M13 U2 S4 Actividad Integradora

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Actividad integradora. Jurisprudencia en los procedimientos administrativos de ejecución Sesión 4. Procedimiento de ejecución forzada

Docente: Enrique Cruz Villegas Alumna: Rosa Gabriela Rodríguez Cuate Matrícula: ES1611307290 Licenciatura en Derecho

Actividad integradora. Jurisprudencia en los procedimientos administrativos de ejecución En esta sesión has analizado la facultad económico-coactiva de la autoridad fiscal, con base en la Carta Magna y el Código Fiscal de la Federación, reconociendo los factores de ilegalidad y legalidad de estos procedimientos. Con el propósito de reconocer la jurisprudencia que se disponen en estos procedimientos, realiza la siguiente actividad. Indicaciones 1. Investiga, tanto en la doctrina como en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las tres ilegalidades más recurrentes que practican las autoridades fiscales en la ejecución del procedimiento, en las etapas de requerimiento de pago, embargo y remate. 2. En un documento de texto, completa los siguientes cuadros por cada etapa del procedimiento administrativo de ejecución.

Requerimiento Tesis jurisprudencial de pago Ilegalidad

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Descripción de la jurisprudencia

Época: Décima Época Registro: 2015689 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 71/2017 (10a.) Página: 244

CITATORIO PREVIO A LA DILIGENCIA DE EMBARGO, REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES INNECESARIO QUE LO FIRME LA PERSONA, DISTINTA AL DEMANDADO, CON QUIEN SE DEJA.

Época: Décima Época Registro: 2013188 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Civil Tesis: VII.2o.C.37 K (10a.) Página: 2517

REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO. SI EL FUNCIONARIO DESIGNADO PARA LLEVARLO A CABO, ADEMÁS DE DESAHOGARLO CON LA FE PÚBLICA, CORROBORA SU DICHO CON FOTOGRAFÍAS DEL MOMENTO EN QUE LO REALIZÓ Y LA QUEJOSA NO LAS DESVIRTUÓ, DICHA DILIGENCIA ES LEGAL.

Si el notificador no encuentra al deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, dejará citatorio, cuya práctica se hará a condición de que se encuentre ausente la persona buscada en el domicilio cerciorado y a que se señale hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, para la práctica del emplazamiento. El citatorio es un mero documento previo a la notificación, bastará que contenga los requisitos señalados para ser legal, sin necesidad de elementos adicionales tales como la firma de la persona con la cual se dejó el documento previo a la diligencia del embargo, requerimiento de pago y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, pues ello sólo es indispensable al momento de llevar a cabo la notificación. En ese sentido, al no ser obligatorio el requisito señalado, se torna innecesario que el actuario lleve a cabo circunstanciación alguna relacionada con la firma de la persona con la que se deja el citatorio.

Si el funcionario designado para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, además de desahogar esa actuación judicial con la fe pública derivada de su encargo, corrobora su dicho con fotografías del momento en el cual realizó la diligencia encomendada y la quejosa no lo desvirtuó, entonces, se concluye que se practicó con apego a derecho y, por ende, no es violatoria de derechos fundamentales. Lo anterior debe entenderse así, porque las fotografías también son un medio donde se plasma de manera impresa un momento determinado y si el diligenciario anexó las fotografías de la diligencia de exequendo, éstas corroboran su dicho de que la llevó a cabo, salvo prueba en contrario. Por consiguiente, si se reclamó la ilegalidad de la referida actuación judicial y no se desvirtuaron las imágenes contenidas en las fotografías anexas, entonces, no podría advertirse violación a derecho humano alguno al haberse logrado la finalidad de esa diligencia al hacer del conocimiento a la contraparte que ha sido demandada para que pueda ocurrir a juicio a defender sus derechos, oponer excepciones y defensas, ofrecer material probatorio, poder exhibir alegatos e interponer recursos, esto es, las actuaciones judiciales de los actuarios acompañadas de fotografías relativas a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento abonan al principio de seguridad jurídica contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Requerimiento Tesis jurisprudencial de pago Ilegalidad

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Época: Décima Época Registro: 2012399 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. LXXX/2016 (10a.) Página: 1310

Descripción de la jurisprudencia

REVISIÓN ELECTRÓNICA. LA PRELIQUIDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS CONSTITUYE UNA PROPUESTA DE PAGO. La preliquidación de las contribuciones omitidas contenida en la resolución provisional, se traduce en un acto declarativo a través del cual la autoridad hacendaria exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de los hechos u omisiones advertidos al verificar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con los pagos definitivos de una contribución, señalando la cantidad que, en su caso, deberá cubrir para acogerse al beneficio previsto en la fracción II del artículo 53-B del Código Fiscal. Por esa razón, la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, no así un requerimiento de pago, ya que éste sólo podrá verificarse una vez que, habiéndose otorgado al contribuyente la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga en el procedimiento de fiscalización respectivo o en el recurso de revocación, la autoridad hacendaria dicte una resolución definitiva en la que califique los hechos u omisiones advertidos y, de ser el caso, determine el monto de las contribuciones omitidas.

Embargo Tesis jurisprudencial Ilegalidad Época: Décima Época Registro: 2016173 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 02 de febrero de 2018 10:04 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: XIII.P.A.6 A (10a.)

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA NULIDAD DEL EMBARGO DE UN AUTOBÚS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL CONSIDERAR LA SALA QUE SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY ADUANERA NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, QUE SE ACREDITE UNA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR.

Época: Décima Época Registro: 2014274 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III Materia(s): Administrativa Tesis: III.5o.A.38 A (10a.) Página: 2110

REVISIÓN FISCAL. CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DEL EMBARGO PRACTICADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN A FAVOR DE UN TERCERO AJENO, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO.

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Descripción de la jurisprudencia

Si bien es cierto que con base en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se expidió la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en la cual se establecen las reglas aplicables para el pago de los daños y perjuicios causados por los servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les correspondan, también lo es que una sentencia que declara la nulidad del embargo de un autobús para garantizar el interés fiscal de la Federación, al considerar la Sala que se actualiza la excepción prevista en la fracción III del artículo 151 de la Ley Aduanera no implica, necesariamente, que se acredite una actividad administrativa irregular del ente estatal, ya que éste llevó a cabo dicha diligencia en ejercicio de las facultades constitucional y legalmente conferidas; considerar lo contrario implicaría que, por regla general, toda declaratoria de nulidad de un acto administrativo irrogaría responsabilidad patrimonial, en contraposición al artículo 20 de la ley citada en primer término.

Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 35/2010 y 2a./J. 204/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la fracción III del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de revisión fiscal procede cuando: 1) Se trata de una resolución dictada por alguna de las autoridades referidas en esa porción normativa; y, 2) La materia del asunto verse sobre: interpretación de leyes o reglamentos [inciso a)]; determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones [inciso b)]; competencia en materia de facultades de comprobación [inciso c)]; violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al resultado del fallo [inciso d)]; violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias [inciso e)]; y, afectación del interés fiscal [inciso f)]. Lo anterior, siempre que las violaciones a que se refieren los incisos d) y e) se relacionen con alguno de los supuestos previstos en los diversos a), b) y c), lo que es congruente con el carácter excepcional y selectivo del medio de impugnación señalado. Por tanto, contra las sentencias que declaran la nulidad del embargo practicado en el

Embargo Tesis jurisprudencial Ilegalidad

Descripción de la jurisprudencia procedimiento administrativo de ejecución a favor de un tercero ajeno, el recurso de revisión fiscal es improcedente, porque ese pronunciamiento no se sustenta en un estudio de fondo ni constituye la declaración de un derecho o de la inexigibilidad de una obligación que verse sobre la interpretación de leyes o reglamentos [inciso a)], no se determina el alcance de los elementos esenciales de las contribuciones [inciso b)], ni la competencia en materia de facultades de comprobación [inciso c)], por lo que las violaciones a que se refieren los incisos d) y e) no se relacionan con alguno de aquellos supuestos, ya que esa resolución se limita a la revisión formal de que los bienes embargados correspondan a los descritos en las facturas exhibidas por el tercero ajeno al procedimiento administrativo de ejecución, siempre que no se actualice alguna otra hipótesis de procedencia de las previstas en el numeral citado.

Época: Décima Época Registro: 2012666 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXXIV/2016 (10a.) Página: 503

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EMBARGO Y SU AMPLIACIÓN EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. LOS ARTÍCULOS 155, FRACCIÓN II, Y 160 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONTRAVIENEN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS A DISFRUTAR DEL PRODUCTO DE SU TRABAJO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad de trabajo, como cualquier otro derecho fundamental, no puede entenderse de un modo absoluto e irrestricto, sino que debe analizarse en sintonía con los demás derechos fundamentales reconocidos; asimismo, ha establecido que de la interpretación sistemática de los artículos 5o. y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que, en materia fiscal, la autoridad judicial no es la única facultada para privar al gobernado del producto de su trabajo, sino también la fiscal, ya que de la obligación constitucional de los gobernados de contribuir a los gastos públicos del Estado nace el correlativo derecho de éste para cobrarlos. Así, se colige que los artículos 155, fracción II, y 160 del Código Fiscal de la Federación, al facultar a la autoridad fiscal a embargar créditos que los contribuyentes tengan a su favor con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aun cuando éstos constituyan el producto de su labor comercial o industrial, no transgreden el derecho fundamental de las personas a disfrutar del producto de su trabajo contenido en el artículo 5o. constitucional, toda vez que esa restricción se encuentra constitucionalmente justificada, pues conforme al diverso 31, fracción IV, de ese Magno Ordenamiento, se dotó al Estado para que creara mecanismos que permitan garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, como es el citado embargo.

Remate Tesis jurisprudencial Ilegalidad

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Descripción de la jurisprudencia

Época: Décima Época Registro: 2011914 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV Materia(s): Administrativa Tesis: VI.3o.A.48 A (10a.) Página: 2880

CONVOCATORIA A REMATE DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. ES INNECESARIO NOTIFICARLA PERSONALMENTE AL CONTRIBUYENTE.

Época: Décima Época Registro: 2006724 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo II Materia(s): Administrativa Tesis: I.1o.A.75 A (10a.) Página: 1816

REVOCACIÓN. EN CONTRA DEL EMBARGO DE UNA NEGOCIACIÓN COMO UNIDAD MERCANTIL Y EL NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO ES PROCEDENTE DICHO RECURSO Y, POR EXTENSIÓN, EL JUICIO DE NULIDAD, SIN NECESIDAD DE SUJETARSE A LA REGLA GENERAL DE PROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación dispone que es válido controvertir el procedimiento económico coactivo por violaciones cometidas en él, pero hasta el momento de la publicación de la convocatoria a remate, en la inteligencia de que el contribuyente cuenta con diez días para interponer el recurso de revocación; empero, ello no significa que sea necesario que se le dé a conocer personalmente la convocatoria, con el objeto de que tenga certeza jurídica del momento en que está en posibilidad de cuestionar dicho procedimiento, dado que el plazo correspondiente iniciará desde la data en que el contribuyente tenga noticia de la referida convocatoria, ya que es necesario distinguir dos cosas fundamentales, el conocimiento de aquel sobre el remate y la difusión de la convocatoria; esto es, lo jurídicamente relevante para efectos de que el causante no quede indefenso en relación con las eventuales violaciones al procedimiento económico coactivo, es que exista una fecha cierta y determinada de cuándo se enteró de la venta administrativa de los bienes embargados y es a partir de esta, no de otra, que está en aptitud legal de inconformarse. Por tanto, es innecesario notificar personalmente al contribuyente la convocatoria de remate, en razón de que ese acto se dirige a los interesados en presentar posturas para adjudicarse los bienes sujetos a subasta.

Por regla general, el recurso de revocación es procedente contra los actos del procedimiento administrativo de ejecución que dicten las autoridades fiscales hasta el momento en que se publique la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, según lo dispuesto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. No obstante, si lo que se impugna es el embargo de una negociación como unidad mercantil, resulta innecesario esperar hasta esa etapa procesal, ya que, en términos de los artículos 153, 164, 165 y 167 del citado ordenamiento legal, el depositario designado tiene el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador y, en ambos supuestos, debe retirar de la negociación intervenida hasta el 10% de los ingresos percibidos y enterar su importe al fisco federal para liquidar el crédito adeudado, lo que implica que, en ese supuesto, no se llevará a cabo remate alguno y tampoco se emitirá la convocatoria respectiva; de ahí que en contra de un embargo de esa naturaleza debe considerarse procedente, de manera excepcional, el recurso de revocación y, al ser optativo ese medio de defensa, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Remate Tesis jurisprudencial Ilegalidad

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Época: Décima Época Registro: 2000970 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.27 A (10a.) Página: 841

Descripción de la jurisprudencia CONVOCATORIA DE REMATE. PARA ADMITIR LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES INNECESARIO QUE SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU EXISTENCIA, SI FUE PUBLICADA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. En términos del artículo 176 del Código Fiscal de la Federación, la difusión de la convocatoria de remate se da, entre otros lugares, en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria; en esa hipótesis, al ser una actuación que no se notifica personalmente, basta que se mencione que ha sido publicada en dicho medio, sin que sea necesario acreditar fehacientemente su existencia para admitir la demanda del juicio contencioso administrativo; ello sin perjuicio de que pueda decretarse el sobreseimiento en el juicio de no acreditarse tal hecho.

Fuentes de Información

Semanario Judicial de la Federación Suprema Corte de Justicia de la Nación http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/ResultadosV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion= Remate%20fiscal&Dominio=Rubro,Texto&TATJ=2&Orden=1&Clase=TesisBL&bc=Jurisprudencia.Resultados&TesisPrincipa l=TesisPrincipal&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&Hits=20&Index=1&LND=2006724