Modelo Recurso Reposicion A Unidad De Victimas

El Tarra, Norte de Santander 04 de julio de 2018. Doctora GLADYS CELEIDE PRADA PARDO Directora Técnico de Registro y Gestión de la Información UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS Carrera 100 # 24D- 55 Bogotá D.C.

MARTHA CECILIA QUINTERO ROMERO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 37.367.612 de Convención (N. de S.), obrando en mi propio nombre, con el debido acatamiento, por medio del presente escrito, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 74 numerales 1 y 2 y Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento

Administrativo

y

de

lo

Contencioso

Administrativo

C.P.A.C.A., contra la RESOLUCIÓN No. 2015-180046 del 11 de agosto de 2015, por medio de la cual se decide el NO RECONOCER el hecho victimizante de SECUESTRO, en el REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS. I. OPORTUNIDAD DEL RECURSO Por ser la RESOLUCIÓN No. 2015-180046 del 11 de agosto de 2015, un acto

administrativo particular

y concreto,

y no

uno

de

trámite,

preparatorio ni de ejecución, y tener el carácter de un acto definitivo que pone fin a una actuación administrativa, es procedente la reposición que intento; en cuanto a su oportunidad, me hallo dentro del término que señala el C.P.A.C.A., y de la resolución ya referenciada (10) días dentro de la notificación personal que tuvo lugar el día 26 DE JUNIO DE 2018. De otra parte, contra la RESOLUCIÓN No. 2015-180046 del 11 de agosto de 2015, recurrida no he solicitado revocación directa, por lo que esta es la única reclamación que he hecho en la vía gubernativa. Además, el escrito ha tenido en cuenta todas las exigencias legales para que sea su superioridad no tenga que proceder a su rechazo, y lo presento

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personalmente ante la

Oficina de UNIDAD TERRITORIAL NORTE DE

SANTANDER – UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

II. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO PRIMERO: Identificada como aparece en el encabezamiento de este alegato, residenciada en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, en nombre propio hago manifestación expresa de los motivos de mi inconformidad en relación con la negación de incluirme en el REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS. por el hecho victimizante de secuestro. SEGUNDO: Como lo manifesté en declaración ante la Personería municipal de El Tarra- Norte de Santander el día 24 de febrero de 2015, la cual fue recibida en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas el 14 de abril de 2015, el día 15 de octubre de 1999, fui víctima del delito de Secuestro en un sitio cerca al cementerio del corregimiento de Filo El Gringo, cuando bajaba de la escuela de la vereda la fría de este Municipio, Norte de Santander, esta acción delictiva fue cometida por el grupo armando al margen de la ley Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) que operan en la región. TERCERO: Los hechos que produjeron el Secuestro 14 de abril de 2015, el día 15 de octubre de 1999. Para esa fecha yo me encontraba trabajando en la escuela de la vereda La Fría del Municipio de El Tarra, yo bajaba con mi hija menor ANGY MARCELA QUINTERO ROMERO, de 9 meses de nacida, íbamos para el casco urbano estábamos esperando carro, cuando paso un carro particular donde iban varias personas uniformadas y armadas paro más delante de nosotras y se bajaron dos de la cuatro personas que iban en la parte trasera del carro

y se me

acercaron y me preguntaron que si yo era la profesora de la escuela La Fría, yo les dije sí señor, y me dijeron nos puede acompañar y me subieron al carro en la parte delantera al lado del chofer,

de ahí me

llevaron parra una finca cerca del cementerio de Filo El Gringo, allí me recibieron dos muchachas y me llevaron para el corredor de la casa, allí

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me recibió un señor que me pregunto con vos agresiva me pregunto qué de donde yo era, que donde tenía la familia, que si tenía números telefónicos, que si mi familia eran capaces de ir hasta allá donde me tenían, yo les responde que yo tenía una familia en Convención y otra en Cúcuta y que sí que mi familia podía ir hasta allá, me preguntaban que porque yo estaba pidiendo traslado como docente, yo les dije que si que estaba pidiendo traslado para los alrededores del casco urbano, que lo hacía porque tenía a mi mamá enferma en Convención y así poder estar más pendiente de ella, al momento volvió y me pregunto, “que pasa si no le sale el traslado?”, yo le respondí que volvía a la vereda porque yo vivía de mi trabajo, al momento de los interrogatorios le dijo a uno de los muchachos que me pasará un vaso de agua antes que se le secara la saliva y me dejo allí el señor y se fue en una moto, al momento llego un muchacho y me dijo que porque estaba yo allí y yo le dije que no sabía, como a las ocho de la noche me llevaron para un cuarto donde había un colchón y en una mesa había un radio de comunicaciones, me dijeron que si me quería cambiar de ropas que ellos me prestaban un uniforme, yo no conteste; allí pase toda la noche, al día siguiente me levante como a las cinco y media de la mañana y me dirigí a la cocina y les ayude a preparar los alimentos, luego el señor que había hablado ese día anterior me pregunto que como había pasado la noche yo le dije que no había podido dormir, que no me habían dado ruana y que había hecho mucho frio y también quemadores, siendo casi las nueve de la mañana le dijo a uno de los muchachos que estaban allí , que me llevara a la carretera, que había sido una mala información que les había llegado de mí, que me podía ir, cuando el muchacho bajo con migo a la carretera mando a para el bus y le dijo que me trajera a El Tarra, todos los pasajeros me miraban sin mediar palabra, en ese momento me dio mucho miedo, porque yo me imaginaba que ellos pensarían que yo era alguna informante o la mujer de alguno de ellos ya que para época se escuchaba que venían las autodefensas, yo volví a la vereda el día 29 de octubre fui a hacer la clausura y a entregar boletines, por cuanto por orden de la secretaria de educación se programó para esa fecha por la alteración de orden público que se venía presentando en la zona y le comente a los padres de familia lo que me había sucedido. Quiero aclarara

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QUINTO: que en la declaración anterior, no hice referencia a la identidad de los integrantes del grupo armado ilegal, los cuales eran miembros del Ejército de liberación Nacional (E.L.N.), pues en esta declaración se hizo en una jornada que realizo la Unidad de Victimas y se llevó a cabo en una biblioteca y las mesas de toma de declaración quedaban muy juntas y al momento de mi turno habían muchas personas que yo pensaba que podían estar escuchando y por esa razón me abstuve de dar el nombre del grupo armado, que inclusive pude distinguir algunos que fueron mis alumnos unos años atrás en una escuela de la misma región y a muchos de los que estaba ese día allí en varias oportunidades me los encontraba en el casco urbano del pueblo. Yo me abstuve mucho tiempo de presentar esta denuncia y declaración porque me daba mucho miedo, durante muchos años dure con delirios de persecución y sin poder dormir bien, fueron veinte dos horas de tortura psicológica que no que marca las personas. Al año siguiente ósea en el 2000, la escuela quedo cerrada

por el desplazamiento que originaron las autodefensas y

algunos profesores fueron trasladados para Cúcuta en mi caso se me reubico en la escuela de la vereda Mundo Nuevo.

ARGUMENTOS DE LA UNIDAD PARA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS Se afirma en la RESOLUCIÓN No. 2015-180046 del 11 de agosto de 2015 Que

una

vez valorada mi declaración, realizado el análisis de los

hechos declarados se menciona el artículo 155 de la ley 1448 de 2011, se tiene que el hecho victimizante de Secuestro ocurrido, el día 15 de octubre de 1999, dice que la Unidad Administrativa para Atención y Reparación Integral a las Victimas encuentra que los hechos narrados por mí son indicios insuficientes para establecer si me encuentro dentro de los parámetros del artículo 3 de la ley 1448 de 2011; igualmente dice que para el reconocimiento como víctima dentro del marco de la ley es imperativo haber sufrido un daño como consecuencias de infracciones al derecho Internación Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a

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las normas Internacionales de Derechos Humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Y dice taxativamente que en mi caso no sufrí ningún daño ni sufrí una situación desfavorable jurídicamente relevante. Así las cosas la AURIV, resuelve en el artículo primero de la citada resolución, no reconocerme el hecho victimizante de secuestro.

ARGUMENTOS PARA ACCIONAR

La RESOLUCIÓN No. RESOLUCIÓN No. 2015-180046 del 11 de agosto de 2015, fundamenta la negación de la inscripción en el RUV por el delito de Secuestro ya que que los hechos narrados por mí son indicios insuficientes para establecer si me encuentro dentro de los parámetros del artículo 3 de la ley 1448 de 2011 y que en mi caso no sufrí ningún daño ni sufrí una situación desfavorable jurídicamente relevante. Así las cosas la AURIV, resuelve en el artículo primero de la citada resolución, no reconocerme el hecho victimizante de secuestro. La oficina de Naciones Unidas describe con claridad los elementos que deben concurrir para que se configure el secuestro: las circunstancias se

materializaron

con

ocasión

a

la

vulneración

de

mi

derecho

fundamental a la libertad, ya que cumple con los cuatro elementos establecidos por las Naciones Unidas. 1. La aprehensión ilegal, el rapto o privación de mi libertad sin mi consentimiento: se materializa el secuestro en el momento en el que me obligaron a realizar actos en contra de mi voluntad y así vulnerarme el derecho a la Libertad y Libre Circulación; por cuanto me retuvieron por medio de amenazas con arma de fuego. 2. El empleo de la violencia, la amenaza de violencia en la comisión del delito; se cumple en el momento en que fui amenazada a obedecer lo que me decían con arma de fuego y debido a esto me toco someterme y me vi obligada a irme con ellos.

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3. El

objetivo

específico

de

obtener

beneficios

financieros y/o influencia política o de otro

económicos

o

tipo, inclusive

mediante la extorsión; El hecho de mantenerme retenida para lograr los propósitos propios de su organización dejan claras sus intenciones. 4. Retención de la víctima en un lugar donde no podía encontrarse: Al obligarme a permanecer en un lugar donde nos mantenían custodiadas a mí y mi hija de 9 meses. El penal Colombiano, en el artículo 168, Secuestro simple, dice: El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el artículo 165. .dice: El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.

En cuanto manifiesta la UARIV, que en mi caso no sufrí ningún daño ni sufrí una situación desfavorable jurídicamente relevante. Manifiesto a ustedes que respecto al daño sufrido por un secuestro dice entre otros autores, la Psicóloga PATRICIA MENDOZA GARCÍA:

La psicóloga PATRICIA MENDOZA GARCÍA, miembro del Colegio Mexicano de Psicólogos Neolaredenses. Respecto de los daños del secuestro: El proceso de superación puede tardar varios años, hasta que la víctima pueda salir de su casa o del trabajo sin sentir miedo, pero dependerá mucho de su personalidad y fortaleza mental, además del grado de agresión que haya sufrido

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Cuando una persona es víctima de un secuestro o lo es alguno de sus familiares, puede tardar varios años en recuperarse de lo que se conoce como el Síndrome de Estrés Postraumático. ¿De qué se trata esta condición? ¿Quiénes la padecen? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo puede curarse? Estas y otras interrogantes las respondió Se estima que, sin importar edad o sexo, tres de cada 10 víctimas o testigos directos de un hecho violento que causa horror extremo, como el caso de violación, tortura, secuestro, desastres naturales o accidentes, pueden sufrir Síndrome de Estrés Postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés), un cuadro que incluye alteraciones físicas y psicológicas que impiden la reintegración social de la persona. Para una víctima, explicó la psicóloga, lo más difícil de superar, es dejar de pensar que va a volver a pasar. Afirmó que la víctima de un secuestro puede generar ansiedad, miedo, obsesiones, dificultades para dormir, comer, salir y desarrollar sus actividades cotidianas, puede llegar a tener delirios de persecución o llegar al suicidio. “Es difícil ser utilizado, secuestrado, agredido. No importa la edad: niño, adolescente o adulto, es difícil digerirlo, y sobre todo si hubo bastante maltrato y agresión física, es difícil eliminarlo. De que hay un daño grave psicológico en la personalidad, si lo hay, y sobre todo si son adolescentes. (La víctima) ya va a visualizar a esas personas. Va a creer que cualquier individuo que la está viendo, la está viendo mal o que le está queriendo hacer daño” comentó. Para tratar de sobreponerse, la víctima requerirá de terapias psicológicas y, en los casos más drásticos, de medicamentos. “En situaciones más graves, el medicamento nos apoya, porque bajamos la ansiedad del individuo, entonces podemos empezar a

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hacer dinámicas de distención por parte del paciente, para que empiece a liberar sus ansiedades, para que empiece a liberar sus miedos y para que empiece a desechar todo aquello que pensó, que sintió y me imaginó”, expuso. Aunque no viven directamente el secuestro, los familiares de la víctima también deben de llevar un tratamiento psicológico adecuado, porque pueden resultar afectados de manera importante, pero además, cometer uno de los errores más comunes con la víctima. “La familia nunca deja de hablar del tema. Eso es estar constantemente lastimando la llaga que se formó en el momento del secuestro. La psicóloga recomendó a las familias evitar hablar del tema, para que así, el individuo que fue agredido o secuestrado, pueda superar el problema durante el tratamiento y con la atención psicológica, y no a través de recordar la problemática sin ningún beneficio, porque, comparó, es como hacer una rumiación a nivel cerebral, a nivel del inconsciente. El proceso puede tardar varios años, hasta que la víctima pueda salir de su casa o del trabajo sin sentir miedo, pero dependerá mucho de su personalidad y fortaleza mental, además del grado de agresión que haya sufrido. Entre más rápido comience un tratamiento, más rápido será su recuperación, tanto para la víctima como para sus seres cercanos, ya que existen terapias familiares que abordan la problemática tanto para quienes sufren el secuestro de un ser querido, como para aquellos que logran ser liberados. Si bien es cierto, en la declaración rendida, el miedo me invadió, por cuanto el sitio de la toma de la denuncia y declaración fue en un lugar abierto sin privacidad y no pude mencionar el nombre del grupo armado ilegal del E.L.N., pues era muy notorio por cuanto llevaban brazaletes con las iniciales “E.L.N.”, así como lo manifiestan las declaraciones extraproceso del señor ENILCHEN BENJUMEA ANGULO y EDINSON

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SANABRIA, ambos docentes, que para el día de los hechos se transportaban en el bus con rumbo al Municipio de El tarra, entre muchas otras personas que se dieron cuenta porque también viajaban en el mismo bus. Que ese momento me subían a una camioneta. Yo entiendo que el color de las cosas es de acuerdo al color del cristal a través con que se mire, es fácil calificar un hecho desde un escritorio con la tranquilidad que da la ciudad, pero otra cosa es estar en el terreno de una selva y ser el protagonista de un hecho como el que a mi me sucedió y en mi condición de mujer sola y con una hija de brazos. Dentro de los principios al momento de la toma y evaluación de la declaración se encuentra el de la Buena Fe, el cual según la ley 1448 del 2011 afirma:

“El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas” Por lo tanto no se me siento vulnerada en el derecho que me ofrece la ley 1448 de 2011 en cuanto a la presunción de la buena fe como justificación y se procedió muy a la ligera a negárseme la inscripción al Registro Único de Victimas, por el hecho victimizante argumentado. Por las anteriores razones y para argumentar el tener una garantía de los derechos a la verdad y a la reparación integral, las personas que hayan sufrido daños a manos de estos grupos deben ser incluidas en la Ley de Víctimas. De la misma manera en pro de los derechos a la igualdad, la dignidad, el debido proceso y la justicia. Presunción de buena Fe en la evaluación de las solicitudes para la inscripción en el Registro Nacional de Victimas. La jurisprudencia constitucional ha establecido también la carga justa que debe pesar, tanto sobre quienes solicitan la inscripción en el

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Registro Nacional de Victimas, así como aquella, en cabeza de los funcionarios que se encargan de recibir y evaluar estas solicitudes. Se ha sostenido por tanto, que resulta desproporcionado exigir de la población que pretende ser reconocida como víctimas, para acceder a la protección estatal correspondiente, coherencia y claridad absolutas en el relato de los hechos que originaron su condición de victima. Esto, porque

existen

innumerables

circunstancias

que

pueden

provocar

inexactitud en la relación de situaciones de por sí difíciles de comprender y asimilar desde el momento mismo de su ocurrencia. El Art. 3° de la Ley 1448 de 2011, no tiene en cuenta quien es el perpetrador de la violación para establecer su concepto de víctima. En ese sentido, la condición de víctima se debe adquirir por graves violaciones a los derechos humanos o por infracciones al DIH. En ese orden de ideas, no veo las razones para determinar que la Unidad de Atención

y Reparación Integral a las Victimas, digan que con los

hechos que me ocurrieron no se hubiese tipificado el delito de secuestro cometido por el grupo armado ilegal del E.L.N. y que con este hecho se cometiese un daño psicológico del cual a un no lo he podido superar y en razón a un análisis ligero, digan que no es viable Jurídicamente efectuar la inscripción del solicitante en el Registro Único de Victimas RUV. En la Sentencia T-603-11 no resulta constitucionalmente admisible que

la UNIDAD DE VICTIMAS estudie y resuelva las peticiones que ante ella se realizan con base únicamente en los documentos allegados por los solicitantes, pues si estos insinúan la razonable ocurrencia de hechos que puedan implicar responsabilidad administrativa para el Estado, la entidad debe disponer lo pertinente para recaudar los elementos probatorios que permitan arribar a la verdad real sobre los hechos . La Corte Interamericana de Derechos humanos señala al respecto: “la Corte

ha

entendido

siempre

que

las

pruebas

documentales

y

testimoniales directas no son las únicas que pueden fundamentar la sentencia. Las pruebas circunstanciales, los indicios y presunciones

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pueden igualmente utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”1 Consecuentemente, la Sentencia T- 603/2011 desarrolla un abanico amplio de circunstancias, las cuales deben ser objeto de análisis para definir la condición de víctima. Entre las cuales reseñamos las siguientes: (i) la presencia de las víctimas en el lugar y el momento en que ocurrieron los hechos; (ii) la presentación de denuncia, o puesta en conocimiento

de

los

hechos

ante

cualquier

autoridad

judicial,

administrativa o de policía, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho; (iii) la situación de orden público en el momento y lugar donde ocurrieron los hechos; (iv) la presencia de grupos armados organizados al margen de la ley en el lugar de los hechos; (v) la inclusión de las víctimas en los informes de prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación que hubiera dado cuenta de los hechos; (vi) la inclusión de las víctimas en los informes de Policía o de los organismos de inteligencia del Estado relacionados con los hechos; (vii) la inclusión de

las

víctimas

en

los

informes

que

reposen

ante

organismos

internacionales; (viii) el riesgo a que estuvieron expuestas las víctimas por sus vínculos profesionales, laborales, sociales, religiosos, políticos, gremiales, o de cualquier otro tipo; (ix) las modalidades y circunstancias del hecho; (x) la amistad o enemistad de las víctimas o sus familiares con alguno o algunos de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley; (xi) las condiciones personales de las víctimas relacionadas con la edad, el género y ocupación; (xii) haber ocurrido el hecho por medio de una mina antipersona; y (xiii) la inclusión de las víctimas en algunas de las siguientes bases de datos: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social; Fiscalía General de la Nación; Procuraduría General de la Nación; Defensoría del Pueblo; Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de la Protección Social; Policía Nacional; Departamento Administrativo de Seguridad; Fuerza Pública; Comisión 1

Nacional

Caso Blake, párr. 49

de

Reparación

y

Reconciliación;

Organización

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Internacional para las Migraciones; Programa de la Vicepresidencia de la República de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonas2. En razón a lo anterior y para argumentar el tener una garantía de los derechos a la verdad y a la reparación integral, la igualdad, la dignidad, el debido proceso y la justicia de las personas que hemos sufrido daños a manos de estos grupos, es necesario ser incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), con el fin de acceder a la reparación administrativa. El Consejo de Estado en sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013) sintetiza el marco normativo y jurisprudencial de acuerdo al derecho

internacional

aplicable

a

la

figura

de

la

reparación

administrativa: “(…) los instrumentos suscritos por Colombia en el marco del derecho internacional obligan al Estado a: (i) propender por el establecimiento de un orden justo y en paz garantista de los derechos humanos y de la dignidad de la persona [Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto

Internacional

de

Derechos

Civiles

y

Políticos,

Convención

Americana sobre Derechos Humanos]; (ii) garantizar la existencia de un recurso judicial efectivo en aras de la protección de aquellas personas que consideran vulnerados sus derechos [v. gr. Artículo 2º numeral 3º literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 3]; y, (iii) a no permitir que en pro del restablecimiento de un orden constitucional se olvide el derecho de los afectados de graves violaciones a su reparación integral A su turno, el artículo 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional [aprobado en Colombia mediante la Ley 742 de 2002] establece lo siguiente:

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Sentencia T- 603/2011

Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.

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“… 1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda. 2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79. 3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre. 4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 90. 5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo. 6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional…”.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO Articulo 74 numerales 1 y 2 y Articulo 76 de la Ley 1437 de 2.011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., Ley 1448 del 2011; y Sentencia C-253 A – 12; Sentencia C-291 del 2007 en lo concerniente.

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IV. PRETENSIONES PRIMERA: Que se REVOQUE la RESOLUCIÓN No. 2015-180046 del 11 de agosto de 2015, en la cual resuelve no reconocer a MARTHA CECILIA QUINTERO ROMERO, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 37.367.612 de Convención (N. de S.), por el hecho de secuestro en el Registro Único de Victimas por las razones señaladas en la parte motiva de la presente resolución. SEGUNDA: En consecuencia se debe proceder a RECONOCER E INCLUIR a MARTHA CECILIA QUINTERO ROMERO, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 37.367.612 de Convención (N. de S.), por el hecho de, en el Registro Único de Victimas por el hecho de Secuestro por las razones señaladas en la parte motiva del presente escrito. TERCERO:

Que

se

proceda

a

reconocerme

las

indemnizaciones

económicas contempladas y reguladas por la ley 1448 del 2011 y demás normas concordantes. V. PRUEBAS 1. Copia de mi Cédula de Ciudadanía. 2. Copia de la RESOLUCIÓN No.

2015-180046 del 11 de agosto de

2015. 3. Declaración extraproceso de los señores: ENILCHEN BENJUMEA ANGULO Y EDINSON SANABRIA CAÑIZARES. 4. Copia de cedula de los declarantes. VI. NOTIFICACIONES Recibiré notificación en la personería municipal de El Tarra, Norte de Santander, en la Cra 14 # 15-50 Barrio Villanueva, correo electrónico [email protected] y Teléfono: 3202765618.

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Atentamente,

__________________________________ MARTHA CECILIA QUINTERO ROMERO C.C. Nº 37.367.612 de Convención (N. de S.)