que resulte una sanción o limitación de derechos
actividad probatoria de cargo con lo que es capaz de desvirtuar la presunción de inocencia; Los requisitos para garantizar la fiabilidad de la prueba dactilosc6pica los fija la STS de 19 de febrero de 1990 (RA 1578) F. J. Unico, (arts. 282 y 297 en relace arts. 326 y ss. y 688 LECRIM); Vid. también STS de 20 de noviembre de 1987 (RA 8569). vid. GOMEZ COLOHBR J.L. El proceso penal español ••. , op. cit., § 49, p. 202, en relación a la posibilidad de que el test de alcoholemia se constituya, si cumple con determinadas garant1as, en prueba para el proceso penal. 571 SSTC 175/1985, de 17 de diciembre. 229/1988, de 1 de diciembre, 107/1989, de 8 de junio. STS de 27 de junio de ~989 (RA 5236). También STS de 21 de diciembre de 1989 (RA 919) F. J. 12, "Es evidente que la prueba indiciaria puede servir para enervar la presunci6n de inocencia, la cual, no obstante ha de reunir una serie de caracteres, ••. ,: 1 S1 ) no debe tratarse de un indicio aislado, sino que habrán de ser varios, aunque no puede precisarse de antemano, y en abstracto, su número. 2 g ) Los hechos indiciarios han de estar absolutamente probados, y relacionados directamente con Éü hecho criminal. 3 g ) Es preciso que entre ellos, y su consecuencia, la convicción jUdicial sobre la cUlpabilidad, exista una armon1a que descarte toda irracionalidad en la formación de dicha convicción. 4 g ) Pueden ser también fuente de prueba presuntiva, los que se denominan por la doctrina cient1fica "contraindicios", toda vez que si bien el procesado no ha de soportar la carga de probar su inocencia, s1 puede SUfrir las consecuencias negativas de que se demuestre la falsedad de sus alegaciones exculpatorias, ya que tal evento, acaso sirva para corroborar ciertos indicios de culpabilidad.". 291
como consecuencia de una conducta sancionable a través de la via administrativa o jurisdiccional5n • El contenido de este derecho fundamental significará que "toda condena debe ir precedida de una actividad probatoria que si, por una parte impide que se condene sin pruebas, por otra, se entiende que
las tenidas en cuenta han de ser tales y
consti tucionalmente legitimas"m.
H. Proceso debido y dilaciones indebidas 572 V. gr. aplicaci6n del princ1p1o de presunci6n de 'inocencia dentro del orden jurisdicci6nal civil, STS de 26 de jUlio de 1985 (RA 4141) Considerando 4 Q , aunque en el caso concreto el motivo no resulta estimado, la Sala establece, apoyándose en la doctrina del TC, que "para que resulta admisible el recurso de casaci6n por infracci6n de la presunci6n de inocencia ha de fundamentarse mediante la referencia a actos concretos que otorguen verosimilitud a la aplicaci6n de que una decisi6n judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna, •.• , aun cuando se admita la aplicaci6n al caso de autos del principio de presunci6n de inocencia, como presunci6n "iuris tantum" es de ver que tal presunci6n ha quedado destruida mediante la prueba efectuada por las partes ante el 6rgano de instancia,". Igualmente la STS de 10 de diciembre de 1985 eRA 6432) F. J. 3 Q , "la presunci6n de inocencia que establece el articulo veinticuatro de la vigente Constituci6n Española, que es consustancial al Estado de Derecho que proclama, hay que ponerlo en relaci6n con todo el conjunto del ordenamiento juridico en vigor, y en consecuencia no se vulnera, como en el presente caso ocurre, cuando existe una norma especifica que, de por s1, establezca presunci6n legal de cupabilidad civil con posible proyecci6n posterior penal," i También STS de 8 de abril de 1990 (RA 2706) F. J. 2Q 2), en relaci6n con materia propia del orden jurisdiccional civil, más concretamente se trata de una suspensi6n de pagos. Finalmente, STS de 6 de junio de 1991 (RA 4423) F. J. 5 Q , "el principio de presunci6n de inocencia consagrado en el número 2 del art1culo 24 de la CE tiene aplicaci6n no solamente en el estricto ámbito de la jurisdicci6n penal, sino también en los demás campos jurisdiccionales, y por ello en el civil,". En relaci6n con la jurisdicci6n social, STS de 27 de junio de 1988 (RA 5474) F. J. 2Q , donde se afirma que no cabe aceptar la vulneraci6n de la presunci6n de inocencia por no tratarse de un proceso penal o sancionador •
. 3 STS de 19 de enero de 1988. Concretamente respecto al orden lurisdiccional civil, vid. SSTS de 12 de diciembre de 1988, de 14 de febrero de 1989, 15 de octubre de 1991 entre otras. 292
Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es preciso que el proceso se tramite con celeridad y
para
ello
sería
preciso,
cuando
menos
y
aceptada
la
imposibilidad del proceso instantáneo, el cumplimiento de los plazos procedimentales establecidos por las leyes; a partir de dicha constatación son los Tribunales quienes establecen el concepto y alcance de las dilaciones indebidas s74 . Las dilaciones indebidas o mejor el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas se constituye como otro de los contenidos del proceso debido, recogido en el arto 24. 2
C~7S.
en tanto en cuanto está
Al respecto afirma el TC: "El
574 RAMOS KENDEZ F. El proceso penal •.• , op. cit., pp. 34-36. GIKENO/KORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. II, op. cit., pp. 95-98. GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal, op. cit., pp. 340341. 575 La STS de 10 de febrero de 1990 (RA 1375) afirma en su F. J. 11l C: "C) A mayor abundamiento, las exigencias del proceso debido según ley genéricamente establecidas en el artículo 24 de la
Constitución ( ••• ) mediante un haz de garantías concretas incluyen la de la decisión dentro de un plazo razonable o sin dilaciones indebidas.". La STS de 5 de marzo de 1990 (RA 2396) F. J. 2 Il 4, hace referencia a las dilaciones indebidas como consecuencia de "la inobservancia por el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia recurrida, de las prescripciones legales que pretenden salvaguardar el derecho a juicio con las debidas qarantías. 11 • También aparece el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas reflejado en algunas de las más importantes declaraciones inte~nacionales de derechos, v. gr. art. 9. 3 PIDCP, "Toda persona ••• tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable", arto 13.3 PIDCP tIc) a ser juzgada sin dilaciones indebidas". y en el CEDH art 5.3 "derecho a ser juzgada en un Plazo razonable" y arto 6 "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída ••• dentro de un plazo razonable". La STS de 29 de de 1989 (RA 4266) F. J. 11l, insta a la prudente utilización las facultades del OJ de suspensión del proceso, y así afirma acceder a la suspensión del trámite del juicio oral "de un sistemático e indiscriminado puede conllevar el imiento y bloqueo del desarrollo del juicio, contrariando opósito legislativo de una administraci6n de justicia a, ágil y eficaz, del que se hace eco la Constitución al ir en su artículo 24.2, dentro del Capítulo y Secci6n agrados a los "derechos fundamentales", a la necesidad de "un so público sin dilaciones indebidas;". 293
interpretación favorable al ejercicio del derecho de acceso, para poder denegar el mismo sin vulnerar por ello el derecho a tutela judicial "Hemos 65/1983,
la
efectiva~.
declarado reiteradamente
43/1984,
43/1985
(SSTC
Y 19/1986,
11/1982,
entre
otras)
37/1982,
que
el
contenido del derecho a la tutela judicial efectiva no se agota en la garantfa del acceso a la justicia, sino que faculta para obtener de ésta una resolución que se pronuncie sobre el fondo de las pretensiones deducidas, pronunciamiento que s610 podrá ser eludido
cuando
tales
pretensiones
resulten
inadmisibles
de
'acuerdo con las normas legales que regulan el ejercicio de las acciones. ,,604 • Pero la tutela judicial efectiva despliega su eficacia de manera especial sobre las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto una vez que las mismas han alcanzado firmeza, la
proyección
mencionada
se
traduce
en
la
prohibici6n
de
transformación sustancial de dichas resoluciones para el OJ que las dictó por la vfa de la aclaración de sentencias I para corregir errores materiales,
adecuada
ya que ello supondrfa una
Vid. SSTC 11/1982, de 29 de marzo, 90/1983, de 27 de iembre, 42/1984, de 26 de marzo, 43/1985, de 22 de marzo, /1988, de 2 de diciembre, entre otras. STC 160/1991, de 18 de julio, F. J. 2Q. STS de 18 de octubre 989 (RA 6938) F. J. 4 Q , con respecto al derecho a la tutela . 1 efectiva afirma, su "conculcación se produce cuando el lciable no obtiene una decisión sobre el fondo del asunto, que - como ocurre en el caso presente - se hayan empleado Vías procesales adecuadas - TC Sentencia de 8 de junio de
-"
306
vulneración
del
derecho
fundamental
a
la
tutela
judicial
efectiva 605 •
B. Motivación de las resoluciones judiciales
La necesidad de motivar las resoluciones judiciales y de hacerlo
de
forma
razonable
y
ajustada
a
las
pretensiones
ejercitadas en el proceso, forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto del derecho a la tutela
judicial efectiva sin indefensión
(la necesidad de
motivación de las resoluciones judiciales no aparece sin embargo en el arto 24 CE sino que se recoge expresamente en el arto 120.3 del mismo cuerpo legal), y por tanto la observancia de una de las exigencias implicitas en el arto 24.1
C~.
605 STC 142/1992, de 13 de octubre, F. J. 2 Q, donde tras definir el error material se afirma: " ••• puesto que las resoluciones recurridas no se limitan a corregir errores materiales manifiestos, sino que modifican sustancialmente una Sentencia firme a través de una vía procesal inadecuada, vulnerando, con ello, el principio de intangibilidad de las resoluciones jUdiciales firmes que garantiza el derecho a la tutela judicial reconocido en el arto 24.1 CE.". STS de 19 de febrero de 1993 (RA 1371) FF. JJ. l Q, 2Q Y 3 Q, la aclaración de sentencias podrá "hacerse de of icio dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la sentencia, o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal presentadas dentro de los dos días siguientes al de la notificación: 11 en caso contrario producirá indefensión. Vid., arto 267 LOPJ. 606 STC 142/1991, de 1 de jUlio, F. J. 4Q "De ello resulta que el Auto impugnado, al declarar inadmitido un recurso previsto en las leyes sin motivar suficientemente la causa legal en que se funda tal decisión, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes (SSTC 10/1987 y 214/1988) .... Vid., STC 199/1991, de 28 de octubre, F. J. 3Q. Cfr. arto 120.3 CE Y arts. 247 y 248 LOPJ. Por lo que a la jurisprudencia del TS Concierne, STS de 6 de octubre de 1988 (RA 7387) F. J. 2 Q , sobre la inexistencia de obligación legal de consignar los hechos prObados en las sentencias del orden jurisdiccional civil, si debe hacerse en los órdenes penal y social; STS de 4 de enero de 1990 (RA 267) F. J. l Q , "El derecho a la tutela judicial efectiva 307
Las resoluciones judiciales que contengan contradicciones internas, arbitrariedades o errores lógicos que las conviertan en
manifiestamente
irrazonables,
aún
teniéndola
se
las
considerará carentes de motivación, y por lo tanto vulnerarán el derecho a la tutela judicial
efectiva~.
"Son conformes con ese derecho fundamental las resoluciones que inadmiten los procesos y recursos, denegando su tramitación, o rechacen ad limine problemas litigiosos, siempre que vengan fundadas en una causa legal, aplicada de manera jurídicamente razonable y razonada, que no sea incompatible con el principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho que garantiza el citado arto 24.1 de la Constitución.,,608 del arto 24.1 CE ( ..• ) se extiende según reiterada jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional a la motivación de la sentencia en el sentido del arto 120.3 CE. De acuerdo con ello las partes del proceso tienen derecho a obtener una respuesta judicial a sus pretensiones jurídicamente fundadas _It , también STS de 26 de febrero de 1990 (RA 1620) F. J. 4Q " ••• es deber de Juzgados y Tribunales exponer cuáles fueron las pruebas utilizadas como medio para acreditar los hechos que reputan probados en sus sentencias penales, con el fin de dar a conocer públicamente sus razones en este aspecto esencial de la resolución judicial poniendo así de manifiesto que no actúan de modo arbitrario, y de permitir a las partes que puedan argumentar sus recursos, •.. ". STS de 5 de julio de 1991 (RA 5539) F. J. 3Q Y STS de 20 de junio de 1992 (RA 5411) F. J. 1Q. En general vid. , GIL CREMADES J.J. La motivación de las decisiones jurídicas en Constitución. Derecho y proceso, Estudios en memoria de los profesores Herce y Duque, Zaragoza 1983, pp. 161-183. El deber de moti vación de las resoluciones es una manifestación del derecho a obtener un resolución fundada en derecho, vid. RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 26-27. Sobre el origen histórico del deber de motivar las resoluciones jUdiciales, vid. ORTELLS RAMOS H. Origen histórico del deber de motivar las sentencias, RDPI 1977, pp. 899-932. Vid., la relación entre motivación, el principio del precedente y el principio de igualdad en DE OTTO l. Derecho Constitucional ••• , op. cit., pp. 291-292. 607 STC 184/1992, de 16 de noviembre, junio de 1992 (RA 5411) F. J. 1Q.
F. J. 2g. STS de 20 de
608 STC 98/1992, de 22 de junio, F. J. 3Q. 308
Para
que
se
considere
cumplido
el
requisito
de
la
motivación, "es necesario que lleve a cabo la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada, haciendo
explicito
que
éste
responde
a
una
determinada
interpretación del Derecho, y de permitir, de otro, su eventual control
jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los
derechos. ,,609 La fundamentación por remisión - dentro del mismo proceso puede
satisfacer el
derecho
a
la
tutela
judicial
efectiva
siempre y cuando la cuestión sustancial hubiera sido ,resuelta, y
por
supuesto
suficientemente fundada,
en
la
sentencia de
primera instancia610 • La concisión y la brevedad en la fundamentación no supone inexistencia de la misma, por lo tanto satiface el derecho a la tutela judicial efectiva611 • La
desestimación
implicita
supone
una
vulneración
del
derecho a obtener una sentencia razonada y motivada en relación a las pretensiones del justiciable612 •
C. Derecho a los recursos
609 STC 199/1991, de 28 de octubre, F. J. 3l2. SSTS de 3 de febrero de 1992 (RA 1007) F. J. 2 l2 ¡ de 20 de junio de 1992 (RA 5411) F. J. 1l2. 610 STC 27/1992, de 9 de marzo, F. J. 4 l2 . STS de 20 de junio de 1992 (RA 5411) F. J. 1 l2 . 611 STS de 11 de junio de 1991 (RA 4444) F. J. 3l2. 612 STS de 9 de febrero de 1993 (RA 952) F. J. 2 l2 • 309
El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a los recursos, pero no en todo caso y siempre sino en relación a los recursos establecidos por la l ey6!3. Se
afirma
igualmente
y
de
forma
repetida
por
la
jurisprudencia del TC (SSTC 19/1983, de 14 de marzo; 57/1984, de 8 de mayo; 60/1985, de 6 de mayo; 36/1986, de 12 de marzo; 3{1987, de 21 de enero; 185{1988, de 14 de octubre; 46/1989, de 21 de febrero; 121/1990, de 2 de julio; 51/1992, de 2 de abril, entre otras) que el derecho a la utilización de los recursos consti tuye uno de los contenidos del derecho a la tutela jUdicial efectiva sin indefensión6!4.
613 RAMOS MENDEZ F. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 407-411. GOKEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 323-326. KONTEROIORTELLS/GOKEZ Derecho Jurisdiccional, 1, op. cit., p. 432, en general, y KONTEROI ORTELLS I GOMBZ I KONTON Derecho Jurisdiccional, 111, op. cit., pp. 412-413, en relación al derecho al recurso en el proceso penal. 614 STC 139/1991, de 20 de junio, F. J. 251 "Con carácter general, este Tribunal ha reiterado que el derecho a la tutela judicicl efectiva que garantiza el arto 24.1 CE comprende el derecho a utilizar los recursos ordinarios y extraordinarios, incluido el de casación, en los supuestos y con los requisitos legalmente previstos. " • También el TS se ha ocupado del derecho a los recursos, vid., V. gr., SSTS de 10 de mayo de 1991 (RA 3625) F. J. 1 51 , donde se afirma que la tutela judicial efectiva comprende el derecho a residenciar la pretensión desestimada ante un OJ de superior grado, a través de los recursos ordinarios y extraordinarios legalmente previstos; y comprende también el derecho, en parte correlati vo, de quien obtuvo una sentencia favorable, a que la misma alcance la fuerza de cosa juzgada y posteriormente sea ejecutada sin que sea interferido tal procedimiento por la concesión de una vía casacional que no corresponde de acuerdo con la ley. ATS de 10 de jUlio de 1991 (RA 6160) F. J. 1 51 , "La utilización de los recursos que sean procedentes contra las resoluciones judiciales, en cuanto actividad depuradora y garantía del Justiciable, son expresión del principio de legalidad que tienden a satisfacer el derecho fundamental de tutela judicial efectiva.". STS de 13 de mayo de 1992 (RA 3922) F. J. 151. Respecto a la constitucionalidad de las limitaciones impuestas al acceso a la casación civil, ATS de 27 de junio de 1992 (RA 10650) F. J. 1Q. vid. arto 248.4 LOPJ. 310
"Son incompatibles con el derecho a
la tutela
jUdicial
efectiva, reconocido en el arto 24. 1 de la CE, todas aquellas decisiones judiciales que inadmiten un recurso por omisión de un requisito formal subsanable, sin antes dar oportunidad a que sea subsanado
o
que,
concedida esta
oportunidad,
la
parte haya
subsanado. ,,615 Sin embargo no resultará vulnerado el derecho a la tutela judicial
efectiva,
concierne, recurso
"si
por
por
lo
que
se obtiene una incumplimiento
de
al
derecho
resolución de los
a
los
recursos
inadmisión del
requisitos
legalmente
615 STC 93/1991, de 6 de mayo, F. J. 2Q. vid. también arto 11.3 LOPJ. En el mismo sentido, STC 98/1991, de 9 de mayo. STC 9/1992, de 16 de enero, F. J. 2 Q "ciertamente este Tribunal viene manteniendo que la limitación injustificada o arbitraria del acceso a los recursos legalmente previstos constituye lesión del derecho consagrado en el arto 24. 1 de la constitución,". STC 55/1992, de 8 de abril, F. J. 2Q " •.• la tutela judicial es un derecho de prestación que para su efectividad necesita de la mediación de la Ley; y que asegura el acceso a los recursos legalmente previstos, siempre que se cumplan y respeten los presupuestos, requisitos y limites que la propia Ley establezca, cuya observancia corresponde controlar a los órganos jUdiciales competentes en ejercicio de la exclusiva potestad jurisdiccional que les atribuye el arto 117.3 CE, en el cual no puede ni debe interferir este TC, a no ser que, admitiendo la legalidad procesal diversas interpretaciones, se haya elegido alguna que no sea la más favorable a la eficacia del derecho a la tutela jUdicial, ya que, en este caso, se habrá ocasionado vulneración de este derecho fundamental, cuya especial y superior fuerza vinculante exige a la jurisdicción ordinaria y, en último término, a este TC, conceder prevalencia a la interpretación y aplicación de las normas juridicas que resulten ser las más adecuadas a la viabilidad del mismo.". STS de 4 de julio de 1991 (RA 5533) F. J. único, "El derecho fundamental a la tutela jUdicial efectiva, conforme ha declarado esta Sala y el Tribunal Constitucional, obliga a huir de aquellas interpretaciones meramente formalistas, y restrictivas, de la norma que impidan el acceso a los recursos,". ATS de 5 de marzo de 1992 (RA 1790) F. J. único. STS de 10 de octubre de 1992 (RA 8230) F. J. 3 Q , donde se destaca que las interpretaciones meramente formalistas no deben impedir el acceso a los recursos, aqui se valora la VOluntad impllcita del recurrente en combinación con el principio pro actione, para alcanzar la tutela judicial efectiva. 311
establecidos
( SSTC
37/ 1982 ,
19/1983,
68/1983,
59/1988
Y
resoluciones,
y
36/1989) .. 616.
D. Derecho a la ejecuci6n de sentencias
Previamente
a
la
ejecuci6n
de
las
precisamente para posibilitar la misma debemos considerar, y as! 10 ha hecho el TC, el derecho a solicitar y eventualmente obtener la adopci6n de medidas cautelares en re1aci6n a un proces0617 • "Es doctrina consolidada de este Tribunal que la ejecuci6n de la Sentencias en sus propios términos forma parte del derecho fundamental a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en
las mismas
se reconocen no
serian otra
cosa que meras
declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad ninguna - SSTC 167/1987, de 28 de octubre y 92/1988, de 23 de mayo entre otras - cuesti6n de esencial importancia para dar efectividad al establecimiento del estado social y democrático que implica, entre otras manifestaciones, ciudadanos
y
de
la
Administraci6n
la sujeci6n de los
Pública
al
ordenamiento
juridico y a las decisiones que adopta la jurisdicci6n, no s610 juzgando, sino también ejecutando 10 juzgado .. 618 • 616 STC 87/1992, de 8 de junio, F. J. 3g.
STC 14/1992, de 10 de febrero, F. J. 7 g , . . . . . la tutela jUdicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la reso1uci6n definitiva que recaiga en el proceso.". 617
618 STC 73/1991, de 8 de abril, F. J. 4g. Encontramos alguna precisi6n más en la STC 85/1991, de 22 de abril, según ella la ejecuci6n de la sentencia "en sus propios términos" excluye la Posibilidad de ejecutarla contra personas no condenadas en la 312
La competancia para hacer ejecutar lo juzgado es exclusiva
de Jueces y Tribunales619 • El TS se ha pronunciado también en numerosas ocasiones sobre el alcance y significado de la ejecuci6n de las sentencias dictadas por los OOJJ, y sobre el modo, limites, en que la misma debe ser realizada. "Las sentencias entrafian, en principio, un mandato imperativo y trascendente, de ineludible cumplimiento, y ese carácter y el respeto debido a sus dictados debe impedir toda tergiversaci6n o interpretaci6n que anule o mediatice sus sentido y efectos, puesto que la Administraci6n únicamente puede inej ecutar una sentencia en los casos y por los trámites marcados por la Ley, pero no puede fuera de estos casos ni mucho menos
misma, ello vulneraria el derecho a la tutela judicial efectiva por ser motivo de indefensi6n. Vid., también STC 309/1991, de 7 de noviembre, para el caso de ejecuci6n de sentencias can6nicas. Entre las resoluciones más recientes, vid. STC 153/1992, de 19 de octubre, F. J. 4Q. ATS de 13 de junio de 1988 eRA 4375) F. J. 5 Q , "el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el articulo 24,1 de la Constituci6n comprende el derecho a obtener la ejecuci6n de la sentencia, debiendo la jurisdicci6n adoptar las medidas necesarias para el total cumplimiento del Fallo ••• " y ello en relaci6n a todos los 6rdenes jurisdiccionales; El mencionado derecho significa exactamente el obtener la ejecuci6n de lo resuelto en sus propios términos "sin que se pueda acudir a una prestaci6n sustitutoria aunque se repute equivalente" a menos que ello, el cumplimiento en sus propios términos, resulte absolutamente imposible. También STS de 21 de julio de 1992 eRA 6446) F. J. 3 Q, en ella se afirma que la ejecuci6n de la sentencia en sus propios términos no debe suponer una vulneraci6n d~ la tutela judicial efectiva, lo que ocurrirá si se pretende llevar a cabo la ejecuci6n por la totalidad de la cantidad fijada en la sentencia cuando el deudor acredita en esta fase procesal Cj1..le e 1 demandante cobr6 ya parte de la misma. Vid. art. 18 • 2 LOPJ. vid. también la doctrina al respecto, RAMOS HENDEZ P. El Rroceso penal ••. , op. cit., pp. 451-460. GOKEZ DE LIAÑO P. El R.r o c e s o p e n al, op . c i t . , pp. 326 - 327 . ALMAGRO/GIHENO/CORTES/HORENO Derecho Procesal, t. 1, v. 1, op. cit., p. 164. HONTERO/ORTELLS/GOHEZ/HONTON Derecho ~urisdiccional, 11 v. 2 Q, op. cit., pp. 9-15. 619 STC 109/1984, de 26 de noviembre. 313
anticipadamente
que
un
fallo
de
los
Tribunales
quede
incumplido. ,,620 También afirma el propio Tribunal que "al quedar firme una sentencia, no es lícito a las partes alterar el procedimiento o salirse
del
cualquier
molde
procesal
cuestión
que
de
pueda
la
ejecución
presentarse
para
resolver
dentro
de
los
pronunciamientos del Fallo, como tampoco hacer peticiones nuevas, debiendo estarse a los pronunciamientos del Fallo, sin acudir a un nuevo recurso, que, de entenderse de otro modo, se llegaría a promover nuevos litigios, con los que se enervaría., sino se anulaba,
el
carácter de
firmeza
de
las
sentencias
de
esta
Jurisdicción contencioso-administrativa, cuya ejecución sólo cabe reclamar dentro del procedimiento legal de ejecución. ,,621 Las
garantías
del
proceso
debido
deben
también
ser
observadas en relación con el trámite del exequatur, ya que de otra manera podría ser reconocida y ejecutada en España una sentencia dictada por un Tribunal extranjero como consecuencia de un proceso donde no fueron observadas las garantías y derechos que
integran
el
proceso
debido,
causando
la
consiguiente
vulneración del correpondiente derecho o garantía del arte 24
620 STS de 23 de junio de 1981 (RA 2777) Considerando 2Q. En relación a la indemnización sustitutoria y a la reparación de perjuicios causados por mora, como contenido, en su caso, de la ejecución de sentencias ajustado a la tutela judicial efectiva, vid. en su totalidad, STS de 2 de octubre de 1992 (RA 7599). 621 ATS de 4 de junio de 1980 (RA 2428). 622 STC 132/1991, de 17 de junio, F. J. 4Q "Estas exigencias suponen que el Tribunal español, a la hora de decidir sobre la ejecución en España de una resolución judicial extranjera, ha de tener en cuenta mas garantías contenidas en el arto 24 CE Y ha de comprobar si,al dictarse la resolución cuya ejecución se 314
VII. EL PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO AL PROCESO DEBIDO
A. Recapitulaci6n del Derecho comparado
1. La naturaleza del proceso debido en el derecho d e los EEUU de Norteamérica
Este
es
el
momento
oportuno
para
recordar
la
enorme
complejidad de la instituci6n del due process of law no s6lo en los EEUU sino en general en los paises de tradici6n juridica anglosajona,
y
la
raz6n
de
dicha
complejidad
es
que
la
instituci6n se ha ido desarrollando a través del sistema de creaci6n jurisprudencial del derecho a lo largo de más de siete siglos, con lo que en la actualidad su presencia es patente en todos los ámbitos relevantes del derecho y en relaci6n a los bienes o derechos fundamentales de la persona, vida, libertad y propiedad. Por lo que a su naturaleza juridica respecta, y salvando las diferencias diversos,
conceptuales
derivadas
de
sistemas
juridicos
se afirma que el DPL es un principio fundamental
constitucional
informador
del
derecho
penal,
civil
y
administrativo y aplicable a la actividad de sujetos del derecho
solicita, se han respetado las citadas garantias.""La comprobaci6n de aquellas garant1as por el Juez del exequatur no comporta que pueda revisar el fondo del asunto, pues ello desbordarla la funci6n homologadora que le corresponde." (Vid. SSTC 98/1984, 43/1986, 54/1989, Y AATC 276/1983 y 795/1988). 315
tan diversos como los Tribunales, las asambleas legislativas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado,
etc6~.
Como vemos la claúsula del DPL excede con mucho, en los paises anglosajones en general y en los EEUU en particular, el ámbi to del Derecho Jurisdiccional, por ello distingue la doctrina aquella
parte
del
principio
fundamental
constitucional
que
informa la aplicación de la función jurisdiccional o DPL procesal que ha sido esencial aunque no totalmente identificada tanto por la práctica de la Corte Suprema como por la doctrina con el término fair tria1 624 • De lo dicho hasta ahora podemos extraer que la naturaleza jurídica del DPL en los EEUU es la de un principio general del derecho
constitucionalizado
en
su
formulación
desarrollado por la jurisprudencia que consta,
esencial
y
en lo que a
nosotros nos interesa de forma especial, de una faceta netamente jurisdiccional que informa toda la actividad motivada por el ejercicio de la función jurisdiccional.
2.
La naturaleza del proceso debido en el derecho
alemán
Hemos estudiado en páginas anteriores el derecho alemán como ejemplo de la recepción pionera en un país que responde, como el nuestro, a un sistema jurídico continental de una institución,
623
RESNICR D. Due process and procedural ;ustice •.• , op. cit.,
p. 206. 624 GREY T. C. Procedural fairness and substantive rights ••• , op. cit., p. 183. SCHMID N. Das amerikanische Strafverfahren, op. cit., p. 130. vid. enmienda VI de la USC. 316
como es el caso del DPL,
procedente de un sistema
jurldico
esencialmente distinto como es el anglosajón, de tal forma que nos permitiera extraer provechosos resultados aplicables a la situación española tras la CE de 1978. En relación a la cuestión de la naturaleza juridica del DPL en el derecho alemán una primera precisión nos lleva a constatar que la doctrina alemana incorpora el concepto fair trialjfaires
Verfahren como elemento esencial del DPL norteamericano, y con respecto propiamente a su naturaleza juridica, podemos afirmar que
la
mayorla
principio
de
la
supremo,
en
doctrina tanto
considera
que
que
elemento
se
trata
del
inseparable
del
principio del estado de derecho/
Rechtsstaatprinzip, de naturaleza constitucional informador del Derecho Procesal
Pena16~.
La positivación del fair trial se produce en relación al derecho
alemán,
según
la
doctrina
mayoritaria
avalada
por
abundante jurisprudencia, a través del art. 6.1 CEDW26 •
625 ROXIH C. Strafverfahrensrecht, op. cit., p. 60. En la BVerfGE 57, 250, 275, citada y parcialmente reproducida en ROXIH/ARZT/TIEDEMANN Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, pp. 140-145, bajo el eplgrafe en el que se resalta la dependencia del Derecho Procesal Penal respecto del Derecho Constitucional, se caracteriza al juicio limpio como la expresión jurisdiccional del principio del estado de derecho, que vincula no sólo a los Tribunales sino a todos los órganos estatales que influyen en el desarrollo de un proceso penal. vid. arts. 1, 20 Y 28 GG, en relación con la configuración de la RFA como un estado de derecho. GOHEZ COLOHER J.L. El proceso penal alemán ..• , op. cit., § 3, pp. 43-53. 626 BGHSt 24, 125, 131. BGHSt 29, 109, 111. BGHst 36, 210. Como Postura critica a la directa aplicación del arto 6.1 CEDH en Cuanto ello suponga rebasar o prescindir de las disposiciones de la legislación alemana, vid, HEUBEL H. Der "fair trial" ... , op. c't 1 ., p. 31. 317
Deberemos finalmente y en pos de lograr una mayor claridad, establecer la exacta relación existente entre los conceptos que hasta ahora hemos utilizado, respetando la terminolog1a acuñada en cada pa1s, para hacer referencia al proceso debido. As1, el principio del faires Verfahren (Alemania) no constituye sino la expresión con la que el derecho alemán alude al principio objeto del presente trabajo del due process of law (EEUU), siendo la correspondencia esencialmente exacta, en el ámbito procesa1 6v •
B.
El
"Due process of law" como principio general del
derecho en relación al derecho jurisdiccional español
1. Resumen de la posición jurisprudencial
A la vista de las formulaciones que sobre el proceso debido se realizan en sistemas de derecho anglosajón -
EEUU -
y
continental - Alemania - y que acabamos sucintamente de exponer, es de destacar la similitud de las conclusiones tanto en lo relativo a la naturaleza jur1dica de la institución como en lo relativo
al contenido, integrado por derechos fundamentales y
garant1as procesales, que corresponde al proceso debido. Sin perder de vista lo anterior cuyo valor como elemento interpretativo
será
inapreciable
y
fijándonos
en
el
grupo
normativo que en la legislación española regula todo lo relativo al proceso debido y la fundamental interpretación que del mismo realizan tanto el Te como el TS, nos hallamos en disposición de
627 VOLLKOMMER M. Der Anspruch der Parteien .•. , op. cit., p. 219. 318
ofrecer varias hipótesis sobre la naturaleza y el alcance del proceso debido en España.
a.
Concepto
Elemento
estricto:
integrante
del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
Este concepto puede fundamentarse en sentencias como la STC 106/1989, de 8 de junio, en cuyo F. J. 2g se define el proceso
debido como aquella qarantía institucional inteqrada por los elementos que componen el arte 24.2 CE,
(también, entre otras,
STC 78/1992, de 25 de mayo, F.J. 2 g ). Según esta primera hip6tesis estricta, el proceso debido seria uno de los elementos del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva,
proceso,
a
observadas
su a
concretamente
tramitaci6n, lo
largo
a
del
aquella
las
parte
garantias
periodo
referida
que
comprendido
deben entre
al ser la
litispendencia y la consecución de una resolución definitiva, no abarcaria ni el acceso a los Tribunales, derecho de acción, ni alcanzaria la impugnaci6n asi como tampoco la ejecuci6n de las resoluciones recaidas en el proceso. Su
naturaleza
juridica
seria
la
de
una
Garantia
Institucional en el sentido expresado en páginas anteriores. En cuanto a su tratamiento procesal, no seria susceptible de amparo por medio de una directa invocación de su violación, sino que deberia concretarse en la
lesi6n de alguno de los
elementos que lo componen y son expresamente recogidos por la CE en su arto 24.2.
319
Su aplicación estaria pensada de forma especifica para el proceso penal, si bien alguno de sus elementos es extensible a todo tipo de procesos.
b.
Concepto
Equivalente
ecléctico:
las
a
garantias del arto 24 CE
Fundamentable entre otras en la STC 135/1991,
de 17 de
junio, esta segunda hipótesis ecléctica, según la cual el TC y también el TS (v. gr. STS de 10 de febrero de 1990 (RA 1375) F.
J. 1Q C, de 20 de enero de 1993 (RA 132) F. J. 1 Q), emplean el concepto proceso debido como sinónimo de tutela jUdicial efectiva sin indefensión, jurisdicción,
una forma más de referirse al derecho a
estaria
constituida
por
el
arto
24
CE
en
la su
totalidad (STC 6/1992, de 16 de enero, F. J. 5 Q) Y abarcaria tanto el derecho al acceso como el derecho al proceso como, y finalmente,
el derecho a la ejecución de la resolución que en
aquél recaiga. Su naturaleza juridica seria la de derecho fundamental, y por lo tanto seria susceptible de amparo por invocación directa de su vulneración.
c.
Concepto
amplio:
Participe
de
la
naturaleza
juridica de los principios generales del derecho
Según
esta
tercera
hipótesis,
posible
jurisprudencia tanto del TC como del TS
a
la
luz
de
la
(v. gr. STS de 20 de
enero de 1993 (RA 132) F. J. 1 Q , STS de 9 de febrero de 1993 (RA 320
952)
F.
origen,
J.
212 628 ,
quizá
la más acorde con la naturaleza,
el
el desarrollo y la definitiva plasmaci6n del proceso
debido en el derecho anglosaj6n y en el derecho alemán según lo visto en páginas anteriores, el proceso debido constituiría, y así
lo
sostenemos
también
en
relaci6n
con
Espafia,
la
manifestaci6n jurisdiccional del estado de derecho. Adoptando
un
criterio
interpretativo
fundamentalmente
teleo16gico en relaci6n con todas las referencias que sobre el proceso debido hemos hallado,
obtendríamos una visi6n de
la
insti tuci6n proceso debido como una realidad dinámica que hoy por hoy está constituida por el arto
24 CE en su totalidad
(24.1
derecho a la tutela judicial efectiva con expresa prohibici6n de la indefensi6n, 24.2 garant1as concretas del proceso debido, no recogidas de forma exhaustiva). Pero además lo estará por otras garantías,
que
sin
ánimo
de
exahustividad
relacionamos
a
continuaci6n remitiendo cuando proceda a lo dicho al respecto en páginas
anteriores,
que
la
doctrina
y
principalmente
la
jurisprudencia se han encargado de destacar y que no constituyen un númerus claúsus629 :
628 En la sentencia de referencia se identifica el proceso debido con el arto 24 CE que lo establece y con los preceptos constitucionales derivados, que lo desarrollan. La más moderna doctrina se pronuncia igualmente por una consideraci6n amplia del proceso debido, como principio general informador del derecho procesal de cuya concurrencia dependerá la existencia del "proceso constitucionalmente debido", GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal espafiol. Para no juristas, Valencia 1993, S 3 Y en general SS 4, 8, 31, 63. 629 Los contenidos que a continuaci6n se relacionan derechos, garantías y principios con relevancia procesal, han sido en su mayor parte objeto de nuestra atenci6n en páginas anteriores por lo que la referencia actual es simplemente enunciativa y por tanto básica e incompleta si no se relaciona con lo ya dicho.
321
1.
El
arto
120.3
CE que
exige
la aotivaci6n da
las
resoluciones (STC 142/1991, de 1 de jUlio, F. J. 4 Q , STS de 4 de enero de 1990 (RA 267) F. J. 1 12 )63°.
2.
El principio de iqualdad de armas/oportunidades (STC
66/1989, de 17 de abril, F. J. 1212. STS de 14 de junio de 1991
(RA 4716) F. J. 112 yart. 6.1 CEDH).
3.
Los principios de oralidad e
inmediación ambos con
jerarquia constitucional, arto 120.2 CE, Y como delimitadores del proceso debido - en especial en el orden jurisdiccional penal SSTS de 7 de febrero de 1990 (RA 1289) F. J. lQ; de 9 de mayo de 1991 (RA 3617) F. J. 2 Q631 •
". El principio acusatorio que actúa únicamente en el ámbito penal y que, como sabemos, exige la existencia de una acusación formulada por persona distinta al Juez y prohibe condenar por delito que no haya sido objeto de acusación y por tanto sin ofrecer posibilidades de defensa; (v. gr. BSTS de 4 de noviembre de 1986 (RA 6241) FF. JJ. 112 Y 212; de 9 de septiembre de 1987 6327)
CRA
F. J. 3 12 ; de 15 de febrero de 1990 eRA 1550); de 7 de
noviembre de 1990 (RA 8782); de 1 de octubre de 1991 (RA 6877)
630 SERRANO ALBERCA J. K. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ... , op. cit., pp. 1729 Y ss. 631 SERRANO ALBERCA J. K. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ••. , op. cit., pp. 1725 Y ss. 322
F. J. 1Q. Respecto a la jurisdicción militar, vid. v. gr., STS de 22 de abril de 1991 (RA 3157) FF. JJ. 2Q Y
3Q)~2.
5. Los principios comunes a todos los procesos: Iqualdad~,
(art. 14 CE, SSTC 66/1989, de 17 de abril, F. J. 12; 242/1992, de 21 de diciembre¡ SSTS de 14 de septiembre de 1983 (RA 4551) Considerando 1 Q¡ de 30 de septiembre de 1985 (RA 4581) F. J. 3 Q¡ de 19 de noviembre de 1990 (RA 9246) F. J. 5 Q), principio de contradicción (Primera referencia postconstitucional STS de 5 de noviembre de 1979 (RA 3814) Considerando 1 Q; Sobre su carácter esencial en relación al proceso debido, SSTS de 4 de noviembre de 1986 (RA 6241) F. J. 2 Q¡ de 29 de noviembre de 1989 (RA 9344) vinculación directa con los arts. 6.3.d, CEDH y 11 DUDH, también sobre su jerarquia constitucional STS de 7 de febrero de 1990 (RA 1289)
F. J.
1Q. En relación a su necesaria concurrencia para
evitar la indefensión, STS de 9 de mayo de 1991 (RA 3617) F. J. 2 Q )634.
632 STS de 22 de enero de 1992 (RA 430) F. J. 1 Q, "El principio acusatorio exige que toda persona acusada de un hecho delictivo sea informada previamente de la acusación que se le formula con todas las precisiones y distinciones necesarias entre los hechos que la sustentan y su calificación jurídica así como de la pena que se solicita.". En relación con el principio de legalidad, vid., STS de 17 de junio de 1991 (RA 4735) F. J. 4Q. 633 GALVEZ J. en GARRIDO PALLA p.comentarios ••• , op. cit., pp. 254 Y ss. GIMENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 59 Y ss. MONTERO I ORTELLS I GOMEZ I MONTON Derecho Jurisdiccional, 111, op. cit. pp. 34-35 en relación al principio de contradicción, y 39-40 por lo que respecta al principio de igualdad en su doble aspecto, igualdad de los ciudadanos ante la ley procesal e igualdad de las partes en el proceso. GOMEZ COLOMER J.L. El proceso penal español ••• , op. cit., § 9, pp. 6869. 634 GIMENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 55 Y ss., donde se destacan a) La posibilidad de acceso a los Tribunales, b) La adquisición del status de parte y c) El 323
6. El principio in dubio pro reo (o su variante en relaci6n
al orden jurisdiccional social in dubio pro operario - SSTS de 20 de julio de 1987 (RA 5666) F. J. único, bastante confusamente;
de 31 de mayo de 1988 (RA 4999) F. J. 2Q. - también tiene una manifestaci6n en el orden jurisdiccional civil, concretamente en el campo de las relaciones asegurativas, in dubio pro asegurado, STS de 18 de jUlio de 1988 (RA 5725) F. J. 4 Q) basado en el principio de equidad (SSTS de 20 de junio de 1989 (RA 4702); de 24 de julio de 1989 (RA 5777); de 8 de octubre de 1992 (RA 7539»
y relacionado con el principio de proporcionalidad
(S~S
de 9 de
octubre de 1992 (RA 8142) F. J. 6 Q), Y orientador de la actividad decisoria del Juez 63S ¡
(cuestión claramente diferenciada de la
presunción de inocencia -derecho fundamental constitucional que vincula al Juzgador - v. gr. SSTS de 22 de mayo de 1980 (RA 2094) Considerando 1 Q; de 1 de diciembre de 1981 (RA 4961) Considerando único; de 15 de julio de 1986 (RA 4328) F. J.
6 Q;
de 11 de
diciembre de 1989 (RA 792) F. J. 5 g ; de 16 de febrero de 1990 (RA
derecho a la última palabra, como notas esenciales del principio de contradicci6n. GOHEZ DB LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 33 Y ss., donde se destaca la necesidad de completarlo con el principio de igualdad. HONTERO AROCA J. El principio acusatorio ••• , op.' cit., pp. 786-788. Destacando su carácter de principio previo a la ulterior conformaci6n del proceso y por tanto extrayéndolo y separándolo del principio acusatorio frente a afirmaciones en el sentido contrario, v. gr. STC 53/1987, de 7 de mayo. 635 Su vulneración no puede fundamentar un recurso de casaci6n, por tratarse de una norma de interpretaci6n no sustantiva, STS de 25 de enero de 1993 (RA 172) F. J. 5Q. GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 280-282, donde se afirma que el principio asume en el proceso penal la funci6n que para el proceso civil cumple la distribución de la carga de la prueba, "en caso de duda, hay que preferir la impunidad de un cUlpable a la condena de un inocente.", con lo que parece confundirse con el ámbito propio de la presunción de inocencia. 324
.
6. El principio in dubio pro reo (o su variante en relaci6n
al orden jurisdiccional social in dubio pro operario - SSTS de 20 de julio de 1987 (RA 5666) F. J. único, bastante confusamente;
de 31 de mayo de 1988 (RA 4999) F. J. 2Q. - también tiene una manifestaci6n en el orden jurisdiccional civil, concretamente en el campo de las relaciones asegurativas, in dubio pro asegurado, STS de 18 de jUlio de 1988 (RA 5725) F. J. 4 Q) basado en el principio de equidad (SSTS de 20 de junio de 1989 (RA 4702); de 24 de julio de 1989 (RA 5777); de 8 de octubre de 1992 (RA 7539»
y relacionado con el principio de proporcionalidad
(S~S
de 9 de
octubre de 1992 (RA 8142) F. J. 6 Q), Y orientador de la actividad decisoria del Juez 63S ¡
(cuestión claramente diferenciada de la
presunción de inocencia -derecho fundamental constitucional que vincula al Juzgador - v. gr. SSTS de 22 de mayo de 1980 (RA 2094) Considerando 1 Q; de 1 de diciembre de 1981 (RA 4961) Considerando único; de 15 de julio de 1986 (RA 4328) F. J.
6 Q;
de 11 de
diciembre de 1989 (RA 792) F. J. 5 g ; de 16 de febrero de 1990 (RA
derecho a la última palabra, como notas esenciales del principio de contradicci6n. GOHEZ DB LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., pp. 33 Y ss., donde se destaca la necesidad de completarlo con el principio de igualdad. HONTERO AROCA J. El principio acusatorio ••• , op.' cit., pp. 786-788. Destacando su carácter de principio previo a la ulterior conformaci6n del proceso y por tanto extrayéndolo y separándolo del principio acusatorio frente a afirmaciones en el sentido contrario, v. gr. STC 53/1987, de 7 de mayo. 635 Su vulneración no puede fundamentar un recurso de casaci6n, por tratarse de una norma de interpretaci6n no sustantiva, STS de 25 de enero de 1993 (RA 172) F. J. 5Q. GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 280-282, donde se afirma que el principio asume en el proceso penal la funci6n que para el proceso civil cumple la distribución de la carga de la prueba, "en caso de duda, hay que preferir la impunidad de un cUlpable a la condena de un inocente.", con lo que parece confundirse con el ámbito propio de la presunción de inocencia. 324
.
1552) F. J. 212 ; de 28 de febrero de 1990 (RA 2102) F. J. 112 Y
de 4 de junio de 1991 (RA 4501) F. J. 4 12 ).
7. El derecho a un juez imparcial, (STC 113/1992, de 14 de septiembre, F. J. 3 12 , garantia implicitamente contenida en los arts • 24. 2 Y 117. 1 , ambos CE636 •
8. El derecho fundamental a una doble instancia o mejor a someter el fallo condenatorio a un Tribunal superior en el proceso penal,
(SSTC 76/1982, de 14 de diciembre,
F. J.
512;
37/1988, de 3 de marzo, F. J. 5 12 , garantia que se deduce del arto 24.2 CE Y del arto 14.5 PIDCP). Con respecto al proceso civil,
rige igualmente el derecho a un doble enjuiciamiento que se deriva del derecho a la tutela judicial efectiva, STS de 13 de mayo de 1992 (RA 3922) F. J. 112.
9. El principio pro actione, {STC 107/1992, de 1 de jUlio, F. J. 212; SSTS de 17 de abril de 1991 (RA 5269) F. J. 112; de 14 de octubre de 1991 (RA 6915) F. J. 2 12 , inspirador de todas las manifestaciones del arto 24.1 CE). "la plena efectividad de la tutela judicial exige una interpretación de las normas procesales inspiradas en el principio pro actione y presupone que el mismo principio debe inspirar sus aplicaci6n,"m. 636 STC 106/1989, de 8 de junio. STS de 27 de mayo de 1988 (RA 3849) F. J. 112; de 5 de mayo de 1992 (RA 3706) F. J. 1 12 ,
imparcialidad objetiva, el Magistrado instructor de la causa no puede juzgarla. vid. arts. 219.1012 LOPJ y 54.12 LECRIM. vid. SERRANO ALBERCA J. H. en GARRIDO PALLA P. Comentarios •.• , op. cit., pp. 1615 Y ss. 637 SSTS de 18 de febrero de 1992 (RA 1318) F. J. 112; de 10 de octubre de 1992 (RA 8230) F. J. 312. 325
10.
El principio de
intangibilidad da
las resoluciones
jUdiciales firmes, (STC 142/1992, de 13 de octubre, F. J. 2 g ; STS de 19 de febrero de 1993 (RA 1371) FF. JJ. 12, 22 Y 3 g ) .
11. principio de non bis in idem, STC 152/1992, de 19 de octubre, F. J. 22. SSTS de 18 de abril de 1980 (RA 1537); de 1 de julio de 1980 (RA 3075); de 7 de mayo de 1981 (RA 2130); de 25 de junio de 1986 (RA 3192); de 18 de julio de 1988 (RA 6181);
de 17 de abril de 1990 (RA 3256) F. J. 12; de 12 de junio de 1991 (RA 4695)
F. J.
22.4 -
Art.
25 CE que recoge el principio de
legalidad con respecto al que se considera impllcito el que nos ocupa, y arts. 300, 666.2 Y 675 LECrim~8.
12.
principio de gratuidad de la Justicia,
muchas veces
condición sine qua non para que la tutela judicial ofrecida por la CE sea realmente efectiva, arts. 119 CE, 20 LOPJ, 13 Y ss. LEC; SSTS de 20 de junio de 1987 (RA 4538) F. J. 22, en el que se establece la relación esencial con la tutela judicial efectiva y la prohibición de la indefensión; de 6 de noviembre de 1989 (RA 8005)
F. J. 2 g ; debe también relacionarse con el principio de
igualdad en el proceso, STS de 31 de diciembre de 1992 (RA 10661) en su
totalidad~9.
638 ARROYO DE LAS HERAS/MUÑOS CUESTA Ley de Enjuiciamiento Ciminal, Opa cit., pp. 183 Y 361 Y ss. Con respecto al principio de legalidad vid. STS de 8 de mayo de 1985 (RA 2454) Considerandos 1 2 , 2g Y 3 2 , donde se refleja sus trascendencia en relaci6n al estado de derecho y al proceso debido. SERRANO ALBERCA J. M. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ••• , op. cit., pp. 499 Y ss. 639 GOMES COLOMER J.L. El beneficio de pobreza, Barcelona 1982. SERRANO ALBERCA J.M. en GARRIDO FALLA P. Comentarios ••. , Opa
cit., pp. 1714 Y ss. 326
13. Derecho de habeas corpus, contemplado por el arto 17.4 CE Y desarrollado y regulado por la LO 6/84, de 24 de mayo de 1984, "cuyo contenido esencial consiste en la petición de amparo
judicial solicitada por el detenido al Juez para examinar las circunstancias y condiciones de una detención acordada por la policía, autoridad gUbernativa o, incluso, cualquier persona." ATS de 11 de mayo de 1990 eRA 3915) F. J. 5QMO.
14.
principios
de
lealtad
y
buena
fe,
parcialmente
contemplados en el arto 11 LOPJ, si cabe hablar de obligación de las partes de atenerse a determinadas pautas de conducta o principios en su relación jurídica con los OOJJ y entre ellas mismas, dicha conducta deberá estar regida por los mencionados principios, y en la medida en que la adecuación a los mismos permitirá a las partes, en cualquier procedimiento, acceder a la totalidad de las posibilidades propias del proceso debido, (su omisión puede dar lugar a la inadmisión de un recurso o de un medio de
p~ueba
ilícitamente obtenido), lo incluimos como parte
del proceso debido en su consideración ampliaM1 •
15. principio de conservación parcial del acto, STS de 8 de mayo de 1991 (RA 3597) F. J. 3Q. Art. 242 LOPJ. En combinación con la prohibici6n de las dilaciones indebidas y el principio de economia procesal.
640 SERRANO ALBERCA J. M. en GARRIDO FALLA F. Comentarios ••• , op. cit., pp. 334 Y ss. GIMENO SENDRA V. El proceso de "habeas corpus", op. cit., pp. 43-60. 641 ATS de 4 de abril de 1989 (RA 4763) F. J. 2Q. STS de 9 de mayo de 1991 (RA 3617) F. J. 2Q. vid. arto 11.1 y 2 LOPJ. 327
derecho
a
un
proceso
público
sin
dilaciones
indebidas,
constitucionalizado como fundamental por el arto 24.2 CE Y que no
se
identifica
procesales,
con
comporta
el
mero
incumplimiento de
los
la utilizaci6n de un concepto
plazos
jurldico
indeterminado que necesita ser dotado de contenido concreto, en cada caso, atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico (SSTC 5/1985, 36/1984, 223/1988 Y 50/1989). Dichos criterios objetivos son, según ha afirmado este Tribunal de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH576 , circunstancias
del
litigio,
singularmente
la naturaleza y su
complejidad
y
márgenes ordinarios de duraci6n de los litigios del mismo tipo, el interés que en el proceso arriesga el demandante, su conducta procesal, actuaci6n del 6rgano judicial que sustancia el proceso y consecuencias que de la demora ,se siguen para los litigantes (SSTC 223/1988,
28/1989 Y 50/1989)
Y la consideraci6n de los
medios disponibles (STC 81/1989)m u • 576 Caso Neumeister, STEDH, de 27 de junio de 1968. Caso Neves e Silva, STEDH, de 27 de abril de 1989. Caso Oliveira Neves, STEDH, de 25 de mayo 1989. 577 STC 85/1990, de 5 de mayo, F. J. 21:l. Recurso de amparo interpuesto frente a una resoluci6n, o mejor ausencia de resoluci6n, procedente de un OJ perteneciente al orden jurisdiccional civil (concretamente resolución de contrato de arrendamiento), también en materia civil vid. STC 10/1991, de 17 de enero. En relación con el proceso laboral y abundando en idénticas consideraciones a las transcritas, STC 73/1992, de 13 de mayo, F. J. 2 Q • Respecto al proceso penal, v. gr., STC ?15j1992 9 de 1 de diciembre, FF. JJ. 2Q Y 3Q. Respecto a la juri~prudencia del TS, vid., STS de 11 de febrero de 1993 (RA 1042) Fo J. 2 Q , donde se pone de manifiesto la teor!a general, grupo normativo y jurisprudencia, en relación con las dilaciones indebidas. vid. VARELA CASTRO L. El plazo razonable como derecho fundamental en los procesos penales por delitos de escasa gravedad o flagrantes, Justicia 1988, pp. 361 Y ss. Pese a que dichos procesos no existen ya como tales, no dejan de tener valor las consideraciones generales realizadas, as! como las propuestas realizadas pos la AIDP en su reuni6n de Hamburgo en 1979, que asimismo se reflejan. 294
La misma STC 85/1990, en su F. J. 3Q matiza la declaraci6n anterior, "Ahora bien, como ha precisado este Tribunal en la STC 223/1988,
y reiterado en las 50/1989 y 81/1989,
excluir del
derecho al proceso sin dilaciones indebidas las que vengan ocasionadas
por
defectos
de
estructura
de
la
organización
judicial seria tanto como dejar sin contenido dicho derecho frente a esa clase de dilaciones (STC 36/1984, STEDH de 13 de julio de 1983, dictada en el caso Zimmermann y steiner) •.• , de modo que el deber de garantizar la justicia sin dilaciones indebidas "lleva implicita la dotación a los órganos de los necesarios medios personales y
j~diciales
materiales.,,~8.
La dilación indebida, su existencia, debe ser considerada en relación con el momento de interposición de la demanda de amparo que será determinante de su estimación por el TC, asi en la STC 61/1991, de 20 de marzoS79 •
578 Sobre este punto en concreto, dotaci6n al Poder Judicial de medios personales y materiales, y para poder ponderar con rigor los criterios que el TC declara deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar la existencia o no de dilaciones indebidas en un proceso en concreto y por tanto para determinar la existencia o no de vulneración del proceso debido, vid. PASTOR S. Elementos para la reforma procesal: Análisis de la litigaci6n. oferta de tutela judicial. dilaci6n. recursos econ6micos y acceso de los ciudadanos a la Justicia en Materiales para una reforma procesal, Madrid 1991, pp. 87 Y ss. 579 F. J. 1Q "Mientras que el cese de la inactividad judicial, antes de formular la demanda, repara la lesi6n del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 151/1990, fundamento juridico 4 Q) la resoluci6n judicial dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo no repara una dilación que"ya esté consumada, de modo que ninguna influencia tiene a la hora de ponderar la pervivencia de la lesión constitucional el que la inactividad jUdicial haya cesado después de interpuesto el recurso de amparo (STC 10/1991, fundamento juridico 2 Q ) , o, como ocurre en el presente caso, que cesara a posteriori la situaci6n de pendencia en la resolución de la apelaci6n.". 295
La prohibición de dilaciones indebidas despliega también su eficacia respecto a la anulación de actos procesales irregulares, asi el TS entiende que será de aplicación el principio de conservación parcial del acto, con lo que "no toda irregularidad procesal puede originar un efecto anulatorio extremo, pues ello también
incidiria
fundamental a
en
la
vulneración
al
derecho
asimismo
la resolución de la causa dentro de un plazo
razonable o sin dilaciones indebidas establecido en el citado articulo 24 de la Constitución. ,,580 Finalmente encontramos en la jurisprudencia del TS una solución aplicable en caso de conflicto entre el derecho que nos ocupa y la presunción de inocencia, "6. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, por último, es inferior al derecho a la presunción iuris tantum de inocencia que consagra el arto 24.2 de la Constitución (por todas, S. 3-4-1991). En caso de conflicto ha de prevalecer el segundo,,581.
l. Proceso debido, proceso con todas las garantías y Juez
imparcia1 582
580 STS de 8 de mayo de 1991 (RA 3597) F. J. 3g. Vid. arto 242 LOPJ. 581 STS de 14 de febrero de 1992 (RA 1233) F. J. 19.6. 582 "El derecho a un proceso con todas las garantias, al igual que los demás derechos fundamentales, ha de ser interpretado de conformidad con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre derechos humanos ratificados por España (art. 10.2 CE), ... ", STC 245/1991, de 16 de diciembre, F. J. 3Q. STS de 6 de abril de 1990 (RA 3181) F. J. Unico. 296
r El derecho fundamental al proceso con todas las garantías es la fórmula general por la que ha optado la CE en su arto 24.2 de forma que permita dar la cobertura más amplia posible a las situaciones
no
expresamente
contempladas
por
la
normativa
constitucional e internacional arto 10.2 CE. "La norma sirve así como una especie de salvoconducto de la constitucionalidad del proceso,,583. Figurando el derecho al proceso con todas las garantías como uno de los contenidos del arto
24. 2 CE - que a la luz de la
jurisprudencia del TC que hasta el momento ha sido analizada constituye, sin discusi6n posible dada la claridad con la que al respecto totalidad,
se pronuncia del
el
contenido
Tribunal, del
parte
proceso
esencial,
debid0 584
sino
la
deberemos,
aunque someramente, ocuparnos del contenido del mismo. En primer lugar determina el TC que la garantía de imparcialidad objetiva del juzgador es una de los contenidos de este derech0585 • 583 RAMOS MENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., p. 28. 584 Identificando el derecho al proceso con todas las garantías con el proceso debido tenemos: "Como es sabido, la doctrina del Tribunal Constitucional ha concebido el derecho de acci6n - o derecho a la tutela judicial efectiva según la formulación constitucional - con un contenido sensiblemente más amplio que el que se acaba de enunciar, en detrimento de otro derecho fundamental reconocido en el arto 24.2: el derecho a un proceso con todas las garantías o, dicho en otros términos, el derecho al debido proceso (due process OÍ law), que resulta así prácticamente vacío y sin virtualidad.", ALMAGRO/GIKENO/CORTES/KORENO Derecho Procesal, t. I, v. I, op. cit., pp. 164-165. En KORENO/CORTES/GIMENO Introducción ••• , p. 218, se afirma la identidad entre el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al debido proceso. 585 STC 151/1991, de 8 de julio, F. J. 3Q. Vid., específicamente sobre la imparcialidad de los Jueces como contenido esencial del derecho constitucional a un proceso con las debidas garantías y sobre las consecuencias de su aplicaci6n en el grupo normativo regulador del proceso penal español, GOKEZ COLOKER J. L. Apunte sobre las reformas de la Ley Orgánica 7/1988, La Ley, n Q 24 1989 297
Nos ocuparemos también en este apartado del derecho a ser juzgado por un Juez imparcial que se considera bien como una garant1a más de las comprendidas dentro del derecho al proceso con todas
las garant1asS86 ,
bien como una manifestación del
derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley del arto 24.2 CEs87 • El TC afirma en todo caso y de forma expresa e inequ1voca la pertenencia del derecho al Juez imparcial a las garant1as del proceso debido que se recogen en el art. 24.2 CES88 , e igualmente establece la relación, fundamental, entre el derecho a un Juez imparcial y un estado configurado como Estado de Derechos89 • En el concreto ámbito penal la imparcialidad objetiva del Juez
supone
la
imposibilidad,
por
exigencia
del
principio
acusatorio, de que el Juez que realizó la actividad instructoria respecto de un concreto proceso pueda posteriormente conocer y fallar la causa acumulando as1 las funciones instructoras y y GOHEZ COLOHER J. L. ¿Hacia el futuro proceso penal español? (Notas al hilo de la Ley Orgánica 7/1988), Bolet1n de Información del Ministerio de Justicia, n Q 1543 1989. MONTERO AROCA J. El principio acusatorio ••• , op. cit., pp. 780-786. MORENO/CORTES/GlKENO IntrOducción ••• , op. cit., pp. 79-91. 586 STC 113/1987, de 3 de julio. HONTERO/ORTELLS/GOHEZ/HONTON Derecho JuriSdiccional, 111, op. cit., p. 36. 587 GlKENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, t. 11, op. cit., pp. 51-52. RAMOS HENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 19-23. 588 STC 136/1992, de 13 de octubre, F. J. lQ " ••• ha sido violado el derecho a un Juez imparcial, inherente a las garant1as del proceso debido (art. 24.2 CE), como consecuencia de la acumulación en primera instancia de las facultades instructora y sentenciadora ••• ". El principio de imparcialidad -afirma la STS de 27 de mayo de 1988 (RA 3849) F. J. 1 Q - procede del arto 117.1 CE. 589 STC 136/1992, de 13 de octubre, F. J. 2 Q • vid. STS de 1 de marzo de 1989 (RA 2793) F. J. 2Q. 298
decisorias, (SSTC 145/1988, de 12 de julio; 164/1988, de 26 de septiembre; 11/1989, de 24 de enero; 106/1989, de 8 de junio; 98/1990, de 24 de mayo; 151/1991, de 8 de julio). Esta afirmación
debe,
sin embargo,
matizarse en el sentido de que no toda
intervención del Juez en el procedimiento preliminar supone automáticamente tal consecuencia, de manera que planteada la cuestión
deberá
analizarse
cada
caso
concreto,
"es
la
investigación directa de los hechos con una función en parte inquisitiva y en parte acusatoria (dirigida frente a determinada persona) la que puede considerarse integrante de una actividad l.nstructora. ,,590 "La denominada imparcialidad "objetiva" - para garantizar la no concurrencia de "contaminación inquisitiva" - sólo puede hacerse valer por el acusado, al contrario de lo que ocurre con la imparcialidad "subjetiva" - para garantizar la independencia judicial - predicable tanto para el acusado como para las partes acusadoras. ,,591 590 STC 151/1991, de 8 de julio, F. J. 4 g , Y como fundamental en esta materia vid. STC 145/1988, de 12 de julio. Con respecto a la jurisprudencia del TS, vid. v. gr. STS de 27 de mayo de 1988 (RA 3849) F. J. 1 9 , donde se intentan trazar los limites más allá
de los cuales quedará comprometida la independencia del Juez o MagistradO ordinario predeterminado por la ley, vulnerando asi el proceso debido. ATS de 18 de octubre de 1990 (RA 8179) F. J. 1, es el supuesto de intervenci6n en la tramitaci6n del recurso de casaci6n de Magistrado que form6 parte del Tribunal sentenciador, lo cuál supone la vulneraci6n del derecho al Juez imparcial. STS de 24 de junio de 1991 (RA 4795) F. J. 4 g , en referencia a la STC 106/1989, de 8 de junio, entiende "que la tmparcialidad objetiva se pierde si se efectúa por el Juez un U'lterrogatorio al detenido al referirse, conforme al articulo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a preguntas directas y dirigirse a la averiguación de los hechos y la participación en ellos del procesado por lo que al término de dicho interrogatorio el Juez puede haberse formado una determinada convicción acerca de la participación del imputado en el hecho punible.". 591 STC 136/1992, de 13 de octubre, F. J. 2g. 299
La jurisprudencia del TC ha establecido que los OOJJ tienen la obligación de comunicar a las partes - a ambas - la exacta composición del OJ llamado a conocer de la causa, arts. 202 y 203 LOPJ,
(STC 180/1991, de 23 de septiembre, F. J. 6 g ), lo cual
posibilitará la consecución de la imparcialidad subjetiva, ya que las partes podrán ejercer su derecho a recusar a los Jueces o Magistrados en los que concurriera motivo para ello.
De no
respetarse la obligación recogida en los articulos mencionados de la LOPJ, se producirá "la privación del ejercicio del derecho a
recusar derivado de tal omisión,
que constituye, garant.1a
esencial vinculada a la imparcialidad del juzgador e integrante del derecho a un proceso con todas las garantías que consagra el arto 24.2 CE, que, por tanto, ha de entenderse infringido en este caso. ,,592 Es posible también extraer del arto 24.2 CE en relación con el arto 14.5 del PIDCP de Nueva York, y así lo hace el TC, que uno de los derechos que componen el proceso con todas las garantias -distinto del derecho a un juez imparcial - y por tanto el proceso debido,
es el derecho fundamental a una segunda
instancia en el proceso penal o formulado de forma más precisa, a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean "sometidos a un Tribunal superior conforme a lo prescrito por la Ley" (SSTC 42/1982, 37/1988, entre otras)"m.
El TS introduce, distintos a
basándose en criterios clasificatorios
los empleados por el TC,
nuevos contenidos del
592 STC 230/1992, de 14 de diciembre, F. J. 4g. STS de 5 de octubre de 1992 (RA 7524) F. J. 4g. 593 STC 113/1992, de 14 de septiembre, FF. JJ. 4 g , 5g Y 6g. 300
1 derecho a un proceso con todas las garantías. Así, afirma que "el derecho a la prueba, que es una manifestación peculiar y concreta del derecho a un proceso con todas
las garantías,
aparece
reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución cuando concede a todas las partes en un proceso el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. ,,594 • La jurisprudencia del TS se ocupa de que los principios básicos procesales sean respetados en la práctica de los medios probatorios, v. gr., la necesidad de garantizar la contradicción en relación con los testigos de cargo que habrán de reproducir su testimonio en el juicio oral, y la correlativa suspensión del juicio ante la incomparecencia del único testigo de cargo que por tanto no ha podido ser sometido a contradicción595 •
VI. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SIN INDEFENSIO~
594 STS de 11 de abril de 1991 (RA 2611) F. J. 2Q. 595 STS de 12 de julio de 1988 (RA 6566) F. J. 3Q. También SSTS de 1 de febrero de 1988 (RA 832); de 15 de abril de 1988 (RA 2781); de 4 de junio de 1988 (RA 4431); de 8 de mayo de 1991 (RA 3597) FF. JJ. 1Q Y 2Q. Vid. arto 746.3Q LECRIM. Respecto a la práctica de pruebas, solamente serán válidas aquellas practicadas sin infracci6n constitucional alguna, actuando al respecto el TS unicamente como "filtro garantizador de constitucionalidad", STS de 12 de marzo de 1992 (RA 2442) F. J. 27Q. Vid. arto 238.3 LOPJ. 596 comprende el derecho a la tutela judicial efectiva (derecho de acción), el derecho a iniciar el proceso, el derecho a un proceso con las debidas garantías, el derecho a la sentencia de fondo, el derecho al recurso cuando está previsto por la ley y el derecho a la ejecución, así lo afirma GOHEZ COLOMER J. L. Reflexiones sobre las bases científicas ••. , op. cit., p. 587. CANO MATA A. El derecho a la tutela jUdicial efectiva •.• , Opa ci t. FIGUERUELO BURRIEZA A. El derecho a la tutela jUdicial efectiva, Madrid 1990. STC 6/1992, de 16 de enero, F. J. 5g "La tutela judicial efectiva que garantiza el arto 24 CE consiste, como en tantas ocasiones a declarado este Tribunal (STC 100/1988) "en el derecho que tienen todas las personas al acceso a los 301
Se trata de uno de los derechos fundamentales recogidos en el
arto
24
contenido,
CE
cuya
infracción,
debido a
la amplitud de su
se alega en la práctica totalidad de los recursos
formulados tanto ante la jurisdicción constitucional como ante la jurisdicción ordinaria. Previamente a abordar la exacta determinación de lo que la tutela judicial efectiva significa para el TC, deberemos advertir que del uso que el mencionado Tribunal hace de la expresión tutela judicial efectiva podemos extraer dos acepciones diferenciables
(el alcance práctico de dicha distinción es reducido,
pero su utilidad a la hora de clarificar las conclusiones de la presente tesis resulta ciertamente importante). La primera de ellas
se
emplea
de
un
modo
general
como
contenedor
de
la
totalidad de los derechos y garantías recogidos en el resto del arto 24 CE (Vid. v. gr. STC 14/1992, de 10 de febrero, FF. JJ.
órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos con arreglo a las normas de competencia y procedimiento legalmente establecidos", a obtener de los mimsmos una resolución fundada en Derecho, tras un proceso en el que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de los afectados y se respete, entre otros, el principio de contradicción, así como la igualdad entre las partes (SSTC 93/1984 y 191/1987), puesto que, como se dijo en la STC 9/1981, no ha de olvidarse que el arte 24. 1 CE contiene un mandato implícito al legislador y al intérprete - consistente en promover la defensión, en la medida de lo posible, mediante la correspondiente contradicción. De tal mandato, pues, se deriva el deber positivo de corregir cualquier situación que pueda calificarse como indefensión, (SSTC 98/1987, 102/1987, 149/1987, 155/1988, 145/1990)". En relación con el principio de contradicción procesal, vid. STC 78/1992, de 25 de mayo, F. J. 2g. Por lo que a la jurisprudencia del TS respecta Vid., v. gr., SSTS de 4 de noviembre de 1986 (RA 6241) en su particularmente explícito F. J. 4 g ¡ de 16 de abril de 1990 (RA 2761) F. J. 5 g , "la tutela judicial efectiva que consagra el arto 24.1 de la Constitución Española viene determinada por el estricto cumplimiento de los principios rectores del proceso, explícitos o implícitos en el ordenamiento procesal, según tiene declarado el TC en sentencias de 7 de junio de 1982, 16 de octubre de 1984, 11 de diciembre y 15 de octubre de 1987,". 302
6g Y 7 g ) con los que tiene evidentes relaciones, esta acepción
procede de la consideración del aspecto negativo del derecho fundamental
que
es
la
prohibici6n
de
la
indefensi6n,
su
vulneración es invocable en amparo si bien, por tratarse de una infracci6n genérica, se deberla concretar el motivo de la misma. La segunda acepción que hemos anunciado, más precisa, se referirá a aquél derecho fundamental concreto recogido en el Ng 1 del arto 24 CE, derecho al proceso, que se verá vulnerado - posibilitando
la correlativa impugnación directa (casación, amparo) - siempre que no concurran en un proceso los contenidos que a continuación citaremos y precisamente en la medida en que la doctrina y jurisprudencia, tanto del TC como del TS, los han establecido y exigen597 •
A. Derecho de acceso a la Jurisdicción y derecho a una resolución fundada sobre el fondo del asunto 597 STS de 18 de junio de 1991 (RA 4473) F. J. 3 g , "el contenido constitucional del mencionado derecho a la tutela judicial efectiva se manifiesta no solamente en el derecho de acceso a la jurisdicción y en el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, sino que también, esencialmente, del derecho a obtener una resoluci6n fundada jurídicamente,". Con respecto a su impugnación a través del recurso de casaci6n, establece el TS que la infracci6n del arto 24.1 CE, por ser un precepto de carácter sustantivo habrá de ser invocada a través del ordinal 5g del arto 1692 LEC, vid. STS de 20 de marzo de 1991 (RA 2422) F. J. 2Q. vid. arto 5.4 LOPJ. En general sobre el derecho a la tutela judicial efectiva vid, DB LA OLIVA/PERNANDEZ Derecho Procesal civil, I, op. cit., pp. 121-146. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, I, op. cit., pp. 413-434. RAMOS MENDEZ F. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 32-36. ALMAGRO/GIHENO ¡CORTES/MORENO Derecho Procesal, t. I, v. I, op. cit., pp. 159171. El derecho a la tutela judicial efectiva se predica respecto de todos los órdenes jurisdiccionales, vid. al respecto GOHEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., p. 315 Y sobre su contenido pp. 318 Y 319. También GARCIA DB ENTERRIA B. La posición jurldica del Tribunal Constitucional en el sistema español: posibilidades y perspectivas, REDC 1981, n Q 1, p. 51. MORENO/CORTES/GIHENO Introducción ... , op. cit., pp. 213-222. 303
El derecho de acceso a la jurisdicci6n que consagra el arto 24.1 CE "se concreta en el derecho a ser parte en el proceso,
para promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisi6n jUdicial sobre las pretensiones deducidas. ,,598. Dicha resolución judicial deberá ser fundada cualquiera que sea su sentido, favorable o
adversa5~.
No parece conveniente, aunque a determinados efectos pueda hacerse, separar ambos derechos, puesto que careceria de sentido el mero acceso a la jurisdicción si ello no comportara una resolución sobre el fondo del asunto, la cuál no seria posible sin una previa posibilidad de acceso a los
Tribunales~.
598 GOMEZ DE LIAÑO P. El proceso penal, op. cit., p. 319. 599 RAMOS MENDEZ P. El proceso penal ••• , op. cit., pp. 24-27. MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional, I, op. cit., pp. 427-433. 600 El derecho de acceso se reconoce por el TC tanto a personas fisicas o naturales como a personas juridicas o colectivas, STC 53/1983, F. J. 19- STC 147/1985, F. J. 3 g , Y concretamente en relación con el derecho al ejercicio de la acción popular por una persona juridica, STC 241/1992, de 21 de diciembre, FF. JJ. 4g Y 5 g , que lo reconoce, produciéndose en caso contrario una vulneraci6n del derecho a la tutela judicial efectiva. STS de 13 de noviembre de 1985 (RA 5606) F. J. 3 g , el derecho a la tutela judicial efectiva "no puede ser interpretado consagrando un derecho incondicional a la protección juridica, sino como el derecho a obtenerla siempre que se ejerza por las vias procesales legalmente establecidas, sin que, por otra parte, pueda hablarse de indefensión, cuando el recurrente ha tenido abiertas todas las instancias y recursos, incluido el de casación, para hacer vales sus derechos.". En el mismo sentido STS de 17 de octubre de 1986 (RA 5796). Afirma la STS de 3 de febrero de 1987 (RA 2055) F. J. 3 Q p "B) El principio del derecho a la tutela efectiva por jueces y tribunales para el ejercicio de derechos e intereses legitimos por parte de sus titulares favorecedor de la accesibilidad a los órganos de la Administración-justicia, proclamado por el articulo 24 de la Constituci6n Española de 27 de diciembre de 1978, orienta la interpretación de la normativa, sobre los requisitos formales para comparecer en juicio, en sentido restrictivo, a fin de evitar la indefensión de los interesados.". ALMAGRO1GIMENOI CORTES 1MORENO Derecho Procesal, t. I, v. I, op. cit., pp. 162-164. 304
La
acceso
tutela jUdicial efectiva en relación con el derecho de puede
pretensión
quedar
satisfecha
interpuesta si
tras
la
inadmisión
ello se produce a
resolución razonada y fundada en
de
la
través de una
derecho~l.
También será respetado el derecho a la tutela judicial efectiva
en el
caso de que
no sea estimada
la
pretensión
interpuesta ante el OJ, siempre que se deba a la existencia de una causa legal que así lo
determine~.
El derecho de acceso al proceso sólo podrá correctamente ser limitado en virtud de la concurrencia de otro derecho ~ libertad constitucionalmente protegido y que suponga incompatibilidad con el mismo, es pues precisa la concurrencia de una causa legalmente establecida conjuntamente con la imposibilidad de realizar una
601 STC 33/1989, de 3 de febrero. STS de 23 de marzo de 1988 (RA 2421) F. J. 1 Q¡ El derecho a la tutela efectiva comprende obtener "una resolución fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones del actor, que podrá ser de inadmisi6n cuando así lo acuerde el Juez en aplicaci6n razonada de una causa legal. El derecho que consagra el artículo 24.1 de la constituci6n no es un derecho incondicional a la prestaci6n jurisdiccional, sino a obtenerla siempre que se ejerza cumpliendo los requisitos previos indispensables y por las vías procesales legalmente establecidas. ". STS de 10 de noviembre de 1992 (RA 9099) ¡ en ella se afirma que el derecho de acceso a la jurisdicci6n, integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no resulta vulnerado por inadmi tir una demanda por la no subsanaci6n de defectos subsanables. 602 SS~S de.2 .de febrero de 1983 (RA 3322) considerando.4Q~ ':no puede 1dent1f1carse con la no prestaci6n de la tutela )ud1c1al ni con la indefensi6n de los interesados que prohíbe el texto constitucional con el simple hecho de que no se acceda a las pretensiones que se deduzcan"¡ de 10 de mayo de 1985 (RA Q2267) Considerando 5 Q¡ de 29 de abril de 1989 (RA 3281) F. J. 3 ¡ de 30 de noviembre de 1990 (RA 9221) F.' J. 4 Q, " .•• 10 que: tal principio (tutela judicial efectiva) garantiza es que en.~1ngún supuesto pueda producirse denegación de justicia, obten1endose dicha tutela también en los casos en que se rechace lo interesado por la parte en el proceso, siempre que concurra Y se exprese la causa legal correspondiente,"¡ de 30 de abril de 1991 (RA 3117) F. J. 3 2 ¡ de 22 de jUlio de 1992 (RA 6447) F. J. 4 Q• 305
Además de otros contenidos tampoco recogidos en el arto 24 CE
pero
que
por
su
trascendencia
procesal
y
por
vía
de
interpretación, fundamentalmente teleológica entendemos pueden constituir parte del proceso debido según el concepto amplio del que nos ocupamos 642 •
2. Nuestra posición
El proceso debido participaría en nuestra opinión, como ya hemos avanzado,
de la naturaleza de los principios generales
informadores del derecho, con especial relevancia en relación con el
Derecho
Jurisdiccional
manifestaciones relación
a
y
dentro
jurisdiccionales643
cada
una
de
ellas
de
(de
él
de
forma
atendiendo
a
todas
distinta las
sus en
diversas
naturalezas y peculiaridades de los derechos que originan los procesos que ante sus Tribunales se tramitan y resuelven), con carácter expansivo en la medida en que el desarrollo del estado de derecho implique la incorporación de nuevos contenidos. El
principio
general
del
proceso
debido,
según
una
concepción positivista en la que fundamentamos nuestra opinión, sería el resultado del proceso de abstracción del gran grupo de normas que como hemos mostrado resultan implicadas en relación con el tema que nos ocupa; normas relativamente heterogéneas pero 642 V. gr. la institución del jurado que en relación con el proceso penal es contemplada por los arts. 125 CE Y 83 LOPJ, aunque por el momento no existe una regulación pormenorizada que permita su aplicación.
643 STS de 26 de julio de 1985 (RA 4141) Considerando 4 12 , "esta Sala - de lo civil - tiene reiteradamente declarada la aplicación directa al proceso civil de las normas constitucionales, Y concretamente del artículo veinticuatro de la Constituci6n,". 328
absolutamente interdependientes, a las que por otra parte dotar1a de
la necesaria unidad en relaci6n con el proceso,
y más
concretamente con el tipo de proceso que exige el estado de derecho, es decir el proceso
debido~.
a. Naturaleza y contenido
La postura que adoptamos y que consiste en atribuir al proceso debido la naturaleza de un principio general del derecho y más concretamente la de un principio constitucionalizado, la fundamentamos en las siguientes consideraciones, que han sido ya anteriormente expuestas: Podemos rechazar que nos hallemos ante una norma legal puesto que
es
caracter1stica definitoria
de
las mismas
su
manifestaci6n expresa e imperativa, situaci6n que dificilmente será
sostenible
en
relaci6n
con
el
proceso
debido
cuya
formulaci6n expresa no ha sido abordada por el momento por ninguna ley. Más conviene a la instituci6n a cuyo conocimiento aspiramos la caracter1stica propia de los principos generales de carecer de texto can6nico, siendo por tanto independientes de su formulaci6n y no constituyendo un numerus clausus, "el juez, el intérprete en general, pueden recurrir a nuevos principios cuando necesidades
sobrevenidas de
la evoluci6n de
las
ideas,
la
sociedad y la técnica lo requieran,,64s.
644 DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derecho Civil, v. I, op. cit., p. 162. 645 LACRUZ/SANCHO/LUNA/DELGADO Elementos de Derecho Civil, v. I, op. cit., pp. 203-204. 329
Partiremos
de
la
existencia
de
principios
generales
enunciados en la CE (aunque no todos de forma expresa como en el caso
que
nos
extraeremos
ocupa
de
en
relaci6n
con
como
1
articulos
el
el CE
proceso donde
debido
se
afirma
que la
constituci6n de España en Estado de Derecho, o el arto 24 CE en relaci6n a la tutela judicial efectiva, etc.) son los llamados "principios constitucionales", dichos principios no operarán en defecto de ley y costumbre sino que se aplicarán con carácter preferente a las citadas fuentes del derecho, y con respecto a los
mismos
se
tradicionales
observa principios
internacionalización relevantes
la
principos
y
tendencia generales
a
sustituir
del
a
los
derecho646 •
La
constitucionalización del
derecho
ha
tenido
de un
los
más
reflejo
especialmente intenso en relación a los principios procesales M7 •
646 vid. arto 1.4 CC, "Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico". 647 LACROZ/SANCHO/LONA/DELGADO Elementos de Derecho civil, v. I, op. cit., p. 205. Sobre la constitucionalización de los principios generales vid. DIEZ-PICAZO/GOLLON sistema de Derecho civil, v. I, op. cit., p. 164 Y 166, donde se destaca su función directiva e informadora de la legislaci6n. CAS'l'AN 'l'OBEÑAS J. Derecho civil español, común y foral, t. I, op. cit., p. 496. En el mismo sentido vid. arto 5.1 LOPJ "La Constituci6n es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos". Los principios generales del derecho y por lo tanto también los principios constitucionales "son auténticas normas jurídicas en sentido sustancial, pues suministran pautas o modelos de conducta", DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derecho Civil, v. 1, op. cit., p. 163. ALVAREZ CONDE E. El régimen ..• , op. cit., pp. 23 Y ss. HONTBRO/OR'l'ELLS/GOKBZ Derecho JuriSdiccional, 1, op. cit., pp. 488-505. DE LA OLIVA/ARAGONESES/ HINOJOSA/HUERZA/TOHE Derecho Procesal Penal, op. cit., pp. 63-68.
330
La función esencial de los principios del derecho es la "determinación del verdadero alcance, sentido o significación que dentro
del
ordenamiento
jurídico
posee
una
determinada
disposición legal ,,648. En este sentido, el proceso debido cumple, y así se desprende de las numerosas referencias e intentos de interpretar determinados arts.
de la CE a
la luz de dicha
institución que realizan tanto el TC como el TS y en menor medida la doctrina, la función descrita en relación con, principalmente, el arto 1 CE exacta determinación de lo que el Estado de Derecho significa en su faceta jurisdiccional, y con el arto 24 CE exacta determinación del alcance e implicaciones de la tutela jUdicial efectiva; además de con otros artículos de la CE de los que ya nos hemos ocupado en páginas anteriores. 649 El principio general constitucionalizado del proceso debido tal y como lo entendemos se obtiene de la abstracción de, fundamentalmente, algunas de las normas formuladas en la CE y en otras disposiciones. Es
preciso
hacer
una
referencia
siquiera
breve
a
la
posibilidad de atribuir al proceso debido la naturaleza de derecho fundamental ya que se contempla tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia6~,
al respecto hay que considerar en
648 DIEZ-PICAZO/GULLON sistema de Derecho civil, v. I, op. cit., p. 160. PEREZ LUÑO A. B. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., p. 276. 649 BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J.M. Derecho fundamental al proceso debido ••. , op. cit., pp. 33-39. 650 BANDRES SANCHEZ-CRUZAT J. M. Derecho fundamental al proceso debido ••. , op. cit., p. 33. SAINZ DE ROBLES P. C. La tutela jUdicial •.. , op. cit., p. 1. Alguna jurisprudencia tanto del TC como del TS atribuye también al proceso debido la naturaleza de derecho fundamental, vid. en pp. anteriores lo relativo al concepto ecléctico del proceso debido. No nos ocuparemos en mayor
331
el
lado de
finalidad individual
las
identidades con el proceso debido
genérica y
de
profundizar
colectiva,
su
y
garantizar
irrenunciabilidad
y
la de su
la
libertad
la
obligada
observancia por parte de los poderes públicos. En todo caso, la consignaci6n de las diferencias con el mismo nos lleva a rechazar dicha posibilidad, asi es caracteristica esencial de los derechos fundamentales la de su positivizaci6n, que como ya hemos afirmado no se da respecto al proceso debido~l. Los invocables
derechos para
fundamentales,
la
obtenci6n
de
directamente su
tutela
aplicables y
e
expresamente
formulados en la CE (v. gr. derecho a la defensa, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc.) constituyen, yeso es innegable, el contenido esencial del proceso debido, aunque no su totalidad, v. gr. principio acusatorio, principio de gratuidad de la justicia, etc.~2
b. Efectos
Los derechos especificos que de la aplicaci6n práctica del principio
del
proceso
debido
se
derivan
para
los
sujetos
procesales son, en la mayor parte de los casos, irrenunciables
medida que lo ya hecho de la posibilidad de atribuir al proceso debido la naturaleza juridica de las libertades públicas, garantlas constitucionales o valores superiores constitucionales, puesto que no son posibilidades desarrolladas por la doctrina o por la jurisprudencia. 651 STC 5/1981, de 13 de febrero. 652 DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El régimen constitucional •.• , op. cit., pp. 209 Y ss. PECES BARBA G. Escritos •.• , op. cit., p. 213. 332
ya que no entran, por su naturaleza (derechos fundamentales), dentro de la esfera dispositiva de los mismos~3. En
principio
directamente
su
no
es
susceptible
vulneración,
pero si
de lo
amparo es
a
invocando
través
de
la
invocación de la vulneración de sus contenidos. Igualmente será susceptible de
apelación,
y
de recurso de casación ante
la
jurisdicción ordinaria de la misma forma ya expresada, arto 5.4 LOP~.
La
estimación
de
la
violación
de
cualquiera
de
los
contenidos que integran el principio del proceso debido supondrá, por lo general, la anulación de lo actuado en ese proceso hasta el momento de prOducirse dicha situación,
es decir hasta el
momento en el que el proceso dejó de poder calificarse de debido, con la consiguiente repetición de actuaciones hasta su debida conclusión~s •
En cuanto a la legitimación para solicitar la tutela de los Tribunales por la vulneración del principio del proceso debido, la misma corresponderá: Para solicitar la tutela a través de la jurisdicción
ordinaria,
recurso
de
apelación
y
recurso
de
casación, a las partes en el proceso en las que concurran los presupuestos
nece~arios;
para solicitar la tutela a través de la
653 ALVAREZ CONDE E. El reg~men ••• , Opa cit., p. 102. Aunque existen excepciones a la irrenunciabilidad, v. gr. con respecto al derecho a no declarar contar si mismo, STS de 12 de junio de 1984 (RA 3548) Considerando 2 g •
554 E~ también posible la protección de los Tribunales ordinarios, respecto a la vulneraci6n de los contenidos del proceso debido, a través del procedimiento especial y preferente diseñado por la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. 655 CASCAJO CASTRO/GIHENO SENDRA El recurso de amparo, Opa cit., pp. 74-80. vid. arts. 53-58 LOTC. 333
jurisdicción ciudadano,
constitucional,
recurso
de
amparo,
cualquier
en la medida en que defienda derechos e intereses
legitimos, arto 53.2 CE, además del Defensor del Pueblo y del Ministerio Fiscal, arto 162.1.b
c~.
656 STS de 3 de abril de 1991 (RA 2560) F. J. 1Q. 334
CONCLUSIONES
Como resultado de nuestras investigaciones, hemos llegado a las siguientes tres conclusiones:
Primera. -
Norteamérica
La Constitución de los Estados Unidos de
disefia
un
sistema
basado
en
los
derechos
fundamentales indi viduales,
principalmente los derechos a la
vida,
la
a
la
libertad
y
a
propiedad.
Como
garantia
del
mencionado sistema la propia Constitución crea un mecanismo, the due process of law, que actúa como limite al que necesariamente deberá atenerse la actuación de los poderes públicos en relación con la esfera de derechos propia de cada individuo, núcleo del llamado
due
process
sustantivo.
si
debiéramos
expresar
la
afirmación anterior en categorias juridicas continentales, no seria inadecuado decir que la Constitución de los Estados Unidos configura un estado de derecho. La propia Constitución de los Estados Unidos hace referencia también en su articulado a una especifica manifestación del due process en relación con el ejercicio de la función jurisdiccional y
especialmente en relación al proceso penal.
establecen determinados derechos,
Para ello se
primeramente en la propia
Constitución (inviolabilidad del domicilio, información sobre la acusación formulada,
etc. ),
derechos que posteriormente son
desarrollados por la jurisprudencia y que serán reconocidos a toda persona que se halle sujeta a un proceso. Se trata del due process procesal.
336
En
Sequnda.-
el
caso
de
la
República
Alemania la Ley Fundamental en sus arts.
1,
Federal
de
20 Y 28 opta por
configurar un estado de derecho, Rechtsstaatsprinzip, del que como manifestación necesaria en el ámbito
jurisdiccional se
deriva la exigencia de un proceso informado por la justicia y la equidad,
faires
principio
del
principio de
Verfahren
principalmente
por
el
asistencia/Fürsorgepflicht y
por
el
igualdad de armas/Waffengleichheit) ,
que
se
deber la
de
(integrado
positivizará a través del arto
6.
del Convenio Europeo de
1
Derechos Humanos, cuyo principal contenido, según la doctrina mayoritaria, es el principio jur1dico anglosajón del fair trial. La referencia al fair trial/faires Verfahren del derecho alemán es equivalente por sus contenidos al due process of law americano en su aspecto procesal.
Tercera. -
El
punto
de
partida
con
respecto
a
la
situación española lo encontramos en el arto 1 de la Constitución Española,
según el cual España se constituye en un estado de
derecho,
existiendo
en
la
propia
Constitución
numerosas
referencias que implican directamente al Derecho Jurisdiccional, es decir, su regulación esencial (jurisdicción, acción y proceso) de acuerdo con un estado configurado como de derecho. Desde progresiva,
la
promulgación
tanto
por
de
parte
la de
Constitución la
doctrina
y
de
como
forma de
la
jurisprudencia, se hace referencia al proceso debido, y una de las interpretaciones que cabe extraer de dichas referencias es que el proceso debido es el concepto aglutinador de lo que se ha llamado el Derecho Constitucional Procesal. 337
Podemos asi afirmar, y ello en armonia tanto con el origen y posterior desarrollo como con la naturaleza de la institución,
que el proceso debido es la manifestación jurisdiccional del estado de derecho en nuestro pais.
338
TESIS
m) Derecho a la ejecución de sentencias.
No
es,
sin
embargo,
un
derecho
que
tenga
una
tutela
específica ante el Tribunal Constitucional por sí mismo, si no es en unión de alguno de los anteriormente dichos.
341
INDICE BIBLIOGRAFICO
ACOSTA ESTEVEZ Los derechos básicos del justiciable Editorial PPU Barcelona España
1.987
ALCALA-ZAMORA y CASTILLO Estudios de derecho procesal Editorial Góngora Madrid España
1.934
ALMP.GRO NOSETE J. Consideraciones de Derecho Procesal Editorial Bosch Barcelona España
1.988
ALMAGRO NOSETE J. Constitución y proceso Editorial Bosch España Barcelona
1.984
ALMAGRO NOSETE J. Poder Judicial y Tribunal de Garantías en la nueva Constitución Lecturas sobre la Constitución española 1.978 Tomo 1 Pág. 300 ALMAGROjGIMENOjCORTESjMORENO Derecho Procesal. Parte general. Proceso civil ( 3 a ed.) Editorial Tirant lo blanch Valencia España 1.988 ALVAREZ CONDE E. El régimen político español ( 4 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
(1)
1.990
ARMENTA DEU T. Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España Editorial PPU Barcelona España 1.991 ARNDT A. Das rechtliche Gehar Pág.
6
ARNDT A. Die Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Gehors NJW Pág. 1297 1.959 ARNDT A. Eroffnungsbeschluss, rechtliches Gehar und MRK; Erschopfung des Rechtswegs; Die Wahrheitsfrage und das demokratische Rechtsstaatsprinzip NJW 1.960 Pág. 1191
BAÑO LEON J M. La dlstlnclón entre derecho fundamental y garantía lnstltuclonal en la Constltuclón Española Revlsta Española Derecho Constltuclonal 1 988 Pág 155 BETTIOL G Instltuzlonl dl dlrltto e procedurapenale Edltorlal Cedam Italla Padova 1 973 BEYER H Dle Rechtsprechung des Relchgerlchts und des Bundesgerlchtshofs zur Amtshaftung fur behordllche Auskunft DVBl 1 962 Pág. 613 BLECKMANN A. Allgemelne Grundrechtslehren Edltorlal Kohlhammer Koln Alemania
1.979
BRUNS R Zlvllprozessrecht ( 2 a ed.) Edltorlal Franz Vahlen Munchen Alemania
1. 979
CALAMANDREI P. Opere Giuridiche Editorial Morano Napoli
1. 965
Italia
CANO MATA A. Derechos y Libertades Fundamentales: su protección Jurisdiccional Revista de Derecho Público pág. CANO MATA A. El derecho a la tutela judicial efectiva en la doctrlna del Trlbunal Constitucional Edltorlal Edersa Madrld España 1.984 CAPPE1LETTI M. Ld oralldad y las pruebas en el proceso civll Edltorlal Ed Jurídlcas Eu-Am Argentlna Buenos Alres 1 972
CARNELUTTI F Derecho Procesal C1Vll y Penal, derecho y proceso Edltorlal Ed Jurídlcas Eu- Am Buenos Alres Argentlna 1 971 CARNELUTTI F Trattato del processo C1Vlle Edltorlal Morano Napoll Italla
1 958
CASCAJO CASTRO J L /GIMENO SENDRA V El recurso de amparo Edltorlal Tecnos Madrld España
1 985
CASTAN TOBEÑAS J Derecho C1Vll español, común y foral, y parte general (12 a ed ) Edltorlal Reus S A Madrld España
lntroducclón
1 986
CAVISE LoL Human Rlghts ln the trlal phase of the amerlcan system of clrmlnal procedure, en "Protectlon of Human Rlghts ln the crlmlnalo o o o" Edltorlal Alexandrla EglptO 1 989 CHIOVENDA G Derecho Procesal Civll Edltorlal Reus Madrld España
10922
CHIOVENDA Go Prlnciplos de Derecho Procesal Civil Edltorlal Reus Madrld España
i0977
COLLIARD Co Ao Libertés publlques Editorlal Dalloz ParlS
1 982
Francia
CORDON MORENO F El proceso de amparo constltuclonal Edltorlal La Ley Mddrld España
1 987
CORDON MORENO F En torno a los poderes de dlrecclón del Juez C1Vll Revlsta de Derecho Prlvado/RDPrlv 1 979 Tomo 63 Pág 807 CORDON MORENO F La legltlmaclon en el proceso contenclOSOadmlnlstratlvo Edltorlal :Cunsa España Pamplona 1 979
CORTES DOMINGUEZ (Coordlnador) ComentarlOS a la reforma de la Ley de En]UlClamlento Clvll Edltorlal Tecnos Madrld España 1 985 CORTES DOMINGUEZ V Las facultades del trlbunal eA articulo 43 2 de la LJCA (Nota a la sentencla de la Sala cuarta del TS de 17 de octubre de 1980) Justlcla 1 981 Tomo 240 1 Pág CORTES GENERALES Trlbunal Europeo de Derechos Pumanos ]urlsprudencla 1959-1983 BJC o Pág
25 años de
CORWIN E The doctrlne of due process of Law before the clvll war Harvard Law Revlew 1.911 Pág COUTURE E. J Vocabularlo Juridlco Edltorlal Depalma Buenos Alres Argentlna
1 991
COWLES W.B. Treatles and constltutlonal law Prloerty lnterferences and due process of law. Edltorial Wesport (Connectic.)EE.UU. 1.975 DAMASKA M. Die Stellung des Verteldigers lm amerikanischen Strafprozess ZStW 1.978 Pág. 829 DE ESTEBAN/LOPEZ GUERRA El réglmen constltuclonal español Editorlal Labor unlversltarla Barcelona España
1.980
DL LA OLIVA SANTOS A Sobre el derecho a la tutela ]urlsdlcclonal La peIsona ante la Admlnlstraclón de Justlcla derechos báslcos Edltorlal Bosch Barcelona España 1 980
DE LA OLIVA/ARAGONESES/HINOJOSA/MUERZA/TOME Derecho Procesal Penal Editorial Ceura Madrid España 1.993 DE LA OLIVA/FERNANDEZ Derecho Procesal Civil ( 3 a ed.) Editorial PPU Barcelona España
1.988
DE LA OLIVA/FERNJ'..NDEZ Derecho Procesal Civil ( 3 a ed.) Editorial PPU España Barcelona
1.988
DE OTTO l. Derecho Constitucional. Sistema de fuentes Editorial Ariel España Barcelona 1.987 DELVO M. Der Lügendetektor im Strafprozess der USA Editorial Kónigstein/Ts. Alemania 1.981 DENCKER F. Willensfehler bei Rechtsmittelverzicht und Rechtsmittelzurücknahme im Strafprozess MDR 1. 972 Pág. 361 DEPARTAMENTO DE PRENSA E INFORMACION DEL GOBIERNO FEDERAL Ley Fundamental de la República Federal de Alemania Editorial Dep. Prensa e inf. Essen-Werden Alemania ~i.981 DIAZ E. Estado de Derecho y sociedad democrática Editorial Taurus Madrid España 1.981 DIEZ-PICAZO/GULLON Sistema de Derecho Civil, introducción ( "1 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.990
DIXON O. Marshall and 'the Aus tral ian Cons ti tution Editorial EE.UU. 1.956 Cambridge
DORR D. Faires Verfahren, Gewahrleistung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Editorial Engel Kehl am Rhein Alemania 1.984 DÜNNEBIER H. Ausschliessung des Verteidigers und Beschrankung der Verteidigung NJW 1.976 Pág. ECHTERHOLTER R. Die Europaische Menschenrechtskonvention im Rahmen der verfassungsmassigen Ordnung JZ l.955 Pág. 689 ESCUSOL BARRA E. Manual de Derecho Procesal-Penal Editorial Colex Madrid España
l. 993
ESER A. Einführung in das Strafprozessrecht Editorial C. H. Beck München Alemania
l. 983
ESPLUGES MOTA/BOQUERA MATARREDONA/SANCHEZ GARCIA Código de Derecho Internacional Privado español Editorial Madrid España 1.989 FAIREN GUILLEN V. Doctrina general del derecho procesal, hacia una teoría y ley procesal generales Editorial Bosch Barcelona España 1.990 FAIREN GUILLEN V. El procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo en el artículo 53.2 de la Constitución Revista de Administración Pública Pág. FAIREN GUILLEN V. Rstudios de Derecho Procesal ¡,:d i.l~o(· Lal Edersa Madrid España
1.955
FAIREN GUILLEN V. Los Tribunales de Jurados en la Constitución española de 1978 Editorial Civitas España Madrid 1.979
FAIREN GUILLEN V. Temas del ordenamiento procesal Editorial Tecnos Madrid España
1.969
FASCHING Liberalización y socialización del proceso civil. (Las facultades del Juez en la legislación y en la realidad procesales) RDPI l . 972 Pág. 311 FENECH M. Derecho Procesal Civil. Introducción, procedimientos ordinarios de declaración y de ejecución. ( 2 a ed.) Editorial Agesa Madrid España 1.986 FENECH M. El proceso penal Editorial Agesa Madrid
España
1.982
FERNANDEZ ENTRALGO J. Constitución, Derecho Penal sustantivo y Derecho Procesal: Inconstitucionalidad sobrevenida e interpretación conforme a la Constitución Segundas Jornadas de Derecho Judicial 1.985 Pág. FIGUERUELO BURRIEZA A. El derecho a la tutela judicial efectiva Editorial Tecnos Madrid España 1.990 FRAILE CLIVILLES M. Código constitucional Editorial Trivium Madrid España
1.989
FRANK U. Strafprozessrecht, Ausgewalte Problemkreise für Studium, Examen und Praxis Editorial Kohlhammer Stuttgart Alemania 1.986 FREEDí\ffiN W. News media coverage of criminal cases and the right to a Fair Trial Nebraska Law Review 1.961 Tomo 40 Pág. GARCIA DE ENTERRIA E. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional Editorial Civitas Madrid España 1.981
350
GARCIA DE ENTERRIA E. La posiclón Jurídica del Tribunal Constituclonal en el slstema español: poslbllldades y perspectlvas REDC 1.981 Tomo 1 Pág 51 GARRIDO FALLA F /OTROS Comentarlos a la Constltuclón ( 2 a ed ) Edltorlal Clvltas S.A. Madrld España
1.985
GEORGE B.J. Jr Due Process Rlghts of the Criminal Defendant ln the Pre-Trlal Phase en "Protection of Human Rlghts ln the crlmlnal procedure of Egyp, France and USA" Editorial Alexandria Egipto 1.989 GIL CREMADES J.J. La rnotivaclón de las declsiones jurídicas Constitución, Derecho y proceso 1.983 Pág. 161 GIMENO SENDRA V. Constitución y proceso Editorial Tecnos Madrid España
1.988
GU1ENO SENDRA V. El proceso de "habeas corpus" Editorial Tecnos Madrid España
1.985
GIMENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Derecho Procesal, proceso civil ( 3 a ed.) Editorial Tirant lo Blanch Valencia España
1.988
GIMENO/MORENO/ALMAGRO/CORTES Proceso penal ( 3 a ed.) Editorial Tirant lo Blanch Valencia España
1.990
ULl-\SER J.
Handbuch des Strafprozesses Edltorlal Leipzig Alemanla
351
1 885
GOMEZ COLOMER J. L. Apunte sobre las reformas de la Ley Orgánica. 7/1988 La Ley l.989 Pág. GOMEZ COLOMER J. L. Comentarios a los artículos 19.2 y 83 de la LOPJ: problemas prácticos aplicativos y de"lege ferenda" del futuro juicio con Jurados en el p. penal Revista jurídica española La Ley 1.986 Tomo 1 Pág. 1047 GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal alemán, Introducción y normas básicas Editorial Bosch España Barcelona 1.985 GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal español Editorial IJSA San José Costa Rica
1.993
GOMEZ COLOMER J. L. El proceso penal español. Para no juristas Editorial Tirant lo Blanc Valencia España 1.993 GOMEZ COLOMER J. L. La exclusión del abogado defensor de elección en el proceso penal Editorial Bosch España Barcelona l. 988 GOMEZ COLOMER J. L. Paralización del procedimiento NEJ 1.986 Tomo 18 Pág. 848 GOMEZ COLOMER J. L. Reflexiones sobre las bases científicas de la parte general del Derecho Jurisdiccional Justicia 1.989 Pág. rOLOMER J. L. ¿Hacia el futuro proceso penal español? hilo de la Ley Orgánica 7/1988) Boletín de Información 1.989 Pág.
GOMB~
GOMEZ COLOMER J.L. El beneficio de pobreza Editorial Bosch España Barcelona
352
(Notas al
1.982
GOMEZ DE LIAÑO F. El proceso penal Editorial Apel Oviedo
España
1.987
GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho Procesal Civil. Parte general. El proceso declarativo ordinario ( 8 a ed.) Editorial Agesa Madrid España 1.979 GOMEZ ORBANEJA/HERCE QUEMADA Derecho procesal penal (10 a ed.) Editorial Agesa Madrid España
1.987
GONZALEZ PEREZ J. El derecho a la tutela jurisdiccional Editorial Cívitas Madrid España
1.984
GREY T.C. Procedural fairness and substantive rights, en "Due process ... ", op. cit. Editorial New York EE. UD. 1.977 GUARADZE H. Die Europaische Menschenrechtskonvention Editorial Vahlen Berlin y Frankfurt Alemania 1.968 GUASP DELGADO J. Derecho Procesal Civil Editorial Madrid España
'1.961
GOSSEL K. H. Strafverfahrensrecht, T. 1 Strafverfahrensrecht, T. 11 Editorial Kohlhammer Stuttgart Alemania
1.977
GOSSEL K.H. Gedachtnisschrift für Karlheinz Meyer Editorial Alemania
1.990
HAHN M. Die notwendige Verteidigung 1m Strafprozess. Schriften zum Prozessrecht Editorial Berlin Alemania 1.975
HANACK E W. en LOWE/ROSENBERG Dle Strafprozessordnung und das Gerlchtverfassungsgesetz Edltorlal Walter de Gruyter Berlln Alemanla 1 988 HEGMANN J Fursorgepfllcht gegenuber dem Beschuldlgten 1m Ermlttlungsverfahren Edltorlal Brockmeyer Bochum Alemanla 1 981 HERNANDEZ GIL A. El camblo polítlCO español y la Constltuclón Edltorlal Planeta Barcelona España 1.982 HESS CH. Die Zulassigkelt aufgedrangter Fursorge gegenuber dem Beschuldlgten 1m Strafprozess Editorlal Peter Lang Frankfurt am Maln Alemania 1.989 HESSE K. Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepubllk Deutschland (15 a ed.) Editorial C. F. Muller Heidelberg Alemania 1.985 HEUBEL H. Der "fair trial"-ein Grundsatz des Strafverfahrens Zugleich ein Beitraf zum Problem der "verfassungskonformen" Rechtsforbildung im Strafprozess Editorial Duncker & Humblot Berlin Alemania 1.981 JOACHIM H. Die Berücksichtigung von Willensmangeln bei nichtrichterlichen Prozesshandlungen im Strafprozess Editorial TD Erlangen-Nürnberg Alemania 1.970 KARLEN/SCHULTZ Justice in the accusatlon en "The rights of the ní'Cused in law and actlon" ErUtorlal Beberly Hllls (Cal )EE UU 1.972 KEARNS T R On de-morallzlng due process, en "Due process op Clt Edltorlal EE UD New York 1 977
11
KERN/ROXIN Strafverfahrensrecht (14 a ed.) Editorial C.H.3eck München Alemanla
1.976
KISCH Private und óffentliche Belange in der bürgerlichen R2chtspflege DRiz 1.936 Pág. KLEIN/ENGEL Der Zivilprozess osterreichs Editorial Bensheimer Manheim Alemania
1.927
KLEINKNECHT T. Anm. zu LG Aachen, B. v. 11.6.1960 NJW 1.961 Pág. KLEINKNECHT/MEYER Strafprozessórdnung Editorial C. H. BECK München Alemania
1.989
KOCH H. J. Probleme des Rechtmittelverzichts JR 1.964 Pág. KOHLHAAS M. Persónlichkeitsschutz im Strafverfahren ZRP 1.972 Pág. KRIEGER K. Das Recht des Bürgers auf die behórdliche Auskunft en Schriften zum óffentlichen Recht Schriften zum óffentlichen Recht 1.971 Tomo 18 Pág. KUMLEHN R. Die gerichtliche Fürsorgepflicht im Strafverfahren Darstellung der nicht normierten Prozesspflichten -LnD2;:;ondcre des Strafrichters gegenüber dem Angek. Editorial TD Góttingen Alemania 1.976 KÜHLWEIN Die prozessuale Editorial
F~rsorgepflicht
Alemania
lm Strafverfahren 1.985
LA FAVE/ISRAEL Criminal Procedure Editorial Sto Paul
EEUU
1.984
LACRUZ/SANCHO/LUNA/DELGADO Elementos de Derecho Civll, Parte general del Derecho Clvll, Introducclón ( 2 a ed.) Editorial Bosch Barcelona España 1 988 LANGENSCHEIDT Langenscheidts Grossworterbuch Editorial Langenscheldt München Alemanla
1.985
LEMKE M. Hóchstrichterllche Grundsatzentscheidungen zum Strafrecht, GrEzSt Editorial Hermann Luchterhand Darmstadt Alemania 1.984 LENT F. Wahrheit und Aufklarungspflicht im Zivilprozess Editorial 1.942
LOPEZ BARJA DE QUIROGA J. Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida Editorial Akal Madrid España 1.989 LORCA NAVARRETE A. M. Introducción al Derecho Procesal ( 2 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.991
LORCA NAVARRETE A.M. Derecho Procesal Penal ( 2 a ed.) Editorial Tecnos Mc1.c1rid España
1.988
LÓm31J;CKE B
von
:"11 (~jorgepflicht
lm Strafprozess?
GA 1 973
pág
200
LOWE/ROSENBERG Dle Strafprozessordnung und das Gerlchtverfassungsgesetz Edltorlal Walter de Gruyter Berlln Alemanla 1 988
LÜDERSSEN K. en LOWE/ROSENBERG Die Strafprozessordnung und das Gerichtverfassungsgesetz Editorial Walter de Gruyter Berlin Alemanla 1.988 MAIWALD M. Zur gerichtllchen Fursorgepfllcht im Strafprozess und ihren Grenzen,en Festschrlft für Richard Lange zum 70.Geburstag. Editorial Walter de Gruyter Berlin Alemanla 1.976 MARCUS P. Criminal justlce reforms in the United States Editorial Toledo España 1.992 MARSHALL G. Due process in England, en "Due process ... ", op. cit. Editorial EE.UU. New York 1. 977 MARTIN OSTOS J. Las diligencias para mejor proveer en el proceso civil Editorial España 1.981 Madrid MARTINEZ ARRIETA A. El principio acusatorio: teoría general y desarrollo jurisprudencial Justicia 1.992 Pág. MASHAW J.L. Due Process in the Administrative State ' Editorial Michigan EE.UU. 1.985 MAUNZ/DÜRIG/HERZOG/SCHOLZ Grundgesetz Edltorial C. H. Beck München Alemania
1.982
MAYER L. The Amer-tcan Legal System ( 2 a ed.) Editorlal EEUU New York
1.964
MENENDEZ REXACH E. Interpretación judicial y derechos fundamentales Segundas Jornadas de Derecho Judicial 1.985 Pág. MICHELMAN I.F. Formal and associational aims in procedural Due Process, en "Due process ... ", op. cit. Editorial New York EE.UU. 1.977 MILLER A.CH. The forest of Due Process of Law: The american constitutional tradition, en "Due process ... ", op. cit. Editorial EE.UU. New York 1.977 MONAGHAN Liberty and Property Cornell Law Review 1.977 Pág. MONTERO AROCA J. El principio acusatorio. Un intento de aclaración conceptual Justicia 1.992 Pág. 775 MONTERO AROCA J. El principio de oralidad y su práctica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal Justicia 1.983 Pág. 263 MONTERO AROCA J. El proceso laboral ( 2 a ed.) Editorial Bosch Barcelona
España
1. 982
MONTERO AROCA J. Introducción al derecho procesal ( 2 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.979
l\'fuJ.\JTER.O AROCA J. Presupuestos procesales y nulidad de actuaciones en el proceso penal. (Evolución j urisprudencial) Justicia 1.981 Tomo 1 Pág. 245 MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional 1, Parte general ( 4 a ed.) Editorial Bosch España Barcelona 1.993
358
MONTERO/ORTELLS/GOMEZ Derecho Jurisdiccional 11, proceso civil ( 4 a ed.) Editorial Bosch Barcelona 1.993 España MONTERO/ORTELLS/GOMEZ/MONTON Derecho Jurisdiccional 111, proceso penal ( 4 a ed.) Editorial Bosch Barcelona España l . 993 MORELAND R. Modern Criminal Procedure Editorial Indianapolis EEUU
1.959
MORENILLA RODRIGUEZ J.M. Los derechos del acusado en el sistema legal norteamericano RDPI 1.977 Pág. 621 MORENO/CORTES/GIMENO Introducción al Derecho Procesal Editorial Tirant lo Blanch Valencia España
1.993
MOTT L.R. Due Process of Law. A historical and analytical treatise of the principIes and methods followed by the courts in the aplication of the concept of .... Editorial Indianapolis EE.UU. 1.926 McILWAIN Due process of law in Magna Carta Columbia Law Review 1.914 Pág. MÜLLER E. Der Grundsatz der Waffengleichheit im Strafverfahren NJW 1.976 Pág. 1063 r, S. S . l'estlng the effects of excluding illegally seized evidence Wisconsin Law Review 1.965 Pág.
Ni'\CT,~
NAGEL S.S. The rights of the accused, in law and action Editorial Beberly Hills (Cal.)EE.UU. 1.972
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS Description and analysis of the Passaic County (NJ) speedy tiral demonstration project Editorial North Andover (Mass)EE.UU. 1.980 NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS Implementing delay reductlon and delay preventlon programs in urban Trlal Courts Editorial Denver (Colorado) EE UU. 1.985 NIETHAMMER E. Anm. zu OLG Bremen, Drt. v. 6.8.1952 JZ 1.953 Pág. 471 ORTELLS RAMOS M. Origen histórico del deber de motivar las sentencias RDPI 1.977 Pág. 899 ORTIZ NAVACERRADA S. Jurisprudencia procesal civil del Tribunal Supremo Editorial Comares Granada España 1.992 PASTOR S./Comisión General de Codificación/Ref. Procesal Elementos para la reforma procesal: Análisis de la litigación, oferta de tutela judicial, dilación, recursos económicos y acceso de los cc. a la Ja. Materiales para una reforma procesal 1.991 Pág. 87 PECES-BARBA G. Escritos sobre derechos fundamentales Editorial Eudema Madrid España
1. 988
PECES-BARBA G. Los valores superiores Editorial Tecnos Madrid España
1.984
PENNOCK J.R. nup process, Nomos XVIII, Yearbook of the American 30clety for Politlcal and Legal Philosophy Introducción Editorial New York EE UD 1.977
PEREZ LUÑO A. E. Derechos humanos, estado de derecho y constitución ( 3 a ed.) Editorial Tecnos España Madrid 1.990 PEREZ LUÑO A. E. Los Derechos Humanos Editorial Univ. de Sevilla Sevilla España
1.979
PEREZ LUÑO A. E./AA. VV. Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema Editorial Publ. Univ. Sevilla Sevilla España 1.979 PETERS K. Strafprozess Editorial C. F. Müller Heidelberg Alemania
1.985
PEUKERT W. Die Garantie des "fair trial" in der Strassburger Rechtsprechung EuGRZ 1.980 Pág. PFEIFFER G. Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz mit Einführungsgesetz Editorial C. H. Beck München Alemania 1.987 PIECK W. Der Anspruch auf ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren Editorial Walter de Gruyter Berlin Alemania 1.966 PLOTZ W. Die gerichtliche Fürsorgepflicht im Strafverfahren Editorial Schmidt - Rórnhild Lübeck Alemania 1.980 PRACB'T W.
Die Berufung vor dem Landesarbeitsgericht, en 10 Jahre Arbeitsgericht Editorial Walter de Gruyter Berlln Alemania 1.937
PRIETO CASTRO L. Derecho Procesal Civil ( 4 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.988
PRIETO CASTRO L. Estudios y comentarios para la teoría y la práctlca procesal clvil Editorial Reus Madrid España 1.950 PRIETO CASTRO L. Tratado de Derecho Procesal Clvil ( 2 a ed.) Editorial Aranzadi España Pamplona
1.985
PRIETO CASTRO/GUTIERREZ DE CABIEDES Derecho Procesal Penal ( 3 a ed.) Editorial Tecnos Madrid España
1.987
QUAMBUSCH E. Rechsstaatsprinzipl Verschuldensgrundsatz und das antikausale Werturteil JA 1.987 Pág. 68 RAMOS MENDEZ F. Código procesal civil internacional Editorial Bosch Barcelona España
1. 985
RAMOS MENDEZ F. Derecho procesal civil Editorial Bosch Barcelona España
1. 986
RAMOS MENDEZ F. Derecho y proceso Editorial Bosch Barcelona
1.979
España
RAMOS MENDEZ F. Rl proceso penal. Lectura constitucional ( 1" ed.) Editorial Bosch Barcelona España 1.993
162
RAMOS MENDEZ F. El sistema procesal español Editorial Bosch Barcelona España
1.992
RAMOS MENDEZ F Para un proceso clvll eflcaz Editorial UAB Bellaterra España
1 982
RATNER G.L. The functlon of the due process clause University Pennsllvanla Law Review 1.968 Pág REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Diccionario de la lengua española (2 Oa ed.) Editorial Espasa-Calpe S.A. Madrid España
1.984
RESNICK D. Due process and procedural justice, en "Due process, Nomos XVIII, Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy" Editorial New York EE.UU. 1.977 RESS G. Die Wirkungen der Urteile des Europaischen Gericht shofs für Menschenrechte im innerstaatlichen Gerichten Editorial V Col. Int. CEDH Frankfurt Alemania 1.980 RIESS P. Die Zukunft des Legalitatsprinzips NStZ 1,981 Pág. RIOS/VEIT/ZILLER Deutsch für Juristen Editorial Editions Cujas Paris Francia
1.979
RIVERO J. T,"lbertés Publiques ~dJtorldl Presses Univ. France Paris France
1.973
ROGALL K. Der Beschuldlgte als Bewelsmlttel gegen slch selbst Editorial Alemanla Berlin 1.977
363
ROGGE J.O. Confessions and self-incrimination, en "The rights of the accused in law and action" Editorial Beverly Hills (Cal.)EE.UU. 1.972 ROMERO MORENO J. M. Proceso y derechos fundamentales en la España del siglo XIX Editorial C.E.Constituclonales Madrid España 1.983 ROSENBERG L. Tratado de derecho procesal civil Editorial E.J. Europa-América Buenos Aires Argentina
1.955
ROXIN C. Strafverfahrensrecht Editorial C. H. Beck München Alemania
1.991
ROXIN/ARZT/TIEDEMANN Einführung in das Strafrecht und Strafprozessrecht Editorial C. F. Müller Heidelberg Alemania 1.988 ROXIN/ARZT/TIEDEMANN Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal Editorial Ariel S.A. Barcelona España 1. 989 RUIZ VADILLO E. Algunas breves consideraciones sobre el sistema acusatorio y la interdicción constitucional de toda indefensión en el proceso penal La Ley 1.987 Pág. RÜPING/DORNSEIFER Dysfunktionales Verhalten im Prozess JZ 1.977 Pág. SAINZ DE ROBLES F. C. L~ tutela judicial y el derecho a la justicia. l. La STC 93/84, de 16 de octubre de 1984 Tapia 1.988 Pág. SANDERMANN A. "Waffengleichhelt" lm Strafprozess. Zu den rechtlichen Grundlagen dieses Rechtinstituts Editorial TD Kóln Alemania 1.975
SAX W. en KLEINKNECHT/MÜLLER/REITBERGER Loseblattkommentar zur Strafprozessordnung ( 7 a ed.) Editorial Stoytscheff Darmstadt Alemania 1.980 SCANLON T.M. Due Process en "Due process ... ", op. cit. Editorial New York EE.UU. 1.977 SCHLÜCHTER E. Das Strafverfahren ( 2 a ed.) Editorial Heyrnanns K6ln,Berlin,München Alemania
1.983
SCHMID N. Das amerikanische Strafverfahren Editorial Heidelberg Alemania
1.986
SCHMID W. Zur Heilung gerichtlicher Verfahrensfehler durch den Instanzrichter JZ 1.969 Pág. 757 SCHMIDT H. Die Pflichtverteidigung Editorial TD München Alemania
1. 967
SCHNEIDER H. Zur Neugestaltung des Verfahrenrechts Editorial 1. 936
SCHORN H. Belehrungen und belehrende Hinweise im Strafprozess JR 1.967 Pág. 203 SCHORN H. Die Europaische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreheiten Edltorlal Klostermann Frankfurt am Main Alemania 1.965 SCHORN H. Die Fürsorgepflicht im Strafverfahren MDR 1.966 Pág. 640 SCHROEDER R.C. Reseña del gobierno de los Estados Unidos Editorial Servo lnf. EEUU Washington EE.UU.
SCHULHOFER S.J. The post-trial phase of the american criminal case en "Protection of human rights in the criminal procedure ... " Editorial Alexandria Egipto 1.989 SCHWABE J. Der Lügendetektor vor dem Bundesverfassungsgericht NJW 1.982 Pág. 367 SCHWABE J. Rechtprobleme des Lügendetektors NJW 1.979 Pág. 576 SCHÁFER K. en LÓWE / ROSENBERG Die Strafprozessordnung und das Gerichtverfassungsgesetz Editorial Walter de Gruyter Berlin Alemania 1.988 SCHÓNKE A. Derecho procesal civil ( 5 a ed.) Editorial Bosch Barcelona España
1.950
SCHÜNEMANN B. Absprachen lm Strafverfahren? Grundlagen, Gegenstande und Grenzen Editorial C. H. Beck München Alemania 1.990 SCHÜNEMANN B. Die Belehrungspflichten der Paragraphen 243 IV, 136 n. F. StPO un der BGH MDR 1.969 Pág. 101 SEELMANN K. Revision wegen des Unterlassens der Belehrung über das Recht zur Aussageverweigerung JuS 1.976 Pág. 157 S\J;,
í\ DOMINGUEZ M. Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil Editorial Tecnos Madrid España 1.985
SERRA DOMINGUEZ M. Comentarios al Código Civil Edltorlal Edersa Madrld España
1 981
SERRA DOMINGUEZ M EstudlOS de Derecho Procesal Edltorlal Bosch Barcelona España
1.969
SERRA DOMINGUEZ M. Llberalizaclón y soclallzaclón del proceso C1Vll. Las facultades del Juez en la legislaclón y en la realldad procesales. RDPI 1.972 Pág. 511 SERVICIO DE INFORMACION DE LOS ESTADOS UNIDOS La declaración de independencia. La Constitución de los Estados Unidos de América Editorial Servo Inf. EEUU Washington, D. C. EEUU SIMON Liberty and Property in the Supreme Court: A defense of Roth and Perry California Law Review 1.983 Pág. SIMSON ZfSR 1. 944
Pág.
SMOLLA The re-emergence of the Right-Privilege distinction in Constitutional Law: The price of protesting too much .. Stanford Law Review 1.982 Pág. SPRINGER E.CH. Limitations on government power Editorial Carson City (Nevada) EE.UU.
1.986
SPPTNr'ER E.CH. Sistema jurídico anglosajón Edjtorial España San Sebastlán
1 990
STARR l. Justice: Due Process of Law Editorial Sto Paul (Minn.) EE.UU.
1.981
STEFFEN O. Dle Verletzung des Pragraph 219 als Revlsiongrund Editorial TD Marburg Alemania 1.963 STRONG F.R. Substantive due process of law, a dichotomy of sense and nonsense Editorial Durham (North Caro.)EE.UU. 1.986 TETTlNGER P.J. Fairness und Waffengleichheit. Rechtsstaatliche Direktiven für Prozess und Verwaltungsverfahren Editorial C. H. Beck München Alemania 1.984 THE JUDGES JOURNAL The Judges journal The Judges journal 1.984 Tomo 23 Pág. THE OXFORD UNIVERSAL DlCTIONARY ILLUSTRATED The Oxford Universal Dictionary lllustrated ( 3 a ed.) Editorial Oxford Reino Unido 1.976 TIEDEMANN K. Los movimientos de reforma del proceso penal y la protección de los derechos humanos Editorial Toledo España 1.992 TIEDEMANN K. Rechtsgrundlagen, Grundlagen un Technik der Reform des nationalen Strafverfahrens Editorial Toledo España 1.992 TIEDEMANN/SIEBER Die Verwertung des Wissens von V - Leuten im ,~t 1° verfahren. Analyse und Konsequenzen der Entscheidung des Grossen Senats des BGH NJW 1.984 Pág. 753 t
TIJERINO PACHECO J. M. Debido proceso y pruebas penales Rev. Ciencias Penales 1.993 Pág. 35
TOME GARCIA J.A. Protección procesal de los derechos humanos ante los Tribunales ordinarios Editorial Montecorvo Madrid España 1 987 TRAUB F. Die Behandlung übergangener, nach Paragraph 219 gestellter Beweisantrage NJW 1.957 Pág. 1095 ULSENHEIMER K. Zur Regelung des Verteidigerausschlusses ln Paragraphen 138 a-d, 146 n. F. StPO GA 1.975 Pág. UNION INTERNACIONAL DE ABOGADOS Carta internacional de los derechos de la defensa Justicia 1.988 Pág. 469 VARELA CASTRO L. El plazo razonable como derecho fundamental en los procesos penales por delitos de escasa gravedad o flagrantes Rev. Justicia 1.988 Pág. 361 VARIOS Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtverfassungsgesetz mit Einfhürungsgesetz Editorial C. H. Beck München Alemania 1.987 VAZQUEZ IRUZUBIETA C. Doctrina y Jurisprudencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( 4 a ed.) Editorial Edersa Madrid España
1.989
VOLLKOMMER M. Der Anspruch der Parteien auf ein faires Verfahren im Zivllprozess. En Gedachtnisschrift für Rudolf 1)
I~un¡::
Gedachtnisschrift für Rudolf Bruns 1.980 Pág. 195 VON MÜNCH l. Grundgesetz-Kommentar ( 3 a ed.) Editorial C. H. Beck Alemania Múnchen
1.985
WACH A. Manual de derecho procesal civil Editorial Buenos Aires Argentina
1.977
WALD P.M. The right to ball revlsited: A decade of promise without fulflllment, en "The rlghts of the accused in law and action" Editorial Beberly Hills (Cal.lEE.UU. 1.972 WEBER F. Der Missbrauch prozessualer Rechte im Strafverfahren GA 1.975 Pág. WEISS J. Missbrauch von Anwaltsrechten zur Prozesssabotage AnwBL 1.981 Pág. WILLIAMS F. J. Classifying pre-trial detention decisions under the Bail Reform Act of 1984: A statistical approach American Criminal Law Review 1.993 Tomo 30 Pág. 255 WOOD V. Due Process of Law, 1932-1949. The Supreme Court's Use of a Constitutional Tool Editorial Louisiana EE.UU. 1.951 WORTON S.N. Law enforcement and justice Editorial Rochelle Park (N.J.)EE.UU. WASCHE L. Die innerstaatliche Bindung des deutschen Gesetzgebers an die Europaische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten Editorial TD Kóln Alemania 1.961
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