2018-5426.- Archivo Imputacion Necesaria

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA 3ª FISCALIA CORPORATIVA 11º DESPACHO – VIOLENCIA FAMILIAR Av. La Paz N° 320, Cercado de Arequipa.

DISPOSICION N. º CARPETA FISCAL IMPUTADO DELITO AGRAVIADO

: 01-2019-3FPCA-MP-AR : 503-2018-5426-0 : ENRIQUE MONTES YARO Y OTRO. : AGRESIONES : MENOR DE INICIALES Y.M.A.(06) Y OTROS.

Arequipa, once de febrero del año dos mil diecinueve. I.

DADO CUENTA: Los actuados judiciales del Expediente Nº 06649-2017-0-0401-JR-FT-04 remitidos por el Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa, sobre la investigación seguida en contra de ENRIQUE MONTES YARO Y SUGEY ELIANA YUNQUE AQUINO, por la presunta comisión del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y SALUD en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de los menores de iniciales L.I.M.A.(11), Y.M.A.(06) y S.M.R.A. (08 MESES); y, II.

ATENDIENDO: PRIMERO:Fundamentos de aplicación del principio de imputación necesaria en etapa de investigación preliminar: Que, el derecho de defensa está consagrado constitucionalmente así el artículo 139 inc.14 ha señalado que “Son principios y derechos de la función jurisdiccional… El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso…”, siendo que uno de los aspectos relevantes es la de especificar los cargos en forma clara, así el Tribunal Constitucional1 señala “de entre ellos habremos de destacar, por obvias razones, el derecho a ser informado de modo detallado y taxativo de la imputación. Así, la imputación se entiende en sentido material o amplio como: “la atribución más o menos fundada, que se le hace a una persona de un acto presuntamente punible sin que haya de seguirse necesariamente acusación contra ella como su consecuencia” (véase: Montón Redondo, Alberto; Derecho Jurisdiccional. Proceso Penal; Valencia; Tirant lo Blanch; 1998 p. 211). Por su parte el derecho a ser informado de la imputación tiene su fundamento y su razón de ser en la vigencia del principio acusatorio (STC Nro. 2005-2006-PHC/TC) y en el principio de proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos (STC Nro. 6167-2005-PHC/TC). El principio acusatorio permite garantizar el derecho de defensa ya que sólo cuando existe un cargo concreto y especifico la persona podrá defenderse y, por su parte, el principio de proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos exige que las autoridades públicas no realicen actividades o investigación arbitrarias o despóticas”, como se ha expresado en la misma sentencia en su fundamento 42 cuando se señala que “el inicio de toda investigación, sea cual fuere su carácter, ha de tener como presupuesto la existencia de un suceso material verificable en el tiempo y en el espacio; es decir, el inicio de una investigación contra una persona tendrá validez constitucional únicamente si es posible individualizar su conducta y verificar que la misma tenga contenido penalmente relevante; lo contrario sería aceptar la preponderancia de la presunción de culpabilidad sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia” así una conducta es penalmente relevante en legalidad si los hechos fácticos propuestos en un juicio de tipicidad en abstracto se encuentran subsumidos dentro de un tipo penal, pero este despacho considera que esta imputación necesaria en una denuncia de parte debe ser postulada por el denunciante quien aporta los hechos fácticos que considera son delitos y es el Ministerio Público posterior a la investigaciones realizar un juicio de tipicidad que no es más que el resultado de la verificación de si la conducta y lo descrito en el tipo, coinciden2, de lo contrario si no existe una imputación necesaria se soslaya o atenta contra el derecho de defensa del investigado, sin embargo en estricta legalidad cuando los hechos propuestos en abstracto no se adecuan a los tipos penales propuestos u otros, debe de archivarse liminarmente la denuncia. 1

Voto de los magistrados Eto Cruz y Alvarez Miranda Exp. 03987-2010-/PHC/TC Felipe Villavicencio Terreros “Derecho Penal, Parte General”, Ed. Grijley, 2006, pag 296

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Fiscal Responsable: María Adela Cuba Muñiz

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Consecuentemente, se desprende que el derecho de defensa conlleva a una imputación correctamente planteada, pues ella conlleva a la posibilidad de defensa del investigado de una forma eficaz, pues permitiría al mismo expresar y ofrecer actos de investigación de todos o alguno de sus elementos, lo que no podría ser posible si el Ministerio Público no los delimita, por ello, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional La imputación necesaria debe de tener como presupuesto la afirmación clara, precisa, concreta, además de las circunstancias de un hecho concreto, singular, de la acción de una persona que se encuentra como parte investigada. Lo cual quiere decir, que una imputación constitucionalmente correcta que no vulnere el derecho de defensa debe describir un acontecimiento que en hipótesis se supone es real con todas sus circunstancias de lugar, modo y tiempo, al respecto Eduardo M. 3 señala que el derecho a ser oído que tiene el acusado devienen en imposible si no se conoce el motivo que lo vincula como sujeto pasivo del mismo, señala que su defensa personal o material requiere conocer entonces la causa fáctica que da origen a una incriminación en su perjuicio ( el resaltado es nuestro), el mismo autor señala que la información para ser válida debe ser expresa, clara y precisa; circunstanciada, integral y previa a la declaración4. En cuanto a que la imputación con todas sus precisiones debe ser previa a la declaración, creemos que no puede ser tan exigente en la etapa de investigación preliminar, pero en las denuncias de parte por lo menos debe de tratarse de hechos penalmente relevantes que en abstracto se enmarquen en algún tipo penal, pues con ello se podrán realizar diligencias a fin de tener elementos de convicción que sustenten dichos hechos y poder realizar una mejor imputación determinándose así la existencia de un caso o no con causa probable, delimitando los hechos y tipificación, tal exigencia desde nuestro punto de vista es más en la formalización de la investigación preparatoria5, tal descripción fáctica comprendía en términos del Código de Procedimientos Penales la especificación precisa de los hechos 6, de las exigencias de dicha imputación se tiene que: a) debe ser completa, es decir integral, con indicación de todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sobre el conocimiento que se tenga de la forma en que se haya producido el hecho que se incrimina 7, justamente de las diligencias preliminares debe de surgir todas estas circunstancias y aún del agente que imputa los cargos, ello no quiere decir que posteriormente no se pueda ampliar hechos o circunstancias pues en la formalización de la investigación preparatoria debe de existir el núcleo central o en palabras del autor de “el hecho principal”, el mismo autor agrega que el requisito de ser completa involucra el de ser circunstanciada, señalando que así lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Nueva York, y que no resulta valido las enunciaciones genéricas, indeterminadas, vagas, oscuras y omisas, señala que si no es posible precisar circunstanciadamente el o los hechos, es porque evidentemente no existe merito para formular una imputación concreta 8. Al respecto, el Tribunal Constitucional9, ha señalado que “Esta interpretación se condice con el artículo 14, numeral 3), literal “b” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a este respecto comienza por reconocer que “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en u idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”. Con similar temperamento, el artículo 8 numeral 2), literal “a” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas:…b) Comunicación previas y detallada de la acusación formulada”. Reflejo de este marco jurídico supranacional, es el artículo 139 inciso 15), de nuestra Norma 3

Eduardo M. Jauchen “Derechos del Imputado”, Ed. Rubinzal – Culzoni, Argentina, 2007, pag. 363 Idem 4 pag. 365. 5 Art. 336 del Código Procesal Penal “2. la disposición de formalización contendrá b) los hechos (…)” 6 Art. 77 del Código de Procedimientos Penales 7 Idem 4 pag. 367 8 Idem 4 pag 367 9 STC Exp. Nro 02746-2010-PHC/TC, f.7 4

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Fundamental cuando establece: “El principio de toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención”. Se debe señalar que a pesar del tenor de esta norma constitucional, de la que pareciera desprenderse que el derecho del imputado se limita al momento de su propia detención, lo cierto es, que esta toma de conocimiento constituye la primera exigencia del respeto a la garantía constitucional de la defensa que acompaña a la parte emplazada a lo largo del proceso en todas las resoluciones del mismo”, desde nuestro punto de vista reiteramos esta exigencia es mas en la formalización de la investigación preparatoria que en una etapa de investigación preliminar, pues en la etapa intermedia en cuanto a la descripción del fáctico imputado no puede referirse a otros hechosque no sean las de la formalización 10, entonces el Ministerio Público en una disposición de archivo (no formalización de investigación preparatoria), no puede ir más allá de los hechos expuestos por el denunciante, contrariamente si se considera que existe causa probable y hechos típicos, al proceder a formalizar investigación preparatoria debe precisar los hechos, es decir, realizar una correcta imputación necesaria con todos sus elementos antes señalados así como su tipificación incluyendo la modalidad, es claro que tampoco se puede soslayar que en algunos casos las partes denunciantes si realizan una correcta imputación necesaria, las cuales si deben de estar claramente establecidas en la disposición de apertura de investigación para asegurar el derecho de defensa de las partes, pero en esta etapa no es tal la exigencia por las circunstancias como el Ministerio Público conoce de los hechos, debiendo de contener por lo menos los aspectos nucleares de los tipos penales, siendo el Ministerio Publico en etapa de investigación preliminar imparcial, asimismo, en una imputación de parte a fin de ser penalmente relevante en legalidad y en un juicio abstracto de tipicidad los hechos propuestos deben encajar en un tipo penal, filtro que tiene que ser evaluado por este despacho a fin de continuar una investigación preliminar. SEGUNDO: Cargos Imputados: De la Denuncia de Parte se desprende lo siguiente: ROCIO CATERIANO REVILLA, quien es abogada del Centro de Emergencia Mujer del distrito de Miraflores de Arequipa, denuncia que el día 07 de junio del 2017, se realizo una visita al domicilio de los menores agraviados, confirmando que vivian solo con su padre en un cuarto alquilado, siendo por indagaciones a los vecinos, estos manifiestan que durante el día el padre de los menores trabaja de 07:00 am a 08:00 pm, horas en que los menores se quedan solos, de igual forma manifiestan que los menores no comen sus alimentos a sus horas, quedándose solos hasta altas horas de la noche corriendo riesgos ya que salen a comprar alimentos y golosinas ya que el padre no está y les deja dinero, asimismo se tiene que la madre de los menores los abandono hace 03 años y hace un año los visita eventualmente, empero tiene una nueva pareja con la que tuvo a su ultimo menor hijo, al cual deja al cuidado de sus hermanos mayores, ocasionando que falten al colegio, por último se tiene que dichos vecinos refieren que han visto ingresar varias veces al padre de los menores, al domicilio en estado de ebriedad. TERCERO:: Fundamentos fácticos y jurídicos respecto al delito de r Violencia Familiar: El artículo 5 de la Ley 30364, define la violencia contra las mujeres como “la acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ambiente público como en él privado. Se entiende por violencia contra las mujeres: La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende entro otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra. 10

Art. 349 numeral 2 del Código Procesal Penal “la acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de formalización de la investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica”.

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Así mismo, El artículo 6 de la referida ley, define la violencia contra los integrantes del grupo familiar, como “la violencia contra cualquier integrante del grupo familiares cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar”. Adicionalmente el artículo 7 de la señalada ley, precisa que: “Son sujetos de protección: a) las mujeres durante todo el ciclo de vida (..). b) Los miembros del grupo familiar. Entendiéndose como tales, a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los conyugues y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia”. En ese contexto, el Artículo 122-B del Código Penal prescribe que: “El que de cualquier modo cause lesiones corporales de una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del Artículo 108-B será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36.(…).” Conforme los facticos planteados por la denunciante ROCIO CATERIANO REVILLA, se tiene que señala el estado de descuido y desprotección en que se encuentran los menores agraviados, empero estando a la revisión completa de los facticos de la denuncia, se llega a la conclusión de que estos hechos no guardan relación con el el tipo penal planteado, evidenciándose la ausencia de sus elementos objetivos y subjetivos, por lo tanto dichos hechos no contienen relevancia penal; es así que teniendo en cuenta lo esgrimido en párrafos anteriores, se tiene que los delitos no se presumen, ni este despacho puede presumirlos, por tanto tal como están los hechos puestos a conocimiento no tienen relevancia penal pues no existe una imputación necesaria que se pueda atribuir a los denunciados. Finalmente, no pasa desapercibido para este despacho los hechos en los que ese encuentran inmersos los menores de iniciales L.I.M.A.(11), Y.M.A.(06) y S.M.R.A. (08 MESES), siendo que al no poder tipificar estos hechos como delito o como faltas, corresponderá remita copias al Juzgado de Familia a fin de que evalué el inicio del proceso de contravenciones a sus derechos. CUARTO: SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Finalmente, se tiene presente que en el presente caso, el Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa mediante Resolución Nº 02 de fecha 21 de junio del 2017 (fs. 14/18), ha dictado medidas de protección a favor de la parte agraviada, las que se encuentran sujetas a lo establecido por el Art. 23º de la Ley 30364, y habiendo este Despacho emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde remitir copias certificadas al Juzgado de Familia de origen, a fin de que actúe conforme corresponda en cuanto a las medidas de protección QUINTO: RESPECTO A LA REMISION DE COPIAS POR CONTRAVENCIONES: Conforme se tiene de actuados en la carpeta fiscal, se evidencian actos en los que se encontrarían inmerso de los menores de iniciales L.I.M.A.(11), Y.M.A.(06) y S.M.R.A. (08 MESES), por lo que en aplicación de lo señalado por el artículo 50 del Reglamento de la Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, cautelando el interés superior del niño y sus derechos se remita copias al Juzgado de Familia a fin de que evalúe el inicio del proceso de contravenciones a sus derechos de conformidad a lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes.

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SEXTO: Que si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado, situación que se ha contemplado en el presente caso. Por lo que el Fiscal que al final suscribe con las atribuciones que le confiere el inciso 1º del artículo 334º del Código Procesal Penal y los artículos 159° inciso 4 de la Constitución Política del Estado, artículo 1° y 5° de la ley Orgánica del Ministerio Público DISPONE:: PRIMERO: NO FORMALIZAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA en contra de ENRIQUE MONTES YARO Y SUGEY ELIANA YUNQUE AQUINO, por la presunta comisión del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y SALUD en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de los menores de iniciales L.I.M.A.(11), Y.M.A.(06) y S.M.R.A. (08 MESES). Notifíquese y regístrese donde corresponda. SEGUNDO: Consentida que sea la presente, remitir copias certificadas al Juzgado de Familia de origen, conforme a lo señalado en el cuarto fundamento, cursándose los oficios correspondientes. Notifíquese y regístrese donde corresponda. TERCERO: REMITIR al Juzgado de Familia de Turno de Arequipa, copia certificada de los actuados de la presente carpeta fiscal a fin de que evalúe el inicio del proceso de contravenciones a los derechos de los menores de iniciales L.I.M.A.(11), Y.M.A.(06) y S.M.R.A. (08 MESES) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de la Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Notifíquese y regístrese donde corresponda. CUARTO: Notifíquese la presente a la representante del Centro Emergencia Mujer de Miraflores.Notifíquese y regístrese donde corresponda. LEVE/macm

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