El Proceso Inmediato.docx

¡ . . . ., --- - ..... -· . . . . . . · · - ·-·-·¡¡ :

.

-- . --- ·-·-- · ---- --·------· ¡

·.V fc-t·ºr {,:n.bas Viila..nue··va· • A.. . !onso·.P7\ . ..Pe f1,. .1. ..C. abreJa Freyre

•

I

Alfredo Araya Vega « Mercedes Herrera Guerrero « AI�U'.� Jvh,i-tinez � �!íc.t(�: B;:1zal.m: Paz .. rrancrsco Cclis Mendoza Ayma • Eldot J .1\!hraucLl

Vi�t:1}!n11?!

-\hurto ' Da.litíi.J"..) }lu�tchacJ. Sdnrh(�/. � 11

�h;n'. 1d

r

INSTITUTO PACÍFICO ·--.--�-�_,,

_j

El PROCESO INMEDIATO Alllores: © Víctor Cubas Villanueva • Alonso R. Pena Cabrera Freyre • Alfredo Araya Vecp • Mercedes Herrera Guerrero· Víctor Jirnmy Arbulú Martínez • Víctor Manuel B,z; !ar Paz • Francisco Celis Mendoza Ayma • Elder J. Miranda Aburto · Dalmiro Huad,,;:;a Sánchez • Carlos Enrique Núñez Núñez • José Diego Rabies Palafox, 2017

Prólogo: José Antonio Neyra Flores Coordinador: Francisco R. Heydegger Primera edición-setiembre 2017

Copyright 2017 Instituto

Pacífico S.A.C.

Diseño, diagramación y montaje: Luis Ruiz Martinez Gerson Raul Quico Príncipe

Edición a cargo de: Instituto Pacífico SAC.·2017 Jr. Castrovirreyna N.º 224-Breiía Central: 332-5766 E -rnail: preprensa@aempresarial .corn Tiraje: 7,000 ejemplares

Registro de Proyecto Editorial

: 315()1051700948

ISBN Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.'

: 978-612-322-025-9 :2017-11486

Impresión a cargo de: Pacífico Editores SAC Jr. Castrovirreyna N.· 224-Breiía Central: 330-3642

Derechos Reservados conforme a la Ley ele Derecho de Autor. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio. ya sea electrónico. mecánico. químico, óptico, incluyendo el sistema de fotocopiado. sin autorización escrita del autor e instituto Pacífico SAC., quedando protegidos los derechos de propiedad intelectual y de autoría por la legislación peruana.

Esta publicación es muy importante porque a través de varios expositores y sus ponencias se analizan una serie de tópicos para el éxito del proceso inmediato reformado. El proceso penal especial inmediato reformado en Perú es uno de los temas más actuales e importantes en la justicia penal. El proceso penal debe cumplir con proveer los dos soportes fundamentales de un proceso justo como son las garantías, que se respeten los derechos de los imputados, y eficiencia, que haya una respuesta a la víctima, a la sociedad, que no haya impunidad, encontrando un punto de equilibrio donde converjan ambas. La sociedad con derecho exige un proceso penal rápido. El D. Leg. N.º 957, que el 1 de julio del 2006 puso en vigencia el Código Proceso Penal, comprendía un proceso penal común y procesos especiales, entre ellos, el inmediato. Hasta el 20 I 5 era facultad del fiscal provincial requerírselo al juez de la investigación preparatoria; dentro de las fórmulas de simplificación procesal penal solo se aplicó en un 0.24 %, es decir no sirvió para generar procesos sin dilaciones indebidas y descarga procesal. El 29 de noviembre del 2015 cI D. Leg. N.º 1194 lo reforma estableciendo que deberá requerirlo cuando haya flagrancia delictiva, confesión y prueba evidente multiplicándose su aplicación para toda clase delitos, incluso con penas de cadena perpetua. Estableciéndose una audiencia previa, en 3 días, donde hoy se discuten la procedencia de la incoación del proceso inmediato, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada. Medida coercitiva requerida por el fiscal de declararse procedente, en dos días más un juicio en audiencia única. Se aplicó en un primer caso contra la Sra. Silvana Buscaglia por violencia y resistencia a la autoridad, imponiéndole 6 años y 8 meses,

s

vícrou

Cí..JB/\S VHJJ\NlJEVA

1

produciéndose un rechazo social, considerando desproporciona] la pena, por la conducta de tal imputada contra un policía nacional, vista por toda la opinión pública, en los medios de comunicación social. Por lo que la Presidencia del Poder Judicial convocó a dos acuerdos plenarios penales extraordinarios el 1-2016 por el delito de violencia y resistencia a la autoridad y el 2·-2016 sobre proceso inmediato reformado. En el primero desde una interpretación histórica, sistemática, teleología, desde el principio de legalidad, lesividad y proporcionalidad, se estableció que la intensidad y sanción de estos delitos estaba en función de las lesiones al cuerpo y la salud que produzcan. Y en el segundo que solo se podían aplicar en caso donde la pena concreta no supere los 15 años privativa de libertad, porque en penas más altas el imputado tiene derecho a contar con un proceso con todas sus etapas, para determinar si es responsable y en caso positivo para la sanción. En España y otros países, solo se aplica en penas no mayores a S años privativas de libertad, en el nuestro no contribuiría a procesos sin dilaciones indebidas y descarga procesal penal, para atender otros casos que exijan todas las etapas del proceso que el principio de aceleramiento procesal no significa que desaparezcan las garantías y que solo en caso de flagrancia, bajo un concepto simple y riguroso, de percepción sensorial que frente a uno, se está produciendo un delito, sin necesidad de hacer ninguna inferencia o razonamiento para convertir indicios en prueba indiciaria y si hay duda, es improcedente el proceso inmediato. Igual en el juicio oral, si serequiere actividad probatoria que sea imposible en el día, se convierte en juzgamiento de proceso común. Se busca eficiencia, pero siempre debe haber garantías. En este ínterin se produjo el proceso inmediato del señor Chu Cerrato, a quien también se le imputó violencia y resistencia a la autoridad, cuando iba en el asiento de atrás de su camioneta, conducida por su chofer. Se encontraba en estado de ebriedad con 2. 7 gramos de alcohol por litro de sangre, según la tabla de alcoholemia debería estar en coma. Sabía que iría a una reunión social donde bebería licor y por eso llevó a un chofer, para impedir conducir en estado de ebriedad. Se quedó dormido en el asiento de atrás de su camioneta y despertó durante la intervención policial a su chofer, bajó el 6

l

PHÓI.OG-0

vidrio de la ventana y tocó a un policía en e! pecho dos veces con su dedo índice. Este hecho fue considerado un abuso por lo que fue detenido, para luego ser procesado inmediatamente por violencia y resistencia a la autoridad y condenado a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva. ¿Qué flagrante delito habría, si no era imputabler, no se puso adrede en ese estado de ebriedad para tocarle el pecho al policía, no es una caso de actio libera causa doloso o culposo. Simplemente es un caso de grave alteración de la conciencia. Si falta un demento del delito como es la culpabilidad no hay delito. Entonces, ¿qué flagrancia habría? ¿Cuánto importa que una persona tan ebria le toque dos veces el pecho a un policíar, ¿califica como falta contra la persona, lesiones leves o graves? No. En suma, en este caso se afectaron los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La pregunta es entonces: ¿Quién es la victimar, ¿el señor policía o el señor Chu Cerrato -quien tiene una orden de captura, estando a la espera que el Tribunal Constitucional resuelva el habeas corpus que ha interpuesto?

Es necesario el proceso inmediato reformado, pero con jueces, fiscales y defensores que conozcan la ley, doctrina, jurisprudencia y los hechos. Es urgente que los jueces motiven sus autos y sentencias conforme al pleno vinculatorio, con los requisitos de motivación de autos y sentencias, del CNM N.º 120-2014, de mayo del 2014. O sea que comprendan el problema, y comuniquen sus decisiones de manera clara y accesible, mediante el uso adecuado de las reglas de la lógica y la argumentación. Con congruencia. Esto es, que hagan un uso racional de la ley, doctrina y jurisprudencia. Asimismo, es necesario que los fiscales y defensores compartan con los jueces lo que estos no saben y escuchen con paciencia las audiencias para lograr el éxito de sus pretensiones, considerando que la brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces, esto es, los hechos concretos del caso. Que sepan que los mejores ale- gatos orales son los que primero se hicieron por escrito, se prepararon adecuadamente cumpliendo con los requisitos imprescindibles para ello +conocer el caso, conocer el caso y conocer el caso+, no se improvisaron, y donde no se dejaron de decir los puntos sustanciales sin redundar.

7

Vf(:;rc)R r_·:l.JB/\S VLLi..-t\NUE-\/{\

¡

Este año se resolvieron las casaciones N.º 842-2016-SuUana, y N.'' 692·-· 2016-Lima Norte, ambas sobre proceso inmediato, emitidas por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, donde se desnudaron serios errores en torno a la aplicación de este proceso especial. En la primera, 22 horas después de ocurridos los hechos (violación a Ia libertad sexual de menor de 12 años de edad), se detuvo al imputado, sosteniéndose que la sindicación en su contra se corroboraba con lo narrado por la madre y tía de la agraviada, a quienes esta les habría contado lo ocurrido (testigos de oídas). Su detención fue considerada como flagrancia, por lo que se aplicó eI proceso inmediato, resultando en un condena en primera y segunda (30 años de pena privativa de libertad), aunque el imputado siempre negó su responsabilidad. En el segundo caso, a las 2.00 am una señora denunció un robo agravado que habría ocurrido en la Av. Universitaria (Los Olivos, Lima), al cual no prestó mayor resistencia porque los atacantes estaban armados, pero atinó a apuntar la placa del vehículo. Algunas horas después, cuando la agraviada se encontraba cenando con sus padres en el distrito de Puente Piedra, se percató que el vehículo que acababa de estacionarse frente a ellos, tenía el mismo número de placa que el vehículo que había participado en el robo que había sufrido. Por esta razón; se llamó a la policía y se detuvo a] conductor, 3 horas después se efectuó el registro vehicular correspondiente y no se encontró ninguna de las pertenencias de la agraviada, pero 6 horas después se practicó un nuevo registro vehicular, con presencia de dos Fiscales Provinciales Adjuntos, y esta vez se dejó constancia que se encontró la cartera y otros bienes de la denunciante. El intervenido se negó a firmar el acta, no se le dijo que tenía derecho a contar con dos testigos, ni a su abogado defensor, y pese a que no había una alta urgencia y necesidad para prescindir de tales garantías, fue juzgado en un proceso inmediato reformado, terminando condenado por robo agravado. En ambos casos se declaró fundada la casación y nula la sentencia de segunda instancia, en insubsistente la sentencia de primera instancia, ordenándose que la causa se tramite conforme al proceso común, y se

. .8. "

i

Pnótoc;o

decretó la inmediata libertad de los imputados por el vencimiento del plazo ordinario de prisión preventiva al tratarse de casos simples y haber transcurrido más de 9 meses desde que se dictara la medida. Todo esto demuestra que debemos continuar con la capacitación de todos los operadores y ejercer un control riguroso sobre el cumplimiento de los principios de legalidad, lesividad y proporcionalidad por los operadores de primera, segunda instancia y extraordinaria en todos los casos de proceso inmediato a través de las casaciones penales. Por tanto, invito a toda la comunidad examinar con sumo interés cada uno de los artículos que componen esta publicación, con la seguridad que será un gran aporte a su formación jurídica y a lograr los fines del presente proceso especial, encontrando un punto donde converjan garantías y eficiencia. Lima, setiembre del 2017 Dr.josé Antonio Neyra Flores Juez Sala Penal Permanente Corte Suprema Profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en la PUCP, UNJVISM, USMPyAMAG

9

de

fJ1óJO(JO ....

EL PROCESO INMEDIATO

'\fÍC''W!i tUE!AS VllLANlH::VA. ·1

Introducción: Sobre la reforma procesal penal ..

2.

Análisis de las normas sobre proceso inmediato ..

17 24

3

Naturaleza del Decreto Legislativo N.° 1194 ..

27

4.

27

tí.

Definición de proceso inmediato Concepto de flagrancia

6.

Notas esenciales de la flagrancia ..

29

7.

La confesión corroborada .

30

8. 9.

La evidencia delictiva .. Otros supuestos de aplicación del proceso inmediato.

rn. ·11. 12. 13

28

Trámite procesal Facultad para optar por otro medio de solución La audiencia única de incoación de proceso inmediato 1

mpugnación .

14.

Requerimiento de acusación y resolución judicial.

15 16 17

Trámite del proceso inmediato. Audiencia única ..

Rechazo a la incoación de proceso inmediato Problemas en la incoación del proceso inmediato .

3·1 32 32

34 34 35 35

36 37 39

18.

Logros alcanzados con aplicación del proceso inmediato ..

41

19.

Retos que hay que afrontar.

20.

Conclusiones .. Referencias bibliográficas .

43 44

2·1.

45

11

EL _l}ROC.ESO 1.N"rl.H.'.:.í)l.f\TO

j.

EL PROCESO INMEDIATO COMO MANIFESTACIÓM DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL EN El MUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y SU UMITt,DA ACTU!�CiÓN EN H MARCO DE LA POLÍ-

TJCA CH!MJNAL DEL DERECHO PENAL SECUAITARIO

ALONSO R. PE�A CABRE�A fílEVfU:.

2 3. 4.

5.

6,

Conceptos preliminares El proceso inmediato ..

. .. .

.. .

..

..

51 55

La obligatoriedad de incoar el proceso inmediato por parte del fiscal El delito flagrante ..

62 62

4.1. Fundamentos político criminales de la flagrancia delictiva. 4.2 Base perceptiva de la flagrancia 4.3. La cuasi-flagrancia 4.4. La flagrancia presunta. Premisas conclusivas Referencias bibliográficas

63

64 66

67 70

APORTES Y REPERCUSIONES DE LOS PROCESOS EXPEDITOS ALFíU:.DO Aff.AVA VIEGA

l.

2.

3.

4.

La política criminal detrás del Decreto l.eqislativo N. º 1194 ·1.1. Política criminal ¿Quién legisla y por qué lo hace? 1.2. Política de persecución penal Realidades del sistema acusatorio qarantista .... 2.1. Ineficacia e ineficiencia. 2.2. La justicia penal y celeridad procesal

. .

71 71

74

2.3. Segundad humana y justicia

78 78 79 80

2.4. La justicia restaurativa como modelo evolutivo de respuesta ante el delito ..... 2.4. l. Ámbito internacional ......

84 84

2.4.2. Nuevo modelo de respuesta al delito 2.4.3. Principios . 2.4.4. Papel comunitario 2.4. 5. Requisitos. 2.4.6. Abordaje . 2.4.7. Estado actual . Resultados del proceso inmediato reformado 3.1. Beneficios 3.2. Posibilidades de mejora Referencias bibliográficas

86

12

.

47

87 87 88

88 89 89 89 94 94

'T'A,.BLA,

}}E

CO.N'.!'ENI.DO

EL CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL PROCESO INMEDIATO EN H DECRETO LEGlSlP.Tl\/0 N. º 1

"194. ESPECIAL REFERENCIA A LOS PRESUPUESTOS MATEBIAtES MERCE!lfS �1fRRERA GiJiEiUl�RO

·1.

Introducción..

2

E! carácter excepcional del proceso inmediato a partir de sus presupuestos materiales

95

l

01 2. I. l_a evidencia delictiva.

101

21. ·¡ _ Flagrancia delictiva y proceso inmediato 2.1.2. Evidencia delictiva y confesión..... 2.1.3. Delito evidente 3.

104 108

..

.

Proceso inmediato y nulidad absoluta 3.1. La evidencia delictiva

.

y su

109 ·1 ·11

..

relación con la flagrancia delictiva.

111

3.2. Nulidad absoluta y preclusión 4

115

! ·¡ g

La ausencia de complejidad o simplicidad.. 4.1. El principio de proporcionalidad y el análisis concreto de la complejidad..

123

5.

Apuntes finales sobre la excepcionalidad del proceso inmediato

124

6.

Referencias bibliográficas

127

.. .

PROCESO INMEDIATO REFORMADO POR El DECRETO LEGISLATIVO N. º Y VUELTO A REFORMAR POR El DECRETO LEGISLATIVO N.º

1194

1307

VICTOR JIMMY ARBULÚ MÁRTINEZ l. 2.

Planteamiento del problema

.

Los cambios normativos

.

2.1. La detención del imputado y la realización de la audiencia única

.

131

133 138

2.2. E! cambio en el orden para el pronunciamiento del juez en el proceso inmediato..... . .

139 2.3. Impugnación del auto que se pronuncia sobre el requerimiento del proceso inmediato..... . .. . . . 141 2.4. El juicio oral. .. 142

3.

Puesta en vigencia artículos de! Código Procesal Penal respecto al proceso inmediato para aplicarlo en el sistema procesa! del Código de Procedimientos Penales

4.

Conclusiones ..

5.

Referencias bibliográficas.

'144

·¡43 148

13

ANÁUSIS A LA CASACíÓN N.º

692-2m 6-UM,� NORTE HAGRANCIA,

FLAGHANCIA PRESUNTA Y DIUGENCI/\S Pflf::UMiN/J.RES VÍCTO� MAir,R!El [EIAZtlJ.ti,.R �AZ

1.

Introducción

"14CJ

2.

Marco teórico. 2 ·¡ Flaorancia presunta .. F1equisitos sustanciales ..

151 151 154

a)

I f:i5

2. 1 .1.

2.1 2

La inmediatez temporal.

b) La inmediatez personal ... Requisitos procesales .. a) b)

La necesidad urgente de la intervención policial .. El peligro de fuqa u obstaculización ..

3. 4.

Marco práctico análisis de ia Casación N Epílogo ..

5.

Referencias bibliográficas

e

150 170 171 172

692-20"! b-Uma Norte ....

172 175

"175

LA CONSTITUCIONAUZACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO PROPORCIONAUDAD V PRESUPUESTOS MATERIALES

fRANC!SCO CHIS MEN[)OZA AYMA l.

Nociones previas.

2.

Perspectiva procedimental.

3.

Interpretación conforme a la constitución ... Eficacia y garantía

4. 5. 6.

!79

La garantía del plazo razonable. Presupuestos materiales 6.1. Prueba evidente

184 185 188

.

]SCJ

6.1. 1. Flagrancia delictiva.

190

6.1.2. El delito confeso .. 6.1.3. El delito evidente .. 6.2. Simplicidad o ausencia de complejidad

7

181 182

Supuestos específicos de prueba evidente y simplicidad .. 7.1. Omisión a la asistencia familiar (OAF)

8.

7.2. Conducción en estado de ebriedad o drogadicción (CEE). Conclusión ..

9.

Referencias bibliográficas

192 193 194

196 1% 198 199

200

14

EL PROCESO !NMEDI/\TO EN CASOS DE FLAGRANCif\ DEUCTíVA UN ANÁLISIS CON RESPECTO A LAS ÚLTIMAS MODlF!Cf:l.C!ONf:S DEL DECBETO LEGISLATIVO N.0

1307

HDirn J. MrniA!\!M JlH�u1riro

2 3.

4. 5. 6.

tntroducción ... Principales mooificaciones del proceso inmediato . Análisis de las principales modificaciones del Decreto Legislativo N.º 1307 .. 3.1. El sobreseimiento en el proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva 3.2 Las convenciones probatorias en el proceso inmediato en casos de flagrancia Estadísticas del requerimiento de prisión preventiva y proceso inmediato en los distritos fiscales a nivel nacional.. A manera de ccnclusión.. Refeíencias bibliográficas

ALGUNAS EXPERIENCIAS SOBRE LA PRÁCTICA DEL PROCESO INMEDIATO V LOS EFECTOS EN LA DEFENSA PÚBLICA DAlMIIRO HUACHACA SÁNCHEZ l.

2 3.

4. 5. 6.

introducción ... La reforma al texto legal y el factor humano de la justicia El rol de la defensa pública en los procesos inmediatos 3.1. Cuestiones prácticas. 3.2. De la notificación personal como pres u puesto para la incoación del proceso inmediato por el delito de omisión alimentaria Reflexiones sobre el proceso por conducción en estado de ebriedad. A modo de conclusión. Referencias bibliográficas .. .. . .... . .. . ...

221 223

226 226 229 233 234 235

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA UNA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA PROCESOS EXPEDITOS EN COSTA RICA Y PERÚ CARLOS ENRIQUE NÚÑEZ NÚÑEZ

l.

Introducción . Justicia pronta .. 2.1 La justicia expedita que nunca llegó a Costa Rica 2.2. ¿Por qué un procedimiento expedito? . 2.3. El curso de un proceso de flagrancia según la ley: el deber ser 3. Justicia cumplida 3. ·¡ Plazo corto para preparación de la defensa. 3.2. Inaplicación de criterios de oportunidad 3.3. No apelación de las medidas cautelares

237 238

2.

15

.

.

238 242 243 245

246 248 249

2

2 2 21

2 2 2

EL l'ROCESO JNMEDlAJ'O

4. 5.

i·

3.4. Garantías mínimas y proceso peruano Conclusiones ,.... . Referencias bibliográficas

25·1 . .

253 253

EL PROCEDIMIENTO INMEDIATO EN EL CONTEXTO MEXICANO PROCEDIMIENTO ABREVIADO JOSÉ DIEGO ROBLES PALAFOX 1. 2. 3.

4. 5. 6.

A modo de introducción................... Justicia pronta y expedita . Consolidación legal del proceso simplificado mexicano . 3.1. Una vez iniciado el proceso penal... 3.2. No exista oposición del inculpado a una terminación anticipada.... 3.3. El imputado reconozca voluntariamente la participación en el delito 3.4. Existan medios de convicción. . 3.5. Beneficios al inculpado por aceptar su responsabilidad............................. ¿Política del Estado, estrategia o derecho? Percepción. realidad y la ruta efectiva.i.; ..

255 258 25·¡

Referencias bibliográficas...

263 263 264 264 265 276 279 280

ACUERDOS PLENARIOS 1. 2 3.

Acuerdo Plenario N.º 6-2010/CJ-116: acusación directa y proceso inmediato... Acuerdo Plenario N.º 2-2016/CIJ- l l 6: proceso penal inmediato reformado. Legitimación y alcances.. .. . Acuerdo Plenario Extraordínario N.º 1-2016/CIJ- l l 6: la agravante del delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial. Tipicidad y determinación judicial de la pena......... . . ..

283 293

327

EJECUTORIAS SUPREMAS & RESOLUCIONES JUDICIALES 1. 2.

Casación N.º 842-2016-Sullana: Proceso inmediato y flagrancia Expediente N.º 0582-2016-2-1826-JR-PE-04: sentencia de el caso de conducir el vehículo en estado de ebriedad

,.......... proceso inmediato en

341 351

DISPOSICIONES & PROTOCOLOS l. 2.

Directiva N.º 005-2015-MP-FN: actuación fiscal en casos de detención en flagrancia delictiva, proceso inmediato y requerimientos de prisión preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocolo de actuación interinstitucional para el proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos bajo el D. Leg. N.º 1194.. o • .,

16

363 367

M.[ . E TL p · n&.:oc...,_t.Jso -1.N_ l1[1::':,"DIlA\'1ro ',..J

VÍCTOR CUBAS VILLANUEVN Univer,-idad Nacional Mayor de San Marcos

/:.J

proceso inmediato --·· ·¡ 9. Betos que f-;ay que afrontar,

1.

Conclusiones · ·

INTRODUCCIÓN: SOBRE LA REFORMA PROCESAL PENAL

La reforma procesal penal ha girado fundamentalmente en torno a temas trascendentales como los siguientes: a) La reconfiguración institucional del Ministerio Público, lo cual quedó plasmado en la Constitución Política de 1979, que entró en vigencia en el año 1980. b) El reconocimiento de facultades discrecionales para los fiscales con el fin de que puedan mantener la carga del sistema judicial en niveles racionales, que se produce con la aprobación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en marzo de 1981.

Fiscal Supremo. Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

@

.. 0

17

1'1111 ·!:

- VÍC;TOR CUBAS V{LLNHJEVA

I

e) La incorporación de las salidas alternativas: principio de opor.. tunidad y acuerdos reparatorios para solucionar el conflicto penal; lo cual ocurre a partir de la vigencia del art. 2 del Código Procesal Penal de 1991 y la Ley N.º 28117, del 2003. d) La incorporación de mecanismos de celeridad procesal, a partir de 1995, con la Ley N.º 26320 -ley sobre terminación anticipada de proceso=-, aplicable a algunas modalidades de tráfico ilícito de drogas, deiitos tributarios y aduaneros. Luego, en el 2003, con la Ley N. º 28122, se regula dos instituciones: - La conclusión anticipada de la instrucción en delitos leves descubiertos en flagrancia, o para los casos en que existiera suficiencia probatoria o se hubiese producido la confesión sincera, (este es el antecedente del proceso inmediato). Esta institución no tuvo acogida y su aplicación fue nula. Por otro lado, regulaba la conclusión anticipada del juicio en los casos donde el imputado se allanaba a los términos de la acusación fiscal. Esta institución técnicamente, es la conformidad penal. El nuevo Código Procesal Penal, aprobado por D. Leg. N.º 957, del 29 de julio del 2004, hace una recopilación en un solo texto normativo de la dispersa legislación procesal producida desde 1980 y con una sola orientación -proceso penal acusatorio-, adecuando la normatividad procesal a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internaciones de Derechos Humanos suscritos por el Perú. Dentro de ese marco conceptual se encuentra el reordenamiento de las atribuciones del Ministerio. Publico respecto a la investigación preparatoria. El nuevo CPP contiene un Título Preliminar sobre los principios rectores del proceso penal. Estos son: presunción de inocencia, interdicción de la persecución penal múltiple, titularidad de la acción penal, competencia de los órganos jurisdiccionales, legalidad de las medidas limitativas de derechos, legitimidad de la prueba, inviolabilidad de derecho de defensa. Luego encontramos una regulación exhaustiva de los sujetos procesales, la actividad procesal, la actividad probatoria, las O O G

18

j [J,

PROCESO .lN.tvi.FI)i.!'::l{)

'-...-r.il..c......í... () J'1.' ."la es;:Jo'--' n.t el..,n11 .a... �l '°""1"''"1..,' coe u. . 1. ,�.·..1.1• dJf·1(l.,,.)• <-'cl:.,,,or.l.n�.!..ú n o .. lT• i estruct u r• a(�t c! .pl. r•• o.... , A-- -�, .lu<>. '1 e _, ,,¡,. . • ( " '.1. vi ... 01

O

M��

"-•

i¡:,

"�-

dad impugnatoria, los procesos especiales ·--entre los que se regula las medidas de celeridad procesal y por ende el proceso inmediato-«, fa ejecución y las costas, y finalmente la cooperación judicial internacional. Un ejercicio importante de carácter académico es determinar si los instrumentos procesales incorporados a la legislación desde 1980 hasta el 2003 funcionaron o no. Una mirada empírica nos lleva a sostener que tales instrumentos no se utilizaron. Los fiscales no ejercieron sus facultades discrecionales y formalizaron denuncia en un porcentaje elevado de casos, inclusive cuando no se había identificado e individualizado plenamente al presunto autor; denunciaban un hecho pese a que era evidente que había operado la prescripción o que había cosa juzgada; y, no utilizaron las salidas alternativas =-el principio de oportunidad (vigente desde 1991)--. A modo de ejemplo examinemos los siguientes datos extraídos del anuario estadístico del Ministerio Público.

Lima, Callao y el Cono Norte de Lima registran muy pocos casos en los que se aplicó el principio de oportunidad, esto es grave si tenemos en cuenta que en entre los distritos judiciales mencionados hay más de un centenar de fiscalías provinciales en lo penal, y que en el país solo se aplicó esa institución en 1 562. En el 2004 el índice continuó siendo muy

19

VÍ(�l'OR CUIJAS v:n.JANUE\T/\

i

bajo como podemos observar en los siguientes cuadros correspondientes a una muestra del 25 % de las fiscalías de Lima y Callao. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN a 2004 (UMA)

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN El 2004 (CAl.LAO)

6()

4 ·¡ ü

'?º

44�)

·¡ i

()()

DU

ne

u/'\Iu'",

qo

623

Oü.CC) 1 GC

..

58�)

...

! ·¡

TOTAL

2507

00

l 00

20

\./:,)

r·,·,:

,.,.

OCJ.

' ,...

Ul

uc

oc

en

03

OO. 1

j

(";

-· Los casos en los cuales se aplicó el principio de oportunidad solo alcanzaron el 0.49 % en Lima y el 0.11 % en el Callao. Por otro lado la Ley N.0 28117 -Ley de celeridad y eficacia procesal penal'>: en su art. 3, dispuso incorporar al art. 2 del Código Procesal Penal el siguiente párrafo: En los delitos de lesiones leves, hurto simple y apropiación ilícita de los artículos 122, 185 y 190 del Código Penal y en los delitos culposos [ ...], antes de formalizar la denuncia penal, el Fiscal citará al imputado y a la víctima para proponerles un acuerdo reparatorio !_ ...][Las cursivas son agregadas].

Es evidente que la rigidez del sistema procesal y nuestra cultura inquisitiva no permitieron la introducción de instrumentos procesales modernos que fueron incorporados en el afán de contribuir a solucionar el grave problema de congestión procesal. Para los fiscales es más fácil formalizar una denuncia, aun sin contar con elementos probatorios suficientes y sin individualizar al autor del delito. A partir del 1 de julio del 2006 se empezó a implementar la reforma, en este contexto es indispensable monitorear el desarrollo.del proceso, tarea que la realizan los Equipos Técnicos de Implementación que vienen funcionando en las diferentes instituciones. En el marco del Ministerio Publico, por ejemplo se elaboró el cuadro n." 1 que da cuenta de los resultados de la gestión fiscal", Lo primero que podemos determinar es que hay un alto porcentaje de denuncias resueltas, más del 90 %, algo que no había ocurrido durante la vigencia del código de 1940.

Ley N.0 28117, publicada en el diario oficial El Peruano, el 10 de diciembre del 2003, modificó diferentes artículos del CclePP y en su art. 3 dispone incorporar un párrafo al art. 2 del CPP de 1991. 2

Los cuadros estadísticos que presentamos han siclo ela horados por la Secretaria Técnica del Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio Público.

21

En el cuadro n." 2 que da cuenta de la gestión fiscal, podemos obs er (tlH-,,,..,_C el, C'Je' 'CJ c; o e ,1 � f a cu l a le s ¡¡¿_;.._.., ,._ c o va bl e ta d e s d i sc r e c i ingresaron al sistema 1 ,846,260 denuncias (100 %) y fueron archivadas 957, I 58 lo que constituye el 51.80 %. Asimismo se hace uso de las salidas alternativas: Principio de Oportunidad que fue aplicado en 124,31 O casos y Acuerdos Reparatorios que fueron aplicados en 21 , 680 casos representando el 6.7 3 % y el L 17 % respectivamente. En cuanto a los mecanismos de celeridad procesal, observamos que la Terminación Anticipada de Proceso se aplicó en 24,641 casos representando el 1.3 3 % pero no ocurre lo mismo con el Proceso Inmediato que en todo el tiempo de implementación de la reforma (diez años), solo se aplicó en 1,573 casos que representan el 0.09 %. �)

J.

.l

(:.t.

C"t

,

,.-

,}

.J l

,

\>._,)

,l

_

_,

\...

,.,,

•'

.J..

Í.

.

V

.

(,l

.

,,

\., .

.

,

{,.t.

.

_

':i..,

\.,p

�}

',,.,'t..,,

1

CUADRO N. e ·1

Denuncias

Aho

ingresadas

Casos denunciados del O J .. 07 ··06 ai 31-05-16

<·) Denuncias al 31 ·05· 16

s-os- ·15

Fecha de Corte:

1

Fuente:

Ministerio Público, Oficina Central de Iecnolóqica de la Infonnacrón ·· Sistema de Gestión Fiscal

Elaborado:

Secretaria Técnica del

rru

NCPP

.-,(,...,.

22

F:J. IYf".{.(..)C.ES() i.N:M}\')_ ',/-\,,T. <·,.),

-

" E' o ()

5

"' "' e

23

.

El proceso inmediato fue regulado en los arts, 446 al 448 del CPP, pero como hemos visto en el cuadro anterior, se aplicó en muy pocos casos, pese a que es un instrumento procesal que tenía como finalidad resolver célerernente los procesos, conforme a los tiempos establecí dos, garantizando eficacia y eficiencia.

El Equipo Técnico de Implementación del CPP en el Poder Judicial, a la luz de los resultados antes citados, consideró que los operadores del sistema de administración de justicia no estaban cumpliendo cabalmente su rol, por lo que era necesario adoptar acciones inmediatas, por lo cual, mediante Resolución Administrativa N.º 231-2015-CE-PJ, publicada el 1 S de julio del 201 S en el diario oficial El Peruano, se estableció un Plan Piloto para la Implementación de Órganos Jurisdiccionales de flagrancia delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes, el que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del mismo año. Se trataba de consolidar un proceso expedito para delitos flagrantes, siguiendo las experiencias argentina, ecuatoriana y costarricense. Reiteramos, la finalidad era resolver céleremente los procesos conforme a los tiempos establecidos, garantizando eficacia y eficiencia. Con posterioridad a ello, el 30 de agosto del mismo año, el Poder

Ejecutivo, al amparo de para legislar contra la organizada, promulgó el del CPP sobre el proceso 2.

la autorización concedida por el Congreso inseguridad ciudadana y la criminalidad D. Leg. N.º ll 94 modificando las normas inmediato.

ANÁLISIS DE LAS NORMAS SOBRE PROCESO INMEDIATO

El art. 446.1 del CPP establecía: El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato cuando: a)

El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito;

b) c)

El imputado ha confesado la comisión del delito; o Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes [La cursiva es agregada].

.. . .. 24

El art. 446.1 del CPP modificado en forma y fondo por el D. Leg. N. º I 194, establece lo siguiente: El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato cuando se

presente alguno de Ios siguientes supuestos

!...] [Las

cursivas son

agregaC1' asJ'.

De esa manera, lo que se interpretaba como facultativo ( o discrecional) se convierte en obligatorio. Además en cada uno de los supuestos citados en el primer párrafo, hace precisiones remitiéndonos a lo dispuesto en las partes pertinentes del CPP (arts. 259 que regula los casos de flagrancia, y 160 sobre los presupuestos de la confesión corroborada). Como señala SAN MARTÍN CASTRO, "el propósito más evidente del cambio normativo se orienta en tres perspectivas. Primera, disponer la obligatoriedad de este proceso especial, antes meramente facultativo para el fiscal, a fin de garantizar su aplicabilidad [ ... ]. Segunda, completar la configuración especial del proceso inmediato, regulando incluso el modelo de enjuiciamiento y, antes, profundizar la oralidad del procedimiento penal afirmando la necesidad de audiencias. Tercera, facilitar en suma, la aplicación de sus normas, haciéndolas más claras y con un definido acento en su utilidad práctica, de suerte que se consiga la incoación de estos procesos y, con ello, que las fiscalías y los juzgados puedan dedicarse con más ahínco a las causas más complejas":'. Respecto a la obligatoriedad de incoar el proceso inmediato, HuAYLLA MARÍN sostiene que "ello no de entenderse en función a la literalidad de la norma sino, por el contrario, en función a la finalidad del procedimiento especial, que es lograr la celeridad de las investigaciones sin utilizar plazos innecesarios con miras a lograr una sentencia condenatoria. Esto significa, a modo de ejemplo, que de existir un delito de hurto cometido en flagrancia, donde exista la declaración de la parte agraviada, de los efectivos policiales que realizaron la intervención, así 3

SAN MARTÍN CASTRO,

César, "El proceso inmediato (NCPP originario y D. Leg.

N.º 1194)", en Gaceta Penal ,t'I Procesal Penal, n." 79, Lima: enero del 2016, p. 160.

25

VÍCfOR CUBAS V!lJ.ANUléV,\

!

como la aceptación de cargos del propio investigado lo que corresponde es que el fiscal, durante las primeras 24 horas [ ... ] inste un criterio de oportunidad y así culminar el proceso sin necesidad de judicializarlo. Si no es posible aplicar un criterio de oportunidad en esas 24 horas, lo único que le queda al fiscal es incoar el proceso inrnediato'". En el inc. 2 del art. 446 del CPP, se establece qué casos están exceptuados de los alcances del proceso inmediato: "[aquellos] casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación". Ahora bien, el art. 342.3 del CPP, modificado por la Ley N.º 30077, establece que corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso, cuando: a) Requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. b) Comprenda la investigación de numerosos delitos. e) Involucra una cantidad importante de imputados o agraviados.

d) Demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. e) Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. f) Involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales. g) Revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o

h) Comprenda fa investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. El art. 447.3 del CPP dispone que: "Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo será posible el proceso inmediato si todos

4

MARÍN, José Antonio, "El proceso inmediato: A propósito de su modificación por el Decreto Legislativo N.° ] 194", en Gaceta Penale/ Procesal Penal, n.° 77, Lima: noviembre del 2015, p. 223.

HUAYLLA

• .. o

26

10, ·

e cue n tr an d e la s i tusac n r e v i P D f > I 11 ' " Y1� · r : I n ' ' " 1 uJl,n._ a� c.,,ion e s t anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumularan salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable". 1 ,._,J_ 1�

;. )

.�.

l..

.

.

!.,...

U.

\....

V

.;)

�

t.)_

..\

....)l

.t:.L

...,

1

.

3.

""·

.

o�:,te.».,

\ .. .- ..

..

.l..�.

C-

i

� ""'

J.

,

.�) .

. .. U

.!.

"-'

NATURALEZA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1194

El tema materia de regulación en el D. Leg. N.º 1194 no se refiere a la flagrancia, sino al proceso inmediato; como se sostiene en el fundamento jurídico 6 del Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016: "[Ejl Código Procesal Penal del 2004 estructuró un proceso a través de un procedimiento común destinado desde una perspectiva general, a todo tipo de delitos y situaciones procesales, que a su vez se erigió en un procedimiento ordinario, bajo la primada del principio procesal de contradicción y del principio procedimental de oralidad, y con la plena vigencia de las garantías constitucionales que definen un proceso justo y equitativo acorde con el programa procesal penal de la Constitución'". Además, el CPP incorporó un conjunto de procesos especiales, con la finalidad de plasmar respuestas institucionales a la persecución procesal gue sean adecuadas =-entre ellos, el proceso inmediato=-. 4.

DEFINICIÓN DE PROCESO INMEDIATO

El proceso inmediato "es un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarios mayor actos de investigación?".

5 de

Corte Suprema, Acuerdo Plenario Extraordinario N.' 2-2016/CJJ-116, Lima: 1 junio del 2016, f. j, n." 6.

6 del

Corte Suprema, Acuerdo Plenario N.

o

2010, f. j, n." 7.

"""' 27

6-20 JO/Cj-116, Lima: 1 O de noviembre

'-. -

-.

l.

V.ÍC:'TÓR CUBAS \/I.LLANU.EVA

¡

El proceso inmediato se sustenta en dos grandes ejes: a) EI primer eje es la noción de simplificación procesal. Su propósito es eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere sin mengua de su efectividad. b) El segundo eje está en el reconocimiento de que la sociedad requiere una decisión rápida, a partir de la noción de evidencia delictiva o de prueba evidente, lo que explica la reducción de etapas procesales o de períodos en el desarrollo de cada una de estas etapas. La ley reconoce dos presupuestos materiales para la configuración del proceso inmediato: a) La evidencia delictiva expresada a través de lo siguiente: La flagrancia delictiva a que se refiere el art. 259 del CPP. La confesión corroborada, conforme a lo establecido en el art. 260 del CPP. - La evidencia delictiva, es decir, la existencia de elementos de convicción acumulados durante las diligencias prelimi- nares. b) La ausencia de complejidad o mejor dicho, simplicidad; este reclama, en tanto norma de excepción, una interpretación estricta de las normas habilitadoras. 5.

CONCEPTO DE FLAGRANCIA

La flagrancia es una situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido en el momento mismo de delinquir o en circunstancias inmediatas a la comisión del delito. Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible es sorprendido en el momento mismo de su comisión, o inmediatamente después de cometerlo o mientras sea perseguido; o cuando tenga objetos, o presente algún vestigio que haga presumir que acaba de cometer o participar en algún ilícito. RODRÍGUEZ SoL sostiene

28

1

El. PHOCí(ci<) lNtvtED(!\l"C)

que e l a d.jetr. vo ".fIl agrante "d.err. va d e 11 atm' fragas, que s1. gmifKa " quemar " o "arder" y por lo tanto flagrante es propiamente "lo que está ardiendo", en el sentido de aquello que se presenta a la percepción sensorial de modo inequívoco". En ese sentido, se habla de flagrante delito cuando la realización de un hecho punible es actual y en esta circunstancia el autor es descubierto. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha recorrocido la inmediatez temporal y personal como requisitos necesarios para definir la flagrancia. Veamos: La flagrancia en la comisión de un delito requiere el cumplimiento de cualquiera de los dos requisitos siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o se haya cometido momentos antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del delito, y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito".

En consecuencia, la flagrancia delictiva exige las notas de inmediatez personal, inmediatez temporal y necesidad urgente de la intervención policial; esto es, cuando el agente es sorprendido realizando actos de ejecución del delito. La flagrancia es opuesta a clandestinidad propia de la comisión del delito; el sujeto activo está en el teatro de los hechos o muy cerca de él y en una relación inmediata con los bienes delictivos. 6.

NOTAS ESENCIALES DE LA FLAGRANCIA

a) Inmediatez: implica que la acción delictiva se esté desarrollando o se acabe de realizar. 7

R_oDRÍGUEZ SoL,

Luis, Registro domiciliario y prueba licita, Granada: Coma res, 2016, pp.

llOylll.

8

Cfr. Tribunal Constitucional, Expediente N. e 2617-2006-PJ-JC!TC, Lima: 17 de mayo del 2006, f. j. n." 5; Idem., Expediente N." 1923-2006-PHC/TC, Lima: 16 de marzo del 2006, f. j. n.' S; e, ídem., Expediente N.º 7376-2005-PHC/TC, Lima: 17 de octubre del 2005, f. j. n.' 4.

29

.

\l.ÍCl'OR. CUBAS \IU_J_.ANti'EVA

'

j

b) Relación directa del imputado con la cosa: esto es, con el instrumento, objeto o efectos del delito. e) Percepción directa de la situación delictiva: el policía o el ciudadano está observando directamente lo que ocurre. d) Necesidad de urgencia de la intervención: para evitar la consumación o el agotamiento del delito o la desaparición de los efectos del mismo. 7.

LA CONFESIÓN CORROBORADA

Por confesión debe entenderse el reconocimiento del imputado de su participación en el hecho objeto de imputación. Esta declaración debe ser intrínsecamente válida, prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas del declarante, ente el fiscal, en presencia de su abogado defensor. CAFFERATA NoRES señala que se entiende por confesión al recono-

cimiento voluntario y libre realizado por el imputado ante la autoridad judicial acerca de su participación en el hecho delictivo", Este medio probatorio está regulado por los arts, 160 y 161 del CPP, ambos modificados por la Ley N.º 3007610 • El vigente art. 16o' del CPP establece: 1. 2.

9

La confesión para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra. Solo tendrá valor probatorio cuando: a) Este debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción.

Cfr. CAFFERA.TA

N ORES, José, La prueba en el proceso penal, Buenos Aires: Depalma,

1988, p. 169. 10 Ley N.º 30076 --Ley que modifica los Códigos Penal, Procesal Penal, de Ejecución Penal y de los Niños y Adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, publicada en el diario oficial El Peruano, el 19 de

agosto del 2013.

""., 30

.;p;a.sa

1 ü:L PROCESO lt\l.rvlED!i\J'O

b) e)

d)

Sea prestada [ibrcmente y en estado normal de "las facultades psíquicas; Sea prestada ante el juez o el fiscal e11 presencia de su abogado; ,, . f.�� � Sea s1ncera y espontanea s ' .

Por su parte el vigente art. 161 del CPP establece como efecto de la confesión sincera, lo siguiente: El juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal, si se cumplen los presupuestos establecidos en el articulo .l 60. Este beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso y cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual de conIormidad con los artículos 46-·B y 46-C del Código Penal.

8.

LA EVIDENCIA DELICTIVA

Fuera de los supuestos de flagrancia y confesión, deben presentarse actos de investigación o actos de prueba pre constituida que permitan establecer, de modo cierto, claro, patente y manifiesto, la realidad del delito y la vinculación del imputado con su comisión. Recordemos que durante las diligencias preliminares se practica lo que constituye prueba pre constituida que queda registrada en las actas levantadas por el fiscal o la policía y ello nos permite tener convicción acerca de la comisión de un delito y la participación del imputado. Por ejemplo, las actas de detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, hallazgo, incautación y allanamiento, entre otras .. Para sostener que existe evidencia delictiva, con independencia de la posición procesal del imputado y como consecuencia de las diligencias preliminares deben existir datos sólidos que produzcan convicción razonable de la realidad del delito y la vinculación del imputado con su comisión.

31

VÍCTOR CUBAS VILlAJ\rUE:VA

9.

i

OTROS SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

De conformidad con lo dispuesto en el art, 446.4 del CPP, con inde- pendencia de lo señalado en los apartados anteriores, el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato en los siguientes casos: a) En los delitos de omisión de asistencia familiar; y

b) en los delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Respecto a estos puntos sostiene San Martín Castro que "en pureza desde la propia configuración de tales delitos -salvo el caso del artículo 1 SO del CP-, se tiene que se trata de ilícitos penales, el primero de evidencia delictiva -por la resolución judicial proveniente del proceso civil de alimentos que es un elemento del tipo objetivo-; y el segundo, de flagrancia, pues la acreditación de la drogadicción o de la ebriedad consta en la pericia de alcoholemia (dosaje etílico) o toxicológica correspondiente, realizada inmediatamente luego de la intervención del imputado -cuya valorabilidad, incluso a los efectos de asumir la existencia de proceso inmediato, debe reconocer su absoluta legalidad-. Tal connotación acreditativa permite entender, como configuración implícita, que en su constancia fluyen las notas de evidencia delictiva o de flagrancia"!'. 10. TRÁMITE PROCESAL

El trámite pro�esal del proceso inmediato está establecido en el art. 447 del CPP inicialmente modificado por el D. Leg. N.º ll 94 y vuelto a modificar por el D. Leg. N.º 130712• Esta norma dispone que: "[A]l tér- mino del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el 11

SAN MARTÍN CASTRO,

12

El D. Leg. N.º 1307, dictado por e1 Poder Ejecutivo de conformidad con la autorización concedida por el Congreso de la República, publicado en el diario oficial El Peruano, el 30 de diciembre del 2016, modifica, entre otros, los arts. 447 y 448 del CPP que regulan el proceso inrnedia to.

"El proceso inmediato", art. cit., p. 163.

e e

32

0

fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El juez dentro de las cuarenta y ocho horas (48) si·o,mientes al requerimiento fiscal realiza la audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención se mantiene hasta la realización de la audiencia". El art. 264 del CPP, modificado por el D. Leg. dispone lo siguiente:

N.º

1298u

O

La detención policial solo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el término de la distancia. 2) La detención preliminar dura setenta y dos ('72) horas. Excepcío .. nalrnente, si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1) del artículo 261 del presente código y se presenten circunstancias de especial complejidad en la investigación, puede durar un plazo máximo de siete (7) días. 3)

En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la detención judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo de diez ( 10) días [ .. .],

Se dispone también que dentro del mismo requerimiento de incoación el fiscal debe acompañar el Expediente Fiscal (sic) (lo correcto es la Carpeta Fiscal) y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos previstos en el art. 336.2 del CPP, es decir: a) El nombre completo del imputado; b) los hechos y la tipificación específica correspondiente. EI Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas

13

El D. Leg. N.º 1298, dictado por el Poder Ejecutivo de conformidad con fa autorización concedida por el Congreso de la República, publicado en el diario oficial El Peruano, el 30 de diciembre del 20 J 6, modifica los a rts. 261, 264, 266

y 267 del CPP, que regulan la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de flagrancia.

33

. VÍCTOR CUBAS V!LLANUEVA

!

al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación; e) el nombre del agraviado, si fuera posible; y, d) las diligencias que de inmediato deban actuarse. H.

1''.ACUl:TAD PARA OPTAR POR OTRO MEDIO DE SOLUCIÓN

En inc. 3 del art. 447 del CPP, modificado con el D. Leg. N.° 1307, se establece que en la audiencia de incoación del proceso inmediato las partes pueden instar la aplicación de un medio alternativo para la solución del conflicto penal, señalando expresamente que podría ser una salida alternativa o un mecanismo de celeridad procesal, esto es: a) La aplicación del principio de oportunidad; b) la adopción de un acuerdo reparatorio; y e) la terminación anticipada de proceso. 12. LA AUDIENCIA ÚNICA DE INCOACIÓN DE PROCESO INMEDIATO

El inc. 4 del art. 447 del CPP, modificado por el D. Leg. N." 1307, establece que la audiencia única de incoación del proceso inmediato es inaplazable y que para su realización rige lo dispuesto en el art. 85 del CPP, esto es, que si el abogado defensor no concurre a la diligencia, será reemplazado por otro que en ese acto designe el procesado o por uno de oficio, llevándose a cabo la diligencia. Además, pretendiendo corregir y precisar el orden en que debe pronunciarse el juez de la investigación preparatoria en esta audiencia, frente a un requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, dispone que lo haga oralmente en el siguiente orden, según sea el caso: a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato; b) sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitada por las partes, y

34

¡ EL PROCESO lNh'íEJJV\TC) e) sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal. Insistimos en que en este contexto, el orden lógico del desarrollo de la audiencia y del pronunciamiento judicial debería ser el siguiente: a) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de Ia terminación anticipada, solicitada por las partes; porque si esto ocurre, concluye el proceso y no habrá posibilidad de hablar de proceso inmediato, ni menos aún de la imposición de medida coercitiva alguna. b) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato; y solo en esta eventualidad, se podrá plantear un tercer punto. e) La procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal, que permita el normal desarrollo del proceso inmediato. 13. IMPUGNACIÓN

El inc. 5 del 447.5 del CPP, establece que el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciado de modo impostergable en la misma audiencia de incoación y esta resolución es apelable con efecto devolutivo. El recurso se interpone y fundamenta en el mismo acto, no es necesaria su formalización por escrito. Para resolver la apelación, el procedimiento a seguir es el previsto en el inc. 2 del art. 278 del CPP, esto es, la sala penal se pronunciará previa vista de la causa que tendrá lugar, dentro de las 72 horas de recibido el expediente, con citación del fiscal superior y del defensor del imputado. La decisión debidamente motivada se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad. 14. REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN Y RESOLUCIÓN JUDICIAL

El inc. 6 del art. 447 del CPP establece que pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad, y para que esto ocurra debe tener en cuenta lo dispuesto 35

\/'lU.,. ," )R C..l.,,L, !\,.>.

vn,J.!,A·.'N',.rL,.,V,.,,

en el art. 349 del CPP.Recibido el requerimiento fiscal de acusación el juez de la investigación preparatoria, en el día tendrá que remitirlo al juez penal de juzgamiento competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispues- to en el inc. 3 del art. 348 del CPP, es decir, que si el requerimiento es acusatorio para unos y no acusatorio para otros imputados, primero se pronunciará acerca del requerimiento de sobreseimiento. 15.

RECHAZO A LA INCOACIÓN DE PROCESO INMEDIATO

De conformidad con lo dispuesto por el inc. 7 del art. 447 del CPP, "frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el fiscal dictará la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria. Para los supuestos comprendidos en los literales b) y e) del numeral 1 del artículo 446 rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares, o en su defecto antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria". Bastaba con lo dispuesto en la primera parte, pues se sobreentiende que frente al rechazo de la incoación de este proceso, estamos frente a dos posibilidades: a) Si se promovió la incoación del proceso inmediato en el supuesto de flagrancia y el juez de la investigación preparatoria lo declara improcedente, el fiscal deberá disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria. b) Si el fiscal requirió la incoación del proceso inmediato dentro de los 30 días de haber formalizado la investigación prepara . toria, invocando los supuestos b) y e) del art. 446 del CPP confesión corroborada o evidencia probatoria-, frente al rechazo de incoación del proceso inmediato, lo que corresponde disponer es la continuación de la investigación preparatoria. En todos los casos la investigación continuará conforme a lo dispuesto para el proceso común.

. .. 36

!

.EL PROCESO lNMEDIArO

16. TllÁIVHTE DEL PR()CESO INMEDIKfO, AUDml>JCIA Úl\l]CA

El trámite del proceso inmediato está regulado por el art. 448 del CPP, también modificado por el D. Leg. N.º 1307, cuyos incs, 1 y 2 establecen lo siguiente: Recibido el auto que incoa el proceso inmediato el juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional. 2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplaza ·· ble. Rige lo dispuesto en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia. [Las cursivas son agregadas] 1.

El art. 85 del CPP regula el reemplazo del abogado defensor: djsponiendo expresamente que si no concurre a una diligencia inaplazable será remplazado por otro que, en ese acto designe el procesado o por uno de oficio, llevándose a cabo la diligencia. Por otro lado, si el abogado defensor no asiste injustificadamente a dos diligencias, el procesado será requerido para que en el término de 24 horas designe alreemplazante, de no hacerlo se nombrará uno de oficio. Estas disposiciones están relacionadas con la naturaleza célere del proceso acusatorio y con mayor razón con el proceso inmediato. Con este mismo fundamento las partes procesales deben coadyuvar a la realización del juicio, preparando, convocando y garantizando la presencia de sus órganos de prueba. El inc. 3 del art. 448 del CPP, establece que: "Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión de conformidad con lo establecido en el articulo 349". Este artículo regula cual es el contenido de la acusación que debe estar debidamente motivada. Es decir, el fiscal presentará su teoría del caso, para lo cual debe tener en cuenta que el imputado debe estar identificado plenamente, debe hacer una relación clara y precisa del hecho que le atribuye, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; señalando

37

VÍCTOR CUBAS VJLLANUEVA

Í

(

la particípación que le atribuye al imputado, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran, el artículo de la ley penal que tipifique el hecho y la pena que solicite; el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado o tercero civil que garantizan su pago y la persona a quien corresponde percibirla y los medios de prueba para su actuación en la audiencia. Si el juez penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el art. 350 del CPP en lo que corresponda, esto es, observar la acusación por defectos formales requiriendo su corrección, deducir medios técnicos de defensa, solicitar el sobreseimiento, ofrecer la actuación de pruebas, objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión ofreciendo los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio. En el inc. 4 del art. 448 del CPP se dispone que si se declara fundado el sobreseimiento del proceso o un medio técnico de defensa, el auto correspondiente es apelable con efecto devolutivo; y que el recurso se interpondrá y fundamentará en el mismo acto y que rige lo previsto en el art. 41 O del CPP, es decir, que si se trata de un proceso con pluralidad de imputados o de delitos.estando pendiente el juzgamiento de los otros, la impugnación que se presente, si fuere concedida, tendrá efecto diferido -esto es, se "reservará la remisión de los autos hasta que se pronuncie la sentencia que ponga fin a la instancia, salvo que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las partes". El inc. 5 del art. 448 del CPP dispone que el juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias y que cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el inc, 1 del art 350 del CPP, y resueltas las cuestiones planteadas el juez penal, dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio de manera inmediata y oral. Finalmente, el inc. 6 del art. 448 del CPP dispone que el juicio o juzgamiento se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta

. ...

38

j

.EL PROCESO IN!viEDtATO

su conclusión, esto es coherente con el principio de unidad y concentración de la audiencia, que es una sola, pero puede desarrollarse en varias sesiones. La audiencia debe realizarse en el tiempo estrictamente necesario; las sesiones no deben ser arbitrariamente diminutas ni indebidamente prolongadas. La razón de este principio está en que el juzgador, al oír y ver todo lo que ocurre en la audiencia, va reteniendo en su memoria la información expuesta. Si la audiencia es prolongada en el tiempo, la información se diluye y se corre el riesgo de expedirse un fallo no justo. Además, está en relación con la naturaleza célere del proceso acusatorio; por ello, se ha dispuesto expresamente y con mayor razón para el proceso inmediato que "el juez penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado". Esta es una regla del proceso acusatorio y, con mayor razón, del proceso inmediato. 17. PROBLEMAS EN LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

La instauración del proceso inmediato para sancionar a quienes fueron sorprendidos en flagrancia, puso en evidencia graves problemas del sistema penal, como pasamos a explicar. En primer lugar, la vulneración de los principios de proporcionalidad y racionalidad de las penas, debido a las múltiples modificaciones que se han hecho a los tipos penales desde el momento mismo en que se promulgó el Código Penal en 1991; por otro lado, a la legislación dictada como consecuencia de la coyuntura, como el caso de violencia y resistencia a la autoridad. Este hecho es reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como se puede advertir en el Acuerdo Plenario N.º 1-2006/CIJ-116, donde se ha señalado que: "[llas sucesivas reformas introducidas en el artículo 367 del Código Penal, que regula el catálogo de circunstancias agravantes específicas del delito de violencia y resistencia ejercida contra la autoridad, tipificado y reprimido en los numerales 365 y 366 del citado cuerpo legal, se han caracterizado por expresar una clara tendencia hacia la sobre crimínalización. La cual se ha manifestado a través del incremento reiterado de las penas conmi- nadas originalmente en dicha disposición legal, así como con la adición

39

vieron

CUBA::;- VlJ..f,A:t'-iUT�Vl\

¡

también continua de nuevos supuestos de agravación como el que hoy contiene el inciso 3 del segundo párrafo del artículo 367 y que considera como factor calificante, entre otros casos, que el agente del delito dirija su conducta ilícita contra un miembro de la Policía Nacional"!". Un ejemplo de esto es lo ocurrido con la señora Buscaglia en el Callao, a quien se le aplicó irracionalmente la pena por violencia y resistencia a la autoridad, con las agravantes incorporadas al CP, por la ley dada como consecuencia de los hechos vandálicos ocurridos durante el desalojo del mercado mayorista denominado "La Parada". Ese hecho dio lugar a críticas infundadas, sobre todo a] proceso de reforma del sistema de administración de justicia penal y específicamente al proceso inmediato.

Un proceso simplificado, como el proceso inmediato, no es el único medio para obtener la anhelada seguridad ciudadana. Por otro lado, consideramos que corresponde al Poder Ejecutivo restablecer la paz social mediante la inversión pública y social, retomando el espacio público con la difusión del arte, la cultura, el deporte, mejorando las opciones laborales, la producción, apoyando el ernprendimiento de los sectores sociales vulnerados. Por su parte, el Poder Legislativo debe potenciar la creación de una política criminal adecuada que permita reducir el catálogo de delitos y las sanciones, para así promover la auténtica resocialización social. El proceso penal, las salidas alternativas y los procesos especiales no solucionan el problema de inseguridad ciudadana, ya que ellos son instrumentos que, bien empleados, permiten sancionar oportunamente

a los que cometen delito evitando que la población tenga esa sensación de impunidad que tanto daño hace.

14

CORTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 1-2016/CJJ-116, Lima: 1 de

junio del 2016. e " ..

40

j

·El.. PROC:fSC) fNí\.-i.EDTAf"<)

is. LOGROS ALCANZADOS CON APLICACIÓN DEL PR.OCESO INMEDIATO

Como sostiene ARA YA VEGA, al hacer una evaluación de los primeros días de aplicación de este proceso especial: a) Se ha optimizado la resolución de las causas siguiendo lineas gerenciales de eficiencia y eficacia. b) Se ha empezado a obtener resultados positivos de cara a una justicia pronta y comprometida en el respeto a las garantías judiciales de los procesados. e) Se ha reducido la carga procesal y los costos de la administración de justicia. d) En ese corto periodo se atendió célerernente cerca de 8000 casos, cuya solución en el marco del proceso común hubiese demorado por lo menos dos años". Por su parte, MENESES GoNZALES, al hacer una evaluación de los primeros cien días de aplicación del proceso inmediato, manifestó: a) que se ha repotenciado la vigencia de los principios de oralidad, publicidad, igualdad de armas y justicia pronta. En efecto, en este proceso se suprimen la investigación preparatoria y la etapa intermedia, pero el caso se conoce en el juicio o juzgamiento bajo la vigencia de los principios rectores; b) se disminuye los costos de la justicia al suprimir los tiempos de

espera y retardo judicial injustificado; e) se ha recuperado la confianza de la víctima en una justicia adecuada y célere. En efecto este proceso podría durar entre diez y veinte días, frente a un proceso común que, en el mejor de los casos, se resuelve en no menos de 18 meses (año y medio).

15

Cfr. ARAYA VEGA, Alfredo, Nuevo proceso inmediato para delitos de flagrancia, Lima: Jurista Editores, 2016.

41

VÍCl'OR CUBAS VJLLANUEVA

¡

d) Se ha fortalecido el uso de las salidas alternativas para la solución del conflicto penal, esto es el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios, en los que no se aplica la tradicional sanción: pena privativa de libertad, pues se privilegia el principio de consenso. El imputado queda obligado a resarcir los daños y perjuicios que ocasionó con la comisión del delito". En la primera quincena de marzo del 2016, por invitación del diario La República y del Instituto de Defensa Legal, las principales autoridades del país dialogaron sobre las bondades y retos del proceso inmediato, y en este marco manifestaron lo siguiente: a) La sociedad ha entendido que la impunidad no debe ser tolerada. Más allá de la dureza de la pena, estoy convencido de que se está creando una cultura diferente de respeto a las autoridades del país. b) En los nueve años de vigencia del Código Procesal Penal. de un 1,003,263 denuncias ingresadas al Ministerio Publico, solo se solicitó la aplicación del proceso inmediato en 338 casos, en tanto que en el corto periodo de vigencia del D. Leg. N.º 1194, 10,791 personas han sido procesadas en la vía del proceso inmediato. El 5 de julio del 2016, el diario Expreso, en su página judicial, sostuvo que en siete meses de vigencia (de diciembre del 2015 a junio del 2016) 30, 116 personas fueron procesadas vía proceso inmediato: 42.20 % fueron procesos por delito de omisión de asistencia familiar; 7.37 %, por conducción de vehículos en estado de ebriedad; 15.50 %, por delitos contra el patrimonio; y, 15 % restante, por otros delitos. A la fecha, se sabe que aproximadamente 100,000 personas han sido procesadas vía proceso inmediato, cuya situación jurídica se ha resuelto en pocos días, frente al proceso común que dura entre ocho a doce meses. 16

Cfr. MENESES GONZALES, Bonifacio, "El proceso inmediato en el Perú. D. Leg. N.° 1194. Problemática advertida y soluciones", en Jus in Fraganti, Revista Informativa, año 1, n." l , Lima: marzo del 2016.

42

'

!

EL PROCESO INNJ.EL>!AT'O

19. RETOS QUE HAY QUE AFRONTAR

Indudablemente, no todo es positivo en la aplicación de este mecanismo de celeridad procesal, existen grandes y graves retos que debemos superar, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: a) Es necesario monitorear permanentemente el desarrollo del proceso inmediato para realizar los ajustes que sean necesarios. Esta tarea está a cargo de los equipos técnicos de implementación de la Reforma Procesal Penal que funcionan en cada una de las instituciones. b) La aplicación del proceso inmediato en todo el territorio nacional ha puesto en evidencia serias deficiencias que existen en el ámbito de los recursos humanos, fiscales y personal de apoyo en el Ministerio Público; jueces y auxiliares jurisdiccionales en el ámbito del Poder Judicial; y, policía especializada en investigación del delito en el ámbito del poder ejecutivo, específicamente del Ministerio del Interior. e)

Es imprescindible superar la deficiente capacitación de los operadores, incluyendo los abogados que ejercerán la defensa de los procesados.

d) Se tiene que crear las condiciones mínimas indispensables para investigar y superar la falta de apoyo logístico. Es urgente atender la creación de laboratorios de ciencias forenses para que presten apoyo técnico oportuno a la investigación del delito que practica el Ministerio Público y la Policía Nacional. e) Hay que potenciar el uso de las salidas alternativas que permiten solucionar el conflicto penal mediante la aplicación del principio de consenso, es decir, un acuerdo entre las partes.

f) Hay que fortalecer la cooperación interinstitucional especialmente entre el Ministerio Publico con la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio de Justicia. g) Hay que exigir a los Poderes del Estado, especialmente al Legislativo y al Ejecutivo, que cumplan sus funciones en el ámbito 43

VÍCfOR CUBAS VJL!J\NVEV,,\ 1

de la administración de justicia, dotando oportunamente del presupuesto que permita acceder a los recursos materiales y humanos. 20. CONCLUSIONES

Luego de este análisis crítico acerca del proceso inmediato, podemos llegar a las siguientes conclusiones: El proceso inmediato es un procedimiento ágil que permite actuar bajo el principio de celeridad, desterrando la sensación de impunidad y logrando eficiencia y eficacia en la investigación y juzgamiento de los delitos, asegurando el derecho de defensa de los procesados. No todo delito flagrante es de simple y sencilla solución. Los jueces, fiscales y abogados defensores deben actuar con criterios de proporcionalidad para determinar qué asuntos, por su complejidad o por las penas a imponer, requieren una mayor investigación. Para ello, existe la audiencia única de incoación. del proceso inmediato. La posible pena a imponer debe ser una alerta importante. Un caso donde va a imponerse pena privativa de libertad de larga duración, debe ventilarse por el trámite del proceso común donde haya una búsqueda amplia de elementos probatorios y se supere cualquier tipo de duda sobre la responsabilidad penal del imputado. El proceso inmediato, corno vía procesal especial para lograr celeridad, no establece un juzgamiento diferenciado para las personas. Se trata de un proceso de simplificación procesal establecido para casos de simple y sencilla resolución, que pueden resolverse a pocos días de acaecido el evento. Casos distintos, deben ser tramitados conforme a las reglas del proceso común. - Corresponde al fiscal, como titular del ejercicio de la acción penal, plantear correctamente la incoación. • o •

44

·,

! E.L PROCESO LN?vTEJ.il/(1.\)

- En un Estado democrático de derecho, el sistema de administración de justicia está dirigido a cumplir los principios constitucionales, solucionar el conflicto, combatir la morosidad judicial, dar sentido humano a la justicia, fortalecer la función del abogado dentro de la sociedad y el sistema judicial, simplificar el proceso, dignificar la justicia, buscar la verdad real, sustituir la escritura por la oralidad, dar publicidad, garantizar el ejercicio de las libertades democráticas, procurar la paz por encima de la contienda, generar mecanismos de diálogo; en suma, humanizar el proceso. 21. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARAYA VEGA, Alfredo, Nuevo proceso inmediato para delitos de flagrancia,

Lima.jurista Editores, 2016. CAFFERATA NoRES,

José, La prueba en el proceso penal, Buenos Aires:

Depalma, 1988. HuAYLLA MARÍN,José Antonio, "El proceso inmediato: a propósito de

su modificación por el Decreto Legislativo N.º 1194", en Gaceta Penal e« Procesal Penal, n.' 77, Lima: noviembre del 2015, pp. 215-229. Bonifacio, "El proceso inmediato en el Perú. D. Leg, N.º 1194. Problemática advertida y soluciones", en lus in Fraganti. Revista Informativa, año 1, n." 1, Lima: marzo del 2016.

MENESES GoNZALES,

RODRÍGUEZ

SoL, Luis, Registro domiciliario y prueba licita, Granada: Co-

mares, 2016. SAN MARTÍN CASTRO, César, "El proceso inmediato (NCPP originario

y D. Leg. N.º 1194)", en Gaceta Penal Lima: enero del 2016, pp. 153-165.

45

e/

Procesal Penal, n," 79,

.·.=p

EL PROCESO INMEDIKro COMO MANIFESTACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y SU LIMI1'ADA ACTUACIÓN EN. EL MAR(�O DE LA POLÍTICA CRIMINAL DEL DERECHO PENAL SECURITARIO ALONSO R. PEÑA CABRERA FREYRP Unidad de Cooperaciónjudicial Internacional de la Fiscalía de la Nación

· · · · �?.. E! nroceso inrneríiato

l.

CONCEPTOS PRELIMINARES

El proceso penal es uno de los componentes de la política criminal del Estado! y la sociedad, encaminado a procesar aquellos hechos de Abogado por la Universidad ele San Martín de Porres. Magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Título de posgrado en Derecho Procesal Penal por la Universidad Castilla La Mancha (ToledoEspaña). Docente de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y de la Academia de la Magistratura. Fiscal superior y jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación. En cuanto aquellos medios, instrumentos y herramientas (jurídicas - controles

47

ALONSO R. PEY,::i;\ Ct.. Bt{ERA J-i"JUtrTtE

¡

mayor perturbación social: su función, por tanto, es de definir si resulta legítimo imponer una pena y I o medida de seguridad, sobre todos aqw.:· llos que se les atribuye la comisión de un hecho punible. Es a partir de su tramitación procedimental, que se va a poner fin a la controversia generada entre el imputado y la sociedad, mediando una sentencia ju· dicial, sea condenatoria o absolutoria. A decir de MORENO CATENA, el proceso penal es sin duda el instrumento último de la política pública de seguridad, aunque naturalmente no es el único medio con que el Estado se dota para garantizar de seguridad; ni siquiera puede considerarse el más importante. Se trata de una pieza más, que se debe diseñar junto con toda una batería de medidas de política criminal de muy diversa índole, tanto preventiva como represiva, que los poderes públicos han de adoptar'. Constituye una de las áreas más sensibles de la política criminal, dada la naturaleza jurídica de los intereses jurídicos que se ponen en juego, pero en realidad su direccionamiento es más represivo que preventivo, al tomar lugar luego de la comisión de un hecho punible, aunque no podemos negar los efectos psico-cognitivos que despliega hacia la comunidad, pudiendo dotársele de efectos preventivo generalespositivos:', si es que sobre los fines de la pena hablamos. Dichos confines represivos se vuelven más intensos, en realidades como la nuestra, donde el legislador y el Poder Ejecutivo, no escatiman esfuerzos en ensanchar permanentemente los marcos penales previstos en los delitos codificados en la ley penal 4. formales), con que el Estado y la sociedad plasman en las diversas normativas para contener y prevenir toda manifestación de delincuencia. 2

MoRENO

CATENA,

Víctor, Derecho procesal penal, 2." ed., Madrid: Colex, 1997, p.

38.

3

En cuanto a la cohesión que debe generarse entre la comunidad y el orden jurídico, a través de la confiabilidad de que el sistema jurídico se aplica a los casos concretos, su conformación fáctica. La integración de la sociedad al sub sistema judicial vía la imposición de penas o medidas de seguridad a quienes han lesionado o puesto en peligro un bien jurídico tutelado por la norma penal.

4

La descripción de la realidad, es vista por ARAYA VEGA,"[ ...] como la irracionalidad del sistema, punitivismo exacerbado, aumento de presos sin condena y de los

48

pz

: J

.

.

.

.

'

'

,

.EL P.R{)CES() !N"J\1ED.l'!\TO cq.Mo .Mi\N1FES'ü\CION l}E snvrPLIFlCl\CiON PROCES/\L EN .LL J\UE\fC CODJGO ....

El paradigma de un Estado constitucional de derecho, supone en primera línea, que una resolución de condena solo puede ser producto de una actuación probatoria de cargo, sometida a los principios de pu-hlicidad, contradicción, inmediación judicial y al método de la oralidad propio del juzgamiento. "Previa a esta etapa, se tiene a la investigación y a la etapa intermedia, como las fases que la secundan; sin duda, es la etapa investigativa la estructura basilar sobre la cual se sostiene el proceso penal, es donde toma lugar la indagación de los hechos presuntivamente punibles, donde se recoge las evidencias, la información que sirve al fiscal para construir su teoría del caso. La primera fase, de investigación, o termina con una decisión judicial que es simple y exclusivamente reconocimiento de la existencia del derecho o poder de acusar y, por eso, se permite entrar a la segunda fase de enjuiciamiento, mediante un auto[... ] y que se llama de apertura del juicio oral, o termina con una resolución que no reconoce, de forma definitiva o provisional, que existe base suficiente para acusar, impidiéndose con ella entrar al juicio oral; esa resolución recibe el nombre de auto de sobreseimiento libre o provisional'". Las etapas descritas del proceso penal se dan de forma preclusiva, es decir, una vez que una de ellas fenece ya no se puede retrotraer a di-cho estadio, a excepción de probables efectos nulificantes. Cada una de estas etapas cumple sus propios fines y objetivos, determinando efectos jurídico-procesales singulares, en cuanto a la actuación procesal de las partes y del órgano jurisdiccional. Esta visión monolítica del proceso penal, si bien puede resultar acorde a los valores de un Estado de derecho, puede no resultar eficaz para con una realidad criminológica desbordante, como la que acaece actualmente en el Perú. Una delincuencia que trasvasó hace mucho el

extremos de las penas, impunidad: en resumen, desconfianza ciudadana en el sistema de justicia, ocasionada por la percepción de inseguridad ciudadana". ARAYA VEGA, Alfredo G., "El nuevo proceso inmediato (D. L. N.º 1194)", en Actualidad Penal, n." 21, Lima: marzo del 2016, p. 71.

5

MoRENO

CATENA, Derecho procesal penal, ob. cit., p. 54.

49

A.t/)NSO R.

pr.-NA

Cl·."BREÚA FREYRE

!

umbral de lo razonable, donde secuestros, extorsiones, asesinatos, sicariatos, robos y otras ilicitudes penales se perpetran a plena luz del día y sin temor de que sus perpetradores sean identificados por sus víctimas y testigos. En contrapartida, delitos de bagatela, como el hurto simple, apropiación ilícita, lesiones culposas generan también la necesidad de articular fórmulas alternas al proceso penal común. Lo que se quiere es una justicia penal eficaz, rápida y de mayor garantía para los justiciables; por una parte la sociedad reclama que los presuntos autores y/o partícipes de la comisión de un delito, sean debidamente procesados y sancionados punitivamente de ser el caso. Por su parte, los imputados demandan el respeto inescrupuloso de sus garantías fundamentales, de que se garantice que su libertad solo se vea afectada cuando intereses jurídicos superiores así lo aconsejen, dejando de lado todo atisbo de arbitrariedad, subjetividad y desproporcionalidad. La formulación de una política criminal valorativa en las últimas décadas, influenciado por la reforma de los modelos procesales en Europa occidental y Latinoamérica basados en el principio acusatorio, supuso la incorporación de procedimientos simplificados, basados en la consenso, en la libertad de las partes para convenir una solución temprana al conflicto social provocado por el hecho punible6 • Razones de política legislativa, presentes en la legislación comparada, orientadas a evitar la congestión procesal y la saturación del sistema de justicia penal ordinario, han determinado que conjuntamente con el proceso común se regulen una gama de vías alternativas que permitan

6

Así, CUBAS V1LLANUEVA sostiene que tradicionalmente en la reforma latinoamericana se ha utilizado la expresión "salidas alternativas" de modo diverso para designar prácticamente cualquier otra forma de término que no sea la persecución tradicional [Cfr. CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación, Lima: Palestra, 2009, p. 641.]; ARAYA VEGA señala que los procesos especiales se han establecido con la finalidad de juzgar de manera diferenciada a las personas que en virtud de condiciones especiales, modo de comisión del hecho o forma de resolución, se realizan de manera diferenciada a la ordinariamente establecida [ARAYA VEGA, "El nuevo proceso inmediato", art. cit., p. 72.].

50

_ j

r!:!.. PR.OCESO .l['�l·i1EJ)Í/-'i'i"'O C(}MO

rvJ,t-\NIFt:STAC!:ÓN f)E S.li'vlP{JFí.CAC.iÓN PROCESAL EN El. NUJ-:,:',J() córnGO ...

diversificar las especialidades procedimientos por razón de las personas y por razón de la materia y, de otro lado, los procesos simplificados desarroliados bajo el principio de consenso. Entre estos, es del caso hacer mención a los procesos por razón de terminación anticipada y el proceso de colaboración eficaz". 2.

EL PROCESO INMEDlATO

El Código Procesal Penal del 2004 trae a la luz una serie de procesos especiales, algunos de ellos sostenidos por la idea del consenso entre las partes y la atenuación de la sanción penal, mientras que otros tienden a la abreviación del proceso penal, como es el proceso inmediato. En este caso lo que se prescinde es de la investigación preparatoria, en el entendido que el representante del Ministerio Público cuenta con la evidencia de incriminación suficiente e idónea para ir directamente al juicio oral. Es decir, no es necesario recorrer toda la fase investigativa, en tanto el fiscal ha podido recabar de forma inmediata las evidencias que pueden sustentar válidamente tanto la materialidad del hecho punible como la responsabilidad penal del autor y! o partícipe. Importa un criterio válido de política criminal, en cuanto a privilegiar la oportunidad, celeridad y eficacia, cuando las características y particularidades del caso concreto así lo manifiestan. Supone ir de frente al juzgamiento, cuanto el fiscal cuenta con una teoría del caso acabada, de someter las pruebas al test de credibilidad, a la contradicción propia de esta fase del proceso. En el Acuerdo Plenario N. o 6-201 O, la Corte Suprema ha indicado que: El proceso inmediato es un proceso penal especial y además una

forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionali- dad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias

7

Cfr. VÁsQUEZ GARCÍA, Carlos Zoes, "La nueva

configuración del proceso

inmediato: supuestos, incoación y juzga miento", en Gaceta Penal .tY Procesal Penal, n." 76, Lima: octubre del 2015, p. 28.

51

.ALONSO R. PE�A CABRERA FR.EYRE

I

características, son innecesarios mayores actos de investigación. Su regulación, en sus aspectos esenciales, se encuentra desarrollada en el Libro V, Sección I, artículos 446º/ 448º NCPP correspondiente a los procesos especiales. Por tanto, siguiendo la linea fijada en el Acuerdo Plenario N.º 05-2009/q-116, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal [...]8.

En el Protocolo de actuación interinstitucional para el proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos bajo el D. Leg. N. 0 1194, en lo que compete a las responsabilidades asignadas a la Policía Nacional del Perú, se indica que: "[...] el proceso inmediato es un proceso especial regulado en los artículos 446, 447 y 448 del referido Código Procesal Penal, el que constituye una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del Sistema Penal con criterios de racionalidad y eficiencia en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación [...]". Su configuración legal, dice SAN MARTÍN CASTRO, no está en función de la entidad del delito ni de la idea del consenso, sino de la presencia desde un primer momento de una circunstancia objetiva referida a la notoriedad y evidencia de elementos de cargo, que permiten advertir con visos de verosimilitud la realidad del delito objeto de persecución procesal y la intervención del imputado", No perdamos de vista, que una de las razones fundamentales para la reforma del proceso penal en el Perú, es atacar la morosidad y delación judicial, de hacer del procedimiento un mecanismo procesal que resolver la causa en un tiempo razonable. Pilar, por tanto del modelo

8

CORTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario N.' 6-2010/CJ-116, Lima: 10 de noviembre del

2010, f. j. 11.0 7.

9

SAN MARTÍN CASTRO,

"El proceso inmediato", art. cit., p. 153.

111.,.,

52

.c

0 .)

.i

EL PROCESO fNlvfEDÚ\TO COM{) !\.{.1\N!FF.STt\C:t(:)N t)E SJfv1PLIFíC:,\C1Ó.r-.J P.RO(;ESAL EN EL NUEVO CÓfJlGO ...

acusatorio, es la celeridad que va de la mano de la eficacia procesal, pero estos legítimos objetivos no pueden significar el debilitamiento de las garantías esenciales del debido proceso y la tutela procesal efectiva. Y en esto debemos poner el acento, pues en un contexto social cargado por el dramatismo, la emotividad y el fatalismo por el delito, la proyección normativa de seguro privilegiará la eficacia sobre las garantías. Situación de tal naturaleza, advertimos en la dación del D. Leg. N.º 1194 +Decreto Legislativo que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia--. Sin temor a equivocarnos, lo que inspira esta reforma legislativa es la celeridad, inmediatez y la oportunidad, de que aquellos que sean atrapados en flagrante delito sean inmediatamente procesados y sancionados puni- tivamente. La ley en mención es parte de un proyecto legislativo enmarcado en las facultades legislativas que el Congreso de la República le otorga al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. La pregunta que se da de inmediato es la siguiente: ¿La inseguridad ciudadana que padece nuestra Nación tiene que ver con los delitos de conducción bajo la influencia de alcohol, omisión de asistencia familiar y otros afines>, por supuesto que no, lo que le interesa a la gente es que no ser víctima de un robo, de un secuestro, de una extorsión o de un asesinato. El D. Leg. N.º 1194 entró en vigencia hace casi seis meses, y los índices de criminalidad no se han reducido en lo más mínimos, es decir, sus efectos preventivo generales son casi nulos. A la postre, claro que se han obtenido sentencias rápidas, céleres con prisiones efectivas, pero en gran porcentaje se trata personas que por sus características per- sonales no merecen estar recluidas. Esto es algo que parece importar poco, y que lo relevante sea mostrar estadísticas favorables a la sociedad de que se está metiendo gente a la cárcel, como si la pena privativa de la libertad fuese la única sanción de la codificación penal. Se genera con ello un falso mensaje cargado de esperanza, que contrastado en la realidad cae en saco roto. Somos de la firme convicción que agentes que cometen robos, secuestros, extorsiones y otras graves ilicitudes penales, merecen ser

53

i\LONS() }\.. PEf�;\ CAI?tf(ERA FREYHE

!

recluidos en un establecimiento penitenciario, más en caso de conductores que conducen bajo la influencia de alcohol o de padres omisos a su obligación alimentaria, esta no es la respuesta racional. que debe dar el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se puede cautelar el pago de la pensión alimenticia cuando el sujeto obligado es privado de su libertad? La aplicación del proceso inmediato puede que para algunos este reportando resultados ventajosos para con la perspectiva sancionadora de la justicia penal, en cuanto a una gran cantidad de condenas en tiempos récord"; no necesariamente producto del encauzamiento de este procedimiento, sino de pésimas negociaciones del abogado defensor en acuerdos de terminación anticipada del proceso. Claro, si estos datos lo centramos en delitos como el robo, el hurtado agravado y la extorsión, pueden resultar alentadores para con el sistema de justicia y la sociedad, pero si quienes abarrotan las cárceles son personas que han cometido meras bagatelas o delito de meridiana gravedad como violencia contra funcionario público en su modalidad agravada!', la lectura colisiona con los principios elementales de un derecho penal democrático, que tiene en la rehabilitación su piedra angular. La Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016/CJ-116, afirma sobre el proceso inmediato reformado, que:"[ ...] No es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de juicio permite esclarecer probatoriarnente el hecho punible con pleno cumplimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, inmediación y oralidad"!', Por más que la celeridad y la simplificación quieran impulsar este proceso especial, ello no puede gravitar en una percepción equivocada, de que todos los imputados que son sometí"El nuevo proceso inmediato", art. cit., p. 73.

10

De esta postura,

11

Para ello no podemos basarnos en el marco penal imponible, pues por obra y gracia del legislador constituye una respuesta desproporcionada e irracional, según las últimas reformas sobre la materia; Vide, CORTE SUPREMA, Acuerdo Plenario N. º J-20161CIJ- l l 6.

12

ARAYA VEGA,

CORTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinario N: 2-2016/Clf-116, Lima: l de

junio del 2016, f. j. n." 13.

54

.!

EL PRO(]?SO tNfvH,:DiArO G0!\10 _i\.·1A.NlFES'IAClÓN ÚF'. !3fiVU>J.JFlC/\(:í.ÓN PROCESAL EN EL Nl)EVO c/Ú)IG{).,.

dos a dicho procedimiento deban ser necesariamente condenados, así también de ser privados cautelarmente de su libertad en el decurso del mismo. Así, en el mismo AP, se enfatiza la idea de que: "[...] si el resultado probatorio no arroja la presencia de prueba legal, fiable, corroborada y suficiente --que son elementos insustituibles para cumplir con esta garantía-derecho fundamental=-, el juez está en la obligación de dictar sentencia absolutoria"!'. 3.

LA OBLIGATORIEDAD DE INCOAR EL PROCESO INMEDlATO POR PARTE DEL FISCAL

El Ministerio Público o llamado Ministerio Fiscal es uno de los pilares del modelo democrático de derecho, en cuanto a la creación de una institución que se encarga de perseguir e investigar el delito en forma de monopolio, funcional y administrativamente autónomo, desprovisto de toda injerencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Su ubicación y posición constitucional la colocan en un sitial privilegiado en el hemisferio, en el marco de reforma del proceso penal bajo las aristas del principio acusatorio. Se identifica al Ministerio Público con el principio acusatorio, en la medida que es a este órgano estatal, que se le confía-en régimen de monopolio-, la facultad de incoar la acción penal y más adelante la de acusar (nullum acusatione sine iudicium); lo cual significa despojar al juzgador de los poderes requirentes y perse- cutorios, imprescindibles para garantizar la imparcialidad y objetividad del órgano judicial decisorio. Se incluye así en el escenario, un sujeto procesal sui generis, al no ostentar una legitimación material del dere- cho punitivo, es a tal efecto, un pretensor punitivo, una parte más en el procedimiento, que encamina su función a defender los intereses de la sociedad en juicio y de cautelar el apego estricto al principio de legalidad.

13

CORTE SUPREMA,

A.cuerdo Plenario Extraordinario N." 2-2016/Clf-116, Lima: l de

junio del 2016, f. j. n.' 13.

""" 55

La constituctonalizacum del proceso penal, tiene que ver fundamentalmente con la actuación que debe desempeñar el fiscal en esta dinámica procesal, donde no solo ha de buscar las evidencias y/o indicios, que acrediten la materialidad del delito así como la responsabilidad penal del imputado, sino también ha de abdicar en su función persecutora, cuando de las diligencias investigativas (aquellas que le indique la defensa), se devele que el hecho no constituye un verdadero injusto penal, que concurra un causal de extinción de la acción penal o ante un caso de evidente insuficiencia probatoria'" 15. Esta es una excelsa misión, que se atribuye al fiscal, en el marco de un modelo acusatorio-garantista'",

14

Así, ÜRTELLS RAMOS indica que la investigación que se desarrolla en la instrucción previa no solo tiene o debe tener por finalidad proveer de fundamento suficiente a la acusación, sino también otros fines respecto a los que el imputado ostenta un interés digno de tutela: proveer el necesario fundamento para la adopción de medidas cautelares y preventivas y excluir las acusaciones infundadas. El imputado tiene interés en que consten resultados de investigación que sirvan para que no se adopten medidas frente a él, o para que se alcen las adoptadas, y para revelar el carácter infundado de la acusación. Vid. ÜRTELLS RAMOS, Manuel; La configuración orgánica del .MFy sus potestades en el proceso penal, en Revista de Derecho Procesal Penal, año 2007, n." 2, Buenos Aires: 2007, p. 171.

15

En palabras de Coao DEL RosAL, "en la fase de instrucción el MF, es un órgano ante el que pueden presentar denuncias los ciudadanos, ya sean perjudicados o no. Es, asimismo, el órgano que puede a través de las diligencias informativas o preinstructorias llevar a cabo investigaciones para obtener pruebas de cargo, y también de descargo debido a su imparcialidad". Coso DEL RosAL, Manuel, Tratado de derecho procesal penal español, Madrid: Cesej, 2008, p. 284.

16

Este nuevo sistema, apuntan ÜRRUTIA MEJÍA y CUESTA HOYOS, que además de reformar completamente los roles de los partes intervinientes, modifica radicalmente la estructura del proceso penal, teniendo en cuenta que el principio de permanencia de la prueba se cambió por el del juicio como escenario para el deba te probatorio, de manera que las evidencias obtenidas con anterioridad a éste no son judiciales sino de investigación, y en consecuencia obtenidas con la evidencia recaudada durante la indagación e investigación sea tenida como prueba deberá ser previamente admitida en la audiencia preparatoria y posteriormente en el juicio oral ser autenticada por los distintos métodos (cadena de custodia, auto-autenticación, el testimonio, la marcación y la peritación) y controvertida por las partes e intervinientes. para que de esta forma pueda ser incorporada al juicio como tal. Cfr. URRUTIA MEJÍA, Fernando y Francisco CUESTA Hoves, Sistema penal acusatorio. Audiencias preliminares y juicio oral (Teoría y práctica), Lima: Ibañez, 2008, p. 24. @

.. ®

56

·j$JSJ

T:l, PROCESO lNtvH'J)U(fO

coxro MJ\,N!T'ES'IA(:JÓN

D:E SH /l:Pl.JF1C/\.C:H.)N PROC'.ESA.L EN EL Nl.J.E\i{) CÓU!GO ... 1

actuar con plena objetividad, imparcialidad e independencia; corno única forma de resguardar el principio de legalidad. A decir de Cono DEL Ro SAL, "conviene, sin duda, en un Estado social y democrático de derecho, ir desterrando la idea de un Ministerio Fiscal al servicio de la represión, lejano de lo que se constituye en auténticas garantías para la ciudadanía [ .. .]"l7. Siendo esto así, la actuación del fiscal está sujeta a los contornos estrictos de la ley, por lo que se dice que este funcionario es encargado de defender la legalidad; pero, ¿defender la legalidad implica aplicada sin mayor cesura y valoración en su interpretación? consideramos que no. Por sobre los dictados de la ley está en la consagración principista que da cuerpo programático al texto ius-fundomental, cuyo contenido y efectos ha de hacer respetar el fiscal, conforme la cláusula constitucional contenida en el art. 51 --Supremacía de la norma constitucional por sobre una norma infra constitucional=-. El Tribunal Constitucional en la STC N.º 2725-2008--PHcrrc, ha dejado sentado que: La Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las cuales destaca la facultad de ejercitar la acción pena! ya sea de oficio o a pedido de parte, tal corno dispone el artículo 159'>, inciso 5, de la Constitución. Si bien es una facultad discrecional reconocida por el poder constituyente al Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Consti · tución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales".

Resulta, por tanto, inaceptable pretender sujetar la actuación del Ministerio Público a las bisagras impenetrables de la ley, debiéndose armonizar esta función con la independencia que la Constitución le

17

Cerno

18

TRIBUNAL

DEL RosAL, Tratado de derecho procesal penal español, CONSTITUCIONAL,

ob. cit., p. 270.

Expediente N.º 2725-2008-PHC!TC, Lima:

setiembre del 2008, f. j. n.' 3.

57

22 de

ALONSO R. PEÑA CA!lRERA FREY!\E

!

confiere al momento de tomar las decisiones más relevantes en la per-secución penal!". El fiscal no puede ser un ciego operador de la ley, más bien, un visionario de la ley. En consecuencia, la exigibilidad que el D. Leg, N_º 1194, en cuanto la incoación del proceso inmediato en caso de flagrante delito y la persecución de ciertas figuras del injusto penal, tiene que ser evaluado con pinzas, a la luz de Ios dispositivos constitucionales que en rigor regulan la actuación del Ministerio Público en la investigación criminal. Sobre esto, la Fiscalía de la Nación aprobó la Directiva N.° 005-2015-MP-FN - Actuación Fiscal en casos de detención en Flagrancia delictiva, Proceso Inmediato y requerimiento de Prisión Preven- tiva=, estableciendo en el numeral 8, lo siguiente: Al término del plazo de detención policial. en caso de flagrancia delictiva, el fiscal debe solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria (en los Distritos Escales donde aplica el Código Procesal Penal del 2004) y al Juez Penal (en los Distritos Fiscales donde no se aplica en su totalidad el referido Código), la incoación del proceso inmediato, siempre y cuando tenga los elementos suficientes de prueba.

Es decir, cuando el imputado es detenido en flagrancia delictiva, y es puesto a disposición del fiscal, aquél incoará el proceso inmediato ante el juez penal solo si cuenta con las evidencias de incriminación suficientes e idóneas para acreditar en el juzgamiento la materialidad del hecho punible corno la responsabilidad penal del detenido. Si no tiene 19

La discrecionalidad valora t:iva determinada por aquel espacio que debe contar el persecutor público para poder tomar las decisiones más adecuadas con los principios que inspiran su actuación en un Estado constitucional de derecho: legalidad procesal, oficialidad y obligatoriedad en el ejercicio de la 'acción penal, a este último se opone los criterios de oportunidad que precisamente se sostienen en la formulación de una política criminal tendiente a priorizar los intereses de los protagonistas del hecho punible. Así, el persecutor público promotor de los acuerdos repara torios y otros inclinados hacia el consenso y a la colaboración para con los fines de la investigación, son los nuevos vientos que demanda la función del Ministerio Público, en una descripción criminológica, situacional, operativa y funcional que exige respuestas alternativas, bajo aristas de racionalidad, eficacia y eficiencia, sin dejar de lado las garantías que deben estar siempre presentes en la persecución penal.

58

.\¡;::;:z; ..

.l

EL PROCESO 11\J"MEDfi\l'O COTv10 ri,.1ANJFEST/\CJÓN DE S!iVIP.LlFIC:AClÓN PROCES/\L EN EL NUE�VO CÓDIGO ...

en su poder dichos elementos de prueba, a pesar de que el imputado fue detenido en flagrante delito, deberá continuar con su investigación, sea convalidando la detención por siete días o formalizando la investigación preparatoria, si es que ya cuenta con una imputación concreta y precisa. En la doctrina nacional, se estima que no basta la denuncia para proceder a requerir la incoación del proceso inmediato de manera automática, sino que el fiscal cuenta con todas las facultades para calificarla y evaluar los elementos que contiene para determinar, a posteriorí, si se encuentra en los supuestos previstos para proceder con el mandato/", Con ello se confiere al persecutor público un marco decisorio, devaloración importante a fin de que la incoación del proceso inmediato, sea objeto de un riguroso análisis y no producto de una activación automática del fiscal. Siendo desdeñable que algunos operadores jurídicos, advirtiendo que el fiscal no incoa el proceso inmediato pretendan derivar copias de lo actuado a los órganos de control interno del Ministerio Público. Una actuación inaceptable que significa una intromisión a los fueros competenciales de una entidad autónoma como es el Ministerio Público. Es precisamente estas actuaciones las que enturbian la predicada independencia de las entidades involucradas en la persecución del delito y que colocan una "espada de Damocles" sobre el fiscal, incidiendo en decisiones desaventuradas. No en vano se sostiene que la exigencia coactiva de proceder bajo responsabilidad, llevara al Ministerio Publico a promover algunos procesos inmediatos en los que habrá más de un problema que redundara en el que hacer judicial, además, como un conflicto particular de sobrecarga, que pueda generarse en escala creciente". Asunto de no menor relevancia, son las facultades legales del persecutor, en la promoción de los criterios de oportunidad y el acuerdo reparatorio, que como se sabe pueden ser incoados en una etapa preprocesa], sin intervención del juzgador, propiciando una salida alterna20

VÁSQUEZ

GARCÍA, "La nueva configuración del proceso inmediato", art, cit., p. 32.

21

SALAS ARENAs,Jorge Luis, "Reflexiones sobre el proceso inmediato en flagrancia y otros supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N.º 1194", en Gaceta Penal <E'.I Procesal Penal, n." 79, Lima: enero del 2016, p. 170.

59

"tfl '\�

ALONSO R. PEÑA CABRERA FREYRE

! .

tiva al proceso penal.al menor coste posible, privilegiando los intereses de la víctima y el imputado, por lo de la sociedad, ante injustos penales de un mínimo contenido material· o un reproche de culpabilidad de baja intensidad. Ante tales situaciones, resulta político criminalmente satisfactorio viabilizar estos mecanismos procesales, cuya promoción y operatividad recala en la actuación fiscal. A partir de la entrada en vigencia del D. Leg. N.º 1194, se puso en discusión si el fiscal contaba aún con la facultad de promover dichas instituciones en una fase preprocesal, entendiendo algunos, que la misma ya no resultaba viable en vista de la obligatoriedad del fiscal en activar su iniciación, por lo que su aplicabilidad había de tomar lugar en la audiencia de incoación del proceso inmediato, esto es, bajo la batuta y conformidad del órgano judicial. Posición que no se corresponde con la legalidad que sostiene la actuación del Fiscal en la etapa investigativa y, con los fines político criminales que inspiran estas vías sui generis de despenalización procesal. La Corte Suprema en el marco del AP extraordinario, antes citado, adopta una postura importante, en orden a cautelar la imparcialidad y objetividad de la actuación fiscal, sosteniendo lo siguiente: "Es claro que si se trata de un delito menor es susceptible de aplicar el artículo 2 NCPP, modificado por la Ley número 30076, del 19-8-2013, donde el fiscal puede optar por el principio de oportunidad. El hecho de que el apartado cuatro, numeral b), del articulo 447 NCPP permite que se inste el principio de oportunidad en el curso de la audiencia única de incoación del procedimiento inmediato, en modo alguno importa la inaplicación o abrogación del principio de oportunidad en sede preliminar a la inculpación formal-Disposición Fiscal tiene la potestad de examinar, antes de inculpar formalmente a una persona, si es posible la aplicación de algún criterio de oportunidad y, en consecuencia, decidir bajo su propia autoridad?". Esto quiere decir, que la normativa --·in examen- no suponía dejar sin efecto la potestad del representante del Ministerio Público de promover los criterios de oportunidad en una

22

Acuerdo Plenario Extraordinario N. • 2-2016/CIJ-116, Lima: 1 de junio del 2016, f. j. n." 16.B. CORTE SuPlrnMA,

"41" 60

·.:,,·.p ·

.!

EL PROCESO INMED!Aro COMO MANlFES.lACI/JN DE SífVIPUF!Ci\C!ÓN PROCES!\J. EN F.!. MIEVO CÓD!GO ...

fase pre-procesal, Jo cual es coherente con los filtros de selectividad que deben ejercer a los casos que llegan a conocimiento del persecutor público, conforme argumentos de acusada sustantividad. En lo referente a la responsabilidad funcional del fiscal, por no incoar el proceso inmediato, se dice lo siguiente en el AP Extraordinario: "Aquí no se impone una actuación irrazonable al Ministerio Publico, sino que se exige el cumplimiento de la ley que sujeta su aplicación a que se satisfagan determinados presupuestos y requisitos. La responsabilidad se entenderá cuando sea manifiesto que se debe proceder a la solicitud de incoación del proceso inmediato y, pese a ello, no se insta sin fundamento razonable alguno [ ... ] siempre y cuando se den los presupuestos --tanto materiales corno formales- y aun así no insta el Proceso Inmediato.No sólo concurriendo el supuesto de prueba evidente y delito manifiesto, sino que cuenta ya con el acervo de evidencia suficiente, para acreditar en el J uzgamiento todos los elementos constitutivos del tipo penal en particular (Teoría del caso)"23 • Toda actuación pública, por cualquiera de los estamentos de la administración pública -en mayor medida aquellos encargados de la persecución penal- se sujeta estrictamente a los parámetros de la Constitución y la ley; el Ministerio Público en su labor investigativa y en este caso promotora de los mecanismos de simplificación procesal, a través de sus representantes, han de valorar cada caso, a fin de si se cumple con el presupuesto de evidencia delictiva, si es que cuenta con un acervo cognitivo (evidencia probatoria), susceptible para construir su Teoría de incriminación, no siendo necesario mayor acto investigativo y así solicitar al órgano judicial competente la incoación del proceso inmediato; si no se cumple con dicho estándar probatorio, no tendrá más camino que continuar con su investigación y ver si más adelante promover dicho mecanismo de simplificación procesal. Como lo expone la Corte Suprerna en el instrumento jurídico acotado, existe un segundo momento para poder incoar el proceso inmediato: "[...] está referido al delito confeso y a] delito evidente =-artículo 446, literales b) 23

CORTE SUPREMA, Acuerdo

Plenaria Extraordinario N.' 2-2016/Clf-116, Lima; 1 de

junio del 2016, f. j. n.' 14.A.

"""' 61

J\LONSO R. PEÑA CABRERA FREYRL

j

y e) del apartado 1, NCPP----, supuestos en los cuales el fiscal presentara el requerimiento de incoación de este proceso, "luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de lo treinta días de formalizada la investigación preparatoria'?", La postura adoptada nos permite asumir que el persecutor público cuenta con plena legitimidad para promover acuerdos reparatorios y criterios de oportunidad en sede pre-procesal, es decir, sin intervención del juez de investigación preparatoria, lo cual se ajusta a las finalidades político-criminales que inspira estas manifestaciones de la justicia penal consensuada. 4.

EL DELITO FLAGRANTE

4.1. FUNDAMENTOS POLÍTICO CRIMINALES DE LA FLAGRANCIA DELICTIVA

Con el término flagrancia se puede estar haciendo referencia a cues- tiones diversas, a situaciones que incluso conforman el presupuesto de diferentes actuaciones; así, entre otras, es la circunstancia fáctica que permite una detención el uso de armas de fuego, el ejercicio de la legí- tima defensa o hasta la aplicación de un determinado procedimiento25. Debe entenderse que esta actuación policial solo debe proceder en caso de flagrante delito, y no ante otras circunstancias, que por su naturaleza no justifican una reacción de tal intensidad. El fundamento material es la persecución de un hecho, que materialmente reviste los caracteres de un delito. Los cometidos y objetivos de la flagrancia delictiva, se comprenden en el núcleo más duro de la política criminal, de proteger a la ciudadanía frente al delito y como fin mediato, poner a disposición de las autoridades (Ministerio Público), a los sospechosos de haber cometido 24

CoRTE SUPREMA,

junio del 2016, f. j, 25

Acuerdo Plenario Extraordinario N: 2-2016/CIJ-116, Lima: 1 de n."

18.

DE Hoves SANCHO, Monserrat, "Análisis comparado de la situación de flagrancia", en Revista de Derecho, vol. XII, n." 2, Valdivia: diciembre del 2001, p. 137.

62

..paz

j

EL PROCESO INMEr>1ATO CO.MO MANJFES'li\Ci{)N DE SJMPl.lFl(:_i\CIÓN PROCESAL EN EL NUEVO CÓDIGO ...

un delito, así viabilizar la eficacia de la investigación. Sin duda, tiene una vinculación con la tutela del orden público por parte de la Policía Nacional, de contener los actos más lesivos para con los bienes jurídicos fundamentales, entonces de proteger estos intereses jurídicos tutelados por la norma penal, neutralizando las consecuencias perjudiciales del delito, haciendo cesar la actividad antijurídica. Para la Corte Suprema: "La flagrancia supone, primero, que todos los elementos necesarios para evidenciar la comisión del delito se encuentren presentes en el lugar de la detención y sean recabados durante la captura; lo cual abre la puerta a la prosecución de un proceso inmediato; y, segundo, que al efectuarse la detención de hecho se impide la continuación de la acción delictiva y de este modo se protegen los intereses . de las víctimas del delito"26 • 4.2. BASE PERCEPTIVA DE LA FLAGRANCIA

El art. 259 del CPP prevé que concurre flagrancia cuando "el agente es descubierto en la realización del hecho punible" y cuando "acaba de cometer el hecho punible y es descubierto". Nótese que se identifica primero, una inmediatez temporal como una inmediatez personal. La primera de que la detención se produzca de forma temporalmente inmediata a la perpetración de hecho punible, en cuanto al inicio de los actos

un

ejecutivos de un delito o ni bien este ha sido cometido, es decir, luego de su consumación (agotamiento). Lo segundo importa, que el agente sea descubierto in [ragranti, con objetos, instrumentos, herramientas que han sido empleados para la realización del hecho punible, con el objeto material del delito (dinero, joyas, celulares, auto-partes, etc.) o con rastros, huellas y otras evidencias, que puedan inferir válidamente que ha sido protagonista de un injusto penal. Para el Tribunal Constitucional: "[ ...] La flagrancia en la comisión de un delito, presenta dos requisitos insustituibles: a) La 26

Acuerdo Plenario Extraordinario N.' 2-2016/CIJ-116, Lima: 1 de junio del 2016, f. j. n." 8-A. CORTE SvrREMA,

63

if··· ALONSO R. PEÑA CAB!IERA FRJ':YRE

i

inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) La inmediatez personal, que el l presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el evento delictivo (Exp. N.° 2096-2004-HC/TC)"27• En estos casos, se dice en la doctrina, el sujeto es detenido, conforme al adagio popular: con las manos en la masa, cumpliéndose con una inmediatez personal (presencia física del investígado en el momento), inmediatez temporal (el sujeto perpetra el hecho punible en el momento o instantes antes de su detención, tercero percibe responsable) y detención inmediata (intervención del responsable por un civil -tercero- o la Policía)28• Para la Corte Suprema, en laflagrancia estricta: "el sujeto es sorprendido y detenido en el momento de ejecutar el hecho delictivo"29 . De forma resumida, diremos que la flagrancia propiamente dicha es aquella que faculta a Ios órganos policiacos a una persona sin mandato judicial, cuando esta última se encuentra ejecutando el hecho punible o acaba de cometerlo, es decir, la correspondencia del instituto procesal sé mide conforme las etapas del iter-criminis, que en esencia refieren a los actos ejecutivos y a la consumación; sin embargo, no olvidemos que la pluma incansable del legislador nacional, ha hecho que algunos delitos sean también penados en sus actos preparatorios. 4.3. LA CUASI-FLAGRANCIA

El art. 259 del CPP, luego de sendas modificatorias, dispone en su inciso segundo que es un supuesto de flagrancia, cuando "elagente acaba

27

TRIBUNAL CoNSTlTUCiONAL,

Expediente N. • 03681-2012-PHC/TC- Arequipa, Lima: 23 de enero del 2013, f. j. n." 3.3.

28

AR.AYA VEGA,

29

CORTE SUPREMA, Acuerdo Plenario Extraordinario N.' 2-2016/Clj-116, Lima: 1 de junio del 2016, f. j. n." 8-A.

Alfredo G., El delito en flagrancia. Análisis propuesta de un nuevo procedimiento especial, Lima: Ideas, 2015, p. 68.

64

) !

; .EL PROCESC} IN!vt.EDJ:i\'J'O CON!{) ;'vlAN"IFES'D\CIÓN DE Sii\.TPt,!FIC/\ClÓN P.ROC:FSf\I. EN F..L NUE\/0 CÓDJGC) ...

de cometer el hecho punible y es descubierto". Importa una situación que toma lugar una vez que el agente perpetró el delito, es decir, una vez que lesionó, que dio muerte a su víctima, que daño la propiedad pública y/o privada, toma la huida a fin de no ser aprehendido. Significarían actos posteriores a la efectiva consumación del injusto penal, pero que en ciertas figuras del injusto penal pueden ser reputadas como el trayecto de la ejecución a la materialidad del delito, como sucede en ciertos delitos patrimoniales como el hurto y el robo. Para la Corte Suprema, en la cuasi [lagrancia, "el individuo es capturado después de ejecutado el hecho delictivo, siempre que no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido desde la realización del delito":". Fíjese que para definir esta figura se añade un componente no regulado en la ley procesal-penal, de que al individuo no se le pierda de vista, si esto es así, la cuasi flagrancia se convierte en flagrancia presunta, por lo tanto, no susceptible de poder sustentar la incoación del proceso inmediato, conforme se encarga de indicarlo la Corte Suprema en el AP Extraordinario antes citado; v. gr., en caso de que el sospechoso logre burlar a los agentes del orden, ingresando a un inmueble o trepando los techos de un edificio! inclusive cambiando de vestuario, lo que no obsta a que pueda ser nuevamente percibido por los custodios del orden. Consideramos que este ámbito constrictor de la cuasi flagrancia, puede debilitar la función persecutora del crimen, al margen de lo incompatible que resulta con el principio de legalidad. La diferencia entre la flagrancia clásica y la cuasifíagrancia se centra en que en la primera el perpetrador es detenido por quien lo percibió lo percibió directamente en el hecho, mientras que en la segunda el sujeto es detenido luego de una huida sea por el tercero o cualquier otro que tenga que tenga una percepción directa o indirecta del hecho31 • En la segunda figura, el sujeto aprehendido en flagrancia cuenta en su poder 30

CORTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinario N.'' 2-2016/Cl]-1.16, Lima: l de

junio del 2016, f. j. n." 8-A }l

ARAYA VEGA,

El delito en flagrancia, ob. cit. p, 69.

65

ALONS·O Ft. PE�J/1,. CABRERA FH.EYRE )

con evidencias de haber cometido el hecho punible (cuerpo del delito), empero se da una suerte de relativización temporal en su efectiva materialidad. 4.4. LA FLAGRANCIA PRESUNTA

La extensión conceptual (normativa) de la flagrancia delictiva caería por su propio peso, tal como se desprende del art. 259.3 del CPP: "El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de Ia perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible". No siendo el agente capturado en el decurso de la realización típica o ni bien haberlo cometido, se hace alusión a un acto de identificación del agente, sea por el sujeto pasivo de la acción o por un tercero (testigo). El perpetrador -anota ARAYA VEGA- no es sorprendido en ninguna fase del iter criminis (ni ejecución, ni consumación); es decir, no se le sorprende ni ejecutando ni consumando el hecho, tampoco es perseguido luego de su comisión. Solo existen indicios razonables que harían suponerlo autor del hecho32• Se sale notoriamente del sustento material del delito flagrante, en lo concerniente a la temporalidad delictiva, esto es, el decurso de la realización típica, para ingresar a otros planos de valoración, sostenidos en la percepción, en la visualización que puedan dar indicativos valederos de que una persona acaba de cometer un hecho punible. Es por ello que SÁNCHEZ VELARDE anota que esta fórmula constituye en sí una presunción legal de flagrancia en atención a la identificación del agente, lo que hace viable la detención de la persona, no en el momento que comete el delito, sino luego de haber sido identificado por los medios ya indicados y siempre que la captura se realice dentro de las 24 horas siguientes".

32

33 331.

Loe. cit. SÁNCHEZ VELARDE,

Pablo, El nuevo proceso penal, Lima: Idernsa, 2009, p.

66

,p ... ···

l

}_,J, PROCESO tNtvlEDí!\"i:'O COIVlO t�·li\í"t!F.ES'l_i\C!ÓN LlE SHvlPU.FíCAClÓN PROC:ESAL lJ\l EL N!JE\.'O (/�}DIG-0 _

s.

PREMISAS CONCLUSIVAS

Uno de los instrumentos jurídicos con que cuenta el Estado y la sociedad para prevenir y combatir la delincuencia, es el proceso penal, cuya estructura lineal -investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento=- no ha de seguirse en todos los casos, cuando motivos político-criminales así lo aconsejen. Aparecen así los mecanismos de simplificación procesal, tendiente a prescindir de ciertas etapas, a fin de priorizar la celeridad procesal, componente esencial del modelo acusatorio contenido en el D. Leg, N.º 957. El proceso inmediato aparece como manifestación de la simplificación procesal en el Libro V del CCP, corno una berra-mienta interesante en orden a reducir la enorme carga procesal que soportan los tribunales nacionales, priorizando la celeridad procesal como eje de la reforma acusatoria. Vista su escasa aplicabilidad, es que se sanciona el D. Leg. N.º 1194, con el objetivo de reglar su obligatoria incoación por parte del fiscal, en los supuestos previstos en el art. 446 del CPP (in fíne). En la parte expositiva se trasluce la idea de reforzar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado fue por tal razón que se generó muchas expectativas en su funcionalización, en mérito a los resultados que se fueron observando en su aplicación: condenas penales en tiempos breves y encarcelamiento a quienes eran sometidos inicialmente a su incoación. Esto último lo decimos, pues las primeras personas que fueron objeto de una sentencia de condena, no fue a resultas del desarrollo del proceso inmediato, sino producto de una sentencia de terminación anticipada del proceso en la audiencia de incoación del proceso inmediato, ante defensas poco incisivas. Los delitos que son generalmente sometidos al proceso inmediato -lógicamente sus autores y/o partícipes->, si bien revelan fuertes dosis de antijuridicidad penal (hurto agravado, robo agravado, etc.) no son el manifiesto duro del crimen organiza-do; la misma ley se ha encargado en definir que este procedí@ ..

67

0

miento especial no procede ante investigaciones complejas. De manera que no resulta plausible cifrar mayores esperanzas, de que mediante esta simplificación procesal se podrá combatir eficazmente la delincuencia organizada, por lo que operatividad procesal es más bien limitada. Por lo demás, no debe entenderse que toda causa que se someta al proceso inmediato, debe culminar en una sentencia de condena, como bien lo señala la Corte Suprema, para ello debe de actuarse en el juzgamiento medios probatorios de cargo, suficientes, idóneos y pertinentes para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia que irradia a todo imputado. La obligatoriedad de actuación funcional que puede predicarse en toda normativa, en este caso la incoación del proceso inmediato por parte del fiscal, debe ser analizada a la luz del principio de legalidad y conforme a la autonomía que la Carta Fundamental y la Ley Orgánica del Ministerio Público le confieren a dicho funcionario. En consecuencia, su no incoación, no puede generar responsabilidad funcional alguna al persecutor público, cuando las características y particularidades del caso requieran realizar mayores actos de investigación. Así, la Corte Suprema ha señalado: "[ ...] la obligatoriedad por parte del fiscal a su incoación había que ser interpretada a la luz de todos los dispositivos --constitucionales y legales=-, que someten la actuación del fiscal en un Estado constitucional de derecho, donde el imperio de ley no puede suponer degradar la valoración y razonabilidad que debe guiar toda actuación pública'?", En lo que concierne al delito .flagrante -supuesto de mayor incidencia del proceso inmediato-, su concepto si bien debe partir de la ley, no por ello ha de estar sustraído de un marco interpretativo a la luz de la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, pues su aplicabilidad

34

CoRTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinario N: 2-2016/CIJ-116, Lima: 1 de

junio del 2016, f. j. n." 17. .. .. ©

68

.: EL PR{)CESO .1T'.IJ\11"EJ.JU\:ro COi\-10 f1,l/i. '[\'ff,TS'T/\CJÓN' DE snvíP.UFTCAC!ÓN PH()CF,S/\1, .EN r:L NUEVO C/)DlCiO ...

supone una injerencia importante en la libertad de una persona. Ni una extensión en su concepto ni una limitación injustificada del mismo, sabedores que la postura del legislador en las últimas reformas legales, ha sido de ampliar notablemente su catalogación, más allá de las conocidas flagrancia estricta y la cuasi-flagrancia a la llamada flagrancia presunta, según las mo- dificaciones sufridas del. art. 259 del CPP. Esta última ha sido prácticamente dejado de lado por la Corte Suprema para sus- tentar la incoación del proceso inmediato, en la medida que es construida por prueba indiciaria y no por la percepción directa e inmediata que requiere la flagrancia. Podemos concordar con esta postura (de forma parcial), mas consideramos que en la hi- pótesis de la cuasi-flagrancia, la Corte Suprema fue más allá de la literalidad normativa, al exigir que el sospechoso no se la haya perdido de vista. Estimamos que resulta correcto limitar la inter- pretación aplicativa de instituciones procesales como el delito flagrante, mas otra cosa significar reducir su concepto fuera del principio de legalidad, lo que a la postre puede minar en el trabajo persecutorio e investigativo del crimen.

Un proceso así concebido, gobernado por la celeridad y la simplificación procesal, no puede ser incoado en todas las causas criminales, solo en aquellas donde no exista un rigor investigativo, en el marco acreditado del delito y en la responsabilidad penal del imputado; basta que se advierta una mínima dosis de complejidad probatoria, de dificultad en la averiguación de los hechos, para que deba desecharse tal alternativa procesal. Así, la Corte Suprema ha señalad: "[ ...] en la medida que exista, con claridad y rotundidad, prueba evidente o evidencia delictiva y simplicidad, la vía del proceso inmediato estará legitimada constitucionalmente" 35•

35

CORTE SuPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinario N." 2-2016/CIJ-116, Lima: l de

junio del 2016, f. j. n." 7.

69

t·\,,,ON·S· O 1. 'v.

6,

P L0' N·,,,-; r,.A.Bt,'..'.',L-, F. lll,'·\,·h.,E

I

REFER.ENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alfredo G.; El delito en flagrancia. Análisi: propuesta. de un nuevo procedimiento especial, Lima: Ideas, 2015.

ARAYA VEGA,

Alfredo G., "El nuevo proceso inmediato (D. L. N.º 1194)", en Actualidad Penal, n.º 21, Lima: marzo del 2016, pp. 70-77.

ARAYA VEGA,

Coso DEL RosAL, Manuel, Tratado de derecho procesal penal español, Ma-

drid: Cesej, 2008. CUBAS

VILLANUEVA, Víctor, El nuevo proceso penal peruano. Teoría y

práctica de su implementación, Lima: Palestra, 2009. DE

Hoyos SANCHO, Monserrat, "Análisis comparado de la situación de

flagrancia", en Revista de Derecho, vol. XIÍ, del 2001, pp. 137-149. MORENO CATENA,

n,"

2, Valdivia: diciembre

Víctor, Derecho procesal penal, 2.ª ed., Madrid: Colex, ·

1997. ÜRTELLS

RAMOS, Manuel; La configuración orgánica del MFy sus potestades

en el proceso penal. En: Revista de Derecho Procesal Penal, año 2007, n.º 2, Buenos Aires: 2007. SALAS ARENAs,Jorge Luis, "Reflexiones sobre el proceso inmediato en flagrancia y otros· supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N.º 1194", pp. 166-179. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, El nuevo proceso penal, Lima: Idemsa, 2009. SAN MARTÍN CASTRO, César, "El proceso inmediato (NCPP originario y D. Leg. N.º 11.94)", en Gaceta Penale/ Procesal Penal, n.' 79, Lima: enero del 2016, pp. 153-165. URRUTIA MEJÍA, Fernando y Francisco CUESTA Hoves, Sistema penal acusatorio. Audiencias preliminares y juicio oral (Teoría y práctica), Lima: Ibañez, 2008.

VÁsQUEZ GARCÍA, Carlos Zoes, "La nueva configuración del proceso inmediato: supuestos, incoación y juzgamiento", en Gaceta Penal & Procesal Penal, n.º 76, Lima: octubre del 2015, pp. 27-40.

70

:,p .

PO'R'.¡--.-,·e� l .(::, U O.. e A j"'''L-

-

!J' '\l ]I_

=rrror;-R(' U s 101'1,'\JE. 's I)P=1· j{_E 1 L .J

.;;

J

I

PR� OCI�-,S S ]--)·_ci�·-orL E�X. ros\ O. ALFREDO AR1WA VEGA"

Universidad de Costa Rica

1.

LA POLÍTICA CRIMINAL DETRÁS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.° 1194

El presente artículo pretende poner en discusión la introducción del D. Leg, N.º 1194 a la luz de la política criminal y las implicaciones de su vigencia en el sistema acusatorio garantista peruano. 1.1. POLÍTICA CRIMINAL ¿QUIÉN LEGISLA Y POR QUÉ LO HACE?

En un sistema democrático de derecho, la separación de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial es la base.

Magíster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica. Doctor h. c. de la Universidad de Ciencias Jurídicas de México. Juez del Tribunal Penal de Flagrancias de San José (Costa Rica).

71

·1:r �

.':fi ALFRfü)O /\P�"-Yi\ VEGA ;

Las modernas tendencias afirman que la instauración de una ley debe pasar por el filtro de una política criminal, entendida esta como el conjunto de procedimientos susceptibles de ser propuestos al legislador o efectivamente utilizados por este, en un momento determinado en un país dado, para combatir la criminalidad. Sin embargo, día a día, somos testigos como en materia penal se ha presentado un aumento de las facultades de los distintos poderes es tatales y una creciente y sostenida mayor criminalización de las conductas, lo que SILVA SÁNCHEZ llama "la expansión del derecho penal", abandonando el principio de sistema penal nuclear o de mínima intervención propuesto por HASSEMER en Alemania. Es cierto que la sociedad cambia, y con ello las formas en que se cometen los delitos, de igual manera es cierto que se requieren de nuevas formas en el abordaje de los delitos y muchas veces las normas tradicionales no responden de forma idónea y suficiente para encuadrar las conductas penales (tipificación de conductas). Sin embargo, no debe perderse de vista la necesidad que sea el Poder Legislativo quien a través de las facultades delegadas por los ciudadanos quienes legislen, y lo hagan amparados a un estudio serio e interdisciplinario (como lo propone Lolita ANIYAR DE CASTRO). En la actualidad hemos visto cómo se ha hecho presente una política criminal populista, es decir, creaciones de normas basadas en la popularidad o sensación de inseguridad. El principal problema de esta nueva política es que se crea fundada en "circunstancias de emergencias" muchas veces propiciadas por medios de comunicación irresponsables que incrementan la percepción de inseguridad de los ciudadanos. Hemos podido observar cómo ante un hecho televisado surgen críticas al sistema justicia actual, y cómo las primeras noticias refieren la necesidad de crear más leyes, con penas más altas e incluso proponiendo la pena de muerte por los hechos.

o ....

72

.,,.•... . . ... •

/\POH'fES Y !.tEPL'.H.CUSlONF'S DE 1.l)S PR(K.:ES()S EXPEDJ.'f{)S

Las principales características de esta política criminal populista son: G

Se fundan en un derecho penal de emergencia, de reacción inmediata, en donde el fin justifica los medios; es decir, se pueden y deben suprimir garantías de los ciudadanos a efecto de garan tizarles una mayor "seguridad". No se requiere mecanismos preventivos ante el delito (propio de la política criminal) sino de mecanismos de sanción ante los hechos y que los mismos resulten ejemplarizantes (prevención genera] negativa). Hay un ocultamiento de los verdaderos factores por los cuales el delito se comete (desigualdad social y ausencia de oportunidades laborales, educativas y sociales); porque la respuesta debe ser criminalizadora no rehabilitadora.

e

No tiene un estudio científico base, sino que las decisiones se toman al "calor" del momento, promovido por la falta de información y las coberturas mediáticas intencionadas (hacia una mayor seguridad) con medidas calmantes y oportunistas para el logro de la "paz social". Hay un ocultamiento intencionado respecto a que debe adquirirse mayores mecanismos de seguridad (sin importar el costo) en donde la vigilancia del ser humano debe ser la esencia. Esto sin mencionar los millones de dólares que mueve el uso de la tecnologíavigilante, los proveedores de los mismos y beneficiados en su adquisición. Se pretende un sentir social de seguridad, mediante la respuesta efectivista de los órganos encargados de ejercer la persecución penal, basada en estadísticas y numerologías, sin atender las garantías más esenciales del ser humano. Hay una sectorización respecto a qué debe entenderse por delito grave, y cómo este repercute en la sociedad, si se trata de la mera criminalidad común (los criminalizados) o los delitos a gran escala (los desatendidos).

73

:f .. · · J\.LFREI)O 1\Hf\Y/\ VEGi\ i .

Las sentencias absolutorias son vistas popularmente corno ineficiencia del sistema y no corno una reafirmación de las garan ·tías individuales. Dicho lo anterior conviene preguntarnos, ¿qué medió en la aplicación del proceso inmediato reformado? Recordemos los siguientes factores: El Poder Legislativo delegó en el Poder Ejecutivo las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana por 90 días. Fue el Poder Judicial quien propuso al Poder Ejecutivo la instauración del D. Leg. N.º 1194. ¿Por qué surgió el proceso inmediato>, ¿en respuesta a cuál fe

.. nómeno delictivo? ¿Serán esos delitos comunes los que mayormente afectan al Perú? 0

¿Se consideró en la reforma los efectos penológicos y de aplicación de las sanciones penales en el sistema penitenciario? ¿Determinaron las consecuencias de ese impulso de rapidez en el . . j uzgarm to;i . en

1.2. POLÍTICA DE PERSECUCIÓN PENAL

No debe confundirse los términos política criminal (que requiere de un órgano interdisciplinario), política criminal populista (sensacionalista) y política de persecución penal. La política de persecución del Ministerio Público no es más que un conjunto de hechos o de "fijaciones políticas del Ministerio Público" sobre los delitos que se perseguirán y sobre los cuales se dirigirán los recursos económicos dados. Es conocido que el 100 % de los delitos no pueden atenderse, ahí surgen las llamadas "cifras negras" (delitos no denunciados ni resueltos) y "cifras doradas" (delitos económicos no investigados).

74

E b e " ·' " � b a e u u e rec u r s os c n ó m _,1-.)

Í.JJ!.'

.._")'!,.

'-w\

,4;

.:l..�

-•

"J

\

., ,}

. ._,.

\

,r )¡

.,,.._,;,,,

J

..

(:ti..·

-..

.

"-�j

"']_l

.,

· a · q_,._hl,�.,.

_,; ,_ � l

lí.

i c s i n . .¡ . rno �

...,

,J

.

%...<,_

-1.

-�-

..

.•. • �

_)..

¡1 - · > (J..','J ,.,__,•. ¡.

--- � - l," .t.

t,,'

ocurre a nivel policial e investigativo, el Ministerio Público debe ejercer pn ·¡ ac titvfu.-. ., r,,rop,Í-a: ;,.- L'·y. ��1 l , r a G.,,3 e., .t1.H: D.- CiC Uh pa lí1n1,e-<>.s,, ¡ C . �a�tloa$-:· - r� r. ;. � p i.,n. e·-J-.�J,.fc l. , .l� lO H 1jro,, manejo de recursos, delitos a investigar, colocación de personal en áreas especializadas, etc. •.

.:11

'1:

�

.:? :

Cuando no existe una política de persecución determinada hay caos, porque el mecanismo de atención es reactivo, el personal es movido conforme a los vaivenes de los delitos o de las coberturas mediáticas. He aquí un nuevo cuestionarniento, para la instauración del D. Leg, N.º 1 J 94, ¿se tomó en cuenta al Ministerio Público? ¿Formó parte de su política de persecución criminal? ¿Se dotaron de recursos económicos suficientes para llevarlo a cabo? ¿Empleó alguna política de persecución especial el .Ministerio Público ante esta reforma? Algunas conclusiones importantes: Creemos que una política criminal debe atender no solo al fe-nórneno de la delincuencia, sino también al más amplio componente de problemas de una sociedad organizada: el urbanismo, la distribución de recursos, la educación, la salud la atención a las necesidades de vivienda y acceso a los bienes sociales, y otra cantidad de factores son palabras claves que tienen la virtud de sugerir una dirección en la cual empezar a trabajar. Resulta casi una verdad de perogrullo el decir que el problema de la delincuencia tiene un gran componente social, que en muchos casos resulta ser un detonante de muchos tipos de criminalidad. Como propuestas prácticas para definir una política criminal adecuada y siguiendo a ZAFFARONI se propone crear una institución con un equipo táctico especializado (Consejo de Política criminal) que se ocupe de la opinión e imagen pública de la misma, sin pretender limitar o controlar la comunicación, más bien participar, debatir e informar sin tocar la libertad comunicativa.

75

�

Este órgano colegiado debe tener reconocimiento constitucional para que sus decisiones sean vinculantes, además debe contar con representantes de diferentes áreas del acontecer nacional: parlamentarios, universidades, colegios, asociaciones profesionales de sociólogos, psicólogos, abogados, economistas, periodistas, científicos sociales seleccionados por concurso abierto, etc.'

A nuestro criterio, la política criminal debe tener dentro de sus objetivos: Que el procedimiento penal mantenga un equilibrio entre la necesidad de proteger convenientemente a los inocentes y garantizar la condena y el castigo del verdadero culpable. Ese equilibrio se logra cuando se establece para el procesado una adecuada defensa de parte de un profesional en derecho de una parte y la imposición de una sanción penal efectiva para el condenado. e

O

Debe evitarse la lentitud y saturación de los procedimientos. Debe definirse la persecución judicial con metas claras. Se debe evaluar la gravedad del comportamiento con relación a la severidad de la sanción, de manera tal que el derecho penal sea reservado a las conductas verdaderamente perjudiciales. Definir políticas de prevención. La prevención consiste en preparar y disponer lo necesario anticipadamente para evitar un

"Sus poderes debieran ser: a) de información, en cuanto a que todos los órganos del Estado tuvieses la obligación de brindársela cuando se la recabe o de facilitarle el acceso a los datos requeridos cuando no estuviesen disponibles; b) de gestión, en cuanto a que debiera disponer de autarquía financiera, con base en un porcentaje presupuestario anual; e) de opinión no vinculante, pero de consulta obligatoria previa a cualquier decisión del ejecutivo o del legislativo que interese directamente a la materia; d) de opinión vinculante respecto del número de personas institucionalizadas en condiciones dignas". ZAFFARONJ, Raúl, "Naturaleza y necesidad de los consejos de política criminal", en CARRANZA, Elías (coord.), Justicia penal y sobrepohlacum penitenciaría. Respuestas posibles, México: Siglo Veintiuno, 2001, p. 100.

76

�•ª······· j

APOR'fES 'l R.F.PEH.CUSlON.ES DE LOS PH()C.ESOS EXPELH''J."OS

riesgo. "Etimológicamente la prevención es lo que viene antes, 1 que ar vem• r antes, i• mptid· e que se .pro(i uzca a 1g· una cosa " . Lr"iesn' e el punto de vista criminológico podemos definir la prevención como un conjunto de medidas (que presuponen un análisis de la realidad social), destinadas a impedir que ciertas conductas se concierten en actos criminales. Así podemos entonces establecer que la prevención es una frase necesariamente previa y un elemento integrante del control social que lleva a cabo la reacción social. La naturaleza de la prevención tiene entonces su explicación en el seno mismo de la realidad social de donde surge una idea de democratización de la prevención para evitar que la prevención sea un mecanismo de control solo para las clases desfavorecidas, porque también se debe luchar contra cierto tipo de actos ilícitos cometidos por gente de poder y que son difícil de controlar. La prevención tiene su origen en las preocupaciones legítimas de los ciudadanos de encontrar indicadores que reflejen en cierta medida de dónde proviene la delincuencia. Esta acción precisamente la que busca llevar adelante la prevención en su lucha por el control de la criminalidad. Realización de directrices en materia criminal. Las directrices son acciones o políticas que deben seguirse en materia de prevención, para lograr que ciertos focos criminógenos sean resueltos. Las directrices deben estar primeramente encaminadas a todos aquellos sectores de la población que se encuentren más expuestos al riesgo de integración a la vida delictiva: grupos marginados, grupos de hijos de madre soltera, persona� desocupadas o subernpleadas (ganado sueldos menores mínimo establecido), etc. Las directrices deben tratar de ubicar los espacios para tratar de determinar si la arquitectura urbana responde bien o no al problema de la prevención o si más bien ciertos lugares contribuyen o son una invitación a la actividad delictiva, En tercer lugar deben dirigirse acciones profundas y conscientes hacia el campo económico tratando de establecer de qué forma pueden

77

t\LFRE.l.:>O A.RAYA VEC/\ (

tener acceso todos los sectores de la población. Directrices que deben buscar un desarrollo amplio y total de la personalidad hu-mana para que todo sujeto sienta que vive dentro de un contexto social que lo trata con dignidad y ofrece igualdad en la expectativa de superación. Una preparación racional de los objetivos y de los medios necesarios para llevar a cabo una política criminal de justicia, socialmente eficaz y justa. •

•

•

_.:,.

,<

Realizar un análisis de los objetivos y los medios, capacidad de aplicación y transformación social. Una vez que los objetivos han sido trazados, se debe hacer un recuento de los medios con los que el país cuenta para llevar adelante cualquier plan. Para que la política criminal sea coherente, es necesario que se dé una congruencia entre los objetivos y los medios. Capacidad de aplicación. Necesidad de estudio humano. Un estudio sobre el elemento humano que va a llevar a la práctica diversos objetivos. Si no hay competencia en los sujetos llamados a ejercer los planes de una política criminal, el Estado y las comunidades deben hacer todo lo posible para capacitar a sus agentes. 2.

REALIDADES DEL SISTEMAACUSATORKO GARANTISTA

2.1. INEFICACIA E INEFICIENCIA

Dentro de las principales quejas sociales hacia la administración de justicia se encuentran lo lento de los procesos y la impunidad. Ambos factores deben ser observados a partir de la eficiencia y eficacia. Sea de la consecución de los resultados propuestos a través de los medios con que se cuenta. Se tiene claro que no toda denuncia debe finalizar en una sentencia, y menos condenatoria. Incluso, en el mejor de los casos, se llevan a juicio solo tres de cada cien denuncias. Estadísticas comparadas, nos refieren el decaimiento de las sentencias condenatorias a partir del transcurso del tiempo. Está demostrado @

"

78

®

] .APOE.'l'FS Y H.EP.EH.CUSiONES DE l..OS PROCESOS EXPEDi'I{>S

. .

que exi s te . un

1

.

,;

•

.

.

.

a rei aci o n i n ver s a ¡ entre er

ti.'. po y.. - ·1ía en(• mayor em ca- ci• a. 11-\i .

tiempo menor será la posibilidad que exista una sentencia condenatoria. De esta forma, un proceso que sea retardatario en la resolución conllevará una doble inconformidad, por un lado de la persona juzgada en el tanto ha sufrido del etiquetarniento propio del juzgamiento (labelling approach) y por otra parte la víctima, que insatisfecha ante un proceso lento y largo, se desvincula voluntariamente del proceso, desatendiendo los llamados judiciales y no colaborando de forma efectiva con su consecución, misma circunstancia ocurre con testigos del hecho, que luego de años ya no son ubicados o no recuerdan los hechos de la forma y manera en que ocurneron. De este modo, lo conveniente es que la justicia sea brindada de forma pronta, oportuna y cercana al conflicto, bajo estándares de protección de las garantías judiciales. Esto se logra a través de la separación de cau- sas simples y complejas. No resulta admisible que una causa de simple y sencilla tramitación sea resuelta bajo los estándares de un proceso ordinario, y que la misma deba "hacer fila" con causas de alta comple- jidad, porque el resultado sería la atrofia del sistema en sí mismo: por una parte no se resuelven los asuntos sencillos de modo expedito y por otra parte los asuntos complejos se atrasan por la atención de asuntos de criminalidad convencional. 2.2. LA JUSTICIA PENAL Y CELERIDAD PROCESAL

Las democracias tienen su base en el respeto de los principios y garantías judiciales; cuyo norte se basa en la protección de la de la dignidad de la persona, eje central del actuar de la totalidad de los poderes políticos públicos. La eficiencia y eficacia del sistema judicial debe ser la regla constitucional y legal de todo Estado, sea del dotar de una justicia pronta y cumplida y sin denegación. En los sistemas inquisitivos nadie se cuestionaba el transcurso del tiempo del proceso, porque el adagio era "la justicia es lenta, pero llega"; sin embargo, esto no corresponde con una 79

. ;,# . /\.LFREl)O .A.H.AY1.\ VEG,\

j

visión democrática. Únicamente en los sistemas autoritarios y antidemocráticos rige la máxima: "el fin justifica los medios". El resultado de un sistema eficiente y eficaz debe ser observado con detenimiento, debe lograrse el equilibrio entre las garantías judiciales y los plazos razonables de juzgarnientos, En América Latina, sobran cosas de juicios sumarios y ejecuciones; expeditas sí, justas está por verse. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de forma reiterada acerca del plazo razonable, exponiendo los criterios objetivos para su implementación en las justicias: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y e) conducta de las autoridades judiciales (casos Genie Lacayo vs. Nicaragua, 1997, considerando 77; Suárez Rasero vs. Ecuador, 1997, puntos 70 y 72; López Álvarez vs. Honduras, 2006).

Estoy de acuerdo con la celeridad que algunos tanto enfatizan, siempre que sea dentro del marco de respecto a los derechos fundamentales, de ahí que debe velarse porque el juzgamiento se realice en un equilibrio entre las garantías y los plazos razonables para que la eficiencia no vaya en demérito de las garantías de las personas. A pesar de estas fortalezas encontradas en el sistema acusatorio garantista, no se ha logrado desmontar algunas malas prácticas de los operadores del derecho para convertir el proceso penal en uno plenamente oral como estaba originalmente concebido y lograr que el mismo discurra de forma adecuada en los plazos razonables pensados. Es más fácil decir "somos un Estado de derecho" que serlo. Con el sistema actual, aspiramos a hacerlo mejor, procuramos que el camino sea en pro del ser humano, un viaje sin retorno en la democratización de la justicia penal. 2.3. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA

Es cierto que estos procedimientos (de rápida solución) no deben tener como objetivo único la mejora de la seguridad ciudadana (de

80

··.p··

¡

APO.f(fFS y H.EPERCUSJ.C)NES DE LOS PROC::ESGS EXPEDrros

modo principal), por no tratarse de un aspecto multifactorial y debe ser resuelto mediante medidas integrales de justicia social (salud, deporte, económicas, financieras, educativas, entre otras) y no solo represivas. Para conseguir la seguridad ciudadana que tanto se promueve, se requiere de aspectos multifactoriales, El Estado está llamado a diseñar e implementar políticas nacionales de seguridad para los ciudadanos, basadas en la vigencia institucional (políticas de control social formal) y medios de prevención de la delincuencia (control social informal), acciones que a todas luces son multidimensionales. El Estado debe crear políticas nacionales tendientes a dar vigencia y preponderancia a los derechos humanos, lo cual se logra por medio de una participación de los ciudadanos en la toma de acciones (visión democrática). En una sociedad cuyos índices de desigualdad social son marcados, se percibe públicamente que los problemas de seguridad ciudadana generan un deterioro de la calidad de vida de las personas. La inseguridad ciudadana no es causada por un solo factor, sino por la convergencia de muchos, se convierte en un obstáculo para el desarrollo humano por cuanto limita las posibilidades individuales de concebir y concretar un proyecto de vida, y erosiona la cooperación socialy la vida cívica necesarias para el efecto. Dicho lo anterior, determinamos que si es posible construir una sociedad más segura si se atienden las formas de vulnerabilidad social en que proliferan la violencia y el despojo, y se fortalecen los mecanismos colectivos de protección y la capacidad de las personas para activados. Pero, más allá de la seguridad ciudadana, el Estado está llamado a la seguridad humana, entendida esta como el conjunto de condiciones básicas y garantías mínimas para el desarrollo humano, o sea, la vigencia de los derechos humanos. La seguridad ciudadana es una parte vital de la noción, mucho más amplia, de la seguridad humana. Si esta última atiende a formas de vulnerabilidad que comprometen el disfrute de los derechos humanos en 81

genera1 , 1 a " scgun· ul a d. ci· ucf ac, ana " se refi· ere a moui au• · ul ac,es especi,nr· cas de vulnerabilidad -las ocasionadas por la violencia y el despojo- y a la protección de un núcleo esencial de derechos fundamentales de las personas. "Seguridad ciudadana" se entiende como la condición perso- nal, objetiva (acaecimiento real de los hechos de violencia o despojo) y subjetiva (percepción de inseguridad, amenaza subjetiva), de encontrarse libre de violencia o despojo intencional por parte de otros. Una sociedad donde no se dé vigencia a la institucionalidad y donde los índices de desigualdad social se amplían, tiene corno consecuencia inmediata el aumento de la criminalidad, con manifestaciones de inseguridad ciudadana, como: delitos patrimoniales (sobre todo en lugares públicos y casas de habitación), cantidad de homicidios dolosos, violencia intrafamiliar, formas violentas de resolución de conflictos por acción privada (sicariato, amenazas, etc.), secuestros exprés, pandillas juveniles, control territorial en drogas, abusos policiales. Todas estas manifestaciones son potenciadas por la pobreza, exclusión social, desigualdad, marginación y, por supuesto, la incapacidad del Estado para brindar soluciones sociales oportunas. No pretendemos extendernos más allá de lo necesario en este tema, pero conviene señalar cuáles han sido los factores de inseguridad: •

Preventivos: se ha fracasado en políticas sociales y no se han instituido estrategias para la prevención del delito cometido por menores de edad. Se han aumentado las brechas de exclusión y desigualdad social.

•

Represivos: no se han implementado políticas públicas para lograr la modernización y profesionalización de la policía (tanto administrativa como represiva).

Por lo anterior, creemos que la respuesta a la seguridad humana y, por ende, a la segurídad ciudadana, debe ser tratada integral y coordinadamente por el Estado (todos los ministerios: educación, salud, deporte, vivienda, seguridad), con el fin de lograr la inclusión e igualdad de oportunidades a los ciudadanos, posibilitando la participación de to0 ..

I!)

82

¡· AP()Rf!.·:S y RF:PE..HC.:USí.()NES

DE

r.os

PH{)(:::r:�S()S EXPEDrros

. . '!'> oi emocr ···e.•·> ·y f'()JJ vi. zencr. a íos 1 os actores ( •(-'"r''"'I ""!'""'\'. soci al es en 1

(,

.

..... ,J•Ct. ...... ��

.l.

(),J'l

,,._<.i\,,. •..

-"-. ..... ,,�:t.

... . . ....,,.._�.J.\.

.... -.��.,_,Ji.(.;t

..,_,.

--

'--t;:,

'

'

, ¡a¡ ,·,<··

"1\..,_ati..�ot,,...;..(�L"t.,,s-..- ...,J:.��-.1,,_•_J ......

humanos e, incluso, reforzando los medios de control social informal, donde se fomenten los valores sociales y morales, Sobre la eficacia policial en la prevención del delito, VI/ALLER señala que so l o aument' ar e_l nu, mero d. e po-11· o,as asr, gnac.r os a t' aIb. ores po],1' o• a11 es tradicionales incrementa el gasto y no reduce el delito, pero esto si se consigue con la función policial orientada a los factores de riesgo (armas, por ejemplo), mediante una respuesta inteligente y eficaz en la prevención del delito. Por ello, como medio para reducir la criminalidad, este autor propone la debida gestión municipal, orientada a determinar factores de riesgo, con la debida planificación para la prevención del delito, incrementando la inversión en programas de juventud en riesgo, talleres de violencia familiar, prevención de delincuencia en robos de vivienda en áreas críticas identificadas, con presencia policial y compromiso ciudadano. Según eI mismo autor, esto podría lograrse por medio de la coalición entre la Policía, el gobierno local, los Ministerios de Educación y Salud, grupos activos ciudadanos, etc.", Ahora bien, el problema de inseguridad no debe enfocarse solo en el nivel preventivo, sino también desde el ámbito represivo. Así, la seguridad debe potenciarse con el fortalecimiento de la policía administrativa y judicial (profesionalización), además de una respuesta judicial oportuna, cumpliendo el principio constitucional de tutela judicial efectiva" y de justicia pronta y cumplida.

2 de

Cfr.

WALLER,

Irvin, Menos represión. Más seguridad, México: Instituto Nacional

Ciencias Penales, 2007. 3 del

Analizado por Sala Constitucional de Costa Rica N.' l 739-92, de las 11 :45 hrs, 1 de julio de 1992, al señalar: "En la base de todo orden procesal está el principio y, con él, el derecho fundamental a la justicia, entendida como la existencia y

disponibilidad de un sistema de administración de la justicia, valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado -declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y aplicando imparcialmente en los casos concretos--- lo cual comprende, a su vez, un conjunto de órganos judiciales independientes especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos

83

/\.LFH.E:no /\H;\Yf\ V:EGA

j-

De este modo, la aplicación de un. procedimiento expedito (respetuoso de las garantías constitucionales y legales, de conformidad con los derechos humanos) con el cual se resuelvan los conflictos por medio de un juicio justo, posibilita la confianza ciudadana en la administración de justicia. La ciudadanía tiene una doble garantía con el procedimiento expedito: por una parte, la confianza ciudadana de un proceso ágil y oportuno a] conflicto social, y por otro lado, la confianza de la persona que es acusada, de recibir una respuesta estatal pronta y no someterse a un proceso criminal lento y desgastante. Debemos recordar que el principio de tutela judicial efectiva forma parte de las garantías procesales de los sujetos. En palabras de CARO CoRIA, la tutela judicial efectiva se compone de el libre acceso a la jurisdicción (entendido como el derecho que garantiza al individuo la posibilidad de acceder al proceso jurisdiccional), el libre acceso a las instancias (contar con recursos efectivos), una resolución fundada (que sea motivada) y el derecho de efectividad (derecho de ejecución)". 2.4. LA JUSTICIA RESTAURATIVA COMO MODELO EVOLUTIVO DE RESPUESTA ANTE EL DEUTO

2.4.1. Ámbito internacional Mediante un movimiento social, ocurrida en 1972, surge en Canadá el modelo de justicia restaurativa para delincuencia juvenil. Este que origina la vida social, en forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación". Lo anterior significa, en primer lugar, que el debido proceso exige la existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo para garantizar el derecho fundamental a la justicia, que es la más importante manifestación del derecho de petición consagrado en los artículos 27 -en general- y 41 -en especial-ele la Constitución". 4

Cfr. CARO CoRIA, Dino Carlos, "Las garantías constitucionales del proceso penal", en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, año 12, t. II, Montevideo: Konrad-Adenauer-Stíftung E. V., 2006, pp. 1029-1032. Ver, en el mismo sentido, Sala Constitucional N.° 1193-95, de las 9:18 hrs, del 3 de marzo del 2005, referido a una consulta de constitucionalidad de la Sala Tercera.

84

] AP()R_TES Y REJ.>t-'.Hf;tiS!_()NT:S

()E

LOS PROCESOS EXPEDt"f()S

modelo posteriormente llegó a los Estados Unidos de Norteamérica a través de la figura procesal de la diversión, como un mecanismo de resolución pacífica entre victima y delincuente, superando el encierro como respuesta al delito y posibilitando el acercamiento entre ofensor y víctima, mediante un proceso conciliador. El programa "Educación para la Paz de Iglesias" de Guatemala ha señalado que el primer caso donde se cumplió la justicia restaurativa fue en Ontario, donde dos jóvenes fueron detenidos posterior a come . ter hechos de vandalismo en la comunidad. La solución fue obligar a reparar los daños ocasionados y conversar con las veintidós familias afectadas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la justicia restaurativa como una "respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades" (Vid. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas del 2002). De acuerdo con ello, el proceso restaurativo es un modelo donde víctima, delincuente y miembros de la comunidad participan activamente con la ayuda de un facilitador. Dentro de las soluciones se incluyen programas de reparación, restitución, servicio a la comunidad, todos ellos encaminados a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas que se hayan generado así como potenciar la reintegración pacífica de víctima y delincuente a la sociedad. Como procedimiento restaurativo constituye un complemento útil del sistema penal establecido. Mediante la Resolución N. 200/ 14 del Consejo Económico y Social, anexo modificado por el grupo de espertos sobre Justicia Restaurativa, estableció en el preámbulo de la "declaración de principios sobre los programas de justicia restaurativa en materia penal" que el enfoque restaurativo de a las víctimas la oportunidad de obtener reparación, sentirse más seguras e intentar cerrar una etapa, permite a los delincuen- tes comprender mejor las causas y los efectos de su comportamiento y asumir una genuina responsabilidad y posibilita a las comunidades o

m

<> @

85

ALFR.EDO AHAYJ\ \/Ec:;t\

j ·

. . 1 . �.L t. c-'om .. llp l-a'�-s�-� c.,o,,·..·.r�...i, ' > · n .p.r. ._.Y \"'!f;.','l.",.,,,'."..!_. d elictiva I'CP_,.__;1(_,. } "--'lt--,u...,�s,..,....:ts,J l -".. .;,.. u. n.i...,\d..'sa..�s·,) -� of ,� ;,,. ¡['J bienestar comunitario y prevenir fo delincuencia. 1

'..-

,,t-':1-,..

:-'··

.1,_••

.4'!,..,;,._

...,.,"�'-

(.;:.,

En resumen, se trata de un mecanismo de desjudicialización donde la participación de la víctima tiene un carácter esencial no solo en la aplicación de la salida alterna sino también en la decisión judicial adoptada. Se logra romper con las tesis retributivas y restauradoras heredadas del conflicto penal instituyendo un nuevo paradigma de justicia restauradora. Se trata de una concepción moderna donde el delito produce un conflicto, por ello los intervinientes directos e indirectos participan activamente a través del diálogo en la solución armoniosa del hecho delictual, mediante un método desforrnalizado y desjudicializado. 2.4.2. Nuevo modelo de respuesta al delito Producto del aumento de la percepción de inseguridad ciudadana, ineficiencia e ineficacia del Poder Judicial, excesiva duración de procesos judiciales y desconfianza ciudadana en la administración de justicia, se introdujeron en los últimos diez años reformas legales y procesales que en gran medida exacerbaron el conflicto social. Desde el punto de vista sustantivo se incrementaron el catálogo de delitos en especial de peligro abstracto o común, una mayor criminalización de delitos contra Ia propiedad de poca monta, un exceso de los extremos mínimos

de las sanciones penales generando desproporción entre los hechos y las consecuencias de la misma. En las normas adjetivas: se redujeron el catálogo de delitos en los cuales era posible acudir a salidas alternas, se bloquearon las salidas alternas en delitos de peligro abstracto y en especial delitos pluriofensivos donde el Estado es víctima o representa los intereses y por último se limitaron el número de salidas alternas a una cada cinco años. Estas reformas basadas en políticas de "ley y orden", tuvieron un efecto inmediato; se incrementó la población pe·nitenciaria en un 30 % los cuales en su mayoría deben descontar penas de corta duración. Es en ese contexto como Costa Rica mediante la frase: "a través del diálogo se hace justicia", implementó desde el 2012 el modelo de justicia restaurativa como un mecanismo resolutor de

86

t .

_t"-f'.J'U"-f'P.... JC

conflictos judiciales; para ello creó un grupo interdisciplinario de juez, defensor, fiscal, trabajador social. y psicólogo que de manera conjunta y armoniosa abordan los casos y potencian en las partes la solución del conflicto mediante los llamados "círculos restaurativos". Así, la justicia restaurativa nace como un mecanismo resolutor amistoso para revertir los altos índices de personas prisionalizadas. Los mensajes de incremento del castigo fundado en un alto punitivismo conllevan un endurecimiento social, un ánimo vindicativo y de rechazo a la resocialización. Por estas razones, la justicia restaurativa involucra a la sociedad y a las personas directa e indirectamente lesionadas con el actuar ilícito, y restaura las relaciones humanas y recompone el tejido social dañado con el fin de buscar soluciones duraderas y satisfactorias, según los acuerdos establecidos por las partes. Este modelo se justicia restaurativa se ha realizado en Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Bélgica, Francia, Italia, Finlandia, Noruega, Alemania, Austria, España, Japón, Brasil, Sudáfrica, Australia, Costa Rica y Colombia. 2.4.3. Principios

Dentro de los principios de la justicia restaurativa se encuentran la voluntariedad de las partes, la confidencialidad, la escucha activa, el respeto entre los participantes, la búsqueda de la reparación del daño ocasionado, la responsabilidad activa y la respuesta al llamado judicial. 2.4.4. Papel comunitario

La comunidad tiene un papel preponderante en este mecanismo resolutor, dota del espacio de resolución, participa del abordaje, supervisión y cumplimiento, contribuyendo con ello en el control de la ejecución de los proyectos a satisfacción del mayor número de personas como ejercicio componedor del acto ilícito. Se rompe el monopolio estatal en la cobertura de los delitos, se supera la neutralización de la víctima, introduciendo ese nuevo modelo del renacimiento de la víctima.

87

. /\LF.RFl)O .J\RAY/-, ···JEG/1.· ]

Por último, este mecanismo sirve de método de prevención especial positiva hacia terceros en la comisión de hechos delictuales y una mayor confianza de la sociedad en la composición del hecho lesionado, además de equilibrar los ingresos económicos y benefi- cios de los trabajos que se realicen en favor de la mayor cantidad de personas. 2.4.5. Requisitos

Dentro de los requisitos sobresalen: Debe estar autorizado por ley. Solo para delitos cuya sanción abstracta permita el beneficio de ejecución condicional de la pena. Sea una pena de tres años o menos de prisión. Debe contar con viabilidad probatoria de la comisión del hecho ilícito. La persona juzgada no debe tener antecedentes penales. No debe tener salidas alternas en los últimos cinco años. 2.4.6. Abordaje El procedimiento es el siguiente: Ingreso al Ministerio Público. La causa penal ingresa a la fiscalía, momento en el cual, conforme a la valoración inicial, el Ministerio Público debe recabar la totalidad de elementos probatorios que permitan vincular de modo suficiente y eficiente a la persona investigada en el evento delictivo. A esto se le denominará "viabilidad probatoria". Cumplimiento de requisitos. El Ministerio Público verificará que el imputado cumpla con los requisitos de ley que le posibiliten acudir a la salida alterna. e

Se invita a las partes a reflexionar con sus asesores legales (fiscal y defensor) sobre su caso particular y a decidir la solución 0" ..

88

Í .i\PORfE.S Y R.J'.PEH.{:US!ONES .!JE -!..{)S PHO(ES-OS EXPl\l)IT"OS

que sea más justa y conveniente, posteriormente inician las conversaciones para los acuerdos y su concreción. 2A.7. Estado actual En la actualidad se llevaa cabo en materia penal de adultos, trata· miento de drogas bajo supervisión y justicia penal juvenil. Se trata de una respuesta evolutiva del delito, un cambio de paradigma que favorece el entendimiento y propone la armonía entre las personas, contribuyendo con esto a la paz social y a la recuperación de la víctima, el delincuente y las comunidades; al tratarse de un daño que trasciende a esta última. De este modo, la Justicia Restaurativa es un complemento del sistema de Justicia Penal, no su sustitución. Se trata de una respuesta dual a un problema social existente, separando la acción penal y potenciando la solución alterna al conflicto mediante un abordaje humano e integral; psicosocial, Dentro del grupo de trabajo se encuentra un defensor, un fiscal, un psicólogo, un trabajador social y un juez. En este proceso se respetan las garantías judiciales pero ante todo se potencia la salida armoniosa al conflicto. Es claro que las salidas alternas así entendidas cumplen un rol de prevención general positiva realizándose un aporte importante en el logro de la paz social y el bienestar común, mitigando los efectos nocivos implementados por la justicia ordinaria de la respuesta carcelaria como única opción. 3.

RESULTADOS DEL PROCESO INMEDIATO REFORMADO

3.1. BENEFICIOS

Debe tenerse presente que la justicia en una democracia tiene una serie de funciones: Resolver el conflicto Evitar el retraso judicial Propiciar una buena atención al usuario

89

ALFREDO MAYA VEGA

i

Simplificar el proceso Acelerar el proceso sin menoscabo de los derechos de las partes Realizar un manejo adecuado del despacho y expediente O

Evitar la actividad judicial innecesaria Obtener los mejores resultados con iguales costos

A través de la simplificación del proceso mediante la instauración del proceso inmediato reformado se ha logrado parte de los fines, pero no todos: Resolución pronta de casos. Este trámite favoreció la resolución oportuna de la situación jurídica de los acusados, la reducción de los plazos de la prisión preventiva (presos sin condena), y un acercamiento de la víctima al proceso con una atención personalizada y una participación activa. º

e

Celeridad procesal. Se ha logrado la resolución eficiente y muy pronta de los conflictos. Procedimiento oral. Uno de los logros más importantes ha sido la verdadera implementación de la oralidad en las diferentes etapas del proceso. Manejo debido de evidencia. A llevarse a cabo un juzgamiento cercano al evento, las evidencias se encontraron más disponibles para las partes y no resguardadas en depósitos de objetos de forma extensa. Debiéndose agregar la prontitud en la devolución de los objetos a la víctima. Reducción de plazos de espera policía. Uno de los temas por resolver con el procedimiento ordinario o método habitual, era la tardanza en la recepción de los detenidos y los informes policiales. Con este nuevo modelo de trabajo, la atención de los oficiales de policía se ha reducido notablemente. Eficiencia jurisdiccional y mayor participación de víctimas y testigos. En pocos días los asuntos presentados ante el juez se resuelven de modo definitivo, pues la víctima del proceso se 90

· :, :@UP.. . .

! APOft.n.-.::s y H.EPL:H(>..!Sl()NE!:; f)E LOS PROCESOS "EXPF.DI'l'OS

mantiene atenta al avance del proceso y acude al proceso apor·tando sus elementos de prueba. Mejor utilización de recursos (tanto humanos como materiales). Se disminuyen tiempos de espera, se reducen trámites en despachos, se logra la despapelización y la eficiencia del recurso humano, a través del mayor uso de los recursos tecnológicos y ele la infraestructura, por tratarse de horarios continuos. e

e

Justicia pronta y cumplida conforme a la ley. Con el cumplimiento de los plazos establecidos por el legislador en las diferentes etapas procesales, se cumple el requerimiento constitucional de justicia oportuna. De esta forma, se ha logrado una doble finalidad: dar certeza jurídica a situaciones pendientes, así como una resolución oportuna a la víctima del conflicto planteado ante la administración de justicia. Se logró una profundización de la contradicción y participación de las partes afectadas por el conflicto, lo cual permitió una mayor rapidez en el desarrollo del procedimiento, el cual se agiliza por la desformalización del proceso. Se optimizó la gestión de causas, se profundizaron los rasgos centrales del sistema acusatorio, por la división de funciones de las partes procesales, y se potenció el mayor ejercicio del derecho de defensa en el proceso. Se logró un dinamismo procesal a través de la abreviación de plazos.

Se ajustaron los procedimientos a las demandas del modelo constitucional -una justicia con rostro humano y de calidad-. donde las peticiones de las partes son resueltas por el juez en audiencia, de manera oral y fundamentada, en un lenguaje accesible para todos. "

Se mejoró la capacidad de respuesta del sistema penal a los conflictos de los ciudadanos y, en consecuencia, la imagen institucional del Poder Judicial, que ciertamente estaba deteriorada ante la opinión pública y los afectados por "soluciones" tardías,

91

/\LF!{EDO /\.Rt\Y/\ VE(;.p,

Í

que en ocasiones no satisfacen las necesidades y expectativas de víctimas ni de victimarios. Se mejoran los derechos procesales de las víctimas, pues se le explican las posibilidades, sus derechos y deberes, y se atienden de inmediato sus intereses (se recibe una mejor calidad de información, puede participar rápidamente en la solución). Se logró la utilización única de la oralidad (reemplazando trámites escritos con un proceso penal por audiencias), que facilita la adversariedad, ®

La oralidad potencia la publicidad y la contradicción, por cuanto no solo el imputado y las partes escuchan los razonamientos judiciales, sino que la sociedad puede ser el contrapeso necesario de la función judicial. Se promueve una resolución con potenciación humana y de recursos tecnológicos, y se utilizan medios digitales para resguardar documentalmente todas las etapas del proceso (investigativa: las pruebas existentes; jurisdiccional: de las diferentes audiencias orales desarrolladas). Además, se suprimen los documentos de notificaciones y lo retardatario de esta gestión, ya que se notifica en el acto a las partes.

"

Con la oralidad, se da un efectivo uso de recursos tecnológicos. Los resultados exitosos percibidos, no solo señalan una pronta respuesta a la sociedad ante la comisión de un delito, sino que han demostrado que se respetan los derechos y garantías constitucionales de todas las partes procesales y se otorga una efectiva solución al congestionarniento de casos en trámite. Es un procedimiento acorde a la ley y a la Constitución, por ser respetuoso de las garantías y derechos fundamentales de todas las partes. La garantía de la duración del proceso se per- cibe desde dos perspectivas: una como derecho al acceso de la justicia de la víctima, y otra como el derecho del imputado a un proceso ágil y rápido que brinde seguridad jurídica.

e

No es el medio para resolver los problemas de seguridad ciudadana de manera única (concepción populista y demagógica), 92

¡

APOR'1'ES Y H.EPERCUS!(}NES DE "i l)S PROC'.ES{)S FXPFf.ifT'OS

sino un mecanismo pardal para brindar una respuesta pronta a procesos sencillos (que por su notoriedad no requieren una in vestigación profunda), que afectan directamente a fa sociedad. Son un aporte significativo para la lucha contra la violencia urbana, como instrumento para devolver, por medio del derecho, el equilibrio social a los ciudadanos mediante la respuesta oportuna a los conflictos. Dentro de los aspectos negativos visualizados al proceso inmediato reformado hemos podido visualizar que han existido casos (Buscaglia, Chu Serrato, caso Tacna y Arequipa sobre pena perpetua, Sullana, Lima Norte) donde se ha evidenciado:

La ausencia de garantías judiciales mínimas para las personas investigadas. �

e.

Se puso en evidencia la baja preparación de las defensas, el alejamiento de los criterios de representación en formulación de impugnaciones contra actos (casos Chu Cerrato y Buscaglía). Se pone entredicho la objetividad del Ministerio Público en el ejercicio de la persecución penal. Se duda de la transparencia de la policía actuar (caso Lima Notte)

"

judicial en su

Se ha evidenciado las falencias profesionales de abogados defensores, fiscales, jueces en el sistema de justicia. Se visualizó los problemas comunes de ausencia de imputación concreta adecuada y de un proceso judicial equilibrado.

e

Se representó las altas penas existentes para delitos de poca gra·vedad, sin una debida proporcionalidad y ponderación equilibrada (véase el Acuerdo Plenario N.º 01-2016/CIJ--116 que eiemplificó la ausencia de proporcionalidad de la pena en un caso bien se hubiera tramitado mediante el proceso ordinario). Ha proliferado "falsos redentores" que han utilizado el proceso para autopostularse a cargos, tomar fama, ascender en jerarquías y hasta lograr reconocimiento social popular de sus decisiones.

93

..:\.l.,F1:l]�:l:)() /\R.i\Y,\ VEGt\ f

3.2. POSIBILIDADES DE 1\/!:EJORA

a) Establecer una Comisión Constitucional de Política Criminal, órgano interdisciplinario que brinda asesoría legal al Poder Legislativo. b) Incorporar los mecanismos de justicia restaurativa y mecanisrnos alternos a la prisión (piénsese mecanismos electrónicos de monitoreo), e) Es saludable los procesos de aceleración sin disminución de garantías. Retomar el adecuado concepto de flagrancia como la percepción sensorial de un delito. d) Capacitar a los funcionarios judiciales y abogados litigantes en el sistema acusatorio garantista, a través de las escuelas judiciales, colegios profesionales, universidades, centros de estudio e institutos.

e) Visualizar la experiencia comparada de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Argentina y España en el desarrollo de los procesos rápidos. f) La debida aplicación del Acuerdo Plenario N.º 02-2016/CIJI 16, sobre la aplicación del proceso inmediato, emitido por la Corte Suprema de Justicia. 4.

REFERENCIAS BIBUOGRÁHCAS

CoRIA, Dino Carlos, "Las garantías constitucionales del proceso penal", en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, año 12, t. H, Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung E. V., 2006.

CARO

Irvin, Menos represión. Más seguridad, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2007.

WALLER,

Raúl, "Naturaleza y necesidad de los consejos de política criminal", en CARRANZA, Elías (coord.), Justicia penal y sobrepoblacum penitenciaria. Respuestas posibles, México: Siglo Veintiuno, 2001.

ZAFFARONI,

lll"

94

..

,pt .•.... ·

E-1·..wL -

(""

Lh

R A cr·1, -"l',j "l '-".'/IR, ·- ir : ··lr-""''Htl'""'·r� oN'· --rc· J\' L ;.r.s.i ,', ·l '.1X 1

"

.,J.,Í \....

-

r .

· . -

.,

i H

) /'" 1

,.,;}¿_¡'!,.

'. J i-

"-..

DEL PilOCES() Il\JMEDIAT'C) EI'J EL 1)EC'R":C'1MO L E(--, ISI A'T'"I'\TQ N º 1 ., 9., Jt _., , !C., • . Jr - _,/:1,_ - 'W" " • 4 _J

Ji. j_

Especial referencia a los presupuestos materiales" MERCEDES HERRERA GUERRER(}'"'' Universidad de Piura

SUMARIO:

1.

INTRODUCCIÓN

El D. Leg. N.º 1194, del 30 de agosto del 2015, introdujo importantes modificaciones a uno de los mecanismos de simplificación procesal, concretamente a un proceso especial ya regulado por el CPP del 2004: el proceso inmediato. La aplicación de esta norma generó una serie de problemas en la práctica, incluso se adoptaron una serie de decisiones judiciales que

.y.

Para la elaboración de este trabajo se hará uso de diversas ideas utilizadas por la autora en recientes publicaciones de la revista Actualidad Penal. Máster en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá (España). Doctora en Derecho (Doctorado europeo) por la Universidad de Navarra (España).

95

MERCEDES l·IERRER,\ GUERRERO

I

distan mucho de ser justas, sobre todo en relación con delitos graves, o en casos en los que era necesario evaluar con más detenimiento el caso concreto y realizar más actos de investigación. Ante la complejidad de los problemas que suscitó la aplicación del D. Leg. N.º 1194, se vio conveniente realizar un Pleno [urisdiccional Extraordinario en el que participaron diversos especialistas. Como resultado de esta labor de análisis y estudio de la aplicación del proceso inmediato, se emitió el Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016/ CIJ-116, publicado en El Peruano, el 4 de agosto del 2016. En las próximas líneas, intentaremos subrayar el carácter excepcional del proceso inmediato conforme al D. Leg. N.º 1194. Tal característica esencial de este procedimiento acelerado se relacionada estrechamente con los presupuestos materiales de aplicación de este mecanismo de simplificación procesal. Se trata sin duda, de uno de los tópicos más relevantes que desarrolla el AP Extraordinario N.º 2-2016/CIJ- I 16, ya que estamos frente al aspecto de mayor incidencia práctica. Si nos preguntamos acerca de la constitucionalidad del proceso inmediato según el D. Leg. N.° 1194 y del debido proceso en los casos juzgados conforme .a este procedimiento, la respuesta solo puede encontrarse en los fundamentos o presupuestos del mismo. Solo a partir de una correcta delimitación de cuándo debe aplicarse "obligatoriamente" este procedimiento especial, es posible alcanzar soluciones que hagan compatibles el debido proceso con la celeridad procesal. El procedo inmediato es excepcional, no es una regla, ni debe utilizarse en todos los casos. La característica de excepcionalidad se encuentra estrechamente vinculada con la celeridad propia de esta institución. Recordemos que el CPP instauró procedimientos especiales, e incluyó determinados mecanismos de simplificación procesal. Alguno de estos mecanismos puede implicar la supresión o disminución de ciertas garantías procesales. .. o •

96

I El. CARAGJ}�R EXCEPCIONAL DEL P.ROCESO fNMEDJAIO I'.:N EL .DECRE'f() LEGJSLt
Asimismo, es preciso advertir que el proceso "garantista" por excelencia es el proceso penal carmín, con etapas claramente definidas y plazos establecidos por ley (para algunas etapas y actos procesales). Los procedimientos especiales que prevé el CPP, responden a una lógica excepcional, se sitúan en el marco de situaciones especiales. En este contexto, el proceso inmediato busca dar respuesta ademandas de celeridad, en determinados contextos procesales, se trata de un mecanismo de simplificación procesal. En efecto, la excesiva duración de los procesos penales puede afectar los derechos del imputado y de la víctima (en tanto el primero espera la pronta definición de su situación jurídica y la segunda la reparación oportuna del daño causado), y en este sentido, se persigue un objetivo legítimo: la satisfacción del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la reparación con eficacia y celeridad de las necesidades económicas de la víctima'. No obstante, la legítima finalidad de los denominados mecanismos de simplificación procesal, no puede absolutizarse la celeridad procesal. Si bien es cierto que los procedimientos simplificados pueden contribuir a disminuir y gestionar de forma eficiente la carga procesal, la celeridad y economía procesal no pueden buscarse como fin a cualquier precio, es preciso realizar una delimitación concreta y una sistematización debido a los problemas que suscita la renuncia a ciertas etapas procesales2. Y más aún, no puede ignorarse la perspectiva sustantiva, la necesaria coherencia sistemática de estas figuras. Se debe determinar también hasta qué punto son compatibles con el derecho penal material". Como exponentes de la tendencia a la simplificación del proceso penal a nivel comparado tenemos: en España el proceso penal abreviado, establecido por la LO 7 /1988 de 28 de diciembre, los denominados "jui-

Sobre este último punto vid. MIRA Ros, Corazón, Régimen actual de la conformidad, Madrid: Colex, 1998, p. 206. 2

Vid. HAACK, Tim, Die Systematik der vereinfachten Strafverjahren, Baden-Baden: Nomos, 2009, p. 13 y ss,

3

Sobre el particular véase, HERRERA GUERRERO, Mercedes, La negociación en el nuevo proceso penal. Un análisis comparado, Lima: Palestra, 2014, p. 193 y ss.
97

NIER.CEDES 1--Jf'._RftEH./\ G"UERRERO j

cios rápidos", introducidos mediante LO 8/2002 y Ordinaria 38/2002, cuya aplicación se refiere a delitos flagrantes y a hechos punibles cuya investigación resulte sencilla y que por medio del otorgamiento de mayores facultades al Juzgado de guardia, a la Policía Judicial y al Ministerio Fiscal posibilita el juzgamiento o la emisión de sentencia de conformidad =-según sea el caso-�- en un plazo más breve. En Italia el Codice di. procedura penale de 1988 contempla el gíudizio abbreviato (art. 438 y ss.), l'applicazione della pena su rtchiesta de lle partí o pateggiamento (art. 444 y ss.), giudizio diretttssimo (art. 449 y ss.), giudizio immediato (art. 453 y ss) y procedimento per decreto (art. 459 y ss). En Alemania la StPO regula tres tipos de procedimientos simplificados: el juicio sumario (das Stra[oefehlsverharen o Verfahren bei Strafbefehlen) § 407 StPO y ss., el proceso acelerado (Beschleunigtes Verfahren) § 417 StPO y ss, y sobresimiento de la causa bajo condición (Einstellung unter Auflagen und Weisungen) § 153 a. Asimismo, los acuerdos en el proceso penal forman parte de la práctica procesal penal desde los años 704. En el 2009 se aprobó la ley respectiva (Gesetz zur Regelung der Verstéindigung im Strafverfahren). En Latinoamérica, el movimiento de reforma que tomó como base el Código Procesal Penal, modelo para lberoamérica de 1988 y que impulsó la aprobación de nuevos códigos en materia procesal penal en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Perú, Panamá y República Dominicana se caracteriza por la inclusión de mecanismos de simplificación procesal, cuyo fin es disminuir eficazmente la carga procesal, definir con rapidez la situación jurídica del imputado y contribuir a la oportuna reparación de la víctima",

Strafverfahrensrech, 27.º ed., Múnich: Beck,

4

Vid. RoxIN, Claus y Bernd 2012, p. 96 y SS.

5

Vid. ÜRÉ GUARDIA, Arsenio y Liza RAMOS

ScHÜNEMANN,

DÁVILA, "Aspectos comunes de la reforma procesal penal en América Latina", en AsENCIO MELLADO, José María y Olga FUENTES SORIANO, (coord.) Nuevos retos de la justicia penal, Madrid: La Ley,

2008, p. '72 y SS.

98

¡ FL CARACTEÚt l:'·'.XCFPC:JONAL DEL PRC1C;.ESO INJVIE.DlA'T'O FJ>i EL .DEC'.RETO LEG.ISL/\T!.VO N.'� J 194 En el nuevo modelo procesal, y especialmente en los diversos mecanismos de simplificación procesal, subyace una visión de la persecución penal que convierte el uso de tales mecanismos en una cuestión de estrategia que permite una amplia diversificación de la respuesta punitiva del Estado para combatir el gran problema de la carga procesal". El D. Leg. N.º 1194, que modifica el proceso inmediato nace en un contexto de inseguridad ciudadana y demanda de intervención punitiva por parte del Estado; como puede advertirse de la propia norma, se da en eI marco de la Ley N.º 30336 -que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado-. En suma, la finalidad clara de la norma que analizamos es hacer frente de manera eficiente a la criminalidad. No obstante, tanto estudios empíricos como investigaciones de ímportantes autores alemanes, muestran que la eficacia preventiva de la intervención estatal a través de la amenaza de la pena o de la ejecución de la pena dista mucho de ser significativa. A este tenor, los estudios empíricos realizados por ScHUMANN muestran que la influencia del. derecho penal en la moral social se ha sobrevalorado, que los penalistas corren el peligro de atribuir al derecho penal una eficacia mucho mayor a la que realmente tiene". Asimismo, HAsSEMER afirma que la prevención general presenta tres requisitos empíricos: a) los ciudadanos en los que se espera surta el efecto preventivo-general deben estar informados; b) los destinatarios de la norma deben ser susceptibles de motivación a través de esos factores, y e) la motivación debe ser causada por el factor

6

7

Alberto, "Tensiones político-criminales en el proceso penal", en BlNDER, Alberto y Víctor BURGOS MARIÑOS, Horst ScHóNBOHM, Florencio M1xÁN MÁs, Julio César CASTAÑEDA Díxz, Niccy Mariel VALENCIA LLERENA y Silvia CUAN CHANG, La realidad de la reforma procesal penal en el Perú, Trujillo: Ediciones BLG, 2009, p. 35. Vid. ScHVMANN, Karl, Positive Generalpravention. Ergehnisse und Chancen der Forschung, Heildeberg: C.F. Müller, 1989, pp. 51 y 52. Vid.

BINDER,

99

. preventivo-general. En este punto resalta además, que la norma no incide directamente en el actuar del afectado, sino que la prevención depende de numerosas instancias de comunicación, por ejemplo los medios y otros grupos sociales8• La prevención general es, en efecto, un complejo entramado, que solo es susceptible de comprobación empírica de un modo limitado. Conceptos como "seria afectación de la confianza en el derecho por parte de la población" o "conmoción de la confianza de la población en la inviolabilidad del ordenamiento y protección del orden social" empíricamente pueden proporcionar información sobre la actitud y los conocimientos del ciudadano. Sin embargo, la ponderación de estos resultados empíricos y su valoración de acuerdo con las exigencias del deber ser jurídico-penal sigue siendo una cuestión normativa9• La discusión acerca de la dificultad de probar empíricamente la verdadera eficacia preventiva de las normas penales no es un tema zan- jado. De una parte, a través de una mera observación se constata, que a pesar de toda la criminalidad, la mayoría de la población se comporta de modo fiel al derecho. Con ello, sin embargo, no se resuelve aún la pregunta de en qué medida esa fidelidad al derecho se puede adjudicar a la prevención general positiva o negativa 10. Los estudios empíricos realizados efectivamente muestran que la eficacia preventiva del derecho penal es limitada, mucho más modesta de lo que muchos autores suponen". La prevención general como tal

�--·--· 8

Vid.

Winfried, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2." ed., Múnich: C.H. Beck, 1990, p. 310 y ss,

9

Vid. ScHÜCH, Heinz, "Empirische Grundlagen der Generalpravention", en VoGLER, Theo (edit.), FS für Hans-Heinrich [escheck zum 70. Geburtstag, Berlín: Duncker & Humblodt, 1985, p. 1083. 10

HASSEMER,

Vid. Rox1N, Claus, Strafrecht Algemeiner Tell, 4.º ed., Múnich: Verlag C. H.,

2006, p. 81. 11

A esta conclusión llega también HóRNLE, Ta tja na, "Claus Roxins Straftheoretischer Ansatz", en HEINRICH, Manfred, Christian JAGER, Hans AcHENBACH, Knut AMELUNG, Wilfried BoTTKE, Bernhard HAFFKE, Bernd ScHÜNEMANN y Jürgen o • e

100

¡

F'.L Cr\RACThR. EXCEPCIONAI.. !)Ei.. PROCESO f.NfvlE.f)[,'\,:l'O EN EL 1)EC:Rlrl'() LECIS'i.. AT'tVO N.···· 1191,1

es una tarea que no le corresponde exclusivamente al derecho penal, sino que se refiere a la generalidad de los ciudadanos". Como afirma

HAsSEMER hay muchos otros medios estatales o sociales, tales como la educación y la familia pueden contribuir en mayor medida que las penas a la prevenc1·'on de d e 1·itos n, . Aplicando las anteriores consideraciones al proceso inmediato reformado por el D. Leg. N.º 1194, fácilmente se advierte que la fina-Edad de combatir la criminalidad no puede lograrse a través de este mecanismo de simplificación, no de manera significativa. Más aún, los alcances de prevención general se atenúan frente al carácter excepcional del proceso inmediato. 2.

EL CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL PROCESO INMEDIATO A PARTIR DE SUS PRESUPUESTOS MATERIALES

2.1. LA EVIDENCIA DELICTIVA

Una terminación "acelerada" del proceso es, desde la óptica de Ia economía procesal, de gran ventaja para el fiscal, el juez y el acusado; sin embargo, esta puede ser en ocasiones difícilmente conciliable con un Estado de derecho. Incluso en casos de delito flagrante, tanto el acusado como el fiscal necesitan tiempo para valorar los hechos de acuerdo con los elementos de convicción con los que se cuenta. Además, el acusado necesita tiempo para ejercer adecuadamente su derecho de defensa, en este caso, para hablar con su abogado, analizar detenidamente los hechos y los indicios con los que se cuentan y elaborar su estrategia de defensa. Asimismo,' el fiscal debe contar con el tiempo suficiente para decidir tanto la calificación jurídica correcta, como la pella que puede proponer según el derecho y los indicios existentes. WoLTER (edits.), Strafrecht als Scientia Universalis. FS [ur Claus Roxtn zum 80. Gebuitstag am 15. Mai 2011, Berlín; De Gruyter, 201 l, p. 8.

12

Vid.

KAuFMANN,

Arrnin,

Die

Aufgabe

des

Strafrechts,

Düsseldorf:

Westdeutscher Verlag, 1983, p. 17. 13 ss,

Vid. HASSEMER, Einfiíhrung in die Grundlagen des Strafrechts, ob. cit., p. 31 O y

101

tv'll\HCEDES l-l.ERRERI\ GUERRERO

i

La celeridad procesal no puede erigirse en un valor absoluto e irrestricto. Su aplicación debe ser compatible con la toma de una decisión justa y que asegure la paz social; de lo contrario estaríamos frente a un proceso antijurídico!", en el que también podrían darse importantes vulneraciones a derechos y garantías procesales de carácter fundamental, como el derecho de defensa en sus distintos aspectos �--entre otros, el plazo razonable para preparar la defensa=-. En el AP Extraordinario N.º 2-2016/CIJ-11615 , se reconoce que el proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal, y como tal, implica una reducción de etapas procesales, que en este caso se justifica por la "evidencia delictiva suficiente" y la simplicidad procesal o ausencia de complejidad. A contrario sensu, cuando no concurren estos dos presupuestos, la celeridad propia de este procedimiento especia] puede ir en desmedro de la justicia, y en este caso estaremos frente a una aplicación inconstitucional del proceso inmediato, al limitarse irrazonablemente las posibilidades de defensa del imputado y la necesidad de esclarecer la verdad material en el proceso. En este sentido, la obligatoriedad del proceso inmediato está condicionada ineludiblemente -como acertadamente lo han reconocido los jueces supremos en el AP Extraordinario citado-- a que concurran en efecto, los dos presupuestos básicos, que político-criminalmente subyacen al D. Leg. N.º 1194: i) evidencia delictiva suficiente y ii) la ausencia de complejidad. Con acierto, se establece asimismo, que la interpretación acerca de los presupuestos del proceso inmediato debe hacerse de modo restrictivo, de conformidad con el art. VII. 3 del TP del CPP: "La ley que coacte 14

15

Vid. Gossst., Karl-Heinz, "Quo Vadis, Strafverfahren? Zweckma ísigkcit versus Gerechtigkeit: Vom rechtsstaatlichen Strafprozess zum geheimen Wíllkürverfahren in der babylonischen Gefangenschaft der justiz", en Festechrift für Gerhard Fezer zum 70. Geburtstag am 29. Oktober 2008, Weblau, Edda / Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Berlín 2008, p. 502 y ss. Vid. CORTE SUPREMA, Acuerdo Plenario Extraordinario N. º 2-2016/CJJ-116, Lima: 1 de

junio del 2016, f.j. n." 7.

102

·)$Q$J.. ....

"

u

l,

. i n eer r ad. o te.l eJ � re 1 .e 1 0

¡� 1 _

º(

-..,

. ,'

.•

•

..

c e ·J)

,

" ir ·· �

, ,J S

c"{ e�\·r" e....c.... h· ose

p roc�'e-" '<s! al� eso o11e-"- rjna's p. e.,.,,rs' o..n, an sc , a,· s,(•-í' como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente L . .]". En efecto, la valoración del cumplimiento o no de los requisitos o presupuestos del proceso inmediato debe hacerse de conformidad, no solo con las normas del TP de nuestro Código adjetivo, sino también de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, en cuanto reconocen y regulan derechos fundamentales al imputado y otros sujetos procesales. .. .

De acuerdo al fundamento jurídico 8 del AP Extraordinario N.º 2-2016/CIJ-116: L,1 "prueba evidente" o "evidencia delictiva" se define a partir de tres instituciones, dos de ellas con un alcance legislativo en el propio CPP --que es pertinente matizar para los efectos de los alcances del proceso inmediato=-: delito flagrante, confesión del imputado y delito evidente. Su objetivo o efecto es meramente procesal. Estriba, instrumentalmente, en concretar el ámbito de aplicación de un procedi miento especial más rápido y sencillo, menos formalista y complejo que el común u ordinario.

En este sentido, la aplicación del proceso inmediato requiere desde el inicio notoriedad y evidencia de los elementos de cargo, es decir que exista suficiente verosimilitud acerca del hecho delictivo y de la participación del imputado en el mismo 16• Desde nuestra perspectiva, la evidencia delictiva debe entenderse como probabilidad alta, como aquel grado de convicción que como regla general, debe haber alcanzado el fiscal para acusar. Así, para poder someter una causa al proceso inmediato, el fiscal debe contar con todos los elementos (declaración de los agraviados, acta de intervención, pericias, etc.) que le permitan inferir una causa probable, teniendo en cuenta que

16

Sobre este punto véase

SAN MARTÍN CASTRO,

Lecciones,

Lima: Inpeccp-Cenales, 2015, p. 803.

César, Derecho procesal penal.

@

..

"

103

MERCEDES lIERREHi� GUEHJ,ERO

i

en un lapso de 24 horas formulará acusación. El D. Leg. ]\L.º 1194 al hablar de "obligatoriedad" pareciera pretender la "automaticidad" del fiscal. De no existir los elementos de convicción suficiente, es decir, de no haber evidencia delictiva suficiente, no es posible tramitar un caso conforme a las normas del proceso inmediato. Ahora bien, la evidencia delictiva con la que cuente el fiscal debe aprobar un "test de credibilidad o razonabilidad", solo así podrá aplicarse de forma constitucional una vía tan célere como es el proceso inmediato. Puede ocurrir, que el fiscal cuente ya con diversos elementos de convicción, por ejemplo, el acta de intervención en delito flagrante, el acta de incautación del arma, peritaje de balística forense, antecedentes penales por tenencia ilegal de armas y otros delitos vinculados, declaración de testigos, etc. No obstante, si la defensa cuestiona +-aportando elementos de convicción pertinentes- la legitimidad de la intervención, la veracidad del acta y aporta otros elementos sobre presuntas irregularidades en el desempeño de las funciones policiales de los efectivos que realizaron la intervención, no se supera el test de credibilidad, necesario para poder juzgar un caso de modo acelerado. ElAP Extraordinario N.º 2-2016/CTJ-116, siguiendo el orden establecido en el art, 446 del CPP, desarrolla como supuestos de evidencia delictiva los tres previstos en la citada norma: a) flagrancia delictiva, b) confesión según los alcances del art. 160 del CPP, e) cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, previo interrogatorio del imputado, son evidentes. 2.1.1.

Flagrancia delictiva y proceso inmediato

El art. 2 inciso 24 f) de nuestra Constitución Política establece que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades judiciales en caso de flagrante delito. De conformidad con este precepto la detención policial sin orden judicial es legítima cuando nos encontremos frente a un supuesto de flagrancia. 104

·:'::)&!.·

E:L C:.A.RAcn.,.R EXCEPCION.AJ. DEL PROCESO INfvff'.Dlt\TO .El.'',; EL DECH.. ETO LEGISL/\'.ITVO N.:; JJ..94 j

La flagrancia delictiva exige las notas de inmediatez personal, inmediatez personal y necesidad urgente de intervención policial. Precisamente, lo característico de la flagrancia es descubrir al agente en el momento mismo en que realiza el hecho delictivo, sorprenderlo en el. mismo lugar de ejecución del delito, o muy cerca de él, de tal modo que la actuación policial sea necesaria". Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia los requisitos de la flagrancia delictiva: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y, b) la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar, en ese momento, en dicha situación; y, con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca un prueba evidente de su participación en el hecho delictivo 18• En la sentencia recaída en el Expediente N. º 046 30-2013- PH e/re el Tribunal Constitucional señaló: La flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así la flagrancia se configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar instantes antes, situación en la que, por su particular configuración, es necesaria la urgente intervención de la Policía para que actúe conforme a sus atribuciones. En este sentido, lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para privar de la libertad a una persona es la situación particular de la urgencia que, en el caso, concurriendo los requisitos de la inmediatez temporal e inmediatez personal de la flagrancia delictiva, comporta su necesaria intervención policial".

Derecho procesal penal, ob. cit., p. 804.

17

Vid.

18

Véase por ejemplo,

19

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

SAN MARTÍN CASTRO,

Expediente N. e 04557-2005-HC! TC, Lima: 4 de diciembre del 2005, f. j. n.' 4; ídem, Expediente N: 04630-2013-PH! TC, Lima: 26 de junio del 2014, f. j. n." 3.3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Expediente N. 04630-2013-PH!TC, f. j. n." 3.3.4. o

105

MERCEDES HERRFJU\. GUERRERO

I

Así pues, para que se configure la flagrancia, es preciso que el delito se perciba, se observe con evidencia y sea necesaria una intervención inmediata. El CPP con sus modificaciones ha introducido supuestos sui generis: la presunción o ficción de flagrancia que son los incs. 3 y 4 del art, 259. Esto es que se habla de flagrancia, cuando una persona se encuentra durante las 24 horas -48 a decir de la reciente modificación del art. 2.24.f) de la Const. Pol.- con las personas que perpetraron el delito o con los instrumentos con los que se cometió. En estos supuestos no se dan los requisitos de flagrancia, se trata más bien de una ficción legal. El juez en el caso de obligatoriedad del proceso inmediato en casos de flagrancia debe interpretar los supuestos 3 y 4, utilizando los requisitos del proceso que son la evidencia delictiva suficiente. Por ejemplo, sí hay flagrancia, pero no evidencia suficiente no procede incoar proceso inmediato, el caso debe tramitarse en un proceso común donde se esclarezcan adecuadamente todas las circunstancias del hecho delictivo. El concepto de "flagrancia" resulta de gran importancia para delimitar el poder de la policía, pues la Constitución Política del Perú señala que este es el único supuesto por el que se puede detener a una persona sin orden judicial. El Tribunal Constitucional, en el Expediente N.º 04557-2005-HC/TC, señaló que la inmediatez personal con relación al objeto o a los instrumentos del de.lito requiere que se ofrezca prueba evidente de la participación del hecho delictivo. Esta verificación de la inmediatez temporal o personal solo puede darse a través de la percepción sensorial directa. Como ha afirmado el Tribunal Supremo español "la flagrancia se ve, se observa, no se demuestra, y aparece vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria'?", En nuestro ordenamiento originalmente el art. 259 del CPP, sí se reguló la flagrancia de acuerdo con las notas características de inmediatez temporal y personal, así en su inc. 2 estable---··--·---

20

Vid. STS 31-1-1995 (2384/ I 994). • • e

·Y-

da: "Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber r ealiz ado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o hue . . Has que revelen que acaba de ejecutarlo". No obstante, el D. Leg . 1ia noci. o, d.. e no N.º 9. 8..1.,, pu. 'b'.['Ka,d L" dr:e J.U.tt!:O c¡ e l 2.·, 007 2� ampn1·,o an o ei1 grancia delictiva. A partir de esta norma, y su posterior modificación mediante Ley N.º 29569, publicada el 9 de junio del 2009, se prevén cuatro supuestos de flagrancia. Además de la flagrancia en sentido estricto, se regula la cuasi flagrancia, y dos supuestos de flagrancia presunta, esto es, se establece el plazo de 24 horas ·--48 a decir de la reciente modificación en el art. 2.24.f) de la Const. Pol.v- para que el agente sea encontrado luego de que ha sido identificado, lo que obviamente excede las características de la intervención inmediata de la flagrancia. A partir de estos cambios legislativos se advierte que la política criminal que subyace a los mismos no es adecuada. El objetivo que el legislador se trazó consistía es disminuir la sensación de inseguridad ciudadana, no obstante la prevención de delitos poco tiene que ver con este tipo de medidas. La ampliación del concepto de flagrancia que legitima a la Policía para detener a una persona poco tiene que ver con medidas preventivas, se trata más bien de una represión de la criminalidad'", cuya eficiencia es bastante cuestionable. En el AP Extraordinario N. º 2-2016/ CIJ-116 se afirma que a través de la Ley N.º 29596 (que modificó el art, 259 del CPP) se amplió excesivamente la relación entre la percepción del hecho y el momento mismo de la intervención al imputado, lo que afectó a la inmediatez temporal y personal. Sin embargo, para los efectos de la compatibilidad de la flagrancia delictiva con el proceso inmediato, en la noción de evidencia siempre 21

Sobre este punto véase ÜRÉ GUARDIA. Arsenio, Manual de derecho procesal penal. Las medidas de coerción en el proceso penal, Lima: Reforma, 2014, p. 93.

107

. MERCEDES HERRERA GUERRERO j

ha de primar: claridad de la comisión del delito por el imputado y lógica concluyente de lo que se aprecia y se observa=incluso a través de medios audiovisuales=-, con descarte razonable de alguna duda o información incompleta que fluye de los actos de investigación provisionales realiza- dos inmediatamente o con carácter de urgencia y tiempo imprescindible, que es a lo que se le denomina "diligencias policiales de prevención"22• Si bien en el Acuerdo Plenario Extraordinario se admite que la flagrancia presunta puede presentar dificultades, los vocales supremos omiten pronunciarse con más profundidad sobre el particular; es decir, sobre si procede o no incoar el proceso inmediato en los supuestos regulados por los incs. 3 y 4 del art. 259 del CPP. Sobre el particular consideramos que en estos dos casos no siempre será de aplicación "obligatoria" el proceso inmediato. Solo lo será en los casos en los que exista suficiente evidencia delictiva y ausencia de complejidad jurídica y probatoria, es decir solo cuando se pueda verificar sin duda alguna que concurren los presupuestos materiales del proceso inmediato. En los casos de flagrancia presunta no hay inmediatez temporal ni personal. Esto supone un reto para que el Fiscal, quien debe reunir los elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito, a fin de tener una "causa probable". Pero incluso aunque concurra flagrancia en sentido estricto o cuasiflagrancia, lo determinante es verificar en cada caso concreto, si el fiscal cuenta con una probabilidad alta a) de la realización del hecho delictivo, b) de la participación del imputado en el delito. 2.1.2. Evidencia delictiva y confesión La confesión está regulada en el art. 160 del CPP. De acuerdo a la norma citada se deben contar también con otras fuentes o medios de investigación. No basta por tanto, una confesión pura o simple, es decir, solo la propia declaración incriminatoria del imputado. Asimismo, será 22

Cfr. CORTE SUPREMA, Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 2-2016/CIJ-116, Lima: 1 de junio del 2016, f. j. n.º 8-A. • • o

108

"�·:J'°:t.,.._:···

!

El. CARÁCTfü( EXCEPCiONAL DE!. !>ROCES() !NMJ,Dl,•:ro EN EL DLKRETO LECISLl(rl\/0 N.°"J I 94

. preciso verificar que efectivamente el imputado ha sido informado de sus derechos.itiene la capacidad legal para declarar de forma libre (no padece enfermedades psíquicas que invaliden su confesión) y que declare sin ser coaccionado por autoridad policial o fiscal. El AP Extraordinario N. e 2-2016/ CIJ-116 excluye del proceso inmediato la denominada "confesión calificada", cuando el imputado incluya en su relato circunstancias que tienden a eximir o atenuar de responsabilidad penal. Salvo que ese dato alternativo se pueda verificar con mínima prueba de urgencia. Como puede advertirse, de los fundamentos expuestos en el AP citado, la sola confesión no basta para tramitar una causa conforme a las normas del proceso inmediato reformado, es preciso que en cualquier caso, el fiscal cuente con actos de investigación que proporcionen cierta verosimilitud al relato del imputado23 • 2.1.3. Delito evidente Finalmente, el AP Extraordinario desarrolla el tercer supuesto previsto por el art. 446 del CPP =-modíficado por el D. Leg. N.º 1194-, que se refiere al "delito evidente": "los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes". En relación al "delito evidente", se afirma: "Los iniciales actos de investigación deben reflejar, sin el menor asomo de duda o incertidumbre, la realidad del delito y de la intervención en su comisión del imputado. Fuera de los casos de flagrancia o confesión -en tanto supuestos propios de evidencia delictiva-«, las fuentes de investigación o los medios de investigación llevados a cabo han de apuntar, con certeza manifiesta, con conocimiento indudable, la comisión de un delito y la autoría o participación del imputado".

23

·-------CORTE

SuP1U,MA,Acuerdo Plenario N.' 2-2016/CIJ-116, Lima: l de junio del 2016, f.j.

n.º 8-B.

109

¡vrrm.CEDES }H'.Ri{ERA GUERRERO

i

Desde nuestra perspectiva se incurre en un error al definir lo que debe entenderse por "delito evidente" en relación aI proceso inmediato, ya que se confunde conceptualmente los "actos de prueba" con los "actos de investigación'?", Conforme a esta distinción ampliamente desarrollada por la doctrina, se postula que solo los primeros son capaces de desvirtuar la presunción de inocencia, en tanto los actos de investigación tienen como única finalidad brindar al fiscal elementos de convicción suficientes para acusar o no hacerlo. Esta categórica separación es en cierto modo consecuencia de la función que la propia norma asigna a los actos de investigación y de la naturaleza que en consecuencia, se asigna a la fase de prueba en que se practican: determinar si el fiscal debe o no acusar; en cambio, con el concepto "actos de prueba" se designa el conjunto de actos que -bajo los principios de contradicción e inmediación y demás garantías procesales- se orientan a producir convicción en el juzgador sobre los hechos". Aplicando estas breves consideraciones doctrinales al "delito evidente", podemos concluir que en sede de incoación del proceso inme-

24

La distinción entre los actos de prueba y los actos de investigación es un tema muy estudiado por la doctrina española. Vid. 0RTELLS RAMOS, Manuel, "La eficacia probatoria del acto de investigación sumarial. Estudio de los artículos 730 y 714 de la LECrim", en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, n." 2<3, año 1982, p. 365 y ss.: ToM.Íi GARCÍA, José Antonio, DE LA OLIVA, Andrés, Sara ARAGONESES MARTÍNEZ. Rafael HINOJOSA SEGOVJA y Julio MuERZA ESPARZA, Derecho procesal penal, 7.º ed., Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces (CERA), 2004, p. 478 y ss.; GrMENO SENDRA, Vicente, Manual de derecho procesal penal, Madrid: Colex, 2008, p. 415; y, ARMENTA DEu, Teresa, Lecciones de derecho procesal penal. Madrid: Marcial Pons, 2015, p. 228 y ss. Asimismo, el Tribunal Constitucional español a partir de la STC 31/81, ele 28 de julio estableció que solo pueden considerarse auténticas pruebas a las practicadas en el juicio oral. Criterio que ha sido reiterado en numerosas sentencias, entre otras: STC 182/89, de 3 de noviembre; 217/89, de 21 de diciembre; STC 98/90, de 20 de junio; STC 32/1994; de 31 de enero; STC 199/1996, de 3 de diciembre; STC 40/1997, de 27 de febrero; STC 141/2001, de 8 de junio¡ STC 94/2002, de 22 de abril; STC 206/2003, de l de diciembre; STC l/2006; de 16 de enero; STC 108/2009, de 11 de mayo; STC 68/2010, de 18 de octubre.

25

Vid. GIMENO SENDRA, Manual de derecho procesal penal, ob. cit., p. 415 .

e

,¡;¡

@

110

j FJ. (J\R/\CTER E)(CEPCl()N!\J., I)EL PROC:FSO INMl::l):í.Af(l EN EL DECRt·:-¡·o .LEGtSIJ\'.I'JVO _¡-..;,;·. J. J.94

diato no es posi.,nt' e contar con certeza ..I .a P J ena convt. cci. o, n acerca

d· !.e 1ra realización del hecho delictivo así como la intervención de] imputado recién se adquiere en el juicio oral, después de la actuación de la prueba. De modo que la categoría del "delito evidente" solo puede referirse a la probabilidad alta sobre el hecho aparentemente delictivo. Afirmar que ya en sede de diligencias preliminares, o incluso en otras etapas (investiga- ción preparatoria propiamente dicha y etapa intermedia) se cuenta con ese "conocimiento indudable", significa desconocer la citada distinción entre actos de prueba y de investigación, la misma que constituye un aspecto básico de nuestro proceso penal reformado. La evidencia delictiva debe entenderse entonces como una probabilidad alta o convicción razonable -con hase en los actos de investigación realizados- acerca del hecho aparentemente delictivo y de su vinculación con el imputado". Las dudas acerca de la suficiencia razonable de los actos de investigación significan en la práctica que el proceso inmediato no es el adecuado, y que la causa debe seguir conforme a las normas del proceso común, donde el fiscal contará con un plazo más amplio para investigar y formular más adelante, si fuera el caso, acusación. 3. PROCESO INMEDIATO Y NULIDAD ABSOLUTA 3.1. LA EVIDENCIA DELICTIVA Y SU RELACIÓN CON LA FLAGRANCIA DELICTIVA

Para desarrollar este punto, lo resuelto por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, mediante la Casación N.º 842-2016·Su- llana, del 16 de marzo del 2017. En este caso, según el auto de incoación del proceso inmediato, se declaró procedente el proceso inmediato porque se estimó que el imputado fue detenido en flagrancia delictiva. La fiscalía provincial acompañó a estos efectos la denuncia verbal, la declaración de la víctima y de su madre, la declaración del imputado -

26

Vid.

SAN MARTÍN CASTRO,

Derecho procesal penal, ob. cit., p. 805.

111

.

fvlFRCEDES J-!EHRER/\ GUERRERO

.

.

!

quien negó los cargos=-, actas de reconocimiento en rueda, fotografías documentos y actas de inspección. No obstante, como dato esencial, debe tenerse en cuenta que en el Acta de Intervención Policial del 20 de enero del 2016, se indica que cuando la menor agraviada, su madre y personal policial en una unidad policial se dirigían a la Fiscalía Provincial de Sullana, "[ ... ] la madre de la menor logró visualizar al presunto autor del delito contra la libertad sexual (actos contra el pudor), quien se desplazaba por la carretera Panamericana Norte [ ...] en un vehículo menor [... ], siendo intervenido e identificado [... ]". La Sala Penal Transitoria en esta casación (fundamento jurídico segundo) reconoce que en el juicio oral y en la sentencia de primera instancia se ratifica la forma cómo se realizó el reconocimiento, esto es, que fue la madre de la presunta agraviada, quien identificó al imputado a efectos de su detención. El art. 446. l .a) del Código Procesal Penal dispone que el proceso inmediato procede cuando, entre otros supuestos, "el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supues- tos del artículo 259, y concretamente el inciso 3 establece: "El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible sea por el agraviado o por otra per- sona que haya presenciado el hecho, [ ...],y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible'?".

A este tenor, la sala explica los alcances de la cuasi flagrancia en los siguientes términos: Se trata de la denominada cuasi [tagrancia, en cuya virtud el delincuente sorprendido en plena comisión del hecho punible o cuando inmedia- tamente acaba de cometerlo -pero siempre en el mismo teatro de los hechos->, por diversas factores o circunstancias, logra huir de la escena del delito, no obstante lo cual ha sido reconocido o identificado por la propia víctima, por la policía, o en todo caso, por un testigo presencial

27

Ca be agregar que a partir de la reciente modificación del art. 2.24.f) de la Const. Pol., el nuevo plazo de detención por flagrancia es de 48 horas.

112

l

EL CARACl'ER EXCEPCIONAL DEL PROCESO fNMCDlAJCJ EN EL DECRETO LEGlSLAiT\TO [�.' 1194

=-este último puede ser el acompañante del agraviado o un tercero que se encontraba por el lugar de los hechos-«. Ser testigo presencial del delito +verbigracia: víctima, policía, sereno

u otra perscna+ importa que directamente y a través de sus sentidos exponga acerca de lo que observó y esta observación está referida, precisamente, a la comisión de un delito. No cumple con este requi sito la institución del testigo de oídas o de referencia, pues solo puede mencionar lo que alguien le contó acerca de un suceso determinado --·su información es indirecta, la obtiene a través de manifestaciones o confidencias de terceras personas]...]---; y, por tanto, en tanto prueba indiciaria -·al no haber sido percibidos los hechos con sus sentidos-«, su información debe ser contrastada por el testigo fuente, que sería el presencial".

En este caso, los policías que detuvieron al imputado no presenciaron la comisión del delito, tampoco la madre de la presunta agraviada, ni su tía. Ambas expresaron lo que, según su versión de los hechos, les refirió la menor, luego del suceso. La sala penal, señala entonces que este delito no puede calificarse de flagrante. El concepto de flagrancia resulta de gran importancia para delimitar el poder de la policía, pues la Constitución Política del Perú señala que este es el único supuesto por el que se puede detener a una persona sin orden judicial. Enla STC N.º 04557-2005-HC/TC, el Tribunal Consti- tucional ha señalado que la inmediatez personal con relación al objeto o a los instrumentos del delito requiere que se ofrezca prueba evidente de la participación del hecho delictivo y que esta verificación de la inmediatez temporal o personal solo puede darse a través de la percepción sensorial directa 29. En el mismo sentido, el TS español ha afirmado que

28

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA,

Casación Nº 842-2016-Sullana, Lima: 16 de

marzo del 2017, f. j. cuarto. 29

Vid.,

TRIBUNAL CoNSTITUCIONAL,

Expediente N.·' 04557-2005-HC/TC, Lima: 4 de

diciembre del 2005, f. j. n." 4.

113

[\ti:t:.Rcr:DES T-IER.RFR/\ GUEHREF.O

¡

"Ia flagrancia se ve, se observa, no se demuestra, y aparece vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria":". En nuestro ordenamiento jurídico, originalmente el art. 259 del CPP sí reguló la flagrancia de acuerdo con las notas características de inmediatez temporal y personal, así el art. 259.2 establecía que: "Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo". No obstante, el D. Leg. N.º 983, publicado el 22 de julio del 2007, amplió la noción de flagrancia delictiva. A partir de esta norma, y su posterior modificación mediante la Ley N.º 29569, se prevén cuatro supuestos de flagrancia; además de la flagrancia, en sentido estricto, se regula la cuasi flagrancia, y dos supuestos de flagrancia presunta, esto es, se establece el plazo de 24 horas -48 a decir de la reciente modificación del art. 2.24.f) de la Const, Pol.- para que el agente sea encontrado luego ele que ha sido identificado, lo que obviamente excede las características de la intervención inmediata de la flagrancia. En el AP Extraordinario N.º 2--2016/CJ-116, se afirma que a través de la Ley N.º 29596 (que modificó el art. 259 del CPP) se amplió excesivamente la relación entre la percepción del hecho y el momento mismo de la intervención al imputado, lo que afectó a la inmediatez temporal y personal; "[sjin embargo, para los efectos de la compatibilidad de la flagrancia delictiva con el proceso inmediato, en la noción de evidencia siempre ha de primar: claridad de la comisión del delito por el imputado y lógica concluyente de lo que se aprecia y se observa incluso a través de medios audiovisuales=-, con descarte razonable de alguna duda o información incompleta que fluye de los actos de investigación provisionales realizados inmediatamente o con carácter de urgencia =

30

Vid. STS 31-1-1995(2384/1994).

114

3.2. NULIDAD ABSOLUTA Y PRECLUSIÓN

El artículo 150 del CPP reconoce las nulidades absolutas, corno aquellas que conciernen a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución Política pueden ser declaradas de oficio. Más aún, es posible afirmar que en un Estado de derecho, los jueces deben declarar de oficio la nulidad de actos procesales que afectan gravemente el contenido esencial de derechos y garantías procesales fundamentales, siendo este extremo un requisito de validez y legitimidad del proceso mismo.

El criterio seguido en esta definición es que la protección de los derechos fundamentales es parte de la esencia del ordenamiento jurídico y, por tanto, labor del magistrado. Entonces, podemos señalar que una grave afectación a los mismos será entcndible como un vicio grave que acarrea la nulidad absoluta del acto procesal que la originó. La nulidad en el proceso penal tiene un valor no solo formal, sino también sustancial, ya que esta se produce cuando se vulnera el debido proceso penal, ya sea en la forma o en el fondo". Lejos de ser una carga para los litigantes, las formas se han establecido en su favor, constituyen una garantía que debe ser respetada. Cuando un determinado acto procesal carece de algún elemento esencial se produce un estado de anormalidad en el proceso. Sin embargo, tal estado no trasciende sí a pesar de no cumplir con la forma, alcanza la finalidad del acto.

31

CoRTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 2-2016/Cj-116, Lima: 1 de

junio del 2016, f. j. n.' 8.A 32

Vid. PAnÓN GóMEZ, Germán, De la casación y la revisión penal en el Estado Constitucional, social y democrático de derecho, 2." ed., Bogotá: Ediciones Doctrina y

Ley, 2003, p. 524.

115

•

I·

MEtlcrn1:.s HERRERA GUE.RR.ERO ¡

'

.

A efectos de definir la nulidad procesal, consideramos acertado el concepto expuesto por VILELA CARUAJAL, quien defiende el siguiente concepto de nulidad procesal: "es un instrumento procesal consistente en la valoración de la adecuación entre uno o más actos procesales y las normas que regulan su proceso de formación, esto es, las normas de procedimiento y los principios procesales básicos, de modo que, apreciada una infracción, actúa la consecuencia jurídica prevista en la ley consistente en la eliminación del mismo, como si no hubiera existido. Y dicha consecuencia se aplica, según la importancia que el legislador haya otorgado a los valores justifica y seguridad jurídica al regular este mecanismo procesal de nulidad"33. Como puede advertirse un acto procesal será nulo cuando debido a un defecto o vicio en uno de sus elementos esenciales no alcanza el fin pretendido. Este modo de entender las nulidades, conduce necesariamente a concluir que en el proceso apenas existen nulidades, ya que estas se convalidarán cuando hayan alcanzado su finalidad. De ahí que las nulidades se limitan a las de carácter absoluto, que generalmente tienen lugar en caso de indefensión". Así, la nulidad de un acto procesal implica que el mismo se encontraba viciado y por tanto debe dejar de existir en el ordenamiento jurídico; y, en atención a la gravedad de la causal de nulidad es que se puede hablar de nulidades absolutas y de nulidades relativas. La diferencia entre ambos tipos radica en la gravedad del vicio que origina a la nulidad. Si se trata de vicios leves, los cuales naturalmente podrían ser susceptibles de convalidación, entonces nos encontramos frente a una nulidad relativa. Por el contrario, si nos encontramos frente a vicios muy graves, no convalidables, entonces nos encontraremos frente a la nulidad absoluta.

-----· -------33

Cfr. VILELA CARBAJAL, Karla,Las nulidades procesales en el derecho procesal civil, Lima: Instituto Pacífico, 2015, p. 73.

34 Vid. 329.

PoDETTI,

Ramiro, Tratado de los recursos, Buenos Aires: Ediar, 2009, p. e ,. •

116

i EL CA.RAcrER !O(CEPC!ONÁL DEL PROCESO lNMEDlATO EN El DECRETO .l.EGJSJ ..\T!VO N.º 1194 Aplicando esta teoría al proceso en resuelto por la Casación N.º 842-2016-Sullana, se advierte el error en que incurre el juzgado penal colegiado al concluir que si la defensa técnica no cuestionó la arbitrariedad de la detención en la audiencia de incoación del proceso inmediato, ya no se puede alegar ese vicio. Tras esta afirmación subyacen dos ideas completamente erradas: a) La preclusión en materia de nulidades absolutas. Según entiende el juzgado penal colegiado, si no se pudo alegar oportunamente en la audiencia de incoación del proceso inmediato -en este caso, porque el imputado tuvo una defensa ineficaz- la arbitrariedad e inconstitucionalidad de la detención, no existe ya posibilidad de cuestionar ese extremo -tan importantemás adelante. b) La negación misma de la figura procesal de la nulidad absoluta, la misma que por su gravedad no se convalida. Es jurídicamente insostenible afirmar que la inacción de los abogados convalida nulidades absolutas. Como acertadamente señala la Sala Penal Transitoria en la Casación N.º 842-2016-Sullana, antes citada, si bien el auto de incoación de proceso inmediato no fue recurrido por el imputado, no es posible sostener que operó la regla de la preclusión de ese momento procesal, y que por tanto, tal resolución no puede ser cuestionada en otras etapas procesales. Más aún; cuando se ha afectado una garantía constitucional . vinculada al debido proceso, como es la "interdicción de ser desviado de la jurisdicción determinada por la ley", a la que hace mención el segundo párrafo del art. 139 .3 de nuestra Constitución Política. La sala es clara y enfática al recordar a los órganos jurisdiccionales y a todos que la convalidación o el saneamiento no es de aplicación cuando concurren vicios procesales que configuran una nulidad absoluta, como es el caso de autos (fundamento jurídico primero). El propio Código Procesal Penal en su artículo 150, literal d), dispone taxativamente que serán nulos y podrán ser declarados aún de oficio, los defectos concernientes • • e

117

_: (

MERCEDES HERREPJ, GUERRERO

!

a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución Política. E�l acta d e i. ntervenct. ó,n po 1·rci. ail en 1 a que se consi. gna i1 a d� etenci. ó'n del imputado ha sido utilizada como elemento de cargo en la senten- cia condenatoria de primera instancia y confirmada en su "validez" por la sentencia emitida por el juzgado penal colegiado, materia del presente recurso. Sin embargo, tal acta es una prueba prohibida conforme a los alcances del artículo VIII.2 del Título Preliminar del CPP, el mismo que establece lo siguiente: "Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona". En efecto, al haberse vulnerado la libertad personal del encausado por haber sido detenido sin que concurra flagrancia delictiva;. esa acta carece de validez, está viciada de forma absoluta, conforme a los alcances del artículo 150 del CPP. De ello se sigue, la prohibición de valoración de esta prueba para todos los jueces que intervienen en el proceso. Así, el proceso materia de análisis en la Casación N.º 842-2016-Sullana está viciado de nulidad absoluta, ya que la flagrancia delictiva ha sido un presupuesto esencial en el Acta de Intervención Policial, de fecha 20 de enero del 2016,· siendo la misma utilizada en el proceso como elemento de convicción, e incluso luego como prueba de cargo tanto en la sentencia de primera instancia como por la sentencia materia del recurso de casación, habiéndose tramitado esta causa bajo las normas del proceso inmediato, como si se tratase de un supuesto de flagrancia delictiva, cuando en ·realidad nunca concurrió tal supuesto. Con este procedimiento se afectó el derecho del imputado a ejercer adecuadamente su defensa en un proceso ordinario o común, pues la flagrancia de conformidad con el AP Extraordinario N.0 2--2016/ CIJ-116, antes citado, está estrechamente vinculada con la evidencia delictiva que es uno de los presupuestos del proceso inmediato, cuyo fundamento reside básicamente en la presunta suficiencia de materia!

"

. ..

118

: EL CARACl'ER EXCEPCIONAL DEL PROCESO !N"MEDJA.TO EN El. DECRKl'O l.EGlSl.J{fJVO N.o 1 J 94

probatorio, que amerita precisamente un juzgamiento expeditivo, en plazos más breves. En este sentido, son presupuestos materiales o responden a la naturaleza del objeto del proceso inmediato: i) la evidencia delictiva y ii) la ausencia de complejidad o simplicidad -a los que se refiere el artículo 446, incisos 1 y 2, del CPP (modificado mediante D. Leg. N.º 1194)--, las cuales :reclaman una interpretación estricta de las normas habilitadoras de este proceso especial. Cabe recordar que el proceso inmediato, por ampararse en la simplificación procesal, reduce al mínimo indispensable -aunque no irrazonablementelas garantías procesales de las partes, en especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. 4.

LA AUSENCIA DE COMPLEJIDAD O SIMPLICIDAD

La primera referencia a la complejidad procesal la encontramos en el art. 342.3 del CPP, norma que contempla ocho supuestos de complejidad de la investigación preparatoria: a) cuando el proceso requiera de una significativa cantidad de actos de investigación; b) comprenda la investi- gación de numerosos delitos; e) cuando se trate una cantidad importante de imputados o agraviados; d) cuando sea necesario realizar pericias complejas; e) cuando sea preciso realizar gestiones procesales fuera del país; f) cuando en el proceso deba revisarse la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; g) cuando comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal o personas vinculadas a ella. En los supuestos antes mencionados, será preciso acudir al proceso penal común, incluso con un plazo más amplio en la investigación preparatoria, a fin de esclarecer diversos aspectos relacionados con el hecho delictivo y la participación de los imputados.

o •

C>

119

IvlERCEDES HERRERA GUERRERO

!

Tal como se señala enel .AP Extraordinario N.0 2-2016/CIJ-l 1635 el proceso inmediato se caracteriza por la simplicidad de los actos de investigación y por su rapidez en la tramitación. Esta premisa permite ya ab initio excluir a) hechos complejos, es decir, aquellos en los que existan diversas circunstancias por acreditar; y b) aquellos en los que los iniciales actos de investigación sean equívocos, es decir, que admitan interpretaciones contrapuestas o diversas, y precisamente por ello, sea preciso realizar actos de investigación ulteriores. En este supuesto, estamos frente a una complejidad probatoria del proceso en cuestión. La cuestión principal a la que se debe responder para determinar si cabe solicitar la incoación del proceso inmediato, y en su caso declarar fundado el requerimiento del fiscal es si los actos de investigación proporcionan evidencia delictiva suficiente, o si por el contrario, aún es preciso efectuar otros actos de investigación para poder alcanzar una probabilidad alta y acusar. Ahora bien, la complejidad del caso no depende únicamente del hecho aparentemente delictivo en sí mismo, sino también de las condiciones materiales con las que se cuente para investigar; distancia, remisión de muestras, realización de pericias, tiempo que tardan los diversos organismos públicos para emitir un documento, etc. Se consideran complejos, asimismo, los hechos en los que existen motivos fundados para dudar de la legalidad, suficiencia, fiabilidad o congruencia de los actos de investigación realizados. Por ejemplo, si la defensa cuestiona válidamente la licitud de los elementos de cargo obtenidos por la fiscalía, o si existen elementos de convicción que permiten poner en tela de juicio la regularidad o solvencia de los indicios de cargo. En estos supuestos no se supera el "test de credibilidad o razonabilidad" de la evidencia, lo que amerita la exclusión del proceso inmediato.

35

CORTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016/CTJ-116, Lima: l de

junio del 2016, f. j. n." 9.

120

···=..

�P.-· .

!

EL Ci\RÁCIÍ'.H EXCEPCIONAL DEL PROCESO INMF.DJ/ífO FN EL DECRETO LEG!5L!(f'JVO (\!."

J J 9,¡

Estrechamente vinculada con la complejidad probatoria se encuentra la complejidad jurídica, la misma que se refiere a los supuestos que excluyen o en su caso, atenúan la responsabilidad penal. Especialmente en los primeros, el proceso inmediato aparece como inadecuado, puesto que la determinación de un estado de necesidad exculpante o justificante, según el caso, exige un debate jurídico y probatorio más amplio, el mismo que solo puede llevarse a cabo en un proceso ordinario o común. Así, por ejemplo, cuando concurre legítima defensa, el abogado defensor puede alegar complejidad, en la medida que necesita un plazo más amplio para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 20.3 del CP. Puede citarse también corno ejemplo los casos de inimputabilidad por trastornos psiquiátricos o por algún otro motivo. De conformidad con los arts. 20 y 21 del CP, estas circunstancias pueden excluir o atenuar la responsabilidad penal. Es precisamente el abogado defensor quien debe analizar con detalle su caso, para poder alegar en la audiencia de incoación de proceso inmediato que no concurren los presupuestos materiales para la aplicación de este procedimiento especial. Es posible que el fiscal también pueda advertir estas circunstancias; sin embargo, debido a los breves plazos que ha instituido el D. Leg. N.º 1194, nada puede garantizar que este tipo de datos de descargo sean en efecto advertidos por el fiscal. Tal corno está configurado el proceso inmediato reformado, el principio de objetividad del fiscal apenas tiene vigencia real. Recordemos que el CPP en su art. IV.2 del TP establece que el Ministerio Fiscal o Ministerio Público debe actuar con' objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. A este tenor, el art. 61.2 del CPP establece para el fiscal la obligación de practicar los actos de investigación que correspondan, no solo para esclarecer las circunstancias que incriminan al imputado, sino también las que eximan o atenúan su responsabilidad penal. Asimismo, el CPP señala que la etapa de la investigación preparatoria tiene como función reunir los

121

MERCEDES HERRERA G'UliRf{f;JlO

!

elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación (art. 321). En virtud de estos preceptos algunos autores entienden que en la fase de la investigación prepara·· toria el fiscal no persigue la sanción del imputado, sino que es a partir de la acusación cuando deja de ser imparcial". Esta afirmación tiene, en efecto, fundamento en la norma procesal penal. No obstante, en el proceso inmediato conforme al D. Leg. N.º 1194 el fiscal tiene ·--como regla general+- un plazo muy breve para acusar, lo que determina que entre la incoación del proceso inmediato y la acusación no se produce una actividad de investigación significativa conforme al principio de objetividad; por el contrario, el fiscal perseguirá como fin principal hacer acopio de los elementos de cargo pertinentes que le permitan acusar y, posteriormente sustentar su acusación en la audiencia única de juicio inmediato. En el f. j. n.º 15 del AP Extraordinario N.0 2-2016/CIJ-116 se señala ---con acierto--- que también en los delitos de omisión de asis- tencia familiar y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, deben concurrir los presupuestos materiales de evidencia delictiva y ausencia de complejidad. Se señala además: "La justificación consti- tucional del proceso inmediato -su fundamento material- se basa, precisamente, en ambas nociones. Sin ellas, se vulnera la garantía de defensa procesal y se restringe irrazonablemente la garantía de tutela jurisdiccional, pues se propendería a la emisión de sentencia con prueba inidónea y con un nivel de celeridad que conspiraría contra la regularidad y equidad del proceso jurisdiccional". En este sentido, se precisa que de decisión de la justicia civil sobre la obligación

la

de alimentos del imputado, si bien es útil para incoar el proceso inmediato, no determina de modo automático que deba emitirse una sentencia de condena, ya que lo determinante en el tipo penal de omisión de asistencia familiar es el dolo; es decir, omitir prestar alimentos pudiendo hacerlo. 36

Vid. ÜRÉ GUARDIA, Arsenio, El Ministerio Fiscal en el nu,'Vo Código Procesal Penal peruano, M.adríd: Iustel, 2006, p. 171.

122

:::·

. i

;@ . •.•.

EL CARAGrVR EX.C.:EP(:iOf'.'iAL DEL PHüCESO IJ\fM.FJ.)J/(fO EN E1 .. f)ECR!:--.:'f(_) r.EGISI.P:r1vo N,"·' 1194

4.1. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALlDAD Y EL ANÁLISIS CONCRETO DE LA COMPLEJIDAD

El .AP Extraordinario N.0 2--2016/CIJ-116, en su fundamento jurídico I O, establece que a efectos de decidir si se debe o no acu- dir a la vía del proceso inmediato es preciso aplicar el principio de proporcionalidad. En este sentido, a mayor gravedad del hecho, más intensa es la necesidad de limitar la aplicación de este mecanismo de simplificación procesal. El principio de proporcionalidad puede definirse como un criterio jurídico utilizado a nivel comparado para la aplicación judicial de derechos fundamentales, en concreto, frente a cualquier limitación de los mismos deben considerarse los subprincipios de idoneidad, necesidad y el mandato de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto:". Se reconoce que el proceso inmediato en realidad permite una cierta flexibilización de las garantías de la defensa procesal y la tutela jurisdiccional, lo que determina la exclusión de este procedimiento de los delitos especialmente graves, en los que es preferible aplicar el proceso común. El proceso ordinario previsto por el CPP sería entonces el idóneo para juzgar estos casos, en los que por la propia naturaleza de las cosas, hace falta una investigación más basta, que comprenda tanto las circunstancias típicas como los datos relevantes para la medición de la pena38• Se trata de un criterio importante para la delimitación en la aplicación de este procedimiento especial, que vincula especialmente a los fiscales y jueces, pero que será sin duda muy útil para la defensa. Por regla general los delitos graves requieren una investigación más amplia y Vid. BERNAL RUBIO, Carlos, El principio de proporcionalidady los derechosfundamentales. El principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos [undamentales vinculante para el legislador, 4.º ed., Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 31. 37

38

CORTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016/Clj-116, Lima: 1 de

junio del 2016, f.j. n." 10.

123

MERCEDES HERRERA GUt:RliliRO

!

detallada de las diversas circunstancias.de realización del hecho punible y de la intervención delictiva.

A modo de ejemplo se citan delitos con pena de cadena perpetua como el delito de sicariato (art.108-C, tercer párrafo), secuestro (art. 152, cuarto párrafo), violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (art. 173-A), robo con circunstancias especiales agravantes (art, 189, tercer párrafo), extorsión (art, 200, noveno párrafo). También se mencionan algunos delitos con pena privativa no menor de 25 años, tales como feminicidio (art. 108-B, segundo párrafo) y, delitos con pena privativa no menor de 15 años como ciertos supuestos de tráfico ilícito de drogas con agravantes (art. 297, primer párrafo). En el fundamento jurídico 11 del AP Extraordinario se explica que, frente a delitos graves, el juez ha de optar por un criterio seleccionador muy riguroso para aceptar la incoación de un proceso inmediato en relación con delitos que traen aparejada una sanción especialmente grave. Más aún se llega a afirmar que desde una perspectiva político-criminal no es conveniente juzgar con las · normas del proceso inmediato delitos respecto a los cuales se prevé una sanción especialmente grave; ya que, como regla general, estos requieren una investigación más amplia y no sería suficiente una "actividad probatoria mínima", rasgo característico del proceso inmediato. 5.

APUNTES FINALES SOBRE LA EXCEPCIONAUDAD DEL PROCESO INMEDIATO

El proceso inmediato modificado por el D. Leg. N.º 1194 no es un procedimiento inconstitucional, como se ha señalado en distintas ocasiones, sobre todo debido a su inadecuada aplicación en varios casos difundidos a través de los medios de comunicación. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la legitimidad del mismo depende esencialmente de su correcta aplicación por parte de jueces, fiscales y abogados litigantes. La norma antes citada, modifica un mecanismo de simplifi124

!

l:"i'.i., (�:AnAc:rEil EXCEPClONAI., f)f�L PH.O(:ESO rN.tvlEf)lA'.1"0 EN E[, DI�CRE'T'() LF.GISL/.(f_l\/0 ¡\)_'' J} <).lj

cación procesal, que es útil y legitimo desde una perspectiva políticocriminaL A través de él se busca procesar y juzgar casos sencillos, en los que se cuenta con evidencia delictiva suficiente. Estos son, corno se ha analizado en el presente artículo, los presupuestos materiales del proceso inmediato. Ergo, la aplicación constitucional de este procedimiento especial depende, esencialmente, de que el mismo se utilice únicamente cuando concurran estos dos presupuestos. En cualquier otro caso nos encontramos frente a una vulneración del derecho de defensa, del debido proceso y de la tutela jurisdiccional. Por tanto, la obligatoriedad a la que se refiere el art. 446 del CPP ha de interpretarse desde los presupuestos materiales del proceso inmediato. Es decir, solo será obligatoria la incoación del proceso inmediato, cuando concurran los dos requisitos que hemos analizado con detalle: la evidencia delictiva y la ausencia de complejidad procesal. Es en este sentido que este procedimiento especial se erige en una institución de carácter excepcional. Si se aplicase -como se ha hecho en los primeros meses de vigencia del D. Leg. N.º 1194- como una regla general, estaríamos frente a una aplicación inconstitucional e ilegítima de un mecanismo de simplificación procesal, que puede llevar consigo importantes consecuencias procesales, entre las que podemos mencionar la nulidad del proceso mismo, por afectarse de manera irrazonable el derecho de defensa del imputado. El proceso inmediato reformado presenta esta característica de excepcionalidad precisamente porque solo debe aplicarse a situaciones en las que las evidencias, actos de investigación, indicios sean suficientes o abundantes; de tal modo que no haga falta una investigación ulterior. Por el contrario, frente a casos complejos, la vía del proceso ordinario o común se impone como obligatoria39.

39

De modo similar véase, MIRANDA ABURTO, Elder, "El proceso penal inmediato reformado. Legitimación y alcances", en Actualidad Penal, n." 27, Lima: septiembre del 2016. G " 0

125

JvJ.ERCEDES IlEHREB1\ G·UERRER()

!

La Casación 842--2016-SuHana es un claro ejemplo de una inadecuada aplicación del proceso inmediato reformado a un caso complejo. No se cumplió el presupuesto de evidencia delictiva (flagrancia), tampoco concurre el presupuesto de simplicidad de la presente causa, pues el proceso penal versa sobre un tipo de delito, como es el de violación sexual, que demanda de un procedimiento de averiguación amplio y particularmente difícil. Además de ello, debe tenerse en cuenta la gravedad del hecho objeto de imputación desde la perspectiva de la conminación penal -en pureza, la pena esperada en atención a la culpabilidad por el hecho y por la culpabilidad del autor=-, siendo que el delito que se le imputa a mi patrocinado apareja la máxima pena privativa de la libertad como es la cadena perpetua.

En este sentido, de conformidad con el AP Extraordinario N. 0 2-2016/ CIJ-116 la idoneidad y estricta proporcionalidad del pro- ceso inmediato que asegura una respuesta rápida al delito, pero con una flexibilización de las garantías de defensa procesal y tutela jurisdiccional, siempre debe estar en función a delitos que no sean especialmente graves. Basta una duda mínima acerca del cumplimiento de estos presupuestos y requisitos para optar por el proceso común, cuya preferencia es obvia. A este tenor, considero acertada la conclusión de la Sala Penal Transitoria en cuanto establece: [

...

J

Se desvió

al imputado del procedimiento legalmente

preestablecido, que es el común, derivándolo irrazonablemente el proceso inmediato. Se vulneró, en tal virtud, el artículo i 39, apartado 3, 2c1° párrafo, de la Constitución, y al infringirse el artículo 466, apartado ] , literal a) del Código Procesal Penal, se incurrió en la causal de nulidad prevista en el artículo l 50, literal d), del aludido Código. Ello determina a su vez. que debe ser amparada la causal de casación procesal establecida en el inciso 2) del artículo 429 del Código citado. La nulidad incurrida por ser absoluta es insubsanable. No cabe sanea-miento ni convalidación, pues no se trata de una mera inobservancia de las formalidades previstas en el Código, sino de una auténtica lesión al debido proceso legal desde la perspectiva del procedimiento legal

126

I fi:J, CARA.c·rrtR F:XCF'.:P(:IONAL f);:,:i.. PROCF.S() INfvlEDlAT() EN t:J, .t)ECRETO LECIS!J\f'.IVO N

'1194

preestablecido que determine una retroacción de actuaciones radical. Corno no se trata de un mero incidente de nulidad de actuaciones ------que, por lo demás, ha de ser interpuesto en la instancia respectiva=-:

y, dado que la pretensión impugnativa está dirigida contra todo el procedimiento y, señaladamente, contra las sentencias de mérito, lo único que se exige es que se plantee adecuadamente como un motivo impugnativo puntual ---que es lo que se ha hecho-«. Por lo demás, los efectos lesivos del procedimiento incoado y delas consecuencias emitidas son evidentes: plazos breves, eliminación de fases procesales¡ y con ello la imposibilidad de articular medios de defensa, con el tiempo razonable que requieran los delitos no flagrantes:".

El proceso inmediato modificado por el D. Leg.N.º1194 no es un procedimiento inconstitucional. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la legitimidad del mismo depende esencialmente de su correcta aplicación por parte de jueces, fiscales y abogados litigantes. La norma antes citada, modifica un mecanismo de simplificación procesal, que es útil y legítimo desde una perspectiva político-criminal. A través de él se busca procesar y juzgar casos sencillos, en los que se cuenta con evidencia delictiva suficiente. 6.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEu, Teresa, Lecciones de derecho procesal penal, 8." ed., Madrid: Marcial Pons, 2015.

ARMENTA

Rusto, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos funda- mentales. El principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador, 4.º ed., Bogotá: Universidad Externado de Colombia, "2014,

BERNAL

Alberto, "Tensiones político-criminales en el proceso penal" en füNDER, Alberto, Víctor Buacos MARIÑos, Horst ScHÓNBOHM, Florencio M1xÁN Máss.julio César CASTAÑEDA DÍAz, Niccy Mariel

BINDER,

40

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA,

Casación N." 842-2016 Sullana, Lima: 16 de

marzo del 2017, f. j. sexto. 0"

e

127

MERCEDES HERREM GUERRERO

j

y Silvia CHANG CHANG, La realidad de la reforma procesal penal en el Perú, Trujillo: Ediciones BLG, 2009. VALENCIA LLE RE NA

GIMENO SENDRA,

Vicente, Manual de derecho procesal penal, Madrid:

Colex, 2008. Gósssr., Karl-Heinz, "Quo Vadis, Strafverfahren? Zweckmafsigkeít versus Gerechtigkeit: Vom rechtsstaatlichen Strafprozess zum geheimen Willkürverfahren in der babylonischen Gefangenschaft der justiz", en Festechriftfür Gerhard Fezer zum 70. Geburtstag am 29. Oktober 2008, Weblau, Edda / Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Berlin 2008. Tim, Die Systematik. der vereinfachten Strafverfahren, Baden-Baden: Nomos, 2009.

HAACK,

Winfried, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2.ª ed., Múnich: C.H. Beck, 1.990.

HAsSEMER,

Mercedes, La negociación en el nuevo proceso penal. Un análisis comparado, Lima: Palestra, 2014.

HERRERA GUERRERO,

Tatjana, "Claus Roxins Straftheoretischer Ansatz" en HEINRICH, Manfred, Christian, J.ii..GER, Hans AcHENBACH, Knut AMELUNG, Wilfried BoTTKE, Bernhard HAFFKE, Bernd ScHÜNEMANN y Jürgen WoLTER (eds.), Strafrecht als Scientia Universalis. FS fur Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011, Berlín: De Gruyter, 2011.

HóRNLE,

Arrnin, Die Aufgabe des Strafrechts, Düsseldorf: Westdeutscher Verlag, 1983.

KAUFMANN,

Elder, "El proceso penal inmediato reformado. Legitimación y alcances", en Actualidad Penal, n.º 27, Lima: setiembre del 2016.

MIRANDA ABURTO,

MIRA Ros, Corazón, Régimen actual de la conformidad, Madrid: Colex,

1998. El Ministerio Fiscal en el nuevo Código Procesal Penal peruano, Madrid: Iustel, 2006.

ÜRÉ GUARDIA, Arsenio,

g ••

128

l. F.L

CA_RA<::·r{n EXCEP(:¡()N/\L l)El.. PHC)CFS() ::NMi�:J)IAf'(; EN E.i., DEC:RE'I'O L.Ec;1:::.t..r
Arsenio, Manual de derecho procesal penal. Las medidas de coerción en el proceso penal, Lima: Reforma, 2014.

ORÉ GUARDIA,

Arsenio y Liza RANíOS DÁVILA, "Aspectos comunes de Ia rer orrna procesa l penar·i en As,me.rica L.ati"na en A· SENCIO NM ELLADO,

ORÉ GUARDIA, r

José María y Olga FUENTES SORIANO, (coord.), Nuevos retos de la justícia penal, Madrid: La Ley, 2008. Manuel, "La eficacia probatoria del acto de investigación sumarial. Estudio de los artículos 730 y 714 de la LECrim", en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, n," 2··3, año 1982.

ORTELLS RAMOS,

Germán, De la casación y la revisión penal en el Estado Constitucional, social y democrático de derecho, 2." ed., Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2003.

PABÓN GóMEZ,

PoDETTI,

Ramiro, Tratado de los recursos, Buenos Aires: Ediar, 2009.

Roxrx, Claus, Strafrecht Algemeiner Teil, 4.ª ed., Múnich: Verlag C. H., 2006. Roxrrc, Claus y Bernd nich: Beck, 2012.

ScHÜNEMANN,

Strafverjahrensrecht, 27." ed., Mú-

César, Derecho procesal penal. Lecciones, Lima: Inpeccp-Cenales, 2015.

SAN MARTÍN CASTRO,

Heinz, "Empirische Grundlagen der Generalpravention", en VoGLER, Toeo (ed.) FS für Hans-Heinrich [escheci: zum 70. Geburtstag, Berlín: Duncker & Humblodt, 1985.

ScHOCH,

Karl, Posittve Generalpriivention. Ergebnisse und Chancen der Forschung. C.F. Müller, Heildeberg, 1989.

ScHUMANN,

ToMÉ GARCÍA,José Antonio, DE LA ÜLIVA, Andrés, Sara ARAGONESES

Rafael HINOJOSA SEGOVIA y Julio .MuERZA ESPARZA, Derecho procesal penal, 7.° ed., Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces (CERA), 2004. MARTÍNEZ,

VI LELA

Karla, Las nulidades procesales en el derecho procesal civil, Lima: Instituto Pacífico, 2015. CARBAJAL,

129

PROCESO IN.MEDIA'.T() REFORJVIADC)

nscarro

POR EL LEGISLA1'IVO N.º 1194 YVlJEL'TO A RE:FORMARPOR EL DECRErfO LEGISLATIV() N .. o

1307 VICTORJIMMY ARBULÚ MARTÍNEZ·' Universidad Nacional Mayor de San Marcos

�--; ; ; ,.}! .,,

1.

'

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el presente trabajo nos hemos propuesto analizar los cambios normativos realizados en el proceso inmediato, y las falencias que todavía tiene este proceso especial. Determinar si las modificaciones son positivas o no, y fijar criterios en aras de su legitimación constitucional. La Corte Suprema ha realizado un esfuerzo para dar solución a un conjunto de problemas detectados en su aplicación, estableciendo cri-

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster por la misma casa de estudios. Docente de la Academia de la Magistratura y en la Unidad de Posgrado de la UNMSM. Juez Superior Titular de la Corte de Lima.

131

\/ICTOR J IMMY /\l\BULÚ Tv1!\HTÍNE?

!

terios de constitucionalización del proceso inmediato a fin de asentar el mismo frente a los cuestionamientos de la comunidad jurídica. Hemos sostenido que como herramienta de lucha contra el crimen, el proceso inmediato ha sido eficaz en cuanto a la búsqueda de un resultado rápido, pero no siempre se han respetado las garantías insertas en un debido proceso, pues por estas deficiencias, el mismo proceso ha sido objeto de duras criticas. El proceso inmediato no resuelve el problema de la delincuencia. Es una herramienta para coadyuvar, pero no es la solución, de allí que suscribimos las afirmaciones del jurista costarricense ARAYA VEGA quien señala: Un proceso expedito o simplificado si bien puede permitir el juzgamiento inmediato de las delincuencias, per se no es el único medio para obtener la seguridad ciudadana anhelada. Corresponde al Poder Ejecutivo restablecer la paz social mediante la inversión pública y social. Conjuntamente con ello, el Poder Legislativo debe potenciar la creación de una política criminal adecuada, que resulte interdisciplinaria y que permita reducir el catálogo de conductas delictivas y las altas sanciones establecidas, de modo que potencie la resocialización social a través de programas a personas privadas de su libertad y en regímenes extra muros. Debe reducirse de los extremos mínimos de i.a pena bajo criterios de proporcionalidad y dosimetría penal. Se debe ponderar la posibilidad de establecer nuevos límites para acceder a salidas alternas; mejorar los extremos de reducción de pena en caso de terminaciones anticipadas o confesión sincera. A nivel penitenciario deben realizarse evaluaciones para determinar condiciones de cumplimiento mediante abordajes externos no institucionalizados: potenciación de mecanismos de control y monitoreo electrónico como medios de cumplimiento las sanciones penales. Por otra parte, en los casos que sea posible posibilitar la realización de servicios de trabajos comunitarios o de obra pública como medio de descuento penal. De igual modo, para reducir el hacinamiento carcelario se puede ponderar que las personas sólo pernocten en horas

132

PR.OCF.SO INM.Fl)V\TO R.E.FORM.ADO'POR EL l)ECRETO l,F.GlS_l... Af1\/(} J\l.·;: 1194 y· VUT]Jü

r: H.F.FORJ\.1/\H....

de la noche y q ue puedanparticipar de terapias grupales o grupos de apoyo para et abordaje de su proclividad delictiva 1 •

La idea de un instrumento célere, y que responda a los requerimientos de la política criminal actual, no significa de ninguna forma avalar las arbitrariedades que se hayan cometido en su aplicación. En esta misma línea se sostiene que la reforma del proceso inmediato no puede ser expresión del derecho penal del enemigo, sobrecriminalizador y efectista'. El proceso inmediato podría tener un efecto disuasivo; pero lo dejamos en condicional mientras no haya elementos fácticos que lo confirmen. 2.

LOS CAMBIOS NORMATIVOS

Decíamos que el proceso inmediato ha sido doblemente reformado a través del D. Leg. N.º 1307 emitido por el ejecutivo. Un primer cambio se evidencia en los actos procesales dentro de la audiencia única para resolver sobre petición de proceso inmediato. El texto actual dice: Artículo 447.- Audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva l.

Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el. Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una audiencia única de incoación para determinar la

procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia [ .. .].

Debido a la forma desordenada que se diseña la política criminal observamos un desfase entre la actuación del ejecutivo bajo delegación ARAYA VEGA, Alfredo. "El nuevo proceso inmediato (Decreto Legislativo N.° 1194). Hacia un modelo de justicia como servicio público de calidad con rostro humano", en Tus Fraganti, n." 1, Lima: Coordinación Nacional de Flagrancia, 2016, pp. 6-12, p. 11 BURGOS MAR!ÑOs, Víctor, "Eficacia y garantía en el proceso inmediato", en Tus Puniendi n." 1, Lima: marzo-abril del 2017, p. 83

133

V!GTOR JíMMY Af\BULÚ MARTÍNEZ

1·

de facultades, y el propio Congreso de la República. Por ejemplo, ahora hay un desfase ya que el art. 264 del CPP3 establece que el plazo de 3

El art. 264 del CPP, señala: Artículo 264 Plazo de la detención.1. La detención policial sólo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el término de la distancia. 2. La detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. Excepcionalmente, sí subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1) del artículo 261 del presente Código y se presenten circunstancias de especial complejidad en la investigación, puede durar un plazo máximo de siete (7) días. 3. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la detención judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo de diez (lO)días. 4. La detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas. 5. El juez penal, en estos casos, está especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas: a) Constituirse, a requerimiento del detenido, al lugar donde se encuentra el detenido y averiguar los motivos de la privación de la libertad, el avance de las investigaciones y el estado de su salud. En caso de advertir la afectación indebida del derecho de defensa o de irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, pone tales irregularidades en conocimiento del fiscal del caso, sin perjuicio de comunicarlo ocurrido al Fiscal Superior competente. El fiscal dictará las medidas ele corrección que correspondan, con conocimiento del Juez que intervino. b) Disponer el inmediato reconocimiento médico legal del detenido, en el término de la distancia, siempre y cuando el fiscal no lo hubiera ordenado, sin perjuicio de autorizar en cualquier momento su reconocimiento por médico particular. El detenido tiene derecho, por sí sOlo, por su abogado o por cualquiera de sus familiares, a que se le examine por médico legista o particulares, sin que la Policía o el Ministerio Público puedan limitar este derecho. e) Autorizar el traslado del detenido de un lugar a otro de la República después de efectuado los reconocimientos médicos, previo pedido fundamentado del Fiscal, cuando la medida sea estrictamente necesaria para el éxito de la investigación o la seguridad del detenido. La duración de dicho traslado no puede exceder del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo y debe ser puesto en conocimiento del Fiscal y del Juez del lugar de destino. 6. Dentro del plazo de detención determinado por el Juez, el Fiscal decide si

"'

134

...

\¡

·.�

'

,!

..... ,

�.;;¡;;µ.... ··

.

[

PROCESO. JN.\\ilEDl/''.:ro

REFORJ\1ADO POH.

EL DECRE'J'O LEc:;rsL..:\'TJ\/0

j\J. {;.

1 ·194 Y \'U.EI.:ro p,_

REFOR[vL'\lt.

detención es de 24 horas, de conformidad con la Constitución de 1993, sin embargo, actualmente este plazo ha sido modificado por la reforrna realizada al texto constitucional por el Congreso de la República. El texto primigenio del lit. f, del inc. 24, del art, 2 de la Constitución Política, señalaba: Art, 2. Derechos de Ia persona

[ ... ] 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

[...] f. N adíe puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espíonaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

Este texto ha sido modificado por la Ley N.º 30558, publicada el 09 mayo del 2017, el nuevo texto es el siguiente: Art, 2. Derechos de la persona

l....] 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

ordena la libertad del detenido o sí, comunicando al Juez de la Investigación Preparatoria la continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa. 7. Al requerir el Fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión preventiva del imputado, la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas (Vigencia adelantada por D. Leg. N.' 1298, publicado el 30 diciembre del 2016).

135

VICJ'OH JU\.1.MY f\R.P;ULÚ {'vlAHTfNf:Z [

ít.···Jj

.f.

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito :')' motivado del juez o por fas autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición de] juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo. espíonaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término [Las cursivas son agregadas].

En la medida que el plazo no ha sido modificado en el art. 264 del CPP, el que debe aplicarse es el de 24 horas, sin embargo, en el cambio normativo realizado por el D. Leg. N.º 1298, publicado el 30 diciembre del 2016, se le ha agregado otro elemento: el término de la distancia. Esto implica que el plazo es de 48 horas, pero puede ampliarse por el término de la distancia. Aquí surge una interrogante ¿Cómo se calcula el término de la distancia? En este caso hay que remitirnos al art. 148 del CPP que dice que se computa teniendo en cuenta la sede geográfica, y el medio de locomoción utilizable y disponible para el caso concreto y la Corte Suprema elaborará el cuadro correspondiente. El cuadro de términos se concreta en la Resolución Administrativa N.º 288-2015-CE-PJ, del 16 de setiembre del 2016, que debe emplearse a fin de limitar los plazos y no convertir las detenciones en arbitrarias. Esta resolución precisa algunos conceptos que deben emplearse para el criterio de ampliación de detención en su art. 5: Artículo 5. Definiciones; Distancia. Es el espacio geográfico que inedia entre dos lugares. Plazo Procesal. Tiempo en que debe realizarse un acto procesal. 0 ,;¡ "

136

.l

PROCESO lNNlF'.D!/\1'() HEF(JRiVlAl)O P()R E.l. DEClU.::TG T... Ef."!iSJ..xnvo N.c 1194 V VUEt:f() t\ .REFORt\ii/\.R.,,

Término procesal. Límite _clel plazo en que debe realizarse un acto procesal.

Término de Distancia. Período de tiempo que se concede, cuando el lugar en que se ubica el órgano jurisdiccional ante d cual debe efectuarse el acto procesal es diferente de aquél donde se encuentra la o las personas o parte que debe practicarlo y que se suma al plazo ordinario fijado en la ley para la realización del acto procesal, Sede [udictal Principal. Ubicación de la presidencia de CSJ de un Distrito Judicial en una Provincia especifica.

El término de la distancia es el resultado de la suma de un plazo extraordinario al plazo ordinario fijado por ley, por lo que en la práctica se autoriza que se amplíe el plazo de 24 horas instituido en el art. 264 del CPP y que ha sido aumentado a 48 horas en la Constitución de 1993, a otro que puede ser 72 horas o más, limitado por los tiempos adicionales fijados por la resolución administrativa Resolución Administrativa N.º 288-2015-CE-PJ. No dejamos de tener en cuenta que la realidad rebasa las normas de allí que, en circunstancias especiales, complejidad, lejanía, el plazo de 24 horas no se cumplía por lo que el agregado de termino a la distancia que es un sincerarnicnto a nivel normativo, siempre en casos excepcionales. Sobre este aspecto el Poder Judicial cuenta con una herramienta de cálculo para determinar de acuerdo a la ubicación geográfica el término de la distancia". Hay que considerar además que este problema ya había sido detectado por los que han participado activamente en la aplicación del proceso inmediato. Así se ha sostenido que el plazo para que el juez de investigación preparatoria señale fecha de audiencia de incoación de proceso inmediato es muy corto, en los casos que el imputado radica en lugares muy alejados, esta situación se acrecienta cuando la fiscalía

4

Véase .

137

VlCTOR JlMMY ARBULÚ lVlM(['ÍNEZ j

señala varios domicilios sin tener la certeza de cuál es el domicilio real del imputado". 2.1. LA DETENCIÓN DEL JMPUIADO Y LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA ÚNICA

El art, 44'7 del CPP dice que el imputado debe estar detenido hasta la realización de la audiencia única, lo que implica una medida cautelar tasada, que nacida de la flagrancia se encuentra en problemas cuando el fiscal no va a solicitar la prisión preventiva. Entonces fluye la siguiente interrogante: ¿Es necesario mantener la detención del imputado hasta la audiencia si no va a existir pedido de prisión? Nosotros hemos afirmado que nos parece incorrecto que a una persona se le mantenga con detención, debiendo ser puesta en libertad hasta la realización de la audiencia. Esta cuestión fue formulada en el Pleno Jurisdiccional Penal y Procesal Penal realizado en Moquegua el 9 y 10 de junio del 2017, en los siguientes términos: ¿En un proceso inmediato, sí el Ministerio Público no requiere prisión preventiva, debe ponerse al detenido a disposición del juzgado hasta la realización de la audiencia? Luego de una amplia discusión por mayoría los jueces acordaron ío siguiente: Antes de aplicar la ley, debe ser interpretada dentro de un contexto constitucional. Y los literales b) y f) del artículo 2 numeral 24 de la Constitución Política del Estado establecen: "b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley] ... ]". Y, "Í) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia", 5 1194.

MENESES GoNZALES,

Bonifacio, "El proceso inmediato en el Perú D. Leg.

Problemática advertida y soluciones", en Jus Fraganti, n." 1, Lima: Coordinación Nacional de Flagrancia, 2016, p. 137.

138

.PROCESO fNM.EDI/\°i'O REF0Rfv1AD0 POfl. EL DECH.. E.'T"{) LEGI.SLA!.'IVO N.'·' '.1194 Y \iUFJ:T'() ..

r.

H.EFORMi\H_

Esta postura mantiene la medida cautelar tasada, y decirnos estos porque se subvierte los presupuestos básicos de una medida cautelar personal como es elfurnus comissi delicti y el periculum in mora. Y se salta la barra de algo que también puede darse, la imposibilidad jurídica de solicitud de media cautelar de prisión preventiva en delitos con penas conminadas menores o iguales a cuatro años de privación de Libertad. 2.2. EL CAMBIO EN EL ORDEN PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ EN EL PROCESO INMEDIATO

El D. Leg. N.º 1194 instauró el siguiente orden para que el juez se pronuncie por las solicitudes del Ministerio Publico: 4.

La Audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el articulo 85. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:

b)

Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal; Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;

e)

Sobre la procedencia de la incoación. del proceso inmediato.

a)

El D. Leg. N. o 1307 ha modificado el orden de pronunciamiento del juez de la siguiente forma: a) b)

e)

Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal.

La última modificatoria se ha puesto en consonancia con el Protocolo de actuación ínterinstitucional para el proceso inmediato aprobado la Comi- sión Especial de Implementación del CPP, constituida por representan-

139

VJCTOR .HMMY ARI\\.iÜ! Mi\RTÍNE?:

i

tes del Poder Judicial, Ministerio Publico, Policía Nacional y Defensa Publica. Este protocolo, en contra de lo que decía el D. Leg. N.º 1194 y el principio de legalidad, modificó el orden de las pretensiones del Ministerio Publico. El juez debía resolver la primera pretensión, esto es el requerimiento de prisión preventiva, el mismo que debía entenderse como un proceso cautelar que debe darse o no evaluando la existencia de sus presupuestos, esto es, el [umus comissi delicti y el pertculum in mora. Cuando el Protocolo hizo la inversión, se discutía no la medida cautelar sino la procedencia del inmediato, y si este no se aprobaba, debía ser remitido los actuados al juez del Código de Procedimientos Penales de 1940, sin pronunciamiento sobre la prisión preventiva; y cuando llegaba a manos de este, resolvía retornar los actuados al juez de investigación preparatoria, porque no se había pronunciado. Ahora si el juez de la investigación preparatoria denegaba el proceso inmediato y dictaba la prisión preventiva, en el esquema del proceso ordinario del CdePP de 1940, se sostenía que no podía existir una medida cautelar sin proceso, aplicando estos parámetros a un proceso especial, como el inmediato que tenía su propia especificidad además que el Decreto Legislativo antes referido así lo había establecido. La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016/CIJ-l 16, del 1 de junio del 2016, señaló con claridad que el incidente cautelar era un proceso autónomo. Ahora, cuando el imputado ya tenía una prisión preventiva dictada por juez de la investigación preparatoria, y llegaba al juez penal del CdePP de 1940, por no haberse aprobado el proceso inmediato, este debía pronunciarse sobre la apertura de instrucción y sobre la procedencia de la prisión preventiva. Si abría proceso penal, se convalidaba la prisión preventiva, y sin dictaba un no ha lugar abrir instrucción, la prisión preventiva dejaba de existir. El nuevo orden de pronunciamiento, no sabemos por ahora, si corregirá los problemas que se derivaban de la versión del D. Leg. N.º 1194, sin embargo, advertimos que, desde la perspectiva de simplificación pro·- cesal, el orden que ha instaurado el D. Leg. N. o 1307 tampoco coadyuva en la celeridad que es connatural al proceso inmediato. Consideramos que el primer pronunciamiento del juez debe ser sobre la procedencia

140

s;;:;;;;;;z.,. . .. ·.

!

PROCESO JN?vlE!}lr'\:ro REFOIUvlt'\DO POR E!. DECRE"fO .LEc;-rSL/\T'f\/() .N.'·' 1.194 -,( VUE:r.:ro /\ H.EF0Rlv1AR. ...

de algún criterio de oportunidad o de la terminación anticipada si es que hay voluntad del Ministerio Publico y el imputado en arribar a un acuerdo. El juez de investigación preparatoria haría el control de lega .. lidad del acuerdo, y si lo aprueba, culmina el proceso, y si no, procede a examinar si se cumplen los supuestos del proceso inmediato y con su aprobación o no, se pasa a evaluar la medida cautelar solicitada. 2.3. IMPUGNACIÓN DEL AUTO QUE SE PRONUNCIA SOBRE EL REQUERIMIENTO DEL PROCESO INMEDIATO

La impugnación del auto que aprueba el proceso inmediato, también ha sido modificada. El D. Leg. N.º 1194 señalaba lo siguiente: 5.

El auto que resuelve e! requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.

El D. Leg. N.º 1307 ha traído la siguiente modificación: 5.

El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la mismaaudiencia de incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpone y fundamenta en el mismo acto. No es necesaria su formalización por escrito. El procedimiento que se seguirá será el previsto en el inciso 2 del artículo 278.

En la Iínea de garantizar la celeridad, la norma dispone que el auto que resuelve sobre el pedido de proceso inmediato debe apelarse y fundamentarse el recurso en la misma audiencia, y no se requiere que se haga por escrito, lo que nos parece conforme a la naturaleza de simplificación procesal que es una de las notas esenciales de este proceso especial. El procedimiento recursal es similar al de la apelación de la prisión preventiva (art. 278.2. CPP) que a la letra señala:

141

V!CTOR J,i\,\MY i\J\lfü[,Ú 'f\/L1\RTÍNEZ

i

Artículo 27B. Apelación 1. ... 1

2.

La Sala Penal se pronunciará previa vista de la causal que tendrá lugar, dentro de las setenta y dos horas de recibido el expediente, con citación del Fiscal Superior y del defensor del imputado. La decisión, debidamente motivada, se expedirá el día de fa vista de la causa o dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad.

La remisión al art. 278.2 del CPP cubre un vado existente en el proceso inmediato pues al no haber plazos, pese a que eI mismo CPP establece que el juez puede fijar plazos cuando no se hayan señalados", entonces esto se dejaba a] arbitrio del juez, atentando contra la celeridad que está implícito en el proceso inmediato. 2.4. EL JUICIO ORAL

En el ámbito del juicio, el D. Leg. N.º 1307 tiene modificaciones que nos parecen relevantes para el análisis. El D. Leg. N.º 1194, sobre el juicio oral inmediato, estableció las siguientes reglas: 3.

Instalada Ia Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreced para su admisión. de conformidad con lo establecido ·en e! artículo 349. Si el juez penal. determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral ! del artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el juez penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.

6

El art. 146 del CPP, señala:

"Art. 146, Subsidiariedad. El fiscal o el juez podrán fijar plazos a falta de previsión legal o por autorización de ésta".

142

l"'ROCESO INfvlEI)Ji\t'O i{EFORMADO PO.R .EL DECRE'T'O I..EC:JSI../\]'IVO N. e 1 J. 9·4 y· \-'UEL:ro ;.':.,. R.EFOR"iV1/\R.,.

4.

El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El juez penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato.

El D. Leg. N.º 130'7 en la modificatoria del juicio oral tiene esta nueva redacción en el art. 448 del CPP: 4.

El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará en el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410.

5.

El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatodas. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación, de conformidad con el numeral l del artículo 350.: y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.

6.

El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Eljuez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican fas reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato.

Como podemos ver en el texto del D. Leg. N.º 1307, se incorpora expresamente la posibilidad del sobreseimiento que es el resultado de un control de la acusación presentada por la fiscalía, en la medida que se cumplan los presupuestos para declarado así de acuerdo a Jo dispuesto por el art. 344.2 del CPP7 . Igualmente, si se funda un medio de defensa 7

El art. 446.2 del CPP, señala: Art 344. Decisión del Ministerio Público. [ ... ] 2. El sobreseimiento procede cuando: a) El hecho objeto de la ca usa no se realizó o no puede a tribuírsele al imputado; b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o ele no punibilidad:

143

vrcrou Jt!vlt.;fY !\.RBULÚ JVJi\RT.ÍNF:Z

f

técnico, la apelación, si es interpuesta, se concederá con efecto devolutivo, a fin de que continúe: el proceso principal, y además en aras de la celeridad se debe fundamentar en el mismo acto. En la medida que una apelación de resolución interlocutoria si se eleva a la Sala Superior, puede complicar el proceso, y atentar contra la simplificación procesal, se justifica la remisión al art, 41 O del CPP8 que implica que la apelación tendrá el carácter de diferida. 3.

PUESTA EN VIGENCIA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL RESPECTO AL PROCESO INMEDIATO PARA APLICARLO EN EL SISTEMA PROCESAL DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La puesta en vigencia del proceso inmediato en el sistema del Código de Procedimientos Penales ha provocado Ia urgencia de poner en vigencia diversos artículos para poder aplicarlo sistemáticamente, cubriendo vacíos legales. La Sétima Disposición Final del D. Leg. N.º 1307 ha dispuesto el adelantamiento de la entrada en vigencia de los arts. 401 al 409, 412, 414, 417 al 426 del D. Leg. N.º 957, en los distritos judiciales donde aún no se encuentre vigente dicha norma, se entiende que se aplica del Código de Procedimientos Penales, para su aplicación en el proceso inmediato.

e) d)

8

La acción penal se ha extinguido; y, No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadarnente el enjuiciamiento del imputado

El art. 410 del CPP, señala: Art, 41 O. Impugnación diferida l. En los procesos con pluralidad de imputados o de delitos, cuando se dicte auto de sobreseimiento, estando pendiente el juzgamiento de los otros, la impugnación que se presente si es concedida reservará la remisión de los autos hasta que se pronuncie la sentencia que ponga fin a la instancia, salvo que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las partes. 2, En este último caso, la parte afectada podrá interponer recurso de queja, en el modo y forma previsto por la Ley.

144

F'R.OC:f:S{) lNf'1,iED.1ATO f.{F}«:}RlvlAfJ() POH. EL DEC.1-U/.'"I{) LE.c;1SL/-.}'JVO "[\]_:� 1] 9.·:j. y vur�iJ"O /�. H.EFOR.l\·V<.R, .. 1r:_... I_4_ r.:.l'C.... [- � .lo

J.:J

á� O . . ( 1 , 1. r �f )P 'r'1 J,«, .

.l.,,,, ..

'

\..._

.

J...

·

e c u r s o d .. P

c r it e ri o .•..

i..

�

.,.,

.

IJJºu"..:i... u,..i..n. )..t<...e.-r·. pt \....1

l'

<-...,

.......

A

v\

J'

" ..

.....

o.., nr.. e r r C1

....

.

-'--"�n_t· °�.....--

lación de la sentencia resultante de un juicio oral del proceso inmediato. El recurso se interpone en el mismo acto de lectura y no se requiere que se formalice por escrito. Si el acusado no concurre a la audiencia de lectura, tiene plazo de tres días para apelar conforme al lit. e) del inc. I del art. 414 del CPP. La Sala Penal Superior, recibido el cuaderno de apelación, comunicará a las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de tres días. La diferencia con el proceso común es que los plazos se acortan dada la naturaleza célere del inmediato.

El art. 403 del CPP dispone la inscripción de la condena en los registros del Poder Judicial, lo que siempre se ha realizado, y señala además que caduca automáticamente con el cumplimiento de la pena o medida de seguridad. Esta norma procesal. debe interpretarse sistemáticamente con lo que dispone el art, 69 del CP'I, para evitar que surjan contradicciones en su aplicación. El art, 404 del CPP señala qué sujeto procesal está legitimado para recurrir las resoluciones que sean según el procedimiento son impugnables. Los recursos impugnatorios se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida. Las formalidades del recurso impugnatorio 9

El art. 69 del CP, dispone: "Art. 69. Rehabilitación automática El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite. La rehabilitación produce los efectos siguientes: 1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia.No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó; y, 2. La cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación. Tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales, judiciales y policiales será provisional hasta por cinco años. Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia o habitualidad, la cancelación será definitiva".

145

vieron

.J.lMMY AíUlULÚ MA!tJ'INEZ

i

están previstas en el art, 405 del CPP. que dispone que el recurso que se presente lo realice la parte legitimada. El recurso interpuesto para el proceso inmediato debe ser oral, en la misma audiencia. El apelante está obligado a precisar cuáles son los errores de hecho o de derecho de la decisión que impugna y refuta, y debe concluir formulando una pretensión concreta que puede ser la nulidad o la revocatoria. Para completar el sistema de recursos para el proceso inmediato, se ha puesto en vigencia el art. 406 del CPP que regula el desistimiento - lo cual puede efectuarse hasta antes de dictarse la resolución sobre el grado-. El apelante debe expresar las razones por las que se desiste, lo que tiene un sentido constitucional pues hay un reconocimiento de la pluralidad de instancia. El desistimiento no puede ser realizado por el abogado defensor sin que haya sido autorizado por el patrocinado. El art. 407 del CPP establece el ámbito del recurso en los que puede presentar su pretensión el apelante, el imputado y el Ministerio Público pueden impugnar del objeto penal o del objeto civil de la resolución y el actor civil solo podrá recurrir respecto al objeto civil de la resolución y los efectos extensivos del recurso en el art. 408 del CPP. En las modificaciones observamos que no hay una regulación específica para la intervención de la víctima y su constitución como actor civil; vacío que ha sido criticado en la doctrina como la postura de SALAS ARENAS, quien afirma: Según el anterior texto del artículo 447 del CPP, en que había 29 días de investigación preparatoria antes de promover el proceso inmediato, en algunos casos, correspondía al juez de la investigación preparatoria aten- der el pedido del agraviado y constituir, si corresponde, en actor civil. Ante el vacío actual, se tendrá que administrar el pedido del agraviado en la parte inicial de la audiencia única de juzgamiento: si no se admite, se estaría obstruyendo; el derecho de defensa del agraviado. En el control de acusación las partes pueden ofrecer medios de prueba, el juez de juzgamiento puede innovar en el marco de la ley, llenar la laguna con un sentido principista y dar lugar a la constitución en actor civil",

10

SALAS ARENAS,jorge, "Reflexiones sobre proceso inmediato en flagrancia y otros e • "

146

.�

P.ROCESO lNMED1AI'O REFOf:UVIADO POR E!., .DE(:RE'f'() .LEC�JSl.l-Y.t'!VO N .'' 1194

"'J.'

vunrro /\ rn.·:FO.RNI/\R ...

Se ha puesto en vigencia el art. 409 del CPP que establece las competencias del tribunal revisor. Aquí es de anotar que esta norma posee mayores precisiones respecto de las facultades que tienen los órganos revisores que actúan bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales. En eI plano de la ejecución tenemos que con la aplicación del art. 412 del CPP se dispone la figura de provisionalidad de la ejecución de la resolución, y que en el caso de las impugnaciones contra las sentencias y resoluciones que dispongan la libertad del imputado, no podrán tener efecto suspensivo, es decir que se debe ejecutar si o si la libertad. Esto se complementa con el art, 418 del CPP que como efecto establece que el recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia, y si son sentencias condenatorias con pena privativa de libertad efectiva, esto se puede ejecutar pro vi- sionalmente. Se faculta al tribunal superior que en cualquier estado del procedimiento impugnatorio decida mediante auto inapelable, atendiendo a la situación concreta, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse. Por último, se ha puesto en vigencia diversos artículos del CPP, como son: el art. 417 que fija la competencia para conocer el medio impugna torio, el art. 419 que versa sobre las facultades de la Sala Penal Superior, el art 420 que señala el trámite de la apelación de autos, el art. 421 que trata sobre el trámite inicial de apelación de sentencias, el art. 422 que versa sobre la posibilidad de ofrecer pruebas en segunda instancia, el art. 423 que trata sobre el emplazamiento para la audiencia de apelación, el art. 424 sobre las reglas de la audiencia dé apelación, el art. 425 sobre las reglas para la sentencia de segunda instancia, y el art. 426 que trata sobre los supuestos para la nulidad del juicio.

supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N.º 1194", en Ius Fraganti, n." l, Lima: Coordinación Nacional de Flagrancia, 2016, p. 39.

147

V!CfOR JIMMY f\RBULÚ MARTÍNEZ

4.

¡

CONCLUSj[ONES

Las modificaciones realizadas por el D. Leg. N.º 1307 si bien han tenido la virtud de cubrir vados y deficiencias del proceso inmediato reformado por el D. Leg. N.º 1194, todavía deja cabos sueltos que deben ser cubiertos por interpretación jurisprudencial. - El orden de pronunciamiento del juez de investigación preparatoria, sobre los requerimientos del Ministerio Publico en la audiencia única no es el más idóneo en aras de la simplificación procesal. --

5.

La mayor precisión en los plazos para los recursos impugnatorios y la puesta en vigencia de artículos del CPP para los distritos judiciales en los que todavía no ingresa en su totalidad la reforma procesal penal, permite dotar al proceso inmediato de un cuerpo normativo sistemático hasta la ejecución de la sentencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

"El nuevo proceso inmediato (Decreto Legislativo . N .º 1194). Hacia un modelo de justicia corno servicio público de calidad con rostro humano", en Ius Fraganti, n.' 1, Lima: Coordinación Nacional de Flagrancia, 2016, pp. 6-12.

ARAYA VEGA, Alfredo.

Buncos MARIÑos, Víctor, "Eficacia y garantía en el proceso inmediato", en Ius Puniendi n," 1, Lima: marzo-abril del 2017. GoNZALES, Bonifacio, "El proceso inmediato en el Perú D. Leg. 1194. Problemática advertida y soluciones", en Ius Fraganii, n.º l, Lima: Coordinación Nacional de Flagrancia, 2016, pp. 131-138

MENESES

ARENAS,Jorgé, "Reflexiones sobre proceso inmediato en flagrancia y otros supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N.º 1194", en Ius Fraganti, n," 1, Lima: Coordinación Nacional de Flagrancia, 2016, pp. 28--43.

SALAS

CASTRO, César, "Proceso inmediato (NCPP originario y D. Leg. N.º 1194)", en Ius Fraganti, n," l, Lima: Coordinación Nacional de Flagrancia, 2016, pp. 13-27.

SAN MARTÍN

.. I>

lil

148

A, _'NA_ .L

sr A 1 A CA s s A e' 0 · r � A

_

_

_ _¿

,

_

1

1

1'.

. · -·� ,T

N.º 692-2016-LINlA NOKfE Flagrancia, flagrancia presunta y diligencias preliminares VÍCTOR MANUEL BAZALAR PAZ'' Universidad de Piura

¡..::ocfe·f'f"c:···,-··,··

l.

INTRODUCCIÓN

El derecho penal por un lado, busca la máxima eficacia en la pre·vención y castigo de Íos delitos; por otro lado, y al mismo tiempo, busca lograr dicha tarea respetando los derechos fundamentales y las garantías del imputado. Esta doble función produce una tensión que amenaza con romper el derecho penal en cualquier momento, y casi siempre, lo hace en beneficio de la eficacia y seguridad. Por ello, corresponde a la jurisprudencia, sobre todo a la del más alto nivel, marcar una línea firme que permita seguir confiando en la vigencia de las garantías y

Ahogado por la Universidad de Piura, con estudios de maestría en Derecho Público por la misma casa de estudios. Fiscal Adjunto Provincial en el Ministerio Público. El autor dedica el presente trabajo a Dios, a la Virgen María y a su querido Distrito Fiscal de Sultana por su sexto aniversario, presidido por la Dra. Carolina Elena Delgado Manrique.

149

VÍGfO.R iVIANUEL J1-'\7.Al.,;\f(PAZ j

derechos fundamentales, a pesar de retrocesos puntales que deben ser m. mec1·iatarnente correg1idos I . En dicho sentido, la Casación N.º 692-2016-·Lima Norte nos recuerda la vigente victoria de la razón sobre la fuerza: la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza". Esto es, que si bien, la policía y la fiscalía tienen la misión de perseguir el delito, en salvaguarda del derecho fundamental a la "seguridad" deben hacerlo dentro de las reglas de un Estado constitucional de derecho, que se erige como la forma lógica, racional, democrática y reglada de ejercitar la fuerza pública. De lo contrario, la institucionalización del derecho penal del enemigo, eliminando las garantías procesales como el debido proceso y el derecho a la defensa, implicaría reabrir una caja de pandora históricamente ya ha mostrado sus consecuencias más atroces, como por ejemplo, en los pensamientos del nacional socialismo que aduciendo el bien del pueblo trataron de justificar las vulneraciones más terribles a los derechos fundamentales. En el escenario mundial actual donde la seguridad y la libertad están en constante tensión, el presente trabajo busca analizar la Casación N.º 692-2016- Lima Norte, que es la primera sobre flagrancia presunta y proceso inmediato dictada en el Perú, y que ha marcado importantes pautas a fin de entender y utilizar correctamente ambas instituciones. En dicho sentido, en primer lugar, estudiaremos la flagrancia presunta, en segundo lugar, analizaremos las conclusiones arribadas en la Casación. No se puede perder de vista que el fiscal puede disponer no iniciar el proceso inmediato de una persona cuando considera que la deténción no es suficiente, y que en el mismo sentido, puede disponer el no

Muxoz CoNDE, Francisco, "El nuevo Derecho penal autoritario", en Revista Nuevo Foro Penal, n.º 66, Medellín: 2003. Recuperado de
Manuel, "El derecho como argumentación", p. 38, citado por GÁLVEZ VtLLEGAS, Tomas Aladino y Ricardo César ROJAS LEÓN, Derecho penal. Parte especial, Lima: Jurista Editores, 2017, p. 94.

ATIENZA,

150

1\J\!J\us1s /\ I.J\ ('.A.SJ\C'.l.ÓN :N.'� 692·2016--Lf.M.A NORTE

requerimiento de una prisión preventiva si considera que no existen los suficientes elementos de convicción para ello". 2.

MARCO TEÓRICO

2.1. FLAGRANCIA PRESUNTA

La detención policial por flagrancia delictiva por flagrancia presunta es una institución del derecho procesal penal que tiene la naturaleza de una medida cautelar personal prejurisdiccional, y que, en palabras sencillas, consiste en que un poli da detiene a una persona, a pesar que, no existe mandato judicial, siendo el único fundamento de la detención, que dicha persona, es encontrada dentro de las 24 horas de realizado el delito con objetos, instrumentos y efectos del mismo". Por este dato objetivo y con el fin de recabar los suficientes elementos de convicción de cargo o de descargo, y, finalmente, para que el agente, de ser el caso, reciba eficazmente la pena que le corresponde, lográndo su resocialización en su propio bien5 y en el de la sociedad, es

3

SÁNCHEZ VELARDE,

Pablo, "La detención en el nuevo Código Procesal Penal", en

Anuario de Derecho Penal, Fribourg: 1993. Recuperado de .

4

Según el principio de [urisdiccionalidad que rige las medidas cautelares recogido en el art, IV.31 del CPP estas solo pueden ser ordenadas por la autoridad judicial dada la especial afectación de los derechos de la persona a quien está dirigida la medida ca utelar se reserva al juez la potestad de disponerla. Sin embargo, se encuentran previstas algunas excepciones a la regla de la jurisdiccionalidad, como en los casos de detención policial por flagrante delito o en los casos de exhibición e incautación de bienes, atribución otorgada también al fiscal o a la propia policía, conforme lo previsto en el a rt. 316 del CPP.

5

El art, IX del TP del CP establece que: "La pena tiene función [.. .jresocializadora". "[S]e individualiza primeramente el mal, el peligro, el riesgo, o sea el delincuente, para individualizar también después el tratamiento, el remedio, la pena. Con lo gue entramos de nuevo por este lado en el sistema penal educativo, psicológico y profiláctico, pidiéndolo y aplicándoselo a los adultos, como hemos visto que se pide y se aplica a los jóvenes y adolescentes [... ]".GARCÍA DORADO MONTERO, Pedro, Nuevos derroteros penales, Lima: Actualidad Penal, 20 I 6 (ebook editado de la versión original de 1905), p. 86.

151

que preventivamente permanecerá encerrado durante 48 de investigación, de conformidad, con el modificado art. 2.24.f) de la Constitución6. Los casos de detención policial en flagrancia no son sencillos". Existen detenciones policiales que carecen de justificación lógica". Peor aún, si está difundida la práctica del "sembrado" de drogas, armas o municiones para efectos de "legitimar" una flagrancia inexistente o justificar una detención por el plazo de 15 días. La detención policial mecánicamente no puede inicar el proceso inmediato. El Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 2-2016/CIJ-116 (En adelante AP N.º 2-2016), Í. j. n.º 8.a, segundo párr., in fine, estableció que, la noción general de flagrante delito requiere de una aplicación juridiccional, que siempre esté atenta a las singularidades del modo
6

Para un mayor desarrollo de la modificatoria constitucional véase: BAZALAR PAZ, Víctor Manuel, "Análisis a la Ley N.º 30558 que modificó el artículo 2.24.f) de la Constitución y amplió el plazo de la detención policial en caso de flagrante delito de 24 a 48 horas", en Gaceta Penal
7

En dicho sentido, no compartimos las posiciones de los siguientes juristas que sustentan que todos los casos de detención policial en flagrancia son sencillos: SAN MARTÍN CASTRO, Cesar, "El proceso inmediato (NCPP originario y D. Leg. N.º 1194", en Gaceta Penale/ Procesal Penal, t. 79, Lima: enero del 2016, pp. 153165; ídem, SAN MARTIN CASTRO, Cesar, Derecho procesal penal. Lecciones, Lima: Inpeccp-Cenales, 2015, pp. 803-816; BURGOS MARIÑOS, Víctor Alberto Martín, "Constitución en actor civil y control de acusación en el proceso inmediato", en Primer Congreso Internacional la Exegesis del Decreto Legislativo 1194_v-.su aplicación en América Latina, 27, 28 y 29 de enero del 2016. Disponible en .

8

Para un mayor
9

Para un mayor desarrollo del AP, véase: BAZALAR PAz, Víctor Manuel, "Análisis al Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-20016/CIJ-116: Proceso penal inmediato reformado", en REVILLA, Percy (coord.), El nuevo proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción, Lima: Gaceta Jurídica, 2016, pp.

431-464.

152

En doctrina, hay dos formas de entender la flagrancia. La primera, como la hadan las antiguas civilizaciones, que es la que básicamente hemos heredado". La segunda, una concepción evolucionada que se corresponde con la realidad, que comprende a la j1agrancia presunta y a la flagrancia por reconocimiento (directo y virtual)!', que constituyen, los modernos supuestos de flagrancia, que permiten la captura del agente dentro de las 24 horas de la realización del delito. Entonces, no es jurídicamente posible excluir de plano a la flagran-cía presunta ni a la flagrancia por reconocimiento, siempre que, el proceso penal se rige por el principio de legalidad, y si bien, hay diferentes posiciones sobre la flagrancia, nuestro art. 259 no hace distingo alguno, por tanto, la flagrancia presunta y por reconocimiento son verdaderos tipos de flagrancia':'.

10

"La flagrancia es una institución de naturaleza procesal de larga data (desde los inicios de la civilización) y que ha ido evolucionando con el tiempo. [ ... ] Desde los tiempos más antiguos se ha visto directamente ligada a la detención por el delito cometido, tal es así que se han establecido diversas modalidades o supuestos de flagrancia". Vid., AA. VV., Laflagrancia en el nuevo proceso penal, Lima: Universidad San Martín de Pones (Escuela de post grado), 2011, p. 7. Recuperado de .

11

Para un mayor desarrollo de la flagrancia por identificación véase: BAZALAR PAZ, Víctor Manuel, "Análisis a la Casación N." 842-2016-Sullana. La primera sobre proceso inmediato y flagrancia", en Gaceta Penal .e-1 Procesal Penal, t. 94, Lima: abril del 20 l 7.

12

Yid.,

Miguel Angel, "El proceso inmediato: ¿Cuáles son los aportes de las modificaciones contenidas en el Decreto Legislativo N.º J 194?", en Gaceta Penal erProcesal Penal, t. 76, Lima: octubre del 2015, pp. 48-49; SALAS ARENAS, Jorge Luis, "Reflexiones sobre el proceso inmediato. en flagrancia y otros supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N.º 1194", en Gaceta VÁSQUEZ RODRÍGUEZ,

Penal

.e-1 Procesal Penal, t. 79, Lima: enero del 2016, p. 170;

LOZANO, Rolando, "Cuando el fiscal pierde la facultad de incoar y se convierte en obligación en casos de flagrancia. A propósito de la puesta en vigencia del D. L. N.º 1194", en Actualidad Penal, n." 21, Lima: marzo del 2016, p. 61; SÁNCHEZ VEI.ARDE, Pablo, El REÁTEGUI

nuevo proceso penal, Lima: Idcmsa, 2009, p. 33 I: CADAVID BcnERO, Mario Nicolás, "Rol del Fiscalía en el nuevo Código Procesal Penal y en el Proceso Inmediato", en Primer Congreso Internacional la Exegests del Decreto Legislativo 1194 y su aplicación en América Latina, 27, 28 y 29 de enero del 2016. Disponible en «bit.ly/2cVbqlR>;

153

vieron MANUEL BAZALAR

vs: i

El AP N.º 2-2016, en su f. j. n.º S.a, sexto párr., in fine, enseña que para los efectos de la compatibilidad de la flagrancia con el proceso inmediato, en la noción de evidencia, siempre, ha de primar la claridad de la comisión del delito, descartándose, el proceso inmediato cuando este- mos ante detenciones policiales dudosas o con información incompleta. 2.1.1.

Requisitos sustanciales

La detención policial por flagrancia presunta tiene la naturaleza jurídica de una medida cautelar personal prejurisdiccional privativa del derecho a la libertad ambulatoria. Como toda medida cautelar tiene dos requisitos: la apariencia del derecho y el peligro en la demora, sin los cuales su imposición sería inconstitucional. La apariencia del buen derecho o fumus bonis iurís, en el derecho procesal penal, lo constituye el fumus comissi delicti o apariencia de la comisión de un delito y de su responsable. La apariencia de la comisión de un delito, significa que, preliminarmente deben existir razones obje- tivas suficientes que indiquen que en el mundo real se ha cometido un delito y que una persona concreta sería la responsable, entonces, este primer requisito, tiene naturaleza sustantiva. EIAP N.º 22016, en su f. j. n.º 8.a, segundo párr., establece que, las razones objetivas o notas sustantivas que sustentan la detención en flagrancia son: a) inmediatez temporal, y b) inmediatez personal. La detención por flagrancia presunta (ficta, evidencial, inferida, diferida o ex post ípso) está regulada en el art. 259.4 del CPP, y su inmediatez no es "en el momento y en el lugar que ocurre el delito"!' sino "dentro de las veinticuatro horas y porque el agente es encontrado con objetos, ins- trumentos y efectos del delito (las cursivas son agregadas]"!". y, ANGULO ARANA, Pedro Miguel, "La flagrancia delictiva y la Ley N.° 29569", en Gaceta Penal ,
13

VILLEGAS PAIVA,

14

SÁNCHEZ VELARDE,

El nuevo proceso penal, ob. cit., p. 331.

154

J\.NA.LJ.Sif'. ./\ l . .i\ CAS.t\(:lÓ.N l\J_:·, 692-20:l.6.-LI"M:\ J\JOR'fE

a)

La inmediatez temporal

El A.P N.º 2-2016, f. j. n." 8.a, segundo párr., indica que inmediatez temporal significa: la acción delictiva se está desarrollando en el momento en que se sorprende 5, concepto que calza en el art, 259.1 1 del CPP. Por el contrario, el art. 259 .4 del CPP, establece que, la inmediatez temporal significa: la acción delictiva se desarrolló hasta hace veinticuatro horas del momento en que se sorprende. Frente a esta disyuntiva, es necesario conocer la evolución del concepto de inmediatez temporal, para compren-- der el significado de la inmediatez temporal en la flagrancia presunta. La flagrancia apareció en el Perú con la Constitución de 1826 (art, 119); sin embargo, nunca se ofreció una definición de aquella, menos un concepto de inmediatez temporal. En el CPP de 1991 se definió por vez primera laflagrancia, estableciendo que la inmediatez temporal significaba "en el momento o momentos antes"; sin embargo, dicha norma no llegó a regir". La Ley N.° 27934, Ley que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la fase de investigación preliminar del delito, del 11 de febrero del 2003, establecía, que la inmediatez temporal significa "actual o inmediatamente después"!'. El contenido original del art. 259

15

En el mismo sentido, las sentencias del Tribunal Constitucional N. º I 9232006- HCITC, Lima: 16 de marzo del 2006, f. j. n." 5 N." 5451-2005-HCITC, Lima: 29 de agosto del 2005, f. j. u." 5; N." 2617-2006-FJC!TC, Lima: 17 de mayo del 2006, f. j. n." 5; N. o 6142-2006-HC/TC, ff. jj. n." 4 y 6; citados por ORÉ GUARDIA, Arsenio, "Estudio Introductorio", en REVILLA, Percy (coord.), El nuevo 1

proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción,

Lima: Gaceta Jurídica, 2016,pp.13-14. 16

Esta decía, en su art, 370 del CPP, que se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer un hecho punible (flagrancia clásica) o cuando es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundada mente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado en él (flagrancia presunta), o cuando es perseguida por la autoridad (cuasi flagrancia), o cuando por voces de auxilio se pide su captura (flagrancia por identificación).

17

El art, 4 de la Ley N.0 27934, señala que se considera que existe flagrancia "cuando la realización del acto punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto (flagrancia clásica), o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber realizado el acto punible (cuasi flagrancia) o

155

.

VÍCTOR MANUEL BAZ/\1.AR PAZ

'

j

del CPP también establecía, que la inmediatez temporal significa "actual o inmediatamente después'?". El concepto de inmediatez temporal como "en el momento o momentos antes" o "actual o inmediatamente después", cambió dramáticamente con el D. Leg. N.0 983, del 21 de julio del 2007, que modificó el art. 259 del CPP, este establecía, que la inmediatez temporal significaba: "dentro de las veinticuatro horas"19 . El D. Leg. N.0 989, del 22 de julio del 2007, modificó la Ley N.0 27934, esta también establecía que, la inmediatez temporal significa "dentro de las veinticuatro horas'?".

cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo (flagrancia presunta)". 18

El art. 259 del CPP decía que, existe flagrancia "cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto (flagrancia clásica), o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible (cuasi flagrancia) o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo (flagrancia presunta)".

19

Está decía que, existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible (flagrancia clásica), o acaba ele cometerlo (cuasi flagrancia), o cuando: a) Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de este y es .encontrado dentro de las veinticuatro horas de producido el hecho punible (flagrancia por identificación). b) Es encontrado dentro de las veinticuatro horas, después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso (flagrancia presunta).

20

El art, 4 del D. Leg. N.0 989, señalaba que se considera que existe flagrancia cuando el sujeto agente es· descubierto en la realización del hecho punible (flagrancia clásica) o acaba de cometerlo (cuasi flagrancia) o cuando: a) Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de este y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible (flagrancia por identificación). b) Es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas, después de la perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en ese hecho delictuoso (flagrancia presunta).

156

/\N¡:\l.. lS:!S.J\ 1.,i\. \'_'.¡\Si\_(�:IC)N N, 69.2.··2{)].6.,J .. !M/\ N"{)R'X'E

La Ley N.° 29372, publicada el 9 de junio del 2009, modificó el art. 259 del CPP, y con ello se regresó al significado de la inmediatez temporal ,, L ia l" t amen t·e d espue, s - . como · an ua. i o mmec O

"" )!

l

La definición de inmediatez temporal como "dentro de las veinticuatro horas" fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad que originó la sentencia recaída en el Expediente N.0 00012-2008-PI/TC, del 14 de julio del 2010, empero, el Tribunal Consitucional no se llegó a pronunciar por sustracción de la materia, pues ya se había emitido la 22 Ley N.º 29372 • Parte de la doctrina indica que de haber estado vigente el concepto de inmediatez temporal como "dentro de las veinticuatro horas", el TC, en razón de su reiterada jurisprudencia, hubiese declarado

su inconstitucionalidad'". La noción de inmediatez temporal como "dentro de las veinticuatro horas", regresó el 25 de agosto del 2010, con la publicación de la Ley N.° 29569, que modificó el art. 259 del CPP. En consecuencia, actualmente existe flagrancia cuando: "1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible (flagrancia clásica); 2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto (cuasi flagrancia); 3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpe- tración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equi- pos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible (flagrancia por identificación); 4. El agente es encontrado dentro de las 21

22 cit. 23

Esta norma decía que existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y en esa circunstancia, el autor es descubierto (flagrancia clásica) o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible (cuasi flagrancia) o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo (flagrancia por identificación). ANGULO ARANA,

"La flagrancia delictiva y la Ley N.º 29569" art,

Véase, STC N.0 1958-2008-PHC, N.0 5423-2008-PHC o N.0 1871-2009-PHC, citado por PAZ PANDURO, Moisés, "Seguridad ciudadana versus vulneración de garantías constitucionales. A propósito de la Ley N.º 29569", en Gaceta Penal ,e1 Procesal Penal, t. 15, Lima: septiembre del 2010, pp. 46-55.

157

VÍCTOR MANUEL BAZ.A:l.1\R P1\Z

j

veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso (flagrancia presunta)'?", El AP N.º 2-2016, f.j. 8.a, sexto párr, establece: [L]a modificación del artículo 259 NCPP, establecida por la Ley N.° 29596, de 25 de agosto del 20 I O, amplió, exagerada e irrazonablemente, la relación que debe

existir entre la percepción del hecho y el

momento mismo de la intervención al imputado -notas sustantivas de la flagran- cia delictiva+, lo que le resta, en gran medida, inmediatez temporal y personal, así como evidencia. Sin embargo, para los efectos de la compatibilidad de la flagrancia delictiva con el proceso inmediato, en la noción de evidencia siempre ha de primar: claridad de la comisión del delito por el imputado y lógica concluyente de lo que se aprecia y observa (... ), con descarte razonable de alguna duda o información incompleta que fluye de los actos de investigación provisionales realizados inmediatamente o con carácter de urgencia y tiempo im- prescindible, que es a lo que se denomina "diligencias policiales de prevención" [Conforme: GIM.ENO SENDRA, Vicente, Derecho procesal penal, segunda edición, Madrid: Editorial Civitas, 2015, pp. 354-357].

En consecuencia, si bien, en doctrina, hay dos formas de entender la inmediatez temporal, la primera, como la hacían las antiguas civilizaciones", y la segunda, una concepción de inmediatez temporal moderna que se corresponde con la realidad; sin embargo, la ley ha tomado posición, y actualmente, es legítima la captura del agente dentro de las veinticuatro horas de la realización del delito. Si bien, parte de la doctrina argumenta la inconstitucionalidad de las 24 horas para detener, citando sentencias del Tribunal Constitucional, 24

Para un mayor desarrollo de los tipos de flagrancia véase: BAZALAR PAZ, Víctor Manuel, "La detención policial por flagrancia delictiva", en Gaceta Penal .1&1 Procesal Penal, t. 83, Lima: mayo del 2016, pp. 245-277.

proceso penal, ob. cit.

25

Véase, AA. VV., La flagrancia en el

.

..,

nu ev

158

l

'J\.NALlSIS /\ LA CASAC!()N N.': 692·-2016--.Ll\lt.!\ NOR'fF

estas datan de hace más de diez añosi"; por el contrario, en recientes y más importantes pronunciamientos de la Corte Suprema la constitucionalidad de la inmediatez temporal entendida como "dentro de las 24 horas", no ha sido cuestionada (véase, elAP N.ª 2-2016, la Casación N.º 842-2016-Sullana, y la Casación 692-2016-·Lima Norte). La comprensión de las 24 horas es positiva, porque, implica la actualización de un concepto jurídico tan antiguo y tradicional como la flagrancia y, porque, constituye expresión de una política criminal nueva, en la que coinciden el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y la Sociedad, interesados en facilitar la persecución policial, en atención a los graves delitos que afectan a la sociedad. Asimismo, al incorporar el aprovechamiento de los modernos medios técnicos de detección y/ o registro de la comisión de aquellos": El establecimiento de las 24 horas indica un límite que siempre tendrá pros y contras, sin embargo, el hecho de que el agente huya, no elimina el hecho de que posteriormente fuese descubierto con objetos, instrumentos o efectos del delito. La delincuencia contemporánea debe ser combatida y los bienes jurídicos protegidos de modo razonable, en dicho sentido, el derecho debe adecuarse a los nuevos tiempos con nuevos conceptos adaptados a la realidad actual y no facilitar premios que incentiven al delincuente a considerar que el despliegue de su habilidad para escapar ofrecerá como premio la impunidad. En dicho sentido, extender la posibilidad de la flagrancia, respecto a quien ha huido, es algo positivo para la sociedad, en tanto favorece a los intereses de la investigación del delito, que, en sentido contrario, si renunciara a la persecución, le ofrecería al sospechoso tiempo y condiciones para ponerse a buen recaudo, eliminar pruebas y presionar 26

Ord; GUARDIA, "Estudio Introductorio", art. cit., pp. 13-14; PAZ PANDURO, Moisés, "Seguridad ciudadana versus vulneración de garantías constitucionales. A propósito de la Ley N.º 29569", art. cit.

27

ANGULO ARANA,

"La flagrancia delictiva y la Ley N.º 29569", ob. cit., pp. 13-38.

159

testigos, a partir de la convicción de que las condiciones parn su irnpunidad le favorecen". En conclusión, la inmediatez temporal en la flagrancia presunta, actualmente, significa que el imputado sea detenido dentro de las 24 horas después de la realización del delito. b)

La inmediatez personal

Establece la doctrina legal contenida el AP N.º 2-2016, f.j, 8.a, se- gundo párr., que la segunda nota sustantiva que distingue la flagrancia es la inmediatez personal. El AP indica que la inmediatez personal, significa: "[que] el delincuente es encontrado en el lugar de los hechos, en situación o en relación con aspectos del delito (objetos, instrumentos, efectos, pruebas o vestigios materiales), que proclamen su directa participación en la ejecución de la acción delictiva'?". El art, 259.4 del CPP, establece que, la inmediatez personal, significa que, "el delincuente es encontrado con efectos o instrumentos procedentes del delito o que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso". Entonces, en la jurisprudencia y en la ley el concepto de inmediatez personal como "ser encontrado con objetos, instrumentos o efectos del delito", es el mismo. Históricamente, dicho concepto también ha sido el mismo. En el CPP de 1991 se definió por vez primera la flagrancia; sin embargo, dicha norma no llegó a regir. Esta decía, en su art. 370, que se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que ha cometido un hecho punible o participado en él (flagrancia presunta). La Ley N.0 27934, de- cía, en su art. 4, que se considera que existe flagrancia cuando el agente

28

Loe. cit.

29

Vid., CORTE SUPREMA, Acuerdo Plenario Extraordinario N. '' 2- 20 J 6/CIJ-116, publicado el 4 de agosto del 2016 en el diario oficial El Peruano, f. j, n." 8.A, segundo párr. En el mismo sentido, véase: VILLEGAS PAIVA, La detención y la prisión preventiva en. et nuevo Código Procesal Penal, ob. cit.

160

!

ANAUS'!:S_A LA CAS.,"\C'.iÓN N ."' 692-·20] 6--LUvJ/\ NOi:r.!"E

es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo (flagrancia presuntaj.El contenido original del art. 259 del CPP decía que, existe flagrancia cuando el autor es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo (flagrancia presunta). El D. Leg. N.0 983, que modificó el art, 259 del CPP, decía que existe flagrancia cuando el sujeto agente es encontrado con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso (flagrancia presunta). El D. Leg. N.0 989, que modificó la Ley N.0 27934, decía en su art. 4, que se considera que existe flagrancia cuando el sujeto agente es encontrado con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o que hubieran sido ern- pleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en ese hecho delictuoso (flagrancia presunta). La Ley N.0 29372, que modificó el art. 259, decía que, existe flagrancia cuando el autor es sorprendido con objetos o huellas qlle revelan que acaba de ejecutarlo (flagrancia presunta).

Hoy está vigente la Ley N.0 29569, publicada el 25 de agosto del 201 O, que modificó el art. 259 del CPP, que establece que existe flagrancia cuando el agente es encontrado con efectos o instrumentos procedentes del delito o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso (flagrancia presunta). En doctrina, hay dos formas de entender la inmediatez personal; la primera, que incluye solo a la clásica y a la cuasiflagrancia, y la segunda, que además comprende a la.flagrancia por reconocimiento humano directo, a la flagrancia por medios tecnológicos (virtual) y a la presunta.

En la flagrancia presunta el agente no es descubierto y capturado al inicio o durante la comisión del delito (flagrancia clásica), ni siquiera finalizado el hecho delictivo ha sido perseguido y capturado (cuasiflagrancia), ni tampoco ha sido reconocido por persona o máquina (flagrancia por identificación). Por el contrario, en la flagrancia presunta el

161

_vieron

;

YIA.NUEL Bt\Z/\LAH PAZ

¡

agente huyó dellugar de los hechos, sin ser reconocido, además, logró ponerse a salvo; sin embargo, es intervenido estando en posesión de elementos físicos del delito que hacen presumir su responsabilidad en la comisión de un delito". De esta manera se actualizan los conceptos clásicos de inmediatez personal y temporal. Sin embargo, a fin de evitar la arbitrariedad que se presentaría si es que la detención del sujeto se basa solamente en la mera sindicación, el policía debe contrastar dicha información con otros datos que adviertan la vinculación del sujeto con el hecho punible y proceder a la detención con un límite temporal de 48 horas. Sin embargo, lo cierto es que, a diferencia de lo ocurrido con el concepto de inmediatez temporal, el concepto de inmediatez personal siempre ha sido el mismo en la ley y jurisprudencia, esto es, el ser encontrado con objetos, instrumentos o efectos del delito. Entonces, no es jurídicamente posible excluir a la flagrancia por objetos, instrumentos o efectos del delito, siempre que, el proceso penal se rige por el principio de legalidad, y si bien, hay diferentes posiciones sobre la flagrancia, nuestro art. 259 (CPP) es claro y no hace distinción alguna, por tanto, la flagrancia por encontrarse con objetos, instrumentos o efectos del delito es verdadera flagrancia".

30

Véase, SAN MARTÍN CASTRO, Cesar, "El proceso inmediato (NCPP originario

y D. Leg. N.º 1194", art. cit., p. J 55¡ ídem, Derecho procesal penal, ob. cit. pp. 803816; RosAS Y ATACO, Jorge, Derecho procesal penal, Lima: Idemsa, 2004, p. 253; CÁCERES juLCA, Roberto, "La detención policial", en Gaceta Penal .e,; Procesal Penal, t. 7, Lima: enero del 2009, pp. 224-251; y, MAIER, Julio. Derecho procesal penal. Tomo III. Parte general. Actos procesales, Buenos Aires: Editores del Puerto, 2011, p. 406.

31

Véase, VÁsQUEZ RooRÍGUEZ, "El proceso inmediato: ¿Cuáles son los aportes de las modificaciones contenidas en el Decreto Legislativo N.' 1194?", art. cit.; SALAS ARENAS, "Reflexiones sobre el proceso inmediato en flagrancia y otros supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N.' 1194", art, cit., p. 170; REÁTEGUI LozANO, "Cuando el fiscal pierde la facultad de incoar y se convierte en obligación en casos de flagrancia. A propósito de la puesta en vigencia del D. L. N.º 1194", art. cit.: CADAVID BoTERO, "Rol del Fiscalía en el nuevo Código Procesal Penal y en el Proceso Inmediato", ob. cit.; y, ANGULO ARANA, "La flagrancia delictiva y la Ley N.' 29569", art. cit., pp. 13-38.

162

Considero que la comprensión de la inmediatez personal corno "encontrarse con objetos, instrumentos o efectos del delito" es positiva porque implica la actualización de un concepto jurídico tan antiguo y tradicional como la flagrancia y, porque, constituye expresión de una política criminal nueva, en la que coinciden el Congreso, el Poder Ejecutivo, el PoderJudicial, el Ministerio Público, y la sociedad, interesados en facilitar la persecución policial, en atención a los graves delitos que afectan a la sociedad. Asimismo, al incorporar el aprovechamiento de los modernos medios técnicos de detección y/ o registro de la comisión de aquellos:", En conclusión, la inmediatez personal en la flagrancia presunta, actual-- mente, significa que el imputado es "encontrado con objetos, instrumen- tos o efectos del delito". Objeto del delito es todo bien o interés sobre el cual recae la acción delictiva, es decir, el bien afectado por el delito" (por ejemplo: la persona cuando se trata de atentados contra la vida el cuerpo y la salud, dinero, joyas, celulares, etc.), Instrumento del delito, es el medio u objeto con el cual se ha cometido o intentó cometer el delito; es el objeto que, puesto en relación de medio a fin con la infracción, haya servido para su ejecución (por ejemplo: el arma de fuego", cuchillo, pistola, palo, pata de cabra, desarmador, alicate, cincel, llaves maestras, etc.), Efecto del delito, es el producto o elemento proveniente del delito, el objeto que haya sido producido mediante la acción delictiva (por ejemplo: el alimento adulterado, la moneda o documento falsificado, el dinero obtenido por la comisión del delito", manchas de sangre en la ropa, nudillos hinchados, uñas rotas, ropa sucia y/o rota, con signos

32

Véase, BAZALAR PAZ, Víctor Manuel, "La detención policial por flagrancia delictiva", en Gaceta Pena/ ,(}J Procesal Penal, t. 83, Lima: mayo del 2016, pp, 245-277; y, ANGULO ARANA, "La flagrancia delictiva y la Ley N.° 29569", art. cit., pp. 13- 38.

33

Cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Ala dino, Decomiso, incautaci.ón y secuestro. Perspectivas de lege data y de legeferenda, Lima: Ideas, 2013, p. 87.

34

Loe. cit.

35

Loe. cit. 0., ..

163

VÍCTOR Mt\NUEL BAÚ,JJ\R PAZ

i

de violencia, cortes, heridas o marcas no explicables de otro modo que por un enfrentamiento cuerpo a cuerpo:"). Los signos podrían estar presentes también en la propiedad de la persona o muy cerca de ella (por ejemplo: huellas de sangre en el domicilio visibles externamente o en la zona de su intervención; signos de violencia en su vehículo, tales como manchas de sangre, cabellos humanos, desarreglo, objetos rotos o simplemente que den la idea de haber sido sustraídos hace poco, entre otras situaciones)". La lógica es que al ser encontrada una persona con objetos, instrumentos o efectos del delito se genera una sospecha intensa o cualificada de su probable autoría o participación, que justifica su detención por parte de la policía durante 48 horas, plazo estipulado, en el art. 2.24.f) de la Const, PoL La sospecha que en sede cautelar justifica la privación de la libertad de una persona por 48 horas debe ser alta porque, sería inconstitucionaI si se permitiera la detención basada en sospechas simples o meros indicios. La sospecha simple como construcción mínima de un juicio, es consecuencia, de un modo natural y lógico, de una información antecedente que es el indicio. El indicio es un elemento básico, un hecho, que por ser indicativo de algo puede ser objeto de análisis y raciocinio para que de él se pueda extraer un juicio o conclusiones, es decir, una sospecha simple, contenida en la afirmación: "él lo hizo":".

En dicho sentido, las sospechas que llevan a la detención de un ser humano no pueden tener como base elementos caprichosos, arbitrarios, inexplicables o imposibles de comunicar de modo objetivo como podrían ser suposiciones, intuiciones, corazonadas, pálpitos o la pura 1 ac1 0 n 39· . mag m •

•

r

•

36 37

Véase, Rosxs YATACO, Derecho procesal penal, ob, cit., p. 253. Véase,

ANGULO ARANA,

"La flagrancia delictiva y la Ley N.º 29569", art. cit., pp.

13-38. 38

Véase, ANGULO ARANA, Pedro Miguel, "El indicio y la sospecha", en Gaceta Penal .e.,i Procesal Penal, t. 63, Lima: septiembre del 2014, pp. 235-254.

39

ARAYA VEGA,

"Flagrancia delictiva y actuaciones policiales", art. cit., pp. 197-211.

164

ftfk@,·····

f\NAL:ISJS A LA. CAS;\.C.lÓN N.·;: 69.2-2016--LL\-1/, NOR'f'E

Por ejemplo: de la "actitud sospechosa", "denuncia anónima" e "información de inteligencia", nace un indicio, pero de este, por si solo, no puede concluirse una sospecha cualificada sobre la responsabilidad de dicha persona que justifique su detención. Por el contrario, estos indicios deben ser corroborados objetivamente para dejar de ser un rumor", El más simple indicio, en un momento inicial, no podría ser desconsiderado, sino que debería dar origen a intervenciones (art, 205 CPP) y registros personales (art. 21 O CPP), lo menos invasivos posibles, bajo el principio de proporcionalidad, dándose la oportunidad de que sea verificado o descartado, según corresponda", Las sospechas cualificadas, fuertes, fundadas, in situ, por el mismo policía son las que justifican que utilice su facultad constitucional de de-tener) en dicho sentido, es ilógico y desproporcional, que en el momento de la detención, se le exija al policía que elabore una calificación rigurosa del delito como una acción, típica, antijurídica, culpable y punible". Sin embargo, para que un policía detenga constitucionalmente a una persona en .flagrante delito, sí tiene el deber de explicar cuál es el delito por el cual se le priva de la libertad a una persona. Es inconstitucional que la policía detenga a una persona e incaute sus bienes por un delito que ni siquiera sabe si existe (atipicidad). En el mismo sentido, el policía para que pueda detener legítimamente, debe tener una noción básica de las causales que eximen de la 40

Véase,

41

Cfr. ARMENTA DE u, Teresa, ob. cit., p. 165. En dicho sentido, la autora indica que la detención es "pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse situaciones intermedias entre detención y libertad" (STC 98/ 1986). En consecuencia, la llamada "retención" no es constitucional y que solo podría permitirse supuestos como los controles policiales en calles o carreteras, solicitudes de identificación o detenciones momentáneas de vehículos para notificación de una infracción de tránsito, diligencias de identificación y cacheo, así como la prueba de alcoholemia. Cfr. ANGULO ARANA, "El indicio y la sospecha", art. cit., pp. 235-254.

42

ANGULO ARANA,

"El indicio y la sospecha", art, cit., pp. 235-254.

165

VJCTOR Nl/\N-UEL BAZAl):. .R 1?/tZ

j

responsabilidad penal, y que están recogidas en d art. 20 del CP. Si un joven dispara y mata al agresor de su novia cuando esta era violada sexualmente, no debería ser detenido, pues, actuó en legítima defensa conforme al art, 20.3 del CP43 (antijuridicidad). Por el contrario, cabe mencionar que, existen acciones típicas y antijurídicas que, si bien, no son culpables penalmente si pueden dar Jugar a la detención policial. Si un policía observa a un joven de 16 años que sustrae un celular, puede detenerlo en flagrancia, a mérito del art. 185 del Código de Niños y Adolescentes, pues es mayor de 14 años y pasible de una medida socioeducativa". Incluso, existen actos típicos, antijurídicos y culpables que no son punibles, en base a circunstancias que no puede exigírsele al policía que las haya conocido al momento de la detención. Así, un policía puede detener en flagrancia por los delitos de hurto simple y daños simple, a pesar de que posteriormente, se determine que el valor del bien hurtado o dañado no sobrepasa una remuneración mínima vital, en cuyo caso no serían punibles conforme el art, 444 del CP; y también, puede detener en flagrancia por los delitos de hurto, apropiaciones, defraudaciones o daños, a pesar que poste- riormente, se determine que las partes son cónyuges, concubinos, ascendentes, descendientes, hermanos o cuñados, en cuyo caso, estos actos típicos antijurídicos y culpables no serían punibles conforme 45 e] art, 208 del CP • Declarar la certeza de la existencia o no del delito y del responsable es el objetivo final del juicio46; para la detención por flagrancia presunta,

43

Cfr. ALCÓCER Povrs, Eduardo, "La detención en caso de flagrante delito y el derecho penal", en Gaceta Penal
44

Cfr. Ar.cócsr, Povrs, "La detención en caso de flagrante delito y el derecho penal", art, cit.

45

Loe. cit.

46

Cfr.

Piero, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, Lima: Ara, 2005, pp. 40-41. CALAMANDREI,

166

basta la apariencia de la comisión de un delito y de que una persona seria responsable porque es encontrada con efectos, instrumentos u objetos del delito. En dicho sentido, elAP N.º 2--2016, f.j, n." 8.a, sexto párr., reconoce que la detención en flagrancia es solo una actividad policial donde puede existir duda razonable o información incompleta, pero, no por ello será inconstitucional 47. Así, las manchas de sangre en la ropa de una persona, es un indicio, que justifica la intervención, conforme el art. 205 CPP; la falta de razones objetivas sobre el origen lícito de la sangre es una sospecha simple que justifica el registro personal, conforme el art, 21 O CPP; y, finalmente, recabada la noticia crimina! de un homicidio en la cercanías del lugar de la intervención, hace surgir la sospecha cualificada, que justifica su detención por flagrancia presunta. Asimismo, una persona que "huye por la sola presencia policial", también constituye un indicio que justifica su intervención y registro personal; la constatación de que tiene un arma de fuego es una sospecha simple sobre un ilícito; y finalmente, recabada la noticia criminal de un robo a mano armada en la cercanías del lugar de la intervención, hace surgir la sospecha cualificada, que justifica su detención por flagrancia presunta. En el mismo sentido, si un joven es advertido en "actitud sospechosa" en una casa donde por "información de inteligencia" se sabe que se comercian bienes robados, y al practicarse el registro personal por parte de la policía se le encuentran varios celulares; y además se tiene que en la comisaría del lugar, existe una denuncia de hace unas pocas horas por el hurto de uno de los celulares encontrados en su poder; todo esto justifica la detención del intervenido por flagrancia presunta". ElAP N.º 2-2016, f.j. n." 8.a, sétimo párr., establece:

47

Cfr.

BAZALAR PAZ,

"Análisis al Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-20016/CIJ-

116: Proceso penal inmediato reformado", a rt. cit., p. 442.

48

Cfr. 38.

ANGULO ARANA,

"La flagrancia delictiva y la Ley N.º 29569", a rt, cit., pp. 13-

0 "

"'

167

vícrox

tvlANUEL B/\.ZA.l.,A..R PAZ

l

Debe asumirse que el supuesto· de 'flagrancia presunta' puede Ueg.ar a presentar dificultades. Así jiménez-Villarejo Fernández previene que '' .. .Ia tenencia de los efectos del delito no se considera, por sf solo, suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Constituye un indicio aislado que no se acredita cómo llegaron a set poder. Los efectos del delito pueden haberse encontrado en un Jugar próximo que fueron abandonados por el autor del hecho o haberlos adquirido de éste, lo que podría dar lugar a otras figuras delictivas, como la apropiación indebida de cosa de dueño desconocido oía rcceptación; pero se aleja de Jo que tradicionalmente se entendía por delito flagrante. .. ". [Acusríx-Issús Pf:REZ·Crn,z NIARTlN y otros. Derecho Procesal Penal. Navarra: Editorial Civitas, 2009, p. 69¡j.

En efecto, se debe reconocer que la flagrancia presunta Llega a presentar dificultades, al punto que gran parte de la doctrina sustenta que la detención policial por flagrancia presunta es inconstitucional'"; y que si bien, la ciudadanía tiene derecho a la tranquilidad y a la seguridad, también se reconoce a las personas el derecho constitucional a la presunción de inocencia; y el concepto de flagrancia delictiva no puede arriesgar el ejercicio de los derechos constitucionales'".

49

Cfr.

SO

"La sospecha de flagrancia, impone la necesidad de razonar, de elaborar una presunción, con lo que, nos encontramos ante una construcción intelectiva que no necesariamente corresponde a la realidad, sino que más parece pertenecer a las denominadas ficciones jurídicas. Concluye que los elementos de inmediatez temporal y personal, no se encuentran en los nuevos supuestos incluidos por la Ley N.0 295691 lo que exigirá una reevaluación del nuevo concepto de flagrancia introducido por el legislador, precisando que veinticuatro horas es mucho tiempo para pretender que el autor de delito aún se encuentre en proximidad temporal y espacial respecto del delito imputado" [LAURENCE CHUNGA, Hidalgo, "Los vaivenes de la flagrancia delictiva a propósito de su ampliación mediante la Ley N.º 29569", en Gaceta Penal R:I Procesal Penal, t. 15, Lima: septiembre del 2010, pp, 39-45.], "El concepto flagrancia no debe ser ampliado con el fin de obtener medios de prueba que vinculen al autor como presunto autor del delito y con ello vulnerar el derecho a la libertad individual" [MIRANDA ABURTO, Elder, Prisión

ÜRÉ GUARDIA,

"Estudio Introductorio", a rt. cit., pp, 13-14.

preventiva, comparecencia restringida y arresto domiciliario: en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 67.].

168

/\NAusrs !\ L:'\ ('./\S,:\.ClÓN N,t' 692··20:l.�i·LHV1.A NOR1'F

Po r ot r o lad o ica n c1. ..1- ni o' l. i..cí...a�.:.rt. ca r a c nf.'"' o r ' " l in d 1.-,"�' la' • 10 e s » te r i z J". ,'"'�.'."..,.·· peto de los derechos humanos; al contrario, en un afán de conseguir una supuesta justicia, vulnera los derechos fundamentales. Más aún, los prejuicios policiales y criterios subjetivos sobre quiénes son "sos- pechosos" o "potenciales delincuentes", son en agravio de ciudadanos de características raciales, o de determinado origen o condición social, estudiantes de las facultades de derecho, sociología o filosofía (más aún si provienen de universidades nacionales)". li.,

. .

"--

"

.

.

-

-

'

.

•

.

1

Cl

J.

., \. ..

1,..,

.

...

(:t

_,

.

..-(..

",.J

.... . . , .

En todo caso, el AP N.º 2-2016, f.j. n." 8.a, cuarto párr., establece que toda flagrancia, incluida la presunta, supone que todos los elementos necesarios para evidenciar la comisión del delito se encuentren presentes en el lugar de la detención y sean recabados durante la captura.

En su f.j. n." 8.a, quinto párr., el AP establece que la flagrancia se ve, no se demuestra, y está vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria. Pues si fuese preciso elaborar un proceso deductivo, más o menos, complejo para establecer la realidad del delito, y la participación en él del delincuente, no puede considerarse flagrancia. La actualidad e inmediatez del hecho, y la percepción directa y sensorial del mismo, excluyen de por sí la sospecha, conjetura, intuición o deducciones. Entonces, en la flagrancia presunta, la tesis que vincula al intervenido como presunto autor debe surgir de inmediato, y no como fruto de una larga investigación, sino que, aparece de una vez, cuando apenas se ha producido el hecho y los elementos de convicción inculpantes aparecen palpitantes, objetivos, concurrentes, fuertes, lógicos, verosímiles, con capacidad de generar firmes convicciones y hasta certezas, de tal modo que generan la urgencia de actuar deteniendo al autor. En contrario, la prueba por indicios aparece en el juicio oral, no existiendo cercanía temporal ni espacial respecto al hecho acontecido52 • 5l 52 13-

Cfr. PAZ PANDURO, "Seguridad ciudadana versus vulneración de garantías constitucionales. A propósito de ia Ley N.º 29569", art, cit., pp. 46-55.

Cfr. 38.

ANGULO ARANA,

"La flagrancia delictiva y la Ley N.º 29569", art, cit., pp,

169

VÍCTOR -�/1,\NUEL BAZA.LAR PAZ

¡

En conclusión, el AP N." 2-2016, f.j. n." 8.a, sexto párr., establece que si el concepto de flagrancia se u tiliza, para efectos procesales, a fin de decidir un procedimiento a seguir, no hay nada que objetar a una interpretación más o menos amplia del mismo. Pero cuando lo que se pretende es fundamentar en él una excepción al contenido de un derecho fundamental, la interpretación debe ser necesariamente restrictiva, por ejemplo, registro domiciliario, medidas cautelares. 2.1.2.

Requisitos procesales

Establece la doctrina legal contenida en el AP N.º 2-2016, f.j. n." 8.a, segundo párr., que las notas adjetivas que distinguen la flagrancia son: a) la percepción directa y efectiva y b) la necesidad urgente de intervención policial". Sin embargo, disiento de dicha posición, porque, la percepción directa y efectiva del delito es lo mismo que la inmediatez temporal y personal en la percepción del delito, que es el requisito sustancial de la detención policial, es el fu mus comissi deltcti, fo mus bon is iuris o a apa- riencia del buen derecho, por lo que, carece de lógica que nuevamente sea valorada la percepción del delito como requisito procesal. Más aún, si los requisitos procesales siempre hacen referencia al periculum in mora, periculim lihertatis, es decir, al peligro que acarrea la libertad del imputado. En dicho sentido, la detención policial en caso de flagrancia tiene un fundamento procesal doble. Primero, en la necesaria intervención de la autoridad policial para terminar con la realización del delito, que es una situación anómala, porque está produciendo un daño social que debe terminar inmediatamente o porque es posible conseguir que el mal se corte y no vaya en aumento54 • Este primer fundamento procesal es la "necesidad urgente", que supone la imposibilidad de acudir a 53

Cfr. BAZALAR PAZ, "Análisis al Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 2-20016/Cl.J116: Proceso penal inmediato reformado", art. cit., p. 44 l.

54

Cfr. CÁCERES

J ur.cx, "La detención policial", art. 170

cit.

at.11'·.01...1id ad. J. lid.icr1 irarl.,,)a1.•a.,. s ou·i·rc·n,.,a.r

Jta , ,

l· a·

C1, eJ1· •,Ik,.·10'.11,

J'o í..,.l,,e., J..US,¡-1 J..Ue c··,A.,·n',.,.

1i.a,

intervención policial, sea para evitar la fuga del delincuente presunto, para detener la consumación del delito o evitar la desaparición de los objetos o instrumentos de aquel". El segundo fundamento procesal, es el aseguramiento provisional del presunto responsable de un ilícito penal, a efectos de impedir su posible sustracción o fuga o que perturbe los actos iniciales de averiguación, oculte los objetos o instrumentos del delito o borre, altere o modifique los elementos probatorios que puedan incriminarlo con el delito que se investiga. En este segundo fundamento procesal, está también la finalidad de cautelar el inicio de la fase de investigación, momento que puede ser aprovechado por el delincuente para hacer desaparecer las pruebas que le incrimine; o los útiles, efectos e instrumentos del delito; o para confabularse con otros partícipes o falsos testigos, a fin de evitar las responsabilidades derivadas del acto ilícito": a)

La necesidad urgente de la intervención policial

Que una persona sea privada de su libertad ambulatoria por un agente policial, únicamente, es legítimo, porque dicha persona estaría o habría cometido un delito, y no es razonable exigirle al policía una orden judicial previa para que recién la detenga, pues, si el policía no realiza la detención se corre el riesgo o de que se concrete el delito que se pretende evitar o que ya concretado el imputado pueda darse a la fuga desapareciendo las pruebas del evento. El peligro en la demora determina el carácter de urgencia de la medida, pues de tratarse de asuntos normales, que pueden esperar, la medida cautelar no se justificaría. En dicho sentido, el peligro en la demora constituye la base de las medidas cautelares'".

55

Cfr. LAVRENCE

56

Cfr.

57

Cfr. CALAMANDREJ, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, ob. cit., pp. 40-41.

"Los vaivenes de la flagrancia delictiva a propósito de su ampliación mediante la Ley N: 29569", art, cit. C1!UNGA,

CÁCERES JmcA,

"La detención policial", a rt. cit.

171

ViCtOR !V!ANUEL BAZAI.AR Pf\l.

b)

!

El peligro de fuga u obstaculización

En efecto como medida cautelar la detención policial Je una persona en flagrante delito tiene por finalidad garantizar la futura aplicación del ius puniendi y, de modo inmediato, el de proporcionar a la autoridad policial y, consecuentemente, al fiscal el primer sustrato fáctico respecto del hecho punible y de la posible participación del investigado en ella, para iniciar las diligencias preliminares de investigación". 3.

MARCO PlllÁCTICO: ANÁLISIS DE LA CASACIÓN N." 692-2016--UMA NORTE

La Casación N.º 692--2016-Lima Norte, señala en su sumilla que el art. 259 del CPP, según la Ley N.º 29596, el inc. 4 del citado artículo regula la denominada "flagrancia presunta". En este supuesto el agente, ha de tener los bienes delictivos (instrumentos del delito, objetos del delito o efectos del delito) en su poder y en ese momento debe ser detenido, dentro de las veinticuatro horas de la comisión del delito.

El hecho investigado se trata de un robo agravado realizado el 29 de enero del 2016, a las 02:21 horas, por dos o más personas con arma de fuego y durante la noche donde la agraviada, si bien no identificó a los delincuentes, apuntó la placa del vehículo a bordo del cual se habrían dado a la fuga, siendo, intervenido un sospechoso horas después por conducir el vehículo. Se efectuó un registro personal, el día 29 de enero del 2016, a las 03: 16 horas con resultado negativo para Un bien de propiedad de la agraviada. Luego, se efectuó un primer registro vehicular, el mismo día, a las 03:26 horas, con resultado negativo para un bien de propiedad de la agraviada.

Sin embargo, con participación fiscal se efectuó un segundo registro vehicular, el mismo día a las 11 :30 horas, con resultado positivo para un bien de propiedad de la agraviada, frente a lo cual, se concluye se in58

Cfr.

CÁCEREsjuLCA,

"La detención policial", art, cit.

172

ANAUS!S AL/\ C1\S.i\C:ió.t-.J .N·.�, 692·201(1-Ll!Vih. NORTF

fringieron los arts. 12 I y 337.2 del CPP y al no constar prueba evidente, la causa debió tramitarse bajo las reglas del proceso común, no por las del proceso especial inmediato. Como dato curioso, el detenido no fue reconocido por la agraviada en el momento en que ocurrió el robo en su agravio. EUa no le vio el rostro. Por eso es que no lo describió en su denuncia ni en su declaración preliminar, recién lo hizo en el juicio oral inmediato. Enseña la Casación en su fundamento cuarto que: Que la actuación de las diligencias de investigación preliminar =Ias denominadas "diligencias urgentes e inaplazables'l-« son aquellas que se realizan bajo las exigencias de una situación concreta que requiere el rápido aseguramiento de las fuentes de investigación, diligencias que, por tal motivo, no pueden esperar. Ese es el caso de las pesquisas y, en especial, de un registro vehicular, regulado por el artículo 21 O, apartados 3 y 4, del Código Procesal Penal. El imputado, en este caso, tiene derecho de hacerse asistir por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad. Desde luego, una diligencia de investigación, como es la pesquisaregistro vehicular, puede ser ampliada, más aun si en el primer registro vehicular no intervino el Ministerio Público. En este caso, sin embargo, no existen razones de extrema urgencia que impidan la intervención de un abogado defensor en sede de investigación preliminar (artículo 7 I, apartados 1 y 2, literal "e" del Código Procesal Penal). En la segunda acta no constan las razones por las cuales el imputado rehusó firmar el acta, tampoco por qué no se contó con un abogado defensor de confianza o, en todo caso, con un abogado defensor de oficio. Estatu-

ye, al respecto, el artículo 120, apartado 2, del Código Procesal Penal que: ... "Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para las actuaciones que así lo requieran".

Establece la Casación en su fundamento quinto, lo siguiente: Que, en consecuencia, desde la perspectiva de la calificación de la flagrancia del delito -�-en sus diversas modalidades=- e incluso en el supuesto de prueba evidente del mismo, es de tener en consideración

173

VÍCTOR MANUEL fü\ZA!.AR PAZ

¡

que 'para su ca.liJicació:n se asume exclusivamente todo aquello que constaba en determinados momentos procesales. Para el primer su· puesto: la información que se tenia, momentos previos y en el mismo instante de la detención (información de la victima o de un testigo presencial del hecho, vestigios materiales o información videográfica, entre otros). Para el segundo supuesto: los actos de investigación acopiados en el curso de las diligencias preliminares, hasta el momento de la incoación del proceso inmediato. Así las cosas, no es posible afirmar que en este caso se cumplieron con esos presupuestos para incoar un proceso especia! inmediato.

La agraviada no había visto el rostro del imputado -.. ni siquiera lo describió cuando denunció el delito en su periuicio ni cuando declaró en sede prelimi- nar-. Es más: en el vehículo.. cuando se eféctuó el primer registro vehicular, no se hallaron los objetos del delito. Es verdad que la agraviada apuntó la placa del vehículo y. al verlo posteriormente, luego de unas horas, identificó el coche y pidió la ayuda policial correspondiente para su captura. Pero, en atención: (i) al tiempo transcurrido r (ii) al hecho de que el imputado no se le capturó en el teatro del delito, (iii) a fas protestas de inocencia de aquél, y (iv) que al momento de la primera revisión vehicular no se encontró los objetos del delito, no es posible concluir que se está ante un supuesto de flagrancia presunta. La flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa a partir de informaciones categóricas, procedentes del agraviado, de testigos presenciales o de filmaciones

indubitables,

que

demuestren,

sin

necesidad

de

inferencias complejas, que el detenido fue quien intervino en la comisión del delito. En el presente caso, frente a los varios probatorios

resaltados, no puede concluirse, todavía, que el imputado era quien conducía el vehículo utilizado para el robo. La captura del vehículo, al coincidir su placa de rodaje con la apuntada por la agraviada, sin la posesión del objeto del delito y sin el reconocimiento de esta. no satisface el rigor conceptual del delito flagrante [Las cursivas son agregadas].

Concluye la Casación estableciendo en su fundamento sexto, lo siguiente: Que tampoco es posible sostener el requisito de prueba evidente, que también permite la incoación del proceso inmediato. Lo central para

G.,

e

174

que se dé por establecida la evidencia delictiva seria, en el caso, el hallazgo de los bienes robados en d carro conducido por e! i111.putado. Corno quedó dicho, e11 el primer registro vehicular 110 se encontraron parte de los bienes robados a la agraviada, Recién, al producirse un segundo registro vehicular, es que se hallaron los bienes descritos en el acta de fojas treinta, que luego se devolvieron a la victima, Empero. la diligencia no cumplió las exigencias legales que le confieren fiabilidad y eficacia procesal. No estuvo presente un abogado defensor, no se consignaron las razones por las cuales el primero no estuvo presente y el imputado no firmó el acta. La presencia de un abogado defensor, fuera de los supuestos de urgencia y peligro por la demora, es insustituible. El vehículo ya estaba en poder de la Comisaria de Laura Caller y el imputado estaba detenido, luego, no

se justifica la inasistencia de un defensor en ese acto. Se vulneró, entonces, la concordancia de los artículos 71, apartados J y 2, literal "e" y l 20, apartado 2, del Código Procesal Penal.

4.

EPÍLOGO

E1 proceso inmediato y el concepto de flagrancia viene siendo pulido jurisprudencialmente, caso por caso, lo cual considero es el camino correcto, pues, será en el caso concreto donde se tendrá que dilucidar la claridad o no de la flagrancia y de los elementos de convicción que se recojan. En dicho sentido, el fiscal es el primer llamado a ser el controlador constitucional de la detención policial en flagrancia, labor que no puede rehuir sin responsabilidad. 5.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA. VV., La flagrancia en el nuevo proceso penal, Lima: Universidad San Martín de Porres (Escuela de post grado), 2011. Recuperado de .

.. . ..

175

Povrs, Eduardo, "La detención en caso de flagrante delito y el derecho penal", en Gaceta Penal
ALCÓCER

Pedro Miguel, "El indicio y la sospecha", en Gaceta Penal ,tY Procesal Penal, t. 63, Lima: septiembre del 2014, pp. 23.5-254.

ANGULO ARANA,

Pedro Miguel, "La flagrancia delictiva y la Ley N.º 29569", en Gaceta Penal ,GI Procesal Penal, t. 15, Lima: septiembre del 2010, pp. 13--38.

ANGULO ARANA,

Alfredo, "Flagrancia delictiva y actuaciones policiales", en Actualidad Penal, n." 33, Lima: marzo del 2017, pp. 197-21 l.

ARAYA VEGA,

Manuel, "El derecho como argumentación", citado por GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino y Ricardo César ROJAS LEÓN, Derecho penal. Parte especial, Lima: Jurista Editores, 2017.

AnENZA,

BAZALAR

PAz, Víctor Manuel, "Análisis al Acuerdo Plenario Extraordi-

nario N.º 2-20016/Clj-116: Proceso penal inmediato reformado", en REVILLA, Percy (coord.), El nuevo proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción, Lima: Gaceta Jurídica, 2016, pp. 431--464. Víctor Manuel, "Análisis a la Casación N.º 842-2016-Sullana. La primera sobre proceso inmediato y flagrancia", en Gaceta Penal .eJ Procesal Penal, t. 94, Lima: abril del 2017.

BAZALAR PAZ,

Víctor Manuel, "Análisis a la Ley N.º 30558 que modificó el artículo 2.24.f) de la Constitución y amplió el plazo de la detención policial en caso de flagrante delito de 24 a 48 horas", en Gaceta Penal ,& Procesal Penal, t. 96, Lima: junio del 2017.

BAZA LAR PAZ,

Víctor Manuel, "La detención policial por flagrancia delictiva", en Gaceta Penal Rd Procesal Penal, t. 83, Lima: mayo del 2016, pp. 245-277.

BAZALAR PAZ,

Bunoos MARIÑos, Víctor Alberto Martín, "Constitución en actor civil y control de acusación en el proceso inmediato", en Primer Congreso Internacional la Exegesis del Decreto Legislativo 1194 y su aplicación en

176

¡

.t\_N/=.!JSI_S A I.A (J\SJ\CfÓN ·N ..·;, (>92--2016--{Jf\.1/\ NORTE

América Latina, 27, 28 y 29 de enero del 2016. Disponible en
ly/2cVbq1R>.

JuLCA, Roberto, "La detención policial", en Gaceta Penal ,e,¡ Procesal Penal, t. 7, Lima: enero del 2009, pp. 224-251.

CAcERES

Mario Nicolás, "Rol de la Fiscalía en el nuevo Código Procesal Penal y en el Proceso Inmediato", en Primer Congreso Internacional la Exegesis del Decreto Legislativo 1l94y su aplicación en .América Latina, 27, 28 y 29 de enero del 2016. Disponible en .

CADAVID BOTERO,

Piero, Introducción al estudio providencias cautelares, Lima: Ara, 2005.

CALAMANDREI,

sistemático

de

las

Tomas Aladino, Decomiso, incautacián y secuestro. Perspectivas de lege data y de lege [erenda, Lima: Ideas, 2013.

GÁLVEZ VrLLEGAS,

Pedro, Nuevos derroteros penales, Lima: Actualidad Penal, 2016 (ebook editado de la versión original de 1905).

GARCÍA DORADO MONTERO,

Hidalgo, "Los vaivenes de la flagrancia delictiva a propósito de su ampliación mediante la Ley N.º 29569", en Gaceta Penal 1:_,.¡ Procesal Penal, t. 15, Lima: septiembre del 2010.

LAURENCE CHUNGA,

procesal penal. Tomo III. Parte general. Actos procesales, Buenos Aires: Editores del Puerto, 2011. MAIER,JuJio. Derecho

Eldcr, Prisión preventiva, comparecencia restringida y arresto domiciliario: en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Lima: GacetaJurídica, 2014.

Mm.ANDA ABURTO,

Musroz

Francisco, "El nuevo Derecho penal autoritario", en Revista Nuevo Foro Penal, n." 66, Medellín: 2003. Recuperado de
Arsenio, "Estudio Introductorio", en REVILLA, Percy (coord.), El nuevo proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y SUÍÍciencia de elementos de convicción, Lima: Gaceta Jurídica, 2016.

ÜRÉ GUARDIA,

Moisés, "Seguridad ciudadana versus vulneración de garantías constitucionales. A propósito de la Ley N .º 29 569", en Gaceta Penal
PAZ PANDURO,

177

Lozxxo, Rolando, "Cuando el fiscal pierde la facultad de incoar y se convierte en obligación en casos de flagrancia. A propósito de la puesta en vigencia del D. L. N.'' 1194", en Actualidad Penal, n." 21, Lima: marzo del 2016.

R.EÁTEGU'í

Rosxs

YATACo,Jorge,

Derecho procesal penal, Lima: Idernsa, 2004.

Luis, "Reflexiones sobre el proceso inmediato en flagrancia y otros supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N.º 1194", en Gaceta Penal R./ Procesal Penal, t. 79, Lima: enero del 2016.

SALAS ARENAs,Jorge

SÁNCHEZ VELARDE,

Pablo, El nuevo proceso penal, Lima: Idemsa, 2009.

Pablo, "La detención en el nuevo Código Procesal Penal", en Anuario de Derecho Penal, Fribourg: 1993. Recuperado de .

SÁNCHEZ VELARDE,

Cesar, Derecho procesal penal. Lecciones, Lima: Inpeccp-Cenales, 2015.

SAN MARTIN CASTRO,

Cesar, "El proceso inmediato (NCPP originario y D. Leg. N.º 1194", en Gaceta Penal.& Procesal Penal, t. 79, Lima: enero del 2016.

SAN MARTÍN CASTRO,

Miguel Angel, "El proceso inmediato: ¿Cuáles son los aportes de. las modificaciones contenidas en el Decreto Legislativo N.º 1194?", en Gaceta Penal ,fY Procesal Penal, t. 76, Lima: octubre del 2015.

VÁsQUEZ RODRÍGUEZ,

Elky; La detención y la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal, Lima: Gaceta Jurídica, 2013.

VILLEGAS PAIVA,

178

,,.

LA C0 NS'TITUCIONi\LIZA.CI()N. DEL PRC)CES() INI\!lEDIXfO 1

Proporcionalidad y presupuestos materiales FRANCISCO CELIS MENDOZA AYMN Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa "Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros, o ir por el buen camino".

Rene Descartes

1.

NOCIONES PREVIAS

La aplicación del proceso inmediato reformado genera la oportunidad para reflexionar sobre la capacidad operativa de las categorías e instituciones del proceso penal, afectadas en un contexto de la vertiginosidad del proceso inmediato, pone a prueba su constitucionalidad; y condiciona una comprensión constitucional de las categorías e instituciones procesales implicadas. Magíster en Derecho Penal, y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín. Juez Superior de la Sala Penal N acionaL

179

FRJ\NCJSCO CEUS MENDOZA AYM/\

l

La fugacidad del trámite de este ,proceso -de generalizarse su aplicación para todos los supuestos delictivos- enervará el principio contradictorio que configura el núcleo procesal, con afectación directa del derecho de defensa (art. IX.1 del TP del CPP), y del tiempo razonable para que el imputado preparare su defensa1 • El proceso inmediato por flagrancia, aplicado indistintamente, suprime esa posibilidad procesal. Por mero eficientismo se asume fictamente que el imputado no necesita un tiempo razonable -así sean horas o pocos días-« para preparar su defensa; se presume una voluntad ficta de renuncia del imputado a preparar su defensa. Así, con la eliminación de la etapa de investigación preparatoria se suprime cualquier posibilidad temporal de preparación de defensa con actos de investigación defensivos. La anulación de preparación de defensa durante la detención policial supone como suficiente la situación de flagrancia; pues por efectismo se trata de imponer una rápida condena. Esta perspectiva atiende de mane- ra unilateral solo a la configuración de la imputación del hecho punible, y es ajena a cualquier posibilidad de un contradictorio. Así, se anula la posibilidad de verificar la concurrencia de una causa de justificación o exculpación; empero, la situación de flagrancia no hace desaparecer la eventual configuración de una causa de justificación o exculpación. Pero esta posición crítica frente al básico diseño legal del proceso inmediato reformado, exige una propuesta alternativa de solución razonable, para que pueda ser posible la materialización del contradictorio -principio motor del proceso--, que permita el ejercicio amplio de la

El art. IX.1 del 'TP del CPP, señala: "Toda persona tiene derecho-inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que sele conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria¡ y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala" . •

•

@

180

i

l..A CONS'f'fftJCJO.NAIJZA(:IÓl\f DF.L PHOCES(! I:!'-fiV1EI)i.f�TO

acción penal, y el ejercido pleno del derecho de defensa, posibilitando la producción de información directa (evidente) para una decisión judicial de calidad. Un Estado constitucional de derecho garantiza a los sujetos procesales una situación procesal que posibilite la materialización del contradictorio procesal. En ese orden, los dispositivos comprometidos con el proceso inmediato, deben interpretarse conforme la Constitución y la Convención Americana, para modular los efectos restrictivos de una interpretación literal de estos dispositivos. La constitucionalización del proceso inmediato reformado es una tarea del momento actual; precisamente una interpretación conforme a la Constitución y a la Convención, evitará la perversión del proceso inmediato en una expresión cruda del "derecho procesal del enemigo", que materialice solo un eficientismo como medida efectista de la lucha contra la criminalidad. Un avance en la constitucionalización del proceso inmediato corresponde a las propuestas del Acuerdo Plenario Extraordinaria 2-2016/ CJJ- 116, que sobre la base del principio constitucional de proporcionalidad plantea la necesaria configuración de dos presupuestos materiales: i) prueba evidente y ii) simplicidad, para la habilitar el proceso inmediato; solo así y con rigor selectivo se reconduce la aplicación del proceso inmediato solo para los casos "fáciles". 2.

PERSPECTIVA PROCEDIMENTAL

El abordaje de] proceso inmediato conforme a una exégesis proce-· dimental de los arts. 446, 447 y 448 del CPP, es muy limitado, pues se desde esa perspectiva, se asigna a este proceso especial el objetivo de una pronta eficacia del poder punitivo/; así se discurre con celeridad,

2

En esa linea, "[sji se contempla el derecho procesal desde una vertiente exclusivamente instrumental, se antepondría en su estudio su finalidad práctica". LoRcA NAVARRETE, Antonio Maria, "El derecho procesal como sistema de garantías", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado (nueva serie), afio XXXV!, n." 107, México: mayo-agosto del 2003, p. 539.

181

FRANCISCO c:ELlS Tv!ENDC)ZA A"'{MA

¡

conforme a la interpretación literal de los dispositivos procedimenta les mencionados. Bajo esta perspectiva, se trata solo de dar una rápida respuesta punitiva a los hechos con apariencia delictual inicial. No se debe confundir la eficacia que brinda el sistema de garantías, con el "efectismo punitivo", "efectismo libertario" o "efectismo decisorio". Cualquier forma de efectismo, es expresión pura de voluntarismo y/ o autoritarismo, y confronta antagónicamente con un sistema mínimo de garantías, configurados para controlar esos impulsos efectistas voluntaristas y/ o autoritarios. El efectismo es congruo con la concepción instrumental (ferroviaria) del proceso; así, el proceso inmediato, realiza un recorrido mínimo, de 24 horas, 48 horas y 72 horas, pues su objetivo es solo alcanzar metas punitivas inmediatas. Empero, el proceso penal tiene como eje central, el conflicto de bienes de entidad constitucional: no solo debate Ia lesión o puesta en peligro del bien jurídico con el hecho punible, sino también se debate la libertad, el proyecto de vida, etc. Sin embargo, una interpretación literal de los dispositivos que regulan el proceso inmediato trivializa el objeto del proceso penal; no discrimina casos simples de casos difíciles y la importancia de asignarle mayor tiempo para la preparación, saneamiento y juzgamiento, en un contexto temporal razonable de configuración de garantías. 3.

INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN

El sentido literal de los arts. 446, 447 y 448 del CPP, como trámite rápido, es consecuencia de considerar a estos dispositivos normativos reductivarnente solo como un soporte atemporal, acrítico y mecanicista'. No es razonable interpretar estos dispositivos como mera

3

"En cambio, el procedimiento es atemporal y acrítico a través del soporte que le brindan, sólo y exclusivamente, las formas procesales técnicas y mecanicistas. Por ello, el procedimiento es técnicamente una realidad formal y rituaria frente al proceso (de la función) jurisdiccional que, a diferencia del procedimiento, es la realidad conceptual que posibilita el acceso al garantismo del derecho procesal, a través de la llamada tutela judicial efectiva, mediante el debido proceso

1.82

j

h r ra m.u..i. e...., .1,.:,;,,,

..

.

C!

ta ·' ) T ' " '' l a pt·r'on t a �l.

� �

l . (

,.1..

.t.

. C

-

!.J\ C()NS'lTTUCi()N;\l .. iZACJÓN DEt. PJU)('.E.SG :iN"I'ltET)f/\'I'{)

. , . , ,,1¡ z a de P''O ci ó n de } ,._ \ .,,..U

,_,

_l.'

U.

1.....

f_,

,.1..

.,...,._

L..

·J··J··.u 1- · i t i o S , h a c ,_, _ L ,. L Jv v-

....

.. ....

,.

s,

,

..... e

necesaria una interpretación conforme a principios constitucionales básicos como el debido proceso, el principio de proporcionalidad, el plazo razonable, la motivación de las resoluciones, el derecho de defensa, el contradictorio, etc. Estos principios como base del sistema de garantías constitucionales, tienen eficacia directa, pues el diseño del proceso penal, está previsto en la Constitución y otorga contenido a cualquier tipo de procedimiento. Aún, dentro de sus límites procedimentales, carga de contenido al "proceso inmediato reformado". Por imperativo constitucional de supremacía normativa, no es posible prescindir de su contenido, pues estas garantías dotan de sentido al procesamiento penal y son impuestas por la Constitución y la ley. "[ ... ] El proceso es sustantividad comprometida. El procedimiento es formalidad acrítica y rnecanicista. El proceso, por tanto, con su sustantividad garantista justifica y corrige las 'anomalías' en la aplicación mecanicista y técnica del procedimiento'", Una garantía penal es "un medio jurídico-institucional de derecho público que la Constitución y la ley contemplan para hacer posible el ejercicio controlado del poder punitivo y el ejercicio de los derechos y libertades de las partes procesales -imputados, actor civil, tercero civilmente responsable->". Esta definición comprende a los tres sujetos procesales en el ejercicio de sus funciones, poderes y derechos; así, la garantía es un medio jurídico-institucional público, en cuyo seno: a) el juez ejercita con seguridad (garantía) su función jurisdiccional; b) el Mi- nisterio Público puede ejercitar, con seguridad (garantía) la persecución punitiva; y e) y el imputado, con seguridad (garantía) pueda ejercitar sus derechos y libertades. Garantía es seguridad; es control -heterocontrol y autocontrol=. Las garantías son instituciones de derecho público, en cuyo marco los jueces adjudican consecuencias jurídicas. Estas institusustantivo". art, cit.

4

[bid, p. 542.

LoRCA NAVARRETE,

"El derecho procesal como sistema de garantías",

183

ciernes son estándares mínimos de racionalidad procesal, configuradas para que las partes puedan ejercitar sus derechos y deberes en igualdad de condiciones. Son los jueces quienes tienen el poder-deber de hacer efectivo el sistema de garantías". 4.

EFICACIA Y GARANTÍA

La aplicación del proceso inmediato reformado, en eI contexto de la reforma procesal genera una aparente dicotomía entre la eficacia de la persecución punitiva y las garantías penales; se afirma que las garantías como sistema procesal afecta la eficacia punitiva, que "ha mayor respeto a las garantías, menor eficacia punitiva; y, a menor respeto a las garantías, mayor eficacia punitiva". Pero, i) la eficacia de la persecución punitiva dependerá de su realización en un marco de garantía; ii) la eficacia del ejercicio de los derechos de defensa del imputado, dependerá de que se realice dentro de un marco de garantía, y iii) la eficacia de la función jurisdiccional ·-efectividad de la tutela jurisdiccional=-, dependerá de que se realice dentro de un marco de garantías. Ese marco de garantías es el proceso como "sistema de garantías". La predicada eficacia corres- ponde a los tres ámbitos y roles del proceso: eficacia punitiva, eficacia defensiva y efectividad de la tutela jurisdiccional. En ese sentido, no se encuentra contradicción entre la eficacia y garantía; por lo contrario, es acertado sostener, respecto de la actividad persecutoria penal, que "a mayor garantía, mayor eficacia de la persecución punitiva", y en ese orden, "a menor garantía, me- nor eficacia de la persecución punitiva", en razón de la defectuosa o poca calidad de la información obtenida. Desde otro fado, en el iter de todas las etapas del proceso --investigación, saneamiento y juicio oral- la observancia de las garantías condiciona la calidad de las decisiones judiciales. En efecto, la eficacia de las garantías, no se satisface con su mero cumplimiento formal o aparente las garantías, sino el objeto de la eficacia 5

Así se manifiesta la efectividad de la tutela jurisdiccional ....

0

184

1

.

.

i IA CONS'TTJ:uc:tONAl .. I.Zi\CJ.{)N J)l..;J, PHOc:;r,:su lN[\·1E.Dl:\J'C)

de las garantías es otorgar seguridad y control a la actividad procesal de los sujetos procesales. El concepto de garantías procesales excede el considerar a estas como derechos subjetivos del imputado"; no obs- tante, queda claro que no se trata solo de derechos del imputado, sino centralmente son medios para el ejercicio de los roles de cada uno de los sujetos procesales. Se confunde efectismo con eficacia. La eficacia es razonable con la configuración plena de las garantías; el efectismo es transitorio, y generalmente negador de garantías. 5.

LA GARANTÍA DEL PLAZO RAZONABLE

Es tópico común citar la "doctrina del plazo legal" y la "doctrina del no plazo", como posiciones adversas; empero, ambas doctrinas tienen en común el concepto de plazo razonable. La única diferencia es que la "doctrina del plazo legal" atiende a la necesidad de un término legal previsto como límite temporal máximo del proceso" -o de la etapa procesal=-, en cuyo contexto se configura el plazo razonable, caso por caso, en atención a las necesidades concretas de su objeto. La "doctrina del no plazo" no exige un límite temporal previsto legalmente, pues el plazo razonable se configura en función de las necesidades concretas del objeto del proceso", La esencia de ambas doctrinas es el plazo razonable. La razonabilidad del plazo, atiende al concepto de necesidad concreta de tiempo; sin embargo, uno de los primeros obstáculos para su comprensión ha sido considerar los plazos legales como plazo razonable. En efecto, es frecuente encontrar posturas que asumen que la razonabi6

Una garantía no es un principio. Un principio es el fundamento, es la base de una garantía. Una garantía no es un derecho subjetivo, ya que éste es una facultad o poder reconocido a una persona por la ley vigente y que le permite realizar o no ciertos actos.

7

Ello en razón de la desconfianza en los operadores penales que dejan discurrir los plazos de manera irrazonable, con las consecuencias negativas de procesos dilatados. presos sin condena, etc.

8

Esta doctrina asume como presupuesto operadores diligentes en la conducción del proceso I!)

..

.,

185

FRANCISCO CEUS MI'NDOZ,\ AYMA

i

lidad del plazo ya fue considerada por el legislador, y no correspondería a los operadores judiciales la modulación del plazo, sino solo aplicar el plazo en su límite máximo expresamente previsto en la ley. Empero, uno es el plazo legal máximo previsto, y otro el plazo necesario para la realización del objeto de la etapa del proceso. El primero atiende a una racionalidad legal ---abstracción y generalidad=; en tanto que el segundo, atiende a las necesidades concretas de un determinado proceso penal. El primero es creación legislativa, y el segundo, se configura judicialmente; el plazo legal es el marco legal para determinar el plazo necesario. Los términos de 48 horas", 3010 o 120 días!', son de inicio y de fin, el tiempo que discurre entre ambos términos es el plazo que tiene que ajustarse a la necesidad de satisfacer el objeto de cada etapa procesal. Nuestro CPP regula plazos máximos para configurar el objeto de cada etapa procesal. Los mínimos y máximos legales y constituyen puntos de referencia legales; en ambos supuestos, se trata de ponderar plazos en función de su objeto, no de determinar términos. El recorrido formal del máximo del plazo legal, sin atender a la satisfacción de su objeto es irrazonable. Esa práctica ha sido la causa principal de procesos morosos de mero y dilatado trámite burocrático, sin atender al cumplimiento de su objeto. Los marcos legales máximos solo servían para justificar las moras fiscales y judiciales, pervirtiendo su función de garantía de ser plazos máximos de persecución punitiva. La configuración del plazo razonable atiende a la complejidad o no del caso. Si el objeto del proceso es un caso fácil, entonces el plazo necesario para la satisfacción de su objeto será breve. Empero, no se debe asumir fictamente cumplido su objeto por la mera flagrancia, y con ello 9

Tiempo de la detención preliminar por flagrancia.

10 Plazo máximo (regular). 11

de la

investigación en el proceso inmediato

Plazo máximo de la investigación preparatoria en el proceso común, que no tiene por objeto un proceso complejo.

186

¡

L,\ CGNSTffl..1('.iON/\LtZ:\CJÓN iJ.EL PROCESO 1N�./(E1.Jít�H)

anular la garantía del plazo razonable. Si el caso es complejo, incluso el plazo puede prolongarse o prorrogarse conforme a los límites que el mismo ordenamiento proceso admite. En realidad se trata de problemas de razonabilidad, esto es, de necesidad concreta del plazo. En síntesis "[... [la noción del plazo razonable comprende no solo el derecho de que los procesos se desarrollen sin dilaciones indebidas y evitar que sean excesivamente largos, sino a su vez comprende el derecho del justiciable a ser sometido a un proceso que no sea excesivamente corto, a tal extremo que no le permita realizar su defensa al imputado"!". La razonabilidad del plazo en función del objeto del proceso +pretension y oposicum-« es el estándar que debe considerarse para determinar la procedencia de la incoación de un proceso inmediato. El plazo razonable debe configurarse en función de la complejidad del caso; empero, una cosa es la modulación del plazo en función de las necesidades concretas del caso, y otra asumir fieramente que el momento de las 24 horas configura el plazo necesario para preparar una estrategia de defensa, por más que el caso sea "fácil". De hecho los casos complejos previstos norrnativamente -·-·y los de complejidad no previstos normativamente-« requieren de los plazos previstos para el proceso común. El proceso inmediato, que elimina la investigación preparatoria, solo configuraría la garantía del plazo razonable cuando se verifica concretamente la falta de necesidad de ulteriores actos de investigación para dar peso conviccional a la pretensión punitiva -causa probable- o de la oposición o resistencia. El proceso inmediato solo puede ser com-

12

Así, TROCKER señala: "razona ble es un término que expresa una exigencia de equilibrio en el cual estén moderados armoniosamente, por un lado, la instancia de una justicia administrada sin retardos y, por otro, la instancia de una justicia no apresurada y sumaria". 'fROCKER, Nicolo, "U nuevo articolo 111 della Constituzione e il 'giusro processo' in materia civile: profili generali", citado por DoNAYRE MONTESINOS, Chistian, "El proceso constitucional de hábeas corpus", en CASTILLO CóRDOVA, Luis (coord.), Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Análisis de los procesos constitucionales y jurisprudencia artículo por artículo, Lima: Gaceta jurídica, 2009, p. 89.

187

FRANCISCO CELIS IV'.ENOOZA AYMA

!

prendido en el contexto del plazo razonable; así el concepto de proceso inmediato tiene que conectarse directamente con el plazo razonable para el objeto del proceso. Sin el plazo razonable como contenido nuclear del proceso inmediato, este proceso degenera en un apresurado procedimiento con plazos urgentes que cumplir con independencia que se afecte o no la posibilidad de configurar una pretensión punitiva adecuada y/ o una resistencia. En síntesis, para salvar de vicios de inconstitucionalidad a la normativa que regula el proceso inmediato y su operatividad, debe comprenderse el plazo razonable como base y criterio de interpretación de los dispositivos (art. 446, 447 y 448 del CPP) que regulan el trámite del proceso inmediato. 6.

PRESUPUESTOS MATERIALES

Las consecuencias generadas por la aplicación del proceso inmediato reformado, motivó fuertes cuestionamientos desde la academia y la comunicad jurídica, en ese contexto se esperó con expectativa la difusión del Acuerdo Plenario Extraordinaria 2-2016/CIJ-116. En efecto, la interpretación conforme a la Constitución de los dispositivos que estructuran el proceso inmediato reformado, marcan límites materiales para la aplicación del proceso inmediato, evitando sus desbordes efectistas. Estos presupuestos materiales son: i) la evidencia delictiva y ii) la ausencia de complejidad o simplicidad. Dos conceptos que en términos de la teoría estándar de la argumentación, configuran un "caso fácil". Es un "caso fácil" cuando en el silogismo normativo básico: i) la premisa normativa es clara en su interpretación y ii) la premisa fáctica no presenta problemas probatorios dado que la información producida por las fuentes de prueba están directamente relacionadas con las proposiciones fácticas; en ese orden, la conclusión del silogismo lógico está justificada. Se aprecia una adecuada configuración del silogismo normativo (modus ponendo ponens).

••• 188

j 1.A. CONS'!'l.IlJCl(}Ni\LIZ/\{::-lÓN DEJ.. PR{)C:ESO JNlvíFÜl:Ar()

Es un "caso difícil" cuando: i) existen problemas de interpretación respecto de la premisa normativa, porgue se le puede atribuir dos o más sentidos normativos; en efecto, pueden presentarse supuestos de aparentes conflictos normativos que requieren de una adecuada justificación de la premisa normativa; ii) o, cuando la premisa fáctica no es construida sobre la base de información directa, sino que requiere de prueba indirecta, exigiendo un proceso de reconstrucción lógica de la información demandado una carga argumentativa que justifique la premisa f áctica como verdadera. En síntesis un caso es difícil cuando es problemático afirmar la corrección de las premisas. En ninguno de los supuestos de un caso difícil es procedente el proceso inmediato. 6.1. PRUEBA EVIDENTE

EI AP antes aludido establece su alcance conceptual: Propiamente, el concepto de prueba evidente está referido a la valora· ción del resultado de la prueba =-si esta se produce de un modo seguro y rápido-> y es la que proporciona la comprensión completa del hecho delictuoso en modo irresistible y rápido; significa solamente prueba que demuestra de un modo seguro. necesario y rápida la existencia de un determinado hecho, demostración que puede emerger implícitamente de uno o más elementos de convicción unívocos, por lo que no se requiere un laborioso proceso lógico para el convencimiento judicial a partir ele los elementos de cargo [Brichetti, Ciovanne. Obra citada, pp. 68-70, }5) 11.

u

Son las tres las instituciones que reconducen el concepto epistémico de prueba evidente o causa probable 14: i) el delito flagrante, ii) la confesión del imputado y iii) el delito evidente. i3

CORTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinaria N.º 2-2016/CIJ-116, Lima: I de

junio del 2016, f. j. n." 8. 14

El art. 8 del Código Procesal Constitucional, señala: "Cuando exista causa probable de la comisión de un delito, el juez, en la sentencia que declara fundada la demanda en los procesos tratados en el presente capítulo, dispondrá la remisión de los actuados al Fiscal Penal que corresponda para los fines pertinentes". " ® @

189

FRANCISCO C-E.J.IS ti{ENDOZ/\ /\Y:tVJA j

La determinación de prueba evidente o causa probable no tiene regu-· lación expresa como fase o etapa procesal, pero, qué duda cabe, es la base material para decidir el inicio del proceso. El juez de investigación preparatoria determinará la configuración de prueba evidente o causa probable -como base cognitiva de la imputación concrcta=- para decidir la procedencia del proceso inmediato. La determinación de prueba evidente exige la verificación de la existencia de elementos de convicción directos y suficientes que conduzcan a un juicio de pro-· babilidad positiva. El proceso inmediato requeriría de elementos de convicción suficientes -causa probable-; este estándar probatorio tiene que ser evaluado por el juez para efectos del inicio de un proceso inmediato. El CPP emplea el término "elementos de convicción", para referir la información producida por los actos de investigación; y, utiliza los términos de "fundados y graves?", "suficientes", "evidentes" para referir la cantidad y calidad de la información requerida bien para formalizar investigación preparatoria, para requerir la medida coercitiva de prisión preventiva, para acusar, o para el inicio del proceso inmediato, etc. 6.1.1.

Flagrancia delictiva

La flagrancia (art, 259 CPP) es condición necesaria pero no suficiente para requerir la incoación del proceso inmediato. La prueba evidente configurada por la situación de flagrancia es el criterio epistémico de suficiencia para habilitar el inicio del proceso inmediato. La flagrancia clásica está vinculada con fuentes directas e inmediatas de información que permiten la construcción, general sin mayor dificultad, de una imputación concreta. En esa línea, "el delito flagrante encierra en sí la prueba de su realización"16; y se configura por: "[l]a evidencia sensorial

15

Cfr. art. 268 del CPP.

16

"El delito flagrante encierra en sí la prueba de su realización por existir una percepción sensorial directa del hecho delictivo, de suerte que la flagrancia se ve, no se demuestra, apareciendo vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria". SAN MARTÍN CASTRO, Cesar, "El proceso inmediato

190

ze;gg¡¡:;;. ··'.f,······: ...

del hecho delictivo que se está cometiendo o que se acaba de cometer en el mismo instante de ser sorprendido el delincuente; de suerte que se conoce directamente tanto la existencia deI hecho como la identidad del autor y se percibe, al mismo tiempo, la relación de este último con la ejecución del delito y se da evidencia patente de tal relación"!". Las notas sustantivas que configura la flagrancia delictiva son: a) la inmediatez temporal ---que implica que: i) la acción delictiva se esté desarrollando o ii) acabe de desarrollarse en el momento en que se sorprende o percibe=-: y, b) la inmediatez personal, esto es, que el sujeto activo se encuentre en el lugar del hecho en situación o en relación con aspectos del delito (objetos, instrumentos, efectos, pruebas o vestigios materiales), que proclamen su directa participación en la ejecución de la acción delictiva". Las notas adjetivas que integran el delito flagrante son: a) la percepción directa y efectiva: visto directamente o percibido de otro modo, tal como material fílmico o fotografías (medio audiovisual) =nunca meramente presuntiva o indiciaria= de ambas condiciones materiales: "la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, y está vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria"; y, b) la necesidad urgente de la intervención policial, que debe valorarse siempre en función del principio de proporcionalidad, para evitar intervenciones desmedidas o la lesión desproporcionada de derechos respecto al fin con ellas perseguidas". Para la habilitación del proceso inmediato, la interpretación del art. 259 del CPP tiene que ser restrictiva, y debe limitarse su alcance solamente al supuesto de flagrancia estricta.

(NCPP originario y D. Lcg. N.° 1194", en Gaceta Penal ,tY Procesal Penal, t. 79, Lima: enero del 2016, p. 154. 17

CORTE SUPREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinaria N.' 2-2016/Clj-116, Lima: 1 de

junio del 2016, f. j. n." 8. 18 cit.

Loe.

19 cit.

Loe.

191

l:7RA.NCJSC() CEUS MENDOZA AYMA

i

En el contexto de la flagrancia se presenta una situación favorable propicia para la obtención de información con correspondencia directa con las proposiciones fácticas que configura prueba evidente que permita construir con sencillez una imputación concreta. Con la información directa y sus fuentes es suficiente para demostrar la realización del hecho imputado en el plenario del juicio inmediato. La mínima actividad de investigación se circunscribe al acopio y aseguramiento de la información inmediata y sus fuentes en la situación de flagrancia. Es innecesario un plazo para investigar y resulta inútil formalizar investigación. En los supuestos de cuasi flagrancia o flagrancia presunta (art. 259 CPP) se acude generalmente a información de fuentes indirectas, en esa línea, en el AP se señala que: "[ ... ] si fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación del delincuente no puede considerarse un supues- to de flagrancia". Si la imputación descansa en fuentes indirectas de información, se tiene que habilitar un plazo de investigación para la incorporación de información de fuentes indirectas; por tanto, declarar improcedente la petición de inicio del proceso inmediato. Es preciso señalar que se presentan situaciones de fiagrancía estricta que no necesariamente configuran prueba evidente. Así, son frecuentes los supuestos en que se necesitan información de experticia por demora en su realización. En otros casos de flagrancia no se tuvo mayor diligen- cia para el acopio de información y configurar una causa probable, etc. En estos supuestos de flagrancia que no configuran prueba evidente, no procede el proceso inmediato por flagrancia. 6.1.2. El delito confeso La confesión se clasifica en: i) confesión pura o simple, ii) confesión calificada. El proceso inmediato solo procederá en el caso de la confesión simple. La confesión simple puede rendirse de manera libre y debe cumplir con los requisitos siguientes: i) rendirse ante juez o fiscal y con presencia del abogado del imputado, ii) debe ser sincera y espontanea; y .. o ..

192

iii) esencialmente =-requisito de validez=- debe estar corroborado con otros actos de investigación, que permita alcanzar certidumbre y verosimilitud de la realización del hecho imputado. Este último requisito conduce directamente a la categoría de prueba evidente.

La confesión calificada incorpora en la aceptación de los hechos otras circunstancias que tienden a eximir o atenuar la responsabilidad penal; por tanto, no es un supuesto de confesión idónea para el proceso inmediato. Por excepción puede habilitarse el proceso inmediato si ese dato circunstancial es claro o fácilmente demostrable con mínima prueba de urgencia. Tampoco procede el proceso inmediato si la confesión es esencial para extender la investigación y determinar la existencia de otros intervinientes en su comisión. 6.1.3. El delito evidente Es aquel cierto, claro, patente y acreditado sin duda alguna. Exige una prueba que convenza de su correspondencia con la realidad, con extrema probabilidad positiva. Los iniciales actos de investigación de-ben reflejar, sin duda la realización del delito y de la intervención del imputado. Todos los ámbitos relevantes deben estar cubiertos por un medio de investigación, idóneos y con suficiente fiabilidad inculpatoria. El concepto de "prueba evidente" está referido a la valoración del resultado de la prueba que proporciona de modo seguro y rápido la comprensión completa del hecho delictuoso. Demostración que puede emerger implícitamente de uno o más elementos de convicción unívocos, por lo que no se requiere un laborioso proceso lógico para el convencimiento judicial a partir de los elementos de cargo". Los tres supuestos --flagrancia delictiva, confesión simple y delito evidente-, deben configurarse sobre la base de prueba evidente que generalmente está vinculado con la prueba directa. Si la prueba es indirecta, no debe requerirse la incoación del proceso inmediato.

20

Loe. cit.

193

6.2 . SUvlPL!CíDAD O AUSENCIA DE COMPLEJIDAD

La simplicidad de los actos de investigación y su contundencia desde un primer momento, constituyen un presupuesto material para habilitar el proceso inmediato. Si el hecho puede ser reconstruido con facilidad y certidumbre desde sus primeros momentos, entonces se obvia o reduce al mínimo la investigación preparatoria y se habilita el proceso inmediato. Este presupuesto material es de central importancia, para excluir el proceso inmediato los casos que no tienen esa característica de simplicidad. En ese orden, están excluidos los procesos complejos. Un ámbito de estos supuestos de complejidad tiene expresa regulación en el art. 342.3 del CPP (modificado por la Ley N.º 30077), y están referidos a la i) naturaleza interna del acto de investigación. Así, se regulan 8 supuestos que atienden a criterios de pluralidad de imputados, agraviados, cantidad de actos de investigación o de tiempo a emplearse en la obtención de esa información, que exigen una actividad de investigación también compleja, incompatible con un mecanismo de simplificación procesal como el proceso inmediato y evidentemente no habilitan el proceso inmediato. Otros supuestos de complejidad atienden a las ii) condiciones materiales de la ejecución del acto de investigación o en su incorporación a la causa, por razones diferentes: distancia de remisión de muestras y su análisis, saturación de los servicios periciales, demora en la expedición de informes por parte de diversos órganos públicos, etc. Y también se considera como supuesto de complejidad, si iii) se imputa un hecho delictivo a varias personas, y la prueba evidente o evidencia delictiva no comprende a todos ellos. Otro supuesto de complejidad es iv) la gravedad del hecho objeto de imputación atendiendo a la gravedad de la pena conminada. A mayor grave-- dad del hecho, más intensa será la necesidad de limitar la procedencia del proceso inmediato. La exclusión atiende al principio constitucional de proporcionalidad, pues la idoneidad y estricta proporcionalidad del proceso inmediato asegura una respuesta rápida al delito, pero con fle- xibilización de las garantías de defensa procesal y tutela jurisdiccional

194

! I.A· CüNST'lTLJ'CJONt\J,¡Z/\CfÓ:N t)};:¡_, PROC:ESO íNf/!_EDIAf'O

para delitos de gravedad mínima; en ese orden, excluye de su trámite los delitos especialmente grave. Los delitos especialmente graves demandan un nivel profundo de esclarecimiento, y una actividad probatoria más intensa y completa de los hechos configuradores del injusto culpable y de las circunstancias modificativas de responsabilidad, por tanto, proscribe constitucional-mente la vía del proceso inmediato. En este supuesto, tenemos a los delitos con pena de cadena perpetua o con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años, o con pena privativa de libertad no menor de quince años. La indefinición que presenta el AP Extraordinario N.º 2-2016, respecto a lo que se estima como "delito especialmente grave" es pro·· blernática, pues esa fundamentación no está configurada como una directriz operativa, sino como una estimación de carácter general que puede ser o no considerada por el operador jurisdiccional. La propuesta, en los fundamentos propios deI Juez Supremo SALAS ARENAS, es más definida, pues considera que no existe una norma que establezca un parámetro, marcador o cuantificador vinculado al marco abstracto de la pena privativa de libertad", para la viabilidad del proceso inmediato, entonces propone unos criterios cuantificadores necesarios como límite objetivo-normativo, que paute razonablemente la viabilidad del proceso inmediato. En efecto, es razonable tomar como fundamento normativo la vana prevista en d art, 427 del CPP, que establece como límite si el extremo mínimo de la pena abstracta supere los 6 años de pena privativa de libertad. No cabe duda que los criterios cuantitativos tienen razonable operatividad cuando se trata de limitar el poder punitivo. Finalmente, v) otro supuesto de complejidad se presenta al momento de determinar el tipo de concurso de delitos: real y/o, ideal y los recurrentes 21

A diferencia del COlP de Ecuador, que en su art. 640.2., establece que el procedimiento directo, "[pjrocederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificados como flagrantes".

195

FRANCi.SC:o t::ELlS Nl:i�J'1DO?A .AY!v'If\

¡

equívoco con apariencias concursales (concurso aparente). De cualquier manera, si se tiene dos bienes jurídicos comprometidos, ello ya supone un nivel de complejidad que no puede ser procesado en la urgencia de un proceso inmediato. 'J.

SUPUESTOS ESPECÍFICOS DE PRUEBA EVIDENTE Y SXMPUCIDAD

7.1. OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR (OAF)

Se habilita el proceso inmediato reformado solo en tanto el delito de omisión a la asistencia familiar se configura con: i) prueba evidente y ii) simplicidad. La técnica legislativa para individualizar un comportamiento ornisivo es diferente a la que individualiza un comportamiento cornisivo. En estos últimos el delito se traduce en una acción; en otras, en una situación y hasta en un proceso -en el lavado de activos se individualiza un tramo o fragmento de todo un proceso-. El delito de OAF, como todo delito de omisión propia, para su realización tiene como presupuesto lógico una situación típica. Así, los elementos del tipo se interpretan para configurar una situación típica, pues es en ese contexto que la omisión adquiere sentido". Los componentes configuradores de la situación típica pueden sintetizarse en dos: i) el mandato judicial; y ii) la capacidad del obligado con el mandato. Estos dos elementos estructuran la imputación concreta, y deben ser propuestos fácticamente para configurar objetivamente una situación típica. Sólo en el seno de esa situación típica adquiere sentido la imputación del acto de omisión alimentaria que contraría el mandato concreto de cumplimiento de la obligación. Para mayor precisión de la imputación del delito de OAF, el AP Extraordinario N.º 2-2016, analiza sus elementos típicos: i) la previa

22

La omisión con el sentido normativo de que inobserva el imperativo que fluye del mandato judicial, para que cumpla con pagar el monto liquidado. 6 "'

"'

196

j LA C:ONS"JTTJ!CiONi\.UZACJÓN .f:H·�L PROCE.S() 1Ni\.fEI)lAI'O

decisión judicial que se pronuncie acerca del derecho del alimentista y de la obligación legal del imputado, ii) el monto mensual de la pensión 23, y iii) del objetivo incumplimiento del pago previo apercibimiento; pero expresa como elementos esencial a iv) la "posibilidad de actuar", como elemento del tipo objetivo, señalando que lo que se pena no es el "no poder cumplir" sino el "no querer cumplir". Esta postura es distinta a la posición del Juez Supremo SALAS ARENAS, quien considera que el no poder es un problema del tipo subjetivo": Si el sujeto activo no puede cumplir con la prestación alimentaria, no es un problema de tipicidad subjetiva, sino de falta de configuración de la situación objetiva típica. Una cosa es no poder y otra no querer; no poder es un problema objetivo, no querer uno subjetivo. Sin embargo, ha sido práctica fiscal imputar fácticos únicamente del componente típico del mandato judicial, y el incumplimiento con la obligación alimentaria; se omite imputar fácticos correspondientes a la capacidad material del obligado; así no se configura la situación típica =-presupuesto típico necesario-e- en cuyo seno recién tiene sentido la omisión. Se asume equivocadamente que la posibilidad económica se da por presupuesto con la sentencia. No obstante, así la posibilidad económica estaría ya fijada en la sentencia, no exime al Ministerio Público la carga de proponer el fáctico de esa posibilidad económica, que se desprende de la propia sentencia y que puede ser probada con este documento es un problema de carácter probatorio .. Si no se postula la proposición fáctica de la capacidad económica del obligado -con base en los fundamentos de la sentencia civil->: entonces, no se configura la situación típica, y con ello se afecta el deber de

23

En realidad el monto de lo adeudado no es un elemento del tipo.

24

El caso del anciano al que le falta una pierna y que vive del apoyo de sus hijos, y que sin embargo, se le notifica con una orden judicial para que pague una pensión alimentaria a su anciana esposa, no es un problema de ausencia de dolo, como lo considera el profesor Jorge Salas Arenas, sino un problema de configuración de la situación típica objetiva, Cfr. SAN MARTÍN CASTRO, "El proceso inmediato", art. cit., p. 17 4.

197

.FH/',NC'ISCC CEL"IS f·IIENl)OZ/\ AY¡\1j\

¡

la carga de la prueba del Ministerio Público, pues se asume fictamenrlaet pae c.,i_ d d m .ca t e r ial1 de\..,l. i m1 o_}-'u._.tad,.,.}.o. rcoad r. ult:'.b a d�.e ].. d. y c e 1 " " 'V·1 , -, . , .; · r - , la c determinando que sea el imputado quién tenga que probar su falta de capacidad económica, afectando la presunción de inocencia del imputado, así se eximiría indebidamente al Ministerio Público la carga de formular la imputación fáctica y la probanza de la capacidad material del imputado. _(l..

-1,..,

,._ ,.

.,.

. ..

U

.

,_

.

.

. , �. t

. L

ij , -.. .. ., .

\..,

(.t

.

. l

,

j

0

Esta es una razón suficiente para que el juez de investigación prepa-ratoria rechace el inicio del proceso inmediato, por falta de imputación fáctica de la capacidad económica del imputado; y, por tanto, la exigen .. cia para que el Ministerio Público, dentro el plazo de los 60 días de la diligencias preliminares o dentro de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria, se construya la imputación de la capacidad material. 7.2. CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O DROGADICCIÓN (CEE)

Se habilita el proceso inmediato para estos delitos solo cuando configuren un supuesto de "prueba evidente"; de hecho se presenta con frecuencia situaciones en las que no obstante que se considera una ebriedad cualitativa por los signos exteriores, no obstante, por diversas situaciones -distancia del laboratorio, etc.- no se cuenta con el resultado del dosaje etílico, y dado que el tipo exige una referencia cuantitativa del grado de intoxicación alcohólica, entonces no es posible habilitar el proceso inmediato. En ese orden, se ha establecido en el AP Extraordinario que procederá el proceso inmediato, "[ ... ] siempre que importe la intervención policial del imputado conduciendo un vehículo motorizado en ese estado, con la pruebapericial respectiva ---dentro de los marcos y con estricto respeto del art. 213 NCPP--, constituye un claro supuesto de 'evidencia delictiva'. Es indiscutible que la regularidad de la prueba, antes de la intervención policial debe estar consolidada. Deben agregarse al requerimiento de incoación del proceso inmediato las actas y pericias que exige el citado art. 213 NCPP".

198

Se ha precisado además los elementos del tipo: i) la conducción en estado de ebriedad o drogadicción de un vehículo automotor, ii) la dis·1-,<.�, C"< A l:-'<" '(,'J. cL 1 ( j� r¡Y.. ::s>ic'"of1 ís i C��a, 'de-l. n1J . U l ,C 1u J . l ac.re,�d..i.t«a.,d. e,,t d� e""()f'¡( Iu t oUr¡' »jr' r_:,(')r..nbrU· ' Ó

.

i

.;

.;,.

- .

1 1n

.C'-,

11

!.v . ..

,a

f.•

consecuencia, iii) la minoración de la seguridad del tráfico. supuestos de prueba evidente o evidencia criminal y son supuestos de casos simples o no complejos; en ese orden, se precisa que "[e]n la incoación del proceso inmediato por delitos de omisión de asistencia familiar y de conducción en estado de ebriedad o de drogadicción, según el apartado 4), del artículo 446 NCPP, como anteriormente se aclaró, pareciera que no hace falta que concurran los presupuestos y requisitos de evidencia delictiva y de ausencia de complejidad. Tal conclusión interpretativa, no obstante, no es de recibo en sus estrictos términos'?". 8.

CONCLUSIÓN

La constitucionalización del proceso inmediato, exige necesariamente considerar dos presupuestos materiales: la prueba evidente y la simplicidad del caso. En efecto, estos presupuestos materializan el principio constitucional ele proporcionalidad, y solo conforme a este es posible la aplicación constitucional del proceso inmediato; sin esos límites, el diseño simple y básico del proceso inmediato lo hace inidóneo para el trámite de casos con relativa complejidad. En ese orden, los operadores penales deberán sumamente rigurosos en verificar su configuración, de tal manera que frente a un mínimo de incertidum- bre de información o de simplicidad dudosa, se tiene que inhabilitar el proceso inmediato. El propio AP Extraordinario, es claro en señalar que el proceso inmediato por su diseño básico es restrictivo de principios y garantías, por esa razón la interpretación de sus dispositivos tendrán que realizarse siempre de manera restrictiva conforma al mandato

25

SuPREMA,./\.cuerdo Plenario Extraordinaria N' Z-2016/Clf-116, Lima: I de junio del 2016, f. j. n." 15. CoRTE

199

constitución previsto en el art. 1.39.9 de la Const. PoL, para modular esos principios y garantías. 9.

.R.EFERENOAS BlBUOGRÁF1CAS

DoNAYRE Mox'rusmos, Chistian, "El proceso constitucional de hábeas corpus", en CASTILLO CóRDOVA, Luis (coord.), Estudiosy jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Análisis de los procesos constitucio- nales y jurisprudencia artículo por artículo, Lima: GacetaJurídica, 2009.

Antonio María, "El derecho procesal como sistema de garantías", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado (nueva serie), año XXXVI, n.º 107, México: mayo-agosto de] 2003.

LoRcA NAVARRETE,

Jorge, "Refelxiones sobre el proceso inmediato en fla- grancia y otros presupuestos en aplicación del Decreto Legislativo N.º 1194", en Gaceta Penal k'1' Procesal Penal, t. 79, Lima: enero del 2016.

SALAS ARENAS,

SAN lVIARTÍN CASTRO,

Cesar, "El proceso inmediato (NCPP originario

y D. Leg. N.º 1194)", en Gaceta Penal ,iY Procesal Penal, t. 79,

Lima: enero del 2016.

,:, " e

200

IJ .irc.:. Fl

;t r:JR P A .1',- \Ter A J __,,Jrt

sLJ.. � ..

¡('"\

r)-r: r··1_ '"'I, '\/.,. _t.,, 1J «:»

.lL

T

r».

Un análisis con respecto a las últimas modiiicacumes del Decreto Legislativo N. º 1307 ELDER. J MIRANDA ABUR.TO" Universidad i'iaciona/ Federico Villarreal

1.

INTRODUCCIÓN.

El proceso inmediato es uno de los procesos especiales contemplados en el Libro V del Código Procesal Peruano del 2004, regulado

�- Doctor en Derecho. Maestro en Derecho Penal. Estudiante de la maestría de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresado de la Facultad de Teología de la Universidad Seminario Bíblico Andino. Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad Peruana Los Andes y Universidad César Vallejo. Docente de pregrado de las universidades Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Nacional Federico Villa real y Universidad Privada del Norte. Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Integrante de la Comisión Consultiva del Colegio de Abogados de Lima. Miembro integrante de la Comisión Revisora del proyecto del Código Penal por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima.

201

EJ...LJFH.. J. IV[iR/\ND/\. ABUR.TO

¡

Eran tres los supuestos de aplicación del proceso inmediato que se encontraban tipificados en el art. 446 del CPPI, posteriormente con el D. Leg. N.º 1194 se incluyó dos supuestos más, al señalarse que el fiscal deberá solicitar de manera obligatoria la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, bajo el contexto de la flagrancia delictiva. Al respecto, considero que en el caso de estos dos últimos supuestos, su actuación debió quedarse en el ámbito fiscal a través del principio de oportunidad y no obligar a la fiscalía a iniciar el proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva. Esta institución perdió el impacto y la importancia cuando el 4 de Agosto del 2016, se publicó en el diario oficial El Peruano, el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en ese pleno se emitió el Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 01-20I6/CIJ·l 16, que era necesario porque se había creado una inseguridad jurídica con la promulgación del D. Leg. N.º J 194, por que los presuntos actos delictivos que se suscitaron eran encuadrados en su gran mayoría por no decir todos dentro del tipo penal de violencia y resistencia contra la autoridad en su forma agravada por la calidad policial del sujeto pasivo", es El art. 446 del CPP señala: Artículo 446. Supuestos de aplicación del proceso inmediato: 1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259; b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o e) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes]...]. 2

El segundo párrafo del art, 367 del CP señala como formas agravadas del delito de violencia y resistencia a la autoridad, que en los casos de los artículos 365 y 366, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años cuando: [ ... ]

202

JJ& . . ··· [ E{. PROC·.ESO .lNl\1.ED1.i\fO E:N (_j\S()S f)F FLAGR1\NC::u\ DEL.I(:·r.fV/\.

decir, el presunto acto delictivo que se realizaba contra miembros de la P: Ü a c n a ! e l P e,· 1 · > ' 1 e1 1 el eje r fu n c o s e it.-.-,.S.,.J·)i.._I,..]. (. -..."�'1.·,.1,.¡L_.J' ' l.il(.�sl:d. il c ic i o d e s us n e N_ <:t.

il

�t

\..

-�

N,

" ' !

,, _

·

·�

JI.

.�.

L.

-1!.

-�-

,..,]!.

_

,,

"""

U ,

�

.n

.

,,.

��

.. _

,

..

\_.,.

en el delito antes mencionado en su forma agravada". Ahora bien, el proceso inmediato no siempre será estrictamente necesario de aplicarlo solo en casos de flagrancia delictiva, pues bastará que se cumplan los supuestos de delito confeso o delito evidente para que resulte viable que el fiscal inste también el proceso inmediato. Quedando descartado su aplicación cuando se trate en procesos complejos, es decir donde exista una dificultad en el proceso investigatorio. La elaboración de una política criminal para luchar contra la inseguridad que vive actualmente nuestra sociedad no debe basarse en subjetivismo y arbitrariedades del poder legislativo sino que debe proteger los mandatos de la constitución, especialmente los principios

3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular, en el ejercicio de sus funciones [...]. 3

Comparto plenamente la posición asumida por la Corte Suprema cuando en el CORTE Sur REMA, Acuerdo Plenario Extraordinario N. º 1-20 I 6/CJJ-116, señala Jo siguiente:"[ ... ] el delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial sólo puede configurarse y ser sancionado como tal, cuando en el caso sub judice no se den los presupuestos objetivos y subjetivos que tipifican de manera independiente los hechos punibles contra la vida o la salud individual del funciona río policial que se han señalado anteriormente. La penalidad, por tanto, del delito de violencia y resistencia contra una autoridad policial no puede sobrepasar la pena mínima fijada para las lesiones leves en el artículo 122, inciso 3, literal a. Es decir, en ningún caso puede ser mayor de tres años de pena privativa de libertad, si es que la violencia ejercida contra la autoridad policial no ocasionó siquiera lesiones leves . Pero, si el agente con las violencias ejercidas produjo dolosamente lesiones leves o lesiones graves a la autoridad policial, su conducta sólo debe asimilarse a los delitos tipificados en los artículos 121 y 122 del Código Penal, respectivamente, aplicándose, además, en tales supuestos, la penalidad prevista para la concurrencia del agravante específicos que se funda en la condición funcional del sujeto pasivo. Esto es, si se ocasionan lesiones graves la pena será no menor de seis ni mayor de doce años de pena privativa de libertad, y, si sólo se produjeron lesiones leves, la sanción será no menor de tres ni mayor de seis años de pena privativa de libertad".

e ".,

203

ELDER. J. IVI.U{.ANI)A /\BURTC)

j

básicos que rigen un proceso penal y los derechos fundamentales que protegen al imputado, estos no pueden ser sacrificados por un proceso rápido, sencillo y efectivo, si aceptamos tal hipótesis estaríamos frente a la aplicación del derecho penal del enemigo que fue introducido por Günther JAKOBS, en un congreso celebrado en Frankfurt en 1985, en el contexto de una reflexión sobre la tendencia en Alemania hacia la "crirninalización en el estadio previo a una lesión" del bien jurídico. A partir del Congreso de Berlín de 1999, surge una segunda fase orientada hacia delitos graves contra los bienes jurídicos, en esta ponencia.jxxon, manifiesta la necesidad de separar en caso excepcional al derecho penal del enemigo del derecho penal de los ciudadanos con el fin de conservar el Estado liberal. El autor propone entre el derecho penal del ciudadano dirigido a personas y el derecho penal del enemigo destinado a no personas y que es, según jAKOBs, necesario para combatir por ejemplo el terrorismo", 2.

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL PROCESO INMEDIATO

El proceso inmediato reformado en casos de flagrancia delictiva conforme al D. Leg. N." 1194 tenía graves violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. Por ejemplo, se eliminó una etapa fundamental del proceso penal que es la etapa intermedia, asimismo el orden del inicio de la audiencia única se iniciaba con la procedencia de la medida coercitiva de carácter personal, es decir primaba la situación jurídica del imputado en el proceso que verificar la procedencia de proceso inme- diato --esto es, si cumplía con los presupuestos que establecía la ley-; pero ahora con el D. Leg, N.º 1307, prevalece determinar la procedencia del proceso inmediato.

La Corte Suprema en e] Acuerdo Plenario Extraordinario N. 2-2016/ CIJ-1 I 6, respecto a la aplicación del proceso inmediato con-

e

4

Günther, "La autocomprensión de la ciencia del derecho penal ante los desafíos del presente", traducción de Teresa Manso, en Muuoz CoNDE, Francisco (coord.), La ciencia del derecho penal ante el nuevo milenio, Valencia: Tirant lo Blanch,

jAKOBs,

2004, pp. 53-64.

204

i

TU, PR(JCESO }Ntvn-:-:DJA]'O EN CAS()S DE FLAGRAr�C;JA DLUC'llVA

forme al D. Leg. N.º 1194, señalo: "[la aplicación del proceso inmediato], a su vez necesita, como criterios de seguridad para que la celeridad y la eficacia no se instauren en desmedro de la justica, la simplicidad del proceso y lo evidente o patente de las pruebas de cargo; así corno, en consecuencia, una actividad probatoria reducida, a partir de la noción de 'evidencia delictiva'; lo que asimismo demanda, aunque a nivel secundario pero siempre presente, una relación determinada entre delito objeto de persecución y conminación penal"5• Asimismo, señala que: "[El] proceso inmediato, por ampararse en la simplificación procesal, reduce al mínimo indispensable aunque no irrazonablemente las garantías procesales de las partes, en especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. Por consiguiente en la medida que exista con claridad y rotundidad, prueba evidente o evidencia delictiva y simplicidad, la vía del proceso inmediato estará legitimada constitucionalmente'".

Muchas sentencias que se han dictado bajo el proceso inmediato en segunda instancia han sido declarados nulas porque no existe una adecuada valoración de la prueba, ya que existe un marcado interés de los operadores de justicia de resolver casos en el menor tiempo posible sin importar la manera de impartir justicia, prevaleciendo en la mayoría de los casos el poder mediático de la prensa y que influía en los operadores de justicia. Comparto la posición que asumió la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lima señala en el Expediente N.º 00] 86--2016-1-1826-JR--PE-03: "El proceso penal de flagrancia no tiene por qué reemplazar a los procesos ordinarios, sino que la complementa, la hace ágil e inmediata por las circunstancias en que se descubre el hecho, por la contundencia probatoria directa y porque ya no resultan viables debates estériles e innecesarios que derivan en lademora pro·· cesal, pero no puede aplicarse a aquellos casos donde no hay evidencia, donde no hay prueba directa ni donde los hechos y la prueba no están suficientemente determinados, casos en los que se tiene que conducir 5

CORTE SUPREMA, Acuerdo

Plenario Extraordinario N: 2-2016/CI]-116,

Lima:

1 de

junio del 2016, f. j. n." 7. 6

CORTE SurREMA,

Acuerdo Plenario Extraordinario N: 2-2016/CI)-116, Lima: 1 de

junio del 2016, f. j. n." 7.

205

f'],í}EH. J. !V!IR;\ND/\ ABUfffO

ü J cas o a

!

í : Jf. ,'--","C"�''---,'(·J o. rd,�i..n a l lo · 1u, , _ p er á u n r e r i o nor.rm, -�.. m i ti sultado positivo o negativo pero más cercano a la verdad y la justicia, en consecuencia, en este caso es preciso que se reconduzca el proceso por la vía ordinaria", ..,_,

�

��i

tra vé s d e �

.,

.

J _ -J

,

..

L.

i.

�

�

J.y

\. .

}L •.

il..

:

.

'\. .,,

_

_,._

... ,t

�

J.. .

11-

En la Casación Nro. 842-2016-SuUana de reciente publicación, la Primera Sala Penal Transitoria, de manera acertada con respecto a las graves violaciones que se viene realizando en la actualidad al momento de la aplicación del proceso inmediato, ha señalado lo siguiente: "[ ...] Es verdad que el auto que, aceptando el requerimiento de la Fiscalía Provincial, dispuso se siga la causa en la vía inmediata, no fue recurrido por el imputado. Sin embargo, no es posible sostener corno regla jurídica pétrea que operó la preclusión de ese momento procesal y, por tanto, que tal declaración jurisdiccional ya no se puede cuestionar en las demás etapas procesales. Cuando se cuestiona sostenidamente +en apelación y casación de las sentencias de mérito- la licitud de la concreta incoación del proceso inmediato, en el que se compromete una garantía constitucional, vinculada al debido proceso, como es la "interdicción de ser desviado de la jurisdicción; determinada por la ley", a que hace mención el segundo párrafo del numeral 3) del artículo 139 de la Constitución, no es de recibo aceptar el principio de convalidación por omisión de cuestionamiento en el momento en que se advirtió su infracción. La convalidación y el saneamiento procesales no caben cuando el vicio procesal configura una nulidad absoluta o insubsanable, que comprometen derechos y garantías fundamentales (artículo 150, literal 4 del Código Procesal Penal), sino únicamente cuando no se observan las formalidades previstas en la Ley para el desarrollo de un acto procesal -se circunscribe a los defectos no absolutos'".

7

SALA PENAL DE APELACIONES,

Expediente N." 00186-2016-J--1826-JR-PE-03, Lima:

16 de mayo del 2016, f. j. n." 5.34.

8

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA,

Casación N.'' 842-2016-Sullana, Lima: 16 de

marzo del 2017, f. j. primero.

206

..

\...,

O_, bse, rv• e,-m-�-os .l.a<,s m. . od,..i f icauc,-i..on.. e�s -o�(u. e,., ,Sº,.. _h,_a,,,n r- e.a,..liinmediato en el siguiente cuadro comparativo: J u

,····.; '(°¡("' ;···I

'

resolu

207

<.!.

d.U. . �p,··n, el, proc.Ae"s'o'-'

y

.EU)ER. ,J.

t..,.11.R/;, NJJ/\ t\HlJRi'O

Arlículo 448.

Aufüenda única déi Jüicío

l\riJcq!o 44S..Atidiene:ia única .del Jurcio

lnrn1.: diá.to

lnmecli(,!to

208

! .El.. PRQC:ES() INI\/iEDtAI'O EI\

3.

(:A!JÓS .L/E FI./\GRANC'.l!\. DEUC.'TlVt-,

AI'-,TAIJ:SIS DE LAS PRINCIPALES NíODiflCAGONI�S DEL DEC:IlE'rO LEGISLATIVO N.º B07

3.1. EL SOBRESEIMJEN'I'O EN EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA

El art. 448.4 del CPP, modificado por el D. Leg. N.º 1307, señala: "El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa, es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará en el mismo acto. Rige lo previsto en el articulo 41 O". El sobreseimiento es aquella resolución judicial que pone fin al pro·cedimiento o bien se suspende o paraliza el proceso. Si es un sobresei- miento definitivo se pone término al procedimiento, en caso sea temporal se suspende el proceso. Cuando lo solicite el fiscal o cualquiera de los intervinientes el tribunal puede decretar la reapertura del procedimiento cuando la causa por la que se decretó el sobreseimiento se extinga. El sobreseimiento es parcial o total. Es total cuando abarca a todos los de- litos y a todos los imputados, y es parcial cuando solo se circunscribe a algún delito o algún imputado, del total que son materia de disposición de formalización de la investigación preparatoria. Está regulado en los arts. 344 al 348 del nuevo CPP. El sobreseimiento es la resolución firme, emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia, mediante el cual se pone fin a un procedimiento penal incoado con una decisión que, sin actuar el íus puniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada." explica que el sobreseimiento es una declaración judicial de que no es posible abrir el juicio oral porque de antemano se sabe que por unas causas o por otras no es posible la condena del imputado, por lo que al negarse anticipadamente el derecho de penar CORTÉS DoMÍNGUEZ

9

Vicente et. al., Derecho Procesal. T JI. Proceso Penal, Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, p. 592.

GtMENO SENDRA,

209

.

.

ELDf\H:. J. MIRANDA ABUR.TO

:

¡

del Estado, se exige la misma estructura externa que la sentencia, sobre todo en lo que se refiere al relato de hechos probados 10• En el caso que el fiscal decida por el sobreseimiento de la causa, esto es, que no hay mérito suficiente para pasar a la última etapa o fase (juzgamiento), entonces lo dictará así. Pero este sobreseimiento solo procede en los siguientes casos:

a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de culpabilidad o de no punibilidad: vale decir, que el hecho imputado resulta ser atípico u otra circunstancia que amerite un cuestionamiento a la estructura de la teoría del de-

lito. e) La acción penal se ha extinguido: esto es, que, por ejemplo, el ejercicio de la acción haya prescrito o se presente otra causa de extinción. d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado: quiere decir que a criterio del juez de la investiga- ción preparatoria considera que efectivamente los elementos de convicción no resultan idóneos o suficiente que ameriten pasar a la última etapa de juzgamiento. El plazo para que _el juez se pronuncie, en la investigación preparatoria, es de quince días. Si considera fundado el requerimiento fiscal, dictará auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, expedirá un auto elevando las actuaciones al fiscal superior para que ratifique o

10

CoRTÉS DoM.éNGUEZ,

citado por

G!MENO SENDRA

et. al., Derecho Procesal., ob. cit.,

p. 620. e e •

210

·.::.,'··.

.EL PHOC"E:SU .!Nrv'iED:tt\TO l:l:.t'·J CAS\)S DE Fi. ./\.GHAN(:U\ DFJ;i(:Tf\!!\

rectifique la solicitud del fiscal provisional). La resolución judicial debe ser expresar las razones en que funda su acuerdo 11. 3.2. LAS CONVENCIONES PROBATORIAS EN EL PROCESO INMED1Xf'O EN CASOS DE FLAGRANCIA

El art. 448.5 del CPP señala: "El juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación, de conformidad con el numeral 1 del artículo 350; y resueltas las cuestiones planteadas, el juez penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral". Esta institución aplicable al proceso inmediato constituye un gran avance porque las convenciones probatorias surgen en el marco de la simplificación del proceso, en aras de la celeridad y economía procesal, son acuerdos entre el fiscal y la defensa técnica como ejes principales del nuevo proceso penal a fin de tener por probado algunos hechos o sus circunstancias, así como los medios de prueba que van a ser utilizados para probar determinados hechos, esto no implica que los demás sujetos procesales como el actor civil, tercero civilmente responsables, etc., puedan participar, pero solo será con respecto a la reparación civil que pueda originarse de la comisión del delito. Este acuerdo se lleva a cabo dentro de la audiencia de control de acusación, que está estipulado en el art, 350.2 del nuevo , que se enmarca dentro de la "justicia CPP12 penal negociada".

ll

YATACO, Jorge, Manual de derecho procesal penal, con aplicación al nuevo procesal penal, Lima.jurista Editores, 2009, pp. 573-574.

12

El art, 350 del CPP, en cuanto a la notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales, señala:"[ ... ) 2. Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, obviando su actuación proba to ria en el Juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos¡ en caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime".

R.OSAS

211

. El.DER. J..MIRANDA AllURTO

!

Esta justicia penal negociada se estructura como un instrumento · de resolución. de conflictos que se generan en el seno de la sociedad, adoptando así una concepción de resolución definitiva de los conflictos sociales, restableciendo la paz social, quebrantada por la conducta contraria a la norma. El proceso de negociación en la que consiste debe ser analizado como una forma de que ambos actores intervinientes en ese conflicto, tanto el victimario como la víctima, lleguen, a través de un entendimiento, a una superación de ese conflicto, haciendo posible una reparación concreta del daño, y facilitando el rol del mediador como garante del acuerdo que lleguen ambas partes". señala que la expresión de "justicia consensuada" o "justicia contratada" está teniendo mucha aceptación en el derecho comparado europeo. "En la era del disenso, la justicia negociada pretende favorecer el consenso, o al menos el acuerdo. El origen de este tipo de justicia en el ámbito del derecho penal se puede situar en el movimiento de transformación que ha caracterizado el derecho penal desde los años 70, tras el declive de la rehabilitación y del desmoronamiento del Estado intervencionista. Una solución negociada de los conflictos parece una solución más fácilmente aceptada que un arreglo impuesto. La justicia negociada aparece vinculada a la mediación, especialmente a los programas de mediación entre delincuentes y víctimas que se desarrollan en Francia e Inglaterra. Con ello se confunde la tradicional clasificación del derecho penal en el derecho público, introduciendo en el mismo elemento del derecho privado"!", DELMAS-MARTY

indica: "La insuficiencia de medios materiales y personales de la administración de justicia se hace necesaria la simplificación de los procesos. Las discrepancias son grandes a la hora de la búsqueda de soluciones técnicas para el enjuiciamiento penal. La HINOJOSA SEGOVIA

13

VARON A MARTÍNEZ, Gema, La mediación reparadora como estrategia de control social: Una perspectiva criminológica, Granada: Coma res, 1998, p. 255. 14 DELMAS-MARTY, Mireille, Procesos Penales de Europa. Alemania, lng/aterra y Gales, Bélgica, Francia e Italia, traducción de Pablo Morenilla Alard, Zaragoza: Edijus, 2000, pp. 661-695.

212

. ,�;z;

¡

EL PROCESO [Nf·.-1E;f)IA.:ro E.N CASOS :i)E FL/\GRt\NCLi\ DELiCTf\1/-\

influencia del sistema jurídico norteamericano en algunos países de nuestro entorno y en el nuestro propio se ha dejado sentir en dos lineas muy marcadas: la tendencia hacia la privatización del proceso penal, y en consecuencia hacia la solución negociada del conflicto, particularmente conocida como 'criminalidad de bagatela'[ ... ], y la que pretende la desaparición del juez de instrucción y su sustitución por el Ministerio Fiscal"15• Dentro del derecho comparado, encontramos en la legislación chilena una categoría especial de hechos no controvertidos que son los que forman parte de las convenciones probatorias, es decir, los hechos fijados en las convenciones probatorias no pueden ser objeto de debate en el juicio oral. Esta institución impone un principio fuerte de hechos no controvertidos y, en esa medida, suprime la carga de la prueba. El art. 275 del Código Procesal chileno, sobre las convenciones probatorias, nos señala: "Durante la audiencia, el fiscal, el querellante, si los hubiere, y el imputado podrán solicitar en conjunto al juez de garantía que de por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio oral. El juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia". Si la solicitud no mereciere reparos, por conformarse a las alegacio- nes que hubieren hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que se dieren por acre- ditados, a los cuales deberá estarse durante el juicio oral. En la legislación colombiana tiene otra denominación: "estipulaciones probatorias", que vienen a ser los acuerdos celebrados entre la fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunosde los hechos o sus circunstancias, y se encuentra regulado en el art. 356.4 del Código Procesal colombiano, donde señala: "Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un

15

HINOJOSA SEGOVIA,

Rafael, "Un siglo de Derecho Procesal", en Revista ICADE,

n.v

46, Madrid: enero-abril de 1999, pp. 147-163.

213

f:/IIR/\t,!D/\. /\HtJR'fO j

Ei_J}ER-

l" ' � C" ' S() _

l

.._

\, �

v

'!,,.. ..

p o r el !l..é r m i n o d e u n a (! ' l l-1<· )-f : ' : : . I ,_

.,,_

,,..-.

_

L

,u , f ' "-.,'(',l.."Il.'L,._--t.'1L(,Ar!,. 1 ,J_r¡,_;:;1 «>, ,

. ...

audiencia t... iara .q.. ue la Fiscalía .

--·

.

.!.J.

"-

,,,

._

¡_¡:_

(:4.

- -

¡

. .

..

_

�- tJ

� .- t. l

1�·u·11.l...,- r-..,1

. ¡, _ ,

, J . .t .�

.

la defensa se manifiesten al respecto",

.;

Asimismo, debemos de recordar que conforme al art. l S6 del CPP peruano, son objeto de prueba: los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y fa determinación de la pena o medida de seguridad, así corno los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito, pero no las máximas de experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio, pero las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorará como un hecho notorio". Supongamos que en un caso el propio imputado ha reconocido que amenazó de muerte a la víctima una semana antes del homicidio. Tal vez el defensor haya presentado al más creíble de los testigos (digamos, sor Teresa de Calcuta) quien aseguró haber estado ese día en el lugar, y que la amenaza jamás se produjo; a eso, el defensor agrega eI más claro razonamiento de sentido común: si en verdad quería matarlo, ¿por qué hacer algo tan absurdo como amenazarlo en un lugar lleno de público, justo unos días antes de consumar su supuesto plan? Quizá jamás haya habido un testigo más creíble que sor Teresa, y tal vez sea completamente absurdo desde el punto de vista del sentido común creer que lo amel6

El hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. El art. 190 del Código Procesal Civil, señala: "Los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados improcedentes por el juez. Son también improcedentes los medios de prueba que tiendan a establecer: 1. Hechos no controvertidos, imposibles, o que sean notorios o de pública evidencia; 2. Hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la contestación de la demanda, de la reconvención o en la audiencia de fijación de puntos controvertidos. Sin embargo, el Juez puede ordenar la actuación de medios probatorios cuando se trate de derechos indisponibles o presuma dolo o fraude procesales; 3. Los hechos que la ley presume sin admitir prueba en contrario j...]".

la c u a

_

.(.,.

-

Lt

l!'.'..

214

J. � �-- �-- ,....,...._ .._.. .. .... °"'. .. .., <...l' .i.;....._,.._ ,., ·! .. e,,, _¿n , . , la .,. ,._,. U .. _ t .. o 19 n .. .. Jd. . .., ., .-e n ·� 1 .·1..a7 ""<') i c\....... io 1 . n� ( _;, {. . . --� ' 1 r .-1. . o 11-.' e ' -l.C.. ._ , 1¡ � . . -'- - -� , -· ,l:J1 · 1e l l o tuvo [u .t "l" 1 ' "º " ' º ' ' ' ' Sin ' ' J " '·;" -...il.\.....

la'-· eam,..en.. a, .z es

1 1.n h ec h c onocido d a d o q ue el nt r. o, n.t.i. o a c u a do e n s u propio perjuicio, admitió su existencia. Siendo ello así, no importa cuán creíble haya sido sor Teresa ni cuán razonable el argumento del abogado: los hechos conocidos son una piedra de tope para evaluar el resto de la prueba y, por lo tanto, aunque realmente no podamos sospechar ni remotamente por qué sor Teresa dice lo que dice, probablemente debamos asumir que está en un error. ..,,t. .

.,

..

-

e

-

•

-

,.,

- -

,._._;,

.

,

�..

_ ·'--'

"

"· ¡

�

.,.,

..,

�

-

-

:

,

_.

El art. 352.6 del CPP señala: "La resolución sobre las convenciones probatorias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 350, no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento se indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados". 4.

ESTADÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA Y PROCESO INMEDIATO EN LOS DISTRITOS FISCALES A. NIVEL NACIONAL

La justicia no debe ser basada solo en cuestiones de productividad cuando se vulnera derechos fundamentales del imputado, si bien es cierto hay que buscar mecanismos para disminuir la excesiva carga procesal que existe, pero el imputado no puede ser víctima del poder coercitivo del Estado. Uno de los grandes problemas que afectó la constitucionalidad del proceso inmediato fue su mediatización, es decir, si se aplicaba una pena grave estábamos hablando de una verdadera justicia. El proceso inmediato tuvo un gran impacto al momento de la promulgación del D. Leg. N.º 1194, respecto al delito de violencia y resistencia contra la autoridad en su forma agravada por la calidad policial del sujeto pasivo, allí las penas que se imponían eran muy graves creando una división de posiciones con respecto a las duras penas que se aplicaban en los diferentes casos como los que señalaremos a continuación: El primero sucedió el pasa·· do 18 de marzo, en horas de la noche, donde una sub oficial detuvo un taxista, debido a que éste había estado recogiendo pasajeros en medio

@

"'

..

215

.r:LDEK. ,J. lVIIHA.ND/\ i\BURfCi

J

d. e 1« ca Jl_z da«.. -, 1-<:,:l. ci tada s u bl. _l

u

1..

li..�.

(. .•

c1

..A..

a

o f c i a l s o l i ci tó l o s e l ·¡ ·, , x 1" 1 " ·e:1, r-Ó:

_ _,.

. _-

....,. .il.... .

t..,,

it ;;i_

1,.

\

,

.

-4.

·

.... .

)

,:;

ac_¡r"-·�I'1-··1- 1_·1,1c,,.,,,y.t·1t·.()Cv

�;) .. ..

este en un gesto de búsqueda, acelera el vehículo y se fuga del lugar, arrastrando al efectivo policial varios metros adelante. Producto de esta conducta, el citado suboficial resultó con lesiones en el brazo izquierdo y fractura en la muñeca. Asimismo, cabe agregar que el examen de dosaje etílico que se le practicó resultó negativo El taxista al darse a la fuga, arrastrando a la sub oficial con su vehículo, impidió que se le aplique una papeleta por infracción de tránsito. Con ello, es evidente que se ha impedido a una policía de tránsito el ejercicio de funciones a través de la violencia, configurándose así el delito de violencia a la autoridad. Sin embargo, por la calidad del sujeto pasivo, es decir, un miembro de la Policía Nacional queda configurado la agravante del art, 36'7.3 del CP, aplicándose, entonces, una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años. El segundo caso que tuve que afrontar corno abogado, ocurrio cuando el imputado, quien se encontraba en estado de ebriedad, se dirigía a su casa y al pasar por una iglesia hizo actos contrarios al orden público, posteriormente al ser interceptado por dos policías evitó ser detenido -originándose golpes entre el imputado y el agraviado-. La teoría del caso enmarcó dicha conducta en un delito distinto a lo establecido en el art. 367.3 del CP, citando doctrinas diversas entre ellas la española. Originando como respuesta por parte de los magistrados, tanto de primera instancia como de segunda instancia, que la realidad de las legislaciones extranjeras eran distintas a la peruana y que por tanto el delito era de violencia y resistencia contra la autoridad y que debería llegar a una terminación anticipada con el fiscal de manera rápida. Me sugerían una pena no menor de ocho años, a pesar de tener conocimiento que las lesiones ocasionadas no superaba los 1 O días de incapacidad física. Se puede crear instituciones procesales y/ o modificarlas, pero estas deben ser sometidas con todas las garantías judiciales, entre ellas la aplicación ineludible del principio de inocencia que hoy en día se ve

216

d

\�

resquebrajado por la primada del sistema inquisitivo, aun aplicado por los operadores de justicia, a pesar de tener un nuevo Código Procesal Penal desde hace más de 12 años. Con respecto a las prisiones preventivas e incoaciones de procesos inmediatos, según el Informe N. 02, de junio del 2016, emitido por Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, de los requerimientos de prisión preventiva a nivel nacional, durante el mes de junio del 2016, de un total de 726 requeri- mientos, el distrito fiscal de Lima es quien presenta la mayor cantidad (contando un total de 155), a continuación se ubica el distrito fiscal de Lima Norte (con 114 en total), en seguida se observa a la Libertad (con 63), y los distritos fiscales de Puno y Cajamarca, informaron solo un requerimiento de prisión preventiva. n

Así, desde la entrada en vigencia del D. Leg. N.º 1194, hasta el 13 de enero del 2017, los juzgados de flagrancia tramitaron 2,843 procesos en todo el país, de los cuales 653 se interpusieron contra conductores ebrios (23.12 %) y 625 contra padres de familia que no asisten con una pensión alimentaria a sus hijos (22.40 %), según estadísticas oficiales.

En el siguiente cuadro vamos a observar los requerimientos de prisión preventiva y/ o incoaciones del proceso inmediato a nivel nacional (julio del 2016). La gran mayoría por los delitos de omisión a la asistencia familiar y peligro común (conducción de vehículos en estado de ebriedad y/o drogadicción), que muy bien se pudo haber resuelto mediante fa aplicación del principio de oportunidad y no de proceso inmediato!".

17

Véase .

"'"" 217

E_rnER. J. MIRANDA ABÚRTO

j

AriT1zo_n;33

6

·.¡

Ancash

.6

3

A,,Xlií rnac

8

4

An:!qlJip;;i

7 $ti

,,

')

/i

6

1)

·; :',

:[

L

I

L ,ty3• :icJ

1/

18 14 l... 111¿; Sur

•")"';

J:.,:.

M;1cJ:e rle

7

D1!l'C

tv1oq·._:equ;'J

24

Pase�·

lb

PurY,

:..1

f..

i.i

1 '?

32

t·

Jcayal: Ver,u, ,lila

TOTAL

4

494

218

389

127

· *##.· · ·

s_,..

., -·s..-'. 1f·»;;.. 1:; CON( �u·q('tN ••,J. 1".If'l, ,t".K l"A .,. .J _,, � r 1 F p "lt:... •l. 1i. D. .r:_

....,1-,,._,,,,_, �

t.J ....

...,,,.,_"{

El proceso inmediato reformado de acuerdo al D. Leg. l"�.º 1194 ha servido para contrarrestar los embates de la delincuencia que se está produciendo en lugares en la actualidad. Ahora, con el D. Leg. N.º J 307, se han producido algunas modificaciones, pero no lo suficiente para que el proceso inmediato no sea considerado como un proceso especial inconstitucional por las graves violaciones al debido proceso y el derecho de defensa. El proceso inmediato implica un excelente mecanismo procesal para obtener una justicia rápida y oportuna, pero existen cuestionamientos sobre la eficacia al momento de su aplicación. Si no realizamos una correcta interpretacion de los principios constitucionales que rigen el proceso penal, estaríamos frente a una manisfestación más de un derecho penal del enemigo que a todas luces no puede ser aplicable dentro de un Estado de derecho. 6.

REFERENCIAS BIBUOGRAHCAS

Mireille, Procesos Penales de Europa. Alemania, Inglaterra y Gales, Bélgica, Francia e Italia, traducción de Pablo Morenilla Alard, Zaragoza: Edijus, 2000.

DELMAS-1VIARTY,

Vicente et. al., Derecho Procesal. T U. Proceso Penal, Valencia: Tirant lo Blanch, 1996.

GrMENO SENDRA,

SEGOVIA, Rafael, "Un siglo de Derecho Procesal", Revista ICADE, n.> 46, Madrid: enero-abril de 1999, pp. 147-163.

HINOJOSA

en

Günther, "La autocomprensión de la ciencia del derecho penal ante los desafíos del presente", traducción de Teresa Manso, en Munoz CONDE, Francisco (coord.), La ciencia del derecho penal ante el nuevo milenio, Valencia: Tirant lo Blanch, 2004.

jAKOBS,

Rosxs YATACO, Jorge, Manual de derecho procesal penal, con aplicación al nuevo procesal penal, Lima: Jurista Editores, 2009. Gema, La mediación reparadora como estrategia de control social: Una perspectiva criminológica, Granada: Comares, 1998.

VARONA MARTÍNEZ,

219

ALGtJNAS EXPE �RIENCIAS S()BRE . LA PRACTICA I)EL PR()CESO INMEDIATO Y LOS EFECTOS EN. LA� DEI 'ENSA PlÍBLICA 1

DALMIRO HUACHACA SÁNCHEz·• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como propósito compartir algunas experiencias sobre cuestiones prácticas del proceso inmediato que permitan conocer cómo se vienen desarrollando en un determinado distrito judicial este proceso especial, consecuentemente no es un texto de carácter estrictamente académico, y la finalidad es que en el futuro las reformas que se hagan al sistema de justicia penal consideren algunas cuestiones fundamentales con la finalidad que en la práctica sus objetivos se con-soliden, las observaciones que se hagan no necesariamente atacan en estricto a la eficacia que puede tener el proceso inmediato, sino a otras -�

Defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

221

Dt,LMIRO IfüACH/\Ci\ 'SÁNCHEZ

j

cuestiones que son importantes que-en un ámbito general son propios problemas del sistema, pero en esta ocasión nos sirve para analizar este proceso especial, por eso que en el texto hablaremos en general de la reforma y en estricto sobre el proceso inmediato, pero de cuestiones que en el fondo tienen que ver más con cuestiones administrativas y de gestión. Las reformas al sistema de justicia penal en Latinoamérica, vinieron acompañados de novedades jurídicas dentro de los cuales destaca el denominado proceso inmediato. Con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal (D. Leg. N.º 957) este tipo ele proceso no tuvo mayor resonancia, es mediante el D. Leg. N.º 1194 que cobra especial importancia dentro de la sociedad y en el ámbito académico nacional 1. Este Decreto Legislativo, cobra especial importancia, entre otros aspectos, porque modificó la postulación del proceso inmediato como obligatorio a diferencia de lo que ocurría con el texto original del nuevo CPP, donde era estipulaba como una facultad del órgano persecutor postular o no, lo cual motivó a que sea utilizada en la práctica. Este proceso de duración corta, se instauró en el marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y con la finalidad de dotar de celeridad a los procesos penales y así descongestionar la carga procesal (política de descarga procesal)", Estos procesos son de naturaleza especial, la obligatoriedad, solo procede cuando se cumplan con los supuestos de aplicación regulado en el art. 446 del CPP, modificado por el D. Leg. N.º 1194. En el ámbito nacional, los académicos más reconocidos se pronunciaron sobre estos tipos de procesos especiales, por lo que para mayor

Especialmente debido a los casos emblemáticos corno el de la ciudadana Silvana Buscaglia Zapler, en la que la sociedad y la comunidad jurídica se dividieron a favor y en contra. 2

En este proceso se incluye a los delitos de omisión de asistencia alimentaria y conducción en estado de ebriedad, dos de los delitos que genera mayor carga procesal. .. 0 "

222

análisis el lector deberá remitirse a ellos. intención del presente trabajo es exponer algunas reflexiones en torno al proceso inmediato, sus problemas en su aplicación y los efectos en la defensa pública, la reforma al texto legal y eI factor humano de la justicia, esto es, sobre la notificación personal y el agotamiento de las formalidades de la ley con la finalidad de imputar el delito al ciudadano para este pueda ejercer su derecho de defensa. También queremos reflexionar sobre el rol de la defensa pública en este proceso especial, atendiendo a que no se toma en cuenta a esta institución a la hora de realizar reformas, a pesar de ser quienes despliegan la mayor actividad procesal en la actualidad. Como podrá advertir el lector no es un texto que pretenda discutir la eficacia o ineficacia del proceso inmediato como institución, sino transmitir algunas reflexiones sobre cuestiones colaterales que en alguna medida afectan a la defensa pública, debiéndose entender desde ya que no son problemas propios de la proceso inmediato como proceso especial, sino problemas propios del sistema en su conjunto. 2.

LA REFORMA AL TEXTO LEGAL Y EL I:;'A,CTOR HUMANO DE LA JUSTICIA

Las ilusiones legislativas de unos se convierten en verdaderos problemas para el sistema de justicia de un país que importan procedimientos extraños a su realidad, claro que las intenciones siempre son buenas, ya que no tendría sentido importar instituciones procesales con la finalidad de hacerle daño a nuestro sistema de justicia penal. Solo que cuando importarnos algo, lo hacemos sin el debido análisis, debate y sin la debida preparación y adaptación a la realidad. Por ello, todas las buenas intenciones legislativas quedarán -valga la redundancia- en buenas intenciones, ya que la desesperación por instaurar novedades jurídicas resultan más importantes, frente a las consecuencias que estas puedan causar con una importación y adaptación descuidada, más aun cuando existen ejemplos en los países de la región sobre su implementación y puesta en práctica, y con experiencias similares, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué importar una institución procesal que en otros ámbitos con realidades distintas, tienen problemas similares de 223

'

:D1\t,TvllRO 1-1.UA.Cl-IACA SA NCHF'.Z ·

adaptación? La respuesta a este cuestionamiento es un verdadero reto, ya que podríamos encontrar muchas respuestas subjetivas, aunque son sus autores quienes guardan el secreto de sus reales intenciones y que no necesariamente puede estar descritas en la exposición de motivos. Frente a los problemas de justicia penal, civil, laboral, etc., los estados como alternativa principal optan por las reformas a los textos legales, pero estas reformas a los textos legales ¿Realmente solucionaron los problemas de la justicia en general? ¿El proceso inmediato realmente está cumpliendo su objetivo, frente a la criminalidad organizada o como política de descarga? Todo lo hasta aquí expuesto tiene una razón fundamental y quizá, el menos, tratado para su reflexión. Entre los pocos que han tratado el tema, destaca el profesor madrileño Andrés DE LA Oi.rvA, quien en la Conferencia de clausura de las XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho procesal en Málaga, el 27 de octubre del 2006, señaló que: "se opina sobre la justicia, se juzga su estado y se propone su reforma prescindiendo de la inmersión de la Justicia en una concreta sociedad". Continúa el mencionado profesor: "Del mismo modo, se prescinde del 'factor humano' y, sobre todo, no se relaciona con el estado de la sociedad, como si los servidores de la Justicia constituyesen una raza humana especial o habitasen en un medio social propio y herméticamente aislado?". Por último, señala: "[ ... ] 1) El estado de la justicia no debiera examinarse, evaluarse y ser objeto de reforma sin otorgar la máxima relevancia al 'factor humano' (magistrados, fiscales, secretarios judiciales, etc.): 2) Ese 'factor' responde en gran medida al estado de la sociedad; 3) El elemento humano de la justicia estará a la altura de sus cometidos si no nos conformamos con que sólo refleje el ambiente social, sino que procuramos que lo lidere y lo lidere eiemplarmente'". 3 Víd. DE LA ÜLIVA SANTOS, Andrés, "El 'factor humano' en la justicia (Hablando claro sobre el tópico 'Justicia y Sociedad')", en Ius et Praxis, 12 (2), 2006, pp. 255264. Recuperado de . 4

Vid. DE LA Ot.rvx SANTOS, "El 'factor humano' en la justicia", art. cit.

S

Loe. cit.

224

/\1.GU_N,,\S IIXPEHJENCLA.S SOBRE L.A F.RAC'T'IC/\ DEJ, PROCESO fNfV:lFDI/\f() Y :U)S EFECros ..

La consolidación de una reforma al texto legal dependerá de la voluntad y asimilación de la reforma por parte de los que integran el factor humano de la justicia --·los operadores jurídiccs->. Para que la reforma responda a una sociedad concreta y considere al factor humano de la justicia y que estos lideren la misma, depende de los legisladores =-esto es, que estos no hagan reformas aisladas de quienes en el futuro serán los operadores juridicos=-. Toda reforma al texto legal tiene una fase previa donde debe considerarse todo lo anteriormente expuesto y una vez hecha la reforma debe estar acompañado con procesos de implementación que impliquen una serie de cuestiones fundamentales equipamiento, capacitaciones de los operadores jurídicos, recursos económicos, humanos, etc.-, empíricamente se puede juzgar al proceso de implementación como aún pendiente ya que hacernos renovaciones legislativas con grandes objetivos, pero con compromisos de implementación débiles, y dejamos en manos de los operadores jurídicos --quizá con buena voluntad, pero sin herramientas para contribuir- el proceso de consolidación de la reforma. =

Sobre el tema, el profesor chileno Juan Enrique VARGAS, nos habla de dos fases de la reforma procesal: las reformas de primera generación, en la que la reforma al texto legal era la más importante; y, las rejormas de segunda generación, en la que toma mayor importancia el proceso de implementación", Existe suficiente experiencia sobre procesos de im- plementación, sin embargo, en el ámbito nacional, aún seguimos con reformas de primera generación. Los legisladores consideran que los problemas del proceso penal se resolverán únicamente con las reformas al texto legal y esta es la principal razón por la cual los objetivos de las reformas queden solo en buenas intenciones. En el fondo lo único que ocurre como con el actual proceso inmediato es la desprivatización =si cabe el término- de los casos penales para trasladarlos a la esfera pú- blica; esto ocurre en la actualidad, y con ello el incremento en la defensa pública. ---

6

····-------------··----········-········

Vid. VARGAS VrANcos,Juan Enrique, "La nueva generación de reformas procesales

penales", en Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, n.º 3, Quito: enero del 2008, p. 35. e .. "

225

OALMlRO !IUACHACi\ S.ANCHEZ '.

3.

EL ROL DE LA DEFENSA PÚBUC..A EN LOS PROCESOS H\l'fVíJElDUTOS

La defensa pública en el nuevo sistema de justicia penal asume un rol protagónico e importante y frente a los procesos inmediatos. Su par-ticipacióri es de vital importancia, ya que no es posible el proceso penal sin la participación de la defensa, por tanto, en ausencia de la defensa privada, la defensa pública se convierte en una garantía de legitimidad de las eventuales condenas que se dicten. La defensa pública se encuentra regulada en la Ley N.º 29360, del 14 de mayo del 2009, y su reglamento (D. S. N.º 013-2009). 3.1. CUESTIONES PRÁCTICAS

Conforme al art. 447.4 del CPP, modificado por el D. Leg. N.º 1194, la audiencia de incoación de proceso inmediato es de carácter inaplazable, consecuentemente, en ausencia del imputado y su defensa, será la defensa pública quien asuma la defensa. El carácter de inaplazable de la audiencia, como anteriormente, señalamos incrementó notablemente la actividad de los defensores públicos y, especialmente en los delitos por omisión de asistencia alimentaria y conducción en estado de ebriedad. Debemos considerar que el incremento de la carga de la defensa pública no es un problema propio del proceso inmediato, sino de problemas propios del sistema y que afectan y seguirán afectando a las posteriores reformas, nos referimos, por ejemplo, al problema de las notificaciones que afectan a todo el proceso penal, pero que a nuestro entender en el ámbito del proceso inmediato requiere un análisis especial en los delitos de omisión de asistencia familiar y el de conducción en estado de ebriedad para darle una trata tiva especial y que en la práctica se tome en cuenta para efectos de garantizar en un plano real el derecho de defensa. Ante el requerimiento del órgano jurisdiccional, en garantía al respeto de los derechos de la persona que sufre persecución penal, es obligación del defensor público verificar estrictamente la notificación personal o el agotamiento de las formalidades de ley, atendiendo que

226

ALCUNA.S I:'.XPERíENCll\S SOBi:-lF'. LA PRACrlCA DEL PROCESO iN!ViEl)1!�TO Y LOS "EFECTOS --

con estos actos de comunicación, en el ámbito penal corno acto urgente se permitirá la imputación penal, para efectos de activar el derecho de defensa y consecuentemente como privilegio contar con un abogado de libre elección, un abogado de su entera confianza. Con posterioridad, el defensor público antes de asumir la defensa del ciudadano previa-mente debe verificar estrictamente la notificación personal para efectos de la imputación penal conforme la exigencia del art, 127.3 del CPP, que señala: "Salvo que el imputado no detenido haya fijado domicilio procesal, la primera notificación se hará personalmente, entregándole una copia, en su domicilio real o centro de trabajo". Y conforme al art. IX del TP del CPP del 2004: "Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad". Es sobre la base de las normas citadas, que el defensor debe verificar la notificación personal para efectos de la imputación penal y así poder activar su derecho de defensa y participar válidamente. El problema es que no siempre será posible la notificación personal como lo estable el art. 127.3 del CPP, por lo que, la siguientealternativa del Estado es agotar las formalidades de ley. En cuanto a la imputación penal, existen dos situaciones que debemos analizar: primero, el Estado tiene la obligación de imputar personalmente al ciudadano para que así este pueda defenderse sin limitación alguna. Segundo, el Estado, ante la imposibilidad de notificar personalmente, tiene la opción de agotar las formalidades de ley con la finalidad de no afectar el éxito de fa persecución penal. En cuanto al primero no hay mayor problema, pero si respecto al segundo; nos referimos a las formalidades de ley que generan un gran problema al sistema de manera general y específicamente al proceso inmediato. Recalcamos, no es un problema propio del proceso especial, sino del sistema y está pendiente de resolver.

227

Ante la incoación del proceso inmediato, el defensor debe objetivamente verificar ambas opciones, si existe la notificación personal no habría mayor problema en continuar con la defensa; y, en el segundo caso -·-formalidades de ley-·--, debe observarse todas las medidas convenientes para localizarlo, conforme al art. 128 del CPP7• Se debe verificar

la situación especial del ciudadano, si es campesino, miembro de una comunidad nativa, el acceso que tiene a la tecnología, acceso a los medios de comunicación, etc., y exigir que el Estado cumpla con agotar todos los medios necesarios que hagan posible que este tenga conocimiento de la imputación pena] para efectos de defenderse -imputación formal=-, de modo que no se convierta en una regla general la notificación bajo la puerta conforme a la práctica diaria, pues, otorgarle credibilidad a este tipo de notificaciones con pre avisos judiciales no acreditados, es prestarse a las barbaridades del Estado para legitimar procesos penales en absoluta indefensión. Las distintas realidades del país, obliga a que los jueces administren justicia de acuerdo a cada realidad. Deberían verificar la residencia de los ciudadanos y que se cumplan con todas las garantías constitucionales para efectos de poner en su conocimiento la imputación penal en su contra como punto de partida de su derecho de defensa y que además le otorgue mayores posibilidades al defensor público de elaborar una estrategia de defensa eficaz en ausencia de una defensa privada. Hacer que las notificaciones, los edictos, la radiodifusión u otros se ordenen con la finalidad de poner conocimiento real de la imputación y no como simple acto "formal" ligero únicamente para continuar el proceso; que se tenga certeza de que los periódicos, a través de los cuales se publica el edicto, son distribuidos en la comunidad sean estas campesinas o nativas; y, que los avisos judiciales se acrediten con cualquier medio idóneo", de lo contrario estamos ante procesos nada garantes de los derechos del ciudadano. 7

"Art, 128 [CPP]: [... l sin perjuicio de las medidas convenientes para localizarlo".

8

En el ámbito práctico se puede equipar cámaras fotográficas y se tomen fotografías con fecha y hora, que acrediten que realmente el pre aviso fue pegado un día anterior y que ala día anterior se está dejando la notificación, que el notificador

228

ALGUNAS EXP.ER.IENClP..S SOBH.L Lh. PRAC:'f:í(j\ DEL P!�OCESO ]NrvrEDJA:rG y i.os F.FEG{"OS

E1 servicio de defensa pública muestra una realidad distinta de personas que sufren persecución penal, quizá por eso se hace alusión especial a campesinos, donde además debemos añadir a los obreros, in-formales, quienes no cuentan con el privilegio de acceder a una defensa privada, y por carencia de recursos económicos no deben mermar su derecho a la defensa, por ese motivo que el rol que cumple la defensa pública es de suma importancia en este tipo de procesos, ya que no es lo mismo defender a un desconocido ·-en el sentido que se desconoce su historia, su situación real, su situación económica, personal, entre otros factores=-, que defender a un conocido, con su historia, con sus elementos probatorios y con solvencia económica. 3.2. DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL COMO PRESUPUESTO PARA LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO POR EL DELITO DE OMISIÓN ALIMENTARIA

En las líneas precedentes se hizo mención suficiente a los problemas de las notificaciones como propios del sistema, pero que es necesario analizar en un espacio especial del proceso inmediato y que en mayor medida se presenta en la tramitación del delito de omisión de asistencia alimentaria. El D. Leg. N.º 1194, adicionalmente permite incoar procesos in-mediatos por los delitos prescritos en el art. 446.4 del CPP, que señala: "[...] el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión alimentaria? y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción [ ...]".Nos concentraremos únicamente sobre el primero, pues, a nuestro criterio, es el que mayor problema genera en la práctica en cuanto a las notificaciones 1 º-

que viajo algún lugar especial, adjunto los pasajes u otros que permitan conocer que realmente se cumplieron con las formalidades de ley. 9

Delito que forzadamente se tramita como proceso especial.

10

La diferencia frente a los procesos por conducción en estado de ebriedad es la imputación penal, por lo que si bien es cierto presenta problemas en cuanto a la notificación por problemas propios de las diligencias preliminares, lo importante 229

.i)l\í._M1RO HUí\CH'/\CA Sf\NC.HEZ

f

Conforme al D. Leg. N.º 1 I 94, las audiencias de incoación de proceso inmediato, son de carácter inaplazable, consecuentemente los juzgados emiten los apercibimientos para que en ausencia de la defensa privada sea la defensa pública quien asuma la defensa del ciudadano ausente, por ello que en la práctica la mayoría de procesos inmediatos se realizan con defensores públicos esta información puede verificarse de las estadisticas que esta institución maneja desde que entró en vigencia el Decreto Legislativo aludido't-c-. Por regla general, en los procesos por omisión de asistencia alimentaria, estos se realizan con defensores públicos y reducidamente con la participación de la defensa privada, el origen de este problema, si lo querernos considerar así, es una notificación con pre aviso judicial no acreditado. =

En la práctica jurisdiccional, se presta muy poca importancia a la notificación personal y la imputación penal para efectos de activar el derecho de defensa. Recordemos que el problema de la notificación personal no es propio de nuestros tiempos, en ese sentido el profesor Jordi NIEVA FENOL señala que "[djesde tiempo inmemorial, la búsqueda de fa persona notificada había sido una constante, puesto que de lo contrario era completamente imposible comunicarse con alguien. Para ello era esencial localizar su domicilio, lo que dio origen a un amplísimo anecdotario de maniobras a través de las cuales el notificado pretendía escabullirse de la notificación. Esas maniobras es la que pretende combatir la ley"12• Para no restar el éxito al proceso penal, a través de la notificación personal, se tiene como segunda opción las formalidades de ley. Dentro de ese contexto, para efectos de nuestra pretensión, nosotros distinguiremos entre el proceso civil y el proceso penal, ya que se discuten "pretensiones" diferentes y con consecuencias que el ciudadano tenía conocimiento de los cargos en su contra, situación diferente en el delito de omisión asistencia familiar. 11

Nos referimos estrictamente a las estadísticas manejadas por la defensa pública de la dirección distrital de Madre de Dios, que es el punto de partida para el presente análisis.

12

NIEVA Funot..jordí, Derecho procesal l. Introducción, Madrid: Marcial Pons, 2014, p. 392.

230

¡

.A.L(;uNAS EXFER!.FJ",iCJ.i\S .S()BRE l./\ PRAC'I'(CA_DEl, PHOCE.SO !Nrvn�:Dí.i\TO y ],OS CFL(tfOS ...

jurídicas diferentes. En el.ámbito civil debemos aceptar que las notificaciones con avisos judiciales se prestan a estrategias inaceptables con el solo fin de declarar rebelde al demandado y con ello obtener la pretensión civil del demandante y en la práctica los jueces no hacen mayor control a este tipo de notificaciones, la validan, se cumple el simple "formalismo". Las barbaridades de la notificación bajo la puer·· ta del proceso civil con avisos judiciales no acreditados, que hasta la fecha no tienen solución, no pueden permitirse en un proceso penal atendiendo que las consecuencias jurídicas afectan directamente el derecho fundamental a la libertad y las garantías del debido proceso. Entonces, tenemos primero la notificación personal y las formalidades de ley13 para validar un proceso penal.

El Código Procesal Penal peruano del 2004 regula la notificación personal y establece además ciertas garantías que estrictamente deben observarse y cumplirse para efectos de considerar el respeto a un proceso penal democrático. Los actos de comunicación en materia penal están destinados a poner en conocimiento sobre la imputación penal primi- geniamente y por ello la finalidad concreta a través de la notificación personal o mediante formalidades de ley, es en primer lugar poner en conocimiento de la imputación penal y como consecuencia de pueda activar el derecho de .defensa de un ciudadano. Ante la imposibilidad de la notificación personal y el riesgo del éxito de la persecución penal, se establece ciertas formalidades de ley para efectos de comunicar la imputación penal, las mismas que deben ser analizadas con el mayor celo posible, por el órgano acusador atendiendo a su función de garante del. principio de legalidad, por el juez en su función de garantías y por el defensor como garante de la defensa eficaz y garante del nuevo sistema de justicia penal.

13

Lo cual comprende una serie de supuestos que deben tener como finalidad comunicar sobre la imputación penal como cuestión urgente para activar el derecho de defensa.

231

))M.Mrn.o HU!\CH1\(:t,

.SANcmz

i

Dentro de las formalidades de ley, debemos entender como regla, que el Estado debe agotar todos los medios necesarios e idóneos para efectos de poner en conocimiento sobre la imputación penal y no simples formalismos no acreditados que atentan el proceso penal democrático, nos referimos que los jueces deben en cada caso particular realizar un control estricto de las formalidades de ley en ausencia de la notificación personal, en lo posible se debe verificar que estas proporcionen certeza de que se agotaron todos los medíos necesarios para efectos de comunicar la imputación penal y así salvaguardar el derecho de defensa de todo ciudadano que sufre persecución penal. Las diferentes opciones que se tiene dentro de las formalidades de ley (edictos, pre avisos, ra- diodifusión, etc.) serán evaluados por los jueces, quienes en su función jurisdiccional de garantías controlen y validen en cada caso particular el agotamiento formal, con estricta observancia del fiscal y el defensor. En ese sentido, los edictos judiciales serán útiles en algunos casos y en otros no, y en esa línea las demás formalidades de ley, la radiodifusión resultará en algunos casos más efectivos que un edicto en la página web del Ministerio Público o del Poder Judicial, de acuerdo a la realidad de cada región y al lugar especial, ya que los edictos en páginas webs no tienen sentido alguno para comunicar la imputación penal a un miembro de una comunidad campesina o nativa, por lo que no se podría validar un proceso penal coneste tipo de notificación. Asimismo, las notifica- ciones bajo la puerta con pre avisos judiciales, deben ser controladas estrictamente por el juez principalmente, y es que en la práctica este tipo de notificación ha perdido credibilidad, consecuentemente debe exigir el juez la acreditación del pre aviso judicial, es decir, que se acredite que el aviso judicial efectivamente fue pegado un día anterior y que la cedula se dejó al día siguiente 14, esto validara y dará certeza de que legalmente se agotó la formalidad de ley, que la persona tiene conocimiento de la

14

Una de las formas de acreditar que el aviso fue realmente dejado un día anterior, es a través de impresiones fotográficas con hora y fecha, otra forma de Acreditación, si es en un lugar lejano, con boletas de pagos, impresiones fotográficas, entre otros, todo aquello que permita acreditar, que realmente el aviso y la notificación fueron dejados. ., ., e

232

imputación del delito y que por su rebeldía el Estado no puede dejar de administrar justicia y finalmente el exceso de la tramitación de pro·· cesos con notificaciones bajo la puerta genera resultados opuestos a la política de descarga. 4.

REFLEXIONES SOBRE EJL PROCESO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRrnDAD

De conformidad al D. Leg. N.º 1194, adicionalmente permite incoar procesos inmediatos por los delitos prescritos en el art. 446.4 del CPP, que señala;"]. .. ] el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos [ ... J y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción [ ...]". Los procesos por conducción en estado de ebriedad representan un porcentaje considerable de carga procesal y es lo que motivó a que este tipo de procesos sean tramitados de manera rápida. Debemos entender que no todos los problemas del proceso penal se resuelven con cuestio- nes normativas únicamente. El reconocimiento en el texto de la ley es solo un paso importante, que de no estar acompañado con una debida implementación el éxito de la vigencia de la norma, solo queda como un propósito como anteriormente hemos señalado. La experiencia práctica nos demuestra que la mayoría de procesos por conducción en estado de ebriedad no son tramitados con celeridad por diversos motivos, entre ellos, el problema en algunos distritos judiciales con la derivación de las muestras de sangre a otras ciudades para su análisis, sumado a la deficiente actividad de investigación donde no se recaban con exactitud los domicilios, celulares, croquis, entre otros. Estos factores motivan que este tipo de procesos sigan representando en la práctica un grave problema que enfrentar y resolver, y que su actual regulación no solu- ciona el problema, por el contrario, genera un perjuicio en la carga de la defensa pública, ya que al no recabar los domicilios exactos, croquis, etc., se procede con las formalidades de ley, y por ende más carga para la defensa pública, debemos insistir nuevamente que este problema no es propio del proceso inmediato, pero en la práctica terminan afectándolo.

233

DALMIRO HUACflt\CA S;\NCHEZ

!

Estos problemas deben enfrentarse institucionalmente (Poder Judicial, Ministerio Publico, defensa pública), con el apoyo del órgano encargado de la reforma ya que son problemas administrativos y de gestión los que en realidad terminan afectando el proceso especial. Como se pudo apreciar a lo largo del texto, la notificación no es un problema propio del proceso inmediato, tampoco lo es el incremento de la carga judicial en la defensa pública o la remisión de las muestras en el delito de conducción en estado de ebriedad a otras ciudades; pero estas y otras cuestiones administrativas y de gestión terminan afectando el éxito de este proceso especial. 5.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El trabajo muestra algunas reflexiones y prácticas propias del autor producto de la experiencia en un determinado territorio, la misma que puede variar en cada territorio en el cual se realiza este proceso especial. La mayor cantidad de incoación de procesos inmediatos se producen por la conducción en estado de ebriedad y omisión asistencia alimen-. taria; esto debido a que son tramitados con notificaciones sujetas a for-malidades de ley -generalmente bajo la puerta con pre avisos judiciales no acreditados-, y como consecuencia de este tipo de notificaciones se incrementó la carga de la defensa pública. Es evidente, que los esfuerzos de la norma no soluciona el problema, pero si es evidente que el proceso de implementación es un asunto pendiente. Es importante herramientas de gestión y soluciones administrativas urgentes que doten de efectividad al proceso inmediato, las soluciones simbólicas no contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho o al sistema de justicia penal; por el contrario, contribuyen con su desprestigio por no cumplirse con las expectativas· ciudadanas debido al exceso de publicidad que se hacen al momento de su entrada en vigencia.

• • o

234

r\I,GUN/\S EXFER.\ENC:I/\:S SOB.RF. i.J\ .PR/\C'T'l(j\ i)EL Pl\OCFSf) J;"\J:[\.1E:OI.:\f() Y LC>S EFF'.CT'OS .

6.

REFERENCIAS BIBUOGR.ÁflCAS

DE

Ot.rvx SANTOS, Andrés, "El 'factor humano' en la Justicia (Hablan- do claro sobre el tópico 'Justicia y Sociedad')", en Ius et Praxis, 12(2), 2006, pp. 255--264. Recuperado de -cbit.ly/Zsk ls]?». LA

Enrique, "La nueva generación de reformas procesales penales", en Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, n.º 3, Quito: enero del 2008, pp. 33-47.

VARGAS VrANCOS, Juan

jordi, Derecho procesal J. Introducción, Madrid: Marcial Pons, 2014.

NIEVA FENOL,

235

�--

" 1 ur �7A S OP OI ) h I�1JN DI,AR,· A. A 1N '. L ·_'., 1,. r r oA"1V,'.1)E S \ , -l�]-NJUS'TICIA PRONlA v CUMPLIDlt Procesos expeditos en Costa Rica y Perú .. .

0

'

-�-

"\ , ¡

-

CARLOS ENRIQUE NÚÑEZ NÚÑEZ·• Tribunal ele Flagrancia del Segundo Circuitojudicial de San José, Costa Rica "Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia". [ean. de la JJruyere

SUMAFilO: . ..,;,

",r' /

1.

'

, '

,, ,•

'

INTRODUCCIÓN

Las reformas procesales en Latinoamérica pueden verse en tres grandes olas. La primera de ellas, en los años noventa tocó a los modelos centroamericanos, mientras la segunda llegaba a algunos países sudamericanos (Chile, Colombia y otros), y luego una tercera ola llegó a

-l<

Juez Penal de Flagrancias del Segundo Circuito Judicial de San José de Costa Rica. Máster en Administración de justicia Penal de la Universidad Nacional de Costa Rica.

237

México y Perú . En todas estas la consigna era contar con procesos más ágiles, rápidos y transparentes 1• ¿Se logró lo propuesto en la justicia ordinaria? Con esta pregunta inicio este pequeño acercamiento al procedimiento expedito para juzgar delitos en flagrancia en Costa Rica y su relación con el proceso expedito peruano. Desde la primera parte abordaremos las promesas de la reforma en los procesos acusatorios y los resultados que tuvo Costa Rica luego de quince años de haber entrado de vigencia la reforma en 1998. Para abordar el tema dividiré en dos partes principales mi exposición: la justicia pronta y la justicia cumplida. En la primera de ellas, el análisis sobre los tiempos que duran los procesos y la lucha eterna entre el deber ser y el ser, en cuestiones de plazos, será lo relevante. En el segundo aspecto se valorará si la justicia en procedimientos expeditos es cumplida dentro del respeto absoluto al debido proceso, trayendo a colación las principales críticas a esta forma rápida de justicia. Finalmente cerraré con algunos retos que enfrentan estos procesos en su aplicación y su vigencia en nuestros países. 2.

JUSTICIA PRONTA

2.1. LA JUSTICIA EXPEDITA QUE NUNCA LLEGÓ A COSTA RICA

Desde la Convención Americana de Derechos Humanos, al regular la tutela judicial efectiva en su art. 8.1, establece el derecho humano a una "justicia pronta". Asf indica: "Toda persona tiene derecho a.ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable". De manera más directa, la Constitución Política de la República de Costa Rica regula este aspecto de la siguiente manera: "Artículo 41. Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles Así incluso reza parte del slogan del proceso acusatorio en Panamá: "Rápido y moderno". Véase .

238

justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". Finalmente, en el capítulo de Principios y Garantías del Código Procesal Penal costarricense se señala: "Artículo -t.justicia pronta. Toda persona tendrá derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo razonable". De toda esta regulación se desprende la importancia que tiene contar con justicia, pero que además la misma, para ser llamada como tal, debe ser pronta, como lo señalaba jean DE LA BRUYERE. En 1996 se promulgó el Código Procesal Penal de Costa Rica (CPP) que basó su expectativa en una justicia más expedita basada en: l. Una investigación desforrnalizada a cargo del Ministerio Público, 2. Plazos cortos entre la investigación, la audiencia preliminar y el juicio oral, y 3. Reforzamiento de la oralidad en el juicio para evitar dilaciones dentro del mismo. Todo ello auguraba un proceso aligerado y más rápido. Su aplicación a partir de 19982 mostraría todo lo contrario. En primer término, todas las investigaciones que antes llevaban los juzgados de instrucción pasarían a las distintas fiscalías del país. Atiborrados con tanto caso, el primer respiro que el CPP costarricense les dio, estaba en su art, 171: "El Ministerio Público deberá concluir la investigación preparatoria en un plazo razonable". Si compararnos este artículo con el de otros Códigos de la misma época e incluso de las siguientes olas de reforma latinoamericana, notamos que, sin decir mucho, permite que la investigación a cargo del Ministerio Público se prolongue sin un término definido. Esto generó (y aún genera) en Costa Rica, que el único plazo al que la fiscalía se encuentra obligada a observar es el de la prescripción de la acción, la cual oscila entre los 3 y los 1 O años según la pena máxima del delito que se investiga.

2

La entrada en vigencia se dio luego de la vacatio legis de dos años.

239 l.

(:1\RLOS ENTlfQUE NÚiJEZ

'Nt'JfjEz j

Esta primera ventana nos aleja de una justicia pronta, en tanto la única forma de definir un plazo en la investigación seria a través de una fijación que se encuentra regulada en el artículo de cita y que señala que: "Cuando el imputado estime que el plazo se ha prolongado indebidamente, le solicitará al tribuna] del procedimiento preparatorio que le fije término para que finalice la investigación. El tribunal le solicitará un informe al fiscal y, si estima que ha habido una prolongación indebida según la complejidad y dificultad de la investigación, le fijará un plazo para que concluya, el cual no podrá exceder de seis meses". Derivado de lo anterior, y partiendo del límite del plazo de la investigación basado en la prescripción, debemos también acotar que el sistema de plazos de la misma también resulta amplia. El plazo se toma de acuerdo a la pena máxima posible a imponer en el delito que se persigue, sin que este pueda ser menor a tres años y superior a diez. Solamente después de la declaración indagatoria del imputado el plazo se reducirá a la mitad. Aún con esta reducción en el caso de los delitos con penas menores de tres años, la fiscalía cuenta con año y medio para investigar, puesto que el plazo se interrumpirá y volverá a correr nuevamente con el señalamiento para audiencia preliminar, misma que se celebra al haber terminado la investigación por parte del ente fiscal. Como vemos, si para un delito de tan bajas penas la fiscalía cuenta con año y medio, esto supera con creces los plazos que brinda el derecho comparado latinoamericano que oscila entre los seis meses y el año para culminar la investigación en este tipo de delitos. El peso del retraso de los procesos judiciales recae, inicialmente, en eJ Ministerio Público y el CPP costarricense que ha resultado permisivo para la lentitud de Ias investigaciones. Sin embargo, los juzgados y tribunales también cuentan con una cuota de responsabilidad. Desde la celebración de audiencias preliminares meses después de ingresado el expediente a los juzgados, y la celebración del debate oral casi un año después del ingreso del mismo al tribunal de juicio, hace ver que existen serios problemas de agenda y gestión de las mismas . .. "

®

240

NlJE\/l\S (}PORTUN!D!•..Dl�:S P/\.Ri\ UNA .JUS'T1Cl/\ PH.ONT,{\ Y c;¡_.J0/iPLH)/,

La esperanza de un procedimiento célere luego de la reforma de 1998 no solamente no se dio, sino que la velocidad más bien ha disminuido. El estado de la justicia' brinda números sobre el retardo de la justicia, indicando, en primer término, que es la materia penal la que ocupa un tercio del total de causas que ingresa al PoderJudicial. Además de esta alta litigiosidad, señala que la duración de los procesos oscila entre los 3 y los 6 años. Antes de la entrada en vigencia de la reforma, los procesos rondaban los 500 días, y luego de 1998 cada caso penal termina en no menos de 750 días". Si tornarnos en cuenta el "deber ser" de la legislación peruana, un proceso judicial penal duraría aproximadamente entre I O y 12 meses, claro está, respetando los plazos establecidos en la ley.

Basados en lo anterior, podríamos concluir sin ninguna duda que la promesa de un procedimiento más rápido con una investigación menos formalizada no se logró con la implementación de la reforma de finales de los años 90 en Costa Rica. Además, para casos simples, la respuesta de un año o más que ofrece Perú con el nuevo Código Procesal Penal, tampoco se consideraría una justicia del todo prorita,

3

El Programa Estado de la Nación difunde anualmente, y desde el a ño 1995, un "Estado de la cuestión" en Costa Rica, a través de un informe elaborado por un grupo interinstitucional compuesto por el Consejo Nacional de Rectores (CON ARE), las cuatro instituciones de educación superior universitaria esta tal (Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia), así como la Defensoría de los Habitantes de la República. De ese mismo programa surgió el Estado de la Justicia, dedicado exclusivamente a brindar la información del Poder Judicial en varios ejes fundamentales, entre los cuales se analizó el Penal.

4

MERINO, Leonardo (coord.), Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, San José: 2015, p. 157. Recuperado de «bit.ly/zjgiwwv».

241

CM.LOS ENRIQUE NÚÑE:t Nú:fn::z

i

2.2. ¿POR QUÉ UN PROCEDIMIENTO EXPEDITO?

Las razones para impulsar un procedimiento expedito no son tan diversas de país a país. Podría alegarse que dichos procedimientos reducen la impunidad y la tasa de delincuencia. Esto último no ha podido ser demostrado en ninguno de los dos países estudiados en este trabajo. Lo cierto es que su nacimiento deriva del clamor social de mayor respuesta represiva a la delincuencia. MORALES CHINCHILLA indica: "Debe reconocerse que la promulgación de la ley indicada, se produce en momentos de efervescencia social, derivada de la inconformidad colectiva hacia el tema de la incidencia de la criminalídad en el país y su tratamiento por parte de los tribunales de justicia"5• Un excelente resumen de ese momento histórico lo hace SÁNCHEZ DELGADO, quien al referirse, en un breve extracto, a la relación entre proceso expedito y seguridad ciudadana, señala lo siguiente: "La duración del proceso como parte de la seguridad ciudadana genera confianza o desconfianza en la población respecto de la forma en la que se atien- den sus asuntos [...J es ahí donde había una considerable deuda de los sistemas procesales [...)"6. En Perú la situación no era diversa. Señalan MENESES GoNZÁLEZ y MENESES ÜCHOA, que "los altos índices de criminalidad ocasionan una prolongación excesiva del tiempo en el desarrollo de los procesos judiciales debido a la sobrecarga procesal que existe en el Ministerio Público y en el Poder Judicial produciendo dilaciones indebidas en los

5

MORALES

CHINCHILLA, Carlos, "Procedimiento expedito de flagrancias: prevención, legitimidad y pendientes", en SÁNCHEZ DELGADO, Daniel (coord.), Procedimiento de Flagrancia: Temas actuales, San José: Investigaciones Jurídicas, 2014, p. 47.

6

SÁN

CHEZ DELGADO, Da níel, "Tribunales de flagra :ncia: Una realidad invisibilizada", en SÁNCHEZ DELGADO, Daniel (coord.), Procedimiento de Flagrancia: Temas actuales, San José: Investigaciones Jurídicas, 2014, p. 289. • " e

242

:

¡

NUfV,<\.S OPORTUNff),ADES Pi\.Ri\ UN/\ JUST!Clli.. PROr-{D\ ·y (JJr,,'1.PU.Di\

procesos, generando impunidad y una percepción de insatisfacción por parte de la sociedad hada el Sistema de Administración de justicia'". Corno podemos ver, la doctrina relaciona de forma directa el tema de la seguridad ciudadana con la creación de los procedimientos expeditos o inmediatos. En este espacio no se dedicará a la crítica o a la ausencia de datos científicos que demuestren que los procesos instaurados disminu- yan o colaboren en el combate a la criminalidad y a mejorar la seguridad ciudadana, puesto que lo que interesa acá es mostrar las motivaciones al momento de promulgar las normativas que le dan su base. 2.3. EL CURSO DE UN PROCESO DE FLAGRANCIA SEGÚN LA LEY: EL DEBER SER

En Costa Rica se pasó de un plan piloto a la vía legislativa y se incluyó el procedimiento expedito para los delitos de flagrancia dentro del Código Procesal Penal a través de la Ley N.º 8720, del 4 de marzo del 2009, denominada Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervi- nientes en el proceso penal. Así, se creó el Título VIII, el cual forma parte del Libro II del Código que se denomina "Procedimientos Especiales". En este apartado no abordaré la procedencia ni el cumplimiento de garantías, que dejaré para la segunda parte; sino que haré anotaciones con respecto al plazo.

Este proceso, para Costa Rica, presenta un cambio total de paradigma. Una vez que la persona es detenida y puesta de inmediato a la orden de la fiscalía, inicia la investigación. Contrario a lo que ocurre en el proceso ordinario, acá si hay un momento determinado para terminar la investigación, y coincide con el tiempo que tiene el Ministerio Público para tener a una persona detenida: 24 horas.

7

MENESES GoNZÁLEZ, Boniíacio y Jean Paul MENESES OcHOA, Proceso inmediato para investigar y sancionar delitos flagrantes como respuesta a la criminalidad, Lima:

Grijley, 2016, p. 45.

243

C:ARLOS ENRIQUE NÚÑJ',Z NÚÑEZ

i

La ley establece un procedimiento no jurisdiccional en el art. 425, en el que pareciera que ese plazo puede ser extendido si quien está a cargo de defender a la persona acusada requiere de un plazo de 24 horas más para "preparar su defensa". Sin embargo, para que la fiscalía pueda extender el plazo estando detenido el imputado es solo mediante orden de juez. Así las cosas, en la práctica judicial, una vez que la fiscalía tenga el caso preparado, y antes de que transcurran las 24 horas de detención, se pedirá la audiencia ante el juez de juicio encargado de la audiencia inicial y será ahí que la defensa pueda pedir el plazo extendido de las 24 horas. Si contabilizamos tiempos, desde el momento de la detención del encartado hasta el inicio del juicio habrán transcurrido 48 horas. Ahora bien, una vez superado ese plazo, el tribunal deberá convocar a juicio de inmediato. Por otro lado, la medida cautelar de prisión preventiva puede ser dictada por un plazo máximo de I 5 días. Ese plazo no es antojadizo, pues precisamente es coherente con el plazo máximo que otorgó el le-· gislador en el art. 435 como duración del proceso. Indica dicho artículo: "Cuando proceda la aplicación del procedimiento expedito, en ningún caso debe transcurrir un plazo superior a quince días hábiles entre el inicio del procedimiento y la celebración de la audiencia por parte del tribunal". Podemos contabilizar entonces 24 horas más 15 días hábiles para el inicio del juicio oral y público. En este punto, se debe aclarar que las reglas del juicio oral ordinario son aplicables a este 'proceso, por lo que la duración del mismo en el desahogo de la prueba testimonial, pericial y documental será igual a la de cualquier otro proceso. Finalmente, el plazo de la apelación es el mismo también que el procedimiento ordinario, es decir, no existe un plazo definido para resolver la apelación, sobre todo considerando que no existen tribunales de apelación especializados en procedimiento expedito de flagrancia, sino que son ordinarios. No obstante, en caso de encontrarse el impu'" • e

244

· ·fil'·· ···· !

NUEVAS OP(H{TlJNJi)/"..J)E�:; .PARA UNA .JU'STICI/\ PRON'I/\ Y c:u1v1P.LfD.A

tado en prisión preventiva, el plazo de la misma solo puede extenderse por seis meses más después de dictada la sentencia condenatoria (art. 430, párr. 3). Este plazo puede contrastarse con los plazos escogidos para el proceso inmediato peruano" que establece que luego de 24 horas de la detención debe el fiscal solicitar la incoación del proceso al juez de la investigación preparatoria. Luego de recibir tal solicitud el juez cuenta con 48 horas para realizar la audiencia, mientras tanto la persona permanece detenida. Transcurridos esos plazos se debe señalar juicio oral dentro de las siguientes 72 horas. Al igual que en Costa Rica, una vez iniciado el juicio, el mismo se regirá por la legislación ordinaria en cuanto a su duración y de igual manera la apelación de la sentencia. En total, entre la detención y el inicio del juicio la legislación peruana maneja un plazo menor contabilizado en días naturales ele 6 días, contabilizado como tales por ser establecidos en horas. La diferencia en ese tanto es bastante amplia entre los 15 días hábiles del proceso costarricense frente a 6 días naturales del proceso peruano. De cualquier manera, sigo considerando una justicia pronta la que establece el Código Procesal Penal de Costa Rica, máxime si se compara con los tres años de duración aproximada del proceso ordinario, y el año que dura un proceso también ordinario en Perú según su Código Procesal Penal. 3.

JUSTICIA CUMPLIDA

El proceso de flagrancia ha recibido muchas críticas en cuanto al cumplimiento o no de las garantías del debido proceso para la persona acusada. En Costa Rica pasó de llamársele justicia "express" a incluso 8

Este proceso es regulado a partir del art. 446 del Código Procesal Penal de Perú. Fue insertado en el Libro Quinto de Los Procesos Especiales bajo la Sección I, a través del D. Leg. N.º 1194, del 30 de agosto del 2015.

245

Ci\RLOS ENR!.QOF NÚ{�EZ 'N(;frEZ

acuñar la frase de la "Mcfronaldización" de la justicia como "justicia de com1id a ra, pvida "9 . La jefa de la Defensa Pública de Costa Rica escribió las criticas al proceso de flagrancia, dividiéndolas de la siguiente manera: a) el plazo corto para preparación de la defensa en 24 horas; b) imposibilidad de obtener prueba a favor de la persona acusada; e) inaplicación por parte del Ministerio Público de los criterios de oportunidad por exigua lesión al bien jurídico, y d) supresión deI derecho de impugnar la resolución que ordena medidas cautelares 10• En este trabajo se abordarán las principales críticas a los procesos expeditos y el análisis que se hace también en Perú sobre el tema. 3.1. PLAZO CORTO PARA PREPARACIÓN DE LA DEFENSA

En realidad este punto está relacionado con el que señala de obtención de prueba a favor de la persona imputada. Así Io hace ver Munoz CASCANTE: "En estos plazos le resulta imposible a la Defensa Pública recabar prueba a favor de los acusados y acusadas, y aun cuando se cuente con una Unidad de Investigadores estos son solo l O para todo el país"!'. En referencia al plazo y las pruebas deben hacerse dos prácticas. En primer término, ese plazo de las 24 horas la estrategia de defensa, al menos en Costa Rica, varía a las necesidades especiales del caso concreto para efectiva,

acotaciones para armar de acuerdo la defensa

9

Incluso se le denominó proceso propio del "derecho penal del enemigo". CAMPOS, Federico, "Seguridad ciudadana y derecho penal del enemigo", en La Nacum, San José: 22 de junio del 2010, recuperado de .

10

Dicha crítica se encuentra en: Muñoz CASCANTE, Marta Iris, "El procedimiento expedito de tramitación de delitos en flagrancia. Orígenes, aspectos procesales y vulneración de derechos fundamentales", en SÁNCHEZ DELGADO, Daniel (coord.), Procedimiento de Flagrancia: Temas actuales, San José: Investigaciones Jurídicas, 2014, pp. 317-327.

11

MuÑoz CASCANTE, "El procedimiento expedito de tramitación de delitos en flagrancia", art. cit. p. 320.

246

�:·"

a s i

po r a .e,.'p· re r a c i on a d.:Ü.(:," ]..0<.o a. -. _g· e. 1 d·J...

U.:,. ",I

"'1 � -

· ,..

1 . , e , , ,. U 1 t h 1, 0 C-oa,c,O, e . A dS n_ tomo en consideración el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, en el cual laboro. Ahí las agendas están usualmente ocupadas de señalamientos a debates y audiencias iniciales en los días más próximos. Se buscará el espacio más cercano, siempre y cuando no se superen los 15 días hábiles antes mencionados. �

-E

-'-t "

."�

"i-r

C01110 ·,

-

�

'

_

��� .

-·

, ... �

_ ·�·

- ¡_ : ; '

-'f . .'º

�I!-

·1

En similar sentido, y de forma clara, el AP Extraordinario, en Perú, señaló que ese plazo (referido a las 72 horas para el inicio del juicio oral) podría extenderse para efectos de darle al imputado un tiempo razonable para preparar su defensa, pero el mismo debe ser "siempre breve?": Por otra parte, en la audiencia inicial e incluso antes de las 24 horas de preparación de su estrategia, la defensa de la persona acusada puede solicitar la obtención de pruebas de elementos de prueba o el ofrecimiento de fuentes de prueba (V. gr. Videograbaciones del lugar de los hechos, peritajes, informes policiales, fotografías, inspecciones oculares, etc.). A partir de esa solicitud pasarán dos cosas: la primera será el filtro que haga el juez o jueza de esa etapa sobre pertinencia y utilidad de la prueba, pues debe al menos ser referente al tema que se discute como delictivo 13. En un segundo momento, de ser admitida la necesidad de la prueba, ordenará el juez al Ministerio Público recabarla, ello con base en el numeral 63 del CPP costarricense que indica que el Ministerio Público:"[ ...] deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado". Por ello, si la defensa requiere de una prueba, y el Ministerio Público se niega a traerla al proceso, el Tribunal podrá ordenar la misma a ese ente fiscal para que lo haga. 12

CORTE SUPREMA, ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO

N: 2-2016/Cl}l 16,

Lima: 1 de junio 2016, antecedente 18. 13

El art, 183 del CPP de Costa Rica índica que "Para ser admisible, la prueba deberá referirse, directa o indirectamente, al objeto de la averiguación y deberá ser útil para descubrir la verdad".

247

; - .

.

•

,-- e

..

'

-"

. .

., - � · -

'r

,. . , , .

-,\ [ ' ',

··. ': ' ;

\

,. , t\R 1 .ü . , h N h H ) l.íl :. , - i L N l. : . Z : , l. , _N l ·. t . 1

Salta la pregunta: ¿Y si en el plazo máximo de 15 días no se logra obtener esa prueba? Esta es una de las preocupaciones de la jefa de la Defensa Pública. En realidad la respuesta es muy simple. Si alguna pericia o elementos de prueba no es posible recabarlo en menos de los 15 días a partir de la primera audiencia del proceso de flagrancias, el juez o la jueza de la audiencia inicial deberá ordinariar el proceso, y pasará a la fiscalía correspondiente para que continúen con la investigación, con los plazos del proceso ordinario. Con ello queda claro que no es cierto que el poco tiempo del proceso de flagrancia sea un obstáculo para obtener prueba de calidad, así como tampoco que exista una regla de las 24 horas para preparar la defensa. Lejos de ello, considero que el plazo de flagrancias presiona más a la Fiscalía que a la defensa. En caso de que esta última renuncie al plazo de las 24 horas, tendrá que presentarse la acusación con la prueba con que cuente, no contando con plazo alguno para hacer llegar otra prueba que sustente su teoría del caso. Es por esa razón que corresponde al Ministerio Público y no a la defensa el solicitar el trámite en el procedimiento expedito, puesto que quien queda más comprometido a la prueba de calidad en menor tiempo es el órgano fiscal. 3.2. INAPLICACIÓN DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD

Sin lugar a dudas, creo que se confunde la crítica entre el proceso y la política de persecución criminal del .Ministerio Público. Los criterios de oportunidad reglados, no buscan crear impunidad sobre la persecución de los hechos delictivos, sino que se compone de un balance en el cual el Estado es consciente que no puede perseguirlo todo, debiendo priorizar aquello sobre lo cual quisiera enfocarse. De esta manera, la política de persecución (que se contrapone al estricto principio de legalidad convertido acá en principio de oportunidad) va a variar de país a país y de estado a estado. Pero ello es una decisión, repito, del Ministerio Público.

• • 0

248

i .NUEVAS OPOR'{'l.fN.iDArJ.ES PA-.ll/\ UN/\ .JUS'T'ICJ/\ PRON'1"'/\ \' CUNfPJ,ID_/\

Los procedimientos expeditos como el de flagrancias en Costa Rica y el inmediato en Perú, abren una ventana al Estado al decir: tengo los recursos para perseguir delitos que antes me era difícil perseguir. Ello no hace por sí mismo al proceso de flagrancia como algo negativo, sino que se presentapara las víctimas como una posibilidad de terminar un proceso que otrora resultaba improbable. Quede algo claro: el procedimiento expedito no hace que nazcan figuras delictivas, ni aumenta el número de delitos ocurridos, sino que mejora la capacidad del Estado de perseguirlos y juzgarlos. La crítica debe ir bien dirigida: podría criticarse la posición del Ministerio Público al perseguir esos hechos, o la jurisprudencia reiterada de la Sala Penal costarricense que señala que aún con bajos montos en una tentativa de hurto aún se da Ia antijuridicidad material; todo ello no demerita la existencia y respeto de garantías con que cuenta el proceso penal especial expedito para juzgar delitos en flagrancia. 3.3. NO APELACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

En el proceso inmediato peruano se estableció no solo la apelación a la declaratoria del proceso como inmediato (art, 447.5 CPP), sino además contra la resolución que ordena las medidas coercitivas. El AP Extraordinario abordó el tema indicando: En el caso de la apelación al auto de prisión preventiva, rige el artículo 278.1 del NCPP. La apelación en este caso, es igualmente devolutiva y no suspensiva.

Ello lo permite la conformación de los tribunales que participan dentro de todo el procedimiento expedito, pues en Perú se han dividido las fases iniciales y la de juicio entre jueces de investigación preparatoria y los jueces penales!", Ello permite que la medida coercitiva pueda ser apelada y elevada al juez penal inmediato. 14

Como una aclaración de términos: jueces penales en Perú son los que en Costa Rica

249

CAJÚ.os

ENRCQUE NÚÑllZ NúÑEZ

!

No ocurre lo mismo en Costa Rica. La resolución que dicta las medidas cautelares no tiene apelación. Esto fue criticado por varios sectores y no solo ello sino que fue llevado hasta la Sala Constitucional que resolvió que en el Voto N.º 2009-110991 que la inexistencia de recurso alguno contra el dictado de la prisión preventiva no violenta el debido proceso. La razón por la que no existe ese recurso es por la configuración del proceso especial. En Costa Rica no existe para el proceso para juzgar los delitos en flagrancia, la figura del juez de fase de investigación sino que conoce directamente desde el inicio un juez de juicio (juez penal en el nombre utilizado por Perú) que conoce la fase inicial y que luego es suplido por otro y otros (según sea unipersonal o colegiado el debate) para la realización del juicio oral. Esta especial conformación de los tribunales de flagrancia compuesto únicamente por jueces de juicio no permite contar con un tribunal que cuente con competencia para revisar la decisión del juez. El juez CASCANTE MORA lo explica de la siguiente manera: "[...] sobre esta de- cisión [prisión preventiva] se carece de recurso de apelación, esto pro cuanto la decisión la toma un juez de juicio, sin que exista previsión legal expresa que permita plantear el recurso al superior de este juez, y principalmente porqué por lo expedito del procedimiento es esperable que esa privación de libertad sea mínima":". En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica, al determinar las competencias, señala que los tribunales de juicio deberán revisar en apelación las medidas cautelares dictadas por los jueces penales (de la etapa preparatoria e intermedia), mientras que los tribunales de apelación deben conocer en alzada las sentencias dictadas por

se denominan jueces de juicio. Mientras en Costa Rica a los jueces que participan en la investigación preparatoria y etapa intermedia se les denomina jueces penales. 15

Adrián, "Prisión preventiva y procedimiento expedito de Daniel (coord.), Procedimiento de Flagrancia: Temas actuales, SanJosé: Investigaciones Jurídicas, 2014, pp. 139 y 140. CASCANTE

MoRA,

flagrancia", en

SÁNCHEZ DELGADO,

250

iJ()S 'l. _ :, ....ib_...._ ¡'i . e . ..{1 "-' � . � J'< 1 I-itr i c 1( ' unales 1· 1,f ' S 11

n

.A..t.:t.

.l"

.1. ....

('

.;-

i

-

"'' 1"� r¡n,,

l

l.o .. '" �.... ,..

�-'- b-1 i é _ .nn.d .. ic t aam .pt.)'� .( a.tue d .......d·-� n revi s a r ¡, , , , �t-t.\,.,..

.s,

_

prisiones preventivas dictadas por estos últimos. Esta es, quizás, la critica que pueda llegar a compartir contra el procedimiento expedito de flagrancia. En efecto se trata de un trato diferenciado en una de las garantías que tiene una persona acusada. Ciertamente, la Sala Constitucional lleva razón al indicar que el derecho a la doble instancia hace referencia a la sentencia dictada en un juicio; no obstante, debe considerarse el principio de progresividad de los derechos humanos, y si en Costa Rica para el procedimiento ordinario se tuvo a la apelación de las medidas cautelares como parte del debido proceso, debió entonces también integrarse como tal dentro del procedimiento expedito de flagrancia a través de un cambio legislativo en cuanto a las competencias del tribunal de apelaciones, como parte de una reforma integral. Ahora bien, a pesar de ese último aspecto, el proceso expedito para juzgar los delitos cometidos en flagrancia no vulnera el debido proceso. Pero debe aunarse un terna más: el juicio oral. La fase de investigación y las audiencias iniciales contienen la variación al proceso ordinario. A partir de la elevación a juicio, el proceso sigue su marcha al igual que el ordinario. Se reciben testigos, se desahoga la totalidad de la prueba, y este puede tener la duración que precise. Acá no hay plazos disminuidos. Todo transcurre igual que el proceso común. Luego del dictado de la sentencia, incluso, los plazos para interposición de recursos contra la sentencia siguen siendo los mismos, así como el plazo para resolver dichos recursos. 3.4. GARANTÍAS MÍNIMAS Y PROCESO PERUANO

Al igual que en el caso de Costa Rica, no he encontrado en el proceso inmediato de Perú violación alguna a las garantías fundamentales. Incluso, como dije anteriormente, este proceso resguarda de mejor manera los derechos del imputado en cuanto a su derecho de apelar la resolución que ordena la prisión preventiva. 251

'CARLOS ENRJQUE NÚ�EZ NÚÑF7.

j

A pesar de su velocidad, no se considera que el tiempo sea una violación al debido proceso, pues no puede considerarse la desidia de las víctimas y el olvido de los hechos como un derecho humano. No obstante, el AP Extraordinario (de previa cita) menciona en varias ocasiones que podríamos estar ante un proceso de "garantías mínimas", lo cual no puedo compartir, por dos razones principales: 1. Porque cualquier proceso que incluya la prisionalización de una persona o la imposición de una sanción penal requiere del máximo resguardo de garantías procesales sea para un día de cárcel o para cinco años; y 2. Porque no considero que el proceso inmediato peruano reduzca a un mínimo las garantías. Sostiene el AP Extraordinario: "en cuanto al proceso inmediato, por ampararse en la simplificación procesal, reduce al mínimo indispensable las garantías". Luego indica que el proceso inmediato"( ...] asegura una respuesta rápida al delito, pero con una flexibilización de las garantías de defensa procesal y tutela jurisdiccional [... ]". Todo lo anterior fundamentaba finalmente la necesidad de no juzgar delitos graves (aún flagrantes) por esta vía considerando que ese proceso '' en cuanto se circunscriba a los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo alguno afectan el debido pro-· ceso, la tutela jurisdiccional y la defensa penal". Esta posición la avala ARAYA VEGA al indicar que: "resulta lógico que a partir de la experiencia forense y el juzgamiento de casos graves de manera expedita, se requiera de una dosificación de la misma?". Seré reiterativo: el proceso inmediato reduce el plazo que tiene la fiscalía para investigar, no reduce las garantías del imputado, por lo que la gravedad del hecho o la pena posible a imponer no debería ser una variable para acudir al procedimiento, sobre todo si consideramos que el juicio oral guarda las exactas características de un procedimiento ordinario.

16

AR.AYA VEGA, Alfredo, El nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia y otras delincuencias, 2: ed., Lima: Jurista Editores, 2016, p. 405. e • e

252

i 4.

NUEV/.. ,E OP())rn.INlDADES PARA U}IA JUST'!Cl;\ PHOtfIA y CU\{Pf.JDA

CONClf.JJSIONES

Hay mucho más de qué hablar sobre los procedimientos expeditos o inmediatos. Aún y cuando en Perú no es novedad por haber estado regulado desde antes en su legislación procesa], es lo cierto que el manejo y la especialidad le han convertido en un proceso no solamente llamativo sino también de profundo estudio. Más que nunca el ciudadano y la ciudadana tienen derecho a exigir justicia pronta y cumplida, sin denegación alguna, es decir, sin excusas. El tiempo no puede seguir siendo el obstáculo para lograr una justicia de calidad, es decir, debemos ser céleres pero además cuidadosos de las garantías fundamentales. Esa es la verdadera misión. No pueden admitirse procedimientos especiales que violenten garantías fundamentales, o que reduzcan las mismas solamente porque la pena es menor, o porque el delito es "evidente". Aceptar eso, sería lo mismo que permitir en nuestra era democrática un proceso capaz de enviar a la cárcel a una persona sin que se respete su dignidad y en un trato desigual sin justificación. De este pequeño ensayo pueden extraerse semejanzas y diferencias entre el proceso expedito para juzgar los delitos en flagrancia de Costa Rica y el proceso inmediato de Perú, pero no pretende ser exhaustivo, sirvan más bien estas líneas para empezar a compararnos y para lograr extraer lo mejor de cada uno y lograr con ello una justicia más democrática, que no someta a Ia víctima a una larga espera ni al imputado a una pena de banquillo. Después de todoJean DE LA BRUYERE no hacía distinción a las partes cuando acuñó su frase. 5.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alfredo, El nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia y otras delincuencias, 2.ª ed., Lima:Jurista Editores, 2016.

ARAYA VEGA,

Federico, "Seguridad ciudadana y derecho penal del enemigo", en La Nación, 22 de junio del 2010.

CAMPOS,

253

,C/1JlLOS ENRIQUE NÚÑEl NÚÑEZ

i

Adrián, "Prisión preventiva y procedimiento expedito de flagrancia", en SÁNCHEZ DELGADO, Daniel (coord.), Procedimiento de Flagrancia: Temas actuales, San José: Investigaciones Jurídicas, 2014.

CASCANTE

MoRA,

Bonifacio y Jean Paul MENESES OcHOA, Proceso inmediato para investigar y sancionar delitos flagrantes como respuesta a la criminalidad, Lima: Grijley, 2016.

MENESES GoNZÁLEZ,

Leonardo (coord.), Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, San José: 2015. Recuperado de -cbit.ly/Zjgi'Wwv»,

MERINO,

"Procedimiento expedito de flagrancias: prevención, legitimidad y pendientes", en SÁNCHEZ DELGADO, Daniel (coord.), Procedimiento de Flagrancia: Temas actuales, SanJosé: Investigaciones Jurídicas, 2014.

MORALES CHINCHILLA, Carlos,

Mursoz CASCANTE, Marta Iris, "El procedimiento expedito de tramitación de delitos en flagrancia. Orígenes, aspectos procesales y vulneración de derechos fundamentales", en SÁNCHEZ DELGADO, Daniel (coord.), Procedimiento de Flagrancia: Temas actuales, San José: . Investigaciones Jurídicas, 2014. "Tribunales de flagrancia.Una realidad invisibilizada", en SÁNCHEZ DELGADO, Daniel (coord.), Procedimiento de Flagrancia: Temas actuales, San José: Investigaciones Jurídicas, 2014.

SÁNCHEZ DELGADO, Daniel,

o • "

254

Procedimiento abreviado JOSÉ DIEGO ROBLES PALAFOX' Univeni
1.

A MODO DE INTRODUCCIÓN

La reforma judicial penal latinoamericana ha transitado por diversos momentos de madurez, es válido afirmar que existieron ciertas partes del cuerpo que desarrollaron con mayor complejidad y lentitud en comparación con otras; pese a este fenómeno, hoy podemos percatar- nos que los sistemas. judiciales penales en los Estados Latinoamericanos han alcanzado un nivel de maduración óptimo desde una perspectiva regional integral,

.y,

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California; diplomado en Reforma Procesal Penal (Sistema Acusatorio) por Cetys Universidad, con estudios en el Pretrial [ustice Instuute de Washington D.C., en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (OEA) y en la Universidad Diego Portales de Santiago, Chile.

255

JOSÉ DIEGO ROBLES Pf,.LAFOX '

! '

Esencialmente, el sistema de justicia penal acusatorio es visible en cada una de las regiones que lo ha adoptado, es decir, se pueden percibir sus principios y las figuras e instituciones que lo integran para funcionar a plenitud. Sin embargo, los contextos adquieren singular relevancia para comprender las variaciones entre un lugar u otro; por lo tanto, resulta de mayor provecho el estudio de otros contextos, en el. caso particular: la experiencia mexicana. México, recientemente, ha podido materializar en todo su territorio la reforma procesal penal, pasando por esfuerzos incipientes en 2007 en algunas entidades federativas, formalizando la reforma a nivel constitucional el 18 de junio del 2008, hasta lograr una codificación nacional única regulatoria del procedimiento penal acusatorio en marzo del 2014, que logra estar vigente en toda la República mexicana el 18 de junio del 2016. Es importante mencionar que durante este proceso se tuvo el gran reto de enfrentar diversas corrientes contrareformistas que fueron permeando en algunas regiones, provocando en más de una ocasión tendencias legislativas que afectaron en cierto modo la esencia de figuras jurídicas dentro del sistema judicial penal, verbigracia: ampliación de delitos graves, y supuestos de procedencia de la medida cautelar de prisión preventiva', etc. El procedimiento inmediato ha sido denominado en México como procedimiento abreviado', y a lo largo del proceso de maduración de la reforma mexicana, esta figura no ha escapado de circunstancias dignas de analizarse para poder generarnos una noción amplia y clara respecto a su alcance y funcionamiento en el sistema penal mexicano como mecanismo para lograr la solución de controversias penales cubriendo

Véase: Ríos EsPrNOSA, Carlos, y Jorge CERDIO, Las reformas de la reforma procesal penal en Chihuahua, México: Tirant lo Blanch, 2012, pp. 109-111. 2

Libro Segundo (Del procedimiento), Título I (Soluciones alternas y formas de terminación anticipada), Capítulo IV (Procedimiento abreviado) del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo del 2014, en el Diario Oficial de la Federación. o o e

256

F,..,1....,

P' V ) C T T l l N Jl ! ' l \i 'l r l

.�.

.

.,

.,

.. . .

,

-

, . .• •

"

·.

"i.'l','.MF..,D. - (. 1v.....r. ,o. F.:.t.'r -F--•-I-··

•..)

.

c..,-,n., 1'-,lT.. '-"-'X�''{Y\.-,1 Ty,p,:..r. x :t (" ¡ \ l -- 1 ( ) t .

-

··' · , .•

- .-

•

las expectativas legales, institucionales y de derechos de las partes procesales. La norma suprema mexicana ha evolucionado a raíz de la adopción del sistema acusatorio en cuanto a la garantía que ofrece a los gobernados para brindarles justicia en tiempos razonables mediante la institución del. procedimiento abreviado; ahora bien, debemos ser cuidadosos para poder observar si la normatividad secundaria ha puesto sobre la mesa las condiciones indispensables para que lo establecido constitucionalmente, logre su finalidad. Es bien sabido que hasta las normas mejor elaboradas no significan nada si estas no son utilizadas correctamente por los encargados de velar por su adecuada aplicación, es decir, si los operadores jurídicos, las instituciones del sistema de justicia y el Estado, no asumen una actitud responsable y profesional, apegada a las necesidades sociales y a los derechos inherentes o derivados que deben atenderse mediante el procedimiento ínmediato o abreviado. ¿Cómo podríamos establecer un termómetro que nos pueda indicar que lo aquí planteado tiene efectividad? Con certeza es posible afirmar que la percepción social es medular para tener parámetros válidos; sin embargo, dicha percepción no necesariamente siempre va ligada a una realidad, pero tampoco implica que esa sensación carezca de justificación. Todos los factores que se han mencionado nos conducirán a dimensionar con mayor proximidad el grado de consolidación que actualmente guarda el procedimiento abreviado mexicano en relación al panorama general peruano, y latinoamericano, del procedimiento inmediato. Las propuestas deben ser parte toral posterior a cualquier clase de ejercicio de discernimiento. El derecho no debería bajo ninguna circunstancia ser estudiado sin teleología prepositiva, bajo esta premisa se desarrolla el presente esquema.

257

JOSf. DJEGO ROBJ.f:S PALAFOX

2.

i

JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA

Cuando se habla de justicia en términos legales o procedimentales, procuración o impartición, lo primero que viene a la mente es la relación con la posibilidad de encontrar solución a un problema, a un conflicto derivado de la convivencia social. En el ámbito penal, la justicia debe ser entendida desde una perspectiva bilateral o incluso tripartita (esta última, en la mayoría de los casos): bilateral, en un sentido donde esta llega para la sociedad y la persona señalada de la comisión de un delito; y tripartita, en donde esta se place en la sociedad, la persona señalada de cometer un delito, y la víctima de la comisión del delito. Es decir, que un conflicto de índole penal debería resolverse mediante una decisión, que conforme a las leyes penales, atienda derechos y obligaciones de los mencionados y sea justa para todos. A esto podríamos denominarlo como el primer atributo o cualidad de la justicia dentro del contexto en que la estamos estudiando. Pero no basta con que esta decisión llegue, ¿es justo que algo se resuelva cuando quizá el paso largo del tiempo no permite del todo que esa solución tenga efectividad en los derechos afectados y obligaciones necesarias en aquel momento del conflicto? Así, para que la justicia pueda ser plena, imprescindiblemente, tenemos que asociarla con el factor tiempo, lógicamente este tiene que ser lo más breve posible: "el médico jamás debe dejar que el dolor se prolongue temporalmente". Las normas internacionales, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hacen referencia a soluciones prontas ': en armonía con las anteriores, en el art. 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente:

3

Véase, Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts, 7.5, 8.1 y 25.1; y, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poiiticos, art. 9.3. " e e

258

·f···· ¡. El, VR()C:EDllVl!EN_'l'O

JNivJ.E.DJ/(f.\) EN .EL CON'fEXTO N!FX:f.CANO

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribuna-

les que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas tas costas judiciales.

Este derecho humano ha sido previsto constitucionalmente desde antes de la reforma del 18 de junio del 2008 en donde se adopta el modelo penal de corte acusatorio para la procuración e impartición de justicia 4, es decir, literalmente ya se consagraba, pero la realidad era otra. Los Códigos de Procedimientos Penales, tanto federal como los de las entidades federativas tradicionalmente establecían un sistema mixto5 que aun previendo plazos relativamente razonables (aun así más amplios a los de los Códigos reformados), el esquema del propio sistema no permitía darle puntual observancia al carecer de concentración y continuidad", Por lo tanto, un reto de la reforma mexicana, y más que eso, una oportunidad de la renovación procesal penal, fue precisamente establecer los mecanismos adecuados para garantizar una justicia pronta y expedita; el mismo art. 17 de la Constitución mexicana, ahora en su párrafo cuarto, consagra: Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

4

Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia, aprobada por el Congreso de la Unión, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio del 2008, donde se reforman los arts. 17, l 8 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1

5

CASANUEVA REGUART,

Sergio E.,Juicio oral. Teoría y práctica, 4." ed., México: Porrúa,

2009, p. 72. 6

Véase, MATA MENDOZA, Grecia, "Principios constitucionales del nuevo sistema penal acusatorio adversarial", en Revista Mundo Forense, México: 13 de agosto del 2014. Recuperado de -cbit.ly/Ztyylip.S».

259

..íos:(: IJíECO

ROHLFS P.A.LAFOX

Mediante esta disposición se abrió la puerta a que los Códigos adjetivos penales previeran soluciones alternas, las cuales representan el medio idóneo para incentivar y dar plena efectividad a la aparición pronta de la justicia. También encontramos en el artículo 20, apartado A, fracción VJF, de la Norma Fundamental de México, una forma anticipada de terrninación del proceso: El procedimiento abreviado. Mediante esta manera de justicia pronta, en el supuesto lega] es posible cumplir con mayor eficacia el factor tiempo al que venimos haciendo referencia en la presente exposición. Superando incluso en cuanto a resultado al procedimiento sumario" establecido en las codificaciones adjetivas tradicionales mexicanas. Existe una gran similitud entre el procedimiento abreviado mexicano y el procedimiento inmediato peruano, en esencia se obtiene un mismo resultado en cuanto a temporalidad se refiere; sin embargo, es menester conocer las particularidades que se presentan alrededor de la institución jurídica mexicana para entender los resultados que

7

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: [...] VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad

[...J".

8

Véase, el art. 152 del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934; y el a rt. 284-BIS del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de octubre del 2007.

260

'

! ·Et PR.C".:CEi)L\{lE.N'f'O

lNM.El.)11\TG E)\f EL (J)f1.ffEX'J'Cf 'MEXl(:!\NO

se presentan en un plano real derivado obviamente de los contextos legales respecto a otros temas de fondo implícitos en la aplicación de este procedimiento, y se pueda tener una noción comparada más clara respecto a lo que acontece en Perú. 3.

CONSOLIDACIÓN LEGAL DEL PROCESO SIMPLD?ICADO MEXICANO

Debemos remembrar sintéticamente algunas cuestiones respecto al proceso de reforma mexicana, antes de ingresar al proceso particular de transformación jurídica del procedimiento abreviado: 1) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforma el 18 de junio del 2008 para adoptar el modelo de justicia penal de corte acusatorio-adversarial, y entre otras, las soluciones alternas a una controversia penal. 2) La reforma constitucional establece una vacatio legis de ocho años para que la federación y las entidades federativas implementen el nuevo modelo de justicia, es decir, reformen sus Códigos de Procedimientos Penales, y demás normatividad relacionada, bajo la esencia del nuevo esquema sistemático, sin que exceda del 18 de junio del 20169•

9

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008: "Artículo Segundo_ Transitorio. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto¡ 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesa ríos a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el

261

.JOSÉ DIEGO ROBLES PAl.AFOX

3) Se publica el S de marzo del 2014 un Código Nacional de Procedimientos Penales como norma rectora procesal única en materia penal, para sustituir las codificaciones de las entidades federativas (incluso aquellas ya reformadas bajo los principios del sistema acusatorio-adversarial) y la federación. Así, es necesario que partamos de la fuente principal, la base legal constitucional sobre la cual se posa la esencia de] procedimiento abreviado. Se trata de la "llave maestra" para abrir las puertas de los ordena- mientos legales secundarios que regulan los supuestos particulares de esta modalidad de terminación anticipada. La norma suprema mexicana en su articulado 20, apartado A, fracción II, establece lo siguiente: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: ( ... ] VIL Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsa- bilidad [ ... ].

Esta premisa nos proporciona los elementos suficientes para que la legislación secundaria tenga la viabilidad de prever un mecanismo párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales". ,r¡

o "

262

·::

·f

�:-�'�, . .=,,·:" "''':';-�·;·,':":··-··.,:"·

I

EL PIIOCElllMJfü.JTO lNMl'.Pl!i!'O E,,¡ f'1 CONTEXTO Ml'XfCi\NO

adecuado para poner fin al proceso penal. Pero para tal efecto, debernos en primer orden distinguir cuáles son esos elementos que nos van a conducir a una solución justa y rápida: 3.1. UNA VEZ INICIADO EL PROCESO PENAL

En el sistema acusatorio-adversarial, el proceso penal inicia formalmente al momento de la vinculación a proceso de una persona; algunos de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pueden presentarse incluso antes de que se dicte la vinculación a proceso, es decir, antes de iniciada formalmente la fase procesal. Este supuesto constitucional constriñe de manera imprescindible la existencia del proceso penal. Por lo tanto, aunque no se mencione de forma expresa, la lógica material y jurídica evidencia que la Carta Magna mexicana sujeta a las codificaciones secundarias a prever la procedencia del procedimiento abreviado una vez que se haya determinado la vinculación al proceso. 3.2. NO EXISTA OPOSICIÓN DEL INCULPADO A UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA

Todos los derechos inherentes al debido proceso son importantes, pero sin lugar a dudas el derecho que tiene toda persona a· defenderse en un juicio oral 10, constituye un pilar fundamental para el éxito de la garantía del acceso a la justicia; no obstante lo anterior, al ser un derecho, las personas tienen la libertad de ejercerlo o no. Ante el no ejercicio, según sea el caso, cabe la opción de que el propio Estado a través de las partes procesales consideren que esta forma de terminación anticipada del proceso penal sea la solución más convenientepor atender de modo más efectivo las consecuencias que deben surgir ante la comisión de un delito, y por ende se le proponga a la persona vinculada a proceso, y es este preciso momento el que permite que pueda optar u oponerse a dicha salida procesal, es decir, si renuncia a su derecho a juicio oral

10

Etapa central, y última del proceso penal acusa torio-adversarial, cuya estructura es como sigue: a) etapa de investigación; b) etapa intermedia, y; e) juicio oral. ®

.,

e

263

J()¡/: DIEGO ROBLES PALAFOX

!

para ser juzgado mediante el procedimiento abreviado. Por lo tanto, se establece la base constitucional para que el legislador secundario considere garantizar la voluntad de las personas ante esta forma de impartición de justicia. 3.3. EL IMPUTADO RECONOZCA VOLUNTARIAMENTE LA PARTICIPACIÓN

EN EL DEUTO

Renunciar a] juicio oral es renunciar consecuentemente al derecho a establecer una teoría del caso 11 como defensa, lo que representa e! reconocimiento voluntario de la participación en el delito. Cuando se menciona la palabra "voluntariamente", se entiende que el reconocimiento no debe ser coaccionado, lo que no significa que no pueda ser sugerido; por el contrario, la realización de una sugerencia que pueda llevar a la conciencia que conduzca a ese acto de voluntad corno elemento para la aplicación del procedimiento abreviado. La interpretación acertada de este elemento por parte de los encargados de legislar en los Códigos adjetivos penales, es de vital importancia para garantizar que se establezcan los supuestos idóneos para cumplir debidamente con esta disposición constitucional. 3.4. EXISTAN MEDIOS DE CONVICCIÓN

No se debe confundir la no oposición y el reconocimiento voluntario, con una "confesión" tradicional, esa que en las escuelas de derecho algunos catedráticos le llamaban "la reina de las pruebas". A los anteriores elementos debe adherirse un aspecto toral que diferencia sustancialmente con aquella figura tradicional: medios dé convicción. De tal manera que deben presentarse ante la autoridad judicial aquellos datos o información que permita relacionar tácticamente y establecer la suficiente credibilidad y coherencia respecto al reconocimiento voluntario en la participación en el delito. La norma constitucional 11

Véase, Baytelrnan, Andrés y Mauricio Duce, Litigación penal. Juicio oral y

prueba,

Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2004, pp. 47-59.

264

¡

EL PRúGEDfMJENTO H'1IY1.El)J/\'.I'() EN EL CON'TEXf() lVí.EX.'i:C:Ai"-·i'C)

indica la pauta legal para que los ordenamientos procesales prevean al procedimiento abreviado como una herramienta que funciona objetiva-mente, superando a una obsoleta manera de juzgar basada en aspectos subjetivos e inciertos. 3.5. BENEFICIOS AL INCULPADO POR ACEPTAR SU RESPONSABILIDAD

Incentivos" legales. Así de claro. Es la posibilidad de que la ley ofrezca al inculpado algún tipo de beneficio si se aplicara el procedimiento abreviado, con la intención de lograr una solución pronta. ¿Es prudente que la misma ley beneficie por aceptar su responsabilidad? Para responder esta cuestión necesariamente tenemos que visualizarlo desde un aspecto estrechamente ligado con la posibilidad de lograr justicia y no desde una perspectiva de "premio". Entendido de esta manera, tenemos el cimiento legal para que las normas procesales establezcan los supuestos idóneos y prudentes para conceder estos beneficios. Bajo esta gnosis podemos percatarnos que la Carta Magna mexicana desde la génesis de la Reforma Constitucional del 2008, ha previsto y prevé los elementos necesarios para la institucíón plena de un proce-· so simplificado a través de la normatividad adjetiva. No es tarea fácil "aterrizar" la esencia plasmada constitucionalmente, requiere de un mínimo trabajo legislativo dotado no solamente de argumentos teóricos sino empíricos que permita el desarrollo de sensibilidad real, social y jurídica-operativa, para detallar los requisitos de procedencia adecuados. Durante la primera etapa de implementación, es decir, la era de los códigos adjetivos en cada entidad federativa 13, estos ordenamientos legales respetaron la esencia constitucional del procedimiento abreviado (los elementos ya citados), dedicándose a detallar los supuestos necesarios para darle efectividad operativa; la mayoría de las codificaciones 12

Véase, "Incentivo", va. (Del lat, incentívus). Adj. Que mueve o excita a desear o hacer algo. Cfr. Dicciona río de la Real Academia Española.

13

La Federación no a tendió la reforma constitucional, y por lo tanto, continuó operando el sistema judicial penal bajo el Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de agosto de 1934.

265

JOSÉ DIEGO ROBLES PAL,\FQX 1

coincidieron en considerar al procedimiento abreviado como uno de los procedimientos especiales que estos contemplaban. Los procedimientos especiales tradicionalmente han sido concebidos para tratar casos en donde por las características especiales de las personas, estos requieren un tratamiento diferenciado, aquí se consideraba elementalmente a personas inimputables: bajo las leyes procesales nuevas se instituyeron algunos procedimientos adicionales, que a toda luz encuadra en el concepto que hemos referido, sobre todo aquel que reconoce a los pueblos o comunidades indígenas para ser juzgados de acuerdo a sus usos y costumbres 14• La interrogante es si teóricamente es correcto considerar al procedimiento abreviado como un procedimiento especial, en este momento no nos ocuparemos en dar respuesta, pero es importante que tomemos nota y estar atentos a la respuesta en líneas posteriores, ahora nos queda claro que las normas adjetivas mexicanas, en esta etapa, lo han considerado como un procedimiento especial, de la misma manera que lo considera el nuevo Código Procesal Peruano del 2004. Debemos revisar cuál fue la forma en la que se establecieron los supuestos para cumplir con los elementos del procedimiento abreviado, establecidos en la Constitución. Para este objeto ejemplificaremos y analizaremos tomando como muestra el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, publicado el 19 de octubre del 2007, una de las codificaciones que lograron mayor consolidación en México. Para este efecto realizaremos un ejercicio comparativo entre la redacción inicial y la actual, para identificar la evolución a través de diversas reformas modificatorias:

14

Véase, Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de octubre del 2007, Título Noven o (Procedimientos Especiales); Capítulo IV (Pueblos o Comunidades Indígenas), artículo 394. • o o

266

··�

:EL PROCEDI1Y1IEI".rro IN.MEDJ1\'fO .EN .F.1. CON'f.EX�ro i\-1.FX:!CA[,J-O

267

.Josú .Dl.EGO

RO.BLES PAi.l·,.FOX

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, publicado el 19 de octubre del 2007; Título Octavo (Procedimiento Ordinario); Capítulo I

268

(Etapa de Investigación); Sección 1 O (Acusación). Artículo 294.- Contenido de la acusación> La acusación deberá contener: I. La identificación del acusado; Il. La identificación, en su caso, de la víctima u ofendido; JU. Los hechos 'atribuidos y sus modalidades, así como su calificación jurídica; IV. La mención de las circunstancias modificatorias de la 'responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la acusación principal; V. La autoría o participación que se atribuye al imputado; VL Los medios de prueba que el Ministerio Público se propone producir en el juicio oral; VIL La pena que el Ministerio Público solicite y los medios de prueba relativos a la individualización de la misma; VIII. El daño que, en su caso, se considere se haya causado a la víctima u ofendido, y los medios de prueba que ofrezcan para acreditarlo; y IX. En su caso, la solicitud de que se aplique el procedimiento abreviado.

269

..ros{: DIEGO

l{OBLES P1'\.\),f\)X

270

i EL PROCEDIMIENTO lNMEDU\TO EN EL CONTEXTO MEX.lChNO

[t.as cursivas son agregadas]

Es apreciable que la norma adjetiva desde su origen ha recogido la esencia de los elementos constitucionales que ya hemos analizado, la oportunidad se presenta desde el inicio del proceso, incluso la redacción final evolucionó para ser más detallista en cuanto a los momentos oportunos para acogerse al procedimiento abreviado; la obligación que la ley procesal impone al órgano jurisdiccional sobre la verificación que debe realizar antes de resolver la solicitud del procedimiento abreviado, es también una clara manifestación del acatamiento puntual de los ele-

@

..

e

271

JOS(..DIEGCJ H.C)BJ.E�) PA1.,AFOX

mentes constitucionales de no oposición por parte del inculpado, y del reconocimiento de su participación en d delito, este último elemento también se refleja en la evolución de la redacción del numeral sobre la procedencia del procedimiento "especial". Respecto a los medios de convicción como elemento constitucional, el mismo numeral sobre la verificación del juez, en su fracción IV, transforma la literalidad y prevé el texto constitucional genuino dd concepto "medios de convicción", avanzando en rubros de certeza ¡u rídica al garantizar que el solo reconocimiento de su participación en el delito no basta para lograr el objetivo del juzgamiento, recordemos que hemos superado el concepto tradicional de "confesión". Finalmente, el elemento constitucional consistente en la posibili ·· dad de beneficios al inculpado por aceptar su responsabilidad, el texto originario contempla la opción de reducción de la penalidad en porcentajes inferiores al mínimo establecido para cada delito. Ahora bien, hay aspectos especiales que deben captar nuestra atención, y nos referimos a dos rubros principalmente: 1) El peso determinante de la opinión de la víctima u ofendido para la procedencia del procedimiento abreviado, y 2) Las solicitudes de procedimiento abreviado con base en criterios generales del Procurador General de Justicia. En cuanto al primer punto, flagra que se trata de un elemento que no es constitucional, propiamente dicho, incluso que en la etapa originaria de la norma procesal, no se consideraba; sin embargo, tiene una razón de ser estrechamente relacionada con derechos elementales de la víctima u ofendido que en la práctica se estaban dejando de lado por parte de los fiscales, como lo explicaremos posteriormente, y que se consideró por parte de los legisladores era un tema que bien podía resolverse legislativamente. Aún existe mucho debate al respecto. El segundo rubro, indiscutiblemente nos lleva a cuestionar que la misma ley establezca que el Ministerio Público solicitará los procedí-

272

! f.iJ, PROCF.l)fMIEI'\"l'O !l'•HvlEDli\T'O E.N EL CON'T'EXTO h'IE){íCi\N() mientes abreviados según criterios dictados por una autoridad, es decir, no basado en supuestos legales debidamente establecidos y detallados; esta cuestión de igual manera la abordaremos en temas subsecuentes. El Código Procesal que hemos citado es totalmente representativo de una realidad mexicana que se vivió durante la etapa de legislación secundaria por regiones; legislación que con aciertos y desaciertos logró claros avances en cuanto a la justicia pronta se refiere mediante el procedimiento que nos ocupa. Pero quedaron áreas de oportunidad derivadas de múltiples acciones contra reformistas en distintas regiones, que condujeron a la necesidad de encontrar soluciones mediante una codificación única a nivel nacional. El Código Nacional. de Procedimientos Penales, es la etapa vigente actualmente en nuestro país. Una norma que llegó en un momento justo para evitar que la esencia de la reforma judicial penal continuara en riesgo inminente de ser consumida por inoperantes e inconscientes fuerzas que pretendían disfrazar al pasado y confundirlo entre las nuevas formas procesales. Sin pretender desviar la naturaleza jurídica del presente estudio, quizá lo que no ayudó mucho a que tuviera la suficiente legitimación fue el momento político en el cual nació, mismo que a la fecha ha sido caracterizado por una serie de reformas estructurales a nivel nacional enfocadas en el empoderamiento y control gubernamental de la federación, así como el manejo privado de cosas públicas. Superando cualquier tipo de contexto para-jurídico, era totalmente necesario esta codificación única que vio el sol un 5 de marzo del 2014, sobre todo para consolidar una reforma judicial que a pesar de casos de éxito, seguía avanzando a paso aletargado; hasta el mes de abril del 2013, 23 entidades federativas tenían Códigos de Procedimientos Penales de corte acusatorio (3 en operación en todo su territorio, 1 O solamente vigente en una parcialidad de su territorio, 1 lo tenía promulgado pero su vigencia dependía de una declaratoria, 7 entrarían en operación parcial durante el 2013 y 2 iniciarían su operación parcial en el 2014). 7 entidades federativas aún se encontraban discutiendo los proyectos en sus legislaturas locales, y existían otras entidades más retrasadas en el pro® " ®

273

.JOSÍ': DIEGO ROBLES PALAFOX

ceso de implementación, entre ellas la capital mexicana 15• Otro aspecto fundamental que justificó la nueva norma procesal fue la oportunidad de unificar criterios incidentes en la aplicación del procedimiento penal y superar conceptos y tratamientos erróneos de ciertas figuras jurídicas por parte de las leyes procesales existentes. Justamente en este último aspecto referido, encontramos que la norma nacional le da un tratamiento distinto al procedimiento abreviado, al que se le daba en las codificaciones anteriores, dando mayor claridad respecto a la esencia del procedimiento inmediato mexicano. En primer orden se deja atrás regularlo como procedimiento especial, una confusión en la que se mantuvieron algunas de las codificaciones estatales, para ahora preverla como una forma de terminación anticipada del proceso, diferenciándola además de las soluciones alternas. Para Jo cual quedó establecido el Libro Segundo (Del Procedimiento), Tirulo I (Soluciones alternas y formas de terminación anticipada); que en su Capítulo I (Disposiciones Comunes), en sus artículos 184 y 185 regula lo siguiente: Artículo 184. Soluciones alternas

Son formas de solución alterna del procedimiento:

L El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso. Artículo 185. Formas de terminación anticipada del proceso

El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso.

15

Véase, Anteproyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legisla ti vos, Segunda por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana presentada el día 30 de abril del 2013 por los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Angélica De La Peña Gómez, Ornar Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo.Layda Sansores San Román y Dolores Padierna Luna, pertenecientes a diversos Grupos Parlamentarios. La iniciativa en su exposición de motivos, fracción III, p. 19.

274

De esta manera, se supera el procedimiento abreviado como procedimiento especial, para darle coherencia constitucional denominándolo forma de terminación anticipada; mediante esta disposición se clarifica el concepto como una figura encaminada a la justicia pronta de la que habla el art. 17 constitucional. Otro rubro que la norma única logró consolidar es el relativo a detallar supuestos para la procedencia de beneficios al inculpado por aceptar su responsabilidad, específicamente en el art. 202, párrafo tercero y cuarto: Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo.

Así también, se enfatiza el requisito relacionado con la opinión de la víctima u ofendido, en el art, 204: Artículo 204. Oposición de la víctima u ofendido La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño.

" " e

275

'.JÜSÉ DIEGO ROBLES PALAFOX

!

Como lo mencionamos al momento de analizar la etapa de Códigos adjetivos estatales, si bien es cierto, no se trata de un elemento constitucional base del procedimiento abreviado, pero sí de un supuesto que protege derechos de la víctima u ofendido en cuanto a la reparación del daño, un aspecto que corría demasiado riesgo sobre todo considerando que algunos Códigos adjetivos regulaban la posibilidad de que el procedimiento abreviado pudiera ser solicitado de acuerdo a criterios del Procurador General de justicia, y que no obligaba a los jueces a revisar sí los fiscales atendieron este factor tan importante para la llegada plena de la justicia. Existen juristas que siguen considerando que esta medida obstaculiza en algunos casos procedentes que se cumpla la finalidad del procedimiento abreviado como herramienta reparatoria y de descongestión del sistema de justicia penal, y no tengan solución mediante esta vía por razones de posibles criterios del fiscal general que se contraponen con la esencia del sistema acusatorio y la justicia pronta. en esa búsqueda confusa de seguridad ciudadana a través de políticas criminales. Han existido criterios de fiscales generales que prohíben a los Ministerios Públicos celebrar procedimientos abreviados en casos de delitos de robo de cableado y ganado, por citar un ejemplo. Es así que esta última etapa legal (en la que actualmente nos encontrarnos) ha logrado consolidar y redefinir al procedimiento abreviado mediante una atención exacta de las disposiciones constitucionales e internacionales, garantizando una justicia pronta y expedita, mediante un tratamiento preciso y correcto de la ley, atendiendo los derechos de las partes involucradas en el conflicto penal. 4.

¿POLÍTICA DEL ESTADO, ESTRATEGIA O DERECHO?

La legalidad siempre será una base elemental para la conducción adecuada de la vida social e institucional, leyes que contengan la esencia de una necesidad y realidad social que a su vez se ajuste y/o moldee el contexto de las instituciones. Esto es, un modelo ideal que permite al Estado cubrirse de un sólido respaldo dogmático, mediante el cual tenga una verdadera posibilidad de garantizar orden y seguridad jurídica. • o o

276

s ezbu_ iJ. ,..-..-...]. ,a, _ :l n..el,.v,e<,.,,-.1 11-J,:le...._.- ..... \,,-.,.n t e s tie n.lC�- q p .-,·t-:·:'·-L-,"'i.

:::,

ol ea

...

o.. r.un.. ae ..r�. e ... ·

tt.l

. :,

, :)"\...-

(>-

1.-

M-<

·.,c.::t, (Y"._,t-e�-

1

7

'1,...,3.

l (' \

• .,i.�

P.,,J.'.'t.t-i-

,: :i.

n o� r..m,... á s C O J ') e s s-:,e r e-'c'-:lu.,i. e···r-- z{)u-íleg lida 1 S l )] 1d""·�,"-,·'-,U-l,(..1. t a a e u-n...a-. a, ,_. _ d pragmática que tenga claridad de objetivos respecto a la conducción de los temas sociales e institucionales mediante el uso estratégico de vías legales para lograr resultados efectivos. El Estado, en este supuesto, es el órgano rector, el conductor del pragmatismo aludido a través de sus políticas públicas. .

u

.:>,e:_

;.

,,,

_

.. -

PU ' � .

'!,.

--

�

,

h.

,.,

�-

�

..

_,

Finalmente, encontramos un tercer factor: los operadores encargados de materializar los objetivos de las políticas de Estado en atención de lo que la legalidad dicta. Sin estos, todo lo anterior se convertiría en letra muerta, y en propósitos bien intencionados. 'Teniendo en claro lo antes expuesto, debemos realizar los mapas mentales relacionados con el procedimiento abreviado: No es un secreto que el Estado tradicionalmente ha utilizado al sistema de justicia como una herramienta o medio para g::rrantizar resultados en aspectos que no son objetivos directos de la procuración e impartición de justicia, especialmente el tema de la seguridad ciudadana y la prevención del delito, a través del endurecimiento de penas, amplitud de delitos graves, etc. Que si bien es cierto lejos de resolver los problemas y cumplir con los objetivos, estos se complicaban aún más, pero es un claro ejemplo de la utilización de figuras jurídicas del sistema de justicia penal para buscar cumplir con un objetivo mediante una política de Estado convertida en legalidad. Ahora, con el sistema acusatorio nos encontrarnos con una transición que busca dejar atrás todo rasgo inquisitivo; las políticas de Estado por supuesto que son bienvenidas, siempre y cuando sean afines con los objetivos, derechos y obligaciones de la justicia. Así, el procedimiento abreviado ha sido concebido como una figura legal. En el contenido del presente trabajo se ha reiterado gue el procedimiento abreviado aporta de gran manera a la efectividad de la justicia pronta y expedita, es decir, para garantizar un derecho humano, por lo tanto se puede afirmar que esta forma de terminación anticipada del

277

.Jost D.IEGO

ROBLES PALAFOX

i

proceso se hace objetiva por razones de un derecho subjetivo elemental; sin embargo, existen jurisconsultos que sostienen que más que un derecho, es principalmente una herramienta del Estado, una política pública a través de la norrnatividad que permite al propio Estado descargar al sistema penal, haciendo una especie de filtro para que las investigaciones radiquen en casos que pueden prosperar ordinariamente, y aquellos casos en donde no se visualice una teoría del caso sólida o se estime compleja la fase de investigación complementaria, se pueda incluso negociar los beneficios a que hemos aludido en líneas anteriores consistentes en reducción de penas, lo que se convierte en un incentivo para abrir la puerta a la voluntad de las personas a acceder a esta vía procedimental, de esta manera el Estado cumple efectivamente con dictar justicia resolviendo inclusive esos asuntos que quizá de manera ordinaria no hubieran llegado a un final satisfactorio socialmente; esta es la razón por la que se afirma como política de Estado que funciona como mecanismo de aceleración y solución de casos. Los operadores del sistema judicial penal son en definitiva la pieza clave y necesaria para que el procedimiento inmediato mexicano funcione; los encargados directos de la aplicación de esta figura jurídica, quienes conocen debilidades y fortalezas de los asuntos puestos bajo su conocimiento, y es precisamente en razón de esas debilidades y fortalezas que distinguen, lo que los lleva a optar por el procedimiento abreviado para resolver sus casos; así, tenemos defensores que ante un caso evidentemente perdido proyectan como estrategia la posibilidad de conseguir penalidades menores, incluso beneficios sustitutivos de la pena de prisión para obtener una inmediata libertad. Los fiscales, por su parte, ven una estrategia adecuada para resolver casos donde el rompecabezas probatorio es por demás sinuoso, de tal manera que puedan conseguir resultados favorables para resarcir el daño a las víctimas, sacrificando quizá una mayor penalidad, pero obteniendo lo realmente importante en el fondo de la solución de un conflicto penal. Así, podemos concluir que el procedimiento abreviado tiene características de los tres factores analizados, sin embargo caeríamos en un

278

1

I EL PHOCEDIIv'iIEN'f() IJ\JtvlEJ)_iA'l'O EN El_, CON'J'EXT() f·,1EXJCI\NO

., ..�.- encasillándolo exclusivamente en uno de ellos, desde un P unto ro r de vista práctico--jurídico. Aunque quienes ponderamos el derecho 110 perderemos de vista jamás suí génesis en un derecho humano de dim,ensiones inconmensurables para la restauración del orden social. t ¡

5.

.,

)

.

.

PERCEPCIÓN, REALIDAD Y LA RUTA EFECTIVA

experiencia mexicana aún enfrenta un sinfín de retos en cuanto a la legitimación del procedimiento abreviado, particularmente desde la perspectiva de víctimas que se propaga en un sentir social generalizado cuando el enfoque operativo se estanca en una visión de política pública ap!ic,rndo esta forma de justicia con el único objetivo de "quitarse de encima·· un caso, sin ponderar resultados reales para los derechos de las víctimas. resaltando su postura no vinculante sobre una propuesta justa en cuan to a la reparación del daño, lo que sucedía frecuentemente.No es posible que continúe sucediendo la utilización de esta forma anticipada de terminación del proceso para efectos estadísticos que aparenten que los casos penales se están resolviendo satisfactoriamente cuando el fiscal y/o la defensa tienen elementos suficientes para establecer condiciones justas para las partes al celebrarse el procedimiento abreviado, pero no lo hacen con tal de que el caso llegue a su fin a como dé lugar. Probablemente, la realidad en México no dista mucho del resto de Latinoamérica, los retos son muy similares, pero sin lugar a dudas se ha avanzado legalmente y mediante esta vía se han superado inconsistencias que en su primera etapa no permitía que el procedimiento abreviado cumpliera su finalidad de manera equitativa para las partes, verbigra(Ü: tomar en cuenta la postura de víctimas, separarlo de las soluciones alternas en estricto sentido, clarificar su esencia como algo distinto a los procedimientos especiales, etcétera. Con determinación se puede afirmar que cualquier clase de análisis es más útil cuando concluye propositivamente, este estudio no pretende ser la excepción, tampoco tiene la fórmula exacta (tengo la certeza que no hay quién tenga fórmulas exactas en aspectos jurídico-sociales), no e ., .,

279

. Josi DIEGO. ROBLES PALAfOX.

¡

obstante la ruta visualizada para lograr que el procedimiento abreviado cumpla con esencia es primeramente que no se contamine

su

mediante "parches" legislativos disfrazados de reformas con el afán de filtrar políticas criminales inquisitivas, así corno tendencias al populismo penal", es encontrar el equilibrio legislativo que lleva a garantizar derechos de todos; en segundo orden, una aplicación y uso estratégico del procedimiento abreviado desde una perspectiva integral del sistema judicial penal, y de ética profesional que cierre las puertas a negociar condiciones injustas con tal de que se termine el caso; y tercero, que los operadores sean capaces de sensibilizar a víctimas e imputados, y por qué no decirlo, a la sociedad en general, sobre que una penalidad alta no necesariamente significa justicia si no se busca como prioridad la reparación del daño, un aspecto enfático a través del procedimiento abreviado. México y nuestros países hermanos, con nuestras reformas hemos dado pasos significativos para los derechos humanos ... ¡Prohibido retroceder! 6.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAYTELMAN, Andrés y Mauricio Ducs, Litigación penal.juicio oral y prue- ba, Santiago de Chile: Universidad Diego Portales; 2004. CASANUEVA REGUART, Sergio E., Juicio oral. Teoría y práctica, 4." ed., México: Porrúa, 2009. MATA MENDOZA, Grecia, "Principios constitucionales del nuevo sistema penal acusatorio adversarial ", en Revista Mundo Forense, México: 13 de Agosto del 2014. Recuperado de -cbir.ly/Ztyyfip.c-. PRATS, Eduardo Jorge, "Populismo penal", en Hoy Digital, Santo Domingo: 30 de junio del 2006. Recuperado de . Ríos

16

Carlos, y Jorge CERDIO, Las reformas de la reforma procesal penal en Chihuahua, México: Tirant lo Blanch, 2012. ESPINOSA,

PRATS, Eduardo Jorge, "Populismo penal", en Hoy Digital, Santo Domingo: 30 de junio del 2006. Recuperado de . .. .. 0

280

i\CUERI)C)S PLENARJ()S

Acuerdo

6-2.010/CJ--¡ 16: y proceso inmediato

PH,n::uw r,l,''

directa

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBUCA VI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS ACUERDO PLENARIO N.º 6-2010/CJ-116 Fundamento: Artículo 116 TUO LOPJ Asunto: Acusación directa inmediato

y proceso

Lima, dieciséis de noviembre del dos mil diez.

Los jueces supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES l. Las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización de la Presidencia de esta Suprema Corte dada mediante Resolución Administrativa N.º 165-2010-P-PJ, y a instancias del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el VI Pleno Jurisdiccional de los jueces supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 283 /..

t:L PR.OCE_SO JNlVlEDI/\iO

¡

judicial -··--en adelante, LOP}-- , y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2. EI Pleno jurisdiccional se realizó en tres fases En la primera fase, Íos jueces supremos discutieron y definieron la agenda para lo cual tuvieron en cuenta los diversos problemas y cuestiones de re- levancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas salas en el último afio. Fue así como se establecieron los siete temas de agenda así como sus respectivos problemas específicos. La segunda fase, denominada participación ciudadana, tuvo como finalidad promover la intervención y el aporte de la comunidad jurídica del país para la solución de cada uno de los problemas antes planteados. Para ello se habilitó el foro de participación a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia participación de diversas instituciones de la capital así como de diversas provincias del país a través de sus respectivas ponencias. Luego de una debida selección de las ponencias presentadas, se realizó en focha 4 de noviembre la audiencia pública en la que los representantes de todas las instituciones acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los jueces supremos de ambas Salas Penales.

En dicha audiencia, con relación al tema que aborda el presente Acuerdo, sustentaron su ponencia los señores Mario Rodríguez Hurtado -en representación del Instituto de Ciencia Procesal Penal-; Ana Cecilia Hurtado Huailla � -en representación del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa-s-, y Miguel Falla Rosado ---en representación del Centro para la Investigación y Mejora de la Calidad en el Servicio de la Justicia-Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo-s-, las mismas que se han tenido en cuenta para en la discusión del presente Acuerdo Plenario. Es así como finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 116º de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad. 3. La tercera fase del VI Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de discusión y formulación de los acuerdos plenarios cuya labor recayó en los respectivos jueces ponentes en cada uno de los siete temas. Esta fase culminó el día de la sesión plenaria realizada en la fecha con participación de todos los jueces integrantes de las Salas Permanente y Transitoria, interviniendo todos con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el 284

ACUERf)OS PLENi-\RI()S

presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 116 LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad. 4. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia lo debatido en audiencia pública sobre diversos aspectos de la acusación directa y el proceso inmediato. En concreto, sobre los alcances y diferencias de ambas instituciones según lo regulado por el Nuevo Código Procesal Penal �en adelante, NCPP--. Respecto a la acusación directa, la viabilidad de la for-· malizadón de la investigación preparatoria, el requerimiento de las medidas de coerción personales y reales y la oportunidad de la constitución de las partes procesales. En cuanto al proceso inmediato, si siempre se requiere previamente formalización de la Investigación Preparatoria, audiencia para resolver tal proceso especial, con quiénes, el requerimiento de las medidas de coerción personales y reales, la oportunidad para la constitución de las partes procesales y el momento de aportar los medios probatorios y controlar los ofrecidos en dicho proceso. 5. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Interviene como ponente señor NEYRA FLORES. H. FUNDAMENTOS JURÍDICOS § 1. Aspectos generales·

6. La acusación directa forma parte del proceso común y es un mecanismo de aceleración del proceso que busca evitar trámites innecesarios. Se encuentra regulada en el artículo 336.4 NCPP y faculta al fiscal formular directamente acusación, si concluidas las Diligencias Preliminares o recibido el Informe Policial considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión. Esta facultad procesal se funda en la necesidad de generar respuestas rápidas al conflicto penal, la economía procesal y la eficiencia del nuevo proceso penal. 7. El proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia

285

ÚL PROCESO JNM"EDUffO

I

sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación. Su regulación, en sus aspectos esenciales, se encuentra desarrollada en el Libro V, Sección I, artículos 446 y 448 NCPP correspondiente a los procesos especiales. Por tanto, siguiendo la línea fijada en el Acuerdo Plenario N. o 05-2009 /CJ-116, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal [Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-l 16 de la Corte Suprema de la República, del 13 de noviembre del 2009, fundamento jurídico 6]. §

2. Alcances de la acusación directa conforme al artículo 336.4 NCPP y diferencias con el proceso inmediato regulado en el artículo 446 y ss. NCPP

8. La acusación directa como parte del proceso común faculta al Ministerio Público acusar directamente, siempre que estén presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguíbilidad y se cumplan los supuestos de aplicación contemplados en el artículo 336.4 NCPP. En el presente caso, el fiscal decide pasar directamente a la etapa intermedia prescindiendo de la etapa de investigación formal. La acusación directa formulada por el Ministerio Público deberá cumplir con los presupuestos contemplados en el artículo 349 NCPP, y previo traslado del requerimiento a las partes el juez de la investigación preparatoria ejercerá el correspondiente control de acusación pudiendo desestimar el pedido fiscal cuando concurra alguna de las causales de sobreseimiento, previstas en el artículo 348 N CPP. 9. El proceso inmediato es un proceso especial distinto del proceso común. Sus supuestos de aplicación se encuentran suficientemente desarrollados en el artículo 446 NCPP. El fiscal podrá solicitar la aplicación del proceso inmediato al Juez de la Investigación Preparatoria. El requerimiento de proceso inmediato se presentará luego de culminadas las diligencias preliminares, o en su defecto, hasta antes de transcurrido 30 días de la formalización de la investigación preparatoria. La solicitud del Fiscal está sujeta a la decisión jurisdiccional, pues la exigencia de su aplicación está condicionada a los presupuestos contemplados por el artículo 446.1 NCPP. Asimismo, el requerimiento de incoación de proceso inmediato deberá ser notificado a las • o e

286

.: . ¡

� . : {:· ·�

.

!

. ¡ ¡ i

":

¡�

.A..CUER.DOS PLENARIOS

demás partes procesales, quienes podrán pronunciarse sobre su procedencia. En el caso que el Juez admita el requerimiento emitirá un auto que dispone la procedencia de este proceso especial, luego de lo cual el fiscal formulará acusación y lo remitirá al juez competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación ajuicio. Al ser el proceso inmediato distinto al proceso común y no haber etapa intermedia, sed el juez del juicio oral quien controle la acusación y evaluará la admisión de los medios proba-torios que podrán presentar los demás sujetos procesales de constitución en parte procesal, así como otros requerimientos. En el caso que no concurran los supuestos taxativos de aplicación del proceso inmediato, el juez de la investigación preparatoria podrá desestimar la solicitud del fiscal. La decisión que desestima el pedido podrá ser apelada.

la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria

§ 3. La acusación directa y

10. La Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria es la comunicación formal que el fiscal dirige al imputado para efectos de hacer de su conocimiento la imputación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente calificación jurídica específica y, por ende, que se va realizar una investigación formalizada en su contra, posibilitándole, a través de su abogado defensor, aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. Asimismo, este acto fiscal fija las diligencias que se actuarán en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Es decir, que si el Ministerio Público considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen la suficiencia fáctica y probatoria del hecho y la vinculación del imputado al mismo, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria estableciendo las diligencias que de inmediato deban actuarse. 11. En el caso de que el fiscal ha decidido no continuar con las diligencias de investigación y acusar directamente -como una de sus facultades como director de la investigación-e- el imputado solo solicitaría la realización de elementos de convicción durante las diligencias preliminares porque no se produciría la etapa de Investigación Preparatoria por ser innecesaria, ni tampoco una formalización de la Investigación Preparatoria en este sentido.

287

EL PROCESO lNMEl)l!ffO

i

Además, el artículo 336.4 NCPP estipula que la acusación directa podrá formularse por el fiscal, si concluida las Diligencias Preliminares o recibido el Informe Policial considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión. Acusación directa, cuyos requisitos están previstos en el artículo 349 NCPP, que cuenta con los mismos elementos de la íorrnalización de la Investigación Preparatoria prevista en el artículo 336.1 NCPP, por lo que se garantiza el conocimiento cierto de los cargos y la probabilidad de contradicción. § 4. Funciones del requerimiento acusatorio en la acusación directa

12. Conforme a lo expuesto el requerimiento acusatorio, en el procedimiento de acusación directa, cumple las funciones de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria en la etapa de investigación. Es decir: i) Individualiza al imputado y sefiala los datos que sirven para identificarlo: ii) satisface el principio de imputación necesaria describiendo de forma da ra y precisa el hecho que se le atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y la correspondiente tipificación; iii) establece la suficiencia probatoria señalando los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; iv) determina la cuantía de L. pena que se solicita y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; y v) ofrece los medios de prueba para su actuación en la audiencia. 13. El derecho de defensa de las partes procesales queda salvaguardado con la notificación del requerimiento de acusación para que en el plazo de 1 O días puedan pronunciarse sobre el pedido fiscal. Respecto al imputado, se le posibilita, en virtud del artículo 350.1 NCPP observar la acusación fiscal formal y sustancialmente y, de ser el caso, ofrecer las pruebas que considere se deben producir en el juzgamiento, En el caso de que la víctima no haya podido constituirse en actor civil podrá solicitarla al juez de la investigación preparatoria conforme al artículo 100 NCPP y antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 350 NCPP, en virtud de lo señalado por la citada normativa en el apartado 1, literal h), conforme al cual los sujetos procesales podrán plantear en el plazo de 1 O días cualquier otra cuestión que prepare mejor el juicio; asimismo, objetar la reparación civil, o reclamar su incremento o extensión, para lo cual ha de ofrecer los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral.

288

i /\.C:UER:t)OS

E,_,-l_l c._. 1sc· , 11· en e l r eo

PLENAH)()S

e r irnie nto d e , , , . . us a c i ó n , l , � c on f o r m id a d c · ( ' 1 · 1 eJ a r t icu l o 349.4 NCPP, indicará entre otros aspectos las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda 1.J._ 6J.l,Q ,._,

..

J t

J

-

.�.

.

--'·

_,

L

.....

.1

U ..' L - L

,.. , . f . . .

..

:H

�h

Cl

.

...

,., _

.

,

. ...

l.. , t

...,.

..

:i.

J

·-

. .<...

En caso que el fiscal no solicite una medida coercitiva, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 286 NCPP, la medida que prevé de comparecencia simple. Excepcionalmente, y solo por razones de urgencia y necesidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso, d fiscal podrá requerir medida de coerción personal proporcional al peligro procesal en una audiencia autónoma a la de la etapa intermedia de control de la acusación directa, según las reglas correspondientes a tal requerimiento. § S.

El proceso inmediato y la formalización de la investigación preparatoria

15. Estando a lo dispuesto por el artículo 447. 1 NCPP, el fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato en dos momentos: i) Luego de culminar las diligencias preliminares y ii) antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. En base al primer supuesto, se estará ame un proceso inmediato incoado sin formalización de la Investigación Preparatoria; de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación

de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de Investigación Preparatoria y supuestos de aplicación que se producen. En cambio, en virtud del último supuesto, se tiene que en el proceso inrnediato, sí existe la obligación de formalizar la Investigación Preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que se notifique de esta disposición al imputado a fin que conozca la imputación hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de defensa, o de ser el caso interponer los medios de defensa técnicos que considere pertinentes. § 6. El proceso inmediato y la etapa intermedia

16. Dentro de la estructura del proceso común, una de las fondones más importantes que debe cumplir la etapa intermedia es controlar los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual se ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no iniciar el juicio oral. Es decir, el juez de la investigación preparatoria como

289

�LJ.. PH.OC:ESO tN!\'1EDI/tJ'()

j

director de la etapa intermedia realiza un control tanto formal, sustancial y sobre la suficiencia de los elementos de convicción de la acusación. 17. En el proceso inmediato, al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedia. No obstante ello, la autoridad judicial ha de realizar en este proceso dos controles. Son los siguientes:

A.

De acuerdo con el artículo 448. l NCPP el juez de investigación preparatoria, realiza un primer control antes de dar inicio al proceso inmediato. Es el control al requerimiento del fiscal para la incoación del proceso inmediato. Este primer control permite al juez de la investigación preparatoria determinar si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual es preciso que dicha autoridad judicial verifique el cumplimiento de los supuestos de aplicación de este proceso. Asimismo, en armonía con el artículo 448. 1 NCPP, el juez de la investigación preparatoria corre traslado a las partes de dicho requerimiento por un plazo de tres días y debe decidir, en un plazo igual, si acepta o rechaza el requerimiento fiscal. Sobre este punto cabe destacar que, en el marco de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, así como para evitar la indefensión, que inspiran el Nuevo Código Procesal Penal, puede ser factible, atento a las circunstancias de la causa, establecer una audiencia para el proceso inmediato, que se seguirá conforme a las pautas establecidas de manera genérica por el artículo 8 NCPP. Por tanto, para que el juez de la investigación preparatoria resuelva la procedencia o no de este proceso especial, si fuera el caso -aunque no obligatoriamente-, podrá producirse un debate con la concurrencia del fiscal, quien argumentará oralmente por qué eligió y considera la aplicación de este proceso especial, así como con la presencia del imputado y su abogado defensor, los cuales podrán contradecir este requerimiento fiscal y el juez hará las preguntas aclaratorias expidiendo la resolución motivada que corresponda.

290

*E·:· .· j /\CUER.I)OS PLENARIOS

1 AA si, rm•smo fr' sca1 , uJ e ser el caso, so ¡ i· cr• tara' la ap l'icacr. o' n d- e .] as e mee'n·¿ as

de coerción qué considere pertinentes, de manera simultánea y separada del requerimiento de incoación del proceso inmediato, requerimiento que será discutido en audiencia, siguiendo las consideraciones del Título I, Sección Tres, del citado Código, según corresponda. B.

El segundo control a cargo de la autoridad judicial, es el de la acusación fiscal, para ello es preciso referir que en virtud del artículo 349 NCPP tal requerimiento debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que corresponde controlar al juez de juicio oral, quien dictará el auto de enjuiciamiento en virtud del artículo 448.2 NCPP.

§ 7. Momento de aportación de medios

probatorios en el proceso

inmediato 19. Uno de los problemas que se suscitan en torno al proceso inmediato es que al no contar con fase intermedia, no se tiene un momento específico en el que el imputado y las demás partes realicen la aportación de medios probatorios, por lo que el acusado ingresada en desventaja al juicio. Asimismo, que no hay oportunidad para que las partes procesales puedan constituirse como tales. 20. En un proceso común, en el que sí se lleva a cabo la etapa intermedia ----donde las partes tienen la oportunidad de ofrecer cuanto medio de prueba consideren- cabe la posibilidad de permitir que las partes ofrezcan medios de pruebas al inicio del juicio oral, en virtud del artículo 373 NCPP, lo que se condiciona únicamente a determinados supuestos, tales como: i) Que la prueba sea nueva y que haya sido conocida con posterioridad a la audiencia de control. ii) Que la prueba no haya sido admitida a nivel de la audiencia de control en la etapa intermedia. 21. De ello se tiene que en el proceso inmediato resulta válida la realización de este acto al inicio del juicio oral bajo la conducción del mismo juez de juzgamíenro, quien ha de realizar un control de los medios de prueba ofrecidos para el Juicio Oral como por las demás partes que debe cumplir los principios de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la actuación probatoria, eje central del juicio oral, será desarrollada respetando los prin-cipios de igualdad, legalidad y contradicción, que integran las garantías del debido proceso y defensa procesal.

"'"

..

291

!J. PROCESO !NMED!AHJ ¡ 22. Estas consideraciones no afectan .el principio de imparcialidad, que garantiza que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que la regla en base a la cual el ofrecimiento y admisión probatoria debe realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el contexto de un proceso especial que, como se tiene expuesto, se rige por pautas propias. Por lo demás, queda garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas ofrecidas al poder ser actuadas en el juicio oral.

23. Función que se realiza, siguiendo la misma lógica empleada para la aportación de los medios probatorios, al no existir investigación preparatoria, ni la etapa intermedia, los sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio oral, oportunidad para solicitar su constitución en el proceso, y tanto en el rol previsto en el parágrafo 21 como en el presente, la mayor garantía de imparcialidad se comprobará con la resolución debidamente motivada que expedirá el juez penal al respecto.

J.H. DECISIÓN 24. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno J urisdiccio- nal, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; ACORDARON: 25. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos del 8 al 23. . 26. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado estatuto orgánico. 27. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial Et Peruano. Hágase saber. S. S. SAN MARTÍN CASTRO I LECAROS CORNEJO I PRADO S.ALDARRJ.ACA I RODRÍGUEZ TINE.O ! BARRIOS ALVARADO/ PRÍNCIPE TRUJll.LO I NEYRA FLORES! BARANDIARÁN DEMPWOLF / CALDERÓN CASI'ILLO I SANTAMARÍA MORILLO

.:..

292

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA H PLENO JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIO DE LAS SALftS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA ACUERDO PLENARIO EXfRAORDINARIO N.º 2-2016/CIJ-116 Base legal: Artículo 116 TUO LOPJ Asunto: Proceso Penal Inmediato Reformado. Legitimación y alcances.

Lima, uno de junio del dos mil dieciséis.

Los jueces supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: ACUERDO PLENARIO I. ANTECEDENTES

1. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de justicia de la República, en virtud de la Resolución Administrativa número 50;3--2015-P-PJ, de 31 de diciembre del 2015, y el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Pariona Pastrana, realizaron el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de los jueces supremos

"'"'" 293

EL.PROCESO lNIVIEDiAfO

i

de lo Penal, que incluyó laparticipación en los ternas objeto de análisis de la comunidad jurídica, al amparo de lo dispuesto en el artículo I I 6, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), a fin de dictar acuerdos plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 2. El II Pleno Jurisdiccional Extraordinario se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo conformada por dos fases. Primera: la convocatoria a la comunidad jurídica para proponer aquellos aspectos referidos i) a los delitos de violencia y resistencia a la autoridad (Sección II, del Título XVIII, del Libro II del Código Penal); y, ii) al proceso especial inmediato reformado, necesitados de una interpretación uniforme y de la generación de una doctrina jurisprudencia] para garantizar la debida armonización de la conducta de los jueces en los procesos jurisdiccionales a su cargo. Segunda, la identificación de las entidades y juristas que intervendrían en la vista oral. 3. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a cabo el día 21 de enero del 2016. En ella, los juristas y expositores especialistas convocados sustentaron y debatieron sus ponencias ante el Pleno de los jueces supremos. Intervinieron en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, los señores: Alfredo Araya Vcga (juez superior de Costa Rica), Víctor Cubas Villanueva (Fiscal Supremo Provisional), Carlos Zoe Vásquez Ganoza (Secretario Técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal), Pedro Angulo Arana (Decano del Colegio de Abogados de Lima), Horts Schónbohm (juez alemán jubilado), César Nakasaki Servigón (profesor de la Universidad de lima) y Boniíacio Meneses Gonzales (juez superior de Lima, Coordinador Nacional de la implementación de los juzgados de Flagrancia). 4. La tercera etapa, del IX Pleno J urisdiccional, comprendió el proceso de determinación de los temas por cada materia: Penal material y Procesal penal, así como la designación de los jueces supremos ponentes para cada uno de los dos acuerdos plenarios correspondientes. Con fecha 25 de enero último, en sesión plenaria, se designó a los señores San Martín Castro, Salas Arenas y Neyra Flores para la formulación de la ponencia referida al "Proceso inmediato reformado". Presentada la ponencia pertinente, en las sesiones de fechas diez de febrero, dieciocho de mayo y uno de junio se procedió a la deliberación, votación y redacción del Acuerdo Plenario antes mencionado. 294

/ A(:tfERlJ()S t'LEl\)/\}(l()S

5. El presente Acuerdo Plenario, se emite conforme con lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las salas especializadas del Poder Judicial-en este caso, de la Corte Suprema de Justicia de la República-a pronunciar resoluciones vinculantes, con la finalidad de concordar y definir criterios jurisprudenciales del Orden Jurisdiccional que integran. Intervienen como ponentes los señores San Martín Castro, Salas Arenas y Neyra Flores. H. FUNDAMENTOS JURÍDICOS § 1. Marco preliminar

6. El Código Procesal Penal del 2004 (en adelante, NCPP) estructuró el proceso penal a partir de un procedimiento común, destinado, desde una perspectiva general, a todo tipo de delitos y situaciones procesales -que a su vez se erigió en el procedimiento ordinario, bajo la primacía del principio procesal de contradicción y del principio procedimental de oralidad--, y con la plena asunción de las garantías constitucionales procesales que definen todo proceso jurisdiccional justo y equitativo, acorde con el programa procesal penal de la Constitución. Asimismo, el NCPP incorporó un conjunto de procesos especiales (Libro Quinto) que se sustentaron en la necesidad de tomar en cuenta diversas circunstancias, de derecho penal material y de derecho procesal penal; así como en la asunción de distintas modulaciones en la configuración de determinadas garantías procesales específicas y en la concreción diferenciada de varios principios procesales y procedimentales, con la finalidad de plasmar respuestas institucionales en la persecución procesal, adecuadas y proporcionales a los fundamentos que les dieron origen. 7. Sin duda, el proceso inmediato nacional-de fuente italiana--, en clave de legitimación constitucional o de fundamento objetivo y razonable, se sustenta, primero, en la noción de "simplificación procesal", cuyo propósito consiste en eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere, sin mengua de su efectividad; y, segundo, en el reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de la noción de "evidencia delictiva" o "prueba evidente", lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo. Ello, a su vez, necesita, como criterios de seguridad -para que la celeridad 295

EL PROCESO !N.MEDJ.1\TO 1-

y fa eficacia no se instauren en desmedro de la justicia�-, la simplicidad del proceso y lo evidente o patente de las pruebas de cargo; así como, en consecuencia, una actividad probatoria reducida, a partir de la noción de "evidencia delictiva"; lo que asimismo demanda, aunque a nivel secundario pero siempre presente, una relación determinada entre delito objeto de persecución y conminación penal. Los presupuestos materiales o la naturaleza de su objeto: (i) de evidencia delictiva y (ii) de ausencia de complejidad o simplicidad, a los que se refiere el artículo 446, apartados 1 y 2, del NCPP (Decreto Legislativo número 1194, de 308-2015), reclaman una interpretación estricta de las normas habilitadoras de este proceso especial, en cuanto el proceso inmediato, por ampararse en la simplificación procesal, reduce al mínimo indispensable -aunque no irrazonablemente-e-las garantías procesales de las partes, en especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. Por consiguiente, en la medida que exista, con claridad y rotundidad, prueba evidente o evidencia delictiva y simplicidad, la vía del proceso inmediato estará legitimada constitucionalmente. Este criterio interpretativo plasma directamente lo que ha sido recogido positivamente por el artículo VIII, apartado tres, primera parte, del Titulo Preliminar del NCPP: "La Ley que coacta [ ... ] el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes [ ... ], será interpretada restrictivamente". 8, La "prueba evidente" o "evidencia delictiva" se define a partir de tres instituciones ----dos de ellas con un alcance legislativo en el propio NCPP, que es pertinente matizar para los efectos de los alcances del proceso inmediato-i-: delito flagrante, confesión del imputado y delito evidente, Su objetivo o efecto es meramente procesal. Estriba, instrumentalmente, en concretar el ámbito de aplicación de un procedimiento especial más rápido y sencillo, menos formalista y complejo que el común u ordinario. A.

El delito flagrante, en su concepción constitucionalmente clásica se configura por la evidencia sensorial del hecho delictivo que se está cometiendo o que se acaba de cometer en el mismo instante de ser sorprendido el delincuente; de suerte que se conoce directamente tamo la existencia del hecho como la identidad del autor y se percibe, al mismo tiempo, la relación de este último con la ejecución del delito y se da evidencia

296

.\(::UEHD()S PLFN/-,R..lCIS

patente de tal relación. Se trata de una situación fáctica, en que el de-lito se percibe con evidencia y exige inexcusablemente una inmediata intervención [STSE de 3-2-2004], se requiere una evidencia sensorial

y luego de la noción de urgencia. Las notas sustantivas que distingue Ía flagrancia delictiva son: a) inmediatez temporal, que la acción delictiva se esté desarrollando o acabe de desarrollarse en el momento en que se sorprende o percibe; y, b) inmediatez personal, que el delincuente se encuentre en el lugar del hecho en situación o en relación con aspectos del delito (objetos, instrumentos, efectos, pruebas o vestigios materiales), que proclamen su directa participación en la ejecución de la acción delictiva. Las notas adjetivas que integran el delito flagrante son: a) la percepción directa y efectiva: visto directamente o percibido de otro modo, tal como material fílmico o fotografías (medio audiovisual) ----nunca meramente presuntiva o indiciaria- de ambas condiciones materiales; y, b) la necesidad urgente de la intervención policial, la cual debe valorarse siempre en tunción del principio de proporcionalidad, de tal suerte que evite intervenciones desmedidas o la lesión desproporcionada de derechos respecto al fin con ellas perseguidas (Conforme: SST'SE de 28-12--199'-Í y de 7-3-2007). P or 1' 0 e1 erna' s, 1 a noci.o' n genera 1 d e "de¡.i· to fl agrante " reqm. ere una ap 1.1cación jurisdiccional siempre atenta a las singularidades del modo de verificación de cada concreta conducta delictiva (STCE .341 I 1993). Lo expuesto comprende lo que la doctrina procesalisra reconoce como tres tipos de flagrancia: I. Flagrancia estricta: el sujeto es sorprendido y detenido en el momento de ejecutar el hecho delictivo. 2. Cuasi flagrancia: el individuo es capturado después de ejecutado el hecho delictivo, siempre que no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido desde la realización del delito. 3. Flagrancia presunta: la persona es intervenida por la existencia de datos que permiten intuir su intervención --···en pureza, que viene de "intervenir"� en el hecho delictivo [LóPEZ BETANCOURT, Eduardo, Derecho Procesa!penal, Segunda edición, México: Iura Editores, p. 95]. La flagrancia supone, primero, que todos los elementos necesarios para evidenciar la comisión del delito se encuentren presentes en el lugar de la detención y sean recabados durante la captura; lo cual abre la puerta

297

l:J. PROC.F.SO IN_t'-.1.EDlAI'O

¡

a la prosecución de un proceso inmediato; y, segundo, que al efectuarse la detención de hecho se impide la continuación de la acción delictiva y de este modo se protegen los intereses de las víctimas del delito. En todo caso, la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, y está vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria (STSE 980/2014, de 22 de julio). Ello refuerza la idea de que si fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación en él del delincuente no puede considerarse un supuesto de flagrancia (STSE 749/2014, de 12 de noviembre). La actualidad e inmediatez del hecho, y la percepción directa y sensorial del mismo, excluyen de por sí la sospecha, conjetura, intuición o deducciones basadas en ello (STSE 758/2010, de 30 de junio).

Es cierto que la modificación del artículo 259 NCPP, establecida por la Ley N. º 29596, de 25-8-201 O, amplió, exagerada e irrazonablemente, la relación que debe existir entre la percepción del hecho y el momento mismo de la intervención al imputado -notas sustantivas de la flagrancia delictiva--, lo que le resta, en gran medida, inmediatez temporal y personal, así como evidencia. Sin embargo, para los efectos de la compatibilidad de la flagrancia delictiva con el proceso inmediato, en la noción de evidencia siempre ha de primar: claridad de la comisión del delito por el imputado y lógica concluyente de lo que se aprecia y observa -incluso a través de medios audiovisuales-x-, con descarte razonable de alguna duda o información incompleta que fluye de los actos de investigación provisionales realizados inmediatamente o con carácter de urgencia y tiempo imprescindible, que es a lo que se denomina "diligencias policiales de prevención" [Conforme: GIMENO SENDRA, Vicente, Derecho Procesal penal, Segunda edición, Madrid: Editorial Civiras, 2015, pp. 354-357]. Está claro, por lo demás, que si el concepto de flagrante delito se utiliza, por ejemplo, para efectos procesales, a fin de decidir un procedimiento a seguir �este sería el caso�, no hay nada que objetar a una interpretación más o menos amplia del mismo. Pero cuando lo que se pretende es fundamentar en él una excepción al contenido de un derecho fundamental, la interpretación debe ser necesariamente restrictiva -por ejemplo, para

298

la entrada y registro domiciliario->- [Martín Morales, Ricardo, "Entrada en domicilio por causa de delito Hagrante". En Reuista Electránica de Ciencia Pem1.l y Criminología; O 1-02, I 999, p. 2]. La flagrancia se erige, en este caso del proceso inmediato, como una circunstancia que hace solamente más segura la determinación del autor del delito y permite, por tanto, un procedimiento más rápido en la investigación y en la ce- lebración del juicio [BRICHETn, Giovanni, La "evidencia" en el Derecho Procesa! penal. Buenos Aires: Editorial EJEA, 1973, p. 169]. Debe asumirse que el supuesto de "flagrancia presunta" puede llegar a presentar dificultades. Así]IMÚNEz-V1uAREJO

FERNÁNDEZ

previene que "

[ ...J la tenencia de los efectos del delito no se considera, por sí solo, suficiente para desvirtuar elprincipio depresunción de inocencia. Constituye un indicio aislado que no se acredita cómo llegaron a su poder. Los efectos del delito pueden haberse encontrado en un lugarpróximo en quefaeron abandonados por el autor del hecho o haberlos adquirido de este, lo que podría dar lugar a otras figuras delictivas, como fa apropiación indebida de cosa de dueño desconocido o la receptacián; pero se aleja de fo que tradicionalmente se entendía por delito flagrante". [AGUSTÍN ·-JESÚS PÉREZ- CRUZ MARTIN y otros, Derecho Procesal penal, Navarra: Editorial Civitas, 2009, p. 69 l]. B.

El delito confeso está definido en el artículo 160 NCPP. Por razones de simplificación procesal, la regla para su admisión será la denominada "confesión pura o simple", en cuya virtud el imputado voluntariamente admite los cargos o imputación formulada en su contra ----relación de hechos propios por medio de la cual reconoce su intervención en el delito-. Ese reconocimiento de los hechos por él cometidos (confesión propia), ha de ser libre-sin presiones o amenazas: violencia, intimidación y/ o engario-v- y prestado en estado normal de las facultades psíquicas del imputado, así como con información al imputado de sus derechos. Además, i) debe rendirse ante el juez o el fiscal en presencia del abogado del imputado; ii) debe ser sincera -verdadera y con ánimo de esclarecer los hechos-e- y espontánea -de inmediato y circunstanciada-s-; y, como requisito esencial de validez, iii) ha de estar debidamente corroborado con otros actos de investigación --fuentes o medios de investigación-e-, pues permite al órgano jurisdiccional alcanzar una plena convicción sobre su certidumbre y verosimilitud, a partir de un debido respeto a

299

,_

f•'.J..._PROC:ESO l.:.NTvIEDIAT'C)

j

l1a� .s. ::, r_ eg1: : i < · lo fz..:i-''c,a o�

la 1- ,� á x i m a< .,,., ·c- jn- e,.ri_ e•- n-c....-:i1.('...,, -l---�-:-1-� i P la e m · -� ""' (.� , e.......xe. �..i ,5_,e...,r. 1,�·.-i...: · · � JF ' . L • corro 1)orac1 0I n, corno se san e, ti ene eil propoI si• to u{ e nl esterrar e_'¡ si. stema de valoración tasado dd proceso penal inquisitivo, en el eme la bise instructora estaba destinada a arrancar la confesión del imputado . .,, .,.

,,_¡

,U-j,.\c....>,

_

i.

1J

.,,.

o,_

�,._ 1_

�,._

. A

.

-T .

•

•.

.

-

'l.

._ ,

i..

que,

por su

carácter de

"prueba

plena", se erigía

en la

"regina

probatorum" [Girneno 559].

Scndra,

Vicente.

Obra citada, p.

La "confesión calificada", es decir, la incorporación en el relato del imputado de aceptación de haber intervenido en los hechos atribuidos de circunstancias que tienden a eximir o atenuar la responsabilidad penal [BARRAGÁN SALVATIERRA, Carlos, Derecho Procesal penal. 'fer-cera edición. México: Editorial Me Graw Híll, 2009, pp. 495--497], en principio, debe descartarse, como un supuesto de confesión idónea para el proceso inmediato, a menos que ese dato alternativo sea claro o fácilmente demostrable con mínima prueba de urgencia. De igual manera, si la verosimilitud de la confesión está en crisis, su indagación es esencial para investigar el hecho en toda su extensión y determinar la existencia de otros intervinientes en su comisión, lo que de por si aleja la posibilidad de optar por el proceso inmediato. C.

El delito evidente no tiene una referencia legislativa específica. Sin embargo, con arreglo a su acepción literal, un delito evidente es aquel cierto, claro, patente y acreditado sin la menor duda. Cuando la ley hace mención a la denominada "prueba evidente" exige una prueba que inmediatamente, esto es, prima [acie, persuada de su correspondencia con la realidad; busca que la apreciación del juez en aquel supuesto sea exacta con extrema probabilidad [Brlcherri, Giovanni, Obra citada, p. 17]. Los iniciales actos de investigación deben reflejar, sin el menor asomo de duda o incertidumbre, la realidad del delito y de la intervención en su comisión del imputado. Fuera de los casos de flagrancia o de confesión ---en tanto supuestos propios de evidencia delictiva-s-, las fuentes de investigación o los medios de investigación llevados a cabo han de apuntar, con certeza manifiesta, con conocimiento indudable, la comisión de un delito y la autoría o participación del imputado. No debe haber ningún

ámbito relevante no cubierto por un medio de investigación, y los actos de investigación han de ser precisos y sin deficiencia legal alguna, esto 300

es, idóneos y con suficiente fiabilidad inculpatoria. Propiamente, el l concepto d.e (( pruc b· a evíid.ente n estaI ret,e. nid· o a f" a vatl oraci'1on d ele resull tad., o de la prueba ----si esta se produce de un modo seguro y rápido->- y es la que proporciona la comprensión completa del hecho delictuoso en modo irresistible y rápido; significa solamente prueba que demuestra de un modo seguro, necesario y rápida la existencia de un determinado hecho, demostración que puede emerger implícitamente de uno o más elementos de convicción unívocos, por lo que no se requiere un laborioso proceso lógico para el convencimiento judicial a partir de los elementos de cargo [Brichetti, Giovanni. Obra citada, pp. 6870, 191]. Cabe acotar, finalmente, que no debe confundirse "evidencia" como traducción equívoca de la voz inglesa "euidence", pues esta última significa, simplemente, "prueba" o "cada una de sus especies" [CABANILLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Volumen HL 'Trigésima Edición. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008, p.

665]. 9. La "ausencia de complejidad o simplicidad procesal" tiene una primera referencia --no la única-e- en el artículo 342. 3 NCPP, modificado por la Ley N.º 300T7, del 20-8-2013. Esta norma contempla ocho supuestos de complejidad de la investigación preparatoria. La base de esta institución procesal es, de un lado, la multiplicidad de imputados, agraviados, hechos delictuosos y/o actos de investigación que se requieran; y, de otro lado, la complejidad o la dificultad de realización de determinados actos de investigación -tanto por el lugar donde debe realizarse o ubicarse la foente de investigación, como por el conjunto y la pluralidad de actividades que deben ejecutarse �, o por la intervención en el delito de organizaciones delictivas o miembros de ella -lo que implica la exigencia de esclarecer un posible entramado delictivo-. Estos supuestos, como es obvio, demandan un procedimiento de averiguación amplio y particularmente difícil, que necesita de una variada y estructurada estrategia invcstigativa, y con una muy clara lógica indiciaria, en la que el tiempo de maduración para la formación de una inculpación formal demanda un tiempo razonable y se aleja de toda posibilidad de simplificación procesal. Por el contrario, es que, en función a los recaudos de la causa, se presume que el proceso es sencillo y de duración breve. [BARONA VrLAR, Silvia y otros, Derecho Jurisdiccional, Torno III, 22." edición, Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2014, p. 587].

301

EL. PROCESO JNMF.f)JATO

i

La simplicidad de los actos de investigación y su contundencia desde un primer momento, con la consiguiente rapidez en su tramitación, como característica de este procedimiento [BARO NA VII.AR, Silvia, obra citada. p. 588] permiten apartar del proceso inmediato i) hechos complejos --en virtud a su variedad de circunstancias, a la posible inicial equivocidad de determina-dos actos de investigación y/o a la presencia de vados en la acreditación de determinados pasajes importantes de los hechos-; o, ii) en el que existen motivos razonables para dudar -que no descartar radicalmente- tanto de la legalidad y/o suficiencia, como de la fiabilidad y/o congruencia de los actos de investigación recabados; obtención de las fuentes de investigación y actuación de los medios de investigación; así como desde su valoración racional, de la contundencia ab initio del resultado incriminatorio. La necesidad de especiales --o específicas->- averiguaciones acerca del hecho o de su autor o partícipe para concretarlo y esclarecerlo, determinan la exclusión del proceso inmediato. En cambio, si el desarrollo del hecho puede ser reconstruido con facilidad y certidumbre desde sus primeros momentos es posible obviar o reducir al mínimo la investigación preparatoria y pasar al proceso inmediato. En este caso, prima la inmediación del juicio por sobre

la

cautela en la reunión de los elementos de convicción ----seguridad del material probarorio=-, que es la base de la investigación preparatoria [Leorie, Giovanni, Tratado de Derecho Procesal penal,Torno II, Buenos Aires: Ediciones EJEA, 1963, pp. 457-458]. La complejidad no solo está vinculada a la naturaleza interna del acto de investigación �a lo complicado y/o extenso del rnisrno-c-, sino también a las condiciones materiales referidas a la ejecución del acto de investigación o en su incorporación a la causa ---por razones de distancia, de remisión de muestras y su análisis, de saturación de los servicios periciales, de demora en la expedición de informes por parte de diversos órganos públicos, etcétera->. Cabe tener presente que si se imputa un hecho delictivo a varias personas, la noción de prueba evidente o evidencia delictiva debe comprender a todos ellos -a los elementos de convicción referidos a la intervención de todos los indiciados en el hecho o hechos delictuosos=-. De igual modo, si se imputan varios hechos a distintas personas, la evidencia delictiva --prueba evidente-debe comprenderlas acabadamente.

302

Cf@ . ... P

/\CUERJ)OS Pf..ENA.H.JOS

íO. Otro elemento que debe tornarse en cuenta para seguir esta vía procedimental, desde el principio constitucional de proporcionalidad, y que es un demento implícito por la propia esencia del proceso inmediato, es la gravedad dd hecho objeto de imputación desde la perspectiva de la conminación penal �--en pureza, la pena esperada en atención a la culpabilidad por el hecho y por la culpabilidad del autor-. A mayor gravedad del hecho, más intensa será la necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso inmediato. Sus presupuestos y sus requisitos se analizarán con rnayor rigor para justificar, en clave de proporcionalidad, la exclusión del proceso común. La idoneidad y estricta proporcionalidad del proceso inmediato, que asegura una respuesta rápida al delito, pero con una flexibilización de las garantías de defensa procesal y tutela jurisdiccional, siempre debe estar en función a delitos que no sean especialmente graves. Basta una duda mínima acerca del cumplimiento de estos presupuestos y requisitos para optar por el proceso común, cuya preferencia es obvia. El respeto por estos subprincipios se reconoce en Ía medida en que se asume que los delitos especialmente graves demandan, en sí mismos, un mayor y más profundo nivel de esclarecimiento, y una actividad probatoria más intensa y completa -tanto en el ámbito de su configuración típica como en las exigencias de la medición de la pena (causales de disminución o incremento de punibilidad, circunstancias cualificadas o privilegiadas, circunstancias específicas, circunstancias genéricas y reglas de reducción punitiva por bonificación procesalr-e- Basta que el delito sea especialmente grave y que, por las características específicas de su comisión concreta, requiera algún tipo de esclarecimiento acentuado respecto a una categoría del delito o a una circunstancia relevante para la medición de la pena -siempre, un factum-, para proscribir constitucionalmente la vía del proceso inmediato. La determinación delo que debe estimarse como "delito especialmente grave" no permite, por falta de una norma definidora, una respuesta o conclusión exacta o categórica. Es del caso, sin embargo, tener presente que bajo esta lógica, y a un mero nivel ejernplihcativo, que el Código Penal �-·en adelante, CP- y las leyes penales complementarias, en atención al grado de afectación al bien jurídico y a su propia entidad o importancia, y en algunos supuestos fundados en una lógica de mayor gravedad del hecho e intervención delictiva, reprime ciertos delitos i) con pena de cadena perpetua (sicariato: artículo 108-C, tercer párrafo, CP; secuestro: artículo 152, cuarto párrafo, 303

EL PROCE::;o lNMEDltúO

'!

CP; violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión 0grave; . articulo 173··A CP; robo con circunstancias especiales agravantes: artículo 189, tercer párrafo, CP; extorsión: artículo 200, noveno párrafo, CP); ii) con pena privativa de libertad no menor de veinticinco arios (feminicidio: artículo 108-B, segundo párrafo, CP; trata de personas agravada: artículo 153-A, segundo párrafo, CP); o, iii) con pena privativa de libertad no menor de quince años (ciertos supuestos de tráfico ilícito de drogas con agravantes: artículo 297, primer párrafo, CP). 1 L La prevención es clara, aun cuando la ley procesal se centra no en la entidad del delito sino en las nociones de evidencia delictiva y de investiga- ción sencilla �que es lo prima y se denomina "ámbito de aplicacióri't-c-. El juez ha de optar por un criterio seleccionador muy riguroso para aceptar la incoación de un proceso inmediato en relación con delitos que pueden traer aparejada una sanción especialmente grave, impropia desde una perspectiva político criminal para dictarse en un proceso rápido, en la medida en que puede demandar un esclarecimiento más intenso, alejado del concepto de "mínima actividad probatoria". En todo caso, sin perjuicio de la entidad del delito, pero con mayor cuidado cuando se está ante un delito especialmente grave, el eje rector es la evidencia delictiva, que debe abarcar todas las categorías del delito, las circunstancias respectivas y los factores de medición de la pena, al punto que solo requiera de un esclarecimiento adicional mínimo, sin graves dificultades desde la actividad probatoria de los sujetos procesales �investigación sencilla---. ·

12. El proceso inmediato consta, desde su propia regularidad interna, de dos fases procesales: L

Audiencia única de incoación. 2º Audiencia única de juicio. Ambas informadas por el principio de aceleramiento procesal, en el que rige la máxima de que las audiencias son inaplazables y la vigencia del.principio de concentración procesal. Las dos se erigen en sus notas características. Cabe destacar que la audiencia única de juicio, condicionada por la audiencia única de incoación, al definir con carácter previo la viabilidad del proceso inmediato en atención a los presupuestos y requisitos que lo configuran: evidencia delictiva y no complejidad procesal, a su vez, se subdivide en dos periodos procesales: i) de definición de los presupuestos del juicio para dictar, si correspondiere, acumulativa y oralmente, los 304

autos de enjuiciamiento y de citación a juicio; y, ii) de realización del juicio propiamente dicho. Una especialidad en materia de prueba es que a las partes corresponde "[ ... ] convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos" (artículo 448, apartado dos, NCPP). Esta carga procesal, desde luego, tiene sus límites razonables en Ía exigencia de! deber de esclarecimiento que es propio --es la meta-i- del proceso penal en el sistema eurocontinental. Los apercibimientos ante la inconcurrencia de órganos de prueba (testigos y peritos debidamente individualizados y con domicilio cierto, lo que es de cargo de las partes) y su ejecución corresponden al órgano jurisdiccional, porque es quien tiene el ius imperium; las partes no pueden conducir coactivamente a los testigos y peritos. Si se acredita documentalmente que la parte concernida realizó adecuadamente la debida citación al órgano de prueba, corresponde al juez, de ser el caso, insistir en su concurrencia; con la excepción de personas que pertenezcan a la Administración Pública o de testigos especiales, para lo cual su citación y conducción corresponde, previa información cierta de la parte, al órgano jurisdiccional (artículos 164, 167, 168 y 169 NCPP). § 2. Legitimidad constitucional del proceso inmediato reformado

13. El proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo alguno afectan d debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. No es un proceso configurado legaimente para condenar a los imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de juicio permite esclarecer probatoriarnente el hecho punible con pleno cumplimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, inmediación y oralidad. No es, pues, un proceso "ofensivo" tendente a condenar irremediablemente al imputado. El rigor para dilucidar la existencia de sus presupuestos materiales y la ulterior de actuación contradictoria de la prueba, afirman la vigencia de la garantía de presunción de inocencia. Por consiguiente, si el resultado pro-batorio no arroja la presencia de prueba legal, fiable, corroborada y suficiente -·que son elementos insustituibles para cumplir con esta garantía-derecho fundamental-v-, el juez está en la obligación de dictar sentencia absolutoria.

305 -/.

711,

EL P"ROCESO !N!vlEl)iA1"{)

j

14. Desde esta perspectiva, algún sector de la comunidad jurídica consideró que los delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción y los delitos de omisión de asistencia familiar --que deben considerarse como conductas propias de delincuencia común-s-, presentaban dificultades para cumplir con las exigencias que requiere el proceso inmediato reformado. A.

Los delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción afectan la seguridad pública o colectiva -concretamente, la seguridad del tráfico rodado-v-. En tanto constituyen delitos de peligro real, ponen en riesgo la vida e integridad de las personas ante la vulneración de las disposiciones sobre circulación de vehículos, riesgo que abarca a toda la colectividad, como grupo genérico e indeterminado. El tipo legal se dirige tangencialmente también a la protección de la vida y la integridad física de las personas (STCE 2/2003, de 16 de enero), y requiere (i) la conducción en estado de ebriedad o drogadicción de un vehículo automotor, (ii) la disminución acreditada de la capacidad psicorísica del conductor y, como consecuencia, (iii) la minoración de la seguridad del tráfico (STCE 319/2006, de 15 de noviembre),"[ ... ] para lo cual, se tendrá en cuenta no solo el grado de impregnación alcohólica o de otra sustancia similar detectada en el sujeto activo, sino también todo un cúmulo de circunstancias concomitantes al supuesto en particular: somáticas, espaciales, temporales, meteorológicas" [CARMONA SALGADO, Concepción y otros, Derecho Penal español. Torno II, Madrid: Editorial Dykinson, 2004, p. 781°]. Lo protegido no

es, en última instancia, algo sustancialmente diverso de la vida, la salud o el patrimonio de personas concretas, respecto a las cuales la idea de seguridad en el tráfico tiene una función meramente instrumental [TAMARlT SuMALLA, José María y otros. Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. Segunda edición. Navarra: Editorial Aranzadi, 1999, p. 1078].

B.

Los delitos de omisión de asistencia familiar vulneran las obligaciones civiles impuestas a quienes tienen familia y lesionan y/ o ponen en peligro, por los actos abusivos de aquellos, la propia existencia y demás condi- ciones de vida de los alimentistas, limitando sensiblemente su derecho de participación social. En consecuencia, el ámbito de protección se

.. " e

306

funda en h"seguridad" de los propios integrantes de la farniHa., basadas en deberes asistenciales y cuya infracción es la base del reproche penal. 15. En la incoación del proceso inmediato por delitos de omisión de asistencia famíliar y de conducción en estado de ebriedad o de drogadicción, según el apartado 4, del artículo 446 NCPP, corno anteriormente se aclaró, pareciera que no hace falta que concurran los presupuestos y requisitos de evidencia delictiva y de ausencia de complejidad. Tal conclusión interpretativa, no obstante, no es de recibo en sus estrictos términos. La justificación constitucional del proceso inmediato ·--su fundamento material-- se basa, precisamente, en ambas nociones. Sin ellas, se vulnera

la garantía de defensa procesal y se restringe irrazonablemente la garantía de tutela jurisdiccional, pues se propendería a la emisión de sentencias con prueba inidónea y con un nivel de celeridad que conspirada contra la regularidad y equidad del proceso jurisdiccional.

El delito de omisión de asistencia familiar, por su propia configuración típica, exige la previa decisión de la justicia civil que se pronuncie acerca del derecho del alimentista y de la obligación legal del imputado, de la entidad del monto mensual de la pensión de alimentos y del objetivo incumplimiento del pago, previo apercibimiento, por el deudor alimentario. Es claro que tales elementos no son los únicos para fundar el juicio de culpabilidad ni necesariamente determinan la imposición de una sentencia condenatoria --la posibilidad de actuar es esencial, pues lo que se pena no es el "no poder cumplir", sino

el

"no querer cumplir" (STSE 1148/1999, de 28 de julio); es la consecuencia de la cláusula general de salvaguarda propia de los comportamientos ornisivos, según la cual solo comete un delito de dicha estructura quien omite la conducta debida pudiendo hacerlo [PRATS CANUT, José Miguel, Comentarios,

Obra citada, p. 459]-, pero son suficientes -vista la corrección del juicio civil, y siempre que sea así->- para estimar en clave de evidencia delictiva �---y en principio-e-, la admisión y procedencia del proceso inmediato, que no lo es necesariamente para la condena. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, siempre que importe la intervención policial del imputado conduciendo un vehículo motorizado en ese estado, con la prueba pericial respectiva -dentro de los marcos y con estricto respeto del artículo 213 NCPP-, constituye un claro supuesto de "evidencia delictiva". Es indiscutible que la regularidad de

307

EL PROCESO lNMED!1,ro

¡

la prueba, ames de la intervención policial debe estar consolidada. Deben agregarse al requerimiento de incoación del proceso inmediato las actas y pericias que exige el citado artículo 213 NCPP.

16. De otro lado, el apartado uno, del artículo 446 NCPP, establece la obligatoriedad por parte del Ministerio Público de la interposición de la solicitud de incoación del proceso inmediato, claro está--así debe entenderse- cuando se presentan los presupuestos materiales de evidencia delictiva y de no complejidad. Pero, tal exigencia u obligatoriedad, ¿vulnera alguna garantía o principio procesal o procedimental? ¿Cómo encender, en su caso, esa obligatoriedad? Esa norma, ineludiblemente, debe concordarse con el apartado uno, del artículo 447 NCPP, y el párrafo final de dicho artículo, que son -como ya se anotó-e- condiciones de legitimidad constitucional del proceso inmediato. No debe variar el análisis la expresión "bajo responsabilidad", que preside el artículo 446.1 NCPP, pues en modo alguno altera el sentido de la norma procesal. Siendo así:

A.

El supuesto de delito flagrante, en tanto el imputado esté efectivamente detenido, determina la solicitud de incoación del procedimiento inmediato luego de vencido el plazo de 24 horas o 15 días, según sea el caso =-delíro común o exceptuado-, en cuanto no haga falta la solicitud de detención preliminar incomunicada y de detención convalidada (artículos 265 y 266 NCPP), y siempre que no se presenten las circunstancias indicadas en el noveno fundarnenro jurídico.

B.

Es claro que si se trata de un delito menor es susceptible de aplicar el artículo 2 NCPP, modificado por la Ley número 30076, del 19-8-2013, donde el fiscal puede optar por el principio de oportunidad. El hecho de que el apartado cuatro, numeral b, del artículo 447 NCPP permite que se inste el principio de oportunidad en el curso de la audiencia única de incoación del procedimiento inmediato, en modo alguno importa la inaplicación o abrogación del principio de oportunidad en sede preliminar a la inculpación formal -Disposición Fiscal de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria-c-. El fiscal tiene la potestad de examinar, antes de inculpar formalmente a una persona, si es

308

p.')Sli])_¡ ,a... 1l.a a}�)1t

.,('.l.�s.�, :d;} � grc/.1L··�¡

i.,c...,a,,.C.. 1c'n� ..

, L{�,",L('i..

· i.

e•..I.;il'••C-�·I.·i... d CIe.. un·trA1 ). fU., .·d�

,y- , C--L

··1

r,:,C·�·�L1 .(,'C .. . l .. .Len,.c-..í.ac., Ar ' ' -

�

decidir bajo su propia autoridad. Distinto es el caso de la denominada ia , " oporturu. c- tan:1' que presupone cuípaci•o; n r('ormai1 y 1 m• .. ac& auron.za 1 a intervención del iuez en la decisión, conforme con lo dispuesto por el artículo 2.7 NCPP. 1

'»

" i

i.

I

•·

C.

Si se cumplen acabadamente las notas materiales o sustantivas y adjetivas de la flagrancia delictiva, así como el requisito de simplicidad procesal, y no sean aplicables, en los términos ya expresados, los artículos 2, 265 y 266 NCPP, se hace efectiva la obligatoriedad del fiscal para solicitar la incoación dd procedimiento inmediato. Aquí no se impone una actuación irrazonable al Ministerio Público, sino que se exige el cumplimiento de la ley que sujeta su aplicación a que se satisfagan determinados presupuestos y requisitos. La responsabilidad se entenderá cuando sea manifiesto que se debe proceder a la solicitud de incoación del proceso inmediato y, pese a ello, no se insta sin fundamento razonable alguno.

D.

La flagrancia delictiva, como se sabe, no es el único presupuesto material de la evidencia delictiva. También se encuentran los presupuestos de confesión y de delito evidente. En estos últimos, el párrafo :6nal, del articulo 447 NCPP dispone que el requerimiento de incoación del procedimiento inmediato se presenta luego de culminar Ía subíase de diligencias preliminares (artículo 330 l\fCPP) --claro está, si se dan los requisitos para su instauración-o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria. Las diligencias de averiguación fiscal, como paso inevitable al requerimiento de procedimiento inmediato, desde luego, tendrán lugar cuando a final de cuentas se superen los defectos de la intervención en flagrancia, se presente con toda claridad una confesión corroborada o se consolide y/o superen omisiones o defectos en actos de investigación, que dan lugar a un delito evidente; a consecuencia de lo cual no se requiere de nuevos o distintos actos de investigación, siempre que ello no importe una restricción irrazonable del derecho de probar de las copanes o de las contrapartes. r

• 1 La opc10n que se asume es que ta norma en cenare pueac sarvar su 7 , 'T constitucionalidad si se la interpreta en la fórrna prevista en el parágrafo precedente. Es inadmisible obligar, sin más, al Ministerio Público a una actuación irrazonable por la incoación de un proceso reformado si no se 1JJ.

309

F'.L FROCE.S() 1f'.iI'�1EDI/\f0 j

presentan sus presupuestos materiales, que la propia Ley Procesal penal desarrolla. También es intolerable que se prescriba la responsabilidad ---obviamente íuncional, nunca penal->- del fiscal si no solicita la incoación del proceso inmediato, pues este tiene desde la ley--y así debe reconocérsele=-, precisamente varias opciones posibles, sujetas desde luego a una valoración de las circunstancias fácticas y jurídicas que en cada caso se presenta. Las conminaciones disciplinarias y las determinaciones de actuación sin tomar en cuenta las circunstancias del caso son constitucionalmente desproporcionadas y afectan la autonomía del Ministerio Público como órgano constitucional y la libertad de actuación, dentro de la ley, de los fiscales. Sin embargo, como es posible, en clave sistemática y de coherencia y respeto de los principios y garantías de la Constitución, optar por una interpretación de las normas ordinarias acorde con esas previsiones institucionales, cabe concluir que si la norma en cuestión se interpreta tal como se plantea en este Acuerdo Plenario será viable excluir su inaplicación por inconstitucional. El control constitucional, como se sabe, es de ultima ratio, y por consiguiente, es excepcional; el control difuso, en todo caso, se circunscribe a la real existencia de un problema concreto entre las partes, y la declaración de inaplicabilidad de la norma cuestionada solo procede para resolver cuestiones litigiosas respecto de las cuales existe incompatibilidad manifiesta, no simples interpretaciones entre la norma legal y una constitucional [RUBIO CORREA, Marcial, El Estado peruano según la [urisprudencia del Tribunal Constitucional, Lima: Fondo editorial PUCP, 2006, pp. 100--101. SSTCC N.º 145-99-AA-'I'C, de ocho de setiembre de 1999, y N.º 5-96--I-TC, de diecinueve de(¿?) de 1996]. § 3. Algunos aspectos del trámite del proceso inmediato reformado

18. Oportunidad. procesal de la incoación del proceso inmediato El artículo 447 NCPP estipula dos momentos procesales para la solicitud de incoación del proceso inmediato. El primer momento está circunscripto al delito flagrante ·--artículo 446, literal a) del apartado 1, NCPP� y siempre que el imputado se encuentra sujeto materialmente a una detención efectiva ---ardculo 447, numeral l , NCPP�, supuesto en el que el fiscal lo hará, si correspondiere claro está, a su término o vencimiento. El segundo momento está referido al delito confeso y al delito evidente �artículo 446, literales b) y e) del apartado 1, NCPP�, supuestos en los cuales el fiscal presentará el

310

�·

/\.(J.JERDOS P!".ENARl'OS

requerimiento de incoación de este proceso, "luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria". El proceso inmediato por delito Hagrante requiere que d imputado esté detenido y que no se necesite realizar, luego de las veinticuatro horas de detención, algún acto de investigación adicional o de confirmación ineludible. En tal caso, el fiscal inmediatamente debe formular el requerimiento y el juez debe realizar la audiencia única de incoación del proceso inmediato dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a dicho requerimiento. Es importante, a los efectos de garantizar el derecho de defensa -�plazo razonable para que el imputado prepare su defensa: artículo IX, apartado 1, del Titulo Preliminar NCPP- que ese plazo debe computarse, necesariamente, desde que el citado imputado es notificado efectivamente con el auto de citación a la referida audiencia. El imputado debe ser notificado del auto en referencia y del propio requerimiento fiscal; solo a partir de ese momento puede empezar a correr el plazo respectivo. Al amparo de la norma citada, y en especial del artículo 8, apartado dos, literal c), de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige que el imputado tenga un tiempo razonable para preparar su defensa, es posible que el juez, en atención a la entidad del delito atribuido y a las exigencias de la causa --para remover los obstáculos que impiden una defensa efectiva-, haga uso de la potestad de fijar un plazo judicial, distinto, pero siempre breve, para la realización de esa audiencia. 19. Sí no se presenta el caso de delito flagrante, tal como se ha dejado estipulado precedentemente, es absolutamente viable, si se cumplen los supuestos de delito confeso o de delito evidente -en tanto en cuanto la meta de esclarecimiento no presente complejidad, no requiera de indagaciones dificultosas y los actos de investigación sean concluyentes o incontrovertibles--, que el fiscal inste el proceso inmediato dentro del plazo estipulado en el párrafo final del artículo 447 NCPP. . En este último caso -literales b) y e) del apartado 1 del artículo 446 NCPP---- los plazos se extienden �se trata de los plazos para señalar fecha para la audiencia única de incoación del proceso�. Como el principio de aceleramiento procesal es una de las notas características del proceso inmediato, la audiencia única de incoación del proceso inmediato debe señalarse inmediatamente de presentado el requerimiento fiscal, notificarse a más tardar

..311 " ..

.EL PROCESO iNMEDl!\TO

!

al día siguiente hábil y realizarse dentro de un plazo breve, siempre mayor de las cuarenta y ocho días siguientes a la presentación del requerimiento fiscal --que es el plazo para el delito flagrante- y no mayor de cinco días a la recepción por el Juzgado del citado requerimiento fiscal -que es la mitad del plazo fijado para el juicio oral (artículo 355.l, NCPP)- o, según los casos, vinculados a la causa en concreto, otro plazo judicial, siempre menor a la norma antes mencionada. Se entiende, en todos los casos, que el requerimiento fiscal debe indicar los domicilios procesales de quienes se hubieran personado en la causa, a los efectos de las notificaciones correspondientes. 20. El apartado uno del artículo 448 NCPP estipula que el juez penal es el competente funcional para realizar la audiencia única de juicio inmediato. Una vez que recibe el expediente por el juez de la investigación preparatoria, debe realizar la audiencia en un plazo que "no debe exceder las setenta y dos · horas desde su recepción, bajo responsabilidad funcional". Es de tener presente, sin embargo, que se trata de otro juez, al que se le remite la causa. Por consiguiente, es de rigor asumir, primero, que debe dictar el auto de citación para la audiencia única de juicio inmediato; segundo, que la primera cuestión a dilucidar es la validez de la acusación -si cumple los presupuestos y requisitos procesales respectivos-s-, la admisión de pruebas, y las demás cuestiones previstas en el artículo 350. 1 NCPP; y, tercero, que el segundo momento de la audiencia es, propiamente, la realización propiamente del debate oral -ejecución de las pruebas y alegatos--.

En este sentido el plazo de setenta y dos horas debe computarse a partir de la emisión y notificación del auto de citación del juez penal. Es claro que el auto debe dictarse inmediatamente de recibida la causa y notificarse en el día o, a más tardar, al día siguiente; y, a partir de la notificación que empieza a correr las setenta y dos horas. Entender ese cómputo de otra forma vulnera la garantía de defensa en juicio pues el imputado tendría un tiempo irrazonablemente reducido para preparar su defensa. Rige, en todo caso, lo dispuesto en la última parte del párrafo final del fundamento jurídico décimo octavo.

312

21, El proceso inmediato y el ejercicio del derecho de defensa Dictado el auto de incoación del proceso inmediato �---que es oral y se profiere en la misma audiencia (artículo 447, apartado 4, }.JCPP) y, por ende, debe 1 ' c1 e su regi• stro auc u' ovr, fi1gurar cump l'1d· amente en acta, si n l peq•m, cw• suarÍ et o por un medio técnico (artículos 120 y 361, en lo pertinente, NCPP)-----, en virtud de los principios de concentración y de aceleramiento procesales, corresponde al fiscal que, dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la acusación escrita correspondiente, hecho lo cual el juez de la investigación preparatoria remitirá las actuaciones al juez penal competente. En cuanto a la audiencia de juicio inmediato, el primer periodo del enjuiciamiento consiste en la delimitación de los hechos y de las pruebas, así como en la dilucidación de todas las articulaciones tendentes a garantizar un enjuiciamiento concentrado en la cuestión de la culpabilidad y, de ser el caso, de la sanción penal, consecuencias accesorias y reparación civil �decidir y superar todos aquellos presupuestos procesales o cuestiones procesales que impidan la celebración y definición del enjuiciarniento-c-. Este periodo culmina con la emisión acumulada de los autos de enjuiciamiento y de citación a juicio.

El segundo periodo del enjuiciamiento consiste, propiamente, en la celebración del juicio. Se aplican las reglas del proceso común, con la condición de que esas reglas deben ser: "[ ... ] compatibles con la naturaleza célere del proceso in- mediato", lo cual significa que las actuaciones probatorias e incidencias deben llevarse a cabo y dilucidarse en el menor tiempo posible y concentradamente. La regla general es la prevista en los artículos 356.2 y 360.2 NCPP: el debate se realiza en un solo día y las sesiones sucesivas, sin perjuicio de las causas de suspensión ---lógica excepcional-e-, se realizarán al día siguiente o subsiguiente (aunque la primera opción es la idónea para el juicio inmediato). Ahora bien, si se tiene en. cuenta que las lógicas de evidencia delictiva y de simplicidad procesal, condicionantes del proceso inmediato; desde ya han determinado una causa en que las exigencias de esclarecimiento ulterior son mínimas, cabe entender que las solicitudes probatorias del imputado han de tener ese carácter de pruebas indispensables para enervar la prueba de cargo de la Fiscalía, también limitada a las lógicas de evidencia delictiva, de las que partió su requerimiento de incoación del proceso inmediato. En todo caso, conforme con las prevenciones de los artículos 155.2, 352.5,b) y 373.1 y 2 NCPP, se admitirán, según los casos, los medios de prueba que

313

EL PI.tOCESO JNtvlEDib.TO

¡

sean pertinentes, conducentes, útiles, necesarios, de posible actuación y no sobreabundantes. No existe, en este supuesto, limitación irrazonable al derecho de postulación probatoria.

22. El proceso inmediato se sustenta en la existencia de evidencia delictiva. El debate probatorio, por consiguiente, será muy acotado; referido, primero, a la acreditación de tal evidencia delictiva; y, segundo, a la verificación de la regularidad, fiabilidad, corrobación y suficiencia de la prueba de cargo. La defensa, como es obvio, podrá cuestionar y, en su caso, desacreditar la prueba de cargo y su suficiencia, así como presentar contraprueba. Es posible que por razones que escapan al control de las panes y del órgano jurisdiccional se produzca un problema sensible o insuperable en la incorporación de determinada prueba o pruebas, esenciales para la decisión de la causa. La opción que tiene el juez, incluso ya incoado el proceso inmediato e iniciado la audiencia única de enjuiciamiento inmediato, será �-previo debate contradictorio-e- dictar el auto de transformación del proceso inmediato en proceso común, muy similar a lo que sucede en el caso del proceso de seguridad (artículo 458.1 NCPP). Supletoriamente, en caso de audiencia en curso el juez penal aplicará la norma antes indicada, a fin de reiniciarse, desde el principio, el juicio oral con las reglas del proceso común, respetando la eficacia procesal de los actos de prueba ya actuados. En los otros supuestos el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, según el caso, aplicará el apartado siete del artículo 447 NCPP. 23. Audiencia de Incoación del proceso inmediato y solicitudes concurrentes El artículo 447.2 y 3 NCPP estipula que en la audiencia de incoación del proceso inmediato puede plantearse la imposición de una medida de coerción a instancia del fiscal y la aplicación del principio de oportunidad -incluye el acuerdo preparatorio-e- o del proceso de terminación anticipada. Algunos puntos problemáticos pueden advertirse:

A. El apartado 4 de dicha disposición legal dispone que el juez de la investigación preparatoria resuelve, mediante resolución oral, esas solicitudes en el siguiente orden: 1. Procedencia de la medida de coerción. 2. Procedencia, indistinta y, según el caso, del principio de oportunidad, del acuerdo reparatorio o del proceso de terminación anticipada, 3. Procedencia de la incoación del proceso inmediato. Si la ley fija un orden para resolver los puntos planteados es inexcusable que ese orden tiene

314

... .

q� ue

respetarse, aurniue lia nunl• c1 ad. procesa1l so lo se

J

araI se

cuandj o

orr• zm• vulnere irrazonablemente la regularidad del procedimiento en sus lógicas esenciales y se genere un supuesto de indefensión material. B.

Por otro lado, es claro que si se admite y estima alguna de las solicitudes del punto segundo ya no será necesario pronunciarse respecto a la incoación del proceso inmediato, pues estas tienden a resolver la causa bajo modalidades propias, en las que el principio del consenso tiene primada. De desestimarse alguna de las tres alternativas del punto segundo, el juez de la investigación preparatoria decidirá si cabe instaurar el procedimiento inmediato.

C

La petición de una medida de coerción: sea prisión preventiva u otra alternativa, no descarta o modifica la pretensión sobre el tema u objeto principal. El imputado puede ser excarcelado en sus diversas modalidades o declarado preso preventivo -el plazo de privación procesal de la libertad personal no está en función a si la causa puede resolverse a través del procedimiento inmediato, que es un hecho futuro respecto del cual el juez, en este paso procesal, no puede valorar, sino a las necesidades del proceso jurisdiccional, a las características del imputado y a la gravedad y complejidad del hecho delictivo atribuido, siempre en una perspectiva de aseguramiento procesal con pleno respeto del principio de proporcionalidad y de la garantía de presunción de inocencia entendida norrnativarnente (artículo 253. 2 y 3, NCPP)-, lo que en modo alguno altera la necesidad de decisión acerca la incoación del proceso de terminación anticipada o del proceso inmediato.

D. El efecto procesal de la desestimación del proceso inmediato es que la causa se reconduzca al proceso común. El fiscal a cargo del caso, en vía de complementación -ya se han realizado actuaciones previas por la Policía y puede que por la propia Fiscalía-, dictará la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria o, de ser el caso -cuando ya se hubiera emitido tal disposición-, continuará con las actuaciones de investigación. En todo caso, la medida de coerción dictada no se modifica de pleno derecho y su reforma requiere de una petición de parte. El apartado 7 del artículo 447 NCPP debe interpretarse en este sentido. Cabe aclarar que si bien el artículo 338.4 NCPP indica que el fiscal, para la imposición de medidas coercitivas, está obligado a

315

'

.

EL PR.\)CESO _i.N.fvilJJU\TO ¡-

í o r m a l i r 1,c,r. i n v cs,)lr_ifz:,a<;,' l c as o reo}-''a-·r··"a·roria:'. : l.

..

\.-;l.

,0..1 ,

.

l.

,c.L-

,

,

L .

.X..

.._. . .�

t...,i;:'.••

. l

\. , ,, " '- J

,

.1 ..

)

.

-t )t :." .l

.

••

,7

.. �,

e llo s e ,

�...

,,

nt

!;._.�

-,•

•--

m,

...�..

un,..�e·"'--''-·' d e 1;,.

,

.

.

'!

..

.... .....

..,....,

.�

,...

..

de l · 1 r · ·L1',·- 1· · lo \:.,.

(.

,

.•

,

(' P P . ./

.. .

�.

A"I.!,_-·¡ �-'')-'-N-

propio del _proceso inmediato, tal exigencia, por razones obvias, no se ha P ositivizado: el a artado uno solo irnoone al fiscal, como oresuouesto procesal para requerir la incoación del proceso inmediato, el vencimiento del plazo de detención, y en el otro apartado, inmediatamente, lo autoriza a requerir, si correspondiera, la prisión preventiva en d curso de la audiencia única de incoación del proceso inmediato. J¡_

.t-

1

24. Apelación y proceso inmediato El proceso inmediato reformado solo prevé expresamente el recurso de ape-[ación contra el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato, en cuyo caso se tratará de una apelación con efecto devolutivo (artículo 447.5 NCPP). Es obvio que un recurso de apelación, por su carácter jerárquico, siempre tiene efecto devolutivo -es de conocimiento de un órgano jurisdiccional superior en la estructura orgánica del Poder judicial->. Lo determinante es si tiene efecto suspensivo. La norma general es el artículo 418.1 N CPP. La apelación, en estos casos, de un auto no equivalente ---que no pone fin al procedimiento penal (no clausura la persecución penal), sea que acepte o rechace la incoación del proceso inrnediaro-c-, no tiene efecto suspensivo. Las demás apelaciones contra resoluciones interlocutorias -----,-en orden al principio de oportunidad, proceso anticipado y medidas ccercitivas-e-, igualmente no tienen efectos suspensivos. En el caso de la apelación del auto de prisión preventiva, rige el artículo 278.1 NCPP. La apelación, en este caso, es igualmente devolutiva y no suspensiva. Si se dispone la libertad del imputado no podrá tener efecto suspensivo (artículo 412.2 NCPP).

Una situación que puede presentarse cuando se dicta mandato de prisión preventiva y el imputado impugna el auto ames del vencimiento del plazo de tres días, es que la causa ya se encuentre ante el juez penal. Como debe propenderse a la efectividad del derecho al recurso legalmente previsto ---que integra la garantía de tutela jurisdiccional-s-, tal situación no impide que el juez penal se pronuncie por la admisión o inadmisión de dicho recurso y, en su caso, eleve copia certificada de los actuados a la Sala Penal Superior. Negar esa posibilidad, a partir ele una concepción formalista, en el sentido de que quien debe pronunciarse acerca del recurso es el juez de la investigación preparatoria, sería restringir irrazonablemente el derecho de tutela jurisdiccional

�-)

••

e .. "'

316

! .t\Cl.IEH.DOS VJ..EN:'\HiOS O,

e"n esu

l..,,.•)•p•

C

a00 , ¡)

·-,q

,r

;·

e n ,i·er• .a. ::."

'

·

'i"

"

1 .., la ·j.ra n'-'· u n a c1u·1�ac-·,"i.o/'.n ..1 n·., uJ_e. Jo.'rcLvU e <" ·s·

�·f

·1

. ,_ . , ,(>'•<"!'

Cc1 Ü

r"("'¡�..,

o o j e t r vo�

,Oj ( "� .. :. ;;,. ' ·

de •que ell. último juez sea quien califique la impugnación. Recuérdese que � qrn en ao suer¡ ve eil graa1 o es el' .¡· · n. o¡_ unal -(:,'upen. o. r, no er1 ;.uez penaií .

Por último, la Sección Primera del Libro Quinto del N CPP no fijó un proced.uru. ento es. peo'fi co, acej.erac' o, ,d_ e ape l aci. or n, ri.n consecuenci. a, n. ge e.'! conjunto de las normas generales sobre la materia que tiene establecidas en el Libro Cuarto del NCPP. 25. Proceso inmediato y Código de Procedimientos Penales El proceso inmediato, en virtud del artículo 3 del Decreto Legislativo N. º 1194, también es aplicable a los distritos judiciales en los que aún no rige en su integridad el NCPP. El citado Código, a su vez, ha sufrido una última modificación más o menos intensa, mediante el Decreto Legislativo N. º 1206, del 23-9-2015. Un motivo de presunta incoherencia normativa se presenta cuando el proceso inmediato es denegado, ya sea en primera o en segunda instancia. Es claro que la causa debe retrotraerse al momento de su calificación. Sin embargo, ¿qué sucede con el mandato de prisión preventiva en caso que se hubiera dictado en la causa? ¿La retroacción de actuaciones importa su anulación automática y, por tanto, la libertad del imputado en cárcel? Las normas sobre prisión preventiva del NCPP, con sus respectivas modificatorias, igualmente, son de aplicación en todo el territorio nacional, conforme con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N." 30076, del 19-8-2013. Luego, en aquellos distritos judiciales donde no está en vigencia en su integridad el NCPP, rigen esas disposiciones. Su interpretación y aplicación son, por consiguiente, comunes; no se presentan en ambos sistemas procesales, en virtud de la reforma operada, contradicción o falta de armonía: las normas son las mismas. Se podría sostener que en esos casos se presenta una paradoja: existiría, formalmente, un preso preventivo sin auto de apertura de instrucción; preso preventivo sin procesamiento. Es evidente, asimismo, que para dictar prisión preventiva se requiere un análisis acerca de la corrección de la imputación, un juicio favorable al fumus delicti comissi y a los motivos de prisión -gravedad del delito y pdigrosismo procesal (periculum libertatis)-. Cabe entender que el auto de prisión preventiva cumple esos presupuestos -es la presunción

..

"'©

317

EL PROCESO INMFD!f\f"C

de la que se parte al haberse dictado esa medida de coerción personal mediando requerimiento y discusión o debate oral y contradictorio- y, en tal virtud, la no admisión del proceso inmediato no cuestiona la corrección de los cargos -existe, con toda regularidad, un procedimiento previo- sino la no satisfacción de los requisitos y presupuestos necesarios para incoar un tal proceso especial. En suma, la retroacción de actuaciones, en este caso, no importa la anulación de pleno derecho del auto de prisión preventiva, pues la inadrnisión del proceso inmediato no comprende la de los presupuestos materiales y formal.es de dicha medida de coerción personal -propia del proceso de coerción y, corno tal, independiente del proceso "principal", aunque sin desconocer sus bases de conexión-e-. Lo único que sucederá será que el juez penal, una vez remitidas las actuaciones al fiscal y que este las devuelva con la formalización de la denuncia -en virtud del principio de unidad del Ministerio Público no es del caso una posición distinta del fiscal que no sea la de formalizar la denuncia-, en el curso de la audiencia de presentación de cargos califique su mérito y, de ser el caso, dicte el auto de apertura de instrucción, conforme con el artículo 77 CPP. La reforma del auto de prisión preventiva muy bien puede producirse en esa causa si se deniega el procesamiento penal -excar-· celación automática-e- o si se presenta algún motivo vinculado al rebus sic stantibus que la justifique. 26. Proceso inmediato y constitución de las partes contingentes El actor civil, corno parte acusadora, y el tercero civil, como parte acusada, no son partes necesarias, imprescindibles para la constitución del proceso penal-son partes contingentes: pueden o no estar presentes en un concreto proceso jurisdiccional-s-. Su incorporación en la causa está en función, de un lado, a la propia voluntad del perjudicado por el delito y, de otro lado, a que existan criterios legales de imputación, objetiva y subjetiva, para incorporar a un tercero como responsable de la reparación civil. El NCPP, en la lógica del proceso ordinario o común, exige para la constitución de estos sujetos procesales una resolución judicial, dictada previa instancia de parte legitimada, planteada antes de la culminación de la investigación preparatoria, y bajo el procedimiento de audiencia correspondiente (artículos 8, 100, 101 y 102 NCPP).

318

4F····

h.CUFRDOS .PJ...E.NARlOS

Esta secuencia procedimental, sin duda, no es la que corresponde al proceso inmediato, ni se condice con las lógicas de aceleramiento procesal que lo informan. No obstante, no está prohibida la posibilidad de su incorporación en la causa-fundada en consideraciones de derecho material->, siempre que el daño y su acreditación, y además, la legitimación respectiva, respondan a Ía condición de su "evidencia" en línea acreditativa. Sin prueba evidente, no es posible aprobar su constitución en partes procesales. Siendo así, es claro que el fiscal deberá comprender en el requerimiento de incoación del proceso inmediato a quien considere tercero civil responsable, el cual ha de ser debidamente citado a las dos audiencias para que tenga la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción. En este caso, el juez de la investigación preparatoria, aplicando supleroriarnente y en vía de integración el artículo 447.3 NCPP, debe decidir, primero, si incorpora como parte al tercero civil; y, segundo, de ser admitida esa constitución --que se emitirá a continuación del pronunciamiento acerca de la medida coercitiva-, continuará con los pasos procedimentales legalmente estipulados. Para el caso del actor civil se requiere, desde luego, que el perjudicado por el delito, primero, sea informado por la Policía o la Fiscalía de la existencia del delito en su contra y comunicado del derecho que tiene para intervenir en las actuaciones -es lo que se denomina "ofrecimiento de acciones"(artículo 95.2 NCPP); segundo, que antes de la instalación de la audiencia única de incoación del proceso inmediato solicite, por escrito y en debida forma, su constitución en actor civil (artículo 100 NCPP); y, tercero, que previo traslado contradictorio el juez de la investigación preparatoria decida sobre su mérito, resolución que se emitirá a continuación del pronunciamiento de la medida coercitiva y antes de la decisión acerca de la constitución en tercero civil. 27. Proceso inmediato y prueba pericial La prueba pericial es fundamental para la acreditación de numerosos delitos -la necesidad de la pericia deriva del aporte de conocimientos especializados para facilitar la percepción y la apreciación de los hechos de la causa [CLIMENT DuRÁN, Carlos, La prueba penal. Segunda edición. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2005, pp. 735-737] -. Tanto en el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción como en otros ilícitos penales (por ejemplo, y a

319

:t,J_. PH.OCESO J.NNI.F.D.l/(f'U

¡-

titulo enunciativo, homicidio, aborto, falsedad documental, tráfico ilícito de (jJfügr-c;ts.. y .xualnl .lcat pr..u. e ba'"pen'r.._,1,,1·i;p..S...e. Sf,,C.U.. • .a. ¡ , agi�c....S.1:¡,h, 1 s· meent.e re l eva:nr�,e..... -e,.l.] l L . d tanto prueo r un amenta1---· para su e{ien' ru..trva cornproo1 acw., n o, en ton' o a caso, para su consolidación probatoria. El fiscal, desde esta perspectiva, instará que el informe pericial ·--que es

el segundo elemento de la actividad pericial-cona en autos al momento del requerimiento de incoación del proceso inmediato. Sin embargo, en muchos casos bastará que el reconocimiento o percepción pericial, como primer elemento de la actividad pericial ---al que sigue en ese mismo nivel las operaciones técnicas sobre el objeto peritado-s-, se haya realizado o, por lo demás, que existan informes provisionales, muy comunes en el caso de tráfico ilícito de drogas y también con las primeras pruebas en el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Las características de la inicial intervención de la autoridad pública y las vicisitudes de los actos urgentes de investigación, como las capacidades del órgano pericial, pueden determinar, antes de la presentación del informe pericial, una calificación positiva de los presupuestos y requisitos del pro . . ceso inmediato, lo que no obsta a que necesariamente el citado informe pericial ha de constar antes de la instalación de la audiencia única de juicio inmediato.

IH. DECISIÓN

28. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno juris11..6 o1 ei' ·r,. exto d..1·iccr• onaí' , y de conrrorrniid a,d con 1 o ¿·ispuesto en e l arn'cu lo Único Ordenado de la Ley Orgfoica del Poder Judicial; ACORDARON: 29. ESTABLECER corno doctrina legal, los criterios expuestos en los fo.. n
30. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado estatuto orgánico.

320

/\.(:UI!RI)OS PI..FN/\f{'!OS

3L DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran el Poder judicial, en aras de la afirmación del valor seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la ley, solo pueden apartarse de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto de las rechazadas o desestimadas, expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de la República. 32. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano. Hágase saber.

s.s. SAN MARTÍN CASTRO I PRADO SALDAR.RIAGA I RODRÍGUEZ TINEO I PARIONA PASTRANA I SALAS ARENAS I BARRIOS ALVARADO I Hll\íOSTROZA PARiACHI I PR[NC:IPE TRUJILLO I NEYRA.FLORES

FUNDAMENTO JURÍDICO PROPIO DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS RODRÍGUEZ TINEO, SALAS ARENAS E HINOSTROZA PARIACHI RESPECTO A LA LEGITIMIDAD DE LA INCOACIÓN OBLIGATORIA DEL PROCESO INMEDIATO IMPUESTA AL MINISTERIO PÚBLICO

Los suscritos no comparten el contenido del fundamento 13 de la ponencia y acuerdo, respecto a la legitimidad de la incoación coactiva del proceso inmediato reformado. Los motivos sucintamente radican en que: El apartado uno del artículo 446 NCPP, establece la obligatoriedad impuesta al Ministerio Público de solicitar el proceso inmediato (pudiendo requerirse el inicio, cuando específicamente corresponde, hasta el día 29 de formalizada la investigación preparatoria, motivándose tal decisión), bajo amenaza de responsabilidad administrativa, se entiende, por omisión de acto funcional. Tal exigencia u obligatoriedad de incoación, vulnera el principio constitucional de autonomíadel Ministerio Público que el artículo 158 de la Constitución Política del Perú le otorga como titular en el ejercido de la acción penal en tanto que el inciso 1, del artículo 61 del Código Procesal. Penal atribuye al fiscal, independencia de criterio como estratega en el proceso, por lo que le corresponde elegir la vía más idónea para la consecución de los fines del procesamiento; pudiendo por tanto requerir el inicio del encausamiento inmediato cuando razonadamente considere se encuentren cumplidos los fines de la investigación, con respeto de los derechos de todas las panes intervinientes, actuando objetivamente, aunque el detenido se encuentre en

321

EL PROCESO IN;v!El.llfü'O [·

situación de flagrancia y agotando las diligencias para acreditar la responsabilidad o la inocencia ·-en caso de incoar·- del imputado como lo establece el artículo IV, del Título Preliminar del NCPP, teniendo además presente los derechos de defensa del presunto agente y de la parte agraviada como lo indica el artículo IX, del propio Título Preliminar del cuerpo legal mencionado, prevaleciendo estos principios, sobre cualquier disposición del NCPP, como lo señala el artículo X del propio TP; y de considerar que la vía inmediata no es adecuada para el caso en concreto por presentarse complejidades normativamente previstas o fácticas, más allá de las estrictamente normativas, puede motivadamente, promover el proceso común o el que corresponda, aun cuando se den los supuestos para el inicio del proceso inmediato, sin que ello implique responsabilidad funcional en su actuación. Tutelar en extenso los derechos de las partes forma parte de las atribuciones del Ministerio Público, por ello, no basta interpretar restrictivamente el mandato imperativo inconstitucional de la obligatoriedad coactiva indicada; la judicatura debe conservar las leyes en tanto sean congruentes con los principios constitucionales. Es inconstitucional obligar al Ministerio Público que bajo amenaza de sanción disciplinaria requiera el inicio del proceso inmediato, al oponerse cal coacción a la autonomía Fiscal, expresada en su independencia de criterio, más aún cuando la decisión de no incoación es su atribución discrecional y no arbitraria, compatible con sus deberes y responsabilidades de dirección de la investigación y se sustenta en la protección de derechos establecidos como principios orientadores en el Título Preliminar del NCPP. Por ello, tal apartado del artículo 446 modificado por el Decreto Legislativo 1194 debe ser modificado estableciendo que el fiscal "puede" y no "debe" solicitar la incoación del proceso inmediato, suprimiendo el término "bajo responsabilidad", dado que constituye una afectación clara y un riesgo latente cuyos resultados negativos podrán atribuirse a todo el sistema de justicia, por vulnerar un pilar fundamental del desarrollo de la labor de la fiscalía, desempeño que es trascendente en la tarea de impartir justicia.

322

! .Acur:RD()S

PlJ]\rArO(JS

Cabe que este Colegiadojudicial Supremo inste al Parlamento a corregir tal exceso y entre tanto, recomendar a la judicatura competente que en tanto se someta a su conocimiento algún cuestionamienro sobre la incoación, considere la declaración de inaplicación de la parte del primer párrafo del apartado 1 del artículo 446 modificado del NCPP por los motivos referidos. RODRÍGUEZ TINEO SAIAS ARENAS HINOSTROZA PARIACHI

FUNDAMENTOS PROPIOS DEL SEÑORJUEZ SUPREMO SALAS ARENAS RESPECTO A LA PROPORCIONALIDAD EN EL PROCESO INMEDIATO, LA INCLUSIÓN DE LOS DEUTOS D.E OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR Y LA PRISIÓN PREVENTIVA, EN EL SUPUESTO DE ANULACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO. a)

No suscribo el APARTADO 10 �respecto a la proporcionalidad del proceso inmediato reformado---;ni parte del APARTADO 14� en lo concerniente a los delitos de omisión a la asistencia familiar-; ni el acápite D del APARTADO 23, el tercer párrafo del APARTADO 24 y los párrafos cuarto y quinto del APARTADO 25 -respecto a los efectos de la prisión preventiva por invalidación de la decisión de incoación de proceso inmediato-, del Acuerdo Plenario, al tener una postura refractaria a su contenido por lo siguiente:

Apartado 10 El régimen del procesamiento inmediato, generó tanto una subclase de "inmediato directo"(que abarca tanto la flagrancia clásica y la cuasi flagrancia, como la conducción temeraria por alcoholemia o drogadicción objeto de intervención policialen el instante), en que cabe la incoación inminente del proceso y una sub clase de "inmediato diferido" (que comprende los casos de extensión de la flagrancia., de confesión de los hechos, de suficiencia de los elementos de convicción, de conducción temeraria -por alcoholemia o drogadicción-no flagrante, de omisión a la asistencia familiar), en que el lapso para incoarlo se extiende hasta el vigésimo noveno día de la formalización de la investigación preparatoria. El legislador no colocó, un parámetro, marcador o cuantificador respecto a la dimensión de la pena privativa de libertad pertinente para la viabilidad del 323

EL P\lOCESO lNMEDlt':TO

I

procesamiento inmediato, sea el directo o el diferido, lo que en clave de pro-· porcionalidad, debe merecer el establecimiento de un criterio jurisprudencia! ----mientras fije el Parlamento los razonables marcos normativos --fijando criterios restrictivos al calor del inciso 3, del artículo VII, del Título Preliminar del Código Procesal Penal, en tanto favorezca el ejercicio de los derechos del imputado; para que el recorte de las etapas y los plazos de duración del trámite generen la menor intensidad posible de afectación a las atribuciones legítimas propias de la defensa del investigado. El ordenamiento procesal penal presenta algunas vallas normativas respecto a la gravedad del acto delictivo; así, con el artículo 427 se limita el recurso de casación para los casos de sentencias y autos que pongan fin al procedimiento, en tanto el extremo mínimo de la pena conminada en abstracto supere los 6 años de privación de libertad, de lo que se puede deducir que tal cota dimensional connota que el hecho delictivo es grave como para habilitar la procedencia del recurso de casación; como consecuencia, los delitos cuyas penas privativas de libertad fueran inferiores a los 6 años, sin estar todos ellos dentro de los denominados "de bagatela", deberán ser considerados como menos graves. Existe otra referencia en materia de prisión preventiva, según lo establecido en el inciso b, del artículo 268 del mismo cuerpo legal, al considerar la gravedad del delito en razón a la pena probable que podrá ser impuesta en el caso concreto, en tanto fuera superior a 4 años de privación de libertad; en tales casos, con la concurrencia razonable de los otros presupuestos procesales, corresponderá mandar la prisión preventiva. Si ha de excluirse del encausamiento inmediato todo hecho penal que fuera considerado grave y con mayor razón el que resultara estimado como espe-cialmente grave, será pertinente tomar en cuenta aquellos criterios. Estimo que el límite punitivo razonable para la aplicación del proceso inmediato -teniendo en cuenta que se trata de un encausamiento para tramitaciones sencillas y delitos que no fueran graves- no debe superar los 6 años de pena privativa de libertad. b)

No suscribo las referencias al delito de omisión a la asistencia familiar como relativos a la seguridad ciudadana.

324

ACUER.D-OS PLENfi..RIO:;

Apartado 14 No cabe entender ninguna de las formas de delito de omisión a la asistencia familiar como asuntos relativos a la seguridad ciudadana, por graves o frecuentes que sean. El concepto "seguridad ciudadana" no es ornnicornprensivo y no abarca todo el catálogo típico, sino solo los ilícitos compatibles con su particular carácter violento. e)

Mi postura respecto a la prisión preventiva por decaimiento del proceso inmediato es como sigue:

Acápite D del APARTADO 23, el tercer párrafo del APARTADO 24 y los párrafos cuarto y quinto del APARTADO 25 --en cuanto a los efectos de la prisión preventiva por invalidación de la decisión de incoación de proceso inmediato-: El decaimiento del proceso inmediato afecta la decisión de prisión preventiva dictada en la audiencia de incoación, en tanto deja de existir el proceso en que se originó. La prisión preventiva se define como una medida cautelar, instrumental y variable, y debido a que proviene de un proceso penal (no lo antecede ni existe por y para sí), pervive en tanto el encausamiento se halle vigente (así fluye del inciso 2, del artículo 447 NCPP); se pretende con ella precisamente asegurar el resultado del encausamiento cuando es estrictamente necesaria la presencia del encausado existiendo riesgo de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria, sobre lo cual se han pronunciado tanto la Corte Interarnericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema de Justicia. La paradoja que se genera objetivamente es un efecto derivado de la ausencia de regla legislativa específica y razonable en que se hubiera previsto el modo de atender la configuración de supuestos de esta ciase ---·que no son intrecuentes->; cabe resaltar que no se puede resolver contra reo y que no es dable corregir pretorianamente los errores legislativos. Decaído el proceso inmediato -que debe por tanto ser promovido razonablemente. cuando hay fundamento suficiente, y no apresuradamente por coacción-e- lo que cabe por ahora, en tanto no se dicten normas específicas que fueran además constitucionalmente impecables, de transición entre la anulación o invalidación del encausamiento inmediato y la promoción de proceso común o el que correspondiera (nuevo modelo procesal) o apertura de proceso penal

325

(antiguo régimen procesal aun parcialmente vigente); entiendo por tamo que no cabe extender la prisión preventiva sin pausa penal. vigente, sino, urgir al Parlamento que corrija el dislate generado en esta materia. SALAS ARENAS

" ., e

326

Acuerdo Plenario Extraordinario N.'' 1 ··201

1 Hi La aoravante

del delito de violencia y resistencia contra la ,a,uimidacl Policial: Tipicidad y determinación judicial de la pena

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

H PLENO JUIUSDICCIONAL EXTRAORDINARIO DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N.º l-201ó/CIJ-116 Base legal: artículo 116 TUO LOl�J Asunto: La agravante del delito de violencia y resistencia contra la Autoridad Policial: Tipicidad y determinación judicial de la pena.

Lima, uno de junio del dos mil dieciséis.

Los jueces supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: ACUERDO PLENARIO l. ANTECEDENTES

l. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en virtud de la Resolución Administrativa número

327

El PROCESO CNMED.lATO

¡

503-2015·-P-PJ, de 31 de diciembre del 2015, y el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Pariona Pastrana, realizaron el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de los jueces supremos de lo Penal, que incluyó la participación en los temas objeto de análisis de la comunidad jurídica, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), a fin de dictar acuerdos plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2. El II Pleno Jurisdiccional Extraordinario se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo conformada por dos fases. Primera, la convocatoria a la comunidad jurídica para proponer aquellos aspectos referidos i) a los delitos de violencia y resistencia a la autoridad (Sección II, del Título XVIII, del Libro JI del Código Penal); y, ii) al proceso especial inmediato reformado, necesitados de una interpretación uniforme y de la generación de una doctrina jurisprudencia! para garantizar la debida armonización de fo. conducta de los jueces en los procesos jurisdiccionales a su cargo. Segunda, la identificación de las entidades y juristas que intervendrían en la vista oral.

3, La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a cabo el día 21 de enero del 2016. En ella, los juristas y expositores especialistas convocados sustentaron y debatieron sus ponencias ante el Pleno de los jueces supremos. Intervinieron en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, los señores: Alfredo Araya Vega (juez superior de Costa Rica), Víctor Cubas Villanueva (Fiscal Supremo Provisional), Carlos Zoe Vásquez Ganoza (Secretario Técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal), Pedro Angulo Arana (Decano del Colegio de Abogados de Lima), HortsSchonbohm (juez alemán jubilado), César Nakazaki Servigón (profesor de la Universidad de Lima) y Bonifacio Meneses Gonzales (juez superior de Lima, Coordinador Nacional de la implementación de los juzgados de Flagrancia). 4. La tercera etapa, del IX Pleno Jurisdiccional, comprendió el proceso de determinación de los temas por cada materia: Penal material y Procesal Penal, así como la designación de los jueces supremos ponentes para cada uno de los dos acuerdos plenarios correspondientes. Con fecha 25 de enero último, en sesión plenaria, se designó a los señores Prado Saldarriaga, Rodríguez Tineo y Pariona Pastrana para la formulación

• •

•

328

/:

ACUE}U)OS PI.E>'.N/\RlOS

de la ponencia referida al "Delito de violencia y resistencia a la autoridad, Proporcionalidad de la pena". Presentada la ponencia pertinente, en la sesión de la fecha se procedió a la deliberación, votación y redacción del Acuerdo Plenario antes mencionado.

5. El presente Acuerdo Plenario, por unanimidad, se emite conforme con lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las salas especializadas del Poder Judicial -en este caso, de la Corte Suprema de Justicia de la República·--- a pronunciar resoluciones vinculantes, con la finalidad de concordar y definir criterios jurisprudenciales del Orden Jurisdiccional que integran.

intervienen como ponentes los señores Prado Saldarriaga, Rodríguez Tineo y Parlona Pasrrana quienes expresan el parecer del Pleno H. FUNDAMENTOS JURÍDICOS § 1. La situación problemática

6. Las sucesivas reformas introducidas en el artículo 367 del Código Penal que regula el catálogo de circunstancias agravantes específicas del delito de violencia y resistencia ejercida contra la autoridad, tipificado y reprimido en los numerales 365 y 366 del citado cuerpo legal, se han caracterizado por expresar una clara tendencia hacia la sobrecriminalización. La cual se ha manifestado a través del incremento reiterado de las penas conminadas originalmente en dicha: disposición legal, así como con la adición también continua de nuevos supuestos de agravación como el que hoy contiene el inciso 3 del segundo párrafo del artículo 367 y que considera como factor calificante, entre otros casos, que el agente del delito dirija su conducta ilícita contra "un miembro de la Policía Nacional", 7, Internamente la actual redacción del artículo 367 contempla tres grados o niveles de circunstancias agravantes específicas, cada uno de los cuales está vinculado con un determinado estándar de punibilidad. El caso de aquella relacionada con la calidad de efectivo policial de la autoridad afectada por el hecho punible, corresponde al segundo grado o nivel de agravantes donde la penalidad prevista es pena privativa de libertad no menor de ocho y ni mayor de doce años. 8. Recientemente, la aplicación judicial de dicha agravante ha motivado continuos cuestionamientos, En lo esencial se ha objetado que los operadores 329 /.

EJ. r�HOCii:SO.JNMEDJt\TO

f

.

de la justicia penal no tienen una lectura adecuada de los presupuestos normativos que legitiman su configuración. Y que las penas que han impuesto resienten de manera grave la proporcionalidad que debería derivar de las circunstancias concretas de realización del delito y, por tanto, del principio rector de pena justa. 9. Resulta, pues, pertinente y necesario fijar criterios en torno a los componentes de tipicidad que demanda tal circunstancia agravante y de los limites legales que tienen que observarse para la debida graduación de la pena concreta que debe aplicarse al autor de un delito de violencia y resistencia contra la autoridad, cuando esta última sea un integrante de la Policía Nacional en ejercido de sus competencias y funciones. § 2. La interpretación de la norma penal conforme a la Constitución y a

los principios del Derecho Penal 10. El ordenamiento jurídico no se fundamenta solo en la Ley, entendida esta como el acto que emana del legislador, sino en la Constitución Política del Estado. Dicha afirmación se basa en la razón misma que motivó la creación de este instrumento normativo: la definición de los principios y valores que caracterizan a una sociedad en concreto. En d mundo existen distintos tipos de esquemas valoratívos y de principios jurídicos. Aquellos valores que defiende nuestro modelo constitucional no tienen por qué coincidir con los valores que defiende otra sociedad. Se trata de sociedades distintas que tienen concepciones diferentes de ellas mismas y de las relaciones entre las personas que las conforman. La importancia de la labor del constituyente reside en determinar cuáles son, de todo el espectro de posibilidades, aquellos valores y principios que definen a nuestra sociedad. Cuando realiza dicha selección, la plasma en disposiciones constitucionales, las cuales son la referencia obligatoria de los órganos constituidos, tanto del legislador como del juzgador. 11. La selección realizada por el constituyente tiene sus efectos directos en la labor que desempeñarán todos los operadores jurídicos, pues ellos deberán cumplir sus funciones dentro de los marcos que establece la Constitución, por una doble razón. En primer lugar, desde una perspectiva formal, porque la Constitución Política es la norma básica del ordenamiento jurídico. Por tanto, las normas que se crean, o la interpretación que se realiza de aquellas, deberán encontrarse conforme a la Ley Fundamental, dada su posición en la base del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, existe una razón de 330

validez material, según la cual la norma es concebida corno una expresión, específicamente una concreción, de los principios o los valores que la Constitución recoge. La actividad interpretativa del juzgador lo obliga a que su razonamiento no sea purarnente legal, sino �y ante todo� un razonamiento constitucional. Desde este enfoque, el primer análisis que debe realizarse no es el de la aplicación inmediata de la norma, sino la evaluación de su validez al interior del sistema jurídico; esto es, de su conformidad con la Constitución. 12. Para realizar una interpretación constitucional de la norma penal, el juzgador deberá verificar si la norma a aplicar es o no constitucionalmente legítima. En el ámbito penal, aunque también es aplicable esta lógica a otros ámbitos, el principio que ayuda a la verificación de la constitucionalidad de la norma es eI principio de proporcionalidad. La aplicación del mencionado principio, conforme autorizada doctrina [Vid. Bernal Pulido, Carlos, Elprincipio de proporcionalidady los derechosjimdamentales, 3 ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid: 2007, passim.] y jurisprudencia han señalado [STC. Exp. N.º 010-2002-AJIT'C, fundamento jurídico n.º 195], es el principal método para determinar la validez de una norma en relación con la Constitución Política del Estado. La norma penal no solamente se compone de elementos normativos y descriptivos, en la misma cohabitan derechos fundamentales [Vm. CARO JOHN, Jos1i ANTONIO I .HuAMÁN CASTELLARES, DANIEL O, El sistema penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Editores del Centro. Lima: 2014, pp. 28 y 29), de allí que resulte necesario esclarecer si la norma penal (independientemente de si es procesal, sustantiva o de ejecución), es conforme a la Constitución. El análisis de proporcionalidad recae sobre dos ámbitos concretos: la proporcionalidad del tipo penal y la proporcionalidad de la pena a imponer. 13. El test de proporcionalidad se compone de tres pasos para determinar la constitucionalidad de la norma, sea sobre la conducta incriminada o la sanción prevista. El primer test es el de adecuación o idoneidad. En esta parte, se busca determinar si la norma penal (la conducta incriminada o la sanción prevista) pueden o no ayudar a concretar la realización de un fin constitucionalmente legítimo. EI segundo test es el de necesidad. En él se determina si existe o no mecanismo alternativo que permita lograr la realización del fin un constitucional. Si dicho mecanismo no existiere, sería superada esta parte del test. El tercer test es el de proporcionalidad en sentido estricto. En este paso se realiza un ejercicio de ponderación. En él se hace un balance de los 331

.· 'Bi??'··

EL PROCESO IN�VlEDI/'{r'O

efectos negativos y los efectos positivos de la norma penal. Si la valoración de los efectos positivos resultare positiva, entonces se considerará a la norma constitucional. Si, por el contrario, el balance fuese negativo, se optará por declarar su inconstitucionalidad, Finalmente, es necesario señalar que la aplicación del principio de proporcionalidad no solo es posible ante excesos en la conducta incriminada o Ia pena, sino que es posible aplicarla a casos donde el legislador realizó una protección defectuosa. Por ejemplo, ello sucedería si el delito de asesinato tuviera una sanción máxima de 2 años de pena privativa de libertad; o, se despenalizara el delito de lesiones. Pese a la necesidad de corrección de esta situación, el juez penal se encuentra impedido de intervenir en un caso de despropordonalidad por defecto. La razón de esta prohibición reside en la acción que implicaría corregir la norma: una ampliación del ámbito de la conducta típica o un incremento de la sanción, que solo puede ser llevado a cabo por el legislador. 14. Una vez analizada la validez constitucional de la norma penal, también es necesario analizar si la misma es o no conforme a los principios del Derecho Penal. Cabe resaltar que los principios mencionados, por lo general, son concreciones de principios ya recogidos en la Constitución Política del Estado. La interpretación conforme a principios viene a corregir una situación de injusticia creada por la falta de precisión de la norma, o, por la ausencia de la misma. Los principios fundamentales a analizar, enunciativa y no exclusivamente, son: el principio de legalidad, el principio de Íesividad y el principio de culpabilidad. 15. El principio de lesividad es el que dota de contenido material al tipo penal. En virtud de este principio, la pena precisa de la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico. Sin embargo, no se trata de cualquier acción peligrosa, o lesiva, sino se trata de aquella que cause un impacto lo suficientemente importante para que se justifique la intervención penal. Caso contrario, ante afectaciones muy leves a este principio, lo que corresponde es considerar la atipicidad de la conducta, al carecer de relevancia penal. § 3. La agravante

del inciso 3 del párrafo segundo del artículo 367

16. El texto original del artículo 367 del Código Penal vigente no consideraba la condición policial de la autoridad que era afectada por actos de violencia o intimidación, como una circunstancia agravante específica. Tampoco el

332

7f

·¡ .ACUERDOS PLJ'.:N/d-UOS

c:ódigo Penal de I 924 reguló en su articulado una disposición similar. Sin embargo, el Código Maúrtua en el articulo 321, que reprimía los actos de intimidación, consideraba como agravante específica que "el delincuente pusiere manos en la autoridad". En estos casos el estándar de punibilidad era no menor de seis meses de prisión lo cual daba al órgano jurisdiccional un amplio espado de punición que permitía una mejor adaptación de la pena concreta a la mayor o menor gravedad de la agresión cometida. Al prornulgarse el Código Penal de 1991 el artículo 366 conservó la misma descripción ;ípica de la intimidación pero omitió reproducir aquella ideográfica agravante.

17. La inclusión, pues, del agravante por la calidad policial de la autoridad, que es objeto de análisis, ocurrió mucho años después, a través de la Ley 30054, v como respuesta político criminal a sucesos violentos como el desalojo de ::ornerciantes de "La Parada", donde se ocasionaron daños importantes a la inre12,ridad física de los efectivos policiales que intervinieron en dicho operativo. Esto es, dicha agravante específica estaba dirigida a prevenir y sancionar con severidad formas graves de agresión dolosa contra la autoridad policial, oriemadas a intimidar a sus efectivos o producirles lesiones o incluso la muerte.

La aludida circunstancia agravante no fue, pues, construida por el legislador para sobrecriminalizar actos menores de resistencia, desobediencia o injurias contra efectivos policiales, los cuales de producirse encuentran tipkidad fortnal y material en otros delitos como el previsto en el artículo 368 ("El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en ti ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de La propia detención") o en faltas corno las contempladas en los incisos 3 ("El que, de palabra, falta el respeto y consideración debidos a una autoridad sin ofenderla gravemente, o e/ que desobedezca las órdenes que le dicte, siempre que no revista mayor impartancitt'') y 5 ( "EL que oculta su nombre, estado civil o domicilio a la autoridad o [uncionario público que lo interrogue por razón de su cargo") del artículo 452.Cabe señalar también que los insultos o actos de menosprecios verbales o de obra, proferidos contra la autoridad policial, constituyen formas de injuria (Artículo 130) pero carecen de tipicidad propia como delitos contra la administración pública cometidos por terceros. Al respecto es de recordar que el legislador nacional descriminalizó mediante la Ley 27975 del 29 de rnavo del 2003 el delito de desacato que reprimía este tipo de afrentas en el derogado artículo 374 del modo siguiente: "El que amenaza, injuria o de curzfqwa manera ofende la dignidad o el decoro de un funcionario público a

333

EL PROCESO INMEDJ/,IO ¡-

causa del ejercicio de susfunciom:s o al tiempo de ejercitarlas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Si el ofendido es el Presidente de uno de los Poderes del Estado, la pena serd no menor de dos ni mayor de cuatro años". La justificación dada para tal decisión político criminal, fue la necesidad "democrática" de eliminar toda clase de privilegios legales o de sobre tutela penal para los funcionarios públicos, entre los que se encontraban los policías conforme a lo estipulado en el inciso 5 del artículo 425 del Código Penal. 18. Ahora bien, es también importante precisar que el espacio de aplicación del delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial, así como del agravante que para tales casos contempla el artículo 367 del Código Penal, debe operar de manera residual y subsidiaria a la eficacia de otros delitos que involucran formas de daño ocasionados dolosamente por terceros, contra la vida, la salud o la libertad de efectivos policiales cuando estos actúan en ejercido de sus funciones o como consecuencia de represalias por la realización legítima de las mismas. Se trata, en concreto, de los siguientes delitos y sus respectivas circunstancias agravantes específicas por la condición funcionarial o policial del sujeto pasivo: Homicidio Calificado por la condición funcionarial del sujeto pasivo (artículo 108-A). e ®

Sicariato (Artículo 108-C, inciso 5) Lesiones Graves Dolosas (Artículo 121, párrafos 5 y

6) @

Lesiones leves Dolosas (Artículo 122, Incisos 3, literal a y 4)

e

Injuria (Artículo 130)

"-'

Secuestro (Artículo 152 inciso 3)

19. Por tanto, es relevante, precisar que el delito de violencia y resistencia contra la autoridad, agravado por la calidad policial de esta, abare� únicamente aquellos actos que mediante amenazas o agresiones físicas rechazan el ius imperium del Estado, representado en el ejercicio del poder, competencias y facultades que ella legalmente ostenta y ejerce. Son, pues, formas de resistencia activa y violenta contra dicho poder y autoridad. Por tal razón, su relevancia y punibilidad tienen siempre que ser menores que los que corresponden a otra clase de acciones de violencia que se dirigen a atentar directamente contra la vida o la salud de efectivos policiales que ejercen o ejercieron sus

334

funciones. Es por ello que para sancionar con severidad estos últimos casos, se han regulado expresamente circunstancias agravantes específicas en los delitos de homicidio y lesiones. 20. Por consiguiente, el delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial solo puede configurarse y ser sancionado como tal, cuando en el caso sub judice no se den los presupuestos objetivos y subjetivos que tipifican de manera independiente los hechos punibles contra la vida o la salud individual del funcionario policial que se han señalado anteriormente. La penalidad, por tanto, del delito de violencia y resistencia contra una autoridad policial no puede sobrepasar la pena mínima fijada para las lesiones leves en el artículo 122, inciso 3,literal a). Es decir, en ningún caso puede ser mayor de tres años de pena privativa de libertad, si es que la violencia ejercida contra la auto- ridad policial no ocasionó siquiera lesiones leves. Pero, si el agente con las violencias ejercidas produjo dolosamente lesiones leves o lesiones graves a la autoridad policial, su conducta solo debe asimilarse a los delitos tipificados en los artículos 121 y 122 del Código Penal, respectivamente, aplicándose, además, en tales supuestos, la penalidad prevista para la concurrencia del agravante específico que se funda en la condición funcional del sujeto pasi- vo. Esto es, si se ocasionan lesiones graves la pena sed. no menor de seis ni mayor de doce años de pena privativa de libertad, y, sí solo se produjeron lesiones leves, la sanción será no menor de tres ni mayor de seis años de pena privativa de libertad. §4. Sobre la Proporcionalidad en la Determinación Judicial de la Pena

21. Como ya se ha señalado, el objeto de protección penal en los actos que constituyen delito de intimidación y violencia contra la autoridad policial, está constituido por el poder legítimo que esta ostenta para el debido ejercicio de sus funciones ante terceros. Partiendo de este presupuesto, el juez tiene el deber de determinar si la acción imputada, y debidamente probada, configura o no una afectación a dicho bien jurídico que justifique la imposición de la sanción agravada. Por lo demás, la imposición de una sanción más severa exige siempre la existencia de un plus de lesividad que hace que la conducta realizada se diferencie del tipo básico. La diferenciación, en este caso, reside en la idoneidad de la acción para impedir el ejercicio de la función pública de quien es efectivo policial. Por tanto, aquellas acciones que en el caso concreto pueden significar un acto de intimidación o de violencia contra una 335

autoridad policial en el ejercicio de sus funciones, y estar destinados a evitar que ella las cumpla, pero que por las condiciones particulares de quien las ejecuta o el contexto donde están se dan, no resultan idóneas para impedir o frustrar el cumplimiento efectivo de las actuaciones policiales, no podrán configurar la agravante que regula la ley y solo pueden realizar el tipo penal del artículo 366 o ser una falta. Así, actos como el empujar a un miembro de la Policía Nacional del Perú, cuando este ejerce sus funciones, o el afectar su honra a través de insultos o lanzándole escupitajos, no pueden ser consideradas como formas agravadas. Sobre todo porque dichas conductas no son suficientemente idóneas para afectar el bien jurídico con una intensidad o fuerza adecuadas para impedir que la autoridad cumpla sus funciones,

la

pena que cabría aplicar en tales supuestos no puede ni debe ser la conminada en el artículo 367.

22. Pero, además, en la determinación judicial de la pena aplicable a los actos de intimidación o violencia dirigidas contra autoridades policiales, no se puede obviar la concurrencia evidente de causales de disminución de punibilidad como cuando el agente del delito se encuentre bajo notorios efectos del consumo de alcohol; o cuando aquel solo se resiste a su propia detención; o cuando los actos de intimidación o violencia se ejecuten por quien reacciona en errónea defensa de un familiar cercano que es intervenido por la autoridad policial. En tales supuestos, según corresponda, el juez debe decidir Ía pena a imponerla siempre por debajo del mínimo legal, tal como lo dispone el artículo 21 del Código Penal. Asimismo, no hay impedimento legal alguno para que la pena impuesta, en tanto no sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad y se den los presupuestos legales correspondientes, pueda ser suspendida en su ejecución o convertida en una pena limitativa de derechos 23. Tampoco hay ninguna limitación normativa que afecte la eficacia de reglas de reducción por bonificación procesal, como cuando el procesado expresa confesión sincera o se somete a la terminación anticipada, del proceso; o a la conclusión por conformidad de la audiencia. En todos estos casos, la reducción sobre la pena impuesta se aplicará siempre y conforme a los porcentajes que autoriza la ley 5. Opciones [erenda §

de

lege

24. Al margen de los criterios de interpretación vinculante que han sido planteados, los magistrados de la Salas Penales Supremas estiman conveniente

336

l ACtJEH.DOS PL.ENARros

recomendar al presidente del Poder Judicial, utilizar los conductos necesarios para alcanzar al Congreso de la República la siguiente propuesta de lege ftrenda, a fin de que se incluya una circunstancia atenuante específica en el artículo 367 del Código Penal, con la siguiente redacción y efectos punitivos: 'La pena será no menor de seis meses ni mayor de dos años de pena privativa de libertad o con prestación de servicios a la comunidad de veinticuatro a ciento cua- tro jornadas, cuando los actos de intimidación o violencia no revistan gravedad".

HLDECISIÓN 25. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ACORDARON 26. Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 16 al 23 del presente Acuerdo Plenario. 27, Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a Ios Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 1 I 6 del citado estatuto orgánico. 28. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano. Hágase saber.

s.s.

SAN MARTfN CASTRO I VILLA STEIN / PRADO SALDARRIAGA I RODRÍGUEZ TINEO I PARIONA PASTRANA I SALAS ARENAS/ BARRIOS ALVARADO I HINOSTROZA PARIACHI I PRÍNCIPE TRUJILLO I NEYRA FLORES

337

o' · l.,.,,,¡.l T ·.(,·� .. ......� .. �. .., . �...,; !\ ... s" ' i o N F I') .!t':.�.· S

....,,.

.l

./'

JlJ

,_•..fl

l.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA CASACIÓN N.º 842-2016 SULLANA

SENTENCIA DE CASACIÓN Lima, dieciséis de marzo del dos mil diecisiete.

VISTOS: En audiencia privada: el recurso de casación por quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la defensa del encausado Maxirniliano Benites Rodríguez contra la sentencia de vista de fojas ochenta y tres, de veintidós de junio del dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas treinta y tres, de quince de febrero del dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A a cadena perpetua y tratamiento terapéutico, así como al pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. Interviene como ponente el señor San Martín Castro. FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero: Que por escrito de fojas [una] el fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Suliana, culminada la investigación preparatoria, formuló acusación contra Maxirniliano Benites Rodríguez por delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A., de siete arios de edad. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana mediante auto de fojas diecinueve, del veinticuatro de enero del dos mil

341

F'.L P.ROC.ES(J I�'�r·1IEDl/\J.'()

!

e1c,")) CJ;ec!. roce�.. .d.e� n. _cia J e ! iu i ·,;;1.·l·0 .la��c io o r a l especial inmediato. (.11,.,.,,..1,,.,�J.5�

u.

·

�- ·

.

.t

.

�- -

<;;l .

J

�·

-

bl a.i,o, .los�,

_ ..

1 ·J- �1•il..·1·1;.l.-l.'...".'..�'

i;

d e l nr .,. .

.•

.r..o.....c.,e\..,s,.,o"-..J

Segundo: Que los hechos declarados probados en las sentencias de instancia son los siguientes: A.

El día diecinueve de enero del dos mil dieciséis, como a las once de la mañana, en circunstancias que la menor agraviada de iniciales M.B.A.A, de siete años de edad, se encontraba sola en su domicilio, ubicado en

el caserío Mallares, calle Sáenz Pefia-Sullana, Hegó al mencionado inmueble el encausado Benitos Rodríguez -vestía uniforme de EN OSA, camisa azul con pantalón jean azul y zapatos negros- para reconectar la luz eléctrica. Al advertir que la menor se encontraba sola, le pidió que verifique la luz. En ese momento, sin embargo, la agarró de los brazos, le dio un beso en la boca y luego la soltó, pero nuevamente le solicitó le prendiera la luz y la volvió a tomar de los brazos, así como a tocarle todo su torso, meter su mano dentro del short de tela que tenía puesto e introducir un dedo dentro de su vagina, el mismo que le produjo lesiones traumáticas genitales en la mucosa introito vaginal, B.

Al día siguiente, veinte de enero del dos mil dieciséis, aproximadamente a las nueve horas -luego de veintidós horas de ocurrido el hecho-c-, en circunstancias que la menor agraviada y su madre Mercedes Alburquerque Roa de Albán se dirigían en un vehículo policial, conjuntamente con tres efectivos policiales, a la Segunda Fiscalía Provincial de Sullana, esta última observó al encausado cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte en una motocicleta, por lo que, ante la sindicación de la madre de la agraviada, la policía detuvo al imputado Benites Rodríguez,

Tercero: Que, en lo relevante desde la perspectiva procedimental, se tiene que con fecha veinte de enero del dos mil dieciséis el fiscal provincial formuló requerimiento de incoación en el proceso inmediato, el cual fue declarado procedente por auto -no impugnado- de fojas doce, de veintiuno de enero del dos mil dieciséis. En la misma audiencia única de incoación del proceso inmediato, el fiscal solicitó mandato de prisión preventiva contra el citado encausado Benites Rodríguez, que el juez de la investigación preparatoria por auto de fojas trece, de veintiuno de enero del dos mil dieciséis, declaró fundado y por un plazo de cinco meses. Seguida la causa conforme a sus 342

'i F�JECUTC)FUAS SUPREl\iiAS 8:_ RESOLU(.:JONES .JUDlC!t\LJ.5

respectivas reglas de procedimiento, mediante sentencia de fojas treinta y eres, de quince de febrero del dos mil dieciséis, se condenó al acusado Benites Rodríguez como autor del delito de violación sexual de menor de edad a la pena de cadena perpetua. Este tallo fue confirmado por sentencia de vista de fojas doscientos cinco, de veintidós de junio del dos mil dieciséis. Cuarto. Que la defensa del encausado Benitos Rodríguez en su recurso de casación de fojas ciento doce, del quince de julio del dos mil quince, introduce como motivos los de inobservancia de precepto constitucional y quebramiento de la garantía de motivación (artículo 429, incisos 1 y 4, del Código Procesal Penal).

Alega que se tramitó la causa en la vía inmediata como si se tratase de un rnpuesto de flagrancia delictiva, que no corresponde, y, en consecuencia, se afectó el derecho de defensa de su patrocinado. Afirma que la flagrancia no opera cuando es un tercero quien sindica al presunto autor, más aun si la detención ocurrió con posterioridad a los hechos aunque antes de las veinticuatro horas de su presunta comisión. Acota que se interpretó extensivamente el artículo 259, apartado 3, del Código Procesal Penal y que la legalidad del procedimiento debió ser sostenida por el fiscal y el juez. De otro lado, apunta que la sentencia de vista incurrió en motivación deficiente que no incorporó razones acerca de la ausencia de flagrancia delictiva y de consiguiente arbitrariedad del arresto policial. Quinto: Que cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este tribunal de casación, por Ejecutoria Suprema de fojas cuarenta y ocho, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, del cuadernillo formado en esta instancia Suprema, declaró bien concedido el citado recurso, aunque -en aplicación de la concepción de la "voluntad ímpugnatíva't->- exclusivamente por la causal de quebrantamiento de precepto procesal (artículo 429, apartado 2 del nuevo Código Procesal Penal), a fin de examinar la legalidad de la incoación del proceso inmediato y ia corrección jurídica del procedimiento subsiguiente . Sexto: Que instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación el nueve de marzo del presente año, realizada esta con la concurrencia de la abogada defensora del encausado, doctora Mercedes Herrera Guerrero, y del señor fiscal adjunto supremo en lo penal, doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, el estado de la causa es la de expedir sentencia.

0 .. .,

343

r!J..

Pl{OCESO INiVfEDi./'SO j

S'éti. m. o: O-:ue d.eli1b erac1 a 1 a causa en secreto y votad' a e,¡ rm. smo cn11a se acoru1o1 por unanimidad dictar la correspondiente sentencia de casación en los tér- minos que a continuación se consignan. Se programó para la audiencia de lectura de la sentenciad día de la fecha. FUNDAM.ENTOS DE DERECHO

Primero: Que, como ha quedado establecido en los fundamentos de hecho de la presente sentencia, es del caso determinar si se interpretó y aplicó correctamente los presupuestos legales que rigen la incoación del proceso inmediato reformado, previstos en el artículo 446 del Código Procesal Penal; y, por tanto, si correspondía dilucidar los cargos contra el encausado Benites Rodríguez en un proceso célere y abreviado como el inmediato. Es verdad que el auto que, aceptando el requerimiento de la Fiscalía Provincial, dispuso se siga la causa en la vía inmediata, no fue recurrido por el imputado. Sin embargo, no es posible sostener como regla jurídica pétrea que operó la preclusión de ese momento procesal y, por tanto, que tal declaración jurisdiccional ya no se puede cuestionar en las demás etapas procesales. Cuando cuestiona sostenidamente -en apelación y casación de las sentencias de métito-s- la licitud de la concreta incoación del proceso inmediato, en el que se compromete una garantía constitucional, vinculada al debido proceso, como es la "interdicción ele ser desviado de la jurisdicción determinada por la ley", a que hace mención el segundo párrafo del numeral 3) del artículo 139 de la Constitución, no es de recibo aceptar el principio de convalidación por omisión de cuestionamiento en el momento en que se advirtió su infracción. La convalidación y el saneamiento procesales no caben cuando el vicio procesal configura una nulidad absoluta o insubsanable, que comprometen derechos y garantías fundamentales (artículo 150, literal d del Código Procesal Penal), sino únicamente cuando no se observan las formalidades previstas en la ley para el desarrollo de un acto procesal -se circunscribe a los defectos no absolutos-. Segundo: Que, según d auto de incoación del proceso inmediato de fojas doce, del veintiuno de enero del dos mil dieciséis, se declaró procedente ese proceso especial porque se estimó que el imputado Benites Rodríguez fue detenido en flagrancia delictiva. La Fiscalía Provincial acompañó a estos efectos la denuncia verbal, la declaración de la víctima y de su madre la declaración del imputado--quien negó los cargos-, actas de reconocimiento en rueda,

344

! E.JEClJT'OR.IAS SUPHElVl!\S & RESOLUC!Oi:-í:ES JUDK'.U\J.J::S l , f- , f otogra . i as, d ocumentos y actas d

r» ·¡ , ·, [ . · speccw n requen m1 ento n sca c e rt:oj•as

e siete, del veinte de enero del dos mil dieciséis].

Es de precisar, como dato esencial, el mérito del acta denominada de "intervención policial", de fecha veinte de enero del dos mil dieciséis, acompañada por el recurrente en esta sede y al que las sentencias de mérito han hecho mención. AHí se indica que cuando la menor agraviada, su madre y personal policial en una unidad policial se dirigían a la Fiscalía Provincial de Sullana, [ ... ] la madre de la menor logró visualizar al presunto autor del delito contra la libertad sexual (actos contra el pudor), quien se desplazaba por la carretera Panamericana Norte [ ... ] en un vehículo menor [ ... ], siendo intervenido e identificado tratándose de la persona de Maximiliano Benites Rodríguez. En la sentencia de primera instancia, resumiendo la declaración de la madre de la agraviada, se anotó que "lo reconoce porque su hija le dio las características [ ... ]; estaba vestido con ropa azul y en la moto roja al momento en que ella lo observó". Asimismo, en la audiencia del juicio oral del cinco de febrero del dos mil dieciséis, se ratifica la forma cómo se identificó, quién lo hizo y la detención policial consiguiente: estelar, en esa intervención, fue la declaración de la denunciante Mercedes Alburquerque Roa de Albán. Estos son los hechos procesales relevantes y definidos en las sentencias de mérito. Por ende, sobre esa base es que debe examinarse si correspondía o no el proceso inmediato y si en su actuación se vulneraron derechos básicos de carácter procesal del imputado, al punto que las sentencias de condena emitidas no pueden sostenerse por carecer de eficacia procesal. Tercero: Que el artículo 446, numeral 1), literal a), del Código Procesal Penal, estatuye que el proceso inmediato procede cuando, entre otros supuestos, "el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259". La norma de remisión (artículo 259 del citado Código), en el inciso tercero, dispone que existe flagrancia, y permite la detención por la Policía, cuando: ''3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, [ ... ],y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas producido el hecho punible". En estos casos, como es obvio por tratarse de un proceso que restringe plazos procesales y elimina o reduce fases procesales -la flagrancia, como institución procesal, tiene un objetivo instrumental para facilitar la actuación de la autoridad policial o para.instituir procedimientos simplificados y céleres-,

345

la interpretación de las normas que lo autorizan, por sus efectos, debe ser restrictiva, es decir, dentro de la esfera de su ordenamiento, en el núcleo de su representación o significación del texto legal. Cuarto: Que la Hagrancia es una institución procesal de carácter instrumental o medial, a cuyo amparo se autoriza que la autoridad penal pueda realizar determinados actos de limitación de derechos fundamentales (medidas de coerción o medidas instrumentales restrictivas de derechos) con fines de investigación del delito y en su caso, poder instaurar procedimientos simplificados que dan lugar a una decisión célere. El delito flagrante es lo opuesto al delito clandestino; y, como tal, debe cometerse públicamente y ante testigos. Requiere que la víctima, la policía o un tercero presencien la comisión del delito en el mismo momento en que se perpetra (evidencia o percepción sensorial del hecho delictivo), y que ante la realización de la infracción penal surja la necesidad urgente de la detención del delincuente para poner coto a la comisión delictiva, cortar o evitar mayores efectos lesivos de la conducta delictiva o impedir la fuga del delincuente. La inmediatez que dio implica hacer patente el hecho delictivo �-la flagrancia se ve, no se demuestra-s- y su comisión por el detenido, de suene que como existe una percepción directa y sensorial del delito, excluye de por sí toda sospecha, conjetura, intuición o deducción. Se asume, por ello, que todos los elementos del hecho están presentes y que no cabe elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación del detenido (Acuerdo Plenario N.º 2-2016/CIJ-l 16, f. j. n.º 8-A del uno de junio del dos mil dieciséis). Lo últimamente expuesto, de uno u otro modo, se recoge en el citado artículo 259, apartado 3 del Código Procesal Penal, más allá de la dudosa extensión en la captura del delincuente de hasta veinticuatro horas después del hecho delictivo. Se trata de la denominada cuasi flagrancia, en cuya virtud el delincuente sorprendido en plena comisión del hecho punible o cuando inmediatamente acaba de cometerlo -pero siempre en el mismo teatro de los hechos-, por diversos factores o circunstancias, logra huir de la escena del delito, no obstante lo cual ha sido reconocido o identificado por la propia víctima, por la policía o, en todo caso, por un testigo presencial--este último puede ser el acompañante del agraviado o un tercero que se encontraba por el lugar de los hechos-.

346

¡

F�J.EC;(JJ'OFJAS srJPH.ENi/\S Pt RESOJ.,UCJ()Nt::s .JUD:l(:lf\.LES

Ser testigo presencial del deliro =-verbigracia: vicuma, policía, sereno u otra persona,--� importa que directamente y a través de sus sentidos expone acerca de lo que observó y esta observación está referida, precisamente, a la comisión de un delito. No cumple con este requisito la institución del testigo de oídas o de referencia, pues solo puede mencionar lo que alguien le contó acerca de un suceso determinado - -su información es indirecta, la obtiene a través de manifestaciones o confidencias de terceras personas [Diccionario del Español jurídico, Madrid: RAE-CGPJ, 2016, pp. 1575 y 1576]-; y, por tanto, en tanto prueba indirecta -al no haber sido percibidos los hechos con sus sentidos+-, su información debe ser contrastada por el testigo fuente, que sería el presencial. Cabe acotar, desde ya, por su carácter de medio de prueba subsidiaria, sirve í) para identificar a la persona que realmente tiene conocimiento directo de las circunstancias sobre las que declara, ii) para valorar la credibilidad y habilidad de otro testigo --presencial o de referencia inclusive-s-, o iii) para probar la existencia o no de corroboraciones periféricas -por ejemplo, para coadyuvar a lo que sostiene el testigo único-e- (SSTSE del treinta de abril del dos mil trece y del treinta de setiembre del dos mil dos). Quinto: Que en el presente caso, los policías captores no presenciaron la comisión del delito. Tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella con independencia de lo que mencionó la niña agraviada y del valor probatorio que puede otorgársele a su testimonio, lo cierto que el delito sub judice no puede calificarse de flagrante. Nadie, excepto la propia víctima, presenció la violación que ha sido objeto de denuncia, procesamiento, acusación, enjuiciamiento y sentencia. Ni siquiera se recogió en ese acto, o inmediatamente después, algún vestigio material, todo queda circunscripto al relato directo de la víctima, a la versión de oídas de sus familiares .,-que afronta

una problemática en orden a su veracidad y credibilidad--, y a la negativa del imputado, sin perjuicio de la prueba pericial recabada. Un caso como el aludido requiere de un elaborado análisis deductivo, de un riguroso análisis de la versión de la víctima, y de una actividad probatoria variada o diversa, tanto más i) si no se cuenta con vestigios materiales y fluidos corporales examinados pericialmente, ii) si la captura no se produjo en el mismo momento o instantes después de sucedido el hecho delictivo -a las veintidós 347

El.. PROCESO l'Nr.ttEDli�fO

j

horas del mismo, al día siguiente->, y iii) si el imputado niega los cargos, quien incluso está en la posibilidad de ofrecer, desde la perspectiva de un procedimiento más extenso, prueba documental y personal de descargo. Por lo demás, se está ante un delito especialmente grave, que está asociado a la pena más grave del sistema penal: cadena perpetua, por lo que por razones de estricta proporcionalidad no puede solventarse, sin prueba evidente derivada de la flagrancia, en un proceso célere y reducida actuación probatoria, como el inmediato [Acuerdo Plenario N.º 2-2016/CIJ-116, f. j, n." 1 O, del uno de junio del dos mil dieciséis]. Sexto: Que, en consecuencia, se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el común, derivan dolo irrazonablemente al proceso inmediato. Se vulneró, en tal virtud, el artículo 139, apartado 3, segundo párrafo, de la Constitución, y al infringirse el artículo 466, apartado l, literal a del Código Procesal Penal, se incurrió en la causal de nulidad prevista en el artículo 150, literal d, del aludido Código. Ello determina a su vez que debe ser amparada la causal de casación procesal establecida en el inciso 2 del artículo 429 del Código citado. La nulidad incurrida por ser absoluta es insubsanable. No cabe saneamiento ni convalidación, pues no se trata de una mera inobservancia de las formalidades previstas en el Código, sino de una auténtica lesión al debido proceso legal desde la perspectiva del procedimiento legal preestablecido que determine una retroacción de actuaciones radical. Como no se trata de un mero incidente de nulidad de actuaciones �-que, por lo demás, ha de ser interpuesto en la instancia respectiva-; y, dado que la pretensión impugnativa está dirigida contra todo el procedimiento y, señaladamente, contra las sentencias de mérito, lo que único que se exige es que se plantee adecuadamente como un motivo impugnativo puntual --que es lo que se ha hecho-. Por lo demás, los efectos lesivos del procedimiento incoado y de las sentencias emitidas son evidentes: plazos breves, eliminación de fases procesales, y con ello la imposibilidad de articular medios de defensa, con el tiempo razonable que requieren delitos no fbgrantes. Sétimo: Que, de otro lado, en los mareos de la petición impugnativa se solicita que la nulidad alcance al mandato de prisión preventiva y. por tanto, que se dicte la inmediata libertad del imputado Benites Rodríguez. Sobre el particular es de rigor puntualizar lo que estableció el Acuerdo Plenario N.º 2-2016/CIJ-116, f. j. n.º 23-D, del uno de junio del dos mil dieciséis.

348

¡ EJL:Cli'TORIAS Sl.JPR.E?vlAS

8r. RESOLUC10NE;; JUDJCJ:/\_LES

La desestimación de la incoación del proceso inmediato no trae consigo necesariamente la anulación de la prisión preventiva; y, la modificación de esta medida de coerción personal, requiere petición de parte, unida a un debate sobre los presupuestos materiales correspondientes. Empero, lo que es singular en el presente caso es el tiempo de privación procesal de la libertad: ya alcanza cerca de los catorce meses. Como el plazo ordinario de la prisión preventiva, en estos casos, es de nueve meses (artículo 272, apartado 1 del Código Procesal Penal), es evidente que ya venció (se dictó el veinte de enero del dos mil dieciséis) -no cabe tomar en cuenta la mitad de la pena impuesta, porque la consecuencia de amparar el recurso de casación es la anulación de las sentencias de mérito, luego, la causa debe retrotraerse a la etapa de investigación preparatoria-. Rige para esta solución, el artículo 273 del citado Código, que es del caso aplicar. DECISIÓN

Por estas razones: L

Declararon FUNDADO el recurso de casación por quebrantamiento ele precepto procesal interpuesto por la defensa del encausado Maximilíano Benites Rodríguez contra la sentencia de vista de fojas ochenta y tres, del veintidós de junio del dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas treinta y tres, del quince de febrero del dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A a cadena perpetua y tratamiento terapéutico, así como al pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. En consecuencia: NULA la sentencia de vista recurrida e INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: declararon SIN EFECTO todo lo actuado en esta causa desde el auto de incoación del proceso inmediato de fojas doce, del veintiuno de enero del dos mil dieciséis, inclusive, sin perjuicio de la validez de la prueba documental, los informes o dictámenes periciales, las diligencias objetivas e irreproducible y en lo pertinente, de las actas que contienen las diligencias preliminares.

..

..

@

349

r::t PROCESO

H.

INTvtED!.A:ro

! -

ORDENARON se siga Ia causa conforme al proceso común y se remitan los actuados a la Fiscalía Provincial para la emisión de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria,

Hl. DECRETARON la inmediata libertad del encausado Maxirniliano Benites Rodríguez por vencimiento del plazo de duración de la prisión preventiva; y, de conformidad con el artículo 273 del Código Procesal Penal, ESTABLECIERON que el citado encausado i) no se comunique con la agraviada y su familia; ii) no se ausente de las provincias de Sultana y Piura sin autorización del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria competente; y, iii) se presente el último día hábil de cada mes al referido Juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; oficiándose a quien corresponda para su excarcelación, que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o prisión preventiva emanado de autoridad competente. IV. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a todas las partes personadas en esta sede Suprema. V.

MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuadernillo de casación en esta Suprema Corte. Intervienen las señeras juezas supremas Sánchez Espinoza y Zavina Chávez Mella por vacaciones de los señores jueces supremos Víctor Prado Saldarriaga y Jorge Luís Salas Arenas, respectivamente.

s.s. SAN MARTÍN CASTRO/ BARRIOS ALVARADO/ PRÍNCIPE TRUJILLO/ SÁNCHEZ ESPINOZN CHÁVEZ MELIA

350

Expediente N. '·

·· 1826-JR··PE··04:

proceso inmediato en el caso de conducir e! vehículo en estado de ebriedad PODERJUDICIAL DEL PERÚ Corte Superior de Justicia de Lima Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Lima

Especializada en Procesos Inmediatos-N'Cf'P SENTENCIA DE CONFORMIDAD Expediente: Jueza:

0582-20l 6-2·-l 826-JR-PE·04

Especialista

Bueno flores, Lisdey Magaly

Ministerio Público

Sergio Antonio Zambrano Aliaga

Imputado:

Primera Fiscalía Provincial Penal de Tránsito de Lima

Delito

Percy Eduardo Valverde Alayo

Agraviado:

Conducción de vehículo en estado de ebriedad La sociedad

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS Lima, diecisiete de junio del año dos mil dieciséis.

VISTOS Y OÍDOS: Los actuados en proceso inmediato llevado a cabo en una sola sesión por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la magistrada Lisdey Magaly Bueno Flores, en el proceso seguido contra Percy Eduardo Valverde Alayo, como autor por la comisión del delito contra la seguridad pública -peligro común- en la modalidad de conducción de vehículo en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad.

351

,;·¡ ·,pnc¡;-u) 1-.•. ,- ): •. \.s.., .-' ...:i-•..

1N,·¡,¡¡-.:,-r)1

''

!

>·¡·p !

.,.... ---� : ..,

PARTES PROCESALES Representante del Ministerio Público: Dr. Wilder Luis Charaja Dejar, fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial de Transito y Seguridad VfaL

Defensa 'Técnica: Abogado defensor público: Henry Flores Cuadros, identificado con CAL 43908. Acusado: Percy Eduardo Valverde Alayo, identificado con DNI N.º 10621770, edad: 39 años, natural de Lima, nacido el 18 de abril de 1977, nombre de sus padres: Marcelo y Ana; estado civil: casado; dos hijos de 15 y 05 años; grado de instrucción: superior; trabaja de almacenero; percibe S/J,500 soles mensual aproximadamente; con domicilio en avenida Perú 1489 -San Martín de Pones-Celular N.º 972003576; tiene cicatriz en el mentón y en la ceja izquierda a consecuencia de una caída y una operación respectivamente; tiene tatuaje en el brazo derecho con la figura de un trival; en el antebrazo tiene 3 estrellas; en el brazo izquierdo tiene la cara de su hijo; en la pierna izquierda tiene un Cristo

con el rostro de su señora; tiene antecedente por TID pero ya cumplió su condena, salió del penal el 22 de diciembre del 2012. L PARTE EXPOSITIVA

L

Enunciación de hechos y circunstancias expuestas en la presentación de la teoria del caso, por la representante del Ministerio Público

El Ministerio Público en su escrito de acusación y alegatos de apertura, sostiene que el día 25 de noviembre del 2015 a las 22.03 horas, el acusado Percy Eduardo Valverde Alayo, fue intervenido a la altura del Cañete-Cercado de Lima, a bordo del vehículo de placa de rodaje CSU-331, presentando signos de haber ingerido alcohol, por lo que fue

J r.

intervenido y sometido a dosaje etílico, arrojó un resultado de 1.83 gil de alcohol en sangre. 2.

Pretensión penal y civil del Ministerio Público 2.1.

CalificaciónJurídica: Los hechos narrados se han calificado como el delito contra la seguridad pública -peligro común+ en la

352

i f'�JtCUTOR1AS SUPREl'vlAS 8r RESOLUCIONES JUDICIALES

modalidad de conducción de vehículo en estado, previsto en el primer párrafo del artículo 27 4 del Código Penal. 2,2. Medios Probatorios: Los admitidos en el control de acusación.

3.

2.3.

Pretensión Penal: Solicita DOS AÑOS de pena privativa de libertad para el acusado por cuanto tiene la condición de reincidente, e Inhabilitación en la modalidad de suspensión para conducir vehículo por el mismo término, de conformidad con artículo 36 inciso 7 del Código Penal.

2.4.

Pretensión Civil: Solicita por concepto de reparación civil la suma de DOS MIL QUINIENTOS SOLES a favor de la agraviada.

Pretensión de la defensa La defensa técnica del acusado Percy Eduardo Valverde Alayo, indica que su patrocinado ha aceptado los cargos atribuidos por el Ministerio Público, solicitando acogerse a la conclusión anticipada.

4.

Derechos y admisión de cargos 4. 1.1.Instalada la audiencia, expuesto los cargos de acusación por el Ministerio Público y lo referido por la defensa técnica del acusado Percy Eduardo Valverde Aiayo, se procedió a instruirle al mismo sobre los derechos que la ley procesal le reconoce durante el juicio oral. 4.1.2. Acto seguido, conforme a lo previsto por el inciso 1) del artículo 372 del Código Procesal Penal, se le preguntó al acusado Percy Eduardo Valverde Alayo, si se considera o no autor del delito del delito imputado y de la responsabilidad civil, habiendo este respondido afirmativamente aceptando los cargos formulados por el Ministerio Público, requiriendo un tiempo prudencial para conferenciar previamente con el fiscal, a fin de arribar a un acuerdo respecto a la sanción penal y reparación civil. 4. 1.3.Después de las conversaciones en un tiempo prudencial para lograr un acuerdo de Conclusión Anticipada, la judicatura preguntó si efectivamente se había llegado a un acuerdo¡ procediendo la señora fiscal a indicar que, si se llegó a un acuerdo con el acusado asistido por su abogado defensor público, respecto de la preten- sión punitiva en el siguiente sentido: Se ha solicitado dos años 353

----·----..

-·�·"·····•

EI, PROC"P.SO lN'l\1.EDI/G'O j

de pena privativa de libertad, toda vez que el acusado tiene la condición de reincidente, a la misma que se realiza el descuento de un séptimo por haberse acogido a la conclusión anticipada de juicio, quedando finalmente en veintiún meses, la misma que es convertida a seiscientos treinta días multa y para obtener el monto a pagar se considera el haber diario del acusado de S/ 10.00 soles, el cual según ley se toma el 25 % que sería de 2.50 soles, el cual es multiplicado por 630 días multa, dando un total de S/ 157 5.00 soles, pago que efectuará en seis cuotas, las cinco primeras de S/ 7 250.00 soles y la última de S/ 325.00 soles, bajo apercibimiento de aplicarse el artículo 53 inciso 1 del Código Penal. 4.1.4.En cuanto a la pretensión civil, se acordó el pago de S/ 300.00 soles a favor de la agraviada, que será cancelada el 30 de diciembre del dos mil dieciséis. 4.L5.En consecuencia, esta Judicatura dispuso la conclusión del juicio oral, ello de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 372 del Código Procesal Penal, debiendo emitirse el pronunciamiento jurisdiccional que corresponda de acuerdo a la pena y reparación civil acordada entre las partes procesales. U. PARTE CONSJDERATIVA

5.

Admisión de cargos imputados: En el desarrollo de la audiencia de juicio oral, luego de postulados los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público, se procedió a instruir de sus derechos al acusado, y luego procedió a preguntarle si se considera o no, autor del hecho imputado y responsable de la reparación civil, ello de conformidad a lo establecido en el inciso 1 del artículo 372 del Código Procesal Penal; siendo que el acusado Percy Eduardo Valverde Alayo, de manera libre y espontánea, ha respondido afirmativamente aceptando los cargos formulados por el Ministerio Público, admitiendo ser autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil.

6.

El aspecto sustancial de la institución de la conformidad, estriba en el reconocimiento, aunque con características singulares, del principio de adhesión en el proceso penal. La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso -en concreto, del juicio oral - a través de

354

; :��JEC:Lll\)fUA.S SUPR.Et'v1AS K. 1{ESOU)CIOJ-,JES ..JiJDlCV\LES

un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos o bijeto d e .irnputacr. o' n, concrerac1os en l a acusaci. ó'n fi' scal , y aceptar rI as consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes 11. Asimismo elimina trámites procesales, los acorta y simplifica, pero ello no evita que el juzgador debe llegar a la conclusión de que efectivamente se han producido los hechos, que merecen una determinada calificación y posteriormente una pena y reparación civil; ello en aplicación del principio de legalidad, y en resguardo del principio de presunción de inocencia

que ampara al procesado, conforme a lo previsto en el literal "e" del inciso vigésimo cuarto del artículo segundo de la Constitución Política del Perú. Análisis jurídico penal del hecho materia de acusación

7.

El hecho incriminado está referido al delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, descrito en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal: "El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramoslitro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ní mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme el artículo 36 inciso 7); cuya perpetración se atribuye al acusado, Percy Eduardo Valverde Alayo, en calidad de autor.

8.

En cuanto al delito enunciado en el apartado precedente, esta juzgadora, estima necesario someter los hechos imputados al acusado al estricto rigor jurídico que embarga la estructura funcional (realización de la tipicidad objetiva y subjetiva), así debemos verificar si los hechos atribuidos a su persona, representa la conducta típica de conducción de vehículo en estado de ebriedad, dentro de la teoría del delito, ya que debido a la función de garantía que deben cumplir los tipos penales, como consecuencia del principio de legalidad, se tiene que solo los comportamientos que pueden subsumirse en la descripción típica pueden ser objeto de sanción penal. En el presente caso la conducta incriminada materia a acusación Acuerdo Plenario N.' 5-2008/ CJ-116

355

EL PROCESO ,NMEDIATO

i

se encuentran subsumida en el tipo penal antes mencionado, toda vez que el acusado d día veinticinco de noviembre del 2015 a las 22.03 horas aproximadamente, fue intervenido cuando conducía el vehículo de placa de rodaje C8U-J31, en estado de ebriedad y al ser sometido al dosaje etílico arrojó un resultado de 1.83 gil de alcohol en la sangre; cargos que han sido aceptados por el acusado, asistido por su abogado defensor; y, al no haberse determinado algún supuesto de justificación o exculpación, su conducta merece ser objeto de reproche penal. Valoración probatoria 9.

Como se ha señalado en el Acuerdo Plenario N.º 5-2008/CJ-l 16, la sentencia no puede apreciar prueba alguna, no sólo porque no existe tal prueba, al no ser posible que se forme a partir de una específica actividad probatoria, por lo demás inexistente, sino además porque hay una ausencia del contradictorio y existe el propio allanamiento de la parte acusada. Los fundamentos de hecho o juicio histórico de la sentencia, no se forman como resultado de la valoración de la prueba, sino le vienen impuestos al juez por la acusación y la defensa, a través de un acto de allanamiento que son vinculantes al juez y a las partes. Siendo ello así, corresponde sujetarse al reconocimiento de cargos por parte del acusado Percy Eduardo Valverde Alayo, expresado por este en los actos iniciales del juicio oral, siendo que el relato fáctico aceptado por las partes no necesita actividad probatoria, ya que la conformidad excluye toda tarea para llegar a la libre convicción de los hechos.

10. Determinación judicial de la pena Atendiendo a que los sujetos procesales han propuesto al juzgado que se imponga al acusado Percy Eduardo Valverde Alayo SEISCIENTOS TREINTA DÍAS MULTA y un año y nueve meses de inhabilitación (suspensión) para conducir vehículo de conformidad con el artículo 36 inciso 7 del Código Penal; sobre este acuerdo se hace el siguiente análisis: 10.1. En cuanto a la pena privativa de libertad propuesta, se tiene en cuenta que la representante del Ministerio Público en sus alegatos de apertura calificó el hecho materia de la presente causa dentro del tipo penal de conducción de vehículo en estado de ebriedad previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 27 4 del

356

. ZQ{,,· --·-··--

Código Penal, cuyo extremo mínimo es de seis meses y el extremo máximo de dos años de pena privativa de libertad. Habiéndose solicitado dos años de pena privativa de libertad, toda que tiene la calidad de reincidente, a la misma que se realiza 1111 descuento del séptimo por haberse acogido a la conclusión anticipada de juicio, quedando finalmente veintiún meses, la misma que es convertida a seiscientos treinta días multa de conformidad con el primer párrafo del artículo 52 del Código Penal y para obtener el monto a pagar se considera el haber diario del acusado de SI 10.00 soles, el cual según Ley se torna el 25 % que sería de 2.50 soles, el cual es multiplicado por 630 días multa, dando un total de SI 1575.00 soles, pago que efectuará en seis cuotas, las cinco primeras serán de doscientos cincuenta soles que se cancelarán el 30-06--16, 27-07--16, 31--08-16, 30-09-16 y 31···10-16, y la úl- tima cuota será de SI 325.00 soles, que será cancelada el 30 de noviembre del 2016, bajo apercibimiento de aplicarse el artículo 53 inciso 1 del Código Penal. 10.L El articulo 52 del Código Penal señala: "En los casos que no fuera procedente la condena condicional y la reserva de fallo condena torio, el Juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa ... ". En el presente caso se tiene que la pena solicitada, a la misma que se ha realizado el descuento por conclusión anticipada de juicio de conformidad con el Acuerdo Plenario N.º 05-2008ICJ- 116, es de VEINTIÚN MESES, pena que no puede suspenderse en atención al primer párrafo inciso 3 del artículo 57 del Código Penal (que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual), toda vez que el acusado tiene la condición de reincidente; del mismo modo tampoco es posible la reserva del fallo condenatorio, ya que de las circunstancias individuales del acusado, no dan la.certeza que no volverá a cometer un nuevo delito doloso, en tanto en el acto de la audiencia ha manifestado que tiene antecedentes penales. En tal sentido, es procedente la conversión de la pena privativa de libertad a SEISCIENTOS TREINTA DÍAS MULTA, ya que no es mayor de dos años y atendiendo que se ha tomado en cuenta un haber diario de SI 10.00 soles, de los cuales según ley se toma el 25 %, resultando SI 2.50 soles diarios, el que multiplicado por los seiscientos treinta días, asciende a la suma de SI 1575.00 soles, la .. * 0 357

EL PROCESO lNMEDlt;ro

¡

que será cancelada en seis cuotas (artículo 44 del Código Penal), en consecuencia el acuerdo es proporcionado a lo establecido por ley, es decir los criterios de reducción y conversión de pena, por lo que la judicatura acepta este acuerdo. 10.3. En cuanto a la pena de inhabilitación propuesta por las partes es de seis meses, conforme a lo previsto por el artículo 36 inciso 7 del Código Penal, teniendo en cuenta los criterios de disminución de pena considerados en el punto que antecede, debiendo la misma ser aprobada, conforme a los fundamentos jurídicos invocados, el que prescribe en el inciso 7 declarar la incapacidad para condu- cir cualquier tipo de vehículo, debiéndose oficiar a las entidades estatales respectivas, por el término de un año y nueve meses. 11. Reparación civil Las partes han señalado como acuerdo de pago por concepto de reparación civil, la suma de trescientos soles a favor de la sociedad, a ser cancelada en ejecución de sentencia, el día 30 de diciembre del 2016, la Judicatura considera que es una suma prudencial y razonable, por lo que igualmente debe ser aprobada.

12. Costas El artículo 497 del Código Procesal Penal ha previsto obligatoriamente la fijación de costas en toda acción que ponga fin al proceso penal, en donde, además, éstas serían de cargo del vencido, según lo prevé el inciso 1 del artículo 500 del citado Código; no obstante también se precisa que el órgano jurisdiccional puede eximir el pago de costas al vencido; y en el presente caso, estando a que el proceso ha sido tramitados bajo las reglas del proceso inmediato y ha existido una aceptación de cargos y consecuentemente una conclusión de juicio oral, no procede la imposición de costas al acusado José Antonio Farfán Camacho.

III. PARTE RESOLUTIVA En consecuencia apreciando los hechos, la aceptación de cargos, la pretensión punitiva y la pretensión económica, la señora juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, en atención a la facultad discrecional y criterio de conciencia que la ley autoriza. • " e

358

1''ALLA J.

A.P.ROI3.A�R el acuerdo
2.

DECLARAR a Percy Eduardo Valverde Alayo, autor del delito contra la seguridad pública-e- peligro común-e- en la modalidad de conducción de vehículo en estado de ebriedad (previsto en el primer párrafo del artículo 27 4 del Código Penal) en agravio de la sociedad.

3.

IMPONER a Percy Eduardo Valverde Alayo, SEISCIENTOS TREINTA DÍAS MULTA, los que a razón de dos soles con cincuenta céntimos diarios, hacen un total de UN MIL QUINIENTOS SETENTAYCINCO SOLES, suma que deberá abonar a favor de la sociedad, pago que efectuará en seis cuotas, las cinco primeras serán de doscientos cincuenta soles que se cancelarán el 30-06-16, 27-07-16, 31-08-16, 30-09-16 y 31-10-16 respectivamente, y la última cuota de S/ 325.00 soles, que será cancelada el 30 de noviembre del 2016, bajo apercibimiento de aplicarse el artículo 53 inciso 1 del Código Penal.

4.

IMPONER al sentenciado Percy Eduardo Valverde Alayo la pena de inhabilitación de UN AÑO Y NUEVE MESES de SUSPENSIÓN para conducir cualquier tipo de vehículo o para obtener cualquier tipo de licencia para conducir vehículo conforme al inciso 7 del artículo 36 del Código Penal.

5.

FIJAR en la suma de TRESCIENTOS SOLES por concepto de reparación civil que deberá abonar el sentenciado el día 30 de diciembre del 2016, mediante depósito judicial en el Banco de la Nación, así como se deberá presentar el certificado de depósito al juzgado para realizar el endose a la parte agraviada.

6.

EXIMIR del pago de costas a las partes procesales.

7.

CONSENTIDA o EJECUTORIADA que sea la sentencia, emítase los boletines y testimonio de condena para la anotación de los antecedentes generados; y REMITASE los actuados al Juzgado de Investigación Preparatoria para la ejecución. Tómese razón y hágase saber.

359

s P(.)S (·�.I()NT s rs:s o r o c..,cl) .I (J- ,ej r).,,l,., l.

l'

1

,j

..

1,

.

\..

J

1

,.-,1

�-

.

·i

I.;'

.I...1'\..

-

...

.J

de detención en flaqrancia delictiva, procese inmediato y requerimientos de prisión preventiva

DIRECTIVA N.º 005-2015-MP-FN ACTUACIÓN FISCAL EN CASOS DE DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DELICTIVA, PROCESO INMEDIATO Y RE-· QUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA

L

Objetivo

Determinar la actuación de los Fiscales en casos de detención en flagrancia delictiva, Proceso Inmediato y requerimientos de prisión preventiva, en aplicación del Decreto Legislativo N." 1194. H. Alcance La presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria para todos los Fiscales del país, que intervengan en los casos ames señalados. IH. Base legal Constitución Política del Perú: artículos 158 y 159. Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legislativo N.º 52): artículos 1, 5, 9, 11, 14, 64.

Código Procesal Penal del 2004 (Decreto Legislativo N.º 957). Ley N.º 30076 del 19 de agosto del 2013. Decreto Legislativo N.º 1194 del 30 de agosto del 2015. IV. Disposiciones

ACTUACIÓN DEL FISCAL EN CASOS DE FLAGRANCIA 363

EL .PROCF'.SO fNJV]ED-JP;ro

!

En cumplimiento de su función constitucional, el fiscal conduce la investigación del delito desde su inicio, por lo tanto, la función de investigación de la Policía Nacional del Perú (en adelante la Policía), también está sujeta a la conducción dd fiscal (artículo 65.3 del Código Procesal Penal del 2004), en tal sentido, debe controlar que Ía Policía cumpla con los deberes gue legalmente le corresponde. 2.

La flagrancia delictiva constituye una circunstancia que permite a la Policía detener a una persona sin que previamente exista mandato judicial. Así lo dispone el artículo 2.24.f de la Constitución Política del Perú. El texto legal que desarrolla el referido precepto constitucional y da contenido a la flagrancia delictiva se encuentra en el artículo 259 del Código Procesal Penal del 2004, el mismo que se encuentra vigente en todo el territorio nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.º 29372, publicada el 9 de junio del 2009.

3.

Cuando una persona se encuentra detenida en flagrancia delictiva, el fiscal deberá ser especialmente diligente, para que los actos de investígación sean suficientes y llevados a cabo, observando el debido proceso, por lo cual su actuación debe regirse bajo los principios de objetividad y autonomía.

4.

En todo supuesto de detención en flagrancia, el fiscal deberá vigilar que esa detención le sea comunicada inmediatamente por la Policía, a fin de analizar si se cumple o no con los presupuestos que configuran la flagrancia, conforme lo dispuesto en el artículo 259 del Código Procesal Penal del 2004. Asimismo, en cumplimiento de su función constitucional debe verificar que se haya respetado sus derechos fundamentales.

5.

El fiscal debe controlar que la Policía cumpla con los deberes que disponen la Constitución y el Código Procesal Penal del 2004, en su artículo 71, acerca de la información al imputado sobre las razones de su detención y de los derechos que le asisten. En los lugares donde se encuentre vigente íntegramente el Código Procesal Penal del 2004, además se exigirá a la Policía el cumplimiento de lo establecido en el artículo 263 del referido cuerpo normativo y lo dispuesto en el Protocolo de la Intervención en Flagrancia y Garantías de Derechos.

6.

De verificar que la detención policial cumple con los requisitos de la flagrancia delictiva, el fiscal actuará conforme a lo prescrito por la norma. Entre otros aspectos, respetará los plazos de duración de la medida, que

364

SQ)f··· ,�,

i DISPOSIGl()NfS 81: PHC/J"()(:OLOS

son límites temporales máximos. En tal sentido, no es obligatorio que en todos los casos el fiscal necesariamente agote el plazo de la detención para emitir su decisión sobre la situación del detenido. 7,

Cuando el fiscal advierta que la detención policial no cumple con los requisitos de la flagrancia delictiva, deberá proceder de acuerdo a ley, sin esperar para ello el vencimiento del plazo de duración de la detención. Además, en los casos que el fiscal advierta que habría un abuso de autoridad o detención arbitraria, debed proceder como corresponda contra los responsables. INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

8.

Al término del plazo de detención policial, en caso de flagrancia delictiva, el fiscal debe solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria (en los Distritos Fiscales donde se aplica el Código Procesal Penal del 2004) y al Juez Penal (en los distritos Fiscales donde no se aplica en su totalidad el referido Código), la incoación del proceso inmediato, siempre y cuando tenga los suficientes medios de prueba.

9.

Quedan exceptuados del pedido del proceso inmediato los casos de flagrancia que por su complejidad requieran de ulteriores actos de investigación, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342 del Código Procesal Penal del 2004.

10. En la Audiencia Única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, el fiscal puede instar cuando corresponda la aplicación del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada. U. El fiscal debe acompañar a su requerimiento de incoación de proceso inmediato, el expediente fiscal o carpeta fiscal y solicitar la medida coercitiva que considere necesaria para asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso inmediato. En caso que solicitara prisión preventiva el plazo de la misma deberá ser prudencial atendiendo a la naturaleza de dicho proceso.

12.

El requerimiento fiscal de prisión preventiva deberá sustentarse sobre la base de los principios de objetividad, legalidad, proporcionalidad y autonomía. 365

JL}, El escrito de requerimiento de prisión preventiva contendrá la informan. o, n su. fi ci. ent. e que e J f. i seal un·1·izara, en l' a auc1u• enci. a, por .l. o tanto, c1 e1nera' satisfacer los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal del 2004. 14. En el caso de que el requerimiento de proceso inmediato sea desestimado por el Juez, el fiscal evaluará los fundamentos y decidirá si formula recurso de apelación. Sin perjuicio de ello dictará la Disposición de formalización o formalización de denuncia penal, según corresponda al Distrito Fiscal donde se viene aplicando el Código Procesal Penal del 2004 en toda su integridad. 15, En caso que el Juez declare procedente el requerimiento de proceso inmediato, el fiscal procederá a formular acusación dentro del plazo de 24 horas, observando los requisitos que establece el Código Procesal Penal del 2004. AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDlA'fO 16. Es competente para participar en la Audiencia Única de Juicio Inmediato, el fiscal provincial o el adjunto provincial que haya participado en los actos de investigación por flagrancia de delito y haya incoado el proceso inmediato. 17. El Fiscal deberá preparar adecuadamente su caso, además cuidar y garantizar la presencia de sus órganos de prueba de cargo (testigo lego, testigo experto, entre otros) con los que ha sustentado la acusación fiscal en la Audiencia Única de Juicio Inmediato. 18. Al haberse adelantado la vigencia a nivel nacional de la Sección I, Libro Quinto del Código Procesal Penal del 2004, el requerimiento de incoación del proceso inmediato, la Audiencia Única de Juicio Inmediato en caso de Hagrancia delictiva, en el caso de delitos sometidos al proceso ordinario, según el Código de Procedimientos Penales, estará a cargo del Fiscal Provincial. 19. En segunda instancia, el Fiscal Superior es competente para participar en la Audiencia de Apelación. 20. El Fiscal tendrá en cuenta, en lo que respecta, el Protocolo de Actuación Interinstitucional para el Proceso inmediato en casos de Flagrancia y otros supuestos bajo el Decreto Legislativo N.º 1194. 366

Protocolo de actuación intermstitueional para el proceso en casos de flagrancia y otros supuestos bajo e! D. leg. N." 11 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA Y OTROS SUPUESTOS BAJO EL

D. LEG. N.º 1194 1.

Proceso inmediato:

1.1. Concepto: Es un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del Sistema Penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación.

1.2. Supuestos de Aplicación

El proceso inmediato solo se podrá incoar, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

a)

El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal.

b)

El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160.

e)

Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.

d)

Cuando se trate de un delito de incumplimiento de obligación alimentaria (art. 149 CP.) 367

.EL PROCEsq INrvlEDJ/;ro

e)

!

Conducción en estado de ebriedad o drogadicción (are 274 CP).

1.2.1. Flagrancia

El artículo 2591 del Código Procesal Penal establece los siguientes supuestos específicos de Flagrancia Delictiva: "La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando: 1.

El agente es descubierto en la realización del hecho punible.

2.

El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.

3.

El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.

4.

El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso".

En efecto, conforme se desprende del artículo 259 del Código Procesal Penal, este permite la detención policial sin autorización judicial solo cuando exista flagrancia: a)

Flagrancia clásica (strictu sensu): los incisos I y 2 del artículo en mención regula esta forma de flagrancia. Se trata del inicio del iter criminis o la consumación del delito. En cualquiera de ellos el sujeto es sorprendido y detenido, no existiendo huida.

b)

Cuasi flagrancia (flagrancia material): el inciso 3 regula esta flagrancia. Aquí el agente ha sido descubierto por un tercero, solo que ha huido. Su aprehensión se produce inmediatamente luego de su huida. Este tipo de flagrancia tiene dos elementos que la

De conformidad con el artículo 2 de la Ley N.º 29372, publicada el 09 junio 2009, que incorpora el inciso 6 a las Disposiciones Finales del Código Procesal Penal del 2004, el artículo 259 entran en vigencia en todo el país el I de julio del 2009.

368

j DISPO.S]ClONES &r PROTOCOLO::;

caracterizan, esto es, la inmediatez personal y temporal (el autor es percibido, perseguido y detenido luego de realizar el hecho delictivo). e)

Flagrancia presunta (ex post ipso): el inciso 4 regula esta modalidad. A diferencia de los dos supuestos anteriores, aquí no se ha sorprendido al autor (inmediatez personal), solo existiendo indicios de su comisión por la existencia de instrumentos o efectos del delito que, habría cometido.

1.2.2. Confesión Conforme a lo previsto en el artículo 160 del CPP, la confesión, es fa declaración autoinculpatoria del imputado, sincera y espontánea, prestada libremente y en estado normal de sus facultades psíquicas, admitiendo los cargos y la imputación íorrnulada en su contra. Para su validez deberá ser corroborada por otros elementos de convicción, y deberá ser presentada ante el juez o Fiscal, con asistencia de su abogado. 1.2.3. Elementos de convicción evidentes

Los elementos de convicción son actos de investigación desarrollados por el Policía y/o el Fiscal, que sustentan la imputación de un hecho delictivo a una persona determinada. Serán evidentes cuando la fuerza probatoria de cada demento genere convicción en el Fiscal para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 1.2.4. Delito de incumplimiento de prestación alimentaria (omisión a la asistencia familiar) Es un delito que sanciona al que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, conforme al articulo 149 del Código Penal. l .2.5. Delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción Es un delito contra la seguridad pública que consiste en conducir, operar o maniobrar un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, conforme al artículo 274 del Código Penal. 369

EL PROCESO U,l}llE.I}U\'J'O

l.

Objetivo Fortalecer la actuación de los operadores del Sistema de justicia Penal enla aplicación del procesoinmediato en casos de flagrancia y otros supuestos.

2.

Alcance Establecer los procedimientos en el marco del Decreto Legislativo N.º 1194, a ser aplicados por los operadores de justicia.

3.

Finalidad Dotar a los operadores de justicia de un instrumento operativo, que permita la implementación adecuada del Decreto Legislativo N.ª 1194, que regula el proceso inmediato, en casos de flagrancia y otros supuestos.

4.

Procedimiento

Paso 01: Supuestos de aplicación y decisión de procedencia 1.1. Flagrancia 1.1.1. Intervención 1.1.2. Calificación 1.2. Confesión sincera. 1.2.1. Calificación

1.3. Evidentes elementos de convicción acumulados. 1.3.1. Calificación

1.4. Delito de incumplimiento de obligación alimentaria (omisión de asistencia familiar). 1.4.1. Calificación

1.5. Delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 1.5.1. Calificación. Paso 02: Incoación del proceso inmediato. Paso 03: Audiencia de incoación del proceso inmediato. Paso 04: Acusación y preparación para la audiencia de juicio inmediato. Paso 05: Audiencia única de juicio inmediato. 370

l)íS.POSJCiONF5 fü PR{YTÓC(}L()S

PASO 0·1.: S-UPUESTOS DE APLJCAC.!ÚN Y DEC�SiÓN DE PHOCEDENC!A

Policía Nacional

2

3

.y.

Dicho procedimiento comprende todos los supuestos de flagrancia descritos en el artículo 259 del CPP. Reglamento de la Cadena de custodia de Elementos del intervenido y continuando Materiales Evidencias y Administración. Conforme a las normas y procedimientos policiales para proteger la escena del delito y garantizar la cadena de custodia aprobadas por la Resolución Directoral N.' 751,.2015-DIRGEN/EMG-PNP ele fecha 07 de octubre del 2015). Directiva N.º 03-19-DIRGEN-PNP!EMG-DIRASOPE-B.

371

EL Pfü)CESO INf1/iEDl/\TO

Í

6

Poíicía Nacional

7

Poticía Nac�onal

Policia Naciona!

H}

11d�'

-�

,;

.:;L

' '

... ,

En los distritos judiciales donde se encuentre vigente el CPP del 2004, se procederá conforme lo establece el artículo 71.2. En los demás, distritos, se procederá conforme lo establece la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 1517-2003-MP-FN. "' e

0

372

";)1SPíJSiC�O:r-Jf.S ?l< I'HO'T'OCOLOS

Ministeno

Público v Policía Nadona\ f,Ainistedo Público y Pohcia Nac.�ona-l

Ministerio Público y Pohc.!a Nacional

!a docurnent.acic\r·: y e /lCienc;as conduce a¡ deten1cJc.-; : .Jntr, e: ris ''':\,!(.),¡·,.,(./

Público

18

.,

Art. 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, Reglamento Consular del 2005, publicado con Decreto Supremo N." 076-2005-MRE, modificado por D.S. N: 091-2011-RE . .Y..Y. En los distritos donde se encuentra en vigencia el Decreto Legislativo N." 957. ,,.-,-), En los distritos de Lima, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Ventanilla y Callao. -Hn Continuando con el proceso común en los distritos donde está vigente el Decreto Legislativo 957 o con el proceso sumario y ordinario, cuando corresponda, donde no está vigente dicho Decreto Legislativo. e ....

373

r�iúüster�o

p , .. ,,.:i·;u.r:: s;tt);:;-;.·.�·

Púbf�co

Aboqado Defensor

f11iin.ist.er.¡o

Público

'24

-::.

-�-H<-r-

En adelante, en los distritos judiciales donde no ha entrado en vigencia el CPP 2004, deberá entenderse como "investigación preliminar". Conforme al artículo 160 del CPP. Conforme a lo establecido en el artículo 161 del CPP. En adelante, en los distritos judiciales donde no se encuentre vigente el CPP del 2004 como "formalización de la denuncia".

374

I)J.SP()SJCIONJ�:s 8.:: ?Il()'I'()(C)i..()S

Pú!;licn

Público

t\-11:nisterio

Público

Ministerio

Público

28

't-vünisterio

Público Ministerio Púbtico

30

Ministerio Público

31

Ministerio Pú

bko/Abogado

32

defensor

Disposición de archivo fiscal o formalización o continuación de la investigación preparatoria, de ser el caso. Copias certificadas de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas, conforme al artículo 566-A del Código Procesal Civil, debiendo adjuntar los cargos de notificación cursados al demandado.

375

El. PR(_)C:ESO D\T_fvI;EDiA1'0

!

Pclicia Nacionai o Instituto {1€ Medicma Legal

Policía Nacionai

36

Pohcia Nacional

31

Público

De conformidad con lo establecido en los artículos 205 y 2 i O del CPP. De conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1219, "Decreto Legislativo de Fortalecimiento de la Función Crirninalística": y artículo 4 del Decreto Legislativo N.º 1216,"Decreto Legislativo que fortalece la Seguridad Ciudadana en mate ria de tránsito y transporte". En los distritos judiciales donde se encuentra vigente el CPP 2004.

376

DISPOSICIONES R: PRO'I'OCOLDS

Ministerio

Público Mínisterio Público/ Poder Judicial

41

42 audiencia de incoación delprocese inmediato..

Poder judicial

43

ras). deberá cooroínar

entace de! ív.1in�sterki Público \./ dé la Defensa técnica·•·�.

Poder Judicial

44

-ió:

trtiriite ar r.ecJ�Jerirnlénto, corriendo traslado a los su jetos procesales que corresponda a�;¡ corno oe :u:·: requerimientos adicionales 1-·:otif;r;ables ·

debiendo· para eHo! (:!

a-portar las teletónices

En los distritos judiciales donde no se encuentra vigente el CPP 2004, deberá entenderse como tal, al órgano jurisdiccional designado. .y..y. La misma que estará a cargo del personal responsable del agenda miento de audiencias del Poder Judicial, conforme a lo establecido en la R.A. N.° 315--2015-CE-Vi de fecha 14 de octubre del 2015. Cuando el imputado no cuente con defensor privado, el personal responsable del agenda miento de las audiencias, coordinará con el funcionario de enlace de la Defensa Pública . .Y.H·� Especialista de causas o secretario judicial, de ser el caso.

377

EL PHÓCESO "i.N(•...tE:OI1'V.fO

Público

Minislerio

Público

l

47

48 ¡F.H/-,_

Ministerio

Público

Poner Judida!

·Y.

49

50

Conforme a lo establecido en el artículo 336.2 del CPP, en lo que corresponda. Conforme a lo establecido en e! artículo 446.1 y 4 del D. Leg. 1194. Tratándose de flagrancia, se deberá precisar el supuesto especifico del artículo 259 del CPP.

378

i

.l)lSP{)::·;I(:::iONJ:!:S 81: PHUTOC:()J ..(:)S

pro .

cesates/Poder

b2

Poder Judicial

53

Pútd�co

Poder Judicial

Poder Judicial

56

Poder ..Judicm! / tAini.sterio

57

Público

Para la incoación por el supuesto de flagrancia, el imputado permanece detenido hasta el día de la audiencia.

379

El. PJ:tOCESO i.NrvlED!lffO [

bO

Poder Judirnii

Poder .Judicía:i ! Sujetos Proce ..

sales Su¡etos Pro ces.ales que

participan de la audiencia de

63

incoación del proceso inme-

di ato

En los distritos judiciales donde no se encuentra vigente el CPP 2004, deberá entenderse ante esta situación, que el Fiscal deberá continuar con la investigación preliminar o formalizará la denuncia. @

e ..

380

Í

L)iSPOSIC:t()NES 8� PH.()'I'()C:01,()S

Poder Jud·ic;al

Sujetos Proce-

cf:)6

sales

Ministerio

Público

67

68

Poder Judicial

•y.

Artículo 29: Competencia de los Juzgados de la Investigación Preparatoria. Compete a los juzgados de la Investigación Preparatoria: 1. Conocer las cuestiones derivadas de la constitución de las partes durante la investigación preparatoria. · 2. Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la investigación preparatoria 3. Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada. 4. Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia. S. Ejercer los actos de control que estipula este Código. 6. Ordenar en caso de delito con resultado de muerte, sí no se hubiera inscrito la defunción y siempre que se hubiera identificado el cadáver, la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 7. Conocer a los demás casos que este Código y las Leyes determinen."

381

EL PROCt-'. SO ]NtvlEDU\fO

!

bíico y Defensa

T!

Poder Judic�al

72

Actor c.iVii

13

Poder Judicial

74

Poder Judícm!

75

Poder Judicial

lb

Poder Judicial

TI

Poder Judicial

-�

Dejando a salvo excepciones de ley. Acuerdo Plenario N.° 06-2010. Acuerdo Plenario N.º 06-2009

382

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 1.

Elaborar documentos "modelo" (Ej. Actas de intervención en flagranda para

la -·---PNP--; requerimiento de incoación del proceso inmediato -----MP----; Actas de audiencia de incoación y de jL1zgamicmo inmediato -PJ----; etc.) para cada institución de Administración de J ustida, c1ue contengan pautas y criterios mínimos estandarizados, a fin de viabilizar el desarrollo del _proceso inmediato. 2.

Realizar capacitaciones intra e iterinstitucionales, a fin de socializar el presente protocolo, entre los operadores de justicia competentes en el desarrollo del proceso inmediato.

3.

Sugerir a los titulares de los sectores de la Administración de Justicia involucra- dos (Poder Judicial, Ministerio Público, Mininter, Minjus), otorgar carácter vinculante al presente protocolo, mediante la resolución que corresponda.

4.

Promover la implementación, desarrollo y cumplimiento de los mecanismos de notificación más rápidos y eficaces para el mejor desarrollo del proceso inmediato (Ej. Notificaciones electrónicas vía correos electrónicos o casillas electrónicas, videoconferencias, vías telefónicas).

5.

Articular los mecanismos de notificación ya implementados, interinstitucionalmente a fin de un mejor desarrollo del proceso inmediato.

6.

Propiciar el desarrollo de mecanismos informáticos interoperables entre las instituciones de Administración de Justicia involucradas, con la finalidad de generar un código único que permita individualizar y unificar cada caso de proceso inmediato, desde la denuncia hasta su culminación con la sentencia, que permita además el acceso a cada actuación del caso, así como un mejor control estadístico.

7.

Sugerir a los titulares de los sectores de la Administración de Justicia involucrados (Poder Judicial, Ministerio Público, Mininrer, Minjus), la evaluación de sus procedimientos internos a fin de mejorar la organización y lograr el cumplimiento eficiente del Decreto Legislativo N.º 1194.

8.

Propiciar el desarrollo de mecanismos informáticos interoperables entre Policía Nacional del Perú, Minjus, Poder Judicial y Ministerio Público, a fin de optimizar el acceso directo a los antecedentes penales, policiales y judiciales de los investigados, dado la exigencia de celeridad del proceso inmediato.

9.

Sugerir a los representantes de las instituciones de Administración de Justicia, realizar las gestiones correspondientes a efectos de que el Banco de la Nación, celebre convenios para la generación de agentes o cajeros en establecimientos de atención al público durante las 24 horas y en instirucienes de la Administración de Justicia, que permitan el pago oportuno de las reparaciones civiles, acuerdos reparatorios, tasas policiales y otros que implique el desarrollo del proceso inmediato; así como la difusión y promoción de los mecanismos de transferencia virtuales ya existentes.

383

'Víctor Cubas Villanueva e Alonso R. Peña Cabrera Freyre • Alfredo Araya Vega > Mercedes Herrera Guerrero « Víctor Jimmy Arbulú Martínez � Víctor Manuel Bazalar Paz= Francisco Celis Mendoza Ayrna .. Elder J. Miranda Aburro u Dalmiro Huachaca Sánchez e Carlos Enrique NiiñezNüñez • José Diego Robles Palafox