Reforma Cn 1949

La Reforma Constitucional de 1949: Convocatoria, asamblea, debate, sanción, legitimidad, vigencia y derogación”

por diego Ceferino Mazzieri [email protected]

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 3

INTRODUCCIÓN: La presente investigación histórica jurídica se dedica a abordar el tema: “Reforma Constitucional de 1949: Convocatoria, Asamblea y Debate, Sanción, Legitimidad y Derogación”. El tema de marras es harto controvertido en la historia argentina, dado que se enmarca en las luchas políticas intestinas de mitad de siglo,

bajo la dicotomía

peronistas y anti peronistas, los primeros apologistas del texto constitucional, y lo segundos detractores de la reforma y la vigencia. El Doctor González Arzac, constituyente de dicha reforma y testigo aun vivo de su contemporaneidad, se inmiscuye y describe su experiencia con cierta añoranza apasionamiento: dice: “la Constitución Nacional de 1949, fue, es y será, una causa nacional (…), ha sido tabú para mentes retrógradas que la silenciaron durante casi medio siglo, para los constitucionalistas del establishment que la ignoran mezquinamente. Pero será un antecedente valioso cuando nuestra argentina resurja y vuelva a ser un país soberano, justo e independiente. Los fusiladotes de 1955 la abrigaron arbitraria e ilegítimamente. Los académicos de la decadencia la cajonearon en la amnesia. Los políticos de la indignidad la patearon debajo de sus alfombrados. El pacto ignominioso Menem – Alfonsín omitió mencionarla y la partidocracia borró del almanaque el año 1949, al no citarlo entre las constituciones reformadas en 1994. Se eligió la censura como método para ignorar principios. Pero no puede negarse un pedazo de la historia argentina ni puede olvidarse un segmento de su pirámide jurídica. Solo el cadáver de Eva Perón ha sufrido tantos ultrajes como la constitución nacional de 1949. Ambos han tenido empero la protección de la Divina Providencia, convirtiéndose en una “causa nacional”. Un cuarto de siglo atrás Evita fue desenterrada de una ignota necrópolis europea para ser devuelta al pueblo que la ama. (…). El ocultismo nunca fue perfecto. La luz de la historia siempre ilumina las oscuridades tramadas en las sombras de la noche (…). La constitución de 1949 tendrá inexorablemente justicia histórica”.1

La presente obra, pretende relevar todos los argumentos apologéticos y detractores, con el único fin de abordar progresivamente a una conclusión general a modo somero y personal de “justicia histórica” para lo que fue un tema harto controvertido, como una constitución que terminó su vigencia con una derogación por decreto. En dicha sintética investigación, se incluyen además de los debates de los constituyentes, el rastreo del origen del texto constitucional como síntesis de la Doctrina Social de la Iglesia positivizada, la cuestión de la “inconstitucionalidad de la ley de radicación de 1

González Arzac, Alberto, Sampay y la Constitución del futuro. Ed. Peña Lillo. 2000, p. 21

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capitales 14.222/53” y “los contratos con la Standard Oil”, y la suerte jurídica de dicha reforma constitucional luego de 1955. Y como hallazgo inédito, transcribimos discursos del Tte. Gral. Juan Perón entonces Presidente de la Nación por tercera vez, quien vuelve a referirse a volver a los postulados de la constitución de 1949 y la necesidad de una reforma plural con el espíritu de la derogada constitución. Fallecido el Presidente Perón, el gobierno ahora en manos de su esposa María Estela Martínez, por iniciativa de la secretaría legal y técnica, envía al congreso el decreto por el cual se solicita se expida sobre qué constitución estaba vigente, sobre la legitimidad de las arbitrarias reformas de 1957 y enmienda de 1972 propiciada por el General Lanusse, o en su defecto se expida sobre la necesidad de convocar una nueva Asamblea Constituyente. En consonancia con una historia institucionalmente turbulenta desde 1828, en que se atenta contra las autoridades constituidas, cíclicamente no fue ajena en la praxis de golpes de estados, en 1976, lo que conllevó obviamente a la paralización del intento del gobierno derrocado, de dar certeza y firmeza constitucional. En 1994 ni siquiera se planteó el debate. El mismo contemporáneo gobierno autoproclamado peronista, reformó la constitución nacional tomando como espíritu la reforma de 1957, sin tan siquiera mencionarse la que alguna vez fuera bastión jurídico del movimiento nacional al que decíase pertenecer… La presente investigación se argumenta con citas de discursos de los propios constituyentes. Si bien las referencias discursivas pueden parecer extensas, cierto es que se seleccionan las partes más importantes de muy duraderos y prolongados discursos. Todas las citas responden a un análisis minucioso y selección de las ideas fundamentales de los constituyentes de 1949.

DESARROLLO

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LA REVOLUCIÓN NACIONAL Y EL ESTADO. DISCURSO DEL GENERAL JUAN PERÓN DEL 1º DE MAYO DE 1948. El 1º de mayo de 1948, el General Juan Perón por entonces por primera vez Presidente de la Nación Argentina, conforme a lo dispuesto por la Carta Magna de 1853, cumplía con la formalidad de inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Se pone énfasis en este discurso, porque Perón resume toda la obra de gobierno en solo dos breves años de gestión. Describe los frutos de su “Primer Plan Quinquenal” y marca con la persuasiva oratoria que lo caracterizaba todas las conquistas. Al final de dicho discurso, por primera vez se refiere a la necesidad de “dar amparo a todas las conquistas logradas”. Se denota de dicho discurso, que Perón intentaba contrastar los logros de su breve gobierno, contra todo el pasado político de la historia Argentina, sobre todo con el periodo comprendido entre 1930-1943, en que autores revisionistas como José María Rosa e integrantes de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), entre otros, denominaron como “Década Infame”. Hacia 1948, la actividad económica del país se encontraba en pleno auge. Al respecto el presidente decía: “Una prueba de ello esta dada por las cifras del Registro Nacional de Colocaciones demostrativas de que en 1947 por primera vez se ha producido un exceso de demanda sobre la oferta de trabajadores ya que en sólo 11 meses aparecen 50.467 ofertas de trabajo y 54.476 demandas… Esa facilidad de absorción se explica perfectamente por el enorme incremento de nuestra industria. Los obreros ocupados en ella que en el año 1935 eran 452.307 llegaron a 846.111 en 1943 y a 1.151.309 en 1947, siendo interesante destacar que con relación al año 1946, el aumento fue de 115.000 obreros. Correlativamente el aumento de la ocupación industrial se produce el aumento de los salarios que con relación a 1943, tomando como base igual a 100, se llega a un índice de 271,9 es decir se acrecienta en 171,9 % al año 1947, mientras que en el año 1935, y con relación a la misma base solo llegaban a un índice de 45.4.2

El salario por obrero desde 1943 a 1947, creció en un 99,8 %, quedando por encima del costo de vida, y el salario medio aumentó de 1939 a 1947 en un 102,3 %. 3 En 1943 se firmaron solo 4 convenios de trabajo y en 1947 se firmaron 283: “brindo este dato a quienes todavía no comprenden o dicen no comprender las razones de la adhesión popular a mi obra de gobierno, y acuso de falaces a todos los que han hablado de mi 2 3

Diario Clarín, Año III, Nº 961, 2-5-48, Pág. 6. Col. 1 y 2. Ibídem., Pág. 6, col. 2.

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demagogia. Para ellos, mantener a los trabajadores sometidos a la voluntad cuando no al capricho de los empleadores, representaba orden y disciplina, mientra que regular las relaciones entre ambos mediante convenios libremente pactados es anarquía”.4

Perón enfatiza sus deseos de lograr un desarrollo nacional “de Nación Pastoril a Nación Industrial”.5 Como síntesis, Perón utiliza y pone énfasis en términos que luego serán doctrina nacional inserta en el preámbulo de la Constitución Nacional de 1949, como ser: Independencia Económica, Soberanía Política y Justicia Social. Con oratoria y retórica, Perón contrasta toda la situación de 1947 con la previa a 1945. Los números son tan notoriamente superiores hacia 1948, que la obra de gobierno se describe cuantitativamente. Junto con la descripción de todos los logros del peronismo expresados en números, en el discurso sometido a estudio Perón refiere que todos los logros de gobierno debían ser asegurados con una constitución que funcione como garantía de ellos. Por primera vez se hace alusión a la necesidad de una reforma constitucional ulterior. El llamado a la modificación constitucional tenía, para el General Perón, dos objetivos. El primero era actualizar el texto constitucional, y el segundo, complementarlo, de acuerdo a los nuevos elementos incorporados a la vida nacional: “no puede concebirse ya que la piedra angular de una Nación, representada por su Carta Fundamental, deje de contener declaraciones significativas de las ideas básicas en materia de trabajo”. 6

EL DEBATE PARLAMENTARIO DE LA LEY 13.233. Los días 13 y 14 de agosto de 1948, la Cámara de Diputados de la Nación debatió el proyecto de declaración sobre necesidad de revisión y reforma de la Constitución Nacional, presentado por la comisión de asuntos constitucionales que había analizado los anteproyectos presentados por los diputados Eduardo Colom, José Emilio Visca, John W. Coocke y otros, Luis Atala, José María Villafañe, Héctor J. Cámpora y otros y de los cuales triunfaron los dos últimos. Los discursos iniciales de apertura del procedimiento a seguir estuvieron a cargo del Diputado Vicente Bagnasco, quien plantea la cuestión de la declaración de necesidad de la reforma como una situación especial de ambas cámaras reunidas en Asamblea que Ibídem., Pág. 6, col. 3. Ibídem., Pág. 8. col. 3. 6 Ibídem., Pág. 3, col. 4. 4 5

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ejerciera una función particular que no tenga carácter de ley estrictamente o si por el contrario se le imponía a la misma el tratamiento de las demás leyes. Dice Bagnasco: “… considero que la Constitución Nacional (en adelante CN), al expresar en el Art. 30 que la necesidad de la reforma debe declararse por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, ha querido decir que esa necesidad debe declararse por ambas cámaras reunidas en Asamblea (…) ella se refiere expresamente al Congreso y no a las Cámaras, como se expresa en otra parte de nuestra Constitución, verbigracia en el Capítulo III, al referirse a las atribuciones de ambas Cámaras”.

El constituyente dice que los constituyentes de 1853, empleaban la palabra Congreso para expresar dos actividades bien definidas: cuando en el capítulo IV se establecen las atribuciones del Congreso o en el art. 73, se refieren a la función específica de dictar la ley. Uno de esos casos, por ejemplo es cuando se reúne en Asamblea para escuchar el mensaje del Presidente de la Nación (art. 86 Inc. 11), otro cuando se reúne para elegir Presidente de la República conforme al art. 83. Por ende el jurista entiende que el art. 30 se refiere al Congreso y no a Ambas Cámaras. “en efecto la declaración del Congreso no puede ser una ley, ya que esta sanción que va a prestar la Honorable Cámara se refiere meramente a un proyecto de declaración. Tanto es así que él carece del requisito esencial de la norma jurídica, desde que le falta el carácter de la obligatoriedad. No concibo la existencia de una ley sin este elemento esencial”.

Bagnasco funda su doctrina en el tratadista González Calderón 7 y basta jurisprudencia. “si la CN, en los arts. 82, 84, y 86 Inc. 11, ha creado la Asamblea como institución, al disponer que determinados actos deberán realizarse en presencia de ambas cámaras, presididas por el Presidente del Senado ¿por qué no aceptar que para la reforma constitucional será el congreso reunido en asamblea el que con dos tercios de los votos de sus miembros declarará la necesidad de la reforma? Es evidente que en el caso reglado por el art. 30 no se trata de una ley propiamente dicha, desde el momento de que no interviene el Poder Ejecutivo, que no tiene derecho de veto. El art. 30 habla no habla de los 2/3 de ambas cámaras sino de sus miembros del Congreso…”. 8

Terminada esa cuestión surge el problema del modo a computar entre: 1. 2/3 del total de los miembros del cuerpo 2. 2/3 sobre los miembros existentes Este doctrinario dice que el Congreso cuando declara la necesidad de reformar la CN ejerce una función particular que no tiene estrictamente carácter de ley, de lo contrario el Poder Ejecutivo como órgano colegislador podría ejercer la facultad de veto. 8 Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, Reunión 33, agosto 13 y 14 de 1948, Págs. 2652/55. 7

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 8

3. 2/3 de los miembros de la sesión con quórum. Bagnasco se inclina por la tercera posición fundada en el art. 56, acorde a la CN 1853. Cabe destacar que aun para la postura más exigente, los 2/3 sumaban 106 representantes y los peronistas reunían 108 miembros, pudiendo cumplir para el caso con todas las posturas. El constituyente prosigue con que al igual que en la reforma de 1860 (no así la de 1866 y 1898), el poder constituyente es soberano y no está predeterminado los artículos a reformar. El discurso de la “oposición” comenzó con el parlamentario Vítolo: “… esta Cámara de Diputados a través de numerosas sanciones ha ido produciendo actos revolucionarios. Cada día, un acto de facto: cuando incorporó a un diputado que no tenía condiciones constitucionales cuando le otorgó al Poder Ejecutivo facultades judiciales que no le podía otorgar, cuando aceptó la vigencia de decretos con carácter de leyes, cuando excluyó a un diputado de la oposición”.9

Dice el Dr. Terroba: siete años después estos mismos “opositores” admitirían la derogación de una constitución por un bando militar, fusilamientos por decreto, y excluirían a miles de políticos y sindicalistas de la actividad pública y política, y otras lindezas…10 Extrañeza causa la acusación al peronismo por no violar la ley. “el 4 de junio o el 17 de octubre –como los señores diputados prefieran-, pudieron realizar su verdadera revolución… Sin embargo, no lo hicieron y proclamaron el acatamiento a la CN para realizar el día de mañana la reforma por los procedimientos legales”.

Vítolo prosigue expresando que no hay necesidad de reforma, que no hay interés del pueblo en ello. “no es exacto… que exista una conciencia pública favorable a la reforma constitucional. Solo en dos aspectos se ha concretado esa opinión popular: el uno es la incorporación al texto constitucional de los Derechos del Trabajador que sintetizara el Presidente de la República en su conocido decálogo. Y que tampoco es original, también figuran casi a la letra en el fuero del trabajo de Francisco Franco, como figuraban también en la Carta del Lavoro de Mussolini. El otro la reelección presidencial”.

Explica Terroba que Vítolo pasa por alto que Franco había movilizado a las fuerzas reaccionarias tanto contra la clase obrera española anarquista y socialista, y aun contra la clase media republicana, y aún, ahogado a las propias clases medias nacionalistas a Ibídem., pág. 2659. “Terroba, Luis Alberto. “La Constitución de 1949, Una Causa Nacional” ed. Fundación Ross, 2ª Edición Rosario, 2010. 9

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cuyos dirigentes reprimió sin piedad o abandonó, y que Mussolini respaldado en la alta burguesía industrial del norte italiano aplastó hasta 1943 al movimiento obrero italiano comunista y socialista utilizando a la clase media como elemento de choque. “Las clases medias que el fascismo utilizó en Europa, aquí eran utilizadas por la oligarquía y el imperialismo contra el movimiento nacional y popular de 1945”. 11 Del discurso de Vítolo se desprende que no quería ni una reforma radical ni una reforma peronista, sino la “no reforma”. Finalizado el discurso de Vítolo, tomó la palabra el diputado peronista Día de Viva, quien refirió a la ligazón existente entre la CN y la estructura Económico social de la cual surge, y cítrico al liberalismo económico de la Carta de Filadelfia y la CN de 1853. “Así como en sus comienzos iniciales la Constitución Americana se organizó exclusivamente, como dije, para garantizar un orden plutocrático, hoy, ante los epígonos de ese liberalismo económico, sirve también magníficamente como instrumento de innegable valor a la actual economía holding americana… en cambio la revolución nacional peronista repudia el supercapitalismo, autor de funestos crímenes en política internacional y aspira a estructurar un estado social que vele por el destino del hombre, que exalte la personalidad humana, que diga todo lo que vale el hombre por el solo hecho de serlo”.12

Posteriormente intervino el Dr. Balbín por la UCR, quien solo se refirió a la tiranía del peronismo, a su demagogia, a la censura y a los ataque a la libertad de prensa, además de un claro apoyo al régimen político previo a 1943. Inmediatamente cúpole

al diputado peronista Eduardo Colom, contestar las

impugnaciones a todo el bloque del radicalismo: “yo recuerdo que era muchacho aún cuando en 1921 recorría las calles de Buenos Aires pidiendo a gritos la reforma de la Constitución para que fuera reelecto Hipólito Yrigoyen y en esas bancas hay muchos diputados que asumieron igual actitud, y proclamo así mi pensamiento, porque no oculto mi honroso pasado político”.13

Colom no renegaba su pasado radical Yrigoyenista y acusaba al radicalismo contemporáneo a la reforma de ser alvearizado, antipersonalista, y de la “Concordia”.14 Asimismo, en paralelo, Colom trató sobre la inclusión de los derechos del trabajador en la CN, el goce de los derechos electorales para los habitantes de los territorios, la inclusión en el art. 4 y en el 67 entre las contribuciones que puede establecer el Congreso, la del 11

“La Constitución de 1949, Una Causa Nacional” de Luis Alberto Terroba (ed. Fundación Ross, 2ª Edición Rosario, 2010) pág. 67. 12 Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, Reunión 33, agosto 13 y 14 de 1948, Pág. 2663. 13 Ibídem; pág. 264. 14 Cabe destacar que los herederos del Yrigoyenismo, adhirieron al Peronismo siendo el más claro hecho elocuente la actitud de la Fuerza de Orientación Radical de Jóvenes Argentinos (FORJA).

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impuesto progresivo a la renta y a las herencias, y el impuesto a las ganancias excesivas, la distribución de la riqueza y la función social de la propiedad, con una clara apología al lema de Perón quien había esgrimido: “la tierra debe dejar de ser un bien de renta para convertirse en un bien de trabajo”. A continuación tomó la palabra el diputado radical Uranga, quien prosiguió con la tentativa radical por demorar o paralizar la reforma constitucional. Argumentó que la exigencia del art. 30 no permitía que la mayoría de los 2/3 de los diputados presentes impusiera la ley de convocatoria de la Convención Constituyente, argumento incongruente, ya que el art. 56, al establecer que la mitad más uno daba quórum a la Cámara, para sesionar, no podía distorsionar estableciendo otra mayoría que no fuera la de dos tercios de ese quórum para dictar la ley. En cuanto a los derechos del trabajador, Uranga solo dice que “pueden ser defendidos con una ley especial al respecto”. Luego de Uranga toma la palabra John William Coocke, quien enfrentando a los radicales responde: “la Convención Constituyente ha de adaptar la máxima ordenación jurídica de nuestra realidad. Ordenación que no podrá dejar de ser ni representativa, ni republicana, ni democrática, ni desconocer los derechos individuales, ni podrá romper lo que ha sido la esencia, la médula de la nacionalidad, no lo podrá hacer porque esta reforma constitucional va a ser la reforma de una revolución argentina que está dispuesta a cumplir su destino histórico como generación argentina y americana.” Y más adelante apunta: “voy a contestar a esas manifestaciones un tanto estremecidas de la mayoría, que todavía no ha entendido cuál es el contenido ideológico de la Unión Cívica Radical. Este ideal esencial de una Unión Cívica Radical es muy anterior al motín septembrino que lo ha frustrado en su realización y del cual los señores diputados son continuadores directos”.15

Luego, toma la palabra el diputado peronista García, y embiste el discurso de Balbín, quien había referido que el peronismo “dentro de unos años va a tener un cartel, de que fue contrarrevolución en Argentina”. García manifestó que eso es concebible solo si los radicales entienden por “revolución”, sinónimo de coloniaje, de dominio privado y foráneo de nuestro Banco Central, el monopolio de Bunge y Born y Dreyfus. Frente a esa revolución, si admite García que el peronismo es contrarrevolución según sus palabras. Acto seguido, en cuanto a la oposición por la modificación del art. 77 que permitía la reelección del Presidente, García se preguntaba: “si en 1922 no hubiera existido el actual art. 77 y el radicalismo hubiera reelegido a Yrigoyen ¿cuántos males se hubieran evitado? No hubiéramos vivido la época del peculado, del fraude y de 15

Ibídem; pág. 2689.

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la violencia. Sin embargo dicha cláusula constitucional torció el destino histórico, porque en aquella oportunidad se reemplazó a una figura nacional por otra resistida dentro del propio partido”.

Los últimos discursos fueron coreados por los congresales López Perrot, y Rojas (N). En resumidas cuentas, ambos, dicen que “no es tiempos para reformas”, defienden el régimen impuesto en 1853-1860, acusan al peronismo de “movimiento demagógico”, perseguidor del “tan virtuoso capital foráneo que nos hizo nación”, y remata Rojas: “esta corriente colonial por consiguiente antiargentina, tiene otra expresión en Rosas, y en la actualidad el peronismo representa esa misma corriente. Es la regresión a la colonia. Por eso el maridaje con Franco, por eso esta fiesta de la Reconquista, por eso se ha levantando en la Plaza de Mayo el estandarte de Carlos III, por eso ha venido el movimiento de la revisión de la historia argentina, que trata de dar vuelta a nuestros héroes para permitir la entrada de ideas totalitaristas”.16

EL REMATE ORATORIO A CARGO DEL MINISTOR DEL INTERIOR BORLENGHI. El final de la discusión y cierre estuvo a cargo del ministro del interior quien entre otras cosas dijo: “he dicho que la Revolución era necesaria. Quienes clamaban por una revolución fueron justamente los representantes de la UCR, que clamaban desde estas mismas bancas. He escuchado que desde esas mismas bancas del sector de la derecha, cuando la ocupaban los conservadores, que éstos desafiaban a los radicales para que conquistaran por sus propios medios la libertad de sufragio y le decían que no eran capaces de hacer una revolución. De modo, entonces, que no tiene derecho ahora a reprochar al Ejército y al Pueblo, sobre Toto al Pueblo Trabajador, que es el que hizo la revolución, que ustedes no pudieron hacer para terminar con el fraude. (…) tendrían que ser un poco más generosos y menos insultantes (porque todos los radicales dicen que no hay libertad de expresión mientras insultan hasta soezmente al Presidente de la Nación), con este movimiento, que los ha reivindicado políticamente, que les ha restituido los derechos electorales y cívicos que habían perdido y que no podían recuperar por sus propios medios. 17

El proyecto de la mayoría fue sometido a votación y aprobado. Previamente se votó cómo se interpretaba la mayoría que el art. 30 requería, y se aprobó la tercera doctrina. Cabe destacar que sea cuál fuera la doctrina a seguir, el peronismo contaba con el número de diputados suficientes (tenía 108 y en el caso más riguroso en cuanto a interpretación, se requería 106).

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Ibídem; pág. 2698. Ibíden, pág. 2705.

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 12

“Los mismos que tanto observaban la legalidad en 1949 eran los que siete años más tarde respaldarían cuanta violación constitucional y derechos produjo la contrarrevolución de 1955”., dice el Dr. Terroba.

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LA APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE SENADORES Aprobado en diputados, la cámara revisora tuvo connotaciones diferentes: solo se expuso los principios que sustentaba el peronismo debido a la inexistencia de una oposición que no concurrió.

Elo miembro informante, Senador Ramella, se remontó a fustigar a la

oposición por su temor a innovaciones o su “deliberado interés en mantener al país en una colonia inglesa”. A su vez criticó las exigencias constantes de un formalismo y rigorismo, no acorde a la historia constitucional, ya sea de EE.UU., espíritu de la CN de 1853 y de importante peso en “Las Bases” de Alberdi, y además en las prácticas anteriores como ser la ley 234 de la Confederación Argentina respecto a la reforma de 1860, como las leyes 171 y 172 dictadas por el Congreso en 1866 y en la ley Nº 3.507 que autorizó la reforma de 1898. Ramella expone que la reforma, será revolucionaria en tanto el avance en materia de derechos y de democracia social, no así por cambiar el sistema político argentino descripto en las más importantes declaraciones que dan comienzo al texto constitucional de 1853. En el discurso, el senador pone énfasis sobre todo en la importancia de la función social de la propiedad, y en la necesidad de incorporar al plano constitucional, el concepto de igualdad, además del de libertad, desconocido en la CN de 1853. A continuación prosiguió el Ministro del Interior, haciendo reserva que el movimiento surgido el 4 de junio de 1943, respaldado por la clase trabajadora el 17 de octubre de 1945, y legitimado el 24 de febrero de 1946, no pretendía menoscabar o cambiar el sistema político e institucional del país, sino que “intentaba asegurar el acatamiento pleno de los principios republicanos y democráticos, proyectándolos al campo económico y social en cumplimiento de las exigencias nacionales”. El ministro Borlenghi, criticó el supracapitalismo, el exacerbado individualismo, la confusión entre libertad y libertinaje, y principalmente sobre el abuso de propiedad: ”La libertad individual utilizada para la satisfacción de inclinaciones egoístas y antisociales es inconcebible con los intereses superiores de la personalidad y es nociva para el bien común. La 18

Terroba, Luis Alberto. “La Constitución de 1949, Una Causa Nacional” ed. Fundación Ross, 2ª Edición Rosario, 2010 pág. 82.

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sociedad, agrega nuestra doctrina, exige para existir que la libertad de unos subsista con la libertad de todos. En nombre de la libertad no pueden anularse vida, vocaciones o espíritus. La Nación Argentina, no puede cancelar su destino ni malograr sus fines para que cierta libertad liberticida sobreviva. El régimen de la propiedad privada, que sólo contempla el interés y el beneficio de su titular, con total desconocimiento de los intereses de la comunidad debe ser reajustado. El dominio, tal como ha sido regulado en el Código Civil, constituye un derecho anti social (…) la ley civil, no podrá ponerse a tono de las exigencias actuales mientras no se actualicen las normas de la Constitución. (…) es indispensable regular el derecho del propietario pero conciliándola con los intereses de la sociedad y condicionando su ejercicio a los intereses del bien común. Es indispensable crear un sistema de normas económicas fundamentales que sin llegar a la confiscatoriedad ni al colectivismo, permitan o faciliten la prudente regulación de la riqueza, dando lugar a la formación de patrimonios particulares que aseguren el bienestar del mayor número de hombres o familias. (…) no es tolerable que en un país donde hay inmensas fortunas, haya quienes no puedan satisfacer sus necesidades mínimas.

Los senadores Herrera y Tascheret, sintetizan que lo que políticamente se proponía, era una limitación al capitalismo de los terratenientes rentistas.

Tascheret luego,

prácticamente siguiendo la “Doctrina Social de la Iglesia”, avanza sobre ella y describe nuevos conceptos de la realidad según el peronismo, de manera tal que los grandes términos económicos estudiados por el marxismo y/o el liberalismo son superados por esta doctrina ecléctica, en tanto a humanismo. Además hay una clara coincidencia con el pensamiento de mariano Fragueiro.19 19

Decía Tascheret: “no toda riqueza es valor (…) se distinguen dos clases de valor: valor de obligación y

valor de producción. El valor en el sentido económico no puede ser intrínseco, no se refiere a la propia cosa en si mismo, sino a una estimación que de ella hacen los hombres, el esfuerzo, la fatiga que ellos soportan o soportarían para adquirir esa cos o la cantidad de otras cosas que cuestan esfuerzos o fatigas que se darían por ellas. No hay testimonio natural del valor. El valor nace de un sentimiento del hombre, su origen está en el deseo, espiritual, y es fijado en las cosas por medio de regateo entre la oferta y la demanda. El valor es siempre el mismo, suele confundírselo con el precio, pero a diferencia de éste, no sube ni baja, es una cualidad como el color, la dimensión, o el peso, su significado estricto es esfuerzo y es trabajo. El dinero papel tiene valor de obligación y es una medida de cambio que el hombre emplea para economizar esfuerzo. (…) Capital es un subtérmino de riqueza. Todo trabajador produce riqueza y capital es solo aquella parte de la riqueza que el trabajo toma para producir más riqueza (...) la riqueza puesta en venta es capital. Las máquinas de una fábrica y la fábrica son capital, pues su único fin es contribuir a producir riquezas. De lo expuesto se deduce que la intervención del capital en la economía social, es al solo y exclusivo objeto de

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También en “senadores”, hicieron uso de la palabra en consonancia con el discurso oficial, el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Atilio Bramuglia, que refirió al fraude del régimen anterior, al peculado, a la corrupción, y al abuso del derecho. “La propiedad debe actuar exclusivamente en función social”. Por último, el ministro de Justicia e Instrucción Pública fue quien se remontó a hablar sobre la necesidad de la reforma y a condenar a la actitud de la oposición: “solamente lo que vive puede ser reformado. Lo muerto no. Lo que no tiene vida podrá ser sustituido, pero reformado nunca: precisamente porque está muerto. Por eso, porque la Constitución de 1853 no es un organismo caduco, sino pleno de vitalidad, y porque quiere, puede y debe seguir viviendo, es por lo que ella misma exige su reforma. Los enemigos de la Constitución son los que se oponen a toda modificación. Precisamente porque no la aplicaron nunca. Porque vivieron ignorándola. Porque si subsistieron fue a pesar de ella, mediante su perpetua y flagrante violación”.20

Los senadores Tanco, Soler y Antinelli, hablaban de que en última instancia será el pueblo el que decidirá la necesidad o no de la reforma y que como democráticos la voluntad del pueblo no puede ser desoída. Por su parte, el Senador Durand, fundamentó la necesidad de la reforma para “garantizar la independencia económica que la Revolución Peronista ha posibilitado desde la nacionalización del Banco Central de la República Argentina. 21 multiplicar la producción, pero su acción está en función directa del trabajo, sin el cual no puede subsistir. Trabajo es todo esfuerzo que produce riqueza, cuado esta riqueza es tomada por el trabajo para producir mayor riqueza, se denomina capital. (…) el factor tierra tiene valor de obligación, no es riqueza, tiene el poder de retener trabajo o riqueza, sin devolver en cambio trabajo ni riqueza. En la economía política este poder que adquiere el factor tierra se denomina “renta”. Renta, es pues, entonces, la remuneración, cuando se distribuye el factor tierra. (..) la remuneración del trabajo se denomina salario. (…) Los salarios no salen de su capital sino que se producen de su propio trabajo. Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, Agosto, 27, de 1948, Pág. 1403. El 9 de julio de 1947 se signó el Acta de la Independencia Económica” que decía: "En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y siete, en celebración del centésimo trigésimo primer aniversario de la declaración de la independencia política, sancionada por el congreso de las Provincias Unidas reunido en mil ochocientos dieciséis, se reúnen en acto solemne los representantes de la Nación, en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras, para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio, bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de las que en el país pudieran estar a ellos vinculados a tal fin los firmantes, en representación del pueblo de la Nación, comprometen las energías de su patriotismo, y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el comercio internacional tengan base de discusión, 20 21

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 15

La Promulgación y el Anteproyecto Luego de las palabras de los senadores Cruz, Zerda, Lázaro, Busquet, Molinari y Saadi, se sometió a votación el proyecto de ley. Promulgada el 3 de septiembre de 1948, se sancionaba la ley 13.262 de Convocatoria promulgada por decreto Nº 28.743 y por decreto Nº 29.196/48 se fijaba el 5 de diciembre de 1948 como fecha para efectuar las elecciones. Acaecidas las mismas, 1.590.634 votos dieron 109 convencionales al peronismo, y 8.34.436 votos radicales, dieron a la UCR 49 convencionales. El partido comunista obtuvo 85.355 votos y 180.000 fueron en blanco. El martes 11 de enero de 1949, el General Perón en su carácter de Jefe del Partido Peronista, se reunía en la Quinta Presidencial de Olivos con los convencionales de su partido donde expuso el pensamiento doctrinario para la reforma. En el mismo, el discurso de circunscribe a decir que “no puede concebirse traidores a la nación que tenga por negociación y comercialización los productos de trabajo argentino, y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y su porvenir. Así lo entienden y así lo quieren, a fin de que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos de la tierra que los consumen puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en ninguna época anterior y superiores a los que puedan anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser económicamente libres como hace ciento treinta años proclamaron ser políticamente independientes. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y la industria se expanden conjuntamente con aquellos. La cooperación, que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas, será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías. su término, una vez leída esta declaración y preguntados si querían que las provincias y territorios de la República Argentina tuviesen una economía recuperada y libre del capitalismo foráneo y de las hegemonías económicas mundiales o de las naciones comprometidas con aquéllas, aclamaron y reiteraron su unánime y espontáneo -así como decidido- voto por la independencia económica del país, fijando por su determinación el siguiente PREÁMBULO Nos, los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina, reunidos en Congreso Abierto a la voluntad nacional, invocando a la Divina Providencia, declaramos solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su decisión los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos y gobierno propio y las fuentes económicas nacionales. La Nación alcanza su libertad económica para quedar, en consecuencia, de hecho y de derecho, con el amplio y pleno poder de darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la Nación el gobierno y pueblo aquí representados, comprometiéndose, uno y otro, al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas y honor. Comuníquese a la Nación y, en obsequio del respeto que se debe a los demás Estados, detalladamente en un manifiesto y acta las fuentes determinantes de esta solemne declaración, dada en la Sala de Sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en mil ochocientos dieciséis se proclamara la independencia de la República, y refrendada por los representantes del pueblo y gobierno aquí reunidos."

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interés superior el de las empresas extranjeras y sus imperialismos por sobre los intereses del pueblo”. Conceptos reiterados del discurso son: libertad, justicia, solidaridad, independencia. Pero Perón pone énfasis en no reformar cuestiones políticas, sino que hagan ala democracia social, y para ello el punto central era las limitaciones a la libertad, más precisamente a la inviolabilidad de la propiedad, para ser reemplazado por el concepto “función social de la propiedad”. LA REFORMA SEGÚN EL PERIODISMO Interesante es analizar al editorial que Roberto Noble publicaría en Clarín, el jueves 13 de enero de 1949 bajo el título “Una Reforma Argentina de la Constitución Nacional”. El diario que luego escribiría loas a la derogación de la CN de 1949 en sus columnas, decía en 1949 al respecto: “Clarín señala el carácter moderno y progresista de la obra cumplida y la aplaude sin reservas, sin olvidar que contiene detalles (como por ejemplo la reforma del art. 7) a los que los impugnadores de este plan asignas proyecciones políticas que de ninguna manera podrían invalidar, y a la verdad no la invalidan, la decisión democrática indiscutible de un conjunto. (…) la oposición a la reforma se ha basado en la simple sospecha de que se intentaba trastocar el sistema institucional de país que tan sabiamente estructuraran los constituyentes de 1853. La pasión política falseó, pues, los términos del problema, que a los ojos de la gran masa de la población, debió aparecer claro y sencillo. Porque todos los partidos, viejos y nuevos, tenían inscripta en su respectivo programa con anterioridad al movimiento revolucionario de 1943, la reforma de la Carta Magna. Prueba de ello son los antecedentes parlamentarios sobre las materias formadas por iniciativas que levan la firma de legisladores de casi todas las agrupaciones que lograron representación en el Congreso. El actual partido gobernante ha ido a elecciones con el programa reformista y obtuvo un claro apoyo masivo de la mayoría. Verdaderamente entonces no era posible ya impugnar tal propósito. (…) Los hombres de Clarín presentíamos que no podía ser de otra manera. Tampoco hubiera sido digno que renegáramos de los ideales de la justicia social y de la reforma constitucional que alentáramos en la pasada acción pública”…

Puede sostenerse que hacia el tercer año de gobierno, los medios tenían su libertad de expresión coartada y coaccionados sus periodistas. Pero de cada oración se leen en las columnas que ellos hablan imbuidos como argentinos más que como proclives al partido entonces oficialista. Los argumentos son valederos, en tanto se deja constancia que la CN no puede ya impugnarse, una vez que más allá de los formalismos y rigorismos, el pueblo masivamente vota a favor de una reforma. En definitiva, los legisladores deliberan y

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gobiernan para el pueblo. Y el pueblo directamente se expidió en el asunto de marras con notoria aceptación y diferencia. Discurso del general Juan Domingo Perón ante la Asamblea Constituyente Reformadora el 27 de enero de 1949 El discurso del entonces Presidente General Juan Perón, fue pronunciado por la singular oratoria que lo caracterizaba. Si bien el discurso no se caracterizó por su brevedad, podemos extraer como relevantes varios fragmentos. Tanto al principio del mismo, como en sus palabras finales, Perón pone énfasis en la religión católica, cuya doctrina social de la iglesia ha imbuido el espíritu de la reforma: “Dios no ha sido avaro con el pueblo argentino. Hemos saboreado los momentos de emoción exaltada y gustado las horas tranquilas de cimentación jurídica. La cruzada emancipadora y la era constituyente son altísimos exponentes de la creación heroica y de la fundación jurídica.” (…) “Señores Convencionales: Termino mis palabras con las que empieza y seguirá empezando nuestra Constitución: ¡Invoco a Dios, fuente de toda razón y justicia, para que os dé el acierto que los argentinos esperamos y que la Patria necesita!”

Ulteriormente, Perón define al General José de San Martín, como el genio tutelar, y marca el contraste entre la paz y la anarquía. El sector más fanático y ortodoxo del nacionalismo católico, como Martínez Zuviría (conocido como Hugo Wast), el Padre Meinville etcétera, verían con malos ojos, lo que ellos consideraban “apologías de Perón hacia el liberalismo, al “escriturismo” por sobre el orden natural, y el reconocimiento a las virtudes de la Constitución de 1853. Ciertamente decía Perón al respecto: “Los Constituyentes del 53 habían padecido ya las consecuencias de la desorganización, de la arbitrariedad y de la anarquía. La Generación del 53 era la sucesora de aquella de la Independencia, la heroica. Más que la estrategia de los campos de batalla tenía presente la obscura lucha civil; más que los cabildos populares, la desorganización política y el abandono de las artes y de los campos. Había visto de cerca la miseria, la sangre y el caos; pero debía elevarse apoyándose en el pasado para ver, más allá del presente, la grandeza del futuro; y más aún, tenía que sobreponerse a la influencia extranjera, ahondar en el modo de ser del país para no caer en la imitación de leyes foráneas. Hubo de liberarse de la intransigencia de los círculos cerrados y de los resabios coloniales, para que la Constitución no fuera a la zaga de las de su tiempo. Augustos diputados de la Nación nombró Urquiza a los del Congreso Constituyente, y no estuvieron por debajo de ese adjetivo; reconstruyeron la Patria; terminaron con las luchas y unieron indisolublemente al pueblo y a la soberanía, renunciando a todo interés que estuviera por debajo del bienestar de la Nación. De esta manera se elaboró nuestra Carta Magna, no sólo para legislar sino para organizar, defender y unir a la Argentina.”

Perón prosigue hablando de “la evolución de los nuevos tiempos” donde:

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“no se podía tolerar que la persona humana que el caballero que cada pecho criollo lleva dentro, permaneciera a merced de los explotadores de su trabajo y de los conculcadores de su conciencia. Y el límite de todas las tolerancias fue rebasando cuando se dio cuenta que las actitudes negativas de todos los poderes del Estado conducían a todo el pueblo de la Nación Argentina al escepticismo y a la postración moral, desvinculándolo de la cosa pública”

Con ello, Perón justifica lo que el llamó “el derecho a la Revolución”, y describe a la Revolución de 1943 como la “legítima defensa” contra un régimen oprobioso que no garantizaba las declaraciones y los derechos constitucionales, cuya manifestación legitimante fue el 17 de octubre de 1945: “La Constitución conculcada, las leyes incumplidas o hechas a medida de los intereses contrarios a la Patria; las instituciones políticas y la organización económica al servicio del capitalismo internacional; los ciudadanos burlados en sus más elementales derechos cívicos; los trabajadores a merced de las arbitrariedades de quienes obraban con la impunidad que les aseguraban los gobiernos complacientes. Este es el cuadro que refleja vivamente la situación al producirse el movimiento militar de 1943.”

Ulteriormente Perón sentencia que fue los anhelos de la justicia social los que posibilitaron su investidura lograda por elecciones libres, consustanciales a los fines de la revolución de 1943. Dice luego que la gran tarea es la “reconstrucción política, económica y social”, y que dicha carta magna es el instrumento jurídico supremo que lo representa. En ningún momento Perón desconoce el poder constituyente originario: Convencido como estoy de que estos son los ideales que encarnan los convencionales aquí reunidos, permitidme que exprese la emoción profunda que me ha producido ver, que para precisar el alcance de anhelo de los Constituyentes del 53 el Partido Peronista haya acordado ratificar en el Preámbulo de la Carta Magna de los argentinos, la decisión irrevocable de constituir lo que siempre he soñado: una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

Se habla de la necesidad de la reforma, por los grandes problemas de la humanidad a partir del siglo XX, imprevistos para el constituyente de 1853: ¿Podían imaginar los Constituyentes del 53 que la civilización retrocediera hasta el salvajismo que hemos conocido en las guerras y revoluciones del siglo XX? ¿Imaginaron los bombardeos de ciudades abiertas o los campos de concentración, las brigadas de choque, el fusilamiento de prisioneros, las mil violaciones al derecho de gentes, los atentados a las personas y los vejámenes a los países que a diario vemos en esta posguerra interminable? Nada de ello era concebible. Hoy nos parece una pesadilla, y los argentinos no queremos que estos hechos amargos se puedan producir en nuestra Patria. Aún más: deseamos que no vuelvan a ocurrir en ningún lugar del mundo. ¡Anhelamos que la Argentina sea el reducto de las verdaderas libertades de los hombres y la Constitución su imbatible parapeto! En el orden interno, ¿podían imaginarse los Convencionales del 53 que la igualdad garantizada por la Constitución llevaría a la creación de entes poderosos, con medios superiores a los propios del Estado? ¿Creyeron que estas organizaciones internacionales del oro se enfrentarían con el Estado y se negarían a sojuzgarle y a extraer las riquezas del país? ¿Pensaron siquiera que los habitantes del suelo argentino serían reducidos a la condición de

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parias obligándoles a formar una clase social pobre, miserable y privada de todos los derechos, de todos los bienes, de todas las ilusiones y de todas las esperanzas? ¿Pensaron que la máquina electoral montada por los que se apropiaron de los resortes del poder llegaría a poner la libertad de los ciudadanos a merced del caudillo político, del "patrón" o del "amo", que contaba su "poderío electoral" por el número de conciencias impedidas de manifestarse libremente?

Manifiesta acto seguido, que las declaraciones, derechos y garantías abordadas por el texto sancionado, ya eran realidades de la obra Peronista desde 1946 y los siguientes sucesivos tres años. La democracia social, según sus conceptos, surge como contralor a los vicios del liberalismo: Y la democracia liberal, flexible en sus instituciones para retrocesos y discreteos políticos y económicos, no era igualmente flexible para los problemas sociales; y la sociedad burguesa, al romper sus líneas ha mostrado el espectáculo impresionante de los pueblos puestos de pie para medir la magnitud de su presencia, el volumen de su clamor, la justicia de sus aspiraciones A la expectación popular sucede el descontento. La esperanza en la acción de las leyes se transforma en resentimiento si aquéllas toleran la injusticia. El Estado asiste impotente a una creciente pérdida de prestigio. Sus instituciones le impiden tomar medidas adecuadas y se manifiesta el divorcio entre su fisonomía y la de la Nación que dice representar. A la pérdida de prestigio sucede la ineficacia, y, a ésta, la amenaza de rebelión, porque si la sociedad no halla en el poder el instrumento de su felicidad, labra en la intemperie el instrumento de la subversión.

LAS ASAMBLEAS CONSTITUYENTES: Podríamos

decir

que

esta

Convención tuvo cuatro partes: La primera, que comprende la Sesión Preparatoria del 24 de enero de 1949 y el discurso del General

Perón

en

la

Sesión

Especial del 27 de enero; la segunda que es el tratamiento del Proyecto

de

Resolución

de

Lebenshon, y por lo tanto el tratamiento de los argumentos o la falta de ellos, por parte de la oposición, que abarcó las reuniones 3ra a 5ta. La tercera

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que es el tratamiento del Proyecto de Reformas en sí, planteado por el convencional Domingo Mercante, abarcando las reuniones 6ª a 12º (con el retiro de los radicales en la 7ª reunión). La cuarta parte resumida en la Sesión Especial, con el discurso de Mercante y la Jura Presidencial de la Nueva Constitución. Primera Parte Sesión Preparatoria – Primera Reunión En ella se constituye la Convención Nacional, y su primera reunión fue el 24 de enero de 1949. Se determinaron todas las cuestiones que hacían a los actos preparatorios y de funcionamiento interno, y la invitación al Presidente Perón a hablar en una sesión especial. Tanto los convencionales opositores de la UCR, Lebenshon y Del Carril, comenzaron con el plan de la UCR de impugnar la convención por falta de legitimidad. Se pedía la formación de una comisión que estudiase los diplomas y títulos de los constituyentes a los que Bagnasco accedió. Del Carril dijo que las comisiones siempre fueron hechas para legitimar el fraude y nunca tratar los temas en cuestión. Bagnasco recordó que fue la Revolución del 4 de junio la que había terminado con ese sistema y acusó de la UCR de ser apologistas de ese régimen. Los intentos de Lebenshon y Del Carril, lejos de querer imponer ideas de su partido, solo consistían en demorar la convención o impugnarla. 22 Acto seguido, se procedió al nombramiento de autoridades siendo elegidos: el Coronel Domingo Mercante como Presidente, el Dr. Héctor Cámpora como Vicepresidente primero, el Señor Gregorio Espejo como Vicepresidente segundo, y como secretarios los señores Mario Goizueta y Bernardino Hipólito Garaguzo. Acto seguido, Mercante se dirige a la Convención indicando la necesidad de cumplir lo que el pueblo quería según lo plebiscitado: la reforma. Contra esto, el diputado Lebenshon lanzó su oposición, poniendo énfasis en que no había necesidad de la misma dada que la Constitución de 1853 era “moderna y perfectamente vigente para la época”, y se pone énfasis que la falta de libertad para el libre debate de ideas” El diputado peronista Celíz Díaz, le contesta a esta impugnación diciendo que el diputado 22

Terroba, Luis Alberto. “La Constitución de 1949, Una Causa Nacional” ed. Fundación Ross, 2ª Edición Rosario, 2010 Pág. 120.

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radical “parece vivir en la estratósfera”, pues no explica “qué había hecho el pueblo el 5 de diciembre de 1948 cuando había elegido a los convencionales que ahora estaban actuando, y muchos menos explica el alto causal de sufragios”. El diputado Peronista Bagnasco, termina la reunión expresando: “… nosotros consideramos que la Asamblea Constituyente es soberana y en consecuencia es independiente en su funcionamiento y definitoria en sus decisiones, por eso en ejercicio de esa soberanía es que nosotros, la mayoría del Pueblo, representada aquí por sus convencionales desea invitar al Señor Presidente de la República”.

Esta moción de Bagnasco sería cumplida en la SESIÓN ESPECIAL de la Segunda Reunión, el 27 de enero de 1949. En dicha sesión especial, no concurriría ninguno de los diputados radicales, como un indicio de la conducta que seguirían. Progresivamente según el Dr. Terroba, se notaba la negligencia e “inconductas” de los radicales, que si tenían principios tan hondos impregnados, debieron asistir y dar argumentos en contra de las mociones peronistas explicando el por qué de sus negativas, pero solo se remontaron a no concurrir a las reuniones, lo que legitimaba aun más a “la mayoría” que no solo concurría sino que daba argumentos de lo que definían. Convocado y presente el Presidente Perón, dio un discurso que podía dividirse en dos partes: 23 La primera, que reivindicaba a los consiguientes de 1853 (con esta estrategia e inteligencia retórica, no es justo juzgar si fue adredemente o no, el Presidente se hacia eco del propio discurso radical que diariamente elogiaban a la Constitución de 1853 y a sus constituyentes). Dijo: “Los Constituyentes del 53 habían padecido ya las consecuencias de la desorganización, de la arbitrariedad y de la anarquía. La Generación del 53 era la sucesora de aquella de la Independencia, la heroica. Más que la estrategia de los campos de batalla tenía presente la obscura lucha civil; más que los cabildos populares, la desorganización política y el abandono de las artes y de los campos. Había visto de cerca la miseria, la sangre y el caos; pero debía elevarse apoyándose en el pasado para ver, más allá del presente, la grandeza del futuro; y más aún, tenía que sobreponerse a la influencia extranjera, ahondar en el modo de ser del país para no caer en la imitación de leyes foráneas. Hubo de liberarse de la intransigencia de los círculos cerrados y de los resabios coloniales, para que la Constitución no fuera a la zaga de las de su tiempo. Augustos diputados de la Nación nombraron Urquiza a los del Congreso Constituyente, y no Nota del autor: las citas de esta reunión pueden ser consideradas por el lector extensas, pero cabe aclarar que no obstante, en las presentes citas se plasman los lineamientos e ideas Generales y enfáticas, de un discurso que fue muy prolongado. Por ello, aunque arduamente, las citas son sintéticas de un discurso hartamente duradero… 23

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estuvieron por debajo de ese adjetivo; reconstruyeron la Patria; terminaron con las luchas y unieron indisolublemente al pueblo y a la soberanía, renunciando a todo interés que estuviera por debajo del bienestar de la Nación. De esta manera se elaboró nuestra Carta Magna, no sólo para legislar sino para organizar, defender y unir a la Argentina”.

La segunda parte del discurso reflejaría que el peronismo, se identificaba y actuaba como una línea continuadora de la tradición nacional política, anterior a la actuación de aquellos constituyentes de 1853. Se identificaba con la revolución y la guerra de la independencia en los hechos con la lucha nacional de los caudillos federales, ejecutando y continuando la política popular, sin identificarla todavía en el contenido histórico. En este sentido significaba una ruptura con la sociedad surgida en el año 1853 y consolidada con posteridad a la Batalla de Pavón, en 1860 significaba una fractura de la sociedad Argentina. Decía Perón: “Las fuerzas armadas de la Nación, intérpretes del clamor del pueblo, sin rehuir la responsabilidad que asumían ante el pueblo mismo y ante la Historia, el 4 de junio de 1943, derribaron cuanto significaba una renuncia a la verdadera libertad, a la auténtica fraternidad de los argentinos. La Constitución conculcada, las leyes incumplidas o hechas a medida de los intereses contrarios a la Patria; las instituciones políticas y la organización económica al servicio del capitalismo internacional; los ciudadanos burlados en sus más elementales derechos cívicos; los trabajadores a merced de las arbitrariedades de quienes obraban con la impunidad que les aseguraban los gobiernos complacientes. Este es el cuadro que refleja vivamente la situación al producirse el movimiento militar de 1943. No es de extrañar que el pueblo acompañara a quienes, interpretándole, derrocaban el régimen que permitía tales abusos. Por eso decía que no pueden cerrárseles los caminos de la reforma gradual y del perfeccionamiento de los instrumentos de gobierno que permiten y aun impulsan un constante progreso de los ciudadanos y un ulterior perfeccionamiento de los resortes políticos. Cuando se cierra el camino de la reforma legal nace el derecho de los pueblos a una revolución legítima. La historia nos enseña que esta revolución legítima es siempre triunfante. No es la asonada ni el motín ni el cuartelazo; es la voz, la conciencia y la fuerza del pueblo oprimido que salta o rompe la valla que le oprime. No es la obra del egoísmo y de la maldad. La revolución en estos casos es legítima, precisamente porque derriba el egoísmo y la maldad. No cayeron éstos pulverizados el 4 de junio. Agazapados, aguardaron el momento propicio para recuperar las posiciones perdidas. Pero el pueblo, esta vez, el pueblo solo, supo enterrarlos definitivamente el 17 de octubre.”

Más adelante decía: “El clamor popular que acompañó serenamente a las fuerzas armadas el 4 de junio y estalló pujante el 17 de octubre, se impuso, solemne, el 24 de febrero. Tres fechas próximas a nosotros, cuyo significado se proyecta hacia el futuro, y cuyo eco parece percibirse en las generaciones del porvenir. La primera señala que las fuerzas armadas respaldan los nobles deseos y elevados ideales del pueblo argentino; la segunda, representa la fuerza

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quieta y avasalladora de los pechos argentinos decididos a ser muralla para defender la ciudadela de sus derechos o ariete para derribar los muros de la opresión; y en la última, resplandece la conjunción armónica, la síntesis maravillosa y el sueño inalcanzado aún por muchas democracias de imponer la voluntad revolucionaria en las urnas, bajo la garantía de que la libre conciencia del pueblo sería respaldada por las armas de la Patria. Desde este punto y hora comenzó para la Argentina la tarea de su reconstrucción política, económica y social. Comenzó la tarea de destruir todo aquello que no se ajusta al nuevo estado de la conciencia jurídica expresada tan elocuentemente en las jornadas referidas y confirmada cada vez que ha sido consultada la voluntad popular. Podemos afirmar que hoy el pueblo argentino vive la vida que anhelaba vivir. No hubiéramos reparado en nada si para devolver su verdadera vida al pueblo argentino hubiera sido preciso transformar radicalmente la estructura del Estado; pero, por fortuna, los próceres que nos dieron honor, Patria y bandera, y los que más tarde estructuraron los basamentos jurídicos de nuestras instituciones, marcaron la senda que indefectiblemente debe seguirse para interpretar el sentimiento argentino y conducirlo con paso firme hacia sus grandes destinos. Esta senda no es otra que la libertad individual, base de la soberanía; pero ha de cuidarse que el abuso de la libertad individual no lesione la libertad de otros y que la soberanía no se limite a lo político, sino que se extienda a lo económico o, más claramente dicho, que para ser libres y soberanos no debemos respetar la libertad de quienes la usen para hacernos esclavos o siervos. “

Agregando: ¿Podían imaginar los Constituyentes del 53 que la civilización retrocediera hasta el salvajismo que hemos conocido en las guerras y revoluciones del siglo XX? ¿Imaginaron los bombardeos de ciudades abiertas o los campos de concentración, las brigadas de choque, el fusilamiento de prisioneros, las mil violaciones al derecho de gentes, los atentados a las personas y los vejámenes a los países que a diario vemos en esta posguerra interminable? Nada de ello era concebible. Hoy nos parece una pesadilla, y los argentinos no queremos que estos hechos amargos se puedan producir en nuestra Patria. Aún más: deseamos que no vuelvan a ocurrir en ningún lugar del mundo. ¡Anhelamos que la Argentina sea el reducto de las verdaderas libertades de los hombres y la Constitución su imbatible parapeto! En el orden interno, ¿podían imaginarse los Convencionales del 53 que la igualdad garantizada por la Constitución llevaría a la creación de entes poderosos, con medios superiores a los propios del Estado? ¿Creyeron que estas organizaciones internacionales del oro se enfrentarían con el Estado y se negarían a sojuzgarle y a extraer las riquezas del país? ¿Pensaron siquiera que los habitantes del suelo argentino serían reducidos a la condición de parias obligándoles a formar una clase social pobre, miserable y privada de todos los derechos, de todos los bienes, de todas las ilusiones y de todas las esperanzas? ¿Pensaron que la máquina electoral montada por los que se apropiaron de los resortes del poder llegaría a poner la libertad de los ciudadanos a merced del caudillo político, del "patrón" o del "amo", que contaba su "poderío electoral" por el número de conciencias impedidas de manifestarse libremente? Hay que tener el valor de reconocer cuándo un principio aceptado como inmutable pierde su actualidad. Aunque se apoye en la tradición, en el derecho o en la ciencia, debe declararse caduco tan pronto lo reclame la conciencia del pueblo. Mantener un principio que ha perdido su virtualidad, equivale a sostener una ficción. Con las reformas propiciadas pretendemos correr definitivamente un tupido velo sobre las ficciones que los argentinos de nuestra generación hemos tenido que vivir. Deseamos que se desvanezca el reino de las tinieblas y de los engaños. Aspiramos a que la Argentina pueda vivir una vida real y verdadera. Pero esto sólo puede alcanzarse si la Constitución garantiza la

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existencia perdurable de una democracia verdadera y real. La demostración más evidente de que la conquista de nuestras aspiraciones va por buen camino la ofrece el hecho de que se reúne el Congreso Nacional Constituyente después de transcurridos más de cinco años y medio del golpe de fuerza que derribó el último gobierno oligárquico. La acción revolucionaria no hubiera resistido los embates de la pasión, de la maldad y de odio si no hubiese seguido la trayectoria inicial que dio impulso y sentido al movimiento. La idea revolucionaria no hubiera podido concretarse en un molde constitucional de no haber podido resistir las críticas, los embates y el desgaste propios de los principios cuando chocan con los escollos que diariamente salen al paso del gobernante. Los principios de la revolución no se hubieran mantenido si no hubiesen sido el fiel reflejo del sentimiento argentino”.

Por último, el General Perón se refirió a lo que en cierta medida pretendía sea el sustento y contenido de la nueva Constitución Nacional: “En el discurso del día 2 de diciembre de 1943 afirmaba que "por encima de preceptos casuísticos, que la realidad puede tornar caducos el día de mañana, está la declaración de los altísimos principios de colaboración social". El objeto que con ello perseguía era: robustecer los vínculos de solidaridad humana, incrementar el progreso de la economía nacional, fomentar el acceso a la propiedad privada, acrecer la producción en todas sus manifestaciones y defender al trabajador mejorando sus condiciones de trabajo y de vida… …Y cotejando este programa mínimo, esbozo de la primera hora, cuando era tan fácil prometer sin tasa ni medida, ¿no es cierto que se nota una completa analogía con los rasgos esenciales de la reforma que el peronismo lleva al Congreso Constituyente? … … Señores: La comunidad nacional como fenómeno de masas aparece en las postrimerías de la democracia liberal. Han desbordado los límites del ágora política ocupada por unas minorías incapaces de comprender la novedad de los cambios sociales de nuestros días. El siglo XIX descubrió la libertad, pero no pudo idear que ésta tendría que ser ofrecida de un modo general, y que para ello era absolutamente imprescindible la igualdad de su disfrute. Cada siglo tiene su conquista, y a la altura del actual debemos reconocer que así como el pasado se limitó a obtener la libertad, el nuestro debe proponerse la justicia. El contenido de los conceptos Nación, sociedad y voluntad nacional no era antes lo que es en la actualidad. Era una fuerza pasiva; era el sujeto silencioso y anónimo de veinte siglos de dolorosa evolución. Cuando este sujeto silencioso y anónimo surge como una masa, las ideas viejas se vuelven aleatorias, la organización política tradicional tambalea. Ya no es posible mantener la estructuración del Estado en una rotación entre conservadores y liberales. Ya no es posible limitar la función pública a la mera misión del Estado-gendarme. No basta ya con administrar: es imprescindible comprender y actuar. Es menester unir; es preciso crear… … Lo que los pueblos avanzan en el camino político, puede ser desandado en un día. Puede desviarse, rectificarse o perderse lo que en el terreno económico se avanza. Pero lo que en el terreno social se adelante, esto no retrocede jamás… Y la democracia liberal, flexible en sus instituciones para retrocesos y discreteos políticos y económicos, no era igualmente flexible para los problemas sociales; y la sociedad burguesa, al romper sus líneas ha mostrado el espectáculo impresionante de los pueblos puestos de pie para medir la magnitud de su presencia, el volumen de su clamor, la justicia de sus aspiraciones… A la expectación popular sucede el descontento. La esperanza en la acción de las leyes se transforma en resentimiento si aquéllas toleran la injusticia. El Estado asiste impotente a una creciente pérdida de prestigio. Sus instituciones le impiden

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tomar medidas adecuadas y se manifiesta el divorcio entre su fisonomía y la de la Nación que dice representar. A la pérdida de prestigio sucede la ineficacia, y, a ésta, la amenaza de rebelión, porque si la sociedad no halla en el poder el instrumento de su felicidad, labra en la intemperie el instrumento de la subversión. ¡Esto es el signo de la crisis! El caso de los absolutismos abrió a las iniciativas amplio cauce; pero las iniciativas no regularían por sí mismas los objetivos colectivos, sino los privados. Mientras se fundaban los grandes capitalismos, el pueblo permaneció aislado y expectante. Después, frente la explotación, fortaleció su propio descontento. Hoy no es posible pensar organizarse sin el pueblo, ni organizar un Estado de minorías para entregar a unos pocos privilegiados la administración de la libertad. Esto quiere decir que de la democracia liberal hemos pasado a la democracia social.

SEGUNDA PARTE: La segunda parte de la organización de este trabajo, está compuesta por:  una primera sesión ordinaria (tercera reunión legislativa), en donde se desarrolla el tratamiento del Proyecto de la Oposición y el enfrentamiento de la Unión Cívica Radical.  Una segunda sesión (cuarta y quinta reunión legislativa). En la cual la Unión Cívica Radical impugna la validez de la Convención Nacional Constituyente de la reforma en cuestión. El día 1º de febrero de 1949 se efectuó la tercera reunión de la convencional constituyente. Sería la primera sesión ordinaria de la misma y que contaban de dos proyectos que estarían en pugna en la Convención Nacional: ♣ El primero, era la moción del convencional Domingo Mercante, que pretendía la modificación del mismo Preámbulo de la Carta Magna, además de la incorporación y modificación de varios artículos como más adelante se verá, y ♣ El segundo, la moción de Lebenshon, por la que se solicitaba que se declarara la nulidad de la convocatoria y de los actos electorales realizados en virtud de la ley 13.233.24 24

En esta sesión se escucharon varios enfrentamientos menores entre los partidos en pugna, que solo se

enuncian por lo baladíes que resultaron las discusiones y para no hacer ultra extensa la presente investigación con temas de menor importancia. Estas discusiones surgieron por: una donación realizada por la Fundación

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Fueron muchos los oradores convencionales pero el más significativo y quien sentencia la disputa fue el convencional Borlenghi al decir: “es indudable que en la composición de esta Convención Reformadora hay criterios distintos a los sustentados en las anteriores convenciones que han tenido participación histórica en la reforma de la constitución vigente. Los constituyentes que nos precedieron, aunque discrepaban entre si, venían todos con la finalidad de estructurar una Constitución o de hacer algo para mejorarla. Pero ahora existen, en la actual Convención, dos sectores opuestos, con misiones absolutamente distintas. La mayoría de los convencionales, respaldados también en la gran mayoría del Pueblo Argentino, entienden que la reforma constitucional debe dar base sólida a los principios de justicia social, a los derechos logrados en los últimos tiempos por el gobierno del primer magistrado de la Nación, General Perón, de indudables beneficios, especialmente para la clase trabajadora. Naturalmente el imperativo mayoritario, es el de introducir las modificaciones a nuestra Carta Magna, que tiendan a un beneficio superior para los humildes. En cambio, los convencionales del sector

minoritario

traen

el

mandato

de

sus

convenciones

partidarias

de

oponerse

permanentemente a todo lo que sea una reforma constitucional y de sostener como principio la vieja Carta magna del 53. La minoría desperdicia esta magnífica oportunidad que le brinda una parte del Pueblo Argentino. Creo que estas decisiones son erróneas y el juicio histórico no será halagüeño si persisten en esta decisión... la Convención del Partido Radical, minoritario, ha dado mandato a sus representantes aquí presentes para que se opusieran a toda reforma: pero siempre es bueno el tiempo para corregirse… nosotros a pesar de los insultos soeces de la minoría, sabemos que nuestro proyecto es mucho más democrático que la actual constitución vigente… a nosotros no nos pueden alcanzar los insultos de la minoría, porque sabemos que los señores convencionales están sentados en sus bancas exclusivamente PARA INTERFERIR E INTERRUMPIR LAS SESINES D ELA CONVENCIÓN. SABEMOS QUE CON ESAS INTERFERENCIAS VAN A CUMPLIR LOS SAGRADOS MANDATOS DE LA OLIGARQUÍA ARGENTINA QUE LES HA PAGADO Y LES PAGA PARA QUE SIGAN DEFENDIENDO SUS PROPIOS PRIVILEGIOS… Nosotros

como

respetamos

siempre

la

voluntad

del

pueblo,

respetaremos

democráticamente este al unísono ha pedido, que es la reforma de la constitución…”

lo

que

25

Este discurso tuvo amplia divulgación en los medios periodísticos y en lo que más tarde se conocería en los cines como “Sucesos Argentinos”. La opinión pública comenzaba a de Ayuda Social Eva Perón, en homenaje a los Constituyentes de 1853, el homenaje a la Asamblea constituyente de 1813, la consideración del despacho de la Comisión de Reglamento, la cuestión de privilegio planteada por el convencional Mercader, entre otras. 25

Convención Nacional Constituyente de 1949, Diario de Sesiones, Págs. 89/91.

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 27

ponerse en contra de la actitud radical gracias a la oratoria de Borlenghi. Sobre todo por las palabras finales de este convencional, que dijo que ellos son acusados por la minoría de ser censuradores de la palabra de los radicales, “pero muy por el contrario, nosotros somos los principales interesados en que ellos hablen para entender qué proyectos tienen y qué lineamientos quieren seguir, pero cuando hablan solo utilizan el tiempo en insultarnos y tratar de impedir todo el tiempo la reforma, cuando ya eso ha sido tratado y no acatado”. SEGUNDA SESIÓN, - CUARTA REUNIÓN- LA UCR IMPUGNA LA VALIDEZ DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE. Ulteriormente, el 15 de febrero de 1949, se desarrolló la Segunda Sesión, que consistió en la impugnación a la validez de la convención de parte de la minoría. La moción del convencional radical Simini, consistió en tratar sobre tablas el despacho de la Comisión de Poderes y Reglamento en el proyecto por el que se declara la nulidad de la convocatoria y de los actos electorales realizados en virtud de la ley 13.233. Todos los radicales prácticamente adhieren al despacho. Merece tratamiento aparte y profundo, el análisis del Convencional Peronista Berraz Montyn, miembro informante de la mayoría quien dijo: “el partido peronista quiere y necesita un amplio debate de esta cuestión. Lo quiere, en primer término, para satisfacer a tribunal de la opinión pública, la opinión pública del país, que debe conocer cuál es la posición del partido peronista, cuáles sus argumentaciones, qué valor tiene la impugnación del partido radical, qué objeciones serias se formulan y cuál es nuestra respuesta. En definitiva, el pueblo de la Nación debe conocer la postura del partido peronista y el valor técnico de nuestra defensa, como también el valor técnico y jurídico del alegato de los señores del partido radical… Se han realizado elecciones de convencionales como consecuencia de una ley del Congreso. Todos los partidos opositores, menos el radical –destaco esto para que sirva de testimonio histórico-, han desertado cobardemente de esta polémica. No han concurrido a elecciones… El partido radical, tradicionalmente de combate, como partido de pueblo que es, concurre a las elecciones, pero entiende que la ley 13.233 carece de validez por no haberse observado en el proceso de su sanción, el artículo 30 de la Constitución vigente. Sostiene además que la ortodoxia constitucional exige una previa declaración del Congreso. Como consecuencia de tales irregularidades apela a este honorable cuerpo constituyente para que, como órgano constitucional, decida la nulidad de la convocatoria y de los actos electorales, y en consecuencia,

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la invalidez de cada uno de los señores convencionales y la inexistencia legal de la propia convención reformadora…he de analizar señor Presidente, el art 30 cuando habla de los dos tercios de sus miembros… ¿Cómo interpretar dos tercios de sus miembros? El Congreso está integrado por las dos cámaras. En buena ortodoxia los dos tercios se refieren a los dos tercios de cada cámara. ¿Dos tercios de sus miembros de qué? De cada cámara es lógico… ¿Cuándo las cámaras pueden sesionar válidamente? El art. 56 de la Constitución Nacional (en adelante C.N), requiere mayoría absoluta o quórum; esta es la regla general. Dentro de las convenciones que se estudian en derecho parlamentario, quórum significa mitad más uno y tiene por objeto fundamental, primero y decisivo, evitar que puedan funcionar dos cámaras. La mitad mas uno hace a una cámara. ¿Cuándo hay quórum? La buena dialéctica enseña que hay cuando está integrado el número con sus partes necesarias para tal fin. Entonces –aprecie bien esta ilustrada convención-, podemos decir que hay cámaras. En otra forma no tenemos constitucionalmente hablando, cámara… para poder legislar requiere que sea en cámara, es decir colectivamente no individualmente, es decir, integrando la Cámara. No pierde la condición de legisladores, porque según lo que es elemental en derecho político, esa condición nace de la elección que le ha conferido el título. Lo contrario, importaría integrar un cuerpo desintegrado-, es claro, por tanto, que quiénes no la integran en ese momento, no pueden alegar absolutamente nada ligado con la cámara en el momento de la decisión. Las Cámaras deben funcionar en sus salas. La Constitución Nacional, en el art. 63, habla de las salas, cuando establece la posibilidad de que vengan al congreso los ministros del Poder Ejecutivo. Fuera de ellas no. Hay cámara cuando se encuentra en la sala de sesiones un número de legisladores suficientes para integrar el quórum. Ellos son sus miembros, entonces, a los efectos de la Constitución, sin que los ausentes, como he dicho dejen de ser legisladores, pero los que tienen la suma potestad para legislar válidamente en ese momento son aquellos legisladores que están dentro del recinto, a objeto pura y constitucionalmente de legislar. La Constitución de Estados Unidos, espíritu mayor de las Bases de Alberdi, contiene una disposición casi idéntica a la nuestra. La Sección VIII del segundo párrafo se habla de la Cámara en sus dos terceras partes y la interpretación de los tribunales de aquél país ha sido unánime en ese sentido de que se refiere a los miembros presentes.

Ulteriormente a ello, el convencional procede a dar lectura al caso “Missouri Pacificic Rrailway Company v. State of Kansas”, 13 de noviembre de 1918 y fallada el 7 de enero de 1919. Luego continúa el convencional: En el caso de la Constitución de Estados Unidos, la regla establecida ha sido que el establecimiento de una enmienda constitucional, se hace por los dos tercios de un

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quórum, ósea dos tercios de los miembros presentes, constituida la cámara con un quórum suficiente para funcionar. También el convencional funda el criterio, citando la regla establecida por el speaker Mr. Tred en la Cámara en 1898, coincidente con lo que sería la postura de la mayoría en Argentina, y poniendo énfasis en que en Norteamérica al interrogarse sobre las reglas de los dos tercios de las cámaras y el quórum, los mismos speakers dicen “no tener de necesidad de expedirse en una regla tan clara y precisa”. 26 Más adelante Berraz Montyn dice: “el 2 de octubre de 1946 (…) la Comisión Especial Intercameral, que integraba el diputado radical Ravignani, designada a raíz de la distinta interpretación que de un artículo constitucional hacía cada cámara, se expidió en el sentido de que cada una interpreta las disposiciones de la Constitución cuando se refiere a sanciones legislativas concernientes al cuerpo. Allí el diputado radical entendió que eran dos tercios de los presentes. Por otra parte, la ley 13.233 tiene un pronunciamiento expreso de la Cámara, según se puede ver en las páginas 2708 y 2709 del diario de sesiones de la Reunión 37 del 13 de agosto de 1948, de la Cámara de Diputados. En efecto, en esa sesión se resolvió que estando la cámara con quórum, con los dos tercios de los miembros presentes, sanciona y cumple el requisito del art. 30 de la constitución. Esta resolución fue aprobada por 96 votos contra 30.

Luego de terminar la interpretación histórica procede Berraz Montyn a recordar los precedentes constitucionales: “la ley 234 de la Confederación –y no olvidemos que esa fue una reforma sancionada mucho antes de los 10 años establecidos en la Constitución del 53-, con una disposición constitucional idéntica a la nuestra, fue sancionada en la siguiente forma: diputados posibles, según la constitución, 50. Los dos tercios de diputados posibles –y estoy dentro de la argumentación del Partido Radical-, eran 32. Asistieron 26 diputados. Quiere decir que en la Cámara de Diputados se votó mal, pues no hubo dos tercios del número ideal, que yo no estoy de acuerdo sean necesarios, pero que los son para el Partido Radical. Luego, en el terreno del puro precedente, la votación fue impugnable. O lo que es peor, fue mala y contraria a la constitución. ¿Cómo votaron los senadores en 1860? Los senadores posibles eran 26. Los dos tercios eran 16. Los presentes fueron 15, es decir uno menos. De esos 15 votaron 14 por la afirmativa y uno por la negativa. También se votó contra la exigencia constitucional. En consecuencia, la reforma de 1860 estuvo mal hecha, y no puede ser invocada como precedente. Históricamente podemos afirmar que la reformar del 60 fue una exigencia de la Nación; pero doctrinariamente debemos convenir que estuvo mal hecha. Como argumento no es aducible; como precedente es nulo. El convencional Berraz Montyn, cita demás bastísima jurisprudencia y comentarios doctrinarios estadounidenses, todos concordantes con la postura que quiere fundar. Citar toda la doctrina y jurisprudencia esgrimida por el convencional, haría ilimitada la presente investigación, dado que su discurso duró horas. 26

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La reforma constitucional de 1866 se operó mediante la ley 171 de la Nación. En el senado se votó bien, hubo la mayoría necesaria, de acuerdo al criterio sostenido por los señores convencionales radicales. En cambio, no fue así en la Cámara de Diputados. Los diputados posibles eran 50, los dos tercios de 50 eran 32.Los diputados asistentes fueron 29 y el presidente, no votó. La reforma de 1866, que no tenía la necesidad histórica apremiante, urgente, imperiosa, de la reforma de 186º habría sido mal votada….”

Luego de ello toma la palabra el convencional radical Mercader, ya sin argumentos basados en el artículo 30, hablan de la falta de libertad en el país y dice entre otras cosas: “ahora el ciudadano argentino vive otro drama más, no sabe a qué atenerse, sin prensa, sin radio y con la calle poblada de rumores”, a lo que el convencional oficialista Perazolo contestó: “me sorprende la alarma del señor convencional, que dice que ve la capital sin periódicos y con sus calles pobladas de rumores, pero yo recuerdo que en la República Argentina se han visto en el pasado cosas peores, como cuando desgraciadamente el partido que integra el señor convencional pobló en Vasena y Santa Cruz de miseria y tristeza a la clase trabajadora argentina, y ni que hablar de su participación con el fraude, el peculado y la corrupción de muchos de ellos después de 1930 hasta que nuestro movimiento terminó con todo ese delirio político”.

Luego, el 15 de febrero se inicia la Segunda sesión correspondiente a la quinta reunión en la que toma protagonismo el convencional Ramella que rebate los argumentos radicales de que el Congreso debió dictar una declaración y no una ley. Ramella refuta diciendo que eso era una “ridiculez”, dado que el Congreso se limitaría a emitir un simple enunciado para ser obligatorio a las personas. “Es sabido que solo obliga la ley y no meras declaraciones”. TERCERA PARTE- TERCERA SESIÓN – SEXTA REUNIÓN. Lo enunciado en el título de marras comienza el día 8 de marzo de 1949. Clave y descriptivo de la reforma, sería la discusión en General del Proyecto de Reforma del Informe de la Mayoría, esgrimido principalmente por el Dr. Enrique Sampay, miembro informante del oficialismo. Lo más importante de un extensísimo discurso sería: “La constitución de 1853, como todo el liberalismo, se propone afianzar la libertad personal –en lo cual reside lo vivo del liberalismo, aunque no es criatura suya sino del cristianismo, 27 pero en esa concepción la libertad comportaba simplemente la supresión de las constricciones jurídicas… la Constitución de 1853, escinde el domino económico-social, concebido como el campo reservado a las iniciativas libres y apolíticas, y el dominio político, reducido a las funciones estrictamente indispensables para restablecer las condiciones necesarias para el libre juego de los intereses Progresivamente los elementos de la Doctrina Social de la Iglesia van haciéndose eco con el discurso del Dr. Sampay. 27

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 31

privados. Para que “las armonías económicas subsistan” (…) la ciencia política no debe ocuparse de la organización del estado, sino simplemente de su función, o mejor aún, de determinar lo que el estado no debe ser en sus atribuciones. Su corifeo argentino, Juan B. Alberdi, principal coautor de la Constitución de 1853, aunque no participara de la Convención de Santa Fe (…), desentrañaba el espíritu fundamental de la constitución con las siguientes palabras: ‘la constitución contiene un sistema complejo de política económica, en cuanto garantiza por disposiciones terminantes, la libre acción del trabajo, del capital y de la tierra, como principales agentes de la producción; ratifica la ley natural del equilibrio que preside el fenómeno de la distribución de la riqueza y encierra en límites discretos y justos los actos que tienen relación con el fenómeno de los consumos públicos’. La riqueza es hija de la tierra, el trabajo y el capital. (…) Alberdi concluye que todo el ministerio de la ley, todo el círculo de su intervención en la producción, distribución y consumo de la riqueza pública y privada, se reduce pura y exclusivamente a garantizar su independencia y libertad, en el ejercicio de esas tres grandes funciones del organismo económico argentino.

Continúa Sampay: “el orden natural del liberalismo, entonces, recibido de la concepción doctrinaria de los fisiócratas, se asentaba sobre un concepto absoluto de la propiedad y sobre la creencia de que la acción privada, movida por el sólo interés personal, sería capaz de generar automáticamente un orden justo. Obsérvese que aquí aflora el basamento último de esta doctrina, o sea, la concepción angélica del hombre, heredada por el liberalismo de Descartes y Rosseau. Si el hombre era absoluta y naturalmente bueno, y solo las restricciones externas de su libre arbitrio desvirtuaban su ingénita bondad, no podía, en el ejercicio de su libertad económica, explorar a otro hombre, y en lo cultural –y educativa-, no necesitaba adquirir hábitos en virtud para la conveniencia social y así se fundamentaba también la neutralidad del estado frente al problema de la cultura.

Sampay pone de relieve luego los errores de esa concepción política, porque según él produjeron una penosa realidad sociológica consistente en la concentración de la riqueza en pocas manos y su conversión en instrumento de dominio y de explotación del hombre por el hombre, y que mientras algunas potencias foráneas proclamaban al exterior la libertad económica para servirse de ella en su política del imperialismo y de monopolios mercantiles, llevaron al país en aras de ese esquema utópico, con toda buena fe “a poner en manos ajenas el usufructo de nuestras riquezas y hasta el contralor internacional de nuestros ríos interiores”. Dice Sampay acto seguido: “la realidad histórica enseña que el postulado de la no intervención del estado en materia económica, incluye la prestación de trabajo, es contradictoria, (…) porque significa dejar libres las

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manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos, y por lo mismo dejar que sus soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos. En tales circunstancias, termina significando la intervención a favor del más fuerte, confirmando de nuevo, la sencilla verdad contenida en la frase que Talleyrand usó para la política exterior: “la no intervención es un concepto difícil, significa aproximadamente lo mismo que intervención.28 (…) Nuestro país pudo iniciar el viraje, gracias a la organización del Poder Ejecutivo y a sus vigorosos atributos desde el estado abstencionista y neutro, hacia un estado económico y cultural, hacia un estado de protección, estado de prosperidad y previsión y pudo acoger dentro de las formas constitucionales establecidas, el substrato sociológico de ese cambio, la causa de esa conversión, o sea, la democracia de masas, que es quien impone, con sus problemas y necesidades y su activa intervención en la vida política, esa profunda transformación. Aquí anoto que en ese momento histórico comienza la crisis de la parte dogmática de la Constitución, y la documentación de violaciones flagrantes de la Carta Fundamental por parte de intereses afectados por la política económica y social de Yrigoyen, quienes propiciaban la petrificación de la letra y espíritu de la CN de 1853 como un medio de impedir que el Poder político enfrentara el poder económico y de permitir que este último siguiera teniendo, en la realidad, el poder político a su servicio.

Sampay luego refiere la necesidad de la reforma de la parte dogmática de la Constitución. “cuando una constitución ha perdido vigencia histórica porque la realidad se ha desaparecido de la, debe abandonarse la ficción de una positividad que no existe y adecuarla a la nueva situación, para que siempre sea para los gobernados lo que Maurice Amos dice de la Constitución inglesa: “una religión sin dogmas”. Además, si se acogen en la ley fundamental la realidad surgida por exigencias de la justicia, el nuevo orden social económico, y la garantía de una efectiva vigencia de los derechos sociales del hombre, se atajan las posibilidades de que un vaivén reaccionario, jurisprudencial o legislativo, eche por tierra el edificio alzado sobre la base de la justicia social, so pretexto de cumplir las normas de la Constitución”.

Tras relatar lo que había sucedido, con las reformas del New Deal de Roosevelt, en EE.UU., y la declaración de la Corte Suprema de aquel país en 1935, por la que se declaró la inconstitucionalidad, de principios fundamentales de aquel sistema de reformas que lo sustentaban y que eran el organismo de contralor para la industria y para la producción agrícola dice Sampay: “también en nuestro país el reconocimiento de los derechos sociales y las medidas encaminadas a programar la economía en procura del bien común, que ha ido elaborando la Revolución Nacional, han sido achacados del vicio de inconstitucionalidad. Se arguye que el derecho social que impone a los patronos el pago de contribuciones asistenciales para sus obreros, de acuerdo Arturo Jauretche llamará ello en sus obras con la dicotomía “el dirigismo de ellos contra el dirigismo nuestro”. 28

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con la nueva concepción que supera el do ut des de la justicia conmutativa con criterios de solidaridad profesional, viola el derecho de propiedad reconocido por la Constitución. Las leyes protectoras de la economía nacional que la libran de la expoliación de os consorcios capitalistas y la hacen servir al hombre serían inconstitucionales porque contrarían la libertad de industria y comercio asegurada por la constitución vigente. Por todo ello es que urge incorporar incorporar definitivamente al texto de nuestra carta fundamental el nuevo orden social y económico creado, cerrando de una vez la etapa cumplida y desvaneciendo las acechanzas reaccionarias, para que la Constitución renovada al solidificar una realidad jurídica que, si no puede decirse inconstitucional, es extra constitucional, sea para los sectores privilegiados de la economía argentina como la leyenda que Dante vio en el frontispicio del infierno: “Lasciate ogni speranza”, e inicien, en consecuencia una segunda navegación orientada hacia la economía social, que si en algo mermará su libertad, hará más libre a la inmensa mayoría del pueblo, porque esa libertad de un círculo restringido, que tanto defienden se asentaba en la esclavitud de la gran masa argentina”.

El pensamiento esgrimido por Sampay y su fundamento iusfilosófico, era coetáneo al pensamiento de Perón en su “Comunidad Organizada”, la Doctrina Social de la Iglesia, y ciertos postulados keynesianos: “el estado (…) abandona la neutralidad que, repito, es intervención a favor del poderoso y participa, dentro de las funciones que le sin propias, en las cuestiones sociales, económicas, culturales, como poder supletorio e integrador, para afirmar un orden positivo, restituyendo o asegurando al hombre la libertad necesaria a su perfeccionamiento. De aquí surge, que toda interacción humana es objeto de la justicia conmutativa, en materia de dirección pública, en objeto de la justicia social, pues los hombres están subordinados al Estado, para de esta manera resultar coordinados a un mismo fin: el bien común...” “El sometimiento del interés individual al bien de todos, no es, rigurosamente hablando, la renuncia que una persona hace de un “bien suyo” a favor de un “bien ajeno”, sino la renuncia de un bien menor a favor de uno mayor…”

En lo que se refiere al intervencionismo estatal en al economía, Sampay reivindica las virtudes del New Deal en Estados Unidos, y dice que el capitalismo moderno faltó a la moralidad, a la caridad, al ethos, explotando económicamente al prójimo. Luego manifiesta que la libertad civil, la igualdad jurídica y los derechos políticos no llenan su cometido si no son completados con reformas económicas y sociales que permitan al hombre aprovecharse de esas conquistas. Sampay lo denomina con el nombre de “Democracia Social”: “… tenemos que suplantar el señalado régimen capitalista liberal del trabajo, basado en el concepto absoluto de la propiedad privada y en el contrato de locación de servicios, concertado

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por las partes sin injerencia del Estado, por una relación institucional de trabajo, constituida por las leyes obreras, que en virtud de sus disposiciones forzosas, de orden público por el interés social que las informa, son inderogables por la voluntad privada, y por los contratos colectivos de trabajo que son normas generales emanadas de los grupos profesionales.

LA HUELGA Y LA FAMILIA: Según Sampay, la huelga no tiene que estar positivizada en una constitución nacional, por que ello significaría reducir las conquistas a las contingencias de la ley. Para Sampay (y el constituyente Salvo), el concepto de huelga es superado por el peronismo, al decir que la misma es un derecho natural, que constituye un medio más a la resistencia a la opresión. “Los derechos civiles de 1853 y sociales de la Carta Fundamental propuesta, son tan inherentes al humano, que cualquier violación a ello activa todos los mecanismos para asegurar lo que se garantiza y se viola. Ello como nos enseñaron nuestros Santos Padres Teológicos, tiene que ir desde mecanismos legales, hasta mecanismos legítimos que pueden ser revolucionarios contra las arbitrariedades dispuestas. En 1853 tampoco se consagró el derecho humano a la vida, pero todos sabemos que ello es implícito, al derecho a la libertad, y a todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. La Constitución es la máxima de todas las garantías”.

En cuanto

la familia, Sampay crítica que el constitucionalismo liberal no reconoce

derechos políticos a la célula básica de la política como ser la familia, “porque el exacerbado individualismo de esas filosofías no les permitía entender el zoon politikon humano que los antiguos ya preveían hacia siglos”. “Así, el individualismo liberal, permitió cualquier estrago contra la familia obrera, porque el padre recibía el mismo salario de célibe con los que no lograba satisfacer las necesidades de su esposa e hijos, y en consecuencia, la mujer debió ir a la fábrica, descuidando la formación moral y la salud física de los niños, y estos, antes de tiempo y sin ninguna capacitación técnica, fueron lanzados a la prestación de trabajos retribuidos inicuamente.”

Sampay critica en la sesión, que el liberalismo reconoce el derecho a trabajar y no obstante, los acólitos de esa filosofía atentaban contra los sindicatos, dice que reconocen libertades políticas y no todos tienen derechos sufragar, y los que tienen el derecho veían viciada su voluntad soberana por el fraude, por el peculado y la corrupción. Esto llevaría luego a suprimir el régimen de democracia representativa por juntas consultivas, que muchas veces en la campaña decían estar a favor de un candidato y proyecto determinado, y luego en las juntas actuaban distinto a lo prometido. Por ello se establecerían en 1949, el sistema de elección directa que perduraría hasta hoy. A su vez,

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en 1947, se reconoció los derechos civiles y políticos a la mujer, y con ello se hacia apología a la mayoría, jactándose de ser artífices genuinos promotores de la igualdad de oportunidades e igualdad cívica ante la ley. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA COMO ESPÍRITU: Sampay constantemente cita al derecho natural como norma de la que la Constitución Nacional debe “participar” ininterrumpida y coetáneamente. Manifiesta que toda controversia o duda del texto constitucional debe resolverse a favor del derecho natural. El Partido Comunista, el mismo que en 1954 integraría el famoso Corpus Christi conocido como la “marcha por la democracia”, en 1949 manifestaba declaraciones alti sonantes por el carácter “sectario y profundamente religioso de la constitución reformada, y no podía tolerarse que el opio de los pueblo sea mandato constitucional, que atenta contra la libertad de cultos y la igualdad ante la ley”. Cierto es que Sampay, positivizó los principios que los Santos Padres, brindaron en las encíclicas Renun Novarum de SS. León XIII, y sobre todo, de Quadragessimo Anno, de SS. Pío XI. Estos principios también tenían como antecedentes similares, al pensamiento proteccionista de Mariano Fragueiro. Lo que la oratoria que lo caracterizaba a Perón, definió como “¡Ni yanquis ni marxistas!”, era una síntesis discursiva de la negación eclesiástica al liberalismo y al comunismo. Luís Terroba, deja en claro, como Perón, Mercante, Sampay, González Arzac, entre otros, se referían gran cantidad de veces a principios constitucionales fundados en la doctrina social de la iglesia, pero de ningún modo citaban otros constitucionalismos sociales como las Constituciones de Weimar o Querétaro, que en su articulado tenían disposiciones similares a lo debatido. En una sola oportunidad la Constitución de Weimar fue citada, no así la de Querétaro porque no quería relacionarse la reforma con “elementos marxistas”. Paralelo a los procesos citados, Sampay estudia los diferentes intentos políticos desarrollados por los gobiernos Europeos para escribir constituciones superadoras del liberalismo y de los modelos del fascismo y comunismo. En este marco, Sampay cita la Constitución de la Alemania de Weimar de 1929, que en su artículo 153 establece que la propiedad privada debe constituir al mismo tiempo que resguardo del derecho individual, un servicio de alto interés publico”. 29 Cita además, la Constitución Irlandesa de 1937, la cual sostiene tácitamente que el Estado puede delimitar el uso de la propiedad privada a fin de conciliar su ejercicio con las exigencias del bien común.

29

González Arzac, Alberto, Sampay y la Constitución del futuro. Ed. Peña Lillo, Bs. As. 2000. Pág. 26

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Como se mencionó anteriormente, en 1931 al cumplirse cuarenta años de la encíclica Renun Novarum, Pío XI signa la encíclica Quadragessimo Anno. Ya la doctrina social de la iglesia, se iba afianzando y uniformando en usa serie de encíclicas hasta ese año. 30 Decía el Santo Padre: “Conocéis, venerables hermanos y amados hijos, y os hacéis cargo perfectamente de la admirable doctrina que hizo siempre célebre la encíclica Rerum Novarum. En ella, el óptimo Pastor, doliéndose de que una parte tan grande de los hombres "se debatiera inmerecidamente en una situación miserable y calamitosa", tomó a su cargo personalmente, con toda valentía, la causa de los obreros, a quienes "el tiempo fue insensiblemente entregando, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores" (Rerum Novarum, 9), sin recurrir al auxilio ni del liberalismo ni del socialismo, el primero de los cuales se había mostrado impotente en absoluto para dirimir adecuadamente la cuestión social, y el segundo, puesto que propone un remedio mucho peor que el mal mismo, habría arrojado a la humanidad a más graves peligros… fundado exclusivamente en los inmutables principios derivados de la recta razón y del tesoro de la revelación divina, indicó y proclamó con toda firmeza y "como teniendo potestad" (MT 7,29) "los derechos y deberes a que han de atenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo" (Rerum Novarum, 1), así como también lo que corresponde hacer a la Iglesia, a los poderes públicos y a los mismos interesados directamente en el problema.

El Santo Padre, incorpora los conceptos, de función social y cristiana de la propiedad, asociaciones de patronos y de obreros como entidades colaboracionistas para enfrentar conflictos de intereses y no como partes en pugna constante, derechos del trabajador, desde la familia hasta la ancianidad, función política de la caridad, cristianización de la vida la vida económica, la contradicción católico – socialista o liberales como imposible, 31 la condena al liberalismo como creación de la masonería anti cristiana, la necesidad de un salario justo y equitativo a los trabajadores, jornadas máximas de trabajo, y la necesidad de un ahorro laboral para la última etapa de la vida (léase jubilación).

Pueden citarse el fundamento de la sociedad humana, que es la familia, y el venerando sacramento del matrimonio (Enc. Arcanum, 10 de febrero de 1880), sobre el origen del poder civil (Enc. Diuturnum, 29 de junio de 1881) y sus relaciones con la Iglesia (Enc. Immortale Dei, 1 de noviembre de 1885), sobre los principales deberes de los ciudadanos cristianos (Enc. Sapientiae christianae, 10 de enero de 1890), contra los errores de los «socialistas» (Enc. Quod apostolici muneris, 28 de diciembre de 1878) y la funesta doctrina sobre la libertad humana ((Enc. Libertas, 20 de junio de 1888), y otras de este mismo orden, que habían expresado ampliamente el pensamiento de León XIII, la encíclica Rerum novarum tiene de peculiar entre todas las demás el haber dado al género humano, en el momento de máxima oportunidad e incluso de necesidad, normas las más seguras para resolver adecuadamente ese difícil problema de humana convivencia que se conoce bajo el nombre de «cuestión social». 31 “No podeís estar con Dios y con Mamón al mismo tiempo, o se está con uno o se está con otro”. 30

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Por último tiene que citarse literalmente a la encíclica, en la condena al monopolio capitalista del crédito, de forma tal que esta parte de la encíclica llegó a integrar hasta los “considerandos”, de la nacionalización del Banco Central de la República Argentina: 105. Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no sólo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, sino sólo custodios y administradores de una riqueza en depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio. 106. Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad. 107. Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi característica de la economía contemporánea, es el fruto natural de la limitada libertad de los competidores, de la que han sobrevivido sólo los más poderosos, lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia. 108. Tal acumulación de riquezas y de poder origina, a su vez, tres tipos de lucha: se lucha en primer lugar por la hegemonía económica; es entable luego el rudo combate para adueñarse del poder público, para poder abusar de su influencia y autoridad en los conflictos económicos; finalmente, pugnan entre sí los diferentes Estados, ya porque las naciones emplean su fuerza y su política para promover cada cual los intereses económicos de sus súbditos, ya porque tratan de dirimir las controversias políticas surgidas entre las naciones, recurriendo a su poderío y recursos económicos.

Con estos antecedentes, Sampay se refiere a la “Cuestión Social”: “por justicia social debe entenderse la justicia que ordena las relaciones recíprocas de los grupos sociales, los estamentos profesionales y las clases con las obligaciones individuales, moviendo a cada uno a dar a los otros la participación en el bienestar general a que tienen derecho en la medida en que contribuyeron a su realización” (…) Elevamos pues a categoría constitucional, el principio de abuso del derecho, consagrado en algunos códigos civiles modernos; pero vamos más lejos todavía, porque consideramos delito, la falta de solidaridad social, el uso abusivo de la libertad personal, y si con el nuevo concepto de propiedad asentamos la piedra sillar de un nuevo código civil, lanzamos con esto un nuevo capitulo del código penal, donde tendrán su capítulo los llamados delitos económicos, de la misma manera que tendrán los suyos los delitos cometidos, verbigracia, por falta de asistencia familia, así el usurero, el explotador del hombre, el que negocia con el hambre de otros, el mal padre, hallarán su castigo en el nuevo Código Penal y no sólo como en el mundo burgués, en el infierno de Dante. (…)

LA NACIONALIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL. Como base a la reforma, se nacionaliza en modo absoluto las instituciones bancarias oficiales, incluyendo, el BCRA, porque es imprescindible la estatización de este organismo para orientar la economía argentina hacia la ocupación plena, vale decir, hacia una economía sin paro forzoso. Si el Banco Central, no está en manos del estado, es imposible promover, guiar y cumplir la acción política que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles, como tampoco podrán lograrse la expansión ordenada de la economía nacional con miras a que la

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explotación de la riqueza posibilite a cada trabajador el ejercicio del derecho al bienestar que le garantiza la reforma. Constitucionalizamos el Banco Central, ahora si argentino, porque queremos impedir el retorno del Banco Central de Sir Otto Niemeyer, calcado sobre el molde de los que funcionaban en dominios británicos, ya que es sabido, señor presidente, que un Banco Central en manos foráneas es el ápice del edificio imperialista en todo el país sometido al coloniaje económico.

Acto ulterior, Sampay habla de las bondades del monopolio del comercio exterior, representado en el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI), y de la necesidad de la propiedad nacional de los recursos naturales. Para fortalecer esto último, introduce una oratoria propia de un “correligionario radical”, y comienza hacer una extensa reivindicación a Hipólito Yrigoyen y su intento de mantener nacionalizado el petróleo, poniendo de relieve cómo los consorcios internacionales y los grandes terratenientes, festejaron su caída. El informe de la mayoría de Sampay resume toda la concepción justicialista de lo que se traduciría luego en los debates de los temas en particular, y que en última instancia, ante la ausencia de la UCR que vieron obstaculizados sus intentos por paralizar la reforma (como se dijo ellos pedían la no – reforma, y de los debates no surgen ninguna cuestión que ellos planteen para la reforma), se traduciría en lo que sería la Constitución de 1949. Analizar los temas en particular, excedería el máximo requerido para esta investigación, pero de igual forma se presenta un organigrama de cómo siguieron las sesiones de dichos temas en particular: • Prosiguiendo la tercera sesión, nos encontramos con la octava reunión en la que consta de:  El discurso del convencional Áloe que critica a la oposición radical y se refiere luego a: 

La libertad de prensa



Consideración particular de la reforma



Fundamentos de la supresión de artículos de la vigente constitución de 1983 con sus reformas ulteriores hasta 1949.

 El tema elecciones, será luego analizado por el convencional Arturo Sampay.  Por su parte el convencional Valenzuela se referirá a: 

La importancia de la representación directa en las elecciones.



La cuestión de las milicias provinciales.



Ejército



Las Autonomías Provinciales.

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 Quien debatió sobre cuantiosos temas fue el Convencional Carvajal entre los que se destaca: 

El radicalismo ante los trabajadores.



Se procede a una crítica general a los años 1930 y ulteriormente a la llamada “Década Infame” por los historiadores revisionistas como José María Rosa o los “Forjistas”.



La cuestión de la tierra.

 Uno de los debates más filosóficos de esa sesión fue la del constituyente Ramella quien se refirió en ella a: 

La Tercera Posición.



La importancia de la ciencia y la educación nacional.



La cuestión universitaria.

 El convencional Méndez San Martín por su parte, debatirá sobre: 

La Asistencia Pública.



Los seguros sociales y la importancia de los reaseguros por parte del estado.



Los derechos de la ancianidad.

• La cuarta sesión comienza en la novena reunión en la que se destacan los constituyentes:  El constituyente Parera hablo de: 

El fin del liberalismo del S. XIX.



La aparición de los monopolios y del sistema imperialista que al decir del diputado debe tener contralor en el estado.



Énfasis en la garantía a las libertades y libre pensamiento.

 Será el convencional Martín quien refiera al harto esgrimido tema del “capital y la economía al servicio del hombre. 

También los límites entre propiedad privada y estatal.

 Los convencionales Tanco, Sampay y Maturo, refirieron coetáneamente a temas como ser: 

La cuestión de las carnes y el discurso “opositor” sobre ese tema.



La necesidad de la nacionalización del comercio exterior.



La inmigración y la oligarquía.

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

Industrialización y reforma constitucional.



EL PUNTO MÁS INTERESANTE SON LOS FUNDAMENTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PREÁMBULO.



La equidad de los impuestos.



La importancia del nacionalismo en la “Nueva Argentina”.

♣ La cuarta sesión ordinaria continúa con la décima reunión (10/3/1949) en la que todos los constituyentes refieren a:  En cuanto a derecho constitucional comparado, se analiza la cuestión “reelección” y se citan importantes filosofías políticas como ser: Tocqueville y Jefferson, Wilson, Montesquieu. Al referirse a Juan Bautista Alberdi, el convencional Valenzuela lo considera un “ambiguo”.  El convencional Evans, incorpora los términos: justicia social, libertad económica, economía social.  En esta sesión se pone énfasis en la cuestión de los trabajadores, el derecho a huelga, el 1º de mayo y la necesidad de su reivindicación, la evolución del trabajo en Argentina, “las traiciones del radicalismo al ejército”.  Se finaliza con un homenaje a Honorio Pueyrredón. ♣ La Quita sesión ordinaria, comienza con la undécima reunión (10/3/1949) donde se analizan temas como:  La cuestión eclesial.  Se analizan todos los artículos relacionados con ley penal.  Un tema fundamental es LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD.  La participación de los SINDICATOS en la vida política como “organización intermedia fundamental” para una “comunidad organizada de la gran familia nacional”.  Banco Central en manos del estado e independencia económica.  El rol de los bancos en la protección de la soberanía nacional.  La organización bancaria propiciada por el presidente norteamericano Harry Truman.

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Por último cabe agregar que una de las notas particulares de la reforma de 1949, fue la introducción en el Preámbulo, de lo que sería la Doctrina Peronista, al incorporar la frase.: “ratificando el sano orgullo de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. El Convencional Radical Lebenshon diría que eso es parte del la tiranía que la UCR tanto denunciaba. Convencionales como John Coocke, Tanco, Luder, Cámpora, dirán que esas políticas no tienen que ser propias de un partido político determinado o movimiento nacional, sino de todo ciudadano que se digne de ser argentino libre. Además, una nueva nota característica fue la indefinida reelección del Poder Ejecutivo. Perón se manifestó en contra de ello en su discurso de apertura, pero Terroba dice que fueron los convencionales quienes impusieron ese artículo contra la voluntad de Perón. Sea cierto ello o no, lo que si es seguro es que Perón hizo uso en 1951 de esa facultad. Constituyentes como Sampay, o González Arzac dirían: “los radicales se manifiestan en contra de la posibilidad de la reforma del art. 77 de la Constitución Nacional, peo distinto hubiese sido el destino de la Nación, si este artículo hubiese estado vigente en la década del ’20, posibilitando a Yrigoyen a ser reelecto. Eso hubiese sido el obstáculo, para la traición al Radicalismo y a la Patria, que se gestó en 1922…”. Convencionales como el Dr. Cámpora, dirán que si los radicales son tan apologéticos al civismo y la democracia, deben permitir al pueblo y específicamente a los ciudadanos, a ser los únicos soberanos en decidir quién gobierna, y por cuánto tiempo gobierna. Remata diciendo: “ese es el respeto de los políticos que creemos en el poder del pueblo, y en la inhabilidad del pueblo. Acaece que hay señores que están acostumbrados a que los políticos sean elegidos a dedos, por caras y antecedentes, más no por proyectos políticos. Solo así habrá que trabajar para hacer una competencia donde cada partido político busque superar al otro, de manera que solo surjan políticas benéficas para el pueblo, más nunca retrógradas y en perjuicio de este. Es el único aseguramiento que lo garantiza”. SANCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL La Reforma, tal cual como fue propuesta por el proyecto de la mayoría, fue sancionada el 11 de marzo de 1949, y fue jurada el 16 de marzo de ese año. Luego de un profundo debate que implicó revisar los más de veinte proyectos de constitución anteriores y otro conjunto de experiencias nacionales e internacionales, los constituyentes dan forma al texto patrio, que como vimos, respetaría las garantías

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liberales del documento de 1853 en varios aspectos. En este sentido, vemos que la constitución de 1949 protege los derechos individuales y el sistema republicano, federal y representativo; declara a la autonomía de las provincias; mantiene la existencia de la división de poderes; declara la importancia de mantener el sistema bicameral; establece claramente la autonomía del poder judicial. Asimismo, existen otras medidas de este tipo, como por ejemplo, fija límites claros al poder ejecutivo, nombra la autonomía universitaria e introduce un nuevo concepto de derecho penal. Además y en términos de ampliación de los derechos individuales, la constitución de 1949 agregaría el marco legal para el posterior derecho electoral ampliado a las mujeres; crearía la figura del habeas corpus y el beneficio de la duda ante la acusación penal; aparece en su articulado la representación profesional; nace la elección directa del presidente y los senadores; esta reforma introduce la posibilidad de reelegir al presidente y vice, etc. A las garantías “liberales” de 1853, la constitución de 1949 le sumaría al esquema de funcionamiento del país una nueva concepción cultural, caracterizada por la defensa de la nacionalidad y los valores patrios, reflejados desde el preámbulo que afirma la importancia de la “cultura nacional”32 y la formación de una “nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. A esta nueva concepción de nación, la Constitución agregara un nuevo concepto de Estado interventor en la economía. El estado según este texto, tiene potestad para monopolizar áreas de servicios públicos, el comercio y los recursos naturales. Asimismo y como uno de los hechos políticos, sociales y culturales más importantes de la historia argentina y latinoamericana, la constitución reconoce los derechos del trabajador, la ancianidad, la familia y la cultura, institucionalizando una nueva concepción de derecho y de democracia: la justicia social y la democracia ampliada o de masas. La constitución daría un nuevo sentido a la propiedad privada, abandonando el esquema liberal individualista y articulando otro modelo que reconocía el sentido social de la propiedad: el Estado es el garante de dicha nueva relación y para eso, puede nacionalizar servicios públicos, bancos, el comercio y desarrollar empresas del Estado. La nueva constitución establece otra noción de soberanía diferente al texto de 1853, fijando los límites del capital extranjero en la participación de nuestras riquezas nacionales y en las actividades comerciales: el Estado se garantizaba que los recursos naturales El tema de la “cultura nacional fue un álgido y fundado debate. Se entendía por ella a la tradición hispánica, reivindicándose el Día de la Raza y toda la evangelización y alfabetización española en América. 32

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eran inalienables e imprescriptibles de la nación y reglamentaba la navegación de los ríos interiores y el funcionamiento de las aduanas. El art. 40 sería la expresión máxima y constitucionalizada, de la “independencia económica”, signada en la Ciudad de San miguel de Tucumán, el 9 de julio de 1947. 33 PREÁMBULO MODIFICADO CON LA DOCTRINA NACIONAL: Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y la cultura nacional, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino; ratificando la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.

33

Documentación Adicional - Acta de la Independencia Económica:

Esta declaración es uno de los hechos mas importantes producidos por la revolución peronista, ya que refleja la consolidación de la independencia Argentina de los poderes y organismos internacionales, dentro de un país, sin deuda externa, industria nacional abasteciendo al mercado interno, y todos los resortes económicos regulados por el gobierno, este acontecimiento se llevo a cabo en la ciudad de Tucumán el 9 de julio de 1947, lugar y fecha aniversario de la declaración de la independencia política en 1816, ante la presencia del Presidente Chileno de entonces. "En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán a los nueve días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y siete, en centésimo trigésimo primer aniversario de la declaración de la Independencia política, sancionada por el congreso de las provincias unidas, reunido en mil ochocientos dieciséis, se reúnen en acto solemne los representantes de la Nación, en sus fuerzas gubernativas en sus fuerzas populares y trabajadoras, para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela control y dominio, bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de los que en el país pudieran estar a ellos vinculados. A tal fin los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo, y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos de trabajo argentino, y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y su porvenir. Así lo entienden y así lo quieren, a fin de que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos de la tierra que los consumen, puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en Ninguna época anterior y superiores a los que puedan anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace ciento treinta años proclamaron ser políticamente independientes. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y la industria se expanden conjuntamente con aquellos. La cooperación, que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas, será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías."

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Capítulo III Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura Art. 37 - Declárense los siguientes derechos especiales: I. Del trabajador 1. Derecho de trabajar - El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite. 2. Derecho a una retribución justa - Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad deber organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. 3. Derecho a la capacitación - El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse. 4. Derecho a condiciones dignas de trabajo - La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan. 5. Derecho a la preservación de la salud - El cuidad de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo. 6. Derecho al bienestar - El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico.

7. Derecho a la seguridad social - El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.

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8. Derecho a la protección de su familia - La protección de la familia responde a un natural designio de individuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos efectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el modo más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social. 9. Derecho al mejoramiento económico - La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin, y estimular la formación y utilización de capitales, en cuanto constituyen elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general. 10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales - El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarle o impedirlo. II. De la familia La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimento de sus fines. 1. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad. 2. El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una ley especial establezca. 3. El Estado garantiza el bien de la familia conforme a lo que una ley especial determine. 4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado. III.

De la ancianidad

1. Derecho a la asistencia - Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creados, o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. 2. Derecho a la vivienda - El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana. 3.. Derecho a la alimentación - La alimentación sana, y adecuada a la edad y estado físico de cada uno, debe ser contemplada en forma particular. 4. Derecho al vestido - El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior. 5. Derecho al cuidado de la salud física - El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente.

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6. Derecho al cuidado de la salud moral - Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto. 7. Derecho al esparcimiento - Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera. 8. Derecho al trabajo - Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. 9. Derecho a la tranquilidad - Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones, en los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano. 10. Derecho al respeto - La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. IV. De la educación y la cultura La educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella, conforme a lo que establezcan las leyes. Para ese fin, el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnico-profesionales, universidades y academias. 1. La enseñanza tenderá al desarrollo del vigor físico de los jóvenes, al perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de sus potencias sociales, a su capacitación profesional, así como a la formación del carácter y el cultivo integral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas. 2. La enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado. La enseñanza primaria en las escuelas rurales tenderá a inculcar en el niño el amor a la vida del campo, a orientarlo hacia la capacitación profesional en las faenas rurales y a formar la mujer para las tareas domésticas campesinas. El Estado creará, con ese fin, los institutos necesarios para preparar un magisterio especializado. 3. La orientación profesional de los jóvenes, concebida como un complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad, con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad. 4. El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento. Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales. Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la

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esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución. 5. El Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas artes, cuyo ejercicio es libre; aunque ello no excluye los deberes sociales de los artistas y hombres de ciencia. Corresponde a las academias la docencia de la cultura y de las investigaciones científicas postuniversitarias, para cuya función tienen el derecho de darse un ordenamiento autónomo dentro de los límites establecidos por una ley especial que las reglamente. 6. Los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de alcanzar los más altos grados de instrucción. El Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante becas, asignaciones a la familia y otras providencias que se conferirán por concurso entre los alumnos de todas las escuelas. 7. Las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural cualquiera que sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del Estado, que puede decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros artísticos. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica que asegure su custodia y atienda a su conservación. Capítulo IV La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica Art. 38 - La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4°. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz. Art. 39 - El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. Art. 40 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad

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imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido. Art. 78 - El presidente y el vicepresidente duran en sus cargos seis años y pueden ser reelegidos. Art. 82 - El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo y a simple pluralidad de sufragios, formando con este fin las provincias, Capital Federal y territorios nacionales un distrito único. La elección deberá efectuarse tres meses antes de terminar el período en ejercicio. El escrutinio se realizará por el o los organismos que establezca la ley.

DEROGACIÓN ABROGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1949 El 24 de febrero de 1952, Perón haría uso del art. 78 para posibilitar su reelección. Un año antes, una intentona de golpe de estado fue frustrada. Ese mismo año, el 26 de julio, la Primera Dama, Eva Duarte, moría víctima de un cáncer. En 1954, se produce el Corpus Christi que significó una marcha política que materializaba la ruptura del Peronismo con parte de la Iglesia. Toda la oposición, incluso los marxistas que en 1949 se oponían al espíritu católico de la Carta magna reformada, participaría de esa marcha. El 16 de junio de 1955, se producen los crueles bombardeos contra población civil en Plaza de Mayo. El 16 de septiembre de 1955, se produce la autodenominada Revolución Libertadora, que ahora si triunfante derrocaría a un Perón que prefiere renunciar y el exilio sin dar combate ni resistencia. Uno de los capítulos más oscuros de la historia jurídicos política, fue la abrogación de la reforma de 1949, por un gobierno de facto, y con una mayoría proscripta. Participarían de ese acto notoriamente ilegítimo, los que minuciosamente observaban de legalidades, formalidades y solemnidades en 1949, para impugnar la sanción de la reforma. Decía el decreto de abrogación de la Constitución: PROCLAMA DEL 27 DE ABRIL DE 1956

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El Gobierno provisional de la Nación Argentina, en ejercicio de sus poderes revolucionarios, proclama con fuerza obligatoria:

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Proclama del 27 de abril de 1956” (ADLA, T.XVI-A, pág.1)

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Art. 1°: Declarar vigente la Constitución nacional sancionada en 1853. . . . .Y exclusión de la de 1949. . . . Art.2°: El gobierno provisional de la Nación ajustará su acción a la Constitución que se declara vigente por el art.1°, en tanto y cuanto no se oponga a los fines de la Revolución... Art.3°: Decláranse vigentes las Constituciones provinciales anteriores al régimen depuesto. . . . . . . Art.4°: Déjase sin efecto las Constituciones sancionadas para las provincias de Chaco, La Pampa y Misiones. . . . . . Art.5°: . . . . . . . . . . . Art.6°: La presente proclama será refrendada por el Excelentísimo señor Vicepresidente provisional de la Nación y los señores ministros secretarios de Estado en acuerdo general. Art.7°: . . . . . .Aramburu. Rojas. Ossorio Arana. Busso. Podestá Costa. Hartung. Krause. Martínez. Alizón García. Llamazares. Blanco. Alsogaray. Bonnet. Migone. Mendiondo. Mercier. Dell’Oro Maini. Ygartúa. Landaburu.

El gobierno surgido el 16 de septiembre, no solo derogaría la CN de 1949, sino que además desafiaría sus principios contrayendo el primer empréstito al Fondo Monetario Internacional, negociado por el Ministro de Economía Presbich, que

por usura y

anatocismo continúan sus secuelas hasta el día de hoy. 35 En 1957, se convocaría a una nueva asamblea constituyente, pero con la mayoría del país proscripta, y sin tener legitimidad el pode convocante. La Constitución de 1949, en el Tercer Gobierno Peronista. Gobierno Del General Perón: El Almirante Isaac Francisco Rojas, vicemandatario del Gobierno de la Revolución Libertadora,

hacia

1973

presidía

una

organización

llamada

“Alianza

Patriótica

Nacionalista”. En ella, diariamente en los periódicos, reivindicaba la Constitución Nacional de 1853. Asumido el General Perón, esgrimió que la Constitución de 1957 (léase reforma) fue legitimada por el mismo Perón que juró sobre ella al asumir en su tercer mandato… 36 Cuantiosos argumentos análogos hay al respecto, que sostienen que Perón en su tercer mandato “no quería volver más a la Constitución de 1949”.

37

Recordemos que hacia 1947, antes de la “independencia económica”, la deuda externa contraída en 1824, y que se mantuvo por nunca cancelarse los intereses, fue repatriada y terminada de saldarse en 1947. Hacia 1955, no había un solo peso de deuda externa, pero como bien lo demuestran Jauretche entre otros en “El Estatuto del Coloniaje”, los pasivos que el gobierno de la libertadora publicó ni bien asumido, fueron un notorio y escandaloso invento, como desprestigio político al régimen derrocado. 36 Diario “La Razón”. 4 de diciembre de 1973. Pág. 5. Col. 2. 37 Sostienen este discurso, autores como el Dr. Diego Giuliano, en el prólogo a la Segunda Edición del Libro “La Constitución de 1949, Una Causa Nacional”, del Dr. Luis Terroba, reiteradamente citado en la presente 35

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 50

Si bien es cierta la declaración de Isaac Rojas, no puede desconocerse, como apreciación personal, que tanto la reforma en que el Almirante hace apologías, como la ulterior enmienda propiciada por Lanusse38, fueron todas “Manu militar”. El proceso de transición democrática, debió seguir con la “costumbre” constitucional, por sobre una constitución pisoteada y vilipendiada por todos los golpes contra las instituciones efectuados por las Fuerzas Armadas. El General Perón, como Presidente Electo el 23 de septiembre de 1973, cumplió con las solemnidades constitucionales para asumir en su tercer mandato e investirse con la máxima magistratura de la Nación. Ahora bien, desconocido es para la historia, o desapercibido, la actitud que el Tercer gobierno peronista, adopta en cuanto a las cuestiones constitucionales, por sobre la idea imperante, que Perón no habría querido volver a los postulados de 1949. Pruebas al canto: Inmediatamente asumido Perón, en el acto de “Clausura de la Semana de la Seguridad Social”, el entonces Presidente pronuncia el siguiente discurso en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el 30 de noviembre de 1973. En ese discurso dijo Perón sobre la derogada constitución: “la función de la previsión social con su asistencia social, y todos los demás menesteres, es parte de esa solidaridad que no sólo tenemos la obligación moral de mantener, sino también destacar que en nuestro país ya es una conquista que no puede ceder a la acción destructora del tiempo ni desvanecerse bajo las sombras del olvido. En 1949, sancionamos una Constitución Justicialista, donde se dio status constitucional a los deberes y a los derechos de la ciudadanía. Entre esos derechos estaba el del trabajo, el de la familia, el de la ancianidad y el de la niñez. Han pasado muchos años, en 1956 esa constitución que estableció inalienablemente esos derechos, fue derogada por un bando. Yo no sé cómo puede hablarse de derecho constitucional en un país donde, por un bando, puede dejarse sin efecto una Constitución. Tenemos que volver a dar status constitucional a esos derechos porque ningún sistema constitucional podrá afirmarse en derechos que no estén garantidos por una Constitución, que ha de ser inamovible para evolucionar solo a lo largo de los tiempos y no al antojo de algunos obra. Dicho Constitucionalista me confío que la fuente de la que se sostenía era tomada de los dichos del hijo de Ítalo Argentino Lúder a él mismo, cuando le consultó lo propio de marras. 38 En 1972, el Ejecutivo de Facto, General Lannuse, al convocar a elecciones, a su vez modificó el texto de 1853, por disposición de la Junta Militar que formaban los comandantes generales del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea, estableciendo entre otras cuestiones la limitación a cuatro años de los mandatos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la posibilidad de aumentar el número de ministerios en la cantidad que el Poder Ejecutivo considerase necesario y la factibilidad de autoconvocatoria del Congreso. Todo esto con una ley electoral que imponía la representación proporcional parlamentaria y la doble vuelta o “balotagge” para elegir presidente de la República y gobernadores.

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 51

trasnochados que encuentran mal todo lo que ellos no han sido capaces de realizar…

Y en la primera conferencia de Prensa que Perón brinda a los representantes de los medios de comunicación acreditados en la Casa Rosada, el 20 de diciembre de 1973, Perón responde sobre la reforma constitucional que el llamó a realizar para octubre de 1975 (dato conocido por muy pocos, y que no lo cita ninguna bibliografía salvo las publicaciones oficiales de la Secretaría de Prensa y difusión Contemporánea): “… la Asamblea Constituyente que reforme la Constitución de la Nación Argentina, debe ser – esa es mi idea- una reunión de personas en la que ninguna sea más que la otra, en la que no interese que no represente a una mayoría o a una minoría, en la que se llegue a un acuerdo en el que todas las opiniones estén representadas. La elección debe ser proporcional. No será una elección, por una mayoría y una minoría. La haremos proporcional, para que todo el mundo esté representado, aunque sea por uno, para que colabore en eso. Lo que queremos es hacer un nuevo Acuerdo de San Nicolás para que dure un siglo y medio como la anterior. En cuanto a modificaciones orgánicas, etc., eso será una cuestión privatiza de la constituyente, no nuestra. Nosotros tenemos una base: la Constitución de 1949, que es una reforma de 1853, agregando todas las facetas sociales de que carecería esa Constitución, porque había sido redactada en una época en que lo social no contaba, solo lo político se tenía en cuenta, pero la evolución del mundo no ha llevado a que ahora casi no cuenta lo político sino lo social. Tenemos que hacer una Constitución que responda a esa evolución, que piense que el mundo, quizás antes que comience el S. XXI, se habrá integrado en un universalismo indispensable, porque la evolución nos lleva a eso… Esto habrá que pensarlo profundamente, si queremos que esa Constitución nos sirva para muchos años, pensando que en la estabilidad de la Constitución está la libertad de los pueblos, que solo son libres si se deciden a ser esclavos de una Constitución que todos respeten y defiendan.

En una entrevista

39

al Dr. Julio González, Ex Secretario Técnico de Presidencia de la

Nación desde el 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976, en torno a la asunción de Perón por una constitución dubitativa, el ex funcionario responde: -¿si Perón no hubieses jurado por la Constitución como es prescripto en el mismo texto y consuetudinariamente al asumir todo funcionario público, no habría dado ello lugar a que digan que Perón no tenía derechos políticos de Presidente, Irrevocablemente adquiridos y consolidados, por no observar la Constitución al asumir? La historia había demostrado que cualquier argumento, Entrevista realizada al Dr. González, en el Hotel Riviera de la Ciudad de Rosario, en su estadía en la ciudad, el 9 de julio de 2011, con motivo de la presentación de su libro: “La Involución Hispanoamericana”. 39

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 52

por más endeble y descabellado que haya sido, podía nada menos que ser causa suficiente para hacer de la Constitución algo menor a un papel de higiene personal. Era la ley de la fuerza por sobre la fuerza de la ley…

Otra prueba más ejemplificativa de lo que el tres veces Presidente de la Nación opinaba al respecto, la podemos encontrar en el discurso pronunciado en el mismo recinto, 21 de diciembre de 1973, al anunciar el Plan Trienal, 1974-1977. Dice Perón entorno a la reforma constitucional: “… esa apreciación acerca de la realidad de nuestra sociedad, y de sus aspiraciones proyectadas al Siglo XXI, tendrán que plasmarse en una nueva Carta Magna, a través de una reforma constitucional. Esa reforma deberá receptar en normas jurídicas el sentimiento de resolución pacífica que anida en todos nosotros, dentro de nuestra tradición y de nuestras costumbres. Ese fue el espíritu humanista con que s encaró la reforma constitucional de 1949, cuyos principios, asentados en la esencia misma de la realidad cultural, política, social y económica de la Nación, deberá revisarse, pues como la Constitución debe perdurar en el tiempo, deberemos intuirle sentido de la evolución del mundo en que nos tocará vivir en el año 2000. Entre 1946 y 1955, el Gobierno Justicialista completó su primer ciclo de conquistas revolucionarias, porque supo interpretar los anhelos reivindicatorios de las masas populares y los intereses de la Nación. Durante aquella etapa, los planes quinquenales constituyeron herramientas fundamentales para la conducción de la acción gubernamental. Aspiramos a que este plan concite aún una mayor adhesión y, por ser el fiel reflejo de las coincidencias de todos los argentinos, sin distinciones políticas o sociales, pretendemos que en torno de su cumplimiento se vertebre la Nación, afianzando así, no solo el bienestar común –esto es, la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del hombre y el mejoramiento del medio ambiente en que se desarrollan las actividades humanas-, sino también la independencia económica. Queremos que se afiance la unión nacional, como paso necesario para avanzar decididamente en el camino de la unidad continental…

Durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón: En consonancia con los deseos de su ya extinto esposo, la Ex presidente María Estela de Perón, signa el decreto nº 620 del 13 de febrero de 1976 declarando programáticamente prioritaria a cualquier convocatoria a elecciones el llamado a una Convención Nacional Constituyente que determinase qué constitución estaba en vigencia en el país: -La constitución Nacional de 1853, o -La Enmienda Constitucional de 1949, descartada por el gobierno de facto de 1956 o -La Constitución Nacional de 1853 con el agregado del artículo 14 bis que había sido

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establecida por una Convención Constituyente, que sin quórum sesionando en minoría, se había reunido en Santa Fe en 1957, o -La Constitución Nacional de 1853 enmendada por Decreto del Gobierno de Facto del General Lanusse, que había reducido el mandato constitucional a cuatro años, vuelto a limitar a ocho el número de ministros e introducido un tercer senador por cada provincia. Como es obvio, no se podía convocar a elecciones si previamente no se establecía por medio de una Convención Constituyente qué Constitución Nacional estaba vigente en el país. Por esto, el decreto nº 302, del 13 de febrero de 1976, proyectado por la Secretaría Técnica y firmado en Acuerdo General de Ministros dispuso que, previamente a las elecciones nacionales40, debería reunirse una convención nacional constituyente que determinase que constitución regía o bien se dictase una nueva (y en su caso el bloque peronista postularía como “espíritu” la Constitución de 1949). 41 La empresa encomendada desde el Poder Ejecutivo, no tendría curso, porque el mes siguiente el Proceso de Organización Nacional suprimirá las instituciones democráticas. Cabe destacar que previamente al nuevo golpe de estado que secuestraría a la entonces Presidente, un Capitán pasado a retiro en 1955 y ascendido en 1973 por la “ley de reparaciones de 1973”, de nombre Jorge Obón, que por entonces se desempeñaba como funcionario a cargo de YPF, por ende cuya actividad nada tenía que ver con el orden constitucional, “en una conferencia estruendosamente publicitada, expresó sin parar mientes, que el Poder Ejecutivo quería reformar la Constitución por Decreto”. 42 El Ex Secretario Técnico del contemporáneo gobierno, Dr. Julio González, dice que de ninguna forma el decreto era “ilegal” puesto que “una de las primeras acordadas de la Cortes Suprema de Justicia de la Nación, del gobierno instalado el 25 de mayo de 1973, resolvió en una de sus primeras acordadas que todas las leyes dictadas por los gobiernos de facto anteriores quedaban en plena vigencia, salvo que el Gobierno Nacional las derogase expresamente por medio de una ley o decreto”. 43 Cabe destacar que la entonces Presidente de la Nación había adelantado las mismas para el mes de octubre. Julio Carlos González: “m-76 Motivos y Pretextos – Asalto a la Argentina”, ed. Docencia, Buenos Aires, 2011, Pág. 297. 42 Julio Carlos González: “m-76 Motivos y Pretextos – Asalto a la Argentina”, Bs. As., ed. Docencia, Buenos Aires, 2011, Pág. 301. El autor citado en la nota, concluye que el funcionario de YPF, temía que se reimplantase el art. 40 de la CN de 1949, que declaraba a los recursos naturales como patrimonio Inalienable e Imprescriptible del estado, por lo que los intereses de las compañías extranjeras a las que representaba peligrarían. El funcionario fue acuciantemente desplazado por decreto de la Presidente María Estela Martínez. 40 41

Julio Carlos González: “m-76 Motivos y Pretextos – Asalto a la Argentina”, Bs. As., ed. Docencia, Buenos Aires, 2011, Pág. 298. 43

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 54

González, continúa diciendo, que al convalidarse toda la labor legislativa de los anteriores gobiernos de facto, “la anarquía legislativa” (como él le llamó), cobraba dimensiones muy serias: “El Tercer Gobierno Peronista, consideró que el gobierno debía manejarse sobre la base de una legislación correspondiente a circunstancias distintas de las necesidades de su época. “Muchas de esas leyes entorpecían y cercenaban facultades de los poderes públicos, imbuidas como estaban desde los principios del liberalismo jurídico y económico que habían sustentado los anteriores gobiernos. Con esta doctrina, la CSJN, varió los criterios sustentados después de 1930 y 1943. En esas oportunidades, dispuso que los decretos de ley de os gobiernos provisionales quedaran derogados, salvo que el nuevo Congreso lo ratificase. Dentro de esa nueva doctrina de la CSJN, el Congreso derogó las modificaciones al Código Penal introducidas durante los Gobiernos de Onganía, Levignston y Lanusse. El país quedó sin legislación represiva en momentos en que la subversión

acataba

furiosamente para hacerle la vida imposible al nuevo gobierno de Cámpora. Entre las leyes así derogadas dejó de tener vigencia la ley dictada por el Presidente General Levingston, que tipificaba a la usura como delito. Haciendo caso omiso a esta anarquía legislativa y a sus consecuencias, hacia fines de 1975 el ministro del Interior Dr. Ángel Federico Robledo indujo a la Presidente a convocar a elecciones para renovar las autoridades cuyos mandatos fenecían el 25 de mayo de 1977. Esta consulta electoral hecha con la infraestructura jurídica que dejamos descripta, simplemente iba a servir para sustituir la administración electoral del estado, y no para constituir jurídicamente el Estado Nacional Argentino en un replanteo para las necesidades contemporáneas (…) fue así que ante las consultas formuladas a la Secretaría Técnica de la Presidencia yo aconsejé que fuera prioritario encarar al reforma constitucional, a los efectos de definir jurídicamente y de una vez y para siempre cuáles serían la organización y los fines del Estado Nacional Argentino como estructura independiente”. 44 El Poder Ejecutivo, expresó además que no podía haber inversiones económicas en un país que carecía de Constitución dado que, después que se resolvió no aplicar la enmienda de la Constitución de 1979, ninguno de los procedimientos restauradores de la Constitución de 1853 había sido legítimo. Sobre estas bases de institucionalizar el país, Julio Carlos González: “m-76 Motivos y Pretextos – Asalto a la Argentina”, ed. Docencia, Buenos Aires, 2011, Pág. 300. 44

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se proyectó el decreto Nº 620 del 13 de febrero de 1976 declarando: “programáticamente prioritaria a cualquier convocatoria electoral la reunión de una Convención Nacional Constituyente que determinase qué texto constitucional se hallaba vigente, o bien sancionase una nueva constitución”. Todas las intenciones por ello, se vieron truncadas no más de dos semanas más tarde, cuando la Junta de Comandantes de la Nación secuestra a la Presidente y nuevamente usurpa las instituciones democráticas de la Nación.”

CONCLUSIONES: Luego de analizar los debates de la asamblea constituyente, varios son los puntos a concluir como síntesis: Toda vicisitud jurídica y solemne que haya podido tener la Reforma de 1949, es mínima al compararse con el acto de su derogación por decreto, por un gobierno inconstitucional e ilegítimo como el surgido el 16 de septiembre de 1955. Todas las impugnaciones que pudieron esgrimirse contra la reforma de 1949, son notoriamente endebles. La UCR, plantea sus primeras impugnaciones en la ley de convocatoria, de una manera meramente opositora, pero no con la fuerza y el énfasis que lo haría ni bien comenzada la asamblea constituyente. Como varios convencionales de la mayoría habían expresado, los radicales aceptaron presentarse a elecciones constituyentes, sus partidarios los votan, y después recién desconocen la legitimidad de dicha reforma una vez vistos los resultados electorales. En cuanto a la inconstitucionalidad de la ley de convocatoria, por el dubitativo término de las dos terceras partes, cierto es que el Peronismo como vimos en la investigación, contaba con los números suficientes para cumplir los tres criterios que podían esgrimirse a la hora de exigir una mayoría especial. Así mismo, la Convención Constituyente de 1957, y la Unión Cívica Radical, reivindicaron

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férreamente la constitución de 1853-1860, y consideraron que no había necesidad de reformas. Lo paradójico del caso, es que la historia constitucional, archivó que en esos casos, la forma de totalizar la mayoría en las leyes de convocatorias para las reformas de 1860 y 1898, fue el criterio seguido por el peronismo en 1949. Una mención aparte, merecen como dijimos las críticas a la ley nº 14.222 conocida como: “ley de radicación de capitales extranjeros”. Ahondar sobre los considerandos de la ley y su contenido, puede alejarse del tema de marras. No obstante cabe destacar que si confrontamos la ley con la lectura y la razón, de ninguna manera dicha ley estaba en pugna con el art. 40 de la CN de 1949 como parte de los opositores manifestaban. Los mismos que se alarmaron por los contratos con la Standar Oil, y anteriormente por la ley 14.222, luego no serían baluartes del proteccionismo y el nacionalismo una vez que usurparon el gobierno el 16 de septiembre de 1955. 45 Así también, otra de las impugnaciones, fue que estando vigente la ley del sufragio femenino, las mujeres no votaron a los constituyentes. Cierto es que en 1949, los padrones para tales fines no estaban terminados en su totalidad, y se estimó que no podían votar solo algunas mujeres que ingresaron y la que no prohibírselos. Podían ser vulnerables en la historia de ser acusados que las que ingresaron al padrón eran partidarias solo del peronismo y las excluidas de la oposición. Por ello, se determinó que recién para las elecciones de 1951, la mujer votaría por primera vez. Los que esgrimían las impugnaciones basados en la defensa del derecho a la mujer, eran los mismos que votaron en contra de que la mujer participe de la vida política en el debate por la ley 13.010. En el debate de la asamblea constituyente, una vez convocada, Lebenshon y demás convencionales de la UCR, en ningún momento presentaban mociones opositoras al peronismo para la reforma, sino que sus discursos solo se remontaban a la no – reforma y a impugnar los actos de la mayoría. En los propios periódicos46, puede leerse testimonios de partidarios de la UCR molestos por la actitud de sus convencionales, que solo impugnaban pero no presentaban proyectos ni mociones de ninguna índole. A tal punto se llegó el escándalo jurídico que implicaba la abrogación de la Reforma de 45

Perón diría sobre la concepción justicialista del Capital en la Bolsa de Comercio, el 25 dea gosto de 1944 : “ Se ha dicho, señores, que soy un enemigo de los capitales y si ustedes observan lo que les acabo de decir no encontrarán ningún defensor, diríamos, más decidido que yo, porque sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios, de los industriales, de los comerciantes, es la defensa misma del Estado” (se puede hallar en Carlos Altamirano, bajo el signo de las masas (1943-1973), ed. Ariel Historia, Bs. As; 2001) 46

Clarín, jueves 13-1-49, Pág. 7, col. 1,2,3 y 4.

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1949, que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Jorge Vera Vallejo, presenta su renuncia antes de poner su firma en una legitimación “notoriamente contra los grandes principios del derecho”. Cabe recordarse también, que el levantamiento del General Juan José Valle y otros, que terminó en los fusilamientos del 9 al 12 de junio de 1956, fue fundado en el “derecho a rebelión” consagrado en la Constitución de 1853 como en la de 1949. La proclama rebelde, manifestaba fundarse en “la defensa de la constitución”. Fue así, que la oratoria de Perón para describir los eventos, sería citando a Cicerón, al titular su obra “La Fuerza es el Derecho de las Bestias”. El Dr. Luis Terroba, narra como estos notorios escándalos jurídicos, hicieron que los que no tenían definiciones políticas algunas se conviertan al peronismo, como así también muchos ciudadanos que hasta el 16 de septiembre eran opositores. La abrogación constitucional aun al día de hoy, presenta grandes debates del derecho constitucional, a punto tal que hay quienes sostienen que “la Reforma de 1949 aun está vigente y que no sería descabellado ni capcioso, que alguien en el futuro plantee su vigencia.” 47 Así también hemos visto, que el propio tercer período de gobierno peronista, dio sus últimos intentos por retomar el texto, o sus postulados, y hasta se dictaron legislaciones afines que se vieron truncadas por la nueva y cíclica interrupción constitucional del 24 de marzo de 1976. El Dr. Luís Terroba, sigue la tesis de “la anulabilidad de los actos de facto y nulidad de los actos por usurpación de gobierno”.48 En consonancia con esta tesis ha dicho el constitucionalista D. Antokoletz, en referencia al gobierno “usurpador” según sus conceptos, instalado en la República Argentina el 6 de septiembre de 1930. “la jurisprudencia anglo-americana distingue los actos de un gobierno usurpador de los de un gobierno de facto. En principio todos los actos del usurpador son nulos, pero como la población civil no tiene más remedio que obedecerle, los actos realizados por los particulares, de acuerdo con las órdenes dictadas por aquél, son válidas… En cuanto a los gobiernos “de facto” propiamente dichos, se establece un distingo entre los funcionarios de hecho que poseen un título defectuoso y los que carecen de todo título. En el primer caso, los actos son válidos, porque el público no está en condiciones de investigar la “La Constitución de 1949 no fue ni abrogada, ni derogada”. Cf. Emma Adelaida Rocco, Temas de Derecho, Ed. La Ley, Buenos Aires, Cap. II, Pág. 24. 47

48

Terroba, Luis Alberto. “La Constitución de 1949, Una Causa Nacional” ed. Fundación Ross, 2ª Edición Rosario, 2010., p. 439.

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 58

legalidad del título que ostenta un funcionario. En el segundo caso, cuando es público y notorio que el gobierno es ilegal, los contratos celebrados con el no son válidos, excepto aquellos que hayan sido impuestos por el gobierno. 49 Sea cual fuere la eficacia que se atribuya a los actos realizados por un gobierno de facto durante su administración, ellos no obligan al nuevo gobierno o de iure sino en la medida en que se afecten los derechos adquiridos de buena fe por los particulares, o los actos que se relacionen con las potencias extranjeras que no pueden desconocerse. 50 Distinto es el caso del gobierno usurpador. El gobierno de jure podrá no alterar los efectos de sus medidas cuando “la restauración del régimen legal sería peor que la usurpación misma”. Es un acto “de gracia” del gobierno de jure.51

Independientemente de la validez del gobierno que el gobierno de iure otorgue al os actos del gobierno de facto: “…cuando la elección se lleva a cabo con veto de candidatos y sin sujetarse a las leyes orgánicas que rigen el sufragio y escrutinio, el nuevo gobierno es una transición entre el gobierno de facto y el gobierno de iure; fruto de circunstancias que impiden el paso repentino de la ilegalidad absoluta a la legalidad definitiva. Aunque sea defectuosa, la elección es un paso en el camino a la normalización. La gracia con que se trate a los actos del gobierno usurpador, no libran, de las responsabilidades penales a los que usurparon funciones judiciales, o de índole gubernamental. También es de transición el gobierno elegido en esas condiciones, y que, signifique una transición el gobierno elegido en esas condiciones y que signifique una transición entre el gobierno usurpador y el gobierno de iure, y esa transición solo puede considerase de facto.”

En base a esta interesante tesis seguida por la doctrina norteamericana, dice Luis Terroba que el golpe usurpador de 1955 ni siquiera admite comparación con el usurpador de 1930, ya que este, de igual signo político y con la misma ilegitimidad, respetó formalmente la Constitución Nacional. La usurpación de 1955 no dejó de violar ningún precepto legal de los creados y elaborados por la jurisprudencia nacional e internacional. Fue violatorio de la Constitución de 1949 y de la ya reformada y no vigente de 1853. Fue la consumación, no sólo de delitos de la más diversa índole, sino que ni siquiera respetó la mínima legalidad de un gobierno de ocupación. Fue la colonización más brutal que sufriera la República Argentina. Ni siquiera la falsificada doctrina de facto, recubriendo la usurpación, fue suficiente para disfrazar la manifiesta ilegalidad del régimen. El régimen que se impuso a partir de 1955 puede exhibir ante la historia las siguientes realizaciones: asaltó el poder sobre la base de una minoría de la población; dejó sin Antokoletz, Dr. Daniel. “Gobiernos Legales y Gobiernos Arbitrarios”. J. A. T. XXXIV, 193, p. 9. Ibídem, p. 12. 51 Ibídem, p.13. 49 50

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 59

efecto la Constitución legalmente reformada de 1949 por un bando militar, destruyó todas las obras e instrumentos de la política nacional mediante decretos leyes, asesinó a 27 militares y civiles en junio de 1956, desconociendo las sentencias de los propios tribunales militares, llamó a elecciones de convencionales que ganó el voto en blanco peronista, convocó a la Convención de 1957 sobre la base de esa minoría, no pudo concluir la convención de 1957, pues la misma quedó en minoría, lo cual impidió arribar a su objetivo de ratificar la reimplementación del texto de 1853, finalmente sus seguidores perdieron las elecciones de 1958, en las que el partido Peronista y el Partido Socialista de la Revolución Nacional estaban proscriptos, a manos de un sector del radicalismo (que se había retirado de la convención), que había obtenido el voto del peronismo para conducir a la legalidad, con lo cual surgió un gobierno de facto, que prometió una “transición” que finalmente no cumplió. Por ello Terroba dice que “ni los propios doctrinarios de la oligarquía pudieron elaborar una justificación coherente, como en 1930, sino que debieron recurrir a la anterior aplicación concreta del “hecho consumado”, bajo la forma de una peregrina doctrina de la revolución, aunque la calificación política correcta es, sin duda, la del golpe de estado para la contrarrevolución”. 52 Dentro de ese marco, debe ser vista la polémica entre el punto de vista de los doctrinarios del gobierno de facto o propiamente del echo consumado y la falsificación de 1930 de la doctrina de facto, y los doctrinarios del derecho a la revolución (contrarrevolución), que refleja este hecho. De la misma, surge solamente la imposibilidad de justificar los hechos posteriores al 16 de septiembre de 1955, ni siquiera justificándolos. Quien fue previsor y visionario de cuál serían los destinos de la acciones de la Revolución Libertadora, fue Diego Lonardi, el hijo del ex Presidente de facto, y apartado por un golpe interno de los comandantes. El hijo del Ex Presidente veía que atentar contra la Constitución de 1949 solo iba a legitimar la acción del Peronismo e inexorable e implícitamente a la larga el peronismo iba a retornar triunfante y justificado en todo lo que sus adversarios le criticaron hasta 1955. Sinceramente por ser escrito en 1956, el análisis era visionario. Dana Montaño dice: “No hay más que dos clases de gobiernos: los gobiernos de iure y los gobiernos de facto, los 52

Terroba, Luis Alberto. “La Constitución de 1949, Una Causa Nacional” ed. Fundación Ross, 2ª Edición Rosario, 2010., p. 442.

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gobiernos constitucionales y los que no lo son, los que se someten a la Constitución y a las leyes dictadas en su consecuencia o los que pretenden colocar sobre aquélla y éstas los fines de los movimientos que le dieron vida. No hay una especie de gobierno que pueda oponerse a los gobiernos de hecho, fuera de la de los gobiernos de derecho. Están si los gobiernos usurpadores, que son respecto a los gobiernos de hecho lo que los gobiernos absolutos son para los gobiernos constitucionales”. 53

La proclama del decreto 42/55, haría usurpador y de facto al gobierno post golpe y sobre todo el decreto 4161 de proscripción a la mayoría del país. Como diría el hijo de Lonardi, “todos los intentos por descalificar al peronismo, han sido en vano por los mismos detractores, que con su accionar convirtieron una tiranía en las mayores de las democracias de América”. No en vano su padre, como Urquiza, y con destinos políticos semejantes incluso, había referido al tan “ni vencedores ni vencidos”. Lonardi por su nacionalismo católico, no era detractor de la Constitución de 1949. Tal vez fue esa una de las causas del golpe dentro del golpe. El decreto 42/55 decía: Art. 1: Mientras dure la situación de gobierno provisional definida en el discurso programa leído en Buenos Aires al pueblo de la República en el acto de juramento del día veintitrés de septiembre del año en curso, el Presidente Provisional de la Nación Argentina ejercerá las facultades legislativas que al Constitución Nacional acuerda al Honorable Congreso de la Nación Argentina, incluida las que son privativas de cada una de las Honorables Cámaras de diputados y senadores. Art. 2: el ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo anterior se cumplirá por medio de Decretos – Leyes encabezados por la siguiente fórmula: El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo, decreta con fuerza de ley: Art. 3: se hacen extensivas estas facultades al vicepresidente provisional en los casos del art. 76 de la CN.

Parte de la doctrina de la revolución de 1955, para legitimarse, habló de un gobierno de facto surgido y basado de un acto revolucionario. En esta postura podemos citar por ejemplo al constitucionalista Bidart Campos. En el régimen constitucional argentino, no cabe ningún gobierno “de facto”, porque la autoridad debe emanar del sufragio, directa o indirectamente. Los que sostienen lo contrario, se apoyan en el art. 21 de la CN, que establece el deber de “armarse en defensa de la Patria y de la Constitución. De esta disposición deducen que toda vez que 53

Terroba, Luis Alberto. “La Constitución de 1949, Una Causa Nacional” ed. Fundación Ross, 2ª Edición Rosario, 2010., p. 464

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 61

un gobierno se aparta de la constitución, las fuerzas armadas que son el pueblo en armas, tienen el derecho y el deber de deponerlo. Esta doctrina es peligrosísima, porque deja librada al criterio del ejército y de la armada la legalidad del funcionamiento de los poderes constituidos, suplantándose la CSJN, que debería ser la encargada de verificar la constitucionalidad de las leyes y decretos. Aún más, ni el pueblo mismo puede sublevarse, porque él “no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Mucho menos lo pueden el ejército y la armada, ya que toda reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticiones en nombre de éste, comete el delito de sedición (art. 22). En definitiva, la rebelión, la guerra civil, el levantamiento en armas, son delitos de sedición o de asnada. En 1974, Perón entregaría al Coronel Vicente Damasco el “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”. Allí, previendo prácticamente su muerte, está el legado político que los peronistas deberían seguir. Acorde a “La Hora de los Pueblos”, Perón y Balbín, manos tendidas, pretendían una nueva Constitución sin las disputas surgidas en 1949, y que sea símbolo de unidad nacional para todos los argentinos sin bandería alguna. Ya vimos los intentos del gobierno de su esposa, Martínez de Perón por cumplir ese mandato. Lamentablemente en 1994, nuevamente autoproclamados radicales, y autoproclamados peronistas, reformarían la Constitución Nacional. En el Pacto de Olivos, lamentablemente, otra vez la reforma entra en tela de discusión: se pactaron “cláusulas cerrojos” y se petrifican ciertas disposiciones. Una vez más, la historia constitucional sufriría su anarquía jurídica. Se intentó legitimar la viciada reforma de 1957 y se relegó la de 1949 como espíritu reformador en 1994. El Almirante Isaac rojas, defensor de la CN de 1853 y 1957 desde la “Alianza Patriótica Nacional”, tuvo suficientes motivos para besarse y abrazarse con el Presidente que propició esa reforma… Según el debate doctrinario se discute al desuetudo (el no acatamiento de una normativa por omisión consuetudinaria), como fuente o sub fuente del derecho. Pero en el ámbito constitucional es de suma gravedad aceptar eso, dado que la Constitución Nacional es (debería ser), el orden jurídico supra legal. El art. 21 de la CN de 1949 claramente decía que una nueva reforma sería posible por el llamamiento a Asamblea Constituyente, mediante una ley especial sancionada con el 2/3 del quorum en el Congreso de la Nación. En 1956 la Reforma de 1949 fue abrogada, es decir, quitada de cuajo por un decreto, mamarracho jurídico, tan arbitrario como leonino, que hace que todo acto constitucional póstumo sea viciado de nulidad y por el art. 21 de la CN de 1949 nunca tal reforma ha perdido vigencia.

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 62

La reforma de 1994 también está viciada, en tanto se ampara en la reforma de 1957 la cual fue realizada con las mayorías proscriptas y sin el funcionamiento del congreso de la Nación. La gravedad de la reforma de 1994 fue que se le negó a la Asamblea Magna, el poder constituyente propio de la soberanía como carácter principal del derecho constitucional. Esto se dió con las llamadas "claúsulas cerrojo", condicionamientos que el poder político en el "Pacto de Olivos" impusieron para con la futura Asamblea Constituyente. Es decir que en 1994 se consolidó un mamarracho igual o mayor a la propia Revolución Libertadora. Al peronismo genuino en este debate sólo nos asiste la fuerza de la razón, pero generalmente ello siempre ha cedido a lo largo de la historia Argentina por la razón de la fuerza. A punto tal nos asiste razón, que en la propia OIT en Ginebra, los funcionarios del derecho internacional público entendieron el planteo del Dr. Oleg Mikhnó, e inclusive razonaron que con este debate todas las privatizaciones del menemato podrían caer por el art. 40 de la reforma de 1949. Hay dos fallos judiciales que ampararon nuestro planteo e inclusive se "recomendó" al Congreso de la Nación que se expida al respecto, en tanto se consideraba "dubitativa" la vigencia constitucional. Ya durante el gobierno de la Señora de Perón, pr el decreto 620 del Poder Ejecutivo se mandó a determinar cuál era la CN vigente: si la de 1949: 1957 o su enmienda de 1972. El peronismo desde entonces y el propio Perón, describió la situación jurídica atroz que el país vivía desde 1955 y prácticamente se expidió en favor de la vigencia de la CN de 1949. Todo esto explicado a grandes rasgos, pero pronto subiremos un análisis más detallado del asunto de marras. Para los que sostienen que el desuetudo y/o la constumbre derogan una constitución, deberían explicarnos en que artículo no sólo de la CN de 1949, sino de las precedentes a esa reforma, dice eso. Si no lo dice, el basamento de los pro neo liberales solamente se funda en la porfía. Y nada más que en la porfía.-

Diego Mazzieri. La Constitución de 1949. P. 63

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