Sentencia Obrero Beneficios Sociales

PODER JUDICIAL DEL PERU CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Sede Central EXPEDIENTE : 00111-2015-0-3001-JR-LA-01 MATERIA : VULNERACION DE LA LIBERTAD SINDICAL JUEZ : WILSON SANTIAGO PAUCAR ESLAVA ESPECIALISTA : BARZOLA MAYTA MERY DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA PROCURADOR PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA DEMANDANTE :OBREGON MIMBELA DE ALCANTARA, DORA DONATILA

SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO TRES Villa María del Triunfo, nueve de Septiembre de dos mil quince.VISTOS: La demanda interpuesta por DORA DONATILA OBREGON MIMBELA DE ALCANTARA, contra la MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA sobre Reconocimiento de Vinculo Laboral y otros (de fojas 121 a 137, 141 y 142). I. PARTE EXPOSITIVA 1.1 Síntesis de la demanda DORA DONATILA OBREGON MIMBELA DE ALCANTARA interpone demanda contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA, solicitando como Pretensiones: 1. Se le reconozca el vínculo laboral que tuvo con la comuna demandada desde abril 1996 al 31 de octubre 2014. 2. Se ordene el pago de sus beneficios sociales (CTS, gratificaciones, vacaciones) y el concepto de bonificación por escolaridad. 3. Pago de costas y costos del proceso. Señala que ingresó a prestar sus servicios para la emplazada, el 02 de abril de 1996 habiéndose discurrido dicha relación por diversos regímenes contractuales, es decir: i) desde el 02 abril de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2012 mediante un contrato de locación de servicios; y, ii) del 01 de enero de 1

2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 mediante contrato administrativo de servicios – CAS. Adicionalmente argumenta que, ha trabajado como Policía Municipal – Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Punta Negra de manera ininterrumpida, personal, remunerada y bajo supervisión desde la fecha de ingreso, lo que configura la existencia de un vínculo contractual laboral, así también señala adicionalmente que la relación de trabajo que ha mantenido con la demandada ha sido propiamente un relación jurídica laboral que ha sido encubierta durante muchos años bajo la apariencia en primer lugar por un Contrato de Locación de Servicios regulado bajo las normas del Código Civil y posteriormente bajo el Régimen de la Contratación Administrativa de Servicios – CAS, pero que por aplicación del Principio de Primacía de la Realidad fue un contrato laboral, al haberse sus elementos básicos como son la prestación personal, la remuneración y subordinación, consecuentemente sostiene que en base a la Jurisprudencia, Principio de Primacía de la Realidad, Ley Orgánica de Municipales, artículos 22°, 27° de la Constitución Política del Perú, entre otros dispositivos legales; la presente demanda deberá ser amparada y en su oportunidad declarada fundada en todos sus extremos. 1.2 Síntesis de la Contestación Es menester precisar que la parte demandada se encuentra en calidad de rebelde en el proceso, toda vez que no concurrió a la audiencia respectiva, tal como se advierte de la Audiencia de Conciliación señalada y programada el día 02 de septiembre del año en curso (ver fojas 150 a 152) pese a encontrarse válidamente emplazada (ver fojas 148 y 149) en dicho acto de realización de audiencia de conciliación, el Juzgador de conformidad con el último párrafo del artículo 43° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, sustenta la decisión de un juzgamiento anticipado del proceso conforme al registro en audio y video, expresando así que resuelve emitir pronunciamiento declarando fundada en parte la presente demanda. Mediante Resolución N° 02, de fecha 20 de mayo de 2015, obrante a folios 143 a 146, se admitió a trámite la demanda en vía del proceso ordinario laboral, citándose a las partes a la Audiencia de Conciliación para el día 02 de septiembre de 2015, fecha en la que se precisaron las pretensiones materia de la presente demanda y que consisten en: 1) Se le reconozca el vínculo laboral que tuvo con la comuna demandada desde abril 1996 al 31 de octubre 2014, 2) Se ordene el pago de sus beneficios sociales (CTS, gratificaciones, vacaciones) y el concepto de bonificación por escolaridad, 3) Pago de costas y costos del proceso; asimismo, y de conformidad con lo contemplado en el último párrafo del artículo 43° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, el Juzgador fundamenta la decisión de un juzgamiento anticipado, procediéndose así a la confrontación de posiciones, admisión de medios probatorios, actuación de medios probatorios y alegatos, aunado a ello y revisado que fue el 1.3

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expediente materia de análisis así como el caudal probatorio obrante en él, emite el fallo respecto del presente proceso, declarando fundada en parte la demanda, en consecuencia amparable parcialmente las pretensiones incoadas, cabe señalar que en las etapas correspondientes, se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa de ambas partes. II. PARTE CONSIDERATIVA Primero: DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. Que, el proceso es un instrumento al servicio de la justicia, mediante el cual se reconducen los conflictos sociales con relevancia jurídica para su solución de acuerdo al ordenamiento jurídico, con el objeto de devolver la Paz Social, indispensable para una convivencia civilizada, presupuesto del Estado Constitucional y Social de Derecho. Adicionalmente, es menester resaltar lo acordado en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, específicamente en el tema N° 01 referido a la tutela procesal de los trabajadores del sector público, siendo que a la interrogante planteada en el punto 1.5 consistente en: ¿Cuál es la vía procesal judicial para que los trabajadores demanden la invalidez del Contrato Administrativo de Servicios?, el Pleno acordó por unanimidad en el ítem 1.5.2 lo siguiente: “Aquellos trabajadores que iniciaron su prestación de servicios sujetos a contratos modales (Decreto Legislativo N° 728) o contratos de servicios no personales (SNP) en una entidad pública bajo el régimen laboral de la actividad privada o mixto, y que posteriormente suscribieron contratos CAS, deben tramitar su demanda de invalidez en la vía del proceso ordinario laboral”; de ahí que la vía en la que se ha tramitado el presente proceso coincide plenamente con los términos del plenario supremo antes descrito. Segundo: CARGA DE LA PRUEBA Es principio fundamental en el derecho laboral que las partes acrediten los hechos que alegan, señalándose además en el artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497, que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos. Tercero: PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD Uno de los principios rectores del derecho laboral, es el principio de primacía de la realidad; así Américo PLA RODRIGUEZ señala que: “(…) el principio de primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos

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(…)1”. Asimismo el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 03710-2005PA/TC, caso ALBERTO DOLCEY PINTOCATALAO MURGUEITIO, en su fundamento cuatro ha señalado: “Con relación al principio de primacía de la realidad que, “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Fundamento 3 de la STC N.° 1944-2002-AA/TC)”. Cuarto: CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Conforme lo establece el artículo 1764° del Código Civil, por locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución; consecuentemente, el objeto de éste contrato es la realización de un servicio, es decir, de una actividad, sin sujetarse a las órdenes de quien la encarga en tanto que el ejecutante del servicio debe efectuarlo según sus conocimientos, experiencia y habilidades, a diferencia del contrato de trabajo que no tiene por objeto la promesa de un resultado determinado en que el ejecutor del trabajo correría con el riesgo, sino sólo la prestación de servicios “un obrar”, no una obra como en el caso de la locación de servicios. Quinto: RÉGIMEN LABORAL DEL TRABAJADOR MUNICIPAL Mediante la Ley N° 27469 de fecha 01 de junio del 2001, se modificó los alcances del artículo 52° de la derogada Ley N° 23853, que establecía que: “los funcionarios y empleados, así como el personal de vigilancia de las Municipalidades son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos que los del gobierno central de la categoría correspondiente; los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen de la actividad privada, reconociéndoseles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen; cada municipalidad elabora su escalafón de personal, de acuerdo a la legislación vigente”. Finalmente la Ley N° 27972, vigente a partir del 28 de mayo del año 2003, derogó a través de su vigésima quinta disposición complementaria la Ley N° 23853 y recoge el texto precitado en su artículo 37°. III. ANALISIS DEL CASO El Contrato de Trabajo y el Principio de Primacía de la Realidad.El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos entre dos partes: trabajador y empleador, caracterizado por el 1

Los Principios del Derecho del Trabajo- Depalma- Buenos Aires- 1998- Pág.313

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suministro de la fuerza de trabajo de una parte, mientras que el pago de una remuneración y las facultades de dirigir, fiscalizar y sancionar corresponden a la otra. La existencia de una relación de carácter laboral presupone asimismo, la existencia de una prestación personal de servicios subordinados, conforme se desprende del artículo 4° del Decreto Supremo Nº 003-97-TR “Ley de Competitividad y Productividad Laboral”, siendo que los elementos básicos del contrato de trabajo son los siguientes: prestación personal, remuneración y subordinación. En cambio. el contrato de locación de servicios es la prestación de servicios que se realiza en forma independiente, sin presencia de subordinación, mediante el cual el locador se encuentra sujeto al cumplimiento de las obligaciones pactadas exclusivamente en el contrato y sin que ello implique una situación de dependencia frente a quien lo contrata, es decir, no puede estar sujeto a horario, a seguir normas o directrices emanadas de su comitente, ni ser pasible de sanciones disciplinarias por parte del comitente. Por aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, en el caso de que exista discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que consta en los documentos o acuerdos, debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, que aún cuando existan nomenclaturas y términos contractuales pactados entre las partes, lo que determina la verdadera naturaleza de una relación contractual es la forma como en la práctica se ejecuta dicho contrato, esto es, la preeminencia de la realidad sobre lo estipulado en el contrato, pues "... lo más frecuente es el caso de las simulaciones relativas, en las cuales se disimula un contrato real sustituyéndole fictamente por un contrato distinto. Las diferencias entre el contrato simulado y el efectivo pueden versar sobre todos los aspectos: las partes, las tareas, los horarios, las retribuciones, la naturaleza del contrato, etc". Por lo que en el presente caso, a fin de catalogar la relación contractual entre las partes como uno de naturaleza laboral, debe procederse a verificar la concurrencia o no de los elementos de la misma, puesto que debe tenerse presente que aún cuando el prestador de servicios suscribe un contrato civil en el que se indica que no existe relación laboral, esto no impide ni limita su derecho a reclamar su reconocimiento como trabajador cuando exista simulación, puesto que el artículo 23 de nuestra Constitución Política señala que “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”; es decir, “Se impone, así, una cláusula de salvaguarda de los derechos del trabajador, en concordancia con el artículo 1° de la Constitución, que estatuye que la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Con ello, además, se permite que el principio de igualdad surta efectos, justamente en una relación asimétrica, como la que se produce entre una empresa y un trabajador”. 5

Siendo así, y teniendo en cuenta que el derecho que tiene todo trabajador que se le reconozca tal calidad, como una de las manifestaciones del derecho al trabajo, así como el derecho a gozar de los beneficios sociales que tienen carácter irrenunciable, se encuentran previstos en nuestra Constitución, la renuncia “voluntaria” de los mismos, no puede ser aceptada por contravenir lo dispuesto en el mencionado artículo 23 y en el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución, ya que como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, cuando el trabajador pacta con su empleador condiciones contrarias al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley, dicha manifestación de voluntad resulta viciada 2, motivo por el cual, la simple suscripción de contratos civiles que en realidad encubren una relación laboral, no surten efecto legal alguno. La Presunción de Laboralidad.Conforme a lo señalado en el numeral 2 del artículo 23 de la Ley Procesal del Trabajo “acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”, advirtiéndose que este dispositivo legal introduce en nuestra legislación laboral la Presunción de Laboralidad que supone un cambio sustancial en materia de probanza a favor del trabajador, pues bastará que éste demuestre que prestó sus servicios en forma personal para un empleador para presumirse la existencia de un contrato de trabajo (debiéndose entender como prestación personal de servicio a la obligación del trabajador de poner a disposición de su empleador su fuerza de trabajo), a diferencia de la anterior regulación que exigía al demandante acreditar todos los elementos constitutivos de dicho contrato (prestación personal, remuneración y subordinación) Es decir, esta presunción “… supone el alivio probatorio al trabajador o ex trabajador demandante en un proceso laboral pues se facilita la demostración de la existencia de su relación laboral con su empleador o ex empleador demandado. A diferencia de la regulación actual que exige al trabajador acredite la existencia de la relación laboral –lo cual al final pasa por demostrar que su actividad fue subordinada-, con la nueva ley basta la presunción para que acredite, aunque sea en forma indiciaria, que prestó servicios en forma personal al demandado”3, sin embargo, “…. el hecho de que lo que se encuentre en discusión aquí sea la atribución al demandante de tutela de la condición de trabajador, determina que la presunción no pueda operar sino a partir de la aportación por el mismo de al menos un principio de prueba, que proporcione al menos indicios racionales del carácter laboral de la relación. Este principio de prueba ha estado constituido, desde la creación de la 2

Fundamento 3 de la Sentencia emitida con fecha 20 de Enero del 2005, en el Expediente N° 3172-2004-AA/TC PUNTRIANO ROSAS, César (Noviembre 2010). La Presunción de Laboralidad en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. En Academia de la Magistratura de Perú, Doctrina y Análisis sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo, paginas 171-198. Lima. 3

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institución, por la demostración de la prestación del trabajo o los servicios en provecho del sujeto al que se pretende atribuir la condición de empleador”4. Elementos del Contrato de Trabajo. Siendo así, y existiendo controversia respecto de la naturaleza civil o laboral de la relación contractual que existió entre las partes, debe de emitirse pronunciamiento respecto de este extremo de la demanda, para lo cual se procederá a analizar si en la referida relación se presentaron los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Prestación Personal.La prestación personal supone que el trabajador debe prestar sus servicios a su empleador en forma directa y personal, puesto que el contrato de trabajo precisamente tiene naturaleza intuito personae, condición que es requerida por el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR “TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral”, a diferencia de lo que se presenta en el caso de los contratos de locación de servicios en los que si bien el locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, bajo su propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está permitida por el contrato o por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación, tal como lo señala el artículo 1176 del Código Civil. Así en el decurso del presente proceso, se ha verificado el desempeño y cargo ejercido por la actora como Policía Municipal – Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Punta Negra, no habiéndose demostrado que la actora haya prestado sus servicios para la demandada con apoyo de terceros, más aún si de las siguientes instrumentales probatorias obrante en autos y que se procede a detallar corroboran la situación acaecida en el expediente materia de análisis, así tenemos que de las (16) Dieciséis Fotografías se logra comprobar que la demandante cumplía con sus labores en un horario de trabajo establecido, y que para ello debía portar un uniforme de trabajo apropiado, y llevar consigo una identificación personal como es su fotochek, además de la insignia de la comuna demandada (en color plata), así también de los contratos de servicios no personales que obran de fojas 09 a 57, se corrobora que en una de sus clausulas indistintamente se le hace presente a la demandante que lo que comprende el objeto del contrato y que fue lo siguiente: “Constituye objeto del documento, la contratación de el policía municipal quien es una persona natural, que cuenta con experiencia en Gestión Municipal, a fin de que preste sus servicios, cumpliendo las obligaciones estipuladas en el presente contrato, relacionado con el Área de Policia Municipal”, de igual forma en la cláusula sexta – numerales cuarto y quinto se ha establecido que la demandante debía cumplir con las siguientes 4

SANGUINETTI RAYMOND, Wilfredo (2007). La presunción de laboralidad: ¿anacronismo jurídico o pieza clave para la recuperación de la eficacia del derecho del trabajo en el Perú?. Revista Oficial del Poder Judicial, página 327.

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indicaciones: “Usar el uniforme y credencial otorgados por la Municipalidad” y “No podrá transferir total ni parcialmente la prestación del servicio teniendo responsabilidad sobre su ejecución total y cumplimiento (subrayado y resaltado nuestro); estando a ello se logra comprobar que la demandante cumplía con sus labores encomendadas las mismas que traen consigo el carácter personalísimo de la prestación hecha por la actora a favor de la demandada, en atención a lo estrictamente pactado por ambas partes, de ahí que no se puede establecer presunción en contrario respecto a la prestación personal de la demandante en el ejercicio de sus funciones como Policía Municipal – Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Punta Negra, de igual forma y considerando el estado de rebeldía de la parte demandada, se ha valorado en la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento Anticipado los argumentos de defensa vertidos por el Abogado de la parte demandante, quien hizo alusión expresa a los medios de prueba antes descritos y que generan convicción de que efectivamente hubo prestación personal por parte de la demandante, bajo tal razonamiento se ve superado este elemento constitutivo de toda relación de carácter laboral, al no haberse acreditado que el servicio prestado por la demandante fue realizado con ayuda de terceros, debiendo concluirse que dicha prestación fue realizada en forma personal, cumpliendo de esta manera con su carga probatoria contemplada en el artículo 23.3.a) de la Ley Procesal del Trabajo. Subordinación.Conforme a lo establecido en el artículo 9° del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo la dirección del empleador, quien tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones recaídas en el trabajador; aspecto que no debe presentarse bajo ninguna circunstancia en el marco de un contrato de locación de servicios pues una de las características distintivas de esta relación contractual es que el locador de servicios no se encuentra subordinado al comitente, tal como lo dispone el artículo 1764 del Código Civil. Por lo tanto, la principal característica que diferencia un contrato de trabajo de cualquier otra relación jurídica, es la subordinación o dependencia, entendida como aquel “… vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el primero le ofrece su actividad al segundo y le confiere el poder de conducirla. Sujeción, de un lado, y dirección del otro, son los dos aspectos centrales del concepto”5.

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NEVES MUJICA, Javier (2009): Introducción al Derecho del Trabajo, Fondo Editorial de la PUCP. 1ra. Edición, Lima, pág. 35-36.

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Así tenemos, de los medios probatorios obrantes en autos, que las instrumentales valoradas por esta judicatura, y que sirven para establecer el análisis de lo actuado, corresponden a las siguientes: -

Obra a fojas 09 a 57 el mérito de los Contratos de Servicios no Personales, en cuya cláusula sexta de la mayoría de ellos, se estableció las obligaciones que asumía un policía municipal, y que por ende se obliga a cumplir con las siguientes condiciones: i. ii.

iii.

iv.

v.

Prestar Servicios de Control y Seguridad en el Local Municipal, así como Orientación al Contribuyente. Controlar el acaparamiento, adulteración, falsificación, precios, calidad, vigencia, pesos y medidas de productos de consumo humano y otros que se comercializan en los mercados municipales. Realizar operativos de Fiscalización en mercados, comercios, negocios, locales públicos, construcciones, espectáculos, vías públicas, playas u otros, conforme a la normativa vigente. Se responsabiliza por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio que brinda por el plazo de dos (02) años, contados a partir de la fecha de conformidad otorgada por la Municipalidad, A emitir mensualmente un informe detallado sobre las actividades materia del contrato, realizadas en ese periodo.

Ahora bien, de los medios probatorios que obran en autos, se puede establecer que la actora ha prestado servicios en forma subordinada, pues conforme se advierte de los mismos se ha comprobado que hay existencia de contratos de trabajo de servicios no personales debidamente sellados y firmados por el trabajador y empleador, que denotan ampliamente que la demandante ejecutaba sus funciones dentro del horario pactado y debiendo cumplir con las normas de conducta internas, de igual forma se advierte que durante la ejecución de sus funciones se encontraba prevista de los enseres específicos para el desarrollo de sus funciones; por lo tanto, de acuerdo al análisis correspondiente se llega a establecer la existencia del elemento constitutivo de una relación laboral referido a la subordinación, ya que al haberse establecido en líneas anteriores que la actora se encontraba sujeta a las ordenes directrices de su empleadora quien además supervisaba la ejecución de labores,, no cabría duda alguna que se ejerció control respecto del desempeño del demandante y la ejecución integral de sus funciones encomendadas. Consecuentemente, de los referidos medios probatorios se advierte, que en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, lo que se verifica es la forma cómo se desarrolló esta relación contractual más allá de lo que las partes consignan en los documentos, se tiene que el demandante se encontraba sujeto a subordinación por parte de la demandada pues debido a la actividad 9

desplegada por la actora (Policía Municipal – Seguridad Ciudadana – Municipalidad Distrital de Punta Negra), no resulta razonable asumir que contaba con autonomía para realizar tal servicio, siendo así se ve superado dicho requisito, el más relevante y que genera la distinción entre un contrato de naturaleza civil o mercantil de uno de naturaleza eminentemente laboral. Remuneración.Conforme lo señala el artículo 6º del Decreto Supremo N° 003-97-TR, la remuneración es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que se les dé, siempre que sea de su libre disposición. En el presente caso, se aprecia que la demandante indica que, percibió una remuneración mensual por el servicio que prestaba a la comuna demandada, siendo que sus afirmaciones se encuentran respaldadas con: i)

ii)

El mérito de los Contratos de Servicios no Personales que obran de fojas 09 a 57 mediante los cuales en sus cláusulas cuarta, se establece el rubro forma de pago del servicio, en el que se señala: “ El pago a realizarse a favor de EL POLICIA MUNICIPAL, como contraprestación de sus servicios, oscilan en la cantidad de S/.350.00 (trescientos cincuenta nuevos soles) a S/.600.00 (seiscientos nuevos soles), así también la cláusula sétima en el rubro de obligaciones que asume la Municipalidad, se establece que se compromete a: “Retribuir económicamente a EL POLICIA MUNICIPAL, por los servicios efectivamente prestados, en forma mensual, de presentarse el caso de resolución o rescisión de contrato, la Municipalidad retribuirá la parte proporcional por días trabajados”; Los Recibos por Honorarios en original que obran de fojas 78 a 104, de los que se corrobora que la demandante expidió los mismos por las sumas que varían entre S/.500 (quinientos nuevos soles) y S/.800.00 nuevos soles, a razón de los servicios prestados a favor de la comuna demandada.

Todo ello a la vigencia del contrato no personal que suscribió con la demandada, documentos que no han sido sujetos a ningún tipo de cuestionamiento probatorio lo que nos lleva a establecer la concurrencia del elemento constitutivo referido a la remuneración. Consecuentemente, al verificarse el cumplimiento de los tres elementos característicos de un contrato de trabajo, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, esta Judicatura determina que la relación contractual entre las partes se ha desnaturalizado, por lo que se reconoce la existencia de una relación de tipo laboral entre las partes. 10

Contrato Administrativo de Servicios.- El Contrato Administrativo de Servicios ha sido regulado mediante el Decreto Supremo N° 1057 en el mes de junio 2008, siendo que a partir de dicha fecha las entidades estatales tuvieron que cambiar la modalidad de contratación de aquellos trabajadores contratados bajo locación de servicios6, lo cual se efectúo en el caso del demandante, pues conforme se puede apreciar en las siguientes instrumentales obrante en autos: i)

Contrato Administrativos de Servicios N° 069-01-2013, que obra de fojas 111 a 114, cuyo periodo contratado data del 01.01.2013 al 31.10.2013.

ii) Addendum al Contrato Administrativos de Servicios N° 069-01-2013, que obra de fojas 115, cuyo periodo contratado data del 01.11.2013 al 31.10.2013. iii) El Certificado de Trabajo que obra de fojas 116, el mismo que fue expedido el 07 de noviembre de 2014, en el que consta que la demandante laboró desde el 01.01.2013 al 31.10.2014, en la Sub Gerencia de Serenazgo y Policía Municipal de dicha comuna, ocupando los cargos de Policía Municipal y Supervisora de Policía Municipal. De ahí que se aprecia que la recurrente prestó servicios bajo la modalidad Contractual Administrativa de Servicios desde el 01 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2014. Respecto de esta última modalidad contractual suscrita entre el demandante y demandada, el Tribunal Constitucional ha interpretado mediante la Sentencia N° 002-2001-AI de fecha 07 de setiembre de 2010, que el contrato administrativo de servicios es un contrato de naturaleza laboral 7. Asimismo se señala en la referida sentencia: “Así, al pasar de un contrato independiente a otro en el que existe subordinación, y de uno en el que no se reconoce el goce de derechos constitucionales de naturaleza laboral a otro reconoce algunos de ellos, se advierte que hay una mejora o progresión en la protección de los derechos de naturaleza social (…)”8. Como se podrá advertir, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que el pasar de un contrato a otro, debe significar una mejora en los derechos del trabajador, en atención al principio de protección de los derechos sociales, por lo que este juzgador considera que en el presente caso no puede verse recortado los derechos que adquirió el demandante a partir de un contrato de naturaleza laboral, regulado por el Decreto Legislativo N° 728, pues se 6

Decreto Legislativo N° 1057 Cuarta Disposición Final: Las entidades comprendidas en la presente norma quedan prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos. Las partes están facultadas para sustituirlos antes de su vencimiento, por contratos celebrados con arreglo a la presente norma. 7 Ver fundamento 20 de la STC N° 002-2010-AI 8 Ver fundamento 37 de la STC N° 002-2001-AI

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encuentra acreditado en base al Principio de Primacía de la Realidad que inicialmente estuvo sujeto a un contrato de naturaleza laboral, en el cual se le reconocen todos los derechos laborales que la Constitución le ampara así como la norma especial pertinente, Decreto Legislativo N° 728 y su Reglamento, conforme se encuentra acreditado en líneas precedentes, para novar en una situación también laboral pero que sin embargo, no le garantiza el desarrollo de todos los derechos ya adquiridos bajo el régimen de la actividad privada, más aún si el demandante ha continuado desempeñándose bajo la supervisión de la Sub – Gerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad bajo la misma condición como Trabajador Obrero. En relación a ello, Jorge Toyama Miyagusuku refiere que: “La Constitución Política consagra que el Perú es un Estado Social de Derecho que supone el trato igual a todas las personas y a sus trabajadores, siendo ello una manifestación del reconocimiento de la dignidad de las personas. Asimismo, la Constitución reconoce el derecho al trabajo como base del bienestar social y una forma de realización de las personas y promueve el trabajo en sus diversas modalidades. Estos principios constitucionales se aplican a todos los trabajadores sin distinción alguna” 9. En el presente caso, se advierte que el paso de una relación de naturaleza laboral (con todas las garantías que esta regula al amparo del Decreto Legislativo N° 728) a la que se encontró sujeto el demandante, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, hacia una relación laboral pero con menos garantías y derechos como el Decreto Legislativo N° 1057, contraviene el principio constitucional de igualdad. Asimismo, mediante la Casación Laboral N° 628-2012 - La Libertad, La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 10 señaló (Fundamentos Noveno): “La interpretación recaída en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC, a través de la cual se declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad incoada contra el Decreto Legislativo N° 1057, permite colegir con meridiana claridad que, lo que en rigor se dispuso con la misma es la validez, entendiéndose la compatibilidad, de dicha norma con la Constitución del Estado, pero desde la fecha de su entrada en vigencia, esto es a partir del veintiocho de junio de dos mil ocho. Así las cosas, no obstante que se establezca que para acceder a tal contratación basta su sola suscripción (Fundamento Jurídico 17); dicha conclusión debe necesariamente enmarcarse en el fundamento de la ratio decidendi de la sentencia constitucional, cual es – según se desprende de su texto- , la inexistencia de relación laboral alguna (encubierta o no bajo otra forma contractual) y el empleo de la Contratación Administrativa de Servicios - CAS como medio de mejoramiento de tal 9

Jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil. Soluciones Laborales. N° 73. Gaceta Jurídica. Enero 2014. Páginas 107. 10 Como ya se ha precisado por este Supremo Tribunal en las ejecutorias recaídas en las Casaciones N° 007-2012-La Libertad, de fecha 11 de mayo del 2012, y N° 038-2012-La Libertad de fecha 06 de junio del 2012,.

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condición del servidor”. Asimismo en el décimo considerando de la citada casación se ha señalado: “La conclusión que antecede no resulta contraria ni desnaturaliza el propio texto de la sentencia constitucional antes aludida, en principio porque en el ámbito del Derecho del Trabajo, los jueces laborales están en el deber de resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción, a la luz de los principios y valores laborales constitucionalizados, entre los que se anotan; el principio protector regulado en el artículo 23; el de irrenunciabilidad de derechos, previsto en el artículo 23 y 26 inciso 2; principio de continuidad, implícito en el artículo 27; y de manera implícita el principio de primacía de la realidad, reconocido como tal en la norma constitucional conforme lo anotado por el propio Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes N° 1869-2004-AA/TC, N° 3071-2004-AA/TC, N° 2491-2005PA/TC, N° 6000-2009-AA/TC, N° 1461-2011-AA/TC, por citar algunas, y que forma parte de lo que se denomina Constitución Laboral. En segundo término, porque existe una prohibición expresa de novar una relación laboral a tiempo indeterminado – en caso esté fehacientemente acreditada- por otra que otorgue derechos menores a los reconocidos por la primera, conforme se desprende del artículo 78° del Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR11, y que plasma además lo que se conoce en doctrina como Principio Protector, definido como aquel “criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que éste en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador”12. Por tanto, corresponde aplicar al caso de autos el principio protector del trabajador y reconocer los derechos laborales del demandante por el periodo demandado al amparo de lo regulado por la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, Decreto Legislativo N° 728, habiéndose acreditado que la suscripción del contrato CAS se realizó sin solución de continuidad, de los servicios que a dicha fecha tenían indiscutible naturaleza laboral a través de una relación contractual de naturaleza laboral. Es menester agregar que, la posición expuesta por el juzgador toma en cuenta lo dispuesto en la STC N° 1154-2011-PA/TC de fecha 13 de diciembre de 2011, en la que se señala en su Fundamento 9: “Así las cosas y atendiendo al carácter irrenunciable de los derechos laborales que preconiza el artículo 26° de la Constitución, resulta relevante destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas por el demandante independientemente de la modalidad de su contratación, hecho que permite concluir que los supuestos contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios encubrieron, en realidad, una relación de naturaleza laboral y no civil (…)” 11

Negrita es del juzgado PLA RODIGUEZ, Américo “Los principios del Derecho del Trabajo”. Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, 1998; Pagina 23 12

13

Por tanto, de acuerdo a la valoración efectuada por este juzgado de todo el material probatorio presentado y actuado en el presente proceso, se ha tomado certeza de que en el presente caso existió una relación laboral, ello en razón del principio de primacía de la realidad, ya que ha quedado evidenciado que la trabajadora realizaba una labor de tipo laboral para el empleador; consecuentemente debe reconocerse su relación laboral bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo 728 desde el 01 de junio de 2001, labores que efectuó como Policía Municipal – Seguridad Ciudadana – Municipalidad Distrital de Punta Negra, por lo que corresponde amparar parcialmente la demanda en dicho extremo. Ahora bien, es necesario efectuar una precisión en relación a parte del periodo laboral alegado por el demandante, específicamente por: 

El periodo que data del 02 de abril de 1996 al 31 de mayo de 2001: Cabe señalar que, a través del presente proceso judicial se pretende que esta judicatura reconozca que la actora ha prestado servicios a favor de la demandada bajo un contrato de trabajo sujeto a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral de la actividad privada y por ende se efectué también pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde el reconocimiento de vinculo laboral hasta actualidad; sin embargo, es menester tomar en consideración que, es partir de la vigencia de la Ley N° 23853 modificada por el artículo único de la Ley N° 2746913 (publicada el 01 de junio de 2001) que, los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. Así las cosas y atendiendo al planteamiento hecho por la accionante, no resulta procedente, ni viable que esta judicatura pueda emitir un pronunciamiento válido respecto al aludido periodo en este proceso, pues la vigencia de la norma antes descrita data del dos de junio del 2001 hacia adelante; sin perjuicio de ello, se deja a salvo el derecho del accionante a fin que por ese periodo pueda hacer valer su derecho en la forma y vía procesal establecida por ley.

Finalmente, resulta necesario hacer una precisión en el presente caso, ello a raíz de la vigencia del precedente vinculante contenido en las reglas descritas 13

Artículo Único de la Ley N° 27469: “Los funcionarios y empleados, así como el personal de vigilancia de las Municipalidades, son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tiene los mismos deberos y derechos de los del Gobierno Central de la categoría correspondiente. Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen.”

14

en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional en el Proceso de Amparo (Exp. N° 05057-2013PA/TC – caso Rosalia Beatriz Huatuco Huatuco), de ahí que debe de quedar claramente establecido que la modalidad a plazo indeterminado del Decreto Legislativo N° 728°, en el ámbito de la Administración Pública exige la realización de un concurso público de méritos, respecto a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Consecuentemente, en el presente caso no se ha demostrado en el curso del proceso que el ingreso y acceso de la actora a la Administración Pública se haya sujetado a la realización de un proceso de concurso público de méritos, respecto a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, consecuentemente no es posible acoger dentro de los alcances del presente pronunciamiento la totalidad de las pretensiones contenidas en el petitorio del escrito de demanda en lo relativo a la formalización de un vínculo laboral de carácter o a plazo indeterminado en estricto. En relación al Pago de Beneficios Sociales. Ahora bien, de la documentación aportada al proceso, queda demostrado que la demandante estuvo sujeta a una relación de naturaleza laboral desde el período del 02 de junio de 2001 al 31 de octubre de 2014, por lo que le alcanza el derecho de gozar de los beneficios que le corresponde según el Régimen Laboral de la Actividad Privada, y ello atendiendo a los considerandos anteriores conforme a las liquidaciones que a continuación se detallan.

a) Compensación por Tiempo de Servicios. El Decreto Supremo N° 01-97-TR establece el derecho de los trabajadores que cumplan una jornada de cuatro horas en promedio a gozar de una compensación por tiempo de servicios que tiene la calidad de beneficio social. El artículo 21° de la misma norma señala que los empleadores depositarán en los meses de mayo y noviembre de cada año tanto dozavos de la remuneración computable percibida por el trabajador en los meses de abril y octubre respectivamente, como meses completos que haya laborado en el semestre respectivo y que la fracción de mes se depositará por treintavos. No habiendo acreditado la demandada el depósito efectuado por este concepto en la forma y monto establecido por ley o el pago del mismo a la fecha de la extinción del vínculo laboral, por ende debe declararse fundado en parte este extremo demandado y disponerse el pago respectivo por el período comprendiente del 01 de junio de 2001 al 31 de octubre de 2014 , en ese sentido se deberá tener en cuenta las remuneraciones que ha percibido la demandante durante el período laborado por ende corresponde efectuar la siguiente liquidación: Depósito

Periodo

Tiempo

Remuneración

Básico

Gratificación

Remuneración

Deposito CTS

15

Efectivo jun-01 jul-01 ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01 ene-02 feb-02 mar-02 abr-02 may-02 jun-02 jul-02 ago-02 sep-02 oct-02 nov-02 dic-02 ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03

01/06/01 30/06/01 01/07/01 31/07/01 01/08/01 31/08/01 01/09/01 30/09/01 01/10/01 31/10/01 01/11/01 30/11/01 01/12/01 31/12/01 01/01/02 31/01/02 01/02/02 28/02/02 01/03/02 31/03/02 01/04/02 30/04/02 01/05/02 31/05/02 01/06/02 30/06/02 01/07/02 31/07/02 01/08/02 31/08/02 01/09/02 30/09/02 01/10/02 31/10/02 01/11/02 30/11/02 01/12/02 31/12/02 01/01/03 31/01/03 01/02/03 28/02/03 01/03/03 31/03/03 01/04/03 30/04/03 01/05/03 31/05/03 01/06/03 30/06/03 01/07/03 31/07/03 01/08/03 31/08/03 01/09/03 30/09/03 01/10/03 31/10/03

al mes de

Computable

01M

jun-01

500

0

500

41.65

01M

jul-01

500

83.33

583.33

48.59

01M

ago-01

500

0

500

41.65

01M

sep-01

500

0

500

41.65

01M

oct-01

500

0

500

41.65

01M

nov-01

500

0

500

41.65

01M

dic-01

500

500

500.00

83.3

01M

ene-02

500

0

500

41.65

01M

feb-02

500

0

500

41.65

01M

mar-02

500

0

500

41.65

01M

abr-02

500

0

500

41.65

01M

may-02

500

0

500

41.65

01M

jun-02

500

0

500

41.65

01M

jul-02

500

500

500.00

83.3

01M

ago-02

500

0

500

41.65

01M

sep-02

500

0

500

41.65

01M

oct-02

500

0

500

41.65

01M

nov-02

500

0

500

41.65

01M

dic-02

500

500

500.00

83.3

01M

ene-03

500

0

500

41.65

01M

feb-03

500

0

500

41.65

01M

mar-03

500

0

500

41.65

01M

abr-03

500

0

500

41.65

01M

may-03

500

0

500

41.65

01M

jun-03

500

0

500

41.65

01M

jul-03

500

500

500.00

83.3

01M

ago-03

500

0

500

41.65

01M

sep-03

500

0

500

41.65

01M

oct-03

500

0

500

41.65

16

01/11/03 nov-03 30/11/03 01/12/03 dic-03 31/12/03 01/01/04 ene-04 31/01/04 01/02/04 feb-04 29/02/04 01/03/04 mar-04 31/03/04 01/04/04 abr-04 30/04/04 01/05/04 may-04 31/05/04 01/06/04 jun-04 30/06/04 01/07/04 jul-04 31/07/04 01/08/04 ago-04 31/08/04 01/09/04 sep-04 30/09/04 01/10/04 oct-04 31/10/04 01/11/04 abr-05 30/04/05 01/05/05 oct-05 31/10/05 01/11/05 abr-06 30/04/06 01/05/06 oct-06 31/10/06 01/11/06 abr-07 30/04/07 01/05/07 oct-07 31/10/07 01/11/07 abr-08 30/04/08 01/05/08 oct-08 31/10/08 01/11/08 abr-09 30/04/09 01/05/09 oct-09 31/10/09 01/11/09 abr-10 30/04/10 01/05/10 oct-10 31/10/10 01/11/10 abr-11 30/04/11 01/05/11 oct-11 31/10/11 01/11/11 abr-12 30/04/12 01/05/12 oct-12 31/10/12 01/11/12 abr-13 30/04/13 oct-13 01/05/13

01M

nov-03

500

0

500

41.65

01M

dic-03

500

500

500.00

83.3

01M

ene-04

500

0

500

41.65

01M

feb-04

500

0

500

41.65

01M

mar-04

500

0

500

41.65

01M

abr-04

500

0

500

41.65

01M

may-04

500

0

500

41.65

01M

jun-04

500

0

500

41.65

01M

jul-04

500

500

500.00

83.3

01M

ago-04

500

0

500

41.65

01M

sep-04

500

0

500

41.65

01M

oct-04

500

0

500

41.65

06M

abr-05

500

500

583.33

291.67

06M

oct-05

500

500

583.33

291.67

06M

abr-06

500

500

583.33

291.67

06M

oct-06

500

500

583.33

291.67

06M

abr-07

500

500

583.33

291.67

06M

oct-07

700

700

816.67

408.33

06M

abr-08

700

700

816.67

408.33

06M

oct-08

700

700

816.67

408.33

06M

abr-09

700

700

816.67

408.33

06M

oct-09

700

700

816.67

408.33

06M

abr-10

700

700

816.67

408.33

06M

oct-10

700

700

816.67

408.33

06M

abr-11

800

800

933.33

466.67

06M

oct-11

800

800

933.33

466.67

06M

abr-12

800

800

933.33

466.67

06M

oct-12

800

800

933.33

466.67

06M 06M

abr-13 1,000.00 oct-13 1,000.00

1,000.00 1,000.00

1,166.67 1,166.67

583.33 583.33

17

31/10/13 01/11/13 abr-14 30/04/14 01/05/14 oct-14 31/10/14

06M

abr-14 1,000.00

1,000.00

1,166.67

583.33

06M

oct-14 1,000.00

1,000.00

1,166.67

583.33 S/.10,481.15

TOTAL:

TOTAL: S/. 10,481.15 (diez mil cuatrocientos ochenta y uno con 15/100 nuevos soles). b) Vacaciones. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713 y artículo 11° del Decreto Supremo N° 012-92-TR, todo trabajador que supere una jornada diaria de cuatro horas y un record anual determinado tiene derecho a gozar de treinta días de descanso remunerado por cada año completo de servicios y en caso de record trunco éste será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente; en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que se adquiere el derecho, percibirá una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. En el presente caso la emplazada no ha acreditado haber efectuado el depósito por este concepto en la forma y monto establecido por ley o el pago del mismo a la fecha de la extinción del vínculo laboral, por lo tanto debe declararse fundado el presente extremo demandado y disponerse el pago respectivo por el período comprendiente del 01 de junio de 2001 al 31 de octubre de 2014; en ese sentido; se deberá tener en cuenta la última remuneración que ha percibido el demandante durante el período laborado por ende corresponde efectuar la siguiente liquidación:

Vacaciones 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

Tiempo Efectivo 01A 01A 01A 01A 01A 01A 01A 01A 01A 01A 01A 01A

Básico 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Remuneración Computable Vacaciones 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00

18

2013 - 2014 Truncas

01A 05M

1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 TOTAL:

1,000.00 416.67 S/.25,416.67

TOTAL: S/. 25,416.67 (veinticinco mil cuatrocientos dieciséis con 67/100 nuevos soles). c) Gratificaciones. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 27735, los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a percibir dos gratificaciones al año, una con motivo de fiestas patrias y otra con ocasión de la navidad, correspondiendo en cada caso una remuneración mensual (artículo 1° y 2°). En el presente caso la emplazada no ha acreditado haber efectuado el depósito por este concepto en la forma y monto establecido por ley o el pago del mismo a la fecha de la extinción del vínculo laboral, por lo tanto debe declararse fundado este extremo demandado y disponerse el pago respectivo por el período comprendiente del 01 de junio de 2001 al 31 de octubre de 2014, en ese sentido se deberá tener en cuenta las remuneraciones que ha percibido el demandante durante el período laborado por ende corresponde efectuar la siguiente liquidación, haciendo los descuentos correspondientes ya percibidos de ser el caso. Gratificación jul-01 dic-01 jul-02 dic-02 jul-03 dic-03 jul-04 dic-04 jul-05 dic-05 jul-06 dic-06 jul-07 dic-07 jul-08 dic-08 jul-09 dic-09 jul-10 dic-10 jul-11 dic-11

Tiempo Efectivo 01M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M 06M

Básico 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 700 700 700 700 700 700 800 800 800

Remuneración Computable Gratificación 500 83.33 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 800 800 800 800 800 800

19

jul-12 dic-12 jul-13 dic-13 jul-14 dic-14

06M 06M 06M 06M 06M 04M

800 800 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

800 800 800 800 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 666.67 TOTAL: S/. 17,950.00

TOTAL: S/. 17,950.00 (diecisiete mil novecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) Bonificación por Escolaridad. De conformidad con los Decretos Supremos expedidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Bonificación por Escolaridad se otorga a favor de los trabajadores del Sector Público. El Ministerio de Economía y Finanzas a través de las normas consignadas en el cuadro siguiente ha establecido que el monto de este beneficio asciende a las sumas entre S/.300.00 y S/.400.00 nuevos soles según corresponde. En tal sentido, teniendo en cuenta que en la presente resolución se ha establecido que la actora prestó servicios de carácter laboral a favor de una entidad emplazada y disfrutando en cuenta que este gobierno distrital pertenece al Estado, en consecuencia corresponde disponer el pago de la bonificación por escolaridad desde el inicio de la relación laboral que abarca del 01.06.2001 hasta el año que se pretende en la presente demanda, en consecuencia corresponde efectuar la presente liquidación.

Escolaridad

2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Total Escolarid ad

S/.4,400. 00

TOTAL: S/. 4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos y 00/100 nuevos soles) 20

INTERÉS LEGAL. El interés legal, previsto en el Decreto Ley N° 25920, se establece que el incumplimiento total o parcial por parte del empleador del pago oportuno de las remuneraciones y demás beneficios, origina que dichos montos devenguen automáticamente el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva. Este interés legal laboral no es capitalizable y se devenga desde siguiente a aquel en que se produce el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, no siendo necesario que el trabajador afectado lo exija. Por tanto, este interés legal resulta procedente al caso de autos, debiendo efectuarse su respectiva liquidación en la etapa de ejecución de sentencia. Costas y Costos El artículo 14 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo señala: “La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. De otro lado el artículo 413° del Código Procesal Civil establece “(…) Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (…)” de ahí que se exceptúa a la parte vencida de las costas del proceso. Sin embargo, si bien el artículo antes citado prevé la exención de costos, también lo es que la Sétima Disposición Complementaria de la Ley N° 29497°, norma procesal especial, señala que en los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos. En consecuencia, en virtud del texto de la norma debe efectuarse el análisis en cada caso en concreto a efecto de determinar si el Estado debe o no pagar el concepto en mención. Por tanto, teniendo en cuenta que el actor prestó servicios bajo la suscripción de contratos bajo distintas modalidades, es recién con la emisión de la presente resolución judicial que se está declarando la existencia de un contrato de trabajo de naturaleza laboral entre las partes, motivo por el cual no es posible concluir que hubiere tenido que participar en este proceso por una renuencia injustificada de su parte al pago del concepto laboral que persigue, motivo por el cual este concepto reclamado no resulta amparable. Finalmente, se debe tener claro que a través del presente pronunciamiento final el suscrito ha recogido los fundamentos de hecho y de derecho y ha expresado las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan y motivan la decisión, sujetando el proceder a lo establecido en los artículos 31 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo y 197° del Código Procesal Civil siguiendo las reglas que rigen un Debido Proceso; en tal sentido, las demás pruebas actuadas no altera ni enerva las consideraciones antes expuestas. III.- PARTE RESOLUTIVA.

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Por los fundamentos expuestos, impartiendo Justicia a nombre de la Nación, el Juez del Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. FALLA:  Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por DORA DONATILA OBREGON MIMBELA DE ALCANTARA, contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA, consecuentemente se declara la desnaturalización de la relación contractual existente entre las partes, desde el 01 de junio de 2001, encontrándose las partes sujetas a una relación contractual de naturaleza laboral.  Asimismo, se ORDENA a la entidad edil emplazada cumpla con el pago de los beneficios sociales a favor de la demandante por concepto de: i) Compensación por Tiempo de Servicios en la suma de: S/. 10,481.15 (diez mil cuatrocientos ochenta y uno con 15/100 nuevos soles); ii) Vacaciones en la suma de: S/. 25,416.67 (veinticinco mil cuatrocientos dieciséis con 67/100 nuevos soles); iii) Gratificaciones en la suma de: S/. 17,950.00 (diecisiete mil novecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles); y por concepto de Bonificación por Escolaridad en la suma de: S/. 4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos y 00/100 nuevos soles); con intereses legales.  Improcedente la presente demanda en el extremo en el que solicita se declare el reconocimiento del vínculo laboral entre las partes por los periodos comprendidos entre: a) desde el 02 de abril de 1996 al 31 de mayo de 2001, bajo el referido régimen laboral privado; dejando a salvo su derecho a fin que lo haga valer en forma legal correspondiente.  Sin costas ni costos. Notifíquese.

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