Practica Forense Familia

PRACTICA FORENSE TRIBUNALES DE FAMILIA

REGLAS DE DERECHO PROCESAL ORGÁNICO DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

- PRIMERA PARTE & REGLAS DE DERECHO PROCESAL ORGÁNICO DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA CONCEPTO. Son tribunales colegiados que ejercen en forma unipersonal la jurisdicción, permanentes, letrados, de derecho, que integran el Poder Judicial conociendo en primera instancia de todos aquellos asuntos que en forma especial les señala la ley, correspondiendo su territorio jurisdiccional al de una comuna o agrupación de comunas, teniendo como superior jerárquico directo a la Corte de Apelaciones respectiva. De acuerdo, con el art.1 inciso 3 de la Ley 19.968, en lo no previsto se rigen por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y las leyes que lo complementan.1 CARACTERÍSTICAS. 1] Son colegiados. Pero la jurisdicción la ejercerá cada juez unipersonalmente respecto de los asuntos que las leyes encomiendan. (Art.3 Ley 19.968). 2] Son tribunales especiales en atención a que ellos tienen la competencia en las materias que indica el art.8 de la Ley 19.968. 3] Son permanentes, ya que siempre, se encuentran en funciones. 1.- Véase Derecho Procesal Orgánico y Funcional. Eric Andrés Chávez Chávez, 2ª Edición, año 2009, Editorial Jurídica Aremi y Procedimiento Ordinario. Año 2010, Editorial Jurí­­dica Aremi. 11

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4] De derecho. Deben resolver conforme a derecho. (Art.65 y 66 de la Ley 19.968). 5] Letrados. Los jueces que componen son abogados. 6] Integran el poder judicial. (Art.1 inciso 2 de la Ley 19.968 y art.5 del Código Orgánico de Tribunales). 7] Su territorio jurisdiccional es el de una comuna o agrupación de comunas. (Art.9 de la Ley 19.968). 8] Su superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva de la comuna o agrupación de comunas o de la región. TRIBUNALES DE FAMILIA. El art.4 de la Ley 19.968 creó los Tribunales y señalo las comunas donde ejercen su competencia. FUNCIONARIOS DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. Esta se ha visto modificada y son los siguientes: 1] Los jueces. Que resolverán unipersonalmente las materias que conocen. (Art.2 y 115 de la Ley 19.968). 2] Un administrador. Que se encargará de la distribución y funciones de orden administrativo en el tribunal. (Art. 2 de la Ley 19.968). 3] Miembros del consejo técnico. Que son profesionales que asesoran al juez en el ejercicio de sus atribuciones, que se abre a psicólogos, asistentes sociales, abogados especializados, médicos, etc. 4] Los empleados de secretaría. Debemos mencionar que con los tribunales de familia desaparecen los secretarios y algunas de sus funciones la realizaran los administradores.

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ORGANIZACIÓN. Se organizan en unidad administrativa, cumplimiento, eficaz de las siguientes funciones:

para

el

1º. Sala, que consistirá en la organización y asistencia a la realización de las audiencias. 2º. Atención de público y mediación, destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al juzgado, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, a manejar la correspondencia del tribunal y a desarrollar las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las acciones de información y derivación a mediación. 3º. Servicios, que reunirá las labores de soporte técnico de la red computacional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias. 4º. Administración de causas, que consistirá en desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros de los procesos en el juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones; al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de las causas nuevas; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del juzgado, y a las estadísticas básicas del mismo. 5°. Cumplimiento, que, dada la particular naturaleza de los procedimientos establecidos en esta ley, desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente de aquellas que requieren de cumplimiento sostenido en el tiempo. La Corte Suprema, por intermedio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, velará por el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones a que se refiere este artículo en los tribunales de letras con competencia en familia. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 26 del Código Orgánico de Tribunales. 13

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COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. Están en el art.8 de la Ley 19.968, tales son: 1) Las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes; 2) Las causas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular; 3) Las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; a la emancipación y a las autorizaciones a que se refieren los Párrafos 2º y 3º del Título X del Libro I del Código Civil; 4) Las causas relativas al derecho de alimentos; 5) Los disensos para contraer matrimonio; 6) Las guardas, con excepción de aquellas relativas a pupilos mayores de edad, y aquellas que digan relación con la curaduría de la herencia yacente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 494 del Código Civil; 7) Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores; 8) Las acciones de filiación y todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas; 9) Todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de catorce y menores de dieciséis años de edad, y las que se imputen a adolescentes mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, que no se encuentren contempladas en el inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 20.084. 14

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Tratándose de hechos punibles cometidos por un niño o niña, el juez de familia procederá de acuerdo a lo prescrito en el art 102 N; 10) La autorización para la salida de niños, niñas o adolescentes del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley; 11) Las causas relativas al maltrato de niños, niñas o adolescentes de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la ley Nº 16.618; 12) Los procedimientos previos a la adopción, de que trata el Título II de la ley Nº 19.620; 13) El procedimiento de adopción a que se refiere el Título III de la ley Nº 19.620; 14) Los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges, relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares: a) Separación judicial de bienes; b) Las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación sobre los mismos; 15) Las acciones de separación, nulidad y divorcio reguladas en la Ley de Matrimonio Civil; 16) Los actos de violencia intrafamiliar; 17) Toda otra materia que la ley les encomiende. CONSEJO TÉCNICO Creado por la Ley 19.968 que reemplaza a los asistentes sociales, para dar una visión más amplia al juez, no restringiéndola a estos profesionales: 15

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I.- Funciones. Las funciones del consejo son principalmente: 1) Asistir a las audiencias de juicio a que sean citados con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas; 2) Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración del niño, niña o adolescente; 3) Evaluar a requerimiento del juez, la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las partes, y sugerir los términos en que esta última pudiere llevarse a cabo; 4) Asesorar al juez, a requerimiento de éste, en la evaluación del riesgo a que se refiere el artículo 7º de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar; y 5) Asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad. (Art.5 de la Ley 19.968). II.-Integración. En cada juzgado de familia habrá un consejo técnico interdisciplinario integrado por profesionales especializados en asuntos de familia e infancia. Los miembros del consejo técnico son auxiliares de la administración de justicia. (Art. 6 de la Ley 19.968). III.- Requisitos para integrar el consejo técnico. Para ser miembro del consejo técnico, se requerirá poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por alguna universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste. Además, se deberá acreditar experiencia profesional y formación especializada en materia de familia e infancia de, al menos, dos semestres de duración, impartida por alguna de las instituciones señaladas en el inciso primero. (Art. 7 de la Ley 19.968). 16

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- SEGUNDA PARTE.& LOS JUICIOS ANTE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. (REGLAS GENERALES) GENERALIDADES. La ley de Tribunales de Familia, estableció un procedimiento en base a audiencias orales, para conocer las materias, donde la inmediación y activa participación de las partes y sus abogados tiene gran importancia para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. PRINCIPIOS QUE RIGEN. La regla general, esta dada en el art.9 de la Ley 19.968, el procedimiento será oral, concentrado y desformalizado. Lo que se traduce en los siguientes principios: 1] Oralidad. Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el juzgado deberá llevar un sistema de registro de las actuaciones orales. Dicho registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe, que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Asimismo, la conciliación que pudiere producirse en las audiencias orales deberá consignarse en extracto, manteniendo fielmente los términos del acuerdo que contengan. (Art. 10 de la Ley 19.968).2 2.- No se fija audiencia en materia de Cumplimiento, (Z) según lo prescribe el art. 14 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y en las materias que son manifiestamente inconexas con las debatidas cuando se solicita audiencia especial en virtud del art.26 de la Ley 19.968 17

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2] Concentración. El procedimiento se desarrollará en audiencias continuas y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión. El tribunal sólo podrá reprogramar una audiencia, en casos excepcionales y hasta por dos veces durante todo el juicio, si no está disponible prueba relevante decretada por el juez. La nueva audiencia deberá celebrarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la anterior. Asimismo, el tribunal podrá suspender una audiencia durante su desarrollo, hasta por dos veces solamente y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con la causa invocada, por motivos fundados diversos del señalado en el inciso precedente, lo que se hará constar en la resolución respectiva. La reprogramación se notificará conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 23, cuando corresponda, con a lo menos tres días hábiles de anticipación. La resolución que suspenda una audiencia fijará la fecha y hora de su continuación, la que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes, y su comunicación por el juez en la audiencia que se suspende se tendrá como citación y notificación suficientes. (Art.11 de la Ley 19.968). 3] Inmediación. Las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones. El juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido y con las que se reciban conforme a lo dispuesto en el Nº9 del art.61. (Art.12 de la Ley 19.968). 4] Actuación de oficio. Promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad. Este principio deberá observarse especialmente respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo, el juez deberá dar curso progresivo al procedimiento, salvando los errores formales y omisiones susceptibles de ser subsanados, pudiendo también solicitar a las partes los antecedentes necesarios para la debida tramitación y fallo de la causa. (Art. 13 de la Ley 19.968). 5] Colaboración. Durante el procedimiento y en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ellas. (Art.14 de la Ley 19.968). 18

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6] Publicidad. Todas las actuaciones jurisdiccionales y procedimientos administrativos del tribunal son públicos. Excepcionalmente y a petición de parte, cuando exista un peligro grave de afectación del derecho a la privacidad de las partes, especialmente niños, niñas y adolescentes, el juez podrá disponer una o más de las siguientes medidas: a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúa la audiencia. b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de diligencias específicas. (Art.15 de la Ley 19.968).3 3 Se transcribe del texto Derecho Procesal Orgánico, Obra Citada, Páginas 75 y 76. PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS. “Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley”. (Art.9 del C.O.T.). Nuestra legislación ha sentado el principio de que la comunidad tiene el derecho de saber como se desarrolla un proceso. El conocimiento público de las actuaciones realizadas en un proceso es una garantía de la independencia y honradez de los jueces en el ejercicio de su ministerio, por la fiscalización que se hace posible en un sistema de esta índole. Excepciones. Frente a la regla general de la publicidad se levantan ciertas excepciones que consagran el principio inverso: el SECRETO. El principio del secreto se manifiesta en el hecho de mantener reservadas las actuaciones y el expediente, en algunos casos frente a las partes como a terceros, y en otros sólo respecto de terceros. Se distingue entre secreto absoluto y relativo: 1.- Casos de secreto ABSOLUTO. En estos casos ni siquiera las partes del proceso pueden tomar conocimiento de las diligencias que se llevan a cabo en ellos: a) El principio de publicidad aplicable a los intervinientes en el Código Procesal Penal, constituye la regla general, tiene su excepción en el éxito de la investigación, autorizándose el secreto de la misma respecto del imputado o demás intervinientes. [Art.182 del Código Procesal Penal] b) Los acuerdos de los tribunales colegiados: una vez que se ha redactado el fallo correspondiente desaparece el secreto. (Art. 81 del C.O.T.) c) Los libros de los tribunales en los cuales se transcriben los pasajes que se ha ordenado copiar por haber sido estimados injuriosos. [Art.531 N°2 del C.O.T.] d) Se prohíbe a los relatores revelar sentencias y acuerdos antes de estar firmadas y publicadas. [Art.375 del C.O.T.]. 2.- Casos de secreto RELATIVO. Es decir, casos en los cuales sólo las partes pueden tomar conocimiento del asunto: a) Juicios de separación, nulidad de matrimonio y divorcio; el proceso será reservado, a menos que el juez, fundadamente y a petición expresa de los cónyuges, resuelva lo contrario. (Art.86 de la Ley 19.947 L.M.C.). b) El libro de distribución de causas. El libro en que deben anotarse los juzgados a los cuales se distribuyen por el Presidente de la Corte de Apelaciones las demandas a los diferentes juzgados requiere de autorización del tribunal para ser examinado; en la práctica es público (Art.176 inciso 2 del C.O.T.). c) La tramitación de la adopción. (Art.28 inciso 1 de la Ley 19.620 sobre Adopción). d) Juicios sobre determinación de filiación. (Art.197 inciso 1 del Código Civil). Además, tenemos que tener presente que donde existe la tramitación “virtual”, sólo se puede ingresar al sistema SIFTA, a través de la respectiva clave del abogado. 19

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7] Interés superior del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido los catorce años y, adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de edad. (Art.16 de la Ley 19.968).4 ACUMULACIÓN NECESARIA. Los jueces de familia conocerán conjuntamente, en un solo proceso, los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración, siempre que se sustancien conforme al mismo procedimiento. La acumulación y desacumulación procederán sólo hasta el inicio de la audiencia preparatoria y serán resueltas por el juez que corresponda, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente. La acumulación procederá incluso entre asuntos no sometidos al mismo procedimiento, si se trata de la situación regulada por el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, y de las materias previstas en los números 1), 2) y 7) del artículo 8º. (Art.17 de la Ley 19.968). COMPARECENCIA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO. En los procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, las partes deberán comparecer patrocinadas 4 Se debe considerar las Convenciones y Tratados Internacionales ratificados y vigentes por Chile al tenor del art.5 inciso 2 de la Constitución Política de la República, dentro de los cuales mencionaremos: - Declaración de Ginebra de 1924 sobre Derechos del Niño. - Declaración sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20.11.10. - Declaración Universal de Derechos Humanos. - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 20

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por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez en caso necesario las exceptúe expresamente, por motivos fundados en resolución que deberá dictar de inmediato.5 Ambas partes podrán ser patrocinadas y representadas en juicio por las Corporaciones de Asistencia Judicial. La modalidad con que los abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial asuman la representación en dichas causas será regulada por el reglamento que dictará para estos efectos el Ministerio de Justicia. La renuncia formal del abogado patrocinante o del apoderado no los liberará de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que sean necesarios para impedir la indefensión de su representado. En caso de renuncia del abogado patrocinante o de abandono de hecho de la defensa, el tribunal deberá designar de oficio a otro que la asuma, a menos que el representado se procure antes un abogado de su confianza. Tan pronto éste acepte el cargo, cesará en sus funciones el designado por el tribunal. La obligación señalada en el inciso primero no regirá tratándose de los procedimientos establecidos en el Título IV. En estos casos, las partes podrán comparecer y actuar sin necesidad de mandatario judicial ni de abogado patrocinante, salvo que el juez lo estime necesario. (Art.18 Ley 19.968) En todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes, o incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados. El juez designará a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos en que carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquél a quien corresponda legalmente su representación. 5.- Véase el art. 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio.-

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La persona así designada será el curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima en el artículo 109 letra b) del Código Procesal Penal. De la falta de designación del representante de que trata este artículo, podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello. (Art.19 Ley 19.968) SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA. Las partes, de común acuerdo y previa autorización del juez, podrán suspender hasta por dos veces la audiencia que haya sido citada. (Art.20 de la Ley 19.968). ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO. Si llegado el día de la celebración de las audiencias fijadas, no concurriere ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o solicitante no pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia procederá a declarar el abandono del procedimiento y ordenará el archivo de los antecedentes. No obstante, en los asuntos a que se refieren los números 7), 8), 9), 11) y 12) del artículo 8º, el juez citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia bajo apercibimiento de continuar el procedimiento y resolver de oficio. En las causas sobre violencia intrafamiliar, de verificarse las circunstancias previstas en el inciso primero, el juez ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento. Transcurridos un año desde que se decrete el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado. (Art.21 de la Ley 19.968).-

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MEDIDAS CAUTELARES. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, en cualquier etapa del procedimiento, o antes de su inicio, el juez, de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes. Estas últimas sólo podrán disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar. Las medidas cautelares podrán llevarse a efecto aun antes de notificarse a la persona contra quien se dicten, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene expresamente. Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El juez de familia podrá ampliar este plazo por motivos fundados. En todo lo demás, resultarán aplicables las normas contenidas en los Títulos IV y V del Libro II del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del procedimiento previsto en el Párrafo primero del Título IV de esta ley, sólo podrán adoptarse las medidas señaladas en el artículo 71. (Art.22 de la Ley 19.968). NOTIFICACIONES. La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por un funcionario que haya sido designado para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. Dicho funcionario tendrá el carácter de ministro de fe para estos efectos. La parte interesada podrá siempre encargar, a su costa, la práctica de la notificación a un receptor judicial. En los casos en que no resulte posible practicar la primera notificación personalmente, por no ser habida la persona a quien se debe notificar, y siempre que el ministro de fe encargado de 23

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la diligencia establezca cual es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentra en el lugar del juicio, de lo que dejará constancia, se procederá a su notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden del tribunal, en la forma señalada en los incisos segundo y tercero del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. El ministro de fe dará aviso de esta notificación a ambas partes el mismo día en que se efectúe o a más tardar el día hábil siguiente, dirigiéndoles carta certificada. La omisión en el envío de la carta no invalidará la notificación, pero hará responsable al infractor de los daños y perjuicios que se originen y el tribunal, previa audiencia del afectado, deberá imponerle alguna de las medidas que se señalan en los números 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales. Cuando la demanda deba notificarse a persona cuya individualización o domicilio sean difíciles de determinar, el juez dispondrá que se practique por cualquier medio idóneo que garantice la debida información del notificado, para el adecuado ejercicio de sus derechos. Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario, salvo que se trate de las sentencias definitivas y de las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso de alguna de las audiencias, las que serán notificadas por carta certificada. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el tercer día siguiente a aquél en que fueron expedidas. Excepcionalmente, y por resolución fundada, el juez podrá ordenar que la notificación se practique por personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones. Los patrocinantes de las partes, en la primera actuación que realicen en el proceso, deberán indicar otra forma de notificación que elijan para sí, que el juez califique como expedita y eficaz, bajo apercibimiento de serles notificadas por el Estado diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso. (Art.23 de la Ley 19.968).

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EXTENSIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL. Los juzgados de familia que dependan de una misma Corte de Apelaciones podrán decretar diligencias para cumplirse directamente en cualquier comuna ubicada dentro del territorio jurisdiccional de dicha Corte. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará a los juzgados dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago, respecto de las actuaciones que deban practicarse en el territorio de la Corte de Apelaciones de San Miguel y a los dependientes de esta última, respecto de las actuaciones que deban practicarse en el territorio jurisdiccional de la primera. (Art.24 de la Ley 19.968). NULIDAD PROCESAL. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, sólo podrá declararse la nulidad procesal cuando se invocare un vicio que hubiere ocasionado efectivo perjuicio a quien solicitare la declaración. En la solicitud correspondiente el interesado deberá señalar con precisión los derechos que no pudo ejercer como consecuencia de la infracción que denuncia. La parte que ha originado el vicio o concurrido a su materialización no podrá solicitar la declaración de nulidad. Se entenderá que existe perjuicio cuando el vicio hubiere impedido el ejercicio de derechos por el litigante que reclama. Toda nulidad queda subsanada si la parte perjudicada no reclama del vicio oportunamente; si ella ha aceptado tácitamente los efectos del acto y si, no obstante el vicio de que adolezca, el acto ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. Los tribunales no podrán declarar de oficio las nulidades convalidadas. (Art.25 de la Ley 19.968).LOS INCIDENTES. Los incidentes serán promovidos durante el transcurso de las audiencias en que se originen y se resolverán inmediatamente por el tribunal, previo debate. Con todo, cuando para la 25

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resolución del incidente resulte indispensable producir prueba que no hubiere sido posible prever con anterioridad, el juez determinará la forma y oportunidad de su rendición, antes de resolver. Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno. Excepcionalmente, y por motivos fundados, se podrán interponer incidentes fuera de audiencia, los que deberán ser presentados por escrito y resueltos por el juez de plano, a menos que considere necesario oír a los demás interesados. En este último caso, citará, a más tardar dentro de tercero día, a una audiencia especial, a la que concurrirán los interesados con todos sus medios de prueba, a fin de resolver en ella la incidencia planteada. Con todo, si se hubiere fijado la audiencia preparatoria o de juicio para una fecha no posterior al quinto día de interpuesto el incidente, se resolverá en ésta. Si el incidente se origina en un hecho anterior a una audiencia sólo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma. (Art.26 de la Ley 19.968). 6 FACULTADES DEL JUEZ EN AUDIENCIA Y SANCIONES. El juez que preside la audiencia dirigirá el debate, ordenará la rendición de las pruebas y moderará la discusión. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio de los litigantes para defender sus respectivas posiciones. También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes que deban intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para todas ellas o interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo de su facultad. Además, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate y, en general, a garantizar la eficaz realización del mismo. 6 Véase Práctica Forense y Jurisprudencia Temática. Eric Andrés Chávez Chávez, 1ª Edición, año 2010, 4 Tomos, Editorial Jurídica Aremi.

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Quienes asistan a la audiencia deberán guardar respeto y silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar armas ni ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia. No podrán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro. (Art.26 bis Ley 19.968)7 7 Art.530 Código Orgánico de Tribunales.- Los jueces de letras están autorizados para reprimir o castigar los abusos que se cometieren dentro de la sala de su despacho y mientras ejercen sus funciones de tales, con alguno de los medios siguientes: 1° Amonestación verbal e inmediata; 2° Multa que no exceda de cuatro unidades tributarias mensuales, y 3° Arresto que no exceda de cuatro días. Deberán emplear estos medios en el orden expresado y sólo podrán hacer uso del último en caso de ineficacia. Art. 532 Código Orgánico de Tribunales. A los jueces de letras corresponde inmediatamente mantener la disciplina judicial en toda la extensión del territorio sujeto a su autoridad, haciendo observar las leyes relativas a la administración de justicia, y los deberes de los empleados de secretaría y demás personas que ejercen funciones concernientes a ella. En consecuencia, deberán vigilar la conducta ministerial de todas las personas que ejercen funciones concernientes a la administración de justicia y que se hallan sujetas a su autoridad. Las faltas o abusos en la conducta ministerial de las personas expresadas en el inciso anterior, así como las infracciones u omisiones en que éstas y los empleados de la secretaría incurrieren en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, podrán ser corregidas por los jueces de letras con algunas de las siguientes medidas: 1) Amonestación privada; 2) Censura por escrito; 3) Multa de uno a quince días de sueldo o de una cantidad que no exceda de ocho y media Unidades Tributarias Mensuales, y 4) Suspensión de sus funciones hasta por un mes, gozando del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, cuando procediere. Las faltas o abusos de los notarios se castigarán disciplinariamente por las Cortes de Apelaciones, las cuales podrán delegar estas atribuciones en los jueces de letras correspondientes cuando la notaría no se halle en el mismo lugar del asiento de la Corte. Las providencias que tomaren los jueces en el ejercicio de sus facultades disciplinarias se entenderán sin perjuicio de formarse el proceso correspondiente al empleado que hubiere faltado gravemente a sus deberes o cuya conducta diere lugar a presumir que ha habido en ella dolo o malicia. En el caso de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal, las facultades disciplinarias sobre los subadministradores, jefes de unidades y personal serán ejercidas por el administrador del tribunal, de conformidad a lo previsto en el artículo 389 F. Si el administrador del tribunal cometiere faltas o abusos, o incurriere en infracciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, podrá ser removido de acuerdo al inciso final del mismo artículo. 27

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Sanciones. Quienes infrinjan las medidas sobre publicidad previstas en el artículo 15 o lo dispuesto en el artículo 26 bis, podrán ser sancionados de conformidad con los artículos 530 ó 532 del Código Orgánico de Tribunales, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal podrá expulsar a los infractores de la sala. (Art.26 ter Ley 19.968) NORMAS SUPLETORIAS. En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación. (Art.27 de la Ley 19.968).

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- TERCERA PARTE. PROCEDIMIENTO ORDINARIO ANTE LOS JUZGADOS DE FAMILIA. TÍTULO I 8 LA DEMANDA CONCEPTO Es el acto inicial del proceso, a través del cual una o más personas solicitan la determinación de su derecho respecto a un conflicto o cuestión de relevancia jurídica, suscitada frente a otras personas. Por no estar definida por el legislador se da este concepto. (Alex Carocca Pérez).9 APLICACIÓN El Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, tratado en el art.55 y Ss., Párrafo IV del Título III, será aplicable: 1] A todos los asuntos contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los juzgados de familia. 2] Y cuando no tengan señalado otro distinto en ésta u otras leyes. Respecto de estos últimos, las reglas del presente Párrafo tendrán carácter supletorio. (Art.55 de la Ley 19.968).10 8 Los Títulos que se señalan sólo se indican con un fin académico y propedéutico. 9 Véase Diccionario de Derecho Procesal Civil, Juan Agustín Castellón Munita. Editorial Jurídica La Ley, 1ª Edición, año 2004, pág. 62. 10 Véase el Procedimiento Ordinario de Mayor Cuantía, Eric Andrés Chávez Chávez, 1ª Edición, año 2006 Editorial Jurídica Congreso. 29

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INICIO DEL PROCESO. El proceso comenzará por demanda escrita. (En casos excepcionales mediante petición directamente en el tribunal)11 En casos calificados, el juez, por resolución fundada, podrá autorizar al demandante a interponer su demanda oralmente, de todo lo cual se levantará acta de inmediato. (Art.56 Ley 19.968) REQUISITOS DE LA DEMANDA. Los requisitos que deberán cumplirse al momento de la interposición, en caso contrario será rechazada en el examen de admisibilidad. Estos son: 1.- La demanda deberá cumplir los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. 12 2.- Asimismo, podrán acompañarse los documentos que digan relación con la causa, cuando la naturaleza y oportunidad de las peticiones así lo requiera.13 3.- En las causas de mediación previa se deberá acompañar un certificado que acrediteque se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106. (Art. 57 Ley 19.968).14 11 Estos casos excepcionales son Violencia Intrafamiliar. Medidas de Protección y en los Actos Judiciales no Contenciosos, además, podríamos mencionar cuando se solicita la orden de arresto en Cuaderno de Cumplimiento, directamente al tribunal por parte de la alimentaria. 12 Art. 254 C.P.C.: “La demanda debe contener: 1.- La designación del tribunal ante quien se entabla. 2.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo presenten y la naturaleza de la representación. 3.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. 4.- La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. 5.- La enunciacion precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal”. 13 Son los llamados documentos fundantes principalmente certificados de nacimiento, matrimonio, certificados médicos, etc. 14 Artículo 106.- Mediación previa, voluntaria y prohibida. Las causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y al derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, deberán someterse a un procedimiento previo a la interposición de la demanda, el que se regirá por las normas de esta ley y su reglamento. 30

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ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA Y RECEPCIÓN. Admisibilidad. Uno o más jueces de los que componen el juzgado, realizarán un control de admisibilidad de las demandas, denuncias y requerimientos que se presenten al tribunal. Si en dicho control se advirtiese que la demanda presentada no cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 57, el tribunal ordenará se subsanen sus defectos en el plazo que el mismo fije, bajo sanción de tenerla por no presentada. Con excepción de los numerales 8) y 16) del artículo 8°, si se estimare que la presentación es manifiestamente improcedente, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión. La resolución que la rechace será apelable en conformidad a las reglas generales. El juez deberá declarar de oficio su incompetencia. (Art.541 Ley 19.968) El juez en la etapa de recepción. Una vez admitida la demanda, denuncia o requerimiento a tramitación, el juez procederá de oficio o a petición de parte, a decretar las medidas cautelares que procedan, incluyendo la fijación de alimentos provisorios cuando corresponda. Luego de ello, citará a las partes a la audiencia correspondiente. El tribunal conocerá también en esta etapa de los avenimientos y transacciones celebrados directamente por las partes y los aprobará en cuanto no sean contrarios a derecho. Si en el acta de mediación consta que el proceso de mediación resultó frustrado, dispondrá la continuación del procedimiento judicial, cuando corresponda. (Art.54 – 2 Ley 19.968)

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TÍTULO II LA CONTESTACIÓN Y DEMANDA RECONVENCIONAL. + CONTESTACIÓN. CONCEPTO. Es el trámite, gestión, diligencia que corresponde cumplir al demandado y que se realiza expresa o tácitamente para enfrentarse a la demanda deducida en su contra por el actor a fin de que el juicio prosiga su curso normal. REQUISITOS. Como nuestro legislador no señalo nada al respecto debemos aplicar por analogía el art.309 del Código de Procedimiento Civil, así estos serán: 1.- La designación del tribunal ante quien se entabla. 2.- El nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado. 3.- Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan. 4.- La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. 5.- La reconvención en su caso. 6.- Patrocinio y poder si es la primera presentación que se realiza. Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. 7.- La firma. CLASES DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Esta podrá ser: 1.- EXPRESA. Se llama contestación de demanda expresa a aquéllas que el demandado realiza presentando el escrito respectivo. 33

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2.- SIMBÓLICA o TÁCITA. Se llama contestación de la demanda tácita a aquéllas en que la contestación a la demanda se da por cumplida en rebeldía del demandado al no contestar dentro del plazo legal. CON LO CUAL PRECLUYE EL PLAZO Y SE ENTIENDE QUE NIEGA TODO LO DICHO. PLAZO. El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con al menos CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA. + RECONVENCIÓN. CONCEPTO. La reconvención es la demanda que el demandado deduce contra el actor en el escrito de contestación de la demanda ejercitando cualquier acción que tenga en su contra, en su poder. FORMA. 1.- Si desea RECONVENIR, deberá hacerlo de la misma forma, conjuntamente con la contestación de la demanda y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo anterior. 2.- Deducida la reconvención, el tribunal conferirá traslado al actor, quien podrá CONTESTARLA POR ESCRITO, u ORALMENTE, EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA. En casos calificados, el juez, por resolución fundada, podrá autorizar al demandado a contestar y reconvenir oralmente, de todo lo cual se levantará acta de inmediato, asegurando que la actuación se cumpla dentro del plazo legal y llegue oportunamente a conocimiento de la otra parte. La reconvención continuará su tramitación conjuntamente con la cuestión principal. (Art.58 Ley 19.968)

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TÍTULO III AUDIENCIA PREPARATORIA CITACIÓN A AUDIENCIA PREPARATORIA. Admitida la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia preparatoria, la que deberá realizarse en el más breve plazo posible, con las siguientes particularidades: 1] La notificación de la resolución que cita a la audiencia preparatoria deberá practicarse siempre con una antelación mínima de 15 días. (1ª Notificación personalmente) 2] En la resolución se hará constar que la audiencia se celebrará con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación. Produciéndose los efectos propios de la rebeldía del art.78 y Ss., del C.P.C. (Art.59 Ley 19.968). COMPARECENCIA A AUDIENCIA PREPARATORIA. Las partes deberán concurrir personalmente a la audiencia preparatoria y a la audiencia de juicio, patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez en caso necesario las exceptúe

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expresamente, por motivos fundados, en resolución que deberá dictar de inmediato. 15 El juez podrá eximir a la parte de comparecer personalmente, lo que deberá hacer por resolución fundada. Del mismo modo, el demandado que tuviere su domicilio en un territorio jurisdiccional distinto de aquél en que se presentó la demanda, podrá contestarla y demandar reconvencionalmente por escrito ante el juez con competencia en materias de familia de su domicilio, sin perjuicio de la designación de un representante para que comparezca en su nombre en las audiencias respectivas. Relacionado con el art.18 y 19 de la Ley 19.968. (Art.60 de la Ley 19.968). 16 AUDIENCIA PREPARATORIA. (Materias que se conocen en ella) La fase más importante, en ella se procederá: 1) Oír la relación breve y sintética, que harán las partes ante el juez, del contenido de la demanda, de la contestación y 15 PERSONAS QUE PUEDEN SER MANDATARIOS O PROCURADORES JUDICIALES. Pueden ser mandatarios o procurador judicial aquellas personas que según la Ley 18.120 tienen ius postulandi. Es el art.2 de la Ley 18.120 el que sé encarga de indicarlos, así tenemos: 1.- ABOGADO HABILITADO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. Se entiende por tal, aquel que no está suspendido del ejercicio profesional, que no ha sido objeto de esta medida disciplinaria. “Ningún secretario, o jefe de la unidad administrativa a cargo de la administración de causas de un juzgado de garantía o tribunal de juicio oral en lo penal, autorizará un mandato para comparecer ante el respectivo tribunal sin cerciorarse previamente de que el mandatario tiene alguna de las calidades indicadas en el inciso primero del artículo 2° de la presente ley”. (Art.4 de la Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio). 2.- PROCURADOR DEL NÚMERO. El procurador del número se consagra en el art.394 del Código Orgánico de Tribunales. Son auxiliares de la administración de justicia encargados de representar a las partes. 3.- AQUEL QUE DESIGNE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL. Esta es una corporación de derecho público encargada de velar para que puedan tener representación ante los tribunales de justicia y defensa jurídica, las personas que carecen de los medios necesarios para contratar abogado. 4.- ESTUDIANTES DE DERECHO DE TERCER A QUINTO AÑO. También tienen ius postulandi los estudiantes actualmente inscritos en tercer, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades autorizadas y reconocidas por el Estado. 5.- EGRESADOS DE DERECHO. Los egresados de estas mismas facultades hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes, gozan igualmente del ius postulandi. 16 Véase, además, los exhortos art.71 a 77 del Código de Procedimiento Civil. De esta forma al notificarse la Liquidación de una deuda por alimentos, se podrá objetar presentando el correspondiente escrito de Objeción a la liquidación. 36

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de la reconvención que se haya deducido, y de la contestación a la reconvención, si ha sido hecha por escrito. 2) Contestar la demanda reconvencional, en su caso. Las excepciones que se hayan opuesto se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva. No obstante, el juez se pronunciará inmediatamente de evacuado el traslado respecto de las de incompetencia, falta de capacidad o de personería, de las que se refieran a la corrección del procedimiento y de prescripción, siempre que su fallo pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. 3) Decretar las medidas cautelares que procedan, de oficio o a petición de parte, a menos que se hubieren decretado con anterioridad, evento en el cual el tribunal resolverá si las mantiene. 4) Promover, a iniciativa del tribunal o a petición de parte, la sujeción del conflicto a la mediación familiar a que se refiere el Título V, suspendiéndose el procedimiento judicial en caso de que se dé lugar a ésta. 5) Promover, por parte del tribunal, la conciliación total o parcial, conforme a las bases que éste proponga a las partes.17 6) Determinar el objeto del juicio. 7) Fijar los hechos que deben ser probados, así como las convenciones probatorias que las partes hayan acordado. 8) Determinar las pruebas que deberán rendirse al tenor de la propuesta de las partes y disponer la práctica de las otras que estime necesarias. 9) Excepcionalmente, y por motivos justificados, recibir la prueba que deba rendirse en ese momento. La documental que se rinda en esta oportunidad no radicará la causa en la persona del juez que la reciba. 17 CONCILIACIÓN. Concepto. Es un equivalente jurisdiccional a través del cual se logra la solución de un conflicto suscitado entre partes, mediante acuerdo entre ellas, obtenido en un proceso con la participación activa del juez. (Art. 262 a 268 del C.P.C.) Naturaleza jurídica. Sentencia ejecutoriada. (Art.267 del C.P.C.) 37

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10) Fijar la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto en un plazo no superior a treinta días de realizada la preparatoria. Sin perjuicio de ello, el juez podrá, previo acuerdo de las partes, desarrollar la audiencia de juicio inmediatamente de finalizada la preparatoria. Las partes se entenderán citadas a la audiencia de juicio por el solo ministerio de la ley y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 59, inciso tercero. Para el desarrollo de la audiencia regirán, en cuanto resulten aplicables, las reglas establecidas para la audiencia de juicio. En caso de advertir la existencia de hechos comprendidos en el número 7) del artículo 8º, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá decretar la apertura del procedimiento especial previsto en el artículo 68 y citar a la audiencia respectiva, o incluir estos hechos para los efectos de los números 5), 6), 7) y 8) de este artículo, procediendo a la acumulación necesaria del artículo 17 y pudiendo decretar medidas cautelares de las previstas en el artículo 71. (Art.61 de la Ley 19.968). Características. 1.- Sólo puede producirse una vez iniciado un proceso. 2.- En ella el juez tiene una participación activa. 3.- Puede tener el carácter obligatorio o voluntario establecido por la ley. 4.- En la gestión de conciliación el juez puede adelantar opinión sobre un posible fallo futuro de no producirse acuerdo entre las partes, lo que no lo inhabilita para seguir conociendo del asunto. 5.- Puede producirse en todo juicio civil, salvo en aquellos casos expresamente exceptuados por la ley y, en general, en aquellos en que se encuentra comprometido el interés público. 6.- La conciliación se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Durante la substanciación del proceso, El juez se encuentra facultado para llamar a las partes a una audiencia o comparendo, con el objeto de conversar sobre la posible solución del litigio por acuerdo directo entre los contendores. A estos comparendos pueden comparecer las partes por si o representadas por sus abogados, pero el juez puede disponer la comparecencia personal de las partes mismas. En el comparendo el juez sugiere a las partes una posible forma de acuerdo, pudiendo incluso adelantar opinión a fin de obtener este acuerdo. Si las partes llegan a un acuerdo, éste pasará a tener el carácter de sentencia definitiva ejecutoriada. Si el acuerdo no se produce, el juicio sigue adelante. Por regla general, el llamado a conciliación es obligatorio para el juez, así como en los juicios criminales que versan sobre injurias o calumnias. 38

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TÍTULO IV AUDIENCIA DE JUICIO CONCEPTO. Audiencia donde se rinde la prueba ofrecida oportunamente en la audiencia de prueba, en forma personal y verbal por las partes asistidas por sus abogados y apoderados, teniendo el juez activa participación, dictado al final de ella el veredicto. CARACTERÍSTICAS. 1] La audiencia se llevará a efecto en un solo acto. 2] Podrá prolongarse en sesiones sucesivas si fuere necesario. 3] Objetivo recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por éste. 4] El día y hora fijados, el juez de familia se constituirá, con la asistencia del demandante y el demandado, asistidos por letrados cuando corresponda. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE CITA A JUICIO. Al término de la audiencia preparatoria, no habiéndose producido una solución alternativa del conflicto, el juez dictará una resolución, que contendrá las menciones siguientes: 1) La o las demandas que deban ser conocidas en el juicio, así como las contestaciones que hubieren sido presentadas, fijando el objeto del juicio. 39

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2) Los hechos que se dieren por acreditados, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30. 3) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio, sin perjuicio de lo establecido en el art.63 bis. 4) La individualización de quienes deberán ser citados a la audiencia respectiva. (Art.62 de la Ley 19.968). La naturaleza jurídica de esta resolución será una interlocutoria de 2° grado, aquella que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva. (Art.158 del C.P.C.) FUNCIONES DEL JUEZ DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO. Durante la audiencia, el juez procederá a: 1) Verificar la presencia de las personas que hubieren sido citadas a la audiencia y declarar iniciado el juicio. 2) Señalar el objetivo de la audiencia, advirtiendo a las partes que deben estar atentas a todo lo que se expondrá en el juicio. 3) Disponer que los testigos y peritos que hubieren comparecido hagan abandono de la sala de audiencia. 4) Adoptar las medidas necesarias para garantizar su adecuado desarrollo, pudiendo disponer la presencia en ellas de uno o más miembros del consejo técnico. Podrá asimismo ordenar, en interés superior del niño, niña o adolescente, que éste u otro miembro del grupo familiar se ausente durante determinadas actuaciones.

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LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA

TÍTULO V

LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA. GENERALIDADES. Dentro, de los procedimientos debemos distinguir dos etapas la 1ª la producción de la prueba regida por el art.64 y la 2ª los medios de prueba o como señala la ley “De la prueba”, en el art.28 al 54, analizaremos en este párrafo ambas situaciones con un fin académico, alterando el orden establecido en la ley. I.- LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA. La prueba se rendirá de acuerdo al orden que fijen las partes, comenzando por la del demandante. Al final, se rendirá la prueba ordenada por el juez. Durante la audiencia, los testigos y peritos serán identificados por el juez, quien les tomará el juramento o promesa de decir verdad. A continuación, serán interrogados por las partes, comenzando por la que los presenta. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe y luego se autorizará su interrogatorio por las partes. El juez podrá efectuar preguntas al testigo o perito, así como a las partes que declaren, una vez que fueren interrogadas por los litigantes, con la finalidad de pedir aclaraciones o adiciones a sus testimonios. Los documentos, así como el informe de peritos en su caso, serán exhibidos y leídos en el debate, con indicación de su origen. 41

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Las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El juez podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos a los declarantes durante sus testimonios, para que los reconozcan o se refieran a su conocimiento. Practicada la prueba, el juez podrá solicitar a un miembro del consejo técnico que emita su opinión respecto de la prueba rendida, en el ámbito de su especialidad. Finalmente, las partes formularán, oralmente y en forma breve, las observaciones que les merezca la prueba y la opinión del miembro del consejo técnico, así como sus conclusiones, de un modo preciso y concreto, con derecho a replicar respecto de las conclusiones argumentadas por las demás. (Art.64 de la Ley 19.968). PRUEBA NO SOLICITADA OPORTUNAMENTE. A petición de alguna de las partes, el juez podrá ordenar la recepción de pruebas que ellas no hayan ofrecido oportunamente, cuando justifiquen no haber sabido de su existencia sino hasta ese momento y siempre que el juez considere que resultan esenciales para la resolución del asunto. Si con ocasión de la rendición de una prueba surge una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el juez podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hayan sido ofrecidas oportunamente y siempre que no haya sido posible prever su necesidad. (Art.63 bis Ley 19.968) II.- LOS MEDIOS DE PRUEBA. GENERALIDADES. Difiere de los medios de prueba del Código de Procedimiento Civil, señalándose todos en la misma ley, aplicándose sólo en carácter supletorio las normas Procesal Civil. 42

LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA

LIBERTAD DE PRUEBA. Todos los hechos que resulten pertinentes para la adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juez podrán ser probados por cualquier medio producido en conformidad a la ley. (Art.28 de la Ley 19.968). OFRECIMIENTO DE PRUEBA. Las partes podrán, en consecuencia, ofrecer todos los medios de prueba de que dispongan, pudiendo solicitar al juez de familia que ordene, además, la generación de otros de que tengan conocimiento y que no dependan de ellas, sino de un órgano o servicio público o de terceras personas, tales como pericias, documentos, certificaciones u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado. Las partes tendrán plenas facultades para solicitar a los órganos, servicios públicos, o terceras personas, la respuesta a los oficios solicitados en la audiencia preparatoria y que hayan sido admitidos por el tribunal, a fin de que puedan ser presentados como medios de prueba en la audiencia del juicio. El juez, de oficio, podrá asimismo ordenar que se acompañen todos aquellos medios de prueba de que tome conocimiento o que, a su juicio, resulte necesario producir en atención al conflicto familiar de que se trate. (Art.29 de la Ley 19.968). CONVENCIONES PROBATORIAS. Durante la audiencia preparatoria, las partes podrán solicitar, en conjunto, al juez de familia que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en la audiencia de juicio. El juez de familia podrá formular proposiciones a las partes sobre la materia, teniendo para ello a la vista las argumentaciones de hecho contenidas en la demanda y en la contestación. El juez aprobará sólo aquellas convenciones probatorias que no sean contrarias a derecho, teniendo particularmente en vista los intereses de los niños, niñas o adolescentes involucrados en el conflicto. Asimismo, el juez verificará que el consentimiento ha sido prestado en forma libre y voluntaria, con pleno conocimiento de los efectos de la convención. (Art.30 de la Ley 19.968). 43

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EXCLUSIÓN DE PRUEBA. El juez de familia, luego de estudiar la admisibilidad de las pruebas ofrecidas, de resolver las convenciones probatorias y de escuchar a las partes que hubieren comparecido a la audiencia preparatoria, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio aquellas que fueren manifiestamente impertinentes, tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, resulten sobre abundantes o hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales. Las demás serán admitidas y se ordenará su rendición en la audiencia de juicio respectiva. (Art.31 de la Ley 19.968). VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. La sentencia deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. (Art.32 de la Ley 19.968).

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR. 1] Testimonial. 2] Pericial. 3] Declaración de las partes. 4] Otros medios de prueba.

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LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA

VEAMOS: 1.- LA TESTIMONIAL. Obligación de concurrir a declarar. Toda persona que no se encontrare legalmente exceptuada tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial practicado. (Art.33 inciso 1, 1ª parte de la Ley 19.968).18 Obligación de los testigos. 1] Declarar la verdad sobre lo que se le preguntare. 2] No ocultar hechos, circunstancias o elementos acerca del contenido de su declaración. 3] En casos urgentes, los testigos podrán ser citados por cualquier medio, haciéndose constar el motivo de la urgencia. (Art. 33 de la Ley 19.968). Renuencia a comparecer o a declarar. Si el testigo legalmente citado no compareciere sin justa causa, se procederá a apercibirlo con arresto por falta de comparecencia. Además, podrá imponérsele el pago de las costas provocadas por su inasistencia. El testigo que se negare a declarar, sin justa causa, será sancionado con las penas que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. (Art. 34 de la Ley 19.968). Excepciones a la obligación de comparecencia. No estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial de que tratan los artículos precedentes, y podrán declarar en la forma señalada en el artículo siguiente: 1) El Presidente de la República y los ex Presidentes; los Ministros de Estado; los Senadores y Diputados; los miembros de la Corte Suprema; los integrantes del Tribunal Constitucional; el Contralor General de la República y el Fiscal Nacional; 18 Véase los art. 356 a 384 del Código de Procedimiento Civil, como norma supletoria aplicable. 45

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2) Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile; 3) Los chilenos o extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, en conformidad a los tratados vigentes sobre la materia, y 4) Los que, por enfermedad grave u otro impedimento, calificado por el tribunal, se hallaren en imposibilidad de hacerlo. Con todo, si las personas enumeradas en las letras a), b) y d) renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales. (Art.35 de la Ley 19.968). das.

Formalidades de la declaración de personas exceptuaSe regirán por las siguientes normas, distinguiéndose: I.- Personas de letras a), b) y d).

1] Las personas comprendidas en las letras a), b) y d) del art.35 serán interrogadas en el lugar en que ejercieren sus funciones o en su domicilio. 2] Se propondrán oportunamente la fecha y el lugar correspondientes. Si así no lo hicieren, los fijará el juez. 3] En caso de inasistencia del testigo, se aplicarán las normas generales. 4] A la audiencia ante el juez tendrán siempre derecho a asistir las partes. 5] El juez podrá calificar las preguntas que se dirigieren al testigo, teniendo en cuenta su pertinencia con los hechos y la investidura o estado del deponente.

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LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA

II.- Personas letra c). Declararán por informe, si consintieren a ello voluntariamente. Al efecto se les dirigirá un oficio respetuoso, por medio del ministerio respectivo. (Art.36 de la Ley 19.968). Todo testigo tendrá el derecho de negarse a responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiere acarrearle peligro de persecución penal por un delito. Asimismo, el testigo podrá ejercer el mismo derecho cuando, por su declaración, pudiere incriminar a su cónyuge, a su conviviente, a sus ascendientes o descendientes, a sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, a su pupilo o a su guardador, a su adoptante o su adoptado. (Art.37 de la Ley 19.968). JURAMENTO O PROMESA. Todo testigo, antes de comenzar su declaración, prestará juramento o promesa de decir verdad sobre lo que se le preguntare, sin ocultar nada de lo que pudiere conducir al esclarecimiento de los hechos. No se tomará juramento o promesa a los testigos menores de dieciocho años. Se hará constar en el registro la omisión del juramento o promesa. El juez, si lo estimare necesario, instruirá al testigo acerca del sentido del juramento o promesa y de su obligación de ser veraz, así como de las penas con las cuales la ley castiga el delito de falso testimonio. (Art.38 de la Ley 19.968). Individualización del testigo. La declaración del testigo comenzará por el señalamiento de los antecedentes relativos a su persona, en especial sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio, todo ello sin perjuicio de las excepciones contenidas en leyes especiales. (Art.39 de la Ley 19.968). Declaración de testigos. biles.

1] En el procedimiento de familia no existirán testigos inhá47

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2] Sin perjuicio de ello, las partes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguna de las partes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad. 3] Todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarare, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas. (Art.40 Ley 19.968). Testigos niños, niñas o adolescentes. 1] El testigo niño, niña o adolescente sólo será interrogado por el juez, debiendo las partes dirigir las preguntas por su intermedio. 2] Excepcionalmente, el juez podrá autorizar el interrogatorio directo del niño, niña o adolescente, cuando por su grado de madurez se estime que ello no afectará su persona. (Art.40 de la Ley 19.968). Testigos sordos, mudos o sordomudos. Se debe distinguir: 1] Testigo sordo y mudo. Testigos sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito. Testigo mudo, dará por escrito sus contestaciones. 2] testigo sordomudo. Su declaración será recibida por intermedio de una o más personas que pudieren entenderse con él. Estas personas prestarán previamente el juramento o promesa prescritos para los testigos. (Art.42 de la Ley 19.968). Intérprete. Deberá cumplir con las siguientes formalidades: 1] Si el testigo no supiere el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete mayor de dieciocho años. 48

LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA

2] Prestará juramento o promesa de desempeñar bien y fielmente el cargo, y por cuyo conducto se interrogará al testigo y se recibirán sus contestaciones. (Art.43 de la Ley 19.968. Justificación de los testigos. La comparecencia del testigo a la audiencia a que debiere concurrir, constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna. (Art.44 de la Ley 19.968). 2.- PRUEBA PERICIAL. Procedencia. Las partes podrán recabar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar que éstos sean citados a declarar a la audiencia de juicio, acompañando los antecedentes que acreditaren la idoneidad profesional del perito. Procederá la prueba pericial en los casos determinados por la ley y siempre que, para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. Los informes deberán emitirse con objetividad, ateniéndose a los principios de la ciencia o a las reglas del arte u oficio que profesare el perito. Asimismo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar la elaboración de un informe de peritos a algún órgano público u organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores que reciba aportes del Estado y que desarrolle la líneas de acción a que se refiere el artículo 4, Nº3.4 de la ley Nº20.032, cuando lo estime indispensable para la adecuada resolución del conflicto. (Art.45 de la Ley 19.968).19

19 Véase los art. 403 a 408 del Código de Procedimiento Civil, como norma supletoria aplicable.49

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Contenido del informe de peritos. A petición de parte, los peritos deberán concurrir a declarar ante el juez acerca de su informe. Sin perjuicio de lo anterior, deberán entregarlo por escrito, con tantas copias como partes figuren en el proceso, con la finalidad de ponerlo en conocimiento de aquéllas, con cinco días de anticipación a la audiencia de juicio, a lo menos. Será aplicable a los informes periciales lo dispuesto en el artículo 315 del Código Procesal Penal. (Art.46 de la Ley 19.968). Admisibilidad y remuneración. El juez admitirá la prueba pericial cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considerare que los peritos otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. Con todo, el tribunal podrá limitar el número de peritos, cuando resultaren excesivos o pudieren entorpecer la realización del juicio. Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presente. (Art.47 de la Ley 19.968). Improcedencia de inhabilitación de los peritos. Los peritos no podrán ser inhabilitados. No obstante, durante la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones. Las partes o el juez podrán requerir al perito información acerca de su remuneración y la adecuación de ésta a los montos usuales para el tipo de trabajo realizado. (Art.48 de la Ley 19.968). Declaración de peritos. La declaración de los peritos en la audiencia se regirá por las normas establecidas para los testigos, con las modificaciones que expresamente se señalan en el acápite siguiente. Si el perito se negare a prestar declaración, se le aplicará lo dispuesto para los testigos en el artículo 34. 50

LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA

Excepcionalmente, el juez podrá, con acuerdo de las partes, eximir al perito de la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba. (Art.49 de la Ley 19.968). 3.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES. Procedencia. Cada parte podrá solicitar del juez la declaración de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. (Art.50 de la Ley 19.968).20 Contenido de la preguntas.

declaración y

admisibilidad de las

Las preguntas de la declaración se formularán afirmativamente o en forma interrogativa, pero con la debida precisión y claridad, sin incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser entendidas sin dificultad. El juez resolverá las objeciones que se formulen, previo debate, referidas a la debida claridad y precisión de las preguntas y a la pertinencia de los hechos por los cuales la parte haya sido requerida para declarar. (Art.51 de la Ley 19.968). Sanción por la incomparecencia. Si la parte, debidamente citada, no comparece a la audiencia de juicio, o compareciendo se negase a declarar o diese respuestas evasivas, el juez podrá considerar reconocidos como ciertos los hechos contenidos en las afirmaciones de la parte que solicitó la declaración. En la citación se apercibirá al interesado acerca de los efectos que producirá su incomparecencia, su negativa a declarar o si diere respuestas evasivas. (Art.52 de la Ley 19.968). 20 Véase los art. 385 a 402 del Código de Procedimiento Civi, como norma supletoria aplicable.-

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Facultades del tribunal. Una vez concluida la declaración de las partes, el tribunal podrá dirigir todas aquellas preguntas destinadas a obtener aclaraciones o adiciones a sus dichos. Asimismo, cuando no sea obligatoria la intervención de abogados, las partes, con la autorización del juez, podrán efectuarse recíprocamente preguntas y observaciones que sean pertinentes para la determinación de los hechos relevantes del proceso. El juez podrá rechazar, de oficio, las preguntas que considere impertinentes o inútiles. (Art.53 de la Ley 19.968). 4.- OTROS MEDIOS DE PRUEBA Medios de prueba no regulados expresamente. Podrán admitirse como pruebas: películas cinematográficas, fotografías, fonografías, video grabaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe. El juez determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análogo. (Art.54 de la Ley 19.968).

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OBSERVACIÓN A LA PRUEBA

TÍTULO VI OBSERVACIÓN A LA PRUEBA Finalmente, las partes formularán, oralmente y en forma breve, las observaciones que les merezca la prueba y la opinión del miembro del consejo técnico, así como sus conclusiones, de un modo preciso y concreto, con derecho a replicar respecto de las conclusiones argumentadas por las demás. (Art.64 de la Ley 19.968).

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LA SENTENCIA

TÍTULO VII SENTENCIA Generalidades. El período de sentencia en el Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, se compone de DOS fases: A) El dictamen o veredicto; y B) La sentencia. A.- DICTAMEN O VEREDICTO CONCEPTO. Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo. (Diccionario de la Real Academia Española). Aunque la ley no lo define así expresamente, en la práctica se utiliza este vocablo, para diferenciarlo de la sentencia propiamente tal, que se dictará en forma posterior y que se realizará en la audiencia fijada para el efecto, denominada audiencia de lectura de sentencia. La utilización del dictamen tiene por finalidad que las partes conozcan en forma inmediata la resolución del juicio según la prueba que hubieren rendido, esto para que este en concordancia con los principios generales de oralidad, inmediación y publicidad, según el art.10, 12 y 15 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. En este dictamen sólo se menciona someramente los principales fundamentos de derecho que se tuvieron para acoger o rechazar la demanda interpuesta. 55

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Una vez concluido el debate, el juez comunicará de inmediato su resolución, indicando los fundamentos principales tomados en consideración para dictarla. Excepcionalmente, cuando la audiencia de juicio se hubiere prolongado por más de dos días, podrá postergar la decisión del caso hasta el día siguiente hábil, lo que se indicará a las partes al término de la audiencia, fijándose de inmediato la oportunidad en que la decisión será comunicada. (Art.65 inciso 1 de la Ley 19.968).

B.- LA SENTENCIA. CONCEPTO. La sentencia definitiva es la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. (Art.158 C.P.C.) Esta deberá contener los requisitos del art.66 y se notificará a las partes por carta certificada según el art.23, salvo que estas se den personal y expresamente notificadas en la audiencia, que en su caso también podrán renunciar a los plazos y recursos legales. En la audiencia de lectura fijada al efecto, que se fija en horarios de la tarde, se da lectura a está, generalmente se lee en extracto por un funcionario de acta y/o consejero técnico, (no esta presente el juez) de lo cual se deja constancia en audio. El juez podrá diferir la redacción del fallo hasta por un plazo de cinco días, ampliables por otros cinco por razones fundadas, fijando la fecha en que tendrá lugar la lectura de la sentencia, la que podrá efectuarse de manera resumida. (Art.65 de la Ley 19.968).

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LA SENTENCIA

CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia definitiva deberá contener: 1) El lugar y fecha en que se dicta; 2) La individualización completa de las partes litigantes; 3) Una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes; 4) El análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión; 5) Las razones legales y doctrinarias que sirvieren para fundar el fallo; 6) La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del juzgado, y 7) El pronunciamiento sobre pago de costas y, en su caso, los motivos que tuviere el juzgado para absolver de su pago a la parte vencida. (Art.66 de la Ley 19.968). Si el juez ante el cual se desarrolló la audiencia de juicio no pudiera dictar sentencia por causa legal sobreviniente, aquella deberá celebrarse nuevamente. En caso de nombramiento, promoción, destinación, traslado o comisión del juez ante el cual se desarrolló la audiencia del juicio, éste sólo podrá asumir su nueva función luego de haber dictado sentencia definitiva en las causas que tuviese pendientes. (Art.66 bis Ley 19.968)

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LOS RECURSOS

TÍTULO VIII. LOS RECURSOS. Las resoluciones serán impugnables a través de los recursos y en las formas que establece el Código de Procedimiento Civil, siempre que ello no resulte incompatible con los principios del procedimiento que establece la presente ley, y sin perjuicio de las siguientes modificaciones: 1) La solicitud de reposición deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo caso deberá interponerse y resolverse durante la misma. Tratándose de una resolución pronunciada en audiencia, se interpondrá y resolverá en el acto. 2) Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares. 3) La apelación, que deberá entablarse por escrito, se concederá en el solo efecto devolutivo, con excepción de las sentencias definitivas referidas a los asuntos comprendidos en los numerales 8), 10), 13) y 15) del artículo 8º. 4) El tribunal de alzada conocerá y fallará la apelación sin esperar la comparecencia de las partes, las que se entenderán 59

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citadas por el ministerio de la ley a la audiencia en que se conozca y falle el recurso. 5) Efectuada la relación, los abogados de las partes podrán dividir el tiempo de sus alegatos para replicar al de la otra parte. 6) Procederá el recurso de casación en la forma, establecido en los artículos 766 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con las siguientes modificaciones: a) Procederá sólo en contra de las sentencias definitivas de primera instancia y de las interlocutorias de primera instancia que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. b) Sólo podrá fundarse en alguna de las causales expresadas en los números 1º, 2º, 4º, 6º, 7º, y 9º del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, o en haber sido pronunciada la sentencia definitiva con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 66 de la presente ley. 7) Se entenderá cumplida la exigencia de patrocinio de los recursos de casación, prevista en el inciso final del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, por la sola circunstancia de interponerlos el abogado que patrocine la causa.

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LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

- CUARTA PARTE. & LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA.

GENERALIDADES. Estos procedimientos especiales, se contienen en el Título IV que en sus cuatro párrafos trata las siguientes materias: 1] Las medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes. 2] Procedimientos de violencia intrafamiliar. 3] Los actos judiciales no contenciosos. 4] Procedimiento contravencional A continuación, analizaremos estos procedimientos, considerándose que los medios de prueba se le aplican las normas ya estudiadas en la parte pertinente de este libro. 1.- LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN. En los casos, en que la ley exige o autoriza la intervención judicial para adoptar las medidas de protección jurisdiccionales establecidas en la ley, tendientes a la protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes cuando éstos se encontraren 61

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amenazados o vulnerados, se aplicará el procedimiento contenido en el presente Párrafo. En lo no previsto por éste, se aplicarán las normas del Título III. La intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de la adopción de medidas que importen separar al niño, niña o adolescente de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado. (Art.68 de la Ley 19.968). Comparecencia del niño, niña o adolescente. En este procedimiento, el juez tendrá debidamente en cuenta las opiniones de los niños, niñas o adolescentes, considerando su edad y madurez. Para este efecto podrá escucharlos en las audiencias a que se refieren los artículos 72 y 73, o en otra especial fijada al efecto, en un ambiente adecuado y cautelando su salud física y psíquica. (Art.69 de la Ley 19.968). Inicio del procedimiento. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a requerimiento del niño, niña o adolescente, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se atienda, del Servicio Nacional de Menores o de cualquier persona que tenga interés en ello. El requerimiento presentado por alguna de las personas señaladas en el inciso anterior no necesitará cumplir formalidad alguna, bastando con la sola petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. (Art.70 de la Ley 19.968). Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, y aun antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, el juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares: 62

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

a) Su entrega inmediata a los padres o a quienes tengan legalmente su cuidado; b) Confiarlo al cuidado de una persona o familia en casos de urgencia. El juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga relación de confianza; c) El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, por el tiempo que sea estrictamente indispensable. En este caso, de adoptarse la medida sin la comparecencia del niño, niña o adolescente ante el juez, deberá asegurarse que ésta se verifique a primera hora de la audiencia más próxima. d) Disponer la concurrencia de niños, niñas o adolescentes, sus padres, o las personas que los tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación, para enfrentar y superar las situaciones de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes; e) Suspender el derecho de una o más personas determinadas a mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente, ya sea que éstas hayan sido establecidas por resolución judicial o no lo hayan sido; f) Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común; g) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos; h) La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello 63

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sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud, e i) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la petición de protección. En ningún caso, podrá ordenarse como medida de protección el ingreso de un niño, niña o adolescente a un establecimiento penitenciario para adultos. La resolución que determine la imposición de una medida cautelar deberá fundarse en antecedentes que sean calificados como suficientes para ameritar su adopción, de los que se dejará expresa constancia en la misma. Para el cumplimiento de las medidas decretadas, el juez podrá requerir el auxilio de Carabineros de Chile. Cuando la adopción de cualquier medida cautelar tenga lugar antes del inicio del procedimiento, el juez fijará desde luego la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia preparatoria, para dentro de los cinco días siguientes contados desde la adopción de la medida. En ningún caso la medida cautelar decretada de conformidad a este artículo podrá durar más de noventa días. (Art.71 de la Ley 19.968). AUDIENCIA PREPARATORIA. Iniciado el procedimiento, el juez fijará una audiencia para dentro de los cinco días siguientes, a la que citará al niño, niña o adolescente, a sus padres, a las personas a cuyo cuidado esté, y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto. Durante la audiencia, el juez informará a las partes acerca del motivo de su comparecencia, sus derechos y deberes, y responderá a las dudas e inquietudes que les surjan. Los niños, niñas o adolescentes serán informados en un lenguaje que les resulte comprensible. El juez indagará sobre la situación que ha motivado el inicio del proceso, la forma en que afecta al niño, niña o adolescente y sobre la identidad de las personas que se encuentren involucradas en la afectación de sus derechos. Los citados expondrán lo que consideren conveniente 64

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

y, una vez oídos, el juez, si contare con todos los elementos probatorios dictará sentencia, a menos que estime procedente la aplicación de la medida contenida en el numeral 2) del artículo 30 de la ley N° 16.618, caso en el cual citará a audiencia de juicio. (Art.72 de la Ley 19.968). AUDIENCIA DE JUICIO. De conformidad a lo dispuesto esta audiencia tendrá por objetivo recibir la prueba y decidir el asunto sometido a conocimiento del juez. En ella podrán objetarse los informes periciales que se hayan evacuado, pudiendo el juez hacerse asesorar por el consejo técnico. (Art.73 de la Ley 19.968). Medida de separación del niño, niña o adolescente de sus padres. Sólo cuando sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos del niño, niña o adolescente y siempre que no exista otra más adecuada, se podrá adoptar una medida que implique separarlo de uno o de ambos padres o de las personas que lo tengan bajo su cuidado. En este caso, el juez preferirá a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza y, sólo en defecto de los anteriores, lo confiará a un establecimiento de protección. La resolución que disponga la medida deberá ser fundada. (Art.74 de la Ley 19.968). SENTENCIA. Antes de pronunciar sentencia, el juez procurará que las partes acuerden la forma más conducente a la resolución de la situación que afecta al niño, niña o adolescente. Si ello no fuere posible, en la sentencia fundamentará la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicará los objetivos que se pretenden cumplir con ella y determinará el tiempo de su duración. La sentencia será pronunciada oralmente una vez terminada la audiencia que corresponda, según sea el caso. El juez deberá explicar claramente a las partes la naturaleza 65

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y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración. (Art.75 de la Ley 19.968). Obligación de informar acerca del cumplimiento de las medidas adoptadas. El director del establecimiento, o el responsable del programa, en que se cumpla la medida adoptada tendrá la obligación de informar acerca del desarrollo de la misma, de la situación en que se encuentra el niño, niña o adolescente y de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia. Ese informe se evacuará cada tres meses, a menos que el juez señale un plazo mayor, con un máximo de seis meses, mediante resolución fundada. En la ponderación de dichos informes, el juez se asesorará por uno o más miembros del consejo técnico. (Art.76 de la Ley 19.968). Incumplimiento de las medidas adoptadas. Cuando los padres, personas responsables o cualquier otra persona impidan la ejecución de la medida acordada, el organismo responsable de su ejecución o seguimiento comunicará al tribunal la situación para que éste adopte las medidas que estime conducentes y propondrá, si fuera el caso, la sustitución por otra medida que permita alcanzar los objetivos fijados. El tribunal determinará la sustitución de la medida u ordenará los apremios pertinentes para su cumplimiento forzado. (Art.76 de la Ley 19.968). Obligación de visita de establecimientos residenciales. Los jueces de familia deberán visitar personalmente los establecimientos residenciales, existentes en su territorio jurisdiccional, en que se cumplan medidas de protección. El director del establecimiento deberá facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de los antecedentes individuales de cada niño, niña o adolescente atendido en él. Asimismo, deberá facilitar las condiciones que garanticen la independencia y libertad de ellos para prestar libremente su opinión. 66

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

Las visitas de que trata el inciso anterior podrán efectuarse en cualquier momento, dentro de lapsos que no excedan de seis meses entre una y otra, considerándose el incumplimiento de esta obligación como una falta disciplinaria grave para todos los efectos legales. Después de cada visita, el juez evacuará un informe que contendrá las conclusiones derivadas de la misma, el que será remitido al Servicio Nacional de Menores y al Ministerio de Justicia. Existiendo más de un juez en el territorio jurisdiccional, las visitas deberán hacerse por turno, de acuerdo con el orden que determine el juez presidente del comité de jueces del juzgado de familia. Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en los incisos anteriores, los jueces de familia podrán siempre visitar los centros, programas y proyectos de carácter ambulatorio existentes en su territorio jurisdiccional, y en que se cumplan medidas de protección. (Art.78 de la Ley 19.968). Derecho de audiencia con el juez. Los niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales se encuentre vigente una medida de protección judicial, tendrán derecho a que el juez los reciba personalmente, cuando lo soliciten por sí mismos o a través de las personas señaladas en el artículo siguiente. (Art.78 de la Ley 19.968). Suspensión, modificación y cesación de medidas. En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez podrá suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, a solicitud del niño, niña o adolescente, de uno o de ambos padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o del director del establecimiento o responsable del programa en que se cumple la medida. Si el tribunal lo considera necesario para resolver, podrá solicitar un informe psicosocial actualizado del niño, niña o adolescente. Asimismo, podrá citar a una única audiencia destinada a escuchar a las partes, recibir los antecedentes y, si corresponde, la declaración del perito que haya elaborado 67

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el informe respectivo, el que deberá ser entregado con la anticipación a que se refiere el artículo 46. Con todo, la medida cesará una vez que el niño, niña o adolescente alcance la mayoría de edad, sea adoptado o transcurra el plazo por el que se decretó sin que haya sido modificada o renovada. (Art.80 de la Ley 19.968). Información al SENAME. Deber de información del Servicio Nacional de Menores. Para efectos de la aplicación de las medidas a que se refiere el artículo 71, así como las que se impongan en virtud de sentencia definitiva, el Servicio Nacional de Menores, a través de sus Directores Regionales, informará periódicamente y en forma detallada a cada juzgado de familia la oferta programática vigente en la respectiva región de acuerdo a las líneas de acción desarrolladas, su modalidad de intervención y la cobertura existente en ellas, sea en sus centros de administración directa o bien en los proyectos ejecutados por sus organismos colaboradores acreditados. Si el juez estima necesario decretar una medida respecto de la cual no existe en la Región oferta de las líneas de acción indicadas en la ley N° 20.032, comunicará tal situación al Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, quien deberá adoptar las medidas tendientes a generar tal oferta en el menor tiempo posible. Entretanto, el juez decretará alguna de las restantes medidas del artículo 71. Pero, si la cautelar dispuesta es la de la letra h) de dicho artículo, el Servicio Nacional de Menores deberá darle cumplimiento de inmediato y sin más trámite. (Art.80 bis Ley 19.968) 2.- PROCEDIMIENTO RELATIVO A LOS ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMPETENCIA. Corresponderá el conocimiento de los conflictos a que dé origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar, regulados en la Ley 20.066, al juzgado de familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado. (Art.81 inciso 1 de la Ley 19.968). 68

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

Competencia extensiva especial. Corresponderá: 1] A cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de familia. 2] Al Fiscal del Ministerio Público. 3] Al juez de garantía según corresponda, que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar, deberá, de inmediato, adoptar las medidas cautelares del caso, aun cuando no sea competente para conocer de ellas. En caso de concurrir conjuntamente como víctimas de violencia intrafamiliar personas mayores y niños, niñas o adolescentes, el juez podrá siempre adoptar las medidas de protección en conformidad a la ley. El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar se regirá por las normas contenidas en este Párrafo y, en lo no previsto en ellas, por el Título III de esta ley. (Art.81 de la Ley 19.968). INICIO DEL PROCEDIMIENTO. Se iniciará: 1] Por demanda. La demanda podrá ser deducida por la víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. 2] Por denuncia. La denuncia, podrá ser deducida por la víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. La denuncia, además, podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven, a quien le será aplicable lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal. No obstante, la denuncia de la víctima le otorgará la calidad de parte en el proceso. (Art.82 Ley 19.968). 69

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Actuación de la policía. 1] En caso de violencia intrafamiliar que se esté cometiendo actualmente, o ante llamadas de auxilio de personas que se encontraren al interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes que indicaren que se está cometiendo violencia intrafamiliar, los funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones deberán entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, practicar la detención del agresor, si procediere, e incautar del lugar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víctima. 2] Deberán, además, ocuparse en forma preferente de prestar ayuda inmediata y directa a esta última. 3] El detenido será presentado inmediatamente al tribunal competente, o al día siguiente si no fuere hora de despacho, considerándose el parte policial como denuncia. 4] Si no fuere día hábil, el detenido deberá ser conducido, dentro del plazo máximo de 24 horas, ante el juez de garantía del lugar, a fin de que éste controle la detención y disponga las medidas cautelares que resulten procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de esta ley. (Art.83 de la Ley 19.968). Obligación de denunciar. Las personas señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal estarán obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos, lo que deberán efectuar en conformidad a dicha norma. Igual obligación recae sobre quienes ejercen el cuidado personal de aquellos que en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la respectiva denuncia. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal. (Art.84 de la Ley 19.968).

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LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

Exámenes y reconocimientos médicos. Los profesionales de la salud que se desempeñen en hospitales, clínicas u otros establecimientos del ramo, al realizar los procedimientos y prestaciones médicas que hubieren sido solicitados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima, debiendo además conservar las pruebas correspondientes. A estos efectos se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hayan practicado. Una copia se entregará a la víctima, o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se remitirá al tribunal competente, si lo requiriese. (Art.85 de la Ley 19.968). CONTENIDO DE LA DEMANDA. La demanda contendrá la designación del tribunal ante el cual se presenta, la identificación del demandante, de la víctima y de las personas que componen el grupo familiar, la narración circunstanciada de los hechos y la designación de quien o quienes pudieren haberlos cometido, si ello fuere conocido. (Art.86 de la Ley 19.968). Contenido de la denuncia. La denuncia contendrá siempre una narración de los hechos y, si al denunciante le constare, las demás menciones indicadas en el artículo anterior. (Art.87 de la Ley 19.968). Identificación del ofensor. Si la denuncia se formulare en una institución policial y no señalare la identidad del presunto autor, ésta deberá practicar, de inmediato, las siguientes diligencias para determinarla: 1.- Procurar la identificación conforme a las facultades descritas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, o 2.- Recabar las declaraciones que al efecto presten quienes conozcan su identidad. 71

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Tratándose de denuncias o demandas interpuestas ante el tribunal, éste decretará las diligencias conducentes a determinar la identidad del presunto autor, si ésta no constare. Igual procedimiento seguirá el Ministerio Público respecto de las denuncias por violencia intrafamiliar de que tome conocimiento. En las diligencias que la policía practique conforme a este artículo, mantendrá en reserva la identidad del denunciante o demandante. (Art.88 de la Ley 19.968). Solicitud de extracto de filiación del denunciado o demandado. El juez requerirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe sobre las anotaciones que éste tuviere en el registro especial que establece el artículo 12 de la ley N°20.066. (Art.89 de la Ley 19.968). Remisión de antecedentes si el hecho denunciado reviste caracteres de delito. Previo a remitir una causa al Ministerio Público, el juez de familia adoptará las medidas cautelares que correspondan, las que se mantendrán vigentes en tanto el fiscal no solicite su modificación o cese. Si se plantea una contienda de competencia relacionada a un asunto de violencia intrafamiliar entre un juez de familia y el Ministerio Público o un juez de garantía, el juez de familia involucrado podrá adoptar las medidas cautelares que sean procedentes, las que se mantendrán vigentes hasta que la contienda de competencia sea resuelta. (Art.90 Ley 19.968) Actuaciones judiciales ante demanda o denuncia de terceros. Iniciado un proceso por denuncia o demanda de un tercero, previamente a la realización de la audiencia preparatoria, el juez la pondrá en conocimiento de la víctima por el medio más idóneo, directo y seguro para su integridad. Asimismo, el juez podrá recoger el testimonio del demandante o denunciante, antes de la citada audiencia. (Art.91 de la Ley 19.968). 72

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Medidas cautelares en protección de la víctima. El juez de familia deberá dar protección a la víctima y al grupo familiar. Cautelará, además, su subsistencia económica e integridad patrimonial. Para tal efecto, en el ejercicio de su potestad cautelar y sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes: 1. Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias. 2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no regresar al hogar común. 3. Fijar alimentos provisorios. 4. Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos. 5. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos. 6. Prohibir el porte y tenencia o incautar cualquier arma de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que correspondan. 7. Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante. 8. Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad. Las medidas cautelares podrán decretarse por un período que no exceda de los 180 días hábiles, renovables, por una sola vez, hasta por igual plazo y podrán, asimismo, ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o 73

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a petición de parte, en cualquier momento del juicio. El juez, para dar protección a niños, niñas o adolescentes, podrá, además, adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71, cumpliendo con los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición. (Art.92 de la Ley 19.968). Comunicación y ejecución de las medidas cautelares. El juez, en la forma y por los medios más expeditos posibles, pondrá en conocimiento de la víctima las medidas cautelares decretadas, otorgándole la certificación correspondiente. Asimismo, el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, disponer su intervención con facultades de allanamiento y descerrajamiento y ejercer, sin más trámite, los demás medios de acción conducentes para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas. (Art.93 de la Ley 19.968). Incumplimiento de medidas cautelares. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, el juez podrá ordenar, hasta por quince días, el arresto nocturno del denunciado o el arresto substitutivo en caso de quebrantamiento de aquél. Además, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. (Art.94 de la Ley 19.968). CITACIÓN A AUDIENCIA PREPARATORIA. Recibida la demanda o denuncia, el juez citará a las partes a la audiencia preparatoria, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. (Art.95 de la Ley 19.968). Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos sobre los que versa la demanda o denuncia y existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 74

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a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquellas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima; b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en esta ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año. En todo caso, el tribunal, previo acuerdo de las partes y en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero, podrá someter a mediación el conflicto para los efectos de la letra a). Aprobada el acta de mediación, el juez suspenderá condicionalmente la dictación de la sentencia. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose que las partes estén en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad. La resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el registro especial que para estos procesos mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los mismos términos que la sentencia. (Art.96 de la Ley 19.968). Improcedencia de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La facultad prevista en el artículo anterior no será procedente en los siguientes casos: a) Si el juez estimare conveniente la continuación del proceso; b) Si ha habido denuncia o demanda previa sobre la comisión de actos de violencia intrafamiliar en contra del denunciado o demandado, cualquiera que haya sido la víctima de éstos, y c) Si el demandado o denunciado hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las personas, o por alguno de los delitos previstos en los artículos 361 a 375 del Código Penal. (Art.96 de la Ley 19.968). 75

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Efectos de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si transcurrido un año desde que se hubiese suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia, el denunciado o demandado ha dado cumplimiento satisfactorio a las condiciones impuestas, el tribunal dictará una resolución declarando tal circunstancia, ordenará el archivo de los antecedentes y dispondrá la omisión en el certificado respectivo de la inscripción practicada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 96. En caso de incumplimiento del denunciado o demandado de las obligaciones acordadas en conformidad a la letra a) del inciso primero del artículo 96, el juez dictará sentencia y, atendida su naturaleza, decretará su ejecución. Si el denunciado o demandado no cumpliere con alguna de las medidas impuestas en conformidad a la letra b) del mismo inciso, el tribunal establecerá tal hecho y dictará sentencia. (Art.98 de la Ley 19.968). Revocación. Si la persona denunciada o demandada incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar en el período de condicionalidad, se acumularán los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos. (Art.99 de la Ley 19.968). Término del proceso. El proceso regulado en este Párrafo sólo podrá terminar por sentencia ejecutoriada o en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 98. Asimismo, cuando el proceso se hubiere iniciado por demanda o denuncia de un tercero, el juez de familia, durante la audiencia preparatoria y previo informe del consejo técnico, podrá poner término al proceso a requerimiento de la víctima si su voluntad fuere manifestada en forma libre y espontánea. (Art.100 de la Ley 19.968).

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SENTENCIA. La sentencia contendrá un pronunciamiento sobre la existencia de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, establecerá la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción aplicable. En caso de concurrir conjuntamente como víctimas de violencia intrafamiliar personas mayores y niños, niñas o adolescentes, el juez podrá siempre adoptar medidas de protección en conformidad a la ley. (Art.101 de la Ley 19.968). 3.- LOS ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS. Los actos judiciales no contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los jueces de familia se regirán por las normas de la presente ley y, en lo no previsto en ellas, por el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, a menos que resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. La solicitud podrá ser presentada por escrito y el juez podrá resolverla de plano, a menos que considere necesario oír a los interesados. En este último caso, citará a una audiencia, a la que concurrirán con todos sus antecedentes, a fin de resolver en ella la cuestión no contenciosa sometida a su conocimiento. (Art.102 de la Ley 19.968). 4.- PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL ANTE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA APLICACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO. Las faltas contenidas en la legislación vigente que sean cometidas por adolescentes, constituirán contravenciones de carácter administrativo para todos los efectos legales y su juzgamiento se sujetará al procedimiento regulado en este Párrafo. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior únicamente las faltas tipificadas en los artículos 494, Nºs. 1, 4, 5, y 19, este último en lo que dice relación con el artículo 477; en el artículo 494 bis y en el artículo 496, Nºs. 5 y 26, todos del 77

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Código Penal, y aquellas contempladas en la ley Nº 20.000 o en los cuerpos normativos que la sustituyan, cometidas por adolescentes mayores de 16 años, cuyo conocimiento estará sujeto a lo preceptuado por la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes. (Art.102 A Ley 19.968). Normas aplicables. Será aplicable al proceso contravencional lo dispuesto en los Párrafos 1º, 2º y 3º del Título III de esta ley, en lo que no sea incompatible con lo dispuesto en el presente Título y con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar. (Art.102 B Ley 19.968). Tribunal competente. Será competente para el conocimiento de los asuntos a que se refiere el inciso primero del artículo 102 A el tribunal del lugar en que se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de los asuntos a que se refiere el numeral 9 del artículo 8º, será competente el tribunal del domicilio del menor, sin perjuicio de la potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que inicialmente conozca del asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho. (Art.102 C Ley 19.968). Inicio del procedimiento. El procedimiento podrá iniciarse con el solo mérito del parte policial que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de la falta flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente. En ambos casos la policía procederá a citar al adolescente para que concurra a primera audiencia ante el tribunal, lo que deberá quedar consignado en el parte respectivo. Los particulares también podrán formular la denuncia directamente al tribunal. (Art.102 D Ley 19.968) Notificación a audiencia. De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda. Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba. (Art.102 E Ley 19.968) 78

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Adolescente no concurre a la audiencia. Si el adolescente no concurriere a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencias del tribunal. (Art.102 F Ley 19.968) Derecho del adolescente. El adolescente tendrá derecho a guardar silencio. (Art.102 G Ley 19.968) OBLIGACIÓN DEL JUEZ EN LA AUDIENCIA. Al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente para responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102 J. (Art.102 H Ley 19.968) Negación de los hechos o se guarda silencio. Si el adolescente negare los hechos o guardare silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena. (Art.102 I Ley 19.968) Sanciones que puede imponer el juez. El juez podrá imponer al adolescente únicamente alguna de las siguientes sanciones contravencionales: 79

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a) Amonestación; b) Reparación material del daño; c) Petición de disculpas al ofendido o afectado; d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales; e) Servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de tres horas, y f) Prohibición temporal de espectáculos, hasta por tres meses.

asistir

a

determinados

El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas en este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia. (Art.102 J Ley 19.968) RECURSOS. Las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables. (Art.102 K Ley 19.968) Sustitución de la pena. A solicitud de parte, el juez podrá sustituir una sanción por otra durante el cumplimiento de la misma. (Art.102 L Ley 19.968) Incumplimiento de la pena. En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. (Art.102 M Ley 19.968) Inimputable. En los casos en que un niño, niña o adolescente inimputable incurra en una conducta ilícita, el juez de familia deberá citar a su padre, madre o a quien lo tenga a su cuidado a una audiencia, para los fines del artículo 234 del Código Civil. (Art.102 N Ley 19.968) 80

LA MEDIACIÓN FAMILIAR.

- QUINTA PARTE. & LA MEDIACIÓN FAMILIAR. MEDIACIÓN. Para los efectos de esta ley, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos. (Art.103 Ley 19.968) Avenimientos obtenidos fuera de un procedimiento de mediación. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título, las partes podrán designar de común acuerdo una persona que ejerza entre ellas sus buenos oficios para alcanzar avenimientos en las materias en que sea procedente de acuerdo a la ley. (Art.104 Ley 19.968) PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN. Durante todo el proceso de mediación, el mediador deberá velar por que se cumplan los siguientes principios en los términos que a continuación se señalan: a) Igualdad: en virtud del cual el mediador se cerciorará de que los participantes se encuentren en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos. Si no fuese así, propondrá o adoptará, en su caso, las medidas necesarias para que se obtenga ese equilibrio. De no ser ello posible, declarará terminada la mediación. 81

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b) Voluntariedad: por el que los participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera sesión, o en cualquier otro momento durante el procedimiento, alguno de los participantes manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada. c) Confidencialidad: por el cual el mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. La violación de dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal. Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes durante el desarrollo de la mediación podrá invocarse en el subsiguiente procedimiento judicial, en caso de haberlo. Con todo, el mediador quedará exento del deber de confidencialidad en aquellos casos en que tome conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato o abuso en contra de niños, niñas, adolescentes o discapacitados. En todo caso, deberá dar a conocer previamente a las partes el sentido de esta exención. d) Imparcialidad: lo que implica que los mediadores serán imparciales en relación con los participantes, debiendo abstenerse de promover actuaciones que comprometan dicha condición. Si tal imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, deberán rechazar el caso, justificándose ante el juzgado que corresponda. Los involucrados podrán también solicitar al juzgado la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida. e) Interés superior del niño: por el cual, en el curso de la mediación, el mediador velará siempre para que se tome en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente, en su caso, pudiendo citarlos sólo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación. f) Opiniones de terceros: en virtud del cual, el mediador velará para que se consideren las opiniones de los terceros que no hubieren sido citados a la audiencia, a quienes también podrá citar. (Art.105 Ley 19.968) 82

LA MEDIACIÓN FAMILIAR.

MEDIACIÓN PREVIA, VOLUNTARIA Y PROHIBIDA. Las causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y al derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, el que se regirá por las normas de esta ley y su reglamento. Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los casos del artículo 54 de la ley N° 19.947. Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este requisito, si acreditaren que antes del inicio de la causa, sometieron el mismo conflicto a mediación ante mediadores inscritos en el registro a que se refiere el artículo 112 o si hubieren alcanzado un acuerdo privado sobre estas materias. Las restantes materias de competencia de los juzgados de familia, exceptuadas las señaladas en el inciso siguiente, podrán ser sometidas a mediación si así lo acuerdan o lo aceptan las partes. No se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes, y los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre adopción. En los asuntos a que de lugar la aplicación de la ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 96 y 97 de esta ley. (Art.106 Ley 19.968) Derivación a mediación y designación del mediador. Cuando se trate de algunas de las materias que de acuerdo al artículo 106 son de mediación previa, las partes, de común acuerdo, comunicarán al tribunal el nombre del mediador que elijan de entre los mediadores contratados en conformidad a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 114, mediante una presentación que contenga la individualización de los involucrados y la mención de la o las materias incluidas. A falta de acuerdo en la persona del mediador o si las partes manifiestan su decisión de dejar entregada la designación a la resolución del juez, éste procederá a nombrar al mediador mediante un procedimiento objetivo y general, que garantice 83

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una distribución equitativa entre los contratados para prestar servicios en ese territorio jurisdiccional y un adecuado acceso a los solicitantes. En todo caso, siempre se hará presente al requirente la posibilidad de recurrir, a su costa, a un mediador de los inscritos en el registro señalado en el artículo 112. Estas actuaciones podrán llevarse acabo ante cualquier tribunal de familia y para ellas no se requiere patrocinio de abogado. Si la acción judicial versa sobre alguna de las materias de mediación voluntaria, el juez ordenará que, al presentarse la demanda, un funcionario especialmente calificado instruya al actor sobre la alternativa de concurrir a ella, quien podrá aceptarla o rechazarla. Del mismo modo, ambas partes podrán solicitar la mediación o aceptar la que les propone el juez, durante el curso de la causa, hasta el quinto día anterior a la audiencia del juicio y podrán, en este caso, designar al mediador de común acuerdo. Si no se alcanzare acuerdo, el juez procederá a designarlo, de inmediato, de entre quienes figuren en el Registro de Mediadores, mediante un procedimiento que garantice una distribución equitativa de trabajo entre los registrados. La designación efectuada por el tribunal no será susceptible de recurso alguno. Con todo, deberá revocarse y procederse a una nueva designación si el mediador fuere curador o pariente, por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el cuarto grado en la línea colateral, de cualquiera de las partes, o hubiere prestado servicios profesionales a cualquiera de ellas con anterioridad, a menos que los hubiese prestado a ambas en calidad de mediador. La solicitud a que se refiere la letra d) del artículo 105, así como la revocación y nueva designación a que se refiere el inciso anterior, serán tramitadas en audiencia especial citada al efecto por el tribunal competente. Una vez realizadas las actuaciones a que se refieren los artículos precedentes, se comunicará al mediador su designación por la vía más expedita posible. Dicha comunicación incluirá, además, la individualización de las partes y las materias sobre las que versa el conflicto. (Art.107 Ley 19.968) Citación a la sesión inicial de mediación. El mediador designado fijará una sesión inicial de mediación. A ésta citará, conjunta o separadamente, a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados. 84

LA MEDIACIÓN FAMILIAR.

La primera sesión comenzará con la información a los participantes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, los principios que la informan y el valor jurídico de los acuerdos a que puedan llegar. (Art.108 Ley 19.968) REGLAS ESPECIALES SOBRE LA MEDIACIÓN EN CAUSAS RELATIVAS AL DERECHO DE ALIMENTOS. Tratándose de casos que versen, en todo o parte, sobre el derecho de alimentos, el mediador, en la primera sesión, deberá informar al alimentario de su derecho de recurrir en cualquier momento al tribunal para la fijación de alimentos provisorios, de acuerdo al artículo 54-2. De esta actuación deberá dejarse constancia escrita firmada por el mediador y las partes. Sin perjuicio de lo cual, las partes podrán adoptar directamente un acuerdo sobre la materia. Si el requerido, citado por una sola vez, no acude a la primera sesión de mediación y no justifica su ausencia, el requirente quedará habilitado para iniciar el procedimiento judicial. (Art.109 Ley 19.968) Duración de la mediación. El proceso de mediación no podrá durar más de sesenta días, contados desde que se comunica al mediador su designación por parte del juzgado de familia. Con todo, los participantes, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por sesenta días más. Durante ese plazo, podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador y las partes estimen necesarias, en las fechas que de común acuerdo se determinen. Podrá citarse a los participantes por separado. (Art.110 Ley 19.968) Acta de mediación. En caso de llegar a acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que, luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, quedando una copia en poder de cada una de las partes. 85

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El acta deberá ser remitida por el mediador al tribunal para su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho, pudiendo el juez en todo caso, subsanar los defectos formales que tuviera, respetando en todo momento la voluntad de las partes expresada en dicha acta. Aprobada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada. Si la mediación se frustrare, también se levantará un acta en la que se dejará constancia del término de la mediación, sin agregar otros antecedentes. En lo posible, dicha acta será firmada por los participantes, se entregará copia de la misma a aquella parte que la solicite y se remitirá al tribunal correspondiente, con lo cual terminará la suspensión del procedimiento judicial o, en su caso, el demandante quedará habilitado para iniciarlo. Se entenderá que la mediación se frustra si alguno de los participantes, citado por dos veces, no concurriere a la sesión inicial, ni justificare causa; si, habiendo concurrido a las sesiones, manifiesta su voluntad de no perseverar en la mediación, y, en general, en cualquier momento en que el mediador adquiera la convicción de que no se alcanzará acuerdos. (Art.111 Ley 19.968) Registro de mediadores. La mediación que regula el presente Título sólo podrá ser conducida por las personas inscritas en el Registro de Mediadores que mantendrá, permanentemente actualizado, el Ministerio de Justicia a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, con las formalidades establecidas en el reglamento. En dicho Registro, deberá individualizarse a todos los mediadores inscritos y consignarse el ámbito territorial en que prestarán servicios. Éste deberá corresponder, a lo más, al territorio jurisdiccional de una Corte de Apelaciones o de varias, siempre que se encuentren en una misma región y a lo menos, a todo el territorio jurisdiccional de un tribunal de primera instancia con competencia en asuntos de familia. Además, si corresponde, se señalará su pertenencia a una institución o persona jurídica. El Ministerio de Justicia proporcionará a las Cortes de Apelaciones la nómina de los mediadores habilitados en su respectivo territorio jurisdiccional. Asimismo, deberá mantener en su página web dicha nómina, la cual deberá ordenar a los mediadores por comunas y contener los datos básicos de cada uno de ellos. Para inscribirse en el Registro de Mediadores se requiere poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por una institución de 86

LA MEDIACIÓN FAMILIAR.

educación superior del Estado o reconocida por éste; acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en dichas materias, y no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, ni por actos constitutivos de violencia intrafamiliar. Además, deberá disponer de un lugar adecuado para desarrollar la mediación en cualquier comuna donde tenga jurisdicción el juzgado ante el cual se acuerde la respectiva mediación.(Art.112 Ley 19.968) Eliminación del Registro y sanciones. Los mediadores inscritos serán eliminados del Registro, por el Ministerio de Justicia, en caso de fallecimiento o renuncia. Asimismo, serán eliminados del Registro en caso de pérdida de los requisitos exigidos para la inscripción o por la cancelación de la misma, decretadas por la Corte de Apelaciones competente. En caso de incumplimiento de sus obligaciones o abuso en el desempeño de sus funciones, el mediador inscrito podrá ser amonestado o suspendido en el ejercicio de la actividad por un período no superior a los seis meses. Asimismo, en casos graves, podrá decretarse la cancelación de la inscripción. Impuesta esta última, no podrá volver a solicitarse la inscripción. Las sanciones serán ordenadas por cualquiera de las Cortes de Apelaciones dentro de cuyo territorio ejerciere funciones el mediador, a petición del interesado que reclamare contra los servicios prestados, de la institución o persona jurídica a que pertenezca el mediador, de cualquier juez con competencia en materias de familia del territorio jurisdiccional de la Corte, o de la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Justicia. La Corte resolverá con audiencia de los interesados y la agregación de los medios de prueba que estimare conducentes para formar su convicción. Las medidas que en ejercicio de estas facultades adoptaren las Cortes de Apelaciones, serán apelables, sin perjuicio del derecho del mediador para pedir reposición. La tramitación del recurso se sujetará a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales. La resolución será comunicada a la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Justicia para su cumplimiento, el que se hará extensivo a todo el territorio de la República. 87

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Impuesta la cancelación, el mediador quedará inhabilitado para actuar, debiendo proveerse una nueva designación respecto de los asuntos que tuviere pendientes. Por su parte, impuesta una suspensión, el mediador deberá continuar, hasta su término, con aquellos asuntos que se le hubieren encomendado en forma previa. En caso de pérdida de los requisitos, la Corte de Apelaciones respectiva seguirá el mismo procedimiento señalado en los incisos precedentes. (Art.113 Ley 19.968) Costo de la mediación. Los servicios de mediación respecto de las materias a que se refiere el inciso primero del artículo 106 serán gratuitos para las partes. Excepcionalmente, podrá cobrarse por el servicio, total o parcialmente, cuando se preste a usuarios que dispongan de recursos para financiarlo privadamente. Para estos efectos se considerará, al menos, su nivel de ingresos, capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependan, en conformidad con lo que señale el reglamento. Para las restantes materias, los servicios de mediación serán de costo de las partes y tendrán como valores máximos los que contemple el arancel que anualmente se determinará mediante decreto del Ministerio de Justicia. Con todo, quienes cuenten con privilegio de pobreza o sean patrocinados por las corporaciones de asistencia judicial o alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica gratuita, tendrán derecho a recibir el servicio gratuitamente. Para proveer los servicios de mediación sin costo para las partes, el Ministerio de Justicia velará por la existencia de una adecuada oferta de mediadores en las diversas jurisdicciones de los tribunales con competencia en asuntos de familia, contratando al efecto los servicios de personas jurídicas o naturales, a fin de que sean ejecutados por quienes se encuentren inscritos en el Registro de Mediadores. Las contrataciones a que se refiere el inciso precedente, se harán a nivel regional, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento. En todo caso, de contratarse mediadores mediante trato directo, los términos del mismo deberán ajustarse a iguales condiciones que las establecidas para la contratación de mediadores licitados, en lo que sea pertinente. (Art.114 Ley 19.968) 88

*SEGUNDA PARTE* & LEYES COMPLEMENTARIAS DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

LEY 14.908 SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS

LEY 14.908 SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Art.1. De los juicios de alimentos, conocerá el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último. Estos juicios se tramitarán conforme a la ley Nº 19.968, con las modificaciones establecidas en este cuerpo legal. Será competente para conocer de las demandas de aumento de la pensión alimenticia el mismo tribunal que decretó la pensión o el del nuevo domicilio del alimentario, a elección de éste. De las demandas de rebaja o cese de la pensión conocerá el tribunal del domicilio del alimentario. La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. Si aquélla es menor, el juez deberá ejercer la facultad que le otorga el artículo 19 de la ley Nº 19.968, en interés de la madre. Art. 2. La demanda podrá omitir la indicación del domicilio del demandado si éste no se conociera. En tal caso, el tribunal procederá en conformidad a lo previsto en el artículo 23 de la ley Nº 19.968. El demandado deberá informar al tribunal todo cambio de domicilio, de empleador y de lugar en que labore o preste servicios, dentro de treinta días contados desde que el cambio se haya producido. Al demandado que no dé cumplimiento a lo previsto en el inciso anterior se le impondrá, a solicitud de parte, una multa de 1 a 15 unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal. Art.3. Para los efectos de decretar los alimentos cuando un menor los solicitare de su padre o madre, se presumirá que el alimentante tiene los medios para otorgarlos. 91

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En virtud de esta presunción, el monto mínimo de la pensión alimenticia que se decrete a favor de un menor alimentario no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del ingreso mínimo remuneracional que corresponda según la edad del alimentante. Tratándose de dos o más menores, dicho monto no podrá ser inferior al 30% por cada uno de ellos. Todo lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7° de la presente ley. Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios para pagar el monto mínimo establecido en el inciso anterior, el juez podrá rebajarlo prudencialmente. Cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario podrá demandar a los abuelos, de conformidad con lo que establece el artículo 232 del Código Civil. Art.4. En los juicios en que se demanden alimentos el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos provisorios, junto con admitir la demanda a tramitación, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados. El demandado tendrá el plazo de cinco días para oponerse al monto provisorio decretado. En la notificación de la demanda deberá informársele sobre esta facultad. Presentada la oposición, el juez resolverá de plano, salvo que del mérito de los antecedentes estime necesario citar a una audiencia, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. Si en el plazo indicado en el inciso segundo no existe oposición, la resolución que fija los alimentos provisorios causará ejecutoria. El tribunal podrá acceder provisionalmente a la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, cuando estime que existen antecedentes suficientes que lo justifiquen. La resolución que decrete los alimentos provisorios o la que se pronuncie provisionalmente sobre la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, será susceptible del recurso de reposición con apelación subsidiaria, la que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de preferencia para su vista y fallo. 92

LEY 14.908 SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS

El juez que no dé cumplimiento a lo previsto en el inciso primero incurrirá en falta o abuso que la parte agraviada podrá perseguir conforme al artículo 536 del Código Orgánico de Tribunales. Art.5. El juez, al proveer la demanda, ordenará que el demandado acompañe, en la audiencia preparatoria, las liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto a la renta del año precedente y de las boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica. En el evento de que no disponga de tales documentos, acompañará, o extenderá en la propia audiencia, una declaración jurada, en la cual dejará constancia de su patrimonio y capacidad económica. La declaración de patrimonio deberá señalar el monto aproximado de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, individualizando lo más completamente posible, si los tuviere, sus activos, tales como bienes inmuebles, vehículos, valores, derechos en comunidades o sociedades. Para efectos de lo anterior, el tribunal citará al demandado a la audiencia preparatoria personalmente o representado, bajo apercibimiento del apremio establecido en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil. Si el demandado no da cumplimiento a lo ordenado conforme al inciso primero, o si el tribunal lo estima necesario, deberá solicitar de oficio al Servicio de Impuestos Internos, a las Instituciones de Salud Previsional, a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a cualquier otro organismo público o privado, los antecedentes que permitan acreditar la capacidad económica y el patrimonio del demandado. El ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del demandado, efectuado en juicio en que se exija el cumplimiento de la obligación alimenticia, será sancionado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados. El demandado que no acompañe todos o algunos de los documentos requeridos o no formule la declaración jurada, así como el que presente a sabiendas documentos falsos, y el tercero que le proporcione maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica, serán sancionados con las penas del artículo 207 del Código Penal. 93

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La inclusión de datos inexactos y la omisión de información relevante en la declaración jurada que el demandado extienda conforme a este artículo, será sancionada con las penas del artículo 212 del Código Penal. Los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe, con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario, así como los actos simulados o aparentes ejecutados con el propósito de perjudicar al alimentario, podrán revocarse conforme al artículo 2.468 del Código Civil. Para estos efectos, se entenderá que el tercero está de mala fe cuando conozca o deba conocer la intención fraudulenta del alimentante. Todo lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La acción se tramitará como incidente, ante el juez de familia. La resolución que se pronuncie sobre esta materia será apelable en el solo efecto devolutivo. Art. 6. Las medidas precautorias en estos juicios podrán decretarse por el monto y en la forma que el tribunal determine de acuerdo con las circunstancias del caso. Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá determinar el monto y lugar de pago de la misma. Art. 7. El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante. Las asignaciones por "carga de familia" no se considerarán para los efectos de calcular esta renta y corresponderán, en todo caso, a la persona que causa la asignación y serán inembargables por terceros. Cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje de los ingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reajustables, sino en una suma determinada, ésta se reajustará semestralmente de acuerdo al alza que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o el organismo que haga sus veces, desde el mes siguiente a aquél en que quedó ejecutoriada la resolución que determina el monto de la pensión. El secretario del tribunal, a requerimiento del alimentario, procederá a reliquidar la pensión alimenticia, de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior. 94

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Art. 8. Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador dependiente establecerán, como modalidad de pago, la retención por parte del empleador. La resolución judicial que así lo ordene se notificará a la persona natural o jurídica que, por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al alimentante su sueldo, salario o cualquier otra prestación en dinero, a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante legal, o a la persona a cuyo cuidado esté. La notificación de las resoluciones a que se refiere el inciso anterior se efectuará por carta certificada, dejándose testimonio en el expediente de que la persona fue notificada por este medio, de la fecha de entrega de la carta a la oficina de correos, la individualización de dicha oficina y el número de comprobante emitido por ella, el cual se adherirá al expediente a continuación del testimonio. La notificación se entenderá practicada al quinto día hábil siguiente a la fecha recién aludida. Si la carta certificada fuere devuelta por la oficina de correos por no haberse podido entregar al destinatario, se adherirá al expediente. El demandado dependiente podrá solicitar al juez, por una sola vez, con fundamento plausible, en cualquier estado del juicio y antes de la dictación de la sentencia, que sustituya, por otra modalidad de pago, la retención por parte del empleador, siempre que dé garantías suficientes de pago íntegro y oportuno. La solicitud respectiva se tramitará como incidente. En caso de ser acogida, la modalidad de pago decretada quedará sujeta a la condición de su íntegro y oportuno cumplimiento. De existir incumplimiento, el juez, de oficio, y sin perjuicio de las sanciones y apremios que sean pertinentes, ordenará que en lo sucesivo la pensión alimenticia decretada se pague conforme al inciso primero. Art. 9. El juez podrá decretar o aprobar que se imputen al pago de la pensión, parcial o totalmente, los gastos útiles o extraordinarios que efectúe el alimentante para satisfacer necesidades permanentes de educación, salud o vivienda del alimentario.

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El juez podrá también fijar o aprobar que la pensión alimenticia se impute total o parcialmente a un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante, quien no podrá enajenarlos ni gravarlos sin autorización del juez. Si se tratare de un bien raíz, la resolución judicial servirá de título para inscribir los derechos reales y la prohibición de enajenar o gravar en los registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces. Podrá requerir estas inscripciones el propio alimentario. La constitución de los mencionados derechos reales no perjudicará a los acreedores del alimentante cuyos créditos tengan una causa anterior a su inscripción. En estos casos, el usufructuario, el usuario y el que goce del derecho de habitación estarán exentos de las obligaciones que para ellos establecen los artículos 775 y 813 del Código Civil, respectivamente, estando sólo obligados a confeccionar un inventario simple. Se aplicarán al usufructuario las normas de los artículos 819, inciso primero, y 2466, inciso tercero, del Código Civil. Cuando el cónyuge alimentario tenga derecho a solicitar, para sí o para sus hijos menores, la constitución de un usufructo, uso o habitación en conformidad a este artículo, no podrá pedir la que establece el artículo 147 del Código Civil respecto de los mismos bienes. El no pago de la pensión así decretada o acordada hará incurrir al alimentante en los apremios establecidos en esta ley y, en el caso del derecho de habitación o usufructo recaído sobre inmuebles, se incurrirá en dichos apremios aun antes de haberse efectuado la inscripción a que se refiere el inciso segundo. Art.10. El juez podrá también ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra forma de caución. Lo ordenará especialmente si hubiere motivo fundado para estimar que el alimentante se ausentará del país. Mientras no rinda la caución ordenada, que deberá considerar el periodo estimado de ausencia, el juez decretará el arraigo del alimentante, el que quedará sin efecto por la constitución de la caución, debiendo el juez comunicar este hecho de inmediato a la misma autoridad policial a quien impartió la orden, sin más trámite. Art.11.- Toda resolución judicial que fijare una pensión alimenticia, o que aprobare una transacción bajo las condiciones 96

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establecidas en el inciso tercero, tendrá mérito ejecutivo. Será competente para conocer de la ejecución el tribunal que la dictó en única o en primera instancia o el del nuevo domicilio del alimentario. En las transacciones sobre alimentos futuros tendrán la calidad de ministros de fe, además de aquellos señalados en otras disposiciones legales, los Abogados Jefes o Coordinadores de los Consultorios de la respectiva Corporación de Asistencia Judicial, para el solo efecto de autorizar las firmas que se estamparen en su presencia. El juez sólo podrá dar su aprobación a las transacciones sobre alimentos futuros, a que hace referencia el artículo 2.451 del Código Civil, cuando se señalare en ellas la fecha y lugar de pago de la pensión, y el monto acordado no sea inferior al establecido en el artículo 3° de la presente ley. La mención de la fecha y lugar de pago de la pensión será necesaria, asimismo, para que el tribunal apruebe los avenimientos sobre alimentos futuros. Salvo estipulación en contrario, tratándose de alimentantes que sean trabajadores dependientes, el juez ordenará como modalidad de pago de la pensión acordada la retención por parte del empleador. Esta modalidad de pago se decretará, sin más trámite, toda vez que el alimentante no cumpla con la obligación alimenticia acordada. Art.12. El requerimiento de pago se notificará al ejecutado en forma establecida en los incisos primero y segundo del artículo 23 de la ley que crea juzgados de familia. Solamente será admisible la excepción de pago y siempre que se funde en un antecedente escrito. Si no se opusieran excepciones en el plazo legal, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento para que el acreedor haga uso de su derecho en conformidad al procedimiento de apremio del juicio ejecutivo. Si las excepciones opuestas fueren inadmisibles, el tribunal lo declarará así y ordenará seguir la ejecución adelante. El mandamiento de embargo que se despache para el pago de la primera pensión alimenticia será suficiente para el pago de cada una de las venideras, sin necesidad de nuevo requerimiento; pero si no se efectuara oportunamente el pago 97

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de una o más pensiones, deberá, en cada caso, notificarse por carta certificada, pudiendo el demandado oponer excepción de pago dentro del término legal a contar de la notificación. Art. 13. Si la persona natural o jurídica que deba hacer la retención a que se refieren los artículos 8° y 11°, desobedeciere la respectiva orden judicial, incurrirá en multa, a beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad mandada retener, lo que no obsta para que se despache en su contra o en contra del alimentante el mandamiento de ejecución que corresponda. La resolución que imponga la multa tendrá mérito ejecutivo una vez ejecutoriada. El empleador deberá dar cuenta al tribunal del término de la relación laboral con el alimentante. En caso de incumplimiento, el tribunal aplicará, si correspondiere, la sanción establecida en los incisos precedentes. La notificación a que se refiere el artículo 8° deberá expresar dicha circunstancia. En caso de que sea procedente el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo a que se refieren los artículos 161 y 162 del Código del Trabajo, será obligación del empleador retener de ella la suma equivalente a la pensión alimenticia del mes siguiente a la fecha de término de la relación laboral, para su pago al alimentario. Asimismo, si fuere procedente la indemnización por años de servicio a que hace referencia el artículo 163 del Código del Trabajo, o se pactare ésta voluntariamente, el empleador estará obligado a retener del total de dicha indemnización el porcentaje que corresponda al monto de la pensión de alimentos en el ingreso mensual del trabajador, con el objeto de realizar el pago al alimentario. El alimentante podrá, en todo caso, imputar el monto retenido y pagado a las pensiones futuras que se devenguen. El no cumplimiento de las retenciones establecidas en los dos incisos precedentes hará aplicable al empleador la multa establecida en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda. Art.14. Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su 98

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obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin necesidad de audiencia, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación. Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos periodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dicte el apremio, si lo estima estrictamente necesario, podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado y ordenará que éste sea conducido directamente ante Gendarmería de Chile. La policía deberá intimar previamente la actuación a los moradores, entregándoles una comunicación escrita o fijándola en lugar visible del domicilio. Si el alimentante no es habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez ordenará a la fuerza pública investigar su paradero y adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo el apremio. En todo caso, la policía podrá arrestar al demandado en cualquier lugar en que éste se encuentre. En caso de que fuere necesario decretar dos o más apremios por la falta de pago de unas mismas cuotas, las pensiones alimenticias a trasadas devengarán el interés corriente entre la fecha de vencimiento de la respectiva cuota y la del pago efectivo. En las situaciones contempladas en este artículo, el juez dictará también orden de arraigo en contra del alimentante, la que permanecerá vigente hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. Para estos efectos, las órdenes de apremio y de arraigo expresarán el monto de la deuda, y podrá recibir válidamente el pago la unidad policial que les dé cumplimiento, debiendo entregar comprobante al deudor. Esta disposición se aplicará asimismo en el caso del arraigo a que se refiere el artículo 10. 99

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Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios necesarios para el pago de su obligación alimenticia, podrá suspenderse el apremio y el arraigo, y no tendrá aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto. Igual decisión podrá adoptar el tribunal, de oficio, a petición de parte o de Gendarmería de Chile, en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que tengan lugar entre las seis semanas antes del parto y doce semanas después de él, o de circunstancias extraordinarias que impidieren el cumplimiento del apremio o lo transformaren en extremadamente grave. Art.15.- El apremio regulado en el artículo precedente se aplicará al que, estando obligado a prestar alimentos a las personas mencionadas en dicha disposición, ponga término a la relación laboral por renuncia voluntaria o mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada, después de la notificación de la demanda y carezca de rentas que sean suficientes para poder cumplir la obligación alimenticia. Art.16.- Sin perjuicio de los demás apremios y sanciones previstos en la ley, existiendo una o más pensiones insolutas, el juez adoptará, a petición de parte, las siguientes medidas: 1. Ordenará, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la República, que retenga de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias, los montos insolutos y las pensiones que se devenguen hasta la fecha en que debió haberse verificado la devolución. La Tesorería deberá comunicar al tribunal respectivo el hecho de la retención y el monto de la misma. 2. Suspenderá la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual período, si el alimentante persiste en el incumplimiento de su obligación. Dicho término se contará desde que se ponga a disposición del administrador del Tribunal la licencia respectiva. En el evento de que la licencia de conducir sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al alimentante, éste podrá solicitar la interrupción de este apremio, 100

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siempre que garantice el pago de lo adeudado y se obligue a solucionar, dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días corridos, la cantidad que fije el juez, en relación con los ingresos mensuales ordinarios y extraordinarios que perciba el alimentante. Las medidas establecidas en este artículo procederán también respecto del alimentante que se encuentre en la situación prevista en el artículo anterior. Art .17.- Derogado. Art.18. Serán solidariamente responsables del pago de la obligación alimenticia los que, sin derecho para ello, dificultaren o imposibilitaren el fiel y oportuno cumplimiento de dicha obligación. El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión nocturna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. Art.19.- Si constare en el expediente que en contra del alimentante se hubiere decretado dos veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, procederá en su caso, ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva, lo siguiente: 1. Decretar la separación de bienes de los cónyuges. 2. Autorizar a la mujer para actuar conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 138 del Código Civil, sin que sea necesario acreditar el perjuicio a que se refiere dicho inciso. 3. Autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del alimentante, en cuyo caso procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 49 de la ley Nº 16.618.

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La circunstancia señalada en el inciso anterior será especialmente considerada para resolver sobre: a) La falta de contribución a que hace referencia el artículo 225 del Código Civil. b) La emancipación judicial por abandono del hijo a que se refiere el artículo 271, número 2, del Código Civil." Art.20. Derogado.

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LEY 16.618 SOBRE MENORES

LEY 16.618 SOBRE MENORES. Título Preliminar Artículo 1.º La presente ley se aplicará a los menores de edad, sin perjuicio de las disposiciones especiales que establecen otra edad para efectos determinados. En caso de duda acerca de la edad de una persona, en apariencia menor, se le considerará provisionalmente como tal, mientras se compruebe su edad. Título I (Derogado) Título II DE LA POLICIA DE MENORES Y SUS FUNCIONES Art.15. Créase en la Dirección General de Carabineros un Departamento denominado "Policía de Menores", con personal especializado en el trabajo con menores. Este departamento establecerá en cada ciudad cabecera de provincia y en los lugares que sean asiento de un Juzgado de Letras de Menores, Comisarías o Subcomisarías de Menores. La Policía de Menores tendrá las siguientes finalidades: a) Recoger a los menores en situación irregular con necesidad de asistencia o protección;

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b) Ejercer, de acuerdo con las instrucciones que imparta el Servicio Nacional de Menores, el control de los sitios estimados como centros de corrupción de menores; c) Fiscalizar los espectáculos públicos, centros de diversión o cualquier lugar donde haya afluencia de público, con el fin de evitar la concurrencia de menores, cuando no sean apropiados para ellos, y d) Denunciar al Ministerio Público los hechos penados por el artículo 62. e) Otorgar protección inmediata a un niño, niña o adolescente que se encuentre en situación de peligro grave, directo e inminente para su vida o integridad física. Para ello, concurriendo tales circunstancias, podrá ingresar a un lugar cerrado y retirar al niño, niña o adolescente, debiendo en todo caso poner de inmediato los hechos en conocimiento del Juez de Menores, del Crimen o Fiscal del Ministerio Público, según corresponda. Art. 16. Derogado. Artículo 16 bis.- En aquellos casos en que aparezcan gravemente vulnerados o amenazados los derechos de un menor de edad, Carabineros de Chile deberá conducirlo al hogar de sus padres o cuidadores, en su caso, y entregarlo a ellos, informándoles de los hechos que motivaron la actuación policial. Si, para cautelar la integridad física o psíquica del menor, fuere indispensable separarlo de su medio familiar o de las personas que lo tuvieren bajo su cuidado, Carabineros de Chile lo conducirá a un Centro de Tránsito y Distribución e informará de los hechos a primera audiencia al juez de menores respectivo. Tratándose de la comisión de un delito de que fuere víctima un menor de edad, Carabineros deberá, además, poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público de acuerdo a las reglas generales. En todas las hipótesis previstas en este artículo en que Carabineros hubiere llevado a un menor a un Centro de Tránsito y Distribución, el encargado del Centro que reciba al menor de 104

LEY 16.618 SOBRE MENORES

edad deberá conducirlo ante el referido juez, a primera audiencia, a fin que éste adopte las medidas que procedan de conformidad con esta ley. Art. 17. Se prohíbe a los jefes de establecimientos de detención mantener a los menores de dieciocho años en comunicación con otros detenidos o presos mayores de esa edad. El funcionario que no diere cumplimiento a esta disposición será castigado, administrativamente, con suspensión de su cargo hasta por el término de un mes.

Título III DE LA JUDICATURA DE MENORES, SU ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES Art. 18 a 27. Derogados. Art. 28. Derogado. Art. 29. Derogado. Art. 30. En los casos previstos en el artículo 8, números, 7) y 8), de la ley que crea los juzgados de familia el juez de letras de menores, mediante resolución fundada, podrá decretar las medidas que sean necesarias para proteger a los menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos. En particular, el juez podrá: 1) disponer la concurrencia a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación a los menores de edad, a sus padres o a las personas que lo tengan bajo su cuidado, para enfrentar y superar la situación de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes, y 2) disponer el ingreso del menor de edad en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar substituto o en un establecimiento residencial. 105

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Si adoptare la medida a que se refiere el número 2), el juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado del menor, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza. La medida de internación en un establecimiento de protección sólo procederá en aquellos casos en que, para cautelar la integridad física o síquica del menor de edad, resulte indispensable separarlo de su medio familiar o de las personas que lo tienen bajo su cuidado, y en defecto de las personas a que se refiere el inciso anterior. Esta medida tendrá un carácter esencialmente temporal, no se decretará por un plazo superior a un año, y deberá ser revisada por el tribunal cada seis meses, para lo cual solicitará los informes que procedan al encargado del Centro u hogar respectivo. Sin perjuicio de ello, podrá renovarse en esos mismos términos y condiciones, mientras subsista la causal que le dio lugar. En todo caso, el tribunal podrá sustituir o dejar sin efecto la medida antes del vencimiento del plazo por el que la hubiere dispuesto. Art. 31. El juez podrá ejercer las facultades que le otorga esta ley, a petición del Ministerio Público, de los organismos o entidades que presten atención a menores, de cualquiera persona y aun de oficio. En el ejercicio de estas facultades podrá el juez ordenar las diligencias e investigaciones que estime conducentes. Art. 32. Derogado Art. 33. Si con ocasión del desempeño de sus funciones el juez de letras de menores tuviere conocimiento de la comisión de un delito que comprometa la salud, educación o buenas costumbres de un menor, y cuyo juzgamiento corresponda a otros tribunales, deberá denunciarlo, remitiéndole copia de los antecedentes. Art. 34. Derogado. Art. 35. Derogado. Art. 36. Derogado. Art. 37. Derogado.

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Art. 38. En los juicios de disenso si no se alega causa legal, en los casos en que haya obligación de hacerlo, el juez deberá dar inmediatamente autorización para el matrimonio. Si la persona que debe prestar el consentimiento no concurre a la audiencia, se entiende que retira el disenso. Lo dicho, no regirá con respecto al Oficial del Registro Civil. Art. 39. Derogado Art. 40. Derogado. Art. 41. Derogado. Art. 42. Para los efectos del artículo 226 del Código Civil, se entenderá que uno o ambos padres se encuentran en el caso de inhabilidad física o moral: 1.º Cuando estuvieren incapacitados mentalmente; 2.º Cuando padecieren de alcoholismo crónico; 3.º Cuando no velaren por la crianza, cuidado personal o educación del hijo; 4.º Cuando consintieren en que el hijo se entregue en la vía o en los lugares públicos a la vagancia o a la mendicidad, ya sea en forma franca o a pretexto de profesión u oficio; 5.º Cuando hubieren sido condenados por secuestro o abandono de menores; 6.º Cuando maltrataren o dieren malos ejemplos al menor o cuando la permanencia de éste en el hogar constituyere un peligro para su moralidad; 7.º Cuando cualesquiera otras causas coloquen al menor en peligro moral o material. Art. 43. La pérdida de la patria potestad, la suspensión de su ejercicio y la pérdida o suspensión de la tuición de los menores no importa liberar a los padres o guardadores de las obligaciones que les corresponden de acudir a su educación y sustento. 107

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El juez de letras de menores determinará la cuantía y forma en que se cumplirán estas obligaciones, apreciando en conciencia las facultades del obligado y sus circunstancias domésticas. La sentencia que dicte tendrá mérito ejecutivo y permitirá exigir su cumplimiento ante el tribunal correspondiente. Art. 44. La asignación familiar que corresponda a los padres del menor la percibirán los establecimientos o personas naturales que, por disposición del juez o del Consejo Técnico de la Casa de Menores, tengan a su cargo al menor. En el caso indicado en el inciso anterior, la asignación familiar sólo podrá pagarse a los establecimientos o personas que indique el juez de letras de menores. Art. 45. El juez podrá ordenar, dentro de las normas del juicio de alimentos y sujeto a las mismas disposiciones de procedimiento y apremio que el padre, madre o la persona obligada a proporcionar alimentos al menor, paguen la respectiva pensión al establecimiento o persona que lo tenga a su cargo. Si los menores que se encontraren en la situación indicada en el inciso anterior, tuvieren bienes propios, su representante legal deberá destinar, de las rentas provenientes de dichos bienes, las cantidades que fueren necesarias para su cuidado y educación, de acuerdo con el monto y plazo fijados por el juez de letras de menores. Art. 46. Derogado. Art. 47. El solo hecho de colocar al menor en casa de terceros no constituye abandono para los efectos del artículo 240 del Código Civil. En este caso, queda a la discreción del juez el subordinar o no la entrega del menor a la prestación que ordena dicho artículo, decisión que adoptará en resolución fundada. Art. 48. En caso de que los padres del menor vivan separados, y no hubieren acordado la forma en que el padre o madre que no tuviere el cuidado personal del hijo mantendrá con él una relación directa y regular, cualquiera de ellos podrá 108

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solicitar al juez de letras de menores que la regule. Asimismo, podrá pedir al tribunal que modifique la regulación que se haya establecido de común acuerdo o por resolución judicial, si fuere perjudicial para el bienestar del menor. Si se sometiere a decisión judicial la determinación de la persona a quien corresponderá ejercer el cuidado personal del menor, y no se debatiere la forma en la que éste se relacionará con el padre o madre que quede privado de su cuidado personal, la resolución se pronunciará de oficio sobre este punto, con el mérito de los antecedentes que consten en el proceso. Cuando, por razones imputables a la persona a cuyo cuidado se encuentre el menor, se frustre, retarde o entorpezca de cualquier manera la relación en los términos en que ha sido establecida, el padre o madre a quien le corresponde ejercerla podrá solicitar la recuperación del tiempo no utilizado, lo que el tribunal dispondrá prudencialmente. En caso de que el padre o madre a quien corresponda mantener la relación con el hijo dejase de cumplir, injustificadamente, la forma convenida para el ejercicio del derecho o la establecida por el tribunal, podrá ser instado a darle cumplimiento, bajo apercibimiento de decretar su suspensión o restricción, lo que no obstará a que se decreten apremios cuando procedan de conformidad al inciso tercero del artículo 66. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suspensión o restricción del ejercicio del derecho por el tribunal procederá cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo. Si se acompañan antecedentes graves y calificados que lo justifique, podrá accederse provisionalmente a la solicitud. La resolución del tribunal deberá ser fundada y, cuando sea necesario para su adecuado cumplimiento, podrá solicitarse que se ponga en conocimiento de los terceros que puedan resultar involucrados, como los encargados del establecimiento educacional en que estudie el menor. El juez, luego de oír a los padres y a la persona que tenga el cuidado personal del menor, podrá conferir derecho a visitarlo a los parientes que individualice, en la forma y condiciones que determine, cuando parezca de manifiesto la conveniencia para el menor; y podrá, asimismo, suprimirlo o restringirlo cuando pudiera perjudicar su bienestar. 109

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Artículo 48 bis. Derogado. Artículo 48 ter. Cuando se deduzca una demanda de alimentos a favor de los hijos, o entre los cónyuges en forma adicional a aquélla, o se solicite la regulación del cuidado personal o de la relación directa y regular que mantendrá con ellos aquél de los padres que no los tenga bajo su cuidado, y no exista previamente una resolución judicial que regule dichas materias o que apruebe el acuerdo de las partes sobre las mismas, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal que emita en la sentencia un pronunciamiento sobre cada una de ellas, aunque no hubieren sido incluidas en la demanda respectiva o deducidas por vía reconvencional. El tribunal hará lugar a esa solicitud, a menos que no se den los presupuestos que justifican su regulación. Para estos efectos, las acciones que hubieren dado lugar a la interposición de la demanda se tramitarán conforme al procedimiento que corresponda, mientras que las demás se sustanciarán por vía incidental, a menos que el tribunal, de oficio o a petición de parte, resuelva tramitarlas en forma conjunta. Art. 49. La salida de menores desde Chile deberá sujetarse a las normas que en este artículo se señalan, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 18.703 Si la tuición del hijo no ha sido confiada por el juez a alguno de sus padres ni a un tercero, aquél no podrá salir sin la autorización de ambos padres, o de aquel que lo hubiere reconocido, en su caso. Confiada por el juez la tuición a uno de los padres o a un tercero, el hijo no podrá salir sino con la autorización de aquel a quien se hubiere confiado. Regulado el derecho a que se refiere el artículo 229 del Código Civil por sentencia judicial o avenimiento aprobado por el tribunal, se requerirá también la autorización del padre o madre a cuyo favor se estableció. El permiso a que se refieren los incisos anteriores deberá prestarse por escritura pública o por escritura privada autorizada por un Notario Público. Dicho permiso no será necesario si el menor sale del país en compañía de la persona o personas que deben prestarlo. 110

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En caso de que no pudiere otorgarse o sin motivo plausible se negare la autorización por uno de aquellos que en virtud de este artículo debe prestarla, podrá ser otorgada por el juez de letras de menores del lugar en que tenga su residencia el menor. El juez, para autorizar la salida del menor en estos casos, tomará en consideración el beneficio que le pudiere reportar y señalará el tiempo por el que concede la autorización. Expirado el plazo a que se refiere el inciso anterior sin que el menor, injustificadamente, vuelva al país, podrá el juez decretar la suspensión de las pensiones alimenticias que se hubieren decretado. En los demás casos para que un menor se ausente del país requerirá la autorización del juzgado de letras de menores de su residencia. Art.49 bis. En la sentencia el juez podría decretar que la autorización a que se refiere el inciso sexto del artículo anterior habilita al padre o madre que la haya requerido y que tengan al menor a su cuidado para salir del país con él en distintas ocasiones dentro de los dos años siguientes, siempre que se acredite que el otro progenitor, injustificadamente, ha dejado de cumplir el deber, regulado judicial o convencionalmente, de mantener una relación directa y regular con su hijo. El plazo de permanencia del menor de edad en el extranjero no podrá ser superior a quince días en cada ocasión. Art. 50. Derogado.

Título IV DE LAS CASAS DE MENORES E INSTITUCIONES ASISTENCIALES Art. 51. Derogado. Art. 52. Derogado. Art. 53. Derogado. Art. 54. Los establecimientos que dependan del Servicio Nacional de Salud, del Ministerio de Educación Pública o de otros organismos fiscales o autónomos, deberán recibir a los menores enviados por los Juzgados de Letras de Menores o los Consejos Técnicos, de acuerdo a las normas que fije el reglamento. 111

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Art. 55. Las instituciones privadas reconocidas como colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, deberán disponer a lo menos de un 20% de las plazas de sus establecimientos para admitir a los menores que el Juzgado de Letras de Menores o el Consejo Técnico respectivo destine para su internación en ellos. La obligación establecida en el inciso anterior se hará efectiva de conformidad al convenio que celebre cada institución con el Servicio Nacional de Menores y a lo que determine el reglamento. Si el Director del establecimiento estima inconveniente el ingreso o permanencia de alguno de estos menores, podrá pedir a la autoridad que haya dictado la medida, la reconsideración de ésta. Los directores de establecimientos particulares que estimaren inconveniente la permanencia en ellos de algún menor ingresado por motivos distintos de los indicados en el inciso primero, deberán ponerlos a disposición del juez de letras de menores, con el fin de que éste adopte, si lo estimare pertinente, las medidas señaladas en los artículos 26, Nº 7), y 29 en las mismas condiciones establecidas en él. Art. 56. Los establecimientos de protección de menores y hogares sustitutos, deberán mantener a los menores hasta su mayoría de edad, sin perjuicio de la facultad del juez de letras de menores de modificar o revocar las medidas decretadas. Art. 57. En tanto un menor permanezca en alguno de los establecimientos u hogares sustitutos regidos por la presente ley, su cuidado personal, la dirección de su educación y la facultad de corregirlo corresponderán al director del establecimiento o al jefe del hogar sustituto respectivo. La facultad de corrección deberá ejercerse de forma que no menoscabe la salud o desarrollo personal del niño, conforme al artículo 234 del Código Civil. La obligación de cuidado personal incluirá la de informar periódicamente al juez de menores sobre la aplicación de la medida decretada. Art. 58. Derogado. 112

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Art. 59. Derogado. Art. 60. El plan escolar de los establecimientos o servicios regidos por esta ley, deberá permitir a los alumnos continuar sus estudios en otros establecimientos educacionales. Art. 61. En la provincia de Santiago, el Politécnico Elemental de Menores "Alcibíades Vicencio" tendrá un carácter industrial y agrícola, para niños varones y deberá desarrollar sus actividades en ambiente familiar. Su funcionamiento será regido por un reglamento. Título V DISPOSICIONES PENALES Art. 62. Será castigado con prisión en cualquiera de sus grados o presidio menor en su grado mínimo, o con multa de seis a diez unidades tributarias mensuales: 1.º El que ocupare a menores de dieciocho años en trabajos u oficios que los obliguen a permanecer en cantinas o casas de prostitución o de juego; 2.º El empresario, propietario o agente de espectáculos públicos en que menores de edad hagan exhibiciones de agilidad, fuerza u otras semejantes con propósito de lucro; 3.º El que ocupare a menores de edad en trabajos nocturnos, entendiéndose por tales aquellos que se ejecutan entre las diez de la noche y las siete de la mañana, y El maltrato resultante de una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores, no comprendido en leyes especiales sobre materias similares, será sancionado con todas o algunas de las siguientes medidas: 1) Asistencia del agresor a programas terapéuticos o de orientación familiar, bajo el control de la institución que el 113

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juez estime más idónea o conveniente, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Menores, el Centro de Diagnósticos del Ministerio de Educación o los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, declarándolo así en la sentencia definitiva. La Institución designada deberá, periódicamente, remitir los informes de cumplimiento al tribunal en que esté radicada la causa; 2) Realización de trabajos determinados, a petición expresa del ofensor, en beneficio de la comunidad, para la Municipalidad o par las corporaciones municipales existentes en la comuna correspondiente a su domicilio, análogos a la actividad, profesión u oficio del condenado o relacionados con ellos, sin que estos trabajos alteren sus labores habituales, y 3) Multa, a beneficio municipal, equivalente al ingreso diario del condenado, de uno a diez días, la que se fijará prudencialmente por el juez. Lo dispuesto en este artículo será también aplicable cuando las personas indicadas en el inciso primero abandonen al menor sin velar por su crianza y educación o lo corrompan. Art. 63. Derogado. Art. 64. Si en una investigación aparecieren hechos respecto de los cuales deba intervenir el juez de letras de menores, el Ministerio Público deberá ponerlos en su conocimiento. De la misma manera procederá el tribunal que constate la existencia de esos hechos durante la tramitación de un proceso. Art. 65. Derogado. Art. 66. Deberán denunciar los hechos constitutivos de maltrato de menores aquellos que en conformidad a las reglas generales del Código Procesal Penal estuvieren obligados a hacerlo; la misma obligación y sanciones afectarán a los maestros y otras personas encargadas de la educación de los menores. El que se negare a proporcionar a los funcionarios que establece esta ley datos o informes acerca de un menor o que 114

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los falseare, o que en cualquiera otra forma dificultare su acción, será castigado con prisión en su grado mínimo, conmutable en multa de un quinto de unidad tributaria mensual por cada día de prisión. Si el autor de esta falta fuere un funcionario público, podrá ser, además, suspendido de su cargo hasta por un mes. El que fuere condenado en procedimiento de tuición, por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega de un menor y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo señalado por el tribunal, o bien, infringiere las resoluciones que determinan ejercicio del derecho a que se refiere el artículo 229 del Código Civil, será apremiado en la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil. En igual apremio incurrirá el que retuviese especies del menor o se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del tribunal. Art. 67. Derogado. Título VI DISPOSICIONES GENERALES Art. 68. Los servicios creados por la presente ley serán considerados como de beneficencia para los efectos del artículo 1056 del Código Civil. Art. 69. Las solicitudes y actuaciones judiciales o administrativas a que dé origen el cumplimiento de esta ley estarán exentas de todo impuesto fiscal o municipal y de derechos arancelarios. Art. 70. Las capellanías, clases de religión y moral o asesorías religiosas o espirituales que se creen en los Hogares, Casas de Menores o Centros de Defensa o rehabilitación pertenecientes al Estado y las que existan en la actualidad en esos mismos establecimientos, podrán ser ejercidas y solicitadas, conjunta o separadamente a título gratuito, por cualquiera entidad o iglesia, sin discriminación alguna, que ejercite la función religiosa o espiritual. 115

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Art. 71. El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Justicia, determinará: a) Los Centros de Tránsito y Distribución existentes, y su localización. b) Los Centros de Observación y Diagnóstico existentes, y su localización. c) Los establecimientos en que podrán ser internados los menores que pudieren ser sometidos a examen de discernimiento, en aquellos lugares en que no existan Centros de Observación y Diagnóstico, y su localización. Art. 72. Derogado.

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LEY 19.620 SOBRE ADOPCION DE MENORES

LEY 19.620 SOBRE ADOPCION DE MENORES TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art 1. La adopción tiene por objeto velar por el interés superior del adoptado, y amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen. La adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo respecto del o los adoptantes en los casos y con los requisitos que la presente ley establece. Art. 2. La adopción se sujetará, en cuanto a su tramitación, a las normas establecidas en esta ley y, en lo no previsto por ella, a las del Título III de la Ley que crea los Juzgados de Familia. Art. 3. Durante los procedimientos a que se refiere esta ley, el juez tendrá debidamente en cuenta las opiniones del menor, en función de su edad y madurez. Si fuese menor adulto, será necesario su consentimiento, que manifestará expresamente ante el juez durante el respectivo procedimiento previo a la adopción, en relación con la posibilidad de ser adoptado, y en el curso del procedimiento de adopción, respecto de la solicitud presentada por el o los interesados. En caso de negativa, el juez dejará constancia de las razones que invoque el menor. Excepcionalmente, por 117

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motivos sustentados en el interés superior de aquél, podrá resolver fundadamente que prosiga el respectivo procedimiento. Art. 4. El Servicio Nacional de Menores y los organismos acreditados ante éste para los efectos de lo establecido en el artículo 6º en conformidad a las disposiciones que sean aplicables, podrán hacerse parte en todos los asuntos que regula esta ley, en defensa de los derechos del menor comprendido dentro de sus normas. Esta facultad podrá ejercerse hasta que surta efectos la adopción y, con posterioridad, sólo en relación con el juicio de nulidad de la adopción. Art. 5. El Servicio Nacional de Menores deberá llevar dos registros: uno, de personas interesadas en la adopción de un menor de edad, en el cual se distinguirá entre aquellas que tengan residencia en el país y las que residan en el extranjero; y otro, de personas que pueden ser adoptadas. El Servicio velará por la permanente actualización de esos registros. La sola circunstancia de que un menor de edad que puede ser adoptado o un interesado en adoptar no figure en esos registros no obstará a la adopción, si se cumplen todos los procedimientos y requisitos legales. Art. 6. Podrán intervenir en los programas de adopción sólo el Servicio Nacional de Menores o los organismos acreditados ante éste. La acreditación se otorgará únicamente a corporaciones o fundaciones que tengan entre su objeto la asistencia o protección de menores de edad, demuestren competencia técnica y profesional para ejecutar programas de adopción, y sean dirigidas por personas idóneas. La concesión o denegación de la acreditación se dispondrá por resolución fundada del Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, motivada en la concurrencia o ausencia de todos los requisitos señalados; la suspensión o revocación procederá en caso de ausencia o pérdida de alguno de los requisitos indicados. La institución a la cual se deniegue, suspenda o revoque la acreditación podrá solicitar reposición ante el mismo Director, 118

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e interponer en subsidio recurso jerárquico, por intermedio del Ministerio de Justicia, ante el Presidente de la República, dentro del plazo de treinta días, contado desde que le sea notificada la resolución. Dicha solicitud deberá presentarse acompañando los antecedentes de hecho y de derecho que la fundamenten. Art. 7. El programa de adopción es el conjunto de actividades tendientes a procurar al menor una familia responsable. Estas actividades la realizarán el Servicio Nacional de Menores y los organismos acreditados ante éste a través de profesionales expertos y habilitados en esta área. Comprende principalmente el apoyo y la orientación a la familia de origen del menor, la recepción y el cuidado de éste, la evaluación técnica de los solicitantes y la preparación de éstos como familia adoptiva, a cuyo efecto les corresponderá acreditar la idoneidad requerida en el artículo 20 de esta ley. Para estos efectos, se entiende por familia de origen los parientes consanguíneos a que se refiere el artículo 14 y, a falta de ellos, a quienes tengan bajo su cuidado al menor.

TITULO II DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA ADOPCIÓN Art. 8. Los menores de 18 años, que pueden ser adoptados, son los siguientes: a) El menor cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante el juez competente. b) El menor que sea descendiente consanguíneo de uno de los adoptantes, de conformidad al artículo 11. c) El menor que haya sido declarado susceptible de ser adoptado por resolución judicial del tribunal competente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes. 119

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Art. 9. Tratándose de alguno de los menores a que se refiere la letra a) del artículo anterior, el padre o la madre que haya expresado su voluntad de entregarlo en adopción de conformidad al artículo 56, o ambos si fuere el caso, tendrán un plazo de treinta días para retractarse, contados desde la fecha en que hayan declarado esa voluntad ante el tribunal. Vencido este plazo, no podrán ejercitar tal derecho. El procedimiento se iniciará con dicha declaración de voluntad y se procederá en la forma que se indica: 1. La audiencia preparatoria se llevará a cabo entre el décimo y el decimoquinto día posterior a la presentación de la solicitud. Al ratificar la declaración de voluntad, el juez informará personalmente a el o los solicitantes sobre la fecha en que vencerá el plazo con que cuentan para retractarse. 2. Si la solicitud sólo hubiere sido deducida por uno de los padres, ordenará que se cite a la audiencia preparatoria al otro padre o madre que hubiere reconocido al menor de edad, bajo apercibimiento de que su inasistencia hará presumir su voluntad de entregar al menor en adopción. En dicha audiencia podrán allanarse o deducir oposición respecto de la solicitud. La citación se notificará personalmente, si el padre o la madre tiene domicilio conocido. Para este efecto, si no se conociera el domicilio, al proveer la solicitud, el tribunal requerirá al Servicio Electoral y al Servicio de Registro Civil e Identificación que le informen, dentro de quinto día, el último domicilio de dicha persona que conste en sus registros. De no establecerse el domicilio, o de no ser habido en aquél que hubiere sido informado, la notificación se efectuará por medio de aviso que se publicará en el Diario Oficial conforme a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 14. 3. El Tribunal comprobará que los padres del menor de edad no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él. Se entenderán comprobadas estas circunstancias con el informe que, en tal sentido, haya emitido y presentado en audiencia aquel de los organismos aludidos en el artículo 6º que patrocine al padre o madre compareciente o, si no mediare tal patrocinio, con el que el tribunal ordene emitir a alguno de esos organismos, para ser conocido en la audiencia de juicio. 120

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4. Si el padre o la madre que no hubiere deducido la solicitud hubiere fallecido o estuviere imposibilitado de manifestar su voluntad, bastará la sola declaración del compareciente. En dicho caso, como también si no se deduce oposición, el tribunal resolverá en la audiencia preparatoria, en tanto cuente con la rendición del informe a que alude el numeral precedente y haya transcurrido el plazo de retractación a que se refiere el numeral 1 precedente. 5. En su caso, la audiencia de juicio se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la audiencia preparatoria. Sin embargo, si el plazo de retractación a que se refiere el numeral 1 precedente estuviere pendiente a esa fecha, la audiencia de juicio se efectuará dentro de los cinco días siguientes a su vencimiento. No podrá suspenderse el desarrollo de la audiencia de juicio ni decretarse su prolongación en otras sesiones por la circunstancia de que, hasta el día previsto para su realización, no se hayan recibido los informes u otras pruebas decretadas por el tribunal. 6. La notificación de la sentencia definitiva a los comparecientes, en todo caso, se hará por cédula en el domicilio que conste en el tribunal, salvo que sea posible efectuarla en forma personal en la audiencia respectiva. Una vez ejecutoriada, será puesta en conocimiento del Servicio Nacional de Menores, para los efectos previstos en el artículo 5º. Art. 10. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior podrá iniciarse antes del nacimiento del hijo, sólo cuando sea patrocinado por el Servicio Nacional de Menores o un organismo acreditado ante éste. Dentro del plazo de treinta días, contado desde el parto, la madre deberá ratificar ante el tribunal su voluntad de entregar en adopción al menor. No podrá ser objeto de apremios para que ratifique y, si no lo hiciere, se la tendrá por desistida de su decisión. En tal caso, se efectuarán los trámites que correspondan, y sólo quedará pendiente la ratificación de la madre y la dictación de sentencia. En caso de no existir patrocinio, el tribunal remitirá los antecedentes al Servicio Nacional de Menores, suspendiendo la tramitación de la solicitud 121

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Con todo, si la madre falleciere antes de ratificar, será suficiente manifestación de su voluntad de dar al menor en adopción la que conste en el proceso. Ratificada por la madre su voluntad, el juez citará a la audiencia para dentro de los cinco días siguientes. Art. 11. En el caso del menor a que se refiere la letra b) del artículo 8º, cuando uno de los cónyuges que lo quisieran adoptar es su padre o madre, y sólo ha sido reconocido como hijo por él o ella, se aplicará directamente el procedimiento previsto en el Título III. Si el hijo ha sido reconocido por ambos padres o tiene filiación matrimonial, será necesario el consentimiento del otro padre o madre, aplicándose, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 9º. A falta del otro padre o madre, o si éste se opusiere a la adopción, el juez resolverá si el menor es susceptible de ser adoptado de conformidad a los artículos siguientes. En caso que uno de los solicitantes que quieran adoptar sea otro ascendiente consanguíneo del padre o madre del menor, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos 9 o 13, según corresponda. Art. 12. Procederá la declaración judicial de que el menor es susceptible de ser adoptado, sea que su filiación esté o no determinada, cuando el padre, la madre o las personas a quienes se haya confiado su cuidado se encuentren en una o más de las siguientes situaciones: 1. Se encuentren inhabilitados física o moralmente para ejercer el cuidado personal, de conformidad al artículo 226 del Código Civil. 2. No le proporcionen atención personal o económica durante el plazo de dos meses. Si el menor tuviere una edad inferior a un año, este plazo será de treinta días. No constituye causal suficiente para la declaración judicial respectiva, la falta de recursos económicos para atender al menor. 3. Lo entreguen a una institución pública o privada de protección de menores o a un tercero, con ánimo manifiesto de liberarse de sus obligaciones legales. 122

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Se presume ese ánimo cuando la mantención del menor a cargo de la institución o del tercero no obedezca a una causa justificada, que la haga más conveniente para los intereses del menor que el ejercicio del cuidado personal por el padre, la madre o las personas a quienes se haya confiado su cuidado. Se presume, asimismo, cuando dichas personas no visiten al menor, por lo menos una vez, durante cada uno de los plazos señalados en el número precedente, salvo causa justificada. Para este efecto, las visitas quedarán registradas en la institución. Los que reciban a un menor en tales circunstancias, deberán informar al juez competente del hecho de la entrega y de lo expresado por el o los padres, o por las personas que lo tenían a su cuidado. Los casos de abandono del menor en la vía pública, en lugar solitario o en un recinto hospitalario, se entenderán comprendidos dentro de la causal de este número. En dichos casos se presumirá el ánimo de entregar al menor en adopción por la sola circunstancia de abandono. Art. 13. El procedimiento que tenga por objeto declarar que un menor es susceptible de ser adoptado, se iniciará de oficio por el juez, a solicitud del Servicio Nacional de Menores o a instancia de las personas naturales o jurídicas que lo tengan a su cargo. Cuando el procedimiento se inicie por instituciones públicas o privadas que tuvieren a su cargo al menor, la solicitud deberá ser presentada por sus respectivos directores. Cuando el procedimiento se inicie por personas naturales, éstas deberán acompañar a la solicitud el respectivo informe de idoneidad, a que se refiere el artículo 23, que los habilite como padres adoptivos. En el caso de los menores de filiación no determinada respecto de ninguno de sus padres, sólo podrá iniciar el procedimiento el Servicio Nacional de Menores o el organismo acreditado ante éste bajo cuyo cuidado se encuentren. Art. 14. Recibida la solicitud precedente, el juez, brevedad posible, citará a los ascendientes y a los consanguíneos del menor, hasta el tercer grado en la colateral, siempre que la filiación estuviere determinada, 123

a la otros línea para

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que concurran a la audiencia preparatoria a exponer lo que sea conveniente a los intereses de aquél, pudiendo oponerse a la solicitud, bajo apercibimiento de que, si no concurren, se presumirá su consentimiento favorable a la declaración de que el menor es susceptible de ser adoptado. Asimismo, deberá citarse al menor, en su caso, a la o las personas a cuyo cuidado esté y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto, que hubieren sido mencionados en la solicitud. La citación se notificará personalmente a los padres del menor, y por carta certificada a las demás personas; todo ello, en cuanto tuvieren domicilios conocidos. Para este efecto, si no se conocieran los domicilios, el tribunal requerirá, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del número 2 del artículo 9º, al Servicio Electoral y al Servicio de Registro Civil e Identificación que le informen, dentro de quinto día, el último domicilio de dichas personas que conste en sus registros. De no establecerse el domicilio de alguna de ellas, o de no ser habido en aquel que hubiere sido informado, el juez ordenará de inmediato que la notificación se efectúe por medio de un aviso que se publicará gratuitamente en el Diario Oficial el día 1 ó 15 de un mes o el día hábil siguiente si aquél fuese feriado. De igual forma se citará a los ascendientes y consanguíneos del menor de edad cuya filiación no esté determinada. El aviso deberá incluir el máximo de datos disponibles para la identificación del menor. La notificación se entenderá practicada tres días después de la publicación del aviso. A las personas que no comparecieren se las considerará rebeldes por el solo ministerio de la ley, y respecto de ellas las siguientes resoluciones surtirán efecto desde que se pronuncien. Art. 15. La audiencia preparatoria y la audiencia de juicio se llevarán a cabo en los términos que establecen los números 1 y 5 del artículo 9º, respectivamente. El juez resolverá acerca de la veracidad de los hechos y circunstancias que se invocan para solicitar la declaración de que el menor es susceptible de ser adoptado, en especial la imposibilidad de disponer de otras medidas que permitan la permanencia del mismo en su familia de origen y las ventajas que la adopción representa para él. 124

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Los informes que se evacuen y rindan al respecto deberán solicitarse a alguno de los organismos a que se refiere el artículo 6º, pudiendo el tribunal estimar suficientemente acreditadas dichas circunstancias sobre su solo mérito. Si no se dedujere oposición y se contare con los antecedentes de prueba suficientes para formarse convicción, el tribunal dictará sentencia en la audiencia preparatoria. Art. 16. La sentencia que declare que el menor puede ser adoptado se notificará por cédula a los consanguíneos que hayan comparecido al proceso, en el domicilio que conste en el mismo, salvo que sea posible efectuar la notificación en forma personal en la audiencia respectiva. Una vez ejecutoriada, será puesta en conocimiento del Servicio Nacional de Menores, para los efectos previstos en el artículo 5º. Art. 17. Contra la sentencia que declare al menor como susceptible de ser adoptado o la que deniegue esa declaración, procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. La sentencia recaída en procesos en que no sea parte el Servicio Nacional de Menores o un organismo acreditado ante éste, que no se apelare, deberá elevarse en consulta al tribunal superior. Estas causas gozarán de preferencia para su vista y fallo. Ejecutoriada la sentencia que declara al menor susceptible de ser adoptado, el tribunal oficiará al Servicio Nacional de Menores para que lo incorpore en el correspondiente registro a que se refiere el artículo 5º. Art. 18. Conocerá de los procedimientos a que se refiere este Título y el Título III, el juez de letras, con competencia en materias de familia, del domicilio o residencia del menor. Se entenderá por domicilio del menor el correspondiente a la respectiva institución, si se encontrare bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores o de un organismo acreditado ante éste. El tribunal ante el cual se hubiere incoado alguno de los procedimientos a que se refiere el presente artículo, será 125

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competente para conocer de las medidas de protección que se soliciten respecto del mismo menor. En su caso, si hubiese procesos de protección incoados relativos al menor, el juez ordenará acumularlos al de susceptibilidad o adopción, sin perjuicio de tener a la vista los antecedentes de los procesos terminados en relación al mismo. Art. 19. El juez ante el cual se siga alguno de los procedimientos regulados en este Título, podrá confiar el cuidado personal del menor a quienes hayan manifestado al tribunal su voluntad de adoptarlo y cumplan con los requisitos señalados en los artículos 20, 21 y 22. Para los efectos de resolver dicha solicitud, el juez citará a una audiencia para dentro de quinto día, debiendo concurrir los solicitantes con los antecedentes que avalen su petición. El procedimiento será reservado respecto de terceros distintos de los solicitantes. La resolución que apruebe dicha solicitud producirá sus efectos sólo una vez ejecutoriada la sentencia que declare que el menor de edad es susceptible de ser adoptado. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, podrá autorizarse el cumplimiento de dicha resolución durante el curso del respectivo procedimiento, en los siguientes casos: a) Cuando se siga el procedimiento regulado en el artículo 9, una vez certificado el vencimiento del plazo de treinta días a que se refiere su encabezamiento, sin que se haya producido la retractación de la voluntad de la voluntad de entregar al menor en adopción y no se haya deducido oposición. b) En los casos a que se refiere el artículo 12, desde el término de la audiencia preparatoria, en caso que no se haya deducido oposición a que se declare que el menor es susceptible de ser adoptado. En su caso, se considerará especialmente la concurrencia de alguna de las presunciones que establece el artículo 12 de la presente ley. En los casos a que se refiere el inciso precedente el juez informará personalmente a los interesados acerca del estado del procedimiento, advirtiéndoles sobre la eventualidad de que, en definitiva, se deniegue la declaración del menor como susceptible de ser adoptado. 126

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Los menores cuyo cuidado personal se confíe a quienes hayan manifestado al tribunal su voluntad de adoptarlos serán causantes de asignación familiar, y en esa calidad podrán acceder a los beneficios previstos en las leyes No.s. 18.469 y 18.933, según el caso, y los otros que les correspondan. Si hubiese procesos de protección incoados en relación con el menor, el juez ordenará acumularlos a los autos.

TITULO III DE LA ADOPCIÓN PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ADOPCIÓN POR PERSONAS RESIDENTES EN CHILE Art. 20. Podrá otorgarse la adopción a los cónyuges chilenos o extranjeros, con residencia permanente en el país, que tengan dos o más años de matrimonio, que hayan sido evaluados como física, mental, psicológica y moralmente idóneos por alguna de las instituciones a que se refiere el artículo 6º, que sean mayores de veinticinco años y menores de sesenta, y con veinte años o más de diferencia de edad con el menor adoptado. Los cónyuges deberán actuar siempre de consuno en las gestiones que requieran de expresión de voluntad de los adoptantes. El juez, por resolución fundada, podrá rebajar los límites de edad o la diferencia de años señalada en el inciso anterior. Dicha rebaja no podrá exceder de cinco años. Los requisitos de edad y diferencia de edad con el menor no serán exigibles si uno de los adoptantes fuere ascendiente por consanguinidad del adoptado. Tampoco será exigible el mínimo de años de duración del matrimonio, cuando uno o ambos cónyuges estén afectados de infertilidad. 127

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En todo caso, no podrá concederse la adopción a los cónyuges respecto de los cuales se haya declarado la separación judicial, mientras esta subsista. En su caso, la reconciliación deberá acreditarse conforme lo dispone la Ley de Matrimonio Civil. Art. 21. En caso de que no existan cónyuges interesados en adoptar a un menor que cumplan con todos los requisitos legales o que sólo les falte el de residencia permanente en Chile, podrá optar como adoptante una persona soltera, divorciada o, viuda, con residencia permanente en el país, respecto de quien se haya realizado la misma evaluación y que cumpla con los mismos rangos de edad y de diferencia de edad con el menor que se pretende adoptar. Este interesado deberá, además, haber participado en alguno de los programas de adopción a que se refiere el artículo 7º. Si hubiere varios interesados solteros o viudos que reúnan similares condiciones, el tribunal preferirá a quien sea pariente consanguíneo del menor, y en su defecto, a quien tenga su cuidado personal. Art. 22. Siempre que concurran los demás requisitos legales, podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda, si en vida de ambos cónyuges se hubiere iniciado la tramitación correspondiente o, no habiéndose iniciado ésta, el cónyuge difunto hubiere manifestado su voluntad de adoptar conjuntamente con el sobreviviente. En estos casos, la adopción se entenderá efectuada por ambos cónyuges, desde la oportunidad a que se refiere el inciso segundo del artículo 37. La voluntad del cónyuge difunto deberá probarse por instrumento público, por testamento o por un conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de modo irrefragable. No bastará la sola prueba de testigos. Los cónyuges que hubieren iniciado la tramitación de una adopción, podrán solicitar que ésta se conceda aun después de declarada su separación judicial o el divorcio, si conviene al interés superior del adoptado.

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PÁRRAFO SEGUNDO DE LA COMPETENCIA Y EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN Art. 23. Será competente para conocer de la adopción el juez de letras, con competencia en materias de familia, del domicilio del menor. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, la adopción tendrá el carácter de un procedimiento no contencioso, en el que no será admisible oposición. La solicitud de adopción deberá ser firmada por todas las personas cuya voluntad se requiera según lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 22. 1.- Copia íntegra de la inscripción de nacimiento de la persona que se pretende adoptar. 2.- Copia autorizada de la resolución judicial que declara que el menor puede ser adoptado, dictada en virtud del artículo 8º, letras a) o c); o certificados que acrediten las circunstancias a que se refiere la letra b) del artículo 8º, en su caso. 3.- Informe de evaluación de idoneidad física, mental, psicológica y moral del o los solicitantes, emitido por alguna de las instituciones aludidas en el artículo 6º. En caso de que dos o más menores que se encuentren en situación de ser adoptados sean hermanos, el tribunal procurará que los adopten los mismos solicitantes. Si distintas personas solicitan la adopción de un mismo menor, las solicitudes deberán acumularse, a fin de ser resueltas en una sola sentencia.

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Art. 24. Recibida por el tribunal la solicitud de adopción, la acogerá a tramitación una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales. En la misma resolución ordenará agregar los antecedentes del proceso previo de susceptibilidad para la adopción y citará a los solicitantes, con sus antecedentes de idoneidad y medios de prueba, a la audiencia preparatoria, que se llevará a cabo entre los cinco y los diez días siguientes. Se deberá, asimismo, citar al menor, en su caso. Si en base a los antecedentes expuestos se acreditan las ventajas y beneficios que la adopción le reporta al menor, podrá resolver en la misma audiencia. En caso contrario, decretará las diligencias adicionales que estime necesarias, a ser presentadas en la audiencia de juicio, la que se realizará dentro de los quince días siguientes. Las diligencias no cumplidas a la fecha de realización de la audiencia se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia, sin más trámite. Si los solicitantes no tienen el cuidado personal del menor, deberán solicitarlo conjuntamente con la adopción, procediendo el juez a resolver en la audiencia preparatoria, pudiendo disponer las diligencias que estime pertinentes para establecer la adaptación a su futura familia. El juez, en cualquier etapa del procedimiento, podrá poner término al cuidado personal del menor por los interesados, cuando así lo estime necesario para el interés superior de aquél. En todo caso, cesará de pleno derecho si el tribunal denegare la solicitud de adopción, de lo que se dejará constancia en la misma sentencia, la cual dispondrá además la entrega del menor a quien confíe su cuidado en lo sucesivo. Art. 25. La sentencia se notificará por cédula a los solicitantes, en el domicilio que conste en el proceso, salvo que sea posible efectuar la notificación en forma personal en la audiencia respectiva. En contra de esta sentencia procederá el recurso de apelación, el que gozará de preferencia para su vista y fallo, y se tramitará de acuerdo a las reglas de los incidentes. Art. 26. La sentencia que acoja la adopción, ordenará:

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1. Que se oficie a la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación y a cualquier otro organismo público o privado, solicitando el envío de la ficha individual del adoptado y de cualquier otro antecedente que permita su identificación, los que serán agregados al proceso. 2. Que se remitan los antecedentes a la Oficina del Registro Civil e Identificación del domicilio de los adoptantes, a fin de que se practique una nueva inscripción de nacimiento del adoptado como hijo de los adoptantes. Esta inscripción deberá practicarse a requerimiento de uno o ambos adoptantes o por un tercero a su nombre. Cuando se acoja la adopción de dos o más personas y la diferencia de edad entre ellas fuere inferior a doscientos setenta días, la sentencia, al precisar la fecha de nacimiento de cada uno, cuidará de que exista entre sus fechas de nacimiento el plazo referido. Lo mismo se hará cuando igual situación se presente entre el o los adoptados y los hijos de los adoptantes, procurando en estos casos que exista la diferencia mínima de edad mencionada. Si la diferencia de edad entre los adoptados o entre éstos y los hijos de los adoptantes es muy pequeña, podrá establecerse como fecha de nacimiento la misma, de modo que aparezcan nacidos en el mismo día. En caso de que el menor haya nacido antes del matrimonio de los adoptantes, el juez, prudencialmente, podrá establecer como fecha del nacimiento una que concilie la edad que aparente el menor con la posibilidad de que hubiese sido concebido por los adoptantes. Estas normas no se aplicarán cuando los solicitantes hubieren renunciado a la reserva del artículo 28, salvo que hubieren pedido expresamente en la solicitud de adopción que se apliquen. La nueva inscripción de nacimiento del adoptado contendrá las indicaciones que señala el artículo 31 de la ley No. 4.808. 3. Que se cancele la antigua inscripción de nacimiento del adoptado, tomándose las medidas administrativas conducentes a mantener en reserva su anterior identidad. 4. Que se oficie al Servicio Nacional de Menores, si el adoptado o los adoptantes figuraren en los registros a que se refiere el artículo 5º, a fin de que proceda a eliminarlos de ellos. 131

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5. Que se oficie, cuando corresponda, al Ministerio de Educación, a fin de que se eliminen del registro curricular los antecedentes relativos al menor de edad adoptado y se incorpore otro registro de acuerdo a la nueva identidad de éste. Art. 27. La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación recibirá los autos del oficial del Registro Civil que haya practicado la inscripción de la adopción. Cumplida dicha diligencia, la Dirección los enviará al Jefe del Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien los mantendrá bajo su custodia en sección separada, de la cual sólo podrán salir por resolución judicial. Podrán únicamente otorgarse copias autorizadas de la sentencia o del expediente de adopción por resolución judicial, a pedido del adoptado, de los adoptantes o de los ascendientes y descendientes de éstos. Si los peticionarios no son los adoptantes, la autorización se concederá siempre previa citación de éstos, salvo que se acredite su fallecimiento. Para este efecto, cualquier interesado mayor de edad y plenamente capaz que tenga antecedentes que le permitan presumir que fue adoptado podrá solicitar personalmente al Servicio de Registro Civil e Identificación que le informe si su filiación tiene ese origen. Art. 28. Todas las tramitaciones, tanto judiciales como administrativas y la guarda de documentos a que dé lugar la adopción, serán reservadas, salvo que los interesados en su solicitud de adopción hayan requerido lo contrario. En este caso, en la sentencia se dejará constancia de ello y no será aplicable lo dispuesto en la parte primera de este artículo. No obstará a la reserva las certificaciones que pidan al tribunal los solicitantes, durante la tramitación del proceso, a fin de impetrar derechos que les correspondan o realizar actuaciones en beneficio del menor que tienen bajo su cuidado personal.

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PÁRRAFO TERCERO. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ADOPCIÓN POR PERSONAS NO RESIDENTES EN CHILE Art. 29. La adopción de un menor por personas no residentes en Chile se constituirá de acuerdo al procedimiento establecido en el Párrafo Segundo de este Título y se sujetará, cuando corresponda, a las Convenciones y a los Convenios Internacionales que la regulen y que hayan sido ratificados por Chile. Art. 30. La adopción de que trata este Párrafo sólo procederá cuando no existan matrimonios chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile interesados en adoptar al menor y que cumplan los requisitos legales. Corresponderá al Servicio Nacional de Menores certificar esta circunstancia, sobre la base de los registros señalados en el artículo 5º. Con todo, el juez podrá acoger a tramitación la solicitud de adopción de un menor presentada por un matrimonio no residente en Chile, aun cuando también estén interesadas en adoptarlo personas con residencia permanente en el país, si median razones de mayor conveniencia para el interés superior del menor, que expondrá fundadamente en la misma resolución. Art. 31. Sólo podrá otorgarse la adopción regulada en este Párrafo a los cónyuges no residentes en Chile, sean nacionales o extranjeros, que cumplan con los requisitos señalados en los artículos 20, incisos primero, tercero y cuarto, y 22. La identidad de los solicitantes podrá acreditarse mediante un certificado otorgado por el consulado de Chile en el país respectivo, sujeto, en todo caso, a ratificación ante el tribunal una vez que debiesen comparecer personalmente los solicitantes conforme lo dispone el inciso primero del artículo 35 de la presente ley. La solicitud de adopción, en todos los casos regulados por este párrafo, deberá ser patrocina por el Servicio Nacional de Menores o un organismo acreditado ante éste.

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Art. 32. Los matrimonios no residentes en Chile, interesados en la adopción, deberán presentar con su solicitud de adopción, autenticados, autorizados y legalizados, según corresponda, y traducidos al castellano, los siguientes antecedentes: 1.- Certificado de nacimiento de los solicitantes. 2.- Certificado de matrimonio de los solicitantes. 3.- Copia íntegra de la inscripción de nacimiento de la persona que se pretende adoptar. 4.- Copia autorizada de la resolución judicial que declara que el menor puede ser adoptado, dictada en virtud del artículo 8º, letras a) o c); o certificados que acrediten las circunstancias a que se refiere la letra b) del artículo 8º, en su caso. 5.- Certificado expedido por el cónsul chileno de profesión u honorario, si lo hubiere, en que conste que los solicitantes cumplen con los requisitos para adoptar según la ley de su país de residencia o, en su defecto, otro instrumento idóneo que permita al tribunal formarse esa convicción. 6.- Certificado de la autoridad de inmigración del país de residencia de los solicitantes en que consten los requisitos que el menor adoptado debe cumplir para ingresar en el mismo. 7.- Certificado autorizado por el organismo gubernamental competente del país de residencia de los solicitantes, si lo hubiere o, en caso contrario, otro instrumento idóneo para formar la convicción del tribunal, en que conste la legislación vigente en aquel país en relación con la adopción así como acerca de la adquisición y pérdida de la nacionalidad del futuro adoptado. 8.- Informe social favorable emitido por el organismo gubernamental o privado acreditado que corresponda del país de residencia de los solicitantes, si lo hubiere, o en su defecto, otros antecedentes que acrediten esta materia a satisfacción del tribunal.

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9.- Certificados que comprueben, a satisfacción del tribunal, la salud física y mental de los solicitantes, otorgados por profesionales competentes del país de residencia de los solicitantes. 10.- Informe sicológico, otorgado por profesionales competentes del país de residencia de los solicitantes. 11.- Antecedentes que acrediten la capacidad económica de los solicitantes. 12.- Fotografías recientes de los solicitantes. 13.- Tres cartas de honorabilidad de los solicitantes, otorgadas por autoridades o personas relevantes de la comunidad en su país de residencia. Art. 33. El tribunal no acogerá a tramitación la solicitud de adopción que no acompañe los documentos mencionados en el artículo anterior. Art. 34. Será competente para conocer de la adopción de que trata este párrafo el juez de letras de menores correspondiente al domicilio del menor o de la persona o entidad a cuyo cuidado se encuentre. Art. 35. Los solicitantes deberán comparecer personalmente ante el juez cuando éste lo estime necesario, lo que dispondrá a lo menos en una oportunidad durante el curso del proceso. En los casos del inciso primero del artículo 19 y del inciso tercero del artículo 24, el juez podrá autorizar que el menor que se pretende adoptar quede al cuidado de uno de los solicitantes, pero no podrá salir del territorio nacional sin autorización del tribunal. Art. 36. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26, números 1, 2 y 3, y 27, se remitirá el expediente a la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación de la comuna de Santiago. 135

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PÁRRAFO CUARTO DE LOS EFECTOS DE LA ADOPCIÓN Y DE SU EXPIRACIÓN Art. 37. La adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo de los adoptantes, con todos los derechos y deberes recíprocos establecidos en la ley, y extingue sus vínculos de filiación de origen, para todos los efectos civiles, salvo los impedimentos para contraer matrimonio establecidos en el artículo 5º de la Ley de Matrimonio Civil, los que subsistirán. Para este efecto, cualquiera de los parientes biológicos que menciona esa disposición podrá hacer presente el respectivo impedimento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación desde la manifestación del matrimonio y hasta antes de su celebración, lo que dicho Servicio deberá verificar consultando el expediente de adopción. La adopción producirá sus efectos legales desde la fecha de la inscripción de nacimiento ordenada por la sentencia que la constituye. Art. 38. La adopción es irrevocable. Con todo, el adoptado, por sí o por curador especial, podrá pedir la nulidad de la adopción obtenida por medios ilícitos o fraudulentos. La acción de nulidad prescribirá en el plazo de cuatro años contado desde la fecha en que el adoptado, alcanzada su plena capacidad, haya tomado conocimiento del vicio que afecta a la adopción. Conocerá de la acción de nulidad el juez con competencia en materias de familia del domicilio o residencia del adoptado, en conformidad al procedimiento ordinario previsto en la ley que crea los juzgados de familia.

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TITULO IV DE LAS SANCIONES Art. 39. El funcionario público que revele antecedentes de que tenga conocimiento en razón de su cargo y que de acuerdo a esta ley son reservados o permita que otro los revele, será sancionado con la pena de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales. En caso de reiteración de la conducta señalada en el inciso anterior, la pena será la de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos en cualquiera de sus grados y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales. La misma pena se aplicará si en razón de la revelación se ocasionare grave daño al menor o a sus padres biológicos o adoptivos. Art. 40. El que, sin hallarse comprendido en el artículo anterior, revelare los mismos antecedentes teniendo conocimiento de su carácter de reservados, será castigado con pena de multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales. Art. 41. El que, con abuso de confianza, ardid, simulación, atribución de identidad o estado civil u otra condición semejante, obtuviere la entrega de un menor para sí, para un tercero o para sacarlo del país, con fines de adopción, será sancionado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales. Art. 42. El que solicitare o aceptare recibir cualquier clase de contraprestación por facilitar la entrega de un menor en adopción, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de diez a quince unidades tributarias mensuales. El funcionario público que incurriere en alguna de las conductas descritas en el presente artículo será sancionado de conformidad al inciso anterior, si no le correspondiere una pena superior de conformidad a lo dispuesto en los párrafos 4º y 9º del título V del libro II del Código Penal. 137

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Art. 43. Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a aquellas personas que legítimamente solicitaren o aceptaren recibir una contraprestación por servicios profesionales que se presten durante el curso de los procedimientos regulados en esta ley, sean éstos de carácter legal, social, psicológico, psiquiátrico, u otros semejantes. Art. 44. Las penas contempladas en los artículos 41 y 42 se aumentarán en un grado si el delito fuere cometido por autoridad, empleado público, abogado, médico, matrona, enfermera, asistente social o por el encargado, a cualquier título, del cuidado del menor, cuando ejecutaren las conductas que allí se sancionan abusando de su oficio, cargo o profesión.

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LEY 19.947 SOBRE MATRIMONIO CIVIL Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1º.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio es la base principal de la familia. La presente ley regula los requisitos para contraer matrimonio, la forma de su celebración, la separación de los cónyuges, la declaración de nulidad matrimonial, la disolución del vínculo y los medios para remediar o paliar las rupturas entre los cónyuges y sus efectos. Los efectos del matrimonio y las relaciones entre los cónyuges y entre éstos y sus hijos, se regirán por las disposiciones respectivas del Código Civil Artículo 2º.- La facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello. Las disposiciones de esta ley establecen los requisitos para asegurar el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. El juez tomará, a petición de cualquier persona, todas las providencias que le parezcan convenientes para posibilitar el ejercicio legítimo de este derecho cuando, por acto de un particular o de una autoridad, sea negado o restringido arbitrariamente. Artículo 3º.- Las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil. 139

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Conociendo de estas materias, el juez procurará preservar y recomponer la vida en común en la unión matrimonial válidamente contraída, cuando ésta se vea amenazada, dificultada o quebrantada. Asimismo, el juez resolverá las cuestiones atinentes a la nulidad, la separación o el divorcio, conciliándolas con los derechos y deberes provenientes de las relaciones de filiación y con la subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la vida separada de los cónyuges.

Capítulo II De la celebración del matrimonio Párrafo 1º De los requisitos de validez del matrimonio Artículo 4º.- La celebración del matrimonio exige que ambos contrayentes sean legalmente capaces, que hayan consentido libre y espontáneamente en contraerlo y que se hayan cumplido las formalidades que establece la ley. Artículo 5º.- No podrán contraer matrimonio: 1º Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto; 2º Los menores de dieciséis años; 3º Los que se hallaren privados del uso de razón; y los que por un trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio; 4º Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio, y 140

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5º Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas. Artículo 6º.- No podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Los impedimentos para contraerlo derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan. Artículo 7º.- El cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o con quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito. Artículo 8º.- Falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos: 1º Si ha habido error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente; 2º Si ha habido error acerca de alguna de sus cualidades personales que, atendida la naturaleza o los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento, y 3º Si ha habido fuerza, en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa, que hubiere sido determinante para contraer el vínculo. Párrafo 2º De las diligencias para la celebración del matrimonio Artículo 9º.- Los que quisieren contraer matrimonio lo comunicarán por escrito, oralmente o por medio de lenguaje de señas, ante cualquier Oficial del Registro Civil, indicando sus 141

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nombres y apellidos; el lugar y la fecha de su nacimiento; su estado de solteros, viudos o divorciados y, en estos dos últimos casos, el nombre del cónyuge fallecido o de aquél con quien contrajo matrimonio anterior, y el lugar y la fecha de la muerte o sentencia de divorcio, respectivamente; su profesión u oficio; los nombres y apellidos de los padres, si fueren conocidos; los de las personas cuyo consentimiento fuere necesario, y el hecho de no tener incapacidad o prohibición legal para contraer matrimonio. Si la manifestación no fuere escrita, el Oficial del Registro Civil levantará acta completa de ella, la que será firmada por él y por los interesados, si supieren y pudieren hacerlo, y autorizada por dos testigos. Artículo 10.- Al momento de comunicar los interesados su intención de celebrar el matrimonio, el Oficial del Registro Civil deberá proporcionarles información suficiente acerca de las finalidades del matrimonio, de los derechos y deberes recíprocos que produce y de los distintos regímenes patrimoniales del mismo. Asimismo, deberá prevenirlos respecto de la necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo. Deberá, además, comunicarles la existencia de cursos de preparación para el matrimonio, si no acreditaren que los han realizado. Los futuros contrayentes podrán eximirse de estos cursos de común acuerdo, declarando que conocen suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial. Este inciso no se aplicará en los casos de matrimonios en artículo de muerte. La infracción a los deberes indicados no acarreará la nulidad del matrimonio ni del régimen patrimonial, sin perjuicio de la sanción que corresponda al funcionario en conformidad a la ley. Artículo 11.- Los cursos de preparación para el matrimonio, a que se refiere el artículo anterior, tendrán como objetivo promover la libertad y seriedad del consentimiento matrimonial que se debe brindar, particularmente en su relación con los derechos y deberes que importa el vínculo, con el fin de contribuir a que las personas que deseen formar una familia conozcan las responsabilidades que asumirán de la forma más conveniente para acometer con éxito las exigencias de la vida en común. 142

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Estos cursos podrán ser dictados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, por entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público, por instituciones de educación públicas o privadas con reconocimiento del Estado, o por personas jurídicas sin fines de lucro cuyos estatutos comprendan la realización de actividades de promoción y apoyo familiar. El contenido de los cursos que no dictare el Servicio de Registro Civil e Identificación será determinado libremente por cada institución, con tal que se ajusten a los principios y normas de la Constitución y de la ley. Para facilitar el reconocimiento de estos cursos, tales instituciones los inscribirán, previamente, en un Registro especial que llevará el Servicio de Registro Civil. Artículo 12.- Se acompañará a la manifestación una constancia fehaciente del consentimiento para el matrimonio, dado por quien corresponda, si fuere necesario según la ley y no se prestare oralmente ante el oficial del Registro Civil. Artículo 13.- Las personas pertenecientes a una etnia indígena, según el artículo 2º de la ley Nº 19.253, podrán solicitar que la manifestación, la información para el matrimonio y la celebración de éste se efectúen en su lengua materna. En este caso, así como en el que uno o ambos contrayentes no conocieren el idioma castellano, o fueren sordomudos que no pudieren expresarse por escrito, la manifestación, información y celebración del matrimonio se harán por medio de una persona habilitada para interpretar la lengua de el o los contrayentes o que conozca el lenguaje de señas. En el acta se dejará constancia del nombre, apellido y domicilio del intérprete, o de quien conozca el lenguaje de señas. Artículo 14.- En el momento de presentarse o hacerse la manifestación, los interesados rendirán información de dos testigos por lo menos, sobre el hecho de no tener impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio. Artículo 15.- Inmediatamente después de rendida la información y dentro de los noventa días siguientes, deberá procederse a la celebración del matrimonio. Transcurrido dicho plazo sin que el matrimonio se haya efectuado, habrá que repetir las formalidades prescritas en los artículos precedentes. 143

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Artículo 16.- No podrán ser testigos en las diligencias previas ni en la celebración del matrimonio: 1º Los menores de 18 años; 2º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia; 3º Los que se hallaren actualmente privados de razón; 4º Los que hubieren sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos, y 5º Los que no entendieren el idioma castellano o aquellos que estuvieren incapacitados para darse a entender claramente. Párrafo 3º De la celebración del matrimonio Artículo 17.- El matrimonio se celebrará ante el oficial del Registro Civil que intervino en la realización de las diligencias de manifestación e información. La celebración tendrá lugar ante dos testigos, parientes o extraños, y podrá efectuarse en el local de su oficina o en el lugar que señalaren los futuros contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro de su territorio jurisdiccional. El matrimonio en artículo de muerte podrá celebrarse ante el Oficial del Registro Civil, sin los trámites previos de la manifestación e información. Artículo 18.- En el día de la celebración y delante de los contrayentes y testigos, el Oficial del Registro Civil dará lectura a la información mencionada en el artículo 14 y reiterará la prevención indicada en el artículo 10, inciso segundo. A continuación, leerá los artículos 131, 133 y 134 del Código Civil. Preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse el uno al otro como marido o mujer y, con la respuesta afirmativa, los de clarará casados en nombre de la ley. 144

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Artículo 19.- El Oficial del Registro Civil levantará acta de todo lo obrado, la que será firmada por él, por los testigos y por los cónyuges, si supieren y pudieren hacerlo. Luego, procederá a hacer la inscripción en los libros del Registro Civil en la forma prescrita en el reglamento. Si se trata de matrimonio en artículo de muerte, se especificará en el acta el cónyuge afectado y el peligro que le amenazaba. Párrafo 4º De los matrimonios celebrados ante entidades Religiosas de derecho público Artículo 20.- Los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley, en especial lo prescrito en este Capítulo, desde su inscripción ante un Oficial del Registro Civil. El acta que otorgue la entidad religiosa en que se acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez, como el nombre y la edad de los contrayentes y los testigos, y la fecha de su celebración, deberá ser presentada por aquellos ante cualquier Oficial del Registro Civil, dentro de ocho días, para su inscripción. Si no se inscribiere en el plazo fijado, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno. El Oficial del Registro Civil verificará el cumplimiento de los requisitos legales y dará a conocer a los requirentes de la inscripción los derechos y deberes que corresponden a los cónyuges de acuerdo a esta ley. Los comparecientes deberán ratificar el consentimiento prestado ante el ministro de culto de su confesión. De todo lo anterior quedará constancia en la inscripción respectiva, que también será suscrita por ambos contrayentes. Sólo podrá denegarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio no cumple con alguno de los requisitos exigidos por la ley. De la negativa se podrá reclamar ante la respectiva Corte de Apelaciones. 145

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Los efectos del matrimonio así inscrito se regirán, en todo, por lo prescrito en esta ley y en los demás cuerpos legales que se refieren a la materia.

Capítulo III De la separación de los cónyuges Párrafo 1º De la separación de hecho Artículo 21.- Si los cónyuges se separaren de hecho, podrán, de común acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio. En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. Los acuerdos antes mencionados deberán respetar los derechos conferidos por las leyes que tengan el carácter de irrenunciables. Artículo 22.- El acuerdo que conste por escrito en alguno de los siguientes instrumentos otorgará fecha cierta al cese de la convivencia: a) escritura pública, o acta extendida y protocolizada ante notario público; b) acta extendida ante un Oficial del Registro Civil, o c) transacción aprobada judicialmente. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si el cumplimiento del acuerdo requiriese una inscripción, subinscripción o anotación en un registro público, se tendrá por fecha del cese de la convivencia aquélla en que se cumpla tal formalidad. 146

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La declaración de nulidad de una o más de las cláusulas de un acuerdo que conste por medio de alguno de los instrumentos señalados en el inciso primero, no afectará el mérito de aquél para otorgar una fecha cierta al cese de la convivencia. Artículo 23.- A falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que el procedimiento judicial que se sustancie para reglar las relaciones mutuas, como los alimentos que se deban, los bienes familiares o las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio; o las relaciones con los hijos, como los alimentos, el cuidado personal o la relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o madre que no los tuviere bajo su cuidado, se extienda a otras materias concernientes a sus relaciones mutuas o a sus relaciones con los hijos. Artículo 24.- Las materias de conocimiento conjunto a que se refiere el artículo precedente se ajustarán al mismo procedimiento establecido para el juicio en el cual se susciten. En la resolución que reciba la causa a prueba, el juez fijará separadamente los puntos que se refieran a cada una de las materias sometidas a su conocimiento. La sentencia deberá pronunciarse sobre todas las cuestiones debatidas en el proceso. Artículo 25.- El cese de la convivencia tendrá también fecha cierta a partir de la notificación de la demanda, en el caso del artículo 23. Asimismo, habrá fecha cierta, si no mediare acuerdo ni demanda entre los cónyuges, cuando, habiendo uno de ellos expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a través de cualquiera de los instrumentos señalados en las letras a) y b) del artículo 22 o dejado constancia de dicha intención ante el juzgado correspondiente, se notifique al otro cónyuge. En tales casos, se tratará de una gestión voluntaria y se podrá comparecer personalmente. La notificación se practicará según las reglas generales.

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Párrafo 2º De la separación judicial 1. De las causales Artículo 26.- La separación judicial podrá ser demandada por uno de los cónyuges si mediare falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. No podrá invocarse el adulterio cuando exista previa separación de hecho consentida por ambos cónyuges. En los casos a que se refiere este artículo, la acción para pedir la separación corresponde únicamente al cónyuge que no haya dado lugar a la causal. Artículo 27.- Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar al tribunal que declare la separación, cuando hubiere cesado la convivencia. Si la solicitud fuere conjunta, los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo será completo si regula todas y cada una de las materias indicadas en el artículo 21. Se entenderá que es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos, procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges cuya separación se solicita. 2. Del ejercicio de la acción Artículo 28.- La acción de separación es irrenunciable. Artículo 29.- La separación podrá solicitarse también en el procedimiento a que dé lugar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 23, o una denuncia por violencia intrafamiliar producida entre los cónyuges o entre alguno de éstos y los hijos.

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Artículo 30.- Tratándose de cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal, cualquiera de ellos podrá solicitar al tribunal la adopción de las medidas provisorias que estime conducentes para la protección del patrimonio familiar y el bienestar de cada uno de los miembros que la integran. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio del derecho que asiste a las partes de solicitar alimentos o la declaración de bienes familiares, conforme a las reglas generales. Artículo 31.- Al declarar la separación, el juez deberá resolver todas y cada una de las materias que se señalan en el artículo 21, a menos que ya se encontraren reguladas o no procediere la regulación judicial de alguna de ellas, lo que indicará expresamente. Tendrá en especial consideración los criterios de suficiencia señalados en el artículo 27. El juez utilizará los mismos criterios al evaluar el acuerdo presentado o alcanzado por los cónyuges, procediendo en la sentencia a subsanar sus deficiencias o modificarlo si fuere incompleto o insuficiente. En la sentencia el juez, además, liquidará el régimen matrimonial que hubiere existido entre los cónyuges, si así se le hubiere solicitado y se hubiere rendido la prueba necesaria para tal efecto. 3. De los efectos Artículo 32.- La separación judicial produce sus efectos desde la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia que la decreta. Sin perjuicio de ello, la sentencia ejecutoriada en que se declare la separación judicial deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Efectuada la subinscripción, la sentencia será oponible a terceros y los cónyuges adquirirán la calidad de separados, que no los habilita para volver a contraer matrimonio. Artículo 33.- La separación judicial deja subsistentes todos los de rechos y obligaciones personales que existen entre los cónyuges, con excepción de aquellos cuyo ejercicio sea incompatible con la vida separada de ambos, tales como los deberes de cohabitación y de fidelidad, que se suspenden. 149

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Artículo 34.- Por la separación judicial termina la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubiere existido entre los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147 del Código Civil. Artículo 35.- El derecho de los cónyuges a sucederse entre sí no se altera por la separación judicial. Se exceptúa el caso de aquél que hubiere dado lugar a la separación por su culpa, en relación con el cual el juez efectuará en la sentencia la declaración correspondiente, de la que se dejará constancia en la subinscripción. Tratándose del derecho de alimentos, regirán las reglas especiales contempladas en el Párrafo V, del Título VI del Libro Primero del Código Civil. Artículo 36.- No se alterará la filiación ya determinada ni los deberes y responsabilidades de los padres separados en relación con sus hijos. El juez adoptará todas las medidas que contribuyan a reducir losefectos negativos que pudiera representar para los hijos la separación de sus padres. Artículo 37.- El hijo concebido una vez declarada la separación judicial de los cónyuges no goza de la presunción de paternidad establecida en el artículo 184 del Código Civil. Con todo, el nacido podrá ser inscrito como hijo de los cónyuges, si concurre el consentimiento de ambos. 4. De la reanudación de la vida en común Artículo 38.- La reanudación de la vida en común de los cónyuges, con ánimo de permanencia, pone fin al procedimiento destinado a declarar la separación judicial o a la ya decretada, y, en este último caso, restablece el estado civil de casados. Artículo 39.- Decretada la separación judicial en virtud del artículo 26, la reanudación de la vida en común sólo será oponible a terceros cuando se revoque judicialmente dicha sentencia, a petición de ambos cónyuges, y se practique la subinscripción correspondiente en el Registro Civil. 150

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Decretada judicialmente la separación en virtud del artículo 27, para que la reanudación de la vida en común sea oponible a terceros, bastará que ambos cónyuges dejen constancia de ella en acta extendida ante el Oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción matrimonial. El Oficial del Registro Civil comunicará estas circunstancias al tribunal competente, quien ordenará agregar el documento respectivo a los antecedentes del juicio de separación. Artículo 40.- La reanudación de la vida en común, luego de la separación judicial, no revive la sociedad conyugal ni la participación en los gananciales, pero los cónyuges podrán pactar este último régimen en conformidad con el artículo 1723 del Código Civil. Artículo 41.- La reanudación de la vida en común no impide que los cónyuges puedan volver a solicitar la separación, si ésta se funda en hechos posteriores a la reconciliación de los cónyuges.

Capítulo IV De la terminación del matrimonio Párrafo 1º Disposiciones generales Artículo 42.- El matrimonio termina: 1º Por la muerte de uno de los cónyuges; 2º Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo siguiente; 3º Por sentencia firme de nulidad, y 4º Por sentencia firme de divorcio. 151

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Párrafo 2º De la terminación del matrimonio por muerte presunta Artículo 43.- El matrimonio termina por la muerte presunta de uno de los cónyuges, cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha de las últimas noticias, fijada en la sentencia que declara la presunción de muerte. El matrimonio también se termina si, cumplidos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido setenta años desde el nacimiento del desaparecido. El mismo plazo de cinco años desde la fecha de las últimas noticias se aplicará cuando la presunción de muerte se haya declarado en virtud del número 7 del artículo 81 del Código Civil. En el caso de los números 8 y 9 del artículo 81 del Código Civil, el matrimonio se termina transcurrido un año desde el día presuntivo de la muerte. El posterior matrimonio que haya contraído el cónyuge del desaparecido con un tercero, conservará su validez aun cuando llegare a probarse que el desaparecido murió realmente después de la fecha en que dicho matrimonio se contrajo.

Capítulo V De la nulidad del matrimonio Párrafo 1º l. De las causales Artículo 44.- El matrimonio sólo podrá ser declarado nulo por alguna de las siguientes causales, que deben haber existido al tiempo de su celebración: a) Cuando uno de los contrayentes tuviere alguna de las incapacidades señaladas en el artículo 5º, 6º ó 7º de esta ley, y b) Cuando el consentimiento no hubiere sido libre y espontáneo en los términos expresados en el artículo 8º. 152

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Artículo 45.- Es nulo el matrimonio que no se celebre ante el número de testigos hábiles determinados en el artículo 17. Párrafo 2º De la titularidad y del ejercicio de la acción de nulidad Artículo 46.- La titularidad de la acción de nulidad del matrimonio corresponde a cualesquiera de los presuntos cónyuges, salvo las siguientes excepciones: a) La nulidad fundada en el número 2º del artículo 5º podrá ser demandada por cualquiera de los cónyuges o por alguno de sus ascendientes, pero alcanzados los dieciséis años por parte de ambos contrayentes, la acción se radicará únicamente en el o los que contrajeron sin tener esa edad; b) La acción de nulidad fundada en alguno de los vicios previstos en el artículo 8º corresponde exclusivamente al cónyuge que ha sufrido el error o la fuerza; c) En los casos de matrimonio celebrado en artículo de muerte, la acción también corresponde a los demás herederos del cónyuge difunto; d) La acción de nulidad fundada en la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto corresponde, también, al cónyuge anterior o a sus herederos, y e) La declaración de nulidad fundada en alguna de las causales contempladas en los artículos 6º y 7º podrá ser solicitada, además, por cualquier persona, en el interés de la moral o de la ley. El cónyuge menor de edad y el interdicto por disipación son hábiles para ejercer por sí mismos la acción de nulidad, sin perjuicio de su derecho a actuar por intermedio de representantes. Artículo 47.- La acción de nulidad del matrimonio sólo podrá intentarse mientras vivan ambos cónyuges, salvo los casos mencionados en las letras c) y d) del artículo precedente. 153

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Artículo 48.- La acción de nulidad de matrimonio no prescribe por tiempo, salvo las siguientes excepciones: a) Tratándose de la nulidad fundada en la causal establecida en el número 2º del artículo 5º, la acción prescribirá en un año, contado desde la fecha en que el cónyuge inhábil para contraer matrimonio hubiere adquirido la mayoría de edad; b) En los casos previstos en el artículo 8º, la acción de nulidad prescribe en el término de tres años, contados desde que hubiere desaparecido el hecho que origina el vicio de error o fuerza; c) Cuando se tratare de un matrimonio celebrado en artículo de muerte, la acción de nulidad prescribirá en un año, contado desde la fecha del fallecimiento del cónyuge enfermo; d) Cuando la causal invocada sea la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto, la acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges, y e) Cuando la acción de nulidad se fundare en la falta de testigos hábiles, prescribirá en un año, contado desde la celebración del matrimonio. Artículo 49.- Cuando, deducida la acción de nulidad fundada en la existencia de un matrimonio anterior, se adujere también la nulidad de este matrimonio, se resolverá en primer lugar la validez o nulidad del matrimonio precedente. Párrafo 3º De los efectos Artículo 50.- La nulidad produce sus efectos desde la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia que la declara, retrotrayéndose las partes al estado en que se encontraban al momento de contraer el vínculo matrimonial, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo y en los dos artículos siguientes. La sentencia ejecutoriada en que se declare la nulidad de matrimonio, deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial y no será oponible a terceros sino desde que esta subinscripción se verifique. 154

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Artículo 51.- El matrimonio nulo que ha sido celebrado o ratificado ante el oficial del Registro Civil produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, pero dejará de producir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges. Si sólo uno de los cónyuges contrajo matrimonio de buena fe, éste podrá optar entre reclamar la disolución y liquidación del régimen de bienes que hubieren tenido hasta ese momento, o someterse a las reglas generales de la comunidad. Las donaciones o promesas que por causa de matrimonio se hayan hecho por el otro cónyuge al que casó de buena fe, subsistirán no obstante la declaración de la nulidad del matrimonio. Con todo, la nulidad no afectará la filiación ya determinada de los hijos, aunque no haya habido buena fe ni justa causa de error por parte de ninguno de los cónyuges. Artículo 52.- Se presume que los cónyuges han contraído matrimonio de buena fe y con justa causa de error, salvo que en el juicio de nulidad se probare lo contrario y así se declare en la sentencia.

Capítulo VI Del divorcio Artículo 53.- El divorcio pone término al matrimonio, pero no afectará en modo alguno la filiación ya determinada ni los derechos y obligaciones que emanan de ella.

Párrafo 1º De las causales Artículo 54.- El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les 155

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impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos: 1º.- Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos; 2º.- Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común, es una forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio; 3º.- Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal; 4º.- Conducta homosexual; 5º.- Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y 6º.- Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Artículo 55.- Sin perjuicio de lo anterior, el divorcio será decretado por el juez si ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo y acreditan que ha cesado su convivencia durante un lapso mayor de un año. En este caso, los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que, ajustándose a la ley, regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo será completo si regula todas y cada una de las materias indicadas en el artículo 21. Se entenderá que es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos, procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges cuyo divorcio se solicita. 156

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Habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años, salvo que, a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo. En todo caso, se entenderá que el cese de la convivencia no se ha producido con anterioridad a las fechas a que se refieren los artículos 22 y 25, según corresponda. La reanudación de la vida en común de los cónyuges, con ánimo de permanencia, interrumpe el cómputo de los plazos a que se refiere este artículo. Párrafo 2º De la titularidad y el ejercicio de la acción Artículo 56.- La acción de divorcio pertenece exclusivamente a los cónyuges. Cualquiera de ellos podrá demandarlo, salvo cuando se invoque la causal contemplada en el artículo 54, en cuyo caso la accióncorresponde sólo al cónyuge que no hubiere dado lugar a aquélla. Artículo 57.- La acción de divorcio es irrenunciable y no se extingue por el mero transcurso del tiempo. Artículo 58.- El cónyuge menor de edad y el interdicto por disipación son hábiles para ejercer por sí mismos la acción de divorcio, sin perjuicio de su derecho a actuar por intermedio de representantes. Párrafo 3º De los efectos Artículo 59.- El divorcio producirá efectos entre los cónyuges desde que quede ejecutoriada la sentencia que lo declare. 157

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Sin perjuicio de ello, la sentencia ejecutoriada en que se declare el divorcio deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Efectuada la subinscripción, la sentencia será oponible a terceros y los cónyuges adquirirán el estado civil de divorciados, con lo que podrán volver a contraer matrimonio. Artículo 60.- El divorcio pone fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio, como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo 1 del Capítulo siguiente. Capítulo VII De las reglas comunes a ciertos casos de separación, nulidad y divorcio Párrafo 1º De la compensación económica Artículo 61.- Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa. Artículo 62.- Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios previsionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. 158

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Si se decretare el divorcio en virtud del artículo 54, el juez podrá denegar la compensación económica que habría correspondido al cónyuge que dio lugar a la causal, o disminuir prudencialmente su monto. Artículo 63.- La compensación económica y su monto y forma de pago, en su caso, serán convenidos por los cónyuges, si fueren mayores de edad, mediante acuerdo que constará en escritura pública o acta de avenimiento, las cuales se someterán a la aprobación del tribunal . Artículo 64.- A falta de acuerdo, corresponderá al juez determinar la procedencia de la compensación económica y fijar su monto. Si no se solicitare en la demanda, el juez informará a los cónyuges la existencia de este derecho durante la audiencia preparatoria. Pedida en la demanda, en escrito complementario de la demanda o en la reconvención, el juez se pronunciará sobre la procedencia de la compensación económica y su monto, en el evento de dar lugar a ella, en la sentencia de divorcio o nulidad. Artículo 65.- En la sentencia, además, el juez determinará la forma de pago de la compensación, para lo cual podrá establecer las siguientes modalidades: 1.- Entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes. Tratándose de dinero, podrá ser enterado en una o varias cuotas reajustables, respecto de las cuales el juez fijará seguridades para su pago. 2.- Constitución de derechos de usufructo, uso o habitación, respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor. La constitución de estos derechos no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario hubiere tenido a la fecha de su constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge beneficiario tuviere en cualquier tiempo. Artículo 66.- Si el deudor no tuviere bienes suficientes para solucionar el monto de la compensación mediante las modalidades a que se refiere el artículo anterior, el juez podrá 159

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dividirlo en cuantas cuotas fuere necesario. Para ello, tomará en consideración la capacidad económica del cónyuge deudor y expresará el valor de cada cuota en alguna unidad reajustable. La cuota respectiva se considerará alimentos para el efecto de su cumplimiento, a menos que se hubieren ofrecido otras garantías para su efectivo y oportuno pago, lo que se declarará en la sentencia.

Párrafo 2º De la conciliación Artículo 67.- Solicitada la separación, sea que la demanda se presente directamente o de conformidad al artículo 29, o el divorcio, el juez, durante la audiencia preparatoria, deberá instar a las partes a una conciliación, examinando las condiciones que contribuirían a superar el conflicto de la convivencia conyugal y verificar la disposición de las partes para hacer posible la conservación del vínculo matrimonial. El llamado a conciliación tendrá por objetivo, además, cuando proceda, acordar las medidas que regularán lo concerniente a los alimentos entre los cónyuges y para los hijos, su cuidado personal, la relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o la madre que no los tenga bajo su cuidado, y el ejercicio de la patria potestad. Artículo 68.- Si el divorcio fuere solicitado de común acuerdo por ambos cónyuges, las partes podrán asistir a la audiencia a que se refiere el artículo anterior personalmente o representadas por sus apoderados. Artículo 69.- En la audiencia preparatoria, el juez instará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo, procurando ajustar las expectativas de cada una de las partes. Artículo 70.- Si las partes no alcanzaren acuerdo, el juez deberá pronunciarse sobre las medidas que se adoptarán en forma provisional, respecto de las materias indicadas en el inciso segundo del artículo 67, mientras dura el juicio. 160

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Párrafo 3º De la mediación Art.71 a 79. Suprimidos. Capítulo VIII De la ley aplicable y del reconocimiento de las sentencias extranjeras Artículo 80.- Los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el matrimonio celebrado en país extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º de esta ley. Tampoco valdrá en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Artículo 81.- Los efectos de los matrimonios celebrados en Chile se regirán por la ley chilena, aunque los contrayentes sean extranjeros y no residan en Chile. Artículo 82.- El cónyuge domiciliado en Chile podrá exigir alimentos del otro cónyuge ante los tribunales chilenos y de conformidad con la ley chilena. Del mismo modo, el cónyuge residente en el extranjero podrá reclamar alimentos del cónyuge domiciliado en Chile. Artículo 83.- El divorcio estará sujeto a la ley aplicable a la relación matrimonial al momento de interponerse la acción. Las sentencias de divorcio y nulidad de matrimonio dictadas por tribunales extranjeros serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de Procedimiento Civil. 161

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En ningún caso tendrá valor en Chile el divorcio que no haya sido declarado por resolución judicial o que de otra manera se oponga al orden público chileno. Tampoco se reconocerá valor a las sentencias obtenidas en fraude a la ley. Se entenderá que se ha actuado en fraude a la ley cuando el divorcio ha sido declarado bajo una jurisdicción distinta a la chilena, a pesar de que los cónyuges hubieren tenido domicilio en Chile durante cualquiera de los tres años anteriores a la sentencia que se pretende ejecutar, si ambos cónyuges aceptan que su convivencia ha cesado a lo menos ese lapso, o durante cualquiera de los cinco años anteriores a la sentencia, si discrepan acerca del plazo de cese de la convivencia. El acuerdo o la discrepancia entre los cónyuges podrá constar en la propia sentencia o ser alegado durante la tramitación del exequátur. Artículo 84.- La ley que rija el divorcio y la nulidad del matrimonio se aplicará también a sus efectos.

Capítulo IX De los juicios de separación, nulidad de matrimonio y divorcio Párrafo 1º Disposiciones generales Artículo 85.- La tramitación de la separación judicial, de la nulidad de matrimonio y del divorcio se regirá por lo dispuesto en este Capítulo y en las demás leyes que resulten aplicables, del modo que parezca más conforme con la paz y la concordia entre los miembros de la familia afectada. Cuando existieren menores de edad comprometidos, el juez deberá considerar especialmente el interés superior del niño, y oirá a aquél que esté en condiciones de formarse un juicio propio, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez, al resolver todos los asuntos relacionados con su persona o sus bienes. El juez, en cualquier momento, podrá adoptar de oficio las 162

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medidas que crea convenientes para el cumplimiento de lo anterior, así como para solucionar de la mejor manera posible las rupturas o conflictos matrimoniales. Artículo 86.- El proceso será reservado, a menos que el juez, fundadamente y a petición expresa de los cónyuges, resuelva lo contrario. Párrafo 2 Competencia y procedimiento Artículo 87.- Será competente para conocer de las acciones de separación, nulidad o divorcio, el juzgado con competencia en materias de familia, del domicilio del demandado. Artículo 88.- Los juicios de separación, nulidad o divorcio se tramitarán conforme al procedimiento que señale, para tal efecto, la ley sobre juzgados de familia. Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán las reglas especiales que siguen. Artículo 89.- Las acciones que tengan por objetivo regular el régimen de alimentos, el cuidado personal de los hijos o la relación directa y regular que mantendrá con ellos aquél de los padres que no los tenga bajo su cuidado, cuando no se hubieren deducido previamente de acuerdo a las reglas generales, como asimismo todas las cuestiones relacionadas con el régimen de bienes del matrimonio, que no hubieren sido resueltas en forma previa a la presentación de la demanda de separación, nulidad o divorcio, deberán deducirse en forma conjunta con ésta o por vía reconvencional, en su caso, y resolverse tan pronto queden en estado, de acuerdo al procedimiento aplicable. La misma regla se aplicará en caso de que se pretenda modificar el régimen de alimentos, el cuidado personal de los hijos o la relación directa y regular que mantendrán con el padre o la madre que no los tenga bajo su cuidado, que hubieren sido determinados previamente. El cumplimiento del régimen fijado previamente sobre dichas materias se tramitará conforme a las reglas generales. 163

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Artículo 90.- En el llamado a conciliación a que se refiere el artículo 67, se incluirán las materias señaladas en el inciso segundo de dicha disposición, aun cuando no se hubieren solicitado en conformidad a lo dispuesto en el artículo precedente, y se resolverán tan pronto queden en estado, de acuerdo al procedimiento aplicable. Artículo 91.- Cuando se haya interpuesto solicitud de divorcio, en cualquier momento en que el juez advierta antecedentes que revelen que el matrimonio podría estar afectado en su origen por un defecto de validez, se los hará saber a los cónyuges, sin emitir opinión. Si en la audiencia, o dentro de los treinta días siguientes, alguno de los cónyuges solicita la declaración de nulidad, el procedimiento comprenderá ambas acciones y el juez, en la sentencia definitiva, se pronunciará primero sobre la de nulidad. Artículo 92.- Derogado.

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LEY 19.968 SOBRE TRIBUNALES DE FAMILIA

LEY 19.968 SOBRE TRIBUNALES DE FAMILIA "TITULO I DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA Y SU ORGANIZACIÓN Párrafo Primero De los Juzgados de Familia Artículo 1º.- Judicatura especializada. Créanse los juzgados de familia, encargados de conocer los asuntos de que trata esta ley y los que les encomienden otras leyes generales y especiales, de juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado. Estos juzgados formarán parte del Poder Judicial y tendrán la estructura, organización y competencia que la presente ley establece. En lo no previsto en ella se regirán por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y las leyes que lo complementan. Artículo 2º.- Conformación. Los juzgados de familia tendrán el número de jueces que para cada caso señalan los artículos 4 y 4 bis. Contarán, además, con un consejo técnico, un administrador y una planta de empleados de secretaría y se organizarán en unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones: 1º. Sala, que consistirá en la organización y asistencia a la realización de las audiencias. 2º. Atención de público y mediación, destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e información al público 165

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que concurra al juzgado, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, a manejar la correspondencia del tribunal y a desarrollar las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las acciones de información y derivación a mediación. 3º. Servicios, que reunirá las labores de soporte técnico de la red computacional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias. 4º. Administración de causas, que consistirá en desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros de los procesos en el juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones; al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de las causas nuevas; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del juzgado, y a las estadísticas básicas del mismo. 5°. Cumplimiento, que, dada la particular naturaleza de los procedimientos establecidos en esta ley, desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente de aquellas que requieren de cumplimiento sostenido en el tiempo. La Corte Suprema, por intermedio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, velará por el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones a que se refiere este artículo en los tribunales de letras con competencia en familia. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 26 del Código Orgánico de Tribunales. Artículo 3°.- Potestad jurisdiccional. Cada juez ejercerá unipersonalmente la potestad jurisdiccional respecto de los asuntos que las leyes encomiendan a los juzgados de familia. Artículo 4°.- Creación de nuevos juzgados. Créanse juzgados de familia, con asiento en cada una de las siguientes comunas del territorio de la República, con el número de jueces y con la competencia que en cada caso se señala: 166

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a) Primera Región de Tarapacá: Iquique, con siete jueces, con competencia sobre las comunas de Iquique y Alto Hospicio. b) Segunda Región de Antofagasta: Antofagasta, con diez jueces, con competencia sobre las comunas de Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda. Calama, con cinco jueces, con competencia sobre las comunas de la provincia de El Loa. c) Tercera Región de Atacama: Copiapó, con cinco jueces, con competencia sobre las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Vallenar, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Vallenar y Alto del Carmen. d) Cuarta Región de Coquimbo: La Serena, con cinco jueces, con competencia sobre las comunas de La Serena y La Higuera. Coquimbo, con cuatro jueces, con competencia sobre la misma comuna. Ovalle, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria y Punitaqui. e) Quinta Región de Valparaíso: Valparaíso, con nueve jueces, con competencia sobre las comunas de Valparaíso y Juan Fernández. Viña del Mar, con siete jueces, con competencia sobre las comunas de Viña del Mar y Concón, y que tendrá, para todos los efectos legales, la categoría de juzgado asiento de Corte. Quilpué, con tres jueces, con competencia sobre la misma comuna. 167

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Villa Alemana, con tres jueces, con competencia sobre la misma comuna. Casablanca, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Casablanca, El Quisco, Algarrobo, de la Quinta Región, y Curacaví, de la Región Metropolitana. La Ligua, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de La Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo. Los Andes, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de la provincia de Los Andes. San Felipe, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de San Felipe, Santa María, Panquehue, Llay-Llay y Catemu. Quillota, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de Quillota, La Cruz, Calera, Nogales e Hijuelas. Limache, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Limache y Olmué. San Antonio, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de San Antonio, Cartagena, El Tabo y Santo Do-mingo. f) Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Rancagua, con diez jueces, con competencia sobre las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí, Coltauco, Doñihue, Coinco y Olivar. Rengo, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Rengo, Requínoa, Malloa y Quinta de Tilcoco. San Fernando, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua. Santa Cruz, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Santa Cruz, Chépica y Lolol. g) Séptima Región del Maule:

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Talca, con ocho jueces, con competencia sobre las comunas de Talca, Pelarco, Río Claro, San Clemente, Maule, Pencahue y San Rafael. Constitución, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Constitución y Empedrado. Curicó, con cinco jueces, con competencia sobre las comunas de Curicó, Teno, Romeral y Rauco. Linares, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de Linares, Yerbas Buenas, Colbún y Longaví. Parral, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Parral y Retiro. h) Octava Región del Bío-Bío: Chillán, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de Chillán, Pinto, Coihueco y Chillán Viejo. Concepción, con diez jueces, con competencia sobre las comunas de Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz y Chiguayante. Talcahuano, con seis jueces, con competencia sobre las comunas de Talcahuano y Hualpén, y que tendrá, para todos los efectos legales, la categoría de juzgado asiento de Corte. Los Ángeles, con cinco jueces, con competencia sobre las comunas de Los Ángeles, Quilleco y Antuco. Yumbel, con un juez, con competencia sobre la misma comuna. Tomé, con dos jueces, con competencia sobre la misma comuna. Coronel, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de Coronel y Lota.

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i) Novena Región de La Araucanía: Temuco, con nueve jueces, con competencia sobre las comunas de Temuco, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Freire y Padre Las Casas. Angol, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Angol y Renaico. j) Décima Región de Los Lagos: Osorno, con cinco jueces, con competencia sobre las comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay y San Juan de la Costa. Puerto Montt, con cinco jueces, con competencia sobre las comunas de Puerto Montt y Cochamó. Puerto Varas, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Fresia. Castro, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Castro, Chonchi, Dalcahue, Puqueldón y Queilén. Ancud, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Ancud y Quemchi, y que tendrá, para todos los efectos legales, la categoría de juzgado capital de provincia. k) Undécima Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo: Coihaique, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Coihaique y Río Ibáñez. l) Duodécima Región de Magallanes: Punta Arenas, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de la provincia de Magallanes y Antártica Chilena. m) Región Metropolitana de Santiago: 170

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Puente Alto, con ocho jueces, con competencia sobre las comunas de la provincia de Cordillera. San Bernardo, con seis jueces, con competencia sobre las comunas de San Bernardo y Calera de Tango. Peñaflor, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Peñaflor y Padre Hurtado. Talagante, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Talagante, El Monte e Isla de Maipo. Melipilla, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de la provincia de Melipilla, con excepción de Curacaví. Buin, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Buin y Paine. Colina, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de la provincia de Chacabuco. Créanse, además, los siguientes juzgados de familia, que tendrán categoría de juzgado asiento de Corte para todos los efectos legales, con asiento dentro de la Provincia de Santiago, con el número de jueces y la competencia que en cada caso se indica: Cuatro juzgados de familia, todos con trece jueces, con competencia sobre las comunas de la provincia de Santiago, con excepción de las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado. Dos juzgados, con diez jueces cada uno, con competencia sobre las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, El Bosque y Lo Espejo.

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Un juzgado, con doce jueces, con competencia sobre las comunas de Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado. n) Decimocuarta Región de los Ríos: Valdivia, con cinco jueces, con competencia sobre las comunas de Valdivia y Corral. ñ) Decimoquinta Región de Arica y Parinacota: Arica, con siete jueces, con competencia sobre las comunas de las provincias de Arica y Parinacota. Artículo 4° bis.- Dotación adicional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los tribunales que a continuación se indican contarán con el número adicional de jueces que en cada caso se señala, los que no se considerarán para la determinación de las dotaciones a que se refiere el artículo 115 de la presente ley: 1) Juzgado de familia de Iquique, con un juez. 2) Juzgado de familia de Antofagasta, con un juez. 3) Juzgado de familia de Calama, con un juez. 4) Juzgado de familia de Copiapó, con un juez. 5) Juzgado de familia de Ovalle, con un juez. 6) Juzgado de familia de Viña del Mar, con un juez. 7) Juzgado de familia de Quilpué, con un juez. 8) Juzgado de familia de Los Andes, con un juez. 9) Juzgado de familia de San Antonio, con un juez. 10) Juzgado de familia de Rancagua, con tres jueces. 11) Juzgado de familia de San Fernando, con un juez. 12) Juzgado de familia de Talca, con dos jueces. 13) Juzgado de familia de Linares, con un juez. 14) Juzgado de familia de Chillán, con un juez. 15) Juzgado de familia de Concepción, con tres jueces. 16) Juzgado de familia de Los Ángeles, con un juez. 17) Juzgado de familia de Coronel, con un juez. 18) Juzgado de familia de Temuco, con dos jueces. 19) Juzgado de familia de Puerto Varas, con un juez. 20) Juzgado de familia de Puente Alto, con dos jueces. 21) Juzgado de familia de San Bernardo, con un juez. 22) Juzgado de familia de Peñaflor, con un juez. 172

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23) Juzgado de familia de Melipilla, con un juez. 24) Juzgado de familia de Buin, con un juez. 25) Juzgado de familia de Colina, con un juez. 26) El 1° y 2° juzgados de familia de San Miguel, con tres jueces cada uno. 27) Juzgado de familia de Pudahuel, con un juez. 28) Juzgado de familia de Valdivia, con un juez. 29) Juzgado de familia de Arica, con un juez. Párrafo Segundo Del consejo técnico Artículo 5°.- Funciones. La función de los profesionales del consejo técnico será la de asesorar, individual o colectivamente, a los jueces en el análisis y mejor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento, en el ámbito de su especialidad. En particular, tendrán las siguientes atribuciones: a) Asistir a las audiencias de juicio a que sean citados con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas; b) Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración del niño, niña o adolescente; c) Evaluar a requerimiento del juez, la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las partes, y sugerir los términos en que esta última pudiere llevarse a cabo; d) Asesorar al juez, a requerimiento de éste, en la evaluación del riesgo a que se refiere el artículo 7º de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar; y e) Asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad. Artículo 6°.- Integración. En cada juzgado de familia habrá un consejo técnico interdisciplinario integrado por profesionales especializados en asuntos de familia e infancia. 173

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Además, se deberá acreditar experiencia profesional idónea y formación especializada en materias de familia o de infancia de a lo menos dos semestres de duración, impartida por alguna universidad o instituto de reconocido prestigio que desarrollen docencia, capacitación o investigación en dichas materias. Artículo 7º.- Requisitos para integrar el consejo técnico. Para ser miembro del consejo técnico, se requerirá poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por alguna universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste. Además, se deberá acreditar experiencia profesional y formación especializada en materia de familia e infancia de, al menos, dos semestres de duración, impartida por alguna de las instituciones señaladas en el inciso primero. TITULO II DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA Artículo 8°. Competencia de los juzgados de familia. Corresponderá a los juzgados de familia conocer y resolver las siguientes materias: 1) Las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes; 2) Las causas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular; 3) Las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; a la emancipación y a las autorizaciones a que se refieren los Párrafos 2º y 3º del Título X del Libro I del Código Civil; 4) Las causas relativas al derecho de alimentos; 5) Los disensos para contraer matrimonio; 174

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6) Las guardas, con excepción de aquellas relativas a pupilos mayores de edad, y aquellas que digan relación con la curaduría de la herencia yacente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 494 del Código Civil; 7) Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores; 8) Las acciones de filiación y todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas; 9) Todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de catorce y menores de dieciséis años de edad, y las que se imputen a adolescentes mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, que no se encuentren contempladas en el inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 20.084. Tratándose de hechos punibles cometidos por un niño o niña, el juez de familia procederá de acuerdo a lo prescrito en el artículo 102 N; 10) La autorización para la salida de niños, niñas o adolescentes del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley; 11) Las causas relativas al maltrato de niños, niñas o adolescentes de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la ley Nº 16.618; 12) Los procedimientos previos a la adopción, de que trata el Título II de la ley Nº 19.620; 13) El procedimiento de adopción a que se refiere el Título III de la ley Nº 19.620; 14) Los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges, relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares: 175

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a) Separación judicial de bienes; b) Las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación sobre los mismos; 15) Las acciones de separación, nulidad y divorcio reguladas en la Ley de Matrimonio Civil; 16) Los actos de violencia intrafamiliar; 17) Toda otra materia que la ley les encomiende.

TÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO Párrafo primero De los principios del procedimiento Artículo 9°.- Principios del procedimiento. El procedimiento que aplicarán los juzgados de familia será oral, concentrado y desformalizado. En él primarán los principios de la inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre partes. Artículo 10.- Oralidad. Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el juzgado deberá llevar un sistema de registro de las actuaciones orales. Dicho registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe, que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Asimismo, la conciliación que pudiere producirse en las audiencias orales deberá consignarse en extracto, manteniendo fielmente los términos del acuerdo que contengan. 176

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Artículo 11. Concentración. El procedimiento se desarrollará en audiencias continuas y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión. El tribunal sólo podrá reprogramar una audiencia, en casos excepcionales y hasta por dos veces durante todo el juicio, si no está disponible prueba relevante decretada por el juez. La nueva audiencia deberá celebrarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la anterior. Asimismo, el tribunal podrá suspender una audiencia durante su desarrollo, hasta por dos veces solamente y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con la causa invocada, por motivos fundados diversos del señalado en el inciso precedente, lo que se hará constar en la resolución respectiva. La reprogramación se notificará conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 23, cuando corresponda, con a lo menos tres días hábiles de anticipación. La resolución que suspenda una audiencia fijará la fecha y hora de su continuación, la que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes, y su comunicación por el juez en la audiencia que se suspende se tendrá como citación y notificación suficientes. Artículo 12.- Inmediación. Las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones. El juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido y con las que se reciban conforme a lo dispuesto en el numeral 9) del artículo 61. Artículo 13.- Actuación de oficio. Promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad. Este principio deberá observarse especialmente respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo, el juez deberá dar curso progresivo al procedimiento, salvando los errores formales y omisiones susceptibles de ser subsanados, pudiendo también solicitar a las partes los antecedentes necesarios para la debida tramitación y fallo de la causa. 177

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Artículo 14.- Colaboración. Durante el procedimiento y en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ellas. Artículo 15.- Publicidad. Todas las actuaciones jurisdiccionales y procedimientos administrativos del tribunal son públicos. Excepcionalmente y a petición de parte, cuando exista un peligro grave de afectación del derecho a la privacidad de las partes, especialmente niños, niñas y adolescentes, el juez podrá disponer una o más de las siguientes medidas: a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúa la audiencia. b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de diligencias específicas. Artículo 16.- Interés superior del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido los catorce años y, adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de edad. Párrafo segundo De las reglas generales Artículo 17.- Acumulación necesaria. Los jueces de familia conocerán conjuntamente, en un solo proceso, los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración, siempre que se sustancien conforme al mismo procedimiento. La acumulación y desacumulación procederán sólo hasta el 178

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inicio de la audiencia preparatoria y serán resueltas por el juez que corresponda, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente. La acumulación procederá incluso entre asuntos no sometidos al mismo procedimiento, si se trata de la situación regulada por el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, y de las materias previstas en los números 1), 2) y 7) del artículo 8º. Artículo 18.- Comparecencia en juicio. En los procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, las partes deberán comparecer patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez en caso necesario las exceptúe expresamente, por motivos fundados en resolución que deberá dictar de inmediato. Ambas partes podrán ser patrocinadas y representadas en juicio por las Corporaciones de Asistencia Judicial. La modalidad con que los abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial asuman la representación en dichas causas será regulada por el reglamento que dictará para estos efectos el Ministerio de Justicia. La renuncia formal del abogado patrocinante o del apoderado no los liberará de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que sean necesarios para impedir la indefensión de su representado. En caso de renuncia del abogado patrocinante o de abandono de hecho de la defensa, el tribunal deberá designar de oficio a otro que la asuma, a menos que el representado se procure antes un abogado de su confianza. Tan pronto éste acepte el cargo, cesará en sus funciones el designado por el tribunal. La obligación señalada en el inciso primero no regirá tratándose de los procedimientos establecidos en el Título IV. En estos casos, las partes podrán comparecer y actuar sin necesidad de mandatario judicial ni de abogado patrocinante, salvo que el juez lo estime necesario. Artículo 19. Representación. En todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes, o incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados. 179

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El juez designará a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos en que carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquél a quien corresponda legalmente su representación. La persona así designada será el curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima en el artículo 109 letra b) del Código Procesal Penal. De la falta de designación del representante de que trata este artículo, podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello. Artículo 20. Suspensión de la audiencia. Las partes, de común acuerdo y previa autorización del juez, podrán suspender hasta por dos veces la audiencia que haya sido citada. Artículo 21. Abandono del procedimiento. Si llegado el día de la celebración de las audiencias fijadas, no concurriere ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o solicitante no pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia procederá a declarar el abandono del procedimiento y ordenará el archivo de los antecedentes. No obstante, en los asuntos a que se refieren los números 7), 8), 9), 11) y 12) del artículo 8º, el juez citará a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia bajo apercibimiento de continuar el procedimiento y resolver de oficio. En las causas sobre violencia intrafamiliar, de verificarse las circunstancias previstas en el inciso primero, el juez ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento. Transcurridos un año desde que se decrete el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado. 180

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Artículo 22. Potestad cautelar. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, en cualquier etapa del procedimiento, o antes de su inicio, el juez, de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes. Estas últimas sólo podrán disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar. Las medidas cautelares podrán llevarse a efecto aun antes de notificarse a la persona contra quien se dicten, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene expresamente. Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El juez de familia podrá ampliar este plazo por motivos fundados. En todo lo demás, resultarán aplicables las normas contenidas en los Títulos IV y V del Libro II del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del procedimiento previsto en el Párrafo primero del Título IV de esta ley, sólo podrán adoptarse las medidas señaladas en el artículo 71. Artículo 23. Notificaciones. La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por un funcionario que haya sido designado para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. Dicho funcionario tendrá el carácter de ministro de fe para estos efectos. La parte interesada podrá siempre encargar, a su costa, la práctica de la notificación a un receptor judicial. En los casos en que no resulte posible practicar la primera notificación personalmente, por no ser habida la persona a quien se debe notificar, y siempre que el ministro de fe encargado de la diligencia establezca cual es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentra en el lugar del juicio, de lo que dejará constancia, se procederá a su notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden del tribunal, en la forma señalada en los incisos segundo y tercero del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. 181

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El ministro de fe dará aviso de esta notificación a ambas partes el mismo día en que se efectúe o a más tardar el día hábil siguiente, dirigiéndoles carta certificada. La omisión en el envío de la carta no invalidará la notificación, pero hará responsable al infractor de los daños y perjuicios que se originen y el tribunal, previa audiencia del afectado, deberá imponerle alguna de las medidas que se señalan en los números 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales. Cuando la demanda deba notificarse a persona cuya individualización o domicilio sean difíciles de determinar, el juez dispondrá que se practique por cualquier medio idóneo que garantice la debida información del notificado, para el adecuado ejercicio de sus derechos. Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario, salvo que se trate de las sentencias definitivas y de las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso de alguna de las audiencias, las que serán notificadas por carta certificada. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el tercer día siguiente a aquél en que fueron expedidas. Excepcionalmente, y por resolución fundada, el juez podrá ordenar que la notificación se practique por personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones. Los patrocinantes de las partes, en la primera actuación que realicen en el proceso, deberán indicar otra forma de notificación que elijan para sí, que el juez califique como expedita y eficaz, bajo apercibimiento de serles notificadas por el Estado diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso. Artículo 24. Extensión de la competencia territorial. Los juzgados de familia que dependan de una misma Corte de Apelaciones podrán decretar diligencias para cumplirse directamente en cualquier comuna ubicada dentro del territorio jurisdiccional de dicha Corte. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará a los juzgados dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago, respecto de las actuaciones que deban practicarse en el territorio de la Corte de Apelaciones de San Miguel y a los dependientes de esta última, respecto de las actuaciones que deban practicarse en el territorio jurisdiccional de la primera. 182

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Artículo 25.- Nulidad procesal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, sólo podrá declararse la nulidad procesal cuando se invocare un vicio que hubiere ocasionado efectivo perjuicio a quien solicitare la declaración. En la solicitud correspondiente el interesado deberá señalar con precisión los derechos que no pudo ejercer como consecuencia de la infracción que denuncia. La parte que ha originado el vicio o concurrido a su materialización no podrá solicitar la declaración de nulidad. Se entenderá que existe perjuicio cuando el vicio hubiere impedido el ejercicio de derechos por el litigante que reclama. Toda nulidad queda subsanada si la parte perjudicada no reclama del vicio oportunamente; si ella ha aceptado tácitamente los efectos del acto y si, no obstante el vicio de que adolezca, el acto ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. Los tribunales no podrán declarar de oficio las nulidades convalidadas. Artículo 26. Acerca de los incidentes. Los incidentes serán promovidos durante el transcurso de las audiencias en que se originen y se resolverán inmediatamente por el tribunal, previo debate. Con todo, cuando para la resolución del incidente resulte indispensable producir prueba que no hubiere sido posible prever con anterioridad, el juez determinará la forma y oportunidad de su rendición, antes de resolver. Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno. Excepcionalmente, y por motivos fundados, se podrán interponer incidentes fuera de audiencia, los que deberán ser presentados por escrito y resueltos por el juez de plano, a menos que considere necesario oír a los demás interesados. En este último caso, citará, a más tardar dentro de tercero día, a una audiencia especial, a la que concurrirán los interesados con todos sus medios de prueba, a fin de resolver en ella la incidencia planteada. Con todo, si se hubiere fijado la audiencia preparatoria o de juicio para una fecha no posterior al quinto día de interpuesto el incidente, se resolverá en ésta. Si el incidente se origina en un hecho anterior a una audiencia sólo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma. 183

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Artículo 26 bis.- Facultades del juez en la audiencia. El juez que preside la audiencia dirigirá el debate, ordenará la rendición de las pruebas y moderará la discusión. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio de los litigantes para defender sus respectivas posiciones. También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes que deban intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para todas ellas o interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo de su facultad. Además, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate y, en general, a garantizar la eficaz realización del mismo. Quienes asistan a la audiencia deberán guardar respeto y silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar armas ni ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia. No podrán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro. Artículo 26 ter.- Sanciones. Quienes infrinjan las medidas sobre publicidad previstas en el artículo 15 o lo dispuesto en el artículo 26 bis, podrán ser sancionados de conformidad con los artículos 530 ó 532 del Código Orgánico de Tribunales, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal podrá expulsar a los infractores de la sala. Artículo 27. Normas supletorias. En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación.

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Párrafo tercero De la prueba 1. Disposiciones generales acerca de la prueba Artículo 28.- Libertad de prueba. Todos los hechos que resulten pertinentes para la adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juez podrán ser probados por cualquier medio producido en conformidad a la ley. Artículo 29.- Ofrecimiento de prueba. Las partes podrán, en consecuencia, ofrecer todos los medios de prueba de que dispongan, pudiendo solicitar al juez de familia que ordene, además, la generación de otros de que tengan conocimiento y que no dependan de ellas, sino de un órgano o servicio público o de terceras personas, tales como pericias, documentos, certificaciones u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado. Las partes tendrán plenas facultades para solicitar a los órganos, servicios públicos, o terceras personas, la respuesta a los oficios solicitados en la audiencia preparatoria y que hayan sido admitidos por el tribunal, a fin de que puedan ser presentados como medios de prueba en la audiencia del juicio. El juez, de oficio, podrá asimismo ordenar que se acompañen todos aquellos medios de prueba de que tome conocimiento o que, a su juicio, resulte necesario producir en atención al conflicto familiar de que se trate. Artículo 30.- Convenciones probatorias. Durante la audiencia preparatoria, las partes podrán solicitar, en conjunto, al juez de familia que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en la audiencia de juicio. El juez de familia podrá formular proposiciones a las partes sobre la materia, teniendo para ello a la vista las argumentaciones de hecho contenidas en la demanda y en la contestación. El juez aprobará sólo aquellas convenciones probatorias que no sean contrarias a derecho, teniendo particularmente en vista los intereses de los niños, niñas o adolescentes involucrados en el conflicto. Asimismo, el juez verificará que el consentimiento ha sido prestado en forma libre y voluntaria, con pleno conocimiento de los efectos de la convención. 185

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Artículo 31.- Exclusión de prueba. El juez de familia, luego de estudiar la admisibilidad de las pruebas ofrecidas, de resolver las convenciones probatorias y de escuchar a las partes que hubieren comparecido a la audiencia preparatoria, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio aquellas que fueren manifiestamente impertinentes, tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, resulten sobreabundantes o hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales. Las demás serán admitidas y se ordenará su rendición en la audiencia de juicio respectiva. Artículo 32.- Valoración de la prueba. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. La sentencia deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. 2. De la prueba testimonial Artículo 33.- Deber de comparecer y declarar. Toda persona que no se encontrare legalmente exceptuada tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial practicado, con el fin de prestar declaración testimonial, de declarar la verdad sobre lo que se le preguntare y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos acerca del contenido de su declaración. En casos urgentes, los testigos podrán ser citados por cualquier medio, haciéndose constar el motivo de la urgencia. Artículo 34.- Renuencia a comparecer o a declarar. Si el testigo legalmente citado no compareciere sin justa causa, se 186

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procederá a apercibirlo con arresto por falta de comparecencia. Además, podrá imponérsele el pago de las costas provocadas por su inasistencia. El testigo que se negare a declarar, sin justa causa, será sancionado con las penas que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 35.- Excepciones a la obligación de comparecencia. No estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial de que tratan los artículos precedentes, y podrán declarar en la forma señalada en el artículo siguiente: a) El Presidente de la República y los ex Presidentes; los Ministros de Estado; los Senadores y Diputados; los miembros de la Corte Suprema; los integrantes del Tribunal Constitucional; el Contralor General de la República y el Fiscal Nacional; b) Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile; c) Los chilenos o extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, en conformidad a los tratados vigentes sobre la materia, y d) Los que, por enfermedad grave u otro impedimento, calificado por el tribunal, se hallaren en imposibilidad de hacerlo. Con todo, si las personas enumeradas en las letras a), b) y d) renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales. Artículo 36.- Declaración de personas exceptuadas. Las personas comprendidas en las letras a), b) y d) del artículo anterior serán interrogadas en el lugar en que ejercieren sus funciones o en su domicilio. A tal efecto, propondrán oportunamente la fecha y el lugar correspondientes. Si así no lo hicieren, los fijará el juez. En caso de inasistencia del testigo, se aplicarán las normas generales. A la audiencia ante el juez tendrán siempre derecho a asistir las partes. El juez podrá calificar las preguntas que se dirigieren al testigo, teniendo en cuenta su pertinencia con los hechos y la investidura o estado del deponente. 187

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Las personas comprendidas en la letra c) del artículo precedente declararán por informe, si consintieren a ello voluntariamente. Al efecto se les dirigirá un oficio respetuoso, por medio del ministerio respectivo. Artículo 37.- Principio de no autoincriminación. Todo testigo tendrá el derecho de negarse a responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiere acarrearle peligro de persecución penal por un delito. Asimismo, el testigo podrá ejercer el mismo derecho cuando, por su declaración, pudiere incriminar a su cónyuge, a su conviviente, a sus ascendientes o descendientes, a sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, a su pupilo o a su guardador, a su adoptante o su adoptado. Artículo 38.- Juramento o promesa. Todo testigo, antes de comenzar su declaración, prestará juramento o promesa de decir verdad sobre lo que se le preguntare, sin ocultar nada de lo que pudiere conducir al esclarecimiento de los hechos. No se tomará juramento o promesa a los testigos menores de dieciocho años. Se hará constar en el registro la omisión del juramento o promesa. El juez, si lo estimare necesario, instruirá al testigo acerca del sentido del juramento o promesa y de su obligación de ser veraz, así como de las penas con las cuales la ley castiga el delito de falso testimonio. Artículo 39.- Individualización del testigo. La declaración del testigo comenzará por el señalamiento de los antecedentes relativos a su persona, en especial sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio, todo ello sin perjuicio de las excepciones contenidas en leyes especiales. Artículo 40.- Declaración de testigos. En el procedimiento de familia no existirán testigos inhábiles. Sin perjuicio de ello, las partes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguna de las partes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad. 188

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Todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarare, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas. Artículo 41.- Testigos niños, niñas o adolescentes. El testigo niño, niña o adolescente sólo será interrogado por el juez, debiendo las partes dirigir las preguntas por su intermedio. Excepcionalmente, el juez podrá autorizar el interrogatorio directo del niño, niña o adolescente, cuando por su grado de madurez se estime que ello no afectará su persona. Artículo 42.- Testigos sordos, mudos o sordomudos. Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito; y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones. En caso de que no pudieren darse a entender por escrito, se aplicará lo dispuesto en el inciso siguiente. Si el testigo fuere sordomudo, su declaración será recibida por intermedio de una o más personas que pudieren entenderse con él. Estas personas prestarán previamente el juramento o promesa prescritos para los testigos. Artículo 43.- De la necesidad de intérprete. Si el testigo no supiere el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete mayor de dieciocho años, quien prestará juramento o promesa de desempeñar bien y fielmente el cargo, y por cuyo conducto se interrogará al testigo y se recibirán sus contestaciones. Artículo 44.- Efectos de la comparecencia respecto de otras obligaciones similares. La comparecencia del testigo a la audiencia a que debiere concurrir, constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna. 3. Prueba pericial Artículo 45.- Procedencia de la prueba pericial. Las partes podrán recabar informes elaborados por peritos de su confianza 189

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y solicitar que éstos sean citados a declarar a la audiencia de juicio, acompañando los antecedentes que acreditaren la idoneidad profesional del perito. Procederá la prueba pericial en los casos determinados por la ley y siempre que, para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. Los informes deberán emitirse con objetividad, ateniéndose a los principios de la ciencia o a las reglas del arte u oficio que profesare el perito. Asimismo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar la elaboración de un informe de peritos a algún órgano público u organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores que reciba aportes del Estado y que desarrolle la líneas de acción a que se refiere el artículo 4, Nº3.4 de la ley Nº20.032, cuando lo estime indispensable para la adecuada resolución del conflicto. Artículo 46.- Contenido del informe de peritos. A petición de parte, los peritos deberán concurrir a declarar ante el juez acerca de su informe. Sin perjuicio de lo anterior, deberán entregarlo por escrito, con tantas copias como partes figuren en el proceso, con la finalidad de ponerlo en conocimiento de aquéllas, con cinco días de anticipación a la audiencia de juicio, a lo menos. Será aplicable a los informes periciales lo dispuesto en el artículo 315 del Código Procesal Penal. Artículo 47.- Admisibilidad de la prueba pericial y remuneración de los peritos. El juez admitirá la prueba pericial cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considerare que los peritos otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. Con todo, el tribunal podrá limitar el número de peritos, cuando resultaren excesivos o pudieren entorpecer la realización del juicio. Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presente. Artículo 48.- Improcedencia de inhabilitación de los peritos. Los peritos no podrán ser inhabilitados. No obstante, durante la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar 190

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su objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones. Las partes o el juez podrán requerir al perito información acerca de su remuneración y la adecuación de ésta a los montos usuales para el tipo de trabajo realizado. Artículo 49.- Declaración de peritos. La declaración de los peritos en la audiencia se regirá por las normas establecidas para los testigos, con las modificaciones que expresamente se señalan en el acápite siguiente. Si el perito se negare a prestar declaración, se le aplicará lo dispuesto para los testigos en el artículo 34. Excepcionalmente, el juez podrá, con acuerdo de las partes, eximir al perito de la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba. 4. Declaración de las partes Artículo 50.- Procedencia de la declaración de las partes. Cada parte podrá solicitar del juez la declaración de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Artículo 51.- Contenido de la declaración y admisibilidad de las preguntas. Las preguntas de la declaración se formularán afirmativamente o en forma interrogativa, pero con la debida precisión y claridad, sin incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser entendidas sin dificultad. El juez resolverá las objeciones que se formulen, previo debate, referidas a la debida claridad y precisión de las preguntas y a la pertinencia de los hechos por los cuales la parte haya sido requerida para declarar. Artículo 52.- Sanción por la incomparecencia. Si la parte, debidamente citada, no comparece a la audiencia de juicio, o compareciendo se negase a declarar o diese respuestas evasivas, el juez podrá considerar reconocidos como ciertos los hechos contenidos en las afirmaciones de la parte que solicitó la declaración. En la citación se apercibirá al interesado acerca de los efectos que producirá su incomparecencia, su negativa a declarar o si diere respuestas evasivas. 191

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Artículo 53.- Facultades del tribunal. Una vez concluida la declaración de las partes, el tribunal podrá dirigir todas aquellas preguntas destinadas a obtener aclaraciones o adiciones a sus dichos. Asimismo, cuando no sea obligatoria la intervención de abogados, las partes, con la autorización del juez, podrán efectuarse recíprocamente preguntas y observaciones que sean pertinentes para la determinación de los hechos relevantes del proceso. El juez podrá rechazar, de oficio, las preguntas que considere impertinentes o inútiles. 5. Otros medios de prueba Artículo 54.- Medios de prueba no regulados expresamente. Podrán admitirse como pruebas: películas cinematográficas, fotografías, fonografías, video grabaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe. El juez determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análogo. Párrafo tercero bis Admisibilidad y etapa de recepción Artículo 54-1.- Control de admisibilidad. Uno o más jueces de los que componen el juzgado, realizarán un control de admisibilidad de las demandas, denuncias y requerimientos que se presenten al tribunal. Si en dicho control se advirtiese que la demanda presentada no cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 57, el tribunal ordenará se subsanen sus defectos en el plazo que el mismo fije, bajo sanción de tenerla por no presentada. Con excepción de los numerales 8) y 16) del artículo 8°, si se estimare que la presentación es manifiestamente improcedente, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión. La resolución que la rechace será apelable en conformidad a las reglas generales. 192

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El juez deberá declarar de oficio su incompetencia. Artículo 54-2.- Facultades del juez en la etapa de recepción. Una vez admitida la demanda, denuncia o requerimiento a tramitación, el juez procederá de oficio o a petición de parte, a decretar las medidas cautelares que procedan, incluyendo la fijación de alimentos provisorios cuando corresponda. Luego de ello, citará a las partes a la audiencia correspondiente. El tribunal conocerá también en esta etapa de los avenimientos y transacciones celebrados directamente por las partes y los aprobará en cuanto no sean contrarios a derecho. Si en el acta de mediación consta que el proceso de mediación resultó frustrado, dispondrá la continuación del procedimiento judicial, cuando corresponda.

Párrafo cuarto Del procedimiento ordinario ante los juzgados de familia Artículo 55.- Procedimiento ordinario. El procedimiento de que trata este Párrafo será aplicable a todos los asuntos contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los juzgados de familia y que no tengan señalado otro distinto en ésta u otras leyes. Respecto de estos últimos, las reglas del presente Párrafo tendrán carácter supletorio. Artículo 56.- Inicio del procedimiento. El procedimiento comenzará por demanda escrita. En casos calificados, el juez, por resolución fundada, podrá autorizar al demandante a interponer su demanda oralmente, de todo lo cual se levantará acta de inmediato. Artículo 57.- Requisitos de la demanda. La demanda deberá cumplir los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, podrán acompañarse los documentos que digan relación con la causa, cuando la naturaleza y oportunidad de las peticiones así lo requiera. En las causas de mediación previa se deberá acompañar un certificado que acredite que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106. 193

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Artículo 58.- Contestación de la demanda y demanda reconvencional. El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con al menos cinco días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia preparatoria. Si desea reconvenir, deberá hacerlo de la misma forma, conjuntamente con la contestación de la demanda y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo anterior. Deducida la reconvención, el tribunal conferirá traslado al actor, quien podrá contestarla por escrito, u oralmente, en la audiencia preparatoria. En casos calificados, el juez, por resolución fundada, podrá autorizar al demandado a contestar y reconvenir oralmente, de todo lo cual se levantará acta de inmediato, asegurando que la actuación se cumpla dentro del plazo legal y llegue oportunamente a conocimiento de la otra parte. La reconvención continuará su tramitación conjuntamente con la cuestión principal. Artículo 59.- Citación a audiencia preparatoria. Admitida la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia preparatoria, la que deberá realizarse en el más breve plazo posible. En todo caso, la notificación de la resolución que cita a la audiencia preparatoria deberá practicarse siempre con una antelación mínima de quince días. En la resolución se hará constar que la audiencia se celebrará con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación. Artículo 60.- Comparecencia a las audiencias. Las partes deberán concurrir personalmente a la audiencia preparatoria y a la audiencia de juicio, patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez en caso necesario las exceptúe expresamente, por motivos fundados, en resolución que deberá dictar de inmediato. El juez podrá eximir a la parte de comparecer personalmente, lo que deberá hacer por resolución fundada. Del mismo modo, el demandado que tuviere su domicilio en un territorio jurisdiccional distinto de aquél en que se presentó la demanda, podrá contestarla y demandar 194

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reconvencionalmente por escrito ante el juez con competencia en materias de familia de su domicilio, sin perjuicio de la designación de un representante para que comparezca en su nombre en las audiencias respectivas. Artículo 61.- Audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria se procederá a: 1) Oír la relación breve y sintética, que harán las partes ante el juez, del contenido de la demanda, de la contestación y de la reconvención que se haya deducido, y de la contestación a la reconvención, si ha sido hecha por escrito. 2) Contestar la demanda reconvencional, en su caso. Las excepciones que se hayan opuesto se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva. No obstante, el juez se pronunciará inmediatamente de evacuado el traslado respecto de las de incompetencia, falta de capacidad o de personería, de las que se refieran a la corrección del procedimiento y de prescripción, siempre que su fallo pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. 3) Decretar las medidas cautelares que procedan, de oficio o a petición de parte, a menos que se hubieren decretado con anterioridad, evento en el cual el tribunal resolverá si las mantiene. 4) Promover, a iniciativa del tribunal o a petición de parte, la sujeción del conflicto a la mediación familiar a que se refiere el Título V, suspendiéndose el procedimiento judicial en caso de que se dé lugar a ésta. 5) Promover, por parte del tribunal, la conciliación total o parcial, conforme a las bases que éste proponga a las partes. 6) Determinar el objeto del juicio. 7) Fijar los hechos que deben ser probados, así como las convenciones probatorias que las partes hayan acordado. 195

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8) Determinar las pruebas que deberán rendirse al tenor de la propuesta de las partes y disponer la práctica de las otras que estime necesarias. 9) Excepcionalmente, y por motivos justificados, recibir la prueba que deba rendirse en ese momento. La documental que se rinda en esta oportunidad no radicará la causa en la persona del juez que la reciba. 10) Fijar la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto en un plazo no superior a treinta días de realizada la preparatoria. Sin perjuicio de ello, el juez podrá, previo acuerdo de las partes, desarrollar la audiencia de juicio inmediatamente de finalizada la preparatoria. Las partes se entenderán citadas a la audiencia de juicio por el solo ministerio de la ley y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 59, inciso tercero. Para el desarrollo de la audiencia regirán, en cuanto resulten aplicables, las reglas establecidas para la audiencia de juicio. En caso de advertir la existencia de hechos comprendidos en el número 7) del artículo 8º, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá decretar la apertura del procedimiento especial previsto en el artículo 68 y citar a la audiencia respectiva, o incluir estos hechos para los efectos de los números 5), 6), 7) y 8) de este artículo, procediendo a la acumulación necesaria del artículo 17 y pudiendo decretar medidas cautelares de las previstas en el artículo 71. Artículo 62.- Contenido de la resolución que cita a juicio. Al término de la audiencia preparatoria, no habiéndose producido una solución alternativa del conflicto, el juez dictará una resolución, que contendrá las menciones siguientes: a) La o las demandas que deban ser conocidas en el juicio, así como las contestaciones que hubieren sido presentadas, fijando el objeto del juicio. b) Los hechos que se dieren por acreditados, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30. 196

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c) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63 bis. d) La individualización de quienes deberán ser citados a la audiencia respectiva. Con todo, en los procedimientos de que se trata esta ley tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 336 del Código Procesal Penal. Artículo 63.- Audiencia de juicio. La audiencia se llevará a efecto en un solo acto, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas si fuere necesario, y tendrá por objetivo recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por éste. El día y hora fijados, el juez de familia se constituirá, con la asistencia del demandante y el demandado, asistidos por letrados cuando corresponda. Durante la audiencia, el juez procederá a: 1) Verificar la presencia de las personas que hubieren sido citadas a la audiencia y declarar iniciado el juicio. 2) Señalar el objetivo de la audiencia, advirtiendo a las partes que deben estar atentas a todo lo que se expondrá en el juicio. 3) Disponer que los testigos y peritos que hubieren comparecido hagan abandono de la sala de audiencia. 4) Adoptar las medidas necesarias para garantizar su adecuado desarrollo, pudiendo disponer la presencia en ellas de uno o más miembros del consejo técnico. Podrá asimismo ordenar, en interés superior del niño, niña o adolescente, que éste u otro miembro del grupo familiar se ausente durante determinadas actuaciones. Artículo 63 bis.- Prueba no solicitada oportunamente. A petición de alguna de las partes, el juez podrá ordenar la recepción de pruebas que ellas no hayan ofrecido oportunamente, cuando justifiquen no haber sabido de su 197

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existencia sino hasta ese momento y siempre que el juez considere que resultan esenciales para la resolución del asunto. Si con ocasión de la rendición de una prueba surge una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el juez podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hayan sido ofrecidas oportunamente y siempre que no haya sido posible prever su necesidad. Artículo 64.- Producción de la prueba. La prueba se rendirá de acuerdo al orden que fijen las partes, comenzando por la del demandante. Al final, se rendirá la prueba ordenada por el juez. Durante la audiencia, los testigos y peritos serán identificados por el juez, quien les tomará el juramento o promesa de decir verdad. A continuación, serán interrogados por las partes, comenzando por la que los presenta. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe y luego se autorizará su interrogatorio por las partes. El juez podrá efectuar preguntas al testigo o perito, así como a las partes que declaren, una vez que fueren interrogadas por los litigantes, con la finalidad de pedir aclaraciones o adiciones a sus testimonios. Los documentos, así como el informe de peritos en su caso, serán exhibidos y leídos en el debate, con indicación de su origen. Las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El juez podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos a los declarantes durante sus testimonios, para que los reconozcan o se refieran a su conocimiento. Practicada la prueba, el juez podrá solicitar a un miembro del consejo técnico que emita su opinión respecto de la prueba rendida, en el ámbito de su especialidad. Finalmente, las partes formularán, oralmente y en forma breve, las observaciones que les merezca la prueba y la opinión 198

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del miembro del consejo técnico, así como sus conclusiones, de un modo preciso y concreto, con derecho a replicar respecto de las conclusiones argumentadas por las demás. Artículo 65.- Sentencia. Una vez concluido el debate, el juez comunicará de inmediato su resolución, indicando los fundamentos principales tomados en consideración para dictarla. Excepcionalmente, cuando la audiencia de juicio se hubiere prolongado por más de dos días, podrá postergar la decisión del caso hasta el día siguiente hábil, lo que se indicará a las partes al término de la audiencia, fijándose de inmediato la oportunidad en que la decisión será comunicada. El juez podrá diferir la redacción del fallo hasta por un plazo de cinco días, ampliables por otros cinco por razones fundadas, fijando la fecha en que tendrá lugar la lectura de la sentencia, la que podrá efectuarse de manera resumida. Artículo 66.- Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva deberá contener: 1) El lugar y fecha en que se dicta; 2) La individualización completa de las partes litigantes; 3) Una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes; 4) El análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión; 5) Las razones legales y doctrinarias que sirvieren para fundar el fallo; 6) La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del juzgado, y 7) El pronunciamiento sobre pago de costas y, en su caso, los motivos que tuviere el juzgado para absolver de su pago a la parte vencida.

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Artículo 66 bis.- Celebración de nueva audiencia. Si el juez ante el cual se desarrolló la audiencia de juicio no pudiera dictar sentencia por causa legal sobreviniente, aquella deberá celebrarse nuevamente. En caso de nombramiento, promoción, destinación, traslado o comisión del juez ante el cual se desarrolló la audiencia del juicio, éste sólo podrá asumir su nueva función luego de haber dictado sentencia definitiva en las causas que tuviese pendientes. Artículo 67.- Recursos. Las resoluciones serán impugnables a través de los recursos y en las formas que establece el Código de Procedimiento Civil, siempre que ello no resulte incompatible con los principios del procedimiento que establece la presente ley, y sin perjuicio de las siguientes modificaciones: 1) La solicitud de reposición deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo caso deberá interponerse y resolverse durante la misma. Tratándose de una resolución pronunciada en audiencia, se interpondrá y resolverá en el acto. 2) Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares. 3) La apelación, que deberá entablarse por escrito, se concederá en el solo efecto devolutivo, con excepción de las sentencias definitivas referidas a los asuntos comprendidos en los numerales 8), 10), 13), y 15) del artículo 8º. 4) El tribunal de alzada conocerá y fallará la apelación sin esperar la comparecencia de las partes, las que se entenderán citadas por el ministerio de la ley a la audiencia en que se conozca y falle el recurso. 5) Efectuada la relación, los abogados de las partes podrán dividir el tiempo de sus alegatos para replicar al de la otra parte. 200

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6) Procederá el recurso de casación en la forma, establecido en los artículos 766 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con las siguientes modificaciones: a) Procederá sólo en contra de las sentencias definitivas de primera instancia y de las interlocutorias de primera instancia que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. b) Sólo podrá fundarse en alguna de las causales expresadas en los números 1º, 2º, 4º, 6º, 7º, y 9º del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, o en haber sido pronunciada la sentencia definitiva con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 66 de la presente ley. 7) Se entenderá cumplida la exigencia de patrocinio de los recursos de casación, prevista en el inciso final del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, por la sola circunstancia de interponerlos el abogado que patrocine la causa.

TITULO IV PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Párrafo primero De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes Artículo 68.- Procedimiento de aplicación de medidas de protección. En los casos en que la ley exige o autoriza la intervención judicial para adoptar las medidas de protección jurisdiccionales establecidas en la ley, tendientes a la protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes cuando éstos se encontraren amenazados o vulnerados, se aplicará el procedimiento contenido en el presente Párrafo. En lo no previsto por éste, se aplicarán las normas del Título III. 201

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La intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de la adopción de medidas que importen separar al niño, niña o adolescente de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado. Artículo 69.- Comparecencia del niño, niña o adolescente. En este procedimiento, el juez tendrá debidamente en cuenta las opiniones de los niños, niñas o adolescentes, considerando su edad y madurez. Para este efecto podrá escucharlos en las audiencias a que se refieren los artículos 72 y 73, o en otra especial fijada al efecto, en un ambiente adecuado y cautelando su salud física y psíquica. Artículo 70.- Inicio del procedimiento. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a requerimiento del niño, niña o adolescente, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se atienda, del Servicio Nacional de Menores o de cualquier persona que tenga interés en ello. El requerimiento presentado por alguna de las personas señaladas en el inciso anterior no necesitará cumplir formalidad alguna, bastando con la sola petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. Artículo 71.- Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, y aun antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, el juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares: a) Su entrega inmediata a los padres o a quienes tengan legalmente su cuidado; b) Confiarlo al cuidado de una persona o familia en casos de urgencia. El juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga relación de confianza; 202

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c) El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, por el tiempo que sea estrictamente indispensable. En este caso, de adoptarse la medida sin la comparecencia del niño, niña o adolescente ante el juez, deberá asegurarse que ésta se verifique a primera hora de la audiencia más próxima. d) Disponer la concurrencia de niños, niñas o adolescentes, sus padres, o las personas que los tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación, para enfrentar y superar las situaciones de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes; e) Suspender el derecho de una o más personas determinadas a mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente, ya sea que éstas hayan sido establecidas por resolución judicial o no lo hayan sido; f) Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común; g) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos; h) La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud, e i) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la petición de protección. En ningún caso, podrá ordenarse como medida de protección el ingreso de un niño, niña o adolescente a un establecimiento penitenciario para adultos. La resolución que determine la imposición de una medida 203

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cautelar deberá fundarse en antecedentes que sean calificados como suficientes para ameritar su adopción, de los que se dejará expresa constancia en la misma. Para el cumplimiento de las medidas decretadas, el juez podrá requerir el auxilio de Carabineros de Chile. Cuando la adopción de cualquier medida cautelar tenga lugar antes del inicio del procedimiento, el juez fijará desde luego la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia preparatoria, para dentro de los cinco días siguientes contados desde la adopción de la medida. En ningún caso la medida cautelar decretada de conformidad a este artículo podrá durar más de noventa días. Artículo 72.- Audiencia preparatoria. Iniciado el procedimiento, el juez fijará una audiencia para dentro de los cinco días siguientes, a la que citará al niño, niña o adolescente, a sus padres, a las personas a cuyo cuidado esté, y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto. Durante la audiencia, el juez informará a las partes acerca del motivo de su comparecencia, sus derechos y deberes, y responderá a las dudas e inquietudes que les surjan. Los niños, niñas o adolescentes serán informados en un lenguaje que les resulte comprensible. El juez indagará sobre la situación que ha motivado el inicio del proceso, la forma en que afecta al niño, niña o adolescente y sobre la identidad de las personas que se encuentren involucradas en la afectación de sus derechos. Los citados expondrán lo que consideren conveniente y, una vez oídos, el juez, si contare con todos los elementos probatorios dictará sentencia, a menos que estime procedente la aplicación de la medida contenida en el numeral 2) del artículo 30 de la ley N° 16.618, caso en el cual citará a audiencia de juicio. Artículo 73.- Audiencia de juicio. De conformidad a lo dispuesto en el artículo precedente, esta audiencia tendrá por objetivo recibir la prueba y decidir el asunto sometido a conocimiento del juez. En ella podrán objetarse los informes periciales que se hayan evacuado, pudiendo el juez hacerse asesorar por el consejo técnico. 204

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Artículo 74.- Medida de separación del niño, niña o adolescente de sus padres. Sólo cuando sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos del niño, niña o adolescente y siempre que no exista otra más adecuada, se podrá adoptar una medida que implique separarlo de uno o de ambos padres o de las personas que lo tengan bajo su cuidado. En este caso, el juez preferirá a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza y, sólo en defecto de los anteriores, lo confiará a un establecimiento de protección. La resolución que disponga la medida deberá ser fundada. Artículo 75.- Sentencia. Antes de pronunciar sentencia, el juez procurará que las partes acuerden la forma más conducente a la resolución de la situación que afecta al niño, niña o adolescente. Si ello no fuere posible, en la sentencia fundamentará la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicará los objetivos que se pretenden cumplir con ella y determinará el tiempo de su duración. La sentencia será pronunciada oralmente una vez terminada la audiencia que corresponda, según sea el caso. El juez deberá explicar claramente a las partes la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración. Artículo 76.- Obligación de informar acerca del cumplimiento de las medidas adoptadas. El director del establecimiento, o el responsable del programa, en que se cumpla la medida adoptada tendrá la obligación de informar acerca del desarrollo de la misma, de la situación en que se encuentra el niño, niña o adolescente y de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia. Ese informe se evacuará cada tres meses, a menos que el juez señale un plazo mayor, con un máximo de seis meses, mediante resolución fundada. En la ponderación de dichos informes, el juez se asesorará por uno o más miembros del consejo técnico. Artículo 77.- Incumplimiento de las medidas adoptadas. Cuando los padres, personas responsables o cualquier otra persona impidan la ejecución de la medida acordada, 205

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el organismo responsable de su ejecución o seguimiento comunicará al tribunal la situación para que éste adopte las medidas que estime conducentes y propondrá, si fuera el caso, la sustitución por otra medida que permita alcanzar los objetivos fijados. El tribunal determinará la sustitución de la medida u ordenará los apremios pertinentes para su cumplimiento forzado. Artículo 78.- Obligación de visita de establecimientos residenciales. Los jueces de familia deberán visitar personalmente los establecimientos residenciales, existentes en su territorio jurisdiccional, en que se cumplan medidas de protección. El director del establecimiento deberá facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de los antecedentes individuales de cada niño, niña o adolescente atendido en él. Asimismo, deberá facilitar las condiciones que garanticen la independencia y libertad de ellos para prestar libremente su opinión. Las visitas de que trata el inciso anterior podrán efectuarse en cualquier momento, dentro de lapsos que no excedan de seis meses entre una y otra, considerándose el incumplimiento de esta obligación como una falta disciplinaria grave para todos los efectos legales. Después de cada visita, el juez evacuará un informe que contendrá las conclusiones derivadas de la misma, el que será remitido al Servicio Nacional de Menores y al Ministerio de Justicia. Existiendo más de un juez en el territorio jurisdiccional, las visitas deberán hacerse por turno, de acuerdo con el orden que determine el juez presidente del comité de jueces del juzgado de familia. Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en los incisos anteriores, los jueces de familia podrán siempre visitar los centros, programas y proyectos de carácter ambulatorio existentes en su territorio jurisdiccional, y en que se cumplan medidas de protección. Artículo 79.- Derecho de audiencia con el juez. Los niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales se encuentre vigente una medida de protección judicial, tendrán derecho a que el juez los reciba personalmente, cuando lo soliciten por sí mismos o a través de las personas señaladas en el artículo siguiente. 206

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Artículo 80.- Suspensión, modificación y cesación de medidas. En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez podrá suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, a solicitud del niño, niña o adolescente, de uno o de ambos padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o del director del establecimiento o responsable del programa en que se cumple la medida. Si el tribunal lo considera necesario para resolver, podrá solicitar un informe psicosocial actualizado del niño, niña o adolescente. Asimismo, podrá citar a una única audiencia destinada a escuchar a las partes, recibir los antecedentes y, si corresponde, la declaración del perito que haya elaborado el informe respectivo, el que deberá ser entregado con la anticipación a que se refiere el artículo 46. Con todo, la medida cesará una vez que el niño, niña o adolescente alcance la mayoría de edad, sea adoptado o transcurra el plazo por el que se decretó sin que haya sido modificada o renovada. Artículo 80 bis.- Deber de información del Servicio Nacional de Menores. Para efectos de la aplicación de las medidas a que se refiere el artículo 71, así como las que se impongan en virtud de sentencia definitiva, el Servicio Nacional de Menores, a través de sus Directores Regionales, informará periódicamente y en forma detallada a cada juzgado de familia la oferta programática vigente en la respectiva región de acuerdo a las líneas de acción desarrolladas, su modalidad de intervención y la cobertura existente en ellas, sea en sus centros de administración directa o bien en los proyectos ejecutados por sus organismos colaboradores acreditados. Si el juez estima necesario decretar una medida respecto de la cual no existe en la Región oferta de las líneas de acción indicadas en la ley N° 20.032, comunicará tal situación al Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, quien deberá adoptar las medidas tendientes a generar tal oferta en el menor tiempo posible. Entretanto, el juez decretará alguna de las restantes medidas del artículo 71. Pero, si la cautelar dispuesta es la de la letra h) de dicho artículo, el Servicio Nacional de Menores deberá darle cumplimiento de inmediato y sin más trámite. 207

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Párrafo segundo Del procedimiento relativo a los actos de violencia intrafamiliar Artículo 81.- Competencia. Corresponderá el conocimiento de los conflictos a que dé origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar, regulados en la ley Nº 20.066, al juzgado de familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado. En todo caso, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de familia, fiscal del Ministerio Público o juez de garantía según corresponda, que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar, deberá, de inmediato, adoptar las medidas cautelares del caso, aun cuando no sea competente para conocer de ellas. En caso de concurrir conjuntamente como víctimas de violencia intrafamiliar personas mayores y niños, niñas o adolescentes, el juez podrá siempre adoptar las medidas de protección en conformidad a la ley. El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar se regirá por las normas contenidas en este Párrafo y, en lo no previsto en ellas, por el Título III de esta ley. Artículo 82.- Inicio del procedimiento. El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar podrá iniciarse por demanda o por denuncia. La demanda o denuncia podrá ser deducida por la víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. La denuncia, además, podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven, a quien le será aplicable lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal. No obstante, la denuncia de la víctima le otorgará la calidad de parte en el proceso. Artículo 83.- Actuación de la policía. En caso de violencia intrafamiliar que se esté cometiendo actualmente, o ante llamadas de auxilio de personas que se encontraren al interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes que indicaren que se está cometiendo violencia intrafamiliar, los funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones deberán 208

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entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, practicar la detención del agresor, si procediere, e incautar del lugar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víctima. Deberán, además, ocuparse en forma preferente de prestar ayuda inmediata y directa a esta última. El detenido será presentado inmediatamente al tribunal competente, o al día siguiente si no fuere hora de despacho, considerándose el parte policial como denuncia. Si no fuere día hábil, el detenido deberá ser conducido, dentro del plazo máximo de 24 horas, ante el juez de garantía del lugar, a fin de que éste controle la detención y disponga las medidas cautelares que resulten procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de esta ley. Artículo 84.- Obligación de denunciar. Las personas señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal estarán obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos, lo que deberán efectuar en conformidad a dicha norma. Igual obligación recae sobre quienes ejercen el cuidado personal de aquellos que en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la respectiva denuncia. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal. Artículo 85.- Exámenes y reconocimientos médicos. Los profesionales de la salud que se desempeñen en hospitales, clínicas u otros establecimientos del ramo, al realizar los procedimientos y prestaciones médicas que hubieren sido solicitados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima, debiendo además conservar las pruebas correspondientes. A estos efectos se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hayan practicado. Una copia se entregará a la víctima, o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se remitirá al tribunal competente, si lo requiriese. 209

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Artículo 86.- Contenido de la demanda. La demanda contendrá la designación del tribunal ante el cual se presenta, la identificación del demandante, de la víctima y de las personas que componen el grupo familiar, la narración circunstanciada de los hechos y la designación de quien o quienes pudieren haberlos cometido, si ello fuere conocido. Artículo 87.- Contenido de la denuncia. La denuncia contendrá siempre una narración de los hechos y, si al denunciante le constare, las demás menciones indicadas en el artículo anterior. Artículo 88.- Identificación del ofensor. Si la denuncia se formulare en una institución policial y no señalare la identidad del presunto autor, ésta deberá practicar, de inmediato, las siguientes diligencias para determinarla: 1.- Procurar la identificación conforme a las facultades descritas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, o 2.- Recabar las declaraciones que al efecto presten quienes conozcan su identidad. Tratándose de denuncias o demandas interpuestas ante el tribunal, éste decretará las diligencias conducentes a determinar la identidad del presunto autor, si ésta no constare. Igual procedimiento seguirá el Ministerio Público respecto de las denuncias por violencia intrafamiliar de que tome conocimiento. En las diligencias que la policía practique conforme a este artículo, mantendrá en reserva la identidad del denunciante o demandante. Artículo 89.- Solicitud de extracto de filiación del denunciado o demandado. El juez requerirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe sobre las anotaciones que éste tuviere en el registro especial que establece el artículo 12 de la ley N° 20.066. Previo a remitir una causa al Ministerio Público, el juez de familia adoptará las medidas cautelares que correspondan, 210

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las que se mantendrán vigentes en tanto el fiscal no solicite su modificación o cese. Si se plantea una contienda de competencia relacionada a un asunto de violencia intrafamiliar entre un juez de familia y el Ministerio Público o un juez de garantía, el juez de familia involucrado podrá adoptar las medidas cautelares que sean procedentes, las que se mantendrán vigentes hasta que la contienda de competencia sea resuelta. Artículo 91.- Actuaciones judiciales ante demanda o denuncia de terceros. Iniciado un proceso por denuncia o demanda de un tercero, previamente a la realización de la audiencia preparatoria, el juez la pondrá en conocimiento de la víctima por el medio más idóneo, directo y seguro para su integridad. Asimismo, el juez podrá recoger el testimonio del demandante o denunciante, antes de la citada audiencia. Artículo 92.- Medidas cautelares en protección de la víctima. El juez de familia deberá dar protección a la víctima y al grupo familiar. Cautelará, además, su subsistencia económica e integridad patrimonial. Para tal efecto, en el ejercicio de su potestad cautelar y sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes: 1. Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias. 2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no regresar al hogar común. 3. Fijar alimentos provisorios. 4. Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos. 211

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5. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos. 6. Prohibir el porte y tenencia o incautar cualquier arma de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que correspondan. 7. Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante. 8. Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad. Las medidas cautelares podrán decretarse por un período que no exceda de los 180 días hábiles, renovables, por una sola vez, hasta por igual plazo y podrán, asimismo, ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio. El juez, para dar protección a niños, niñas o adolescentes, podrá, además, adoptar las medidas cautelares contempladas en el artículo 71, cumpliendo con los requisitos y condiciones previstas en la misma disposición. Artículo 93.- Comunicación y ejecución de las medidas cautelares. El juez, en la forma y por los medios más expeditos posibles, pondrá en conocimiento de la víctima las medidas cautelares decretadas, otorgándole la certificación correspondiente. Asimismo, el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, disponer su intervención con facultades de allanamiento y descerrajamiento y ejercer, sin más trámite, los demás medios de acción conducentes para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas. Artículo 94.- Incumplimiento de medidas cautelares. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de ello, impondrá al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días. 212

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Artículo 95.- Citación a audiencia preparatoria. Recibida la demanda o denuncia, el juez citará a las partes a la audiencia preparatoria, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En todo caso, el denunciado o demandado deberá comparecer personalmente, debiendo para estos efectos citarlo el tribunal bajo apercibimiento de arresto. Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos sobre los que versa la demanda o denuncia y existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquellas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima; b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en esta ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año. En todo caso, el tribunal, previo acuerdo de las partes y en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero, podrá someter a mediación el conflicto para los efectos de la letra a). Aprobada el acta de mediación, el juez suspenderá condicionalmente la dictación de la sentencia. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose que las partes estén en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad. La resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el registro especial que para estos procesos mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los mismos términos que la sentencia.

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Artículo 97.- Improcedencia de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La facultad prevista en el artículo anterior no será procedente en los siguientes casos: a) Si el juez estimare conveniente la continuación del proceso; b) Si ha habido denuncia o demanda previa sobre la comisión de actos de violencia intrafamiliar en contra del denunciado o demandado, cualquiera que haya sido la víctima de éstos, y c) Si el demandado o denunciado hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las personas, o por alguno de los delitos previstos en los artículos 361 a 375 del Código Penal. Artículo 98.- Efectos de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si transcurrido un año desde que se hubiese suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia, el denunciado o demandado ha dado cumplimiento satisfactorio a las condiciones impuestas, el tribunal dictará una resolución declarando tal circunstancia, ordenará el archivo de los antecedentes y dispondrá la omisión en el certificado respectivo de la inscripción practicada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 96. En caso de incumplimiento del denunciado o demandado de las obligaciones acordadas en conformidad a la letra a) del inciso primero del artículo 96, el juez dictará sentencia y, atendida su naturaleza, decretará su ejecución. Si el denunciado o demandado no cumpliere con alguna de las medidas impuestas en conformidad a la letra b) del mismo inciso, el tribunal establecerá tal hecho y dictará sentencia. Artículo 99.- Revocación. Si la persona denunciada o demandada incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar en el período de condicionalidad, se acumularán los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos.

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Artículo 100.- Término del proceso. El proceso regulado en este Párrafo podrá terminar por sentencia ejecutoriada o en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 98. podrá, además, terminar por archivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, inciso tercero. Asimismo, cuando el proceso se hubiere iniciado por demanda o denuncia de un tercero, el juez de familia, durante la audiencia preparatoria y previo informe del consejo técnico, podrá poner término al proceso a requerimiento de la víctima si su voluntad fuere manifestada en forma libre y espontánea. Artículo 101.- Sentencia. La sentencia contendrá un pronunciamiento sobre la existencia de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, establecerá la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción aplicable. En caso de concurrir conjuntamente como víctimas de violencia intrafamiliar personas mayores y niños, niñas o adolescentes, el juez podrá siempre adoptar medidas de protección en conformidad a la ley. Párrafo tercero De los actos judiciales no contenciosos Artículo 102. Del procedimiento aplicable. Los actos judiciales no contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los jueces de familia se regirán por las normas de la presente ley y, en lo no previsto en ellas, por el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, a menos que resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. La solicitud podrá ser presentada por escrito y el juez podrá resolverla de plano, a menos que considere necesario oír a los interesados. En este último caso, citará a una audiencia, a la que concurrirán con todos sus antecedentes, a fin de resolver en ella la cuestión no contenciosa sometida a su conocimiento.

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Párrafo 4º Procedimiento Contravencional ante los Tribunales de Familia Artículo 102 A.- Las faltas contenidas en la legislación vigente que sean cometidas por adolescentes, constituirán contravenciones de carácter administrativo para todos los efectos legales y su juzgamiento se sujetará al procedimiento regulado en este Párrafo. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior únicamente las faltas tipificadas en los artículos 494, Nºs. 1, 4, 5, y 19, este último en lo que dice relación con el artículo 477; en el artículo 494 bis y en el artículo 496, Nºs. 5 y 26, todos del Código Penal, y aquellas contempladas en la ley Nº 20.000 o en los cuerpos normativos que la sustituyan, cometidas por adolescentes mayores de 16 años, cuyo conocimiento estará sujeto a lo preceptuado por la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes. Artículo 102 B.- Será aplicable al proceso contravencional lo dispuesto en los Párrafos 1º, 2º y 3º del Título III de esta ley, en lo que no sea incompatible con lo dispuesto en el presente Título y con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar. Artículo 102 C.- Será competente para el conocimiento de los asuntos a que se refiere el inciso primero del artículo 102 A el tribunal del lugar en que se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de los asuntos a que se refiere el numeral 9 del artículo 8º, será competente el tribunal del domicilio del menor, sin perjuicio de la potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que inicialmente conozca del asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho. Artículo 102 D.- El procedimiento podrá iniciarse con el solo mérito del parte policial que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de la falta flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente. En ambos casos la policía procederá a citar al adolescente para que concurra a primera audiencia ante el tribunal, lo que deberá quedar consignado en el parte respectivo. 216

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Los particulares también podrán formular la denuncia directamente al tribunal. Artículo 102 E.- De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda. Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba. Artículo 102 F.- Si el adolescente no concurriere a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencias del tribunal. Artículo 102 G.- El adolescente tendrá derecho a guardar silencio. Artículo 102 H.- Al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno. En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente para responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102 J. Artículo 102 I.- Si el adolescente negare los hechos o guardare silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena.

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Artículo 102 J.- El juez podrá imponer al adolescente únicamente alguna de las siguientes sanciones contravencionales: a) Amonestación; b) Reparación material del daño; c) Petición de disculpas al ofendido o afectado; d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales; e) Servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de tres horas, y f) Prohibición temporal de espectáculos, hasta por tres meses.

asistir

a

determinados

El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas en este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia. Artículo 102 K.- Las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables. Artículo 102 L.- A solicitud de parte, el juez podrá sustituir una sanción por otra durante el cumplimiento de la misma. Artículo 102 M.- En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”. Artículo 102 N.- En los casos en que un niño, niña o adolescente inimputable incurra en una conducta ilícita, el juez de familia deberá citar a su padre, madre o a quien lo tenga a su cuidado a una audiencia, para los fines del artículo 234 del Código Civil.

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TÍTULO V DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR Artículo 103.- Mediación. Para los efectos de esta ley, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos. Artículo 104.- Avenimientos obtenidos fuera de un procedimiento de mediación. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título, las partes podrán designar de común acuerdo una persona que ejerza entre ellas sus buenos oficios para alcanzar avenimientos en las materias en que sea procedente de acuerdo a la ley. Artículo 105.- Principios de la mediación. Durante todo el proceso de mediación, el mediador deberá velar por que se cumplan los siguientes principios en los términos que a continuación se señalan: a) Igualdad: en virtud del cual el mediador se cerciorará de que los participantes se encuentren en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos. Si no fuese así, propondrá o adoptará, en su caso, las medidas necesarias para que se obtenga ese equilibrio. De no ser ello posible, declarará terminada la mediación. b) Voluntariedad: por el que los participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera sesión, o en cualquier otro momento durante el procedimiento, alguno de los participantes manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada. c) Confidencialidad: por el cual el mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. La violación de dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal. 219

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Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes durante el desarrollo de la mediación podrá invocarse en el subsiguiente procedimiento judicial, en caso de haberlo. Con todo, el mediador quedará exento del deber de confidencialidad en aquellos casos en que tome conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato o abuso en contra de niños, niñas, adolescentes o discapacitados. En todo caso, deberá dar a conocer previamente a las partes el sentido de esta exención. d) Imparcialidad: lo que implica que los mediadores serán imparciales en relación con los participantes, debiendo abstenerse de promover actuaciones que comprometan dicha condición. Si tal imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, deberán rechazar el caso, justificándose ante el juzgado que corresponda. Los involucrados podrán también solicitar al juzgado la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida. e) Interés superior del niño: por el cual, en el curso de la mediación, el mediador velará siempre para que se tome en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente, en su caso, pudiendo citarlos sólo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación. f) Opiniones de terceros: en virtud del cual, el mediador velará para que se consideren las opiniones de los terceros que no hubieren sido citados a la audiencia, a quienes también podrá citar. Artículo 106.- Mediación previa, voluntaria y prohibida. Las causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y al derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, el que se regirá por las normas de esta ley y su reglamento. 220

LEY 19.968 SOBRE TRIBUNALES DE FAMILIA

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los casos del artículo 54 de la ley N° 19.947. Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este requisito, si acreditaren que antes del inicio de la causa, sometieron el mismo conflicto a mediación ante mediadores inscritos en el registro a que se refiere el artículo 112 o si hubieren alcanzado un acuerdo privado sobre estas materias. Las restantes materias de competencia de los juzgados de familia, exceptuadas las señaladas en el inciso siguiente, podrán ser sometidas a mediación si así lo acuerdan o lo aceptan las partes. No se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes, y los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre adopción. En los asuntos a que de lugar la aplicación de la ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 96 y 97 de esta ley. Artículo 107.- Derivación a mediación y designación del mediador. Cuando se trate de algunas de las materias que de acuerdo al artículo 106 son de mediación previa, las partes, de común acuerdo, comunicarán al tribunal el nombre del mediador que elijan de entre los mediadores contratados en conformidad a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 114, mediante una presentación que contenga la individualización de los involucrados y la mención de la o las materias incluidas. A falta de acuerdo en la persona del mediador o si las partes manifiestan su decisión de dejar entregada la designación a la resolución del juez, éste procederá a nombrar al mediador mediante un procedimiento objetivo y general, que garantice una distribución equitativa entre los contratados para prestar servicios en ese territorio jurisdiccional y un adecuado acceso a los solicitantes. En todo caso, siempre se hará presente al requirente la posibilidad de recurrir, a su costa, a un mediador de los inscritos en el registro señalado en el artículo 112. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo ante cualquier tribunal de familia y para ellas no se requiere patrocinio de abogado. 221

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Si la acción judicial versa sobre alguna de las materias de mediación voluntaria, el juez ordenará que, al presentarse la demanda, un funcionario especialmente calificado instruya al actor sobre la alternativa de concurrir a ella, quien podrá aceptarla o rechazarla. Del mismo modo, ambas partes podrán solicitar la mediación o aceptar la que les propone el juez, durante el curso de la causa, hasta el quinto día anterior a la audiencia del juicio y podrán, en este caso, designar al mediador de común acuerdo. Si no se alcanzare acuerdo, el juez procederá a designarlo, de inmediato, de entre quienes figuren en el Registro de Mediadores, mediante un procedimiento que garantice una distribución equitativa de trabajo entre los registrados. La designación efectuada por el tribunal no será susceptible de recurso alguno. Con todo, deberá revocarse y procederse a una nueva designación si el mediador fuere curador o pariente, por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el cuarto grado en la línea colateral, de cualquiera de las partes, o hubiere prestado servicios profesionales a cualquiera de ellas con anterioridad, a menos que los hubiese prestado a ambas en calidad de mediador. La solicitud a que se refiere la letra d) del artículo 105, así como la revocación y nueva designación a que se refiere el inciso anterior, serán tramitadas en audiencia especial citada al efecto por el tribunal competente. Una vez realizadas las actuaciones a que se refieren los artículos precedentes, se comunicará al mediador su designación por la vía más expedita posible. Dicha comunicación incluirá, además, la individualización de las partes y las materias sobre las que versa el conflicto. Artículo 108.- Citación a la sesión inicial de mediación. El mediador designado fijará una sesión inicial de mediación. A ésta citará, conjunta o separadamente, a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados. La primera sesión comenzará con la información a los participantes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, los principios que la informan y el valor jurídico de los acuerdos a que puedan llegar. 222

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Artículo 109.- Reglas especiales sobre la mediación en causas relativas al derecho de alimentos. Tratándose de casos que versen, en todo o parte, sobre el derecho de alimentos, el mediador, en la primera sesión, deberá informar al alimentario de su derecho de recurrir en cualquier momento al tribunal para la fijación de alimentos provisorios, de acuerdo al artículo 54-2. De esta actuación deberá dejarse constancia escrita firmada por el mediador y las partes. Sin perjuicio de lo cual, las partes podrán adoptar directamente un acuerdo sobre la materia. Si el requerido, citado por una sola vez, no acude a la primera sesión de mediación y no justifica su ausencia, el requirente quedará habilitado para iniciar el procedimiento judicial. Artículo 110.- Duración de la mediación. El proceso de mediación no podrá durar más de sesenta días, contados desde que se comunica al mediador su designación por parte del juzgado de familia. Con todo, los participantes, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por sesenta días más. Durante ese plazo, podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador y las partes estimen necesarias, en las fechas que de común acuerdo se determinen. Podrá citarse a los participantes por separado. Artículo 111.- Acta de mediación. En caso de llegar a acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que, luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, quedando una copia en poder de cada una de las partes. El acta deberá ser remitida por el mediador al tribunal para su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho, pudiendo el juez en todo caso, subsanar los defectos formales que tuviera, respetando en todo momento la voluntad de las partes expresada en dicha acta. Aprobada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada. Si la mediación se frustrare, también se levantará un acta en la que se dejará constancia del término de la mediación, sin agregar otros antecedentes. En lo posible, dicha acta será firmada por los participantes, se entregará copia de la misma a aquella parte que la solicite y se remitirá al tribunal correspondiente, con lo cual terminará la suspensión del 223

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procedimiento judicial o, en su caso, el demandante quedará habilitado para iniciarlo. Se entenderá que la mediación se frustra si alguno de los participantes, citado por dos veces, no concurriere a la sesión inicial, ni justificare causa; si, habiendo concurrido a las sesiones, manifiesta su voluntad de no perseverar en la mediación, y, en general, en cualquier momento en que el mediador adquiera la convicción de que no se alcanzará acuerdos. lo 112.- Registro de mediadores. La mediación que regula el presente Título sólo podrá ser conducida por las personas inscritas en el Registro de Mediadores que mantendrá, permanentemente actualizado, el Ministerio de Justicia a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, con las formalidades establecidas en el reglamento. En dicho Registro, deberá individualizarse a todos los mediadores inscritos y consignarse el ámbito territorial en que prestarán servicios. Éste deberá corresponder, a lo más, al territorio jurisdiccional de una Corte de Apelaciones o de varias, siempre que se encuentren en una misma región y a lo menos, a todo el territorio jurisdiccional de un tribunal de primera instancia con competencia en asuntos de familia. Además, si corresponde, se señalará su pertenencia a una institución o persona jurídica. El Ministerio de Justicia proporcionará a las Cortes de Apelaciones la nómina de los mediadores habilitados en su respectivo territorio jurisdiccional. Asimismo, deberá mantener en su página web dicha nómina, la cual deberá ordenar a los mediadores por comunas y contener los datos básicos de cada uno de ellos. Para inscribirse en el Registro de Mediadores se requiere poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste; acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en dichas materias, y no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, ni por actos constitutivos de violencia intrafamiliar. Además, deberá disponer de un lugar adecuado para desarrollar la mediación en cualquier comuna donde tenga jurisdicción el juzgado ante el cual se acuerde la respectiva mediación. 224

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Artículo 113.- Eliminación del Registro y sanciones. Los mediadores inscritos serán eliminados del Registro, por el Ministerio de Justicia, en caso de fallecimiento o renuncia. Asimismo, serán eliminados del Registro en caso de pérdida de los requisitos exigidos para la inscripción o por la cancelación de la misma, decretadas por la Corte de Apelaciones competente. En caso de incumplimiento de sus obligaciones o abuso en el desempeño de sus funciones, el mediador inscrito podrá ser amonestado o suspendido en el ejercicio de la actividad por un período no superior a los seis meses. Asimismo, en casos graves, podrá decretarse la cancelación de la inscripción. Impuesta esta última, no podrá volver a solicitarse la inscripción. Las sanciones serán ordenadas por cualquiera de las Cortes de Apelaciones dentro de cuyo territorio ejerciere funciones el mediador, a petición del interesado que reclamare contra los servicios prestados, de la institución o persona jurídica a que pertenezca el mediador, de cualquier juez con competencia en materias de familia del territorio jurisdiccional de la Corte, o de la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Justicia. La Corte resolverá con audiencia de los interesados y la agregación de los medios de prueba que estimare conducentes para formar su convicción. Las medidas que en ejercicio de estas facultades adoptaren las Cortes de Apelaciones, serán apelables, sin perjuicio del derecho del mediador para pedir reposición. La tramitación del recurso se sujetará a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales. La resolución será comunicada a la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Justicia para su cumplimiento, el que se hará extensivo a todo el territorio de la República. Impuesta la cancelación, el mediador quedará inhabilitado para actuar, debiendo proveerse una nueva designación respecto de los asuntos que tuviere pendientes. Por su parte, impuesta una suspensión, el mediador deberá continuar, hasta su término, con aquellos asuntos que se le hubieren encomendado en forma previa. En caso de pérdida de los requisitos, la Corte de Apelaciones respectiva seguirá el mismo procedimiento señalado en los incisos precedentes.

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Artículo 114.- Costo de la mediación. Los servicios de mediación respecto de las materias a que se refiere el inciso primero del artículo 106 serán gratuitos para las partes. Excepcionalmente, podrá cobrarse por el servicio, total o parcialmente, cuando se preste a usuarios que dispongan de recursos para financiarlo privadamente. Para estos efectos se considerará, al menos, su nivel de ingresos, capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependan, en conformidad con lo que señale el reglamento. Para las restantes materias, los servicios de mediación serán de costo de las partes y tendrán como valores máximos los que contemple el arancel que anualmente se determinará mediante decreto del Ministerio de Justicia. Con todo, quienes cuenten con privilegio de pobreza o sean patrocinados por las corporaciones de asistencia judicial o alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica gratuita, tendrán derecho a recibir el servicio gratuitamente. Para proveer los servicios de mediación sin costo para las partes, el Ministerio de Justicia velará por la existencia de una adecuada oferta de mediadores en las diversas jurisdicciones de los tribunales con competencia en asuntos de familia, contratando al efecto los servicios de personas jurídicas o naturales, a fin de que sean ejecutados por quienes se encuentren inscritos en el Registro de Mediadores. Las contrataciones a que se refiere el inciso precedente, se harán a nivel regional, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento. En todo caso, de contratarse mediadores mediante trato directo, los términos del mismo deberán ajustarse a iguales condiciones que las establecidas para la contratación de mediadores licitados, en lo que sea pertinente. TITULO VI PLANTA DE PERSONAL Este título y disposiciones transitorias se omitieron, pues, todas las disposiciones fueron agregadas a los diferentes cuerpos legales. 226

LEY 20.066 SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

LEY 20.066 SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Párrafo 1°. De la violencia intrafamiliar Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma. Artículo 2º.- Obligación de protección. Es deber del Estado adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia. Artículo 3º.- Prevención y Asistencia. El Estado adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, Los adultos mayores y los niños, y a prestar asistencia a las víctimas. Entre otras medidas, implementará las siguientes: a) Incorporar en los planes y programas de estudio contenidos dirigidos a modificar las conductas que favorecen, estimulan o perpetúan la violencia intrafamiliar; b) Desarrollar planes de capacitación para los funcionarios públicos que intervengan en la aplicación de esta ley; c) Desarrollar políticas y programas de seguridad pública para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar; d) Favorecer iniciativas de la sociedad civil para el logro de los objetivos de esta ley; e) Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, y 227

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f) Crear y mantener sistemas de información y registros estadísticos en relación con la violencia intrafamiliar. Artículo 4º.- Corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. En coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes formulará anualmente un plan nacional de acción. Para los efectos de los incisos anteriores, el Servicio Nacional de la Mujer tendrá las siguientes funciones: a) Impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales en contra de la violencia intrafamiliar; b) Recomendar la adopción de medidas legales, reglamentarias o de otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar; c) Prestar asistencia técnica a los organismos que intervengan en la aplicación de esta ley que así lo requieran, y d) Promover la contribución de los medios de comunicación para erradicar la violencia contra la mujer y realzar el respeto a su dignidad. Artículo 5º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Párrafo 2º. De la Violencia Intrafamiliar de conocimiento de los Juzgados de Familia Artículo 6º.- Los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de familia y se sujetarán al procedimiento establecido en la ley Nº19.968. 228

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Artículo 7°.- Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. Se presumirá que existe una situación de riego inminente como lo descrita en el inciso anterior cuando haya procedido intimidación de causar daños por parte del ofensor o cuando concurran además , respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del título VII, del libro Segundo del Código Penal o por infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta. Asimismo, se presumirá que hay una situación de riesgo inminente, cuando el denunciante oponga, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido recientemente con la victima. Además, el tribunal cautelara especialmente los casos en que la victima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable. Se considerará especialmente como una situación de riesgo inminente el hecho de que un adulto mayor, dueño o poseedor, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restringa o límite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por algunos de los parientes señalados en el artículo 5. Artículo 8°.- Sanciones. Se castigará el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado. El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. 229

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En caso de incumplimiento el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 9º.- Medidas accesorias. Además de lo dispuesto en el artículo precedente, el juez deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias: a) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima. b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias. c) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. d) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término. e) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez. El juez fijará prudencialmente el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. Ellas podrán ser prorrogadas, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron. En el caso de la letra d), la duración de la medida será fijada, y podrá prorrogarse, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, el juez, en la sentencia definitiva, fijará los alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere y cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes. 230

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Artículo 10.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la letra d) del artículo 9°, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días. La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente. Artículo 11.- Desembolsos y perjuicios patrimoniales. La sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez. Artículo 12.- Registro de sanciones y medidas accesorias. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Especial de las personas que hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las demás resoluciones que la ley ordene inscribir. El tribunal, ejecutoriada que sea la sentencia, deberá oficiar al Registro Civil, individualizando al condenado y la sanción principal y las accesorias aplicadas por el hecho de violencia intrafamiliar, con excepción de la prevista en la letra d) del artículo 9°, circunstancias que el mencionado Servicio hará constar, además, en el respectivo certificado de antecedentes. Este Registro Especial será puesto en conocimiento del tribunal a solicitud de éste, en los casos regulados en la ley. Párrafo 3° De la violencia intrafamiliar constitutiva de delito Artículo 13.- Normas Especiales. En las investigaciones y procedimientos penales sobre violencia intrafamiliar se aplicarán, además, las disposiciones del presente Párrafo. 231

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Artículo 14.- Delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5º de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste. Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria. El Ministerio Público sólo podrá dar inicio a la investigación por el delito tipificado en el inciso primero, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los antecedentes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la ley N° 19.968. Artículo 14 bis.- En los delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, el juez, para efectos de evaluar la irreprochable conducta anterior del imputado, deberá considerar las anotaciones que consten en el registro a que se refiere el artículo 12 de esta ley. Artículo 15.- Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establece el artículo 92 de la ley Nº 19.968 y las aludidas en el artículo 7° de esta ley. Artículo 16.- Medidas accesorias. Las medidas accesorias que establece el artículo 9º serán aplicadas por los tribunales con competencia en lo penal, cuando el delito constituya un acto de violencia intrafamiliar, sin perjuicio de las sanciones principales y accesorias que correspondan al delito de que se trate. El tribunal fijará prudencialmente el plazo de esas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, 232

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atendidas las circunstancias que las justifiquen. Dichas medidas podrán ser prorrogadas, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron. En el caso de la letra d) del artículo 9º, la duración de la medida será fijada, y podrá prorrogarse, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución respectiva. Artículo 17.- Condiciones para la suspensión del procedimiento. Para decretar la suspensión del procedimiento, el juez de garantía impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 9°, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. Artículo 18.- Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas a que se refieren los artículos 15, 16 y 17, se aplicará lo dispuesto en el Art. 10. Artículo 19.- Improcedencia de acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal. Artículo 20.- Representación judicial de la víctima. En casos calificados por el Servicio Nacional de la Mujer, éste podrá asumir el patrocinio y representación de la mujer víctima de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar que sea mayor de edad, si ella así lo requiere, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.

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LEY 20.084 SOBRE DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

LEY 20.084 SOBRE DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL "TITULO PRELIMINAR Disposiciones generales Artículo 1º.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas. En lo no previsto por ella serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales. Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los adolescentes mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquellas tipificadas en los artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495, número 21, y 496, números 5 y 26, del Código Penal y de las tipificadas en la ley Nº 20.000. En los demás casos se estará a lo dispuesto en la ley 19.968. Artículo 2º.- Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos. En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. 235

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Artículo 3º.- Límites de edad a la responsabilidad. La presente ley se aplicará a quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes. En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, la legislación aplicable será la que rija para los imputados mayores de edad. La edad del imputado deberá ser determinada por el juez competente en cualquiera de las formas establecidas en el Título XVII del Libro I del Código Civil. Artículo 4º.- Regla especial para delitos sexuales. No podrá procederse penalmente respecto de los delitos previstos en los artículos 362, 365, 366 bis y 366 quater del Código Penal, cuando la conducta se hubiere realizado con una persona menor de 14 años y no concurra ninguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre aquélla y el imputado una diferencia de, a lo menos, dos años de edad, tratándose de la conducta descrita en el artículo 362, o de tres años en los demás casos. Artículo 5º.- Prescripción. La prescripción de la acción penal y de la pena será de dos años, con excepción de las conductas constitutivas de crímenes, respecto de las cuales será de cinco años, y de las faltas, en que será de seis meses. TITULO I Consecuencias de la declaración de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal Párrafo 1º De las sanciones en general Art.6. Sanciones. En sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y en las leyes complementarias, a las personas condenadas según esta ley sólo se les aplicará Escala General de Sanciones Penales para Adolescentes: 236

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a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; b) Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social; c) Libertad asistida especial; d) Libertad asistida; e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad; f) Reparación del daño causado; g) Multa, y h) Amonestación. Penas accesorias: a) Prohibición de conducir vehículos motorizados, y b) Comiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos según lo dispuesto en el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes complementarias. Artículo 7º.- Sanción accesoria. El juez estará facultado para establecer, como sanción accesoria a las previstas en el artículo 6º de esta ley y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del adolescente, la obligación de someterlo a tratamientos de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. Párrafo 2º De las sanciones no privativas de libertad Artículo 8º.- Amonestación. La amonestación consiste en la reprensión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente, instándole a cambiar de comportamiento y formulándole recomendaciones para el futuro. La aplicación de esta sanción, en todo caso, requerirá una previa declaración del adolescente asumiendo su responsabilidad en la infracción cometida. 237

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Los padres o guardadores del adolescente serán notificados de la imposición de la sanción, en caso de no encontrarse presentes en la audiencia. Artículo 9º.- Multa. El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales. Para su aplicación y la determinación de su monto, además de los criterios señalados en el artículo 24 de la presente ley, se considerarán la condición y las facultades económicas del infractor y de la persona a cuyo cuidado se encontrare. El juez, a petición del adolescente o de su defensor, podrá autorizar el pago de la multa en cuotas. La multa será conmutable, a solicitud del infractor, por la sanción de servicios en beneficio de la comunidad, a razón de 30 horas por cada tres unidades tributarias mensuales. Artículo 10.- Reparación del daño. La reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio causado con la infracción, sea mediante una prestación en dinero, la restitución o reposición de la cosa objeto de la infracción o un servicio no remunerado en su favor. En este último caso, la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa del condenado y de la víctima. El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente. Artículo 11.- Servicios en beneficio de la comunidad. La sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en ningún caso de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción tendrá una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120. La imposición de esta sanción requerirá del acuerdo del condenado, debiendo, en su caso, ser sustituida por una sanción superior, no privativa de libertad. 238

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Artículo 12.- Prohibición de conducir vehículos motorizados. La prohibición de conducir vehículos motorizados se podrá imponer a un adolescente como sanción accesoria cuando la conducta en que se funda la infracción por la cual se le condena haya sido ejecutada mediante la conducción de dichos vehículos. La sanción se hará efectiva desde el momento de dictación de la sentencia condenatoria y su duración podrá extenderse hasta el período que le faltare al adolescente para cumplir veinte años. En caso de quebrantamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de esta ley, a menos que a consecuencia de la conducción se hubiere afectado la vida, la integridad corporal o la salud de alguna persona, caso en el cual se remitirán los antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de las acciones que correspondan. Artículo 13.- Libertad asistida. La libertad asistida consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado conforme a un plan de desarrollo personal basado en programas y servicios que favorezcan su integración social. La función del delegado consistirá en la orientación, control y motivación del adolescente e incluirá la obligación de procurar por todos los medios a su alcance el acceso efectivo a los programas y servicios requeridos. El control del delegado se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria del adolescente a encuentros periódicos previamente fijados con él mismo y a programas socioeducativos. Para ello, una vez designado, el delegado propondrá al tribunal un plan personalizado de cumplimiento de actividades periódicas en programas o servicios de carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación. En él, deberá incluir la asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda. Podrán incluirse en dicho plan medidas como la prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, de visitar determinados lugares o de aproximarse a la víctima, a sus familiares o a otras personas, u otras condiciones similares. 239

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La duración de esta sanción no podrá exceder de tres años. Artículo 14.- Libertad asistida especial. En esta modalidad de libertad asistida, deberá asegurarse la asistencia del adolescente a un programa intensivo de actividades socioeducativas y de reinserción social en el ámbito comunitario que permita la participación en el proceso de educación formal, la capacitación laboral, la posibilidad de acceder a programas de tratamiento y rehabilitación de drogas en centros previamente acreditados por los organismos competentes y el fortalecimiento del vínculo con su familia o adulto responsable. En la resolución que apruebe el plan, el tribunal fijará la frecuencia y duración de los encuentros obligatorios y las tareas de supervisión que ejercerá el delegado. La duración de esta sanción no podrá exceder los tres años. Párrafo 3º De las sanciones privativas de libertad Artículo 15.- Sanciones privativas de libertad. Las sanciones privativas de libertad consisten en la internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social y en la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. Estos programas de reinserción social se realizarán, en lo posible, con la colaboración de la familia. Artículo 16.- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social consistirá en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un programa de reinserción social a ser desarrollado tanto al interior del recinto como en el medio libre. Una vez impuesta la pena y determinada su duración, el director del centro que haya sido designado para su cumplimiento, propondrá al tribunal un régimen o programa personalizado de actividades, que considerará las siguientes prescripciones: 240

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a) Las medidas a adoptar para la asistencia y cumplimiento del adolescente del proceso de educación formal o de reescolarización. El director del centro deberá velar por el cumplimiento de esta obligación y para dicho efecto mantendrá comunicación permanente con el respectivo establecimiento educacional; b) El desarrollo periódico de actividades de formación, socioeducativas y de participación, especificando las que serán ejecutadas al interior del recinto y las que se desarrollarán en el medio libre, y c) Las actividades a desarrollar en el medio libre contemplarán, a lo menos, ocho horas, no pudiendo llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 horas del día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento de los fines señalados en las letras precedentes y en el artículo 20. El programa será aprobado judicialmente en la audiencia de lectura de la sentencia o en otra posterior, que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a aquélla. El director del centro informará periódicamente al tribunal acerca del cumplimiento y evolución de las medidas a que se refiere la letra a). Artículo 17.- Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. La internación en régimen cerrado con programa de reinserción social importará la privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 20 de esta ley. En virtud de ello, dicho régimen considerará necesariamente la plena garantía de la continuidad de sus estudios básicos, medios y especializados, incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal. Además, deberá asegurar el tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas para quienes lo requieran y accedan a ello. Artículo 18.- Límite máximo de las penas privativas de libertad. Las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado, 241

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ambas con programa de reinserción social, que se impongan a los adolescentes no podrán exceder de cinco años si el infractor tuviere menos de dieciséis años, o de diez años si tuviere más de esa edad. Párrafo 4º Sanciones mixtas Art. 19. En el caso del numeral 1 del artículo 23, el tribunal sólo podrá imponer complementariamente la sanción de internación en régimen semicerrado después del segundo año del tiempo de condena. - Sanciones mixtas. En los demás casos en que fuere procedente la internación en régimen cerrado o semicerrado, ambas con programa de reinserción social, el tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de libertad asistida en cualquiera de sus formas, por un máximo que no supere el tiempo de la condena principal. Está última se cumplirá: a) Con posterioridad a la ejecución de la pena privativa de libertad, siempre y cuando en total no se supere la duración máxima de ésta, o b) En forma previa a su ejecución. En este caso la pena principal quedará en suspenso y en carácter condicional, para ejecutarse en caso de incumplimiento de la libertad asistida en cualquiera de sus formas, en el caso de las penas que se extienden hasta quinientos cuarenta días. Párrafo 5º De la determinación de las sanciones Artículo 20.- Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes 242

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por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. Art.21. Reglas de determinación de la extensión de las penas. Para establecer la duración de la sanción que deba imponerse con arreglo a la presente ley, el tribunal deberá aplicar, a partir de la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente, las reglas previstas en el Párrafo 4 del Título III del Libro I del Código Penal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Código. Art.22. Aplicación de los límites máximos de las penas privativas de libertad. Si la sanción calculada en la forma dispuesta en el artículo precedente supera los límites máximos dispuestos en el artículo 18, su extensión definitiva deberá ajustarse a dichos límites. Art.23. Reglas de determinación de la naturaleza de la pena. La determinación de la naturaleza de la pena que deba imponerse a los adolescentes con arreglo a la presente ley, se regirá por las reglas siguientes: 1. Si la extensión de la pena supera los cinco años de privación de libertad, el tribunal deberá aplicar la pena de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. 2. Si la sanción va de tres años y un día a cinco años, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social o libertad asistida especial. 3. Si la sanción se extiende entre quinientos cuarenta y un días y tres años, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

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4. Si la sanción se ubica entre sesenta y uno y quinientos cuarenta días, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas, prestación de servicios en beneficio de la comunidad o reparación del daño causado. 5. Si la sanción es igual o inferior a sesenta días, el tribunal podrá imponer las penas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multa o amonestación. Tabla Demostrativa Extensión de la sanción y penas aplicables Desde 5 años y 1 día: - Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. - Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social. Desde 3 años y un día a 5 años: - Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. - Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social. - Libertad asistida especial. Desde 541 días a 3 años: - Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social. - Internación asistida en cualquiera de sus formas. - Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. 244

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Desde 61 a 540 días: - Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social. - Libertad asistida en cualquiera de sus formas. - Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. - Reparación del daño causado. Desde 1 a 60 días: - Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. - Reparación del daño causado. - Multa. - Amonestación. Artículo 24.- Criterios de determinación de la pena. Para determinar la naturaleza de las sanciones, dentro de los márgenes antes establecidos, el tribunal deberá atender, dejando constancia de ello en su fallo, a los siguientes criterios: a) La gravedad del ilícito de que se trate; b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción; c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal; d) La edad del adolescente infractor; e) La extensión del mal causado con la ejecución del delito, y e) La idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social.

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Artículo 25.- Imposición conjunta de más de una pena. En las situaciones regladas en los numerales 3 y 4 del artículo 23, el tribunal podrá imponer conjuntamente dos de las penas que las mismas reglas señalan, siempre que la naturaleza de éstas permita su cumplimiento simultáneo. Lo dispuesto en el inciso precedente tendrá lugar sólo cuando ello permita el mejor cumplimiento de las finalidades de las sanciones de esta ley expresadas en el artículo 20 y así se consigne circunstanciadamente en resolución fundada. Artículo 26.- Límites a la imposición de sanciones. La privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso. En ningún caso se podrá imponer una pena privativa de libertad si un adulto condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de dicha naturaleza.

TITULO II Procedimiento Párrafo 1º Disposiciones generales Art.27. Reglas de procedimiento. La investigación, juzgamiento y ejecución de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal. Artículo 28.- Concurso de procedimientos. Si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de dieciocho años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad. Por su parte, si en un mismo procedimiento se investiga la participación punible de personas mayores y menores de edad, 246

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tendrá lugar lo dispuesto en los artículos 185 y 274 del Código Procesal Penal. En todo caso, si se hubiere determinado la sustanciación conjunta de los procesos, se dará cumplimiento, respecto del menor, de las normas que conforme a esta ley son aplicables al juzgamiento de los adolescentes. Párrafo 2º Sistema de justicia especializada Artículo 29.- Especialización de la justicia penal para adolescentes. Los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley. No obstante, todo fiscal, defensor o juez con competencia en materias criminales se encuentra habilitado para intervenir, en el marco de sus competencias, si, excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuere necesario. En virtud de lo dispuesto en los incisos precedentes, los comités de jueces de los tribunales de garantía y orales en lo penal considerarán, en el procedimiento objetivo y general de distribución de causas, la radicación e integración preferente de quienes cuenten con dicha capacitación. Cada institución adoptará las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición. Artículo 30.- Capacitación de las policías. Las instituciones policiales incorporarán dentro de sus programas de formación y perfeccionamiento, los estudios necesarios para que los agentes policiales cuenten con los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de la presente ley, a la Convención de los Derechos del Niño y a los fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas infracciones.

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Párrafo 3º De las medidas cautelares personales Art.31.- Detención en caso de flagrancia. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán poner a los adolescentes que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 129 y 131 del Código Procesal Penal, a disposición del juez de garantía, de manera directa y en el menor tiempo posible, no pudiendo exceder de 24 horas. La audiencia judicial que se celebre gozará de preferencia en su programación. El adolescente sólo podrá declarar ante el fiscal en presencia de un defensor, cuya participación será indispensable en cualquier actuación en que se requiera al adolescente y que exceda de la mera acreditación de su identidad. Dicha detención se regulará, salvo en los aspectos previstos en este artículo, por el párrafo 3º del Título V, del Libro I del Código Procesal Penal. Si se diere lugar a la ampliación del plazo de la detención conforme al artículo 132 de dicho Código, ésta sólo podrá ser ejecutada en los centros de internación provisoria de que trata la presente ley. La detención de una persona visiblemente menor en un establecimiento distinto de los señalados en el inciso anterior, constituirá una infracción funcionaria grave y será sancionada con la medida disciplinaria que proceda de acuerdo al mérito de los antecedentes, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda haber incurrido el infractor. En la ejecución de la detención e internación provisoria que sea decretada deberá darse cumplimiento a lo previsto en los artículos 17 de la ley Nº 16.618 y 37, letra c), de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El menor privado de libertad siempre podrá ejercer los derechos consagrados en los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal y 37 y 40 de esa Convención. Los encargados de dichos centros no podrán aceptar el ingreso de menores sino en virtud de órdenes impartidas por el juez de garantía competente. Si el hecho imputado al menor fuere alguno de aquellos señalados en el artículo 124 del Código Procesal Penal, Carabineros de Chile se limitará a citar al menor a la presencia del fiscal y lo dejará en libertad, previo señalamiento de domicilio en la forma prevista por el artículo 26 del mismo Código. 248

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Art.32. Medidas cautelares del procedimiento. La internación provisoria en un centro cerrado sólo será procedente tratándose de la imputación de conductas que de ser cometidas por una persona mayor de dieciocho años constituirán crímenes, debiendo aplicarse cuando los objetivos señalados en el inciso primero del artículo 155 del Código Procesal Penal no pudieren ser alcanzados mediante la aplicación de alguna de las demás medidas cautelares personales. Artículo 33.- Proporcionalidad de las medidas cautelares. En ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que parezca desproporcionada en relación con la sanción que resulte probable de aplicar en caso de condena. Artículo 34.- Permiso de salida diaria. Tratándose de un adolescente imputado sujeto a una medida de internación provisoria, el juez podrá, en casos calificados, concederle permiso para salir durante el día, siempre que ello no vulnere los objetivos de la medida. Al efecto, el juez podrá adoptar las providencias que estime convenientes. Artículo 35.- Principio de oportunidad. Para el ejercicio del principio de oportunidad establecido en el artículo 170 del Código Procesal Penal, los fiscales tendrán en especial consideración la incidencia que su decisión podría tener en la vida futura del adolescente imputado. Asimismo, para la aplicación de dicha norma se tendrá como base la pena resultante de la aplicación del artículo 21 de la presente ley. Párrafo 4º Inicio de la persecución de la responsabilidad por la infracción a la ley penal por parte de un adolescente Artículo 36.- Primera audiencia.- De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera necesario, permitirá la intervención de éstos, si estuvieren presentes en la audiencia. 249

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Artículo 37.- Juicio Inmediato. Las reglas del juicio inmediato establecidas en el artículo 235 del Código Procesal Penal serán plenamente aplicables cada vez que el fiscal lo solicite y especialmente cuando se trate de una infracción flagrante imputada a un adolescente. En estos casos, sólo por razones fundadas que el fiscal señalará en su petición, el juez de garantía podrá autorizar la realización de diligencias concretas y determinadas para la investigación de una infracción flagrante, las que no podrán exceder de 60 días, rigiendo, en lo demás, lo dispuesto en el artículo siguiente. Igual derecho asistirá a la defensa del imputado, en el mismo caso. Artículo 38.- Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal procederá a cerrarla, a menos que el juez le hubiere fijado un plazo inferior. Antes de cumplirse cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de dos meses. Párrafo 5º Juicio oral y sentencia Artículo 39.- Audiencia del juicio oral. El juicio oral, en su caso, deberá tener lugar no antes de los 15 ni después de los 30 días siguientes a la notificación del auto de apertura del juicio oral. En ningún caso el juicio podrá suspenderse o interrumpirse por un término superior a 72 horas. Artículo 40.- Audiencia de determinación de la pena. La audiencia a que se refiere el inciso final del artículo 343 del Código Procesal Penal deberá llevarse a cabo en caso de dictarse sentencia condenatoria. En dicha audiencia, el tribunal podrá requerir la opinión de peritos. Artículo 41.- Suspensión de la imposición de condena. Cuando hubiere mérito para aplicar sanciones privativas o restrictivas de libertad iguales o inferiores a 540 días, pero concurrieren 250

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antecedentes favorables que hicieren desaconsejable su imposición, el juez podrá dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses. Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin que el imputado hubiere sido objeto de nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación, el tribunal dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretará el sobreseimiento definitivo de la causa. Esta suspensión no afectará la responsabilidad civil derivada del delito. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la posibilidad de decretar la suspensión condicional del procedimiento. TÍTULO III De la ejecución de las sanciones y medidas Párrafo 1º Administración Artículo 42.- Administración de las medidas no privativas de libertad. El Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país de los programas necesarios para la ejecución y control de las medidas a que se refiere esta ley, las que serán ejecutadas por los colaboradores acreditados que hayan celebrado los convenios respectivos con dicha institución. Para tal efecto, llevará un registro actualizado de los programas existentes en cada comuna del país, el que estará a disposición de los tribunales competentes. El Servicio revisará periódicamente la pertinencia e idoneidad de los distintos programas, aprobando su ejecución por parte de los colaboradores acreditados y fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos. En la modalidad de libertad asistida especial se asegurará la intervención de la red institucional y de protección del Estado, según se requiera. Será responsabilidad del Servicio Nacional de Menores la coordinación con los respectivos servicios públicos. 251

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El reglamento a que alude el inciso final del artículo siguiente contendrá las normas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo. Art.43. Centros de privación de libertad. La administración de los Centros Cerrados de Privación de Libertad y de los recintos donde se cumpla la medida de internación provisoria, corresponderá siempre y en forma directa al Servicio Nacional de Menores, con excepción de los señalados en la letra a) siguiente, cuya administración podrá corresponder en forma directa al Servicio Nacional de Menores o a los colaboradores acreditados que hayan celebrado los convenios respectivos con dicha institución. Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad y a la medida de internación provisoria contenidas en esta ley existirán tres tipos de centros: a) Los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado. b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad. c) Los Centros de Internación Provisoria. Para garantizar la seguridad y la permanencia de los infractores en los centros a que se refieren las letras b) y c) precedentes, se establecerá en ellos una guardia armada de carácter externo, a cargo de Gendarmería de Chile. Esta permanecerá fuera del recinto, pero estará autorizada para ingresar en caso de motín o en otras situaciones de grave riesgo para los adolescentes y revisar sus dependencias con el solo objeto de evitarlas. La organización y funcionamiento de los recintos aludidos en el presente artículo se regulará en un reglamento dictado por decreto supremo expedido por medio del Ministerio de Justicia, conforme a las normas contenidas en el presente Título. Artículo 44.- Condiciones básicas de los centros de privación de libertad. La ejecución de las sanciones privativas de libertad estará dirigida a la reintegración del adolescente al medio libre. 252

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En virtud de ello, deberán desarrollarse acciones tendientes al fortalecimiento del respeto por los derechos de las demás personas y al cumplimiento del proceso de educación formal y considerarse la participación en actividades socioeducativas, de formación y de desarrollo personal. Artículo 45.- Normas de orden interno y seguridad en recintos de privación de libertad. Los adolescentes estarán sometidos a las normas disciplinarias que dicte la autoridad para mantener la seguridad y el orden. Estas normas deben ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes. Dichas normas regularán el uso de la fuerza respecto de los adolescentes y contendrán, a lo menos, los siguientes aspectos: a) El carácter excepcional y restrictivo del uso de la fuerza, lo que implica que deberá ser utilizada sólo cuando se hayan agotado todos los demás medios de control y por el menor tiempo posible, y b) La prohibición de aplicar medidas disciplinarias que constituyan castigos corporales, encierro en celda obscura y penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del adolescente o sea degradante, cruel o humillante. Artículo 46.- Normas disciplinarias en recintos de privación de libertad. Las medidas y procedimientos disciplinarios que se dispongan deberán encontrarse contemplados en la normativa del establecimiento y tendrán como fundamento principal contribuir a la seguridad y a la mantención de una vida comunitaria ordenada, debiendo, en todo caso, ser compatibles con el respeto de la dignidad del adolescente. Para estos efectos, la normativa relativa a dichos procedimientos precisará, a lo menos, los siguientes aspectos: a) Las conductas que constituyen una infracción a la disciplina; 253

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b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer, y c) La autoridad competente para imponer esas sanciones y aquella que deberá resolver los recursos que se deduzcan en su contra. Artículo 47.- Excepcionalidad de la privación de libertad. Las sanciones privativas de libertad que contempla esta ley son de carácter excepcional. Sólo podrán aplicarse en los casos expresamente previstos en ella y siempre como último recurso. Artículo 48.- Principio de separación. Las personas que se encontraren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre separadas de los adultos privados de libertad. Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para determinar la responsabilidad que establece esta ley, adoptarán las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior. El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción grave a los deberes funcionarios. Párrafo 2º Derechos y garantías de la ejecución Artículo 49.- Derechos en la ejecución de sanciones. Durante la ejecución de las sanciones que regula esta ley, el adolescente tendrá derecho a: a) Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social; 254

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b) Ser informado de sus derechos y deberes con relación a las personas e instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad; c) Conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones y los programas a que se encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las causales que puedan dar origen a sanciones disciplinarias en su contra o a que se declare el incumplimiento de la sanción; d) Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la petición, obtener una respuesta pronta, solicitar la revisión de su sanción en conformidad a la ley y denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el juez, y e) Contar con asesoría permanente de un abogado. Tratándose de adolescentes sometidos a una medida privativa de libertad, éstos tendrán derecho a: i) Recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la semana; ii) La integridad e intimidad personal; iii) Acceder a servicios educativos, y iv) La privacidad y regularidad de las comunicaciones, en especial con sus abogados. Párrafo 3º Del control de ejecución de las sanciones Artículo 50.- Competencia en el control de la ejecución. Los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las sanciones que contempla la presente ley serán resueltos por el juez de garantía del lugar donde ésta deba cumplirse.

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En virtud de ello y previa audiencia, el juez de garantía adoptará las medidas tendientes al respeto y cumplimiento de la legalidad de la ejecución y resolverá, en su caso, lo que corresponda en caso de quebrantamiento. Artículo 51.- Certificación de cumplimiento. La institución que ejecute la sanción, informará sobre el total cumplimiento de la misma a su término, por cualquier medio fidedigno, al juez de que trata el artículo anterior, el que deberá certificar dicho cumplimiento. Asimismo, deberá informar de cualquier incumplimiento cuando éste se produzca. Artículo 52.- Quebrantamiento de condena. Si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley, el tribunal encargado del control de la ejecución procederá, previa audiencia y según la gravedad del incumplimiento, conforme a las reglas siguientes: 1.- Tratándose de la multa, aplicará en forma sustitutiva la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un máximo de 30 horas. Si el adolescente no aceptare la medida, aplicará la libertad asistida en cualquiera de sus formas por el tiempo señalado en el numeral 3.- del presente artículo. 2.- Idéntica regla se seguirá en caso de infracción de la prohibición de conducir vehículos motorizados, sin perjuicio de la mantención de la prohibición por el tiempo restante. 3.- Tratándose del incumplimiento de las medidas de reparación del daño y prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se aplicará en forma sustitutiva la libertad asistida en cualquiera de sus formas por un período de hasta tres meses. 4.- El incumplimiento de la libertad asistida se sancionará con libertad asistida especial o con internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, con una duración máxima de sesenta días, lo que se determinará según la gravedad de los hechos que fundan la medida, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta. En caso de incumplimiento reiterado de la libertad asistida, se aplicará lo dispuesto en el siguiente numeral. 256

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5.- El incumplimiento de la libertad asistida especial dará lugar a la sustitución de la sanción por internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, por un período equivalente al número de días que faltaren por cumplir. 6.- El incumplimiento de la internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social podrá sancionarse con la internación en un centro cerrado por un período no superior a los noventa días, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta por el tiempo restante. En caso de reiteración de la misma conducta, podrá aplicarse la sustitución, en forma definitiva, por un período a fijar prudencialmente por el tribunal, que en caso alguno será superior al tiempo de duración de la condena inicialmente impuesta. 7.- El incumplimiento del régimen de libertad asistida en cualquiera de sus formas al que fuere sometido el adolescente en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, facultará al juez para ordenar que se sustituya su cumplimiento por la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social por el tiempo que resta. Artículo 53.- Sustitución de condena. El tribunal encargado del control de la ejecución de las sanciones previstas en esta ley, de oficio o a petición del adolescente o su defensor, podrá sustituirla por una menos gravosa, en tanto ello parezca más favorable para la integración social del infractor y se hubiere iniciado su cumplimiento. Para estos efectos, el juez, en presencia del condenado, su abogado, el Ministerio Público y un representante de la institución encargada de la ejecución de la sanción, examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia podrán asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hubieren ejercido la tuición antes de su privación de libertad, y la víctima o su representante. La inasistencia de estos últimos no será nunca obstáculo para el desarrollo de la audiencia. La resolución que se pronuncie sobre una solicitud de sustitución será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva. 257

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En caso alguno la internación en un régimen cerrado podrá sustituirse por una de las sanciones previstas en las letras e) o f) del artículo 6º. Artículo 54.- Sustitución condicional de las medidas privativas de libertad. La sustitución de una sanción privativa de libertad podrá disponerse de manera condicionada. De esta forma, si se incumpliere la sanción sustitutiva, podrá revocarse su cumplimiento ordenándose la continuación de la sanción originalmente impuesta por el tiempo que faltare. Artículo 55.- Remisión de condena. El tribunal podrá remitir el cumplimiento del saldo de condena cuando, en base a antecedentes calificados, considere que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos con su imposición. Para ello será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 53. Para los efectos de resolver acerca de la remisión, el tribunal deberá contar con un informe favorable del Servicio Nacional de Menores. Tratándose de una sanción privativa de libertad, la facultad de remisión sólo podrá ser ejercida si se ha cumplido más de la mitad del tiempo de duración de la sanción originalmente impuesta. TITULO FINAL Artículo 56.- Cumplimiento de la mayoría de edad. En caso que el imputado o condenado por una infracción a la ley penal fuere mayor de dieciocho años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las sanciones contempladas en esta ley o durante la tramitación del procedimiento, continuará sometido a las normas de esta ley hasta el término de éste. Si al momento de alcanzar los dieciocho años restan por cumplir menos de seis meses de la condena de internación en régimen cerrado, permanecerá en el centro de privación de libertad del Servicio Nacional de Menores. Si al momento de alcanzar los dieciocho años le restan por cumplir más de seis meses de la condena de internación en régimen cerrado, el Servicio Nacional de Menores evacuará un 258

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informe fundado al juez de control de ejecución en que solicite la permanencia en el centro cerrado de privación de libertad o sugiera su traslado a un recinto penitenciario administrado por Gendarmería de Chile. Dicho informe se enviará al tribunal con a lo menos tres meses de anterioridad a la fecha de cumplimiento de la mayoría de edad y se referirá al proceso de reinserción del adolescente y a la conveniencia, para tal fin, de su permanencia en el centro cerrado de privación de libertad. El informe deberá comunicarse a todas las partes involucradas en el proceso. En caso de ordenar el tribunal su permanencia, se revisará su situación según se desarrolle el proceso de reinserción en apreciación de la administración del centro. En caso de ordenar el tribunal su traslado a un recinto penitenciario, las modalidades de ejecución de dicha condena deberán seguir siendo ejecutadas conforme a las prescripciones de esta ley. Excepcionalmente, el Servicio Nacional de Menores podrá solicitar al tribunal de control competente que autorice el cumplimiento de la internación en régimen cerrado en un recinto administrado por Gendarmería de Chile, cuando el condenado hubiere cumplido la mayoría de edad y sea declarado responsable de la comisión de un delito o incumpla de manera grave el reglamento del centro poniendo en riesgo la vida e integridad física de otras personas. En todos los casos previstos en este artículo, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile y las autoridades que correspondan adoptarán las medidas necesarias para asegurar la separación de las personas sujetas a esta ley menores de dieciocho años con los mayores de edad y de los adultos sujetos a esta ley respecto de los condenados conforme a la ley penal de adultos. Artículo 57.- Academia Judicial. Para los efectos de lo previsto en el artículo 29, la Academia Judicial considerará la dictación de los cursos de especialización a que esa norma se refiere en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del Poder Judicial.

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En todo caso, el requisito establecido en dicha disposición podrá ser acreditado sobre la base de antecedentes que den cuenta del cumplimiento de cursos de formación especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial. La certificación respectiva la emitirá dicha institución, en base a los antecedentes que proporcione el solicitante. Artículo 58.- Restricción de libertad de menores de catorce años. Si se sorprendiere a un menor de catorce años en la ejecución flagrante de una conducta que, cometida por un adolescente constituiría delito, los agentes policiales ejercerán todas las facultades legales para restablecer el orden y la tranquilidad públicas y dar la debida protección a la víctima en amparo de sus derechos. Una vez cumplidos dichos propósitos, la autoridad respectiva deberá poner al niño a disposición del tribunal de familia a fin de que éste procure su adecuada protección. En todo caso, tratándose de infracciones de menor entidad podrá entregar al niño inmediata y directamente a sus padres y personas que lo tengan a su cuidado y, de no ser ello posible, lo entregará a un adulto que se haga responsable de él, prefiriendo a aquellos con quienes tuviere una relación de parentesco, informando en todo caso al tribunal de familia competente. Para los efectos de que el fiscal pueda interrogar al menor en calidad de testigo, se estará a las normas generales que regulan la materia. Artículo 59.- Modificaciones al decreto ley Nº 645, de 1925. Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 2º del decreto ley Nº 645, de 1925, que crea el Registro Nacional de Condenas: “Los antecedentes relativos a los procesos o condenas de menores de edad sólo podrán ser consignados en los certificados que se emitan para ingresar a las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile y a la Policía de Investigaciones o para los fines establecidos en el inciso primero del presente artículo.”

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*TERCERA PARTE* & PRÁCTICA FORENSE DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

PRÁCTICA FORENSE

PRIMERA SECCIÓN -ALIMENTOS-1 Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Transacción alimentos. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Transacción en juicio de alimentos. PRIMER OTROSÍ: Aprobación judicial y copias autorizadas; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder.2 Señor Juez Familia. ........................., demandante, asistido por su Abogado don ....................; y ......................, demandado, asistido por su Abogado don ....................., en autos sobre alimentos, en causa RIT……… caratulados " .............", a Usía, de consuno, decimos: Que, hemos convenido en poner término a este juicio, en las condiciones que pasamos a consignar: 1 Debe recordarse que en materia de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular, exíste la Mediación Obligatoria, por lo cual si esta no se realiza deberá acompañarse el certificado correspondiente a la demanda, como documento fundante. 2 Además, que en cada escrito de demanda o solicitud deberá indicarse la forma de notificación al siguiente tenor. OTROSÍ: Solicito a Usía, tener como forma de notificación el ............................... según el art.23 de la ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y que se ingrese al sistema SIFTA indicándose el número de cédula de identidad...........del mandatario judicial. 263

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(1) Que, se conviene en fijar, como alimentos, en favor de los menores de autos, llamados "...................", todos de apellidos ".................", (y de la madre de éstos, doña................), la suma de $........... mensual, pagadera, en cuenta de vista del Banco Estado de Chile, que se abrirá, para el efecto, más las asignaciones familiares, que ella percibirá, directamente, de ........... (2) Que, además, por concepto de alimentos, se concede, a los hijos, mientras éstos sean estudiantes y a la madre de ellos, de por vida, el usufructo de la vivienda que les sirve de habitación, ubicada en calle ...................... Nº ........, departamento Nº ......., de esta ciudad. Siendo de cargo de la cónyuge beneficiaria requerir el pago de los derechos en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. (3) La suma fijada se reajustará, trimestralmente (o cada... meses), según el alza del costo de la vida (I. P. C), a contar desde el día 1º del mes en curso. (O se reajustará en cada oportunidad y en la prorrata del caso, en que la remuneración del demandado se reajuste, por cualquiera razón, incluyendo las horas extraordinarias). (4) Que, se conviene que en el caso que uno de los menores deje de ser alimentario, se mantendrá la pensión fijada en favor de los otros alimentarios (incluyendo la actora o que cesará, exhibiéndose el respectivo certificado nacimiento que acredite la mayoría de edad o cumplido los 28 años) (5) El demandado pagará las costas de autos, que se fijan en la suma de $ ........., el día ...... del presente mes. (o que cada parte pagará sus respectivas costas) POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.2446 del Código Civil, art.8 Nº4 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y art.254 del Código de Procedimiento Civil. PEDIMOS A VUESTRA SEÑORIA: Decrete tener presente esta transacción, en los términos del cuerpo de esta presentación, aprobarla en todo lo que no sea contraria a derecho, ordenar se nos de las respectivas copias autorizadas de las mismas. PRIMER OTROSI: Solicitamos a Usía, aprobar esta convención, mandar que ella se registre en el sistema SITFA y ordenar que se dé, a la parte que lo solicite, por escrito o verbalmente, copia autorizada de ésta, de la resolución que se dicte y de la 264

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notificación que de ésta se haga, a las partes, por el estado diario. SEGUNDO OTROSI: Solicitamos a Usía, tener presente que la demandante es patrocinada en estos autos el abogado habilitado …………..y el demandado por el abogado……………….para el ejercicio de la profesión don…………………, a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad……….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PEDIMOS A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado……y abogado………, para todos los efectos legales. Solicitamos a Usía, como forma de notificación el correo electrónico: ………. cédula de identidad …………….para ingreso a intranet…… Retención de la pensión alimenticia, para su pago directo al alimentario. Señor Juez Familia. .................................., abogado, por la demandante doña..............., en Cuaderno de Cumplimiento, sobre Alimentos, caratulada “……….con…………”, en causa RIT………………, a Usía, digo: Que, Usía ha fijado la pensión alimenticia que el demandado don ....................., debe prestar a los alimentarios, a los menores ......................, en la suma (o proporción) de $ .............., mensuales. Que, el demandado trabaja en forma dependiente, y para lograr el cumplimiento oportuno de la obligación de prestar alimentos, estos sean pagados por el sistema de retención de remuneraciones por parte de su empleador .............................en la suma o proporción antes indicado. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art. 8 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.PIDO A VUESTRA SEÑORÍA: Decrete ordenar que, de la remuneración de don .................... se retenga, en poder de su empleador, la empresa 265

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............., la suma de $ ........, mensual, incluido el mes en curso, para su pago directo a la alimentante doña ..............., labores, domiciliada en ............... Nº....., bajo los apercibimientos de las disposiciones mencionadas, y al efecto, disponer la notificación judicial de dicho empleador. ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSACCIÓN (Alimentos futuros obligatorios) Comparece don..........................., de nacionalidad ……........, de estado civil .........., de profesión ........., domiciliado en .................... C.I. Nº.......; y doña .............................., de nacionalidad .............., de estado civil ............., de profesión ..........., domiciliada en ...................... Nº.............., C.I. Nº...............; y exponen: PRIMERO: Don ................................, en su calidad de ......................., está obligado a dar alimentos a su ........................, de acuerdo con lo dispuesto en el Nº………….. del artículo 321, del Código Civil. SEGUNDO: A fin de precaver un litigio eventual sobre la materia, don ........................... se obliga a pagar, a doña ......................, la suma de $...., a título de pensión alimentaria. Esta suma tendrá el reajuste de ..............., a contar desde ...............TERCERO: La pensión alimentaria mencionada en la cláusula anterior, se pagará por mensualidades adelantadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes. CUARTO: El no cumplimiento íntegro y oportuno de esta obligación, autorizará, a doña ......................., para pedir, al Tribunal de Familia, correspondiente, el arresto del deudor, y la retención, por parte del empleador de éste, de las pensiones alimenticias, reajustes y costas, para su pago directo a la interesada. Las partes comparecientes facultan al abogado don…………….....……, para que actuando en su representación, pueda solicitar las inscripciones, aclaraciones, rectificaciones, inscripciones, reinscripciones, declaraciones que fueren necesarias. La presente escritura fue extendida en base a minuta redactada por el abogado…………………....................... ESCRITURA PÚBLICA DE ALIMENTOS (Voluntarios) Comparece don ...................., de nacionalidad ..............., de estado civil ................., de profesión ....................., domiciliado en ..................... Nº............., C.I. Nº .........., y doña .........................., de 266

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nacionalidad ................., de estado civil ....................., de profesión ..........., domiciliada en ....................., C.I. ........, y exponen: PRIMERO: Don .......................... se obliga, por este acto, a pagar a doña ..................................., una pensión alimentaria mensual en favor de ésta. Esta suma tendrá el reajuste de ...............SEGUNDO: Don .............................. acepta la pensión mencionada. TERCERO: La pensión se pagará dentro de los cinco primeros días de cada mes, a partir del .... de ...................... de 200…... y hasta el mes de ............... de 200…......CUARTO: Las partes comparecientes facultan al abogado don……………………, para que actuando en su representación, pueda solicitar las inscripciones, aclaraciones, rectificaciones, inscripciones, reinscripciones, declaraciones que fueren necesarias. La presente escritura fue extendida en base a minuta redactada por el abogado…………………....................... Procedimiento: Ordinario ante Tribunales de Familia. Materia: Cese de pensión de Alimentos. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda el cese desde ya de la pensión alimentos, en Subsidio Rebaja en suma que indica. PRIMER OTROSI: Acompaña mandato judicial, con citación; SEGUNDO OTROSI: Se oficie; TERCER OTROSI: Se traigan causas a la vista; CUARTO OTROSI: Se tenga presente; y QUINTO OTROSI: Téngase presente. Señor Juez Familia. …………………………………, abogado, en representación según se acreditará mediante mandato judicial, que se acompaña en otrosí, de………………, domiciliado para estos efectos en la ciudad de…………………., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar en la representación que invisto el cese de la pensión de alimentos decretada a favor de …………. y 267

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………………….., ambos domiciliados en la ciudad de ……………, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que, se demanda a favor de mi representado, el cese respecto de doña………………, ya que por sentencia de este Tribunal de Familia se decreto el divorcio, terminando el deber de proveerle alimentos y el cese respecto de ……………….., dado que término de estudiar su carrera profesional en la ……………….., terminando el derecho de proveerle, ya que se encuentra trabajando. (2) Que, a ……………. se le aplica la regla del art.60 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, que dice: “El divorcio pone fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio, como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos, sin perjuicio de…” en relación al art.131 y Ss., del Código Civil. (3) Que, al hijo de mi representado……………., se le aplican las normas del art.323 inciso 2, 2ª parte del Código Civil, que dice: “Comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún años la enseñanza básica y media, y la de alguna profesión u oficio”. Ahora él termino de estudiar una profesión cumpliéndose con este deber legal y moral de educar a su hijo por parte de mi representado. (4) Que, el art.2 inciso 2 de la Ley 14.908 sobre Abandono de la Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, dice: “Será competente para conocer de las demandas de aumento, rebaja o cese de la pensión alimenticia el mismo juez que decretó la pensión”. (5) Que, además, mi representado tiene …….hijos más de filiación no matrimonial que alimentar, lo que para acreditar su existencia se acompañará los respectivos certificados de nacimiento, en la etapa procesal correspondiente. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art. 323 inciso 2, 2ª parte del Código Civil, art.2 inciso 2 de la Ley 14.908 sobre Abandono de la Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, art.8 Nº5 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y art.60 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil. PIDO A USIA DE FAMILIA: Decrete tener por entablada demanda de Cese de Pensión de Alimentos, en contra de …….. , en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, fijar día y hora para la audiencia 268

PRÁCTICA FORENSE

preparatoria y en el veredicto después de la audiencia de juicio, declarar: 1) Desde ya el cese de la pensión decretada por los argumentos de hecho y derecho del cuerpo de este escrito a favor de don ………………, por cumplirse los requisitos para acceder de ello; 2) Oficiar a…………….., para que deje sin efecto la retención judicial; y 3) Que, deberá oficiarse vía fax o telefónicamente o a través del medio más rápido que disponga el Tribunal al empleador…………………para su conocimiento y pronto cumplimiento. EN SUBSIDIO: En caso de no acceder al cese desde ya de la pensión de alimentos y con el fin de evitar más perjuicios a mi representado y mientras se ventila el juicio, se rebaje la pensión de alimentos a la suma de $............. por cada uno de los demandados, es decir, por un total de $........................ PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañado, con citación mandato judicial que me habilita para actuar en autos y acta de mediación fracasada. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, ordene oficiar desde ya a la Universidad………….., para que informe si………………….., curso estudios técnicos o Universitarios en esa casa de estudios y si estos están terminados. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, desde ya se traigan a la vista las siguientes causas: a) Rol………. sobre Pensión de Alimentos, del Juzgado de Menores. b) Rol……. caratulada “………………………” sobre Aumento de Pensión de Alimentos, del Juzgado de Menores. c) Rol ……. caratulada “………”, del ….Juzgado Civil de……. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que mi personería para actuar por ………….., consta de la escritura pública de mandato judicial de fecha ……….., otorgada en la Notaría de don …………………de …….., cuya copia solicito tener por exhibida con citación y por acreditada dicha personería en esta causa, cuya copia autorizada consta en Secretaría del Tribunal (u oficina del administrador del tribunal en su caso), para todos los efectos legales, en términos de los art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil. 269

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QUINTO OTROSÍ: Solicito a Ssa., decrete tener presente que actuare personalmente en estos autos en mi calidad de abogado habilitado, sin perjuicio de la facultad de delegar en su oportunidad. Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Alimentos mayores al marido. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de alimentos mayores al marido. PRIMER OTROSI: Acompaña documento, con citación; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ......................., dueña de casa, domiciliada en la ciudad de ................ Nº ........., departamento Nº ......, a Usía, digo: Que, consta de la partida de matrimonio que acompaño en el primer otrosí, que soy casada con don ...................., de profesión ................, domiciliado en ............. Nº ......., Oficina Nº ......, de esta ciudad. Que, vengo en demandar, a mi marido,………….. en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, a fin de que me provea de alimentos necesarios. Mi marido no me da los alimentos que, por ley, debe solucionar, según sus rentas y de acuerdo con nuestra posición social, por lo que me veo obligada a demandarle, para que cumpla con su obligación moral y legal al respecto. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art. 321 y Ss., del Código Civil y art.8 Nº4 y 55 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda de alimentos, en contra de mi marido, don .................., ya individualizado, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, fijándose día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la 270

PRÁCTICA FORENSE

audiencia de juicio y declarar: 1) Que, me pague por alimentos mayores la suma de $ ............. mensual, por anticipado, dentro de los primeros 5 días de cada mes; o por la cuantía y en la forma que Usía, se sirva determinar, con el reajuste de ............, cada……. meses; o con la periodicidad que Ssa., se sirva fijar; y 2) Que, se condene expresamente al pago de las costas ocasionadas al demandado. PRIMER OTROSI: Sírvase Usía, tener por acompañado certificado de matrimonio celebrado con el demandado, de fecha ....... de ....., del año 20...., inscripción Nº ........., del Registro Civil de ........., de tal año, con citación. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…………………, a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad……….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado……………, para todos los efectos legales. Solicito a Usía, como forma de notificación el correo electrónico: ………. cédula de identidad …………….para ingreso a intranet…… Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Alimentos mayores a la mujer. Demandante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de alimentos mayores a su mujer. PRIMER OTROSI: Acompaña documento, con citación; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. 271

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Señor Juez Familia. ......................., domiciliado en ................ Nº ........., departamento Nº ......, a Usía, digo: Que, consta de certificado de matrimonio que acompaño en el primer otrosí, que soy casado con doña ....................., de profesión ................, domiciliada en .................. Nº ......., Departamento Nº ......, de esta ciudad. Que, vengo en demandar, a mi mujer…………….. en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, a fin de que me provea de alimentos, que ella, fácilmente puede satisfacer. Mi cónyuge no me da los alimentos que, por ley, debe solucionar, según sus rentas y de acuerdo con nuestra posición social, por lo que me veo obligada a demandarle, para que cumpla con su obligación moral y legal al respecto. Me encuentro pobre y enfermo por lo que, muy a mí pesar, debo demandar de alimentos. POR TANTO: Fundo esta demanda en el art. 321 y Ss., del Código Civil, art. 254 del Código de Procedimiento Civil, art.8 Nº4 y 55 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. PIDO A USIA: Decrete tener por entablada demanda de alimentos mayores, en contra de mi mujer, doña ............................., ya individualizada, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, fijándose al efecto la día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Que, me que pague por alimentos la suma de $ ................... mensual, por anticipado, dentro de los primeros 5 días de cada mes; o por la cuantía y en la forma que Usía, se sirva determinar , con el reajuste de ........................, cada tres meses; o con la periodicidad que Ssa., se sirva fijar; y 2) Que, se condene expresamente a la demandada al pago de las costas. PRIMER OTROSI: Sírvase Ssa., tener por acompañado certificado de matrimonio celebrado con la demandada, de fecha ....... de ................ del año 20..., inscripción Nº ......... del Registro Civil de ................, de tal año, con citación. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio 272

PRÁCTICA FORENSE

de la profesión don…………………, a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad……….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado……………, para todos los efectos legales. Solicito a Usía, como forma de notificación el correo electrónico: ………. cédula de identidad …………….para ingreso a intranet…… Procedimiento: Ordinario ante Tribunales de Familia. Materia: Alimentos menores. Demandante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de alimentos menores. PRIMER OTROSI: Acompaña documentación; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ............., labores, domiciliada en la ciudad de ................. Nº......, a Usía, digo: Que, consta de certificado de matrimonio que acompaño, que soy casada con don .................., de profesión .........., domiciliado en .................... Nº......, y que son nuestros hijos los siguientes menores: ................., de mi mismo domicilio. El padre de los menores no provee lo necesario para la adecuada subsistencia de los hijos comunes, por lo que me veo en la necesidad de demandarlo, a fin de que cumpla con la obligación moral y legal de dar congrua alimentación a sus hijos. Las necesidades de alimentación, habitación, consumo, vestuario, educación, locomoción, médicos y otros, de mis hijos, no se satisfacen con una suma menor de $........... mensuales. 273

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POR TANTO: Y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 321 y Ss., del Código Civil, art.8 Nº4 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, art. 254 y Ss., del Código de Procedimiento Civil y art.1 y Ss., de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. PIDO A USIA: Decrete tener interpuesta demanda de alimentos menores en contra de don……….............., ya individualizado, en calidad de padre de los menores referidos, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Que, se condene al pago de la suma de $......................o la que Vuestra Señoría, se sirva fijar; 2) Que, se fije en forma prudencial los alimentos provisorios; y 3) Que, se condene expresamente al demandado al pago de las costas. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañada, con citación, los respectivos certificados de matrimonio y nacimiento. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don……………, a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad…….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado…………, para todos los efectos legales. Solicito a Usía, como forma de notificación el correo electrónico: ……. cédula de identidad …….para ingreso a intranet…… Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia Materia: Rebaja alimentos menores. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: 274

PRÁCTICA FORENSE

EN LO PRINCIPAL: Demanda la disminución de pensión alimenticia. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ...................., de profesión ...................., domiciliado en ……………..a Usía, digo: Que, forzado por las circunstancias, me veo en la necesidad de interponer esta demanda de disminución de la pensión alimenticia fijada en favor de mis hijos menores ............................., ...................., y ......................, todos de apellidos "....................... " representados por su madre doña ..........................., de profesión ........................, domiciliada en .................... Nº......., de esta ciudad. La pensión decretada por este Tribunal por sentencia de fecha ... de ...... de 19..., (O bien: por convenio suscrito con fecha ... de ..... de 19..., que en copia acompaño), estableció que el monto de los alimentos ascendería al ...% de mis emolumentos, más el usufructo de la casa habitación ubicada en .................... Nº...... Sin embargo, desde entonces, la situación, tanto de los alimentarios como la mía, han variado, sustancialmente, tanto por haber mejorado aquélla, como por haberse deteriorado ésta. En efecto, la madre de los alimentarios y actual demandada se mudó de domicilio procediendo a dar en arrendamiento la casa cuyo usufructo le fue concedido. Este arriendo asciende a la suma aproximada de $.........., lo que, unido a la pensión propiamente tal, hacen la suma de $.......... Por otra parte, los ingresos propios de la demandada, proveniente de .......... ascienden, aproximadamente, a $.........., lo que totaliza la suma de $.........., para ella y para los menores, siendo, también, obligación suya, el dar alimentos a los hijos comunes. Que, mi situación, en cambio, es absolutamente desproporcionada y diferente a la descrita. Mis remuneraciones han tenido aumentos iguales (o inferiores) al alza del costo de la vida, mientras el reajuste fijado a la aludida pensión ha sido superior. De la lectura de mi última liquidación de sueldo, que acompaño, Usía, verá que, de la remuneración bruta de $.........., sólo he recibido un total líquido de $.......... En efecto, los descuentos 275

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legales suman $..........; la pensión alimenticia asciende a $..........; el dividendo que debo pagar por la casa habitación, que debería ocupar la demandada con nuestros hijos, asciende a $..........; y, finalmente, el dividendo por la casa que ocupo yo mismo, tiene un monto de $.......... Con la exigua suma que me resta, de sólo $.......... mensuales, yo debo sostener a mi nueva familia, compuesta de cónyuge y ............ hijos, según consta de los certificados de nacimiento y de matrimonio que acompaño. Esta suma es completamente insuficiente para mantenerme con mi nueva familia, atendida mi posición socio-económica y mi obligación de dar, a toda mi familia, un sustento, de lo que -actualmente- estoy impedido, dada la desproporcionada situación descrita. Creo que, tanto la demandada, como Vuestra Señoría, entenderán esta situación y el derecho que tiene mi nueva familia, a un bienestar, a lo menos, equiparable al que gozan ella y mis otros hijos. Todo lo anterior me obliga a solicitar la reducción de la pensión alimenticia vigente, en los siguientes términos: ....................; o en la suma que Usía, se sirva fijar. POR TANTO: Y de acuerdo a lo expuesto en la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones de Alimentos, art. 321 y Ss., del Código Civil, art.254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº5 y 55 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta esta demanda de disminución de alimentos en contra de doña ....................ya individualizada, en representación de los menores ya individualizados, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: Que, se reduzca dicha pensión a la suma de $........; o a la que Usía, se sirva determinar, según el mérito de autos. PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., tener por acompañados, con citación, los siguientes documentos: 1.- Certificado de mi matrimonio con doña ..................., la demandada. 2.- Certificado de nacimiento de mis hijos: ............ 276

PRÁCTICA FORENSE

3.- Liquidación de mi última remuneración, con sus descuentos y su saldo líquido. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…………………, a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad……….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado……………, para todos los efectos legales. Solicito a Usía, como forma de notificación el correo electrónico: ………. cédula de identidad…………….para ingreso a intranet…… Procedimiento: Ejecutivo ante los Tribunales de Familia. Materia: Obligación de Dar. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda ejecutiva por cobro de pensiones alimenticias y se despache mandamiento de ejecución y embargo. PRIMER OTROSI: Acompaña documento, con citación; SEGUNDO OTROSI: Señala bienes para la traba y depositario; TERCER OTROSI: Solicita designación de Receptor; CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ……………………….., domiciliada en la ciudad de ………….., a Usía, digo: Que, vengo en interponer demanda ejecutiva en contra de don……………..domiciliado en la ciudad de…………………, basándose en los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer. 277

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Que, consta de la copia autorizada del avenimiento (…o sentencia firme y ejecutoriada) del Tribunal de Familia, que acompaño en otrosí, el demandado…………………se obliga a cancelar a título de pensión de alimentos la suma de $.............. mil pesos, hecho que no ha cumplido, debiéndome a la fecha la suma de $.............. , según consta de liquidación, notificada y aprobada a las partes que consta en el expediente. Todo ello para solventar la prole común habida del contrato de matrimonio consistente en ….. hijos de filiación matrimonial. Todo ello al tenor del art.12 de la Ley 14.908, que expresa: “El requerimiento de pago se notificará al ejecutado en la forra establecida en los incisos primero y segundo del artículo 23 de la Ley que crea juzgados de familia. Solamente será admisible la excepción de pago y siempre que se funde en un antecedente escrito. Si no se opusieran excepciones en el plazo legal, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento para que el acreedor haga uso de su derecho en conformidad al procedimiento de apremio del juicio ejecutivo. Si las excepciones opuestas fueren inadmisibles, el tribunal lo declarará así y ordenará seguir la ejecución adelante. El mandamiento de embargo que se despache para el pago de la primera pensión alimenticia será suficiente para el pago de cada una de las venideras, sin necesidad de nuevo requerimiento; pero si no se efectuara oportunamente el pago de una o más pensiones, deberá, en cada caso, notificarse por carta certificada el mandamiento, pudiendo el demandado oponer excepción de pago dentro del término legal a contar de la notificación”. Dicha obligación es líquida, determinada, actualmente exigible y la acción ejecutiva no está prescrita. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 14.908 sobre Abandono de la Familia y Pago de las Pensiones Alimenticias y Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Se sirva tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de don ………………, ya individualizado, por la suma de $............... más intereses y reajustes; ordenar que se despache mandamiento de ejecución y embargo, en su contra, por dichas sumas y ordenar que se siga adelante esta ejecución hasta hacérseme entero y cumplido pago de estas cantidades, con costas. 278

PRÁCTICA FORENSE

PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., tener por acompaño copia autorizada de avenimiento, (…o sentencia firme y ejecutoriada) con citación que es el título ejecutivo y fotocopia simple de la libreta de ahorro. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que designo para la traba del embargo todos y cada uno de los bienes que aparezcan ser del deudor, especialmente el inmueble inscrito a fs………… N°……. del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de………, del año ……... Tales bienes quedarán en su poder, en calidad de depositario y bajo las responsabilidades civiles y penales del caso. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., designar un Receptor Judicial de los Tribunales de Mayor Cuantía, solventando mi parte sus costos, para la notificación, requerimiento, traba del embargo y en definitiva todas las diligencias que requieran un Ministro de fe. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…………………, a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad……….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado……………, para todos los efectos legales. Solicito a Usía, como forma de notificación el correo electrónico: ………. cédula de identidad …………….para ingreso a intranet…… EN LO PRINCIPAL. Solicita se otorgue credencial de salud. OTROSI: Se ordene la notificación de esta solicitud al tenor del art.23 de la Ley 19.968 al demandado…………... Señor Juez Familia. ……………….., abogado, de la parte demandante …………….., en Cuaderno de Cumplimiento, autos sobre Alimentos, caratulada “………….con………….”, en causa RIT…………….., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se otorgue la credencial de salud (Fonasa o Isapre) por el demandado don ……………………………, 279

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cédula de identidad………….., ya que por ser su cónyuge y carga le corresponde tal derecho, sobre la base de las siguientes razones de hecho y derecho que paso a exponer: Los Hechos 1) Que, es un hecho que mí representada………. es la cónyuge del demandado. 2) Que, también es un hecho de la causa que ambos están separados de hecho. 3) Que, en consecuencia de ello, no obstante, la separación subsiste derechos y obligaciones entre los cónyuges. 4) Que, también, es un hecho que el cónyuge de la demandante se niega a entregarle dicha credencial, en forma voluntaria, no obstante ser requerido en varias ocasiones. 5) Que, mi representada requiere atención médica continua y por esta circunstancia su tratamiento esta interrumpido. El Derecho 1) El art.131 del Código Civil, señala: “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos”. 2) La Ley (Fonasa o Isapre) sólo permite que el titular pida dicha credencial de salud, no obstante ser su cónyuge su carga. 3) Además, mi representada debe concurrir mensualmente al médico, situación que no pude hacer hace más de………. meses, por estar vencida su credencial de salud y su cónyuge se niega a inscribirla nuevamente como carga, no obstante estar trabajando y afiliado a (Fonasa o Isapre). Además, la exigua pensión de $............ pesos no le permite pagar una consulta particular, por lo onerosa de dicha consulta. Según consta del Cuaderno de Cumplimiento. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.131 del Código Civil, Ley 14.908 sobre Abandono de la Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decretar previa tramitación de rigor ordenar que el demandado don……………….., cédula de identidad……………., trámite la credencial de salud (Fonasa o Isapre), a favor de su cónyuge (o hijos según corresponda)………………. OTROSI: Solicito a Usía, se ordene notificar esta solicitud al tenor del art.23 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, por cédula, al demandado don………………... 280

PRÁCTICA FORENSE

LO PRINCIPAL: Se opone a suma fijada como alimentos provisionales. PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos en forma legal; SEGUNDO OTROSI: Oficios; y TERCER OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ……………………., , domiciliado en la ciudad de………………, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre ………….., en causa RIT………….. caratulada “……….. con…….”, a Usía, digo: Que, vengo en oponerme dentro de plazo legal a la suma fijada como alimentos provisorios, a favor de doña………….., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que, la suma fijada es excesiva para mis exiguas condiciones patrimoniales ya que hoy sobrevivo con sumas paupérrimas, que sólo me permiten pagar arriendo de oficina y casa. Sumas que son de $.....y $........ mil pesos respectivamente. (2) Que, es efectivo que mantengo una relación de convivencia, con quien tengo…..hijo de filiación no matrimonial, es del caso Usía, que mi conviviente paga lo relativo a la subsistencia diaria y costos propios de mantención del hogar. (3) Que, yo trabajo realizando………..…….., cuyo montos sólo me permiten cubrir los gastos básicos como dije. (4) Que, además, me encuentro tan endeudado, que estoy en Dicom, lo cual me impide buscar un trabajo más estable y con mejores condiciones de remuneraciones. (5) Que, con mi cónyuge establecimos……….., ella es la (dueña, administradora, etc.) ……… que al momento de estar unidos trabajábamos los dos y que percibíamos sumas consideradas buenas, que ante nuestra separación de hecho, le entregue todas mis acciones y derechos que me correspondían, a título de pensión de alimentos, en el citado ………….,(negocio, local, etc.) con el fin de mantener a nuestra prole común y yo buscaría trabajo como (independiente o asalariado)…….., lo cual ella acepto, percibiendo en la actualidad sumas superiores a $............. de pesos. (6) Que, como consecuencia de ello y ante la incapacidad de cubrir los gastos básicos he debido recurrir a préstamos familiares para subsistir con lo mínimo. 281

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(7) Que, no obstante ello siempre he procurado pagar a mi prole, sumas adicionales a modo complementario a la pensión, en la medida que he podido. (8) Que, por eso me opongo a la suma fijada como pensión de alimentos fijada en $............ mil pesos. (9) Solicito a Vuestra Señoría, fijar a título de alimentos complementarios a la pensión la suma de $..... mil pesos mensuales. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el art.4 inciso 4 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. PIDO A USIA: Se sirva tenerme por opuesto a la suma fijada por alimentos provisorios de $............. y fijarlos en la suma $............ mil pesos mensuales; o la suma que Usía, estime de justicia, siempre en un monto inferior a la suma indicada. PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., ordene tener por acompañados los siguientes documentos en forma legal, para acreditar mis dichos: 1) ……contratos de……….; 2) …..certificado de…….; 3) ……..certificado de……. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, ordene oficiar al SII, para que remita la situación impositiva de ambas partes y complementar los dichos de lo principal de este escrito. TERCER OTROSÍ: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…………., a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad ……………. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado …………., para todos los efectos legales. Solicito a Usía, como forma de notificación el correo electrónico: ………. cédula de identidad…………….para ingreso a intranet……

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EN LO PRINCIPAL: Rebaja provisoria. OTROSI: Acompaña documentos, con citación. Señor Juez de Familia. ………………., abogado, por la parte demandante,……………, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, sobre Cese de Pensión de Alimentos, caratulada “…………con………….” en causa RIT…………., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar rebaja provisoria de los alimentos decretados a favor……………, en la suma única de………. o en la suma Vuestra Señoría, estime en derecho, pero nunca superior a la suma propuesta, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: 1.- Que, el demandado……………, esta titulado y tiene una profesión que le permite subsistir por si mismo, en los términos del art.332 del Código Civil, situación que se desprende de la audiencia preparatoria y que consta en audio. 2.- Que, mi representado tiene …….hijos de filiación no matrimonial a los cuales debe sustentar y no existiendo hijos de 1ª y 2ª categoria debe velar por mantenerlos a todos en iguales condiciones. 3.- Que, además, la audiencia de juicio esta fijada para el día……….., lo que causa grave perjuicio a mi mandante en el sentido patrimonial. 4.- Que, la petición esta regulada en el art.4 inciso 5 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que dice: “El tribunal podrá acceder provisionalmente a la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pension alimenticia, cuando estime que existen antecedentes suficientes que lo justifiquen”. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.1 y art.4 inciso 5 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y art.26 inciso 2 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: (1) Decrete tener por interpuesto incidente de rebaja provisoria de pensión de alimentos, FUERA de audiencia, en contra de……………, en la suma única de $......... o en la suma que Vuestra Señoría, estime en derecho, pero nunca superior a la suma propuesta, fuera de audiencia; 283

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(2) Resolverlo de plano este incidente, accediendo a la rebaja provisoria, en los términos indicados; o (3) Citar a audiencia especial dentro de tercero día, si estima necesario oír a los demás interesados, a fin de resolver la incidencia. Todo ello según el mérito de autos. OTROSI: Solicito a Ssa., decrete tener por acompañados ………. certificados de nacimiento de los hijos de filiación no matrimonial de los ….hijos de mi representado a los cuales debe alimentos. Solicita se cumpla con la liquidación de la deuda. Señor Juez de Familia. ……………., abogado, por la parte demandante………… ….,en Cuaderno de Cumplimiento, sobre Pensión de Alimentos, caratulada “…………con…………..”, en causa RIT………., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se cumpla con la liquidación de deuda según se decreto con fecha………., no habiéndose cumplido a la fecha. LUEGO: En mérito de lo expuesto en la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y art.70 del Código Orgánico de Tribunales. PIDO A USIA DE FAMILIA: Decrete ordenar a la brevedad se cumpla con la liquidación de la deuda por el Ministro de fe, Administrativo contable o funcionario habilitado del tribunal, titular o ad hoc para ello, para cumplir los principios de rapidez, transparencia y eficacia, ordenándose que esta sea notificada mediante carta certificada a las partes, con el fin de dar curso progresivo a los autos. Oficios que indica. Señor Juez Familia …………….abogado, por la parte demandante, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en causa RIT……………caratulada “…………con………”, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar a Ssa., se ordene oficiar a las siguientes instituciones para que informen sobre el último domicilio del demandado………….: 284

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1.- Servicio de Registro Civil e Identificación: 2.- Servicio de Registro Electoral; y 3.- Superintendencia de AFP. Además, Vuestra Señoría, en virtud del principio de la oficialidad deberá decretar todos los oficios necesarios para determinar el domicilio del demandado……….según el art.2 inciso de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que dice: “La demanda podrá omitir la indicación del domicilio del demandado si éste no se conociera. En tal caso, el Tribunal procederá en conformidad a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Nº 19.968”. Que, este artículo se debe relacionar con el art.13 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, que establece el principio de la oficialidad de esta judicatura y que Usía, debe aplicar sin excepción. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.2 inciso 1 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y art. 13 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete ordenar los oficios a las instituciones indicados y demás que determine Vuestra Señoría, en aplicación del principio de la oficialidad de las normas jurídicas invocadas. EN LO PRINCIPAL: Alega la prescripción de todas y cada una de las pensiones devengadas: PRIMER OTROSÍ: Se tenga a la vista expediente que dio origen a la deuda; SEGUNDO OTROSI: Solicita la suspensión del apremio y procedimiento; TERCER OTROSI: Señala forma de notificación; CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ……………., trabajador, domiciliado en la ciudad de…………..en Cuaderno de Cumplimiento, en causa RIT…………, caratulada “………con………”, a Usía, digo: Que, vengo en alegar la prescripción extintiva de todas y cada una de las pensiones devengadas en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que, el art.336 del Código Civil, dice: “No obstante lo dispuesto en los dos artículos procedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse; y el dere285

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cho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor”. Que atendido a que mi representado en este acto viene en alegar la prescripción extintivas de todas y cada una de las pensiones devengadas que ascienden a la suma de $............ (2) Que, las pensiones que se pide la prescripción corresponde a los siguientes períodos, que detallo a Vuestra Señoría, según cuadro sinóptico:…………………………………….......…. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.336 del Código Civil, Ley 14.908 sobre Abandono de la Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete acoger la alegación de la prescripción por las pensiones devengadas de los períodos de ………de fecha……. ( o foja según corresponda) ya señalados, en el cuerpo de este escrito. PRIMER OTROSÍ: Solicito a Vuestra Señoría, se tenga a la vista el expediente que dio origen a las pensiones alimenticias, causa rol……..del Juzgado…… SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, se suspenda el procedimiento y el apremio mientras se tramita esta incidencia de previo y especial pronunciamiento. TERCER OTROSÍ: Solicito a Ssa., decrete tener presente que señalo como forma de notificación la carta certificada según el art.23 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. CUARTO OTROSÍ: Solicito a Usía, tener presente que confiero patrocinio y poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…………..,con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, especialmente con las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de …………………………………….POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado……………………………….

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EN LO PRINCIPAL: Alega la prescripción de todas y cada una de las pensiones devengadas. OTROSÍ: Se tenga a la vista expediente que dio origen a la deuda. Señor Juez Familia. ………………, abogado, por la parte demandada en Cuaderno de Cumplimiento, en causa RIT…….., caratulada “………..con………” a Usía, digo: Que, vengo en alegar la prescripción extintiva de todas y cada una de las pensiones devengadas, según consta de liquidación de la deuda, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que, el art.336 del Código Civil, dice: “No obstante lo dispuesto en los dos artículos procedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse; y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor”. Que atendido a que mi representado en este acto viene en alegar la prescripción extintiva de todas y cada una de las pensiones devengadas que ascienden a la suma de $............. ................................................................................. (2) Que, las pensiones que se pide la prescripción corresponde a los períodos, que constan en liquidación de deuda de fs._____, especialmente los períodos………………...............……………… POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.336 del Código Civil, Ley 14.908 sobre Abandono de la Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete acoger la presente solicitud de prescripción de pensiones devengadas en los períodos que dan cuenta la liquidación del día…….(o fs. en su caso) y especialmente los períodos………………………………………………………..............…… OTROSÍ: Solicito a Vuestra Señoría, se tenga a la vista el expediente que dio origen a las pensiones alimenticias, causa rol ................ del Juzgado de Menores de ...................., ordenándose desde ya su desarchivo en caso de estimarlo Vuestra señoría necesario.

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SEGUNDA SECCIÓN - ADOPCIÓN Procedimiento: Voluntario. Materia: Procedimiento previo a la adopción. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Solicita se inicie procedimiento previo a la adopción. PRIMER OTROSI: Diligencias; SEGUNDO OTROSI: Se traiga a la vista expediente que se indica; TERCER OTROSI: Acompaña documentos; CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia....................................profesión, domiciliada en la ciudad de ………….....................,a Usía, digo: Que, en mi calidad de cuidadora conforme medida de protección que en un otrosí se adjunta, solicito a Usía, iniciar en procedimiento previo a la adopción con la finalidad de obtener la declaración de que .................. nacido el ..................., inscrito en la circunscripción del Registro Civil de.............., bajo el número ....., registro respectivo del año ......, es susceptible de ser adoptado, todo ello de acuerdo a la Ley y a los antecedentes que lo justifiquen.POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño, art. 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República, art. 179 del Código Civil, Título II de la Ley 19.620 sobre Adopción y art.8 Nº12 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Se sirva iniciar el procedimiento previo y cumplido los trámites que estime procedentes, declarar al menor individualizado, ......... ........................... como susceptible de ser adoptado.PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, que mérito de lo expuesto en lo principal de esta presentación, solicito a Usía, decretar las diligencias señaladas en los artículos 9 y siguientes de la Ley 19.620, en lo que fuere pertinente.288

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SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, que para la adecuada resolución de lo solicitado, traer a la vista en estos autos, expediente sobre medida de protección RIT…………. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, se sirva tener por acompañados con citación y bajo apercibimiento legal según corresponda los siguientes documentos: 1.- Certificado de Nacimiento del menor. 2.- Fotocopia autorizada de sentencia en causa sobre medida de protección dictada por este mismo tribunal en causa RIT……………… 3.- Certificado de Nacimiento de la solicitante. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…………., a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad ……………. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado…………., para todos los efectos legales. Solicito a Usía, como forma de notificación el correo electrónico: ………. cédula de identidad…………….para ingreso a intranet…… Procedimiento: Voluntario. Materia: Adopción Solicitante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Solicitan adopción de menor que indica. PRIMER OTROSI: Acompañan documentos en forma legal; SEGUNDO OTROSI: Ofrece información sumaria; TERCER OTROSI: Se cite a audiencia de parientes; CUARTO OTROSI: Se tenga presente y acreditado parentesco; y QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder. 289

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Señor Juez Familia. ………………………….y …………………………….., ambos trabajadores, domiciliados en la ciudad de……………………………, a Usía, de consuno, decimos: Que, nos proponemos adoptar al menor……………………, menor de edad de …….años, estudiante, cuya partida de nacimiento acompaño, y de nuestro mismo domicilio. El citado menor es hijo consanguíneo de mi cónyuge ……………….., que nació a consecuencia de relaciones sexuales con una anterior pareja, nosotros hoy en día nos encontramos unidos por contrato matrimonial según se acredita con certificado acompañado en otrosí, el padre biológico dejo abandonado este menor a su suerte, por lo que en el interés superior del niño estamos realizando esta gestión para integrarlo en forma completa a la familia que formamos junto a su madre y evitar que así sea discriminado tanto social, como personalmente en nuestro país y en la vecindad en que habitamos. No estamos divorciados, ni separados de hecho ni judicialmente, en forma alguna. Contrajimos matrimonio con fecha de …………………., por lo que somos casados hace más de ……… años a la fecha. Existe una diferencia, con el adoptado, de más de……… años y éste es menor de 18 años. Nosotros tenemos, respectivamente…….y ………… años de edad. El niño, estaba bajo cuidado personal de su madre primeramente desde su nacimiento, pero una vez que celebramos el contrato de matrimonio en el año……. a estado al cuidado de ambos en forma ininterrumpida, y hemos velado en la medida que nuestras fuerzas y capacidad de trabajo para que nada le falte en lo espiritual, familiar y económico. Hacemos presente a Vuestra Señoría, que como el menor es hija de mí cónyuge, estamos exentos de cumplir con el procedimiento previo y se aplica directamente el Título III de la Ley de adopción, según lo señala el art.8 letra b), en relación con el art. 11 de la misma Ley. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.1, 8 letra b), 11, art.20 y Ss., de la Ley 19620, sobre Adopción y art.8 Nº13 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia.290

PRÁCTICA FORENSE

PEDIMOS A VUESTRA SEÑORÍA: Se sirva tener por presentada solicitud de adopción y acogerla a tramitación, a favor del menor………………., para que una vez ejecutoriada la correspondiente sentencia se oficie al Registro Civil y se señale una nueva inscripción que somos sus padres ……………………..y………………….., a través de la correspondiente subinscripción. PRIMER OTROSI: Solicitamos a Usía, decretar tener por acompañados en forma legal los siguientes documentos: SEGUNDO OTROSI: Solicitamos a Ssa., ordenar que se reciba información sumaria para acreditar que la adopción proyectada ofrece ventajas para el adoptado, en el interés superior del menor. TERCER OTROSI: Solicitamos a Usía, ordene citar a audiencia de parientes, fijándose al efecto día y hora; y determinando el periódico y el número de publicaciones, al efecto. CUARTO OTROSI: Solicitamos a Usía, decrete tener presente y por acredita con la partida de nacimiento que acompaños en otrosí que el menor es hijo de…………., la cual es un instrumento público. QUINTO OTROSI: Solicitamos a Usía, tener presente que nos patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión……………. y conferimos poder a don………………, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, las que damos por expresamente reproducidas en este acto, pudiendo actuar de consuno o en forma separada pudiendo reasumir en cualquier gestión sin necesidad de acto procesal previo, además de las facultades de avenir, percibir y transigir, ambos domiciliados en la ciudad de……………………………. Solicita se entregue menor a cuidado de adoptantes. Señor Juez Familia. ...........................................abogado, en Procedimiento Voluntario, sobre Adopción, en causa RIT __________, a Usía, digo: Que, vengo a solicitar se entregue el menor ................a sus futuros padres ya que nos encontramos pronto a terminar el trámite y el interés superior del niño así lo aconseja ya que en el 291

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hogar se encuentra…………..(enfermo, solo, etc.) y estos podrán brindarle un mejor y esmerado cuidado. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.19, art.24 inciso 3 y 35 de la Ley 19.620, sobre Adopción.PIDO A VUESTRA SEÑORÍA: Se sirva otorgar el cuidado del menor.........por ser aconsejable en el interés superior del niño, a sus futuros padres don………..y doña………. Solicita la acumulación que indica. Señor Juez Familia. ............................abogado, en Procedimiento de Adopción, en causa RIT .....a Usía, digo: Que, vengo en solicitar la acumulación de los procesos de protección incoados, con relación al menor que sé esta solicitando su adopción. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el art.19 inciso final de la Ley 19.620, sobre Adopción y art.37 del Código de Procedimiento Civil. PIDO A VUESTRA SEÑORÍA: Se sirva ordenar la acumulación de los procesos de protección.

TERCERA SECCIÓN - ARRAIGO Arraigo de los menores que indica. Señor Juez Familia. ........................., abogado, por la parte demandante..................., en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, sobre Cuidado Personal, autos caratulados " .........con...........", en causa RIT ........., a Usía, digo: Que, está decretada, en favor de mi mandante, la…………. (madre o padre) de los menores, el cuidado personal de éstos, sentencia que se encuentra a firme (o mediante avenimiento). 292

PRÁCTICA FORENSE

Que, se teme, justificadamente, que el (madre o padre) de los menores los lleve al extranjero, concretamente, a...................., debido a que he tomado conocimiento que .................... Solicito que Usía, impida la salida de tales hijos, de mí patrocinada, debido a que él podrá, simplemente, burlar el derecho de mí representada, llevándose, a los niños, para siempre o por tiempo indefinido. El nombre y el Rut de ellos, son los siguientes: ......................... ................................ POR LO QUE: En mérito de expuesto y dispuesto en el art. 49 inciso 3 de la Ley 16.618, sobre Menores. PIDO A USIA: Se sirva ordenar derechamente al arraigo de los menores de autos, oficiándose, al efecto, a Carabineros de Chile, Policía Internacional, Policía de Investigaciones de Chile y Aduanas, indicando el nombre completo de cada uno y número de su Rut………….

CUARTA SECCIÓN - ARRESTO EN LO PRINCIPAL: Solicita se despache orden de arresto en contra del alimentante…………..con carácter de permanente, indicándose su nuevo domicilio. PRIMER OTROSI: Facultades a Carabineros de Chile e Investigaciones; SEGUNDO OTROSI: Se oficie al destacamento pertinente; TERCER OTROSI: Solicita medidas de apremio complementarias. Señor Juez Familia …………, abogado, de la parte demandante…………. en causa RIT………., en Cuaderno de Cumplimiento, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar a Vuestra Señoría, despachar orden de arresto por la suma de $........en el carácter de permanente en contra del demandado ……………, al domicilio que es ……………………….., a través de Carabineros de Chile, conjuntamente con la Policía de Investigaciones.

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Solicito a Usía, que no se le dé la libertad hasta que consigne el total de la deuda o lo que Usía, estime en derecho, justicia y principios generales del derecho. Además, hago presente que la orden procede según la certificación de fecha …………. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.14 de la Ley 14.908 sobre Pago de Pensiones Alimenticias y Abandono de la Familia. PIDO A USÍA: Darle curso a esta presentación y decretar: 1) Orden de arrestos en contra de………….. en el domicilio indicado en el cuerpo de este escrito; 2) No decretar su libertad mientras no consigne el 100% de la deuda, o lo que Usía, estime en forma prudencial; 3) Despachar la orden de arresto indistintamente por Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones; y 4) Condenar expresamente al demandado al pago de las costas. PRIMER OTROSÍ: Solicito a Ssa., conceder las más amplias facultades a Carabineros de Chile y/o Investigaciones de Chile, para llevar a cabo la diligencia, especialmente las facultades de allanar y descerrajar en caso de ser necesario y en caso de oposición. SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a Vuestra Señoría, ordene oficiar a los destacamentos pertinentes para que cumplan la orden de arresto que se pide en el cuerpo de este escrito a la brevedad. TERCER OTROSÍ: Solicito a Usía, decretar como medidas complementarias de arrestos del art.16 de la Ley 14.908, la siguiente: Que, se haga entrega del demandado de su licencia de conducir, por un plazo de 6 meses.

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EN LO PRINCIPAL: Se deje sin efecto el arresto que se indica, oficiándose. PRIMER OTROSI: Acompaña comprobante de depósito; y SEGUNDO OTROSI: Contraorden. Señor Juez Familia. ................., abogado, en Cuaderno de Cumplimiento, en causa RIT………….. caratulados "............. con .................", ..........., a Usía, digo: Que Vuestra Señoría, decretó el arresto del suscrito, con el fin de.......................................................................................................... .................................................................................................. El objetivo tenido en vista, ha sido cumplido, desde que ...... ................................................................................................................... ................................................................................................ POR LO CUAL: En mérito de lo expuesto y dispuesto en la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. PIDO A USIA: Se sirva dejar sin efecto tal arresto y oficiar al Centro de Detención Preventiva de.............., con tal fin; además, ordenar que se me dé un certificado en el que se conste que canceló la orden de arresto. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañado comprobante de depósito en el Banco del Estado en la cuenta vista de la demandante. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., ordene despachar las contraordenes a Carabineros de Chile y Gendarmería de Chile, respectivamente. EN LO PRINCIPAL: Certificación de ejecutoria. PRIMER OTROSI: Nuevo domicilio del demandado. SEGUNDO OTROSI: Solicita se despache orden de arresto en contra del alimentante………, con carácter de permanente. TERCER OTROSI: Arresto ambulatorio; CUARTO OTROSI: Facultades de allanamiento y descerrajamiento en caso de oposición e investigación de paradero por la fuerza pública; QUINTO OTROSI: Solicita arraigo oficiándose al efecto; SEXTO OTROSI: Medidas complementarias al apremio; y SEPTIMO OTROSI: Téngase presente.

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Señor Juez Familia. ……………, abogado, por la parte demandante…………………, en Cuaderno de Cumplimiento, caratulada “…………………….con………”, en causa RIT………….., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se certifique que la liquidación de la deuda causa ejecutoria. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.14 inciso 1, 1ª parte de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. PIDO A USIA: Decrete ordenar la certificación solicitada. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordene tener presente el nuevo domicilio del demandado………………., es ………………. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, se despache orden de arresto en el carácter de permanente en contra del demandado …………… despachándose la orden en todos los domiciliados indicados por esté, en el tribunal a través de la Policía de Investigaciones de Chile, Comisaría de esta ciudad, dado que el demandado evade las órdenes de arresto es que solicito que sea la Policía Civil o Carabineros de Chile, a través de la Comisión Civil, la que lleve a efecto esta diligencia para evitar el sobre aviso en el cumplimiento de esta diligencia. Solicito a Usía, que no se le dé la libertad hasta que consigne el 100% de la deuda o lo que Usía, estime en derecho, justicia y principios generales del derecho. Hago presente a Ssa., tener presente que la liquidación de la deuda se encuentra notificada al demandado a través de carta certificada en el domicilio indicado por él. Que, para fundamentar mi petición de arresto en contra el alimentante …………….., invoco la disposición legal, que me autoriza a realizar la petición que es el art.14 inciso 1 de la Ley 14.908, que transcribo: “Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin necesidad de audiencia, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis 296

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horas del día siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación”. El alimentante no ha pagado la pensión debiéndose a la fecha $......... pesos, por lo que procede se decrete el arresto y no procede petición alguna de su parte ni menos se fije audiencia según lo expresa la norma legal invocado, en consecuencia, se cumplen todos los requisitos fácticos para que se despache esta orden sin más trámite. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art. 14 inciso 1 de la Ley 14.908 sobre Pago de Pensiones Alimenticias y Abandono de la Familia. PIDO A USIA: Decretar orden de arrestos en contra del alimentante…………..y no decretar su libertad mientras no consigne el 100% de la deuda o lo que Usía, estime en forma prudencial, a través de la Policía de Investigaciones de Chile ó Carabineros de Chile, a través de la Comisión Civil. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, que en virtud del art.14 inciso 4 de la Ley 14.908 decretar el arresto ambulatorio del alimentante…………., en el lugar donde se encuentre, según lo indica la norma legal invocada y que se transcribe: “En todo caso, la policía podrá arrestar al demandado en cualquier lugar en que éste se encuentre”. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, decrete el allanamiento y descerrajamiento en los domicilios donde se encuentre el alimentante ………….. todo ello según lo indica el art.14 inciso 3 de la Ley 14.908, que se transcribe: “Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dicte el apremio, si lo estima estrictamente necesario, podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado y ordenará que éste sea conducido directamente ante Gendarmería de Chile. La policía deberá intimar previamente la actuación a los moradores, entregándoles una comunicación escrita o fijándola en lugar visible del domicilio. Si el alimentante no es habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez ordenará a la fuerza pública investigar su paradero y adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo el apremio”. También se deberá investigar el paradero del alimentante por la fuerza pública …………., tomándose las más amplias medidas para hacer efectivo el arresto, según la norma legal invocada. QUINTO OTROSÍ: Solicito a Usía, en mérito de lo expresado en el art.14 inciso 6 de la Ley 14.908, decrete el arraigo del alimentante……….., cédula de identidad ………, oficiándose al efecto a las siguientes instituciones: 297

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1.- Policía Internacional; 2.- Carabineros de Chile; 3.- Policía de Investigaciones de Chile; 4.- Servicio Nacional de Aduanas y pasos habilitados a nivel nacional. Lo señalado consta de la norma legal invocada que se transcribe, a Vuestra Señoría: “En las situaciones contempladas en este artículo, el juez dictará también orden de arraigo en contra del alimentante, la que permanecerá vigente hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. Para estos efectos, las órdenes de apremio y de arraigo expresarán el monto de la deuda, y podrá recibir válidamente el pago la unidad policial que les dé cumplimiento, debiendo entregar comprobante al deudor. Esta disposición se aplicará asimismo en el caso del arraigo a que se refiere el artículo 10”. Es del caso Usía, que en este caso concreto se cumple con los requisitos fácticos para que se decrete el arraigo solicitado en contra del alimentante. SEXTO OTROSÍ: Solicito a Usía, decretar como medida complementaria al arresto solicitado en lo principal, la medida del art.16 de la Ley 14.908, que es la suspensión de la licencia de conducir, que transcribo para todos los efectos legales y mejor resolución: “Sin perjuicio de los demás apremios y sanciones previstos en la ley, existiendo una o más pensiones insolutas, el juez adoptará, a petición de parte, las siguientes medidas: 2. Suspenderá la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual período, si el alimentante persiste en el incumplimiento de su obligación. Dicho término se contará desde que se ponga a disposición del administrador del Tribunal la licencia respectiva. En el evento de que la licencia de conducir sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al alimentante, éste podrá solicitar la interrupción de este apremio, siempre que garantice el pago de lo adeudado y se obligue a solucionar, dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días corridos, la cantidad que fije el juez, en relación con los ingresos mensuales ordinarios y extraordinarios que perciba el alimentante. Las medidas establecidas en este artículo procederán también respecto del alimentante que se encuentre en la situación prevista en el artículo anterior”. 298

PRÁCTICA FORENSE

SEPTIMO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente la liquidación efectuada con fecha…………por el tribunal. Solicita se mantenga arresto nocturno por 15 días más a……….., por incumplimiento de la obligación alimenticia. Señor Juez Familia. ………………., abogado, por la parte demandante…………….., en Cuaderno de Cumplimiento, caratulada “…………con…………….”, en causa RIT ………., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar a Vuestra Señoría, se mantenga el arresto nocturno de………………, por continuar el incumplimiento de la obligación alimenticia, tal como consta del expediente. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.14 inciso 2 de la Ley 14.908 sobre Pago de Pensiones Alimenticias y Abandono de la Familia. PIDO A USÍA: Decrete mantener el arresto nocturno por 15 días más a………………, por continuar el incumplimiento de la obligación alimenticia, oficiándose al efecto a Gendarmería de Chile. QUINTA SECCIÓN - AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO Procedimiento: Voluntario ante Tribunales de Familia. Materia: Autorización para contraer 2ª nupcias. Peticionaria: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Solicita autorización para contraer matrimonio antes del plazo legal. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Forma de notificación; y TERCER OTROSI: Patrocinio y poder. 299

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Señor Juez Familia. ………, Profesión u oficio domiciliada en la ciudad de……………, a Usía, digo: I.- Los Hechos. (1) Que, consta del certificado de matrimonio que acompaño en otrosí, con la respectiva subinscripción de fecha…………, que estoy divorciada, mediante sentencia firme y ejecutoriada dictada por el Tribunal de Familia de……….. (2) Que, como deseo nuevamente contraer matrimonio y no habiendo transcurrido el plazo legal de 270 días que exige el art.128 del Código Civil, es que recurro a Vuestra Señoría, para que de la correspondiente autorización para contraer nuevas nupcias. (3) Que, no me encuentro es estado de preñez, como consta de certificado de médico ginecólogo, que en otrosí se acompaña. II.- El Derecho. (1) Que, es competente para conocer de esta materia el tribunal de familia según el art.8 Nº17 de la Ley 19.968. (2) Que, el art.102 inciso 2, 1ª parte de la Ley 19.968, dice: “La solicitud podrá ser presentada por escrito y el juez podrá resolverla de plano, a menos que considere necesario oír a los interesados…” (3) Que, por estos argumentos de derecho, Usía, puede fallar de plano esta solicitud, estando facultado para ello y no habiendo diligencia u obstáculo que se lo impida jurídicamente. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.128 del Código Civil, art.8 Nº17 y 102 inciso 2, 1ª parte de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA DE FAMILIA: Decrete autorizarme a contraer matrimonio, antes de transcurrir el plazo legal y resolver de plano la citada solicitud al cumplir todos los presupuestos legales, dictándose la respectiva sentencia que así lo declare. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos: 1) Certificado de matrimonio con subinscripción, donde consta el divorcio decretado por el Tribunal de Familia; y 2) Certificado emitido por médico ginecólogo………….. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, decrete tener por forma de notificación el correo electrónico:…………..según el art.23 de la Ley 19.968. 300

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TERCER OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría, decrete tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión...........……, don……….., a quien confiero patrocinio y poder con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos las que doy por expresamente reproducidas, y que declaro conocer, especialmente las de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de …………. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Decrete tener por conferido el patrocinio y poder al abogado don…………………… SEXTA SECCIÓN - AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR Procedimiento: Voluntario. Materia: Autorización enajenar acciones y derechos de menor. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Autorización para enajenar bienes de menor que indica. PRIMER OTROSI: Información sumaria; SEGUNDO OTROSI: Acompaña documentos y desde ya solicita su oportuna devolución bajo simple constancia en autos; TERCER OTROSI: Informe del Defensor Público; CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. …………, profesión u oficio domiciliada en la ciudad de……………… a Usía, digo: Que, de conformidad a lo dispuesto en el art.254 del Código Civil, vengo en solicitar autorización para enajenar las acciones y derechos que le corresponden a mi hijo…………, en la herencia quedada al fallecimiento de su abuelo ……………, ubicado en la comuna de…………, de una superficie……….. hectáreas, 301

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que tiene los siguientes deslindes: Norte: ……..; Sur:…………; Oriente:……..; y Poniente:…………... Que, dicho bien raíz se encuentra inscrito a nombre de la sucesión…………. a fs……..Nº……….. del Registro de Propiedad del año……… del Conservador de Bienes Raíces de………. y el rol de avalúo es…….., por la suma de $............. ante el Servicio de Impuestos Internos. Que, solicito la presente autorización, por cuanto se ha presentado un comprador que ofrece pagar por las……. hectáreas que le corresponden en las acciones y derechos de mi hijo en el referido inmueble un precio de $.......... suma superior al avalúo mencionado en la proporción que le corresponde y por el precio, dinero, que se pagará al contado y en dinero efectivo. De este modo, la enajenación de inmueble resulta de manifiesta utilidad para mi hijo, si se tienen en consideración los gastos en que habitualmente se debe incurrir en su mantención, considerando que no tenemos los medios para poder explotar o pedir la partición del referido predio, además, dineros que se invertirán en la educación del menor, pagándose el colegio, gastos médicos menores y en especial que como vivo de allegada y postulando a comprar una casa habitación que ira en directo beneficio del menor, pues, trabajo de temporera y sufragar los gastos mensuales del menor, además, que el dinero que se obtenga como producto de la venta será destinado a atender en mejor forma los gastos de crianza y educación del menor. Hago presente que atendido que tengo la representación legal del menor en virtud del art.43 del Código Civil. POR TANTO: De acuerdo con lo dispuesto en el art.254 del Código Civil, art.153 del Código Orgánico de Tribunales, art.891 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº17 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA DE FAMILIA: Decretar la autorización para enajenar acciones y derechos en el bien raíz individualizado en el cuerpo de este escrito, perteneciente a mi hijo………………., por ser dicha enajenación necesaria y de manifiesta utilidad para ellos, según lo ya expresado. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, se reciba información sumaria de testigos para acreditar la necesidad y utilidad de la enajenación que representa para mi hijo. 302

PRÁCTICA FORENSE

SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos y decretar desde ya su oportuna devolución bajo simple constancia en autos una vez afinada la gestión: a)……………………………………………………………………… b) …………………………...………………………………………… TERCER OTROSI: Solicito a Usía, ordene que el Defensor Público, evacue su informe pertinente en virtud del art.891 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…………., a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad de ………………. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado …………….., para todos los efectos legales. Procedimiento: Voluntario. Materia: Autorización para enajenar Bienes Raíces. Solicitante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Autorización para enajenar. PRIMER OTROSI: Información sumaria: SEGUNDO OTROSI: Acompaña documentos; TERCER OTROSI: Informe Defensor Público; y CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ..............., de profesión ................, domiciliado en .................... Nº....., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia autorización para enajenar una propiedad de mi hijo menor ........................., estudiante, de mi 303

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domicilio, ubicada en calle ......................... Nº ........, de la ciudad de ....................., de la Comuna de ......................., bien que obtuvo de la siguiente forma: ................. La inscripción de dicha finca rola a fs. ........... Nº ......, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la referida comuna, del año ...........; ella está registrada en el Rol de Avalúos con el Nº ........ y tiene los siguientes deslindes: Al Norte: ............................................... Al Sur: .............................. ................... Al Oriente: ..........................................; y Al Poniente: ....... ..................................... Es de gran utilidad, para mi hijo, que la propiedad referida se enajene, pues no conviene mantenerla en su dominio, por las siguientes razones: 1. ............................ 2. ............................ Se ofrece, por un interesado, adquirir dicho inmueble en la suma de $............. y en las siguientes condiciones: a) ............................................... b) ............................................... Dicho precio es muy superior al avalúo fiscal que es de $ ....................., según consta del documento que, más adelante, acompaño. La utilidad de la venta es manifiesta, si se considera, especialmente, que el predio debe ser reparado continuamente; su baja rentabilidad y el pago desproporcionado de contribuciones. Además, es útil vender dicha finca, por las siguientes razones: ......................................................................................................... POR TANTO: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, artículo 255 del Código Civil y art.8 Nº17 y art.102 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Se sirva autorizar en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, la venta de la propiedad de mi representado, mi hijo menor ..............................., en una suma no inferior a $ ........., que se pagará en la siguiente forma: ............................... PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordenar que se reciba información sumaria de testigos, para acreditar la utilidad de la enajenación proyectada. 304

PRÁCTICA FORENSE

SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, se sirva tener por acompañados los siguientes documentos: a) ………………………………………………………………….. b)…………………………………………………………………… TERCER OTROSI: Solicito a Usía, ordene que el Defensor Público informe de esta solicitud en su oportunidad. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, …………….. a quien confiero patrocinio y poder al ………………….. con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos los que doy por expresamente reproducidas, especialmente las de avenir, percibir y transigir, ambos domiciliados en la ciudad de…………………………... Procedimiento: Voluntario. Materia: Autorización judicial para formar sociedad. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Solicita autorización judicial para formar sociedad. PRIMER OTROSÍ: Se tenga presente. SEGUNDO OTROSÍ: Ofrece información sumaria de testigos. TERCER OTROSÍ: Acompaña documentos. CUARTO OTROSÍ: Informe Defensor Público; QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ……………….., comerciante, domiciliado en .................... y ………….., comerciante, domiciliado en ................., a Usía, decimos: Que, tenemos la intención de ingresar y formar parte de una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en la cual serán socios, además de nosotros, mi padre………... y nuestro hermano……………. Esta sociedad tendrá por objeto el expresado en la cláusula 305

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segunda de la escritura de constitución y será la explotación del ramo de la agricultura - ganadería y, en general, todo lo que tenga relación con los productos agropecuarios, la exportación, importación y compraventa de todos esos productos. Consideramos de gran beneficio nuestra incorporación en esta sociedad, toda vez que nuestro padre y hermano ejercen el comercio desde hace mucho tiempo, su experiencia y prestigio nos ayudará a empezar en la mejor forma posible actividades en el comercio, que son las que nos interesan, para nuestro futuro. Siendo menores adultos requerimos la autorización de Ssa., para formar e ingresar a esta sociedad, que se denominará “………. Ltda.” POR TANTO: En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 349 del Código de Comercio, art.254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº16 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PEDIMOS A USÍA: Concedernos la autorización judicial solicitada para formar la sociedad. PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a Ssa., se sirva tener presente que comparece en este escrito nuestro padre don……….., ya individualizado, quien expone a Usía, que ratifica íntegramente lo expuesto por sus hijos………… y ………. a mayor abundamiento autoriza el ingreso de sus hijos a esta sociedad por considerar que esto les será de gran beneficio tanto económico, como para iniciarse en actividades comerciales. SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a Vuestra Señoría, se sirva recibir información sumaria de testigos que pueden acreditar sobre la conveniencia de la autorización solicitada. TERCER OTROSÍ: Solicitamos a Usía, se sirva tener por acompañados los siguientes documentos: + Certificados de Matrimonio. + Certificados de nacimiento. + Copia de la escritura social que deseamos suscribir. CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a Usía, ordene que informe en su oportunidad el Defensor Público. QUINTO OTROSI: Solicitamos a Ssa., tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…………., a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de 306

PRÁCTICA FORENSE

Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad de ………………. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado …………….., para todos los efectos legales.

Procedimiento: Voluntario. Materia: Autorización Gravar Bienes Raíces. Solicitante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Autorización judicial para gravar. PRIMER OTROSI: Información sumaria; SEGUNDO OTROSI: Acompaña documentos; TERCER OTROSI: Informe Defensor Público; y CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ..................., de profesión ..............., domiciliado en ................. Nº ....., a Usía, digo: Que, vengo en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, autorización para enajenar la propiedad de mi hijo menor ....................., de ...... años de edad, estudiante, de mi domicilio, ubicada en calle ...................... Nº ........, de la ciudad de ............, de la Comuna de .............., bien que obtuvo de la siguiente forma: ....................................................... ....................................................... ....................................................... La inscripción de dicha finca rola a fs. ..... Nº ..... del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la referida comuna. Ella está registrada en el Rol de Avalúos con el Nº ....... y tiene los siguientes deslindes: 307

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Al Norte: ........................................ Al Sur: ........................................ Al Oriente: ........................................ Al Poniente: ........................................ Es indispensable, para mi hijo, que la propiedad referida se grave con hipoteca y con prohibición de gravar y enajenar, por la suma de $..........., por las siguientes razones: 1)................................................ 2)................................................ La utilidad de ello es manifiesta, si se considera, especialmente, que el predio debe ser reparado, continuamente; su baja rentabilidad y el pago desproporcionado de contribuciones. Además, con dicho dinero aquella finca se arreglará y así producirá, mes a mes, la suma de $ ........., necesaria para los alimentos y la educación del menor. POR TANTO: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 891 del Código de Procedimiento Civil, el art. 255 del Código Civil y art. 8 Nº17 y art.102 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. SOLICITO A USIA: Decrete autorizarme en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, para gravar la propiedad de mi representado, mi hijo menor......................, en una suma de hasta $ ............, dineros que se destinaran al pago de su educación. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordenar que se reciba información sumaria de testigos, para acreditar la utilidad de gravar la finca de mi hijo menor. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, se sirva tener por acompañados los siguientes documentos: a) Recibo de contribuciones, en el que consta el avalúo fiscal de la propiedad. b) Certificado de inscripción del inmueble, a nombre de mi hijo; c) Certificado de matrimonio, del suscrito con doña ............., madre del menor. d) Certificado de nacimiento de mi hijo referido. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, que en su oportunidad informe el defensor público. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el 308

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ejercicio de la profesión don…………., a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad ……………. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado…………. Procedimiento: Voluntario. Materia: Autorización para Litigar. Solicitante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Autorización para litigar y curador para la litis. PRIMER OTROSI: Información sumaria de testigos; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ..........., de profesión ............... domiciliado en ................... Nº..........., a Usía, digo: Debo presentar demanda de ..............., en procedimiento ................., en contra de don ....................., de profesión .........................., domiciliado en .................... Nº..., de esta ciudad, a fin de que se declare mi derecho a ................ (o con el fin de cobrar, efectivamente, lo que él me adeuda). En razón de que soy menor de edad, la que consta del certificado de nacimiento que acompaño, debo parecer, en juicio, representado o autorizado por mi padre don ...................., de profesión ......................., domiciliado en ........................ Nº........, oficina Nº......., de esta ciudad. Mi padre me ha negado la autorización correspondiente, de lo cual se siguen los siguientes perjuicios: 1. ............................ 2. ............................

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POR TANTO: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Civil y art.254 y 829 y Ss., del Código de Procedimiento Civil y Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Se sirva autorizarme para litigar, en la forma dicha en el cuerpo de este escrito, y nombrarme un curador para que me represente en el juicio correspondiente, previa citación de mi señor padre, don..............................., ya individualizado. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordenar que se reciba información sumaria de testigos para acreditar los hechos invocados en lo principal. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, …………….. a quien confiero patrocinio y poder al ………………….. con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos los que doy por expresamente reproducidas, especialmente las de avenir, percibir y transigir, ambos domiciliados en la ciudad de…………………………... Procedimiento: Voluntario. Materia: Autorización Enajenar Derechos de Aguas. Solicitante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Autorización para enajenar derechos de aguas. PRIMER OTROSI: Información sumaria; SEGUNDO OTROSI: Acompaña documentos; TERCER OTROSI: Informe el defensor público; y CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. .............................., Profesión u oficio domiciliada en la ciudad de …...................., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, autorización para enajenar ………… 310

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derecho de aprovechamiento de agua a Usía, debido a que mi hija……………, estudiante de mí mismo domicilio, es de menor de edad, a quien tengo a cargo y ejerzo la patria potestad. Es de gran utilidad enajenar ……. regador de agua, para poder suplir las necesidades básicas de esta menor como son vestuario, colegiatura, alimentación, vivienda y todos los gastos anexos a su manutención educación y crianza en general, que van en directo beneficio y utilidad de la menor. Se ofrece, por un interesado, adquirir medio regador en la suma de $.................. pesos, el precio total de dicha enajenación se pagará al contado en dinero en efectivo al firmarse el respectivo contrato en la notaria. Lo que equivale aproximadamente a ………del total de la herencia que en dinero es aproximadamente la suma de $.......... pesos, debo mencionar a Usía, que no existe un valor determinado fijo, pues, consulte en la Asociación de Canalistas………., precio que lo fija el mercado, por lo que no se me puede certificar nada. Dicho precio es superior a lo que sé esta transando un regador de aguas en un $............., considerando que se pretende vender medio regador en $............. pesos, hago presente a Vuestra Señoría, que estos precios son los de mercado, consulte en la Asociación de Canalistas del………., y en la cual me manifestaron, que no puede certificar dicho precio, por ser el mercado el que regula el precio. La utilidad de la venta es manifiesta pues el valor es superior al de mercado. Señalo a Usía que el regador que deseo vender proviene del Canal del ………. y de …….regadores, Inscrito en el Registro de Propiedad de Aguas, Conservador de Bienes Raíces de… ……a fs…… N°…….. del año….., cuya copia de inscripción se acompaña en otrosí. POR LO TANTO: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 254 y 891 del Código de Procedimiento Civil y art. 8 Nº17 y art.102 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete autorizar en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, la venta de……… regador de agua del derecho de aprovechamiento inscrito a fs……….N°……..del año………, en una suma no inferior a $.........., que se pagará en dinero en efectivo por el comprador a la firma de la escritura respectiva en la Notaría. 311

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PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordenar se reciba información sumaria de testigos para acreditar la utilidad de la enajenación proyectada del medio regador de agua. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos: 1.- Inscripción del Registro de Propiedad de Aguas, en que consta…. regadores del canal………, y que la venta se realizará sobre …….. regador de agua. 2.- Copia autorizada de la posesión efectiva en que se acredita los parentescos y por consiguiente la comunidad habida entre mis hijos y yo. 3.- Certificado de nacimiento de la menor. 4.- Un cerificado de matrimonio. 5.- Un certificado de defunción. TERCER OTROSI: Sírvase Usía, solicitar que el Sr. Defensor Público evacue su dictamen en la oportunidad correspondiente, en mérito del art. 891 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que vengo en conferir patrocinio y poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don……….., con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, especialmente con las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de………..POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado………..…… SÉPTIMA SECCIÓN - AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS Procedimiento: Particular. Materia: Autorización para salir del país. Demandante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: 312

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EN LO PRINCIPAL: Solicita autorización para salir del país. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; y SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y poder e ingreso intranet. Señor Juez Familia. ……………, Profesión u oficio domiciliada en la ciudad de………, a Usía, digo: Que, vengo en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, en solicitar autorización judicial para salir del país a favor de mi hija menor ………………., en contra de su padre don ………………., domiciliado en la ciudad de……………., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que tengo, a mi cargo, en mi domicilio, a mi hija, la menor …………., estudiante, de…años de edad, quien necesita salir del país junto a mi, su madre, en principio con destino al país de …………………y luego, si mi trabajo lo requiere, y es necesario trasladarnos por el resto de Europa o el mundo, pues buscaré siempre las mejores condiciones de trabajo que me permitan asegurar la educación y el desarrollo de mi hija. (2) Que, la relación de madre que me une a la menor, no sólo es una relación parental, sino emocional, llena de afecto y apego, por lo que consideró del todo contrario al sentido común tener que alegarme de ella teniendo que dejarla al cuidado de otra persona, sobre todo en consideración de sus pocos años, jamás será tan bien cuidada, querida y protegida, si no es conmigo. (3) Que, todo lo que pretendo es buscar mejores expectativas de futuro y vida para ambas, es por ello que deseo me acompañe y que no se separé de mi lado, por ningún motivo o circunstancia, si eso no es factible y se me permite. (4) Que, como estamos divorciados con el padre de la menor me toca por ley su cuidado personal, según el art.225 del Código Civil. (5) Que, el padre de la menor, mi ex cónyuge, me ha expresado en reiteradas oportunidades que autorizaría la salida del país de nuestra hija, siempre y cuando yo le cancele una cierta cantidad de dinero. Hago presente que el padre de mi hija, cumple en forma discontinuada y paupérrima su obligación legal y moral de pensión de alimentos, según consta en causa RIT ……….. 313

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(6) Que, al negarse la autorización de salir del país de mi hija, se limitará su desarrollo, tanto intelectual, idiomático y económico ya que con lo que gano aquí sólo subsisto, con lo que ganare en Europa podré darle una mejor vida a mi hija. Todo ello reporta un beneficio directo a la menor por eso la demanda. Además, de lo que significaría para su desarrollo emocional, intelectual y conductual, el estar obligada a crecer lejos de su madre. (7) Que, hago presente que en caso alguno la menor será dada en adopción, ya que vivirá conmigo. (8) Que, además, me ampara el art. 9 y 10 de la Convención sobre Derechos del Niño, que se encuentra ratificado por Chile, según la Constitución Política de la República en su art.5 inciso 2. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art. 49 y 49 bis de la Ley 16.618 sobre Menores, art.5 inciso 2 de la Constitución Política de República, art. 9 y 10 de la Convención de los Derechos del Niño y art.225 y Ss., del Código Civil y art. 8 Nº10 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, previa citación de don ………………, ya individualizado, conceder, autorización para salir del país con destino a ……………..al menor ………………. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, decrete tener por acompañados los siguientes documentos, que comprueban la necesidad del viaje y el beneficio que reportará al menor el viaje referido: 1.- Certificado de matrimonio. 2.- Contrato de trabajo en ..................... SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don……….., a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en …………... POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado …………………., cédula de identidad ……….., para su ingreso a intranet, correo electrónico………………..para todos los efectos legales.

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Procedimiento: Particular. Materia: Autorización para salir del país. Demandante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Solicita autorización para salir del país desde ya. PRIMER OTROSI: Certificación; SEGUNDO OTROSÍ: Tráigase a la vista causa RIT que indica; y TERCER OTROSI: Patrocinio y poder e ingreso intranet. Señor Juez Familia. ……………, Profesión u oficio domiciliada en la ciudad de………, a Usía, digo: Que, vengo en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, en solicitar autorización judicial para salir del país desde ya, a favor de mi hija menor …………., en contra de su padre don ………., domiciliado en la ciudad de………., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que tengo, a mi cargo, en mi domicilio, a mi hija, la menor …………., estudiante, de…años de edad, quien necesita salir del país junto a mi, su madre, en principio con destino al país de …………………y luego, si mi trabajo lo requiere, y es necesario trasladarnos por el resto de Europa o el mundo, pues buscaré siempre las mejores condiciones de trabajo que me permitan asegurar la educación y el desarrollo de mi hija. (2) Que, la relación de madre que me une a la menor, no sólo es una relación parental, sino emocional, llena de afecto y apego, por lo que consideró del todo contrario al sentido común tener que alegarme de ella teniendo que dejarla al cuidado de otra persona, sobre todo en consideración de sus pocos años, jamás será tan bien cuidada, querida y protegida, si no es conmigo. (3) Que, Ssa., el padre de la menor a sido apremiado según consta de Cuaderno de Cumplimiento más de ........ veces, para que pague la pensión de alimentos, hecho que aún no se paga, al haber orden de arresto pendiente. 315

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(4) Que, me ampara jurídicamente el art.19 Nº3 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias que dice: “Art.19. Si constare en el expediente que en contra del alimentante se hubiere decretado dos veces alguno de los apremios señalados en los artículos 15 y 16, procederá en su caso, ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva, lo siguiente: Nº3 Autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del alimentante, en cuyo caso procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto de artículo 49 de la ley Nº16.618”. (5) Que, además, me ampara el art. 9 y 10 de la Convención sobre Derechos del Niño, que se encuentra ratificado por Chile, según la Constitución Política de la República en su art.5 inciso 2. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art. 49 inciso 6 y art. 49 bis de la Ley 16.618 sobre Menores, el art.19 Nº3 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, art.5 inciso 2 de la Constitución Política de República, art. 9 y 10 de la Convención de los Derechos del Niño, art.225 y Ss., del Código Civil y art. 8 Nº10 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, conceder sin consentimiento del padre, desde ya, la autorización para salir del país con destino a ……………..al menor ………………. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordene certificar como es efectivo que contra el padre…….. se han despachado sendas ordenes de arrestos en el Cuaderno de Cumplimiento, RIT……indicándose el número de veces y fechas de las mismas. SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a Usía, se traiga a la vista la causa RIT……. sobre Cuaderno de Cumplimiento, caratulada “……con….”, para acreditar las circunstancias de lo principal de esta solicitud. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…….., a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en ………... POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado ……………., cédula de identidad ……….., para su ingreso a intranet, correo electrónico……………..para todos los efectos legales. 316

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AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MENOR DEL PAÍS (PODER) Comparece don……............…………, chileno, abogado, soltero, cédula de identidad ……….........……, domiciliado en la ciudad de ……….........….., calle……............….. y doña………..........chilena, kinesiólogo……..................soltera, cédula de identidad…..........….. domiciliada en la ciudad de….........…… ambos mayores de edad y exponen: Que, por este acto los comparecientes padre y madre respectivamente, vienen en autorizar la salida del país de su hijo menor de edad……………de……años………., cédula de identidad…………….domiciliado en la ciudad de …...........….. y que se encuentra bajo el cuidado personal de su madre / padre…………..ya individualizada, para ausentarse del territorio nacional, con destino hacia…............…..a contar de….............. a………....….en compañía de su madre doña…....................….. usando para ello la vía y medio de transporte que mejor estime y sometiéndose a la legislación del país visitado por el cual se otorga esta autorización. La presente autorización en ningún caso compromete la posibilidad de que respecto del menor en el país o en el extranjero se realice trámites, diligencias o actuaciones que tiendan en alguna forma a darlo en adopción o en cualquier otra calidad que signifique la privación del derecho a una relación directa y regular y demás derechos que correspondan a los padres sobre la persona y bienes del hijo.

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AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MENOR DEL PAÍS (ESCRITURA PÚBLICA) Comparece don………………, chileno, abogado, soltero, cédula de identidad ……………, domiciliado en la ciudad de ………….., calle……….. y expone: PRIMERO: Que mediante este instrumento, viene en autorizar la salida del país de su hijo ……………..de……. años………,cédula de identidad ……………., domiciliado en la ciudad de……………..y que se encuentra bajo el cuidado personal de su madre doña………….. SEGUNDO: El citado menor sólo podrá salir del país bajo el cuidado personal de su madre doña ………….., chilena, soltera, Kinesiólogo, cédula de identidad …………, domiciliada en la ciudad de….…………... TERCERO: La presente autorización sólo será válida para ingresar (al) o a los siguientes países…………. por un plazo máximo de ……..días, siendo su retorno en forma impostergable el día …………., a contar desde la firma de esta autorización. CUARTO: La presente autorización en ningún caso compromete la posibilidad de que respecto del menor en el país o en el extranjero se realice trámites, diligencias o actuaciones que tiendan en alguna forma a darlo en adopción o en cualquier otra calidad que signifique la privación del derecho a una relación directa y regular y demás derechos que correspondan a los padres sobre la persona y bienes del hijo. QUINTO: Que respecto de cualquier otro requisito la madre …..........…….., deberá regirse por los Tratados Internacionales y Convenciones reconocidas por Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Policía Internacional e INTERPOL, para la salida e ingreso del país. Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para que requiera y firme las inscripciones, subinscripciones, autorizaciones y anotaciones que sean procedentes, especialmente ante la Policía de Investigaciones de Chile. Minuta firmada por el abogado en ejercicio de esta ciudad………........................…...

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OCTAVA SECCIÓN - AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR UN MENOR Procedimiento: No contencioso. Materia: Autorización para trabajar otorgada a un menor. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Solicita autorización para trabajar a un menor. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos con citación; SEGUNDO OTROSI: Se reciba información sumaria; y TERCER OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia …………………….., trabajador, domiciliado en la ciudad de ...................., calle ........................, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, la autorización para trabajar de la menor...................quien es mi hija infante que actuará, bajo mi supervisión y cuidado como……….., no obstante estas circunstancias el empleador exige autorización del juez para evitar así cualquier contravención a las normas legales vigentes en el país en materia laboral y Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue ratificada por Chile. Ahora, bien no existe norma especifica que trate esta materia pero por aplicación de diferentes normas relacionadas es que recurro a Usía, de esta autorización, como es el art.8 Nº17 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, que señala que conocerán “De los demás asuntos que otras leyes les encomienden”. Además, el Código del Trabajo en sus art.13 a 18 en el Título “Capacidad para Contratar y otras Normas Relativas al Trabajo de los Menores”, no expresa nada en relación a esta materia, por lo que se debe recurrir a las reglas generales y presentar la solicit al Juez de Familia que corresponda. La labor a desempeñar será de……………..o en los siguientes horarios....................., en que estará bajo cuidado y supervisión de don...............................y por este trabajo se le pagará una 319

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remuneración líquida de $................................, suma que se le pagará a su padre a través de cheque nominativo para todos los efectos legales. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en la Ley 16.618 sobre Menores, art.254 del Código de Procedimiento Civil, art.18 a 19 del Código del Trabajo, art.5 inciso 2 de la Constitución Política de la República, Convención de los Derecho del Niño, ratificado por Chile y art.8 Nº17 y 102 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete autorizar en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, a trabajar al menor ........................en los horarios señalados, bajo mi supervisión y cuidado personal. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos: 1.- Certificado de nacimiento del menor. 2.- Contrato de trabajo. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., ordene recibir información sumaria de testigos para acreditar los beneficios económicos y desarrollo personal que implica esta actividad. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, ....………. quien confiero patrocinio y poder al………… con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos los que doy por expresamente reproducidas, especialmente las de avenir, percibir y transigir, ambos domiciliados en la ciudad …………………………

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR MENOR DE EDAD (ESCRITURA PÚBLICA) Comparece don………………, chileno, abogado, cédula de identidad ……………, y doña ……….educadora de párvulos, cédula de identidad…………..ambos domiciliados en la ciudad de ………….., calle……….. y exponen: PRIMERO: Que mediante este instrumento, vienen en autorizar a su hija …………., de …….años, cédula de identidad ……………., del mismo domicilio de los comparecientes…………..para que trabaje como 320

PRÁCTICA FORENSE

…………. en una producción……….. los días……..…………..del año en curso. SEGUNDO: Que, la remuneración que perciba la citada menor será depositada en la cuenta de ahorro del banco……..que esta a su nombre y se destinaran en lo futuro a su educación. TERCERO: Que, el productor se obliga a respetar los Tratados Internacionales ratificados y vigentes por Chile, sobre Protección de Menores y Trabajo Infantil, que para estas circunstancias será supervisado en forma personal por los padres de consuno o en forma independiente, siendo ellos obligados a acompañar a la menor a todas y cada una de las sesiones programadas al efecto. Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para que requiera y firme las inscripciones, subinscripciones, autorizaciones y anotaciones que sean procedentes. Minuta firmada por el abogado en ejercicio de esta ciudad………….……………... NOVENA SECCIÓN - BIENES FAMILIARES Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Declaración de bien familiar. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda se declare bien familiar que indica. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSI: Se dicte resolución de declaración de bien familiar provisoria y decrete su inscripción; TERCER OTROSI: Solicita se conceda beneficio de privilegio de pobreza, en atención al art.140 inciso 4 del Código Civil; CUARTO OTROSI: Se oficie; y QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder. 321

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Señor Juez Familia. …………………………………………., domiciliada en la ciudad de……………., a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, se declare bien familiar el inmueble ubicado en …………………………, e inscrito a nombre de mí cónyuge ………….con domicilio particular en……………, calle… …………..y domicilio laboral en……………y que sirve de residencia principal a la familia habida del contrato de matrimonio, con el demandado, basándose en los antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer: Que, soy casada en régimen de separación total de bienes hace …….años con el demandado………………. separada de hecho por más de………., en los últimos meses de nuestra convivencia el demandado me dijo que ........................ Ante estos antecedentes tengo fundado temor que como represalia decida vender la propiedad e irse de la ciudad quedando los niños y yo sin un lugar donde vivir. Si bien es cierto que nos casamos con régimen separación de bienes, cuyas consecuencias jurídicas desconocía, no es justo que la casa que tanto nos costo adquirir, que tanto sacrificios ha significado la venda dejándonos a mí y nuestros hijos dando vueltas de allegados arrendado quizás que casa o piezas. Todo lo cual fundo en art 141 inciso 1, parte final, del Código Civil. La ley, señala que es el cónyuge quien debe solicitar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, que se declare en sentencia judicial el inmueble ocupado por la familia como BIEN FAMILIAR que a fin de que la declaración de bien familiar no sea burlada por el otro cónyuge, la norma dispone que la sola presentación de la demanda (no exige la notificación) transforma provisoriamente en familiar el bien de que se trata. PUES: En mérito de lo expuesto y dispuesto en los artículos 141, 142, 143, 1121 del Código Civil, art.8 Nº14 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y art.254 y Ss., del Código de Procedimiento Civil. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, contra de don………………………..ya individualizado, previo examen de 322

PRÁCTICA FORENSE

admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio: 1) Declare bien familiar el inmueble ubicado en la ciudad de …………, inscrito a nombre demandado a fs……….., N°….., del año……., del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de……..; 2) Que, se ordene practicar la respectiva subinscripción en el Conservador de Bienes Raíces, al margen de la inscripción de dominio; y 3) Que, todo ello con expresa condenación en costas. PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa, tener acompañados citación, los siguientes instrumentos: 1.- Certificado de matrimonio; 2.- Certificados de nacimiento de nuestra prole habida del contrato de matrimonio; y 3.- Copia de inscripción de dominio de la propiedad, que se demanda declare bien familiar. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., en virtud de dispuesto en el artículo 141 inciso 3 del Código Civil, decretar provisoriamente familiar el inmueble ubicado en la ciudad ………………………., inscrito a fs…….Nº……, año…., del Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de……… y decretar se anote dicha resolución al margen de dicha inscripción con el sólo mérito oficio con el cual el Tribunal notifique al Conservador Bienes Raíces. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa, tener presente que por el solo mérito de la ley y para realizar esta inscripción mi representada goza de privilegio de pobreza, según lo señala en el art. 141 inciso 4 del Código Civil. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, ordene oficiar al Sr. Conservador de Bienes Raíces para que practique la subinscripción con el mérito del decreto que proveerá Usía, según el inciso 3 parte final del art. 141 del Código Civil: “El Conservador practicará la subinscripción con el sólo mérito del decreto que, de oficio, le notificará el tribunal”. QUINTO OTROSI: Solícito a Ssa, tener presente que patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión .....………, a quien otorgo patrocinio y poder ………………..con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir 323

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y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en……….. Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Desafectación bien familiar. Peticionario: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda desafectación de bien familiar. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia .................., de profesión .............., domiciliado en la ciudad .................. Nº ......, a Usía, digo: Que, vengo interponer demanda de desafectación de bien familiar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Que, fui casado con doña ..................., de profesión ............., domiciliada en ................... Nº ....... y, posteriormente, en nuestro matrimonio se decreto el divorcio (o anuló) por resolución del Tribunal de Familia de ......................, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada ............, según consta del certificado de matrimonio con subincripción, que acompaño en otrosí. Mientras estuvimos casados y por resolución del ......... Tribunal de Familia de ............................, se declaró bien familiar el inmueble de mi propiedad de calle ............................... Nº ............, comuna de ....................., de la ciudad de ..................., inscrito a mi nombre a fojas ............ Nº .............. del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esa ciudad, del año 200…...... junto con dicha casa, también se declararon como bienes familiares los muebles que la guarnecían. 324

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Que, se decreto el divorcio (o nulidad matrimonio), según dijimos, por lo que no corresponde que dicha propiedad siga teniendo la calidad de bien familiar. POR TANTO: De acuerdo a los antecedentes de hecho expuestos, artículo 145 inc. 3 del Código Civil, art.254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº14 de Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete tener presentada demanda de desafectación de bien familiar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: Que la propiedad, inscrita a fs……Nº……del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de……del Registro de Propiedad del año….. y los muebles que la guarnecen dejen de tener la calidad de bienes familiares. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos, con citación: 1.- Certificado de matrimonio con subinscripción de divorcio. 2.- Copia autorizada de la inscripción de la propiedad individualizada, en donde se halla subinscrita la calidad de bien familiar de dicho inmueble. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa, tener presente que patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión .....………, a quien otorgo patrocinio y poder …………………..con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en……….. Procedimiento: Voluntario Materia: Desafectación bien familiar de común acuerdo. Peticionarios: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: 325

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EN LO PRINCIPAL: Solicitud de desafectación de bien familiar de común acuerdo. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ................., de profesión .............., domiciliado en .................. Nº ...... y ........., de profesión .............., domiciliado en .................. Nº ......, ambos como hijos y herederos del causante que se dirá; y doña ................, como su viuda, de profesión .............., domiciliada en .................., Nº ......., a Usía, decimos: Que, presentamos solicitud en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, de desafectación de bien familiar, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que exponemos: Que, la suscrita doña ................., fue casada con don .......... ...................... durante el matrimonio y por resolución del Tribunal de Familia (o Juzgado Civil) de ............................, se declaró "bien familiar" el inmueble social, inscrito a nombre del marido, de calle ............................... Nº ............, de la comuna de ....................., de la ciudad de ...................., de la ..................... Región, cuya inscripción rol a fojas ............ Nº .............. del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esa ciudad, del año 200…...... Junto con dicha casa, también se declararon, como bienes familiares, los muebles que la guarnecían. El cónyuge don ..................................... falleció el día ........ de ...................... de 199.... La posesión efectiva fue concedida a los hijos suscritos por resolución administrativa (o Juzgado Civil de) .................., sin perjuicio de los derechos de la cónyuge sobreviviente que firma, con fecha ....... de .................. de 200…...., e inscrita a fojas ....... Nº ........., del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de ................, del año 200….... Como el matrimonio terminó por la muerte de uno de los cónyuges, no corresponde que dicha propiedad siga teniendo la calidad de bien familiar. POR TANTO: De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, art. 145 inciso 3 del Código Civil, art.8 Nº14 y 102 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia.

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PEDIMOS A USIA: Decrete tener presentada solicitud en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, en nuestra calidad de causahabientes del cónyuge difunto, y de cónyuge sobreviviente, respectivamente, se sirva tener presentada esta solicitud de desafectación de bien familiar, ya individualizada; acogerla y decretar, en definitiva, que dicha propiedad y los muebles que la guarnecen dejan de tener la calidad de bienes familiares, con citación de nosotros mismos, como herederos. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos: 1.- Certificado de matrimonio del causante dicho con la suscrita doña ................................., hoy su viuda. 2.- Copia autorizada de la inscripción de propiedad de la casa ya individualizada, en donde se halla subinscrita la calidad de bien familiar de dicho inmueble. 3.- Certificado de defunción de don .................................... 4.- Copia autorizada de la inscripción de la posesión efectiva y de la especial de herencia. SEGUNDO OTROSI: Solicitamos a Ssa, tener presente que patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión ....………, a quien otorgo patrocinio y poder …………………..con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en……….. Procedimiento: Voluntario Materia: Constitución de usufructo sobre bien familiar. Peticionaria: Rut: Abogado patrocinante Rut: Apoderado: Rut:

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EN LO PRINCIPAL: Solicitud de constitución de usufructo sobre bien familiar. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. .................., de profesión .............., domiciliada en .................. Nº ......, a Usía, digo: Que, presento solicitud en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, de autorización para constituir un usufructo sobre un "bien familiar" según lo que paso a exponer: Soy casada con don ........................................, de profesión ............., domiciliado en ................... Nº ......., según consta del certificado que acompaño. Por resolución del ..........Tribunal de Familia (o Juzgado Civil) de ............................, se declaró bien familiar la casa en que vivíamos junto a nuestros hijos comunes. Dicha casa es de propiedad de mi cónyuge y se encuentra ubicada en calle ............................... Nº ............, comuna de ....................., de la ciudad de ...................., inscrita a su nombre a fojas ............ Nº .............. del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esa ciudad, del año 19........ Junto con dicha casa, también se declararon, como bienes familiares, los muebles que la guarnecían. Desde el mes de ............... de 199.... mi cónyuge y yo nos encontramos separados de hecho. Él vive en otro lugar y yo me quedé en la casa, junto con mis ....... hijos (de ......, ...... y ..... años de edad). Mi renta mensual ascendente a $ ................. proveniente de mi trabajo de ................... y la ayuda económica que entrega mi marido todos los meses de $ ......................., no resultan suficientes para mantenerme a mí, a mis hijos y para pagar, además, un arriendo en otro lugar. Conviene hacer presente que nuestros gastos mensuales son los siguientes: ……………………………………………………………………........ Por esto, el usufructo de esa casa resulta necesario para el adecuado mantenimiento de nuestros hijos. Además, mi cónyuge tiene el deber de colaborar al mantenimiento de la familia común, lo cual bien podría verse cumplido por medio de la constitución de un usufructo en favor de la suscrita y los hijos. POR TANTO: De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos, art. 147 del Código Civil, art.8 Nº14 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y art.254 del Código de Procedimiento Civil. 328

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PIDO A USIA: Se sirva tener presentada en Procedimiento no Contencioso ante los Tribunales de Familia, solicitud de constitución de usufructo sobre un "bien familiar", acogerla y constituir, a mi favor y de los hijos comunes, el usufructo sobre dicha propiedad y sobre los muebles que la guarnecen, ordenando su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, con citación de don .............................., ya individualizado. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos: 1.- Certificado de matrimonio en que consta nuestro matrimonio, con citación. 2.- Certificados de nacimiento de nuestros ......... hijos, con citación. 3.- Copia autorizada de la inscripción de propiedad de la casa ya individualizada, en donde se halla subinscrita la calidad de bien familiar de dicho inmueble, con citación. 4.- Recibos de pago y otros documentos, que acreditan los gastos de la familia, bajo el apercibimiento del art. 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil. 5.- Liquidación de remuneraciones de los ....... últimos meses que acreditan mi renta mensual, bajo el apercibimiento del art. 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil. 6.- Copia autorizada por el .......º Juzgado Civil de ...................... del inventario de los bienes muebles que guarnecen la propiedad y de la resolución que los declaró bienes familiares, con citación. SEGUNDO OTROSI: Solícito a Ssa, tener presente que patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión don……............... a quien otorgo patrocinio y poder …………………..con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en………..

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DÉCIMA SECCIÓN - CUIDADO PERSONAL Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Cuidado personal de menor. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda el cuidado personal de menor que indica. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSI: Se entregue custodia de menor en forma provisoria; TERCER OTROSI: Medios de prueba; y CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ………………….…………, domiciliado en la ciudad de…………, a Usía, digo: Que, vengo en demandar a través del Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, el cuidado personal del menor……………a mí cónyuge……………………., domiciliado…………………………, vínculo que se acredita por certificado de matrimonio que acompaño en otrosí.3 Que, mi cónyuge, ya individualizada nos abandono a mí e hijos menores ………….., de ……… años respectivamente de mí mismo domicilio, hace más de … años ella se fue sin razón aparente, pues, nos llevábamos bien en nuestra relación de pareja, ignoro si lo hizo por alguna relación adultera y/u otro motivo. Todo esto me ha llevado a profundizar el vínculo padre e hijo y sacarlos adelante en el aspecto psicológico dada su menor edad y lo difícil que resulta adaptarse a la nueva realidad. 3: Es recomendable pedir en la audiencia preparatoria, los siguientes oficios: 1.- A un psicólogo, para que emita informe sobre su actual condición mental. 2.- Al colegio del menor para que la profesora jefe de los niños, manifieste sobre su rendimiento escolar y quien concurren a la reunión de apoderados. 3.- Se evacue un informe social, para que determine la condiciones en que esta viviendo actualmente el menor. 330

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Ssa., la madre no ha venido ha verlos, o visitarlos ni llamado, ni yo he querido presionarla a que lo haga para evitar más daños emocionales a los niños. Solicito el cuidado personal de mis hijos en forma formal, por las razones siguientes: 1º Existe un cuidado y precaución permanente por el cuidado de mis hijos menores, por faltar la madre que la ley ampara en el cuidado de los hijos, según lo señala el art. 225 inciso 3 del Código Civil; 2º Yo me he preocupado que nada les falte en lo sentimental y psicológico y consecuencialmente en lo material; 3º Para evitar la desintegración familiar si la madre viene y se los quiere llevar dado lo difícil de la situación emocional que vivieron; y 4º Dado que se desconocen en que condiciones esta viviendo o con quien, dado el peligro que importaría para la salud física, psicológica de los menores y que en la actualidad ha habido maltratos a menores, violaciones y hasta la muerte de los menores por el conviviente o pareja de las mujeres. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art. 225 inciso 3 del Código Civil y Ss., art. 254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº1 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por el cuidado personal de los menores…….. en contra de don (doña) ...........……, ya individualizada, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declare: 1) Que, se acoge la demanda de cuidado personal de los menores en todas y cada una de sus partes; 2) Que, en consecuencia me corresponde a mí................. su cuidado personal y representación en su calidad de ….........… (padre ó madre). PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., tener por acompañada las partidas de matrimonio y de nacimiento, en las que consta mi parentesco………. (de padre o madre) de los menores. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., se me entregue la custodia del menor en forma provisoria, mientras se ventila este juicio. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que me valdré de todos los medios de prueba que me franquea la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. 331

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CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, .......………don……….., a quien confiero patrocinio y poder con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en ambos incisos, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado la ciudad de ………………. Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Cuidado personal. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda cuidado personal de menor que indica. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; y SEGUNDO OTROSI: Medios de prueba; y TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ...................., de profesión .........., domiciliada en la ciudad de .................... Nº......., a Usía, digo: Que, vengo en demandar a través del Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, el cuidado personal del menor……………a mí cónyuge……………………., domiciliado…………………………, vínculo que se acredita por certificado de matrimonio que acompaño en otrosí. Consta de los documentos que acompaño, que tengo la calidad de madre del menor "..................", de .......... años de edad. Mi cónyuge, ya individualizado, tiene – consigo a nuestro hijo recién nombrado, a pesar de que ello no es conveniente para el menor en cuanto a su alimentación, cuidado material y educación, por las razones siguientes: 1º ...................................................... 2º ...................................................... 3º ..................................................... 332

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POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art. 225 inciso 3 del Código Civil y Ss., art. 254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº1 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por el cuidado personal del menor………….. en contra de don (doña) …………………, ya individualizada, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, se declare: 1) Que, se acoge la demanda de cuidado personal del menor en todas y cada una de sus partes; 2) Que, en consecuencia me corresponde a mí………….. su cuidado personal y representación en su calidad de ………… (padre ó madre). PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., tener por acompañada las partidas de matrimonio y de nacimiento, en las que consta mi parentesco………. (de padre o madre) de los menores. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que me valdré de todos los medios de prueba que me franquea la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, .....…………don…………….., a quien confiero patrocinio y poder con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en ambos incisos, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de………………… Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Cuidado personal. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Demandada: Rut: Domicilio: 333

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EN LO PRINCIPAL: Demanda el cuidado personal de menores que indica. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSI: Se entregue custodia de menores en forma provisoria; TERCER OTROSI: Medios de prueba; CUARTO OTROSI: Audiencia menores y citación de parientes; QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ………….., domiciliado en la ciudad de…………, a Usía, digo: Que, vengo en demandar a través del Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, el cuidado personal de mi hijos menores………. años y …………, de …años, ambos de filiación no matrimonial, a doña ………….., ……, domiciliada en la ciudad de…………., calle………., madre de los menores indicados, en razón de los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que, los menores …………………., nacido con fecha ……., hoy de ….años de edad, y ………, nacida con fecha……., hoy de ….años de edad, son mis hijos de filiación no matrimonial, lo que se acredita por certificados de nacimientos que se acompañan en otrosí. (2) Que, con la madre de los menores, doña…….., ya individualizada, mantuvimos una relación afectiva y de convivencia por ….años aproximadamente, producto de la cual nacieron nuestros hijos comunes. (3) Que, una vez que dicha relación acabo entre nosotros, ella, en su carácter de madre de los menores, quedo con el cuidado personal de los mismos. (4) Que, producto de nuestra separación y los hechos que la motivaron, los que causaron un conflicto entre nosotros, es que existen causas tanto de alimentos, relación directa y regular, además, un ingreso por VIF, todas de este mismo Tribunal. (5) Que, a pesar de que nuestra relación de pareja, con doña………….., término en forma poco amistosa, jamás me he desentendido de mis obligaciones de padre respecto de los menores, al contrario, he intentado profundizar nuestro vínculo afectivo, con el firme propósito de sacarlos adelante, sobre todo lo que dice relación con el aspecto psicológico, ello dada su corta edad, y lo difícil que resulta adaptarse a una nueva realidad, incluso para un adulto, como yo. Además, de otorgar una pensión de alimentos, que contribuya a solventar todos sus gastos, ello en consideración a la edad de los mismos. 334

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(6) Que, se me ha informado, por personas cercanas a doña ……….., que esta no muestra gran interés ni preocupación por nuestros hijos, que los mantiene solos durante largas horas, que no se preocupa de alimentarlos en horas adecuadas, ni de llevarlos al Jardín infantil. Además, de constatar que los mantiene desaseados, con sus ropas sucias, sin enseñarles modales ni reforzar buenas costumbres, de ello he sido testigo, cuando concurro a ver a los menores. (7) Que, puedo agregar, que es ella misma, doña……………., quien en algunas ocasiones, me los deja para poder salir, sin indicar cuando los vendrá a buscar, correspondiéndome bañarlos, lavar sus ropas, darles comida, llevarlos a sus controles médicos, al jardín infantil. (8) Que, si bien esto no me causa ningún perjuicio, al contrario es para mi una satisfacción poder ocuparme y preocuparme de mis hijos. No es menos cierto que corresponde a quien tiene el cuidado personal de los menores ocuparse de todos estos temas, relacionados con el cuidado directo de los mismos, pues, es quien los representa ante todas las instancias e instituciones, que dicen relación con los menores y su desarrollo, como el jardín infantil, controles médicos, etc. (9) Que, también, ha ocurrido, que doña………., una vez que le he depositado el dinero correspondiente a la pensión de alimentos de los menores, me llama por teléfono, por la tarde de ese mismo día, o al otro día, para señalarme que ya no tiene dinero y que los niños no tienen que comer, lo que me extraña de sobremanera, pues, además de los alimentos fijados, pago el arriendo e insumos básicos, lo que me hace presumir, que no administra de manera correcta dichos dineros, y que menos lo hace en beneficio de los menores. Por todo lo antes dicho, es que vengo en por este acto, en solicitar a Ssa., me otorgue el cuidado personal de mis hijos menores, por las siguientes circunstancias: 1ª Existe un cuidado y preocupación permanente de mi parte, hacia mis hijos menores, tanto en lo afectivo como económico, cuidado que la madre ha sido indolente en cumplir, por lo que mi pretensión se encuentra amparada en los términos del art.225 inciso 3 del Código Civil, que en la parte respectiva señala “…cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el Juez podrá 335

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entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención de hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo…” 2ª Que, doña………….., me ha manifestado querer trasladarse a la ciudad de ……., ignoro el motivo de ello, pero me preocupa, no poder conocer las condiciones, en que serán mantenidos los menores, o con quien, dado el peligro que eventualmente, importaría para la salud física y psicológica de los menores. Ya que al no estar cerca de ellos, no podría protegerlos, ni cumplir con mi deseo de seguir manteniendo el vínculo parental afectivo concreto, pues ella no da ninguna seguridad en cuanto a responsabilizarse por el cuidado y bienestar de los menores, no manifiesta interés ni preocupación reales por los niños, solo se limita a cumplir el mínimo requerido, por ellos. 3ª Que, hago presente, a Ssa., que estoy en condiciones, tanto económicas, físicas y de salud, para hacerme cargo del cuidado de mis hijos, haciéndome responsable de todos las requerimientos de los menores, pues representan para mi lo más valioso. Además, en el evento de ser acogida mi demanda, no tendré objeción en que la madre de los menores los visite. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.225 inciso 3 del Código Civil y Ss., art. 254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº1 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por el cuidado personal de los menores ……………de …. años y ………., de …. años, en contra de doña ……………., ya individualizada, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declare: 1) Que, se acoge la demanda de cuidado personal de los menores, ya individualizados, en todas y cada una de sus partes; 2) Que, en consecuencia, se declare me corresponde su cuidado personal y representación en mi calidad de padre. PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., tener por acompañado….. certificados de nacimiento, en las que consta mi parentesco de padre de los menores. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., se me entregue la custodia de los menores en forma provisoria, mientras se ventila este juicio. 336

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TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que me valdré de todos los medios de prueba que me franquea la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. CUARTO OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría, en virtud del art.227 del Código Civil, citar a audiencia con los menores y citación de parientes respectivamente, en relación también al art.42 del Código Civil. QUINTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, don ……………, a quien confiero patrocinio y poder con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en ambos incisos, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de …………….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado……………….. Se pida cuenta de oficios a la brevedad. Señor Juez de Familia. ………., abogado, por la parte demandante, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, sobre Cuidado Personal, caratulada “………….con………….”, en causa RIT…………, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se pida cuenta de los oficios pendientes, que detallo para colaborar al tribunal en forma circunstanciada, rápida, transparente, eficaz y que se cumplan a la brevedad, obviamente con la debida antelación y evitar una posible suspensión de la audiencia, por no encontrarse oportunamente: I.- Oficios del demandante. 1.- Oficio al Registro Civil, a fin de que informe si el demandado tiene anotación por violencia intrafamiliar. 2.- Oficio a Fonasa a fin de que determine si el demandado se encuentra afiliado a dicha institución, y puede cubrir los gastos médicos básicos del menor. 3.- Oficio al Conservador de Bienes Raíces de…….., a fin de 337

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que informe si el demandado tiene algún bien raíz a su nombre en que puede vivir eventualmente el menor. 4.- Informe social de ambas partes, para lo cual se va a oficiar a la Ilustre Municipalidad de……., a fin de que la Asistente Social de la Municipalidad, realice los informes socioeconómicos de ambas partes. II.- Oficios del demandado. 1.- Oficio al psicólogo para que informe de la situación mental de la demandante……... 2.- Oficio al Colegio……….para que la profesora jefe informe sobre el rendimiento escolar del menor…………. LUEGO: En mérito de lo expuesto en la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA DE FAMILIA: Decrete acceder a lo solicitado pidiéndose cuenta de los oficios indicados para dar curso progresivo a los autos. Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Avenimiento cuidado personal. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Avenimiento sobre cuidado personal del menor que indica. PRIMER OTROSI: Copia autorizada; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ...................., de profesión .........., domiciliada en .................... Nº........; y ...................., de profesión .........., domiciliado en la ciudad de .................... Nº......, a Usía, de consuno, decimos: Que, venimos de común acuerdo en presentar avenimiento 338

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sobre cuidado personal del menor………..solicitándole al tribunal su aprobación judicial, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que pasamos a exponer. (1) Que, consta de certificado de matrimonio que acompañamos, que estuvimos casados; que durante nuestro matrimonio nació el niño llamado...................., ahora de .....años de edad; y que nuestro matrimonio término por sentencia de divorcio, que se encuentra ejecutoriada. (2) Así, dicho, avenimos, que el cuidado personal de dicho menor se otorgue a la compareciente doña ...................., en su calidad de madre del hijo común. (3) Que, además, fijamos un régimen de relación directa y regular a favor del menor,……..para que yo cumpla como padre, el que será el siguiente: a) ..................................................... b) ..................................................... c) ...................................................... ENTONCES: Conforme a lo expuesto y a lo que disponen los art. 222 y Ss., del Código Civil, art.262 y Ss., del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº1 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. SOLICITAMOS A USIA: Decrete tener presente este avenimiento y conceder el cuidado personal del menor .................... a su madre, doña .................; y el régimen de visitas convenido, dándole su aprobación judicial en todo aquello que no sea contrario a derecho. PRIMER OTROSI: Solicitamos a Usía, ordenar que se dé copia autorizada de éste avenimiento y de la resolución que recaerá en esta solicitud y de la notificación a las partes. SEGUNDO OTROSI: Solicitamos a Usía, tener presente que nos patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, ………..don …………….., a quien conferimos patrocinio y poder con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en ambos incisos, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado la ciudad de …….., en calle…………………

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DÉCIMO PRIMERA SECCIÓN - DISENSO Procedimiento: Ordinario de los Tribunales de Familia Materia: Disenso. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de disenso. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez de Familia. .................., de profesión .........., domiciliado en la ciudad .................... ………….Nº......, a Usía, digo: Que, tengo ...... años de edad, y deseo contraer matrimonio con doña ...................., de profesión ...................., domiciliada en .................... Nº........., de...... años de edad. Que, don ........................................, en su calidad de .............. mío, me niega el consentimiento para hacerlo, por lo que obliga a entablar juicio de disenso en su contra. SUBSIGUIENTEMENTE: De acuerdo con lo expuesto y lo que disponen los art.111, 112 y 113 del Código Civil, art.254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº5 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener interpuesta demanda de disenso en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en contra de don...................., ya individualizado, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Que, Vuestra Señoría, califique las causas en que se funda su oposición para negarme su consentimiento para contraer matrimonio; y 340

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2) Que, en definitiva me autorice para ello u ordene se me preste el consentimiento competente, bajo apercibimiento de que Usía, lo otorgue. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los certificados de nacimiento de los futuros contrayentes, con citación. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido. ESCRITURA PÚBLICA DE ASENSO O LICENCIA PARA CONTRAER MATRIMONIO. Comparece don.............., de nacionalidad ....................., de profesión ................., estado civil .............., domiciliado en .................., Rut Nº ............, Nacional, mayor de edad, y expone: "PRIMERO: Que por la presente escritura, y en su carácter de. ..............................., según se acreditará, concede su asenso o autorización para que su ........................ don(ña) .............................., que es menor de edad, pues tiene .................. años, contraiga matrimonio con don(ña) ....................................."SEGUNDO: La calidad de padre (u otra), del menor, del compareciente, se comprueba con las partidas de nacimiento y de matrimonio que se insertan a continuación, y que el Notario que autoriza ha tenido a la vista: ...............". TERCERO: Para todos los efectos de este instrumento, las partes fijan domicilio en la comuna de…………, prorrogando competencia para ante sus Tribunales de Justicia. Las partes comparecientes facultan al abogado don…….. para que actuando en su representación, pueda solicitar las inscripciones, aclaraciones, rectificaciones, reinscripciones declaraciones que fueren necesarias. Se faculta al portador de copia autorizada de esta escritura para requerir en el Servicio de Registro Civil e Identificación respectivo las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que correspondan. 341

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DÉCIMA SEGUNDA SECCIÓN - DIVORCIO ACUERDO COMPLETO Y SUFICIENTE DE LAS RELACIONES MUTUAS DE LOS CÓNYUGES Y DE LOS HIJOS. DE ………………………………….. Y ……………………….. En la ciudad de………… a …………………… de dos mil..………………comparece don…….….., cédula de identidad…………. domiciliado en la ciudad de……..…………. y doña…………………………, cédula de identidad…………… domiciliada en la ciudad de ……….., calle,……………., unidos por contrato de matrimonio entre sí, que venimos a presentar a Vuestra Señoría, acuerdo completo y suficiente de relaciones mutuas de los cónyuges y de los hijos en la forma preconcebida que exponemos a Usía: PRIMERO: Alimentos que se deben los cónyuges entre sí. Estos se encuentran regulados en la causa RIT (o rol) ……….. de fecha …………. del …….. Tribunal de Familia (Juzgado en lo Civil o Menores según correspondiere) de la ciudad de…………… ,en la suma de $........ SEGUNDO: Materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio. Cuando nos separamos de hecho en el año ……. después de mutuo acuerdo en el año …..celebramos por instrumento público Separación Total de Bienes y Liquidación de Sociedad Conyugal, en la Notaría ………… esta ciudad, la cual se subinscribió al margen de la partida de matrimonio con fecha……. Respecto de los bienes muebles estos se repartieron en forma convencional al momento de realizarse la separación de hecho en el año …. No habiendo reclamo alguno que realizar entre nosotros mutuamente. TERCERO: Régimen aplicable a los alimentos debidos a los hijos si lo hubiere. Esta regulada en causa RIT (o rol) ………… de fecha ………………………..del Tribunal de Familia (o Juzgado en lo Civil o Menores según corresponda) de esta ciudad, cuya pensión esta fijada en la suma de $........ y que se paga periódicamente en cuenta corriente judicial (o por retención) y que se encuentra al día en su cumplimiento. CUARTO: Cuidado personal de los hijos si lo hubiere. Manteniéndose la reglas del Código Civil, en su artículo doscientos cincuenta y cinco el cuidado personal de los hijos de 342

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filiación matrimonial corresponde a la madre doña ……………, la que se encuentra otorgada por ley a la madre. QUINTO: Relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. Esta materia se encuentra regulada en causa RIT (o rol) …………… de fecha de ……., del Tribunal de Familia (o Juzgado de Menores) de la ciudad de……., que regulo las visitas y que se están cumpliendo con la regularidad allí fijada que junto con los demás documentos mencionados se acompaña en otrosí de la solicitud de divorcio. SEXTO: Hacemos presente a Vuestra Señoría, que en mérito de lo expuesto en el artículo doce del Código Civil, es que renunciamos recíprocamente a las eventuales compensaciones que pudiere haber lugar desde ya, en forma libre y espontáneamente, no siendo prohibido por la ley esta renuncia. SÉPTIMO: Solicitamos a Usía, que tenga por suficiente y completo de las relaciones mutuas entre los cónyuges e hijos, ya que no menoscaba en caso alguno el interés superior del niño, pues, se cancela las pensiones de alimentos fiel y oportunamente, se cumplen las visitas en los días y horas fijados por el Tribunal, no existiendo mayores problemas entre nosotros como cónyuges; en cuanto a aminorar el menoscabo económico, como ambos realizamos trabajos por nuestra profesión y estamos separados de bienes, no existe menoscabo alguno, ya que también renunciamos recíprocamente a eventualmente compensaciones en la cláusula sexta de este acuerdo; y existen relaciones equitativas entre nosotros, ya que ambos cumplimos con los derechos y obligaciones respecto de los hijos, tanto como labores, de trato en nuestra relaciones que como padres tenemos para con nuestra hija, como en la vida social diaria.

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Procedimiento: Ordinario de los Tribunales de Familia. Materia: Divorcio de común acuerdo. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: 343

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EN LO PRINCIPAL: Solicitud de divorcio de común acuerdo. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos con citación; SEGUNDO OTROSI: Acompaña acuerdo completo y suficiente de relaciones mutuas y de los hijos; TERCER OTROSÍ: Solicita se traiga a la vista expedientes que indica; CUARTO OTROSI: Renuncia a compensaciones económicas en forma recíproca; QUINTO OTROSI: Se lleve audiencia de juicio en forma inmediata; y SEXTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ………………………., domiciliado en la ciudad de ….……………. y …………………….., domiciliada en la ciudad de………., calle ....................a Usía, de consuno, decimos: Que, venimos de común acuerdo en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en presentar solicitud de divorcio en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que pasamos a exponer a Vuestra Señoría: I.- Los Hechos 1) Que, hemos cesado en la convivencia de la vida en común desde el año……….fecha en la cual término la cohabitación entre nosotros, producto de diferencia de caracteres que hicieron imposible este hecho; 2) Que, producto del contrato matrimonial y producto de las relaciones sexuales nació .......................... hija de filiación matrimonial……….; 3) Que, ante esta separación de hecho mi cónyuge …………….. me demando de alimentos, fijándose la correspondiente pensión por el ……… Tribunal de Familia (o Juzgado en lo Civil o menores) de la ciudad de………, que en otrosí solicito se traiga a la vista y que me encuentro al día en su pago; 4) Que, en el año ….. yo demande a mi cónyuge por visitas, las que se están cumpliendo rigurosamente hasta el día de hoy, cuya copia autorizada acompañamos en otrosí, para acreditar ese hecho, en causa……… del Tribunal, a través de avenimiento. 5) Que, en cuanto al régimen de bienes nos encontramos separados totalmente de bienes, lo que acreditamos con copia de certificado de matrimonio con subinscripción y que se acompaña en otrosí. 6) Que, dada estas circunstancias es que yo ……………….., me encuentro unido sentimentalmente a otra mujer y que yo 344

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……………………, también me encuentro unida a otra persona con quien tengo una hija de filiación no matrimonial. II.- El Derecho 1) El art.55 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, permite que los cónyuges de común acuerdo presenten una solicitud al tribunal, acreditándose que han cesado en la convivencia por un lapso mayor a un año. 2) El art.55 inciso 2 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, señala que los cónyuges deberán presentar un acuerdo de las materias del art.21 de la citada Ley 19.947, esto es, regulación de alimentos, el cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado y régimen de bienes. 3) Que, dado, que cumplimos con los requisitos que exige la Ley de Matrimonio Civil, es que recurrimos de acuerdo a Usía, para que así lo declare y dicte oportunamente la sentencia. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.21, 55 y Ss., de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil y art.254, Libro IV, Título I del Código del Procedimiento Civil y art.8 Nº15 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PEDIMOS A USÍA: Decrete tener por presentada en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, solicitud de divorcio de común acuerdo de los comparecientes …………………. y …………………., y previo examen de admisibilidad, fijar día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Que, se decreta el divorcio entre…………. y ……………., 2) Que, la sentencia que así lo declare se subinscriba al margen de la partida de matrimonio respectiva. PRIMER OTROSI: Solicitamos a Usía, decrete tener acompañados con citación: 1.- Copia autorizada de avenimiento de regulación de alimentos; 2.- Copia autorizada de regulación de vistas; 3.- Certificado de matrimonio con subinscripción de separación de bienes. SEGUNDO OTROSI: Solicitamos a Usía, tener por acompañado acuerdo completo y suficiente de relaciones mutuas y de los hijos habidos en común, al tenor del art.55 inciso 3 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil. 345

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TERCER OTROSI: Solicitamos a Vuestra Señoría, que sin perjuicio de las copias autorizadas, del expediente del Juzgado de Menores, y Juzgado en lo Civil, pedimos ordene traer a la vista las causas: 1) Rol ………… sobre Violencia Intrafamiliar ……… Juzgado en lo Civil; y 2) Rol………… sobre Regulación de Visitas de….Tribunal de Familia. CUARTO OTROSI: Solicitamos a Usía, tener presente que por este acto venimos en renunciar recíprocamente a eventuales compensaciones que señala el art.61 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, ya que no esta expresamente prohibida su renuncia y mira al interés particular de las partes según el art.12 del Código Civil, que expresa: “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren el interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia”. QUINTO OTROSI: Solicitamos a Usía, que en virtud del Art.61 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, se realice en forma inmediata la audiencia de juicio, en mérito de los antecedentes de esta demanda. SEXTO OTROSI: Solicitamos a Usía, decrete tener presente que nos patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, …………… y ……………., a quien conferimos patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, que damos por reproducidas una a una, especialmente con las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de, ……………………………..

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Procedimiento: Ordinario de los Tribunales de Familia. Materia: Divorcio por cese efectivo de la convivencia. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: 346

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EN LO PRINCIPAL: Demanda de divorcio por cese efectivo de la convivencia conyugal. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Renuncia a compensación económica; TERCER OTROSI: Se traiga a la vista causa que indica; CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ...................., de profesión .........., domiciliada en .................... Nº......, a Usía, digo: Que, vengo en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, demandar de divorcio por cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso, de a lo menos tres años a mi cónyuge ………domiciliado en la ciudad de…….…...en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: 1.- Los Hechos 1.- Que me encuentro separado por más de ............. años de mi cónyuge ……..con quien contraje contrato de matrimonio en el año …… y que en el año …….nos separamos de hechos. 2.- Que, para acreditar este cese de la convivencia acompaña en otrosí de esta demanda copia autorizada de la sentencia firme en que consta la fecha cierta de la separación en la que se me condeno a pagar una pensión de alimentos a mi prole común y que estoy cancelando, mediante retención judicial que solicite voluntariamente se me retuviere, estando completamente al día. 3.- Que, nunca he faltado a la obligación de alimentar a mi prole, por lo cual no estoy en la causal del art.55 inciso 3 parte final de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil. 4.- Que, la separación se produjo por las constantes peleas y falta de entendimiento de la vida en pareja y que impidieron seguir manteniendo una vida en común, poniéndose fin al cese efectivo de la convivencia conyugal. II.- El Derecho 1.- Que, el art.55 inciso 3 de la Ley 19.947 de Matrimonio Civil señala: “Habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años…” 2.- Que, tampoco me encuentro en la situación que imposibilita se de lugar al divorcio no haber dado incumplimiento al divorcio, pudiendo hacerlo al tenor del art.55 inciso 3, 2ª parte de la Ley 19.947. 347

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3.- Que, tampoco hemos reanudado la vida en común de la fecha de separación de hecho de ……por lo que los plazos no se encuentran interrumpidos, todo ello al tenor del art.55 inciso final de la Ley 19.947, que dice: “La reanudación de la vida en común de los cónyuges, con ánimo de permanencia, interrumpe el cómputo de los plazos a que se refiere este artículo”. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.55 inciso 3, 4, y 5, art.68 , de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.134 del Código Orgánico de Tribunales, art.254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº15 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda de divorcio, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en contra de don .............................., ya individualizada, por cese efectivo de la convivencia conyugal, previo examen de admisibilidad, fijar día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1.- El divorcio por el cese efectivo de la convivencia conyugal por más de tres años; 2.- Ordenar que la sentencia que se dicte en autos sea subinscrita al margen de la partida de matrimonio. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, decrete tener acompañados los siguientes documentos: SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, decrete tener presente que atendido el art.12 del Código Civil, que renunció expresamente a compensaciones eventuales que me corresponda o puedan corresponderme, en relación al art.61 y Ss., de la Ley 19.947. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, decrete ordenar traer a la visa causa rol …del Juzgado de Menores, en la que consta la fecha cierta del cese de la convivencia conyugal y da fecha cierta al plazo exigido por la ley y fundamento de este libelo. CUARTO OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., patente al día a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 348

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sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido, al abogado.....................

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Procedimiento: Ordinario de los Tribunales de Familia. Materia: Divorcio unilateral. Causal Art. 54 Nº1 Ley 19.947 Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de divorcio unilateral. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos con citación; SEGUNDO OTROSI: Se traiga a la vista expediente que indica; TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ..............., de profesión ..............., domiciliada en ............... Nº .... , a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de divorcio a mi cónyuge …………. domiciliado en la ciudad de ..………., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Los Hechos. 1.- Que, consta de partida de matrimonio que acompaño estoy unida por contrato matrimonial con………… 2.- Que, durante el transcurso de nuestra cohabitación el demandado siempre a tenido una conducta violenta, para conmigo y su prole común, pero siendo de caracteres psicológico. Pero hace más de ….. años hacia es que comenzó ha agredirme físicamente y sin causa a sus hijos, ante esta situación concurrimos a Carabineros, quien derivo en su oportunidad los antecedentes a este Tribunal de Familia. 3.- Que, debo decir que lamentablemente mi cónyuge esta alterado psicológicamente, siendo un riesgo estar con él, yo me retire del hogar común hace …….. años, junto con nuestros hijos, para evitar un homicidio o tragedia mayor. 349

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4.- Que, por estas razones es que para regularizar esta situación de hecho es que recurro a Usía, para que decrete el divorcio previo los trámites de rigor y rendidas las probanzas que aporte y pueda decretar en su oportunidad. El Derecho. 1.- Que, la causal que invocó y que me autoriza a ejercitar la acción es la del art.54 N°1 que indica: “Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos”. 2.- Que, la causal esta fehacientemente comprobada en las copias autorizadas de la sentencia, en que fue condenado mi cónyuge por violencia intrafamiliar, que acompaño otrosí. 3.- Que, las causales de violencia están establecidas y probadas según las causales de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.54 N°1 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.134 del Código Orgánico de Tribunales, art.254 del Código del Procedimiento Civil y Ley 19.968 en su art.8 Nº15 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda de divorcio en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de algunos de los hijos en contra de don………….….ya individualizado, previo examen de admisibilidad, fijar día y hora para audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1.- El divorcio por la causal de atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de algunos de los hijos; 2.- Decretar que la sentencia que se dice en autos sea subinscrita al margen de la partida de matrimonio. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordene tener acompañado con citación los siguientes documentos: SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, ordene traer a la vista la causa rol ….que acreditan los actos constitutivos de violencia intrafamiliar del Tribunal de Familia (o civil en su caso). TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., patente al día a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las 350

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facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado

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Procedimiento: Ordinario de los Tribunales de Familia Materia: Divorcio unilateral. Causal art. 54 Nº2 Ley 19.947 Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de divorcio unilateral. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Se traiga a la vista expediente que indica; TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ...................., de profesión ...................., domiciliada en .................... Nº ....... , a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de divorcio a mi cónyuge …………. domiciliado en la ciudad …………….,por la causal N°2 del art.54 de la Ley de Matrimonio Civil, esto es, trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Los hechos 1.- Que, consta de partida de matrimonio que acompaño estoy unida por contrato matrimonial con………… 2.- Que, durante el transcurso de nuestro matrimonio don ……….se ha ido del hogar común en………. ocasiones, durante 351

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esta separación de más …….. meses, durante este lapso de tiempo se ha ido a vivir con una ex polola; 3.- Que, yo creía en la última ocasión en que nos reconciliamos, por los hijos habidos en común ………..menores de edad que esta situación cambiaría, pero me entere que esta ex – polola tiene un hijo con él de ……. años, es decir, que cometió el delito civil de adulterio, al yacer con una mujer que no es su cónyuge; 4.- Que, estos hechos alteran la convivencia y fidelidad que nos merecemos los cónyuges recíprocamente, ya que yo me he mantenido fiel a él, no obstante esta conducta, para dar una buena orientación a los hijos ya que todas son mujeres, y en la edad que tienen ……………… años, es la etapa de formación para su vida adulta, así que he tratado de darle los mejores ejemplos; y 5.- Que, al tener otro hijo se ha mermado ostensiblemente nuestra situación económica, ya que este menor tiene problemas médicos serios, que el sufraga, con los escasos bienes y economías que hemos logrado reunir juntos. El Derecho 1.- Que, la causal que invoca y que me autoriza a ejercitar la acción es la del art.54 N°2 que indica: “Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común, es una forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio”. 2.- Que, la causal esta fehacientemente comprobada a través de partida de matrimonio del menor……….en que aparece mí cónyuge como padre; 3.- Que, los gastos en la salud del menor ………., aparecen comprobados de la libreta de ahorro que poseemos bipersonal en que anota giros por la suma de $.............pesos; 4.- Que, el abandono continuo lo pruebo en que tuve que demandarlo varias veces cuando estaba amancebado con su ex – polola, con las órdenes de arresto y constancia que deje en ..……………….. que se acompañan en otrosí. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.54 N°2 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.134 del Código Orgánico de Tribunales, art.254 del Código del Procedimiento Civil, y art.8 Nº15 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. 352

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PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda de divorcio en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio en contra de don……. ya individualizado, previo examen de admisibilidad, fijar día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio y declarar: 1.- Que, se declara el divorcio por la causal, de trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio invocada en el cuerpo de este escrito; y 2.- Decretar que la sentencia que se dice en autos sea subinscrita al margen de la partida de matrimonio. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordene tener acompañado con citación los siguientes documentos: SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, ordene traer a la vista la causa RIT ……sobre Determinación de Filiación no Matrimonial, caratulada “….con……….”. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., patente al día a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido. Procedimiento: Ordinario de los Tribunales de Familia. Materia: Divorcio Unilateral. Causal art. 54 Nº3 Ley 19.947 Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: 353

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EN LO PRINCIPAL: Demanda de divorcio unilateral. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos con citación; SEGUNDO OTROSI: Se traiga a la vista expediente que indica; TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ...................., de profesión ...................., domiciliada en .................... Nº ....... , a Usía, digo: Que, vengo en demandar de divorcio en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, a mi cónyuge …………. domiciliado en la ciudad de.……….,por la causal N°3 del art.54 de la Ley de Matrimonio Civil, esto es condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Los hechos. 1.- Que, consta de partida de matrimonio que acompaño estoy unida por contrato matrimonial con………… 2.- Que, durante el año …… mí cónyuge cometió el delito de violación en la persona de nuestra hija…… menor de …..años… yo hice la denuncia ante los tribunales de justicia de esta ciudad; 3.- Que, producto de esta denuncia se inicio la investigación por la fiscalia de…….. siendo formalizado por violación, en el juzgado de Garantía, hechos que lamentablemente fueron confirmados, por mi cónyuge, además, de los informes del Servicio Médico Legal; 4.- Que, el tribunal de Juicio Oral de la ciudad de…….. dicto, la correspondiente sentencia condenatoria con fecha….. la que condenó a mi cónyuge a la pena de ….. años y un día sin beneficio alguno, como consta de sentencia cuya copia autorizada se acompaña en otrosí; 5.- Que, aparte de ser condenado por este delito, provoco una seria ruptura en nuestro matrimonio, como podrá imaginar Usía, no puedo seguir viviendo con un violador, por haber cometido tal deleznable hecho en su propia hija. El Derecho. 1.- Que, la causal que invoca y que me autoriza a ejercitar la acción es la del art.54 N°3 que indica: “Condena ejecutoriada 354

PRÁCTICA FORENSE

por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal”. 2.- Que, la causal esta fehacientemente comprobada a través de la sentencia condenatoria y confirmada por la Corte de Apelaciones, la que provoca una grave ruptura a la armonía conyugal, ya que no puedo seguir unida por lazo matrimonial con un violador de sus propios hijos, con los daños inherentes tanto físicos como psicológicos. 3.- Que, el delito cometido esta dentro de los señalados en la causal invocada y previsto en el Libro II, Títulos VII y VIII del Código Penal. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.54 N°2 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.134 del Código Orgánico de Tribunales, art.254 del Código del Procedimiento Civil, y art.8 Nº15 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en contra de don……..… .ya individualizado, de divorcio por condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1.- El divorcio por la causal en contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas invocada en el cuerpo de este escrito; y 2.- Decretar que la sentencia que se dice en autos sea subinscrita al margen de la partida de matrimonio. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordene tener acompañado con citación los siguientes documentos: SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, ordene traer a la vista las causas rol (o RIT)….del (Tribunal de Garantía o Juicio Oral en lo Penal o del Crimen, según corresponda) y que acredita los hechos expresados en lo principal de este libelo.

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TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., patente al día a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido. Procedimiento: Ordinario de los Tribunales de Familia. Materia: Divorcio unilateral. Causal Art. 54 Nº4 Ley 19.947 Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de divorcio unilateral. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos con citación; SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ...................., de profesión ...................., domiciliada en .................... Nº ....... , a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de divorcio a mi cónyuge …………. domiciliado en la ciudad de…………….,por la causal N°4 del art.54 de la Ley de Matrimonio Civil, esto es conducta homosexual en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Los Hechos. 1.- Que, consta de partida de matrimonio que acompaño estoy unida por contrato matrimonial con………… 2.- Que, durante el año …… mí cónyuge empezó a frecuentar una gran cantidad de amigos que al principio lo venían a buscar a nuestra hogar, los que me presentaba como amigos o compañeros 356

PRÁCTICA FORENSE

de trabajo o ex – compañeros de liceo, etc.; 3.- Que, con el tiempo y conociendo más profundamente a sus amigos, que comenzaron a frecuentar la casa y compartíamos reuniones sociales, uno de ellos me confeso que era homosexual, yo quede sorprendida con esta confesión, la que le comente a mi cónyuge, quien me digo que era efectivo y que debíamos respetar su elección sexual, ya que no nos importaba y era su opción y que el lo respetaba como amigo y profesional; 4.- Que, ante esta respuesta que era verdad en cuanto a respetar su opción sexual, y tener una pluralidad de criterio, no le di más importancia al tema, así, pasaron más de seis meses y un día al llegar a la casa antes, ya que tuve que retirarme del trabajo, por encontrarme enferma, los encontré en la cama manteniendo relaciones homosexuales; 5.- Que, esta conducta aberrante de mi cónyuge, en la especie, bisexual, es tan peligrosa, ya que puedo contraer SIDA, me realice los correspondientes exámenes que a la fecha han sido negativos; 6.- Que, consultando otro de los amigos que frecuentaba, este me confesó que del grupo de…..amigos sólo dos eran heterosexuales y mi cónyuge con su amigo, han sido pareja por más de……..años a la fecha; 7.- Que, si bien puedo respetar su opción, no es menos cierto que me da repulsión esta conducta, por lo que solicito a Usía decrete el divorcio; y 8.- Que, dado lo delicado de la causal y habiendo encontrado fotos de besos y caricias homosexuales en la casa, luego que le pedí que se fuera con su compañero y que en otrosí acompaño y solicito su reserva es que acredito tal causal. El Derecho. 1.- Que, la causal que invoca y que me autoriza a ejercitar la acción es la del art.54 N°4 que indica: “Conducta homosexual” 2.- Que, la causal esta fehacientemente comprobada a través de las fotografías, que acompañó en otrosí, como medio de prueba fundamental, ya que no presentaré testigos por el escarnio e ignominioso de la causal que invoco, ya que no pretendo revivir esta situación, sino que sólo terminar este vínculo. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.54 N°2 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.134 del Código Orgánico de Tribunales, art.254 del Código del Procedimiento Civil, y art.8 Nº15 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. 357

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PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de divorcio por condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal en contra de don……..….ya individualizado, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio: 1.- Declarar el divorcio por la causal invocada por alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal en el cuerpo de este escrito; 2.- Decretar que la sentencia que se dice en autos sea subinscrita al margen de la partida de matrimonio. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordene tener acompañado con citación, los siguientes documentos: SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., patente al día a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido. Procedimiento: Ordinario de los Tribunales de Familia. Materia: Divorcio unilateral. Causal Art. 54 Nº5 Ley 19.947. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: 358

PRÁCTICA FORENSE

EN LO PRINCIPAL: Demanda de divorcio unilateral. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos con citación; SEGUNDO OTROSI: Se traiga a la vista expediente que indica; TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ...................., de profesión ...................., domiciliada en .................... Nº ....... , a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de divorcio a mi cónyuge …………. domiciliado en la ciudad de……….,por la causal N°5 del art.54 de la Ley de Matrimonio Civil, esto es Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Los Hechos 1.- Que, consta de partida de matrimonio que acompaño estoy unida por contrato matrimonial con………… 2.- Que, llevó ………… años casada con don……….quien siempre ha sido un hombre trabajador, pero que hace como ….. años y producto de malas juntas comenzó a beber en forma desmesurada, antes bebía en forma ocasional en algún evento o fiesta social, sin llegar a la embriaguez; 3.- Que, luego, comenzó a llegar ebrio todos los días de la semana, produciéndose un grave alcoholismo, recurrimos a un especialista, el es profesor, igual que yo, varias veces en los paseos de fin de año los alumnos lo traían completamente ebrio a casa; 4.- Que esta conducta comenzó a influir en su desempeño laboral y fue despedido por el sistema de Educación Municipal por el alcalde…………, después de esto entro en depresión de la que trate infructuosamente de ayudarlo, no tenemos hijos, por lo que tuve la paciencia, para ver si lo sacaba de esta situación, que empeoro, ya que empezó a drogarse al principio con marihuana, y luego las drogas duras, combinadas por alcohol, llegando en estado realmente calamitoso; 5.- Que, en estas circunstancias, es que solicito el divorcio, porque creó que di …. años tratando de sacarlo de estos vicios pero toco fondo, ahora, a caído preso, detenido en múltiples ocasiones como micro traficante, siendo procesado por ley de drogas; 359

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6.- Que, cuando se sometió a tratamiento lo dejo botado el médico a cargo me dijo que era un drogadicto y alcohólico sin retorno y que mejor hiciera mi vida sola ya que estaba bajo peligro al convivir con él. El Derecho 1.- Que, la causal que invoca y que me autoriza a ejercitar la acción es la del art.54 N°5 que indica: “Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos” 2.- Que, la causal esta fehacientemente comprobada a través de informe médico del tratamiento anti alcohol y drogas que dejo inconcluso. 3.- Que, este hecho altera la convivencia armoniosa que debe haber en el hogar ya que, sólo peleábamos, pues, como es lógico, yo le reclamaba sobre su conducta por el abuso de drogas y alcohol, además, que vendió la mayoría de las cosas que teníamos de valor en casa. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.54 N°5 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.134 del Código Orgánico de Tribunales, art.254 del Código del Procedimiento Civil, y art.8 Nº15 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de divorcio por alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos en contra de don…….ya individualizado, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio declarar: 1.- El divorcio por la causal invocada por alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos en el cuerpo de este escrito; 2.- Decretar que la sentencia que se dice en autos sea subinscrita al margen de la partida de matrimonio. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordene tener acompañado con citación, los siguientes documentos: 360

PRÁCTICA FORENSE

SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, ordene traer a la vista las causas RIT (o rol) del Tribunal (Garantía, Juicio Oral o Crimen según corresponda)………..que acreditan los actos que mi cónyuge esta siendo investigado (o procesado) por tráfico de drogas. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., patente al día a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido.

Procedimiento: Ordinario de los Tribunales de Familia. Materia: Divorcio unilateral. Causal Art. 54 Nº6 Ley 19.947. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de divorcio unilateral. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos con citación; SEGUNDO OTROSI: Se traiga a la vista expediente que indica; TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ...................., de profesión ...................., domiciliada en .................... Nº ....... , a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de divorcio a mi cónyuge …………. domiciliado en la ciudad de ……….,por la causal N°6 del art.54 de la Ley de Matrimonio Civil, esto es Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: 361

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Los Hechos. 1.- Que, consta de partida de matrimonio que acompaño estoy unida por contrato matrimonial con………… 2.- Que, llevó …….años casada con don……….quien siempre ha tenido una conducta más o menos libertina en cuanto a la actividad sexual; 3.- Que, tenemos una prole común de …. hijos de……… años, ambas estudiantes y que mi cónyuge don ……… le ha manifestado que la oportunidad de lucrarse con el cuerpo es rápida y permite mayores beneficios que el trabajo diario y digno; 4.- Que, nuestros hijos le dijeron que ellos nunca mantendrían relaciones sexuales pagadas, pues, si lo hacían sería cuando se casaran, lo que considero correcto; 5.- Que, le sugerí a él que fuera a un psicólogo, ya que esta conducta es anormal, ya que un padre no manifiesta estas conductas, sino que la regula y siendo más escrupuloso las prohíbe, sobre todo con sus hijas mujeres adolescentes, por lo que no entendemos esta actitud de mi cónyuge. El Derecho. 1.- Que, la causal que invoca y que me autoriza a ejercitar la acción es la del art.54 N°5 que indica: “Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos”. 2.- Que, la causal esta fehacientemente comprobada a través de grabación magnetofónica que acompaño al tribunal de Usía. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los art.54 N°5 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.134 del Código Orgánico de Tribunales, art.254 del Código del Procedimiento Civil, y art.8 Nº15 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de divorcio por Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos en contra de don……. ya individualizado, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio: 1.- Declarar el divorcio por la causal invocada Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos en el cuerpo de este escrito; y 362

PRÁCTICA FORENSE

2.- Decretar que la sentencia que se dice en autos sea subinscrita al margen de la partida de matrimonio. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordene tener acompañado con citación los siguientes documentos: SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, ordene tener acompañada cinta magnetofónica donde consta conversaciones de lo expuesto en lo principal de este libelo y que Usía escuchará privadamente. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don ………….......... a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido. EN LO PRINCIPAL: Contesta la demanda de divorcio. PRIMER OTROSI: Renuncia a compensaciones económicas que le corresponden o pudieran corresponder a cualquier título; SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. …………, domiciliado en la ciudad de………, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Divorcio, en causa RIT________, caratulada “………con…….…”, a Usía, digo: Que, vengo en contestar la demanda interpuesta en mi contra por ………………, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que, son efectivos los hechos de la demanda, interpuesta en mi contra. (2) Que, atendido este reconocimiento es que se produce el allanamiento expreso a las pretensiones del actor, de mi parte. EN CONSECUENCIA: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.313 del Código de Procedimiento Civil, art.58 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil. PIDO A USÍA: Decrete tener por contestada la demanda dentro de plazo, allanándose a ella pura y simplemente en los términos, ya señalados. 363

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PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que renuncio a compensaciones económicas que me corresponden o pudieran corresponder a cualquier título, en virtud del art.12 del Código Civil, en relación al art.61 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…………., a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad de……………………. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado……………….

EN LO PRINCIPAL: Opone excepción por no pago de pensión de alimentos y contesta la demanda. PRIMER OTROSI: Reconvención. SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ……………., demandada……………......... en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Divorcio, caratulada “…………con…………..”, en causa RIT……….., a Usía, digo: Que, vengo en oponer la excepción por no pago de pensión de alimentos y contestar la demanda de divorcio entablada en contra de mi representada ……………….., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho, que paso a exponer: I.- La excepción por no pago de pensión de alimentos. Fundamento esta excepción de la siguiente forma: (1) Que, la disposición legal, que me habilita para ejercer esta excepción se encuentra en el art.55 inciso 2 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, que dice: “Habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años, salvo que, a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo”. 364

PRÁCTICA FORENSE

(2) Que, en cuanto a esta disposición legal, expreso los fundamentos de hecho que hará que en su oportunidad Usía, no de lugar al divorcio: a) Que, mi representada al separarse de hecho con el demandante, este fue demandado por pensión de alimentos, en el entonces………, en causa rol….., esto ocurrió hace más de……..años aproximadamente, aquí se obligo a pagar una suma de $........a título de pensión, a favor de…………….; b) Que, en esas circunstancias el demandante podía pagar la pensión, la que pago fiel y oportunamente sólo ……., para luego hacer un incumplimiento sistemático de ellas dejándo me desamparada ...……………..junto a sus hijas, las que estaban en edad escolar, dando incumplimiento reiterado de su obligación legal y moral por más de…….. años; c) Que, en estas circunstancias, trabaja en forma ocasional para subsistir conjuntamente con nuestras hijas …………., vendiendo ……………………….; (3) Que, en síntesis el demandante no cumplió con las siguientes normas legales: De los Alimentos que se deben por ley a ciertas personas, del art.321 y Ss., del Código Civil, a favor de sus hijas………. y cónyuge ………..; las del art.131 y Ss., Obligaciones y Derechos entre los Cónyuges, tales como ayuda recíproca, fidelidad, socorro, etc.; las del art.222 y Ss., del Código Civil, De los Derechos y Obligaciones entre los padres e hijos, especialmente el que dice relación al deber de crianza y educación (Art.236 Código Civil). (4) Que, todos estos antecedentes constan de los agregados que dio origen el Cuaderno de Cumplimiento del Tribunal de Familia, ingresado con el RIT………., donde constan todos los dichos y circunstancias que hacen fehacientemente prueba respecto de esta excepción opuesta. II.- Contestación de la demanda. Fundamento esta contestación a la demanda de la siguiente forma, solicitándose desde ya su total, completo y absoluto rechazo, en todas y cada de sus partes: (1) Que, la demanda interpuesta, no manifiesta que el demandante y yo nos separamos por los diferencias, problemas económicos por la falta de aportes a la familia común, que se dieron durante la convivencia. (2) Que, el demandante se fue del hogar común y se fue a diferentes ciudades, para evadir el cumplimiento de sus 365

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obligaciones legales y morales, llevando una vida de soltero e incluso formando una familia y teniendo varias parejas a través de los años. (3) Que, también las condiciones han variado al pasar los años, más enfermedades propias de la edad que hacen que tenga más gastos para tratar de mantener una precaria salud, atendido la vida de trabajo, la cual me afecto durante estos años. (4) Que, como se dijo anteriormente, yo quede al cuidado de las hijas, a quien tuve que educar y dirigir, mientras el demandante estaba haciendo vida de soltero, mientras yo cumplia funciones de padre y madre. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.55 inciso 2 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil y art.58 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete: 1.- Tener por interpuesta en tiempo y forma la excepción por no pago de pensión de alimentos por el demandante………., acogerla en todas y cada una de sus partes por incumplimiento reiterado de su obligación a favor de sus hijas matrimoniales …………………….ambas ……..y de su cónyuge…………. 2.- Que, se tenga por contestada la demanda y se rechace está en todas y cada una de sus partes, declarándose así en la respectiva sentencia, por los argumentos de hecho y derechos expuesto en el cuerpo de este escrito; y 3.- Que, se condene expresamente al demandante.…….., al pago de las costas ocasionadas en la tramitación de esta causa. PRIMER OTROSI: ………………, de ....……….., domiciliado en la ciudad de……….., en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, sobre Divorcio, caratulada “…………con…………..”, en causa RIT………., a Usía, digo: Que, por este acto y dentro de plazo legal, vengo en interponer demanda reconvencional por compensación económica, por la suma de $..............o la suma que Usía, fije prudencialmente según el mérito de autos, en contra de don………….., domiciliado en la ciudad de…………….., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho, dándose lugar 366

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a ella desde ya en todas y cada una de sus partes, si en el caso improbable Vuestra Señoría, da lugar al divorcio, según expreso en los fundamentos que se indican: I.- Los Fundamentos de hecho. Las circunstancias de hechos son las siguientes: 1ª Circunstancia: Que, producto de la separación de hecho de mi cónyuge tuve que quedar al cuidado de las hijas matrimoniales …………………, habidas de las relaciones sexuales, producto del contrato de matrimonio, por el cual, nos encuentran unidos; 2ª Circunstancia: Que, a la fecha tengo más edad, enferma y con diversos gastos médicos propios de la edad y propios del desgaste del organismo por la vida de trabajo, gastándome y consumiéndo la mayor parte de mis ingresos en medicamentos y exámenes para buscar una mejora atendido la precariedad de mi estado de salud; 3ª Circunstancia: Que, tuve que mantenerme junto a mis hijas……………….., por trabajos de venta de ropa, mermeladas y otros, ya que como se dijo en la excepción por no pago de pensión el demandado – reconvencional, jamás, pago o cumplió con su obligación legal y moral, con las limitaciones de educar, alimentar, mantener, dirigir, cuidar, amparar y velar por el desarrollo íntegro de los hijos. II.- Los Fundamentos de Derecho. Las circunstancias y fundamentos de derecho son las siguientes: 1ª Circunstancia: Que, el legislador para corregir estas desigualdades ha creado las compensaciones económicas en la Ley 19.947, en su art.61, que dice: “Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa”. 2ª Circunstancia: Que, para determinar el menoscabo, analizaré circunstanciadamente, los hechos que implican la determinación del pago de la citada compensación a mi defendida de una suma de $......... en dinero en efectivo o del modo que determine Usía, prudencialmente, en mérito del art.63 y 64 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, así, tenemos: 367

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1) La duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges. Vuestra Señoría, yo………………..y el demandado – reconvencional, …………., estuvimos unidos durante…….. años en una vida en común, toda una vida útil de una persona, la juventud, y la fuerza para trabajar, tiempo que ocupe en atender a sus hijas matrimoniales……………. y también a su cónyuge con quien vivieron…………., durante este lapso de tiempo ya mencionado; 2) La situación patrimonial de ambos. El único bien inmueble que se adquirió fue la casa donde vivían con la familia y que éste vendió cuando estábamos juntos, hoy de allegada con mi hija …………., ya que no tengo casa propia, ni los medios para adquirirla, ya que el demandado – reconvencional vendió, como se dijo y hoy me es imposible atendido mi precaria salud, edad y la imposibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado. Mientras él demandado - reconvencional tiene un mejor pasar económico, está .............................................. 3) La buena o mala fe. Siempre he actuado de buena fe y el demandado reconvencional de mala fe, ya que se fue de casa, esta amancebado con otra persona, crié a las hijas, demostrándoles que se puede salir adelante, siempre manteniendo y respetando el vínculo matrimonial, según la obligación recíproca, que es la fidelidad entre los cónyuges, para dar un buen ejemplo a mis hijas…………………., a la época menores de edad; 4) La edad y estado de salud del cónyuge beneficiario. Que dado los …. años de edad que tengo un calamitoso estado de salud, según se acreditará en su oportunidad y exámenes médicos que se solicitaran en la audiencia preparatoria de esta causa y que acreditará las enfermedades de la demandante – reconvencional; 5) Situación en beneficios previsionales de salud. Yo sólo sólo vivo de la pensión y no tengo sistema previsional propio, pues, trabajo, en la casa, al cuidado de los hijos y atiende en el hospital público, pues, la suma de la pensión le impide pagar médico en forma particular o a través del sistema de Isapre. Agregándose la situación caprichosa del demandado reconvencional de negarse imperativamente de incluirme como carga en su credencial de Fonasa, además, de costearse los medicamentos con mi exigua pensión, para enfermedades: que poseo………………….

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6) La calificación profesional. En esos años la mujer no participaba activamente en el mundo laboral remunerado, como hoy, yo trabaje en la casa, al cuidado de llasas hijas……………….. y preocupada de mi marido, el demandado – reconvencional mientras vivimos juntos no tuve profesión y/o oficio remunerado que me permitiera subsistir por sí sola. Después de la separación, para subsistir y poder educar a mis hijas…………………., comenzó a trabajar, vendiendo ropa, mermeladas y trabajos hoy conocidos como part time, que sólo me permitían cubrir las mínimas necesidades; 7) Posibilidades al acceso laboral. Yo no tengo opción alguna al acceso laboral, dada mi edad, ........ años lo que se acreditará oportunamente con el certificado de nacimiento respectivo, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que se ofrecerá en la audiencia preparatoria; y 8) La colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. Yo, siempre ayude a mi cónyuge en los deberes de auxilio, cuando estaba enfermo o nuestras hijas, cuidando la economía doméstica y múltiples detalles que se producen en un hogar, sin perjuicio de la crianza de las hijas comunes…………….., ya señaladas e individualizadas. Es decir, cumplí con los derechos y obligaciones recíprocas de los cónyuges en los ……….años en que hubo cohabitación entre sí, que regula el art. 131 a 134 inclusive del Código Civil, que son: fidelidad, socorro, ayuda mutua, protección y obviamente como se dijo cohabitación. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.61, 62, 63, 64 inciso 3, 65 y 66 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil y art.58 inciso 1, 2ª parte de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete: 1) Tener por interpuesta demanda reconvencional por compensación económica, en contra de don…………, ya individualizado, a favor de su cónyuge…………; 2) Acceder a las compensaciones económicas por la suma de $.............. de pesos, o la suma que Usía determine en derecho en mérito de los antecedentes expuestos y demás probanzas que se rendirán oportunamente, en el improbable caso de concederse el divorcio; 3) Determinar la forma de pago de las compensaciones económicas, según lo indica el art.65 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, y 369

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4) Condenarlo expresamente al pago de las costas ocasionadas en la tramitación de este juicio. SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a Usía tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don................................... a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad de ............................. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art. 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado.................

EN LO PRINCIPAL: Solicita verificación que indica. PRIMER OTROSÍ: Contesta la demanda. SEGUNDO OTROSÍ: Reconvención; y TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez de Familia. ……........………, demandada……….…., en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Divorcio, caratulada “…………con…………”, en causa RIT…………, a Usía, digo: Que, de acuerdo a lo señalado en el art. 55 inciso 3º de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, vengo en solicitar que Ssa., ordene verificar, si el demandante…………., desde la fecha de cese de la convivencia, señalada por él en su demanda, ha dado estricto cumplimiento a su obligación de otorgar pensión de alimentos a su cónyuge e hijas comunes, en la época en que estas últimas tenían derecho a ella, así como verificar si existen ordenes de arresto emitidas por el Tribunal competente en orden a hacer cumplir dichas obligaciones. Ya dicha verificación es requisito esencial, para determinar la existencia o no de una excepción por no pago reiterado y oportuno de pensiones alimenticias y con ello no dar lugar al divorcio. Ello en razón de los siguientes hechos que expongo: (1) Que, la disposición legal, que me habilita para ejercer esta excepción se encuentra en el art.55 inciso 2 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, que dice: “Habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años, salvo 370

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que, a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo”. (2) Que, el demandante al hacer abandono del hogar común, obligo con ese hecho, diera inicio a una acción por pensión de alimentos, a favor de sus hijas, aun menores en aquella época, en el entonces Juzgado de Menores de…….., en causa rol……… , que en esa oportunidad del Tribunal fijo la suma de $........ a título de pensión, a favor de sus hijas………… ..y a favor ……….., pero el demandante sólo dio fiel y oportuno cumplimiento a esta orden por ……..mes, para luego hacer un incumplimiento sistemático de ellas dejando desamparadas a sus hijas……………..y a mi la demandada.(3) Que, el incumplimiento de las pensiones alimenticias, se hicieron práctica reitera da por parte del demandante, quien por más de………..años, eludió dicha obligación, de diversas formas, como se puede ver en la causa señalada, llegando sólo a cumplir, en parte, con la pensión de alimentos fijada, al obtener orden del Tribunal, se retengan los montos de las liquidaciones en cuotas descontada de su pensión de vejes a través de una compañía aseguradora. (4) Que, aún siendo canceladas las cuotas de la pensión de alimentos atrasadas, por la compañía aseguradora, el demandante ha intentado dejar sin efecto dicho pago, así como ha desconocido la calidad de carga para los efectos de salud, debiendo iniciar todos las gestiones para ser reconocida nuevamente en dicha calidad. (5) Que, en estas circunstancias, trabajo en forma ocasional para subsistir conjuntamente con mis hijas………….,. (6) Que, en síntesis el demandante no cumplió con las siguientes normas legales: De los Alimentos que se deben por ley a ciertas personas, del art.321 y Ss., del Código Civil, a favor de sus hijas………. y cónyuge………….; las del art.131 y Ss., Obligaciones y Derechos entre los Cónyuges, tales como ayuda recíproca, fidelidad, socorro, etc.; las del art.222 y Ss., del Código Civil, De los Derechos y Obligaciones entre los padres e hijos, especialmente el que dice relación al deber de crianza y educación (Art.236 Código Civil). 371

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POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.55 inciso 3 de la Ley de Matrimonio Civil. PIDO A USÍA: Decrete ordenar se verifique al tenor de la disposición legal invocada como es efectivo que existe incumplimiento reiterado por el demandante ……………., de su obligación de otorgar pensión de alimentos, teniendo la capacidad y aptitud económica para hacerlo. PRIMER OTROSI: ……………., , que sin perjuicio de lo anterior, y estando dentro de plazo legal, vengo en contestar la demanda de divorcio interpuesta por…………………, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Divorcio, caratulada “……con……….”, en causa RIT………., a Usía, digo: Fundamento esta contestación de la demanda de la siguiente forma, solicitándose desde ya su total, absoluto y completo rechazo, en todas y cada de sus partes de acuerdo a los siguientes argumentos de hecho y derecho: (1) Que, en la demanda interpuesta, el demandante no manifiesta los motivos que dieron lugar a su abandono del hogar común, abandono que derivo en problemas económicos, para mi y sus hijas, por la falta de aportes a la familia común de este, el que las dejó en total desamparo. (2) Que, el demandante se traslado a diferentes ciudades, con el objeto de evadir el cumplimiento de sus obligaciones legales y morales, llevando una vida de soltero e incluso formando una nueva familia, sin preocuparse por el futuro y bienestar de sus hijas y sin dar noticias certeras sobre su paradero. (3) Que, después de ............ años de convivencia, en relativa armonía, el demandado tomo la decisión de abandonarnos, dejándome, a cargo de las hijas comunes, sin contar esta, con una profesión u oficio, y ya no siendo tan joven, por lo que encontrar alguna posibilidad de trabajo, era escasa. Olvido todo respeto y juramento hecho al momento del matrimonio, a pesar que entre las partes la vida juntos no era mala. Hoy soy una mujer mayor, cuya salud se ha visto mermada, lo que hace que tenga más gastos para tratar de mantenerse, necesitando, al menos, estar amparada en el tema de salud, por la cobertura previsional de salud, que logra obtener siendo carga del demandante, calidad que yo me perdería si se decreta el divorcio. 372

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(4) Que, como se dijo anteriormente, yo me quede al cuidado de las hijas,………………, a quien tuve que educar y dirigir, cumpliendo labor de padre y madre, al mismo tiempo, por el desamparo en que las dejo el demandante. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.55 inciso 2 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil y art.58 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y demás disposiciones legales vigentes y pertinentes. PIDO A USÍA: Decrete: 1.- Que, se tenga por contestada la demanda y se rechace está en todas y cada una de sus partes, declarándose así en la respectiva sentencia, por los argumentos de hecho y derechos expuesto en el cuerpo de este escrito; y 2.- Que, se condene expresamente al demandante………., al pago de las costas ocasionadas en la tramitación de esta causa. SEGUNDO OTROSI: ……......., domiciliado en la ciudad de……………, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, sobre Divorcio, caratulada “…………con…………….”, en causa RIT…….., a Usía, digo: Que, por este acto y dentro de plazo legal, vengo en interponer demanda reconvencional por compensación económica, por la suma de $............... o la suma que Usía, fije prudencialmente según el mérito de autos, en contra de don………, domiciliado en la ciudad de……………., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho, dándose lugar a ella desde ya en todas y cada una de sus partes, si en el caso improbable Vuestra Señoría, da lugar al divorcio, según expreso en los fundamentos que se indican: I.- Los Fundamentos de hecho. Las circunstancias de hecho son las siguientes: 1ª Circunstancia: Que, producto de la separación de hecho de su cónyuge, tuve que quedar al cuidado de las hijas matrimoniales ……………, habidas de las relaciones sexuales, producto del contrato de matrimonio, por el cual, nos encontramos unidos; 2ª Circunstancia: Que, a la fecha yo tengo más edad, enferma y con diversos gastos médicos propios de la edad y propios del desgaste del organismo por la vida de trabajo, gastándome y consumiéndo la mayor parte de los ingresos en medicamentos y exámenes para buscar una mejora atendido la precariedad de mi estado de salud; 373

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3ª Circunstancia: Que, ella tuvo que mantenerse junto a sus hijas………………, por sus trabajos esporádicos. II.- Los Fundamentos de Derecho. Las circunstancias y fundamentos de derecho son las siguientes: 1ª Circunstancia: Que, el legislador para corregir estas desigualdades ha creado las compensaciones económicas en la Ley 19.947, en su art.61, que dice: “Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa”. 2ª Circunstancia: Que, para determinar el menoscabo, analizaré circunstanciadamente, los hechos que implican la determinación del pago de la citada compensación en una suma de $........ en dinero en efectivo o del modo que determine Usía, prudencialmente, en mérito del art.63 y 64 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, así, tenemos: 1) La duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges. Vuestra Señoría, yo y el demandado – reconvencional, ……………., estuvimon unidos durante……. años en una vida en común, toda una vida útil de una persona, la juventud, y la fuerza para trabajar, tiempo que ocupe en atender a mis hijas matrimoniales…………. y también a mi cónyuge con quien vivieron ………….durante este lapso de tiempo ya mencionado; 2) La situación patrimonial de ambos. El único bien inmueble que se adquirió fue la casa donde vivía con la familia y que éste vendió cuando estabamos juntos, viviendo hoy de allegada con mi hija………., ya que no tengo casa propia, ni los medios para adquirirla, ya que el demandado – reconvencional vendió, como se dijo y hoy me es imposible atendido mi precaria salud, edad y la imposibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado. Mientras él demandado - reconvencional tiene un mejor pasar económico, está jubilado y continua trabajando; 3) La buena o mala fe. Siempre actué de buena fe y el demandado reconvencional de mala fe, ya que se fue de casa, esta amancebado con otra persona, crié a las hijas, demostrándoles que se puede salir adelante, siempre manteniendo y res374

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petando el vínculo matrimonial, según la obligación recíproca, que es la fidelidad entre los cónyuges, para dar un buen ejemplo. 4) La edad y estado de salud del cónyuge beneficiario. Que dado los ........ años de edad y calamitoso estado de salud, según se acreditará en su oportunidad y exámenes médicos que se solicitaran en la audiencia preparatoria de esta causa y que acreditará las enfermedades de la demandante. 5) Situación en beneficios previsionales de salud. Yo vivo de la pensión y no tengo sistema previsional propio, pues, trabajo, en la casa, me atiendo en el hospital público, pues, la suma de la pensión me impide pagar médico en forma particular o a través del sistema de Isapre. Agregándose la situación caprichosa del demandado reconvencional de negarse imperativamente de incluime como carga en su credencial de Fonasa. 6) La calificación profesional. En esos años la mujer no participaba activamente en el mundo laboral remunerado, como hoy, yo trabaje en la casa, al cuidado de las hijas…………… y preocupada del marido, el demandado – reconvencional mientras vivimos juntos no tuve profesión y/o oficio remunerado que me permitiera subsistir por sí sola. 7) Posibilidades al acceso laboral. No tengo opción alguna al acceso laboral, dada mi edad, ……años lo que se acreditará oportunamente con el certificado de nacimiento respectivo, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que se ofrecerá en la audiencia preparatoria; y 8) La colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. Siempre ayude a mi cónyuge en los deberes de auxilio, cuando estaba enfermo o a las hijas, cuidando la economía doméstica y múltiples detalles que se producen en un hogar. Es decir, cumpli con los derechos y obligaciones recíprocas de los cónyuges en los…….años en que hubo cohabitación entre sí, que regula el art. 131 a 134 inclusive del Código Civil, que son: fidelidad, socorro, ayuda mutua, protección y obviamente como se dijo cohabitación. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.61, 62, 63, 64 inciso 3, 65 y 66 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil y art.58 inciso 1, 2ª parte de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete: 1) Tener por interpuesta demanda reconvencional por compensación económica, en contra de don……………, ya individualizado, a mi favor su cónyuge doña………….; 375

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2) Acceder a las compensaciones económicas por la suma de $............... de pesos, o la suma que Usía determine en derecho en mérito de los antecedentes expuestos y demás probanzas que se rendirán oportunamente, en el improbable caso de concederse el divorcio; 3) Determinar la forma de pago de las compensaciones económicas, según lo indica el art.65 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, y 4) Condenarlo expresamente al pago de las costas ocasionadas en la tramitación de este juicio. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don............................ a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambas incisos, domiciliado en la cuidad de ................................ POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art. 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado....................... EN LO PRINCIPAL: Contesta demanda de divorcio; PRIMER OTROSI: Reconvención; SEGUNDO OTROSI: Solicita verificación; TERCER OTROSI: Solicita se decrete mediación; CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. QUINTO OTROSI: Forma de notificación Señor Juez Familia ……………., demandada, domiciliada en la ciudad de………….en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Divorcio, caratulada “…………con………….”, en causa RIT _____________, a Usía, digo: Que, estando dentro de plazo legal, vengo en contestar la demanda de divorcio presentada por don………., en mi contra, solicitando desde ya su total y completo rechazo, en todas y cada de sus partes, de acuerdo a los siguientes argumentos de hecho y derecho, que paso a exponer: (1) Que, el demandante señala en su libelo, nos encontramos separados de hecho desde ____, lo que no es exacto, pues, si bien entre nosotros han existido algunas separaciones, las que siempre fueron por pequeños lapso de tiempo, están nunca fueron definitivas, tanto es así que siempre hubo reconciliaciones 376

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en carácter de permanente, lo que derivaba en reanudar la convivencia conyugal. (2) Nuestra última separación, fue el año ____, año en que inicie los trámites para obtener una pensión de alimentos, aunque siempre pensé que sería como las veces anteriores, que al poco tiempo volveríamos a estar juntos. Pero ello, no ha ocurrido, por el contrario el demandante presentó esta acción solicitando el divorcio, a pesar de que entre nosotros hoy en día existe una buena relación, conversamos y aún me intereso por sus cosas. (3) Que, el gran problema entre nosotros, han sido sus constantes infidelidades, las que han sido reiteradas en el tiempo, llegando a tener hijos fuera de nuestro matrimonio, con mujeres distintas, tal y como él lo reconoce en su demanda, nuestras diferencias, peleas y esporádicas separaciones, siempre se debieron a estos hechos, de los cuales el demandante, en su oportunidad, se manifestaba arrepentido, y que yo intentaba perdonar para seguir nuestro matrimonio de la forma más normal y funcional posible. (4) Que, si hoy no existe convivencia conyugal, esto no se debe a razones de diferencias de carácter o algún acuerdo entre nosotros, sino por el contrario, se debe sólo a la responsabilidad del demandante, quién producto de su última infidelidad, tiene un nuevo hijo, lo que motivo cuando me enteré de este hecho no tuviera otro reacción que terminar con la convivencia conyugal, pues era la segunda vez que ocurría. (5) El demandante pretende ampararse en su propio error y responsabilidad, para conseguir, usando su conducta equivocada frente al Tribunal, para que se le conceda el divorcio. (6) Que, después de más de…….. años de convivencia, en relativa armonía, el demandado tomo la decisión de engañarme, tener un hijo con otra persona, y pretende que no reaccione, y además se aprovecha hoy de esa situación, que el mismo creo, para terminar con el vínculo matrimonial que nos une. El demandante olvido todo respeto y juramento hecho al momento del matrimonio. (7) Que, si bien nuestros hijos, son mayores de edad, estos hechos siempre lo ha afectado mucho, pues, ellos como yo, siempre pensaron que la situación se revertiría con el tiempo, y que volveríamos a estar juntos, para hacernos compañía en nuestra vejez, lo que siempre ha sido mi deseo, desde el mismo momento del nuestro matrimonio, pues creo en un compromiso para toda la vida. 377

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POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.55 inciso 2 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil y art.58 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete: 1.- Que, se tenga por contestada la demanda y se rechace en todas y cada una de sus partes, declarándose así en la respectiva sentencia, por los argumentos de hecho y derecho expuesto en el cuerpo de este escrito; y 2.- Que, se condene expresamente al demandante don…………, al pago de las costas ocasionadas en la tramitación de esta causa. PRIMER OTROSI: ………………., demandada, domiciliada en la ciudad de………… en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Divorcio, caratulada “……… con……………”, en causa RIT _____________, a Usía, digo: Que, por este acto y dentro de plazo legal, vengo en interponer demanda reconvencional por compensación económica, por la suma de $.........o la suma que Usía, fije prudencialmente según el mérito de autos, en contra de don…………., domiciliado en la ciudad de ___________, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho, dándose lugar a ella desde ya en todas y cada una de sus partes, sólo y en caso que Vuestra Señoría, diera lugar al divorcio. I.- Los Fundamentos de hecho: Que, tuve con don……….., más de……….años de convivencia conyugal, con algún lapso de tiempo intermedio, por algunas separaciones de carácter transitorio, siempre volviendo a reanudar nuestra convivencia. Que de nuestro matrimonio nacieron …. hijos, los que hoy son mayores de edad, y que no dependen económicamente de nosotros, que en todo caso, siempre quedaron bajo mi vigilancia y cuidado, y mientras fueron menores estuvieron bajo mi dependencia económica. Que durante la vigencia de la convivencia conyugal, debí trabajar en menor medida de lo que podía y realmente quería, o en las mismas condiciones que lo hacía mientras estaba soltera, pues debía dedicarme al cuidado de mi familia y luego de mis hijos. 378

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Si bien, el demandado reconvencional…….., en un principio ayudaba en la tarea de mantenimiento de nuestra familia, esto se vio totalmente mermado cuando se quedo sin trabajo, situación que duró un par de años, en una primera oportunidad, y luego después de un tiempo en que estaba trabajando, vuelve a quedar sin trabajo, por otro largo periodo de tiempo, situación que cambio solo cuando hice contactos para poder encontrarle un trabajo que pudiera realizar, y con ello ayudar a la economía familiar. Durante todo esos sucesos, yo debí sostener sola a nuestra familia, solo con mis ingreso, haciéndome cargo de todas y cada una de las necesidades familiares, dejando de preocuparme de mi persona por el bienestar de nuestra familia, debiendo renunciar a diversas oportunidad de perfeccionamiento o de mejores condiciones laborales, pues no eran compatibles con todas mis obligaciones como cónyuge y madre. La situación antes descrita, derivo, en que yo asumiera deudas importantes, tanto para la alimentación del grupo familiar, como para la educación de nuestros hijos, así como para tener que contratar asesoras del hogar que se preocuparan del cuidado de nuestros hijos, por el poco tiempo del día que yo trabaja, ya que el Sr…….. debía buscar trabajo. Que hoy ya no soy una mujer joven, que tengo más gastos, propios de la edad y derivados de mi condición de salud, que la posibilidad de encontrar un trabajo para sostenerme es muy escasa, y en el evento de encontrarlo este sería en condiciones más precarias tanto de sueldo como estabilidad laboral. Que es necesario que hoy, don………….., me otorgue una compensación económica, sobre todo considerando todo el tiempo que duro nuestra vida juntos, así como el tiempo en que debí sostener económicamente a la familia, además de dedicarme a su cuidado del hogar común, como el hecho de haber trabajado en menor medida de lo que me hubiera gustado y podía, ya que era una mujer joven, y haberme sobre endeudado en algún momento de nuestra convivencia conyugal. II.- Los Fundamentos de Derecho. Que, el legislador para corregir las desigualdades, producidas durante la convivencia entre los cónyuges, en relación a su capacidad económica de sustento y sobrevivencia, en directa consideración a su vida laboral, ha creado las compensaciones económicas en la Ley 19.947, en su art.61, que dice: “Si, como 379

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consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa”. Que, para determinar el menoscabo, analizaré los hechos que implican la determinación del pago de la citada compensación de una suma de $.............millones en dinero en efectivo o del modo que Usía determine prudencialmente, en mérito del art.63 y 64 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, así, tenemos: 1) La duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges. Vuestra Señoría, estuvimos unidos durante más de …….. años en una vida en común, toda una vida útil de una persona, en la que se incluye su juventud y fuerza para trabajar, tiempo en que debí preocuparme del hogar común, de nuestros hijos y de trabajar, siempre en menor medida, para cumplir con las demás tareas mencionadas; 2) La situación patrimonial de ambos. Que si bien ambos, trabajamos, con más o menos periodicidad, no es menos cierto que mi situación se ve menoscaba la tener que sostener sola la casa y familia, por periodos de tiempo, en que el .………. se encontrada sin trabajo periodos en que a pesar d estar trabajando en menor medida, tuve que asumir deudas que hasta hace poco tiempo termine de cancelar. Hoy me encuentro viviendo en casa de mi hijo mayor, quien asume gran parte de los gastos. 3) La buena o mala fe. Siempre he actuado de buena fe, esperando que aún exista una reconciliación entre nosotros, en cambio el .……….., no puede decir lo mismo, pues inclusive tiene……hijos menores, fuera del matrimonio de madres diferentes. Siendo siempre él quien abandonaba el hogar común, para reunirse con las mujeres con quien me engañaba. A pesar de estos hechos siempre crié a mis hijos, con la convicción de tener un buen padre, con quien yo mantenía una buena relación, jamás discutí o expuse los hechos de la vida de su padre delante de ellos, siempre manteniendo y respetando el vínculo matrimonial, al que estoy comprometida, según la obligación, que entiendo es recíproca, de guardarse fe entre los cónyuges, para dar un buen ejemplo a nuestros hijos. 380

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4) La edad y estado de salud del cónyuge beneficiario. Que debe considerarse mi edad, la que me obligo a pensionarme, a pesar del difícil momento económico del país, así como mi estado de salud, que no es del todo satisfactorio, según se acreditará en su oportunidad. 5) Situación en beneficios previsionales de salud. Si bien tengo sistema de salud, esto no significa que no deba pagar por mis atenciones, y por cada uno de las consultas y tratamientos a los que soy sometida, si bien es una alivio saber que cuento con un sistema de salud, no sirve de nada si no cuento con los medios para procurarme pagar los cobros que me hacen. 6) La calificación profesional. Que estos años participaba activamente en el mundo laboral remunerado, pero hoy ya soy pensionada, y en monto de dicha pensión refleja el menor ingreso recibido durante el periodo de tiempo de la convivencia conyugal, en que trabajé en menor medida de los que podía y quería, por dedicarme al cuidado de los hijos y del hogar común. 7) Posibilidades al acceso laboral. Que la posibilidad de acceso al mundo laboral, dada mi edad, es escaso, más en la época económica que se vive, y donde se privilegia la juventud, por sobre la experiencia; y 8) La colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. Siempre ayude a mi cónyuge en los deberes de auxilio, cuando él o nuestros hijos estaban enfermos, cuidando la economía doméstica y los múltiples detalles que se producen en un hogar, sin perjuicio de la crianza de nuestros hijos comunes, así como socorriendo la economía familiar, en los periodos en que el Sr…….. se encontraba sin trabajo. Es decir, siempre cumplí con los derechos y obligaciones recíprocas de los cónyuges en todos los años en que hubo cohabitación entre nosotros, tal y como lo regula el art. 131 a 134 inclusive del Código Civil, que son: fidelidad, socorro, ayuda mutua, protección y obviamente como se dijo cohabitación. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.61, 62, 63, 64 inciso 3, 65 y 66 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil y art.58 inciso 1, 2ª parte de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete: 1) Tener por interpuesta demanda reconvencional por compensación económica, en contra de don……….., ya individualizado, a favor de su cónyuge doña…………………; 381

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2) Acceder a las compensaciones económicas por la suma de $……………. de pesos, o la suma que Usía determine en derecho, en mérito de los antecedentes expuestos y demás probanzas que se rendirán oportunamente, solo en el improbable caso de concederse el divorcio; 3) Determinar la forma de pago de las compensaciones económicas, según lo indica el art.65 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, y 4) Condenar al demandado reconvencional, al pago de todas las costas que origine la tramitación de este juicio. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., de acuerdo a lo señalado en el art. 55 inciso 3º, de la ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, ordene verificar, si el demandante ……………., desde la fecha de cese de la convivencia, señalada por él en su demanda, ha dado estricto cumplimiento a su obligación de otorgar pensión de alimentos a su cónyuge, teniendo la capacidad y aptitud económica para hacerlo, así como verificar si existen órdenes de arresto emitidas por el Tribunal competente en orden a hacer cumplir dichas obligaciones. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., en razón de todos los argumentos mencionados en lo principal y demanda reconvencional, y de acuerdo a lo señalado en el art. ___ de la Ley de Matrimonio Civil, se sometan las razones de la solicitud de la parte demandante se sometan a mediación, con cargo a la parte contraria, pues es esta la que presentó la demanda de divorcio, o de no ser posible, seamos derivados a un centro de mediación gratuita. CUARTO OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría, tener presente que me patrocinará el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión……… a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de …………….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido. QUINTO OTROSI: Solicito a Ssa., se sirva tener presente que designo como forma de notificación, de mi abogado patrocinante, para todo lo relacionado con esta demanda, el siguiente correo electrónico:……………..

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EN LO PRINCIPAL: Se excuse de comparecer al demandante por motivos laborales. OTROSÍ: Solicita en subsidio, nuevo día y hora para la audiencia. Señor Juez Familia. …………., abogado, por la parte demandante en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, sobre Divorcio de Común Acuerdo, caratulada “………con………”, en causa RIT……….., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se excuse de comparecer al demandante don………., por motivos laborales, ya que mi representado trabaja en (faena, minera, etc)…………en la ciudad de………, en un sistema de turnos, trabaja 7 días y luego baja por 7 días, en la fecha fijada para la audiencia el día……… horas en la sala…., es imposible su comparecencia personal ya que en esa fecha se encontrará trabajando. Que, además, así se permite por el legislador en el art.68 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, que dice: “Si el divorcio fuere solicitado de común acuerdo por ambos cónyuges, las partes podrán asistir a la audiencia a que se refiere el artículo anterior personalmente o representadas por sus apoderados”. Además, se deberá tener presentes las reglas generales del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. Así dicho se cumplen los requisitos que expresa este citado artículo y deberá concederse la excusa respectiva, facultándose al efecto al letrado defensor de don……………………….. ES POR ESTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.68 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Decrete excusar a………….de comparecer personalmente a la audiencia decretada para el día……..por motivos laborales, y hacerlo a través de su abogado, considerándose que es un divorcio de común acuerdo y estar permitido por el legislador en la norma legal invocada. OTROSÍ: Solicito a Usía, en subsidio de no acceder a lo principal, se sirva fijar nuevo día y hora para la realización de la audiencia, propongo como fecha de celebración el día……., por las razones anteriormente expuestas en lo principal de esta presentación 383

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y además que se lleve a efecto a las……… horas, ya que mi representado debe viajar desde la ciudad de……. y no puede presentarse más temprano, por motivos de combinación aérea y de buses. POR TANTO: En mérito de lo expuesto. PIDO A USIA; Acceder en subsidio de lo principal, a lo solicitado, para comparecer a través de su abogado, fijando como fecha de celebración de la audiencia el día……. a las……. horas.

DÉCIMA TERCERA SECCIÓN - ENTREGA INMEDIATA DE UN MENOR Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Entrega inmediata de un menor. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Entrega inmediata de un menor. PRIMER OTROSI: Solicita se traiga a la vista expediente; SEGUNDO OTROSI: Oficio a Carabineros de Chile; TERCER OTROSI: Oficio a Policía Internacional; y CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ……………., domiciliado en la ciudad de………………., a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, la entrega inmediata del menor………………, atendido los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Yo en calidad de………. (padre o madre) del menor…………… y teniendo su cuidado personal otorgado por este Tribunal de Familia (o Juzgado de Menores), según resolución de día…………, 384

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la que se encuentra firme y ejecutoriada, y soy yo quien tiene a su cargo el menor, con los deberes de protección y cuidado, dado que su ……….(madre o padre) esta imposibilitada. Sin perjuicio de ello …….(ella o él) tiene el derecho de visitas y en estas circunstancias (cónyuge, ex cónyuge, ex pareja) ………. no lo ha devuelto a la fecha, transcurriendo más de ……….días he recurrido a sus familiares y me manifiestan que iba a salir de la región junto al menor, dijo que con autorización mía, por lo presumo pueda pasar alguna desgracia o bien sacarlo en forma ilegal del país. Por estas circunstancias solicito la entrega inmediata del menor ordenándose, además, las diligencias que solicito en otrosí con la mayor prontitud para evitar grave perjuicio al menor. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.254 del Código de Procedimiento Civil y art. 8 Nº17 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de entrega inmediata del menor………………………., atendido a que tengo el cuidado personal por sentencia firme y ejecutoriada. PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., tener a la vista la causa RIT……….. sobre Cuidado Personal, que fundamenta la petición principal. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., oficiar a Carabineros de Chile, de la ciudad de…………… para que concurra a calle…………., donde probablemente se encuentra la madre del menor en casa de una amiga. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., ordene oficiar a Policía Internacional para que prohíba la salida del país y decretar el arraigo a todos los pasos Internacionales. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, …………..don ………………….., a quien confiero patrocinio y poder con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en ambos incisos, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado la ciudad de ……….., en calle…………………

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Procedimiento: Ordinario Tribunales de Familia. Materia: Entrega inmediata de un menor. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Solicita la entrega inmediata de menor que indica. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos con citación; SEGUNDO OTROSI: Se oficie a la fuerza pública con las más amplias facultades especialmente las de allanamiento y descerrajamiento; TERCER OTROSI: Orden de arraigo oficiándose al efecto; CUARTO OTROSI: Arresto ipso jure; QUINTO OTROSI: Apremio; y SEXTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ...................................., .............., domiciliado en la ciudad de ............................., calle ........................, a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, la entrega inmediata del menor...................... con quien me une el vínculo de madre e hijo, ya que yo tengo el cuidado personal y por ley me corresponde, que lo tiene su padre .....................oficio, domiciliado en…….....en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Los Hechos 1) Con el padre no estamos unidos en vínculo de contrato matrimonial, por lo que sólo se le concedió visitas por horas atendido su mal genio y conductas bruscas con el menor. 2) El padre al retirar el menor de la visita que tenia fijada no lo a devuelto al hogar transcurrido más de……..horas, por lo que debo recurrir a Usía, ya que al ir a buscarlo a su casa su madre me señalo que lo había llevado a ........................... a vivir con él. El Derecho 1) Que, Vuestra Señoría el art.225 del Código Civil señala, “Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos”, lo que en este caso corresponde el padre los retiro de mi esfera de cuidado, para sacarlos de visita, y hace más de dos días que no lo devuelve a mi cuidado el menor tiene 5 años de edad, por lo que debe estar sufriendo por la separación pues 386

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al ser hijo único y yo estar dedica preferentemente a su cuidado a creado un vínculo, y que el padre no sabe comprende y puede desconocer otro trato, que siempre será más rudo que el que yo le brindo. 2) Además, no hemos realizado acto alguno para alterar el cuidado personal del menor por lo que me corresponde su cuidado personal, todo ello según el art.225 inciso del Código Civil. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.26 N°1 de la Ley 16.618 sobre Menores, art. 254 del Código de Procedimiento Civil, art.225 inciso 1 del Código Civil, art.5 inciso 2 de la Constitución Política de la República, Convención de los Derecho del Niño, ratificado por Chile. PIDO A USÍA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por la entrega inmediata del menor.........................ya individualizado, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio y declarar: Que, se haga entrega inmediata del menor…... a mí como su madre por tener el cuidado personal, a través de sentencia judicial, al no haberse devuelto dentro del plazo que tenía para hacerlo. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos: 1.- Certificado de nacimiento del menor. 2.- Copia de sentencia autorizada que otorgo su cuidado personal SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., ordene oficiar a la fuerza pública para que concurra al domicilio de don...............decretándose las más amplias facultades especialmente las de allanar y descerrajar, en caso de oposición por cualquiera de sus moradores y retirar al menor ya individualizado. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, ordenar el arraigo del menor............ ordenándose oficiar a Carabineros de Chile y Policía Internacional a la brevedad para evitar una salida al extranjero. CUARTO OTROSÍ: Solicito a Usía, ordenar el arresto ipso jure del padre del menor.................sin más trámite habilitándose para tal efecto todos los días hábiles e inhábiles, lugares y sitios para proceder por la fuerza pública. 387

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QUINTO OTROSI: Solicito a Usía, ordene el apremio del art.66 inciso final de la Ley 16.618 sobre Menores que dice: “El que fuere condenado en procedimiento de tuición, por resolución judicial que cause ejecutoria, a hacer entrega de un menor y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo señalado por el tribunal, o bien, infringiere las resoluciones que determinan el ejercicio del derecho a que se refiere el artículo 229 del Código Civil será apremiado en la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil. En igual apremio incurrirá el que retuviese especies del menor o se negare a hacer entrega de ellas a requerimiento del tribunal.” SEXTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, .....…………….. a quien confiero patrocinio y poder al ………………….. con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos los que doy por expresamente reproducidas, especialmente las de avenir, percibir y transigir, ambos domiciliados en la ciudad de…………………………...

DECIMA QUINTA SECCIÓN - FILIACIÓN Procedimiento: Ordinario ante Tribunales de Familia. Materia: Determinación de filiación no matrimonial. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de determinación de filiación no matrimonial. PRIMER OTROSI: Medios de prueba; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder.

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digo:

Señor Juez Familia …………………., domiciliada en la ciudad de………..a Usía,

Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante el Tribunales de Familia, por acción de filiación no matrimonial al padre de mi hijo menor de edad………………, de mí mismo domicilio a don …………………….., domiciliado en la ciudad de……………., sobre la base de los antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer: Mantuve una relación sentimental con el demandado, al que conocí por motivo de mi trabajo, pues, el es ....................... y yo como ............................ mantengo mí .............................. y demás servicios .................................. en esa institución, el es casado no obstante, me dijo que estaba separado de hecho, por lo cual vivimos un romance apasionado, manteniendo relaciones sexuales de carácter permanente él me dijo que se divorciaría o anularía y se casaría conmigo hecho que no ocurrió. Tengo interés en que se reconozca la calidad de hijo no matrimonial por el padre, por razones morales, sin perjuicio de los demás derechos inherentes a la calidad. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 195 y Ss., del Código Civil, art. 254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº8 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia.PIDO A USIA: Decrete tener por entablada demanda en Procedimiento Ordinaria ante los Tribunales de Familia sobre Determinación de Filiación de Hijo No Matrimonial, en contra del padre del menor ………………don…………., ya individualizado; previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Que, don……………..es padre del menor……………………; 2) Ordenar se subinscriba la correspondiente sentencia al margen de la partida de nacimiento; y 3) Que, se condene expresamente al demandado al pago de las costas ocasionadas en juicio, previa tasación. PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que me valdré de todos los medios que me franquea la Ley, especialmente testimonial, instrumentos, confesional, peritos, oficios, etc. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me 389

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patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, don............................... a quien confiero patrocinio y poder al ................................ con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos los que doy por expresamente reproducidas, especialmente las de avenir, percibir y transigir, ambos domiciliados en la cuidad de.......................................

Procedimiento: Ordinario ante Tribunales de Familia. Materia: Demanda Impugnación de paternidad. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda por impugnación de paternidad. PRIMER OTROSI: Medios de prueba; SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder, forma de notificación y se incluya en intranet. Señor Juez de Familia. ……………domiciliada en la ciudad de …………a Usía, digo Que, vengo en demandar, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia por impugnación de paternidad a mi cónyuge…….., , domiciliada en la ciudad de …………….., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: I.- Los Hechos. (1) Que, Vuestra Señoría, con mi cónyuge, ya individualizada, pasamos varias crisis matrimoniales, en estas circunstancias ella se iba de la casa y retornaba, en el lapso de días, semanas e incluso meses. (2) Que, en unas de estas crisis ella se fue y luego retorno al hogar común, quien me expreso que estaba en estado de preñez, situación que hizo que reanudáramos la vida marital y común. (3) Que, después y en varios comentarios en reuniones sociales y durante una pelea con ella me expreso que el 390

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menor……….de …años, no es mi hijo, lo que me ha provocado una serie de dudas y viéndole bien no se parece en cuanto a las características físicas mías. II.- El Derecho. (1) Que, conforme con lo dispuesto en el art.195 del Código Civil, que establece la libre investigación de la paternidad y maternidad, como principio básico en materia de filiación. (2) Que, también esta juego el interés superior del niño, que debe saber quien es su verdadero padre, lo que esta determinado a través de normas constitucionales ratificadas por Chile, en el art.5 inciso 2 de la Constitución Política. (3) Que, atendidos estos principios generales del Derecho de Familia, es que se debe dar curso a este libelo y ordenar oportunamente se realicen las pruebas biológicas de rigor. (4) Que, además, es competente el Tribunal de Familia, para conocer de esta materia, según el art.8 N°8 de la Ley 19.968 POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art.195 y Ss., del Código Civil, art. 254 del Código de Procedimiento Civil y art. 147 del Código Orgánico de Tribunales y art.8 N°8 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A VUESTRA SEÑORÍA DE FAMILIA: Se sirva tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante Tribunales de Familia por impugnación de filiación matrimonial en contra de mi cónyuge doña………….., ya individualizada y previo examen de admisibilidad, fijar día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio; declarar: 1) Que el menor…………….no es hijo de filiación matrimonial con la demandada doña………….. 2) Ordenar se oficie al Registro Civil, en su oportunidad para que la sentencia firme y ejecutoriada sea subinscrita al margen de la partida de nacimiento del menor…...: 3) Que, se condene expresamente al pago de las costas a la demandada. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, decrete tener presente que mi representado se valdrá de todos los medios de prueba que le franquea la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y que da por reproducidos uno a uno sin exclusión alguna. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio 391

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de la profesión don ………………………., a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad……………….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado ……………….., cédula de identidad …….., correo electrónico ………………………para todos los efectos legales y se incluya a través del sistema intranet. Procedimiento: Ordinario ante Tribunales de Familia. Materia: Demanda Impugnación de paternidad. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda por impugnación de paternidad. PRIMER OTROSI: Medios de prueba; SEGUNDO OTROSI: Acompaña documentos en forma legal; TERCER OTROSI: Acumulación de autos; CUARTO OTROSI: Suspensión de audiencia que indica; QUINTO OTROSI: Forma de notificación y se incluya en intranet; y SEXTO OTROSI: Patrocinio y poder.

digo:

Señor Juez Familia. ……………….., domiciliado en la ciudad de…………, a Usía,

Que, vengo en demandar, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por impugnación de paternidad a mi cónyuge ……………, dueña de casa, domiciliada en la ciudad de……………, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: I.- Los Hechos. (1) Que, como consta del certificado de matrimonio que acompaño en otrosí de esta demanda contraje matrimonio con doña ……………… ya individualizada, pactándose el régimen de 392

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separación total de bienes en el momento de la celebración del mismo. (2) Que, de las relaciones sexuales, habidas del contrato de matrimonio, nació la menor…………., quien tiene ............ año de edad y que vive con su madre. (3) Que, luego de diferentes crisis vivimos en unión hasta el mes de ………….. del año …….., debido a diferencias irreconciliables en nuestros caracteres a la fecha. (4) Que, luego que nació nuestra hija a quien yo creía y asumía como fruto de mi sangre, siempre en el barrio había comentarios de que ella antes de contraer matrimonio conmigo ya estaba embarazada de un antiguo novio la cual la dejo sola al saber que estaba en ese estado, del cual su señoría desconozco mayormente su nombre o identidad. (5) Que, la madre de mi cónyuge, es decir, mi suegra doña _________________realizaba los mismos comentarios dejándome como el tonto del barrio por la cual asumí la paternidad de que la menor era mi hija, ya que al momento de contraer matrimonio nunca presentó síntomas de preñez, lo que se acrecienta que jamás tuve relaciones prematrimoniales con ella. (6) Que, en el mes de ……. del presente año en causa RIT…………la madre de la menor interpone en mí contra demanda de Pensión de Alimentos ante el Tribunal de Familia de .............., la cual pago actualmente con el carácter de alimento provisorio una suma de $....... pesos. (7) Que, en atención de todo lo anteriormente expuesto y con una duda más que razonable procedí a realizarme un examen de ADN el día…………en un laboratorio junto a mi mujer e hijo putativo y se me confirma mis sospechas de que no soy el padre Biológico de la Menor lo cual me causo de todas formas un gran dolor porque obviamente la sentía como mi hija. II.- El Derecho. (1) Que, conforme con lo dispuesto en el art.195 del Código Civil, que establece la libre investigación de la paternidad y maternidad, como principio básico en materia de filiación. (DERECHO DE FAMILIA. Rubén Celis Rodríguez, 1ª Edición, Agosto 2009, pág. 125 y Ss., Editorial Aremi) (2) Que, también esta juego el interés superior del niño, que debe saber quien es su verdadero padre, lo que esta determinado a través de normas constitucionales ratificadas y vigentes por Chile, en el art.5 inciso 2 de la Constitución Política 393

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de la República, especialmente la Convención Internacional de Derechos del Niño. (3) Que, atendidos estos principios generales del Derecho de Familia, es que se debe dar curso a este libelo y ordenar oportunamente se realicen las pruebas biológicas de rigor. (4) Que, además, es competente el Tribunal de Familia, para conocer de esta materia, según el art.8 N°8 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art.195 y Ss., del Código Civil, art. 254 del Código de Procedimiento Civil, art. 147 del Código Orgánico de Tribunales y art.8 N°8 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A VUESTRA SEÑORÍA DE FAMILIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante Tribunales de Familia por impugnación de filiación matrimonial en contra de mi cónyuge doña………….., ya individualizada y previo examen de admisibilidad, fijar día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio; declarar: 1) Que, la menor…………no es hija de filiación matrimonial con la demandada doña……….. 2) Que, se decrete especialmente la prueba pericial de ADN, ordenándose los oficios para la toma de muestras al Servicio Médico legal de la ciudad de ………..; 3) Ordenar se oficie al Registro Civil, en su oportunidad para que la sentencia firme y ejecutoriada, sea subinscrita al margen de la partida de nacimiento del menor…………. 4) Que, se condene expresamente al pago de las costas a la demandada……………….. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, decrete tener presente que me valdré de todos los medios de prueba que le franquea la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y que da por reproducidos uno a uno sin exclusión de prueba alguna y que ofrecerán en la audiencia preparatoria. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que acompaño como documentos fundantes los siguientes: + Certificado de matrimonio. + Certificado de nacimiento. + Informe de ADN, realizado Laboratorio ............................... de esta ciudad. 394

PRÁCTICA FORENSE

TERCER OTROSI: Solicito a Usía, ordenar la acumulación de esta causa, a la causa RIT ………., especialmente atendido el interés superior del niño y ordenarlo así el art.17 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, ordene la suspensión de la audiencia fijada con fecha_______________en causa RIT ……., sobre Alimentos, que se ventila entre las mismas partes, basado en el art.13 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. QUINTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente como forma de notificación el correo electrónico……..para los efectos legales y se incluya a través del sistema intranet, cédula de identidad…….. SEXTO OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión …….. a quien otorgo patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del Artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos, domiciliado en la ciudad de………….. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.6 y 7 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USIA: Decrete tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado ya individualizado.

DÉCIMA SEXTA SECCIÓN - GUARDAS Procedimiento: Ordinario Tribunales de Familia. Materia: Nombramiento curador especial. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Nombramiento de curador especial. PRIMER OTROSI: Se ordene que sirva de suficiente discernimiento, la resolución que lo designa; SEGUNDO OTROSI: Copia autorizada; TERCER OTROSI: Se traiga a la vista el expediente que indica; CUARTO OTROSI: Informe Defensor Público; QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder. 395

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Señor Juez Familia. ..................., de profesión ....................., domiciliado en ............................, a Usía, digo: Que, vengo en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en solicitar se designe curador especial a don…………….en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: 1) Que, por resolución judicial (o administrativa) de fecha .... de ......... de 200…...., del .....º Juzgado en lo Civil (o Registro Civil) de esta ciudad, se concedió la posesión efectiva de la herencia intestada quedada al fallecimiento de mi cónyuge don ....................., a nuestros hijos: .............. y ................, menores de edad, sin perjuicio de los derechos que, como cónyuge sobreviviente, me corresponden. La posesión efectiva se inscribió a fs.... .. Nº ........, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de ............ del año 20…..... 2) Con el fin de proceder a la liquidación de la sociedad conyugal habida entre el causante y la compareciente y de partir los bienes que forman su herencia, se hace necesario dar, a mis hijos menores, ya nombrados, un curador especial para que los represente en la liquidación de la sociedad conyugal y en la partición de la herencia referida, toda vez que podrían existir derechos contrapuestos entre la suscrita y sus hijos menores. 3) Para este cargo, y siendo mis hijos impúberes, propongo, salvo mejor parecer de V. S., que se designe curador especial a don ........................., de profesión ................, de reconocida honorabilidad y solvencia, y que tiene con los menores la siguiente relación: .................................... POR TANTO: Y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 345, 370 y Ss., 375, 494 y 495 del Código Civil y arts. 833 y Ss., del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº6 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, nombrar un curador especial de los menores impúberes.................. y ................, a don ............, previo examen de admisibilidad, fijar día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar:

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1) Que, se nombre como curador especial a don………… ..a los menores impúberes………………….., ya individualizados; 2) Que, el curador especial los representará en la liquidación de la sociedad conyugal que existió entre la suscrita y el causante, y en la partición de la herencia dejada por éste; y 3) Que, a este efecto, el curador designado podrá, en representación de los menores nombrados, concurrir a la designación de Juez Arbitro, partidor y liquidador, o a la escritura de liquidación y partición de consuno, en su caso. PRIMER OTROSI: Atendido lo escaso de la fortuna de los menores, dado que la masa total de bienes asciende a poco más de $.............., y de acuerdo con el artículo 854, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, solicito a Usía, disponer que sirva, de suficiente discernimiento, la resolución, de Ssa., que designe el curador. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, ordenar se me dé copia autorizada de la resolución que nombre al curador y del acta de su juramento y aceptación del cargo, para los fines de su actuación. TERCER OTROSI: Para comprobar el parentesco del actor y la menor edad de sus hijos y la cuantía de la herencia, piso a Usía. se sirva disponer que se traiga a la vista el expediente de posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de don .................., seguido ante el Sr. Juez del .........º Juzgado civil de ésta, Rol Nº .............o Resolución administrativa que concedió la posesión efectiva por el Registro Civil e Identificación. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, ordene que informe el Defensor Público acerca de esta solicitud. QUINTO OTROSI: Solícito a Ssa, tener presente que patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión…………., a quien otorgo patrocinio…………y poder a…………………con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en la ciudad de ………………….

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Procedimiento: Ordinario. Materia: Nombramiento curador del demente. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Nombramiento de curador del demente. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos en forma legal; SEGUNDO OTROSI: Información sumaria; TERCER OTROSI: Se ordene que sirva de suficiente discernimiento, la resolución que lo designa; CUARTO OTROSI: Solicita exención de fianza y facción de inventario solemne; QUINTO OTROSI: Se pida informe al Defensor Público; SEXTO OTROSI: Copia autorizada; SÉPTIMO OTROSI: Se traiga a la vista el expediente que indica; OCTAVO OTROSI: Dictamen médico; NOVENO OTROSI: Se cite a audiencia de parientes; y DÉCIMO OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. …………………domiciliada en la ciudad de………………. a Usía, digo: Que, vengo en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en solicitar el nombramiento de curador de mi padre ……….., pensionado, domiciliada en la ciudad de ……………… que se encuentra en estado de demencia, según sentencia firme y ejecutoriada dictada por el Tribunal de Familia (o Civil) ……………….. Señala el art. 456 del Código Civil, señala: “El adulto que se halla en un estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos”. Hecho que se prueba a través de la sentencia que se acompaña en otrosí. Yo soy el sujeto activo para solicitar este nombramiento al tenor del art.459 y 462 N°2 del Código Civil, quien lo tiene a su cuidado, desde que se encuentra en su grave estado de enfermedad postrado en cama. Corresponde que se me difiera está curaduría al tenor del art.462 N°2 del Código Civil, o sea, le corresponde a los descendientes lo que acreditó con las partidas de nacimiento que acompañó en otrosí. 398

PRÁCTICA FORENSE

Por estas circunstancias solicito que se genere el efecto sobre la persona y bienes del demente, que se destinaran a procurarle en aliviarle y procurarle una mejoría, al tenor del art. 467 del Código Civil. YA QUE: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 456 del Código Civil y art. 254, 843, 838 y Ss., del Código de Procedimiento Civil y art.134 del Código Orgánico de Tribunales y art.8 Nº6 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia.PIDO A USIA: Decrete se me designe curador de mí padre demente………, ya individualizado, para que lo represente en su persona y bienes ante todas las circunstancias de la vida en que deba actuar, ordenar se efectúe las publicaciones legales, citándose a las audiencias de rigor dentro del más breve plazo. PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., decrete tener acompañado en forma legal los siguientes documentos y decretar su oportuna devolución una vez afinada la gestión, bajo simple constancia en autos: 1) Copia autorizada de sentencia que declaro la interdicción. 2) Certificado de matrimonio. 3) Certificado de nacimiento. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría, ordenar recibir información sumaria, según lo señalado en el art. 818 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el art. 460 del Código Civil, para acreditar la enfermedad mental de don…………. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., que atendido lo escaso de la fortuna de mí padre, dado que la masa total de bienes asciende a poco más de $............ de pesos, y de acuerdo con el art. 854 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, solicito a Usía, disponer que sirva, de suficiente discernimiento, la resolución, de Vuestra Señoría, que designe el curador. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, ordenar dada la escasa fortuna de eximir al curador de la obligación de rendir fianza y además de ser yo descendiente de la persona que se solicita se nombre curador y que soy una persona de reconocida probidad y solvencia y de la realización de facción de inventario solemne, al tenor del art.375 y 380 del Código Civil. QUINTO OTROSI: Solicito a Ssa., remitir en su oportunidad los antecedentes al Defensor Público, para que evacue su informe en virtud de lo señalado en el art. 845 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil. 399

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SEXTO OTROSI: Solicito a Usía, se me dé copia autorizada de la resolución que me nombre curador y del acta de su juramento y aceptación del cargo, para los fines de mi actuación. SÉPTIMO OTROSI: Para comprobar que se decreto la interdicción definitiva solicito a Usía, ordene traer a la vista la causa RIT………… que acredita lo expuesto en lo principal de este escrito. OCTAVO OTROSI: Solicito a Usía, decrete un dictamen médico según lo señala el art. 460 del Código Civil, por facultativos de su confianza. NOVENO OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría, que ordene se cite a una audiencia de parientes en esta causa para que los familiares puedan comparecer y expresar lo que sea conforme a sus derechos, fijándose al efecto día y hora para llevarse efecto y el diario en que deberá publicarse el extracto que oportunamente redactará el Sr. Secretario del Tribunal. Por lo que: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.42 del Código Civil. Pido a Usía: Decretar se cite a una audiencia de parientes, fijándose al efecto día y hora para su celebración. DÉCIMO OTROSÍ: Solícito a Ssa, tener presente que patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión don...........….., a quien otorgo patrocinio y poder con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en la ciudad de ………... Procedimiento: Ordinario Tribunales de Familia. Materia: Nombramiento curador ad litem. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Designación de curador ad litem. PRIMER OTROSI: Copia autorizada; SEGUNDO OTROSI: Informe Defensor Público; y TERCER OTROSI: Patrocinio y poder. 400

PRÁCTICA FORENSE

Señor Juez Familia. ................., de profesión ................ domiciliado en ................. Nº......, a Usía, digo: Que, el menor ....................., de ..... años de edad, domiciliado en……….. ................... Nº........, con quien me liga el vínculo de .... ..........................., debe comparecer en un juicio de ................., en procedimiento ..............., en contra de don .........................., para obtener............. En razón de su incapacidad, y de que carece de quien lo represente, en dicho pleito, pues, ..............., procede que se le designe un curador especial para el juicio. Me permito proponer, para el cargo, a don ....................., de profesión ................, de reconocida solvencia y honorabilidad, POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 345, 370 y siguientes, 375, 494 y 495 del Código Civil y art. 254, 833 y siguientes, 852 y 854 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº6 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia.PIDO A USIA: Decrete designar curador especial, del menor individualizado, a don ..........................., o a la persona idónea que Usía, estime conveniente, para que le represente en el pleito mencionado, sirviendo, de suficiente discernimiento, el decreto que la nombre. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, ordenar que se dé copia autorizada de la resolución que nombre al curador, y del acta de su juramento y aceptación del cargo, para los fines de su actuación. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, ordene que informe el Defensor Público, en esta causa. TERCER OTROSI: Solícito a Ssa, tener presente que patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión .....................…….., a quien otorgo patrocinio…………y poder a…………………con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en la ciudad de ………………….

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Procedimiento: Ordinario Tribunales de Familia. Materia: Excusa de servir la guarda. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Se excusa de servir la guarda que indica. OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ................................, de profesión ................., domiciliado en ................. Nº......., en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Nombramiento de Guardador de don ................., en causa RIT………..a Usía, digo: Que, me excuso de servir el cargo de curador, del incapaz mencionado, que me fue conferido, por Usía, por resolución de fecha ........ de .......de 200..., debido a que tengo la siguiente justificación: .................................., contemplada en el art. 514 Nº ....º del Código Civil. Acredito esta circunstancia con el documento emanado de ..................................., que acompaño. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art.514 del Código Civil.SOLICITO A USIA: Declararme eximido de servir dicha guarda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por la causal…………. invocada en el cuerpo de este escrito. OTROSI: Solicito a Ssa, tener presente que patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión ..........…….., a quien otorgo patrocinio y poder con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en la ciudad de ………………….

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PRÁCTICA FORENSE

Procedimiento: Voluntario Materia: Nombramiento de curador. Interesado: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Nombramiento de curador. PRIMER OTROSI: Exención de fianza y de reducir el discernimiento a escritura pública; SEGUNDO OTROSI: Información sumaria; TERCER OTROSI: Audiencia de parientes; CUARTO OTROSI: Informe Defensor público; y QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ......................, de profesión ................, domiciliado en ............................ Nº......, a Usía, digo: Que, solicito que se me nombre como curador legítimo, a mi pariente en grado .............., a mi ......... ........., don ......................, de profesión ............, domiciliado en ................... Nº....., dado que soy menor adulto y no tengo padres vivos, como consta de la partida de mi nacimiento y de las de defunción que acompaño. Mi parentesco con el curador que propongo, consta de las partidas de nacimiento y de matrimonio que, también, acompaño. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 366 y siguientes del Código Civil y 838 y Ss., del Código de Procedimiento Civil.SOLICITO A USIA: Designar, como mi curador general, a don ......................, ya individualizado. PRIMER OTROSI: Mi fortuna es escasa, pues, en total, sólo alcanza a la suma de $ ............, aproximadamente. Por tanto: y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 375 inciso final del Código Civil y 854 del Código de Procedimiento Civil, Pido a Usía, eximirme de la obligación de reducir a escritura pública la resolución que autoriza, al curador, para ejercer el cargo, declarando que servirá de suficiente discernimiento la resolución que le designe; y eximir, a dicho curador, de la obligación de rendir fianza, dado que se trata de una persona de reconocida probidad y solvencia. 403

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SEGUNDO OTROSI: A fin de acreditar los hechos expuestos en esta solicitud, Solicito a Usía, se sirva ordenar que se rinda información sumaria de testigos, que ofrezco. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa, se cite a audiencia de parientes en virtud del art.42 del Código Civil CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, ordene informar el Defensor Público, en esta causa. QUINTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión .............….., a quien otorgo patrocinio…..……y poder a…………….…con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en la ciudad de ……………….

Exención de fianza y de inventario solemne. Señor Juez Familia ......................., de profesión .................., domiciliado en ................ Nº ....., oficina Nº ......, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en causa RIT……........, a Usía, digo: Que, el otorgar caución del resultado de mi gestión, como representante legal del referido pupilo, y el realizar un inventario solemne y su protocolización, significan gestiones demás y gastos desproporcionados en relación con el caudal de mi representado. Efectivamente, el capital total se aprecia en la suma de $ ............. y está constituido por ................. La renta que tales bienes producen, por mes, la suma de $ ............, es exigua para subvenir las necesidades más primordiales de él. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto por los art. 375 y 380 del Código Civil. SOLICITO A USIA: Se sirva eximirme de las obligaciones de otorgar fianza 404

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y realizar inventario solemne y de protocolizarlo, de modo que vuestra resolución recaída en esta solicitud, después de la información ofrecida, sirva de suficiente discernimiento. DISCERNIMIENTO DE GUARDA Y FIANZA. ESCRITURA PÚBLICA. En................, a..... de ........ de dos mil …………......., comparece en la Sala de su Despacho el Señor Juez de Familia de esta ciudad, y expone: PRIMERO: Que, de acuerdo con lo resuelto en la causa RIT ....., del Tribunal de Familia de……………. sobre nombramiento de curador............, de la persona y bienes de don ................, por el presente instrumento, discierne a don ...................., el indicado cargo, para el cual ha sido nombrado, según los antecedentes que, al final, se insertan; SEGUNDO: Presente a este acto, don ...................., de nacionalidad .........., de estado civil .........., de profesión .........., domiciliado en .................... Nº......., para garantizar el fiel cumplimiento del cargo para el que ha sido nombrado, según lo expuesto en el número anterior, se declara fiador. : Voluntario Materia: Nombramiento de curador. Interesado: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Nombramiento de curador de bienes del ausente. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos en forma legal; SEGUNDO OTROSI: Información sumaria; TERCER OTROSI: Se ordene que sirva de suficiente discernimiento, la resolución que lo designa; CUARTO OTROSI: Solicita exención de fianza y facción de inventario solemne; QUINTO OTROSI: Se pida informe al defensor público; SEXTO OTROSI: Copia autorizada; SEPTIMO OTROSI: Se traiga a la vista el expediente que indica; OCTAVO OTROSI: Oficio que indica; NOVENO OTROSI: Se cite a audiencia de parientes; y DÉCIMO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 405

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Señor Juez Familia …………….. , domiciliado en la ciudad de.................... , a Usía, digo: Que por auto de fecha …. de noviembre de ….. del ….Juzgado Civil (o resolución administrativa) de …….., se concedió la posesión efectiva de la herencia intestada quedada al fallecimiento de mi padre……..; siendo uno de sus herederos mi hermano don …………soltero, de quien se desconoce su domicilio o residencia y con quien no se ha mantenido contacto durante estos últimos ………… años a la fecha vengo en solicitar se le nombre curador de ausentes. Según lo señala el art.473 del Código Civil, que dispone: “En general habrá lugar al nombramiento de curador de los bienes de una persona ausente cuando se reúnan las circunstancias siguientes: 1ª Que no se sepa de su paradero, o que a lo menor haya dejado de estar en comunicación con los suyos, y de la falta de comunicación se originen perjuicios graves al mismo ausente o a terceros; 2ª Que no haya constituido procurador o sólo le haya constituido para cosas o negocios especiales”. De acuerdo, a lo señalado en dicho artículo se cumplen los requisitos que en él se señala y siendo la voluntad de la comunidad formada con motivo del fallecimiento de mi padre………y la intención de partirse la situación nos causa perjuicios, por el cual solicito se le nombre curador de bienes del ausente. La posesión efectiva (o resolución administrativa)se inscribió a fs…….N° del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de ……….del año…… y la inscripción especial de herencia se practicó a fs…. N°….del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad ……………... Con el fin de proceder a la partición se hace necesario dar, al heredero…….., ya nombrado, un curador de bienes de ausentes para que lo represente en la partición de la herencia referida. Para este cargo propongo, a ……………salvo mejor parecer de Usía, para que se le designe curador de bienes del ausente don…………, por ser de reconocida honorabilidad y solvencia, en virtud del art.462 N°.. del Código Civil. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 343, 462, 473, 474 y Ss., del Código Civil y art.254, 844, 845 y 846; Ss., del Código de Procedimiento Civil y art.134 del Código Orgánico de Tribunales. PIDO A USIA: 406

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Designar curador de bienes del ausente a don……, ya individualizado, para que lo represente en la partición de la herencia en la cual es heredero. Este efecto, el curador designado podrá, en representación de don…….., concurrir a la designación de Juez Árbitro, partidor y liquidador, o a la escritura de liquidación y partición de consuno, en su caso. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener acompañados, con citación los siguientes documentos: 1) Copia de la inscripción de posesión efectiva; 2) Certificado de nacimiento del ausente; y 3) Copia especial de herencia; y 4) Certificado de avalúo. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, a fin de acreditar los hechos expuestos en esta solicitud, Solicito a Usía, se sirva ordenar que se rinda información sumaria de testigos, que ofrezco, al mérito del art. 845 inciso 1 del Código Procedimiento Civil. TERCER OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría, que atendido lo escaso de la fortuna, dado que la masa total de bienes asciende a poco más de $............, y de acuerdo, con el art.854 inciso 2 del Código Procedimiento Civil, disponer que sirva de suficiente discernimiento, de la resolución, Usía, que designa el curador. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, dada la escasa fortuna de eximir, a dicho curador, de la obligación de rendir fianza, y además, de que está persona de reconocida probidad y solvencia y de la realización de inventario solemne. QUINTO OTROSI: Solicito a Usía, ordenar se remitan en su oportunidad los antecedentes al Defensor Público, para que evacue su informe en virtud de lo señalado en el art.845 inciso 2 del Código Procedimiento Civil. SEXTO OTROSI: Solicito a Usía, ordenar se me dé copia autorizada de la resolución que nombre al curador y del acta de su juramento aceptación del cargo, para los fines de su actuación. SÉPTIMO OTROSI: Que para comprobar el parentesco del solicitante y la cuantía de la herencia, solicito a Usía, se sirva disponer que se traiga a la vista el expediente causa rol ……de posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de……, seguido ante el …….Juzgado Civil de…………… OCTAVO OTROSI: Solicito a Usía, ordene oficiar a las Notarias…… para que señalen si desde el año…. A la fecha existe mandato o poder otorgado por don……a persona determinada y si dichos poderes se encuentra vigentes. NOVENO OTROSI: Solicito a Usía, se cite a audiencia de parientes al tenor del art.42 del Código Civil. 407

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DÉCIMO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que patrocinará en estos el abogado habilitado para el ejercicio la profesión .............…….., a quien otorgo patrocinio………… y poder a ……………con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código Procedimiento Civil, las que doy por expresamente reproducidas en este acto, especialmente las facultades avenir, percibir y transigir, pudiendo actuar de consuno separadamente, pudiendo reasumir el patrocinante sin necesidad de acto procesal previo, ambos domiciliados para todos los efectos legales en la ciudad de ………………….

DÉCIMA SÉPTIMA SECCIÓN - MEDIDA DE PROTECCIÓN Procedimiento: De protección de derechos. Materia: Medida de protección. Demandante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demandan medida de protección de consuno. PRIMER OTROSI: Acompañan documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Se reciba información sumaria de testigos; TERCER OTROSI: Se decrete medidas cautelares que indica; CUARTO OTROSI: Separación del menor de los padres; y QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ........................, ambos domiciliados de,................., ..., a Usía, decimos: 408

en

la

ciudad

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Que, venimos en demandar, en Procedimiento sobre Medida de Protección de Derechos, a favor del menor ……………………….., nacido el día…………, domiciliado en la ciudad de...................en nuestra calidad de abuelos, virtud de las siguientes razones y derecho que pasamos a exponer: 1° Que, la madre de la menor es nuestra hija matrimonial, la cual celebró el contrato de matrimonio con don .............................., quien es su marido. 2° Después de varios años de matrimonio con él, ella cometió adulterio con un vecino, con quien convive actualmente, en el campo en el sector........., donde ha mantenido una actitud descuidada con la menor, y esta actitud que la madre comparte en la misma cama con la pareja, habiendo una aprehensión total hacia esa actitud, pues, ellos consumen alcohol, pudiendo producirse violación o severos daños psicológicos al ver a la pareja desnuda y como mantiene relaciones sexuales. 3° El padre de la menor no puede pedir la medida de protección, pues, es trabajador agrícola y realiza su labor en el sector ……….., con medios insuficientes, además, que nuestra nieta se encuentra en edad escolar, 4° Todas estas circunstancias hacen que solicitemos esta medida de protección, pues, pretendemos velar por el interés superior del niño tanto en forma física como psicológicamente, para evitar trastornos posteriores que la marcaran por el resto de su vida. A este también las condiciones económicas para enfrentar el inicio de sus primeras letras. 5° Nuestro derecho esta amparado en el art. 226 del Código Civil, que dice: “Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padre, confiar el cuidado personal de los hijos a otra o personas competentes. En la elección de estas personas se referirá a los consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los ascendientes”. 6° Además, que mí hija se encuentra en las circunstancias previstas en el art. 42 N°6 de la Ley 16.618 “El maltrato junto con los malos ejemplos para la formación moral”; art. 42 N°7, de la citada Ley “Todos los demás casos en que se exponga al niño a peligro físico y moral”. 7° La jurisprudencia ha dicho: “El hecho de convivir la madre con quien no es su cónyuge ni el padre de los menores se estimó inhabilidad para constituir un peligro para la moralidad de los hijos”. (Revista de Derecho, Tomo 86, Secc. 2ª, pág. 30, citado 409

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en el Libro Derecho de Menores, autor Irma Bevestrello Bonta, Editorial Jurídica Conosur, año 2001.) POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art. 34 inciso 2, 29 N°4, 42 de Ley 16.618, art. 226 del Código Civil, art. 254 del Código de Procedimiento Civil, art. 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República, Convención de los Derecho del Niño, vigente y ratificado por Chile y art.8 Nº7 y 68 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PEDIMOS A USÍA: Decrete tener por presentada demanda en Procedimiento sobre Medida de Protección de Derechos, de la menor ...........ya individualizada, se fije día y hora para la audiencia preparatoria dentro de quinto día y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Acoger a tramitación, la medida de protección a favor del menor……….; y 2) Que, en definitiva dar lugar a la demanda declarando a nuestro favor el cuidado y protección de nuestra nieta……….. atendido el riesgo físico y psicológico a que esta expuesta. PRIMER OTROSI: Solicitamos a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos; con citación; 1.- Certificado de nacimiento. 2.- Certificado de matrimonio. SEGUNDO OTROSI: Solicitamos a Ssa., recibir información sumaria de testigos para que acrediten, la conveniencia de la medida de protección solicitada. TERCER OTROSI: Solicitamos a Usía, se decrete las medidas cautelares que se indicaran, según el art.71 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, estas son:……………………………………….. CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a Usía, decrete la separación de la niña de su madre para salvaguardar sus derechos, prefiriéndonos a nosotros al ser sus consanguíneos, al tenor del art.74 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. QUINTO OTROSI: Solicitamos a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, …………..a quien confiero patrocinio y poder a………………….. con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos los que doy por expresamente reproducidas, especialmente las de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de…………. 410

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Procedimiento: De protección de derechos. Materia: Medida de protección provisional. Solicitante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda medida de protección de derechos provisional. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Se reciba información sumaria de testigos; TERCER OTROSI: Se decrete medidas cautelares que indica; y CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. …………………, , domiciliado en la ciudad de ………… ........................, a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento sobre Medida de Protección de Derechos, que se entregue el cuidado y protección de mí hija de filiación no matrimonial …………, estudiante de….años, de mí mismo domicilio en carácter provisional a mi madre doña………… por el plazo de ……….año o en subsidio hasta su mayoría de edad, en virtud de las siguientes razones y derecho que paso a exponer: 1° Que, la madre de la menor de mí hija de filiación no matrimonial, se fue de la ciudad hace más de ……años a la fecha, no teniendo comunicación con ella ni posibilidad de ubicarla. 2° Que, la madre de mi hija se fue presumiblemente al norte del país con su nueva pareja, en estos años en el deber de cuidado que me impone la ley he velado por el cumplimiento y protección de mi hija, tratando en lo posible velar por el interés superior del niño. 3° Que atendido que las condiciones económicas en el país están malas he decido irme a trabajar a (país)…………, por el lapso de ....... año en virtud de una oferta laboral que me hicieron llegar unos primos que están radicados allá. 4° Que, aquí en el país trabajo de………….., que si bien es un trabajo digno, no me permite darle las mejores condiciones económicas y de salud a la menor, por lo que me veo en la triste necesidad de emigrar en busca de mejores condiciones de vida, 411

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con la esperanza de todo padre de dar las mejores condiciones de vida a sus hijos. 5° Que dadas estas circunstancias solicito se decrete como medida de protección provisional la entrega de la menor………………, a mí madre doña………….. , quien la cuidará hasta mi regreso del país y velara por sur cuidado integral. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en la Ley 16.618, art. 254 del Código de Procedimiento Civil, art.5 inciso 2 de la Constitución Política de la República, Convención de los Derecho del Niño, vigente y ratificado por Chile, art.8 Nº7 y 68 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete tener por presentada demanda en Procedimiento sobre Medida de Protección Provisional de Derechos de la menor………………… ya individualizada, se fije día y hora para la audiencia preparatoria dentro de quinto día y en el veredicto de la audiencia de juicio, y declarar: 1) Que, por las razones expuestas en el cuerpo de este escrito acogerla a tramitación, esta demanda; 2) Que, en definitiva dar lugar a ella declarando la medida de protección provisional de la menor para su cuidado y protección a doña ………………… por el plazo de…….año o en subsidio hasta la mayoría de edad. PRIMER OTROSI: Sírvase Usía, tener por acompañados los siguientes documentos: 1.- Certificado de nacimiento. 2.- Certificado de matrimonio. SEGUNDO OTROSI: Sírvase Ssa., recibir información sumaria de testigos para que acrediten, la conveniencia de la medida de protección. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, se decrete las medidas cautelares que se indicaran, según el art.71 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, estas son: CUARTO OTROSÍ: Solicito a Usía, tener presente que me patrocinará en estos autos el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, …………..a quien confiero patrocinio y poder al ………………….. con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos los que doy por expresamente reproducidas, especialmente las de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ,…………………. 412

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DÉCIMA OCTAVA SECCIÓN - NULIDAD-4 Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Nulidad de matrimonio. Demandante: Abogado patrocinante: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda nulidad de matrimonio. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; y SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. .................., de profesión.........., domiciliado en .........................., a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por Nulidad de Matrimonio a mí cónyuge don…………….., domiciliado en la ciudad de………………, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que, consta del certificado que acompaño que con fecha ...... de ..... de 200.... contraje matrimonio con don ...................., de profesión .........., domiciliado en .................... Nº...., ante el Oficial Civil de la Circunscripción ...................., de la ciudad de .......... Este matrimonio se inscribió bajo el Nº ..... del mismo año. (2) Que, dicho matrimonio, es nulo, porque, a la fecha de su celebración, el demandado don ...................., se encontraba ya casado con doña ....................

4 Se indica este escrito como tipo debiéndose adaptar a las demás causales: El matrimonio sólo podrá ser declarado nulo por alguna de las siguientes causales, que deben haber existido al tiempo de su celebración: a) Cuando uno de los contrayentes tuviere alguna de las incapacidades señaladas en el artículo 5, 6 ó 7 de la Ley 19.947. b) Cuando el concentimiento no hubiere sido libre y espontáneo en los términos en el artículo 8. (Art.44 de la L.M.C.) c) Es nulo el matrimonio que no se celebre ante el número de testígos hábiles en el artículo 17. ( Art.45 de la L.M.C.) 413

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(3) Que, en efecto, consta del certificado que acompaño, que dichas personas contrajeron matrimonio con fecha ..... de ................. 19...., ante el Oficial del Registro Civil de la Circunscripción ..............., de la ciudad de .........., inscrito bajo el Nº ..... del mismo año sin que a la fecha de nuestro matrimonio se encontrara disuelto aquél anterior. (4) Que, de acuerdo con el artículo 44 y 45 de la Ley de Matrimonio Civil, es nulo el matrimonio celebrado con cualquiera de los impedimentos designados en los artículos , 5, 6, 7 y 8 de la misma ley. Y el artículo 5 Nº1 citado expresa que no podrán contraer matrimonio los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto. En consecuencia, mi matrimonio con el demandado es nulo; y procede que Usía, así lo declare. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y dispuesto en el art.5, 6, 7, 8 y 44 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.8 Nº15 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y art.254 del Código de Procedimiento Civil. PIDO A VUESTRA SEÑORIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de nulidad de matrimonio en contra de don ...................., ya individualizado, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Declarar nulo el matrimonio que, con él, contraje ante el Oficial de Registro Civil de la Circunscripción .......... de la ciudad de .........., con fecha ..... de..... de 20...., inscrito bajo el Nº ..... del Registro de Matrimonios de dicho año; 2) Ordenar que se cancele la inscripción indicada, realizándose la respectiva subinscripción al margen de la partida matrimonial, con costas. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, por acompañados, con citación contraria, los certificados de matrimonio aludidos en lo principal. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocina en estas gestiones el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, en ambos incisos, las que doy por expresamente reproducidas, domiciliado en la ciudad de………..………. 414

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DÉCIMA NOVENA SECCIÓN - PATRIA POTESTAD Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Suspensión patria potestad. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda la suspensión de la patria potestad. PRIMER OTROSI: Audiencia de parientes; SEGUNDO OTROSI: Informe Defensor Público; TERCER OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ..........................., de profesión, ............., domiciliado en ................... Nº........, a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, a mí marido ................... de profesión .................., domiciliado en ...................... Nº........, Oficina Nº......., de suspensión de la patria potestad sobre nuestros hijos, por abandono. Contraje matrimonio, con el demandado, con fecha....... de ............... de 200....., ante el Oficial del Registro Civil de..........., contrato que se inscribió con el Nº....... de tal año. De este matrimonio, nacieron...... hijos, que son los siguientes: ......................................, todos de apellidos "....................". Todos estos hijos son estudiantes. El padre ha abandonado a nuestros hijos en la forma dicha en el art. 267 del Código Civil, …………………………………… Procede, mientras tanto, declarar la suspensión de la patria potestad que tiene el padre, sobre los referidos hijos, a fin de que yo asuma tal patria potestad. POR ENDE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.267 del Código Civil y art.8 Nº3 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. 415

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SOLICITO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda de suspensión de patria potestad, en contra de ............................ en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, fijar día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio declarar: (1) Que, mi marido don .............................................., ya individualizado, en relación con todos los referidos hijos; y declarar que, como consecuencia, me corresponde asumir tal patria potestad. (2) Que, se condene expresamente al demandado al pago de las costas ocasionadas. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, en virtud del art.268 del Código Civil decretar fijar día y hora para la audiencia de parientes. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, decrete ordenar en su oportunidad informe el Defensor Público en este procedimiento. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido al abogado............................... VIGÉSIMA SECCIÓN - REGULACIÓN CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA FAMILIA Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Regulación contribución económica a la familia. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: 416

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EN LO PRINCIPAL: Demanda de regulación de contribución económica a la familia. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia .................., de profesión .........................., domiciliado en .................. Nº ......, a Usía, digo: Que, presento demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de regulación de contribución económica en favor de la familia en contra de mi cónyuge doña ................., de profesión ............., domiciliada en ................... Nº ......., según lo que paso a exponer: Soy casado con doña ....................., bajo el régimen de ....................., según consta del certificado que acompaño. Nuestra familia consta de ....... hijos menores, que son: ................. Me desempeño en ....................., con un ingreso mensual de $ ............. Por su parte, mi cónyuge también trabaja como ...................., y gana, mensualmente, la cantidad de $ .................... Es del caso que, actualmente, yo soy el único que enfrenta y solventa todos los gastos económicos de la familia; mientras, mi cónyuge, que nada aporta, de los ingresos que obtiene, los destina, exclusivamente, para su uso personal. Por esto, mis ingresos me resultan cada día más insuficientes para poder mantener a la familia. Nuestros gastos mensuales son los siguientes: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Los ingresos de mi cónyuge son suficientes como para destinar una parte de ellos a los gastos familiares. Corresponde, entonces que mi cónyuge contribuya junto conmigo al mantenimiento de nuestra familia, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. 1º del art.134 del Código Civil: "El marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos medie". Dicha contribución debería ser de $ ............... mensuales, reajustables cada ...... meses de acuerdo a la variación que experimente el I.P.C. en dicho período. ENTONCES: De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos y al art.8 Nº17 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, art. 134 del Código Civil y art.134 del Código Orgánico de Tribunales. 417

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PIDO A USÍA: Decrete tener entablada demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, sobre regulación de contribución económica para la familia, en contra, de doña ................., ya individualizada, y previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declare: 1) Que mi cónyuge doña…………..debe proveer a los gastos familiares en la cantidad solicitada, o en la que Vuestra Señoría, se sirva fijar; 2) Que, se condene expresamente a la demandada al pago de las costas ocasionadas. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados los siguientes documentos: 1.- Certificado de matrimonio en que consta nuestro matrimonio y el régimen de ......................., con citación. 2.- Certificados de nacimiento de nuestros ......... hijos, con citación 3.- (Acompañar recibos de pago y otros documentos que acrediten los gastos de la familia), bajo el apercibimiento del art. 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil. 4.- Liquidación de remuneraciones de los ....... últimos meses que acreditan mi renta mensual, bajo el apercibimiento del art. 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil. 5.- Liquidación de remuneraciones de los ....... últimos meses que acreditan la renta mensual de mi cónyuge, bajo el apercibimiento del art. 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocina en estas gestiones el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, en ambos incisos, las que doy por expresamente reproducidas, domiciliado en la ciudad de….……….

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VIGÉSIMA PRIMERA SECCIÓN RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Relación directa y regular. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda relación directa y regular. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ………………….., domiciliado en la ciudad de………….., a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por Relación Directa y Regular, a mi cónyuge (ex cónyuge, conviviente, etc.)………… doña…………….…….. domiciliada en la ciudad……………………, pues, ella tiene al cuidado nuestros hijos menores…………………. por lo relacionado vengo en solicitar se fije esta relación directa y regular de la siguiente forma: 1) Que, se fije visita todos los fines de semana el día sábado ó domingo, para que compartan indistintamente con el padre y madre, desde las 9:00 a 21:00 horas, pudiendo el suscrito llevarlos conmigo y devolverlos, en el mismo lugar. 2) Que, en las vacaciones de verano sean un mes a cargo de cada padre según acuerdo entre nosotros, o en subsidio por resolución de Usía. 3) Que, las vacaciones de invierno sean una semana para cada uno de los padres. 4) Que, las fiestas de navidad y año nuevo serán indistintamente una para cada padre. 419

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5) Que, el padre podrá retirar a los menores desde la casa de la madre y llevarlos a pasear durante el período de vacaciones, incluso salir de la ciudad y región. Esta demanda la fundo en que cuando los padres no viven juntos no se podrá privar al otro padre de mantener con los menores una relación directa y regular, todo ello al tenor del art.229 del Código Civil. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art. 229 del Código Civil, art.8 Nº2 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, art.174 del Código Orgánico de Tribunales y art.48 de la Ley 16.618 sobre Menores. PIDO A USÍA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por Relación Directa y Regular a favor de los menores………………………………en contra de (padre o madre)………., ya individualizados, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y que en el veredicto de la audiencia de juicio, se declare: 1) Decretar la relación y directa en la forma propuesta, esto es………; 2) O en la forma que Usía, estime más adecuada, según el mérito de autos y lo que sea más beneficioso para los menores; y 3) Que, se condene expresamente a la demandada al pago de las costas. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañadas, con citación, los siguientes documentos: 1) Certificado de matrimonio. 2) Dos certificados de nacimiento. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me valdré de todos los medios de prueba que me franquea la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido. 420

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Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Relación directa y regular. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda relación directa y regular. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Se decrete relación directa y regular provisoria; y TERCER OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ………………….., domiciliado en la ciudad de………….., a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por Relación Directa y Regular, a mi cónyuge (ex cónyuge, conviviente, etc.)………… doña…………….…….. domiciliada en la ciudad……………………, pues, ella tiene al cuidado nuestros hijos menores…………………. por lo relacionado vengo en solicitar se fije esta relación directa y regular de la siguiente forma: 1) Que, se fije visita todos los fines de semana el día sábado ó domingo, para que compartan indistintamente con el padre y madre, desde las 9:00 a 21:00 horas, pudiendo el suscrito llevarlos conmigo y devolverlos, en el mismo lugar. 2) Que, en las vacaciones de verano sean un mes a cargo de cada padre según acuerdo entre nosotros, o en subsidio por resolución de Usía. 3) Que, las vacaciones de invierno sean una semana para cada uno de los padres. 4) Que, las fiestas de navidad y año nuevo serán indistintamente una para cada padre. 5) Que, el padre podrá retirar a los menores desde la casa de la madre y llevarlos a pasear durante el período de vacaciones, incluso salir de la ciudad y región. 421

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Esta solicitud la fundo en que cuando los padres no viven juntos no se podrá privar al otro padre de mantener con los menores una relación directa y regular, todo ello al tenor del art.229 del Código Civil. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art. 229 del Código Civil, art.8 Nº2 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y art.174 del Código Orgánico de Tribunales. PIDO A USÍA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por Relación Directa y Regular a favor de los menores………………………………en contra de (padre o madre)………., ya individualizados y previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y que en el veredicto de la audiencia de juicio, se declare: 1) Decretar la relación y directa en la forma propuesta, esto es………; 2) O en la forma que Usía, estime más adecuada, según el mérito de autos y lo que sea más beneficioso para los menores. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañadas, con citación, los siguientes documentos: - Certificado de matrimonio. - Dos certificados de nacimiento. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, decrete relación directa y regular provisional, mientras se ventila este juicio, atendido el retraso en fijarse la audiencia preparatoria, una vez cada 15 días en las dependencias del tribunal, salvo mejor parecer de Usía. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido.

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Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Relación directa y regular de consuno. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Solicitan relación directa y regular de común acuerdo. PRIMER OTROSI: Acompaña documento, con citación; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. …………y……….., domiciliado en la ciudad de………….., a Usía, de consuno, decimos: Que, de nuestro mi matrimonio, nacieron nuestros hijos menores ...................., que se encuentran al cuidado de su madre solicitamos que se fijen, la relación directa y regular, a los hijos menores, comunes referidos, a favor del……..(madre o padre), en la siguiente forma: 1.- Los días...............de .........a........horas, en el domicilio del padre.................pudiendo él llevarlos consigo y devolverlos en el mismo lugar. 2.- Asimismo, podrá el padre retira, a los hijos, el día del cumpleaños de aquél, desde las 9 hasta las 21 horas, salvo que ellos estén en clases. 3.- La mitad de las vacaciones de invierno, la mitad de las vacaciones de verano y la mitad de los días de Fiestas Patrias. Fundamos la petición en las siguientes razones y antecedentes. 1.- La salud mental de los menores. 2.- La privacidad de los comparecientes. 3.- Un régimen determinado debe evitar diferencias. ERGO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art. 229 del Código Civil y art.8 Nº2 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. 423

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PEDIMOS A USIA: Decrete tener la relación directa y regular en la forma propuesta; que es más adecuada, aprobar esta convención, darle su aprobación en lo que no sea contrario a derecho, ordenar que se nos dé copia autorizada a las partes que lo requieran, de este escrito y su proveído. PRIMER OTROSI: Solicitamos a Usía, tener por acompañadas, con citación, las partidas que me acreditan como padre de los menores; y el matrimonio con la madre de ellos. SEGUNDO OTROSI: Solicitamos a Usía, tener presente que me patrocina en estas gestiones el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, en ambos incisos, las que doy por expresamente reproducidas, domiciliado en la ciudad de……………..………. Solicita se decreten visitas provisorias. Señor Juez Familia. …………….., abogado, por la parte demandante…………………., en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Relación Directa y Regular, carátula “………….con…………….”, en causa RIT ……….., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se fijen visitas provisionales, estando facultada Usía, para así decretarlo según el art.48 de la Ley 16.618 sobre Menores, ya que los menores necesitan el contacto con su padre. Todo ello para mantener el contacto directo, que también ampara la Convención de los Derechos del Niño y Tratados Internacionales firmados y ratificados por Chile. Todo ello porque el procedimiento judicial lleva tiempo y no puede desconocerse este derecho a visitas y privar a los menores de su padre. Solicito que estas visitas provisorias se fijen en los siguientes horarios:…………………………………………………………………….. PUES: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.48 de la Ley 16.618 sobre Menores, Convención de los Derechos del Niño y Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. 424

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PIDO A USÍA: Decrete fijar visitas provisionales, según el mérito de autos y las facultades que la Ley le concede. Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Demanda cumplimiento de relación directa y regular. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda cumplimiento de relación directa y regular, bajo apercibimiento. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ………………….., domiciliado en la ciudad de………….., a Usía, digo: Que, vengo interponer demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por cumplimiento de relación directa y regular, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Que, estoy unido en contrato de matrimonio con don (o doña…………….), ……….. domiciliado en la ciudad……………………, quien no ha cumplido con el avenimiento (o sentencia), respecto de la relación directa y regular, por lo que demando su cumplimiento a favor de nuestros hijos menores………………….bajo apercibimiento de decretar su suspensión o restricción, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: 1.- Que, el padre (o madre) no cumple con el régimen establecido en la fechas fijadas por Usía, según consta de avenimiento (o sentencia). 2.- Que, este hecho de no cumplir con las visitas provoca en los niños un sentimiento de pena y abandono ya que el padre los ilusiona que vendrá y después no viene, esgrimiendo argumentos sin base. 425

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3.- Que, es del todo entendible cuando tiene que trabajar, ya que subsistimos con sus ingresos, pero expresa que no tiene tiempo ni ganas y que lo hará otro día. 4.- Que, el Art. 48 inciso 4 de la Ley 16.618 sobre Menores, dice: “En caso de que el padre o madre a quien corresponda mantener la relación con el hijo dejase de cumplir, injustificadamente, la forma convenida para el ejercicio del derecho o la establecida por el tribunal, podrá ser instado a darle cumplimiento, bajo apercibimiento de decretar su suspensión o restricción, lo que no obstará a que se decreten apremios cuando procedan de conformidad al inciso tercero del artículo 66”. 5.- Que, atendida la disposición legal invocada solicito a Usía, inste al cumplimiento de las visitas, haciéndose expreso apercibimiento que en caso de no cumplimiento se decrete su suspensión o restricción. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art. 229 del Código Civil, art.8 Nº2 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, art.48 inciso 4 de la Ley 16.618 sobre Menores y art.174 del Código Orgánico de Tribunales. PIDO A USÍA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento OrdinarioantelosTribunalesdeFamilia,porcumplimientoderelación directa y regular a favor de los menores……………………………… en contra de (padre o madre)………., ya individualizado y previo examen de admisibilidad, fijar día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Que, se aperciba a don…………cumplir con la relación directa y regular fijada, bajo apercibimiento de suspensión y restricción; 2) Que, Vuestra Señoría, deberá hacer efectivo el apercibimiento de suspender o restringir las visitas, en caso de inasistencia. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañadas, con citación, los siguientes documentos: - Certificado de matrimonio. - Certificado de nacimiento. - Avenimiento (o sentencia según corresponda) SEGUNDO OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades 426

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del art.7 del Código de Procedimiento Civil las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de ………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido.

Procedimiento: Ordinario ante los Tribunales de Familia. Materia: Demanda suspensión de relación directa y regular. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandada: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda suspensión de relación directa y regular. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Se acceda a petición en forma provisional; TERCER OTROSI: Medios de prueba; CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ………………….., domiciliado en la ciudad de………….., a Usía, digo: Que, vengo interponer demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por suspensión de relación directa y regular, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Que, vengo en solicitar la suspensión de las visitas ya que el padre da malos ejemplos, lo que fundo en los siguientes antecedentes, partes policiales en que el padre fue detenido por ebriedad, llevando el niño, retiro del menor del colegio en horas de clases sin explicación. Además, de sentencia por condena por microtráfico de drogas, dictada por el Juzgado de Garantía de……… antecedentes graves y calificados que dan lugar a lo pedido. 427

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POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art. 229 del Código Civil, art.8 Nº2 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y art.174 del Código Orgánico de Tribunales y art.48 inciso 5 de la Ley 16.618 sobre Menores. PIDO A USÍA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, por suspensión de relación directa y regular a favor de los menores……………………………… en contra de (padre o madre)………., previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: Suspender las visitas decretadas a favor de don…….por acreditarse en antecedentes graves y calificados, que justifiquen los hechos de este libelo. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañadas, con citación, los siguientes documentos: SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, decrete acceder a la suspensión provisional de las visitas por haberse acreditado con antecedentes graves y calificados que los justifiquen, según el art.48 inciso 5, 2ª parte de la Ley 16.618 sobre Menores. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me valdré de todos los medios de prueba que me franquea la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. TERCER OTROSI: Solicito a Ssa., tener presente que designo Abogado patrocinante a don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil las que doy por enteramente reproducidas en este acto, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de,………………….. POR TANTO: En mérito de lo expuesto en el art. 7 y 254 del Código de Procedimiento Civil y Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio. PIDO A USÍA: Se sirva tener presente el patrocinio y poder conferido.

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Recuperación de visitas. Señor Juez Familia. ………………….., abogado, por la parte demandante, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Regulación Directa y Regular, en causa RIT (que podrá ser C ó Z si esta con sentencia o tramitación)……caratulada “……. con……”, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se decrete la recuperación de las visitas de los menores……………atendido a que la madre ………………….no presento a los menores para cumplir con la sentencia (o avenimiento) en el día y hora señalado y no justificándose o fundamentado causa que hubiere impedido el cumplimiento de la relación directa y regular. Atendido esto se frustro la relación establecida, debiéndose fijar días y horas para su recuperación. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.48 inciso 3 de la Ley 16.618 sobre Menores. PIDO A USIA: Decrete ordenar se fijen los días y horas de recuperación de la relación directa y regular no efectuados, por no ser imputables a mi representado.

LO PRINCIPAL: Solicita se conceda el auxilio de la fuerza pública desde ya para retiro de menores desde casa de la madre, para cumplir relación directa y regular decretada, entregándoseme oficio respectivo. OTROSI: Facultades a la fuerza pública. Señor Juez Familia. ………………….., abogado, por la parte demandante, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre Regulación Directa y Regular, en causa RIT (que podrá ser C ó Z si esta con sentencia o tramitación)……caratulada “……. con……”, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar a Vuestra Señoría, se conceda desde ya, el auxilio de la fuerza pública, entregándose el oficio respectivo, ya que la madre doña……………se niega en poner 429

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a disposición a los menores……………..para cumplir con la sentencia en forma tozudamente, impidiéndome la entrada a la casa y realizando escándalos e insultos. Que, siendo esta resolución no contemplada en el art.231 a 237 del Código de Procedimiento Civil, se debe aplicar el art.238 del Código citado, procurando Usía, dictar las medidas conducentes a dicho cumplimiento. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en la Ley 16.618 sobre Menores y art.238 del Código de Procedimiento Civil. PIDO A USIA: Decrete: (1) Que, se concede el auxilio de la fuerza pública, desde ya, para retiro de menores…………… desde casa de la madre……………., para cumplir relación directa y regular decretada; y (2) Que, se me haga entrega oficio respectivo, para presentarlo directamente en la Comisaría pertinente de Carabineros de Chile. OTROSI: Solicito a Vuestra Señoría, decrete a las fuerza pública las más amplias facultades especialmente las de allanar y descerrajar, en caso de oposición y de ser necesario.

VIGÉSIMA SEGUNDA SECCIÓN - SEPARACIÓN DE HECHO Procedimiento: Voluntario. Materia: Separación de hecho. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Notificación separación de hecho. OTROSI: Patrocinio y poder. 430

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Señor Juez Familia ..................., de profesión .........., domiciliado en .................... Nº....., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar en Procedimiento Voluntario ante los Tribunales de Familia, se notifique la separación de hecho, a mi marido don ...................., de profesión .........., domiciliado en .................... Nº....., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Que, nos encontramos separados de hecho por incompatibilidad de caracteres con mi marido y para los efectos de dar fecha cierta a este hecho se notifique por separación de hecho. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art.26 y Ss., de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil y art.254 y Ss., del Código de Procedimiento Civil. SOLICITO A USIA: Decretar en Procedimiento Voluntario ante los Tribunales de Familia, ordenar se notifique la separación de hecho a don ...................., ya individualizado, y decretar, en definitiva, la separación de hecho para los fines de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, ordenando que la sentencia sea subinscrita al margen de la inscripción de nuestro matrimonio, que rola bajo el Nº ..... del año ..... de la Oficina de Registro Civil de .........., con costas. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados, con citación, certificado de mi matrimonio con el demandado. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocina en estas gestiones el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don ………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, en ambos incisos, las que doy por expresamente reproducidas, domiciliado en la ciudad de…….……….

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VIGÉSIMA TERCERA SECCIÓN - SEPARACIÓN JUDICIAL Procedimiento: Ordinario ante Tribunales Familia. Materia: Separación judicial. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda separación judicial. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ..................., de profesión .........., domiciliado en .................... Nº....., a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, de separación judicial, a mi marido don ...................., de profesión .........., domiciliado en .................... Nº....., en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Que, me encuentro unida por vínculo matrimonial con el demandado bajo el régimen de sociedad conyugal, con fecha ..... de ........ de 19...., ante el Oficial del Registro Civil de ................., inscribiéndose nuestro matrimonio bajo el Nº ..... Por sentencia del ........Tribunal de Familia de esta ciudad, el demandado fue condenado a pagarme una pensión alimenticia mensual. El demandado no pagó, oportunamente dicha pensión, por lo que el Tribunal referido ha debido apremiarlo, con arresto, en dos oportunidades, como consta del certificado que acompaño, lo que hace procedente que Usía, decrete la separación judicial de bienes, que solicito, a fin de proceder, enseguida, a la liquidación de la sociedad conyugal. Esta circunstancia una violación grave de los deberes y obligaciones para con los hijos comunes. 432

PRÁCTICA FORENSE

POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art.26 y Ss., de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.19 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimentarias, art.254 y Ss., del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº15 y 55 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. SOLICITO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en contra de don ...................., ya individualizado, previo examen de admisibilidad, se fije día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) La separación judicial de mi cónyuge don………. en todas y cada una de sus partes; 2) Ordene que la sentencia sea subinscrita al margen de la inscripción de nuestro matrimonio, que rola bajo el Nº ..... del año ..... de la Oficina de Registro Civil de .......... PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados, con citación, certificado de mi matrimonio con el demandado, y certificado emanado del .........Tribunal de Familia (o Juzgado de Letras de esta ciudad), en el que constan los apremios referidos en lo principal. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocina en estas gestiones el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, en ambos incisos, las que doy por expresamente reproducidas, domiciliado en la ciudad de……….

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VIGÉSIMA CUARTA SECCIÓN - SEPARACIÓN JUDICIAL DE BIENES 5 Procedimiento: Ordinario ante Tribunales Familia. Materia: Separación judicial de bienes. Demandante: Rut: Abogado patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de separación judicial de bienes. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Medios de prueba; y TERCER OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia ..................., de profesión .........., domiciliado en .................... Nº....., a Usía, digo: Que, vengo en demandar en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, a mi marido don ...................., de profesión .........., domiciliado en .................... Nº....., a fin de que Usía, decrete nuestra separación judicial de bienes. 5 Esta demanda se adaptará a las CAUSALES QUE AUTORIZAN LA SEPARACIÓN JUDICIAL DE BIENES: 1.- Cuando la mujer decide no someterse a la dirección curador. Según el art.1762 del Código Civil, dice: “...ni someterse a la dirección de un curador, podrá pedir la separación de bienes...” 2.- Cuando el cónyuge condenado al pago de pensiones alimenticias, es apremiado por dos veces, aunque no sean consecutivas. (Art.19 de la Ley 14.908). 3.- Mal estado de los negocios del marido por causa de especulaciones aventuradas o por administración errónea o descuidada. 4.- Insolvencia del marido. 5.- Administración fraudulenta del marido. 6.- Incumplimiento de las obligaciones del art.131 y 134 del Código Civil. 7.- En caso de ausencia injustificada del marido por más de un año, la mujer podrá pedir la separación de bienes. 8.- Lo mismo ocurrirá si, sin mediar ausencia, existe separación de hecho de los cónyuges. 9.- Cuando hubiere cese de la convivencia. (Art.27 inciso 1 de la Ley 19.947) 434

PRÁCTICA FORENSE

Que, me casé con el demandado bajo el régimen de sociedad conyugal, con fecha ..... de ........ de 19...., ante el Oficial del Registro Civil de ................., inscribiéndose nuestro matrimonio bajo el Nº ..... Por sentencia del ........Tribunal de Familia de esta ciudad, el demandado fue condenado a pagarme una pensión alimenticia mensual. El demandado no pagó, oportunamente dicha pensión, por lo que el Tribunal referido ha debido apremiarlo, con arresto, en dos oportunidades, como consta del certificado que acompaño, lo que hace procedente que Usía, decrete la separación judicial de bienes, que solicito, a fin de proceder, enseguida, a la liquidación de la sociedad conyugal. Esta circunstancia una violación grave de los deberes y obligaciones para con los hijos comunes. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art.26 y Ss., de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, art.19 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimentarias, art.254 y Ss., del Código de Procedimiento Civil, SOLICITO A USIA: Decrete tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en contra de don ...................., ya individualizado, previo examen de admisibilidad, fijar día y hora para la audiencia preparatoria y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Que, se cite a las partes a audiencia en el más breve plazo, para dar cumplimiento a los principios de rapidez, transparencia y eficacia; 2) Que, la notificación de la audiencia preparatoria deberá realizarse con a lo menos 10 días de anticipación; 3) Que, la resolución que cita a audiencia preparatoria, indique expresamente que ésta se celebrará con las partes que asistan, afectándole sin ulterior notificación, apercibiéndosele al efecto; 4) Que, el demandado deberá concurrir con defensa letrada, para estar en igualdad procesal, mediante abogado particular, mandatario judicial de la Corporación de Asistencia Judicial, abogado del turno o bien Usía, autorice su comparecencia personal; 435

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5) La separación total de bienes, respecto de mi cónyuge…………por la causal………..invocada en este libelo, y 6) Ordenar que la sentencia una vez firme y ejecutoriada, sea subinscrita al margen de la inscripción de nuestro matrimonio, que rola bajo el Nº ..... del año ..... de la Oficina de Registro Civil de ..........una vez que se encuentre firme y ejecutoriada, oficiándose al efecto. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener por acompañados, con citación, certificado de mi matrimonio con el demandado, y certificado emanado del .........Tribunal de Familia (o Juzgado de Letras de esta ciudad), en el que constan los apremios referidos en lo principal. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me valdré de todos los medios de prueba que me franquea la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, que ofreceré oportunamente en la audiencia preparatoria. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocina en estas gestiones el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, en ambos incisos, las que doy por expresamente reproducidas, domiciliado en la ciudad de……….

VIGÉSIMA QUINTA SECCIÓN - VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Procedimiento: Especial. Materia: Violencia Intrafamiliar. Demandante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: 436

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EN LO PRINCIPAL: Demanda de Violencia Intrafamiliar. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Solicita medida que indica; TERCER OTROSI: Certificación vía telefónica al Servicio de Registro Civil e Identificación; CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder.

digo:

Señor Juez Familia. ........................domiciliado en la ciudad de..................., a Usía,

Que, vengo en interponer demanda en Procedimiento de Violencia Intrafamiliar, en contra de mi cónyuge don…………....... ........................, de mí mismo domicilio, basándose en los siguientes argumentos de hechos y derecho que paso a exponer: I.- Los Hechos. Es del caso Ssa, que el demandado y yo nos encontramos unidos por contrato de matrimonio, hace más de cinco años a la fecha, según se acredita con certificado acompañado en otrosí, producto de las relaciones sexuales nació nuestro hijo infante de ……. años, hoy nos encontramos en serias desavenencias conyugales producto de nuestros caracteres disímiles unido a la diferencia de edad y punto de interés de uno y otro, yo me preocupo de trabajar mi pequeño local comercial con el fin de llevar una vida digna con el mínimo de comodidades, él como chofer de colectivo, trabaja en forma esporádica, por horas, estando en la casa viendo televisión, y producto de que yo le reclamo esta actitud nos agredimos, estos hechos de violencia tanto física como psicológica se han acrecentado durante este año, hoy la situación es insostenible ya que llegamos a la agresión física lo que da cuenta el certificado de constatación de lesiones emitido por el Servicio de Salud, lo que a su vez podría resultar en serios daños traumáticos al menor y para mí la muerte ya que si hubo violencia llegar al homicidio es cuestión de días o meses, incluso horas. II.- El Derecho. 1.- La Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, en su art.8 Nº16 nos indica que el Juez de Familia es competente para conocer de esta materia. 2.- Dado lo expuesto en los hechos se configura la violencia intrafamiliar definida en el art. 5 inciso 1 de la Ley 20.066: “Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la 437

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vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente”. 3.- Procede que Usía, al tenor del art.95 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, citar a una audiencia dentro de los 10 siguientes de recibida la demanda. 4.- Además, me encuentro casada en régimen de separación total de bienes, según consta de certificado de matrimonio, con subinscripción que acompaño en otrosí, por lo que en fondo no pido ayuda económica, sólo que el ofensor se retire del hogar común, para evitar los malos ratos, disputas y agresiones y llevar una vida un poco más normal. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo dispuesto en el art. 5 y Ss., de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, art.1, 134 del Código Orgánico de Tribunales, art. 254 del Código de Procedimiento Civil y art. 8 Nº16, 81 y 86 y Ss., de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener presentada demanda en Procedimiento de Violencia Intrafamiliar en contra de don…………………., ya individualizado, fijándose día y hora para la audiencia preparatoria dentro de los 10 días del ingreso de este libelo y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Que, se acoja la demanda interpuesta en todas y cada una de sus partes; 2) Que, se declare que se cometió violencia intrafamiliar psicológica, ordenando se anoten en el certificado de antecedentes del Registro Civil e Identificación, con costas. PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa, tener por acompañado con citación los siguientes documentos: 1º Certificado de Matrimonio; y 2º Certificado de Nacimiento. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, al tenor del art. 9 letra a) de la Ley 20.066 decretar la prohibición de la presencia del ofensor del hogar común que comparte con la víctima, con el fin de evitar lesiones y un posible homicidio. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, ordene la certificación vía telefónica al Servicio Registro Civil e Identificación si don ___________________, 438

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cédula de identidad ________________tiene anotaciones por el mismo hecho a la fecha, sin perjuicio de solicitarse dicho certificado y agregarse a los autos en su oportunidad. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocina en estas gestiones el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don …………., a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, en ambos incisos, las que doy por expresamente reproducidas, domiciliado en la ciudad de ,………. Procedimiento: Especial. Materia: Demanda de Violencia Intrafamiliar. Demandante: Rut: Abogado Patrocinante: Rut: Apoderado: Rut: Demandado: Rut: EN LO PRINCIPAL: Demanda de Violencia Intrafamiliar. PRIMER OTROSI: Acompaña documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Solicita medidas accesorias que indica; TERCER OTROSI: Certificación vía telefónica al Servicio de Registro Civil e Identificación; CUARTO OTROSI: Se traiga a la vista expediente que indica; QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder e ingreso intranet. Señor Juez Familia. …………………., domiciliada en la ciudad de …………, a Usía, digo: Que, vengo en interponer demanda en Procedimiento de Violencia Intrafamiliar en contra de mi ex - cónyuge ……………………….., domiciliado en la ciudad de ………………….., basándose en los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: Los Hechos. Es del caso Ssa, que el demandado y yo nos encontrábamos unidos por contrato de matrimonio durante ………años, 439

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hoy estamos divorciados, según se acredita con certificado acompañado en otrosí, producto de las relaciones sexuales nació nuestra hija de….. años. Nuestra separación se debió a serias desavenencias producto de nuestros caracteres disímiles, constantes peleas y descalificaciones por parte del padre de mi hija, estos hechos se han reiterado a pesar de ya no vivir juntos y estar separados tanto de hecho como legalmente, pues, nos encontramos actualmente divorciados, esta situación de manipulación y desmedro de mi persona e hija, se manifiesta tanto en incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, que él sabe que mi hija necesita, pues, yo me preocupo de trabajar para darle lo necesario, y en cambio él me persigue y molesta, me llama en forma constante al teléfono celular para pedirme una oportunidad con promesas de cambio, me busca en la casa de mis padres y me presiona, me siento acosada, además, en una oportunidad le indique que deseaba viajar fuera del país con mi hija, que me parecía una excelente oportunidad para ambas y que tal vez esta no se repetiría, y el me ha reiterado en muchas oportunidad tanto en conversaciones cuando va a ver a nuestra hija como en el lugar que nos crucemos, sin importar que esto sea el centro de la ciudad o un supermercado, expresándome que le pague una suma de dinero para que mi hija pueda viajar conmigo fuera del país, además que insiste que la suma debe ser en efectivo y sin ningún papel que demuestre que se hizo efectivo el pago, presionándome psicológicamente por las vías ya descritas, hoy la situación es insostenible ya que estoy muy nerviosa, desconcentrada en el trabajo, siempre con la presión del padre de mi hija, lo que me esta causando severos trastornos, y por nada quiero perjudicar a nuestra hija y que ella se de cuenta de mi estado anímico y menos que esto se debe a los constantes apremios sicológicos que ejerce su padre en mi contra, no quiero de modo alguno que mi hija se vea perjudicada o que la imagen de su padre se vea desmejora por la actitud de este hacia mi persona. Siento que toda su conducta, incluida su negativa a que mi hija pueda viajar junto a mi, no es más que otra forma de manipulación en mi contra, un revanchismo que no logro entender, aceptar ni tolerar, que me perjudica de sobre manera, pues yo creía que con el divorcio todo iba a cambiar y me libraría de sus malos tratos, presiones y del sentimiento constante 440

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de amenaza que en este momento aun me acompaña. Más aun que no sé donde ira a terminar todo esto, cuando de las palabras y amenazas las cosas pasen a hechos de carácter mayor y permanente como se ha visto en el último tiempo en las noticias nacionales. EL DERECHO. 1.- La Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, señala en su art.5º, que: “Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o integridad física o psíquica…”. 2.- Que, esta materia es de competencia del Tribunal de Familia, según el art.8 Nº16 de la Ley 19.968. 3.- Que, no siendo constitutiva de delito esta causal de violencia intrafamiliar, le corresponde conocer a este tribunal. POR TANTO: De acuerdo con lo expuesto y lo dispuesto en el art. 5 y Ss., de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, art. 254 del Código de Procedimiento Civil y art.8 Nº16 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener presentada demanda en Procedimiento de Violencia Intrafamiliar en contra de don…………………., ya individualizado, fijándose día y hora dentro de los 10 días del ingreso de este libelo y en el veredicto de la audiencia de juicio, declarar: 1) Que, se acoja la demanda interpuesta en todas y cada una de sus partes; 2) Que, se declare que se cometió violencia intrafamiliar psicológica, ordenando se anoten en el certificado de antecedentes del Registro Civil e Identificación, con costas. PRIMER OTROSI: Solicito a Ssa., tener por acompañado, con citación los siguientes documentos: 1º Certificado de Matrimonio; 2º Certificado de Nacimiento; y 3° …… constancias ante Carabineros de Chile. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, al tenor del art. 9 de la Ley 20.066 las siguientes medidas accesorias: 1.- La del art.9 letra b): “Prohibición de acercarse a la víctima o a su cónyuge domicilio, lugar de trabajo o de. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias”. 441

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2.- La del art.9 letra c): “Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, ordene la certificación vía telefónica al Servicio Registro Civil e Identificación si don ………….., cédula de identidad ……… tiene anotaciones por el mismo hecho a la fecha, sin perjuicio de solicitarse dicho certificado y agregarse a los autos en su oportunidad. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, ordene oficiar al ………Juzgado Civil de …….., y ordenar en virtud del art. 37 del Código de Procedimiento Civil, traer a la vista las siguientes causa rol……… sobre Violencia Intrafamiliar del año ……… como antecedente fidedigno y pretérito de lo expuesto. QUINTO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que me patrocina en estas gestiones el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don………….., cédula de identidad………., para su ingreso a intranet, correo electrónico……………….. para todos los efectos legales, a quien confiero patrocinio y poder, con todas y cada una de las facultades del art. 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de avenir, percibir y transigir, en ambos incisos, las que doy por expresamente reproducidas, domiciliado en la ciudad de ………………………..

VIGÉSIMA SÉPTIMA SECCIÓN - OTROS ESCRITOS6 Abandono de procedimiento. Señor Juez Familia. ……………….abogado, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre………, en causa RIT…………, caratulada “………con………….”, a Usía, digo: 6 Se agrega como otros escritos, los que no se clasificaran en los temas definidos, los cuales como todos deberán adoptarse a cada casuística. 442

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Que, vengo en solicitar se decrete el abandono de procedimiento, por no haberse dado curso progresivo a los autos y no habiéndose pedido nuevo día y hora dentro de quinto día para la realización de la audiencia preparatoria. Que, no siendo esta materia de las excepciones del art.21 inciso 2 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, procede que así se declare. POR LO QUE: De acuerdo con lo expuesto y dispuesto en el art.21 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete el abandono de procedimiento de esta causa ordenándose el archivo de la causa. LO PRINCIPAL: Solicita suspensión de audiencia por abogado del turno y se fije nuevo día que indica. PRIMER OTROSÍ: Oficio; SEGUNDO OTROSÍ: Informe social; TERCER OTROSÍ: Oficios que indica; CUARTO OTROSÍ: Se tenga presente; y QUINTO OTROSÍ: Forma de notificación. Señor Juez Familia. …………, abogado, nombrado por el turno, en causa RIT……….., para que representara a ………….., a Usía, digo: Que, solicito a Usía, la suspensión de la audiencia fijada para el día…………. de este tribunal y se fije como nuevo día el ……………, plazo más que suficiente para cumplir con todos y cada uno de los oficios solicitados en los otrosí. Hago presente a Vuestra Señoría, que siendo el abogado del turno un servicio gratuito, debe ser de aplicación estricta y con los debidos fundamentos para su cumplimiento, por parte del menesteroso. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y Código Orgánico de Tribunales. PIDO A USIA: Decrete la suspensión de la audiencia del día ……… y se fije esta el día……….., o una vez que se hayan cumplido todos y cada uno de los oficios solicitados en los otrosí, sin excepción. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, sin perjuicio de lo principal y para dar estricto cumplimiento a lo señalado en los artículos 597, 443

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598 y Ss., del Código Orgánico de Tribunales y demás normas pertinentes que otorgan el beneficio del abogado del turno a las personas que cuenten con la calidad de pobres o notoriamente menesterosos, y como esta calidad la determina en nuestro país la incorporación de las personas en la Ficha de Protección Social, administrada a través de la Municipalidades de cada comuna, vengo en solicitar a Vuestra Señoría, ordene se oficie a la Municipalidad de…………o, Departamento que corresponda, para que informe si ……………., se encuentra dentro de esta ficha y remita copia de la misma al tribunal si estuviere inscrito y fuere procedente. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, y en consideración a lo solicitado en el primer otrosí puede demorar en el tiempo y como complemento, se le practique un informe social a …………………., por un profesional idóneo que no corresponda a la Corporación de Asistencia Judicial, ya que esta es parte en la causa en su calidad de representante de la demandante, así como tampoco podrá ser la Municipalidad de…………., pues, ellos son quienes determinan la inclusión dentro de la Ficha de Protección Social, lo que implicaría que tienen opinión formada del punto a informar. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, se oficie a las instituciones que más adelante se indiquen, con el objeto de acreditar y verificar la calidad de menesteroso de don ……………, rut…………. en el entendido que estos antecedentes le servirán al tribunal para determinar la procedencia o no de asistencia letrada gratuita, a saber, se oficie a: 1.- Superintendencia de AFP, para que indique si esta afiliado al sistema; 2.- Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para que informe todas y cada uno de sus ingresos en el sistema; 3.- Servicio de Impuestos Internos, para que informe su situación impositiva pasada y actual; 4.- Conservador de Bienes Raíces de ………, para que informe sobre inmuebles inscritos a su nombre y se remita en su caso el o los títulos correspondientes; 5.- Superintendencia de Isapres, para que informe si esta afiliado al sistema; 6.- INP, para que informe si esta afiliado al sistema; 7.- Tesorería General de la República, para que informe su situación patrimonial actual. 444

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8.- Registro Civil e Identificación, Sección Vehículos Motorizados para que informe si existen móviles inscritos a su nombre. 9.- Superintendencia de Valores y Seguros, para que informe de su situación patrimonial. 10.- Compín……………, para que informe si don ………… rut…, tiene algún grado de invalidez y/o similar, previo examen médico, a su costa. CUARTO OTROSI: Solicito a Usía, para el evento que no se acredite fehacientemente la calidad necesaria para optar al beneficio del abogado del turno, que implica una gravosa carga para cualquier profesional, pérdida de tiempo, todo ello de forma gratuita, sin retribución económica que permita solventar el hecho de descuidar la atención de los reales clientes que pagan por mis servicios, es que solicito a Usía, se tenga presente mi excusa al nombramiento realizado, por no cumplir el beneficiario, con la calidad indispensable de ser POBRE o NOTORIAMENTE MENESTEROSO. QUINTO OTROSI: Solicito a Usía, decrete tener como forma de notificación la carta certificada, al tenor del art.23 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. Se excusa, atendido razones que indica, en Subsidio se indique expresamente la disposición legal que obliga a servir el cargo de abogado del turno en Tribunal de Familia. Señor Juez de Familia. ......................................., abogado, designado por el turno, causa RIT ____________________, a Usía, digo: Que, vengo solicitar se me tenga por excusado permanentemente de servir el turno en materia de Tribunales de Familia, sobre la base de los antecedentes de derecho que paso a exponer. I.- Constitución Política de la República. (1) Que, la Constitución Política de República en su art.77 inciso 1 y 2 dicen, sic: “Una ley orgánica determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que 445

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deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados. La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva”. (2) Que, atendida esta norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico, la modificación de una ley sobre Organización y Atribución de los tribunales será, motivo de una Ley Orgánica Constitucional, situación que para dar atribución a los abogados del turno en lo civil en materia de familia debe ser objeto de este tipo de ley. (3) Que, lo contrario, nos lleva a la Inconstitucionalidad de la Ley, cuyo conocimiento corresponde según el Capítulo VII al Tribunal Constitucional, especialmente en su art.93 N°1 y 2 de nuestra Carta Magna. II.- Código Orgánico de Tribunales. (1) Que, el art.595 inciso 1, 1ª parte del Código Orgánico de Tribunales manifiesta textualmente: “Corresponde a los jueces de letras designar cada mes y por turno, entre los no exentos, un abogado que defienda gratuitamente las causas civiles y otro que defienda las causas del trabajo de las personas que hubieren obtenido o debieran gozar del mencionado privilegio…” (2) Que, no se incluye en esta disposición a los tribunales especiales, como lo son en la especie los de Familia, que se rigen por su Ley 19.968 y que permiten expresamente la comparecencia personal de las partes. (3) Que, cuando el legislador con las modificaciones para la adecuación, de esta ley hubiere querido agregar expresamente que el letrado sirviere este cargo lo hubiere dicho, a través de la correspondiente ley orgánica constitucional, siendo preciso recordar aquí el aforismo latino: “Ubi lex voluit ditxit, ubi noluit tacuit” (Cuando la ley lo quiere, lo dice; cuando no lo quiere, guarda silencio). (4) Que, respecto de las causas criminales igual existe este nombramiento, pero, sólo, respecto de las causas antiguas, pues, en el Derecho Procesal Penal, existen las Defensorías Penales Públicas y Licitadas, lo que ha mi juicio el Estado ampara más a los delincuentes que ha la gente de trabajo, en forma lamentable.

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III.- Código de Procedimiento Civil. (1) Que, el art.134 del Código de Procedimiento Civil, dice: “Serán materia de la información, o de la prueba en su caso, las circunstancias invocadas por el que pide el privilegio, y además la fortuna del solicitante, su profesión o industria, sus rentas, sus deudas, las cargas personales o de familia que le graven, sus aptitudes intelectuales y físicas para ganar la subsistencia, sus gastos necesarios o de lujo, las comodidades de que goce; y cualesquiera otras que el tribunal juzgue conveniente averiguar para formar juicio sobre los fundamentos del privilegio. (2) Que, no es menos cierto, que esta es una carga para los abogados de ejercicio libre de la profesión que debe ser de aplicación restringida atendiéndose a estos antecedentes que se aplican por analogía al ser materia civil, lo cual por ley se permite especialmente. (3) Ahora, es obligación del tribunal, acreditar al letrado al cual se pretende nombrar, se le acrediten las circunstancias mencionadas que permitan determinar que el representado es beneficiario de esté privilegio. (4) Que, existen en los tribunales los asesores técnicos, que podrán evacuar los respectivos informes y verificarse las circunstancias del artículo mencionado. IV.- Código del Trabajo. (1) Que, el art.1 inciso 1 del Código del Trabajo dice: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias”. Que, aquí se contrarían principios del Derecho del Trabajo, como la remuneración, la salud, previsional, sistema que el Estado protege Constitucionalmente a través del art.19 N°16 y 18 de la Carta Magna. (2) Que, el art.2 inciso 2 del Código del Trabajo dice: “Corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios”. Que, pese a ser abogado, soy por todas las cosas un trabajador más de este país que merece respeto por sus pares y por el Estado y elegir mis representados y se me pague por ello. Por lo cual, el Estado debe respetar mi posición de no trabajar en forma obligada, el poder judicial que no tiene fuerza obligatoria para ejercer y solicitar el cumplimiento de un trabajo en Tribunales de Familia que no esta reglamentado en la ley y que la Constitución Política de la República y Código del Trabajo me ampara a no realizar. 447

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(3) Que, para estos efectos seré trabajador del Poder Judicial, a quien corresponde dar los beneficios sociales, de salud, previsión y sobre todo remuneracional, por el mes en que se sirve el cargo. Pues, no puedo exigir Justicia para otros y yo quedar en el desamparo por mi empleador el Poder Judicial. (4) Que, además, este poder del Estado, es decir, el Poder Judicial, debe cumplir con sus trabajadores en este caso el abogado del turno con lo dispuesto en el Libro II Título I del Código del Trabajo y poner en el peor de los casos los medios que indica el art.184 y Ss., del citado Código. (5) Que el art.19 N°16 de la Constitución nos dice: “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”, hecho concordante, con la norma invocada del Código del Trabajo, además, que el art.19 N°18 nos indica el Derecho a la seguridad social, que en su inciso 3 y 4 dicen: “La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”. Hecho que deberá hacer pagándose al trabajador la prestación pertinente y que la Inspección del Trabajo, deberá fiscalizar como ente encargado de proteger los derechos del trabajador, pues, no existen trabajadores de 1ª y 2ª categoría, ya que todos somos iguales ante la ley según el art.1 de la Constitución que dice: Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. V.- Código Penal. (1) Que, nuestro Código Penal, protege a través de los diferentes bienes jurídicos la libertad de autoderminación dentro del país. (2) Que, el art.5 del Código Penal, dice: “La ley penal es obligatoria para todos los habitantes de la República…” No cabe duda que el juez es un ciudadano más que igual que todos debe cumplir la ley y por eso debe declarar mi exención de no hacerlo, estaría tipificando el delito de Exacciones Ilegales, sancionado en el art.147 y 157 del Código Penal, al establecer un trabajo no regulado ni obligatorio por ley, (que ni lo reos rematados trabajan) por ser contrario a la Constitución y Tratados Internacionales ratificados por Chile.

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(3) Que, para acreditar lo expuesto reproduzco a título ilustrativo a Usía, el capítulo pertinente del libro “Derecho Penal II”, del profesor don Héctor Toro Carrasco, Ministro de Corte de Apelaciones de la ciudad Temuco, Profesor de Derecho Penal II en la Universidad Mayor, en lo referente a la Exacciones Ilegales. “III.- EXACCIONES ILEGALES (ARTS.147 Y 157 C.P.).Fuentes Legales: Constit. de la Rep., art.19 Nº20 y 62 incs.2 y 4 (Facultad del Presidente de la Rep.); Pacto Internac. de Dºs. Civiles y Políticos, art.8 Nº 2 y 3; Pacto de San José de Costa Rica, art.6 Nº 2 y 3, y art.21; art.147 y 157 C.P. Tipo Legal: "Exigir" o "Imponer" a OTRO, bajo cualquier pretexto o sin decreto de autoridad competente, emanado de ley que lo autorice, una CONTRIBUCIÓN o SERVICIO PERSONAL, para el Tesoro o la Causa Pública (Inhabilitación. Especial Temporal en cualquier grado: 3 a. y 1 d. a 5 años - 5 a. y 1 d. a 7 años - 7 a. y 1 d. a 10 años: si el hechor el EE.PP.; Reclus. < mín. a medio y multa, si lo comete un particular). La EXACCIÓN, según del Diccionario de la Real Academia Española: Es la acción y efecto de exigir impuestos, multas, etc. Cobro injusto y violento. Este delito afecta el Dº de Propiedad cuando se trata de exigir o imponer Contribuciones; y a la Libertad Individual, o de Determinación, o de Trabajo, cuando se exige o impone un Servicio Personal. Ambas son una Carga Pública.Si la Exigencia de la CONTRIBUCIÓN, la hace un EE.PP., con ÁNIMO DE LUCRARSE, no indebidamente para el Tesoro, una causa pública o comunitaria, se desplaza el Tipo Legal y el hechor es considerado autor de Estafa (art.157 inciso final). Lo mismo ocurre si el Particular exige o impone la Contribución o Servicio Personal, pretextando el Servicio Público u otro motivo similar, pero realmente es para su propio provecho o lucro.La CONTRIBUCIÓN implica una entrega de bienes, en especie o en dinero, a cualquier título (Provisorio o Definitivo), sin una prestación equivalente.- El SERVICIO PERSONAL indica el desarrollo de actividades materiales o físicas, o inmateriales e intelectuales de la víctima, sin desearlo ni estar obligado a ello. Son Servicios Personales autorizados: el Serv. Militar Obligatorio; los trabajos o servicios relativos al cumplimiento de Obligaciones Cívicas; los trabajos o servicios que llevan

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aparejadas ciertas condenas (presidio, art. 32 C.P.); el servicio impuesto en caso de peligro o calamidad pública, etc.Consumación: Para ello ¿basta sólo con exigirla o es necesario obtenerla?. Alejandro Fuenzalida, dice que NO basta la mera exigencia, porque la simple intimación es un acto de Tentativa (Fallo I.C. Concepción); y también por lo que señalan los art.152 y 153 C.P., que otorgan la facultad de desistirse voluntariamente a quien ha impuesto una pena ilegal (?).Para Labatut, Del Río y Etcheberry, el delito se CONSUMA con la sola exigencia de la Contribución o Servicio Personal, pues el verbo "Exigir" no lleva envuelta la idea que aquella o éste se ejecute realmente. Si la exigencia se hace con violencia o intimidación, el Tipo Legal se desplaza a Robo o Extorsión”.VI.- Código Civil. (1) Que, el Código Civil, en su artículos 19 a 24 nos da las reglas de Interpretación de la Ley, por la cual nos debemos regir. (2) Que, dentro de esta materia siempre “La ley especial rige por sobre la general”, situación que Ssa., deberá tener presente para acoger esta exención en forma permanente de servir este cargo. (3) Que, a título ilustrativo, me permito reproducir al tribunal de Usía, el capítulo referente a esta materia del profesor don Rubén Celis Rodríguez, catedrático de la Universidad de Chile, Central, Las Américas, Talca, Gabriela Mistral, Mayor, etc., del ramo Derecho Civil, que expone en forma magistral los antecedentes, que doy a conocer a este tribunal: “TÍTULO XIII Elementos de Interpretación. GENERALIDADES. Ya vimos que el Código Civil indica los elementos a que debe recurrir el intérprete para poder percibir el verdadero sentido y alcance de una norma (art.19 al 24 del Código Civil). El legislador, cuando interpreta no esta restringido a las normas del Código Civil, sino que más bien al marco que le indica la Constitución Política de la República. El Código Civil contiene, al igual que lo señalará Savigny, 4 elementos de interpretación: gramatical, lógico, histórico y sistemático. El intérprete debe aplicar estos elementos en conjunto para llegar a una conclusión justa y lógica. 450

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VEAMOS: 1. ELEMENTO GRAMATICAL. Tiene por objeto la palabra, la cual sirve de medio de comunicación entre el pensamiento del legislador y el nuestro. La interpretación de las palabras de la ley debe tener lugar según las reglas del lenguaje. De los art.20 y 21 del Código Civil podemos resumir que tomaremos las palabras de la ley: - En el sentido que le da el legislador; - En el sentido que le dan los que profesan una ciencia o arte; y - En su sentido natural y obvio. Aquí tenemos una prelación, primero tenemos que ver si el legislador la definió, y si es así la aplicaremos y entenderemos de ese modo (Ej. Art. 700 Código Civil). Además debemos recordar que el legislador, en el título preliminar del Código Civil ha definido varias palabras de uso frecuente. O sea, si esta definido, debe darle su sentido legal. Si no esta definido hay que darle el sentido que le dan a las palabras técnicas los que profesan esa ciencia o arte. Si se trata de una palabra, no de ciencia o de arte, sino común, se entenderán estas en su estado natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. El sentido de estas palabras se encuentra en el uso general de las mismas palabras. Se recurre al Diccionario de la Real Academia Española. 2.- ELEMENTO LÓGICO. Busca la intención o espíritu de la ley o las relaciones lógicas que unen sus diversas partes. (Art. 22 inciso 1 del Código Civil.) El elemento lógico esta inserto dentro del mismo contexto de la interpretada. El elemento lógico se expresa interpretando un artículo con relación a otro (art. 2, 3, 4, etc.), de manera de que haya en todas las partes de la ley y en su contexto una debida correspondencia y armonía. El elemento lógico está contemplado en el inciso 2 del art.19 del Código Civil “Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma, o en la razón fidedigna de su establecimiento”.

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3.- ELEMENTO HISTÓRICO. Tiene por objeto la indagación del estado de derecho existente sobre la materia a la época de la confección de la ley y el estudio de los antecedentes que tomó en cuenta el legislador antes de dictar la ley que se trata de interpretar. (Art. 19 inciso 2º del Código Civil). O sea, este elemento histórico hace que nos retraigamos a la fecha de dictación de la norma, para ver el espíritu de ese tiempo en el campo jurídico, político, económico, social, etc., y ver cual de estos fue tomado por el espíritu del legislador. El conocimiento de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que es el que resulta del estudio de los proyectos, actas de las comisiones legislativas, debates en las cámaras, preámbulos y exposición de motivos con que se acompañan los proyectos, tiene por lo general, apreciable valor porque trasunta el pensamiento legislativo. Ejemplo: En el Código Civil son el mensaje; el proyecto inédito de 1853, etc. La historia fidedigna del establecimiento de la ley, es la historia legislativa de la ley que se encuentra principalmente en: 1) Iniciativa, mensaje o moción, con sus fundamentos y razones. 2) Actas de comisiones y debates de ambas Cámaras, donde queda registrado el proceso de formación de la ley. 3) Veto y fundamentación del Presidente de la República si existe. 4. ELEMENTO SISTEMÁTICO. Se basa en la intangible conexión que enlaza a todas las instituciones jurídicas y normas en una gran unidad; esta conexión, como la histórica, ha estado viva en la mente del legislador. Este elemento esta contenido en el art.24 y 22 inciso 2 del Código Civil. El elemento sistemático es interpretar la ley de acuerdo con el contexto del ordenamiento jurídico vigente a esa fecha. No sólo esta legislación, sino toda legislación afín que este vigente a la fecha de la ley que se va a interpretar. Ejemplo: Si se toma para interpretar una norma que se refiere al estado civil, habrá que ver lo que dice el Código Civil en materia de estado civil, lo que dice la ley de Registro Civil y la Ley de Matrimonio Civil. En general, es el espíritu general de la legislación en materia familiar. Si la idea general en materia de familia es que se acepte el divorcio vincular o no, así ha de interpretarse. 452

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El elemento sistemático, a diferencia del elemento lógico, trabaja con todo el ordenamiento jurídico para sacar la intención del legislador a la fecha de sus dictación y la aplicación correspondiente; en cambio, el elemento lógico trabaja con la misma ley, con el mismo concepto y norma legal. De todos los elementos, el que tiene más relevancia es el elemento gramatical, eso se desprende del art.19 inciso 1 del Código Civil: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, con el pretexto de consultar su espíritu”. O sea, en este caso no se recurre a los otros elementos. Se queda con la interpretación al tenor de la ley. Además, de los elementos de interpretación, hay reglas prácticas de interpretación. Por ejemplo, la contenida en el art. 23 del Código Civil. Esta es una regla de interpretación que busca que al interpretar no se tome en cuenta lo favorable o lo odioso para una determinada parte. Otra regla práctica de interpretación es que, las leyes especiales prevalecen sobre las leyes generales (Art. 4 y art. 13 del Código Civil). El art.4 del Código Civil. O sea que estos cuerpos de leyes especiales prevalecen sobre las leyes generales contenidas por el Código Civil. El art. 13 del Código Civil, o sea que lo especial prima sobre lo general. Así, si el Código Civil dice una cosa y la ley especial dice lo contrario, habrá que atenerse a la última”. VII.- Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. (1) Que, este tribunal es especial y se rige por las reglas especiales estatuidas, salvo en lo que no estén modificadas por las demás normas legales. (2) Que, respecto a la comparecencia rige en especial el art.18 de la citada ley que dice: “Comparecencia en juicio. En los procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, las partes deberán comparecer patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por personas legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez en caso necesario las exceptúe expresamente, por motivos fundados en resolución que deberá dictar de inmediato. Ambas partes podrán ser patrocinadas y representadas en juicio por las Corporaciones de Asistencia Judicial. La modalidad con que los abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial 453

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asuman la representación en dichas causas será regulada por el reglamentoque dictará para estos efectos el Ministerios de Justicia” Ahora, esta norma o artículo en ninguna parte dice que deberá serlo el abogado del turno la persona deberá buscar su defensa en forma libre omitiéndose este letrado de turno en lo civil, ya que no corresponde realizar esta defensa, sin perjuicio que Usía y los funcionarios indiquen la o las instituciones encargadas de la defensa de estas personas. Pues, debemos recordar que la finalidad de esta nueva judicatura era quitarle importancia al abogado y que cada persona realizará sus trámites a menor costo y en forma menos engorrosa. VIII.- Epítome. Que, atendido estos argumentos de derecho, es que se deberá excusar a todos y cada uno de los abogados del turno en lo civil de servir este cargo y especialmente al letrado infrascrito en carácter permanente por ser esta norma inconstitucional y en esta materia se permite la comparecencia personal de las partes. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en los artículos citados sin excepción de la Constitución Política de la República, Código del Trabajo, Código Orgánico de Tribunales, Código de Procedimiento Civil, Código Penal, Código Civil y Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tenerme por excusado a perpetuidad de servir este cargo, pues, el nombramiento es sólo para la materia civil y no alcanza a este tribunal especial, que admite la comparecencia personal de las partes sin ninguna dificultad. EN SUBSIDIO: En el caso hipotético e improbable que se deseche mi excusa, por los antecedentes expuestos al tribunal, pido a Usía, se me acompañe la norma en copia autorizada de la Ley que me obligaría a servir el cargo para hacer valer todos y cada uno de los recursos que me franquea la ley, especialmente el de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, ante el Tribunal Competente oportunamente.

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EN LO PRINCIPAL: Certificación. OTROSI: Suspensión de audiencia. Señor Juez Familia. …………….., abogado, por la parte demandante……………., en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en autos sobre…… causa RIT……… caratulada “…………con…………..”, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se certifique por el ministro de fe del tribunal titular o ad hoc, o quien lo subrogue legalmente, a la brevedad como es efectivo que se encuentra en carpeta judicial toda la prueba solicitada por las partes y la decretada por el tribunal. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.427 del Código de Procedimiento Civil y Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete ordenar cumplir la certificación solicitada a la brevedad. OTROSÍ: Solicito a Usía, que en mérito de la certificación de lo principal y en el caso de no estar toda la prueba solicitada, se proceda a suspender la audiencia fijada para el día……………y reprogramarla en día y hora próximo según disponibilidad del tribunal. Consigna para pagar. Señor Juez Familia. ……………………, abogado, por la parte demandada…….., en causa RIT……, en Cuaderno de Cumplimiento, caratulada “………con…………”, a Usía, digo: Que, solicito a Usía, decrete tener por acompañado comprobante de depósito del Banco del Estado de Chile, sucursal………. por la suma de $.........mil pesos, para cumplir con la obligación de la sentencia de autos. POR TANTO: En el mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.517 y Ss., del Código Orgánico de Tribunales. PIDO A USÍA: Se sirva tener por hecha dicha consignación por la suma de $.......... para pagar con la obligación de la sentencia de autos. 455

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Forma de notificación. Señor Juez Familia. ……………, abogado, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia sobre ………, caratulado “……… con…………..”, en causa RIT……., a Usía, digo: Que, vengo en señalar como forma de notificación…………. para todos los efectos legales. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.23 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: Decrete tener presente la forma de notificación indicada, para todos los efectos legales. EN LO PRINCIPAL: Objeta liquidación del crédito. PRIMER OTROSI: Acredita personería y acompaña mandato judicial con citación; SEGUNDO OTROSI: Téngase presente; y TERCER OTROSI: Forma de notificación. Señor Juez de Familia. ……….., abogado, domiciliado en la ciudad de…………….., en representación de don……….., domiciliado en la ciudad de……………….., según Mandato Judicial, que se acompaña en otrosí, en Cuaderno de Cumplimiento, causa RIT……………, a Usía, digo: Que, objeto la liquidación del crédito de autos dentro de plazo legal, sobre la base de los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: (1) Que, en la liquidación no se considero los depósitos efectuados por mi representado los días……….. (2) Que, dicho depósitos corresponden a la suma de $........ pesos, así, el cálculo correcto sería: Deuda total: $...... Liquidación fecha: Menos abono: $.... Fecha: Total: :$ POR LO CUAL: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.142 del Código de Procedimiento Civil. 456

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PIDO A USÍA: Se sirva tener por objetada la liquidación del crédito a favor de mi representado………., dentro de plazo legal calculado por el Sr. Ministro de Fe y resolver; 1) Ordenar una nueva liquidación o rectificación de la misma; 2) Que deberá abonarse los períodos indicados; y 3) Que, se deberá pedir al Banco del Estado de Chile, para que remita la cartola histórica para la realización de la reliquidación. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que mi personería para actuar por don……….. consta de escritura pública de fecha …de ……….de 2009, otorgada en la Notaría de……….. de ……., cuya copia se solicitará tener por acompañada, con citación en la audiencia de rigor, por exhibida y acreditada dicha personería en esta carpeta, en los términos del art. 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil. Además, solicito se tenga por acompañado mandato judicial, que me habilita para actuar por mi representado, con citación. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión actuaré personalmente en estos autos, sin perjuicio de la facultad de delegar si así lo creyere oportuno y atingente. TERCER OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que indico como forma de notificación el correo electrónico registrado en ese tribunal que es: …………. y se ingrese a intranet, indicándose el número de cédula de identidad ……….. EN LO PRINCIPAL: Solicita practicar notificación por Receptor Judicial, a mi costa. OTROSI: Se entreguen copias a Receptor. Señor Juez Familia ……………., abogado de la parte demandante…………., Procedimiento Ordinario Ante los Tribunales de Familia, sobre …………, en causa RIT…………, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se me autorice a practicar la notificación de la demanda a través de Receptor Judicial, según lo expresa el art.23 inciso 1, 2ª parte de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. 457

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POR LO CUAL: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.23 inciso 1, 2ª parte de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete autorizarme a practicar la notificación a través de Receptor Judicial, a mi costa. OTROSI: Solicito a Usía, se le otorgue al Receptor Judicial las correspondientes copias de la demanda y su proveído para practicar la diligencia de notificación de la demanda.

Oficio que indica. Señor Juez Familia. ......................, abogado, por la demandante, en Cuaderno de Cumplimiento, autos sobre alimentos caratulados "…………. con ....................", en causa RIT……….. a Usía, digo: Que, el demandado don ............................. se ha cambiado de trabajo a la empresa……………....................., ubicada en la ciudad de............................ A fin de determinar las sumas que él percibe, es necesario que Usía, se sirva ordenar que se oficie al Sr. Jefe de ..............., de dicha empresa, a fin de que informe al Tribunal acerca de los emolumentos que percibe el demandado, ya que se paga por retención judicial a mi representada, para tener un conocimiento fidedigno de cual será la suma que corresponde retener, deducidos estrictamente los descuentos legales. La información deberá comprender tanto los emolumentos ordinarios como los extraordinarios, de cualquier orden que éstos sean, y la asignación familiar, individualizándose a los beneficiarios. Deberá, asimismo, extenderse a todos los descuentos, especificándose los que sean estrictamente legales y los de cualquiera otra naturaleza. POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.8 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.PIDO A USIA: Oficiar a la empresa ..............................., a fin de que informe, 458

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a Usía, cuanto percibe el trabajador don…………..cédula de identidad...……para realizar después la retención judicial, atendido a que se cambio de trabajo hace ……..mes y de ciudad. Oficios que indica. Señor Juez Familia …………….abogado, por la parte demandante, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, en causa RIT……………caratulada “…………con………”, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar a Ssa., se ordene oficiar a las siguientes instituciones para que informen sobre el último domicilio del demandado………….: 1.- Servicio de Registro Civil e Identificación: 2.- Servicio de Registro Electoral; y 3.- Superintendencia de AFP. Además, Vuestra Señoría, en virtud del principio de la oficialidad deberá decretar todos los oficios necesarios para determinar el domicilio del demandado……….según el art.2 inciso final de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que dice: “La demanda podrá omitir la indicación del domicilio del demandado si éste no se conociera. En este caso, el Tribunal procederá en conformidad a previsto en el artículo 23 de la Ley Nº 19.968”. Que, este artículo se debe relacionar con el art.13 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, que establece el principio de la oficialidad de esta judicatura y que Usía, debe aplicar sin excepción. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y art. 13 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete ordenar los oficios a las instituciones indicados y demás que determine Vuestra Señoría, en aplicación del principio de la oficialidad de las normas jurídicas invocadas.

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LO PRINCIPAL: Se ingrese la causa a intranet por cédula de identidad de mandatario judicial. OTROSI: Forma de notificación. Señor Juez Familia. ………….., abogado, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, autos sobre …………., en causa RIT…….., a Usía, digo: Solicito a Usía, ordene agregar a intranet el presente expediente a nombre del mandatario judicial ……., cédula de identidad ……….. a la brevedad. ES POR ESTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.23 la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Ordenar se agregue a intranet el presente expediente a nombre del abogado…………, cédula de identidad……… a la brevedad. OTROSI: Solicito a Usía, tener presente la forma de notificación al correo electrónico……………., según lo indica el art.23 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. Solicita se ponga en conocimiento de la Fiscalia de ....................., el extravío del expediente. Señor Juez Familia. …………, abogado, por la parte demandante, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, sobre Cese de Pensión de Alimentos, caratulada “…………con……….” en causa RIT………, a Usía, digo: Que, vengo en solicitar a Vuestra Señoría, ponga en conocimiento de la Fiscalia de ………, atendido la certificación de extravío del expediente de fecha………, para que se investigue la participación de autor, cómplice o encubridor, de quien tiene la custodia de los expediente en el tribunal, (Administrador del Tribunal) todo ello como lo indica el art.470 Nº5 del Código Penal y las normas del Código Procesal Penal. Considerándose que se da el tipo legal ya indicado. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.13 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia, art.70 del Código Orgánico de Tribunales, art. 470 Nº5 del Código Penal y Código Procesal Penal. 460

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PIDO A USÍA: Decrete ordenar se ponga en conocimiento de la Fiscalia de la ciudad de……………, el extravío del expediente, para que inicie investigación y determine el autor, cómplice o encubridor en el hecho punible que sanciona el art.470 Nº5 del Código Penal ocurrido en las dependencias del tribunal, estando obligado a la citada denuncia. Solicita suspensión de audiencia de común acuerdo. Señor Juez Familia. ………….., abogado, por la parte demandante y …….abogado, por la parte demandada, en Procedimiento Ordinario ante Tribunales de Familia, autos sobre ........................., en causa RIT……, a Usía, digo: Que, venimos de común acuerdo en suspender la presente audiencia, solicitamos que se reprograme la audiencia de juicio fijada para del día …………….a las ……horas, en la sala Nº……, atendido a que NO se encuentra prueba esencial especialmente el informe social del demandado, según consta de certificación de día……….., efectuada por la Consejero Técnico………….. Que, con el fin de liberar un cupo y evitar pérdidas de tiempo al tribunal y colega, es que solicito la suspensión de la audiencia de juicio, con la debida antelación, considerándose la falta de prueba debidamente certificado en carpeta judicial. Que atendido esta circunstancia, solicito se reprograme la audiencia en día y hora, con el fin de dar curso progresivo a los autos. POR CONSIGUIENTE: En mérito de lo expuesto y dispuesto en el art.21 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: 1) Decrete suspender la audiencia de juicio, por falta de prueba del día …………, atendido a que al demandado (o demandante) NO SE LE HA EFECTUADO EL INFORME SOCIAL de rigor, esencial para fallar esta causa. 2) Reprogramar la audiencia en fecha próxima y hora, según la disponibilidad del tribunal

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LO PRINCIPAL: Se fije alimentos provisorios. OTROSI: Retención judicial, oficiándose al efecto. Señor Juez Familia. …………., abogado, por la parte demandada y demandante reconvencional, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia, sobre Regulación Directa y Regular y Pensión de Alimentos, caratulada “……….con……….” en causa RIT…….., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se fije pensión provisoria de los alimentos a favor del menor de autos, en la suma de $..... o en la suma Vuestra Señoría, estime en derecho, pero nunca inferior a la suma propuesta, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: 1.- Que, la demandada acompaño su liquidación de remuneraciones lo que acredita fehacientemente que realiza trabajo remunerado. 2.- Que, es deber de los padres colaborar en igual condiciones en el cuidado y mantención de los hijos. 3.- Que, además, la audiencia de juicio esta fijada para el día ………., y atendido este plazo es de justicia que la madre comience a pagar la pensión para ayudar a su hijo como deber correlativo. 4.- Que, la petición esta regulada en el art.4 inciso 5 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que dice: “El tribunal podrá acceder provisionalmente a la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pension alimenticia, cuando estime que existen antecedentes suficientes que lo justifiquen”. Estos antecedentes constan de la audiencia preparatoria y especial celebrada entre las partes de la carpeta virtual que Vuestra Señoría, tendrá a la vista al resolver esta incidencia. POR LO QUE: En mérito de lo expuesto en el art.1 y art.4 inciso 5 de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias y art.26 inciso 2 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USIA: (1) Decrete tener por interpuesto incidente de alimentos provisorios de pensión de alimentos, en contra de…………., en 462

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la suma de $............ o en la suma Vuestra Señoría, estime en derecho, pero nunca inferior a la suma propuesta a favor del menor ..............................................................., FUERA de audiencia; (2) Resolver de plano este incidente, accediendo a fijar los alimentos provisorios, en los términos indicados; o (3) Citar a audiencia especial dentro de tercero día, si estima necesario oír a los demás interesados, a fin de resolver la incidencia. Todo ello según el mérito de autos. OTROSÍ: Solicito a Usía, que resuelto y acogido este incidente, se oficie al empleador de la demandada……….., para que rentega dicha suma, bajo los apercibimientos y sanciones legales de la Ley 14.908. Cumplimiento de sentencia, con citación. Señor Juez de Familia. ……………..a, abogado, por la parte demandada, en Procedimiento Ordinario ante los Tribunales de Familia autos sobre ...................................., en causa RIT…….., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar el cumplimiento de la sentencia de fecha………., en el ítem de COMPENSACION ECONOMICA, que el demandante a la fecha aún no cumple. Así, expresado corresponde el cumplimiento con citación, de la sentencia. POR TANTO: De acuerdo con lo dispuesto en el art.231 y Ss., del Código de Procedimiento Civil. PIDO A USÍA DE FAMILIA: Se sirva ordenar el cumplimiento de la sentencia de fecha …………, con citación, del demandado de autos, en el ítem de compensación económica, todo ello con expresa condenación en costas.

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EN LO PRINCIPAL: Se cite a audiencia especial por motivo que indica. PRIMER OTROSI: Acompaña documento; y SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder. Señor Juez Familia. ………………, domiciliado en la ciudad de …………., en Procedimiento Especial sobre Violencia Intrafamiliar, en causa RIT …….., a Usía, digo: Que, vengo en solicitar se cite a una audiencia especial atendido a que como consta de …………., con fecha ………., debo hacer entrega de la casa habitación ubicada en la ciudad de……… dentro del plazo de 15 días libre de todo ocupante y sirviendo esta también a doña…….y mis hijos………. por los constantes problemas de convivencia e incompatibilidad de caracteres que tuvimos entre nosotros. Así, deberá citarse a la audiencia especial, para buscar un acuerdo o consenso ante esta nueva situación, conjuntamente con doña……. especialmente en una nueva habitación para mis hijos, objeto de protección. Deberá citarse a esta audiencia a la brevedad en virtud del principio de la oficialidad, ordenándose la notificación de está presentación a la denunciante – demandante doña……….para la tramitación de esta incidencia. EN CONSECUENCIA: De acuerdo con lo expuesto y lo que dispone el art.13, 23 y 26 inciso 2 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. PIDO A USÍA: Decrete citar a una audiencia especial, a la brevedad, con la finalidad de buscar una salida alternativa, ante la entrega de la casa habitación a…………., dentro de 15 días, libre de todo ocupante, habiéndoseme notificado dicha circunstancia por el Directorio de la referida empresa. PRIMER OTROSI: Solicito a Usía, tener acompañada Notificación de entrega de casa habitación, que fundamenta la solicitud principal. SEGUNDO OTROSI: Solicito a Usía, tener presente que vengo en otorgar patrocinio y poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don…….., con todas y cada una de las facultades del art.7 del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por reproducidas en ambos incisos una a una, especialmente las de avenir, percibir y transigir, domiciliado en la ciudad de.............. 464

*CUARTA PARTE* & JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA PRIMERA SECCIÓN - ADOPCIÓN Caso 1: Susceptibilidad de adopción. Cuidado personal de los hijos. Causales de inhabilidad física o moral. Interés superior del niño. Derechos fundamentales de los menores. Atribución de cuidado personal a otra persona competente. Adopción. Libre y sano desarrollo de la personalidad. Alcoholismo. I.- Según se desprende del artículo 224 del Código Civil, toca a los padres de consuno, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal y la crianza y la educación de sus hijos. Por otro lado, se desprende del artículo 226 del Código Civil, que el juez puede atribuir el cuidado personal a persona o personas competentes, distinta de sus padres, por inhabilidad física o moral de estos. Señala también este artículo, que en la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos, por sobre todo a sus ascendientes. Por otro lado, las inhabilidades físicas o morales a que se refiere este artículo, están establecidas en el artículo 42 de la Ley de Menores, que alude a la incapacidad mental de los padres, el alcoholismo crónico, entre otros. II.- Del artículo 1º de la Ley Nº 19.620, se deduce que el objeto de la adopción es velar por el interés superior del adoptado, y velar por su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde los cuidados espirituales o materiales, cuando aquellos no puedan ser proporcionados por la familia de origen. Los menores, como lo señala el artículo 12 del cuerpo legal aludido, son susceptibles de ser adoptados, cuando sus padres se encuentren inhabilitados física o moralmente de ejercer su cuidado personal. En tal materia debe utilizarse el interés superior del niño como criterio interpretativo, el que alude en forma genérica al aseguramiento 467

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del ejercicio y protección de los derechos fundamentales de los menores, procurando la satisfacción de todos los aspectos de su vida, que permitan asegurar el libre y sano desarrollo de la personalidad. En consecuencia, al ser los progenitores alcohólicos y carecer de condiciones laborales, económicas y sociales que le permitan hacerse cargo adecuadamente de sus hijos, sometiendo a estos a un peligro material y moral, corresponde dar lugar a la entrega de los menores a otras personas distintas de sus padres. Fuente: Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fecha: 24/06/2008. Rol: 334-2008. Ministros: Bernardo Julio Contreras; Enrique Álvarez Giralt; Rosa María Pinto Egusquiza. Legislación aplicada en el fallo: Art.226 Código Civil; art.42 Ley 16.618; art.1 y 12 Ley 19.620. Caso 2: Declaración de susceptibilidad de adopción. Adopción de menor. Deber de investigar situación familiar actual. Circunstancias que no constituyen inhabilidad. Pobreza. Limitación intelectual. Anotación prontuarial. I.- Antes de resolverse la susceptibilidad de adopción de un menor debe agotarse la investigación de la situación actual de los vínculos familiares existentes, toda vez que la adopción debe ser el último recurso a utilizar, pues el primer derecho del menor es contar con su propia familia y no con una sustituta. II.- Ni la pobreza ni la limitación intelectual impiden ejercer la maternidad, y que una persona posea una inteligencia limítrofe no basta para inhabilitarla respecto de su papel de madre, pues tal circunstancia no impide trabajar ni criar hijos con apego a las normas básicas de protección y cuidado. Por otro lado, los actos de la temprana juventud y niñez no pueden estigmatizar a las personas, razón por la cual los malos tratos que la madre le proporcionó a su hija tampoco son suficientes para que la menor sea entregada en adopción, porque lo que interesa es la evolución posterior de la madre, ya como adulta, frente a la posibilidad de hacerse cargo de su hija, siendo ese el primer derecho de un hijo: ser criado por sus verdaderos padres, en tanto estos puedan y quieran darles los cuidados, cariño y protección que los menores requieren. III.- Que el abuelo materno presente una anotación prontuarial por un delito no lo descalifica para cuidar y proteger a la menor, pues resulta contrario a todos los principios penales y 468

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constitucionales estigmatizar como inhábil para criar a un niño a una persona porque hace más de veinte años cometió un ilícito, que por lo demás es menor y ajeno al tema de familia. Fuente: Corte de Apelaciones de Rancagua. Fecha: 23/07/2007. Rol: 463-2007. Partes: Fundación Instituto Colonias Campamentos y Hogares de Quinta de Tilcoco con Edulia del Carmen de la Barra de la Barra; Oscar Basilio Álvarez Sepúlveda. Legislación aplicada en el fallo: Art.1 y 12 Ley 19.620. Caso 3: Procedimiento de susceptibilidad de adopción de menor, acogido. Derecho del niño a crecer junto a sus padres, excepción. Inhabilidad física o moral. No proporción de atención personal o económica. Entrega del menor a una institución de protección de menores o a tercero para librarse de las obligaciones legales. Abandono del menor en la vía pública, lugar solitario o recinto hospitalario. I.- Todo niño tiene derecho a no ser separado de sus padres y a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de éstos, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, y salvo circunstancias excepcionales, como la declaración de que el niño es susceptible de ser adoptado en conformidad con el artículo 12 de la Ley de Adopción, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre (considerandos 1º y 2º). II.- El artículo 42 de la Ley de Adopción, que explica cuando se entenderá que uno o ambos padres se encuentran en el caso de inhabilidad física o moral, contempla distintas hipótesis que permiten confiar el cuidado personal de los hijos a otras personas. Entre ellas, la causal de declaración de susceptibilidad del menor para ser adoptado consistente en la no proporción por parte de los padres de atención personal o económica, no implica que la falta de recursos económicos sea suficiente para resolver favorablemente tal declaración, puesto que la falta de atención debe comprender el aspecto personal y afectivo, debiendo acreditarse de manera suficiente que ello es imputable a los padres (considerando 4º). Respecto a la causal de haber los padres o las personas a las que se les haya confiado el cuidado del menor entregado al menor a una institución de protección de menores o a un tercero con ánimo manifiesto de librarse de sus obligaciones legales, ésta exige la concurrencia copulativa de aquellos requisitos, y sólo se 469

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presume que hay ánimo de entrega cuando ésta no obedece a una causa justificada, que la haga más conveniente para los intereses del menor; o cuando el padre, madre o los terceros a quienes se les confió el cuidado del menor, no lo visitan, por lo menos una vez en el plazo de dos meses o en el plazo de treinta días, si el niño es menor de un año, presunciones legales que admiten prueba en contrario (considerando 5º). En lo tocante a la causal de abandono del menor en la vía pública, en lugar solitario o en un recinto hospitalario, se presume en ánimo de entrega en adopción por la circunstancia del abandono del niño (considerando 6º). III.- Dado que la madre de la menor tiene una patología que la inhabilita parcialmente para desarrollar su rol de madre, y el padre está privado de libertad, la menor se encuentra en grave peligro moral y material por inhabilidad moral y física de sus progenitores (considerando 7º). Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 28/11/2008. Rol: 3677-2007. Partes: Ana María Latorre Ardiles con Rosa Garrido Garrido. Ministros: Jorge Zepeda Arancibia; Manuel Hasbún Comandari; Rosa María Maggi Ducommun. Legislación aplicada en el fallo: Art. 12 y 42 Ley 19.620. Caso 4: Declaración de susceptibilidad de adopción. Convención sobre los Derechos del Niño. Derecho a conocer a los padres y ser cuidado por ellos. Derecho reconocido en la medida de lo posible. Adopción de menor por matrimonio compuesto por su madre biológica y marido. Dificultades de poseer apellido paterno distinto de aquél del marido de su madre. Conocimiento del padre biológico. Aun cuando la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de éstos a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, lo que podría afectar el procedimiento de adopción, aquel derecho es “en la medida de lo posible”, pues resulta mucho más importante y trascendente para un menor su convivencia en una comunidad matrimonial donde se incluya a su madre biológica, quien por ley tiene el cuidado personal de ella, y que reciba también el afecto del marido de ella y de la otra hija en común, pese a que no es el padre biológico del menor cuya susceptibilidad de ser adoptado se discute, en especial si se atiende a que es a ellos a quienes reconoce como familia (considerando 5º). 470

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Por otro lado, la circunstancia de que un menor tenga un apellido paterno distinto de aquél del marido de su madre podría acarrearle dificultades en su desarrollo personal, las cuales se solucionarían con la adopción definitiva (considerando 4º). La declaración de susceptibilidad de ser adoptado del menor, no impide que, en su oportunidad, conozca a su padre biológico, si ello es recomendado por los especialistas –médicos, psicólogos y educadores– (considerando 6º). Fuente: Corte de Apelaciones de San Miguel. Fecha: 08/05/2008. Rol: 2178-2007. Partes: Carlos Javier Méndez Provoste con María Isabel Ibarra González. Ministros: Gabriela Hernández Guzmán; Irma Meurer Montalva; José Luis Pérez Zañartu. Legislación aplicada en el fallo: Art.7 Nº1 Ley 19.620. SEGUNDA SECCIÓN - ALIMENTOS Caso 1: Indemnización de perjuicios. Alimentos obtenidos con dolo. Incompetencia del juzgado de familia. Cuestiones derivadas de las relaciones de familia. Respeto del principio de inexcusabilidad. Necesidad de comparecer ante el juez naturalmente competente. La acción que se fundamenta en la responsabilidad que le cabría a la demandada en los perjuicios materiales y morales sufridos por el actor a través de la obtención dolosa de alimentos a favor de una menor que no es hija suya, no es de competencia de los juzgados de familia. En efecto, la acción indemnizatoria por los alimentos obtenidos con dolo corresponde a un asunto de orden patrimonial, y aunque el actor invoque como fundamento de su pretensión que la acción proviene de una cuestión que se deriva directa e inmediatamente de las relaciones de familia –era cónyuge de la demandada–, factor que conforme al artículo 8º Nº 19 de la Ley de Tribunales de Familia atribuye competencia a dichos juzgados, ello no altera la naturaleza jurídica de la responsabilidad que se pretende hacer efectiva y de los perjuicios reclamados, lo que determina precisamente la incompetencia del juzgado de familia. La conclusión anterior no implica vulnerar el principio de inexcusabilidad, consagrado en los artículos 76 de la Carta Fundamental y 10 del Código Orgánico de Tribunales, por cuanto 471

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la intervención de los tribunales de justicia para la resolución del asunto en comento no ha sido requerida conforme a la ley, esto es, no ha sido deducida ante el tribunal naturalmente competente en razón de la materia planteada. Por ello, mal puede vulnerarse el derecho a acceder al sistema jurisdiccional, ni menos el debido proceso, al tener que comparecer ante el juez naturalmente competente, ante el cual el actor podrá exponer sus alegaciones y ver resueltas sus pretensiones en el procedimiento contemplado por la ley. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 17/12/2008. Rol: 5298-2008. Partes: Cristián Andrés Barrios Riedel con Virginia Tatiana Espinosa Vallejos. Ministros: Benito Máuriz Aymerich; Gabriela Pérez Paredes; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate. Legislación aplicada en el fallo: Art.10 C.O.T.; art.76 C.P.R.; art. 8 Nº19 Ley 19.968. Caso 2: Divorcio. Solicitud de cese de pensión de alimentos. Época para el fin de derechos patrimoniales derivados del matrimonio. Momento en que la sentencia de divorcio queda ejecutoriada. Partes que han solicitado momento distinto para el cese de la pensión. Juez no incurre en ultra petita al no pronunciarse a favor de una de las partes. Juez debe resolver conforme a derecho. El legislador ha dispuesto que el momento en que las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio expiran, es desde que queda ejecutoriada la sentencia que declare el divorcio, esto es, desde que se pone el cúmplase a la sentencia. Entonces, y aun cuando las partes hayan solicitado que el cese se produjera en un momento distinto al que señala la ley, el juez no incurre en el vicio de nulidad formal de ultra petita cuando fija el cese de la pensión alimenticia desde la fecha en que la sentencia de divorcio quede firme y ejecutoriada, por cuanto el juez debía resolver la controversia conforme a derecho, lo que lo obligaba a no pronunciarse a favor de ninguna de las dos peticiones, sino aplicando la norma correspondiente, razón por la cual no puede estimarse que se ha extendido a puntos no sometidos a su decisión (considerandos 1º y 2º). Fuente: Corte de Apelaciones de La Serena. Fecha: 16/04/2008. Rol: 218-2008. Partes: César Urízar Contreras con 472

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Haydee Valenzuela Osorio. Ministros: Gloria Torti Ivanovich; Jaime Franco Ugarte; Raúl Beltrami Lazo. Legislación aplicada en el fallo: Art.59 y 60 Ley 19.947. Caso 3: Juicio de alimentos. Cuidado personal a cargo de la madre. Determinación de monto. Carga de la prueba. Ley presume la circunstancia que el alimentante posee medios para cumplir con la obligación alimenticia. Ley no presume que los ingresos sean igual a un ingreso mínimo. Necesidades propias de una menor no se satisfacen con una cantidad inferior al 60% de un ingreso mínimo mensual. I.- Para establecer la capacidad económica del alimentante se debe dar aplicación a la presunción establecida en el artículo 3º de la ley Nº 14.908, en orden a que éste tiene medios para otorgarlos. Lo anterior, no implica en ningún caso, que por efectos de tal presunción legal se deba considerar que el mismo percibe como ingresos el equivalente a un ingreso mínimo. La ley en este sentido lo que hace es presumir la circunstancia que el alimentante posee medios para cumplir con la obligación alimenticia que sobre el mismo recae, respecto en este caso de un hijo. II.- (Corte de Apelaciones) Teniendo presente que las necesidades propias de una menor de nueve años como alimentación, educación, vestuario y salud, no se satisfacen con una cantidad inferior al 60% de un ingreso mínimo. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 20/04/2009. Rol: 1293-2009. Partes: María Luisa Polic Costa con Ramón Jesús Castro Millas. Ministros: Carlos Kunsemuller Loebenfelder; Gabriela Pérez Paredes; Patricio Valdés Aldunate; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.3 Ley 14.908. Caso 4: Alimentos menores. Demanda deducida contra los abuelos. Necesidad que exista sentencia ejecutoriada declarando insuficiencia del padre o madre. Reglas sobre preferencia. Improcedencia de demandar de alimentos directamente a los abuelos. Rechazo de la plano de la demanda. Cuando el artículo 321 del Código Civil señala que se deben alimentos a los “descendientes”, debe entenderse que ello comprende tanto a los hijos como a los nietos. Ahora bien, los 473

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abuelos sólo pueden ser demandados cuando exista sentencia ejecutoriada que establezca la insuficiencia del padre o madre para otorgar alimentos. Esta conclusión se obtiene, en primer lugar, del artículo 326 del Código Civil, norma que al reglamentar el orden de preferencia que ha de observarse en el caso que una misma persona reúna varios títulos de los enunciados en la primera disposición mencionada, establece que sólo podrá hacerse uso de uno de ellos, prefiriendo, entre varios ascendientes, a los de próximo grado, pudiendo recurrir a otro en caso de insuficiencia de todos los obligados por el título preferente y, en segundo lugar, del artículo 3º inciso final de la Ley sobre Pago de Pensiones Alimenticias, pues señala que cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario podrá demandar a los abuelos, resulta claro que éstos no pueden ser demandados directamente. En consecuencia, no existiendo sentencia que declare la insuficiencia del padre, demandado principal, para otorgar alimentos, la demanda subsidiaria deducida en contra de los abuelos del alimentario debe ser rechazada de plano. Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 15/04/2009. Rol: 33-2009. Partes: Macarena Soledad Oviedo Herrera con Mauricio Gerardo Oliva Carrasco. Ministros: Claudio Gutiérrez Garrido; Patricio Mella Cabrera; Wanda Mellado Rivas. Legislación aplicada en el fallo: Art.321 y 326 Código Civil y art.3 inciso final Ley 14.908. Caso 5: Solicitud de pensión de alimentos. Cónyuge que abandona el hogar común. Inexistencia de antecedentes sobre violencia intrafamiliar o infracción a deberes matrimoniales. Padre que ha debido encargarse del cuidado de los hijos. Madre que no ha solicitado siquiera regularización de visitas. Circunstancias que eximen al demandado de su obligación de pagar alimentos. Habiendo hecho abandono por voluntad propia del hogar común la cónyuge, sin que conste que a su respecto se hayan ejercido actos de violencia intrafamiliar que afectasen su integridad física o psíquica, o falta grave a los deberes de socorro, ayuda mutua o fidelidad, por el contrario, es ella quien ha tenido relaciones extramatrimoniales, quedando los hijos al cuidado del padre e intentando en sólo una ocasión que se les devolvieran a su cuidado, sin que siquiera intentase obtener la regulación de 474

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un régimen de visitas, el tribunal estima que la actora carece del derecho a exigir de su cónyuge que le proporcione alimentos, pues la conducta que ella ha desplegado eximiría a éste de su obligación de suministrárselos. Fuente: Corte de Apelaciones de Valparaíso. Fecha: 20/09/2007. Rol: 1692-2007. Partes: Margarita Carmona Sepúlveda con Virginio Antonio Jara Vera. Ministros: Mónica González Alcaide. Legislación aplicada en el fallo: Art.321 Código Civil. Caso 6: Cese provisorio de pensión de alimentos. Presentación de nuevos antecedentes. Formulación de un incidente. Facultad del tribunal para modificar o dejar sin efecto un auto o decreto firme. Reglas sobre incidentes. La regla del artículo 181 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil que faculta al tribunal que dictó un auto o decreto firme para modificarlo o dejarlo sin efecto si se hacen valer nuevos antecedentes que así lo exijan, debe ser interpretada en armonía con las reglas de los artículos 84 y 85 del mismo cuerpo normativo, toda vez que al acompañar esos nuevos antecedentes, la parte que lo hace está formulando un incidente al respecto. Deberá distinguirse, entonces, si los nuevos antecedentes que se presentan dicen relación con trámites esenciales del procedimiento o no: en el primer caso, se pueden presentar sin limitación de tiempo, mientras que en el segundo, deberán presentarse tan pronto lleguen a conocimiento de la parte y mientras esté pendiente aún la ejecución de lo resuelto, porque los últimos dos artículos mencionados miran a la tramitación de todos los incidentes, y no contienen la excepción que contiene el artículo 181, y siendo de orden público deben cumplirse siempre. Fuente: Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fecha: 12/11/2007. Rol: 58-2007. Partes: Adriana del Tránsito Lorca Alcayata con Juez del Juzgado de Familia de Taltal. Ministros: Enrique Álvarez Giralt; Marta Carrasco Arellano. Legislación aplicada en el fallo: Art.84, 85 y 181 Código de Procedimiento Civil. Caso 7: Demanda de alimentos. Anulación de oficio. Rechazo de oficio de demanda reconvencional. Infracción a las normas del debido proceso. Falta de oportunidad de discutir las cuestiones jurídicas derivadas de la demanda reconvencional. 475

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No puede privarse a las partes de su derecho a discutir y probar sus pretensiones, en beneficio de una más rápida sustanciación y resolución del pleito, al no cumplirse con la premisa dispuesta por la ley, para dichos efectos. Constituye un derecho asegurado por la Carta Fundamental, el que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y el mismo texto en el inciso quinto del numeral 3 de su artículo 19, confiere al legislador la misión de establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. En cuanto a los aspectos que comprende el derecho del debido proceso, no hay discrepancias en que a lo menos lo conforman el derecho de ser oído, de presentar pruebas para demostrar las pretensiones de las partes, de que la decisión sea razonada y de recurrir en su contra, siempre que la estime agraviante, de acuerdo a su contenido. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 11/11/2008. Rol: 5288-2008. Partes: Natalia ORyan Zuñiga con Christian Irusta Figueroa. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.19 Nº3 C.P.R.; Art.61 Ley 19.968. Caso 8: Alimentos, acogida. Alimentos, concepto. Fijación de los alimentos. Requisitos de la obligación alimenticia. Ítems que debe comprender la pensión de alimentos. Consideración de prueba rendida únicamente en audiencia de juicio. Irrelevancia de prueba ofrecida en los incidentes de alimentos provisorios. I.- En un juicio de alimentos, no procede que se considere en la sentencia definitiva la prueba ofrecida en los incidentes relativos a alimentos provisorios, ya que de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Tribunales de Familia la audiencia de juicio que ha de llevarse a efecto en un solo acto, aunque pueda prolongarse en sesiones sucesivas si fuere necesario, tiene por objetivo recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por éste, prueba que se rendirá de acuerdo al orden que fijen las partes, comenzando por la del demandante y al final ha de rendirse la ordenada por el tribunal, debiendo hacerse cargo la sentencia de la prueba rendida en el juicio, tal como indica el artículo 66 Nº 4 de la Ley precitada (considerando 5º). II.- Los alimentos son los medios materiales para la existencia física de las personas, esto es, el bienestar general de los alimentarios, 476

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debiendo incluirse su integridad psicológica, lo que importa que el menor no puede sufrir las consecuencias de una separación, alterando el status social que ha tenido, de manera que debe, en la medida que los ingresos del alimentante lo permitan, continuar desarrollando todas y cada una de las actividades a que estaba acostumbrado. También, dentro del concepto de alimentos, debe ser incluido lo relativo a la instrucción y educación de los alimentarios. La fijación de los alimentos debe ser objetiva, considerando los ingresos o capacidad económica del obligado y las necesidades del o los alimentarios, es decir, debe existir una justa relación entre capacidad y necesidades, de forma tal que la cuota que se establezca sea la necesaria para cubrir los gastos de la mantención de los hijos (considerando 6º). Para determinar la obligación alimenticia, deben concurrir los siguientes elementos: a) el título que acredite el parentesco que habilita la reclamación, b) la capacidad económica del alimentante, c) la necesidad del alimentario, d) la condición personal de los progenitores, y e) las obligaciones familiares del alimentante (considerando 7º). La pensión alimenticia debe comprender la satisfacción de las necesidades esenciales de los hijos de acuerdo a sus condiciones académicas actuales, su sustento, habitación y conservación de la salud, en consonancia con el principio del interés superior del niño (considerando 8º). Fuente: Corte de Apelaciones de Valdivia. Fecha: 07/01/2009. Rol: 1007-2008. Partes: Paula Alejandra Zúñiga Abarzúa con Patricio Alejandro Dietz Wolf. Ministros: Darío Carretta Navea; María Heliana del Río Tapia. Legislación aplicada en el fallo: Art.323, 329, 330 Codigo Civil; art.63 y 66 Ley 19.968. Caso 9: Acción pauliana o revocatoria en materia de alimentos. Requisitos estrictos. Celebración de actos entre alimentante y terceros de mala fe. Finalidad de reducir el patrimonio del alimentante en perjuicio del alimentario. Sola disminución en el patrimonio del alimentante no es suficiente para la acción revocatoria. Carga de la prueba es del alimentario. Puntos que debe acreditar el alimentario. La revocación prevista en el artículo 5º inciso final de la Ley sobre Pago de Pensiones Alimenticias requiere el cumplimiento de estrictos requisitos: a) que se trate de actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe; b) que la celebración de 477

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tales actos tenga la precisa finalidad de reducir el patrimonio del alimentante, en perjuicio del alimentario; c) alternativamente, que se trate de actos simulados o aparentes ejecutados con el propósito de perjudicar al alimentario; d) que la revocación se produzca conforme al artículo 2468 del Código Civil. La mala fe del tercero se da, conforme a la ley, cuando conozca o deba conocer la intención fraudulenta del alimentante (considerando 1º). Lo estricto de los requisitos de esta revocación se fundamenta en el derecho de propiedad, pues resulta inimaginable que durante todo el juicio de alimentos exista una tácita y permanente prohibición de gravar y enajenar que afecte a todo e patrimonio del demandado. Las restricciones son de derecho estricto. La acción pauliana o revocatoria solo procederá en los casos en que, no existiendo bienes suficientes del deudor para solucionar íntegramente los créditos existentes en su contra, sea menester implementar la primacía y concurrencia de los acreedores al pago con el patrimonio insuficiente (considerando 5º). La carga de la prueba corresponde al alimentario, quien debe acreditar, además del mal estado de los negocios del alimentante: 1) la mala fe del tercero; 2) el conocimiento, por parte del tercero, de la intención fraudulenta del alimentante; 3) la intención del alimentante de reducir su patrimonio; y 4) que tal reducción haya tenido el propósito de perjudicar al alimentario (considerando 2º). De lo antedicho fluye que no basta la sola disminución del patrimonio para que proceda la revocación. Se ha dicho que el mal estado de los negocios del deudor gravita hasta tal grado que la falta de prueba al efecto torna improcedente la acción pauliana (considerando 1º). Fuente: Corte de Apelaciones de Valparaíso. Fecha: 20/01/2009. Rol: 1-2009. Partes: Jenipher Marlene Loador Terrazas con Christian Alejandro Vera Fontecha. Ministros: Carlos Fuentes Puelma; Fernando Rafael Lobos Domínguez; Inés María Letelier Ferrada. Legislación aplicada en el fallo: Art.5 inciso final Ley 14.908. Caso 10: Infidelidad de cónyuge no constituye injuria atroz que ponga fin a derecho de alimentos. El derecho y el deber de los cónyuges de vivir en el hogar común, consagrado en el artículo 133 del Código Civil, no se ha visto conculcado en los términos de justificar la prescindencia de la obligación del marido de dar alimento a la mujer cuando ella 478

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lo requiera, no sólo porque no está probada la afirmación del demandado del abandono del hogar, sino porque la sentencia ha dejado establecido que el esposo tiene una conviviente y ha llevado una vida familiar normal, lo que significa que en alguna etapa del matrimonio existieron razones -que no viene al caso analizar que justificaron la separación de hecho y que legitiman las intenciones de ambos para hacer una vida independiente, por lo tanto, no es posible considerarlo como una injuria atroz en los términos del artículo 324 del Código Civil, o un adulterio que haga desaparecer el derecho de alimentos que tiene la cónyuge respecto de su marido, motivo más que suficiente para confirmar la sentencia apelada. Fuente: Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fecha: 17 de Abril de 2009. Rol: 48 – 2009. Legislación aplicable al fallo: Art. 133 y 324 Código Civil. TERCERA SECCIÓN - BIENES FAMILIARES Caso 1: Desafectación de bien familiar, rechazado. Declaración afecta los derechos de un tercero. Acreditación de que dejó de ser residencia principal de la familia. Formas de desafectación. Continuación de bien familiar una vez terminado el matrimonio. Asegurar a la familia un hogar físico estable. Garantía de protección para el cónyuge más débil. Voto disidente. Requisitos objetivos para desafectar en caso de divorcio. I.- Existen tres formas de desafectación del Bien Familiar, una de ellas es por resolución judicial en el caso que el matrimonio ha sido declarado nulo o ha terminado por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio. En efecto, la mera extinción del matrimonio no produce de pleno derecho la desafectación del bien, ello porque aun disuelto éste, el bien puede continuar siendo la residencia principal de la familia y en este evento no será posible desafectarlo. II.- La finalidad de la institución de los bienes familiares si bien está prevista para los casos en que existe matrimonio entre los involucrados, lo cierto es que con ella se intenta asegurar a la familia mediante la subsistencia en su poder de bienes indispensables para su desarrollo y existencia, con prescindencia del derecho de dominio que sobre los mismos tenga uno de los 479

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cónyuges. En efecto, este instituto pretende asegurar a la familia un hogar físico estable donde sus integrantes puedan desarrollar la vida con normalidad, ejerciendo los roles y funciones que les correspondan, aun después de disuelto el matrimonio, a fin de evitar el desarraigo de la que ha sido la residencia principal de ésta. Desde otra perspectiva constituye también una garantía o forma de protección para el cónyuge más débil o para el que tenga el cuidado de los hijos, en casos de separación de hecho o de disolución del matrimonio. Por lo tanto, resulta evidente que la principal beneficiaria de la institución en comento es la familia; desde esta perspectiva, no puede desconocerse el hecho que si bien ella ha podido tener su origen en el matrimonio de las partes, como ha ocurrido en la especie, lo cierto es que la misma subsiste más allá de la disolución de la relación conyugal, permaneciendo vigente en relación a los hijos, a quienes en este caso la ley busca asegurar su protección mediante la consagración de la institución en comento, con la extensión de sus efectos más allá del término del matrimonio, si se dan los presupuestos legales que justifican tal proceder. III.- (Voto disidente) La solicitud del artículo 145 del Código Civil, se refiere a una situación objetiva consistente en el divorcio de las partes, circunstancia que se encuentra establecida en autos. La expresión “igual regla” que se emplea en el inciso final del mencionado artículo 145 del Código Civil, es una indicación al procedimiento que debe ser utilizado, no a la cuestión de la valoración, entendiéndose, en consecuencia, que tal exigencia se cumple con el hecho que exista una petición y resolución judicial que declare la desafectación, ante el caso que el matrimonio haya terminado, ente otros motivos, por divorcio, pero no a la necesidad de demostrar, además, que el bien familiar no cumple los objetivos ya señalados, por tratarse en la especie de una causal objetiva que sólo debe ser declarada una vez demostrado el presupuesto básico, cual es la terminación del vínculo matrimonial. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 15/04/2009. Rol: 1086-2009. Partes: Lionel Pierre Arturo Pascal Poisson con Paulina Alicia De la Fuente Arrieta. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Haroldo Brito Cruz; Patricio Valdés Aldunate; Ricardo Peralta Valenzuela; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art. 141 y 145 Código Civil. 480

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ºCaso 2: Solicitud de desafectación de bien familiar, rechazada. Divorcio no es suficiente para desafectar el bien. Necesidad de acreditar que inmueble ya no sirve de residencia principal a la familia. Familia integrada por madre e hijo menor de edad. Interés superior del niño. Principio de rango constitucional. Solicitada la desafectación de un bien familiar por el cónyuge propietario, no es suficiente para dar lugar a ella, que el matrimonio haya terminado por divorcio, porque en todo caso el solicitante deberá acreditar que no está actualmente destinado a los fines que indica el artículo 141 del Código Civil, esto es, que sirva de residencia principal de la familia (considerandos 4º y 5º). Si bien la ley no ha definido el concepto y la extensión de lo que se entiende por “familia”, resulta evidente que la familia nuclear constituida por una madre con su hijo, quienes habitan en el inmueble cuya desafectación se ha solicitado, queda comprendida en el concepto reglamentado a partir de los artículos 141 y siguientes del Código Civil, de manera que no habiéndose establecido otro domicilio de la demandada y su hijo, la declaración de bien familiar que pesa sobre el inmueble que detentan, prima sobre el derecho que tiene el demandante para solicitar la desafectación (considerando 6º). A mayor abundamiento, dado el carácter de principio de rango constitucional del interés superior del niño, al resolver en torno a la desafectación del bien familiar, debe tomarse en consideración la situación que afecta a un niño que está bajo el cuidado y la tuición de su madre, la demandada (considerando 7º). Fuente: Corte de Apelaciones de Valparaíso. Fecha: 01/12/2008. Rol: 2493-2008. Partes: Lionel Pierre Arturo Pascal Poisson con Paulina Alicia de la Fuente Arrieta. Ministros: Carlos Muller Reyes; Gonzalo Morales Herrera; Jaime Arancibia Pinto. Legislación aplicada en el fallo: Art. 141 y 145 Código Civil. Caso 3: Declaración de bien familiar, acogida. Sociedad conyugal. Bienes sociales pertenecen a uno de los cónyuges. Sociedad conyugal no constituye otro patrimonio. Bienes familiares, requisitos. Carácter imperativo de la declaración. I.- La sociedad conyugal tiene una naturaleza sui generis, considerándosele un estatuto jurídico que regula las relaciones pecuniarios de los cónyuges entre sí y de éstos con terceros, es 481

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decir, se trata de uno más de los distintos regímenes patrimoniales del matrimonio y no de una persona jurídica distinta de los cónyuges. Más bien se asemeja a un ente cuyo representante y normal administrador es el marido, a quien el artículo 1749 del Código Civil otorga el curioso título de “jefe”. De este modo, en la sociedad conyugal, los bienes que administra ordinariamente el marido, y que se conocen como bienes sociales, están en el patrimonio de los cónyuges, ya que no hay otros patrimonios fuera de estos dos, en una proporción o cantidad que sólo se podrá determinar a la disolución del régimen, pues será en dicho instante en que, después del pago de las respectivas recompensas a que hubiere lugar, se producirán las correspondientes adjudicaciones a los comuneros, ya sean estos cónyuges, ex cónyuges, herederos o cesionarios según el caso, adjudicaciones que no serán sino la singularización o individualización de un derecho que ya estaba en el patrimonio de ellos (considerandos 3º y 4º). II.- La institución de los bienes familiares, introducida por la Ley Nº 19.335 –23.09.1994–, tiene sólo dos requisitos de procedencia: a) que el bien inmueble y los muebles que lo guarnecen sean propiedad de uno de los cónyuges, y b) que sirvan de residencia principal de la familia. A pesar que la disposición que los regula, el artículo 141 inciso 1º del Código Civil, emplee el vocablo “podrá”, se trata de una norma de carácter imperativo, por cuanto aquella palabra indica que frente a los supuestos allí indicados, el cónyuge que lo estime necesario tendrá la posibilidad de optar entre solicitar o no solicitar la declaración de bien familiar, o sea, no está obligado a pedirlo; pero requerido que sea el juez y dados los dos supuestos exigidos, la declaración se torna perentoria (considerandos 6º y 7º). III.- Yerra el sentenciador al rechazar la solicitud de declaración de bien familiar por estimar que el inmueble es de dominio de la sociedad conyugal y no de uno de los cónyuges, puesto que en el matrimonio no existen sino dos patrimonios, los de cada uno de los cónyuges, ya que por el hecho de celebrarse el contrato de matrimonio no se forma ninguna persona jurídica distinta de las partes que concurrieron a su formación, pudiendo estar o no afectados a limitaciones en cuanto a su administración o disposición los bienes de cualesquiera de los cónyuges, pero siempre dichos bienes estarán en alguno de esos dos únicos patrimonios (considerandos 1º y 5º). 482

JURISPRUDENCIA

Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 16/10/2008. Rol: 10145-2005. Partes: Mitzi Vélez Núñez con Rodrigo Calquín Parraguez. Ministros: Amanda Valdovinos Jeldes; Emilio Elgueta Torres; Enrique Pérez Levetzow. Legislación aplicada en el fallo: Art. 141 y 1749 Código Civil. Caso 4: Declaración bien familiar de inmueble, procedente. Casados bajo el régimen de separación total de bienes. Amenazas de sacarlas del hogar donde viven. Requisitos para otorgar la calidad de bien familiar. Edificio afectado sin las divisiones correspondientes. Sitio inscrito a nombre del demandado permite concederlo. Para la aplicación de la institución del bien familiar es necesaria la concurrencia de varios requisitos, a saber: existencia de vínculo matrimonial; que se trate de un inmueble de propiedad de uno de los cónyuges; que sirva de residencia principal de la familia y si son bienes muebles, que ellos guarnezcan dicha residencia principal de la familia. Que si concurren todos los requisitos señalados, puesto que las partes están ligadas por vínculo matrimonial; el demandado es propietario del edificio construido sobre el sitio de igual ubicación inscrito a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces y los litigantes concuerdan en que el departamento de dicho edificio, sirve de residencia principal de la familia por ellos constituida junto a una hija menor de edad. Por lo tanto, debió concederse la declaración perseguida, en la medida en que concurren todos los requisitos legales para tales efectos y, al no hacerlo, se ha infringido el artículo 141 del Código Civil. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 19/02/2009. Rol: 454-2009. Partes: Elizabeth Alicia Navarrete Vásquez con Fernando Rubén Merino Brizuela. Ministros: Carlos Kunsemuller Loebenfelder; Gabriela Pérez Paredes; Jaime Rodríguez Espoz; Milton Juica Arancibia; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.141 Código Civil.

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CUARTA SECCIÓN - COMPENSACIÓN ECONÓMICA Caso 1: Divorcio, acogido. Compensación económica. Naturaleza jurídica no definida. Requisito de existencia de menoscabo económico. Solicitante debe acreditar el menoscabo patrimonial. Objetivo de la compensación económica. Finalidad de mitigar situación económica desmedrada del cónyuge más débil. I.- La Ley de Matrimonio Civil no define ni determina la naturaleza jurídica de la compensación económica, limitándose a señalar los supuestos que la hacen procedente, los factores a tener en cuenta para su avaluación y la forma como debe fijarse. Uno de sus requisitos, la existencia de menoscabo económico en el cónyuge que la solicita, elemento que constituye el presupuesto de la acción, tampoco fue definido por el legislador, pero interpretando armónicamente los artículos de la Ley precitada que reglamentan la institución en comento, se concluye que se trata del efecto patrimonial que se produce en el cónyuge que no pudo trabajar o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería. Este menoscabo debe ser probado por quien lo invoca a su favor, para lo cual el legislador se encargó de señalar algunas circunstancias que permitan determinar su existencia. II.- La compensación económica no corresponde al valor exacto de lo que habría podido obtener el cónyuge beneficiario de haber trabajado o de haberlo hecho en mayor medida. En efecto, esta institución no pretende indemnizar la pérdida de una ganancia probable, es decir, su objetivo no es restituir lo perdido por su equivalente exacto, sino sólo busca mitigar la situación económica desmedrada que afecta a quien tiene derecho a ella. Es el juez de la causa quien debe apreciar, en el caso particular, los criterios subjetivos del pasado de los cónyuges y las situaciones del futuro que el legislador sugiere para determinar su existencia y monto. Verificado el cumplimiento de los presupuestos que la hacen procedente, corresponde a los jueces de la instancia fijar prudencialmente su monto. III.- El legislador ordena pagar un monto determinado invariable en el tiempo, cualquiera sean las circunstancias personales y patrimoniales de los interesados –deudor o acreedor– posteriores a la sentencia que la regula. Y si bien el juez tiene discrecionalidad para fijar la cuantía de la compensación 484

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económica, el legislador estableció ciertos parámetros para ello, exponiendo criterios que guardan relación con el matrimonio, con el cónyuge deudor y con la situación personal del beneficiario. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 27/04/2009. Rol: 9042009. Partes: Eugenia Vidal García Huidobro con Carlos Jano Bustamante. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Patricio Valdés Aldunate; Pedro Pierry Arrau; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.61 y Ss., Ley 19.947. Caso 2: Divorcio, acogido. Compensación económica, acogida. Regla general es que se pague de una sola vez. Por excepción puede pagarse en cuotas. Finalidad de la ley no era pagar una pensión mensual. De los artículos 63 a 66 de la Ley de Matrimonio Civil, relativos a la compensación económica, se colige que el legislador no ordena pagar una pensión mensual, sino un monto determinado que es invariable en el tiempo, cualesquiera sean las circunstancias personales y patrimoniales de los interesados, deudor o acreedor, posteriores a la sentencia que la regula. La regla general es que la compensación económica deba pagarse de una sola vez; sin embargo, el artículo 66 de la Ley precitada establece como excepción que pueda disponerse su pago en cuotas (considerando 6º). Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 24/02/2009. Rol: 1707-2008. Partes: José Andrés Ramírez Medina con Sarira Geraldina Godoy Elgueta. Ministros: Hugo Tapia Elorza; Sara Herrera Merino. Legislación aplicada en el fallo: Art.63, 64, 65 y 66 Ley 19.947. Caso 3: Divorcio. Compensación económica, concepto y finalidad. Liquidación de la sociedad conyugal, concepto y finalidad. Instituciones con objetos diferentes. Improcedencia que una liquidación sustituya la compensación. Nulidad de todo lo obrado. Por un lado, la compensación económica es el derecho que asiste a uno de los cónyuges cuando durante el matrimonio no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa o lo hizo en menor medida de lo que podía o quería, por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del 485

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hogar común; por otro, la liquidación de la sociedad conyugal es el conjunto de operaciones destinadas a separar los bienes de los cónyuges, de los de la sociedad, dividir las utilidades y reglamentar el pago de las deudas (considerandos 3º y 4º). De las definiciones precedentes, fluye que los utilidades o gananciales obtenidos al liquidar la sociedad conyugal, tienen una causa jurídica distinta e independiente de los hechos que motivan la compensación económica y, por tanto, no cabe sustitución alguna entre ellos. Distinto es que al determinarse la procedencia y cuantía de la compensación, se atienda, entre otros criterios, a la situación patrimonial de ambos cónyuges. Entonces, aunque la ley faculte a los cónyuges para liquidar de común acuerdo la sociedad conyugal y convenir una compensación económica en los términos que decidan, dicho pacto no puede omitir los requisitos legales para su validez (considerandos 6º y 7º). En consecuencia, cuando el demandado de compensación económica cede los derechos que tiene en la propiedad social a la demandante y se adjudica un automóvil, sin que previamente se haya efectuado la liquidación de la sociedad conyugal y sin siquiera individualizar el inmueble o el vehículo que supuestamente conforman el patrimonio social, como no se ha determinado aún a favor del cónyuge más débil una compensación económica, corresponde anular todo lo obrado y retrotraer todo lo obrado hasta la celebración de una nueva audiencia de preparación de juicio (considerando 8º). Fuente: Corte de Apelaciones de San Miguel. Fecha: 12/09/2008. Rol: 2810-2008. Partes: Luis Alberto Salazar Gálvez con Margarita del Tránsito Ramírez Torres. Ministros: Claudio Pavez Ahumada; José Luis Pérez Zañartu; María Soledad Espina Otero. Legislación aplicada en el fallo: Art.1764 y Ss., Código Civil; art.61, 64 y 65 Ley 19.947. Caso 4: Divorcio, acogido. Compensación económica, acogida. Reducción de la jornada de trabajo para dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar. Producción de menoscabo económico. Improcedencia de exigir prueba directa del menoscabo económico. Basta acreditar que solicitante podía y quería dedicarse a labores remuneradas en mayor medida de lo que lo hizo. 486

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I.- Las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica enseñan que si la solicitante de compensación económica, durante la convivencia conyugal y con motivo de dedicarse al cuidado de sus hijos y del hogar, redujo su jornada de trabajo, ello redundó en un desarrollo laboral realizado en menor medida de lo que ella quería y podía realizar. Por lo tanto, necesariamente ha de concluirse que la dedicación de la solicitante al cuidado de los hijos y del hogar le produjo un menoscabo económico que, con arreglo al artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, debe ser compensado por el actor (considerandos 6º y 7º). II.- Resulta improcedente exigir una prueba directa del menoscabo económico que constituye uno de los requisitos de la compensación económica, por cuanto el artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil señala que basta para su procedencia que se encuentre establecido el hecho de que la solicitante podía y quería dedicarse a labores lucrativas o remuneradas en mayor medida de lo que lo hizo a causa de su dedicación a los hijos o a las labores propias del hogar común, debiendo determinarse la existencia del menoscabo y la cuantía de la compensación, conforme a lo señalado en el artículo 62 de la Ley precitada (considerando 8º). Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 23/03/2009. Rol: 9-2009. Partes: Luis Arturo Henríquez Oñate con María Inés Quiñones Rojas. Ministros: Rosa Patricia Mackay Foigelman. Legislación aplicada en el fallo: Art.61 y 62 Ley 19.947. Caso 5: Divorcio. Compensación económica, requisitos. Carácter reparatorio. Cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos o a las labores del hogar común. Relación de causalidad entre el no desarrollo de actividad lucrativa y dedicación a los hijos o al hogar. Necesidad de acreditar el menoscabo económico. Principio de protección del cónyuge más débil. La compensación económica tiene un carácter reparatorio. Si bien no tiene plenamente un carácter indemnizatorio, se trata de una forma de resarcimiento de un cierto daño, es decir, de una cierta pérdida producida al cónyuge beneficiario por el hecho de haber dedicado el esfuerzo de vida al cuidado de los hijos o a las tareas del hogar común y que ha impedido, por lo mismo, una vida de trabajo con resultado económico que permita enfrentar la vida futura una vez producida la extinción del matrimonio. 487

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Sus requisitos son: a) la existencia de un matrimonio, sea nulo o válido, cuya nulidad o término por divorcio haya sido judicialmente solicitado; que uno de los cónyuges no haya desarrollado una actividad económica o la haya desarrollado en menor medida de lo que quería y podía; c) que el no desarrollo de una actividad económica o su desarrollo disminuido guarde una relación de causalidad con el cuidado de los hijos o las labores del hogar común –aspecto que debe demostrar el cónyuge solicitante–, lo que implica que si el solicitante de compensación no se dedicó a los hijos o al hogar común, sino a otras actividades, esta exigencia se vería incumplida; d) que exista menoscabo económico, el que viene a ser el efecto producido patrimonialmente al cónyuge por no haber podido trabajar o haberlo hecho en menor medida que lo que se quería o podía. Para que prospere la demanda de compensación económica no basta que la solicitante acredite haberse dedicado al cuidado de los hijos y a las labores propias del hogar común, y que ello haya sido un obstáculo para el desarrollo de una actividad lucrativa, sino resulta indispensable la existencia de menoscabo económico. En efecto, si bien la compensación económica mira hacia atrás para determinar si existe derecho a ella, tiene el propósito de compensar el efecto del menoscabo en el futuro, siendo una institución que viene a constituir la más importante concreción del principio protector del cónyuge más débil consagrado en el artículo 3º de la Nueva Ley de Matrimonio Civil. Fuente: Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Fecha: 09/02/2009. Rol: 307-2008. Partes: Ildefonso Marciano Toledo Barría con Violeta Santana Peruzovic. Ministros: Ulises Morales Ríos. Legislación aplicada en el fallo: Art.3, 61 y 62 Ley 19.947. Caso 6: Compensación económica, término del matrimonio. Naturaleza. Perjuicios resarcibles, tipos. Criterio monto, determinación elementos. La naturaleza jurídica de la compensación económica (aplicando el artículo 61 de la ley Nº 19.947 sobre Matrimonio Civil) no tiene un carácter alimenticio, sino más bien tiene el carácter resarcitorio de ciertos perjuicios, ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar común, y que, principalmente se relacionen con las pérdidas económicas 488

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derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, o haberlo hecho en menor medida de lo que podía y quería y los perjuicios derivados del costo de oportunidad laboral que se refiere a las proyecciones de vida laboral futura. Para ello tendrá relevancia la aptitud profesional del cónyuge beneficiario al momento de fijar el monto (conforme al artículo 62 de la ley Nº 19.947). En la especie la demandante principal antes de su matrimonio se desempeñó laboralmente dentro del ámbito de su profesión y de su oficio, que al momento inmediatamente anterior se desempeñaba en este último oficio, que dejó de trabajar remuneradamente al contraer matrimonio, que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, no siendo óbice al efecto el haber contado con asesoría doméstica, toda vez que aquella es precisamente una actividad bajo la supervisión de quien ejerce el rol de jefe del hogar doméstico, y sin perjuicio de desempeñar en el ínterin labores remuneradas esporádicas, y que sólo poco antes de la separación se integra a trabajar a honorarios.(Considerando 14º sentencia primera instancia). Fuente: Corte Suprema. Fecha: 02/07/2008. Rol: 3506-2008. Partes: Mónica del Carmen Duval Délano con Omar Patricio Saavedra Larraín. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Ricardo Peralta Valenzuela; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.61 y 62 Ley 19.947. Caso 7: Divorcio y liquidación de sociedad conyugal. Fijación del activo y pasivo social. Compensación económica. Cuidado de la familia y crianza de los hijos. Contribuir a la actividad económica del cónyuge. I.- No resulta posible fijar el activo y el pasivo social, a fin de liquidar la sociedad conyugal, si ni siquiera se cuenta con un inventario de bienes que conformen el activo, en circunstancias que el artículo 1765 del Código Civil establece que el inventario debe comprender todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable la sociedad y todos los bienes que a la disolución de ésta se encontraren en poder del marido o de la mujer, ya que, conforme al artículo 1739 del mismo Código, se presumen sociales. Por otro lado, tampoco es posible acceder a la liquidación de la sociedad conyugal si no se cumple con lo 489

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dispuesto en el artículo 382 sobre el inventario, hacer relación de todos los bienes raíces y muebles, y si no se aportan antecedentes sobre las deudas sociales. II.- Extendiéndose la convivencia matrimonial por veinte años, durante los cuales la mujer se dedicó al cuidado de la familia y la crianza de los hijos del matrimonio, sin realizar actividad remunerada independiente pese a contar con enseñanza media completa que le pudo haber permitido ingresar al mercado laboral, y habiendo contribuido a la actividad económica del marido sin percibir a cambio un pago equivalente, se configura respecto de ella una situación de menoscabo económico, pues no sólo carece de ingresos, sino que además no se encuentra adscrita a ninguna institución de previsión ni de salud, debiendo acogerse su solicitud de compensación económica. Fuente: Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fecha: 04/07/2007. Rol: 99-2007. Partes: Patricio Reynaldo Marín Peralta con Haydée de las Mercedes Lanas Ramos. Ministros: Gabriela Soto Chandía. Legislación aplicada en el fallo: Art.382, 1739, 1765 Código Civil; art. 61 y 61 Ley 19.947. QUINTA SECCIÓN - CONCUBINATO Caso: Comunidad de bienes entre concubinos, acogida. Comunidad no emana del concubinato. Comunidad emana de la adquisición de bienes fruto del trabajo conjunto. Concubinato es un hecho jurídico. Si bien nuestro derecho positivo no ha reglamentado la comunidad de bienes entre concubinos, el Código Civil hace referencia a ella en su artículo 210 inciso 1º, al establecer que “el concubinato de la madre con el supuesto padre, durante la época en que ha podido producirse legalmente la concepción, servirá de base para una presunción judicial de paternidad”. La doctrina acepta que el concubinato es un hecho jurídico, del que pueden derivar importantes consecuencias jurídicas, en el campo penal, previsional y en el campo civil. La jurisprudencia, por su parte, ha resuelto que la comunidad de bienes entre los concubinos no emana del concubinato, ni de la circunstancia de haber adquirido durante el lapso en que hicieron vida matrimonial, sino del hecho de haberse acreditado que los 490

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bienes fueron adquiridos con el producto del trabajo realizado conjuntamente (considerando 8º, sentencia 1ª instancia). Fuente: Corte Suprema. Fecha: 21/01/2009. Rol: 5690-2007. Partes: Delfina León León con Ana Julia Chipana Chamba y otros. Ministros: Juan Araya Elizalde; Margarita Herreros Martínez; Milton Juica Arancibia; Oscar Herrera Valdivia; Sergio Muñoz Gajardo. Legislación aplicada en el fallo: Art.210, 2304 y 2305 Código Civil. SEXTA SECCIÓN - CUIDADO PERSONAL Caso 1: Cuidado personal de los hijos. Distribución de los hijos, concurrencia retrocesión. Cuidado personal de la madre, concurrencia causal justificativa. “Otra causal justificada”, causal legal. 1) La distribución de los hijos entre los padres que permite el artículo 225 (del Código Civil) es una circunstancia que sólo puede justificarse en el interés de los propios hijos, pero cesando la causa que la originó, no se ve inconveniente para volver las cosas al estado anterior, es más, la intervención judicial debe instar, en la medida de lo posible, por volver las cosas a su estado natural, velando entre otros aspectos, por la no separación de los hermanos máximo cuando ya se ha sufrido el dolor de ver a sus progenitores separados, añadido que, cuando esta madre tomó la decisión de entregar el cuidado de su hijo, es claro que hubo una suerte de fuerza moral que la determinó a ello.(Considerando 17º sentencia Tribunal de Familia). 2) Habiéndose descartado la existencia de causales de inhabilidad de ambos padres en los términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 16.618 y también descartada la existencia de descuidos, malos tratos -referidos en el artículo 225 del Código Civil-es preciso adoptar una decisión que encuadre con aquel concepto que el legislador describe como “otra causa justificada” (además, considerándose, en especial, el interés superior del niño, contemplado por nuestro ordenamiento jurídico); esta sentenciadora estima que es al lado de su madre y de su hermana donde el niño debe estar y crecer, porque, si bien no puede atribuirse a las madres en forma absoluta una mayor idoneidad para atender a los hijos; es inconcuso que durante la edad temprana, es más beneficioso para los niños la compañía 491

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materna, y en el caso de autos, no hay causal alguna que inhabilite a esta madre para el ejercicio del cuidado personal de su hijo, por el contrario, está plenamente capacitada para cuidar y proteger a sus dos hijos como lo ha demostrado a cabalidad con su hermana. No obsta a lo concluido el hecho que en la casa donde vive, exista una persona con una anormalidad psiquiátrica pues, no se acreditó que esta patología la convierta en una amenaza para la seguridad de terceros. (Considerando 14º, 15º y 16º sentencia Tribunal de Familia). Fuente: Corte Suprema. Fecha: 14/05/2008. Rol: 1178-2008. Partes: María Angélica Garrido Osses con René Alejandro Lagos Barríos. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.225 Código Civil; y art.42 Ley 16.618. Caso 2: Cuidado personal. Derecho a contar con defensa letrada. Permitir a los intervinientes ejercer sus derechos en el procedimiento de familia. Procedencia de “otras formas” de notificación. Medio debe ser suficientemente eficaz y no causar indefensión. Notificación vía telefónica. No hacer llegar contenido de la resolución. Imposibilidad de rendir prueba. Faltar a algún trámite esencial. I.- En el nuevo procedimiento de familia resulta imprescindible adoptar todas las medidas que no solo el derecho, sino también la prudencia y el sentido común indiquen para permitir que todos los intervinientes puedan ejercer a plenitud su derecho a contar con una defensa letrada en cada una de las fases del proceso, dando efectivas oportunidades para que los abogados que cuentan con cabal conocimiento del asunto debatido, puedan contribuir a formar la convicción en el juez, en particular en la etapa de rendición de prueba (considerando 3º). II.- Si bien la legislación de familia reconoce “otras formas” de notificación, dentro de las cuales queda comprendida la efectuada por vía telefónica, se requiere que satisfagan un requisito esencial: que resulte plenamente eficaz y que no cause indefensión. En estas condiciones, si el tribunal notificaba al demandante, cada vez que requería su comparecencia personal, por vía telefónica y haciéndole llegar el contenido de la resolución, el tribunal incurre en un vicio de nulidad formal cuando 492

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notifica la resolución que rechaza su solicitud de suspensión y fija la continuación de la audiencia de juicio sólo telefónicamente, sin adjuntar el texto de la referida resolución, porque se está impidiendo al demandante acceder a la información cabal de la fecha en que habría de rendir su prueba, lo que implica que la notificación no ha sido suficientemente eficaz por sí sola (considerandos 5º, 6º y 7º). Fuente: Corte de Apelaciones de Rancagua. Fecha: 19/05/2008. Rol: 144-2008. Partes: Ivonne Marika Kopan con Luis Mariano Mejías Hernández. Ministros: Carlos Bañados Torres; Mario Márquez Maldonado; Miguel Vásquez Plaza. Legislación aplicada en el fallo: Art.23 inciso 6 Ley 19.968; y art.768 Nº9 Código de Procedimiento Civil. Caso 3: Cuidado personal. Inhabilidad física o moral. Preferencia de los consanguíneos más cercanos para efectos del cuidado personal. Interés superior del niño. Protección de los derechos fundamentales de los menores. Libre desarrollo de la personalidad. Relación directa y regular. Suspensión del derecho de relación directa y regular. Perjuicio manifiesto al bienestar del hijo. I.- La inhabilidad física o mental que pueden sufrir lo padres, a que se refiere el artículo 226 del Código Civil, para los efectos confiar el cuidado personal a otra persona o personas competentes, dice relación, de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Menores: a su incapacidad mental; padecer de alcoholismo crónico; cuando no velaren por la crianza, el cuidado personal o la educación del hijo; cuando consintieren que el hijo se entregue a la vagancia o a la mendicidad; hubiesen sido condenados por secuestro a abandono de menores, entre otras causales. De presentarse estas circunstancias respecto de los padres del menor, puede el juez confiar el cuidado personal a un tercero, de preferencia a los consanguíneos más próximos. II.- La decisión que el juez tome en relación a la radicación del cuidado personal en una u otra persona, debe considerar el interés superior del niño, el cual dice relación con el aseguramiento del ejercicio y protección de los derechos fundamentales de los menores y a posibilitar la mayor satisfacción de todos los aspectos de su vida, orientados a asegurar el libre y sano desarrollo de la personalidad. 493

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III.- Del artículo 229 se desprende, que no obteniendo el padre o la madre el cuidado personal, no quedará privado del derecho ni exento del deber de mantener con él una relación directa y regular; no obstante este derecho-deber se suspenderá cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que el tribunal deberá declarar fundadamente. Lo anterior está en completa concordancia con el artículo 9º de la Convención del Derechos del Niño, de cuyo texto se desprende que el niño tiene derecho, estando separado de alguno de sus padres a mantener contacto directo y regular con ambos padres, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 17/03/2008. Rol: 6677-2007. Partes: Marcelo Enrique Lincopil Llancafil con Isabel del Carmen Gómez Díaz. Ministros: Patricio Valdés Aldunate; Gabriela Pérez Paredes; Mónica Maldonado Croquevielle; Ricardo Peralta Valenzuela; Hernán Álvarez García. Legislación aplicada en el fallo: Art.226 y 229 Código Civil; y art.42 Ley 16.618. Caso 4: Cuidado Personal del Niño. Cuidado actual a cargo de Abuela paterna. Impedimentos de los padres para ejercer cuidado personal. Inhabilidad Física y Moral. Principio del interés superior del niño. Si bien el cuidado personal de los hijos corresponde a sus padres, la interpretación armónica de las normas permite concluir que el Juez de la causa puede modificar la regla del artículo 225 del Código Civil y privar a los progenitores de dicho cuidado y entregarlo a un tercero (debiendo preferirse para estos efectos a los consanguíneos más próximos y sobre todo a los ascendientes), al configurarse algunas de las situaciones descritas en los artículos que señalan los casos que inhabilitan para ello o porque el interés superior del menor así lo aconseje. En estas materias cabe considerar siempre el interés superior del niño, principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo dispone el artículo 16 de la ley Nº 19.968 y, aun cuando su concepto sea indeterminado, puede afirmarse que el mismo, alude a asegurar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de los menores y a posibilitar la mayor satisfacción de todos los aspectos de su vida, orientados al desarrollo de su personalidad. 494

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Fuente: Corte Suprema. Fecha: 15/07/2008. Rol: 3202-2008. Partes: Julio César Arriola Tapia; Ema Alejandra Donoso Leiva con Elina del Carmen Tapia Fajardo. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Pedro Pierry Arrau; Ricardo Peralta Valenzuela. Legislación aplicada en el fallo: Art.225 y 226 Código Civil. Caso 5: Demanda de tuición de hijo menor. Regulación jurídica del cuidado de los hijos. Por razones de humana naturaleza, el cuidado de los hijos históricamente ha sido entregado a la madre, no siendo nuestro ordenamiento jurídico positivo excepción a esta regla. En efecto, dispone el inciso 1 del artículo 255 del Código Civil: "Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos". El referido precepto legal, es sin duda la piedra angular, y constituye una premisa básica, sobre la cual descansa el derecho que regula las relaciones de familia; razón por la cual, una decisión contraria u opuesta a este principio, sólo puede tener asidero; primeramente en la inhabilidad de la madre, o por el "acuerdo" de los propios progenitores; y o finalmente por el interés superior del menor, que así lo aconseje. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 19/03/2008. Rol: 1123-2008. Partes: Sandra Rosa Valenzuela Zúñiga con Manuel Enrique Baeza Olave. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Hernán Alvarez García; Oscar Carrasco Acuña; Patricio Valdés Aldunate; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.255 Código Civil. Caso 6: Cuidado personal. Derecho a contar con defensa letrada. Permitir a los intervinientes ejercer sus derechos en el procedimiento de familia. Procedencia de “otras formas” de notificación. Medio debe ser suficientemente eficaz y no causar indefensión. Notificación vía telefónica. No hacer llegar contenido de la resolución. Imposibilidad de rendir prueba. Faltar a algún trámite esencial. I.- En el nuevo procedimiento de familia resulta imprescindible adoptar todas las medidas que no solo el derecho, sino también la prudencia y el sentido común indiquen para permitir que todos los intervinientes puedan ejercer a plenitud su derecho a contar con una defensa letrada en cada una de las fases del proceso, 495

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dando efectivas oportunidades para que los abogados que cuentan con cabal conocimiento del asunto debatido, puedan contribuir a formar la convicción en el juez, en particular en la etapa de rendición de prueba (considerando 3º). II.- Si bien la legislación de familia reconoce “otras formas” de notificación, dentro de las cuales queda comprendida la efectuada por vía telefónica, se requiere que satisfagan un requisito esencial: que resulte plenamente eficaz y que no cause indefensión. En estas condiciones, si el tribunal notificaba al demandante, cada vez que requería su comparecencia personal, por vía telefónica y haciéndole llegar el contenido de la resolución, el tribunal incurre en un vicio de nulidad formal cuando notifica la resolución que rechaza su solicitud de suspensión y fija la continuación de la audiencia de juicio sólo telefónicamente, sin adjuntar el texto de la referida resolución, porque se está impidiendo al demandante acceder a la información cabal de la fecha en que habría de rendir su prueba, lo que implica que la notificación no ha sido suficientemente eficaz por sí sola (considerandos 5º, 6º y 7º). Fuente: Corte de Apelaciones de Rancagua. Fecha: 19/05/2008. Rol: 144-2008. Partes: Ivonne Marika Kopan con Luis Mariano Mejías Hernández. Ministros: Carlos Bañados Torres; Mario Márquez Maldonado; Miguel Vásquez Plaza. Legislación aplicada en el fallo: Art.768 Nº9 Código de Procedimiento Civil; y art.23 inciso 6 Ley 19.968. Caso 7: Cuidado personal. Atribución legal del cuidado personal. Deber genérico de crianza. Atribución convencional. Criterios de atribución judicial. Interés superior del niño. Derecho del niño a ser oído. Estabilidad emocional del menor. Causa calificada. I.- Del artículo 224 del Código Civil se desprende que corresponde a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de los hijos. Tal norma alude a un deber genérico de crianza que le asiste a los padres en virtud del derecho-deber que les impone la filiación, entre los cuales se encuentra la convivencia habitual entre padres e hijos. Ahora bien, en caso de que los padres vivan separados, de acuerdo al artículo 225 del Código Civil, el cuidado personal le 496

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toca a la madre, sin perjuicio que convencionalmente acuerden que el cuidado de uno o más hijos corresponde al padre, acuerdo que debe constar en escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento. II.- Al no haber acuerdo sobre el cuidado personal del hijo, se entiende pertenecer el cuidado personal a la madre, sin perjuicio que el juez atribuya el cuidado personal al otro de los padres, al sufrir la madre una inhabilidad física o moral o por exigirlo el interés superior del niño. El juez en la atribución judicial del cuidado personal, en virtud de los artículos 225, 226 y 228 del Código Civil, tendrá en cuenta diversas situaciones, referidas al maltrato, descuido, abandono del hijo u otra causa calificada. Por otro lado, el artículo 42 de la Ley Nº 16.618, establece ciertas causales a partir de las cuales se entiende que los padres sufren de cierta inhabilidad física o moral, como el alcoholismo crónico, incapacidad mental, entre otros. III.- Cabe señalar que si bien el legislador señaló causales específicas en que es posible alterar la regla de atribución legal, también establece una causal genérica –otra causa calificada-. Lo anterior se vincula con el interés superior del niño, principio transversal de la legislación de familia y de menores, que alude al respeto de los derechos esenciales del niño, buscando asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los menores y posibilitar la plena satisfacción de todos los aspectos de su vida, orientados al desarrollo de su personalidad. Unido a ello se consigna el derecho del niño a ser oído, entendiendo por tal el derecho del niño a expresar sus opiniones en los diferentes ámbitos de su vida, entre ellos el familiar, social y judicial. La opinión del niño no es vinculante para el juez, sino solo es un factor a considerar dentro de los demás antecedentes del proceso. Consecuentemente, aun no habiéndose establecido en el proceso alguna inhabilidad por parte de la madre, estima este tribunal vulnerado el interés del menor al atribuirse a ella el cuidado personal, al haberse consolidado una situación de estabilidad emocional, afectiva y física del menor en cuidado de su padre, pues ha sido este último quien ha dado satisfacción a las necesidades emocionales, materiales y educativas de su hija, situación que constituye causa calificada y suficiente a la luz de lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 225 del Código Civil. 497

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Fuente: Corte Suprema. Fecha: 29/07/2008. Rol: 3469-2008. Partes: Viviana Hernández Maragaño con Víctor Sarmiento Sabatier. Ministros: Héctor Carreño Seaman; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.224, 225, 226, 228 Código Civil; y art. 42 Ley 16.618. Caso 8: Restitución inmediata de menor. Aplicación de la Convención sobre Secuestro Internacional de Niños. Deber de acreditar tener la tuición. Causal de excepción. Grave riesgo o peligro psicológico. Daño que puede causar separar a menor de su madre. I.- Si no se logra acreditar que el demandante, padre de la menor en cuestión, haya tenido en su país la tuición de la citada menor de común acuerdo, tal circunstancia excluye la posibilidad de calificar la conducta de la madre –venirse con la menor a Chile– como ilícita o violatoria de un derecho de tuición o de visita previamente reconocido en un Estado Contratante de la Convención sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños diferente a Chile. II.- Por otro lado, se configura la causal de excepción que consagra la Convención antes mencionada en su artículo 13 letra b), no ser obligatorio ordenar el regreso del niño por encontrarse acreditado que existe un grave riesgo que se lo exponga a un peligro psicológico, o de otro modo lo ponga en una situación intolerable, toda vez que de los informes psicológicos y sociales incorporados a la causa se ha establecido que resulta altamente perjudicial y de riesgo para la menor que sea desarraigada de los lazos que ha construido en Chile, los que son fundamentales para su crecimiento y confianza, más si la separación de su madre provocará graves alteraciones psicológicas a corto plazo y profundas irregularidades en el desarrollo futuro de su personalidad. Fuente: Corte de Apelaciones de San Miguel. Fecha: 09/08/2007. Rol: 1042-2007. Partes: Juan Carlos Alcántara con Evelyn Mattos. Ministros: Gabriela Hernández Guzmán; María Teresa Díaz Zamora; Rosa Egnem Saldías. Legislación aplicada en el fallo: Art. 1 Decreto Supremo N° 386 de 17/06/1994 Convención sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños; Art.13 letra b) Decreto Supremo N° 386 de 17/06/1994 Promulga la Convención 498

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sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños; art.3 Decreto Supremo N°386 de 17/06/1994 Promulga la Convención sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños. Caso 9: Cuidado personal. Atribución legal del cuidado personal. Deber genérico de crianza. Atribución convencional. Criterios de atribución judicial. Interés superior del niño. Derecho del niño a ser oído. Estabilidad emocional del menor. Causa calificada. I.- Del artículo 224 del Código Civil se desprende que corresponde a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de los hijos. Tal norma alude a un deber genérico de crianza que le asiste a los padres en virtud del derecho-deber que les impone la filiación, entre los cuales se encuentra la convivencia habitual entre padres e hijos. Ahora bien, en caso de que los padres vivan separados, de acuerdo al artículo 225 del Código Civil, el cuidado personal le toca a la madre, sin perjuicio que convencionalmente acuerden que el cuidado de uno o más hijos corresponde al padre, acuerdo que debe constar en escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento. II.- Al no haber acuerdo sobre el cuidado personal del hijo, se entiende pertenecer el cuidado personal a la madre, sin perjuicio que el juez atribuya el cuidado personal al otro de los padres, al sufrir la madre una inhabilidad física o moral o por exigirlo el interés superior del niño. El juez en la atribución judicial del cuidado personal, en virtud de los artículos 225, 226 y 228 del Código Civil, tendrá en cuenta diversas situaciones, referidas al maltrato, descuido, abandono del hijo u otra causa calificada. Por otro lado, el artículo 42 de la Ley Nº 16.618, establece ciertas causales a partir de las cuales se entiende que los padres sufren de cierta inhabilidad física o moral, como el alcoholismo crónico, incapacidad mental, entre otros. III.- Cabe señalar que si bien el legislador señaló causales específicas en que es posible alterar la regla de atribución legal, también establece una causal genérica –otra causa calificada-. Lo anterior se vincula con el interés superior del niño, principio transversal de la legislación de familia y de menores, que alude al respeto de los derechos esenciales del niño, buscando asegurar 499

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el ejercicio de los derechos fundamentales de los menores y posibilitar la plena satisfacción de todos los aspectos de su vida, orientados al desarrollo de su personalidad. Unido a ello se consigna el derecho del niño a ser oído, entendiendo por tal el derecho del niño a expresar sus opiniones en los diferentes ámbitos de su vida, entre ellos el familiar, social y judicial. La opinión del niño no es vinculante para el juez, sino solo es un factor a considerar dentro de los demás antecedentes del proceso. Consecuentemente, aun no habiéndose establecido en el proceso alguna inhabilidad por parte de la madre, estima este tribunal vulnerado el interés del menor al atribuirse a ella el cuidado personal, al haberse consolidado una situación de estabilidad emocional, afectiva y física del menor en cuidado de su padre, pues ha sido este último quien ha dado satisfacción a las necesidades emocionales, materiales y educativas de su hija, situación que constituye causa calificada y suficiente a la luz de lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 225 del Código Civil. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 29/07/2008. Rol: 3469-2008. Partes: Viviana Hernández Maragaño con Víctor Sarmiento Sabatier. Ministros: Héctor Carreño Seaman; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.224, 225, 226, 228 Código Civil; y art.42 Ley 16.618. Caso 10: Cuidado personal. Causales de inhabilidad de los padres. Regla general del cuidado personal. Facultad del juez para entregar cuidado al otro de los padres. Situación de una menor próxima al inicio de la adolescencia. Persona que mejor puede orientar a la menor es la madre. I.- Para examinar si la madre es inhábil para ejercer la tuición de un menor, debe acudirse al artículo 42 de la Ley de Menores, precepto que señala las causales de inhabilidad física o moral de los padres para efectos del artículo 226 del Código Civil, cuales son: a) incapacidad mental, b) alcoholismo crónico, c) omisión de velar por la crianza, cuidado personal o educación del hijo, d) consentir en que el hijo se entregue en la vía o en lugares públicos a la vagancia o mendicidad, e) haber sido condenado por secuestro o abandono de menores, f) maltratar o dar malos ejemplos al menor o si su permanencia en el hogar constituyera un peligro para su moralidad, y g) cualquier otra causa que coloque al menor en peligro moral o material (considerando 7º). 500

JURISPRUDENCIA

La regla general que entrega el artículo 225 del Código Civil es que si los padres viven separados a la madre le toca el cuidado personal, pero en su inciso 3º faculta al juez para entregar el cuidado personal del niño al otro de los padres si el que tiene la tuición de los hijos: a) los maltrata, b) los descuida, o si concurre otra causa calificada (considerando 9º). II.- Tratándose de una menor de nueve años, estando en una edad próxima al inicio de la adolescencia y de sus cambios físicos y emocionales, no resulta aconsejable que permanezca en el hogar paterno en el que sólo habitan hombres, puesto que es la madre quien puede orientarla de manera adecuada, brindándole la ayuda necesaria para que crezca y se desarrolle (considerando 14º). Fuente: Corte de Apelaciones de San Miguel. Fecha: 10/04/2008. Rol: 778-2007. Partes: Viviana Alejandra Hernández Maragaño con Víctor Sarmiento Sabater. Ministros: Jaime Jara Miranda; José Ismael Contreras Pérez; María Stella Elgarrista Álvarez. Legislación aplicada en el fallo: Art.255 y 226 Código Civil y art.42 Ley 16.618. Caso 11: Demanda de tuición de hijo menor. Regulación jurídica del cuidado de los hijos. Por razones de humana naturaleza, el cuidado de los hijos históricamente ha sido entregado a la madre, no siendo nuestro ordenamiento jurídico positivo excepción a esta regla. En efecto, dispone el inciso 1 del artículo 255 del Código Civil: "Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos". El referido precepto legal, es sin duda la piedra angular, y constituye una premisa básica, sobre la cual descansa el derecho que regula las relaciones de familia; razón por la cual, una decisión contraria u opuesta a este principio, sólo puede tener asidero; primeramente en la inhabilidad de la madre, o por el "acuerdo" de los propios progenitores; y o finalmente por el interés superior del menor, que así lo aconseje. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 19/03/2008. Rol: 1123-2008. Partes: Sandra Rosa Valenzuela Zúñiga con Manuel Enrique Baeza Olave. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Hernán Álvarez García; Oscar Carrasco Acuña; Patricio Valdés Aldunate; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.255 Código Civil; y art.42 Ley 16.618. 501

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SEPTIMA SECCIÓN - DIVORCIO Caso 1: Divorcio. Divorcio con culpa. Causal de transgresión grave y reiterada de los deberes propios del matrimonio. Abandono del hogar común para ir a vivir con otra pareja. Transgresión del deber de convivencia y fidelidad. Obligación que excede al adulterio. Carácter grave y reiterado de la falta. I.- La causal de divorcio culposo del artículo 54 Nº 2 de la Ley de Matrimonio Civil, la transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia y fidelidad propios del matrimonio, exige para su configuración una intensidad tal que torne intolerable la convivencia y, a la vez, lleva implícito un ataque al honor, reputación o dignidad del otro cónyuge. Esta causal es de carácter amplia, comprendiendo todos los actos y hechos que implican deslealtad en relación a la obligación de convivencia, afectando la dignidad del otro cónyuge (considerandos 2º y 4º). Por su parte, el deber de fidelidad no se refiere únicamente a la fidelidad sexual, sino se proyecta en todos los ámbitos de la vida, por cuanto “guardar la fe conyugal” implica “fidelidad”, y ésta es la “lealtad u observancia de la fe que alguien debe a otra persona”, la que no aparece determinada solamente por la naturaleza y fines del matrimonio, ya que se extiende a todos los ámbitos en los cuales se proyectan marido y mujer, resultando mucho más amplio que el adulterio, de forma tal que basta una vinculación con un tercero que no guarde los límites de lo común y habitual en las relaciones sociales y denote una proximidad de tipo sentimental (considerandos 3º y 5º). II.- Aquél cónyuge que hace abandono del hogar común para irse a convivir con otra pareja, con la cual mantiene una relación extramarital, infringe sus obligaciones matrimoniales de convivencia y fidelidad, teniendo el carácter de graves –de acuerdo a la parte final del artículo 54 Nº 2 de la Ley Nº 19.947– y reiterados –por cuanto se ha tratado de diferentes episodios y cada día que ha permanecido fuera del hogar familiar, implica reiterar la afección al deber de fidelidad–. A su vez, esta conducta hace intolerable la convivencia entre los cónyuges, pues la concurrencia de la deslealtad y el abandono son suficientes para provocar vejamen, constituyendo una actitud de violenta desconsideración hacia el otro cónyuge, configurándose la causal de divorcio con culpa del artículo 54 Nº 2 de la Ley de Matrimonio Civil (considerandos 7º, 9º, 10º y 11º). 502

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Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 04/07/2008. Rol: 937-2008. Partes: Abraham Jenaro Morales Jeldres con María Andrea Carimán Silva. Ministros: Claudia Chaimovich Guralnik; Dobra Lusic Nadal; Mario Rojas González. Legislación aplicada en el fallo: Art.131 Código Civil; y art.54 Nº2 Ley 19.947. Caso 2: Divorcio. Causal imputable a otro cónyuge. Divorcio culpa o sanción, requisitos. Infracción grave a los deberes matrimoniales. Malos tratamientos graves contra integridad física o psíquica del cónyuge. Transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad. Juez pondera gravedad de la falta imputada. I.- El divorcio culpa o divorcio sanción, contemplada en la Ley de Matrimonio Civil, procede por causa imputable a uno de los cónyuges, siempre que la misma constituya una falta grave y, en algunos casos, reiterada, de los deberes matrimoniales, es decir, existirá un debate sobre la culpabilidad o inocencia del cónyuge demandado (considerando 1º). Para que proceda el divorcio sanción, conforme al artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, se exige la concurrencia copulativa de tres requisitos: a) que exista una falta imputable al otro cónyuge, b) que la falta constituya una infracción grave a los deberes y obligaciones que impone el matrimonio a los cónyuges, y c) que la falta torne intolerable la vida en común (considerando 3º). II.- En la hipótesis de divorcio sanción del artículo 54 Nº 1 de la Ley de Matrimonio Civil, los malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge, a) los malos tratamientos deben ser graves, lo que queda entregado a la prudencia del juez –toda vez que el legislador no ha señalado directrices para definir la gravedad– y b) deben atentar contra la integridad física o psíquica del cónyuge afectado (considerando 7º). III.- En cuanto a la causal de divorcio culpa del artículo 54 Nº 2 de la Ley de Matrimonio Civil, la transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad propio del matrimonio, el legislador no sólo exige gravedad en la conducta, sino también reiteración en la infracción, por lo que parece dirigido a sancionar directamente el adulterio (considerando 11º). Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 26/05/2008. Rol: 2437-2007. Partes: Claudia Andrea Sandino de Ruyt con Helmar Roland Viertel Molina. Ministros: Juan Clodomiro 503

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Villa Sanhueza. Legislación aplicada en el fallo: Art. 54 inciso 1 y Nº1 y Nº2 Ley 19.947. Caso 3: Divorcio. Divorcio culpable. Transgresión a los deberes de convivencia, socorro y fidelidad. Agresiones verbales, infidelidad, falta de apoyo económico. Carácter grave y reiterado de las transgresiones. Acreditada la existencia de agresiones verbales, infidelidad y falta de apoyo económico por parte del cónyuge demandado de divorcio, así como su decisión de hacer abandono del hogar común, estos hechos constituyen transgresiones graves y reiteradas a los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio, se incurre en la causal de divorcio culpable contenida en el artículo 54 Nº 2 de la Ley de Matrimonio Civil, debiendo ponerse fin al vínculo matrimonial (considerando 1º). Fuente: Corte de Apelaciones de La Serena. Fecha: 11/04/2008. Rol: 216-2008. Partes: Edith Judith Verdugo Cerón con Jean Rudel Frex Aguirre. Ministros: Raúl Beltrami Lazo. Legislación aplicada en el fallo: Art.54 Nº2 Ley 19.947. Caso 4: Divorcio, acogido. Divorcio culposo. Causal de infidelidad. Fidelidad, concepto amplio. Diferencia entre fidelidad y exclusividad de sentimiento. Causales deben ser graves y tornar intolerable la vida en común. La ley de matrimonio civil en su artículo 54 establece una serie de causales que facultan a uno de los cónyuges a solicitar el divorcio, al tratarse de situaciones en extremo graves que constituyan graves violaciones a los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, que hacen imposible continuar la vida en común. Dentro de estas causales encontramos la infracción al deber de fidelidad. La fidelidad no se encuentra definida legalmente, entonces ¿Qué hechos debemos considerar como tal? Basta tener una relación sentimental con una persona del sexo opuesto. Infringe el deber de fidelidad sólo el contacto físico con otra persona, tener relaciones sexuales con otra persona que no sea el cónyuge. Se llegó a la conclusión de que lo relevante para constituir la causal es la gravedad de la situación, que torna imposible continuar la vida en común. 504

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Fuente: Corte Suprema. Fecha: 19/01/2009. Rol: 7843-2008. Partes: Héctor Francisco Varela Pinto con Ana María Gallardo Vega. Ministros: Guillermo Silva Gundelach; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Ricardo Peralta Valenzuela. Legislación aplicada en el fallo: Art.132 Código Civil; Art.54 Ley 19.947 y art.32 Ley 19.968. Caso 5: Demanda reconvencional de divorcio. Acumulación necesaria en materia de familia. Acumulación procede en caso que acciones tengan el mismo procedimiento. Juicio de alimentos no admite demanda reconvencional de divorcio. Divorcio, nulidad y separación tienen ritualidades especiales. Reconvención no admite demanda reconvencional. No puede interponerse demanda reconvencional de divorcio en un juicio de alimentos, ya que se trata de una acción que debe deducirse por cuerda separada. Efectivamente, los juicios de separación, nulidad y divorcio, no obstante regirse, en general, por las normas del juicio ordinario aplicable a los juzgados de familia, deben observar ritualidades especiales atendida la naturaleza de aquellos procesos y las materias que en ellos deben resolverse, por lo que puede afirmarse que dadas sus particulares características y normas que le son aplicables, configuran procedimientos diferentes y especiales respecto del contemplado en el artículo 55 y siguientes de la Ley de Tribunales de Familia y, en estas condiciones, aun cuando el artículo 17 de la Ley precitada, referido a la acumulación necesaria, tenga por finalidad concentrar en un mismo juicio la resolución de materias de familia, dicha acumulación procede únicamente bajo la condición que se encuentren sometidas a las mismas reglas de instrucción, porque esto habilita para que se dé cumplimiento cabal a los trámites y actuaciones que la ritualidad común establece, y de no poder hacerse así, las acciones correspondientes deben ser conocidas y juzgadas separadamente (considerandos 7º y 8º). Además, no existe reconvención de una demanda reconvencional, por lo que de aceptar que el divorcio se haga valer por la vía reconvencional en un juicio de alimentos, se dejaría a la parte demandada reconvencional en la imposibilidad jurídica de solicitar se regulen y resuelvan en el mismo juicio materias como el derecho a compensación económica, la declaración de bienes familiares, las vinculadas al régimen de bienes del 505

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matrimonio y el cuidado personal y la relación directa y regular con los hijos comunes, materias que la Nueva Ley de Matrimonio Civil expresamente permite plantear por la vía reconvencional (considerandos 10º y 11º). Fuente: Corte de Apelaciones de San Miguel. Fecha: 24/10/2008. Rol: 3064-2008. Partes: Gloria Fernández Yáñez con Rodolfo Valentín Verdejo Pardo. Ministros: Claudio Pavez Ahumada; Jaime Jara Miranda; María Soledad Espina Otero. Legislación aplicada en el fallo: Art. 64, 67, 88, 89 Ley 19.947; art.17 y 55 y Ss., Ley 19.968. Caso 6: Divorcio. Indemnización del daño moral. Competencia del juzgado de familia. Cuestiones personales derivadas de las relaciones de familia. Demanda fundada en infracción de deberes matrimoniales. Resulta competente el tribunal de familia para conocer de la demanda de indemnización por daño moral deducida por uno de los cónyuges contra el otro, toda vez que la Ley de Tribunales de Familia. En efecto, dentro de las competencias que dicha Ley les entrega, en su artículo 8º Nº 19 establece que deben conocer de toda otra cuestión personal derivada de las relaciones de familia, dentro de las cuales se comprenden los derechos y deberes recíprocos que el matrimonio impone a los cónyuges, fidelidad, socorro, ayuda o asistencia, respeto y protección recíprocos, vivir en el hogar común, cohabitación, auxilio y expensas para la litis, por lo que si una demanda se funda la infracción de alguno de éstos, aunque sea de indemnización de perjuicios, es de competencia del juzgado de familia (considerandos 3º a 5º). Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 15/09/2008. Rol: 1310-2008. Partes: Claudio Nicodemus Peñaloza González con Olga Patricia Hebles Melo. Ministros: Freddy Vásquez Zavala. Legislación aplicada en el fallo: Art. 8 Nº19 Ley 19.968. Caso 7: Derecho a la intimidad y la inviolabilidad de la comunicación privada. Demanda de divorcio culpable. Correos electrónicos usados como prueba en juicio de Familia. Incidente de exclusión por ilicitud de prueba. Uso debatido en su oportunidad legal. Decisión judicial no puede ser impugnada por el recurso de protección. 506

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I.- Dentro del proceso por divorcio seguido entre las partes, se debatió en su oportunidad sobre la procedencia de la prueba documental consistente en sesenta correos electrónicos presentados. Consta, además, que se dedujo incidente de exclusión de prueba por ilicitud de la misma, y, que, previo traslado a la contraparte el tribunal rechazó el incidente referido. A su vez la resolución que resolvió el incidente fue objeto de un recurso de reposición por el incidentista, el que luego del debate de rigor fue rechazado. Es por lo anterior que resulta inconcuso que la conducta cuestionada a los recurridos es una decisión judicial, que no puede ser impugnada por la vía cautelar del recurso de protección. II.- (Corte de Apelaciones) Toda persona, por el hecho de ser un individuo de la especie humana, tiene derechos básicos, elementales, fundamentales, inalienables, que emergen de su dignidad y que ameritan observancia y respeto. El ámbito íntimo es por esencia personalísimo, por lo que toda forma de comunicación privada es y debe ser respetada por todos. El incurrir en infracción a la observancia y reconocimiento de la señalada garantía constitucional, importa que tal acción u omisión es ilegal. La circunstancia que las copias impresas de los correos electrónicos se emplearán como medios de prueba, en la respectiva audiencia que está programada para septiembre de este año, sólo agudiza el mal ya ocasionado, al que se suma la intención de difusión y divulgación de antecedentes privados y el sufrimiento psicológico de las víctimas al saberse espiadas en su propio hogar. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 11/09/2008. Rol: 4135-2008. Partes: Andrea Anguita Ramírez; Juan José Parada Rogazy con María Pilar Villarroel Gallardo Juez Titular del Tribunal de Familia de Viña del Mar; Rodrigo Delgado Zirpel. Ministros: Adalís Oyarzún Miranda; Haroldo Brito Cruz; Héctor Carreño Seaman; Pedro Pierry Arrau; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo. Art. 146 Código penal; art.19 Nº4 y 5 C.P.R.; art.54 Ley 19.947. Caso 8: Divorcio. Incomparecencia de demandante a audiencia de preparación. Norma no exige ratificación de la demanda, solo su relación breve y sintética. Principio de actuación de oficio del tribunal. Incomparecencia puede ser subsanada por el tribunal. Dar curso progresivo a los autos. Perjuicios que acarree la incomparecencia del demandante son de su responsabilidad. 507

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No se ajusta a derecho que por la incomparecencia del demandado a la audiencia preparatoria, se tenga por no ratificada la demanda y se ordene el archivo de los antecedentes, toda vez que la Ley de Tribunales de Familia no ha establecido la ratificación de la demanda como actuación procesal o requisito necesario para la prosecución del juicio, cuya omisión impida tal prosecución. Lo que la ley indica, es que en la audiencia preparatoria habrá de oírse la relación breve y sintética de la demanda, sin que esto pueda ser identificado con la “ratificación” de la misma. Por lo demás, cuando la ley exige ratificación, lo señala en forma expresa, como en el caso del finiquito –artículo 177 del Código del Trabajo–. En consecuencia, la demanda se basta por sí sola, sin necesidad de posterior ratificación, estando dado el impulso procesal del demandante por su presentación y notificación al demandado (considerando 3º). La sola incomparecencia del demandante a la audiencia preparatoria no ha sido prevista por la ley, de manera que acudiendo a los principios que informan el procedimiento de familia, en especial al de actuación de oficio del tribunal, se concluye que la inconcurrencia del actor es una omisión que puede ser subsanada por el juez de diversas maneras, distintas de ordenar el archivo de los antecedentes. Entonces, y atendiendo a lo previsto en el artículo 59 inciso 3º de la Ley de Tribunales de Familia –que dispone que la audiencia se celebrará con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones dictadas en ella–, se arriba a la conclusión que la relación breve y sintética de la demanda sólo es exigible cuando el actor concurra a la audiencia, pero no cuando no concurra, hipótesis en la cual el juez habrá de subsanar la omisión con su actuación de oficio, dando curso progresivo a los autos (considerandos 4º y 5º). Los perjuicios que pueda acarrear al demandante la inconcurrencia a la audiencia preparatoria y la actuación oficiosa del tribunal, en consideración que puede perder el juicio por falta de prueba, son de su responsabilidad y no del juez, quien no tiene por misión velar por el cumplimiento de los deberes del actor, sino llevar el proceso a término con la mayor celeridad, salvando los errores formales y omisiones susceptibles de ser subsanados (considerando 6º). Finalmente, si se atiende a que el actor puede pedir nueva fecha ante la incomparecencia de las partes, con mayor razón 508

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puede hacerlo si comparece una sola de ellas –el demandado– (considerando 7º). Fuente: Corte de Apelaciones de Valparaíso. Fecha: 06/01/2009. Rol: 2549-2008. Partes: Ana Elena Aguilera Avaria con Francisco Enrique Hernández Rebolledo. Ministros: Carlos Fuentes Puelma; Fernando Rafael Lobos Domínguez; Inés María Letelier Ferrada. Legislación aplicada en el fallo: Art.9, 13, 21, 59 inciso 3 y 61 Nº1 Ley 19.968. Caso 9: Divorcio por voluntad unilateral, rechazada. Requisitos. Cese de la convivencia efectiva. No cumplimiento reiterado la obligación de alimentos. No pago de alimentos. Impide acoger divorcio. La finalidad de la disposición es sancionar la infracción a la obligación de socorro y el principio de protección al cónyuge más débil y de los hijos. I.- Si el demandante no pagó, pudiendo hacerlo, la pensión de alimentos decretada en favor de los hijos comunes. La ley reconoce al contrayente demandado la posibilidad de enervar la acción de divorcio pidiendo al Juez que verifique que el actor durante el cese de la convivencia no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación en calidad de alimentante. II.- La finalidad de la disposición es sancionar, en definitiva, la infracción a la obligación de socorro y el principio de protección al cónyuge más débil y de los hijos. III.- Es por ello que verificado el incumplimiento se satisface la exigencia de la norma legal, sin que sea procedente examinar circunstancias de otro orden, pues el tenor literal de la disposición es claro en cuanto a exigir incumplimiento reiterado y ese se produce por el sólo hecho de no haber pagado las respectivas pensiones de alimentos, en este caso, decretadas a favor de los hijos comunes, sin que el actor haya probado por su parte que estuvo impedido de hacerlo. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 06/04/2009. Rol: 727-2009. Partes: Juan Carlos Valenzuela González con Isabel del Carmen Muñoz González. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Patricio Valdés Aldunate; Ricardo Peralta Valenzuela; Roberto Jacob Chocair; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.55 Ley 19.947. 509

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Caso 10: Divorcio, acogido. Privación de la acción de divorcio. Sanción al no pago reiterado de alimentos. Sanción que no tiene efecto retroactivo. Improcedencia de la sanción respecto de actos ejecutados bajo antigua Ley de Matrimonio Civil. Interpretación en forma restrictiva. La sanción contemplada en el artículo 55 inciso 3º de la Ley de Matrimonio Civil, que priva de la acción de divorcio vincular por el no pago reiterado de la obligación de alimentos, constituye una verdadera sanción civil, por lo que debe ser interpretada en forma restrictiva y, por ende, no resulta admisible su aplicación con efecto retroactivo. En consecuencia, el incumplimiento reiterado acontecido bajo el imperio de la ley anterior acarreaba otras sanciones civiles, pero no la privación de la acción de divorcio, puesto que no corresponde aplicar dicha sanción a los actos ejecutados bajo la vigencia de la antigua Ley de Matrimonio Civil, que no la contemplada (considerandos 5º y 7º). Fuente: Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fecha: 05/02/2009. Rol: 1303-2008. Partes: Juan Alberto Campillay Soza con Daniela Rossana Ferrada Santamaría. Ministros: Bernardo Julio Contreras. Legislación aplicada en el fallo: Art.55 inciso 3 Ley 19.947. Caso 11: Divorcio vincular de matrimonio celebrado en el extranjero, rechazado. Matrimonio inscrito en Chile. Divorcio unilateral, requisitos. Requisito de pago pensión de alimentos permite no acoger solicitud, requisitos. Finalidad de requisito es castigar la infracción del deber de socorro. Compensación económica. Liquidación conyugal no corresponde a una compensación. Instituciones jurídicas distintas. I.- Para la procedencia del divorcio por voluntad unilateral el legislador, exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) el cese de la convivencia efectiva durante, a lo menos, tres años; b) que el demandante acredite, si lo exige el otro cónyuge, haber dado cumplimiento a su obligación de alimentos respecto del demandado y sus hijos comunes y c) que no se haya producido una reanudación de la vida en común de los cónyuges con ánimo de permanencia, pues en tal evento se interrumpe el cómputo del plazo legal. II.- La ley reconoce al contrayente demandado la posibilidad de enervar la acción de divorcio pidiendo al Juez que verifique que el actor durante el cese de la convivencia no ha 510

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dado cumplimiento, reiteradamente, a su obligación en calidad de alimentante. Se trata pues de una excepción perentoria que debe ser alegada por el cónyuge afectado. La finalidad de la disposición en comento al establecer la posibilidad de que la acción de divorcio sea rechazada debido a la contumacia del cónyuge demandante al cumplimiento de sus obligaciones alimenticias ha sido materializar los principios transversales a toda la legislación de familia, como el de protección al cónyuge más débil y el del interés superior de los hijos, castigando la infracción del deber de socorro. Los requisitos para que la excepción de incumplimiento pueda prosperar y, en definitiva, cumpla con su finalidad de producir el rechazo de la acción de divorcio, son: a) que exista la obligación de alimentos; b) que el demandante no haya dado cumplimiento a dicha obligación alimenticia, respecto de su cónyuge y/o de los hijos comunes; c) que tal incumplimiento se haya verificado durante el cese de la convivencia; d) que exista reiteración en el incumplimiento y que el demandante de divorcio haya podido cumplir con dicha obligación. Finalmente cabe precisar que la ley no distingue entre incumplimiento de alimentos provisorios o definitivos para efectos de la interposición de la excepción en estudio. Por lo tanto, si el actor no cumple debidamente con la obligación alimenticia respecto de su cónyuge en los términos que la ley establece y que la naturaleza de dicha acción impone, no procede el divorcio solicitado. III.- (Corte de Apelaciones) La compensación económica tiene por objeto establecer una indemnización compensatoria a favor del cónyuge que se halle en la situación descrita en la ley; y para determinar la existencia de menoscabo económico y cuanto se pagará al cónyuge más débil, es necesario hacer una revisión de la vida en común, sin considerar la distribución de tareas y responsabilidades que los cónyuges hubieren acordado. Si la cónyuge más débil durante la convivencia atendido los cinco hijos que tenía el matrimonio y con ello se vio imposibilitada, aunque lo hubiere querido, de desarrollar una actividad lucrativa, lo cual con toda evidencia le produce un menoscabo económico. La liquidación de la sociedad conyugal fecha en la cual había cesado la convivencia entre los cónyuges, no es compensable con lo demandado por concepto del compensación económica, toda vez que la naturaleza jurídica 511

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de esta última corresponde a una indemnización compensatoria a favor del cónyuge más débil, y la liquidación es la forma como se adjudica a cada parte lo habido en la sociedad conyugal, es decir, son dos instituciones jurídicas distintas tanto por su objeto como por su naturaleza, con lo cual no cabe asimilarlas. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 29/01/2009. Rol: 6744-2008. Partes: Sergio Fernando Elgueta Zunino con María Inés Julia Piñeyro Vanrell. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Héctor Carreño Seaman; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.55 y 61 Ley 19.947. Caso 12: Divorcio. Causal imputable a otro cónyuge. Divorcio culpa o sanción, requisitos. Infracción grave a los deberes matrimoniales. Malos tratamientos graves contra integridad física o psíquica del cónyuge. Transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad. Juez pondera gravedad de la falta imputada. I.- El divorcio culpa o divorcio sanción, contemplada en la Ley de Matrimonio Civil, procede por causa imputable a uno de los cónyuges, siempre que la misma constituya una falta grave y, en algunos casos, reiterada, de los deberes matrimoniales, es decir, existirá un debate sobre la culpabilidad o inocencia del cónyuge demandado (considerando 1º). Para que proceda el divorcio sanción, conforme al artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, se exige la concurrencia copulativa de tres requisitos: a) que exista una falta imputable al otro cónyuge, b) que la falta constituya una infracción grave a los deberes y obligaciones que impone el matrimonio a los cónyuges, y c) que la falta torne intolerable la vida en común (considerando 3º). II.- En la hipótesis de divorcio sanción del artículo 54 Nº 1 de la Ley de Matrimonio Civil, los malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge, a) los malos tratamientos deben ser graves, lo que queda entregado a la prudencia del juez –toda vez que el legislador no ha señalado directrices para definir la gravedad– y b) deben atentar contra la integridad física o psíquica del cónyuge afectado (considerando 7º). III.- En cuanto a la causal de divorcio culpa del artículo 54 Nº 2 de la Ley de Matrimonio Civil, la transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad propio del matrimonio, el legislador no sólo exige gravedad en la conducta, sino también reiteración en la infracción, por lo que parece dirigido a sancionar directamente el adulterio (considerando 11º). 512

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Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 26/05/2008. Rol: 2437-2007. Partes: Claudia Andrea Sandino de Ruyt con Helmar Roland Viertel Molina. Legislación aplicada en el fallo: Art.54 inciso 1, Nº1 y Nº2 Ley 19.947. Caso 13: Divorcio por voluntad unilateral, rechazada. Requisitos. Cese de la convivencia efectiva. No cumplimiento reiterado la obligación de alimentos. No pago de alimentos. Impide acoger divorcio. La finalidad de la disposición es sancionar la infracción a la obligación de socorro y el principio de protección al cónyuge más débil y de los hijos. I.- Si el demandante no pagó, pudiendo hacerlo, la pensión de alimentos decretada en favor de los hijos comunes. La ley reconoce al contrayente demandado la posibilidad de enervar la acción de divorcio pidiendo al Juez que verifique que el actor durante el cese de la convivencia no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación en calidad de alimentante. II.- La finalidad de la disposición es sancionar, en definitiva, la infracción a la obligación de socorro y el principio de protección al cónyuge más débil y de los hijos. III.- Es por ello que verificado el incumplimiento se satisface la exigencia de la norma legal, sin que sea procedente examinar circunstancias de otro orden, pues el tenor literal de la disposición es claro en cuanto a exigir incumplimiento reiterado y ese se produce por el sólo hecho de no haber pagado las respectivas pensiones de alimentos, en este caso, decretadas a favor de los hijos comunes, sin que el actor haya probado por su parte que estuvo impedido de hacerlo. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 06/04/2009. Rol: 727-2009. Partes: Juan Carlos Valenzuela González con Isabel del Carmen Muñoz González. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Patricio Valdés Aldunate; Ricardo Peralta Valenzuela; Roberto Jacob Chocair; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.55 Ley 19.947. Caso 14: Divorcio. Juez no puede declararse incompetente si demandada tiene su domicilio en otro país. En el presente caso se ha deducido demanda de divorcio, señalando en forma expresa que la demandada tiene su actual domicilio en Australia, indicando precisamente cual es. El Juez 513

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de primera instancia se ha declarado incompetente, estimando, sin decirlo expresamente, que el tribunal competente es uno de Australia, puesto que allí tiene domicilio la demandada. Ha de tenerse en consideración el principio de no excusabilidad, ampliamente recogido en nuestra legislación, mediante el cual solicitada la intervención de un tribunal, este no puede soslayarla ni aun a pretexto de no haber ley que resuelva el caso, de modo que un tribunal nacional ha de pronunciarse, teniendo para ello presente que la extraterritorialidad de la ley, en el Código Orgánico de Tribunales esta tratada en forma excepcionalísima, de manera que si un nacional, residente en Chile, que solicita el divorcio de un matrimonio que esta surtiendo plenos efectos en Chile, por haber si subinscrito en el país, no puede obligárselo a concurrir a un país extranjero a fin de que sea resuelto su asunto. En razón de lo anteriormente expuesto, la norma del artículo 87 de la Ley de Matrimonio Civil ha de entenderse en la forma literal que expresa el juez de primer grado, en la medida que la demandada tenga domicilio en Chile, cuyo no es el caso, de modo que habrá de ponerse en cocimiento de esta la demanda interpuesta en su contra mediante el correspondiente exhorto internacional. Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 18 de Marzo de 2008. Rol: 363-2008. Legislación aplicable al fallo: Art. 87 Ley 19.947. OCTAVA SECCIÓN - FILIACIÓN Caso 1: Reclamación de estado civil. Filiación, concepto. Relación entre matrimonio y filiación. Hijos nacidos durante el matrimonio. Presunción de paternidad. “Pater is est”. Necesidad de interponer conjuntamente acción de impugnación. La filiación es la relación jurídica existente entre dos personas, una de las cuales se ha designado jurídicamente como padre o madre de otra. Puede estar determinada o no determinada, y lo estará cuando se encuentra legalmente establecida la paternidad o maternidad o ambas. Así, en opinión de algunos autores, esto no es más que la afirmación jurídica de una realidad biológica presunta y será legal cuando la ley, en base a ciertos supuestos de hecho, la establece, verificándose los elementos que la constituyen (considerando 2º). 514

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El matrimonio determina la filiación, con tal que la maternidad o paternidad estén legalmente establecidas, conforme a los artículos 183 y 184 del Código Civil. La presunción legal de paternidad establece el estado civil de hijo y, para cuestionarla, debe ejercerse la respectiva acción de impugnación, dentro de los plazos y términos previstos en la ley (considerando 5º). Los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio están amparados por la presunción legal “pater is est”, la que no puede ser desvirtuada por el mero hecho de haber solicitado la madre la inscripción de nacimiento del hijo sin indicar el apellido del marido, pues aun cuando la partida de nacimiento omita registrar el nombre del padre del menor, ello no altera la naturaleza matrimonial de la filiación ni la transforma en indeterminada (considerando 6º). Para que proceda la acción de reclamación de estado civil, ésta debe ser interpuesta simultáneamente con la acción de impugnación de la filiación existente, porque así se evitará que alguien pueda tener dos filiaciones contradictorias entre sí (considerando 7º). Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 28/08/2008. Rol: 2921-2008. Partes: Lorena Rachel Vega González con Anthony Cristián González Velásquez. Ministros: Angel Cruchaga Gandarillas; Jessica González Troncoso; Rosa María Maggi Ducommun. Legislación aplicada en el fallo: Art.183, 184 y 208 Código Civil. Caso 2: Acción de filiación no matrimonial. Citación a peritaje biológico. Inasistencia del demandado. Presunción de paternidad. Necesidad que citación se efectúe mediante notificación personal. Citación debe hacerse al demandado y no a su apoderado. Notificación por cédula al apoderado. Causal de casación en la forma. Falta de citación a diligencia de prueba. La citación para el peritaje biológico debe ser notificada personalmente al demandado, y no a su apoderado, pues, y aun cuando la ley no lo diga expresamente, dada la trascendencia y graves consecuencias que acarrea para aquél el establecimiento de la filiación reclamada en materia de alimentos o derechos hereditarios, entre otros, corresponde que sea efectuada en dicha forma. 515

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Entonces, si no se ha notificado en forma personal al demandado, sino por cédula y a su apoderado judicial, su inconcurrencia a la citación no puede servir como fundamento de la grave presunción que contempla el artículo 199 del Código Civil en su contra, constituyendo la omisión de la notificación personal un vicio de nulidad formal, toda vez que importa faltar a un trámite o diligencia declarados esenciales por la ley, por cuanto tiene dicha calidad, conforme al artículo 795 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil, la citación para alguna diligencia de prueba (considerandos 3º, 4º, 5º y 6º). Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 12/05/2008. Rol: 1325-2003. Partes: Antonieta Gallegos Barrera con Juan Carlos Silva Ríos. Ministros: Eliseo Araya Araya; Hugo Tapia Elorza. Legislación aplicada en el fallo: Art.199 Código Civil; art.768 Nº9 y 795 Nº6 Código de Procedimiento Civil. Caso 3: Reclamación de filiación no matrimonial. Emplazamiento, concepto. Falta de emplazamiento. Trámite esencial de todo juicio. Causal de casación en la forma. Indefensión del demandado. El emplazamiento es el llamado hecho a las partes para comparecer a un tribunal a formular su defensa, constituyendo un acto procesal de máxima importancia y cuya ejecución imperfecta o indebida puede importar la indefensión del convocado al juicio. Este llamamiento al juicio se realiza mediante la notificación de la demanda en forma legal al demandado, cuyo propósito es dar a conocer una resolución, comunicar al tribunal con las partes y a éstas entre sí. En estas condiciones, la correcta notificación de la demanda al demandado es la base fundamental de la relación procesal entre las partes, es decir, el legal emplazamiento de la persona contra quien se dirige la acción, siendo un trámite esencial por excelencia en todo juicio, sin el cual toda la substanciación adolece de nulidad (considerandos 8º y 9º). Entonces, siendo necesario que la demanda de reclamación de filiación no matrimonial sea notificada en forma legal a la persona demandada que tenga la calidad de legitimado pasivo de la acción, si no consta en autos que ello se ha producido, se configura el vicio de nulidad formal contemplado en el artículo 768 Nº 9 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los 516

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artículos 795 Nº 1 del Código mencionado y 67 Nº 6 de la Ley de Tribunales de Familia, pues se ha faltado a un trámite esencial, como lo es el emplazamiento de una de las partes (considerandos 7º y 10º). Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 02/05/2008. Rol: 2556-2007. Partes: Flor Ester Troncoso Jara con Héctor Mauricio Delgadillo Rosales. Ministros: Juan Clodomiro Villa Sanhueza. Legislación aplicada en el fallo: Art.784 Nº4, 795 Nº1 Código de Procedimiento Civil; Art.67 Nº6 Ley 19.968. Caso 4: Acción de reclamación de paternidad. Filiación no matrimonial. Excepción de cosa juzgada. Acción de desistimiento no se contradice con el carácter de imprescriptible e irrenunciable de la misma. Desistimiento es una institución de aplicación general. Que la acción sea irrenunciable significa que no puede renunciarse anticipadamente. Una vez ejercida dicha acción puede desistirse de ella. I.- El desistimiento sobre reclamación de paternidad no tiene incidencia sobre los principios y características de la acción de reclamación de filiación, como la imprescriptibilidad y la irrenunciabilidad. En efecto, la institución jurídica del desistimiento es de aplicación general y determina las consecuencias jurídico procesales que un acto de esta naturaleza produce, tanto para el juicio como para las partes, sin que desde esta perspectiva puedan afectarse o desconocerse los caracteres especiales que una acción como aquella presenta, no obstante, lo cual no puede abstraerse de los efectos propios del instituto en comento. II.- (Corte de Apelaciones) Al deducirse por segunda vez una acción de reclamación de filiación, está habilitado para excepcionarse con la cosa juzgada, desde que la existencia de este nuevo proceso es incompatible con la sentencia que puso término al juicio anterior, que como consecuencia de un acto propio de la parte, produjo el efecto de extinguir la acción, impidiendo al demandante accionar nuevamente con el mismo objeto y causa de pedir. Al establecer el artículo 195 del Código Civil que no es renunciable la acción de reclamación de filiación, sino sólo sus efectos patrimoniales, impide que el interesado pueda abdicar anticipadamente de su derecho a ejercer su acción, entendida como el derecho de toda persona a poner en movimiento la 517

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jurisdicción. Pero ello no significa, sin embargo, que una vez que el individuo ha ejercitado su derecho deduciendo la acción ante Tribunal competente, cuando ha consumado su derecho y su pretensión está ya entregada la decisión a la autoridad jurisdiccional, no pueda desistirse de ella, extinguiendo con ello su acción, ni menos lo autoriza para desconocer los efectos que la ley procesal asigna a la resolución del Juez que decide acoger el desistimiento de su demanda Fuente: Corte Suprema. Fecha: 13/04/2009. Rol: 720-2009. Partes: Marcelo Leopoldo Calderón Ortiz con Marcelo Calderón Crispín. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Patricio Valdés Aldunate; Ricardo Peralta Valenzuela; Roberto Jacob Chocair; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.195 Código Civil; y art.150 Código de Procedimiento Civil. Caso 5: Reclamación de filiación y reconocimiento de paternidad, acogida. Investigación de la paternidad o maternidad. Examen de ADN o pericia biológica. Renuencia a someterse al examen. Presunción grave de paternidad. Proceso iniciado antes de la modificación del artículo 199 del Código Civil. Vigencia de la norma en su antigua redacción. La ley posibilita la investigación de la paternidad o maternidad, en la forma y con los medios de prueba previstos en las reglas generales de las acciones de filiación, previniendo el artículo 198 del Código Civil que en los juicios sobre determinación de la filiación, la maternidad y la paternidad, según corresponda, podrán establecerse mediante toda clase de pruebas, decretadas de oficio o a petición de parte. ElexamendeADN,eslapruebaqueposibilitafehacientemente obtener la verdad real acerca de la identidad de una persona y, dada su extraordinaria importancia, el legislador se vio obligado a considerar la renuencia de uno de los litigantes a someterse a este peritaje biológico. Esto se plasmó en el artículo 199 del Código Civil, cuya antigua redacción otorgaba a la negativa el valor de presunción grave de paternidad, permitiendo al juez asignarle el valor de plena prueba. La intención del legislador no es otra que descubrir la verdad y sancionar a quien injustificadamente no asiste al examen de ADN, pues resulta contrario al principio de buena fe aceptar que el litigante renuente se favorezca con su resistencia (considerandos 3º, 4º y 5º, sentencia Corte Suprema). 518

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Decretada la pericia biológica y citado a ésta el demandado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.030 –05.07.2005–, que modificó el artículo 199 del Código Civil, estableciendo en su inciso 4º que habrá negativa injustificada si citada dos veces la parte no concurre a la realización del examen, lo que hará presumir legalmente la paternidad o maternidad, dichas citaciones bajo apercibimiento legal no eran exigibles, toda vez que el artículo 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes dispone que las diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación (considerando 7º, sentencia Corte Suprema). Fuente: Corte Suprema. Fecha: 29/09/2008. Rol: 5031-2008. Partes: Ivonne de las Mercedes Urbina Quiroz con Leonardo González Guerra. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.198 y 199 Código Civil y art.24 LER. Caso 6: Acción de nulidad del acto de reconocimiento de la menor. Vicios de voluntad. Determinación de la filiación no matrimonial. Examen de ADN no se reitero en la etapa procesal pertinente. Ardid para engañar y timar con el único propósito de aprovecharse una mejor situación económica. Acreditación del error, fuerza y dolo en el juicio. Sana crítica. I.- La acción de reconocimiento no es irrevocable ya que el acto del reconocimiento de paternidad que la ley establece, se permite la posibilidad de accionar en el evento de que existan vicios de la voluntad que ameriten dar lugar a la nulidad del reconocimiento. Pese a la existencia de un informe de A.D.N., cuya existencia y resultados han sido reconocidos por las partes y por los testigos en el proceso, éste elemento no constituye una probanza rendida legalmente en el juicio, de modo tal que la falta de análisis o valoración a su respecto, no puede constituir, una conculcación a las normas y principios del sistema de valoración que rige en la materia, al no tener éste el carácter probatorio que para los efectos pretendidos se requeriría. II.- (Corte de Apelaciones) El Código Civil, establece las reglas para la determinación de la filiación no matrimonial, señalando al efecto que se determina legalmente “por el reconocimiento 519

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del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación”. El reconocimiento del hijo tendrá lugar mediante una declaración formulada con ese determinado objeto, por el padre, la madre o ambos Si bien es cierto que no se produjo prueba científica que clarificara la paternidad biológica como fundamento de la petición del recurrente, no obstante que en el actual procedimiento de familia las partes están obligadas a cooperar en el esclarecimiento de los hechos, no lo es menos que la demandante no reiteró en la etapa procesal pertinente la solicitud de la prueba de A.D.N. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 15/09/2008. Rol: 4496-2008. Partes: Edmundo Eduardo Madariaga Osorio con Carolina Andrea Cortés Chacón. Ministros: Benito Máuriz Aymerich; Carlos Kunsemuller Loebenfelder; Julio Torres Allú; Patricio Valdés Aldunate; Ricardo Peralta Valenzuela. Legislación aplicada en el fallo: Art.202, 1455 y 1456 del Código Civil. NOVENA SECCIÓN - GUARDAS Caso 1: Partición de bienes. Reglas de la guarda. Relaciones entre el incapaz y su curador. Conflicto de intereses. Necesidad de nombrar curador ad litem. I.- Es un principio del derecho reconocido en numerosas normas jurídicas de nuestro ordenamiento –tales como los artículos 2444, 2178 Nº 3 y 2092 del Código Civil y 240 del Código Penal– el evitar los conflictos de intereses entre representados y representantes o entre los titulares de un derecho y quienes los administran. Así, en materias de guardas cuando ocurre una colisión de intereses entre el incapaz y su representante, es preciso nombrar un curador especial para que represente al primero, y en tal caso dicho guardador toma el nombre de curador ad litem. II.- La característica de especial preponderancia de la voluntad de las partes del juicio de partición de bienes, implica que un absolutamente incapaz sólo puede actuar en el mundo del derecho a través de sus representantes legales, de manera que si las voluntades del incapaz están confundidas con las de su curador, la voluntad del primero no puede siquiera manifestarse. Por otro lado, la calidad de “doble” que manifiesta el juicio de 520

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partición, dada por la circunstancia que cada comunero es a la vez demandante y demandado, no se concibe ante el curador del incapaz, ya que éste desempeñaría simultáneamente el rol de demandante del incapaz y de defensor del mismo, situación que es inaceptable desde el punto de vista lógico y jurídico. Consiguientemente, si al comparendo de designación de partidor concurre el curador por sí y en representación del incapaz, dicha comparecencia resulta ilegal por cuanto debió nombrarse un curador especial para este último y, al no hacerlo, la designación del partidor adolece de nulidad absoluta pues las disposiciones relativas a las guardas son por excelencia disposiciones de orden público, más precisamente, leyes imperativas de interés público o general. Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 06/09/2007. Rol: 5828-2001. Ministros: Ángel Cruchaga Gandarillas; Juan Cristóbal Mera Muñoz; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.338, 342, 2092, 2178 Nº3, 2444 Código Civil; art.646 Código de Procedimiento Civil; y art.240 Código Penal. Caso 2: Nulidad relativa de contrato, acogida. Contrato de hipoteca. Compareciente interdicto en la administración de sus bienes. Falta de autorización judicial previa para constituir la garantía. Nulidad que no se extiende al resto de las partes. I.- El contrato de hipoteca es nulo de nulidad relativa respecto de aquel compareciente que, declarado en interdicción en la administración de sus bienes al momento de la celebración de la convención, su curador no obtiene el decreto judicial previo necesario para constituir el contrato de hipoteca, pues en tal caso se encontraba inhibido para ello (considerando 1º). II.- Si bien en principio, y por no haber norma al respecto, se entiende que los efectos de ambas nulidades son idénticos, especialmente en aquellos casos en que las obligaciones del contrato no se han cumplido y la declaración de nulidad opera como un modo de extinguir las obligaciones, ciertas disposiciones del ordenamiento jurídico admiten excepciones a esta regla general, donde la nulidad de una parte no afectaría a las otras, siguiendo el principio de la no extensión de la validez, como ocurre en el testamento o en la donación (considerando 4º). Entonces, y por aplicación del artículo 1690 del Código Civil, la nulidad relativa declarada a favor de uno de los 521

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comparecientes en el contrato de hipoteca, debido a su estado de interdicción y siendo el único legitimado activamente para alegarla, tal declaración sólo aprovechará a éste y no a los otros contratantes (considerando 5º). Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 06/10/2008. Rol: 3694-2005. Partes: Inés Patricia del Carmen Helo Rojas y otros con Banco Santander Chile. Ministros: Cornelio Villarroel Ramírez; Mario Carroza Espinosa; Roberto González Maldonado. Legislación aplicada en el fallo: Art.1690 Código Civil. Caso 3: Cese de administración extraordinaria. Administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Curador de bienes. Ausencia prolongada del marido. Causales de cese de administración extraordinaria. Procuradora general. Requisitos de nombramiento de curador. Imposibilidad de administración de tercero mediante mandato. I.- De acuerdo al artículo 473 del Código Civil, el nombramiento de un curador de bienes de una persona ausente tendrá lugar cuando no se sepa el paradero de la persona, o por lo menos haya dejado de tener comunicación con los suyos, y que dicha ausencia implique perjuicios graves para el mismo o terceros, y por otro ladro, habrá lugar a nombramiento de curador de bienes cuando no se haya constituido procurador, o solo se haya constituido para cosas o negocios especiales. A más abundamiento, y según se desprende del artículo 491 del Código Civil, esta curaduría de bienes expira cuando el ausente aparece, o se hace cargo de sus negocios un procurador general debidamente constituido. Que si bien en el caso de autos, el demandante de cese de administración extraordinaria, ha otorgado un mandato general de administración, no es menos cierto que el presupuesto de hecho que dio lugar a la curaduría por parte de la mujer no divorciada no ha cesado, esto es, la ausencia o falta de comunicación con los suyos, y en virtud del artículo 1763 del Código Civil, para que el marido recupere sus facultades administrativas, debe haber cesado la causa que dio origen a la administración extraordinaria, previo decreto judicial, lo que según lo razonado, no ha sucedido en este caso. 522

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II.- Para que la procuradora general pueda administrar la sociedad conyugal a nombre del tercero ausente, debe ser designada judicialmente curadora de bienes, siempre y cuando la mujer que le corresponde la administración extraordinaria de la sociedad conyugal sufra una incapacidad o se excuse de ejercer tal. De otra forma, no podría la mandataria ejercer la administración de los bienes, sino únicamente respecto de los negocios y bienes propios del demandante, y no aquellos de la sociedad conyugal, pues la definición que estimaba al marido como dueño del patrimonio social ha perdido significancia y se ha transformado en nada más que una reminiscencia histórica, pues la mujer casada en sociedad conyugal ya no está afecta a una incapacidad relativa y se ha transformado gradualmente en una coadministradora de los bienes sociales. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 03/06/2008. Rol: 881-2006. Partes: Ramiro Herrera Castro con Laura Acevedo Velasco. Ministros: Domingo Hernández Emparanza; Juan Araya Elizalde; Mónica Maldonado Croquevielle; Sergio Muñoz Gajardo; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.473, 491 y 1763 Codigo Civil. Caso 4: Recurso de Casación en la Forma. Falta de Emplazamiento Válido. Omisión de Citar a Conciliación. Legitimación Activa. Abogado Nombrado por Curador Provisorio, Efectos. Ratificación de Mandato Judicial por Curadores Definitivos, Oportunidad Procesal. En cuanto a la falta de emplazamiento de la demandada, debe señalarse, en primer lugar, que el recurrente no está habilitado para solicitar la nulidad que pretende por este capítulo, pues no le afecta directamente, sin que pueda estimarse que surja agravio en su contra por la posible variación que pudo sufrir el plazo común para contestar la demanda, cuestión que depende de si efectivamente existió el vicio que se reclama. El segundo motivo de casación debe desestimarse desde luego, porque si bien es efectivo que no se llamó a conciliación en el momento procesal que indica la ley, se lo hizo antes de la citación para oír sentencia, con lo cual se satisfizo la condición de trámite necesario que la ley otorga a dicha gestión. El último motivo de nulidad, que se hace consistir en que 523

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no se notificó legalmente el auto de prueba a la demandada, pues la notificación se hizo a abogado cuyo poder no quedó constituido en autos, adolece también de la deficiencia de no afectarle en forma directa al recurrente, ya que lo es a la otra demandada, quien no impugnó la sentencia de que se trata y, además, se hizo presente en los autos reclamando de diversos vicios, pero no de la notificación del auto de prueba, con lo que estaría precluido, a su proceso, la posibilidad de hacerlo en esta etapa. No existen en estos autos, elementos que permitan aceptar la falta de legitimación activa que el apelante le adjudica al actor. En efecto, la demanda se inició por el curador designado en la etapa de interdicción provisoria y revocada ésta por la Corte, una vez que se dispuso la definitiva por sentencia firme, los nuevos curadores ratificaron lo obrado con anterioridad por el provisional, lo cual incluye la designación del abogado patrocinante y apoderado, que siguió actuando –por el interdicto y no por aquel curador– hasta el presente. No obsta a lo dicho recién el que sólo tres de los cinco curadores designados hayan efectuado tal ratificación, pues uno de los cinco es el demandado y otro no aparece aceptando el cargo. Además, el Tribunal aceptó esta comparecencia y ratificación de sólo tres de los cinco curadores y ello no fue objetado oportunamente. Tampoco obsta la circunstancia – ciertamente extraña, pero no causante de nulidad– de que esos tres curadores se hayan presentado en el proceso como terceros coadyuvantes para seguir la acción intentada, en lo que fueron autorizados por el Tribunal, sin recibir tampoco objeción oportuna. En la misma situación se encuentra el hecho de no haber rendido fianza en su momento, pues sólo lo hicieron en agosto de 1998, ya que no está claro que estén obligados a rendirla, porque no administran, en lo inmediato, bienes del pupilo. Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 06/01/2000. Rol: 4786-1999. Partes: Luis Leandro Saffie Gangas; con Luis Constantino Saffie Marín; Luisa Hernández Araya. Ministros: Eduardo Jara Miranda; Gloria Olivares Godoy; Lamberto Cisternas Rocha. Legislación aplicada en el fallo: Art.375, 377 Código Civil; art.768 Nº9, 795 Nº2 y 9 Código de Procedimiento Civil.

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DÉCIMA SECCIÓN - INTERDICCIÓN POR DEMENCIA Caso 1: Interdicción provisoria. Interdicción, concepto, finalidad y requisitos. “Demencia”. Concepto no definido por el legislador. Conceptos doctrinarios y jurisprudenciales de demencia. Interpretación en sentido amplio. Extensión de la definición técnica. I.- La interdicción es el estado de una persona que ha sido declarada, por sentencia judicial, incapaz de ejercitar actos jurídicos, privándola de la administración de sus bienes, previo el juicio correspondiente. Esta institución está establecida en interés del propio interdicto, de su familia y de la sociedad, y para aquellas personas que, por distintas circunstancias, no pueden actuar por sí mismas en los actos de la vida civil, debido a su falta de capacidad intelectual, que los coloca en situación de inferioridad respecto de las demás personas, ya que no pueden proveer eficazmente a la administración de sus intereses. Para someter a interdicción a una persona, la ley exige: a) que sea un adulto, b) que el adulto sea demente, y c) que el estado de demencia sea habitual (considerandos 1º y 2º). II.- El Código Civil no define el término “demencia”, respecto del cual la doctrina ha dicho que comprende la enajenación mental bajo todas las formas en que pueda presentarse y en todos sus grados, cualquiera que sea el nombre que se le dé; que comprende toda alteración mental que prive de razón a un individuo; y que implica cualquier tipo de privación de razón, sin importar cuál sea el nombre técnico de la enfermedad que la produce. Por su parte, la jurisprudencia señala que aun cuando la ley no define la “demencia” para el caso de decretar la interdicción, es indudable que designa con esa denominación no solamente a los que por debilidad o desórdenes intelectuales, de carácter habitual, carecen en absoluto de razón, sino también a los que, por las mismas causas, no puede dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios. En síntesis, la expresión “demencia” debe ser interpretada en su sentido más amplio y diverso, esto es, en sentido de enfermedad mental, y no en su significado científico o técnico (considerando 3º). 525

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Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 10/06/2008. Rol: 240-2008. Partes: Elías Bechora Saka Ananás con Antonia Gabriela Cattan AIDI. Ministros: Juan Clodomiro Villa Sanhueza. Legislación aplicada en el fallo: Art.446, 456 y 461 Código Civil. Caso 2: Solicitud de interdicción por demencia. Posibilidad de decretar medidas cautelares innovativas. Declaración interina sobre el fondo. Innecesariedad de prueba absoluta de la incapacidad del demandado. Existencia de un grado de verosimilitud de la acción. Interdicción provisoria. Restricción de la aptitud de obrar. Aplicación en los procesos de familia. I.- Las medidas cautelares innovativas son las que tienden a modificar el estado de hecho o de derecho preexistente, implicando un antejuicio de la cuestión debatida, una declaración interina sobre el fondo, obligando a una mayor prudencia en la apreciación de los requisitos que la justifican, y que persigue evitar el perjuicio irreparable que se produciría si no se otorga la misma. Es la irreparabilidad el presupuesto propio y característico de las medidas cautelares innovativas (considerando 3º). La interdicción provisoria es una medida cautelar innovativa, pues mediante ella el tribunal está efectuando una declaración interina sobre el fondo, pudiendo ser declarada, en los procesos de familia, de oficio o a petición de parte (considerando 6º). II.- Conforme al artículo 22 de la Ley de Tribunales de Familia, el juez está facultado para decretar, de oficio o a petición de parte, medidas cautelares innovativas –y conservativas–, por lo que, tratándose de una interdicción por demencia, resulta posible decretar la interdicción provisoria, la cual está contemplada en el artículo 446 del Código Civil para la interdicción del supuesto disipador, pero el artículo 461 del mismo Código la hace aplicable a la interdicción del demente. De esta forma, se restringe a la persona de su aptitud de obrar, se la dota de un curador que cuide de su persona y bienes, para que pueda desenvolverse en un plano de igualdad en sus relaciones jurídicas (considerandos 4º y 5º). En efecto, existiendo un grado de verosimilitud en los fundamentos de la acción, debe presumirse el perjuicio irreparable, pues si no se declara la medida se perjudicarían los intereses de la afectada, ya que mientras sigue el juicio podría caer en insolvencia (considerando 7º). 526

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Para decretar esta medida, no es necesaria la prueba absoluta de la incapacidad del demandado, sino únicamente la existencia de antecedentes que hagan verosímil el estado de salud mental que se atribuye al futuro interdicto (considerando 8º). Fuente: Corte de Apelaciones de Temuco. Fecha: 30/01/2008. Rol: 906-2007. Partes: Manuel Enrique Bucher Moller con Rosa Ester Moller Riquelme. Ministros: Leopoldo Llanos Sagristá; Fernando Carreño Ortega; Roberto Contreras Eddinger. Legislación aplicada en el fallo: Art. 446, 461 Código Civil; y art.22 Ley 19.968. Caso 3: Nulidad de contratos de compraventa. Restitución del precio pagado a la vendedora. Interdicción por causa de demencia. Buena fe contractual. La regla general respecto de los efectos de la nulidad judicialmente declarada es que “da a las partes el derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”, sin embargo, una de las excepciones a la regla anterior existe respecto a los incapaces, especialmente, en este caso, los dementes, respecto a los cuales se pueden plantear las siguientes hipótesis: - Si el demente está declarado en interdicción a la fecha del contrato y faltaron las formalidades legales, no hay reembolso de lo pagado a menos que el contratante pruebe que el incapaz se hizo más rico (inciso primero). - Si el demente no está declarado en interdicción a la fecha del contrato, faltando entonces el requisito de capacidad para obligarse, la norma en cuestión no puede sino aplicarse considerando la evidencia o no de la demencia del contratante, lo que subyace a su vez, la buena o mala fe de su contraparte en la convención. Es así como, si la demencia era una situación manifiesta y aun así, se contrató con ella, no cabe duda que debe aplicarse el inciso primero y negar el reembolso, salvo la prueba del enriquecimiento. Cuando la interdicción no esta declarada judicialmente y, además, no es evidente la demencia para el contratante -como ocurre en la especie- se vuelve a la regla general del artículo 1687 del Código Civil de las restituciones mutuas. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 28/12/2006. Rol: 4029-2004. Partes: Armandina Duhalde Duhalde; con Forestal Valdivia SA. Ministros: Hugo Dolmestch Urra; Margarita Herreros Martínez; Oscar Carrasco Acuña; Oscar Herrera Valdivia; Sergio Muñoz Gajardo. Legislación aplicada en el fallo: Art.465, 1546, 1687, 1688 Código Civil. 527

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DÉCIMA PRIMERA SECCIÓN - MEDIDAS DE PROTECCIÓN Caso 1: Medidas de protección, Derecho de familia. Requisitos procedencia, concurrencia. Antecedentes que la justifiquen, existencia. Según se desprende del mérito del informe psicosocial si bien la orden de ingreso residencial que se impugna por el presente recurso, ha sido dictada por autoridad competente en un caso previsto por la ley, es lo cierto que ella carece de antecedentes que la justifiquen Así , de conformidad a lo prevenido en el artículo 71 de la Ley Nº 19.968 las medidas cautelares sólo proceden cuando son necesarias para proteger los derechos del niño y deben fundarse en antecedentes que sean calificados como suficientes para adoptarlas, lo que no se verifica en la especie.(Considerando 1º y 2º sentencia Corte Suprema) Fuente: Corte Suprema. Fecha: 22/05/2008. Rol: 2675-2008. Partes: Mario del Carmen Paredes Maulén con Juez de Familia de San Antonio. Ministros: Fernando Castro Álamos; Hugo Dolmestch Urra; Jaime Rodríguez Espoz; Nibaldo Segura Peña; Rubén Ballesteros Cárcamo. Legislación aplicada en el fallo: Art.71 Ley 19.968. Caso 2: Internación de menores a un hogar. Medida de protección. Interés superior del niño. Necesidad que se hagan los mayores esfuerzos para que el niño se desarrolle con sus padres. Futuro incierto de niños que viven en hogares o con terceras personas. Terceros que se hacen cargo del desarrollo de los menores. Situación que debe ser ante circunstancias muy calificadas y extraordinarias. Carencias en el hogar no son antecedente suficiente. El artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que las medidas concernientes a los niños tomadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos deben considerar primordialmente el “interés superior del niño”. Para cumplir con él, deben hacerse los mayores esfuerzos para que el niño pueda desarrollarse en el medio familiar que lo vio nacer, y en especial con sus padres. Los niños sólo de sus padres biológicos 528

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recibirán el afecto, estímulo, apoyo y protección necesarios en cada nivel de su evolución, porque dichos sentimientos fluyen de lo más profundo del corazón, por la vinculación tan estrecha que existe entre aquéllos y sus hijos. El futuro de los menores que residan en un hogar o en poder de terceras personas, es incierto, colocándolos en una posición más vulnerable frente a agresiones. Sólo en circunstancias muy calificadas, extraordinarias y debidamente acreditadas, pueden terceras personas o un hogar asumir el rol de orientar el proceso formativo del alma infantil en sus primeros años de vida. La existencia de carencias en el hogar de los menores, un abandono en su aseo personal y vestimenta, no evidencia una situación de riesgo o de vulneración de los derechos de los niños, que amerite la medida de protección de erradicarlos de su hogar separándolos de su madre (considerandos 4º y 5). Fuente: Corte de Apelaciones de Valdivia. Fecha: 19/03/2008. Rol: 1-2008. Legislación aplicada en el fallo: Art.3 Convención Derechos del Niño. Caso 3: Medidas de protección, Derecho de familia. Requisitos procedencia, concurrencia. Antecedentes que la justifiquen, existencia. Según se desprende del mérito del informe psicosocial si bien la orden de ingreso residencial que se impugna por el presente recurso, ha sido dictada por autoridad competente en un caso previsto por la ley, es lo cierto que ella carece de antecedentes que la justifiquen. Así , de conformidad a lo prevenido en el artículo 71 de la Ley Nº 19.968 las medidas cautelares sólo proceden cuando son necesarias para proteger los derechos del niño y deben fundarse en antecedentes que sean calificados como suficientes para adoptarlas, lo que no se verifica en la especie.(Considerando 1º y 2º sentencia Corte Suprema) Fuente: Corte Suprema. Fecha: 22/05/2008. Rol: 2675-2008. Partes: Mario del Carmen Paredes Maulén con Juez de Familia de San Antonio. Ministros: Fernando Castro Álamos; Hugo Dolmestch Urra; Jaime Rodríguez Espoz; Nibaldo Segura Peña; Rubén Ballesteros Cárcamo. Legislación aplicada en el fallo: Art.71 Ley 19.968. 529

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DÉCIMA SEGUNDA SECCIÓN - NULIDAD DE MATRIMONIO Caso 1: Nulidad de matrimonio, rechazada. Causal de vínculo matrimonial no disuelto. Cónyuge bígamo fallecido. Necesidad de demandar también a sus herederos. Titularidad activa y pasiva de la acción. Efectos de la Nueva Ley de Matrimonio Civil. Aplicación del régimen de nulidad de la nueva ley. I.- La Nueva Ley de Matrimonio Civil no respetó el principio previsto en el artículo 3º de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes en el sentido que el estado civil adquirido y las causales de su extinción se rigen por la ley vigente a la fecha de su constitución. En consecuencia, todo el régimen de nulidad de la nueva ley, tanto en lo que dice relación con las causales, titulares de la acción, plazos y requisitos, se aplica a los matrimonios celebrados con anterioridad a su vigencia, pudiendo anular su matrimonio los cónyuges en conformidad con sus disposiciones, con la salvedad que no rigen para estas personas las limitaciones contempladas en los artículos 22 y 25 de la Ley de Matrimonio Civil para acreditar el cese de la convivencia, la que se puede probar por otros medios distintos a los señalados en esas normas (considerando 5º). II.- La titularidad activa de la acción de nulidad por vínculo matrimonial no disuelto está regulada en los artículos 46, 47 y 48 de la Nueva Ley de Matrimonio Civil, que la confieren expresamente a los presuntos cónyuges del segundo matrimonio, al cónyuge del primer matrimonio o a sus herederos. En cuanto a la legitimidad pasiva de la acción, la Ley precitada no regula el tema, debiendo aplicarse, entonces, los principios y normas generales de Derecho. La regla general en materia de nulidad matrimonial es que sólo puede intentarse mientras vivan ambos cónyuges, estableciéndose como excepción en lo pertinente a la causal en cuestión, que la acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges. Por un lado, es lógico que la segunda cónyuge debe ser parte en el proceso, puesto que celebró el acto cuya invalidación se pretende, resultando evidente el interés y la legitimidad que la habilita al efecto, por otro, ante el fallecimiento del cónyuge bígamo, que era el naturalmente legitimado para ser demandado, cabe reconocer a sus herederos, esto es, a quienes por el ministerio de la ley representan al causante, que sean sujetos pasivos de la 530

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referida acción, en primer lugar, porque la ley los ha colocado en esa situación y, en segundo lugar, porque en su calidad de herederos presentan un interés directo y real en los resultados del caso, el que debe ser protegido mediante el reconocimiento de su derecho a ser parte y ejercer la legítima defensa de sus intereses jurídicos. En consecuencia, se ajusta a derecho la sentencia cuando rechaza la demanda de nulidad por no haber sido interpuesta en contra de todos los que celebraron el acto o contrato, toda vez que al encontrarse fallecida una de las partes que celebró el matrimonio que se pretende anular, se tornaba necesario también dirigir la demanda contra sus herederos, por representar éstos al causante (considerandos 7º a 11º). Aunque esta acción de nulidad sea una de carácter personal del ámbito del derecho de familia, su naturaleza especial posee efectos propios que explican que tenga consecuencias de índole patrimonial y que se extienda a terceros que no son parte directa en los actos (considerando 13º). Fuente: Corte Suprema. Fecha: 26/01/2009. Rol: 6466-2008. Partes: Rosa Hortensia Del Carmen Salgado Muñoz con Claudia Marcela Concha Dolz. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Patricio Valdés Aldunate; Roberto Jacob Chocair; Urbano Marín Vallejo. Legislación aplicada en el fallo: Art.1097 Código Civil; y art.46, 47 y 48 Ley 19.947. Caso 2: Nulidad de matrimonio. Formalidades y requisitos externos del matrimonio. Legitimación activa. Heredero del cónyuge del segundo matrimonio. Titularidad activa de quien tenga interés en ello. Efecto retroactivo de las leyes. Aplicación retroactiva de las normas sobre separación, divorcio y nulidad. I.- Del artículo 2º transitorio de la Ley 19.947, de Matrimonio Civil, se desprende que lo relativo a la separación, nulidad y divorcio matrimonial, se aplicará también a los matrimonios que se hayan celebrado con anterioridad a la vigencia de ésta norma. No obstante ello, todo lo relativo a las formalidades, requisitos externos del matrimonio y las causales de nulidad que su omisión originan, se regirán por la Ley vigente al tiempo de contraer el matrimonio. La excepción contemplada en el mismo artículo 2º transitorio, contiene a su vez una contra-excepción, al señalarse que no podrán hacer valer la nulidad del matrimonio por haberse 531

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celebrado éste ante un Oficial de Registro Civil incompetente, causal contemplada en el artículo 31 de la Ley de Matrimonio Civil de 1884. II.- En atención a lo dicho en el acápite anterior, la Ley de Matrimonio Civil 19.947, no respetó el principio previsto en el artículo 3º de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, la que dispone que el estado civil se regirá por la ley vigente a la fecha de su constitución, lo que incluye evidentemente las causales de extinción del estado civil. Al contrario, le otorga un efecto retroactivo a la nueva Ley de Matrimonio Civil, aplicando a los matrimonios celebrados con anterioridad a su vigencia todo lo relativo a las causales, titulares de la acción, plazos y requisitos, no obstando a ello que a estos matrimonios no les son aplicables las limitaciones establecidas en los artículos 22 y 25 de la Ley 19.947, relativo a la prueba del cese de la convivencia. III.- En consecuencia, en atención a lo establecido anteriormente, de la armónica interpretación de los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 19.947, se desprende que esta nueva Ley establece expresamente cuales con los titulares de la acción de nulidad, la que incluye a los presuntos cónyuges del matrimonio que se pretende nulo, extendiéndose también al cónyuge del primer matrimonio o a sus herederos. Por el contrario, no mantuvo la norma que otorgaba legitimación activa a todo el que tenga interés en ello, en cuya situación están los herederos del cónyuge del segundo matrimonio, quienes no tienen titularidad para entablar acción de nulidad en este caso. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 31/03/2008. Rol: 9752008. Partes: Paola Andrea Oyarzún Cuevas con Gavina del Carmen Vásquez Venegas. Ministros: Arnaldo Gorziglia Balbi; Gabriela Pérez Paredes; Patricio Valdés Aldunate; Rafael Gómez Balmaceda; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.2 transitorio, 46, 47 y 48 Ley 19.947. Caso 3: Ministerio Público siempre debe ser oído en juicios sobre nulidad de matrimonio. Casación de oficio. El inciso final del artículo 34 de la Ley de Matrimonio Civil dispone que el Ministerio Público será siempre oído en los juicios sobre nulidad de matrimonio y según consta de los antecedentes de autos, esta diligencia no fue efectuada. Los Tribunales, pueden, 532

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conociendo por la vía de la apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio cuando los antecedentes tenidos a la vista manifiestan que existen vicios que dan lugar, a decretar, la casación en la forma. Advertido el defecto anotado, esta Corte hará uso de sus facultades privativas para invalidar el fallo y subsanar el error sustancial expuesto. Fuente: Corte de Apelaciones de Arica. Fecha: 20 de Mayo de 2008. Rol: 125-2008. Legislación aplicable al fallo: Art.34 Ley 19.947. DÉCIMA TERCERA SECCIÓN - PATRIA POTESTAD Caso: Dictación de orden de detención contra menor adulto. Incapacidad relativa. Vulneración al derecho a la libertad personal. Principio de la debida representación. Deber del juez de velar por debida representación de niños. Cuando comparece en juicio un menor adulto, quien es relativamente incapaz, si su padre o madre no pudieren o no quisieren prestarle su autorización o representación, el juez podrá suplirla y darle al hijo un curador para la litis, razón por la cual, si no se ha decretado dicha medida a su respecto, como el menor adulto no ha comparecido en forma legal, la dictación de una orden de detención que pesa sobre él aparece dictada fuera de los casos establecidos en la ley, porque el juez se ha sustraído de un procedimiento establecido por el legislador cuyo fin es proteger al menor adulto. Se observa, en tal situación, una decisión que es ilegal y que vulnera el derecho a la libertad personal del menor. Refuerza la conclusión anterior, el artículo 19 de la Ley de Tribunales de Familia, que establece el principio de la debida representación en los asuntos de su competencia donde aparezcan involucrados niños, obligando al juez a velar por que se encuentren debidamente representados, imponiéndole la obligación de designar un abogado, especialmente cuando carecen de representación legal. Fuente: Corte Apelaciones Arica. Fecha: 03/10/2007. Rol: 208-2007. Partes: E.A.A.V. con Juez del Juzgado de Familia de Arica. Legislación aplicada en el fallo: Art.265 inciso 2, 1447 inciso 3 Código Civil; art.19 Nº7 y 21 C.P.R.; art.19 Ley 19.968. 533

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DÉCIMA CUARTA SECCIÓN - RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR Caso 1: Relación directa y regular. Sentencia debe establecerla de oficio si partes no la piden. Protección acogida. Cuando los padres viven separados toca a la madre el cuidado personal de los hijos y en ese caso también corresponde que la patria potestad sea ejercida por ella. Sin embargo, cuando se somete a la decisión judicial la determinación de la persona a quien corresponderá ejercer el cuidado personal de un menor y no se debatiere la forma en la que éste se relacionará con el padre o madre que quede privado de su cuidado personal, la resolución se pronunciará de oficio sobre este punto, situación que no ocurrió en la especie. Al no fijarse la relación directa y regular que mantendría el padre con sus dos hijos, aquel quedó impedido de ejercer su derecho a prestar su autorización para que los menores pudieran salir del país. Lo anterior constituye un acto ilegal que afecta la garantía constitucional de la igualdad ante la ley al no citar el tribunal al recurrente para la audiencia de declaración de tuición y patria potestad y al mismo tiempo representa una omisión ilegal al no pronunciarse de oficio respecto de la forma en que se efectuaría la relación directa y regular entre el recurrente y sus hijos, motivo por el cual el presente recurso será acogido. Fuente: Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Fecha: 03 de Mayo de 2007. Rol: 67-2007. Legislación aplicable al fallo: Art.245 Código Civil; y art. 19 Nº2 Constitución Política de la República. Caso 2: Entorpecimiento de relación directa y regular por quien ejerce tuición no puede ser sancionada con arresto. Teniendo presente el tenor expreso del artículo 48 de la Ley Nº 16.618 que establece un tratamiento claramente diferenciado para el padre que ejerce la tuición y para que el que no la tiene, en sus incisos 3 y 4, estableciendo como consecuencia, para el caso en que sea el padre que tiene el cuidado personal, quien por una acción imputable impida en alguna forma las visitas, la posibilidad de recuperación de los días perdidos, cuestión que corresponde declarar al juez. Regulando el inciso 4 de la misma norma, la situación en que es el padre a cuyo beneficio está 534

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decretado este derecho deber, quien no cumple, oportunidad en la que luego de apercibirlo con la restricción o suspensión, puede ser apremiado confirmo el artículo 66. Asimismo, el artículo 66 de la Ley de Menores, señala que en caso que se incumpla lo previsto por el artículo 229 del Código Civil será posible apercibir conforme el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil. De este modo, interpretadas armónicamente todas las normas que regulan la materia, la conclusión a la que debemos necesariamente arribar es que el apremio de arresto sólo procede contra el padre a cuyo beneficio se ha regulado el derecho deber (relación directa y regular) y no contra aquel que ejerce el cuidado personal del menor. Fuente: Corte de Apelaciones de Valdivia. Fecha: 15 de Septiembre de 2008. Rol: 218-2008. Legislación aplicable al fallo: Art.229 Código Civil; y Art. 48 Ley 16.618. Caso 3: Relación directa y regular. Acercamiento entre padre e hija debe ser gradual si contacto anterior es nulo. El procedimiento de acercamiento (de la relación directa y regular) dispuesto por la juez de familia ha sido cuestionado por el apelante (padre), en atención a que significa que se prolonga por un año la posibilidad de obtener una relación directa y regular de la menor con su padre y que deba someterse a nuevas evaluaciones, evaluaciones que se han practicado en diversas oportunidades y en que se concluye que tanto el padre como la madre y la menor no presentan alteraciones síquicas o de personalidad que impidan una normal interacción entre ellos. Es indudable la necesidad después del largo período sin haber tenido la menor una relación directa y regular con su padre de establecer un mecanismo de acercamiento gradual, que cuente con el apoyo de terceros capacitados para tal efecto. Fuente: Corte de Apelaciones de Concepción. Fecha: 25 de Agosto de 2008. Rol: 930-2008. Legislación aplicable al fallo: Art.229 Código Civil. Caso 4: Relación directa y regular constituye un derechodeber que sólo puede ser restringido por causas graves. El artículo 229 del Código Civil, en armonía con la convención Internacional de los Derechos del Niño, establece como imperativo legal y deber del Estado velar por el resguardo y 535

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derecho de los menores de mantener vínculos permanentes con sus progenitores, relación que no sólo implica una obligación para estos, sino un deber para con aquellos, que mira a la formación futura e integral de los jóvenes de saberse hijos de determinados sujetos en miras al establecimiento de su propia identidad, de manera que no resulta acertado sostener, como lo hace el a quo, que no se ha probado la necesidad de tal vínculo, pues la ley lo establece como esencial, por lo que debe ser fomentado y garantizado, como garantía en resguardo de los derechos de los menores. En tal sentido, y por consiguiente, sólo se podrá negar, restringir o suspender la comunicación directa y personal de los padres con sus hijos, cuando existan causas graves que así lo aconsejen lo que no ha acontecido en autos, sin que el hecho que los menores residan en Alemania sirvan de sustento suficiente para ello, pudiendo el padre asumir los costos que el cumplimiento de dicho deber le irrogue. Fuente: Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Fecha: 05 de Febrero de 2008. Rol: 29-2008. Legislación aplicable al fallo: Art.229 Código Civil. Caso 5: Aspectos civiles del secuestro internacional de niños. Relación directa y regular, regulación. Sistema comunicación, legalidad. Interés superior del niño, importancia y alcance concreto. En estas materias debe tenerse siempre en consideración el interés del niño, como principio fundamental e inspirador de nuestro ordenamiento jurídico, de relevancia transversal en la legislación de familia y de menores. Así lo dispone por lo demás, el artículo 16 de la ley 19.968 y, aun cuando su definición se encuentra en desarrollo o constituya un concepto indeterminado, cuya magnitud se aprecia cuando es aplicado al caso concreto, puede afirmarse que el mismo, alude al pleno respeto de los derechos esenciales del niño, niña o adolescente, buscándose a través del mismo, el asegurar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de los menores y posibilitar la mayor satisfacción de todos los aspectos de su vida, orientados al desarrollo de su personalidad. Así, en el caso de autos se establece que el interés superior del niño no ha sido considerado debidamente, puesto que la decisión de los sentenciadores desatiende la situación en la 536

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que se encuentra el menor y no le brinda la debida protección en la regulación del sistema de comunicación que establece a favor del padre. En efecto, la determinación de tal régimen comunicacional, no se ajusta a lo que a la luz de los antecedentes allegados al proceso, parece ser lo razonable y lógico para la resolución del caso, al establecer la posibilidad de que el menor salga al extranjero en una época cercana, atendida su edad y las circunstancias en que se ha desarrollado hasta ahora la relación entre padre e hijo. (Considerando 9º y 10º sentencia Corte Suprema) Fuente: Corte Suprema. Fecha: 31/12/2008. Rol: 6419-2008. Partes: Estado de Chile; Randall Stuart Anglen; con Sandra Elisa Seguel Cortés. Ministros: Gabriela Pérez Paredes; Hernán Álvarez García; Julio Torres Allú; Mónica Maldonado Croquevielle; Ricardo Peralta Valenzuela. Legislación aplicada en el fallo: Art.16 Ley 19.968. Caso 6: Relación directa y regular. Derecho de los niños. Deber del estado de velar por el derecho de los niños. Deber de los progenitores. Formación futura e integral de los jóvenes. Identidad de los niños. Carácter esencial de la relación directa y regular. Suspensión o restricción de la relación directa y regular. I.- Que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en relación al artículo 229 del Código Civil, establece el deber del Estado de velar por el derecho de los niños a mantener una relación directa y regular con sus padres, la que se constituye como un derecho para los niños, y se configura a su vez como una obligación para los progenitores. La relación directa y regular se ha establecido a favor de los niños, con el objeto de asegurar una formación integral para el futuro de los mismos, en la que resulta relevante la identidad que poseen los niños, al saberse hijos de determinada persona. En consecuencia, no resulta admisible subordinar el ejercicio de este derecho-deber de los padres, a la prueba de la necesidad de la relación directa y regular entre el progenitor y su hijo, dado que tal ejercicio resulta ser esencial para la formación de este último. Este derecho-deber no podrá suspenderse o restringirse sino por causa calificada o cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, según reza el ya citado artículo del Código Civil. 537

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II.- Dado el carácter esencial de la relación directa y regular, no resulta atendible suspenderla o restringirla con fundamento en la distancia entre los hijos y progenitores, ni en episodios de violencia intrafamiliar que posee el progenitor, que se deducen de autos. Tales episodios solo afectan a los padres de los menores, y no justifica la suspensión de la relación directa y regular, siempre y cuando se tomen los resguardos necesarios para que tal situación no se repita o evitar que repercuta en la integridad física o psicológica de los menores. Fuente: Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Fecha: 05/02/2008. Rol: 29-2008. Partes: Pedro Valenzuela Gaete con Lidia María Meyer. Ministros: Teresa Mora Torres; Ivonne Avendaño Gómez; Samuel Muñoz Weisz. Legislación aplicada en el fallo: Art.229 Código Civil. Caso 7: Relación directa y regular. Acto ilegal o arbitrario. Resolución de oficio. Cúmplase de la sentencia. Antecedentes graves y calificados. Derecho a la integridad psíquica. Derecho a un racional y justo procedimiento. Vía ordinaria de resolución de conflictos. I.- La actuación ilegal que fundamenta un recurso de protección es aquella antijurídica o contraria a derecho, en tanto que acción arbitraria es aquella contraria a la razón, gobernada por el capricho. Así, la actuación de la recurrida no se estima ilegal, en tanto que posee la competencia para conocer de los conflictos relativos al derecho de familia, y ha fundado sus resoluciones en normas legales. No obstante ello se estima carente de fundamento plausible o arbitrario las resoluciones dictadas por la recurrida, juez del tribunal de familia, que han entorpecido el ejercicio de la relación directa y regular entre el recurrente y su hija, ya establecido por el tribunal de alzada mediante resolución ejecutoriada, a través de diversas resoluciones que de oficio han interrumpido el régimen ya aludido. De esta manera, ha conculcado los derechos establecidos en los artículos 19 Nº 1 y 3 de la Constitución Política de la República, relativa a la integridad psíquica y al derecho a un racional y justo procedimiento. II.- Estima esta Corte injustificadas las resoluciones a los que se alude en autos, dándole la apariencia de medida cautelar, con 538

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el objeto de revertir una sentencia ejecutoriada y cuyo cúmplase ya se ha dictado, además de no existir antecedentes graves y calificados que permitan deducir la necesidad de modificar el régimen comunicacional ya establecido a favor del padre. III.- La interposición del recurso de protección contra actos emanados de los tribunales de la República es excepcional, y se justifica en aquellos casos en que la utilización de la vía ordinaria implique en la práctica una dilación o denegación de justicia. Esta Corte estima que en el caso de autos se dan los presupuestos ya señalados, puesto la interposición de un recurso ordinario contra la resolución que se ataca, con el mayor lapso de tiempo que esto implica, puede constituir un perjuicio irreparable para el actor. Fuente: Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Fecha: 10/12/2007. Rol: 79-2007. Partes: José Ignacio Fernández Macías con María Isabel López Villouta. Legislación aplicada en el fallo: Art.19 Nº1 y 3 C.P.R. Caso 8: Relación Directa y Regular. Apreciación de la Prueba. Reglas de la Sana Crítica. Interés superior del niño. I.- Los Jueces de Familia deben apreciar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Este sistema conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconsejan la razón y el criterio racional puesto en juicio. Las reglas que la constituyen no están establecidas en la ley, por ende se trata de un proceso intelectual, interno y subjetivo del que analiza. Es una materia esencialmente de apreciación y, por lo mismo, de hecho, cuya estimación corresponde exclusiva y privativamente a los Jueces del fondo. La regla general es que la actividad de valoración o ponderación de las probanzas y, con ello la fijación de los hechos en el proceso queda agotada en las instancias del juicio, a menos que los sentenciadores del grado -al determinar aquellos- hayan desatendido las razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignarles valor y determinar su eficacia. II.- El principio del interés superior del niño constituye un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que junto con el derecho a ser oído el menor, constituyen los fundamentos sobre la base de los cuales los Jueces del fondo han de fundar su decisión. 539

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III.- La regla de orden natural prevista en el artículo 225 del Código Civil, en orden a que la crianza de los hijos, en caso de separación de los padres, corresponde a la madre, y no se puede modificar si se solicita un régimen distinto, a menos que existan motivos que lo justifiquen, como sería si ésta estuviese afectada por inhabilidad o el interés de la propia menor así lo aconsejare. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 15/07/2008. Rol: 3097-2008. Partes: Claudia Lucía San Martín Palma con Mattías Staffan Sigurdsson. Ministros: Carlos Kunsemuller Loebenfelder; Gabriela Pérez Paredes; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Julio Torres Allú; Ricardo Peralta Valenzuela. Legislación aplicada en el fallo: Art.225 Código Civil; y art.32 Ley 19.968. Caso 9: Menor separado de sus padres. Medida cautelar de suspensión del régimen de relación directa y regular. Menor a cargo de Centro de Atención. Garantía constitucional a la libertad de opinión y de informar. Solicitud de entregar toda aquella información vinculada al tratamiento de salud del menor. Facultades de restringir o limitar garantías individuales por parte del Tribunal de Familia. No existencia de acto ilegal o arbitrario. La respuesta dada por el Centro de Atención Integral en que se le niega información e intervención directa del recurrente en el proceso reparatorio del menor, responde precisamente a la medida cautelar decretada por el Tribunal de Familia, quien estableció el ingreso del menor al centro recurrido, otorgándole la prerrogativa a este centro de efectuar el proceso reparatorio según la dinámica y técnicas que en la especie se requieren. El Tribunal de Familia posee la facultad de restringir y/o limitar las garantías individuales, como el caso de autos, negando la información directa y permitiendo el acceso del recurrente a los informes evacuados por la recurrida, lo que le quita el carácter de arbitrario e ilegal a la negativa del centro a permitir la intervención directa del recurrente. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 15/12/2008. Rol: 7201-2008. Partes: Andrés Elías Canessa Martínez con Centro de Atención Integral de Derechos de la Infancia Melipulli. Ministros: Adalís Oyarzún Miranda; Arnaldo Gorziglia Balbi; Haroldo Brito Cruz; Pedro Pierry Arrau; Sonia Araneda Briones. Legislación aplicada en el fallo: Art.19 Nº12 C.P.R. 540

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Caso 10: Relación Directa y Regular. Apreciación de la Prueba. Reglas de la Sana Crítica. Interés superior del niño. I.- Los Jueces de Familia deben apreciar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Este sistema conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconsejan la razón y el criterio racional puesto en juicio. Las reglas que la constituyen no están establecidas en la ley, por ende se trata de un proceso intelectual, interno y subjetivo del que analiza. Es una materia esencialmente de apreciación y, por lo mismo, de hecho, cuya estimación corresponde exclusiva y privativamente a los Jueces del fondo. La regla general es que la actividad de valoración o ponderación de las probanzas y, con ello la fijación de los hechos en el proceso queda agotada en las instancias del juicio, a menos que los sentenciadores del grado -al determinar aquellos- hayan desatendido las razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignarles valor y determinar su eficacia. II.- El principio del interés superior del niño constituye un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que junto con el derecho a ser oído el menor, constituyen los fundamentos sobre la base de los cuales los Jueces del fondo han de fundar su decisión. III.- La regla de orden natural prevista en el artículo 225 del Código Civil, en orden a que la crianza de los hijos, en caso de separación de los padres, corresponde a la madre, y no se puede modificar si se solicita un régimen distinto, a menos que existan motivos que lo justifiquen, como sería si ésta estuviese afectada por inhabilidad o el interés de la propia menor así lo aconsejare Fuente: Corte Suprema. Fecha: 15/07/2008. Rol: 3097-2008. Partes: Claudia Lucía San Martín Palma con Mattías Staffan Sigurdsson. Ministros: Carlos Kunsemuller Loebenfelder; Gabriela Pérez Paredes; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Julio Torres Allú; Ricardo Peralta Valenzuela. Legislación aplicada en el fallo: Art.225 Código Civil y art.32 Ley 19.968. Caso 11: No es apelable la resolución que ordena el cumplimiento forzado de relación directa y regular. La abogada del padre acusando de incumplimiento de la contraria en el régimen de relación directa y regular determinado en la conciliación, pide al tribunal determinar las 541

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horas incumplidas. El ministro de fe del tribunal, previa resolución, certifica que existe un total de 430 horas incumplidas, equivalente a 18 días con pernoctar. Vista esta certificación, el tribunal ordena la recuperación del tiempo de relación directa y regular incumplido, consistente en 18 días con pernoctar a favor del padre del niño. El apoderado de la madre demandada apela de esta resolución. El recurso es concedido, decisión que es dejada sin efecto, visto lo dispuesto por el artículo 67 Nº 2 de la Ley N° 19.968, acogiendo un recurso de reposición de la contraria que se manifestaba en este sentido. Como se puede fácilmente advertir, el recurrente de hecho ha pretendido alzarse respecto de una resolución que no corresponde en su naturaleza jurídica a una sentencia definitiva de primera instancia, una interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o una de aquellas que se pronuncian sobre medidas cautelares, únicas susceptibles de apelación atendido el expreso tenor del artículo 67 regla 2º de la Ley N° 19.968. Fuente: Corte de Apelaciones de Valdivia. Fecha: 09 de Enero de 2009. Rol: 1032-2008. Legislación aplicable al fallo: Art. 67 regla 2ª Ley 19.968. DÉCIMA QUINTA SECCIÓN - SEPARACIÓN DE BIENES Caso: Separación de bienes. Estatuto personal establecido en las leyes patrias. Sujeción de los chilenos a éste. Situación de matrimonio entre chilenos celebrado en el extranjero. Improcedencia del artículo 135 inciso 2º del Código Civil. Contrayentes se entienden casados bajo sociedad conyugal. Matrimonio de extranjeros celebrado fuera de Chile. Conforme al artículo 15 del Código Civil los chilenos, aunque residan o tengan su domicilio en país extranjero, quedan sujetos al estatuto personal que establecen las leyes patrias en cuanto a las obligaciones y derechos que nacen de sus relaciones de familia. Por su parte, y aun cuando el artículo 135 inciso 2º del Código Civil, en su redacción anterior a la Ley Nº 18.802 – de 1989–, preceptuaba que en el caso de los matrimonios celebrados en país extranjero en donde no impere el sistema de comunidad de bienes, se mirará a los cónyuges como separados de bienes, no puede dejarse de lado que la legislación nacional 542

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impone a los contrayentes, en el inciso 1º de la norma precitada, como régimen legal el de la sociedad conyugal, lo que permite concluir que lo dispuesto en su inciso 2º no tiene aplicación entre cónyuges chilenos, por cuanto, y por aplicación del artículo 15 del Código Civil, éstos no pueden quedar en una situación diversa a la que hubiesen tenido de casarse en Chile, toda vez que una interpretación en el sentido contrario llevaría al absurdo de aceptar que los nacionales puedan incurrir en fraude a la ley por el solo hecho de contraer nupcias en el extranjero. La disposición del artículo 135 inciso 2º del Código Civil tiene aplicación para los matrimonios de extranjeros fuera del territorio nacional. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 31/03/2008. Rol: 162008. Partes: Carolina Elisa Urizar Ripamonti con Paul Alexander Dawidowich Morton. Ministros: Carlos Kunsemuller Loebenfelder; Gabriela Pérez Paredes; Patricio Valdés Aldunate; Ricardo Peralta Valenzuela; Roberto Jacob Chocair. Legislación aplicada en el fallo: Art.15 y 35 Código Civil. DÉCIMA SEXTA SECCIÓN - SEPARACIÓN JUDICIAL DE BIENES Caso 1: Separación judicial de bienes. Objeto de la acción. Devolución de bienes de dominio de la mujer. Aporte a la sociedad conyugal. Acción que solo puede impetrarla la mujer. Marido carece de legitimidad activa. La acción de separación judicial de bienes tiene por objeto que se devuelvan a la mujer los bienes de su dominio que ella hubiera aportado al matrimonio y que, por el sólo hecho de su celebración y desde el momento de verificarse, entran a formar parte de la sociedad conyugal, y son administrados por el marido. Por esto, y además por las causales que habilitan para solicitar la separación de bienes, se concluye que la facultad de pedirla sólo compete a la mujer, pero no al marido, razón por la cual no puede prosperar la demanda que en dicho sentido ha sido impetrada por el cónyuge (considerandos 7º y 8º). Fuente: Corte de Apelaciones de Chillán. Fecha: 21/04/2008. Rol: 294-2007. Partes: Ximena de Lourdes Lara Sepúlveda con Agustín Segundo Hernández Sepúlveda. Ministros: Bernardo Hansen Kaulen. Legislación aplicada en el fallo: Art.152 y Ss., Código Civil. 543

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Caso 2: Demanda de nulidad de pacto de separación total de bienes y de liquidación de la sociedad conyugal. Nulidad por simulación absoluta. Presupuestos de procedencia de la nulidad por simulación absoluta. Legitimación activa de la acción de simulación. Nulidad por infracción de norma prohibitiva. Concepto de ley prohibitiva. Carácter de la norma del inciso segundo del artículo 1723 del Código Civil. Efectos del pacto de separación total de bienes respecto de deudas contraídas dentro del patrimonio reservado de la mujer con anterioridad a la separación. Ley prohibitiva, es aquella que impide que un determinado acto se ejecute en cualquiera forma que sea. Impide absolutamente su ejecución. La condición legal de los bienes del patrimonio reservado, según el artículo 150 del Código Civil, no puede ser modificada por el pacto de separación total de bienes suscrito por el marido y la mujer, los que deben responder frente al tercero cuyo crédito es anterior a la separación, el que puede proseguir las acciones contra el marido y perseguir bienes del patrimonio reservado como si el pacto no hubiese existido y no obstante que se hayan adjudicado al marido luego de la liquidación de la sociedad conyugal. El artículo 1723 del Código Civil, resulta concordante con el artículo 150 del mismo cuerpo legal, cuando dispone que el pacto de separación total de bienes no perjudicará en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer, norma de tal forma amplia que no admite que los cónyuges la puedan infringir mediante declaraciones o acuerdos, en ningún caso. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 15/05/2008. Rol: 1979-2008. Partes: Esther Elizabeth Viedma Candia con Nury Andrea Acuña Ledesma; Nelson Alonso Ossandón Guiñez. Ministros: Hernán Álvarez García; Hugo Dolmestch Urra; Margarita Herreros Martínez; Milton Juica Arancibia; Oscar Herrera Valdivia. Legislación aplicada en el fallo: Art.150, 1723 inciso 2 y 1764 Nº5 Código Civil. Caso 3: Procede acoger demanda de separación judicial de bienes si allanamiento del demandado no afecta derechos de terceros. En el presente caso el tribunal a quo desechó la demanda (sobre separación judicial de bienes), en orden a que el demandado se ha allanado a la solicitud de separación total 544

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de bienes, la que funda en una causal distinta. No cabe sino hacer lugar a la demanda de autos, habida cuenta de los términos del señalado allanamiento y, además, teniendo en consideración que existe en el proceso prueba suficiente de la concurrencia de las causales en que se ha fundado la acción entablada (separación de hecho de las partes), prueba que se ha enumerado en el propio fallo impugnado y, además, se ha referido en el escrito de casación de forma y apelación de la parte demandante. De otro lado, no existe constancia en el proceso de que se esté frente a un fraude procesal, caso en el cual no obstante el allanamiento, el tribunal podría desestimar la demanda, si se llega a establecer que la separación total de bienes tendiera, por ejemplo, a burlar a posibles acreedores y no parece que sea así. A la misma conclusión se llega si se advierte que el proceso se ha tramitado en cuatro años y medio, extenso período que aleja toda posibilidad de fraude procesal. Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 31 de Enero de 2008. Rol: 1158-2004. Legislación aplicable al fallo: Art.131, 132 y 155 Código Civil; y art. 21 Nº1 Ley 19.947. DÉCIMA SEPTIMA SECCIÓN - SOCIEDAD CONYUGAL Caso 1: Sociedad Conyugal, administración bienes. Capacidad mujer casada, subsistencia administración marido. Emplazamiento demanda, legalidad. Servidumbre, legitimidad pasiva acción. La administración de la sociedad conyugal sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de la mujer, corresponde únicamente al marido. Así se establece en el artículo 1749 del Código Civil y se reitera en los artículos 1752 y 1754 inciso final. Si bien el artículo 2º de la ley Nº 18.802 otorgó plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal, modificando entre otros el artículo 1447 del Código Civil, para eliminar la referencia que hacía a la mujer casada en sociedad conyugal entre los relativamente incapaces y el artículo 43, para suprimir la referencia al marido como “representante legal” de la mujer, se mantienen subsistentes aquellas disposiciones que señalan que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y administra los bienes sociales. 545

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En consecuencia, tratándose en el presente caso de gravar con servidumbre un bien que tiene el carácter de social y, por tanto, es administrado por el marido, como jefe de la sociedad conyugal, la demanda debió dirigirse en contra del cónyuge, como administrador de dicho bien. (Considerando 5º, 6º y 7º sentencia Corte de Apelaciones). Fuente: Corte Suprema. Fecha: 12/08/2008. Rol: 2926-2008. Partes: Maribel Fabiola Campos Fuentealba con Nancy Bateman Lermanda ; Amanda Elena Muñoz Frías. Ministros: Hernán Álvarez García; Juan Araya Elizalde; Margarita Herreros Martínez; Milton Juica Arancibia; Oscar Herrera Valdivia. Legislación aplicada en el fallo: Art.1749, 1752, 1754 Código Civil. Caso 2: Sociedad Conyugal, administración bienes. Capacidad mujer casada, subsistencia administración marido. Emplazamiento demanda, legalidad. Servidumbre, legitimidad pasiva acción. La administración de la sociedad conyugal sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de la mujer, corresponde únicamente al marido. Así se establece en el artículo 1749 del Código Civil y se reitera en los artículos 1752 y 1754 inciso final. Si bien el artículo 2º de la ley Nº 18.802 otorgó plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal, modificando entre otros el artículo 1447 del Código Civil, para eliminar la referencia que hacía a la mujer casada en sociedad conyugal entre los relativamente incapaces y el artículo 43, para suprimir la referencia al marido como “representante legal” de la mujer, se mantienen subsistentes aquellas disposiciones que señalan que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y administra los bienes sociales. En consecuencia, tratándose en el presente caso de gravar con servidumbre un bien que tiene el carácter de social y, por tanto, es administrado por el marido, como jefe de la sociedad conyugal, la demanda debió dirigirse en contra del cónyuge, como administrador de dicho bien. (Considerando 5º, 6º y 7º sentencia Corte de Apelaciones) Fuente: Corte Suprema. Fecha: 12/08/2008. Rol: 2926-2008. Partes: Maribel Fabiola Campos Fuentealba con Nancy Bateman Lermanda; Amanda Elena Muñoz Frías. Ministros: Hernán Álvarez García; Juan Araya Elizalde; Margarita Herreros Martínez; Milton Juica Arancibia; Oscar Herrera Valdivia. Legislación aplicada en el fallo: Art. 1749, 1752, 1754 Código Civil. 546

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Caso 3: Acción de nulidad relativa. Sociedad conyugal. Exclusión del bien inmueble en el haber social. Patrimonio social. Haber propio. Capitulaciones matrimoniales. Título que precede a la sociedad. Autorización de la mujer casada. I.- De diversas normas del Código Civil, se desprende que los bienes inmuebles que tuvieran los cónyuges al momento de su matrimonio, forman parte de su haber propio; en primer lugar, el legislador no los incluyó expresamente entre aquellos que forman parte del haber social, por lo tanto se ha optado por incluirlos dentro del haber propio, por la necesidad práctica de incluirlos en algún patrimonio. Por otro lado, el artículo 1725 Nº 3 y 4 incluyen en el patrimonio social a los bienes muebles al momento de contraer matrimonio, por lo tanto, estaría el legislador excluyendo expresamente a los inmuebles de dicho patrimonio social. A más abundamiento, el artículo 1725 Nº 6 permite que la mujer aporte a la sociedad conyugal un bien raíz de su propiedad, debiendo pactarse en las capitulaciones matrimoniales, en consecuencia, de no haber pacto en este sentido, se entiende que el bien permanece en su haber propio. II.- Del artículo 1736 del Código Civil se desprende que la especie adquirida durante la sociedad, no pertenecerá a ella aun que se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella. Por otro lado, el título que precede a la sociedad, a que se alude esta norma, no se refiere a la adquisición misma, sino a todo antecedente jurídico que conduzca en forma directa y obligada a dicha adquisición. En consecuencia, al ser el título de adquisición del bien inmueble, la asignación realizada por la Cooperativa de Huertos Familiares Fraternidad, con fecha 14 de Septiembre de 1971, época anterior a su matrimonio, se entiende pertenecer ese bien al haber propio del cónyuge y no al patrimonio social. En la medida que dicho bien pertenece al haber propio del cónyuge, no necesita para su enajenación autorización de la mujer, cómo en el caso del artículo 1749 y 1754 del Código Civil, es que necesita tal autorización para la enajenación de bienes raíces sociales y derechos hereditarios de la mujer, y bienes raíces que pertenezcan a ella, respectivamente. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 23/07/2008. Rol: 1365-2007. Partes: María Pertuze Iglesias con Alejandro Cobos Díaz. Ministros: Juan Araya Elizalde; Juan Carlos Cárcamo Olmos; Milton Juica Arancibia; Oscar Carrasco Acuña; Sergio Muñoz Gajardo. Legislación aplicada en el fallo: Art.1725 Nº3, Nº4, Nº6, 1736 y 1748 Código Civil. 547

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Caso 4: Solicitud de Enajenación de Inmueble de la Sociedad Conyugal. Procedimiento Contencioso. Oposición de Mandatario del Marido. Administración Extraordinaria de la Sociedad Conyugal. Si ante la solicitud de enajenar un bien raíz presentada por la mujer administradora extraordinaria de la sociedad conyugal, se opone mandatario del marido ausente, el negocio se transforma en contencioso, debiendo las partes instar por el ejercicio de sus derechos en el procedimiento que corresponda (Considerandos Tercero a Sexto, Sentencia de Casación, Corte Suprema). Fuente: Corte Suprema. Fecha: 16/05/2006. Rol: 1570-2004. Partes: Jenny Tamara Caballero Lagos; con Jorge Alejandro Contreras Lira. Ministros: Carlos Kunsemuller Loebenfelder; José Fernández Richard; Julio Torres Allú; Margarita Herreros Martínez; Sergio Muñoz Gajardo. Legislación aplicada en el fallo: Art.1759 Código Civil; art.817 y 823 Código de Procedimiento Civil. Caso 5: Acción de nulidad absoluta. Liquidación de sociedad conyugal. División de las especies comunes. Cuerpo común de bienes formados por bienes propios del marido. Causa lícita. Causa real y verdadera. Excepción de no poder alegar vicio que sabía o debía saber. Carga de la prueba. I.- La causa es un requisito general no sólo de los contratos, sino de todo acto jurídico, porque siempre que una persona ejecuta alguno, tiene en vista obtener un determinado resultado jurídico, que constituye su causa, la que debe ser real y verdadera. Así, la ley asimila la causa errónea con su ausencia, al faltar en ambas el antecedente jurídico que determinó a la persona a manifestar su voluntad con el objeto de producir efectos de derecho, situaciones en las que el acto será nulo absolutamente (considerandos 5º y 6º). II.- La sociedad conyugal, al momento de contraer matrimonio, se hace dueña de los bienes muebles de cada cónyuge, cualquiera sea su naturaleza, pero excluyendo los inmuebles, toda vez que el artículo 1725 Nºs. 3 y 4 del Código Civil limita a los bienes muebles el aporte de los cónyuges al matrimonio, de lo que sigue que no pueden ser incluidos los inmuebles en el cuerpo común de bienes para los efectos de liquidar la sociedad conyugal, ya que nunca fueron bienes sociales, sino propios del cónyuge propietario (considerando 2º). 548

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En la liquidación de la sociedad conyugal, la causa está en la división de las especies comunes, adjudicando en propiedad y por partes iguales a los cónyuges los bienes sociales, terminando con la comunidad entre ellos existente una vez disuelta la sociedad conyugal, de manera que si el cuerpo común de bienes estuvo formado mayoritariamente con bienes propios del marido y no con bienes sociales, la liquidación ha carecido de causa por faltar el motivo jurídico que indujo a la persona a efectuar el acto o contrato, debiendo declararse su nulidad absoluta, restituyendo a las partes al mismo estado que se encontraban de no haber existido aquél, y ordenando la cancelación de las inscripciones efectuadas en razón de las adjudicaciones practicadas en la escritura de liquidación de la sociedad conyugal (considerandos 5º, 6º y 9º). III.- Cuando se alega por el demandado de nulidad absoluta que nadie puede alegarla si ha concurrido a la celebración del acto sabiendo debiendo saber el vicio que lo afectaba, además de no poder aplicarse la presunción del artículo 8º del Código Civil, debe probarse el conocimiento por cuanto éste supone dolo, labor que recae sobre quien alega esta excepción (considerando 8º). Fuente: Corte de Apelaciones de Rancagua. Fecha: 07/07/2008. Rol: 304-2008. Partes: Luis Alejandro Rubio Díaz con Claudia Isabel Alvarado Cáceres. Legislación aplicada en el fallo: Art.1467, 1682, 1683, 1725 Nº3, Nº4 y Nº5 Código Civil. Caso 6: Sociedad Conyugal, administración bienes. Capacidad mujer casada, subsistencia administración marido. Emplazamiento demanda, legalidad. Servidumbre, legitimidad pasiva acción. La administración de la sociedad conyugal sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de la mujer, corresponde únicamente al marido. Así se establece en el artículo 1749 del Código Civil y se reitera en los artículos 1752 y 1754 inciso final. Si bien el artículo 2º de la ley Nº 18.802 otorgó plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal, modificando entre otros el artículo 1447 del Código Civil, para eliminar la referencia que hacía a la mujer casada en sociedad conyugal entre los relativamente incapaces y el artículo 43, para suprimir la referencia al marido como “representante legal” de 549

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la mujer, se mantienen subsistentes aquellas disposiciones que señalan que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y administra los bienes sociales. En consecuencia, tratándose en el presente caso de gravar con servidumbre un bien que tiene el carácter de social y, por tanto, es administrado por el marido, como jefe de la sociedad conyugal, la demanda debió dirigirse en contra del cónyuge, como administrador de dicho bien. (Considerando 5º, 6º y 7º sentencia Corte de Apelaciones) Fuente: Corte Suprema. Fecha: 12/08/2008. Rol: 2926-2008. Partes: Maribel Fabiola Campos Fuentealba con Nancy Bateman Lermanda ; Amanda Elena Muñoz Frías. Ministros: Hernán Álvarez García; Juan Araya Elizalde; Margarita Herreros Martínez; Milton Juica Arancibia; Oscar Herrera Valdivia. Legislación aplicada en el fallo: Art.1749, 1752, 1754 Código Civil. Caso 7: Liquidación de sociedad conyugal. Nulidad de todo lo obrado de oficio. Competencia de juez árbitro. Sociedad conyugal. Objeción de inventario. Antes de proceder a la partición, se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos en la comunidad partible, esto es todo lo que derive en el aumento o disminución de los bienes comunes o de uno de los comuneros de manera exclusiva o excluyente de los demás, norma de carácter absoluto. Así, toda alegación que tienda a asignar bienes de manera exclusiva y excluyente a uno de los comuneros, por cualquier causa, debe ser resuelto por los tribunales ordinarios, no se limita al hecho que se alegue dominio, sino cualquier derecho, el que puede estar derivado de un hecho atribuido a uno de los cónyuges que constituye un ilícito civil, en que la ley establece de un modo explícito la sanción y el monto de la indemnización a favor del ofendido al expresar que el cónyuge que dolosamente ocultó o distrajo cosas de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y deberá restituirla doblada. De esta forma si se controvierte la propiedad de la cosa supuestamente ocultada o distraída, corresponde que la justicia ordinaria la determine, lo mismo que, no obstante ser pacífico dicho aspecto, se llegue a disminuir los derechos de uno de los cónyuges, tanto por perder su porción en la cosa, como por el hecho que debe retribuirla doblada, todo lo que se realizará, en el común de los casos de manera imaginaria. 550

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Fuente: Corte Suprema. Fecha: 28/08/2006. Rol: 1122-2004. Partes: José Alfredo Pérez Sánchez; con María de Los Ángeles Lecaros. Ministros: Fernando Castro Álamos; Hernán Álvarez García; Jorge Rodríguez Ariztía; Margarita Herreros Martínez; Sergio Muñoz Gajardo. Legislación aplicada en el fallo: Art.1330, 1331, 1723 y 1768 Código Civil. Caso 8: Disolución sociedad conyugal, pacto separación bienes. Efectos disolución, comunidad. Presunción legal adquisición, alcance. Recompensa, procedencia. Condición cónyuge propietario, alteración. El artículo 1739 del Código Civil, en su inciso final no crea ninguna nueva comunidad de bienes entre quienes ya son comuneros por la disolución de la sociedad conyugal, sino que establece, tras consignar la presunción legal respecto de la adquisición, que el cónyuge deberá recompensa o crédito a la sociedad, a menos que pruebe haberlo adquirido con bienes propios o provenientes de su sola actividad personal, especial situación esta última, que no aparece acreditada. Luego, el mismo artículo 1739 del Código Civil es claro en establecer que los bienes adquiridos una vez disuelta la sociedad conyugal y no liquidada se presumen adquiridos con bienes sociales, pero ello no altera la condición propietaria de esos bienes, que pertenecen personalmente al cónyuge separado de bienes que los adquiere. Este criterio ha sido aceptado y resuelto por los tribunales del país, entendiendo que el problema señalado no se soluciona por la vía de las acciones de inoponibilidad, reivindicación o tercería de dominio como se arguye en el caso de autos, y en tal sentido la Excma. Corte Suprema de Justicia así lo ha resuelto, desechando la interpretación que busca crear una nueva copropiedad que la ley no ha contemplado en forma expresa. (Considerando 4º,5º y 6º sentencia Corte de Apelaciones) Fuente: Corte Suprema. Fecha: 10/09/2008. Rol: 3755-2007. Partes: Patricia Verónica Velis Sepúlveda con Banco del Estado de Chile; Rafael Alfonso Mulet Bou. Ministros: Arnaldo Gorziglia Balbi; Haroldo Brito Cruz; Ismael Ibarra Léniz; Juan Araya Elizalde; Milton Juica Arancibia. Legislación aplicada en el fallo: Art.1739 Código Civil. 551

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Caso 9: Padre no responde tributariamente por retiros sociales realizados por hija menor adulta que administra sola sus bienes. Consta que la contribuyente -menor adulta- efectuó retiros en su calidad de socia de la sociedad, empleándolos en viajes, estudio y en la adquisición de un automóvil, teniendo para ello la libre administración y disposición de bienes en virtud de lo dispuesto en el Nº1 del artículo 250 del Código Civil. En consecuencia, los bienes obtenidos de ese peculio no le confieren al padre de la contribuyente el derecho legal de goce sobre tales rentas de la hija, quien dispuso de ellas libremente. Siendo ello así, el reclamante (padre de la contribuyente) no ha percibido ni devengado las rentas que se le pretende gravar mediante las liquidaciones relativas al cobro de diferencias del Impuesto Global complementario por dos años tributarios. Se constata que las rentas obtenidas por la hija deben ser gravadas con el impuesto Global complementario y no el padre como lo supone el Servicio de Impuestos Internos al serle notificadas las liquidaciones mencionadas Fuente: Corte de Apelaciones de Valparaíso. Fecha: 03 de Julio de 2006. Rol: 2540-2005. Legislación aplicable al fallo: Art.250 Código Civil. Caso 10: Juez de familia está autorizado para liquidar sociedad conyugal si cónyuges lo solicitan de común acuerdo. La liquidación de una sociedad conyugal es una materia de arbitraje forzoso, como lo señala el N°1 del artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, salvo el muy excepcional caso contemplado en el inciso final de la misma norma legal, por el cual, en esta clase de pleitos así como en los de separación judicial y de nulidad de matrimonio, el tribunal está autorizado para liquidar la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubo entre los cónyuges, siempre que éstos así lo hayan solicitado de común acuerdo. Empero, en la especie las partes no han entregado los antecedentes necesarios para que el tribunal pueda proceder a la liquidación de la sociedad conyugal, por lo que no procede que se emita pronunciamiento sobre el particular, debiendo tenerse presente que la Ley de Matrimonio Civil, en el inciso final de su artículo 31, referido a la acción de separación, señala que la liquidación de la sociedad 552

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conyugal sólo corresponde si así se hubiere solicitado y se hubiere rendido la prueba necesaria para tal efecto, disposición que, por analogía, también es aplicable al caso de divorcio. Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 30 de Noviembre de 2007. Rol: 501-2007. Legislación aplicable al fallo: Art. 33 Ley 19.947. DÉCIMA OCTAVA SECCIÓN - VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Caso 1: Denuncia de violencia intrafamiliar. Procedencia de medidas cautelares. Enunciación de carácter enunciativo. Regulación directa y regular de uno de los progenitores respecto de sus hijos. Interés superior del niño. Fomento y reconstrucción de lazos de afecto y protección. Nada obsta a que en un juicio de violencia intrafamiliar se establezca una regulación directa y regular de carácter provisorio de uno de los progenitores respecto de sus hijos, en primer lugar, porque la numeración de las medidas cautelares que proceden en este tipo de procedimientos que efectúa el artículo 92 inciso 1º de la Ley de Tribunales de Familia no es de carácter taxativa, ampliando en el inciso final de la misma norma el alcance de estas medidas a terceros que no necesariamente son víctimas de los hechos denunciados, pero que se ven involucrados en la problemática, como sucede con los hijos de los intervinientes, toda vez que la separación de la pareja no debe afectar a personas inocentes que ven alejarse a uno de sus padres del seno familiar, surgiendo una necesidad de fomentar y reconstruir los lazos de afecto y protección con el progenitor que ya no los acompaña; en segundo lugar, porque no se encuentra prohibido; y en tercer lugar, porque no resulta ajeno a los propósitos que inspiraron este procedimiento, y también asoma concordante con el principio de concentración que inspira los procedimientos de familiar, que persigue conocer en una sola audiencia todos los problemas que afecten a los intervinientes. Fuente: Corte de Apelaciones de Santiago. Fecha: 30/10/2007. Rol: 2916-2007. Partes: María Angélica Calfuman Vilches con Juan de Dios Navarro Fuenzalida. Ministros: Alfredo Pfeiffer Richter; Juan Manuel Muñoz Pardo; Pilar Aguayo Pino. Legislación aplicada en el fallo: Art.92 Ley 19.968. 553

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Caso 2: Maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Actos posteriores al término de vida en pareja. Inicio de nueva relación. Abandono del hogar común. Acciones que no constituyen maltrato psíquico. Para que se configure un acto constitutivo de violencia intrafamiliar, esto es, todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica realizado en contra de quien tenga el parentesco que el artículo 5º de la Ley Nº 20.66 señala, es necesario cumplir con los requisitos que esa misma norma preceptúa, los cuales en la especie no asoman, ya que los supuestos maltratos que se imputan a la denunciada no tienen tal carácter, porque sólo dicen relación con actos posteriores al término de una vida de relación de pareja, encontrándose enmarcados en lo que importa el término de un matrimonio y el inicio de una nueva relación de convivencia. De tal manera, abandonar el hogar común, convivir con otra pareja, salir con otras personas no son conductas que causen perjuicio en la integridad psíquica de quien denuncia, y no permiten configurar el ilícito de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Fuente: Corte de Apelaciones de Coyhaique. Fecha: 22/08/2007. Rol: 139-2007. Partes: Margarita del Carmen Muñoz Hernández con Enrique Rolando Araya Fernández. Ministros: Sergio Mora Vallejos. Legislación aplicada en el fallo: Art.5 Ley 20.066. Caso 3: Lesiones leves en contra de su cónyuge. Efectos en la salud de la víctima. Medida cautelar de abandono del hogar y la prohibición de acercarse a la víctima. Delito de Desacato se aplica frente a una sentencia condenatoria quebrantada. No cumplimiento de medidas cautelares permite aumentar la intensidad de éstas. I.- (Juzgado de Garantía) El delito de lesiones es de los que se denominan de resultado, de manera tal que, aún cuando se haya acreditado la ocurrencia de vías de hecho, no se probó que éstas produjeran algún efecto verificable en la salud física o psíquica de la víctima, de modo que deberá ser absuelto, sin perjuicio de lo que se dirá en lo resolutivo respecto de la competencia para conocer de este hecho, que puede configurar un ilícito civil. II.- Sobre el delito de desacato por la ubicación sistemática de la disposición que lo contempla, el ilícito se configura cuando se infringe lo ordenado por sentencia condenatoria, ya que el 554

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Art. 240 CPC se ubica al tratar del cumplimiento o ejecución de la sentencia firme, que es aquello que naturalmente puede mandarse cumplir. De otro lado, las sanciones connaturales a la infracción de las condiciones de la suspensión condicional y de las medidas cautelares son, respectivamente, la revocación de la salida alternativa, debiendo reanudarse el procedimiento en contra del imputado, y la posibilidad de imponer otras cautelares de mayor intensidad, a solicitud del Ministerio Público o del querellante, si procediere. Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que de seguirse el criterio de que el cumplimiento de medidas cautelares o de condiciones de la suspensión condicional genera un verdadero delito de desacato, se llegaría a la situación absurda de que el imputado podría ser absuelto de la imputación principal, lo que demostraría que las cautelares y condiciones carecían de real necesidad y fundamento, y al mismo tiempo, en forma paralela, resultaría igualmente condenado por el desacato, carente de toda antijuridicidad material, configurado únicamente como un delito de la majestad, interpretación que se encuentra abandonada por la doctrina mayoritaria. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 24/12/2008. Rol: 7144-2008. Ministros: Carlos Kunsemuller Loebenfelder; Domingo Hernández Emparanza; Hugo Dolmestch Urra; Jaime Rodríguez Espoz; Rubén Ballesteros Cárcamo. Legislación aplicada en el fallo: Art.240 Código de Procedimiento Civil; y art.494 Nº5 Código Penal. Caso 4: Denuncia de violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, concepto, requisitos y tipos. Denunciado que retira especies de propiedad de la denunciante. Ausencia de la denunciante al momento de los hechos. Conducta que no constituye violencia física ni psíquica. Inexistencia de contacto físico o intercambio verbal. Prohibición de acercarse como condición de suspensión del procedimiento. Incumplimiento de la medida. I.- Los requisitos para que exista violencia intrafamiliar son: a) que haya un maltrato, b) que el maltrato afecte la vida o la integridad física o psíquica de una persona, c) que el sujeto pasivo sea el cónyuge actual del ofensor o haya tenido tal calidad, lo mismo en el caso del conviviente, un pariente por consaguinidad o afinidad 555

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en toda la línea recta o en lo colateral hasta el tercer grado del ofensor, del cónyuge o del conviviente, el padre o madre de un hijo común, o persona menor de edad o discapacitado que esté bajo el cuidado de algún integrante del grupo familiar (considerando 3º). La violencia intrafamiliar es conceptualizada como la acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar, tanto por afinidad como consaguinidad; y puede ser de carácter: 1) físico, 2) psicológico, 3) sexual o 4) económico (considerando 4º). II.- No se configura una hipótesis de violencia intrafamiliar si la conducta del denunciado, consistente en sacar las especies de la denunciante, su hija, fuera del inmueble donde reside, por cuanto no se está en presencia de un acto constitutivo de violencia física ni psíquica, es más, ni siquiera existió contacto físico ni intercambio verbal con la supuesta víctima ya que ésta no se encontraba en esos momentos en el inmueble. Lo que puede configurarse, considerando que el denunciado tenía como condición para proceder a la suspensión condicional del procedimiento la prohibición de acercarse a la denunciante, es un incumplimiento a tal condición, lo que conlleva como consecuencia la posibilidad de revocar la salida alternativa y continuar con el procedimiento (considerando 7º). Fuente: Corte de Apelaciones de Valdivia. Fecha: 31/03/2008. Rol: 36-2008. Partes: Carolina Marianela Sitnisky Montero con Raúl Eduardo Sitnisky Nerlich. Ministros: Darío Carretta Navea; Rodolfo Patricio Abrego Diamantti. Legislación aplicada en el fallo: Art.5 Ley 20.066. Caso 5: Denuncia de violencia intrafamiliar, rechazada. Necesidad que existe convivencia entre ofensor y ofendido, actual o pretérita. Familia, concepto. Familia implica convivencia. Margen en que se sancionan los actos de violencia intrafamiliar. Hogar común. Para que se configuren actos de violencia intrafamiliar es necesario que exista convivencia, actual o pretérita, entre ofensor y ofendido. En efecto, si bien la ley no entrega un concepto de “familia”, la doctrina entrega uno en base a lo dispuesto en el artículo 815 inciso 2º del Código Civil, relativo al derecho de uso y de habitación, comprendiendo el concepto al cónyuge, los hijos y a las personas que a la misma fecha viven con el habitador o usuario 556

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y a costa de éstos y las personas a quienes éstos deban alimentos, concepto que si bien es amplio en cuanto a sus miembros, demuestra que “familia” implica “convivencia”, es decir, un grupo de personas, sean o no parientes, que viven bajo el mismo techo. Refuerza lo anterior el que dentro de las medidas accesorias contempladas como sanción a los actos de violencia intrafamiliar, se cuente la obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima. En definitiva, queda demostrado el espíritu de la legislación en condenar los actos de violencia intrafamiliar, pero dentro de un margen limitado, que es el hogar común (considerando 9º). Fuente: Corte de Apelaciones de Valdivia. Fecha. 18/02/2009. Rol: 17-2009. Partes: Irma del Carmen Valdés Cabrera con Marta Trui Trui Millante. Ministros: Ada Gajardo Pérez; Darío Carretta Navea; Juan Ignacio Correa Rosado. Legislación aplicada en el fallo: Art.815 Código Civil; art.5 y 9 Ley 20.066. DÉCIMA NOVENA SECCIÓN - OTROS CASOS Caso 1: Notificación medida cautelar. Ebriedad no la invalida. La notificación de la medida cautelar del Tribunal de Familia cumplió absolutamente con los principios generales, relativos a las notificaciones, y de ello se concluye que no era necesario que el notificado internalizara el mensaje porque su mente supuestamente se encontraba obnubilada por el alcohol, pues como se dijo para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento del notificado, por lo que tampoco tiene importancia en este sentido el que el notificado por su estado de ebriedad no hubiere podido internalizar el mensaje que se le comunicaba, ni que hubiera comprendido la notificación. Fuente: Corte de Apelaciones de Coyhaique. Fecha: 15 de Septiembre de 2008. Rol: 59-2008. Legislación aplicable al fallo: Art. 94 Ley 19.698 y Ley 20.066. Caso 2: Tribunal de Familia es incompetente para conocer acción indemnizatoria contra padre por abandono del hijo. Conforme a lo dispuesto por el numeral 19 del artículo 8 de la Ley Nº 19.968, vigente a la época de dictación de la resolución 557

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en estudio, los tribunales de familia eran competentes para conocer y resolver de las cuestiones personales derivadas de las relaciones de familia entre las partes. La acción reconvencional intentada, se sustenta en el incumplimiento que le atribuye un hijo a su padre, en cuanto a los deberes legales, producto del abandono de que fue objeto, lo que le habría generado daño de orden moral cuya reparación se reclama por esta vía. Conforme a lo señalado la resolución de los sentenciadores en orden a considerar que no es de competencia del tribunal en cuestión el conocimiento y resolución de la acción reconvencional intentada, por corresponder a un asunto de orden patrimonial, no es errada, puesto que se ajusta al claro sentido de la norma en mención. En efecto, aún cuando el actor invoca como fundamento de su pretensión la violación de una obligación por parte de su padre, a los deberes que como tal le han asistido, lo cierto es que la relación en términos de familia que existe entre ambos, no altera la naturaleza jurídica de la responsabilidad que se pretende hacer efectiva y de los perjuicios reclamados, lo que determina precisamente la incompetencia del tribunal, no siendo procedente concluir en un sentido contrario al criterio conforme al cual se ha resuelto. Fuente: Corte Suprema Cuarta Sala (Especial). Fecha: 26 de Noviembre de 2008. Rol: 6583-2008. Legislación aplicable al fallo: Art. 8 Nº19 Ley 19.968. Caso 3: Concubinato sirve de antecedente para determinar existencia de comunidad. El concubinato invocado por ambas partes es un hecho jurídico de carácter lícito no vedado por la ley, de suerte que su existencia como antecedente de una comunidad, ha podido ser admitida por los jueces, sobre la base de los elementos probatorios acompañados al pleito, si bien esa forma de convivencia ciertamente no significa por si sola que se produzca una comunidad sobre bienes singulares, la formación de este cuasicontrato puede, a su vez, ser reconocida por los jueces mediante la valoración de los medios de convicción que se les hagan valer con ese propósito, desde el instante que la comunidad es igualmente un hecho lícito, conforme lo dice el inciso segundo del artículo 2284 del Código Civil. 558

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Fuente: Corte Suprema Primera Sala (Civil). Fecha: 23 de Marzo de 2009. Rol: 6890-2007. Legislación aplicable al fallo: Art. 2284 Código Civil. Caso 4: Indignidad para suceder. Filiación natural. Carácter voluntario y presuntivo. Constancia del nombre del padre o madre en inscripción de nacimiento. Presunción legal de veracidad de partidas de nacimiento, muerte y matrimonio. Calidad de heredero de hijo natural. Legitimación activa para demandar indignidad para suceder. Demandada que provoca muerte de su cónyuge. Persona indigna para suceder. I.- Teniendo en consideración las modificaciones que en su momento introdujo la Ley Nº 10.271 al Código Civil en materia de filiación, actualmente modificadas por la Ley 19.585, la circunstancia de consignarse el nombre del padre o de la madre en la inscripción del nacimiento, constituye un reconocimiento de la filiación natural de carácter voluntario y presunto: a) voluntario por cuanto es el padre o la madre quienes hacen constar su nombre en la inscripción, y b) presunto, porque el padre o la madre no declaran expresamente que reconocen al hijo como tal, sino que limitan su voluntad en orden a dejar expresa constancia de su nombre. Así, y reconociendo el artículo 308 del Código Civil una presunción legal de veracidad, en las partidas de matrimonio, muerte y de nacimiento, la mera consignación del nombre del padre o madre que en esta última se inserte goza de una presunción de autenticidad, de manera que cualquiera que se sienta perjudicado con el establecimiento de una determinada filiación natural debe así acreditarlo (considerando 9º). La mención del nombre del causante, como padre, en la partida de nacimiento de la demandante, resulta suficiente para dar por establecida la filiación natural que hubo entre ambos, por lo que esta última se encuentra legitimada activamente para solicitar la declaración de indignidad para suceder de la demandada, ya que detenta la calidad de heredera (considerando 10º). II.- Habiéndole provocado la muerte la demandada al causante –su cónyuge–, delito por el cual fue condenada por un tribunal de juicio oral en lo penal, corresponde dar lugar a la demanda de indignidad para suceder (considerando 14º). 559

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Fuente: Corte de Apelaciones de Rancagua. Fecha: 19/03/2008. Rol: 324-2007. Partes: Hansi Ester Caris Soto con Mery Ivonne López Rivera. Ministros: Carlos Moreno Sandoval. Legislación aplicada en el fallo: Art.270, 271, 308, 961 y 968 Nº1 Código Civil. Caso 5: Acción de petición de herencia. Fin de la acción es que se reconozca calidad de heredero y se le restituya los bienes que le corresponde como heredero. Heredero de cuota. Hijos naturales son herederos. Plazo de prescripción. Prescripción adquisitiva solo puede reconocida por el Tribunal mediante la interposición de una acción directa de reconocimiento y no como excepción. I.- La acción de petición de herencia es aquella que compete al heredero para obtener la restitución de la universalidad de la herencia, contra el que la está poseyendo, invocando también la calidad de heredero. La acción de petición de herencia no sólo tiene por objeto la adjudicación de la herencia y la restitución de las cosas hereditarias poseídas por el demandado y que constituyen todo o parte del patrimonio dejado por el difunto, sino también el reconocimiento de la calidad de heredero, cuestión que el demandante deberá probar en el juicio. En otras palabras, la aludida acción tiene un doble propósito, pues por una parte persigue el reconocimiento judicial de la calidad de heredero y, por otra, que las personas contra las que se dirige, sean o no falsos herederos, sean condenados a la entrega o restitución de las cosas que componen la herencia. II.- El heredero de cuota tiene el mismo derecho que el heredero universal o el heredero único para deducir la acción de petición de herencia, por cuanto uno y otro se comprenden en la expresión de que se sirve la ley: el que probare su derecho a una herencia. De lo anterior se desprende que si no hay motivo alguno para privar de la acción al heredero de la mitad, del tercio o del quinto de una herencia, cuyo derecho le desconoce el poseedor del patrimonio hereditario, es porque la ley también concede la acción cuando ésta se dirige contra un verdadero heredero que le niega al demandante su derecho a la cuota que le corresponde en la misma herencia. III.- Los derechos hereditarios del hijo natural, en virtud de lo prescrito en los artículos 9º transitorio de la ley Nº 10.271 y 5º 560

JURISPRUDENCIA

de la ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, debe concluirse que si el hijo ha sido reconocido como natural con arreglo a la legislación anterior, subsiste su estado civil bajo el imperio de la ley Nº 10.271; pero, desde la vigencia de ésta, goza de todas las ventajas –entre ellas el derecho a la sucesión ab intestato– y está sujeto a todas las obligaciones que ella le otorga o impone. Por lo tanto, con motivo de la entrada en rigor de esta legislación pasaron a ser herederos de su madre natural y, en lo que interesa a este pleito, llamados a la sucesión intestada de ésta en virtud del primer orden de sucesión regular. IV.- Como todas las acciones patrimoniales, la acción de petición de herencia es prescriptible y su prescriptibilidad está especialmente tratada en el artículo 1269 del Código Civil. Esta norma no hace sino aplicar la regla; general del artículo 2517 del aludido Código, en orden a que toda acción, por la cual se reclama un derecho –en este caso, el derecho real de herencia– se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho, de forma tal que la acción de petición de herencia se extinguirá por prescripción (de naturaleza extintiva) cuando otra persona adquiera el derecho real de herencia por prescripción (de naturaleza adquisitiva). No se adquiere por prescripción adquisitiva mediante la interposición de una excepción, ya que resulta un medio procesal inadecuado, desde el momento que por ella sólo puede invalidar o extinguir los presupuestos de la acción, sin embargo, obsta a su reconocimiento, el cual únicamente puede obtener mediante el pronunciamiento expreso del Tribunal en este sentido, el que solamente es posible obtener mediante la interposición de una acción, ya sea por vía principal y atendida la calidad de demandado de quien reclama la prescripción adquisitiva del derecho, mediante una reconvención, la cual no se dedujo en este procedimiento y, por lo mismo, resulta improcedente emitir decisión en tal sentido. Fuente: Corte Suprema. Fecha: 29/01/2009. Rol: 7032-2007. Partes: Víctor Segundo Cañas Almonacid; Ana María Cañas Almonacid con Francisco Andrés Vargas González; Francisco Andrés Vargas Almonacid; Lidia Carolina del Pilar Vargas Almonacid; Carlos Iring Schmalz Schwarzenberg. Ministros: Guillermo Silva Gundelach; Haroldo Brito Cruz; Juan Araya Elizalde; Oscar Carrasco Acuña; Sergio Muñoz Gajardo. Legislación aplicada en el fallo: Art.272, 1264, 1269 Código Civil. Caso 6: Petición de herencia, acogida. Prueba del estado civil y del parentesco. Partidas o certificados expedidos por Registro Civil. Prueba confesional no resulta apta. 561

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La prueba confesional o absolución de posiciones no constituye medio apto para acreditar o establecer un determinado parentesco o estado civil. En efecto, el legislador establece como primera y principal prueba del estado civil de las personas, a las respectivas partidas o certificados expedidos por la autoridad competente, que es el Servicio de registro Civil. Ello sin perjuicio de otros medios de prueba de carácter supletorio específicamente señalados en el Título XVII del Libro Primero del Código Civil –artículos 304 y siguientes–, como acontece con el caso de la posesión notoria y otros expresamente señalados en el referido título (considerando 4º). Fuente: Corte de Apelaciones de Rancagua. Fecha: 13/01/2009. Rol: 688-2008. Partes: Martina Pinto Pozo con María Sandoval Seguel. Ministros: Carlos Bañados Torres; Carlos Moreno Sandoval; Ricardo Pairicán García. Legislación aplicada en el fallo: Art.304 y Ss., y 1713 Código Civil. Caso 7: Familia. Validez de notificación no se ve afectada por estado etílico de notificado. Del tenor de la norma (letra c) del Nº 15 del artículo 8° de la Ley Nº 19.968) se advierte que la competencia asignada a los tribunales de familia -en relación con los bienes familiaresse restringe a la declaración y desafectación de aquéllos pero sólo en los casos en que tales asuntos sean promovidos entre los cónyuges y, en el caso sub judice, la cancelación de la declaración efectuada ha sido solicitada por una entidad bancaria que obviamente carece de tal calidad. Por otra parte, del mismo texto referido se concluye que el ejercicio de la acción de desafectación no se encuentra limitada únicamente a la actividad de los cónyuges, desde que del encabezado reproducido que señala Los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges, se desprende que también se puede promover entre quienes carecen de tal calidad y, en tal caso, a contrario sensu, no será materia que deba ser conocida y resuelta por un Tribunal de Familia, siendo entonces de competencia de un tribunal civil por aplicación de las reglas generales. Fuente: Corte Suprema Primera Sala (Civil). Fecha: 14 de Julio de 2008. Rol: 2084-2007. Legislación aplicable al fallo: Art.8 Ley 19.968. 562

BIBLIOGRAFÍA 1.- Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. 2.- Ley 16.618 sobre Menores. 3.- 19.620 sobre Adopción. 4.- Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil. 5.- Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia. 6.- Ley 20.066 sobre Violencia intrafamiliar. 7.- Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Juvenil. 8.- Derecho Procesal Orgánico y Funcional. Eric Andrés Chávez Chávez. 2ª Edición, año 2009, Editorial Jurídica Aremi. 9.- Procedimiento Ordinario de Mayor Cuantía. Eric Andrés Chávez Chávez 1ª Edición, año 2006, Editorial Jurídica Aremi. 10.- Práctica Forense y Jurisprudencia Temática. Eric Andrés Chávez Chávez 1ª Edición, año 2010, Editorial Jurídica Aremi. 11.- Código Orgánico de Tribunales, Editorial Abelodo Perrot, 10ª Edición, año 2010. 12.- Código de Procedimiento Civil, Editorial Jurídica de Chile, 18ª Edición, año 2006.

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INDICE

ÍNDICE

1ª PARTE TRIBUNALES DE FAMILIA - PRIMERA PARTE & REGLAS DE DERECHO PROCESAL ORGÁNICO DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

CONCEPTO………………………………………………................... CARACTERÍSTICAS…………………………………...................... TRIBUNALES DE FAMILIA………………………………………… FUNCIONARIOS DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA........…….... ORGANIZACIÓN………………………………………....................... COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA………… CONSEJO TÉCNICO……………………………................................... - SEGUNDA PARTE & LOS JUICIOS ANTE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA (Reglas Generales)

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GENERALIDADES……………......……..................………………… PRINCIPIOS QUE RIGEN………………….………………………… ACUMULACIÓN NECESARIA……..…...…………………………… COMPARECENCIA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO……....…… SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA……..…....……………………… ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO…...………….........………… MEDIDAS CAUTELARES……………………………........………… NOTIFICACIONES………………………….............................……… EXTENSIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL……............… NULIDAD PROCESAL…………………………………..................… LOS INCIDENTES………………………………………...................... FACULTADES DEL JUEZ EN AUDIENCIA Y SANCIONES……….. NORMAS SUPLETORIAS……………………………………….......

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- TERCERA PARTE & PROCEDIMIENTO ORDINARIO ANTE LOS JUZGADOS DE FAMILIA TÍTULO I LA DEMANDA CONCEPTO……………………………………...............................….. APLICACIÓN………………………………………...................……... INICIO DEL PROCESO…………………………………………...…... REQUISITOS DE LA DEMANDA………………………………........ ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA Y RECEPCIÓN……….......... TÍTULO II LA CONTESTACIÓN Y DEMANDA RECONVENCIONAL

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CONTESTACIÓN……………………………..…………...........…… CONCEPTO…………………………………………………………… REQUISITOS………………………………………………………… CLASES DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA……………… PLAZO………………………………………………………………… RECONVENCIÓN…………………………………………………… CONCEPTO…………………………………………………………… FORMA………………………………………………………………… TÍTULO III AUDIENCIA PREPARATORIA CITACIÓN A AUDIENCIA PREPARATORIA……………………… COMPARECENCIA A AUDIENCIA PREPARATORIA…………… AUDIENCIA PREPARATORIA. (Materias que se conocen en ella)… TÍTULO IV AUDIENCIA DE JUICIO CONCEPTO…………………………………………….....………… CARACTERÍSTICAS………………………………………………… CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE CITA A JUICIO………… FUNCIONES DEL JUEZ DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO…

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TÍTULO V LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA

GENERALIDADES…………………………………………………… I.- LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA……………………………… PRUEBA NO SOLICITADA OPORTUNAMENTE………………… II.- LOS MEDIOS DE PRUEBA……………………………………… GENERALIDADES…………………………………………………… LIBERTAD DE PRUEBA…………………………………………… OFRECIMIENTO DE PRUEBA……………………………………… CONVENCIONES PROBATORIAS………………………………… EXCLUSIÓN DE PRUEBA…………………………………………… VALORACIÓN DE LA PRUEBA…………………………………… LOS MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR…………………… 1.- LA TESTIMONIAL……………………………………………… Obligación de concurrir a declarar…………………………………… Obligación de los testigos…………………………………………… Renuencia a comparecer o a declarar………………………………… Excepciones a la obligación de comparecencia……………………… Formalidades de la declaración de personas exceptuadas……………. JURAMENTO O PROMESA………………………………………… Individualización del testigo…………………………………………… Declaración de testigos………………………………………………… Testigos niños, niñas o adolescentes…………………………………… Testigos sordos, mudos o sordomudos………………………………… Intérprete……………………………………………………………… Justificación de los testigos…………………………………………… 2.- PRUEBA PERICIAL……………………………………………… Procedencia…………………………………………………………… Contenido del informe de peritos……………………………………… Admisibilidad y remuneración………………………………………… Improcedencia de inhabilitación de los peritos………………………… Declaración de peritos………………………………………………… 3.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES……………………………… Procedencia…………………………………………………………… Contenido de la declaración y admisibilidad de las preguntas………... Sanción por la incomparecencia……………………………………… Facultades del tribunal………………………………………………… 4.- OTROS MEDIOS DE PRUEBA…………..……………………… 567

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TÍTULO VI OBSERVACIÓN A LA PRUEBA

OBSERVACIÓN A LA PRUEBA…………………………………...... 53 TÍTULO VII SENTENCIA GENERALIDADES…………………………………………………… A.- DICTAMEN O VEREDICTO…………………………………… B.- LA SENTENCIA………………………………………………… CONCEPTO…………………………………………………………… CONTENIDO DE LA SENTENCIA………………………………… TÍTULO VIII RECURSOS RECURSOS……………………………………………………….…… - CUARTA PARTE & LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA GENERALIDADES………………………………………….....……… 1.- LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN.............................................................................. Comparecencia del niño, niña o adolescente………………………….. Inicio del procedimiento……………..………………………………… Medidas cautelares especiales………..………………………………… AUDIENCIA PREPARATORIA………-……………………………… AUDIENCIA DE JUICIO……………………………………………… Medida de separación del niño, niña o adolescente de sus padres…..... SENTENCIA……………………….....……………………………… Obligación de informar acerca del cumplimiento de las medidas adoptadas…………………..................…………………………… Incumplimiento de las medidas adoptadas…………………………...... 568

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Obligación de visita de establecimientos residenciales………………… Derecho de audiencia con el juez……………………………………… Suspensión, modificación y cesación de medidas…………………… Información al SENAME………..…………………………………….. 2.- PROCEDIMIENTO RELATIVO A LOS ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMPETENCIA……………………………………………………… Competencia extensiva especial……………………………………… INICIO DEL PROCEDIMIENTO……………………………………. Actuación de la policía………………………………………………… Obligación de denunciar…….………………………………………… Exámenes y reconocimientos médicos………………………………… CONTENIDO DE LA DEMANDA…………………………………… Contenido de la denuncia……………………………………………… Identificación del ofensor……………………………………………… Solicitud de extracto de filiación del denunciado o demandado……..... Remisión de antecedentes si el hecho denunciado reviste caracteres de delito……………........................................................................... Actuaciones judiciales ante demanda o denuncia de terceros………....... Medidas cautelares en protección de la víctima……………………… Comunicación y ejecución de las medidas cautelares………………… CITACIÓN A AUDIENCIA PREPARATORIA……………………… Suspensión condicional de la dictación de la sentencia………………. Improcedencia de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia.. Efectos de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia...... Revocación…………………………………………………………… Término del proceso…………………………………………………… SENTENCIA………………………………………………………… 3.- LOS ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS. Actos judiciales no contenciosos………………………...…………… 4.- PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL ANTE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA APLICACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO……..………………… Normas aplicables……………………………………………………… Tribunal competente……………………………………….…………… 569

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INICIO DEL PROCEDIMIENTO………………………..…………… Notificación a audiencia…………………………………..…………… Adolescente no concurre a la audiencia………………….…………… Derecho del adolescente………………………………….…………… OBLIGACIÓN DEL JUEZ EN LA AUDIENCIA……….…………… Negación de los hechos o se guarda silencio…………….…………… Sanciones que puede imponer el juez…………………….…………… RECURSOS……………………………………………….…………… Sustitución de la pena……………………………………..…………… Incumplimiento de la pena………………………………..…………… Inimputable…………………………………………………………… - QUINTA PARTE & LA MEDIACIÓN FAMILIAR MEDIACIÓN………………………………………………………… Avenimientos obtenidos fuera de un procedimiento de mediación…... PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN………………………………… MEDIACIÓN PREVIA, VOLUNTARIA Y PROHIBIDA…………… Derivación a mediación y designación del mediador………………… Citación a la sesión inicial de mediación……………………………… REGLAS ESPECIALES SOBRE LA MEDIACIÓN EN CAUSAS RELATIVAS AL DERECHO DE ALIMENTOS…........……… Duración de la mediación…………................……………………….. Acta de mediación…………………………….........…………………. Registro de mediadores…………………………………………………. Eliminación del Registro y sanciones…………………………………. Costo de la mediación………………………………………………..... 2ª PARTE LEYES COMPLEMENTARIAS LEY 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias... LEY 16.618 sobre Menores………………………........……………… LEY 19.620 sobre Adopción…………………………...……………… LEY 19.947 sobre Matrimonio Civil…………………….……………… LEY 19.968 sobre Tribunales de Familia……………………………… LEY 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar……………………………… LEY 20.084 sobre Responsabilidad Penal Juvenil…………….............. 570

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3ª PARTE PRÁCTICA FORENSE PRIMERA SECCIÓN - ALIMENTOS -

Transacción Alimentos………………………………………............… Retención de la pensión alimenticia, para su pago directo al alimentario. Escritura Pública de Transacción (Alimentos futuros obligatorios)…... Escritura Pública de Alimentos (Voluntarios)………………………… Cese de pensión de Alimentos………………….……………………… Alimentos mayores al marido………………….……………………… Alimentos mayores a la mujer………………….……………………… Alimentos menores……………………………...……………………… Rebaja alimentos menores……………………..……………………… Procedimiento Ejecutivo ante los Tribunales de Familia.……………… Solicita se otorgue credencial de salud………………………………… Se opone a suma fijada como alimentos provisionales…………………. Rebaja provisoria……………………….……………………………… Solicita se cumpla con la liquidación de la deuda………………………. Oficios que indica………………………...…………………………… Alega la prescripción de todas y cada una de las pensiones devengadas.. Alega la prescripción de todas y cada una de las pensiones devengadas (2ª solicitud)…….....……….................................................................. SEGUNDA SECCIÓN - ADOPCIÓN Procedimiento previo a la adopción……………………….....…….... Adopción……………………………………………………………… Solicita se entregue menor a cuidado de adoptantes…………………… Solicita la acumulación que indica………………………………….. TERCERA SECCIÓN - ARRAIGO -

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Arraigo de los menores que indica……………………………………. 292

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CUARTA SECCIÓN - ARRESTO -

Solicita se despache orden de arresto en contra del alimentante con carácter de permanente, indicándose su nuevo domicilio…………......... Se deje sin efecto el arresto que se indica, oficiándose………………….. Certificación de ejecutoria……………………………………………... Solicita se mantenga arresto nocturno por 15 días más a……….., por incumplimiento de la obligación alimenticia………………………… QUINTA SECCIÓN - AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO Autorización para contraer 2ª nupcias…………………………………

Autorización Autorización Autorización Autorización Autorización Autorización

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297

SEXTA SECCIÓN - AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR enajenar acciones y derechos de menor……………… para enajenar Bienes Raíces…………………………. judicial para formar sociedad………………………… Gravar Bienes Raíces…………………………………… para Litigar………………………………………............ Enajenar Derechos de Aguas……………………………

301 303 305 307 309 310

SÉPTIMA SECCIÓN - AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS -

Autorización Autorización Autorización Autorización

para salir del país…………………………………....... para salir del país (2ª solicitud)………………………… de salida de menor del país (poder)…………………… de salida de menor del país (escritura pública)…………..

OCTAVA SECCIÓN - AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR UN MENOR -

312 315 317 318

Autorización para trabajar otorgada a un menor……………………… 319 Autorización para trabajar menor de edad. (Escritura pública)……… 320

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NOVENA SECCIÓN - BIENES FAMILIARES -

Declaración de bien familiar…………………………………………. Desafectación bien familiar…………………………………………… Desafectación bien familiar de común acuerdo………………………… Constitución de usufructo sobre bien familiar……………………………

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DÉCIMA SECCIÓN - CUIDADO PERSONAL -

Cuidado personal de menor…………………………………………… Cuidado personal de menor (2ª solicitud)……………………………… Cuidado personal de menor (3ª solicitud)……………………………… Se pida cuenta de oficios a la brevedad………………………………… Avenimiento cuidado personal………………………………………… DÉCIMA PRIMERA SECCIÓN - DISENSO Disenso………………………………………………………….……… Escritura pública de asenso o licencia para contraer matrimonio……... DÉCIMA SEGUNDA SECCIÓN - DIVORCIO Acuerdo completo y suficiente de las relaciones mutuas de los cónyuges y de los hijos………………………………….......……………….. Divorcio de común acuerdo…………………………………………… Divorcio unilateral. Causal art.54 Nº1 Ley 19.947…………………… Divorcio por cese efectivo de la convivencia………………………… Divorcio unilateral. Causal art.54 Nº2 Ley 19.947…………………… Divorcio unilateral. Causal art.54 Nº3 Ley 19.947…………………… Divorcio unilateral. Causal art.54 Nº4 Ley 19.947…………………… Divorcio unilateral. Causal art.54 Nº5 Ley 19.947…………………… Divorcio unilateral. Causal art.54 Nº3 Ley 19.947…………………… Divorcio unilateral. Causal art.54 Nº6 Ley 19.947…………………… Contesta la demanda de divorcio………………………………………. Opone excepción por no pago de pensión de alimentos y contesta la demanda.. Solicita verificación que indica………………………………………… Contesta demanda de divorcio………………………………………… Se excuse de comparecer al demandante por motivos laborales…….. 573

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DÉCIMA TERCERA SECCIÓN - ENTREGA INMEDIATA DE UN MENOR -

Entrega inmediata de un menor……………………………………… 384 Entrega inmediata de un menor (2ª solicitud)………………………… 386 DÉCIMA QUINTA SECCIÓN - FILIACIÓN -

Determinación de filiación no matrimonial…………………………… Demanda Impugnación de paternidad………………………………… Demanda Impugnación de paternidad………………………………… DÉCIMA SEXTA SECCIÓN - GUARDAS Nombramiento curador especial………………………………………... Nombramiento curador del demente…………………………………… Nombramiento curador ad litem……………………………………….. Excusa de servir la guarda……………………………………………… Nombramiento de curador…………………………………………… Exención de fianza y de inventario solemne………………………… Discernimiento de guarda y fianza. Escritura pública…………………….. Nombramiento de curador de bienes………………………………… DÉCIMA SÉPTIMA SECCIÓN - MEDIDA DE PROTECCIÓN Medida de protección………………………………………….............. Medida de protección provisional……………………………………. DÉCIMA OCTAVA SECCIÓN - NULIDAD -

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Nulidad de matrimonio…………………………………………............ 413 DÉCIMA NOVENA SECCIÓN - PATRIA POTESTAD Suspensión patria potestad……………………………………………. 415 574

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VIGÉSIMA SECCIÓN - REGULACIÓN CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA FAMILIA -

Regulación contribución económica a la familia…………………… VIGÉSIMA PRIMERA SECCIÓN - RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR Relación directa y regular……………………………………………. Relación directa y regular (2ª solicitud)……………………………… Relación directa y regular de consuno……………………………… Solicita se decreten visitas provisorias………………………………… Demanda cumplimiento de relación directa y regular………………… Demanda suspensión de relación directa y regular…………………… Recuperación de visitas………………………………………………… Solicita se conceda el auxilio de la fuerza pública desde ya para retiro de menores desde casa de la madre, para cumplir relación directa y regular decretada, entregándoseme oficio respectivo………. VIGÉSIMA SEGUNDA SECCIÓN - SEPARACIÓN DE HECHO Separación de hecho……………………………………………............ VIGÉSIMA TERCERA SECCIÓN - SEPARACIÓN JUDICIAL Separación judicial……………………………………………………... VIGÉSIMA CUARTA SECCIÓN - SEPARACIÓN JUDICIAL DE BIENES Separación judicial de bienes………………………………………… VIGÉSIMA QUINTA SECCIÓN - VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Violencia Intrafamiliar…………………….…………………………..... Demanda de Violencia Intrafamiliar…………………………………… 575

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VIGÉSIMA SÉPTIMA SECCIÓN - OTROS ESCRITOS -

Abandono de procedimiento………...……………………............…….. Solicita suspensión de audiencia por abogado del turno y se fije nuevo día que indica............................................................................... Se excusa, atendido razones que indica, en Subsidio se indique expresamente la disposición legal que obliga a servir el cargo de abogado del turno en Tribunal de Familia............................................ Certificación………………………………………...........………… Consigna para pagar…………………………………………………..... Forma de notificación………………………………………………….. Objeta liquidación del crédito………………………………………… Solicita practicar notificación por Receptor Judicial, a mi costa………. Oficio que indica……………………………………………………….. Oficios que indica……………………………………………………... Se ingrese la causa a intranet por cédula de identidad de mandatario judicial................................................................................... Solicita se ponga en conocimiento de la Fiscalia de ……….., el extravío del expediente…………………………………….............……………. Solicita suspensión de audiencia de común acuerdo……………… Se fije alimentos provisorios……………………………………….... Cumplimiento de sentencia, con citación…………………………… Se cite a audiencia especial por motivo que indica………………… 4ª PARTE - JURISPRUDENCIA PRIMERA SECCIÓN - ADOPCIÓN Caso 1: Susceptibilidad de adopción. Cuidado personal de los hijos. Causales de inhabilidad física o moral. Interés superior del niño. Derechos fundamentales de los menores. Atribución de cuidado personal a otra persona competente. Adopción. Libre y sano desarrollo de la personalidad. Alcoholismo........................................ Caso 2: Declaración de susceptibilidad de adopción. Adopción de menor. Deber de investigar situación familiar actual. Circunstancias que no constituyen inhabilidad. Pobreza. Limitación intelectual. Anotación prontuarial…………………… 576

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Caso 3: Procedimiento de susceptibilidad de adopción de menor, acogido. Derecho del niño a crecer junto a sus padres, excepción. Inhabilidad física o moral. No proporción de atención personal o económica. Entrega del menor a una institución de protección de menores o a tercero para librarse de las obligaciones legales. Abandono del menor en la vía pública, lugar solitario o recinto hospitalario………............ Caso 4: Declaración de susceptibilidad de adopción. Convención sobre los Derechos del Niño. Derecho a conocer a los padres y ser cuidado por ellos. Derecho reconocido en la medida de lo posible. Adopción de menor por matrimonio compuesto por su madre biológica y marido. Dificultades de poseer apellido paterno distinto de aquél del marido de su madre. Conocimiento del padre biológico…………. SEGUNDA SECCIÓN - ALIMENTOS Caso 1: Indemnización de perjuicios. Alimentos obtenidos con dolo. Incompetencia del juzgado de familia. Cuestiones derivadas de las relaciones de familia. Respeto del principio de inexcusabilidad. Necesidad de comparecer ante el juez naturalmente competente... Caso 2: Divorcio. Solicitud de cese de pensión de alimentos. Época para el fin de derechos patrimoniales derivados del matrimonio. Momento en que la sentencia de divorcio queda ejecutoriada. Partes que han solicitado momento distinto para el cese de la pensión. Juez no incurre en ultra petita al no pronunciarse a favor de una de las partes. Juez debe resolver conforme a derecho.............................. Caso 3: Juicio de alimentos. Cuidado personal a cargo de la madre. Determinación de monto. Carga de la prueba. Ley presume la circunstancia que el alimentante posee medios para cumplir con la obligación alimenticia. Ley no presume que los ingresos sean igual a un ingreso mínimo. Necesidades propias de una menor no se satisfacen con una cantidad inferior al 60% de un ingreso mínimo mensual…… Caso 4: Alimentos menores. Demanda deducida contra los abuelos. Necesidad que exista sentencia ejecutoriada declarando insuficiencia del padre o madre. Reglas sobre preferencia. Improcedencia de demandar de alimentos directamente a los abuelos. Rechazo de la plano de la demanda………………… Caso 5: Solicitud de pensión de alimentos. Cónyuge que abandona el hogar común. Inexistencia de antecedentes sobre violencia intrafamiliar o infracción a deberes matrimoniales. Padre que ha debido encargarse del cuidado de los hijos. Madre que no ha solicitado siquiera 577

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regularización de visitas. Circunstancias que eximen al demandado de su obligación de pagar alimentos…………………………………. Caso 6: Cese provisorio de pensión de alimentos. Presentación de nuevos antecedentes. Formulación de un incidente. Facultad del tribunal para modificar o dejar sin efecto un auto o decreto firme. Reglas sobre incidentes……………………………. Caso 7: Demanda de alimentos. Anulación de oficio. Rechazo de oficio de demanda reconvencional. Infracción a las normas del debido proceso. Falta de oportunidad de discutir las cuestiones jurídicas derivadas de la demanda reconvencional........................................... Caso 8: Alimentos, acogida. Alimentos, concepto. Fijación de los alimentos. Requisitos de la obligación alimenticia. Ítems que debe comprender la pensión de alimentos. Consideración de prueba rendida únicamente en audiencia de juicio. Irrelevancia de prueba ofrecida en los incidentes de alimentos provisorios……………………………… Caso 9: Acción pauliana o revocatoria en materia de alimentos. Requisitos estrictos. Celebración de actos entre alimentante y terceros de mala fe. Finalidad de reducir el patrimonio del alimentante en perjuicio del alimentario. Sola disminución en el patrimonio del alimentante no es suficiente para la acción revocatoria. Carga de la prueba es del alimentario. Puntos que debe acreditar el alimentario……… Caso 10: Infidelidad de cónyuge no constituye injuria atroz que ponga fin a derecho de alimentos……………………………………. TERCERA SECCIÓN - BIENES FAMILIARES Caso 1: Desafectación de bien familiar, rechazado. Declaración afecta los derechos de un tercero. Acreditación de que dejó de ser residencia principal de la familia. Formas de desafectación. Continuación de bien familiar una vez terminado el matrimonio. Asegurar a la familia un hogar físico estable. Garantía de protección para el cónyuge más débil. Voto disidente. Requisitos objetivos para desafectar en caso de divorcio... Caso 2: Solicitud de desafectación de bien familiar, rechazada. Divorcio no es suficiente para desafectar el bien. Necesidad de acreditar que inmueble ya no sirve de residencia principal a la familia. Familia integrada por madre e hijo menor de edad. Interés superior del niño. Principio de rango constitucional……... Caso 3: Declaración de bien familiar, acogida. Sociedad conyugal. Bienes sociales pertenecen a uno de los cónyuges. Sociedad conyugal no constituye otro patrimonio. Bienes 578

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familiares, requisitos. Carácter imperativo de la declaración…... 481 Caso 4: Declaración bien familiar de inmueble, procedente. Casados bajo el régimen de separación total de bienes. Amenazas de sacarlas del hogar donde viven. Requisitos para otorgar la calidad de bien familiar. Edificio afectado sin las divisiones correspondientes. Sitio inscrito a nombre del demandado permite concederlo…………………………… 483 CUARTA SECCIÓN - COMPENSACIÓN ECONÓMICA -

Caso 1: Divorcio, acogido. Compensación económica. Naturaleza jurídica no definida. Requisito de existencia de menoscabo económico. Solicitante debe acreditar el menoscabo patrimonial. Objetivo de la compensación económica. Finalidad de mitigar situación económica desmedrada del cónyuge más débil................................................... Caso 2: Divorcio, acogido. Compensación económica, acogida. Regla general es que se pague de una sola vez. Por excepción puede pagarse en cuotas. Finalidad de la ley no era pagar una pensión mensual... Caso 3: Divorcio. Compensación económica, concepto y finalidad. Liquidación de la sociedad conyugal, concepto y finalidad. Instituciones con objetos diferentes. Improcedencia que una liquidación sustituya la compensación. Nulidad de todo lo obrado… Caso 4: Divorcio, acogido. Compensación económica, acogida. Reducción de la jornada de trabajo para dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar. Producción de menoscabo económico. Improcedencia de exigir prueba directa del menoscabo económico. Basta acreditar que solicitante podía y queríadedicarsealaboresremuneradasenmayormedidadeloquelohizo... Caso 5: Divorcio. Compensación económica, requisitos. Carácter reparatorio. Cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos o a las labores delhogarcomún.Relacióndecausalidadentreelnodesarrollodeactividad lucrativa y dedicación a los hijos o al hogar. Necesidad de acreditar el menoscabo económico. Principio de protección del cónyuge más débil... Caso 6: Compensación económica, término del matrimonio. Naturaleza. Perjuicios resarcibles, tipos. Criterio monto, determinación elementos... Caso 7: Divorcio y liquidación de sociedad conyugal. Fijación del activo y pasivo social. Compensación económica. Cuidado de la familia y crianza de los hijos. Contribuir a la actividad económica del cónyuge...

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QUINTA SECCIÓN - CONCUBINATO -

Caso: Comunidad de bienes entre concubinos, acogida. Comunidad no emana del concubinato. Comunidad emana de la adquisición de bienes fruto del trabajo conjunto. Concubinato es un hecho jurídico… SEXTA SECCIÓN - CUIDADO PERSONAL Caso 1: Cuidado personal de los hijos. Distribución de los hijos, concurrencia retrocesión. Cuidado personal de la madre, concurrencia causal justificativa. “Otra causal justificada”, causal legal……....... Caso 2: Cuidado personal. Derecho a contar con defensa letrada. Permitir a los intervinientes ejercer sus derechos en el procedimiento de familia. Procedencia de “otras formas” de notificación. Medio debe ser suficientemente eficaz y no causar indefensión. Notificación vía telefónica. No hacer llegar contenido de la resolución Imposibilidad de rendir prueba. Faltar a algún trámite esencial.... Caso 3: Cuidado personal. Inhabilidad física o moral. Preferencia de los consanguíneos más cercanos para efectos del cuidado personal. Interés superior del niño. Protección de los derechos fundamentales de los menores. Libre desarrollo de la personalidad. Relación directa y regular. Suspensión del derecho de relación directa y regular. Perjuicio manifiesto al bienestar del hijo... Caso 4: Cuidado Personal del Niño. Cuidado actual a cargo de Abuela paterna. Impedimentos de los padres para ejercer cuidado personal. Inhabilidad Física y Moral. Principio del interés superior del niño… Caso 5: Demanda de tuición de hijo menor. Regulación jurídica del cuidado de los hijos..................................................................................... Caso 6: Cuidado personal. Derecho a contar con defensa letrada. Permitir a los intervinientes ejercer sus derechos en el procedimiento de familia. Procedencia de “otras formas” de notificación. Medio debe ser suficientemente eficaz y no causar indefensión. Notificación vía telefónica. No hacer llegar contenido de la resolución. Imposibilidad de rendirprueba.Faltaraalgúntrámiteesencial............................................. Caso 7: Cuidado personal. Atribución legal del cuidado personal. Deber genérico de crianza. Atribución convencional. Criterios de atribución judicial. Interés superior del niño. Derecho del niño a ser oído. Estabilidad emocional del menor. Causa calificada……… 580

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Caso 8: Restitución inmediata de menor. Aplicación de la Convención sobre Secuestro Internacional de Niños. Deber de acreditar tener la tuición. Causal de excepción. Grave riesgo o peligro psicológico. Daño que puede causar separar a menor de su madre.... Caso 9: Cuidado personal. Atribución legal del cuidado personal. Deber genérico de crianza. Atribución convencional. Criterios de atribución judicial. Interés superior del niño. Derecho del niño a ser oído. Estabilidad emocional del menor. Causa calificada........... Caso 10: Cuidado personal. Causales de inhabilidad de los padres. Regla general del cuidado personal. Facultad del juez para entregar cuidado al otro de los padres. Situación de una menor próxima al inicio de la adolescencia. Persona que mejor puede orientar a la menor es la madre... Caso 11: Demanda de tuición de hijo menor. Regulación jurídica del cuidado de los hijos……….........................………………………… SÉPTIMA SECCIÓN - DIVORCIO Caso1:Divorcio.Divorcioconculpa.Causaldetransgresióngraveyreiterada de los deberes propios del matrimonio.Abandono del hogar común para ir a vivir con otra pareja. Transgresión del deber de convivencia y fidelidad. Obligación que excede al adulterio. Carácter grave y reiterado de la falta... Caso 2: Divorcio. Causal imputable a otro cónyuge. Divorcio culpa o sanción, requisitos. Infracción grave a los deberes matrimoniales. Malos tratamientos graves contra integridad física o psíquica del cónyuge. Transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad. Juez pondera gravedad de la falta imputada.............. Caso 3: Divorcio. Divorcio culpable. Transgresión a los deberes de convivencia, socorro y fidelidad. Agresiones verbales, infidelidad, falta de apoyo económico. Carácter grave y reiterado de las transgresiones... Caso 4: Divorcio, acogido. Divorcio culposo. Causal de infidelidad. Fidelidad, concepto amplio. Diferencia entre fidelidad y exclusividad de sentimiento. Causales deben ser graves y tornar intolerable la vida en común................................................................................................ Caso 5: Demanda reconvencional de divorcio. Acumulación necesaria en materia de familia. Acumulación procede en caso que acciones tengan el mismo procedimiento. Juicio de alimentos no admite demanda reconvencional de divorcio. Divorcio, nulidad y separación tienen ritualidades especiales. Reconvención no admite demanda reconvencional............................................................................ 581

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Caso 6: Divorcio. Indemnización del daño moral. Competencia del juzgado de familia. Cuestiones personales derivadas de las relaciones de familia. Demanda fundada en infracción de deberes matrimoniales………… Caso 7: Derecho a la intimidad y la inviolabilidad de la comunicación privada. Demanda de divorcio culpable. Correos electrónicos usados como prueba en juicio de Familia. Incidente de exclusión por ilicitud de prueba. Uso debatido en su oportunidad legal. Decisión judicial no puede ser impugnada por el recurso de protección………………………… Caso 8: Divorcio. Incomparecencia de demandante a audiencia de preparación. Norma no exige ratificación de la demanda, solo su relación breve y sintética. Principio de actuación de oficio del tribunal. Incomparecencia puede ser subsanada por el tribunal. Dar curso progresivo a los autos. Perjuicios que acarree la incomparecencia del demandante son de su responsabilidad........................................ Caso 9: Divorcio por voluntad unilateral, rechazada. Requisitos. Cese de la convivencia efectiva. No cumplimiento reiterado la obligación de alimentos. No pago de alimentos. Impide acoger divorcio. La finalidad de la disposición es sancionar la infracción a la obligación de socorro y el principio de protección al cónyuge más débil y de los hijos.... Caso 10: Divorcio, acogido. Privación de la acción de divorcio. Sanción al no pago reiterado de alimentos. Sanción que no tiene efecto retroactivo. Improcedencia de la sanción respecto de actos ejecutados bajo antigua Ley de Matrimonio Civil. Interpretación en forma restrictiva… Caso 11: Divorcio vincular de matrimonio celebrado en el extranjero, rechazado. Matrimonio inscrito en Chile. Divorcio unilateral, requisitos. Requisito de pago pensión de alimentos permite no acoger solicitud, requisitos. Finalidad de requisito es castigar la infracción del deber de socorro. Compensación económica. Liquidación conyugal no corresponde a una compensación. Instituciones jurídicas distintas... Caso 12: Divorcio. Causal imputable a otro cónyuge. Divorcio culpa o sanción, requisitos. Infracción grave a los deberes matrimoniales. Malos tratamientos graves contra integridad física o psíquica del cónyuge. Transgresión grave y reiterada del deber de fidelidad. Juez pondera gravedad de la falta imputada………… Caso 13: Divorcio por voluntad unilateral, rechazada. Requisitos. Cese de la convivencia efectiva. No cumplimiento reiterado la obligación de alimentos. No pago de alimentos. Impide acoger divorcio. La finalidad de la disposición es sancionar la infracción a la obligación de socorro y el principio de protección al cónyuge más débil y de los hijos…….. Caso 14: Divorcio. Juez no puede declararse incompetente si demandada tiene su domicilio en otro país………………………… 582

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OCTAVA SECCIÓN - FILIACIÓN -

Caso 1: Reclamación de estado civil. Filiación, concepto. Relación entre matrimonio y filiación. Hijos nacidos durante el matrimonio. Presunción de paternidad. “Pater is est”. Necesidad de interponer conjuntamente acción de impugnación................................................. Caso 2: Acción de filiación no matrimonial. Citación a peritaje biológico. Inasistencia del demandado. Presunción de paternidad. Necesidad que citación se efectúe mediante notificación personal. Citación debe hacerse al demandado y no a su apoderado. Notificación por cédula al apoderado. Causal de casación en la forma. Falta de citación a diligencia de prueba... Caso 3: Reclamación de filiación no matrimonial. Emplazamiento, concepto.Faltadeemplazamiento.Trámiteesencialdetodojuicio.Causal de casación en la forma. Indefensión del demandado……………… Caso 4: Acción de reclamación de paternidad. Filiación no matrimonial. Excepción de cosa juzgada.Acción de desistimiento no se contradice con el carácter de imprescriptible e irrenunciable de la misma. Desistimiento es una institución de aplicación general. Que la acción sea irrenunciable significa que no puede renunciarse anticipadamente. Una vez ejercida dichaacciónpuededesistirsedeella.......................................................... Caso 5: Reclamación de filiación y reconocimiento de paternidad, acogida. Investigación de la paternidad o maternidad. Examen de ADN o pericia biológica. Renuencia a someterse al examen. Presunción grave de paternidad. Proceso iniciado antes de la modificación del artículo 199 del Código Civil. Vigencia de la norma en su antigua redacción….... Caso 6: Acción de nulidad del acto de reconocimiento de la menor. Vicios de voluntad. Determinación de la filiación no matrimonial. Examen deADN no se reitero en la etapa procesal pertinente. Ardid para engañar y timar con el único propósito de aprovecharse una mejor situación económica. Acreditación del error, fuerza y dolo en el juicio. Sana crítica…..

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NOVENA SECCIÓN - GUARDAS -

Caso 1: Partición de bienes. Reglas de la guarda. Relaciones entre el incapaz y su curador. Conflicto de intereses. Necesidad de nombrar curador ad litem..................................................................................... Caso 2: Nulidad relativa de contrato, acogida. Contrato de hipoteca. Compareciente interdicto en la administración de sus bienes. Falta de autorización judicial previa para constituir la garantía. Nulidad que no se extiende al resto de las partes….......................................... Caso 3: Cese de administración extraordinaria. Administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Curador de bienes. Ausencia prolongada del marido. Causales de cese de administración extraordinaria. Procuradora general. Requisitos de nombramiento de curador. Imposibilidad de administración de tercero mediante mandato... Caso 4: Recurso de Casación en la Forma. Falta de Emplazamiento Válido. Omisión de Citar a Conciliación. Legitimación Activa. Abogado Nombrado por Curador Provisorio, Efectos. Ratificación de Mandato Judicial por Curadores Definitivos, Oportunidad Procesal…… DÉCIMA SECCIÓN - INTERDICCIÓN POR DEMENCIA Caso 1: Interdicción provisoria. Interdicción, concepto, finalidad y requisitos. “Demencia”. Concepto no definido por el legislador. Conceptos doctrinarios y jurisprudenciales de demencia. Interpretación en sentido amplio. Extensión de la definición técnica………… Caso 2: Solicitud de interdicción por demencia. Posibilidad de decretar medidas cautelares innovativas. Declaración interina sobre el fondo. Innecesariedad de prueba absoluta de la incapacidad del demandado. Existencia de un grado de verosimilitud de la acción. Interdicción provisoria. Restricción de la aptitud de obrar. Aplicación en los procesos de familia...................................................... Caso 3: Nulidad de contratos de compraventa. Restitución del precio pagado a la vendedora. Interdicción por causa de demencia. Buena fe contractual..............................................................................

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DÉCIMA PRIMERA SECCIÓN - MEDIDA DE PROTECCIÓN -

Caso 1: Medidas de protección, Derecho de familia. Requisitos procedencia,concurrencia.Antecedentesquelajustifiquen,existencia… 528 Caso 2: Internación de menores a un hogar. Medida de protección. Interés superior del niño. Necesidad que se hagan los mayores esfuerzos para que el niño se desarrolle con sus padres. Futuro incierto de niños que viven en hogares o con terceras personas. Terceros que se hacen cargo del desarrollo de los menores. Situación que debe ser ante circunstancias muy calificadas y extraordinarias. Carencias en el hogar no son antecedente suficiente…………… 582 Caso 3: Medidas de protección, Derecho de familia. Requisitos procedencia, concurrencia. Antecedentes que la justifiquen, existencia.. 529 DÉCIMA SEGUNDA SECCIÓN - NULIDAD DE MATRIMONIO -

Caso 1: Nulidad de matrimonio, rechazada. Causal de vínculo matrimonial no disuelto. Cónyuge bígamo fallecido. Necesidad de demandar también a sus herederos. Titularidad activa y pasiva de la acción. Efectos de la Nueva Ley de Matrimonio Civil. Aplicación del régimen de nulidad de la nueva ley…................................................ Caso 2: Nulidad de matrimonio. Formalidades y requisitos externos del matrimonio. Legitimación activa. Heredero del cónyuge del segundo matrimonio. Titularidad activa de quien tenga interés en ello. Efecto retroactivo de las leyes. Aplicación retroactiva de las normas sobre separación, divorcio y nulidad....... Caso 3: Ministerio Público siempre debe ser oído en juicios sobre nulidad de matrimonio. Casación de oficio…………………......... DÉCIMA TERCERA SECCIÓN - PATRIA POTESTAD Caso: Dictación de orden de detención contra menor adulto. Incapacidad relativa. Vulneración al derecho a la libertad personal. Principio de la debida representación. Deber del juez de velar por debida representación de niños...............................................................

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DÉCIMA CUARTA SECCIÓN - RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR -

Caso 1: Relación directa y regular. Sentencia debe establecerla de oficio si partes no la piden. Protección acogida…………………………… Caso 2: Entorpecimiento de relación directa y regular por quien ejerce tuición no puede ser sancionada con arresto……............................ Caso 3: Relación directa y regular. Acercamiento entre padre e hija debe ser gradual si contacto anterior es nulo………….................…… Caso 4: Relación directa y regular constituye un derecho-deber que sólo puede ser restringido por causas graves……….................. Caso 5: Aspectos civiles del secuestro internacional de niños. Relación directa y regular, regulación. Sistema comunicación, legalidad. Interés superior del niño, importancia y alcance concreto… Caso 6: Relación directa y regular. Derecho de los niños. Deber del estado de velar por el derecho de los niños. Deber de los progenitores. Formación futura e integral de los jóvenes. Identidad de los niños. Carácter esencial de la relación directa y regular. Suspensión o restricción de la relación directa y regular............... Caso 7: Relación directa y regular. Acto ilegal o arbitrario. Resolución de oficio. Cúmplase de la sentencia Antecedentes graves y calificados. Derecho a la integridad psíquica. Derecho a un racional y justo procedimiento. Vía ordinaria de resolución de conflictos.......... Caso 8: Relación Directa y Regular. Apreciación de la Prueba. Reglas de la Sana Crítica. Interés superior del niño…............................................ Caso 9: Menor separado de sus padres. Medida cautelar de suspensión del régimenderelacióndirectayregular.MenoracargodeCentrodeAtención. Garantía constitucional a la libertad de opinión y de informar. Solicitud de entregar toda aquella información vinculada al tratamiento de salud del menor. Facultades de restringir o limitar garantías individuales por parte del Tribunal de Familia. No existencia de acto ilegal o arbitrario… Caso 10: Relación Directa y Regular. Apreciación de la Prueba. Reglas de la Sana Crítica. Interés superior del niño……………….. Caso 11: No es apelable la resolución que ordena el cumplimiento forzado de relación directa y regular…….......................................... DÉCIMA QUINTA SECCIÓN - SEPARACIÓN DE BIENES Caso: Separación de bienes. Estatuto personal establecido en las leyes patrias. Sujeción de los chilenos a éste. Situación de matrimonio entre 586

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chilenos celebrado en el extranjero. Improcedencia del artículo 135 inciso 2º del Código Civil. Contrayentes se entienden casados bajo sociedad conyugal. Matrimonio de extranjeros celebrado fuera de Chile... DÉCIMO SEXTA SECCIÓN - SEPARACIÓN JUDICIAL DE BIENES Caso 1: Separación judicial de bienes. Objeto de la acción. Devolución de bienes de dominio de la mujer.Aporte a la sociedad conyugal.Acción que solo puede impetrarla la mujer. Marido carece de legitimidad activa… Caso 2: Demanda de nulidad de pacto de separación total de bienes y de liquidación de la sociedad conyugal. Nulidad por simulación absoluta. Presupuestos de procedencia de la nulidad por simulación absoluta. Legitimación activa de la acción de simulación. Nulidad por infracción de norma prohibitiva. Concepto de ley prohibitiva. Carácter de la norma del inciso segundo del artículo 1723 del Código Civil. Efectos del pacto de separación total de bienes respecto de deudas contraídas dentro del patrimonio reservado de la mujer con anterioridad a la separación... Caso 3: Procede acoger demanda de separación judicial de bienes si allanamiento del demandado no afecta derechos de terceros..... DÉCIMO SÉPTIMA SECCIÓN - SOCIEDAD CONYUGAL Caso 1: Sociedad Conyugal, administración bienes. Capacidad mujer casada, subsistencia administración marido. Emplazamiento demanda, legalidad. Servidumbre, legitimidad pasiva acción……… Caso 2: Sociedad Conyugal, administración bienes. Capacidad mujer casada, subsistencia administración marido. Emplazamiento demanda, legalidad. Servidumbre, legitimidad pasiva acción…… Caso 3: Acción de nulidad relativa. Sociedad conyugal. Exclusión del bien inmueble en el haber social. Patrimonio social. Haber propio. Capitulaciones matrimoniales. Título que precede a la sociedad. Autorización de la mujer casada…… Caso 4: Solicitud de Enajenación de Inmueble de la Sociedad Conyugal. Procedimiento Contencioso. Oposición de Mandatario del Marido. Administración Extraordinaria de la Sociedad Conyugal… Caso 5: Acción de nulidad absoluta. Liquidación de sociedad conyugal. División de las especies comunes. Cuerpo común de bienes formados por 587

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bienespropiosdelmarido.Causalícita.Causarealyverdadera.Excepción de no poder alegar vicio que sabía o debía saber. Carga de la prueba... Caso 6: Sociedad Conyugal, administración bienes. Capacidad mujer casada, subsistencia administración marido. Emplazamiento demanda, legalidad. Servidumbre, legitimidad pasiva acción... Caso 7: Liquidación de sociedad conyugal. Nulidad de todo lo obrado de oficio. Competencia de juez árbitro. Sociedad conyugal. Objeción de inventario... Caso 8: Disolución sociedad conyugal, pacto separación bienes. Efectos disolución, comunidad. Presunción legal adquisición, alcance. Recompensa, procedencia. Condición cónyuge propietario, alteración... Caso 9: Padre no responde tributariamente por retiros sociales realizados por hija menor adulta que administra sola sus bienes…… Caso 10: Juez de familia está autorizado para liquidar sociedad conyugal si cónyuges lo solicitan de común acuerdo…........

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DÉCIMA OCTAVA SECCIÓN -VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -

Caso 1: Denuncia de violencia intrafamiliar. Procedencia de medidas cautelares. Enunciación de carácter enunciativo. Regulación directa y regular de uno de los progenitores respecto de sus hijos. Interés superior del niño. Fomento y reconstrucción de lazos de afecto y protección…… Caso 2: Maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Actos posteriores al término de vida en pareja. Inicio de nueva relación. Abandono del hogar común. Acciones que no constituyen maltrato psíquico… Caso 3: Lesiones leves en contra de su cónyuge. Efectos en la salud de la víctima. Medida cautelar de abandono del hogar y la prohibición de acercarse a la víctima. Delito de Desacato se aplica frente a una sentencia condenatoria quebrantada. No cumplimiento de medidas cautelares permite aumentar la intensidad de éstas….. Caso 4: Denuncia de violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, concepto, requisitos y tipos. Denunciado que retira especies de propiedad de la denunciante. Ausencia de la denunciante al momento de los hechos. Conducta que no constituye violencia física ni psíquica. Inexistencia de contacto físico o intercambio verbal. Prohibición de acercarse como condición de suspensión del procedimiento. Incumplimiento de la medida..

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Caso 5: Denuncia de violencia intrafamiliar, rechazada. Necesidad que existe convivencia entre ofensor y ofendido, actual o pretérita. Familia, concepto. Familia implica convivencia. Margen en que se sancionan los actos de violencia intrafamiliar. Hogar común…………… DÉCIMA NOVENA SECCIÓN - OTROS CASOS Caso 1: Notificación medida cautelar. Ebriedad no la invalida....... Caso 2: Tribunal de Familia es incompetente para conocer acción indemnizatoria contra padre por abandono del hijo….................... Caso 3: Concubinato sirve de antecedente para determinar existencia de comunidad………………………...…………………................... Caso 4: Indignidad para suceder. Filiación natural. Carácter voluntario y presuntivo. Constancia del nombre del padre o madre en inscripción de nacimiento. Presunción legal de veracidad de partidas de nacimiento, muerte y matrimonio. Calidad de heredero de hijo natural. Legitimación activa para demandar indignidad para suceder. Demandada que provoca muerte de su cónyuge. Persona indigna para suceder… Caso 5: Acción de petición de herencia. Fin de la acción es que se reconozca calidad de heredero y se le restituya los bienes que le corresponde como heredero. Heredero de cuota. Hijos naturales son herederos. Plazo de prescripción. Prescripción adquisitiva solo puede reconocida por el Tribunal mediante la interposición de una acción directa de reconocimiento y no como excepción............................... Caso 6: Petición de herencia, acogida. Prueba del estado civil y del parentesco. Partidas o certificados expedidos por Registro Civil. Prueba confesional no resulta apta……………………………....... Caso 7: Familia. Validez de notificación no se ve afectada por estado etílico de notificado…………………………………………...............

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