Palacio De Justicia

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................. 11 I. LOS ASALTANTES ........................................................ 15 1. ¿Cómo surgió la idea? ...................................................... 15 2. ¿Cuántos guerrilleros participaron? ................................... 18 3. ¿Fue posible identificar a los insurgentes? ......................... 21 4. ¿Cuál fue el armamento utilizado por el M-19? ................. 23 5. ¿Cómo se movilizaron los guerrilleros? ............................. 25 II. LA OPERACIÓN POR DENTRO ................................. 29 1. ¿Cómo se inició la «toma»? .............................................. 29 3. ¿Cómo se inició el enfrentamiento con la fuerza pública? .. 36 4. ¿Por qué la «toma» se convirtió en desastre para el M-19? . 39 5. ¿Cómo entraron los tanques a Palacio de Justicia? ............ 44 6. ¿Por qué helicópteros en el Palacio de Justicia? ................. 47 III. EL DERECHO DE GENTES EN EL PALACIO DE JUSTICIA ....................................... 55 1. ¿Planificación o improvisación? ....................................... 55 3. ¿Cómo se incendió el Palacio de Justicia? ......................... 65 4. ¿Qué pasó en el baño del tercer piso? ................................ 69 6. ¿Desaparecidos en el Palacio de Justicia? .......................... 72 IV. LAS DECISIONES ....................................................... 77 1. ¿Cómo se convirtió el Palacio de Justicia en objetivo militar del M-19? ................................................ 77 2. ¿Por qué el presidente del «diálogo nacional» no conversó siquiera con el presidente de la Corte? ............... 84 2.1 Ni negociación, ni diálogo ............................................. 84 2.2 «Diálogo sin negociación» .............................................. 88 2.3 Consultas con notables ................................................... 90 2.4 Las últimas oportunidades ............................................. 93 2.5 La decisión inmodificable ............................................ 100

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2.6 El epílogo .................................................................... 103 2.7 Las decisiones de los militares ...................................... 105 V. LAS PREGUNTAS DEL MILLÓN .............................. 111 1. ¿»Narcos» en el Palacio de Justicia? ................................ 111 2. ¿»Toma» anunciada? ...................................................... 118 2.1. Las amenazas contra la Corte y el Consejo de Estado: ...................................................... 118 2.2 El plan develado .......................................................... 120 3. ¿Quién ordenó levantar la vigilancia policial del Palacio? ....................................................................... 124 4. ¿Por qué el Palacio de Justicia y no el Capitolio o el Palacio de Nariño? ....................................... 127 CONCLUSIONES ............................................................ 131 1. El poder civil y el poder militar ...................................... 131 · El Presidente Betancur ..................................................... 133 · Los militares .................................................................... 135 2. Los hechos del Palacio de Justicia como expresión de coyuntura ...................................................... 137 3. El Palacio de Justicia como confrontación entre militarismos .............................................................. 139

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A Cristina del Pilar Guarín Cortés, Egresada de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, cajera de la cafetería e inocente desaparecida en el Palacio de Justicia

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INTRODUCCIÓN

La acción emprendida por el M-19 los días 6 y 7 de noviembre de 1.985 contra la máxima magistratura del país, ha sido generalmente conocida como «La toma del Palacio de Justicia». Así mismo, algunos autores y analistas han concebido la reacción de las Fuerzas Armadas como una «segunda toma» o «retoma». El primer criterio que discute el presente texto es la nominación del hecho. En realidad, el M-19 no logró «tomarse» nunca el Palacio de Justicia. Aunque en un momento dado cerró la puerta del parqueadero que da acceso al sótano y cerró también la entrada principal del Palacio, los enfrentamientos continuaron desarrollándose en las escaleras, en algunas oficinas o, incluso, en algún baño. Antes de lo previsto, el propio ejército estaba dentro del Palacio con sus tanques, al tiempo que un comando especial de la Policía penetraba por la azotea. La toma presupone el control, el dominio absoluto de la edificación y sus ocupantes, como sucedió en «la toma de la Embajada Dominicana». Cuando ello no ocurre, se habla de un «asalto». Ese es el caso, por ejemplo del «asalto al cuartel Moncada», un hito histórico de la revolución Cubana. Aunque el Movimiento 26 de julio, al mando de Fidel Castro, intentó tomarse este importante claustro de las tropas de Batista, el resultado concreto del evento convirtió la acción en un simple «asalto». De esa forma quedó registrado para la historia cubana. «La toma» fue sólo un deseo, un propósito. El asalto fue la realidad. Una realidad monstruosa y amarga por su desenlace y sus resultados. Las Fuerzas Armadas tampoco lograron

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«tomarse» o «recuperar» el Palacio. En la confrontación, quedó destruido y algunos de sus ocupantes más ilustres, incluyendo al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, muertos. No hubo «toma» ni «retoma» o «recuperación». Hubo asalto, destrucción y muerte en el Palacio de Justicia. El presente texto no intenta revivir los hechos ni seguir a cada paso su desarrollo. No es, de ninguna manera, una reconstrucción cronológica y factual de lo acontecido. Tampoco un relato de novela o una espectacular narración de hechos dignos de película. La motivación es de otra índole. Enfrentados a la docencia universitaria, los autores se han encontrado con una generación que desconoce en absoluto los hechos del Palacio de Justicia y que reclama, con avidez científica y curiosidad ciudadana, una información más objetiva. La totalidad de los estudiantes tenía una edad lejos de del análisis o no había nacido siquiera cuando ocurrió el asalto. La información que encuentran hoy, más a la mano, pasa por los extremos subjetivos de los actores o por versiones publicitadas de criminales, conversos o no, que no encuentran en la verdad el escenario que el país necesita. Por esa razón el texto intenta resolver sólo preguntas que los estudiantes presentan a los hechos. Preguntas formuladas en clase y preguntas movidas por el bombardeo de aseveraciones que remueven las heridas de un acontecimiento que aún sangra. No es el propósito configurar responsabilidades ni reforzar actitudes funcionales o proclives a violencia. Por el contrario, con la humildad que caracteriza a los maestros, se anhela proporcionar elementos cognoscitivos más sistemáticos para una inteligente y civilizada resolución de los conflictos. La construcción de un país con sueños pasa por la verdad y, en torno a ella, lo sucedido en el Palacio de Justicia tiene, todavía, mucho por decirle a Colombia. Finalmente podría brindarse a las nuevas generaciones una esperanza frente a lo amargo y cruel que fueron los hechos

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del Palacio de Justicia: nuestro país ya no fue el mismo. De alguna manera, muchos de los Colombianos y, particularmente los actores, vivieron una transformación que fue muy productiva. De alguna manera, el Palacio de Justicia se convirtió en el principio del fin para varios grupos insurgentes, arrojó, igualmente, enseñanzas vitales para la profesionalidad de las Fuerzas Armadas y una orientación crucial para el manejo de la política. Fue, además, la conciencia oculta en la Constitución del 91. Lamentablemente, los costos fueron demasiado altos. La honestidad y la inteligencia inmoladas son irrecuperables. Pero es el aprendizaje lo que debe prevalecer por sobre la voracidad del rencor.

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*I* LOS ASALTANTES

1. ¿Cómo surgió la idea? La idea de tomarse el Palacio de Justicia es atribuida a Álvaro Fayad, comandante máximo del M-19 en 1.985. Surgió como «un acto de gobierno». Se trataba de «llamar a juicio» al presidente Belisario Betancur, por las violaciones al Acuerdo de Tregua suscrito en Corinto y El Hobo, en 1.984, entre el gobierno nacional y la organización guerrillera. Fue una idea espontánea, corroborada por una triste circunstancia: el Palacio de Justicia era un edificio que se podía invadir por completo. Tenía sólo dos entradas: por el sótano, acceso al parqueadero, y la entrada principal, por la plaza de Bolívar. Era también una inmensa mole de concreto forrada en mármol sin demasiadas ventanas exteriores. Ofrecía perfectos puntos para la defensa con francotiradores y múltiples espacios de protección interna. Las escaleras, si se dominaban, se prestaban para la resistencia y sus baños para la defensa. En todo ello era muy diferente, por ejemplo, al capitolio. Los ocupantes del Palacio no eran para nada prescindibles. Reunía a las más altas cortes de la rama jurisdiccional del poder público: la plana mayor de la justicia y del Consejo de Estado. Entre ellos, además, figuraban dos personas importantes: Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente de la República, y Clara Forero de Castro, esposa del Ministro de Gobierno. Una acción militar, en pleno corazón del país, en la plaza mayor de la capital de la República, era también la máxima aspiración de quien pretendiera remover la estructura de la nación entera.

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Fayad planteó la idea por primera vez a uno de sus colaboradores de confianza y este señaló al personaje más indicado para ejecutarla: Luís Otero Cifuentes, nada menos que el cerebro, el planificador de la toma de la Embajada de República Dominicana. Otero asumió su papel con tanta emoción e intensidad, que sólo dos días después tenía los planos de todo el edificio. Desde entonces se pensó en un mando de alta experiencia y temple. Otero, sin embargo, no quiso repetir la historia de la Embajada. Esta vez iría en persona: Ese es mi camino. Es el camino que llevo tres años buscando. Fayad quiso rodearlo de los mejores combatientes. Alguien con la trayectoria de Elvencio Ruiz, por ejemplo, un cuadro probado en centenares de acciones y comandante, por cierto, de la «fuerza especial» del M-19, la fuerza élite. A su lado podrían estar «Salvador», un sobreviviente del «Karina», un barco cargado con armas y hundido por los mismos guerrilleros antes de entregarse. Gerardo Quevedo, uno de los hombres menos conocido pero más importantes del M-19 por su papel en las finanzas y en el conocimiento estratégico de la clase dirigente. Y, desde el punto de vista militar, muy importante podía ser el joven Ariel Sánchez. Todo el comando era nacido en el departamento del Valle: Otero en Cali, lo mismo que Elvencio y Ariel, Quevedo en Buga y «Salvador» en Tuluá. El mando supremo, Fayad, era también valluno, de Cartago, y la «compañía» que habría de realizar el ataque, compuesta por dos «pelotones» con seis «escuadras», recibió el nombre de «Iván Marino Ospina», en homenaje al líder guerrillero recientemente abatido por las fuerzas militares en la ciudad de Cali. Si culminaban la operación con éxito, los guerrilleros no tomarían un avión al extranjero. Una parte pediría su traslado a las montañas del Cauca, y otra, increíble, al barrio Siloé, en la capital del Valle.

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Poco a poco, las ideas se fueron decantando. «Salvador» quedó como emergente en caso de que Otero no pudiera entrar en acción, y a Quevedo se le relevó por la prioridad de otras funciones. Se consideró el ingreso de Andrés Almarales, el más curtido en asuntos de política y negociación de toda la organización, y de Alfonso Jacquin, un abogado fundamental para la parte jurídica que reivindicaba el operativo y experto, además, en artillería. Elvencio tomó en alquiler una casa del barrio Chapinero que empezó a funcionar como sede del «Estado Mayor» encargado de la operación. En las primeras reuniones se seleccionó al personal que habría de participar, teniendo en cuenta «su condición humana», «su forma de ser y comportarse como M-19», pero también sus cualidades militares y políticas. De esta manera se vincularon al proyecto combatientes con la experiencia rural de Yarumales, diestros para la construcción de trincheras e indicados para la «defensa de montaña». Enterrados en el sótano y en el mármol del primer piso, ellos serían la primera línea de defensa en el Palacio de Justicia. Se escogieron, igualmente, guerrilleros urbanos con experiencia en la construcción de barricadas para constituir la segunda línea de defensa, denominada «defensa de ciudad», y francotiradores expertos con la capacidad suficiente para defender un edificio. Se convocó, también, a los guerrilleros que intentaron tomarse el Batallón Cisneros de Armenia mimetizándose en la noche. Se les llamó «los invisibles» y su misión era camuflarse en la azotea para derribar cualquier intento de retoma por el aire. Se vinculó a un ingeniero experto en explosivos y a los demás guerrilleros se les llamó de acuerdo con funciones específicas: comunicaciones, logística, enfermería, e incluso una periodista. Para todos ellos, responder al llamado de la organización no era un deber, era un honor. Cuando la realización de la toma se frustró para el mes de octubre, los guerrilleros decidieron trasladar su sitio de

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concentración a la Calle 6ª. Sur, número 8-42 del barrio Calvo Sur, a sólo un kilómetro del Palacio de Justicia. Una vez más Elvencio Ruiz y su compañera. Clara Enciso, fueron encargados del alquiler. En ese sitio 28 insurgentes durmieron por última vez en su vida. Los demás se hallaban concentrados en sus propias casas o en un pequeño apartamento del norte de Bogotá. 2. ¿Cuántos guerrilleros participaron? Es difícil asegurar, con exactitud, cuántos guerrilleros participaron en el asalto al Palacio de Justicia. Por esa razón, los cálculos han sido ignorados u omitidos por la mayoría de autores que ha escrito acerca del asunto. El Tribunal Especial de Investigación, un organismo creado por el presidente de la república para adelantar las investigaciones iniciales acerca de los hechos, incurrió en contradicciones al intentar establecer la cantidad precisa de asaltantes. Otros autores se han limitado a presentar la cifra de 42 combatientes reconocida por el M19, sin preocuparse por establecer en detalle sus nombres o la composición de los comandos. El Coronel Plazas Vega, por su parte, menciona un total de 48 insurgentes, más 5 que no lograron entrar a tiempo. ¿Cuál es la fuente más apropiada para determinar el número correcto de asaltantes? Sin duda, el propio M-19. Debido al desenlace y resultado del asalto, sólo la organización que decidió la operación puede resolver la incógnita. Pero, al respecto, existen tres huellas contradictorias. La primera, es el llamado «Plan de Maniobra» del grupo insurgente. Se trata de un escrito hallado por la Fuerza Pública en la calle 6a. sur número 8-42 de Bogotá. El documento fue quizá el primer borrador de planeación general que discutieron los guerrilleros que habrían de participar en el asalto y algunas de sus páginas cayeron en poder de la SIJIN gracias a un allanamiento realizado en el momento en que culminaban

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los hechos. La limitante de esta fuente reside en que no se conoce, a ciencia cierta, el momento de su elaboración, aunque no se descarta que haya sido escrita mucho antes de los hechos y, por consiguiente, modificada sobre la marcha. Los nombres de algunos guerrilleros que aparecen en el «plan de maniobra», por ejemplo, no son nunca mencionados por la única sobreviviente. En su lugar, otros nombres o seudónimos por ella relacionados, no aparecen en parte alguna. La segunda fuente, como se advierte, es la guerrillera sobreviviente. Ella, hasta la fecha, ha sido entrevistada por Olga Behar y Ramón Jimeno para la redacción de sus respectivos libros. Sin embargo, en ninguno de los casos la guerrillera parece precisar el número total de asaltantes y su disposición operativa. Ambos autores no logran un acuerdo en la materia que nos interesa y contradicen al Tribunal Especial en el mejor de sus cálculos. La tercera fuente es una entrevista concedida por Álvaro Fayad luego de los hechos. Esta fuente sólo precisa el número de combatientes destinados originalmente para la acción: 42, y la cantidad de ellos que no pudieron ingresar al Palacio por fallas de coordinación en el último momento: 7. A efecto de contrastar las versiones disponibles, un cuadro sinóptico puede resultar de gran ayuda. Tribunal Especial de Instrucción Fuente: Plan de maniobra M-19 Pelotón 1 Escuadra 1 Escuadra 2 Escuadra 3 Escuadra 4 Pelotón 2 Comandante Escuadra 1 Escuadra 2 TOTAL

Olga Behar Fuente: Clara Enciso

Álvaro Fayad Ramón Jimeno Fuente: Clara Enciso y Plan de Maniobra M-19

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7 6 4 6

Menciona solo 6 nombres Menciona solo 8 nombres

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Probablemente, el cálculo es más fácil hacerlo a través del desplazamiento de los guerrilleros al Palacio de Justicia. Su movilización se realizó desde la casa de concentración en tres vehículos: la «vanguardia», el «grueso» y la «retaguardia». La Escuadra 1 del primer pelotón se movilizó en dos automóviles, conducidos por militantes del M-19 que no tomaron parte en el asalto. La Escuadra 4 del primer pelotón, que ingresó vestida de civil y en forma anticipada al Palacio de Justicia, se movilizó por sus propios medios:

Vehículo 1: «Vanguardia» Vehículo 2: «Grueso» Vehículo 3:» Retaguardia» Vehículos de apoyo «Escuadra 1» Movilización propia» Escuadra 4" TOTAL

Tribunal Especial de Instrucción Fuente: Plan de maniobra M-19 4

Olga Behar Fuente: Clara Enciso

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Ramón Jimeno Fuente: Clara Enciso y Plan de Maniobra M-19 28

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7

?

7

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Como se observa, la coincidencia de las fuentes es mayor. La única discrepancia aparece con respecto al Vehículo 1, entre el Tribunal Especial de Instrucción y Olga Behar. La razón le corresponde a esta última. Con absoluto conocimiento, su fuente, Clara Enciso, es enfática en identificar a los seis ocupantes del vehículo de vanguardia. Restaría por aclarar, entonces, cuántos fueron en definitiva los miembros de la Escuadra 4, que ingresó por anticipado al Palacio de Justicia. Al respecto no queda duda, por simple

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operación matemática es factible concluir que se trata de 5. Y en efecto, ellos fueron vistos y descritos por diferentes testigos: «Aldo», seudónimo de Alfonso Jacquin, «Mariana» o «Doris», seudónimos de Irma Franco, «Natalia», «Roque» y «Pilar». Todos ellos mencionados, también, por Clara Enciso y reconocidos por el Tribunal Especial como los únicos que fueron destacados por la guerrilla al interior del Palacio. 3. ¿Fue posible identificar a los insurgentes? El incendio del Palacio, que calcinó un buen número de los cadáveres registrados en el asalto, la forma como éstos fueron recolectados y confundidos en sus respectivos levantamientos, así como la inhumación en fosa común a que fueron sometidos, no ha permitido hasta el momento establecer la identidad de quienes ingresaron por parte del M19 al Palacio de Justicia. Aunque el Tribunal Especial de Instrucción aportó un listado de 15 guerrilleros muertos e identificados, posteriores investigaciones y hechos permitieron establecer lo inexacto del listado. Con base en el «plan de maniobra» del M-19 y de acuerdo con las declaraciones de Clara Enciso, el más exacto listado de los rebeldes participantes en la operación es el siguiente:

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Que pasó en el Palacio de Justicia Seudónimo

Nombre Real - Observaciones

PELOTÓN 1

Escuadra 1

Escuadra 2

Escuadra 3

Escuadra 4

PELOTÓN 2 Escuadra 1

Lázaro Abraham Levy Diana Mario Mateo NN. Masculino Chucho Andrés William Nohora Pedro Marcela Pacho Bernardo Ismael Esteban Aldo Roque Natalia Mariana Pilar Lucho (Jaime)

No ingresaron al Palacio Nunca se estableció su identidad

Guillermo Elvencio Ruiz G.

Ariel Sánchez

Diógenes Benavides Martinelli Alfonso Jacquin Gutiérrez

Irma Franco Pineda (Desaparecida)

Luís Otero Cifuentes

Adán Eduardo Iris Antonio Iris Fabio Camilo Patricia Michel

Escuadra 2

Paula Betty (Enfermera) Andrés César Orlando

Noralba García Andrés Almarales Manga

Juan Jorge Claudia Profe o Miguelito Mono Carlitos NN. Masculino (Ángel)

Clara Helena Enciso H. (Sobreviviente)

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Como dato curioso, puede agregarse que en el operativo participaban cinco parejas: Ariel Sánchez (Pacho) e Irma Franco (Mariana); Guillermo Elvencio Ruiz (Chucho) y Clara Helena Enciso (Claudia), «Abraham» (quien no entró) y «Natalia», «Fabio» y «Nohora», «Lázaro» (quien tampoco entró) y «Pilar» (quien ingresó de civil). Los miembros de las Escuadras 2 y tres del primer pelotón y los miembros del segundo pelotón, salieron todos uniformados. Las excepciones fueron: Elvencio Ruiz y «Andrés», Luís Otero y «Paula», Ariel Sánchez y «César». ¿La razón? Ocupaban las cabinas de los vehículos en los cuales se desplazaron al Palacio. 4. ¿Cuál fue el armamento utilizado por el M-19? La respuesta es sencilla pero incompleta. Los datos más importantes se encuentran en el «plan de maniobra» y en el informe del Tribunal Especial de Instrucción. Las armas utilizadas, según el informe que sobre «incautación de material de guerra» rindió un oficial militar de inteligencia, fueron las siguientes: 2 6 4 4 8 4 1 1 1

Fusiles ametralladores Galil Fusiles automáticos Galil Fusiles automáticos M-16 Fusiles automáticos FAL M-63 Fusiles semiautomáticos Colt AR-15 Subametralladoras automáticas UZI Subametralladora automática Madsen Subametralladora automática Thompson Subametralladora automática Ingram.

De acuerdo con los documentos incautados al M-19, si bien las armas señaladas por la inteligencia militar pueden figurar entre aquellas que la guerrilla designa como «fusiles»

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o «metras», existen algunas otras cuya relación no aparece detallada en los informes e investigaciones judiciales: 2 Carabinas UZI 1 Escopeta Al menos 5 armas cortas: revólveres y pistolas, correspondientes a los integrantes de la Escuadra 4. No obstante, Clara Enciso afirmaría que casi todos los guerrilleros, además de arma larga, llevaban una corta al cinto. Los guerrilleros emplearon, además: 3 Granadas de humo 13 Granadas de fragmentación 2 Bombas Kleymor Una cantidad no calculada de explosivos de fabricación no industrial a base de dinamita y miles de proyectiles para cada tipo de arma. En la dotación de los combatientes figuraban, igualmente, equipos de comunicación «yaesu», y walkietalkies; una cámara de video, cassettes para la misma y batería; lentes y máscaras antigases, linternas, pilas, raciones de campaña y equipos de enfermería y aseo. La mayoría de las armas, según parece, fueron trasladadas desde los frentes rurales del sur del país. Dos de los fusiles FAL, de fabricación belga, pertenecieron a las Fuerzas Armadas de Venezuela, quien los donó en su momento a los sandinistas de Nicaragua. Dos de los fusiles M-16 fueron vendidos en 1976 por la firma fabricante a la Guardia Nacional de Somoza, el dictador de Nicaragua, y al menos dos de los seis fusiles Galil pertenecieron a la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería de la Nicaragua somocista. Algunas armas, al parecer, fueron hurtadas en Ecuador con la par-

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ticipación del grupo guerrillero de ese país, «Alfaro Vive, ¡Carajo!». Otras armas y fundamentalmente las granadas y la munición, se consiguieron en el mercado negro de Colombia y el exterior. La dinamita fue hurtada días antes en canteras de Zipaquirá 5. ¿Cómo se movilizaron los guerrilleros? Las acciones para el asalto al Palacio de Justicia no empezaron a las 11:30 de aquel fatídico 6 de noviembre. Desde tempranas horas de la mañana, dos pequeños comandos deambulaban por las calles bogotanas iniciando el «Plan General de Operaciones». Su labor era en apariencia insignificante en relación con lo que habría de suceder poco después, pero no por ello podría desconocerse su carácter vital en el proyecto general del hecho. Iban en busca de dos vehículos adecuados para transportar el número necesario de insurgentes sin despertar sospechas y, uno de ellos, con la resistencia o fortaleza necesarias para romper el separador metálico que, en la portería del sótano, controlaba el ingreso vehicular al parqueadero del Palacio de Justicia. El primero de los automotores -una Ford 350, Modelo 61, de placas AM 3967- reunía óptimamente las condiciones exigidas. Fue contratado aproximadamente a las 7:30 de la mañana por una pareja de jóvenes con el pretexto de transportar algunos muebles entre los Barrios San Miguel y Pablo VI. Su conductor, Augusto Martínez Rincón, no sospechó que minutos después lo despojaran de él, y mucho menos que hacia el filo del medio día su vehículo fuera utilizado en el combate guerrillero urbano más feroz y sangriento de la historia contemporánea de Colombia. Minutos más tarde, tres militantes del M-19 recibieron a Martínez en calidad de «custodia». Lo acompañaron durante dos horas y lo dejaron libre a eso de las once, cancelándole el valor acordado en el contrato de transporte.

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El otro automotor, una camioneta Ford Modelo 70, tipo pasajeros, de color azul y placas AP 1067, cubría sin permiso del INTRA una ruta entre «Los Laches» y «San Victorino». Era conducida desde mes y medio atrás por César Alejandro Garzón Amado, quien recibía por tal labor un 30 por ciento del balance diario. Esa misma mañana, en el primer viaje, observó Garzón con satisfacción cómo se completaba el cupo para iniciar la ruta. Pero, a la altura de la calle 13 con carrera 17, los tres últimos pasajeros -dos hombres y una mujer- lo encañonaron obligándolo a dirigirse hasta el Barrio San Antonio. Allí permaneció durante una larga hora acompañado por dos de sus misteriosos pasajeros, mientras el tercero desaparecía con la camioneta. Fue ésta la forma como el grupo rebelde obtuvo dos de los vehículos en que los asaltantes se movilizaron hasta el Palacio de Justicia. El tercero, un Chevrolet, modelo 1958, de placas SB 6671, fue comprado meses atrás por una guerrillera a su propietario, Saúl Hernández, por la suma de 750 mil pesos. De acuerdo con el plan de maniobra, el grupo guerrillero se desplazaría de tres formas hacia su objetivo: 1. A través de sus propios medios y de manera anticipada, como ocurrió con la Escuadra al mando de Alfonso Jacquin. 2. Utilizando los dos vehículos hurtados en la mañana del asalto y un tercero adquirido previamente por la organización insurgente. 3. Acudiendo al transporte de dos antiguos militantes del M19: el «flaco Carvajal» y el «viejo», quienes trasladarían a la Escuadra 1 del primer pelotón, al mando de Lázaro, hasta la esquina del Palacio de Justicia. Según la planeación hecha por el M-19, el orden inicial de marcha para los automotores fue el siguiente: en primer lugar,

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la camioneta Ford de pasajeros hurtada a Alejandro Garzón y conducida por Elvencio Ruiz como «vanguardia». Su misión consistía en cubrir el traslado e ingreso de los vehículos restantes al Palacio de Justicia. La camioneta era seguida de cerca por el camión Ford 350, que transportaba al grueso de los combatientes comandados por Luís Otero. Finalmente cerraba la fila el camión de retaguardia, comprado por el M19 y conducido ahora por Ariel Sánchez. Para penetrar al parqueadero, «el orden inicial de aproximación al objetivo» se alteraba. El micro de pasajeros se detenía con la misión de abrir fuego hacia el sur, contra la caseta de vigilancia, en tanto Nohora y Pedro se disponían a cerrar la puerta del sótano actuando como contención. De inmediato, el Ford 350 se abría paso y sus ocupantes se convertían en vanguardia encabezando la invasión al Palacio de Justicia desde el sótano. Su misión era ingresar por la escalera principal del flanco sur y derrotar toda resistencia hasta alcanzar el cuarto piso; su objetivo era la presidencia de la Corte. En forma simultánea tenía que ingresar por la puerta principal el comando de siete insurgentes al mando de Lázaro, con el propósito de tomar a dos fuegos la vigilancia que retrocediera desde el sótano y doblegar toda resistencia en el primer piso, cerrando la puerta principal del Palacio. Sus hombres se distribuirían después en las «líneas de defensa» de los flancos norte, oriental y sur. Los guerrilleros que entraron de civil, encabezados por Jacquin, tenían como función concentrar el un solo lugar a todos los presentes en el primer piso del Palacio. Luego, al lado de algunos hombres de «Lázaro», coparían el segundo piso y tomarían como rehén al consejero Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente de la república. El vehículo de retaguardia, el viejo camión de placas SB 6671, entraba tras el «grueso» y sus ocupantes tenían como

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objetivo penetrar por la escalera del norte y dividirse hacia el control de los flancos norte y oriental del edificio. Logrado ello, se controlaría el tercer piso con refuerzos de las escuadras de «Lázaro» y «Aldo», de donde saldría, también, el grupo de «defensa» sobre la azotea.

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* II * LA OPERACIÓN POR DENTRO

1. ¿Cómo se inició la «toma»? El 5 de Noviembre de 1985, el M-19 reafirmaba sus actividades en función de la toma. Irma Franco, quien había trabado amistad con la doctora Mercedes Mendoza, haciéndose llamar «Dora Jiménez», llegó ese día a su despacho en horas de la tarde sin un propósito aparente. En primer término, su conversación giró en torno a temas intrascendentes; solicitó en préstamo a su amiga un libro sobre policía judicial y comentó de pronto su amistad con un abogado interesado en providencias del Consejo de Estado sobre «fallas del servicio». «Me gustaría presentárselo –dijo- para que le ayude a conseguir algunas copias de los fallos». Mercedes Mendoza, secretaria del consejero Eduardo Suescún Monroy, se mostró gustosa de atenderlo en el momento en que así lo deseare. Con su afirmativa inocente, los primeros guerrilleros tuvieron una coartada perfecta para ingresar vestidos de civil al Palacio de Justicia. En efecto, al día siguiente «Dora Jiménez» llamó temprano a confirmar la cita, y al rededor de las once llegó a las oficinas acompañada de su amigo abogado. Según los testimonios, era un hombre alto, moreno, un poco canoso, con aspecto costeño y de aproximadamente 40 años. Saludó amablemente e intervino con talante de litigante. Estaba interesado en el tema «falla en el servicio» y concretamente en la figura «Violación directa de la Ley». Por esa razón quería consultar las diligencias tramitadas con motivo del derrumbe de un puente en Quebrada Blanca. La doctora Mendoza Maldonado accedió a prestar su ayuda conforme era su promesa y se dirigió con sus acom-

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pañantes a la secretaría. Parece ser que pasaron en algún momento a la oficina del consejero de Estado Carmelo Cayetano Martínez, en cuyo despacho se tramitaba un recurso de anulación interpuesto por el Ministerio de Obras en el mismo proceso, pero, al no encontrarlo, y mientras Dora Jiménez determinaba esperar en la cafetería, el abogado y la doctora Mendoza decidieron retornar a la Secretaría de la Sección Tercera. En esta oficina, demarcada en la nomenclatura del Palacio con el número 115, le fue facilitado al abogado visitante el tomo con la sentencia de «Quebrada Blanca». Cinco minutos después, al despedirse su acompañante, el jurista pidió prestado el teléfono y, luego de colgar su auricular tras una breve llamada, recibió el «santo y seña» de un joven que entraba en ese instante: «Hola, ¿cómo estás?» -se saludaron mutuamente-. Y acto seguido el abogado preguntó: «¿Cómo están tu suegra, tu señora y los niños?» «Bien, contestó el joven, ya están en finca». En ese momento un impacto sordo se escuchó desde el sótano. La barrera del parqueadero acababa de ser vencida por la fuerza en movimiento de un viejo camión Ford 350, modelo 61. En adelante todo fue instantáneo y al unísono: la ruptura de la barrera, la balacera impresionante, el estupor de los empleados... Y, al lado de ellos, el abogado y el joven, que gritaron desenfundando las armas: «Tírense al suelo, no va a pasarles nada. Esta es una toma del M-19».

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Las mujeres, con un miedo gigante cercenando sus oídos, no alcanzaron a escuchar las voces de advertencia. Asustadas, corrieron atropelladamente a esconderse en el baño sin que los guerrilleros tuvieran reacción alguna. Toda la oficina había sido escogida en la planificación del M-19 como la más adecuada para concentrar todas las personas presentes en el sótano y en el primer piso del Palacio. El abogado era Alfonso Jacquin Gutiérrez, un barranquillero, miembro del Comando Superior del M-19. El joven, su segundo en la «escuadra»: Roque. La «suegra», el «grueso» del destacamento, al mando de Luís Otero que entraba al parqueadero del Palacio. La «señora» y los «niños», los automotores de «vanguardia» y «retaguardia» en que se movilizaban los asaltantes del M-19. La «finca», la carrera octava, metros antes de la entrada vehicular al Palacio de Justicia. En un principio, mientras Jacquin se instalaba en la oficina 115, dos mujeres jóvenes llegaron también a la oficina 117. Allí funcionaba la Secretaría General del Consejo de Estado. Se identificaron como estudiantes de derecho y pidieron para su análisis un expediente electoral. Gilberto Sánchez, notificador de la oficina, les facilitó un expediente fallado, el cual las muchachas se sentaron a leer cerca del mostrador. Una de ellas resultó conocida del Secretario del Consejo, Dr. Darío Quiñónez Penilla. Era la «hermana del Dr. Jorge Franco Pineda», la misma Irma Franco. Con ella cruzó saludo y algunas palabras al ingresar a su oficina, más o menos a las 11:30 de la mañana. Por ello su asombro fue mayúsculo al descubrir que sólo cinco minutos después estaba encañonándolo: «Tírense al suelo, somos del M-19». Abajo, por los lados del sótano, se acababan de escuchar los primeros disparos. De inmediato las detonaciones se

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intensificaron al ritmo de los primeros gritos guerrilleros que empezaban a ahogar su nerviosismo con las consignas del combate: «¡Viva Colombia!», «¡Viva el M-19!». Natalia y Mariana, las dos jóvenes que se presentaron como estudiantes de derecho, respondieron ajustando la puerta de ingreso a la oficina: «¡Presente y Combatiendo!». Pilar, el quinto miembro de la escuadra de Jacquin fue vista por varios testigos en la cafetería: desenfundó un arma segundos después de escucharse las primeras detonaciones, y gritó como todos. «¡Viva Colombia!», «¡Viva el M-19!». Si tenemos en cuenta la cantidad de guerrilleros que logró participar en el asalto al Palacio de Justicia, la séptima parte de la «Compañía Iván Marino Ospina», ya estaba adentro antes de iniciarse el estruendoso operativo. 2. ¿Quiénes fueron las primeras víctimas? Es difícil precisar la hora. Once y treinta dicen los magistrados del Tribunal Especial; once y cuarenta el Procurador; once y treinta y cinco el General Vega Uribe, mientras la totalidad de los testigos se dividen en sus opiniones. Lo indiscutible es que la barrera metálica de la portería del parqueadero, que separaba prácticamente el sótano de la carrera octava, fue reventada por los vehículos de asalto con el M-19 a bordo. Ese primer ruido, mezcla de colisión, ráfagas de fusil y estallidos de granada, quedó grabado por siempre en el recuerdo de los sobrevivientes.

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La toma del Palacio de Justicia, una gigantesca mole construida sin ventanas, con apenas dos entradas y cuya construcción se había realizado «en medio de una fuerte polémica sobre si sus líneas destruían o no la armonía colonial de la histórica Plaza de Bolívar; se inició por los guerrilleros del M-19 a sangre y fuego. No fue realmente fácil como creen algunos autores. La resistencia de los vigilantes, aunque en terrible desventaja, fue tenaz y heroica. Un primer elemento es indicativo de la resistencia que valerosamente presentaron los vigilantes contra la invasión del M-19: la guerrilla tuvo que utilizar una granada de fragmentación para eliminar su respuesta. Los primeros en caer abatidos fueron, entonces, Gerardo Díaz Arbelaez y Eulogio Blanco, los vigilantes contratados por la empresa «Cobasec» para prestar servicio en el Palacio de Justicia. Blanco recibió tres heridas, una de ellas por proyectil disparado por un fusil M-16 y otra, fragmentos de granada que le destrozaron el tórax. Díaz Arbelaez, según su autopsia, falleció por anemia aguda ante lesión de vasos ilíacos. Esquirlas de instrumento explosivo penetraron por la cara anterior de su cadera derecha, para salir por cuatro sitios diferentes en sus extremidades. En esta primera fase de la confrontación, la guerrilla del M-19 llevó la iniciativa militar siguiendo el esquema normal de un grupo que busca el control de los sitios más estratégicos sobre una edificación. Se trataba de una ofensiva para el control de espacios importantes desde el punto de vista militar. Su misión: conquistar en el mínimo de tiempo y sin bajas los objetivos perseguidos. La tercera víctima, dicen Tribunal de Instrucción y Procurador, fue un hombre desarmado. Varios testigos lo vieron pasar por la cafetería y dirigirse al sótano segundo antes del acontecimiento; luego lo observaron desandando angustiosamente su camino. «Al pisar no sabía que de la tierra ciega

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emanaba el día ardiente de pasos en su búsqueda» 1. Un proyectil rozó su región lumbar derecha, otro lesionó su brazo en el mismo costado y un tercero lo alcanzó en el tórax propinándole la muerte. Era Jorge Tadeo Mayo Castro, administrador del edificio por cuyo dominio disparaba el M-19. Al caer, buscaba al parecer refugio en el bronce de José Ignacio Márquez, una estatua que pasó a ser testigo de la violenta historia colombiana. Para los investigadores del Tribunal Especial, Mayo Castro fue ultimado por el M-19 cuando trataba de escapar. La gravedad y sentido más reprobable del acto, afirman los magistrados, es que «ningún peligro representaba para los atacantes»: no portaba armas ni había asumido una actitud beligerante. Por su parte, para el procurador Carlos Jiménez Gómez, las tres víctimas iniciales del fuego guerrillero, fueron precisamente los celadores arriba mencionados y el administrador del edificio. Sin embargo, surgen algunas dudas: Si Jorge Tadeo Mayo intentaba escapar del alcance guerrillero desplazándose hacia la plazoleta del primer piso, quedaban atrás las escuadras insurgentes que recién entraban desde el sótano. Aquí surge el primer interrogante: ¿por qué recibió entonces de frente su mortal herida? Según la necropsia, el proyectil entró por el quinto espacio intercostal izquierdo y se alojó finalmente en el noveno del costado derecho con una trayectoria «antero-posterior». Pero allí no terminan las cábalas. El estudio balístico concluyó que el proyectil homicida había sido disparado por una «pistola calibre 9 m.m», y ocurre que, tanto en el «plan de maniobra» escrito por el M-19, como en la relación de armas incautadas por la XIII Brigada tras la toma, no existe referencia 1

De Pablo Neruda: «El abandonado»

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alguna sobre el porte de esta clase de armas por parte de los guerrilleros. La única pistola hallada entre el armamento subversivo, era una «Star Calibre 7.65». Y, corroborando lo anterior, el Departamento de Criminalística y su Laboratorio de Balística en el Instituto de Medicina Legal, dictaminaron el 8 de Mayo de 1.986 que el proyectil en alusión no había sido disparado tampoco por las subametralladoras 9 m.m. del M-19. Una tercera razón para dudar acerca de la autoría de este asesinato por el M-19, pasa a ser entonces la aludida por el Tribunal: el occiso no representaba ningún peligro para sus objetivos. ¿Fue Jorge Tadeo Mayo víctima del fuego cruzado que se inició de inmediato entre quienes intentaban defender el Palacio de Justicia contra quienes lo asaltaban? ¿Existió precipitud al disparársele, o, posiblemente confundido como guerrillero por la dirección que traían sus pasos, recibió la descarga? Tal vez hoy sea imposible responder a ésta pregunta. Se sabe simplemente que, entre la dotación oficial de los agentes del DAS, designados ese día como escoltas de los magistrados y consejeros de estado, figura la pistola MP-5, Calibre 9 m.m. de fabricación alemana, producida por la misma fábrica que construye y vende al ejército los fusiles G3, Heckler and Koch GMBH. Pero ello no da tampoco motivo a una conclusión certera. Lo único irrefutable, sea quien sea el autor de su homicidio, es concluir que su muerte no fue en combate y que con él empezaron a rodar por el suelo los Convenios de Ginebra. Efectivamente, tras el primer embate guerrillero, la respuesta por parte de la vigilancia no se hizo esperar. Dos sobrevivientes del sótano se unieron a otros tres celadores iniciando todos la resistencia en el primer piso. Con ellos se parapetaron también algunas escoltas de los magistrados que intentaron cortar el ingreso de los guerrilleros. El enfren-

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tamiento fue absolutamente desigual. Las escuadras de Otero y Almarales ascendían por las escaleras armadas con fusiles, subametralladoras y granadas. La seguridad del Palacio y los escoltas se defendían con revólveres, pistolas y escopetas calibre 16 de una sola carga. No obstante, en medio de su inferioridad, agravada por el carácter sorpresivo del asalto, la primera pérdida humana le fue infringida al M-19 por los vigilantes. Este es un hecho procesalmente probado. En esta misma refriega, un guerrillero resultó gravemente herido en la cabeza, conforme pudieron observarlo después algunos escasos testigos. El Tribunal de Instrucción aduce, igualmente, que en esta «brevísima contienda apareció muerta la enfermera del M-19. Alguien parece recordar que cuando un herido clamaba sus servicios, otro le contestó a gritos que estaba «muerta». Ella respondía al nombre de Noralba García, una enfermera de la «Fundación Santa Fe» que renunció al empleo para participar en el asalto. Sin embargo, su nombre no aparece, como el de Dora Jiménez, ni entre los guerrilleros abatidos e identificados, ni entre aquellos cuya participación fue detectada por la inteligencia de la XIII Brigada. Sólo el Informe del Procurador nos da razón de ella, aunque el Tribunal Especial, utilizando similares fuentes, lo omite. En esta primera fase de las acciones, según algunos testigos, llamó la atención que los vigilantes no hubiesen recibido un refuerzo más decidido por parte de los escoltas de los magistrados. Hubo casos, como el de Ananías Bohórquez Triviño quien, al escuchar el primer disparo en el sótano, se refugió debajo de un vehículo despojándose con rapidez del revólver y del documento de identificación como agente. 3. ¿Cómo se inició el enfrentamiento con la fuerza pública? A Jorge Tadeo Mayo lo vieron correr sin esperanza. Era algo extraño, pero ese día se supo que su temor lo expresaba con las piernas. Ni siquiera gritó. Lo vieron correr, correr

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simplemente, salir de la cafetería hacia la plazoleta y seguir hacia el centro. Su instinto de funcionario le negó la puerta de salida. Corrió hacia el fondo, hasta una columna. Se recostó por la espalda y lo vieron caer lentamente, «como sentado». Algo de su muerte recordó al Coronel Aureliano Buendía: «metió la cabeza entre los hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil...». Por el mismo trayecto de su retirada se cruzaron infinidad de disparos. El más valeroso de los vigilantes, José Vicente Ordóñez, enfrentó con su revólver a un guerrillero armado de Galil. Al quedarse sin balas, alcanzó a sacar el extractor para reemplazar parcialmente las vainillas por nuevos proyectiles. Disparó al guerrillero e inició carrera hacia el segundo piso. Sobre el camino los engañó; en vez de seguir, se refugió en un cuarto de aseo situado sobre el descanso de la escalera. Cerró la puerta y cargó el revólver de nuevo. Le restaban ocho tiros y una espera de seis horas para su rescate. Simultáneamente, por los cuatro costados de la Plaza de Bolívar empezaron a brotar los contrincantes del M-19. El Tribunal Especial informa, por ejemplo, la acción de un agente de la policía que, destacado en la zona bancaria adyacente al parqueadero, acudió presuroso a responder el fuego que desde el Palacio hacían los guerrilleros. No obstante, otras piezas sumariales nos ofrecen relatos diferentes. Sobre la esquina de la calle 13 con carrera 8a., se encontraba el subteniente José Rómulo Fonseca con dos agentes a su cargo. Desde allí, su vista de águila le permitió divisar a un individuo que tomaba posición de francotirador en el segundo piso del Palacio. Avanzó hacia la calle 12 en busca del deber, y allí se les unió un civil: Jorge Arturo Sarria Cobo, a quien había conocido días antes en la persecución a un raponero. El subteniente, los dos agentes y Sarria, decidieron desplazarse hasta la calle 7a. para eludir el persistente accionar del extraño francotirador. Una vez allí, optaron por saltar la

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valla de zinc que sobre la calle 12 separaba provisionalmente el área norte del Palacio -todavía en construcción- y la vía pública. El subteniente Fonseca Intentaba encabezar una penetración al recinto judicial cuando quedó atrapado en la mirilla de fusiles guerrilleros atrincherados en el parqueadero. Fue el primer uniformado en saber lo que ocurría y también el primero de ellos en caer. Un proyectil le destrozó el tórax; le interesó el pulmón izquierdo, la aorta ascendente pulmonar y perforó el pericardio. En su trayectoria de salida, el proyectil le fracturó el cuerpo vertebral y dos arcos costales. Persuadidos de las dificultades, Sarria Cobo y sus acompañantes decidieron abandonar la tentativa y retornar hacia la calle 8ª. Tocaban la acera cuando un angustiado padre de familia les gritó señalando con insistencia un jeep de color rojo: «¡Allá están mis dos niñas..!.». «¡Mis hijas, mis hijas...!», repetía. Era imposible acercarse, pero un agente se atrevió a hacerlo resultando herido en el intento. No se sabe en qué magnitud, antes o después de su faena, porque según el testimonio de Gladis María Rozo, fue un agente de policía herido quien rescató a las niñas del fuego cruzado, las sacó del jeep y las entregó para custodia en una oficina de abogados sobre la carrera 8a., número 11-39. En este agente se cruzaron el heroísmo y el más elevado sentimiento humano. Solo que, al final, herido en la cabeza y en el hombro, se constituyó también en materia de rescate. Protegido contra el jeep, alguien de la cruz roja procuró acercársele pero, a pesar de su insignia, el fuego desde el Palacio le frustró su meta. Fueron largos los minutos necesarios para culminar felizmente el objetivo, cuyas variantes dramáticas quedaron grabadas para la posteridad en filmaciones y fotografías.

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Enigmático resultó, por otra parte, el primer miembro de la Fuerza Militar que buscó penetrar al edificio. Según el periodista Hernando Correa Peraza, un soldado de la Guardia Presidencial logró ingresar al Palacio de Justicia por la puerta grande. «Unos cinco minutos después apareció de nuevo con su uniforme desordenado... Estuvo unos instantes sobre las gradas y volvió a entrar».

Aunque esta vez se demoró menos, tardó lo suficiente como para colocar en vilo a oficiales y periodistas asombrados por su arrojo. La investigación supo después que la madre del soldado trabajaba como ascensorista en el Palacio y éste entró desesperado y dispuesto a dar la vida para encontrarla. A estas alturas, ya la irrupción de la guerrilla por los sótanos del Palacio de Justicia era una noticia desparramada por todos los rincones de la tierra. En Madrid - España, Eduardo Rodríguez reivindicó para el M-19 el audaz golpe, mientras decenas de casetes y comunicados llegaban a los medios de información. Los teléfonos del Palacio de Justicia timbraban azarosamente en busca de noticias y entrevistas. La acción vaticinada por «Oscar», uno de los comandantes más reconocidos del M-19, tras el fracaso del secuestro intentado contra General Rafael Samudio, comandante del Ejército, era ya una realidad. 4. ¿Por qué la «toma» se convirtió en desastre para el M-19? De la fase ofensiva para ingresar al Palacio de Justicia, el M-19 debía pasar rápidamente a la consolidación y defensa de los espacios conquistados. De acuerdo con el «plan de maniobra», la primera resistencia quedaba vencida con el «aniquilamiento», sometimiento o retirada que se presentó efectivamente por parte de los celadores. Terminaba con ello

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la «primera fase» de la toma. En adelante, la meta era «garantizar el control absoluto del objetivo», combinando las «defensas de montaña y ciudad». No obstante, desde un principio, la «Compañía Iván Marino Ospina» se resquebrajó por dentro. Su primer inconveniente serio fue, sin duda, la errada coordinación con la escuadra de «Lázaro y Abraham», que no pudo ingresar al Palacio. «Lázaro» acordó con Luís Otero el sitio por el cual los vería pasar para iniciar de inmediato su traslado hacia el Palacio. Sin embargo, Otero se confundió, tomó otra calle y «Lázaro» quedó esperándolo. Cuando reaccionó era demasiado tarde y su «escuadra» llegó al Palacio cuando la acción entraba en su furor. No pudieron ingresar. Compuesto por siete combatientes, la escuadra de «Lázaro» tenía como misión el «asalto a la puerta principal» y su distribución en varias «líneas de defensa». Dada su ausencia, el enfrentamiento contra los vigilantes y escoltas se convirtió en labor de escuadras que tenían como misión el control de los pisos superiores. De hecho, programados para ser enfrentados a dos fuegos y tomados sorpresivamente por la espalda en caso de resistencia, los vigilantes encontraron su retaguardia limpia, presentaron un combate mayor al calculado y pudieron salir disparando por la puerta principal. Estos acontecimientos ocasionaron otros imprevistos. La ausencia de una escuadra entera creó desconcierto en los planes y obligó a improvisar. Natalia, por ejemplo, quien de acuerdo con el plan debería ser recogida por Lázaro en la Secretaría General del Consejo de Estado para trasladarse al sector oriental en funciones de defensa, entró en franca confusión. En medio de la balacera, una y otra vez se escucharon sus gritos pidiendo la presencia e instrucciones de Jacquin y «Roque». «Lázaro», quien debía ingresar por la puerta principal y doblar inmediatamente a la derecha, tenía que ser reemplazado ahora por guerrilleros procedentes del

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costado occidental. Ellos se encontraban más alejados del flanco correspondiente y se vieron obligados a cruzar sin cubrimiento alguno el ancho espacio de la entrada central. Fueron fácil blanco de vigilantes, soldados y agentes que se apostaron por fuera. Si a todo lo anterior se suman las bajas obtenidas tempranamente en el combate, es lógico suponer que el «factor tiempo» empezó a jugar también un destacado papel en contra del M-19. La velocidad del reloj, pensado matemáticamente para más hombres y una respuesta menos intensa, dificultó la defensa en el sótano e impidió el fortalecimiento de todas las posiciones perseguidas. Un número menor de combatientes tenía ahora la pesada misión de acarrear hasta su meta los «medios ingenieros, explosivos y de intendencia», muchos de los cuales -inclusive sacos de arena para construir trincherasterminaron abandonados a mitad de camino o en el camión de su transporte. La instalación de minas y barricadas en la puerta principal y en los pasillos del primer piso se desatendió para lograr a medias el cubrimiento del sótano; sus naves ni siquiera fueron cerradas en los primeros momentos del asalto y la concentración de rehenes que se proponían en una sola oficina fue desechada por completo. El grupo de Lázaro tenía las bombas kleymor con las que pretendían impedir el ingreso de los tanques. Al mismo tiempo, sus hombres eran los encargados de dirigirse inmediatamente a la oficina del magistrado Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente de la República, y tomarlo como rehén. Los radios que comunicaban a los guerrilleros dentro y fuera del Palacio de Justicia, nunca funcionaron. En breves lapsos, los guerrilleros intentaron una y otra vez utilizarlos sin resultados positivos. Al atardecer del primer día, un magistrado, Manuel Gaona, intentó infructuosamente colocar alguno en funcionamiento.

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Existen testimonios que aluden a los guerrilleros preguntando por el piso o sitio en que se encontraban; estaban aislados de sus colectivos como incomunicados quedaron desde un luego Otero y Almarales. El guerrillero que debía entregar las armas largas a sus compañeros que entraron al Palacio vestidos de civil y con armamento corto, fue muerto en la entrada del sótano y su labor nunca fue cumplida. En el fragor del combate, otros guerrilleros se separaron de su grupo, terminaron al lado de otros o en el sitio que en el plan no les correspondía, o simplemente heridos tuvieron que quedarse a la mitad de su destino. Como los guerrilleros perdieron demasiado tiempo intentando controlar el sótano y el primer piso, las escoltas de los magistrados tuvieron ese mismo tiempo para preparar en algunos casos cierta oposición interna. Mientras en el cuarto piso, por ejemplo, una parapetada y valerosa resistencia dificultó por instantes el asalto del M-19; en el segundo piso, instantes preciosos fueron aprovechados para trasladar a Jaime Betancur hacia otra oficina incógnita. La rápida reacción externa coadyuvó a su vez en la debilidad de la defensa. La acción de celadores, escoltas y ocasionales miembros de la fuerza pública jugó en ese sentido un importante papel al impedir cualquier instante de calma en el M-19. A las 11:45, el Comando de la Escuela de Artillería ordenaba ya el desplazamiento del Batallón Guardia Presidencial, y antes de las doce una batería se había tomado la plaza con tres pelotones instalados a la altura de la «Casa del Florero», del Palacio Municipal y del Capitolio Nacional. Comandados respectivamente por el Teniente José Vicente Uribe Hernández, el Sargento Sergio Villamizar Quintero y el Capitán Rafael Mejía Roa, estos tres pelotones fueron reforzados poco después por otra batería al mando del Capitán Gregorio Rojas Páez.

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Bastante pronto la situación externa estaba controlada por los militares, y el M-19 tenía que duplicarse para atender los flancos con un asfixiante enfrentamiento interno que aún no doblegaba. La zona fue desalojada de curiosos y acordonada en sus alrededores. De acuerdo con la «Cronología del Asalto a la Corte» suministrada por «El Espectador» en su edición del 7 de noviembre, a eso de las doce meridiano, «once agentes del F-2» intentaban penetrar al sótano «en medio de un fuerte intercambio de disparos». Pero, según las versiones testimoniales posteriores, no todos aquellos civiles eran agentes secretos. Algunos eran al parecer ciudadanos sorprendidos por los hechos que intentaban abandonar la zona de fuego sintiéndose protegidos por la presencia policiva. Entre ellos, René Acuña Jiménez cayó al intentar el cruce de la Carrera 8a., a sólo diez metros de la entrada al parqueadero. Hubo también quienes, mezclados entre los primeros heridos y transeúntes, dibujaron la «V» de la victoria con su mano levantada en claro mensaje a los francotiradores. Poco después de las doce horas; valiéndose de manilas o entrando por la periferia ante las dificultades para atravesar la Plaza de Bolívar sin convertirse en blanco para los guerrilleros, las fuerzas militares lograron el control de los sitios estratégicos aledaños al Palacio, planteando desde allí una operación envolvente que incluía expertos tiradores en las azoteas de los edificios vecinos. El puesto de mando, instalado apresuradamente en el Museo Militar, fue trasladado definitivamente hacia la «Casa del Florero». Simultáneamente, cuando en los oídos del Presidente la noticia era aún un rumor confuso, salieron de la Escuela de Caballería cuatro tanques cascabel y dos carros blindados que a las 12:55 estaban arribando a la Plaza de Bolívar. El M-19 no contempló nunca la posibilidad de emboscarlos en su camino al Palacio. Tomaron la ruta lógica, la más rápida, la vía circunvalar; al mismo tiempo la más solitaria y la más

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cercana a los cerros con sus trincheras naturales. La inteligencia militar no alcanzó a calcularlo y no tomó las precauciones necesarias. La inteligencia y la capacidad militar del M-19 no dieron tampoco para tanto. 5. ¿Cómo entraron los tanques a Palacio de Justicia? En un intento por sistematizar la descripción factual, es posible establecer hasta el momento cinco facetas claramente diferenciadas en el desarrollo de las operaciones: • La primera de ellas, puede considerarse la «antesala» del operativo. Se trata del período en el cual el M-19 se apropió de los medios de transporte necesarios al subsiguiente cumplimiento de sus planes. A esta etapa corresponde, así mismo, el ingreso de los guerrilleros al Palacio, vestidos de civil. • La fase siguiente hace referencia a la ofensiva guerrillera. Consiste en acciones armadas catalogadas como «regulares» o «normales», si se las enmarca en el objetivo buscado de controlar militarmente, en el menor tiempo posible y sin bajas, los espacios más estratégicos de la edificación. Esta segunda fase se inició con el ingreso de los insurgentes al parqueadero del Palacio y culminó con la muerte, derrota o retirada de vigilantes y escoltas. • Una tercera etapa empezó cubriendo las primeras intervenciones aisladas de la fuerza pública, el sitio militar externo al Palacio y la acción intrépida del M-19 para mantener los espacios conquistados y controlar los programados. Con la ausencia de una importante escuadra y sufriendo inesperadas bajas en una resistencia prolongada, los presupuestos y la lógica militar del «plan general de operaciones» ideado por el M-19, se derrumbaron por

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completo. Durante esta fase, la fuerza pública utilizó la fuerza legítima del Estado para tratar de desalojar al grupo insurgente de un espacio público. • En una cuarta fase, el conflicto empezó a transformarse en acciones de «tierra arrasada». A partir de la retoma con vehículos blindados; del indiscriminado empleo de armas con desmedida efectividad; y sobre todo, al olvidar que en el Palacio se encontraba una amplia masa de civiles; la dialéctica de la fuerza legítima se fue transformando en la más absurda violencia por parte del Estado. • Cuando el M-19 se encontró diezmado e impotente para retomar la iniciativa y reformular sobre la marcha su «plan general de operaciones», la confrontación armada inició su fase final, definida por un trágico duelo a muerte: cada actor, militarmente enfrentado, tenía que eliminar o derrotar al otro sin que importasen las consecuencias en relación con los dos centenares de civiles atrapados. En este sentido, la presencia de los tanques en el corazón capitalino, dio lugar a una nueva fase en la confrontación armada. Antes de su llegada, el M-19 portaba la iniciativa a pesar de sus dificultades. Contra ellos, la correlación de fuerzas varió sustancialmente en favor de las autoridades. Esta situación fue claramente percibida por el Tribunal Especial de Instrucción: Estos vehículos blindados, distinguidos por los declarantes como ‘tanques o tanquetas’, despertaron la esperanza de que constituyeran decisivo factor de disuasión, como quiera que con su utilización se establecía un desnivel de fuerzas innegable. Los guerrilleros no lo creyeron así y los recibieron con nutrido fuego de armas automáticas.

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Las nuevas unidades motorizadas tenían dos frentes factibles de ataque: el sótano y la puerta principal. El primero de ellos fue acometido con celeridad por el «Urutú» del Grupo Mecanizado Rincón Quiñónez, cuyo comandante, Jairo Solano Jiménez, nos ofrece un vivo relato de sus peripecias: A la entrada del garaje habían colocado dos bombas de alto poder y a tiro de fusil fue necesario desactivarlas, una vez hecho este trabajo le ordené al Cabo González Álvarez Rubén... que acelerara a fondo y entráramos, ya que corríamos el riesgo de más bombas dentro del garaje, allí fuimos sometidos a fuego por unos diez guerrilleros que estaban dentro atrincherados entre los vehículos y sacos de arena que habían llevado para este efecto, constantemente nos lanzaron bombas al parecer de alto poder, porque el carro constantemente era movido por la vibración explosiva de estos artefactos; inclusive la puerta posterior del Urutú fue sumida...»»...Nosotros hicimos fuego desde el vehículo para replegar al enemigo y permitir así que entrara el Batallón Guardia Presidencial y asumiera el control del primer piso. Hubo un momento en que ordené desembarcar y ante el aviso de los soldados que había más bombas y personal por debajo de los carros, cerramos nuevamente la puerta y anduvimos por los sitios que quedaron libres en el parqueadero.

Inicialmente, diría en su declaración ampliada el Capitán Jiménez, ingresó el Urutú sin protección de tropa, pero al salir, el sótano estaba «prácticamente controlado y fue posible el acceso de unidades de infantería». El M-19 había perdido, entonces, su primer terreno de combate. Retrocedía hasta las escalas que conducen al primer piso y se internaba en el Palacio. No pudo siquiera arrebatar al ejército una ametralladora «punto 50» que el tanque perdió en sus maniobras. Esta fue recuperada poco después en hábiles acciones de los uniformados. Entre tanto, el ritmo de los acontecimientos por el sector sur cobraba una velocidad inusitada. Según el Procurador

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General de la Nación, tres tanques penetraron al Palacio de Justicia «demoliendo su gran puerta metálica»: El primero a las 13:57 y los otros dos a las 14:05 y 14:20". El «insólito e impresionante episodio», como dijera el Tribunal Especial, pasó entonces a formar parte de la convulsionada historia colombiana, con un peso marcado en la memoria de quienes lo vimos una y otra vez en las imágenes televisadas. En breves palabras, el periodista Iván Darío Montoya describió así para Colprensa el dramático suceso: Un tanque sube las escaleras destrozándolas y toma posición. Rompe y penetra por la puerta principal apoyado por un nutrido fuego. La máquina acciona sus metralletas 7.62. Detrás ingresan varios grupos de soldados...

La narración se reemplazó poco después por otra: por un partido de fútbol que incluso fue transmitido por la televisión de forma inesperada. Así, progresivamente y con los medios silenciados, se hizo el tránsito de la dialéctica de la fuerza legítima a la violencia estatal. 6. ¿Por qué helicópteros en el Palacio de Justicia? Fue el Director General de la Policía quien autónomamente decidió la retoma por aire. Desde el mes de septiembre de 1.985, un selecto grupo de los departamentos de Policía Cauca, Valle, Huila, Cundinamarca y Bogotá, adelantaba en la Escuela de Suboficiales «Gonzalo Jiménez de Quezada», ubicada en el Muña, un curso de adiestramiento distinguido en el argot castrense como «Curso de Operaciones Especiales», Copes. Poco antes de las doce meridiano, apenas terminada una demostración de habilidades ante los altos mandos y distintos invitados de naciones suramericanas, el Copes fue convocado

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aquel histórico 6 de noviembre por la Dirección General de la Policía para que tomaran parte como grupo de asalto aerotransportado en la recuperación del Palacio de Justicia. De la acción a que fueron destinados, Colombia entera contempló absorta las imágenes de su intrépido descenso sobre la azotea del edificio tomado por el M-19: detenido a duras penas el vuelo de los helicópteros, los hombres de verde se arrojaron entre la indecisión y el coraje desde una altura considerable. En sus rostros se alcanzan a ver nítidas la obligación impuesta por el deber cotidiano y su presteza para el combate. Era el bautismo en fuego del curso que apenas culminaba. Sin embargo, lo que ocurrió antes de ello y lo que vendría después, pesará más sobre el recuerdo o el misterio que su cometido. Fuertes críticas se desprendieron, en los análisis subsiguientes, a partir de diversas inquietudes. Las deducciones con respecto a la muerte del Capitán Aníbal Talero, planteadas por Manuel Vicente Peña con base en la entrevista que realiza a tres de los oficiales que le acompañaban, son altamente preocupantes. Su desaparición, se afirma, no sólo ocurrió «...por culpa de la guerrilla que lo asesinó, sino también de una policía -con algunas honrosas excepciones- desentrenada, burocratizada, que a la hora de un problema de verdad como la toma del Palacio de Justicia es incapaz de manejarlo». «A Talero -agrega- le ordenaron dirigirse de inmediato al Palacio tomado, sin darle tiempo para organizar su grupo y poner en marcha el adecuado dispositivo. Cayó en boca del lobo sin munición, sin planos del edificio, sin objetivo establecido, sin radio...a que lo mataran y así fue...»

Pese a lo anterior, en las declaraciones ante los jueces los miembros del Copes adoptaron el consabido estilo de colgarlo todo en hombros del muerto. El Capitán Talero, sostuvieron,

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recibió como Comandante del grupo todas las instrucciones habidas y por haber, en forma clara y detallada. Absurda excusa: ¿puede concebirse una acción de comando donde sólo un miembro está enterado de las actividades necesarias para conquistar el objetivo? Sus relatos ante los jueces fueron diametralmente diferentes a lo confiado al periodista Peña. En Colombia, parece normal que las autoridades posean dos versiones sobre un mismo hecho: la de la calle, difundida por doquier como fuerza de verdad, y la del sumario, que es la única que puede asumir el valor de plena prueba en la calificación de los hechos delictivos, aunque esté recortada y falseada. Aunque el juez no indagó lo suficiente a los mismos policías, en repetidas contradicciones quedó plasmado el deseo de los policías por ocultar la realidad. Un seguimiento cuidadoso a las versiones ilumina realidades. En contra de quienes afirman que el capitán Talero se trasladó al despacho del Director General para obtener allí las consignas y planes indispensables para su cometido, el subteniente Germán Bermúdez Castillo aclara que, al recibir las ordenes e instrucciones del General Delgado Mallarino, «...naturalmente todos estábamos reunidos, en la dirección general, en el parqueadero...»

De modo que, tan pronto llegaron de la Escuela de Suboficiales, en el mismo aparcadero de la Dirección, fueron despachados hacia el Palacio de Justicia con las «ordenes e instrucciones que otros testimonios resumen: «...simplemente recibí las instrucciones generales de la situación del Palacio de Justicia (se refiere a la toma) y como específica la misión de rescatar al personal que se encontraba dentro del edificio en el cuarto piso...» (Capitán William Rafael Contreras Rodríguez).

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«...nos dieron instrucción que había que ir a capturar guerrilleros y rescatar los rehenes si era posible...» (Cabo Primero Dámaso Hernando Almonacid Molina).

Existen, sin embargo, hechos más indicativos: ¿Cómo entender una acción de tanta trascendencia y envergadura sin planos del edificio o al menos de la terraza; sin equipo de comunicaciones y sin munición suficiente? Este es otro de tantos aspectos suministrado a título de queja en las entrevistas concedidas a Manuel Vicente Peña, pero que sólo ocasional e indirectamente asoman en Los testimonios rendidos ante los investigadores: · Ignorancia sobre las distribuciones arquitectónicas del Palacio de Justicia: «Inicialmente, el grupo que iba a penetrar trató de entrar por una claraboya que había por ese sector donde yo estaba, levantamos la tapa y de una vez nos dispararon desde por allá y en lo oscuro, nos tocó cerrarla nuevamente y dejar a alguien ahí que estuviera pendiente; permanecimos ahí largo, el grupo de penetración buscó otra entrada, fueron a dar al otro lado, concretamente donde queda el asta de la bandera, donde encontraron otra claraboya...» (Teniente Pedro Nelson Niño Daza). «...Yo fui uno de los últimos en abordar el helicóptero y allá llegamos como a tres metros de la terraza, recibimos la orden de botarnos al piso y ya después más o menos salimos hacia donde habían unos compañeros que me hicieron señas pues yo en ese momento estaba desorientado, y ahí me acerqué a un compañero y el me dijo que la entrada era por la parte del frente del palacio, que por ahí había entrado el Comandante del Grupo...»(Cabo Primero Dámaso Hernando Almonacid Molina).

· Ausencia de comunicaciones:

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«En esos momentos sacaron también a mi Capitán Orjuela, quien se encontraba herido en una pierna, nos quedamos ahí prestando auxilio, le hicimos señas a un helicóptero que estaba volando por los lados del Palacio de Nariño, para que subiera a la terraza porque mi Capitán estaba mal; al rato el helicóptero nos entendió y sobrevoló por la parte donde nos habían dejado...» (Teniente Pedro Nelson Niño Daza).

· Sin munición suficiente: «...se encontró allí en el pasillo del cuarto piso donde estuvimos apostados... una munición en número bastante elevado calibre 7.62 que corresponde al mismo calibre del Galil que nosotros portábamos en esos momentos. Una vez se nos agotó la nuestra también utilizamos...» (Sargento segundo José Ariel Dávila Medina).

Así las cosas, irracional y absurdamente se inició por la azotea del Palacio de Justicia su retoma. No se conocía la posición del adversario, se carecía de ilustraciones mínimas acerca de las disposiciones locativas del edificio y sus lugares de acceso, se olvidaron los elementos universalmente necesarios para cualquier tipo de acción similar y se actuó en general sin un plan secuencialmente coordinado. En el fondo, el Copes fue lanzado a la operación con la simple consigna de penetrar «como fuera» y una vez adentro, rescatar rehenes «si era posible» o atacar y defenderse siguiendo el instinto y su propia iniciativa. Tanta irracionalidad combinada condujo a la frustración de un objetivo que pudo haber facilitado un desenlace menos dramático y sangriento a los hechos del Palacio de Justicia. Tal como se vio en acápite anterior, ante las fallas, bajas y obstáculos que sorteaba con dificultades extremas el M-19, hubo un lapso prolongado de tiempo durante el cual la guerrilla no pudo tomar y controlar el cuarto piso.

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Los escoltas de los magistrados, como lo conociera telefónicamente la esposa del magistrado Patiño Rosselli, entablaron resistencia desde las gradas permitiendo a sus resguardados un largo trecho de relativa libertad para comunicarse con sus familiares y amigos antes de caer bajo el control del M-19. Pero esta circunstancia, conocida por la Policía, comunicada al director por la propia esposa del magistrado Patiño, no fue debidamente aprovechada en sus términos benévolos. Increíblemente, los tanques llegaron primero que los helicópteros al Palacio de Justicia y éstos inexplicablemente dudaron también de su misión. Ratificando la cronología publicada por «El Colombiano» en sus menciones sobre vuelos previos de «reconocimiento», los oficiales del Copes confesaron a Manuel Vicente Peña que, después de sobrevolar por primera vez el Palacio de Justicia, regresaron a la Dirección General de la Policía ante la negativa de los pilotos para acercarse al objetivo. Así hablaron los oficiales: «...parece que en el primer viaje que hicimos -cuando tocó regresar porque los pilotos no quisieron entrar- falló eso, porque si hubiéramos entrado en el primer viaje, habíamos alcanzado a lograr aunque sea el cuarto piso sin que hubieran llegado los subversivos...»

Este suceso, ocultado también reiterativamente en las declaraciones sumariales, sólo asoma a manera de lapsus en el testimonio del subteniente Orlando Aldana Ávila: «Nos desplazamos a la Dirección General a bordo de un helicóptero, una vez allí mi capitán Talero y mi capitán Orjuela, que eran los comandantes del equipo, subieron al despacho del señor director para recibir instrucciones...»

Obviamente, Aldana ha confundido la primera ocasión en que a bordo de automotores llegaron hasta el parqueadero de

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la Dirección General de Policía, con la segunda, cuando regresaron del Palacio de Justicia a efecto de subsanar la negativa de los pilotos. Cuando el Copes logró entrar al Palacio de Justicia por la azotea, era demasiado el tiempo perdido: sobrevuelo y regreso, desconocimiento de los sitios de acceso, carencia de medios y manera artesanal y ruidosa de abrir una puerta que jamás tuvieron en sus cálculos. Esto no obstante, alcanzaron a tomar en su poder dos maletines abandonados por el M-19 al borde de los ascensores, en clara muestra de que los guerrilleros recién estaban subiendo desde el sótano su material de guerra y equipos de intendencia. Era demasiado tarde. Ganado el interior del Palacio de Justicia, el propio capitán Aníbal Talero no supo a qué atenerse. Las someras informaciones suministradas en la Dirección General, hablaban de la resistencia interna contra el M-19 y por tanto de su ausencia sobre el cuarto piso. Era una información de mucho tiempo antes sin posibilidades de corrección por la incomunicación a que fue sometido su propio equipo. Infantilmente, llegó identificándose a gritos como «policía» y una ráfaga le cegó la vida.

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* III * EL DERECHO DE GENTES EN EL PALACIO DE JUSTICIA 1. ¿Planificación o improvisación? A las 13:57 horas del 6 de noviembre, en «insólito e impresionante episodio» -como dijera el Tribunal Especial de Instrucción-, Colombia contempló absorta las imágenes de un primer tanque militar derribando la gran puerta metálica del Palacio de Justicia. Adentro, los Comandos del M-19 intentaban todavía consolidar su operativo y preparar la defensa en lo que parecía ser invadida fortaleza. Todo cambió con el ingreso de los tanques. No por la desoladora sensación de la puerta judicial hecha pedazos, sino, ante todo, por lo que a partir de este suceso empezaría a presentarse: lo que ha debido ser coacción legítima y fuerza justificada del Estado; rescate limpio de rehenes y desalojo guerrillero, se convirtió en desmedida violencia e irracional retoma: al frente de los tanques no existió un plan definido. En medio de soldados y agentes sin capacitación para operaciones especiales, un casual aparecido como Jorge Arturo Sarria Cobo (el afamado «Rambo» de alguna prensa), terminó a la postre encabezando en cierta forma los operativos iniciales. El voluminoso expediente judicial, en contra de las omisiones del Tribunal Especial o del Procurador, sabe que Sarria, simple civil y recientemente excluido de la Armada Nacional por conducta deficiente, recibió chaleco antibalas, arma y municiones por el sólo hecho de manifestar su deseo de entrar al Palacio a reprimir la acción subversiva; sabe que a Sarria en algún momento se le confiaron incluso soldados para que los orientara en el interior del edificio y que los primeros «capturados», Eduardo Matzon y Yolanda Santodomingo, inocentes estudiantes de la Universidad Externado

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torturados luego, fueron conducidos como guerrilleros y entregados a las autoridades por Sarria, como liberados fueron -en gran parte merced a su colaboración- Jaime Betancur Cuartas, Eduardo Suescún Monroy y varios consejeros más. De hecho, desligado orgánicamente del cuerpo militar, libre de cualquier apremio disciplinario e imprevisto u ocasional participante, Sarria no tomó parte en preparación, estudio o plan alguno. A veces -afirmó- su papel fue jugado «a título individual», auto regido pero consentido y apoyado por las autoridades militares que, no en una sino en tres ocasiones, permitieron su ingreso armado al Palacio a sabiendas de su condición. En términos quemantes pero concretos, a un aparecido como Sarria le fueron otorgadas facultades para «echar» tiros dentro del Palacio. Como ha quedado expuesto, Sarria inició su acción al lado del Teniente Fonseca y logró salir ileso en los primeros intentos de entrar al Palacio; rescató luego al Agente Orobio y a las dos niñas que, en medio del fuego- quedaron abandonadas en un jeep. Personalmente trasladó al agente herido al hospital y allí recibió de manos de un Capitán de la Policía, una caja de municiones y una patrulla con dos uniformados para regresar al Palacio. En la calle, Sarria colaboró con las autoridades disolviendo a tiros la manifestación que sobre la carrera 8a. con calle 13 pretendía iniciarse contra la respuesta militar a la toma. Luego, al lado de un tanque de guerra que avanzaba por la misma carrera 8a. entre calles 11 y 12, Sarria recuperó el cadáver del Teniente Fonseca. En ese momento un soldado le dijo que su coronel lo necesitaba en Palacio pidiéndole que entrara con un destacamento de soldados protegidos por la tanqueta que derribara la puerta del Palacio. Según el mismo Sarria Cobo: Había un contraste entre la cantidad del personal militar que estaba afuera y los contados miembros que habíamos entrado al Palacio, que éramos aproximadamente unos diez.

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Una vez adentro y según su propio testimonio, «como nada tenía que ver militarmente», decidió asumir bajo su responsabilidad «lo que fuera a hacer». Ingresó a una oficina seguido de un capitán, un sargento y dos soldados del ejército y les sugirió pasar al segundo piso donde veía gente llamándolos a señas y gritos en su auxilio. Rompiendo los vidrios, con una improvisada escalera de muebles, llegaron hasta la oficina del consejero de estado Jaime Paredes Tamayo. Sarria había recibido para entonces un chaleco antibalas y al frente de los militares recorrió el segundo piso pidiendo a quienes se encontraban escondidos en sus despachos que abrieran las puertas y salieran para ganar la libertad bajo su protección. En un momento determinado, Sarria y sus acompañantes recibieron disparos de la misma policía. Según Olga Behar, el civil descendió entonces hasta donde se encontraba el General Vargas Villegas -Comandante de la Policía en Bogotá- y, sin identificarse, le solicitó que pidiera a las fuerzas arriba dispuestas que interrumpieran los disparos hacia ellos. El General le pasó el radio al espontáneo y le dijo: «Dé usted las indicaciones y la orden». Así pudo retornar y liberar a los Consejeros Paredes Tamayo, Jaime Betancur Cuartas, Eduardo Suescún, Mario Enrique Pérez, Humberto Mora Osejo y Miguel Betancur Rey, además de otros funcionarios. Al salir con ellos y entregar además en calidad de retenidos a los estudiantes del Externado, Sarria fue llamado por el Comandante de la Escuela de Artillería para que sirviera de guía a un nuevo Comando del Ejército aprovechando «el conocimiento que poseía ya del edificio». Con ellos, Jorge Arturo Sarria subió combatiendo hasta ganar el cuarto piso y luego la azotea. Fueron más de tres horas de combate, hasta que descendió de último entre los

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Comandantes del Ejército y la Policía destacados en el sector y auxiliados por los bomberos frente al incendio desatado. Eran más de las diez de la noche y había actuado casi desde el primer disparo. Con las piernas hinchadas y cansancio en todo el cuerpo, salió caminando del lugar hasta que un taxi lo llevó a casa. En el camino, nadie le preguntó absolutamente nada. Alfonso Gómez Méndez, Procurador General de la Nación, resumió así la participación de este «Rambo Criollo», cinco años más tarde: Rescató a algunos civiles atrapados en el cruce de la calle así como a un agente de la Policía herido sobre la carrera octava y lo trasladó al hospital de La Hortúa. Posteriormente dirigió el ingreso al segundo piso del Palacio de Justicia en compañía de un capitán de la Policía, de un sargento del Batallón Guardia Presidencial y de dos soldados. El ingreso al segundo piso lo hizo por encargo del comandante de la Escuela de Artillería, quien ordenó que se le entregara un chaleco antibalas. Durante el combate dio de baja a varios guerrilleros. Por otra parte rescató, entre otros, a los consejeros Jaime Paredes Tamayo, Eduardo Suescún Monroy, Mario Enrique Pérez Velasco, Humberto Mora Osejo, Miguel Betancur Rey y Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente Betancur. La espontánea, activa y eficaz intervención de un civil como Sarria, aceptada y hasta estimulada por militares de mando, revela la insuficiencia de la planeación del objetivo militar. Pero, la intervención de Sarria fue más allá; en sus declaraciones Sarria manifestó que en la noche del 6 de noviembre le había servido de guía al comandante de la Escuela de Artillería para ingresar a los pisos superiores en donde rescataron a dos estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matzon. Al final, todos serían rescatados por los bomberos de Bogotá desde la terraza del edificio.

2. ¿Qué pasó en el cuarto piso? Una vez puesto en marcha, «al operativo no lo detenía nadie». Esta frase, aceptada como cierta, lo que muestra para Colombia es el grado de irritación en el cual se enfrentaron

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dos tipos de militarismo. Con la toma del Palacio de Justicia, como con el manejo del proceso de paz y la ruptura de la tregua, el M-19 pecó repetidamente en el terreno de la política. A las dificultades ciertamente mayúsculas del proceso de paz (en las cuales el M-19 tenía también parte), el grupo guerrillero opuso su cotidiana prepotencia de las armas. Esta lógica se tradujo, en el caso del Palacio de Justicia, en un primer atentado contra el Derecho de Gentes y el Derecho Internacional Humanitario que rodaron convertidos en añicos sobre las ensangrentadas losas del Palacio de Justicia. No obstante, lo interesante de la investigación en el campo de las ciencias sociales, es ubicar también la manera como se respondió al militarismo guerrillero y, sin duda, la caracterización más elemental que de los hechos se realice, conduce al desconocimiento que frente a los rehenes e inocentes se sostuvo. Concordantes con las conclusiones del entonces Procurador Carlos Jiménez Gómez, existen decenas de testimonios que evidencian cómo los civiles atrapados en el fuego cruzado pasaron a ocupar un lugar secundario y marginal en las preocupaciones de los bandos enfrentados. Fue precisamente éste el argumento levantado por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares al solicitar, en noviembre de 1.990, la destitución del General Arias Cabrales: Por no haber tomado las medidas necesarias tendientes a proteger la vida de los rehenes civiles indefensos, ajenos al conflicto, sobreponiendo su integridad física por encima del sometimiento del grupo guerrillero.

En efecto, sobre los civiles colocados en peligro injusto, por sobre el Convenio de Ginebra, se levantó una especie de violenta locura colectiva, un «dedo de gatillo alegre» sin corazón ni cabeza que fustigó a los inocentes. He aquí una simple muestra extraída al azar de las propias versiones militares:

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Cabo Segundo José Domingo Bohórquez: Al tratar de bajar del cuarto al tercer piso, me vi. obligado a hacer disparos, ya que estaba lloviendo plomo de todos los lados, pero la realidad era que no se sabía a quien disparársele por lo oscuro y difícil de la situación.

Capitán Darling Alberto Osorio Ramos: Lo único que vi fue cascabeles dando plomo a diestra y siniestra... cuando yo bajé al primer piso, había unos soldados disparando con una punto 50... Casi me dan.

Soldado José Yesíd Cardona Gómez: Nosotros entramos con los cascabeles y (encontrándome en una oficina del segundo piso) como a las seis de la tarde... me tiraron una granada y me hirieron en la pierna y en la nalga... la granada me vino fue de la calle, yo estaba de espaldas y la granada entró por la ventana y al frente se veía el Ley.

El fiscal del proceso en su etapa instructiva, citado por Ramón Jimeno, advierte en este mismo sentido que, mientras el ministro Parejo renegaba en la Casa de Nariño por lo que consideraba un «desacato»; en el cuarto piso del Palacio de Justicia reinaba la oscuridad, como marco de un prolongado y cruento combate con el reducto guerrillero de Otero «bajo cuyas armas permanecían retenidos varios magistrados, auxiliares, escoltas y acompañantes ocasionales». Las características de tal enfrentamiento, calificado en términos dramáticos por el fiscal, es descrito de la siguiente manera por algunos de sus protagonistas: Cabo Primero Álvaro Díaz Jiménez: Simplemente nosotros disparábamos hacia el sitio del cual

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provenían los disparos pero no sé si de pronto esos tiros hayan dado de baja a un subversivo, ya que la acción de nosotros era tratar de cubrirnos

Teniente Guillermo Pérez Monsalve: El abaleo en el cuarto piso era ensordecedor y el humo todavía predominaba en el ambiente... en sí era incierto descifrar la correcta posición que tendrían ellos (los magistrados rehenes) debido a la confusión

Sargento Segundo José Ariel Dávila Medina: Yo lo que observé por parte del Ejército fue el disparo de algunas granadas por intermedio de los mismos fusiles G3 hacia el lugar donde veíamos que salían los fogonazos de los subversivos...nosotros...después de que nos dimos cuenta de la muerte del capitán Talero disparábamos no hacia personas o guerrilleros, sino al lugar de donde veíamos provenían los fogonazos, primero porque la oscuridad era total y segundo evitar que ellos de pronto se acercaran a nosotros logrando esta circunstancia.

En cierta forma, los soldados estaban haciendo lo que sus superiores ordenaban. En firmes e insistentes ocasiones, Arias Cabrales y Samudio Molina exigieron por los radios de comunicación interna «acción y ruido»: No nos pongamos a reparar en gastos de municiones ni en los destrozos que haya que ocasionar. Se quiere que haya acción. Si hay necesidad de emplear rockets, pues emplearlos porque ya estamos comprometidos del todo...hay que hacer demostración de fuerza, hay que hacer demostración de fuerza y no dejarnos que estos cabrones tomen la iniciativa.

Frente a órdenes tan perentorias, los subalternos respondieron solícitos:

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Aquí estamos metiéndole con todo lo que tenemos. Estamos metiéndole granadas, rockets y acabamos de hacer una buena carga Estamos en este momento rociando entre el tercero y cuarto piso.

En cierto momento el General Vargas Villegas ordenó, a su vez, disparar granadas hacia el núcleo de la resistencia en el cuarto piso y todos los mandos militares aprobaron colocar explosivos sobre la terraza para afectar el sitio en donde se presumía la presencia de los guerrilleros. Aunque, para Ramón Jimeno, las cargas colocadas por expertos de la Escuela de Ingenieros «no lograron abrir un hueco suficientemente amplio para disparar por ahí y menos aún para que entraran los soldados», según Sarria Cobo, no sólo salió humo por ellos sino que Empezaron a disparar del cuarto piso hacia la azotea por medio de esos orificios y otros uniformados respondieron de igual forma a través de ellos.

Más adelante, en la diligencia de reconstrucción, agregó el «Rambo» Sarria a su testimonio: Se comentaba ya a esa hora que habían dado de baja a algunos rehenes, la finalidad no sé por qué, no la tengo segura, porque yo no di la orden ni fui el de la idea, porque yo no era alguien para proceder así, pero algún motivo muy válido debía existir para que dicho personal procediera de esa manera.

Quizás, al respecto son más claras las transcripciones efectuadas sobre las comunicaciones entre los militares: ARIETE 6: Envió dos cargas más de 15 libras. Le envió una carga de... perdón, cuatro cargas de cráter y 4 libras de

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TNT, cordón, detonante y estopines para que usted allá amplíe el roto, pero por encima del objetivo. Siga. Recibido. QSL. Siga Ariete 6. ARIETE 6: Tenga en cuenta que la carga de cráter es bastante poderosa (...) La idea es localizar a los chusmeros y en la oficina inmediatamente de encima, si es posible, colocar la carga para abrir un roto y por ese roto aventarles granadas y fumíguelos y lo que sea. Siga R. QSL. Ahora precisamente se lanzaron unas granadas (...) de la primera carga y estamos esperando la otra. Ahoritica se va a estallar la segunda, y depende del orificio que haga, entonces se procederá con lo concerniente. Siga. ¿El diámetro de la carga que estallaron de cuánto fue? Aproximadamente 50 centímetros. Siga. Eso es suficiente. Suficiente. Ahora, si usted coloca las dos cargas en serie abre un roto suficiente para cualquier cosa pero tiene que ser encima del objetivo. Siga. En relación con las cargas se utilizaron pero realmente los orificios causados fueron mínimos y no permiten lo que se busca, que es poder descender personalmente. Entonces estamos a la espera de otras cargas por que en los lugares en que se pusieron fue de apenas unos 4 cms. de diámetro. Siga. Las cargas que se llevan ahora son mucho más poderosas. El objetivo de las cargas es abrir rotos.

En efecto, y tal como se constató en Inspección Judicial, los Capitanes Wladislao Reinoso Marín, Luís Armando Barreto y Luís Alberto Ardila Silva, así como otros oficiales de la Escuela de Ingeniería, admitieron en sus versiones el uso de «explosivos dirigidos» en la terraza, aunque minimizaron la acción: Sólo se habían abierto orificios de escaso diámetro por los que -advirtieron- tan sólo fue posible lanzar bombas lacrimógenas.

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Así, luego de emplear toda clase de instrumentos, municiones y explosivos contra el grupo de Otero -implicando, claro está, a los rehenes- se les entregó al fuego. Si en algún momento intentaron aquellos abandonar su refugio cuando las llamas lo cubrían todo, un destacamento al mando del sargento Rubio Poveda, que en esos momentos subía buscando evacuar el edificio por la azotea, les cerró el paso: Nos encontramos con unos guerrilleros que también venían buscando esta salida, nos dispararon y algunos de los que iban adelante contestaron... más tarde ya no pudimos bajar por estas escaleras, pues se encontraban completamente cubiertas por el fuego.

Sólo un guerrillero, en el epílogo, pudo llegar hasta la escalera en medio de la humareda y las llamas. Con una máscara antigases pero casi sin sentido, se le permitió llegar extrañamente hasta donde estaba la fuerza pública. Al percatarse de que estaba frente a los militares, disparó su R15 que un segundo antes alguien le había bajado. Dejó varios heridos pero recibió una lluvia de plomo. Bajo esas condiciones no debe extrañar, entonces, que los cadáveres carbonizados de Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa, hubiesen presentado proyectiles no disparados por armas del M-19. Además de la experticia en balística que detalladamente practicó en todos los casos el Instituto de Medicina Legal con dictamen negativo, a título ilustrativo podríamos referirnos brevemente al caso de los Magistrados Medina y Gnecco, en cuyos cuerpos calcinados se hallaron proyectiles correspondientes al Calibre 7.62, disparados según el Departamento de Criminalística por Fusil G-3 de fabricación alemana: Ocurre precisamente que la única arma de ese tipo introducida por el M-19 al Palacio, el fusil Nro. 69104336, no disparó en ninguno de los eventos los proyectiles examinados.

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Pasados cinco años de la toma del Palacio de Justicia, fueron los sucesos del cuarto piso los que indujeron al Procurador Delegado para las Fuerzas Militares a solicitar la destitución del General Arias Cabrales: Allí había rehenes, sus vidas corrían peligro, eran indefensos, no se puso atención por parte del Ejército a sus llamados de angustia. El General Arias Cabrales permitió la intensificación del operativo militar que comprometió la vida y la integridad física de las personas ajenas a la confrontación y que allí permanecían. La situación ocurrida en el baño y en el cuarto piso del Palacio de Justicia fue manejada por el General Arias Cabrales con indiferencia y desinterés por la integridad física de los rehenes allí cautivos; y con mayor razón si de acuerdo con las conclusiones técnicas parciales referidas se precisa que la muerte de algunos rehenes fue consecuencia directa del operativo militar. Su comportamiento puso en evidencia su desapego a las reglas básicas del ordenamiento constitucional y civil y a las cláusulas más conocidas del Derecho Internacional Humanitario. La forma como el General Arias Cabrales asumió el operativo militar trajo como consecuencia la afectación de la buena imagen de las Fuerzas Armadas, sustento indiscutible de nuestro Estado de Derecho.

3. ¿Cómo se incendió el Palacio de Justicia? Aunque las razones de los incendios acaecidos en el Palacio de Justicia podrían rastrearse también en lo exasperado de la confrontación armada entre militarismos -para quienes lo obsesivo era la eliminación del contrario sin que importasen las consecuencias-, sin embargo, la ubicación y las causas de sus orígenes no pudieron ser establecidas plenamente en las investigaciones realizadas. La más certera deducción indica que las primeras llamas se gestaron en el sótano, debido a las cargas colocadas por el

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M-19 para prevenir el ingreso de los tanques. Estas explosiones, unidas a los disparos del primer «Urutú» que logró acceso e hizo blanco sobre varios vehículos estacionados en el parqueadero, dieron lugar a las llamaradas que observó el conductor del blindado Jairo Solano Jiménez y que fueron incluso percibidas por Agentes del Copes que en ese momento intentaban penetrar por la azotea al cuarto piso de la edificación. No obstante, no fue ésta la chispa de donde brotó el incendio general del Palacio. Sin ligazón con ella, grandes llamaradas fueron percibidas al entrar la noche en puntos muy diversos y distantes, sobre las cuales las únicas versiones incriminatorias fueron emitidas por el Mayor Carlos Fracica Naranjo y el Consejero de Estado Samuel Buitrago Arango. Según el primero, encontrándose en la biblioteca, ubicada en el primer piso: Reinó un olor como a marihuana o bazuco, posteriormente del cuarto piso nos fueron lanzadas varias bombas incendiarias y químicas y nosotros permanecimos en el sector y posteriormente se apreció que en el cuarto piso rompían los vidrios lanzando gran cantidad de expedientes quemados, los cuales cayeron en la biblioteca e incendiaron las divisiones de las oficinas y la conflagración general del edificio. Al vernos rodeados por las llamas y que el humo nos asfixiaba, me vi obligado a salir por el mismo sector por donde entré y mi desplazamiento fue acompañado por los disparos que nos hacían del cuarto piso.

Otra, sin embargo, fue la apreciación del Consejero Buitrago: Aproximadamente a las seis de la tarde, no estoy bien seguro pues hasta la noción del tiempo se pierde en esas circunstancias, observé que algunas personas que no puedo identificar, pero que vestían de civiles, prendían fuego a

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papeles del primer piso en el costado y esquina donde funcionaba la biblioteca de la Corte y del Consejo de Estado.

Si bien la investigación judicial no logró elucidar el asunto, es pertinente señalar algunos pasajes que colocan en cuestión ciertas hipótesis: · Las comunicaciones radiales entre los comandantes de tropa refieren una razón muy diferente sobre el retiro de sus destacamentos ubicados en biblioteca, luego de las siete de la noche: Le acaban de botar una granada lacrimógena aquí en el sector donde está el Mano Yuca Francisca. El (...) que está con él le tocó salir. Ese es el humo que Usted ve. Cambio...» QSL. QSL, Arcano 5. Cambio Entonces hay que tener cuidado, pues no se sabe si esa granada lacrimógena la lanzó quién: Si fue el enemigo o fuimos nosotros mismos. Cambio. · Siguiendo la frecuencia, las llamas en la biblioteca sólo fueron reportadas luego de las 9:00 P.M.: Ellos como se habían parapetado en la biblioteca prendieron fuego, prendieron fuego y tenemos algunas dificultades

Si, en medio del brutal combate en el cuarto piso y luego de «acentuados tiroteos» y de las «fuertes detonaciones de bombas», como dijera el Doctor Humberto Murcia Ballén, se había presentado allí el incendio, es factible, de todas maneras, que el M-19, en su desespero, determinara arrojar los materiales incendiados al primer piso -que se sabía en poder de las Fuerzas Armadas-, como sistema de erradicar o alejar instintivamente las llamas. Independientemente de cualquier polémica, algunas situaciones dejan mucho qué pensar:

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· En primer lugar, el Palacio de Justicia era la fortificación cuya dominación absoluta pretendía conseguir el M-19. En consecuencia, resulta apenas ilógico que premeditada o conscientemente intentaran prenderle fuego. Por el contrario, los doctores Hernando Tapias Rocha y Samuel Buitrago Arango, entre otros, pudieron apreciar que «algunos guerrilleros», pretendían «aplacara el fuego» «con las mangueras que se encontraban en las paredes de las escaleras». · En idéntico sentido, la sobreviviente del M-19, Clara Enciso, relató a Olga Behar Una imagen dantesca que nunca lograría borrar de su mente: Pedro, fusil en mano y una manguera en la otra, intentaba desesperadamente extinguir el fuego: cubría a todos los que pasaban con su fusil mientras peleaba contra las inesperadas llamas. · Si seguimos la sencilla y desprevenida declaración del bombero Manuel Beltrán García, es inquietante encontrar un gran contraste de conductas: Nos retiramos porque el tiroteo del Ejército era indescriptible... Nos retiramos sin que la labor se hubiera concluido, se oían voces de oficiales del ejército que decían que para qué apagábamos eso, que el objeto de ellos era quemar eso para que la gente que estaba adentro saliera. Si no hubiéramos sido interrumpidos por la balacera, pues hubiéramos apagado completamente el incendio. Ese tiroteo (desde el exterior) fue de un momento a otro, una cuestión repentina, sin razón de ser, porque ellos a lo único que podrían apuntarle sería a las llamas... Yo creo que hubiéramos evitado que mucha gente hubiera muerto por la acción del incendio. · El cohete AT-M72AZ o «rocket», utilizado indiscriminadamente por las Fuerzas Militares dentro del Palacio, es un arma antitanque de alto poder explosivo, con una temperatura de detonación que oscila -según criterio del Departamento de Criminalística- entre los 1.5 y los 4.0 grados centígrados. Su disparo genera además un fogonazo de

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retroceso que puede alcanzar 15 metros de largo y 8 de ancho, con un ángulo de abertura cercano a los 3 grados. · En un momento determinado del operativo, fueron captadas las siguientes palabras en la comunicación interna de los militares: ARCANO 5: RPT (Repita) ARCANO 5: ARCANO 5:

¿Dispone de granadas incendiarias? Cambio. Granadas incendiarias. Cambio. Le respondo en tres minutos. QAP. (Quedo Pendiente).

4. ¿Qué pasó en el baño del tercer piso? En la mañana del siete de noviembre, incapaz el Ejército de neutralizar la resistencia que desde uno de los baños y en las escalas aledañas sostenía un grupo de guerrilleros encabezados por Andrés Almarales y Ariel Sánchez, se tomó la decisión de romper las paredes con explosivos para obtener allí lo que no se había conseguido plenamente en el cuarto piso. Según explicó el Mayor Fracica: Ante la imposibilidad de llegar al sitio... ya que cada vez que se intentaba penetrar se recibía gran cantidad de fuego... se adoptó por perforar algunos muros buscando los huecos de los ascensores y llegar a ellos por la parte exterior.

Hasta ese momento se había ensayado absolutamente todo. Los militares pedían por radio: Un personal con capacidad de colocación de cargas explosivas para romper por alguna parte a efecto de sacarlos de ahí porque ni las ametralladoras de los Urutú y cascabel que están acá, ni las granadas de mano que hemos empleado han servido y tampoco hay campo suficiente de tiro para emplear un rocket.

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Los muros del baño se habían constituido en un parapeto infranqueable para los guerrilleros, desde el cual intentaron también -entrada la mañana- buscar de nuevo un cese al fuego y lograr algún tipo de mediación para entregar con vida los rehenes. Las tentativas expuestas con lujo de detalles en los textos de Olga Behar y de Ramón Jimeno, tienen igualmente serias sustentaciones en las pruebas y testimonios obtenidos por la investigación judicial. La tentativa más clara fue la realizada con el Magistrado Arciniegas, pero, en vez de vislumbrar una esperanza, sus declaraciones sirvieron a los militares para localizar más exactamente la ubicación de los guerrilleros. Los técnicos de explosivos, en el momento preciso en que los delegados de la Cruz Roja insistían en entrar al Palacio para cumplir la función de mediación encomendada por el Presidente Betancur, colocaron dispositivos plásticos y derribaron el muro que abrió paso al final de los acontecimientos. Una vez activado el explosivo y según lo constataron los peritos de Medicina Legal en Inspección Judicial practicada por el Juzgado 77 de Instrucción Criminal, se pudieron realizar disparos posteriores con rockets, cohete AT-M72AZ o en su defecto con granadas de cañón de 9 milímetros disparados por tanques cascabel. De acuerdo con versiones recogidas durante la misma diligencia, los peritos concluyeron igualmente que lesiones como la recibida por el doctor Salom Beltrán Fueron determinadas por la fragmentación del revestimiento metálico del o de los proyectiles explosivos que impactaron sobre las paredes limitante y pared nororiental del baño con desempotramiento y proyección del toallero hacia el interior del baño.

De la misma forma, la muerte de la doctora Aura Nieto

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Navarrete, habría sido ocasionada por disparos propulsados A través del agujero localizado sobre la pared nororiental del baño y por debajo del mesón del lavamanos que corresponde al sitio en donde se halla la llave del registro del agua, trayectoria que sitúa al tirador en la parte externa del baño, más exactamente apostado sobre la vigueta del ducto de ventilación interponiendo su arma por el agujero anteriormente dicho.

Algo similar concluyeron los peritos con respecto a la doctora Luz Stella Bernal Marín y otras personas, es decir, que la pérdida de sus vidas tuvo lugar cuando se ametralló desde la parte externa el interior del baño, aprovechando el boquete abierto con explosivos. Herido el doctor Lisandro Romero en las mismas circunstancias, fue rematado por proyectiles y esquirlas de granada cuando en último momento la guerrilla le permitió abandonar su refugio. Según el mismo concepto técnico, la muerte del Magistrado Manuel Gaona Cruz se produjo por disparos realizados «desde la parte superior de la escalera que conduce al tercer piso», cuando intentaba abandonar el baño una vez «autorizado» por Almarales; situación similar ésta a la padecida por el doctor Horacio Montoya Gil, destrozado por una granada de fragmentación. De modo que, al ataque con explosivos en un costado del baño -que fue respondido espontáneamente por miembros del M-19 ocasionando también las heridas del Magistrado Tapias Rocha- siguió la descarga contra quienes, intentando abandonar aquel infierno, ganaron el pasillo confiados en su investidura de magistrados, civiles y rehenes. Sólo las mujeres y algunos rehenes más, cuando al final todo parecía consumado, fueron recibidos con respeto sobre sus vidas. Entre ellos, intentaron camuflarse por cierto tres guerrilleros, logrando sólo una su increíble fuga.

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Instantes antes de este final dramático, el General Samudio Molina había presionado a sus subalternos con órdenes e instrucciones imperiosas: Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja, por consiguiente estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar a consolidar y acabar con todo y consolidar el objetivo. Siga... Sigue siendo crítico el tiempo para dar por cumplida la misión y tomar por completo el objetivo. De manera que espero, yo sé que las demás unidades que están comprometidas de Arcano me están escuchando, les pido, les exijo máximo esfuerzo, estamos contra el tiempo. Siga... Estamos urgidos de que esta situación se defina. Cambio... No se olvide la frase de la Biblia: ustedes son mis hijos amados en quien tengo puestas todas mis esperanzas.

6. ¿Desaparecidos en el Palacio de Justicia? Como dantesco broche a los tristes episodios del Palacio de Justicia, Colombia continúa hoy sin conocer el destino de los desaparecidos. Se trata de ocho empleados de la cafetería, tres visitantes y por lo menos dos guerrilleros que intentaron salir del Palacio colándose entre los rehenes. Al rededor de los empleados de la cafetería, la primera preocupación empezó cuando, recién terminado el operativo, se desata la leyenda de que aquellos habían colaborado con el M-19 con el ingreso anticipado de armas e incluso elementos aptos para construir barricadas, además de numerosas provisiones que tendrían disponibles en sus refrigeradores para resistir por largo tiempo. El falso argumento cayó por su peso ante las evidencias que una y otra vez arrojó la investigación, al tiempo que nacían nuevos indicios sobre su desaparición real.

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Todo parece indicar que, a pesar de las insistentes negativas por parte de los altos mandos de las fuerzas comprometidas, un primer núcleo de rehenes salió por el sótano cuando los tanques lograron su retoma. Jairo Solano Jiménez, Capitán del Ejército, reconoce que, una vez recuperado el sitio, fue «sacado personal por esa área» y concretamente «unas señoras que decían ser de la cafetería»; hecho sobre el cual también quedó clara constancia en las comunicaciones internas del Ejército: ARCANO 2: Es que por el otro sector occidental evacuaron otras personas, pero esa no tengo la relación porque no nos hemos podido mover de acá. Cambio. «ARCANO: QSL ¿la lista de la salida del lado occidental quién la puede tener?

Por otra parte, ante el Procurador General de la Nación elevó denuncia sobre estos hechos el ex-agente de inteligencia Ricardo Gómez Mazuera el 1o. de agosto de 1.989, quien, manifestando «un conflicto de conciencia cada vez menos soportable», adujo: El señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió del Palacio y fue llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fue enviado a la Escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: «Me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe». El Coronel Plazas se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al Señor Rodríguez por «cómplice». El señor Rodríguez murió durante las torturas.

Otro indicio de singular importancia para el caso en examen ha sido señalado por la suerte de los estudiantes del Externado, Eduardo Matzon y Yolanda Santodomingo,

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detenidos como guerrilleros y cruentamente interrogados en la Dijin y en el Centro de Inteligencia Militar Charry Solano, sin dejar constancia de su salida en las listas de rehenes liberados del Palacio de Justicia. La débil hipótesis del Tribunal Especial de Instrucción, según la cual los empleados de la cafetería habrían sido conducidos como rehenes al cuarto piso donde murieron calcinados, es cuestionada -entre otros indicios- por la versión de Juan Gossaín, quien obtuvo comunicación telefónica con personas que se identificaron como empleados de la cafetería y que permanecían fuera del dominio del M-19 en los pisos inferiores cuando empezaba la retoma del Ejército. No obstante, el caso más singular es el de Irma Franco quien, según decenas de testimonios y pruebas, logró salir con vida del Palacio, fue capturada en la Casa del Florero, conducida al segundo piso y sacada de allí con rumbo nunca conocido. En las mismas comunicaciones del Ejército, existe con respecto al hecho un reconocimiento explícito: Arcano 5: Otero está QSL en la salsa, parece que lo tiene Usted allí entre el personal. Cambio. Arcano 2: No, negativo. Únicamente pudimos obtener inclinación de una sujeto que es abogada y que ya fue reconocida por todo el personal. Cambio. Arcano 5: Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco.

Transcurridos cinco años, así condenó el caso de los desaparecidos el Procurador General de la Nación: En cuanto a este problema, coinciden los Informes del Tribunal Especial de Instrucción, del Juzgado 30 de Instrucción Criminal y de la Procuraduría. Se trató de distintos grupos de personas sobre las que hubo evidencias sobre su presencia en el Palacio sin que hayan aparecido ni vivas ni muertas. El primer grupo está integrado por los trabajadores

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de la cafetería y Doña Lucy Amparo Oviedo de quien sus familiares afirman que, luego de una visita al Tribunal Superior de Bogotá, se había trasladado a la Corte. El segundo grupo estaba conformado por los guerrilleros que lograron salir con vida. Clara Helena Encizo apareció con vida en el extranjero. En cuanto a Irma Franco, se comprobó su ingreso al Palacio en donde fue atendida en la Oficina 107.

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* IV * LAS DECISIONES

1. ¿Cómo se convirtió el Palacio de Justicia en objetivo militar del M-19? En diciembre de 1985, poco después de que el gobierno nacional y el M-19 firmaran la tregua en el municipio de Corinto, el Ejército Nacional emprendió una severa operación de asedio contra la organización guerrillera que, con varios de sus frentes, se hallaba concentrada en «Alto Yarumales», un punto ubicado sobre la cordillera central en el departamento del Cauca. Carlos Pizarro, comandante de las columnas guerrilleras, solicitó entonces la rápida presencia de la Comisión de Paz. La situación no era nada fácil. La Comisión partió de Bogotá con tres versiones encontradas. Por un lado, las fuerzas militares acusaban al M-19 de asaltar al ingenio azucarero «Castilla» y secuestrar en la región a varios industriales. Por otro, los sectores cercanos a la organización guerrillera hablaban de ruptura de la tregua, hostigamientos, bombardeos y muertes, mientras el ejecutivo consideraba que se trataba de episodios sin mayor importancia, de los cuales el M-19 pretendía sacar ventajas publicitarias. Luego de atravesar múltiples obstáculos, la Comisión llegó al campamento en donde Pizarro informó que llevaban cuatro días de combate con el Ejército. Las tropas de infantería se hallaban a treinta metros de la primera línea de defensa del M-19. No obstante, Pizarro reiteraba su disposición a negociar un cese al fuego para recuperar la vigencia de la tregua. A su turno, Carlos Morales, coordinador de la Comisión, señaló que era evidente un desplazamiento importante del Ejército y

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decidió levantar un «acta» que sería presentada al alto gobierno: Cabe señalar que en el transcurso de varias visitas, se hizo evidente la intensificación del operativo militar tendiente a desplazar y/o rodear al grupo del M-19 asentado en la zona de San Pablo y San Pedro. Esta maniobra se inició antes del asalto al Ingenio Castilla.

Poco a poco empezó a derribarse la muralla impuesta sobre los medios de comunicación y Yarumales. Pese al ambiente decembrino, el país empezó a informarse acerca de lo que acontecido. El Ingenio Castilla había sido asaltado por otra organización guerrillera y los industriales se hallaban en poder de delincuentes comunes. Entonces el gobierno modificó sobre la marcha los argumentos que justificaban el operativo: ningún Ejército del mundo podía permitir la construcción de una fortaleza que daba cuerpo a una «república independiente». Detrás del aplomo de Pizarro, quien irradiaba seguridad por la certeza de no haber roto los acuerdos, había un plan de defensa militar rigurosamente concebido: trincheras para resistir intensos bombardeos, posiciones dominantes sobre el terreno y munición suficiente; organización militar y previsión de vías para la retirada. Según revelaron las comunicaciones del Ejército, había un hecho que sorprendía a los militares: en los patrones tradicionales de la actividad guerrillera colombiana, operaba luego del golpe la retirada veloz para evitar enfrentamientos frontales y prolongados. Ahora, en cambio, el M-19 no abandonaba sus posiciones. El propio Pizarro, por el contrario, declaraba que en Yarumales el M-19 había encontrado su «centro de gravedad» y perdía por completo la sensación de inestabilidad, ambulante y móvil. El 18 de Diciembre, Carlos Morales regresó al Campamento. Allí manifestó que el Presidente Betancur estaba

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preocupado pero enérgico, pues creía la versión militar sobre el asalto al Ingenio. Advirtió, sin embargo, que con John Agudelo Ríos, habían decidido manejar públicamente el conflicto de Yarumales. Agregó que el Ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, le había solicitado que le dijese al M-19 que, fuera de seguir peleando, sólo quedaban dos opciones: Salir por delante desarmados y vestidos de civil, o por detrás, con las armas. Pizarro manifestó que con ese procedimiento el gobierno estaba reimponiendo la guerra pero que, de todas maneras, el M-19 insistía en negociar. Una vez regresó a Bogotá, la Comisión lanzó una ofensiva a través de los medios de comunicación. Argumentó que la tregua estaba rota y que sólo una comisión de altísimo nivel podría salvarla. Vinieron enseguida quince días de violentos combates en Yarumales, atentados urbanos y tortuosas negociaciones en Bogotá. Al final, el 5 de Enero vino el acuerdo: se reafirmaron los términos del pacto de agosto, firmado en Corinto, y el M-19 se comprometió a movilizarse en un plano razonable. Ante la opinión pública, el gobierno justificó la negociación con un argumento peregrino: se trataba de «un contingente de niños a los que no se podía exterminar militarmente», declaró el Ministro de Gobierno. Es evidente que en Yarumales los guerrilleros fortalecieron su posición frente a la negociación, pero también frente a la guerra. En su concepto, la resistencia armada por más de veintiséis días, sin retroceder un centímetro, había obligado al gobierno a una renegociación de los acuerdos. Para el M19 Yarumales había partido en dos su propia historia: «antes de Yarumales y después de Yarumales». De allí surgió un M-19 embriagado con la convicción de no haber sido vencido por el Ejército a pesar del empleo de

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todas sus fuerzas ofensivas. La percepción de la guerrilla reforzaba una nueva conducta. No sólo tenían la posibilidad de derrotar al ejército, sino que «efectivamente lo habían derrotado»: «no por nocaut, pero si por decisión», declaró Carlos Pizarro. El M-19 interpretó que las negociaciones ya no se harían en Bogotá sino en los propios campamentos del movimiento guerrillero. En los barrios de algunas ciudades, como Siloé en Cali, el M-19 construía sectores inexpugnables para la fuerza pública. En concepto de los rebeldes, las correlaciones de poder y fuerza se habían transformado. Según los análisis de la guerrilla, entre la firma de la tregua en Corinto y el combate en Yarumales, las cosas ya no eran iguales. En primer lugar, el proyecto democrático, de simple doctrina abstracta, se había convertido en una realidad concreta, «en una democracia en armas». En adelante, el pueblo no debía limitarse a la protesta. Era el momento de ejercer la democracia. Era el momento de «ser gobierno». Yarumales ofreció al M-19 la convicción subjetiva de haber derrotado a las fuerzas militares. Si Yarumales se había convertido en el «centro de gravedad» de la lucha armada, si transitaba por allí el meridiano de la política nacional, no era el momento de luchas pacíficas, dispersas e inorgánicas. Las correlaciones de poder en la política se hallaban a su favor. Al margen de la validez empírica de esta percepción, lo cierto es que ella produjo efectos de verdad sobre el conjunto del movimiento y, sobre esa verdad fabricada, se montaron los análisis posteriores. En el llamado «Congreso de Los Robles», realizado por el M-19 poco después del combate en Yarumales, la percepción se confirmó con la masiva asistencia de amigos y simpatizantes de todos los rincones del país que burlaban el cerco militar y desconocían la prohibición oficial del evento, para reunirse con los insurgentes. Si en Yarumales 250 guerrilleros resis-

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tieron el múltiple asedio militar sin abandonar sus posiciones; si en Los Robles algunos miles de simpatizantes los acompañaban por encima de los obstáculos gubernamentales, nada ni nadie podría impedirles en poco tiempo el acceso al poder del Estado. El poder se tornó entonces, para el M-19, en una vibrante obsesión, en un verdadero fantasma. Como nunca antes, una especie de afán militarista entró a gobernar su dinámica política. Como, según su concepción, habían derrotado al Ejército en Yarumales, era el momento de lanzar una ofensiva político-militar a su antojo, una guerra total al Ejército Nacional. El M-19 no estaba a merced de negociación alguna; estaba llamado a «ser gobierno». Podemos ser gobierno. Somos capaces de enfrentarnos al sostén de la antidemocracia en Colombia. Cuando eso se demuestra, cuando así se actúa, las masas responden inmediatamente. El fenómeno de masas en esta región, durante el combate de Yarumales, nos está demostrando que las masas, su instinto democrático, las ganas de victoria del pueblo se despiertan; y se despiertan en masa. Y estas ciudades del Valle del Cauca lo han demostrado. Ahora simplemente veamos en el espejo de las masas y digamos eso; ya no hay diferencias entre el M-19 y las masas. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde está? La gente se siente del M-19 y lucha por el M-19 y van y rompen el cerco en la plaza pública y se meten en la manifestación.

La auto imagen del M-19 giraba, además, en torno a las masas conquistadas por las armas. Según su análisis, Yarumales las traía a raudales. Ahora presionaban para confundirse con la organización en un solo movimiento: Nos toca aceptar que esto es un problema de masas, escuchar a la gente, ver a la gente, oír cosas nuevas. Nos llegó en serio el momento de mover este país. El fenómeno de masas, de mayorías, de pueblo, de democracia en concreto, ha impuesto definitivamente una nueva realidad, una nueva manera de ver, de hacer, de organizar cosas -en la guerra, en

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la política, en la propaganda, en la logística- y si no vemos eso, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Cambió la correlación de fuerzas en este país.

La percepción del M-19 sobre su evolución y madurez para convertirse en gobierno, su credo en la transformación de una «democracia abstracta» en «democracia en armas», le hicieron confundir una favorable pero circunstancial corriente de opinión pública, con una inserción vigorosa y orgánica de masas en el movimiento armado. El enfoque militarista los condujo al desenfoque en los análisis. Al iniciarse el gobierno de Betancur, era indiscutible la imagen y el prestigio acumulado por el M-19 a lo largo del gobierno de Turbay. Como extraña paradoja, cuando los militares alcanzaron su más alto grado de influencia en la toma de decisiones sobre el orden público, más creció y se fortaleció la guerrilla. De modo que la negociación con el gobierno de Belisario no fue más que un espacio para fortalecer la propia causa. En medio de la prepotencia armada, el M-19 no comprendió la diferencia entre el gobierno del «Estatuto de Seguridad» y el gobierno del «sí se puede»: Antes era la prepotencia; los vamos a acabar, afirmaba el General Camacho Leyva. Ahora es el constitucionalismo: que se quedaron con las armas, que están quebrando la constitución. De todas maneras, después de la amnistía de Belisario no querían hablar con nosotros. Que tienen que entregarse, decía; y fue a Madrid, y también mamó gallo. Hasta que reventó Florencia, y al otro día llamaban por teléfono: ¡A ver!, qué es lo que quieren, muchachos.

En criterio del M-19 sólo lar armas lo garantizaban todo: En toda propuesta política nuestra, advirtió Pizarro, hay un elemento que las convierte en realidad: la presencia

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vigorosa de las armas. Nuestras propuestas políticas siempre han avanzado a partir de nuestra capacidad militar. Es decir, la guerra tiene en el M-19 una particularidad, y es que en el M-19, en toda su historia, nada se puede entender sin la presencia de nuestras fuerzas militares, no importa su grado de desarrollo.

Las armas remplazaban las lógicas de la política. No existió, por ejemplo, un análisis sistemático sobre las contradicciones articuladas en el seno del gobierno de Betancur, sobre la dinámica de las relaciones de fuerza entre el Presidente y los militares, sobre los cambios que se presagiaban en el régimen político, ni sobre el papel internacional que jugaba el presidente. El M-19 hizo el tránsito de Turbay a Betancur con la idea de que su caudal de prestigio era una suma fija, inmodificable e incapaz de sufrir mengua. Fue un grave error de análisis. Por encima de sus contradicciones, debilidades y vacilaciones en la política de paz, Belisario intentaba conducir la lucha armada a un estado de notable ilegitimidad. Lejos de entenderlo, el M-19 lo alimentó con su conducta. Al reforzar las acciones armadas, no sólo despejaba las vacilaciones de Betancur. Tampoco lograba comprender la dinámica de las relaciones de fuerza en que su gobierno se movía, para colocarlas de su parte. Por el contrario, el militarismo aisló al M-19 de sus metas posibles para adscribirlos irremediablemente sobre las armas; los separó de los procesos reales para entorpecerles toda capacidad objetiva de poder. El M-19 supuso, con precipitud y prepotencia, tácticas de acelerada movilización del pueblo y de rápida integración de las masas a su proyecto militar. Arrastrado por la premura de ser gobierno, incurrió en arrogancias que alimentaron las respuestas militares. Por eso el hilo conductor entre Yarumales y Los Robles se extendió hasta el Palacio de Justicia.

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En Yarumales el M-19 creyó derrotar al Ejército. En Los Robles se sintió con la fortaleza suficiente para asumir la condición de ser gobierno y para convocar a todo el pueblo. La toma del Palacio de Justicia la ideó como un acto del «nuevo gobierno». Sólo ello explica la decisión de juzgar al presidente Betancur por su «traición a la paz». Si bien la idea surgió de Álvaro Fayad y Luís Otero la ejecutó, fue la historia de la organización la que condujo a ella. 2. ¿Por qué el presidente del «diálogo nacional» no conversó siquiera con el presidente de la Corte? 2.1 Ni negociación, ni diálogo Poco después de las 11:30 A.M. del 6 de Noviembre de 1.985, cuando recibía las cartas credenciales a los embajadores de México, Uruguay y Argelia, el director de protocolo de la Cancillería informó al presidente Betancur sobre el asalto al Palacio de Justicia. En marcha del nervioso ritual, el Presidente tomó la primera decisión: el Secretario General de la Presidencia de la República, Víctor G. Ricardo, debía centralizar la información y enterar sobre el hecho a los ministros y a los mandos militares. El general Caviedes, comandante del Batallón Guardia Presidencial, por su parte, recibió una doble orden: mantener al presidente al corriente sobre los sucesos y tomar todas las medidas que juzgase oportunas «para restablecer el orden y, en todo caso, evitar derramamientos de sangre». Con notoria prontitud -poco antes de las 12:00 A.M.- Víctor G. Ricardo se comunicó con el Ministro de Defensa: efectivamente, le dijo el General Vega Uribe, el M-19 había asaltado el Palacio de Justicia, pero ya el Ejército tenía tropas dispuestas para repeler el asalto. Pocos minutos más tarde, el general Miguel Maza Márquez informó también al Presidente Betancur que se trataba de un numeroso grupo de asaltantes

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del M-19, que buscaba tomar a los Magistrados como rehenes para presionar una negociación con el Gobierno. Acelerado el ritual diplomático por el jefe del Estado, se hicieron presentes en su despacho los Ministros de Gobierno y de Comunicaciones, Jaime Castro y Nohemí Sanín, respectivamente. La Ministra de Comunicaciones, no obstante el destape informativo desplegado durante el proceso de paz, acababa de prohibir la transmisión en directo de los sucesos. Con el presidente se encontraba el Ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo. Hacia la una y cuarto de la tarde, el Secretario General de la Presidencia informó al Presidente Betancur que todos los magistrados y funcionarios estaban retenidos y que, al iniciarse la toma, los asaltantes habían herido a bala a muchas personas y asesinado a varios celadores. El señor Presidente recibió estas noticias «con mucho estupor y contrariedad», declararía el Doctor Víctor G. Ricardo, quien le agregó, además, que los militares ya habían tomado una serie de medidas. Como quiera que Noemí Sanín tuviera contacto con el periodista Mauricio Gómez, director del Noticiero «24 Horas», el presidente y los ministros presentes procedieron a escuchar el contenido del «casette manifiesto» que el M-19 había hecho circular entre los comunicadores como «demanda armada» presentada en el Palacio de Justicia. Detrás del himno de la organización guerrillera se condensaban las exigencias. Entre ellas, la más destacada exigía la presencia del presidente Betancur -o de su apoderado- para que respondiese a cada una de las acusaciones contra su gobierno1. Los señalamientos centrales contra el presidente Betancur consistían en: 1 Las otras exigencias eran las siguientes: 1. Publicación en los 11 más importantes diarios de los siguientes documentos: la proclama de la toma, el texto de los Acuerdos de cese al fuego y Diálogo Nacional, la Demanda Armada, las Actas de la Comisión de Verificación y los Acuerdos con el FMI.; 2.

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Traición a la voluntad nacional de forjar la paz y firma del acuerdo de cese al fuego con actitud dolosa y mal intencionada.

El juicio sería adelantado por la Corte Suprema de Justicia, poder moral y reserva democrática del Estado de Derecho, y tendría la grandeza y la fuerza de un acto del nuevo gobierno. La sanción, fijada a priori para el responsable, convertía al presidente en: Un desterrado del gobierno para que una nueva voluntad -esta sí nacional, patriótica y democrática- asuma la tarea posible, aquí y ahora, de hacer la paz.

La respuesta del Presidente Betancur, una vez conocida la «Demanda Armada» fue enfática: No hay nada que aceptar, no hay nada que negociar. En ese momento, aunque el operativo militar ya estaba en marcha, tomó Betancur su segunda decisión; esta vez de carácter militar: Después de haber escuchado el casete tomé la determinación de no negociar lo que, a mi juicio, no era negociable; por ejemplo, que el Presidente de la República se hiciese presente en el Palacio de Justicia para atender un juicio de responsabilidades por el proceso de paz.

No obstante, los alcances de la decisión presidencial sobre la solución militar no fueron tan amplios como los proclamados y aceptados por el propio Betancur la noche del 7 de Divulgación radial de la Proclama a través de dos cadenas de cubrimiento nacional durante cuatro días, y 3. Creación de un espacio radial de una hora -en tiempo de clasificación A- para que los colombianos a través de sus organizaciones gremiales, cívicas y deportivas dijesen: a. ¿Cuál es su necesidad más apremiante? y b. ¿Este gobierno le ha cumplido?

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noviembre, una vez culminados los hechos. La decisión, declararía ante los jueces, sólo implicaba la orden a los mandos militares para que se restableciese el orden, se mantuviesen las instituciones y se recuperase la edificación con las debidas precauciones y con la totalidad de las cautelas para garantizar la liberación de los rehenes sanos y salvos. Según su testimonio, al presidente no le correspondía definir el cómo de las formas de acción y de los procedimientos concretos. Eso era de la incumbencia exclusiva de los mandos militares. Dentro de la «regla de oro» - tomar las debidas precauciones para liberar sanos y salvos a los rehenes- él había partido de la base de que la prudencia con que se utilizaran las armas del Estado, la gradualidad y oportunidad en su uso, garantizarían el cumplimiento de las instrucciones inequívocas que había dado. Aunque esas fueron las percepciones y memorias posteriores de Betancur, sin embargo, el ambiente que se vivía en su despacho a las dos de la tarde del 6 de noviembre reflejaba otros sucesos. El Presidente le enfatizaba a sus ministros que no se iba a negociar, ni directa ni indirectamente a través de mediadores; que tampoco se dialogaría pues, aunque el diálogo era parte consustancial de su política de paz, dejaba de serlo si se buscaba a punta de amenazas y coerciones armadas. La no negociación, incluida la negativa a dialogar, definió esta primera fase de la decisión de solución militar tomada por el Presidente Betancur. ¿Por qué una decisión tan rápida y cerrada sobre un asunto tan importante y, sobre todo, con tan precaria información? Como diría Betancur, se trataba de una situación extraordinaria en la que el margen de acción era casi nulo. En esas condiciones, el deber del Estado se imponía sobre cualquier otra consideración sin que hubiese lugar a prolongadas consultas.

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2.2 «Diálogo sin negociación» A las dos de la tarde se hizo presente en la Secretaría General el Ministro de Justicia, Enrique Parejo González quien, dentro del unanimismo reinante, se constituyó en la fuente de tensiones entre la autoridad civil y los mandos militares. Poco después, solicitado desde la 1:30 P.M. por el presidente, se hizo presente el Ministro de Defensa, seguido por los de Educación y Salud. Según algunas fuentes, Vega Uribe había permanecido en su despacho atendiendo asuntos relacionados con los hechos, mientras, según otras versiones, el Ministro venía de la Plaza de Bolívar en donde había estado coordinando la operación de contraataque. Bien sea porque no hubo quórum o porque era al Presidente a quien le competía el manejo del orden público, esa tarde no hubo Concejo de Ministros. No obstante, como diría el Ministro de Gobierno: Todos los ministros, sin excepción, estuvimos muy cerca del Presidente dada la gravedad del momento; opinamos, aconsejamos una u otra decisión y de esa manera fuimos partícipes o autores de las decisiones tomadas.

A las 4:30 de la tarde, el presidente, siete ministros y el alto mando militar se reunieron, entonces, en sesión declarada informal. Betancur advirtió que todos los expresidentes estaban de acuerdo con él en que no se podía negociar con la guerrilla. La no negociación se fundamentaba en la forma violenta como se había ejecutado la toma; en las desbordadas exigencias de los asaltantes y en diversos análisis sobre la conducta de los guerrilleros. Dichos análisis señalaban que el M-19 no estaba interesado en negociar, pues sus propósitos eran los de realizar un operativo político-militar espectacular, impactante y con amplios alcances publicitarios. En ese momento el Ministro de Defensa solicitó la formalización de la acción militar en curso:

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Tenemos, informó Vega Uribe, todos los operativos en marcha, y si la decisión de Ustedes es ésta, seguiremos adelante.

No hubo objeción alguna a la solicitud del Ministro de Defensa: Como yo no podía asegurar que en ese caso no habría muertos, declararía el ministro ante los jueces, esa tarde hice referencia a los riesgos inherentes a toda operación militar. Señalé, por otra parte, que aunque técnicamente el rescate era posible en unos plazos breves, sin embargo, estaban de por medio las limitaciones asociadas con las precauciones que había que tomar para garantizar la liberación de los rehenes sanos y salvos.

Acto seguido el presidente Betancur preguntó a los presentes si había objeciones a la no negociación. Varios ministros, entre quienes yo me encontraba -declaró después el Ministro de Justicia-, expresamos que compartíamos ese criterio, pero que nos parecía que debía conversarse, de una parte, con el fin de ganar tiempo, y de otra parte, con el propósito de agotar todos los recursos a nuestro alcance para salvar la vida de los rehenes.

La Ministra de Educación señaló, a su turno, la conveniencia de adelantar un diálogo que explorase formas adecuadas para evitar el derramamiento de sangre. Era la forma como empezaba a abrirse paso la no negociación con diálogo. Pero, para evitar dudas, el Presidente Betancur intervino con rapidez: Sin deponer la decisión de no negociar, se puede dialogar para ofrecer a los terroristas el respeto a la vida e integridad personal y el adelantamiento de un juicio imparcial.

De esa manera quedó definida la naturaleza del diálogo aprobado: se buscaría hablar con los guerrilleros para exigirles

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la rendición incondicional con la contraprestación gubernamental del respeto a sus vidas y de unos juicios imparciales. En el contexto de esta nueva decisión, el diálogo -como relación social simétrica, que debe ser- quedó radicalmente castrado al reducírsele a un juego de exigencias y de lógicas contraprestaciones. Para despejar la incoherencia, Betancur declararía meses después, que aunque la imparcialidad en los juicios era algo obvio, sin embargo, esos evidentes parámetros jurídicos podían actuar, con fuerza de convicción, sobre personas que ya habían ejecutado una serie de actos delictivos. Dada la dramaticidad de la situación, la oferta podía funcionar, entonces, como mecanismo de persuasión. 2.3 Consultas con notables A partir de las tres de la tarde el Presidente inició una larga ronda de contactos telefónicos con los expresidentes de la república. Los consulté, relató Betancur, porque ellos poseen ese don del consejo que, por cierto, es un bien bastante escaso.

¿Qué habló Betancur con los expresidentes? Según el momento en que se realizaba la conversación, declaró el propio presidente, yo les suministraba la información que tenía y les comunicaba también la decisión de no negociar, de no suspender el operativo que la fuerza pública había puesto en marcha y de ofrecer a los asaltantes, como era nuestro deber, el respeto de su vida e integridad personales y el seguimiento del juicio que ordenan las leyes vigentes.

Los interlocutores expresaron «agradecimientos por la información suministrada, solidaridad para con las Instituciones y el Gobierno, deseos fervientes de que la situación fuera superada de manera satisfactoria. Igualmente encontraron conveniente para el país, a más de ajustada a la Constitu-

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ción y las leyes, la posición asumida por el Gobierno. En sus particularidades, Turbay Ayala aconsejó al Presidente concederle a los guerrilleros una pausa de respiro. No había por qué olvidar la experiencia de la Embajada Dominicana donde éstos, sin acosos, vacilaron en jugarse la vida. Carlos Lleras Restrepo le manifestó al presidente Betancur que por ninguna circunstancia podía aceptar la pretensión de los guerrilleros de someterlo a un juicio. No obstante, en otra charla, le aconsejó al Ministro de Gobierno que se rodease con la tropa la manzana del Palacio de Justicia. Ni Lleras Restrepo ni Alberto Lleras Camargo, recordaron después que Belisario les hubiese informado que la tropa estaba entrando al Palacio. Betancur contactó en Europa al expresidente Alfonso López. Este declaró ante los jueces que esa noche, después de conversar varias veces con el presidente, pensó que habría un operativo especial de rescate, cuidadosamente preparado, para establecer luego un diálogo con el M-19. En la última charla telefónica, López le manifestó también al Presidente que había recibido información sobre impedimentos del gobierno para el acceso de la Cruz Roja al Palacio de Justicia. Una semana después de los sucesos, López declaró textualmente: Yo sí fui consultado, y tengo que decir en realidad de verdad que le dije al presidente que teníamos que tomar determinaciones ya que no había una segunda instancia, es decir, que los presidentes no podían consultar o pasarle «el balón a otra persona para que decidiera.

Cuando el turno le correspondió a Misael Pastrana, quien estaba en Mónaco, le dijo al Presidente que los alcances de la acción guerrillera no se agotaban en la búsqueda de una fácil transacción, sino que lo que estaba en juego eran los principios básicos de la vida del país. La ronda telefónica también cubrió a los candidatos a la

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presidencia. Álvaro Gómez le dijo a Betancur que el manejo del terrorismo requería un punto de equilibrio entre la inteligencia y la energía: Este es un desafío a la excelencia de las Fuerzas Armadas y de los sistemas de mantenimiento del orden público, lo que sigue es el ejercicio de la inteligencia.

A Virgilio Barco el presidente le informó que en cualquier momento, después de las diez de la noche, la operación militar estaba lista para ingresar al Palacio de Justicia. El candidato liberal se limitó a agradecer la información recibida. Finalmente, Luís Carlos Galán manifestó que el Presidente le había dicho a las 4:15 de la tarde, que la clave del desenlace dependía de «tumbar o no una puerta», pero que, una vez se hiciese, los guerrilleros serían sometidos. El Jefe del Nuevo Liberalismo aconsejó no arriesgarse a una acción definitoria que pusiese en peligro la vida de los rehenes. Al día siguiente Galán insistiría en la posibilidad de un «diálogo humanitario». Cuando le preguntó directamente al presidente acerca de la situación del doctor Reyes Echandía, Belisario guardó silencio y se limitó a contestar que no veía con claridad la solución. En suma, más que consultar a los expresidentes y candidatos, lo que Betancur hizo fue entregarles un informe genérico, descriptivo e inconexo sobre hechos cumplidos. Sin embargo, numerosos fueron los consejos brindados: no acosar a los guerrilleros (Turbay); rodear la manzana (Lleras R); aunar a la energía una buena dosis de inteligencia (Gómez H.); no precipitarse a una acción definitoria y buscar un diálogo humanitario (Galán). Estos consejos -como podrá observarse- estuvieron divorciados del real desenlace de la toma. Y aunque muy pobre resultó la consulta como base para adoptar decisiones, todos los expresidentes y candidatos rechazaron el acto terrorista mientras le ofrecían al presidente su solidaridad. Era precisa-

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mente eso -rechazo y solidaridad- lo que el Presidente Betancur requería para legitimar decisiones ya tomadas. 2.4 Las últimas oportunidades Los dramáticos llamados del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, colocaron sobre el Consejo de Ministros un nuevo problema: ¿Era posible impulsar «el diálogo» sin decidir la suspensión del operativo militar? La respuesta se obtuvo de inmediato: «un cese al fuego solo era posible si se liberaba a los rehenes y se desalojaba la edificación». En otras palabras, la condición básica para el cese al fuego (rendición de los guerrilleros) se confundía ahora con el objetivo del «diálogo» (la rendición de los guerrilleros). Pero los militares lo entendían así: la vigencia del operativo constituía la premisa básica para garantizar la vida de los rehenes. Ordenar el cese al fuego por fuera de los requisitos establecidos, daría oportunidad para que los asaltantes mejoraran sus posiciones y obtuvieran un margen mayor de operación. En ese momento, tres importantes actores demandaron la suspensión total o temporal del operativo militar: el M-19, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y un sector minoritario de ministros. A nombre del M-19, miles de colombianos escuchamos la solicitud de cese al fuego como condición para iniciar conversaciones. Era emitida por Luís Otero y Alfonso Jacquin. Interrogado a este respecto, Belisario Betancur diría que, aunque no escuchó personalmente la solicitud de los guerrilleros, se le había informado exactamente sobre sus peticiones. No obstante, dentro de lógica del «diálogo» inicialmente propuesto en el Consejo de Ministros, la aspiración del M-19 no encajaba en parte alguna. Para el gobierno, la rendición de los guerrilleros era la premisa para decidir el cese al fuego.

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Más problemáticas resultaron las conversaciones entre los presidentes de las tres ramas del poder público. Aunque otros medios lo lograron más temprano, sólo a las cinco de la tarde se estableció contacto telefónico con el doctor Reyes Echandía. El director de la Policía, General Delgado Mallarino -»gran amigo del Doctor Reyes», según Betancur y «casi su hermano», según Vega Uribe, fue designado por el presidente para que atendiese la conversación. El General Delgado, vocero ahora del gobierno, se limitó a decirle que la fuerza pública tenía instrucciones para garantizar la liberación de los rehenes sanos y salvos, pero que de por medio se atravesaba la necesidad de salvaguardar las instituciones. Reyes, por su parte, le advirtió sobre la gravedad de la situación y la necesidad de suspender las operaciones militares. Como respuesta, el General Delgado pidió que le pasase al teléfono al guerrillero que lo acompañaba, quien resultó ser Luís Otero. Fue la única oportunidad, muy breve, de contacto entre Betancur y Reyes; sólo que el primero no le pasó al teléfono. El Presidente Betancur declararía que, por las circunstancias especiales en que se encontraban los magistrados, había considerado poco prudente hablar con el doctor Reyes: Al escuchar por la radio la voz angustiada del doctor Reyes y oír de sus propios labios que le estaban apuntando las armas de los guerrilleros, me di cuenta de las limitaciones explicables que en ese momento tenía su propia entereza.

Desde otro escenario, el presidente del Congreso de la República intentaba tender un puente entre Betancur y Reyes. Desde las tres de la tarde el senador Álvaro Villegas tuvo el primer contacto con el presidente de la Corte. Este último le solicitó que hablara con el presidente Betancur para obtener la orden de un cese al fuego que permitiera el diálogo con los guerrilleros. Villegas transmitió textualmente la solicitud al

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presidente Betancur solicitándole, por otra parte, que él personalmente le comunicase al presidente de la Corte «qué pensaba o qué podía decidir sobre su petición». Para facilitarle el contacto, Villegas le suministró a Betancur el número telefónico de la oficina del doctor Reyes. Transcurrido un tiempo prudencial, fue de nuevo Reyes Echandía quien se comunicó con su homólogo del Congreso. Se lo sentía «angustiado», declaró Villegas: Estamos en el cuarto piso. Los soldados están en el tercero. Los asaltantes notifican que si las tropas suben al cuarto piso, nos matan a todos. Nos van a matar, doctor Villegas, haga algo. Dígale al Presidente -habló por su parte el guerrillero que acompañaba a Reyes Echandía- que si continúan disparando, vamos a volar el Palacio de Justicia.

Textualmente, Villegas trasladó los mensajes al presidente Betancur recordándole, de paso, que el doctor Reyes esperaba su llamada. Belisario respondió que seguramente el teléfono estaba dañado, porque no contestaban. «No puede ser cierto», acotó Villegas, «acabo de hablar con él». Bueno -le confió en intimidad el Presidente- quiero confiarle a usted solamente que no voy a negociar.

El presidente del Congreso procedió a transmitir al presidente de la Corte la decisión de Belisario. Reyes Echandía, con una conciencia de mártir declarada, se limitó a dolerse por no haber obtenido siquiera que el presidente de la República le pasara al teléfono. Meses más tarde Betancur declaró que, en un momento dado, se habían interrumpido en forma súbita las comunicaciones con la Corte y que, como el presidente del Congreso no había permanecido en la sede de gobierno, mal podía

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conocer el desarrollo de los acontecimientos, la secuencia y el contenido de las comunicaciones telefónicas. ¿Qué sucedió con el contacto telefónico entre Luís Otero y el Director General de la Policía? Después de escuchar la cerrada oferta del gobierno -rendición incondicional, seguridad para sus vidas y juicios imparciales- Otero le replicó al General Mallarino que esa no era garantía, que no podía creer en el gobierno, pues tenían muy presente lo que acababa de suceder a sus militantes en el sur de Bogotá. 2 En resumen, contó después Delgado Mallarino: El diálogo se redujo a mi insistencia en la entrega porque su actitud era insensata. No tenían derecho a poner en peligro la vida de los rehenes.

Tras la entrega, insistió Mallarino, el gobierno les garantizaba la vida así como un juicio justo e imparcial. Pero Otero, según el General, respondió que se trataba de un operativo político-militar que llevarían hasta las últimas consecuencias y que, sin más explicaciones, le había colgado el teléfono. Frustrado el diálogo con Luís Otero, un sector minoritario de Ministros (Justicia, Comunicaciones y Educación) propuso que, para facilitar un contacto del Ministro de Justicia con su paisano y ex-compañero de estudios, Andrés Almarales, se suspendieran las acciones que el COPES estaba realizando en la azotea del Palacio. La propuesta no sólo fue calificada como «conveniente» sino que, según el propio Ministro de Justicia, fue adoptada con «la aquiescencia» del Presidente de la República. 2 Días atrás, un grupo de jóvenes integrantes del M-19 habían sido detenidos por la fuerza pública y luego entregados sus cadáveres.

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Conviene recordar que la operación por la azotea había sido automáticamente decidida por el General Delgado Mallarino aparentemente al margen del director del operativo militar, General Arias Cabrales: Tan pronto me enteré de la toma del Palacio de Justicia, declaró Delgado Mallarino, ordené que se intentara a toda costa el rescate de los honorables magistrados planeando en primer término la toma de la terraza del Palacio de Justicia y a través de ella el acceso al cuarto piso, pensando en que era urgente evitar que los terroristas pudieran retener a los Magistrados como rehenes.

El Ministro de Justicia intentaba contactar a Andrés Almarales cuando el General Delgado informó sobre el ingreso del Copes, un cuerpo especial de operaciones de la Policía, al cuarto piso del Palacio de Justicia. Eran las seis de la tarde. El doctor Parejo González protestó con energía: Lo califiqué de un desacato a lo acordado por los ministros con la aquiescencia del Presidente. Dije que el Consejo de Ministros había sido puesto en ridículo. A mi protesta se sumó la de varios ministros.

Según Parejo, el General Delgado argumentó que iba a buscar nueva información. Muy pronto regresó para manifestar que los temores del Ministro de Justicia eran infundados: nadie, ni vivo ni muerto, había sido encontrado por la Policía en el cuarto piso. Sin embargo, esa información resultaría falsa: los cadáveres de varios Magistrados, entre ellos el de Reyes Echandía, fueron hallados en el cuarto piso. Al margen de la debilidad de algunas apreciaciones de hecho, ese fue el único evento revelador de tensiones en las relaciones entre civiles y militares. Para el presidente Betancur, aunque la propuesta sobre el cese de la acción militar efectivamente había sido presentada,

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en ningún momento se aprobó decisión alguna sobre la suspensión del operativo. El ministro Parejo, declaró después el presidente Betancur, asumió su propio pensamiento como decisión de todos los presentes. El General Delgado Mallarino, a su vez, ratificó la posición de Betancur agregando que el ministro Parejo estaba muy confundido y que a las cinco de la tarde del 6 de noviembre, nadie estaba en condiciones de afirmar si había o no muertos en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Para el Presidente y para el Director General de la Policía, el asunto no fue más que una propuesta minoritaria que en ningún momento se transformó en decisión. En ese sentido adquieren vigor empírico las indicaciones que señalan al Presidente ordenando expresamente proseguir con la acción militar. Frustrado el contacto con Almarales, el presidente Betancur reiteró su oferta a través de destacados periodistas como Enrique Santos, Juan Gossaín y Yamíd Amat. En charla telefónica con el Presidente de la Comisión de Paz, Jhon Agudelo Ríos, se consideró útil la intervención de personas de reconocida prestancia para que, a través de mensajes radiales, buscaran influir en el ánimo del M-19 con el propósito de que cesara su acción y se entregaran a las autoridades. A las once de la noche el equipo de Gobierno -sólo faltaba el Ministro de Hacienda- se reunió en la Secretaría General. Los acompañaba, además, la esposa del Presidente. Betancur puntualizó las siguientes tesis: Primera: aunque con el manejo dado, la imagen del Gobierno se vería debilitada en algunas franjas de la opinión pública, había que privilegiar como hecho el fortalecimiento de las Instituciones. Segunda: desde ese momento, sin esperar el juicio definitivo de la historia, el presidente asumía las respon-

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sabilidades correspondientes por la no suspensión del operativo. Tercera: en relación con la política de paz, había que seguir adelante con paso firme, aunque fueran necesarios algunos ajustes en la estrategia de manejo del proceso.

Hubo enseguida una ronda de intervenciones ministeriales. Mientras Nohemí Sanín insistía en la conveniencia de los contactos de su colega de Justicia con Andrés Almarales; Jaime Castro, por su parte, cuestionaba «la inteligencia» de los Servicios de Inteligencia, aprovechando la ocasión para testimoniar su reconocimiento a las fuerzas armadas por su subordinación a la autoridad civil. El Ministro de Justicia, por su parte, pensaba que a esa hora ya habían muerto varios magistrados. Aunque el informe del Director de la Policía lo llenaba de optimismo, sus temores no se disipaban por completo: podían estar ante una tragedia de consecuencias impredecibles. La intervención de Parejo ocasionó llamados a la unidad. El gobierno habría de salir fortalecido, enfatizó el Ministro de Defensa, porque, ante todo, evitó el derrumbe institucional. Continuaban las intervenciones de sus ministros cuando el presidente Betancur, en nuevo contacto telefónico con el expresidente López, fue informado sobre versiones según las cuales el Gobierno impedía el acceso de la Cruz Roja al Palacio de Justicia. De inmediato, afirma Belisario, pensó en la mediación de la Cruz Roja. Como no habían fructificado las expectativas de una rápida recuperación del Palacio, como los contactos telefónicos se habían frustrado y los mensajes radiales no habían evidenciado mayor eficacia, se intentaría, entonces, «el diálogo» a través del organismo internacional. Antes de levantar la informal reunión, Betancur hizo a sus ministros una insólita petición. En contraste con la vigorosa capacidad discursiva que le era conocida, «para el mensaje

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que dirigiré mañana al país», les dijo, «si alguno de ustedes quiere ayudarme con una frasecita o incluso un párrafo, me sentiría muy agradecido. A la una y treinta de la madrugada se levantó la reunión citándose a Concejo de Ministros a las 9. A.M. 2.5 La decisión inmodificable Al iniciarse la sesión del Concejo de Ministros continuaba vigente la decisión de «dialogar» sin negociar. Si se dialoga, señaló Betancur al abrir la reunión, es para buscar la rendición de los subversivos, pues en ningún momento se negociará, ni se pactará con ellos.

Tampoco ahora se detendría el operativo militar, pues las condiciones para su vigencia continuaban intactas. Ni los asaltantes se habían rendido, ni los rehenes habían sido liberados. Tan inmodificables estaban las condiciones para mantener la acción militar, según Betancur, que cuando la Cruz Roja entró al Palacio fue recibida con ráfagas de ametralladora». Aunque en carta al Secretario General de la Presidencia el delegado de la Cruz Roja había hecho esa afirmación -que los guerrilleros los habían recibido a punta de ametralladora-, sin embargo, en entrevista concedida al periodista Manuel Vicente Peña no estuvo tan seguro: No puedo decir que la guerrilla nos disparó; puede que a nosotros no nos hayan hecho fuego, puede que haya habido rebote de balas.

Observemos cómo se desenvolvió la jornada para el funcionario encargado de llevar adelante tan delicada misión:

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Personalmente el presidente Betancur solicita la mediación a la Cruz Roja. Citado al Palacio de Nariño, Carlos Martínez Sáenz, delegado de la Cruz Roja, esperó durante dos largas horas mientras una comisión de ministros redactaba el mensaje que fue revisado en dos oportunidades por el presidente Betancur y se le suministraba un equipo de comunicación para hacerlo llegar a los guerrilleros. El mensaje ratificaba la oferta hecha el día anterior a Luís Otero en cuanto a garantías en caso de rendición. Se trasladó al Museo 20 de Julio en donde les dijo a los militares: Señores, vengo en cumplimiento de esta orden que me ha dado el gobierno y quedo bajo la protección de ustedes.

Sin embargo, los militares replicaron: En este momento es imposible, aguárdese un poquitico, cuando sea oportuno, el General dirá a qué horas puede entrar.

El Presidente Betancur, por su parte, ordenó que los mandos militares que ejecutaban el operativo, rodearan al presidente de la Cruz Roja de todas las facilidades y precauciones para el cumplimiento de su misión. 2 P.M.

Martínez Sáenz fue dejado en las puertas del Palacio de Justicia para que avanzara en cumplimiento de su misión. El General Arias Cabrales había dado la orden para su ingreso. Sin embargo, esta fue la declaración del líder de los socorristas:

Estuve en el tercer piso con el Comandante de la Brigada y súbitamente cesó el combate y se terminó la acción. De manera que yo no pude conversar con los señores que invadieron el Palacio y no alcancé a entregar ni el radio ni el mensaje.

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Todo parece indicar, entonces, que cuando la Cruz Roja ingresó al Palacio de Justicia el sangriento desenlace estaba terminando o que, por lo menos, el operativo militar estaba en su fase final. Por esta razón y por la persistente evidencia empírica de que el operativo militar en ningún momento fue suspendido, causa sorpresa que el General Arias Cabrales haya declarado ante los Jueces que: La suspensión del fuego por parte de la fuerza pública para permitir al director de Socorro de la Cruz Roja difundir su mensaje, fue otra actitud encaminada a la recuperación de las víctimas, que no encontró eco en los antisociales.

Con la mediación de la Cruz Roja, además, el gobierno no hizo otra cosa que insistir en la propuesta formulada por teléfono el día anterior: que reflexionaran y se entregaran: Yo no renunciaba, diría Belisario Betancur, a la ilusión de que, si nos era posible hacer reflexiones reiterativas a los asaltantes, éstos en algún momento entrarían en razón.

De todas maneras, sorprende que desde la llegada del doctor Martínez Sáenz al Palacio de Nariño y su ingreso al Palacio de Justicia, hubiesen transcurrido casi cinco horas: dos y media en la casa presidencial mientras redactaban la misma oferta que se había hecho a Luís Otero por teléfono un día antes, y otras dos en la Casa del Florero mientras el director del operativo, General Arias Cabrales, autorizaba su ingreso. Al margen de la buena voluntad de la Cruz Roja, los cierto es que cayó enredada entre los complicados juegos del poder. Jamás nadie había llegado tan tarde con un mensaje tan intranscendente sobre un asunto tan importante, como era el de la salvación de los rehenes.

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2.6 El epílogo Alrededor de las cuatro de la tarde el Concejo de Ministros escuchó los primeros informes radiales sobre el radical y violento desenlace. Los primeros informes de la radio confirmaron lo que hasta ese momento había sido una imprecisa sensación de desinformación. Esta situación quedó recogida en las declaraciones del Ministro de Justicia, según las cuales, durante esos días no había existido información adecuada sobre las operaciones militares: Por eso, varios ministros nos quejamos de no estar suficientemente informados de lo que ocurría, porque dadas las frecuentes y fuertes explosiones que escuchábamos, solíamos preguntarnos a qué se debían.

El propio Presidente, aunque recibió información más concreta, no estuvo en buenas condiciones con respecto a informes globales y puntuales. Los datos eran inconexos o no se transmitían: por ejemplo, sobre el caso del doctor Arciniegas, enviado por los guerrilleros con un mensaje para el gobierno, Betancur sólo se enteró una vez transcurridos los sucesos, por noticias de la prensa. A pesar de que el presidente calificó la información recibida del Ministro de Defensa como adecuada, oportuna y efectiva -máxime cuando no se contaba con otra fuente, además de la radio-, sin embargo, reconoció que, mirados a la luz de la información posterior, no cabía duda de que sus informes habían sido incompletos. Las intervenciones de los ministros tuvieron como única fuente de conflicto las posiciones del Ministro de Justicia. Mientras Parejo señalaba que la severidad de los juicios de la historia, de la opinión nacional y del sector judicial, y advertía que el gobierno podría ser juzgado por «imprevisión en el manejo de la emergencia», el presidente Betancur puntualizó que, para poder avanzar en los juicios, se requería información

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más precisa. Envueltos como estaban en el torbellino de los sucesos, podían ser presa fácil de precipitud en los juicios. Enseguida el Ministro de Gobierno reforzó la posición del presidente con un nuevo llamado a la unidad, a la coherencia y a la identificación solidaria con las decisiones tomadas. Al sentirse aludido, el Ministro de Justicia manifestó que modificaba su petición de investigación sobre las operaciones militares, por la presentación de un informe por parte del Ministro de Defensa. El Ministro de Hacienda, Hugo Palacio Mejía, pidió evitar las autoflagelaciones y señaló como grandes responsables a los «hampones del M-19». De todas maneras, dijo, se ha hecho lo que se debía, y aunque nos embargue el dolor, no se debe pedir perdón. El presidente Betancur remató, entonces, la parte discursiva de la sesión: Muchas gracias, señores ministros. Vamos a estudiar el futuro. En el proyecto de alocución que leí, digo que yo asumo la responsabilidad. Por supuesto que también digo que consulté. Está culminado uno de los capítulos más tremendos de la historia que tendrá repercusión universal. La más grande enfermedad del género humano, que es el terrorismo, ha recibido un tratamiento ejemplar.

A las 6:30 P.M. se levantó la sesión. Poco después, el presidente proclamó al país que él, como Jefe de Gobierno, asumía la totalidad de las responsabilidades por las decisiones tomadas, tanto por aquellas relacionadas con la solución militar del conflicto como por las vinculadas a las formas concretas del operativo. Con el rostro contrito y tras 28 largas horas de tensión, Belisario confesó al país que esa inmensa responsabilidad la asumía el presidente de la República: Para bien o para mal mío estuve tomando las decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto

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de la situación. De manera que lo que hice fue por cuenta mía y no por obra de factores que pueda y deba controlar

2.7 Las decisiones de los militares Cuando a las 12 del día el secretario general de la presidencia se comunicó con el Ministro de Defensa, éste le informó que el ejército ya había enviado tropas para repeler el ataque. En efecto, desde las 11:40, el Comandante de la Décima Tercera Brigada, General Jesús Armando Arias Cabrales, había enviado a la zona del conflicto la Fuerza de Reacción Inmediata: Cuando supe, declaró el General Arias, que elementos subversivos habían ingresado cruentamente al Palacio de Justicia, dispuse como competente el movimiento inmediato de tropas disponibles al área de los problemas.

Por su parte, el Director General de la Policía declaró también que, tan pronto se enteró -a las 12:30- de la toma del Palacio de Justicia, ordenó la operación de un comando especial por la terraza de la edificación. Aunque se especulaba desde días atrás que en cualquier momento el M-19 trataría de tomarse el Palacio de Justicia u otra unidad administrativa del Gobierno, al medio día del 6 de noviembre de 1.985, sin que mediara orden general o especial de la autoridad civil, las Fuerzas Armadas y de Policía -ante un gravísimo conflicto de orden público en el que estaba en juego la vida de magistrados, funcionarios y numerosos ciudadanos- reaccionaron a la manera natural de los bomberos ante un incendio, que sencillamente se apaga sin permiso alguno. Al tenor de las indagaciones judiciales, el presidente señaló que la responsabilidad de la dirección del operativo había sido asignada a los mandos militares a través del Ministro de Defensa. Este manifestó, a su vez, que había instruido al

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Comandante del Ejército, General Rafael Samudio Molina, sobre la decisión del presidente Betancur, incluyendo la necesidad de tomar medidas adecuadas para salvaguardar la vida de las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia. En coherencia con ese discurso de jerarquizaciones, el General Samudio advirtió que personalmente no había recibido órdenes directas del presidente de la República, y que las instrucciones le fueron comunicadas por el Ministro de la Defensa. Finalmente, el General Arias Cabrales, designado para dirigir la operación militar por su condición de estratega, manifestó que había recibido en efecto las ordenes de su superior jerárquico inmediato, el General Samudio Molina, quien aprobó el plan de operaciones y a quien le informó sobre el desarrollo del operativo. Arias Cabrales puntualizó además que, aunque no había elevado consultas directas al Presidente Betancur, como era lógico, el General Samudio le había dicho que se contaba con la aprobación del Presidente, tanto en lo referente a la necesidad de la acción, como a la forma concreta de adelantarla. Por consiguiente, según el testimonio del comandante de la acción militar directa, General Arias Cabrales, el Presidente Betancur conoció el plan de operaciones y aprobó su forma concreta de aplicación. En ese ajedrez de actores militares rígidamente jerarquizados, una pieza clave estuvo constituida por el Comandante del Ejército. En primer lugar, a través de una sola fuente, que fue el Ministro de Defensa, conoció los detalles sobre el alcance del carácter de la decisión de solución militar tomada por el presidente. Segundo, le correspondió aprobar el plan de operaciones en sus particularidades técnicas. En tercer lugar, fue la instancia que recibió la información más detallada e integrada sobre el desarrollo global y puntual de la operación militar. Y cuarto, de acuerdo con tales situaciones privilegiadas, estuvo en favorables condiciones de poder para manejar

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la información casi a su antojo, tanto hacia arriba como hacia abajo, sobre todo en lo referente a los detalles y a los eventos concretos. Una rápida muestra de las grabaciones hechas por radioaficionados a las comunicaciones militares, evidencian esa situación privilegiada de poder en cuanto a la recepción y entrega de información, por parte del General Samudio, como base para tomar, o para aconsejar, decisiones concretas: NUEVO INFORME AL GENERAL SAMUDIO ARCANO 6: PALADIN 6:

ARCANO 6: PALADIN 6: ARCANO 6: PALADIN 6: ARCANO 6: PALADIN 6:

...Entonces vamos a tratar de abrir del segundo piso hacia abajo. Cambio. Quería decir lo siguiente: estos sujetos están sacando un comunicado ahorita por la radio... manifiestan que exigen la presencia de Vásquez Carrizosa. Si eso no se cumple comenzarán -dicen ellos- a matar uno a uno los rehenes y lanzarlos por el 4o. piso. Dígame si está QSL. QSL. Cambio. Y que si pretenden atacarlos tendrán comandos suicidas en diferentes sitios para atacar otras instalaciones. Siga. QSL. Cambio. De manera, cierto o no cierto sus planes de ellos, hay que apresurar la decisión nuestra. Siga. Entendido paladín 6. Cambio. Bueno, entonces espero que se cumpla y éxitos.3

IMPONGA EL PLAN DE OCUPACION PALADIN 6:

ARCANO 5:

R. Mire Arcano 5, estos individuos tienen planes para buscar concentraciones y manifestaciones de apoyo y de presión... Imponga de una vez el plan de ocupación y control de la ciudad e impida concentraciones y manifestaciones públicas. Siga. Eh, desde las 5:30 está ese plan de ocupación...

3 Según Manuel Vicente Peña: PALADIN, fue la posible clave del General Rafael Samudio; «ARCANO 6», la clave del General Jesús Armando Arias Cabrales y «CORAJE 6», la clave del General Miguel Vega .

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PALADIN 6: ARCANO 6: PALADIN 6:

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Le voy a ordenar a la Escuela Militar lo apoye también. Siga. R. Anoche la Escuela Militar nos apoyó en los barrios circunvecinos a la Escuela. Cambio. QSL. Entonces hay que hacer demostración de fuerza y no dejarnos que estos cabrones tomen la iniciativa...

LOS SUPERIORES EXIGEN PALADIN 6: ARCANO 6: PALADIN 6:

PALADIN 6: ARCANO 5: PALADIN 6: ARCANO 5: ARCANO 6:

¿Cuál es la situación actualmente? La situación: Entre 1o. y 2o. piso, dominado... Entonces estamos en este momento, en el 3o. piso... QSL. Bueno, sigue siendo crítico el tiempo para dar por cumplida la misión y tomado totalmente el objetivo, de manera que espero -yo se qué las demás unidades que están comprometidas, si acaso me están escuchando- les pido, les exijo máximo esfuerzo, estamos contra el tiempo. Siga. R. Mire dígale a Arcano 6 que hace un momento hablé con Coraje 6, también está preocupado por el tiempo. Estamos haciendo el esfuerzo principal, en estos momentos, Paladín 6, en el sector donde están los rehenes. Siga. Hay que dejar secundariamente los cadáveres y seguir presionando e insistiendo. Siga. ...insiste Paladín 6 en agilizar (...) el desenlace de la ofrenda y lo está diciendo Coraje 6 que insiste en eso. Cambio. QSL. Se está presionando...

EL GENERAL SAMUDIO: JUGANDO CONTRA EL TIEMPO PALADIN 6:

ARCANO 6:

R. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja, por consiguiente estamos en toda libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apure a consolidar y acabar con todo y consolidar el objetivo. Siga. Vamos a... se va a hacer detonar otra carga entre el baño del 4o.piso que ya se controló y el 3o. piso para tratar de penetrar que es el lugar de resistencia que nos queda en este momento. Cambio.

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PALADIN 6:

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Bueno háganlo...»

QUE DILATEN EL INGRESO DE MARTINEZ ARCANO 5: ARCANO 6:

Quiere Paladín que dilate un poquitico el acceso de Martínez R. Entendido.

ASALTO FINAL CUANDO LLEGAN LOS DE LA CRUZ ROJA CORAJE 6: PALADIN 6: CORAJE 6: PALADIN 6:

Correcto. Coraje 6 de Paladín 6... Mira, ¿fue la operación militar? Afirmativo, como yo le informé. Cuando llegaron los miembros de la Cruz Roja se estaba dando el asalto a los objetivos finales.

Se dijo atrás que el general Arias Cabrales atribuía al presidente Betancur no sólo el conocimiento del plan de operaciones sino la aprobación de su forma particular de aplicación. Al menos, advirtió fue esa la manifestación de su jefe inmediato, el General Samudio Molina. Se señaló, igualmente, cómo el Presidente Betancur, después de haber asumido en la noche del 7 la responsabilidad integral por las decisiones tomadas, había empezado a distanciarse progresivamente del radicalismo inicial: primero dijo que su decisión no había ido más allá de una orden a las Fuerzas Armadas para que mantuviesen el orden y recuperasen el Palacio de Justicia. Precisó enseguida que, aunque la responsabilidad global recaía sobre el presidente de la República, hubo también responsabilidades concretas de los agentes ejecutores, es decir, de los Comandantes del Ejército y de la Policía, que habían tenido a su cargo el cumplimiento del operativo. En términos más precisos: el presidente, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, había asignado la responsabilidad de la dirección del operativo a los altos mandos militares pero, en forma directa, no había

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tomado decisión alguna de índole militar. Por otra parte, aunque se le había informado por parte del Ministro de Defensa sobre algunos desarrollos concretos, como era lógico, no se le había consultado cada paso ni la manera como iba a darse. Finalmente, en la decisión presidencial sobre el mantenimiento del orden y la recuperación del Palacio de Justicia, existieron dos premisas con cierto grado de incoherencia entre ellas: Pensaba que -como era apenas natural- las Fuerzas Armadas utilizarían todos los elementos de que habían sido dotadas por el Estado para el cumplimiento de su misión, pero, también partía de la base de que la prudencia con que se utilizaran las armas, su oportunidad y gradualidad, garantizaría las órdenes inequívocas que había impartido.

Dos felicitaciones extendió, finalmente, el Ministro de Defensa una vez producido el radical desenlace. En la tarde del 7 expresó a sus subordinados: CORAJE 6: Quiero interrumpirlo un minuto para expresarle un saludo de felicitación a nombre de todos los Comandantes y del Estado Mayor Conjunto a todo el personal -sin excepción- de sus Brigadas, de sus unidades subalternas por el éxito de la operación, demostrando a Colombia y al mundo el profesionalismo y el espíritu de servicio de nuestro ejército, del cual nos sentimos todos, particularmente yo, muy orgullosos.

La otra felicitación fue para el Presidente: Yo tengo que expresar ante ustedes, dijo el General en la Cámara de Representantes, mi tremenda admiración al Presidente Belisario Betancur, por su entereza para tomar las decisiones que él consideró, en salvaguardia de las instituciones y en concordancia con el juramento que había hecho

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*V* LAS PREGUNTAS DEL MILLÓN

1. ¿»Narcos» en el Palacio de Justicia? En rueda de prensa concedida el 1° de noviembre de 1.985, el entonces Ministro de Justicia, Enrique Parejo González, planteó que la «alianza» narcotráfico-guerrilla había sido la gestora y el pilar de la incursión contra el Palacio de Justicia. Los narcotraficantes -aseveró- tenían interés en Hacer desaparecer los procesos relacionados con las solicitudes de extradición formuladas en contra de ellos. Más aún: La intención era amenazar, cobrarse en la vida de los magistrados la entereza de carácter que tuvieron, de negar la demanda de inexequibilidad del tratado de extradición.

El despliegue obtenido en los medios de comunicación por aquellas altisonantes frases fue tan importante en su momento como, más recientemente, lo han sido las afirmaciones de Carlos Castaño en su libro «Mi confesión», y de «Popeye», uno de los lugartenientes más importantes de Pablo Escobar. El mismo término «narco-guerrilla» se acuñó para pensar este supuesto o real fenómeno. El hecho de que el M-19 incluyera en su «Demanda Armada» alguna referencia al Tratado de Extradición -considerado lesivo a la soberanía nacional- se asumía como «prueba plena» de su alianza con los narcotraficantes. A ello se sumaban fácilmente las declaraciones rendidas tiempo atrás por Iván Marino Ospina, aplaudiendo las amenazas de los narcotraficantes contra la embajada de los Estados Unidos.

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Para confirmar los supuestos nexos de los narcos con el M-19, se citaban también las amenazas que los magistrados recibieron por cuenta de «los extraditables» o el hecho de que el asalto hubiese ocurrido contra la Corte un día antes de que ésta estudiase la ponencia referente a la exequibilidad del Tratado de Extradición, y de que decidiera sobre ocho resoluciones pendientes de tal aplicación. No obstante, cada uno de los hechos habría que mirarlos objetivamente. Las declaraciones de Ospina, por ejemplo, deben interpretarse en el marco de un tirante encuentro sostenido con el Presidente Betancur en México, el 5 de diciembre de 1.984. Sus palabras, por cierto, le ocasionaron su destitución como Jefe máximo del M-19. Con respecto a los demás eventos, las propias instancias oficiales empezaron a desvirtuarlos. En sustentados informes, tanto el Tribunal Especial de Instrucción, como la Procuraduría General de la Nación, absolvieron al M-19 de toda conexión o apoyo con los narcotraficantes colombianos. Según el Tribunal, no existieron evidencias de participación de movimientos distintos al M-19 en el planeamiento y ejecución de la toma del Palacio de Justicia y tampoco hubo prueba alguna que los vinculara con las amenazas inferidas a los magistrados por los narcotraficantes o extraditables. El procurador Carlos Jiménez Gómez, a su turno, esgrimió una tesis similar al señalar la carencia absoluta de pruebas que permitiesen pensar en una «relación o nexo causal entre la ocupación del Palacio y las amenazas recibidas por Magistrados y Consejeros». He aquí sus argumentos: La inclusión del Tratado de Extradición en el Manifiesto como hecho vituperable para los guerrilleros, al lado de los acuerdos de monitoría del Fondo Monetario Internacional, no son sino expresiones de una posición política que pretende

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manifestar su nacionalismo rechazando toda forma de lo que ellos califican como injerencia extranjera indebida. Si bien es cierto que se dispone la ocupación del cuarto piso y la toma y custodia de los rehenes, no lo es menos que idénticas órdenes se dieron respecto a los restantes pisos y del personal todo que laboraba en el edificio. La toma del 4o. Piso fue parte de la operación, pero no objetivo único Es evidente que a los narcotraficantes, interesados en el pronunciamiento de la H. Corte sobre las demandas de inexequibilidad, no les interesaba la realización de las amenazas de muerte que ellos mismos habían pronunciado, porque el objetivo perseguido, precisamente, consistía en que los magistrados amenazados cedieran a la violencia que se cernía sobre ellos y declararan la inexequibilidad que demandaban. Sólo para la hipótesis contraria, esto es, una decisión desfavorable a su tesis, habían prometido tomar mortales represalias y es evidente que la H. Corte no había hecho pronunciamiento alguno después de las amenazas...» Muertos los Magistrados o colocados en la imposibilidad de fallar, los extraditables nada ganarían porque el Tratado y la Ley aprobatoria mantendrían su vigencia y el Gobierno podría continuar expidiendo resoluciones de extradición en consonancia con sus disposiciones hasta tanto no se produjera decisión de inconstitucionalidad.

Sobre la fecha en que se realizó el asalto, es más fácil aún desvirtuar los supuestos. Por un lado, se sabe que el operativo estuvo planeado desde octubre y que fueron circunstancias ajenas a la decisión del M-19 las que llevaron a su aplazamiento. La citación a la plenaria que habría de discutir la exequibilidad del Tratado de Extradición no se había efectuado, según lo constató el Tribunal Especial de Instrucción, y el magistrado Patiño Roselli se había reservado exclusivamente la atribución de elaborar el orden del día de las sesiones, sin dar cuenta de ello a sus colegas ni al personal de secretaria para evitar filtraciones que llegaran a los amenazantes. Ni siquiera los propios magistrados conocían, entonces, cuándo habría de llevarse a cabo la sesión que abordaría el tema de la extradición.

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Un último hecho puede traerse a colación: para «los extraditables», según lo hicieron saber en comunicación fechada el 3 de junio de 1.985, «el responsable más importante» de la extradición era el magistrado Manuel Gaona. A él lo acusaron, incluso, de tomar para sí las ponencias sobre la nulidad de la extradición «porque desea que se sigan extraditando nacionales hacia los Estados Unidos». Sin embargo, el M-19 no tuvo a Gaona como objetivo importante. El magistrado cayó casualmente en manos de Almarales y no estuvo nunca al lado de Reyes Echandía. En el último momento, además, Almarales le permitió salir de su cautiverio y, al hacerlo con las manos en alto, fue víctima de las confusiones del Ejército. Veinte años después, John Jairo Velásquez, el conocido «Popeye», uno de los pistoleros de Pablo Escobar, recuperó la discusión sobre el asunto. En su versión, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, llegaron a la hacienda Nápoles para contarle a Escobar un ambicioso proyecto que tenían en mente. Consistía en un espectacular operativo en plena plaza de Bolívar para denunciar a Belisario. Escobar solicitó detalles y Fayad habló en concreto del Palacio de Justicia. A Pablo Escobar se le pidió «un millón de dólares» argumentando la necesidad de «traer fusiles de Nicaragua y explosivos C-4», relata «Popeye». Pablo Escobar ofreció entonces un avión para trasladar las armas y los explosivos, y les propuso «aprovechar esa entrada al palacio para darle un golpe fuerte a la extradición». El narcotraficante ofreció, entonces, dos millones de dólares y cinco más al término del operativo, si dos de sus hombres acompañaban al M-19 para quemar los expedientes de todos aquellos que podrían ser extraditados y asesinar a varios magistrados por traidores a la patria. Ospina objetó la idea de vincular a sus hombres, pero Escobar les pidió cumplir el objetivo. El capo decidió financiar la operación con dinero

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y armas de la mafia y prometió al M-19 una cantidad inimaginable si lograba poner fin a la extradición. Los guerrilleros recibieron dinero para la toma, el envío de veinte fusiles y gran cantidad de munición, financiada por Escobar. «A través de la cafetería –acusa Popeye- gran cantidad de alimentos se venían almacenando». Remata que Ospina y Batemán se refugiaron en la infraestructura del capo luego de la toma, y que Escobar pagó los dos millones de dólares prometidos, adicionales a los «cuarenta millones recibidos anteriormente». Los entregó a Iván Marino Ospina «en un carro que tenía una caleta donde se encontraba escondido el dinero». Las inconsistencias en el relato de «Popeye» son fáciles de detectar: ·

Iván Marino Ospina había muerto cuando surgió la idea y se inició la planeación de la toma del Palacio de Justicia. No tuvo nunca conocimiento de los hechos. Por consiguiente, le era imposible asistir a una reunión en la hacienda Nápoles para solicitar apoyo y mucho menos recibir dinero de la mafia cuando estaba muerto.

·

Jaime Batemán murió en un accidente aéreo en 1.983. Ni siquiera alcanzó a firmar los acuerdos de Corinto y El Hobo con el gobierno de Betancur. ¿Cómo podía refugiarse con Ospina «en la infraestructura de Escobar», luego del asalto al Palacio de Justicia, si ambos estaban muertos?

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Las armas utilizadas en el operativo del Palacio fueron traídas, en gran parte, de los frentes rurales del sur. Las piezas procesales de la investigación judicial así lo señalan y es reafirmado, además, por la única sobreviviente del M19 inmediatamente después de los hechos. Las armas de procedencia nicaragüense son sólo seis y perfectamente

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podrían estar desde hace muchos años en Colombia, en las montañas del Cauca. Los explosivos fueron hurtados por el M-19 en canteras de cundinamarca, hecho procesalmente probado y constatable, incluso, con una revisión de prensa. ·

La existencia de alimento almacenado en la cafetería no es más que la reproducción del triste rumor que cobró la vida a sus empleados. Al realizar la inspección a sus congeladores, una vez culminada la operación en el Palacio, las autoridades comprobaron la falsedad de la acusación: no existía tal almacenamiento y sus refrigeradores sólo daban cabida, cuando más, a 100 unidades de reservas de leche. El Tribunal Especial de Instrucción dijo al respecto: Todas estas informaciones resultaron falsas, producto alegre de la imaginación. Nos detenemos en el examen del tema porque interesa restablecer la buena opinión que merecen gentes honorables y correctas que se encontraban al servicio del restaurante, quienes no tuvieron vinculación alguna con los guerrilleros del M-19 y en nada pueden verse comprometidos en los acontecimientos criminales que horrorizaron al país.

·

Con respecto al operativo, la austeridad económica del M19 es bastante deducible. No pudieron obtener cohetes antitanque y tuvieron que correr el riesgo de hurtar automotores y explosivos para ejecutar la acción. Las bombas fueron todas de fabricación casera y los radios fueron adquiridos entre los más económicos del mercado de «San Andresito». Acudieron al apoyo financiero del grupo armado «Ricardo Franco», y pusieron en peligro la acción cuando los planos confiados a ellos cayeron en poder de las autoridades.

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Contraria a la versión de «Popeye», Carlos Castaño ofrece otra en su libro «Mi confesión». Quien se presentó a la hacienda Nápoles fue Pizarro. Quien financió y aportó la dinamita fue Escobar y quien concedió el armamento fue su hermano Fidel Castaño. Pizarro pidió «un millón de dólares por asesinar a los magistrados» y «un millón de dólares por quemar los expedientes». Agrega Castaño que fue Guido Parra, el abogado de Escobar, quien le explicó a Pizarro la ubicación de los expedientes en contra del capo y qué debían quemar. Otro narco replicó, entonces, que incluyeran los propios y pagó trescientos mil dólares más. Desde luego, algunas de las objeciones al testimonio de «Popeye» pueden aplicarse a la versión de Castaño. Los planos del Palacio de Justicia, además, fueron adquiridos desde un principio por Otero. Carlos Pizarro no participó tampoco en la planeación del operativo y no era, para la fecha, el comandante máximo del M-19. Su labor estaba concentrada en las montañas del Cauca con la creación del «Batallón América» y la planeación de un asalto a la ciudad de Cali. En uno y otro caso, lo expuesto por el Procurador debe subrayarse: ¿qué sentido tenía para la mafia ejecutar a unos magistrados que no habían fallado todavía los procesos sobre los cuales guardaban interés? Sin embargo, podrían agregarse otras preguntas: ¿qué sentido tenía quemar los expedientes si de ellos existe copia en los juzgados de instrucción o en Estados Unidos, si se trata de la extradición? Retrasar las decisiones unos cuantos días, sería absurdo, máxime cuando en ese momento ni siquiera estaban detenidos. Por último, la pregunta más contundente para verificar lo insulso que resulta colocar como enorme ganancia para los narcos, la quema de sus procesos de extradición: ¿Cuántos y cuáles capos del narcotráfico en Colombia se beneficiaron o dejaron de ser extraditados a Estados Unidos, gracias al asalto del Palacio de justicia y a la quema de sus expedientes?

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Sólo dos hechos son ciertos pero no implican por ello la relación de Escobar con el asalto al Palacio de Justicia: ·

Escobar estableció relaciones con el M-19 a partir de las acciones y negociaciones que condujeron a la liberación de Martha Nieves Ochoa, secuestrada por la organización guerrillera.

·

A raíz de estas negociaciones, Iván Marino Ospina sí permaneció algunos días en la hacienda Nápoles. El propio Escobar lo reconoció al periodista Germán Castro Caicedo y agregó, además, que en señal de buena voluntad el guerrillero le obsequió una subametralladora de fabricación soviética, a la cual nunca pudo conseguirle munición la mafia. Esto sucedió años antes de la muerte de Ospina y en vida de Batemán.

2. ¿»Toma» anunciada? 2.1. Las amenazas contra la Corte y el Consejo de Estado: A lo largo de 1.985, magistrados de la Corte Suprema y consejeros de Estado recibieron con frecuencia anónimas amenazas que se hacían extensivas a sus familiares más cercanos. A las manos de Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Alfonso Patiño Rosselli, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Reyes Echandía, en su calidad de miembros de la Sala Constitucional y Presidente de la Corte, respectivamente, llegaron escritos ultrajantes, sufragios tenebrosos y cintas magnetofónicas que, en general, hacían referencia al Tratado de Extradición y su declaratoria de inexequibilidad como exigencia. Las amenazas, dice la Comisión Investigadora en su informe sobre el Holocausto

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Se efectuaron como un medio para coaccionar e intimidar a los magistrados, en la creencia de lograr el cambio de sus tesis y de sus votos.

Muchas de estas «advertencias» empezaron a causar asombro cuando en sus textos demostraban un seguimiento total al afectado. Conocían sus desplazamientos, sus rutinas de vida e incluso grababan conversaciones telefónicas efectuadas desde sus hogares. Simultáneamente, una especie de «guerra sicológica» se ensañaba contra sus esposas e hijos, a quienes, el inusitado poder que los colombianos reconocían en la mafia y los repetidos asesinatos de jueces, magistrados de tribunales de distrito, periodistas o simples ciudadanos, se les citaba como «garantes» o escarmiento de su actividad criminal. Como obsesivo fantasma, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla era un terrible y magno «ejemplo» para los magistrados. Bajísima era la calaña y ruin el sentido de las anónimas amenazas: Si el tratado de extradición no cae derrumbaremos la estructura jurídica de la nación, ejecutaremos magistrados y miembros de sus familias. Estamos dispuestos a morir, preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos... Si actúan con inteligencia, con silencio, no pasará nada. Serás el responsable de tu propio futuro y del futuro de tu propia familia... No estamos jugando. No todos nuestros enemigos pueden gozar del privilegio de la notificación y del aviso. Actuamos de sorpresa.

Sin embargo, no sólo los extraditables enviaban escritos al Palacio de Justicia. Algo que poco o nunca se dijo, es que presuntos grupos paramilitares ingresaron también en la nómina de los plagiarios. En versión testimonial sobre los hechos, el doctor Alfonso Reyes Echandía alcanzó a referir las amenazas recibidas por el Consejo de Estado en razón a

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sus recientes fallos contra la práctica cotidiana de torturas en instalaciones militares. Un anónimo titulado «Réquiem para el Consejo de Estado», sentenciaba por ejemplo en alguno de sus párrafos: El Consejo de Estado es una corte llena de títeres extranjeros, títeres éstos, que en su gran mayoría no resisten una somera consideración. Ahora bien, si nos resistimos a creer que los magistrados colombianos pasan por un momento muy crítico y decadente, habría que preguntar si este catastrófico resultado -fallo- no es en buena parte debido a la intervención y a la manipulación comunista que se ha dado al caso.

Conocidas por el Ministro de Justicia y el Consejo de Seguridad, el sentido genérico de dichas amenazas trascendió a la opinión pública. El 3 de octubre de 1.985, la Corte Suprema de Justicia denunció «graves, concretas y reiteradas amenazas de muerte», relacionadas con el trámite de nuevas demandas de inconstitucionalidad del Tratado de Extradición. No obstante, las investigaciones y acciones policivas no alcanzaron la celeridad y la eficacia requeridas. Aunque el Ministro de Defensa, en su afán por mostrar resultados ante el Congreso, relacionó las acciones desplegadas para detectar las intercepciones telefónicas y lograr la identificación de sus autores, los resultados procesales fueron finalmente muy pobres: nada en concreto contra nadie, ni siquiera méritos para una detención. 2.2 El plan develado El viernes 18 de octubre, cuatro periódicos capitalinos: «El Tiempo», «El Siglo», «Diario 5 P.M.» y «El Bogotano», informaron al unísono sobre el descubrimiento de un vasto plan de la guerrilla urbana para tomarse el Palacio de Justicia secuestrando allí a los magistrados. Los organismos de seguridad e inteligencia del Estado habrían capturado varias

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personas comprometidas en la «toma», logrando el decomiso de documentos y planos de la sede judicial. En estos planos estaban marcados los puntos más estratégicos de la edificación, así como Descritos con gran precisión, piso por piso, los despachos de los profesionales, número de empleados, horarios y pasillos de ingreso.

«El Tiempo», por su parte, dio cuenta de «datos obtenidos por la División de Inteligencia Militar» y «amenazas anónimas» que obligaron a «extremar las medidas de vigilancia en el Palacio de Justicia». Según los anónimos, agregó «El Tiempo», la célula subversiva proyectaba irrumpir en las instalaciones de la Corte aprovechando la visita del presidente francés Francois Mitterrand. No obstante, en diciembre de 1.985, una vez ejecutado el asalto, el Ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, insistió en que fueron falsas la informaciones según las cuales las Fuerzas Armadas Habían capturado a unas personas que iban a asaltar el Palacio de Justicia, que les habíamos encontrado los planos, las armas y yo no sé cuantas locuras más de las que muchas veces dice la prensa.

¿Era cierto? Tal vez no sea posible precisarlo con plena exactitud, pues, pese a las negativas y aclaraciones militares, Germán Hernández, uno de los primeros periodistas en escribir sobre lo sucedido en el Palacio de Justicia, retoma y complementa las versiones en su libro «La Justicia en llamas»: El plan inicial fracasó por un inesperado error de camuflaje urbano. El 17 de octubre, en un costado del Palacio de Justicia -que es un lugar poblado de raponeros y hábiles carteristas-, dos guerrilleros fueron detenidos cuando portaban unos completos planos del edificio.

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Reconocido el insuceso por la guerrillera Clara Enciso a Olga Behar, pero negado reiteradamente por el Ministro de Defensa en el Congreso, la presunta «novela Mitterrand-Corte» (como la llamara Vega Uribe despectivamente), adquirió estatuto de realidad con el testimonio del doctor Carlos Betancur Jaramillo, presidente entonces del Consejo de Estado: En el mes de Octubre las salas de gobierno de la Corte y del Consejo de Estado tuvieron una reunión...con unos oficiales de la policía (entre ellos el Coronel Herrera de la Cuarta Estación)... Se nos informó en esa reunión que las Fuerzas Militares habían detectado un plan terrorista orientado a la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y que a eso se debían las medidas que con urgencia había que tomar para la seguridad del Palacio. Se nos dijo que ese plan terrorista de la toma del Palacio se quería coincidir con la llegada del Presidente Miterrand.

Como hecho contundente, finalmente, puede advertirse que la «Demanda Armada» presentada y publicada por el M-19 para argumentar su violento ingreso al Palacio de Justicia, tenía como fecha el mes de octubre. De todas maneras, lo que si admitió el Ministro de Defensa es que al Comando General de las Fuerzas Armadas llegó un anónimo con los siguientes términos: El M-19 planea tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia el jueves 17 de octubre, cuando los magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo Embajada de Santo Domingo; harán fuertes exigencias al gobierno sobre diferentes aspectos, entre ellos el tratado de extradición.

Sin discusión, sobraban las razones para prestar atención extrema o de primer grado al Palacio de Justicia. A las repetidas amenazas de narcotraficantes y grupos paramilitares, se sumó, entonces, el despliegue periodístico y anónimos concretos advirtiendo una posible toma guerrillera. De modo que,

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dentro de la lógica del deber, antes que un simple «servicio de protección para el 17 de octubre» y unos pocos días más, «por criterio de elemental prudencia», no sólo era necesario en primera instancia un dispositivo especial que reforzara inmediatamente la seguridad del Palacio, sino también, a manera de solución permanente, imperioso era modificar favorablemente las condiciones de seguridad ofrecidas por la edificación, programando con destreza una certera respuesta ante tan eventual tentativa beligerante. Lastimosamente, ninguna de las tareas se emprendió con la urgencia requerida. Si bien la DIJIN estudiaba desde septiembre un plan de seguridad general para el Palacio de Justicia, éste tan solo se presentó a los Magistrados el mismo 17 de octubre. Y lo que es peor, la casi totalidad de sus recomendaciones -ligadas al mejoramiento del sistema de seguridad y acceso al Palacio de Justicia-, fueron ignoradas, rechazadas o aplazadas indefinidamente. Estando de por medio el Poder Judicial y su máxima Magistratura, no se cumplieron las recomendaciones de seguridad necesarias, pese a que algunas de ellas presentaban facilidad inmediata y a todas se les señalaba un plazo de aplicación que para el 6 de noviembre estaba vencido o prácticamente agotado. En la más inexplicable de las situaciones y advertidas hasta la saciedad de los peligros que se cernían sobre la Corte, las autoridades policivas resolvieron unilateralmente levantar el refuerzo policivo acordado con los magistrados, sin implementar o aplicar en lo más mínimo el sistema de seguridad recomendado por la DIJIN. Estos acontecimientos, discutidos en su relación causal entre la negligencia o la voluntad manifiesta, han convertido en justificables diversas inquietudes que del sentimiento general resume Manuel Vicente Peña Gómez en concretos interrogantes:

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¿Fue una trampa para eliminar a la cabeza del M-19 dentro del Palacio de Justicia aún a costa de la vida de los Magistrados? ¿Un acto de fuerza de los militares en respuesta a los constantes ataques de la guerrilla?

Un Magistrado, Humberto Murcia Ballén, pensó de manera similar en medio de la confrontación: ¡Dios mío! ¡Esto es una masacre consentida y anunciada!

3. ¿Quién ordenó levantar la vigilancia policial del Palacio? La Fuerza Disponible de la Sexta Estación de Policía venía prestando un servicio especial de vigilancia al Palacio de Justicia consistente, en términos militares, en un «1-1-20». Se trataba de un oficial, un suboficial y veinte agentes, entre los cuales, la mitad se ocupaba de la seguridad externa, armados de Galil, y los diez restantes, de la seguridad interna con dotación de revólveres. Los primeros se localizaban al rededor del edificio y en la puerta del sótano, mientras los últimos se distribuían en la entrada principal -para tareas de identificación y requisa de los visitantes-, así como en el patrullaje de pasillos, escaleras o ascensores. En ocasiones, algunos agentes acompañaban también a personas que necesitasen realizar consultas o diligencias en los pisos segundo a cuarto de la edificación. Pasado el sangriento desenlace del Palacio de Justicia, la nación indignada reclamó las razones por las cuales fueron levantadas dichas medidas especiales. Ante el Congreso en pleno, el General Vega Uribe respondió, entonces, que dicha decisión se había tomado por petición expresa del Presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. El Ministro de Defensa basó sus afirmaciones en tres constancias expedidas por sus subalternos: La primera de ellas, suscrita por el Teniente Coronel Pedro Antonio Herrera Miranda, hacía referencia a una solicitud verbal formulada por el magistrado Reyes Echandía el 31 de

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octubre. La segunda, firmada por el Comandante Operativo de Bogotá, Teniente Coronel Gabriel Arbelaez Muñoz, sustentaba una reunión con el Presidente de la Corte Suprema el 1o. de noviembre en la que éste, «por razones civilistas», había exigido el retiro del refuerzo policivo. Finalmente, en la tercera constancia se decía que el mando policial habría autorizado suprimir la vigilancia ante la «orden» emitida por el Doctor Reyes Echandía a los oficiales responsables. Muerto ya el presidente de la Corte, la coartada de los militares empezó a quedar al descubierto cuando la misma entidad certificó el 18 de diciembre de 1.985 lo siguiente: El Doctor Alfonso Reyes Echandía nunca solicitó y menos aún ordenó, días antes del incendio del Palacio de Justicia, que se suspendiera la vigilancia que allí debía prestarse por parte de la fuerza pública.

Seguidamente, la Corte presentó como elementos de juicio varios contundentes hechos, destacando como inadmisible que a la persona a quien En vida nadie le escuchara sus peticiones de diálogo y cese al fuego, le apareciesen, después de muerto, celosos guardianes de imaginarias órdenes suyas.

Poco a poco, la investigación dirigida por el Tribunal Especial de Instrucción se encargó de clarificar aún más la verdad. Para empezar, el subteniente Joaquín Camacho Sarmiento explicó ante los Jueces que, en un principio, la orden se recibió únicamente para «una semana», alargándose según «coordinaciones que se organizaban». De consiguiente, no existió nunca una disposición permanente que fuere levantada a solicitud de la máxima magistratura, y mucho menos, conciencia real de los peligros que asechaban a la Corte.

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Igualmente, de acuerdo con las minutas y libros oficiales de la Estación Sexta, en los últimos días de Octubre el servicio parecía entrar en franca desidia operativa. Así por ejemplo, el relevo del último turno no se realizó en el Palacio de Justicia como debía hacerse, sino en la propia Estación de Policía, permitiéndose incluso un intervalo de cinco minutos entre el arribo del destacamento que acababa de rendir labores, y la partida del nuevo grupo que lo reemplazaría. Este turno además, según la anotación de guardia, salió con un «0-0-20», es decir, sin oficial ni suboficial al mando. Por añadidura, en sendas pruebas oculares sobre los libros de la Estación Cuarta y su Subestación del Capitolio -a quienes correspondía la cobertura policial del Palacio de Justicia-, los jueces instructores comprobaron con asombro que de tales Estaciones sólo esporádicamente se destinaba uno o dos agentes a la sede judicial, sin que los días 4, 5 y 6 de Noviembre se hubiere destacado vigilancia alguna para la edificación. No obstante, la más torpe manipulación del suceso quedó al descubierto cuando se constató que, en las fechas de reunión citadas por los militares, el doctor Reyes Echandía se encontraba en Bucaramanga invitado como expositor al XIV Congreso Nacional de Abogados, evento en el cual permaneció desde el 31 de Octubre hasta el 2 de Noviembre de 1.985. Por consiguiente, no pudo ser el presidente de la Corte quien solicitara la suspensión del servicio policial. Por tan absurda coartada, su propio hijo, Yesid Reyes Alvarado, instauró Denuncia Penal por «Falsedad Ideológica de Empleado Oficial en Documento Público»; en tanto que, el propio Tribunal Especial de Instrucción, rechazando por «injusto» el intento de atribuirle la responsabilidad de la orden al presidente de la Corte; ordenó compulsar las copias pertinentes para que por parte de los «jueces competentes», se adelantara la investigación conducente a «establecer si los informantes incurrieron o no en infracción penal».

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4. ¿Por qué el Palacio de Justicia y no el Capitolio o el Palacio de Nariño? A cien y doscientos metros respectivamente, en recintos poblados por habitantes con otras preocupaciones y con otras prisas, estaban las sedes de las dos restantes ramas del poder público: el Congreso Nacional y la Casa de Nariño. Álvaro Villegas, Presidente del Congreso, llegó al Capitolio más o menos a las diez de la mañana. Hora y media más tarde, mientras dialogaba con funcionarios del DANE sobre los servicios que «en materia de sistematización podría prestarle esta entidad al Senado de la República», llegó hasta sus oídos el estruendo de una formidable balacera. Este fenómeno de la audición es curiosamente analizable. En el interior del Palacio, por ejemplo, fue más perceptible una especie de ruido sordo y concreto. Sin duda, la conformación interna del edificio hizo más sonoro, hacia el interior, el complejo de ondas producido por la ruptura de la barrera en el parqueadero. Su mezcla con los disparos de fusil, sirvió sólo para hacer más densa y seca aquella primitiva manifestación audible de la toma. En el exterior en cambio, el aire transportó más ágilmente la tonalidad de los disparos. Realizados por los guerrilleros para cubrir su acceso y respondidos por los vigilantes para impedirlo, sus vibraciones fueron más fácilmente expandibles hacia afuera que hacia adentro. Ello jugó un papel importante en la reacción inmediata de las fuerzas del orden cercanas al Palacio de Justicia y en especial del Batallón Guardia Presidencial: de acuerdo con lo escuchado, supieron adivinar desde el primer instante que se trataba de un ataque armado. Sólo restaba precisar a ciencia cierta cual era su objetivo. Casi paralelamente también, las ventanas del capitolio en su costado norte se inundaron de personas movidas por una curiosidad que se transformó rápidamente en preocupación.

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En el costado occidental, muchas de ellas intentaban estirar el cuello para captar siquiera algún resquicio de lo que ocurría. En segundos, un fugaz presentimiento enturbió el ánimo de los Congresistas: el ataque podía extenderse hasta el Congreso. Pero, entre ellos, algunos periodistas captaron imaginativamente la situación. Julia Navarrete concluyó enseguida que se trataba de la «anunciada toma del M-19». Varios auxiliares corrieron a la Comisión Tercera del Senado para informar a sus superiores sobre la gravedad de la situación. En ese momento, dijo Luís Carlos Galán: Nadie imaginaba el origen ni se sabía en donde ni entre quienes se cumplía el enfrentamiento armado.

Rápidamente, a iniciativa de los cuerpos de seguridad, los congresistas fueron trasladados a la oficina de la presidencia con visibilidad hacia el Palacio de Nariño. Allí fueron testigos de la movilización precipitada de casi cien soldados del Guardia Presidencial quienes, luego de rendir honores a un embajador, «rompían filas y tomaban posiciones acostados a lo largo de los prados y las esquinas de los patios que separaban la casa presidencial del capitolio. Al final, a pesar de todos los temores, los guerrilleros del M19 no atacaron la Casa de Nariño ni cayeron sobre el Capitolio Nacional. Su objetivo fue tan sólo el Palacio de Justicia. ¿Por qué? Lo propaló, con reiteración, el propio M-19: Fuimos ante el Poder Judicial, única reserva democrática y moral del Estado Colombiano, a presentar una demanda nacional. Como dijera Rafael Uribe Uribe, cuando las reformas y las libertades no se conceden, el pueblo tiene que plantear su demanda armada.

Concedida el 8 de Diciembre, esta entrevista de Fayad amplió extensamente los términos con que la Dirección

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Nacional del M-19 explicó sus razones en una primera «Declaración Plenaria» del 11 de noviembre: Fue una demanda armada porque hoy los derechos del hombre y del ciudadano tienen que ser garantizados con la fuerza de las armas del pueblo.

En este sentido, la misma organización rindió sus argumentos ante las reclamaciones públicas de la Asociación de Empleados de la Rama Jurisdiccional: El propósito de la acción era entablar ante la Suprema Corte de Justicia y en nombre de la nación, una demanda contra este gobierno. De tal forma que las armas de nuestros hombres fueron empleadas para defender el ejercicio de esta demanda y sus propias vidas. Jamás apuntaron contra ningún magistrado.

Lastimosamente no hubo quien les preguntara, en el momento, ¿por qué entonces aparece la palabra «rehenes» en el plan operativo?

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CONCLUSIONES

1. El poder civil y el poder militar Aunque en un principio el Presidente Betancur colocó sobre sus hombros el pesado fardo de la responsabilidad total por las decisiones tomadas, pasados unos meses comenzó a trasladar hacia los uniformados la cuenta de cobro por las decisiones y acciones concretas. Los Mandos Militares, a su turno, proyectaron en sus declaraciones ante los jueces la imagen de una subordinación incondicional a la autoridad civil. De un solo acto, en el seno de los actores gubernamentales existían desde entonces dos versiones contradictorias. Hipotéticamente, podría recordarse que, a las doce del día, fueron los uniformados quienes decidieron una solución militar que dos horas más tarde sería definida también por el Presidente Betancur, ya porque tuviese razones propias para hacerlo o bien porque hubiese querido formalizar el operativo puesto en marcha por la fuerza pública. Subsidiariamente podría plantearse que el 6 de noviembre los mandos militares no se limitaron a las decisiones técnicas sino que, basados en la decisión presidencial de solución militar, hubo una decisión política consistente en la forma específica de conducción del operativo militar En este sentido, el relato descriptivo expuesto en la presente investigación se mueve a favor del siguiente cuerpo de hipótesis subsidiarias: Primera. El Presidente Betancur tomó la decisión de solución armada del conflicto alrededor de las dos de la tarde, una vez conocidas las exigencias básicas del M-19, sobre todo aquella relacionada con su presentación ante la Corte Suprema

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de Justicia para ser juzgado por su presunta traición a la causa de la paz. Segunda. Desde las doce meridiano, casi con el inicio de la toma, los mandos militares, movidos por automatismos inherentes a su configuración histórico-institucional y sin que le pidiesen autorización a poder civil alguno, decidieron y pusieron en marcha el operativo militar. Tercera. Aún bajo el supuesto de que el presidente Betancur hubiese definido autónomamente la solución militar, ésta fue una determinación a posteriori que, no obstante, resultó congruente con las decisiones concretas tomadas por los mandos militares. Cuarta. Tanto el Presidente Betancur como los Mandos Militares, en niveles distintos, tomaron decisiones políticas. Quinta. Aunque el presidente Betancur no haya sido informado sobre los distintos aspectos de la dinámica global del operativo ni sobre sus más importantes desarrollos concretos, todo indica que tampoco hizo exigencias específicas a ese respecto, convencido como se encontraba de tres importantes cuestiones: en primer lugar, que las Fuerzas Armadas, además de actores respetuosos de la autoridad civil, constituían un cuerpo estrictamente profesional. En segundo término, que los militares utilizarían los recursos y elementos normales que el Estado les había proporcionado para el cumplimiento de sus obligaciones. Y finalmente que, aunque las instrucciones impartidas a los militares eran inequívocas -mantener el orden y recuperar el Palacio de Justicia con la cautela necesaria para garantizar la liberación de los rehenes sanos y salvos-, sin embargo, había partido de la base de que los militares usarían las armas del Estado en forma prudente, gradual y oportuna.

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Los supuestos de Betancur fueron más ficción que realidad: aún aceptando a los militares como «cuerpo profesional», no deberían olvidarse como importante actor político en poder de elementos y recursos de guerra utilizados en forma como lo hicieron. Tal parece que las manifestaciones discursivas de los actores se quedaron muy a la zaga de sus conductas prácticas. A este respecto, la apelación a la Constitución fue el discurso justificatorio con el que se quiso velar y oscurecer, la superposición del poder militar sobre la dirección civil del Estado, o la forma como las armas estatales trascendieron el límite impuesto por la presencia en el Palacio de más de dos centenares de civiles inocentes. El proceso de toma de decisiones debe ser examinado, entonces, tanto desde la óptica del Presidente Betancur como desde la de los mandos militares. · El Presidente Betancur Producido el radical y violento desenlace de la confrontación armada y al enterarse por la radio de la muerte de tantos magistrados y de tantos civiles inocentes, el presidente Betancur dejó caer pesadamente sobre la mesa de reuniones, una cabeza con 28 largas horas de veloz encanecimiento. Tal cantidad de acontecimientos no podían caber en tan corto tiempo. Tal como se ha expuesto, esa misma noche del 7 de noviembre, Belisario le dijo al país que colocaba sobre sus hombros toda la responsabilidad por las decisiones tomadas, por las políticas y las técnicas, por las generales y las concretas, por las gruesas y las menudas. Con esa conducta buscó, sobre todo, producir un efecto de verdad al proyectar sobre la opinión pública una sólida imagen de solidaria cohesión en las relaciones entre la autoridad civil y los mandos militares. No obstante, en los meses subsiguientes Betancur empezó a distanciarse de sus declaraciones iniciales.

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En un principio lo hizo con pru-dencia. Dijo que él había cumplido a cabalidad sus deberes constitucionales como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, pero quedaban responsabilidades concretas ubicadas en los comandos operativos. En un segundo momento puntualizó que todas las decisiones concretas las habían tomado los militares. Aún más: aunque reconoció la oportunidad de los informes suministrados por el Ministro de Defensa, los calificó después como insuficientes, sobre todo cuando los había confrontado con la información obtenida posteriormente. La Constitución anterior a 1991, como ésta, incluso, asigna al presidente de la República el manejo del orden público y a la fuerza pública su aplicación. Pero es claro que los militares, en el nivel de ejecución de las políticas de orden público, deben tomar decisiones técnicas de táctica militar. Lo que no pueden hacer los militares es desajustar sus acciones de las directrices y parámetros definidos por el presidente de la República, porque en este caso resultan redefiniendo las determi-naciones gubernamentales mediante una nueva decisión política. Por lo tanto, según la lógica del texto constitucional, el Presidente debe tomar las decisiones políticas en los distintos niveles del orden público. En el caso del Palacio de Justicia, Betancur pudo haber tomado la decisión general de solución militar, pero se desprendió de la decisión política asociada a la forma militarista de conducción del operativo militar. Esta decisión, con claridad, fue tomada por los Mandos Militares. Así las cosas, lo que de nuevo reveló el Palacio de Justicia fue la condición de los militares en cuanto importante actor político con elevada capacidad para influir y hasta para definir, según las coyunturas de los distintos gobiernos, las políticas de orden público. No hubo «amenazas» ni «vacíos de poder», no hubo «golpes de estado de treinta y ocho horas»; simplemente, los militares recuperaron sus plenas condiciones de actor político.

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¿En dónde quedó, entonces, la autonomía del presidente para decidir y manejar las políticas de orden público? ¿Por qué no pudo Betancur ordenar la suspensión, por lo menos temporal, del operativo militar tal como, con insistencia, lo habían demandado el M-19, el Presidente de la Corte e incluso un grupo minoritario del gabinete ministerial? En parte se ha ofrecido la respuesta. Para no tomar decisión alguna en torno a esas demandas, Betancur se acogió exclusivamente a los análisis tácticos de los militares, según los cuales serían graves las consecuencias si se adoptaba esa medida permitiendo el respiro y fortalecimiento de los asaltantes en sus posiciones. Por eso el presidente decidió que sólo ordenaría la suspensión del operativo militar si los guerrilleros se rendían incondicionalmente. Con una subordinación tan estrecha al «criterio técnico» de los militares, poco o nada podía esperar el sector minoritario de ministros que demandaba cierto tipo de contactos con los guerrilleros. En realidad, lo único que lograron fue una pequeña apertura en la cerrada decisión del presidente de no dialogar, de no negociar: se enviarían, cuando menos, algunos mensajes solicitando a los guerrilleros su rendición incondicional. · Los militares En sus declaraciones ante los jueces, los militares proyectaron una imagen de elevada coherencia con las decisiones del presidente, y de decidida subordinación a la autoridad civil. Según manifestación expresa del General Rafael Samudio, el presidente Betancur no sólo aprobó la necesidad del operativo sino también sus formas particulares de conducción. Los militares enfatizaron además que, durante el desarrollo de las acciones, se ciñeron tan estrictamente a las instrucciones del Presidente que habían llegado a decidir pausas prolongadas, sin la presión de las tropas, con la esperanza de que los guerrilleros permitiesen la salida de los rehenes. Es más: que

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de no haber sido por su estricta sujeción al poder civil, técnicamente habrían podido recuperar el Palacio en cuestión de pocas horas. El General Arias Cabrales llegó a declarar, en contra de todas las evidencias empíricas, que había ordenado la suspensión temporal del fuego para facilitarle al delegado de la Cruz Roja el cumplimiento de la misión encomendada por el presidente y que, en varias oportunidades, había buscado el diálogo con los asaltantes a través de los llamados a viva voz, sin obtener respuesta positiva. El Ministro de Defensa señaló, a su vez, que personalmente le había manifestado al presidente Betancur que, aunque se tomasen todo tipo de precauciones, continuaban vigentes los riesgos inherentes a todo operativo militar, razón por la cual no podía asegurar que, en esa ocasión, no se registrasen muertos. Reiteró, además, que el país vivía obsesionado con el fantasma del golpe de estado cuando lo único que le interesaba a los militares era apoyar a los civiles para que pudiesen cumplir con la Constitución y las leyes. Finalmente, remató Vega Uribe, la Constitución no señalaba si, para proteger los derechos de los ciudadanos, se podía olvidar la protección del orden público, pues había que comprender que, sólo bajo el supuesto de la existencia del Estado, se podía demandar su protección. En concepto de los altos mandos, frente a la agresión de que fue objeto la rama jurisdiccional del poder público se hizo necesaria la intervención automática de las Fuerzas Armadas. Pero, aunque los altos Generales tomaron decisiones concretas de táctica militar, todo se hizo de acuerdo con las órdenes e instrucciones recibidas del señor presidente. Las acciones militares se desarrollaron, según los uniformados, en forma metódica y progresiva, consumiendo plazos muy superiores al tiempo técnicamente necesario para recuperar el edificio.

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Desafortunadamente, en el caso de los militares sus comportamientos discursivos se quedaron a la zaga de sus conductas efectivas. De nuevo se evidenció que los celos constitucionalistas de los Generales servían más para velar y justificar conductas efectivas que para hacer cumplir la Constitución. En primer lugar, se hizo un despliegue desproporcionado e inaudito de fuerza en una acción en la que se emplearon más de mil hombres para someter a tres decenas y media de guerrilleros. En segundo lugar, más se demoraron los Urutú en irrumpir a la Plaza de Bolívar que en ascender escaleras arriba para derribar con espectacularidad la puerta metálica de la entrada principal. Y, en tercer lugar, aspectos concretos de la operación militar, en sus inicios, se confiaron a un aparecido civil sin el nexo, la disciplina ni la rigurosa planificación castrense que han debido presumirse como indispensables. En resumen: cualquiera que haya sido el nivel de definición de la solución militar, ya sea que los militares la hubiesen definido a las doce del día y el presidente dos horas más tarde, algo queda claro: las decisiones concretas que tomaron los mandos militares no fueron meras definiciones técnicas, de táctica militar. Por el contrario, la forma particular de conducción brindada a la solución militar, tuvo en el fondo una manifiesta decisión política tomada por los altos mandos. 2. Los hechos del Palacio de Justicia como expresión de coyuntura En la dinámica política de las sociedades, de vez en cuando se producen fenómenos que funcionan como síntesis o condensación de las contradicciones, conflictos y tensiones de una de las fases de su historia. En el caso colombiano, el 9 de abril fue uno de esos fenómenos-síntesis. A finales de 1.985, el suceso del Palacio de Justicia funcionó como uno de esos

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eventos «privilegiados» en el que se condensan los conflictos sociopolíticos de una fase importante de la historia contemporánea de Colombia, particularmente en lo relacionado con el proceso de las guerrillas, con las relaciones de éstas con el Estado y con las Fuerzas Armadas, con las relaciones entre militares y autoridad civil y con la situación de la población civil atrapada en el fuego cruzado de las confrontaciones armadas. En el Palacio de Justicia estuvo el reclamo que, hacia el final del gobierno de López Michelsen, formularon los Generales con la exigencia de adoptar radicales medidas de excepción; hizo también presencia en el desenlace de la osada toma el Estatuto de Seguridad, en cuanto expresión institucional más orgánica de la militarización de las decisiones sobre orden público. Lógicamente, a la dramática cita no faltaron los «enemigos agazapados» de la paz, ni aquellos que la concibieron -con criterio parroquiano- como una simple cuestión de desarme de los guerrilleros. En el espectacular arrasamiento de la puerta metálica de entrada al Palacio se condensaron dos décadas de periódicas tensiones en las relaciones entre la dirección civil del Estado y los militares, llámense Ruiz Novoa, Pinzón Caicedo, Valencia Tovar, Joaquín Matallana o Fernando Landazábal. Allí estuvieron, además, las históricas apelaciones de la clase dirigente a los militares para que viniesen a resolverles sus conflictos inter e intrapartidistas. Por otra parte, sobre los calcinados cadáveres de decenas de civiles inmisericordemente asesinados, se escuchó el eco de miles y miles de colombianos, víctimas inocentes de una larga y estéril historia de confrontaciones armadas entre las guerrillas y el Ejército. La justicia se convirtió en ceniza sobre los cadáveres de sus magistrados superiores como funeraria expresión de un Estado impotente y en profunda crisis. Por los corredores del Palacio se paseó, enloquecido, un Estado esquizofrénico que históricamente

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hacía todo lo contrario de lo que constitucionalmente pregonaba ser. Estuvo presente en ese espacio de muerte la voz miliciana del General Landazábal desautorizando la política de paz del Presidente Betancur, pero también ocuparon lugar especial lugar las desviaciones guerrilleras hacia el militarismo, el terrorismo y el bandidaje, así como el paramilitarismo sin control de un «rambo criollo». Por las desventanadas paredes se coló, entonces, toda una historia de estrechamiento ideológico y político, de crisis estatales asociadas a la conformación de para-estados y de burda confusión conceptual y práctica entre conductas subversivas y legítimas protestas ciudadanas. Finalmente, al calor del Palacio en llamas ardieron las intenciones de Belisario por quebrar la militarización de las políticas de orden público y fundar su manejo sobre bases más consensuales que coercitivas. Fue por eso, y por muchas cosas más, por lo que el Palacio de Justicia funcionó como un «privilegiado» fenómeno de síntesis de las contradicciones de toda una fase histórica de la sociedad colombiana. 3. El Palacio de Justicia como confrontación entre militarismos Tal como se expuso, más radical que el asalto fue la respuesta del Estado. Es cierto que la «toma» tuvo una violenta inspiración e iniciación, montada sobre el análisis fantasioso de que en la política nacional se presentaba un cambio radical en las correlaciones de poder favorable al M-19. Pero la respuesta del Estado, liderada desde las doce del día del 6 de noviembre por los mandos militares, sin autorización expresa de las autoridades civiles, fue un operativo más orientado a aniquilar a los guerrilleros que a rescatar, sanos y salvos, a los civiles atrapados. No obstante, los militares se encontraron en el otro polo de la confrontación armada con un actor que, aunque no

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esperaba una reacción tan radical, tampoco estaba dispuesto a reformular los rumbos de su demanda, como le es propio a la obcecación y a la soberbia militaristas. En esas condiciones, los objetivos explícitamente buscados con el correspondiente operativo armado (enjuiciar al presidente Betancur en el caso del M-19 y liberar a los rehenes, en lo que a los militares se refería), ya no importaron. En coherencia con la lógica de la alienación de las armas, la confrontación armada en sí misma y por sí misma se transformó en el objetivo más importante de la respectiva acción militar. Fuerzas Armadas y M-19 se trenzaron, entonces, en infernal duelo. Uno de los dos tenía que desaparecer y el resto, es decir, la vida, los rehenes, los civiles atrapados y el cumplimiento de los objetivos confesados, pasó a ocupar un lugar secundario. Vale la pena subrayar la hipótesis: cuando actores políticos antagónicos, movidos por la alienación de las armas, se enfrentan militarmente para dirimir cuestiones asociadas al control del Estado, tienden a hacer caso omiso de las consecuencias de sus acciones, pues lo único que realmente les importa es la radical eliminación del contrario; pero, aún en el caso de que las logren prever, aquellas necesariamente pasan a ocupar un lugar marginal o secundario, pues la confrontación armada emerge como lo dominante. En estas condiciones, el uso de las armas dejó de ser instrumento o medio radical para alcanzar determinados fines y pasó a convertirse en un fin en sí mismo. El M-19 tuvo como objetivo explícitamente confesado el enjuiciamiento del presidente Betancur por su traición a la política de paz. Para las Fuerzas Armadas, por su parte, el objetivo confesado tenía que ver con la restauración del orden privilegiando la liberación de los rehenes. Esperaban, además, que del operativo militar se derivase el restablecimiento de su condición de actor político de primera magnitud. No obstante, iniciada la confrontación, los dos actores se fueron encerrando constric-

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tivamente en un espacio de muerte y, como resultado, cada uno de ellos terminó por observar al «otro» como rival irreconciliable a eliminar «por honor» el campo de batalla. En este sentido, los radicalismos militaristas pasaron necesariamente por la eliminación física y simbólica de uno de los rivales, sin que los efectos de la acción despertasen escrúpulos especiales. Por fuera del Palacio de Justicia se exacerbaron también los militarismos de la sociedad civil en ese día. No fueron pocos los ciudadanos, los dirigentes y las instituciones que públicamente le exigieron al gobierno la persistencia en el empleo de métodos y procedimientos militaristas contra los militaristas asaltantes. El 6 de noviembre, por ejemplo, un pequeño grupo de parlamentarios exigió al gobierno desalojar -a como diese lugar- al M-19 del Palacio de Justicia, pues, como afirmó un congresista, había llegado el momento en que «era preciso dar la vida por la patria». Fue éste el tercer asalto al Palacio de Justicia. Sólo que los civiles militaristas no creyeron necesario asumir las armas en forma directa. Para ello tenían en la fuerza pública a su «representante armado». No coincidencialmente fue éste el mismo grupo que, en 1.991, llamó al Ejército a desalojar la Asamblea Nacional Constituyente cuando ésta última decidió revocarles el mandato. Además del radical y violento enfrentamiento entre los militares y el M-19, las demandas del militarismo de los civiles se constituyeron en uno de los grandes dramas del evento del Palacio de Justicia. Si franjas de la sociedad civil, del Congreso y de los Partidos le exigen al gobierno emplear procedimientos militaristas contra el militarismo guerrillero, el Estado y la sociedad civil pueden dislocarse. Por esa razón, Colombia no fue la misma después de los hechos del Palacio de Justicia. El M-19, en primer lugar, dejó de ser lo que era. Sus posiciones posteriores y su final conciliación con la paz, no puede explicarse sin lo sucedido en el

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Palacio de Justicia. Los militares no fueron tampoco lo mismo, ni tampoco el país entero. En el Palacio de Justicia nació la masacre generalizada contra los dirigentes de la Unión Patriótica y tomaron fuerza los grupos paramilitares. Sólo nuevas coyunturas y nuevos sucesos favorecieron el cambio de conductas. La política tampoco fue la misma. Las decisiones posteriores del presidente Barco, pero más aún de Gaviria con respecto a las negociaciones adelantadas con el movimiento guerrillero, fueron diferentes. La Constitución del 91, quizá sea triste decirlo, tiene en lo profundo alguna deuda con los magistrados inmolados.

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