Cartel Glp

Resolución N° 157-2019/SDC-INDECOPI, el 26 de agosto de 2019 INDECOPI, a través de la CLC, encontró responsables a Lima Gas S.A., Sol gas S.A., Zeta Gas Andino S.A. y seis ejecutivos de dichas empresas por haber participado en prácticas colusorias consistentes en fijar concertadamente los precios de venta del balón de gas entre los años 2008 al 2011. Esta conducta está prevista como infracción en el artículo 11 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1034. La evidencia documental (correos electrónicos de las empresas) y económica (series de precios) analizada por la SDC permitió corroborar la existencia de una concertación entre Solgas S.A. y Lima Gas S.A. para fijar el precio de venta de los balones de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kg para distribuidores mayoristas a nivel de Lima Metropolitana y Callao, entre octubre y diciembre de 2008. Asimismo, los medios probatorios evaluados también permitieron a la SDC verificar que Lima Gas S.A., Solgas S.A. y Zeta Gas Andino S.A. establecieron coordinaciones entre los años 2009 y 2011 con el objetivo de fijar concertadamente el precio del GLP envasado para distribuidores mayoristas a nivel nacional, respecto de las presentaciones de 10 kg y 45 kg de dicho producto. El siguiente es el detalle de la participación de cada empresa involucrada. Estas prácticas colusorias permitieron a las empresas envasadoras obtener márgenes adicionales de ganancia (sobreprecios) que representaron una afectación directa a las condiciones de competencia en el mercado de GLP envasado y, a su vez, incrementaron los precios de venta al público de dicho producto, en particular, del balón de GLP de 10 kg que forma parte de la canasta básica familiar, el cual resultó el principal producto afectado.

APELACION Las empresas apelantes consideran que las distintas disposiciones de la Ley 27444 pasaron a constituir condiciones mínimas que la Administración debía respetar; y, por lo tanto, las normas previstas en la Ley 27444 para los procedimientos sancionadores

(tales como, las referidas a la prescripción administrativa) resultan aplicables para todos los procedimientos. En su apelación, Sol gas, Lima Gas y los señores Celestino San Román, José Gallego y Patricio Strube alegaron que la Comisión les atribuyó responsabilidad sobre la base de comunicaciones en las que no participaron como destinatarios ni remitentes. Por su parte, Zeta Gas y el señor Miguel Monge alegaron que los correos utilizados por la Comisión para atribuirles responsabilidad no se dieron entre Zeta Gas y las demás personas jurídicas imputadas, sino que se tratarían de comunicaciones internas que no pueden tener el mismo valor probatorio que comunicaciones entre competidores. Zeta Gas ha alegado que existe una importante heterogeneidad en la estructura de costos de las empresas envasadoras de GLP, debido a que estas adquieren dicho producto de distintos productores y/o importadores e incluso algunas empresas envasadoras están integradas verticalmente a lo largo de la cadena de producción y distribución. A decir de la recurrente, esta asimetría en la estructura de costos reduce la posibilidad de concertación. Corresponde señalar, además, que Solgas no ha presentado, durante la tramitación del procedimiento, medios probatorios que acrediten que la reunión del 5 de febrero de 2009 fue convocada como parte de las coordinaciones de la Asociación Gas LP Perú, para lo cual podría haber presentado la citación. Zeta Gas ha alegado que la Comisión no presentó medio probatorio alguno que evidenciara la supuesta variación del precio de Pluspetrol el 25 de febrero de 2009, ni el tiempo que duró tal variación del precio. En apelación, Zeta Gas señaló que el señor Miguel Monge no es peruano, por lo que las expresiones que empleara en sus comunicaciones deben ser observadas conforme a los usos y habla del origen de cada persona. La recurrente agregó que, si bien sus comunicaciones contienen términos que pueden transmitir un nivel de tratativa con empresas competidoras, ello no constituye una comprobación o aseveración de lo ocurrido o comunicado en la realidad. Zeta Gas ha alegado que la Comisión no presentó medio probatorio alguno que evidenciara la supuesta variación del precio de Pluspetrol el 25 de febrero de 2009, ni el tiempo que duró tal variación del precio.

Zeta Gas señaló que el señor Miguel Monge no es peruano, por lo que las expresiones que empleara en sus comunicaciones deben ser observadas conforme a los usos y habla del origen de cada persona. La recurrente agregó que si bien sus comunicaciones contienen términos que pueden transmitir un nivel de tratativa con empresas competidoras, ello no constituye una comprobación o aseveración de lo ocurrido o comunicado en la realidad.

RESOLUCIÓN DE LA SALA Por las razones expuestas, corresponde desestimar los contraindicios y argumentos formulados por los apelantes con relación a este episodio de concertación. Por estas conductas, la SDC determinó la multa aplicable a Sol gas S.A. en 9,513.11 UIT (equivalente a S/ 39’955,062), para Lima Gas S.A. en 1,312.32 UIT (equivalente a S/ 5’511,744), y para Zeta Gas Andino S.A. en 834.86 UIT (equivalente a S/ 3’506,412). Cabe agregar que la SDC también confirmó la responsabilidad de los representantes de las

mencionadas

empresas

envasadoras

que

participaron

en

las

conductas

anticompetitivas, imponiéndoles multas individuales por un total de 97.64 UIT, lo que es equivalente a S/ 410,088. Si se encuentra acreditada la responsabilidad atribuida por la Comisión a los señores Franz Espinoza, José Gallego, Leoncio Lizárraga, Miguel Monge, Celestino San Román y Patricio Strube por el presunto planeamiento, realización y/o ejecución de las prácticas colusorias horizontales realizadas por Lima Gas, Sol gas y Zeta Gas en la modalidad de fijación concertada de precios en la comercialización de GLP envasado para distribuidores, en las presentaciones de 10, 15 y 45 kg, de manera continua y a nivel nacional entre años 2009 y 2011, conducta tipificada en los artículos 2.1 y 43.3 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Además de las multas impuestas, la SDC confirmó la decisión de la CLC que ordenó como medida correctiva un ‘Programa de cumplimiento’ de la normativa de libre competencia por parte de las empresas infractoras, con la finalidad de contrarrestar

aquellas condiciones que puedan promover o permitir la comisión de conductas anticompetitivas como las verificadas en el presente caso. El ‘Programa de cumplimiento’ tendrá una duración de tres años e implicará que las empresas contraten capacitaciones anuales sobre la normativa de libre competencia para sus directivos y empleados, quienes deberán rendir un examen que evalúe su nivel de conocimiento sobre esta normativa. Asimismo, dicho programa implica la contratación, por parte de cada empresa, de un ‘oficial de cumplimiento’ (auditor) encargado de velar por el respeto de la normativa de libre competencia al interior de las compañías.