Responsabilidad Del Estado

BOLILLA 12: LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PUNTO 1: Los presupuestos de la responsabilidad del Poder Ejecutivo: en general los operadores partes de la distinción entre las conductas lícitas e ilícitas del Estado para describir los presupuestos de la responsabilidad estatal y construir desde allí el edificio jurídico consecuente. Balbín coloca como eje el factor de imputación (el Estado debe responder por sus propias conductas y sus cosas y en ciertos casos por las conductas de otros). De hecho cuando uno se pregunta si cabe o no demandar al Estado, lo primeo que debe resolverse es si las conductas causantes del daño pueden o no ser imputadas al Estado y luego si tales conductas con legítimas o ilegítimas. Los presupuestos de responsabilidad estatal son: A. Fundamento: existen básicamente dos fundamentos: a) el componente antijurídico, esto es, la existencia de conductas ilícitas de los agentes, y en particular el vicio o riesgo de las cosas y el enriquecimiento sin causa, cuyo consecuente es el deber estatal de reparar siempre que exista daño; b) el derecho de propiedad, el principios de igualdad, el sacrificio especial y la ausencia de un deber jurídico de soportar el daño, todo esto en el marco de la responsabilidad estatal por sus actividades lícitas. B. Factor de imputación: el estado es una persona jurídica y por tanto no basta para responsabilizarlo con las conductas de sus agentes, el daño y el nexo causal entre ambos, sino que es necesario además imputar esas conductas al Estado. Este factor se denomina factor de imputación, que se trata de trasvasar conductas entre personas y por lo tanto la responsabilidad. Este factor es en principio inexistente en Derecho Civil porque en él los hechos son propios, salvo cuando se trata de personas jurídicas privadas. En el Derecho Público es distinto porque las conductas son de los agentes – personas físicas – pero la responsabilidad es del Estado – persona jurídica -. Entonces debe analizarse como se transfiere las conductas desde las personas físicas para ubicarlas en el terreno propio del Estado. En este marco, el factor puede ser: la teoría del órgano (el criterio más habitual), la relación entre el principal y el dependiente, o en su caso, el carácter de titular o guardián de las cosas. C. Daño resarcible: tiene que ser cierto, actual o futuro, pero en ningún caso hipotético, se responde por el daño emergente mas intereses. D. Nexo de causalidad: es la relación de causalidad entre las conductas y el daño causado. E. Factor de atribución: puede ser subjetivo u objetivo según este apoyado en la subjetividad o en el propio daño prescindiendo de la intencionalidad del autor. PUNTO 2: La responsabilidad del Poder Ejecutivo por las conductas de sus agentes. La teoría del órgano: en este punto cabe distinguir las conductas ilícitas (actos, hechos y omisiones), las conductas lícitas y las conductas normativas (lícitas e ilícitas).  Las conductas ilícitas: en primer lugar, la CSJN ha dicho que el Estado es responsable por sus actividades ilícitas siempre que estén presentes al menos los siguientes presupuestos: 1) la falta de servicio (art. 1112 CC: “Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título.”); 2) el daño cierto; 3) la relación de causalidad directa entre la conducta estatal y el daño cuya reparación se persigue. Siguiendo el criterio del tribunal, Balbín cree que el Estado es responsable siempre que sea posible imputar el acto, hecho u omisión del agente al propio Estado; la conducta sea irregular; y exista un daño cierto y relación de causalidad entre las conductas irregulares y el daño causado.

A. Fundamento: es posible distinguir tres fundamentos: a) el incumplimiento o cumplimiento irregular o defectuoso de sus obligaciones, es decir, los actos hechos u omisiones del Estado realizadas en violación del derecho vigente. B) el daño causado por el vicio o riesgo de las cosas de su titularidad o que estén bajo su guarda. C) el enriquecimiento sin causa del Estado y el consecuente empobrecimiento del damnificado. Es decir, el pilar de la responsabilidad estatal por sus actividades ilícitas es el contenido antijurídico de sus conductas por incumplimiento de la ley. Pero, según los operadores, más precisamente es la falta de servicio. Para Balbín, el concepto de falta de servicio debe reemplazarse por el criterio del incumplimiento de los deberes legales. -

El fundamento en el marco de las acciones: En este marco, el Estado es responsable porque incumple una obligación de no hacer. Su fundamento es el art. 1112 CC.

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El fundamento en el marco de las omisiones: en este caso, el Estado responde por no hacer aquello que debe hacer, incumple con un deber legal de hacer o cumple de modo irregular. Su fundamento es no sólo el art. 1112 CC sino también el 1074 CC según los principios propios del D.A.

En los términos del art. 1112 CC es difícil establecer la distinción entre las acciones y omisiones. B. Factor de imputación al Estado: el hecho a resolver es cómo trasladar las conductas de las personas físicas hacia las personas jurídicas. A su vez, las técnicas de imputación también aparecen cuando a) el daño es causado por el dependiente y el responsable es e principal; b) cuando el daño es causado con las cosas o por el riesgo o vicio de éstas, en cuyo caso el propietario o guardián es el responsable. Los títulos de imputación al Estado son: el mandato, la representación, el principal/dependiente, el órgano y la titularidad o guarda de las cosas. De todos modos, en este momento nos limitaremos a analizar el nexo entre el agente público y el estado, dejando a un lado los otros títulos, como la titularidad o guarda de las cosas. En un primer momento, los operadores construyeron un modelo de responsabilidad estatal sobre la teoría del contrato de mandato: el estado otorgaba mandato a sus agentes y consecuentemente era responsable por los actos de éstos – mandatarios-. El esquema del mandato fracasó por no poder imputarle al Estado las conductas ilícitas de los agentes públicos, ya que el mandato propio del derecho público – la ley – no incluye poderes ilícitos. Otro instituto que se utilizó fue el de la representación, que adolece del mismo inconveniente que la teoría del mandato. Finalmente se intentó aplicar el 1113 CC (principal/dependiente) que también fue dejado de lado. Balbín sostiene que la respuesta la da la teoría del órgano: las conductas de los agentes públicos (órganos) son las conductas del propio Estado, y, por tanto, aquéllos expresan lisa y llanamente la voluntad estatal.de modo que no es necesario trasladar las conductas de las personas físicas en el Estado, sino que se superponen unas con otras, expresando una sola y misma voluntad. La CSJN luego de transitar por lolos distintos fundamentos, acogió la teoría del órgano en los términos del art. 1112 CC (prestación irregular de los servicios a su cargo). Sin embargo no es razonable imputar cualquier conducta de los agentes al propio Estado, sino que debe establecerse un límite. La CSJN estableció dos pautas: a) cuando el hecho fue ejecutado con motivo del desempeño del cargo y no de modo ocasional; y b) cuando el hecho fue ejecutado en el marco del objeto y dentro de los límites aparentes del cargo. Balbín considera que el criterio más acertado es un concepto mixto integrado por la apariencia en el ejercicio de las funciones en dos aspectos: a) el lado subjetivo (la conducta es imputable cuando el sujeto – agente público – ejerce aparentemente funciones estatales y no simplemente actividades de carácter personal prescindiendo enteramente de su cargo); b) el lado objetivo: el comportamiento debe ser aparente en términos formales y con alcance mínimo, es decir, legítimo según el criterio de un tercero imparcial.

Finalmente cabe aclarar que el Estado es igualmente responsable aun cuando los agentes obren con dolo. C. Daño o lesión resarcible: el daño debe ser cierto – actual o futuro – pero en ningún caso hipotético o meramente conjetural. D. Nexo o relación de causalidad: es el elemento que vincula el daño directamente con el hecho e indirectamente con el factor de imputabilidad subjetiva o de atribución objetiva del daño. Hay distintas teorías de la causalidad: -

El antecedente más próximo: se ha sostenido que las causas del resultado son el antecedente más próximo en términos temporales. Sin embargo, creemos que no es posible definir el concepto según pautas temporales sino que debe hacerse un análisis más profundo.

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Causas eficientes: es decir, aquellas que según el curso normal de las cosas producen el daño y sin cuya presencia el daño no se hubiese producido. Sin embargo, no es claro como debemos operar cuando existen varias causas, esto es cuál es la más eficiente.

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Causalidad adecuada o idónea: es comúnmente la más aceptada como el estándar más razonable para explicar la causalidad. Los operadores entienden que la causa es el antecedente que, según el curso natural y ordinario de las cosas, resulte idóneo para producir el resultado dañoso. El resto de los antecedentes sólo constituyen factores concurrentes. Según el criterio de Balbín, si los otros antecedentes causasen por sí mismos el daño, entonces existen concausas entre las cuales se debe repartir la responsabilidad. ¿cómo sabemos si el antecedente es o no idóneo? Primero, se hace el test de la supresión del evento bajo análisis. Si el resultado es el mismo, entonces el evento suprimido no es idóneo. Segundo, el test de la reconstrucción del nexo causal, es decir, utilizando los otros antecedentes y observando si éstos pueden producir el mismo resultado dañoso en términos teóricos. Si el resultado es positivo, entonces el evento suprimido no es idóneo. En caso contrario si superamos los dos estándares y el resultado dañoso no se produce, entonces el evento es claramente idóneo. En otras palabras, la causa es idónea si nos lleva de modo irreversible y autónomo al daño. Cierto es también que puede haber varias causas idóneas, es decir, causas concurrentes sobre el daño.

Resta analizar el cuál es el criterio del legislador, en los términos de los arts. 901 a 911 CC. En este contexto, son imputables al autor del hecho, las consecuencias inmediatas y mediatas. No es responsable por las causales (salvo cuando las tuvo en mira al ejecutar el acto) y nunca por las remotas. La CSJN sigue el criterio de la causalidad adecuada. Las razones que justifican el quiebre del nexo causal son: el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima o de un tercero. Por otro lado, cuando la víctima asume el riesgo, interrumpe el nexo causal y excluye la responsabilidad del autor, total o parcialmente, según las circunstancias del caso. Además pueden concurrir otros eximentes de responsabilidad, por caso, el vicio o riesgo de las cosas de propiedad de las víctimas. E. Factor de atribución: existen dos factores de atribución de responsabilidad: objetivo y subjetivo. En el primer caso, se parte del daño en sí mismo, prescindiendo de cuál es o fue la voluntad de las personas responsables. En el criterio subjetivo, la culpa o negligencia de las personas es el factor jurídicamente relevante, es decir cómo actuó el autor del daño en términos de previsión e intención. Debe expresarse por los conceptos de culpa o dolo. En cuanto a la carga de la prueba, en el campo subjetivo, el actor debe probar que el sujeto responsable actuó culposa o dolosamente y si éste quiere excusarse debe plantear y probar básicamente que obró por error o sin discernimiento.

En el plano del factor objetivo, basta con el hecho antijurídico, el daño y el nexo causal, pues es indistinto si el sujeto actuó diligente o negligentemente siempre que haya causado el daño. En el D.C., el principio es el criterio subjetivo. La ley 17711 introdujo a modo de excepción el factor objetivo (art. 1113 CC.). En el marco del Derecho Público, la CSJN sostuvo en un principio que el factor de atribución de responsabilidad estatal era subjetivo, con base en el art. 1109 CC. Luego, la CSJN cambió su criterio, el factor de atribución pasó a ser objetivo; a tal efecto, la Corte usó como fundamento al art. 1112 CC. En efecto, casi todos los operadores consideran que la responsabilidad estatal, con fundamento en el art. 1112 CC, es de carácter objetivo y ello constituye la principal diferencia entre el derecho público y privado. Así, el criterio de falta de servicio del art. 1112 CC es interpretado en términos forzados como un estándar o factor objetivo. Es simple, el Estado presta el servicio de modo regular o irregular. En este contexto sobre una pieza: el factor subjetivo, y consecuentemente debe ser abandonado. Sin embargo, Balbín se opone a la posición mencionada y sostiene que el art. 1112 fue pensado en relación con la responsabilidad de los funcionarios públicos, y no del Estado. Y que además, el criterio objetivo no proporciona siempre soluciones razonables. Muchas veces, los operadores jurídicos trasladan el conflicto (factor de atribución objetivo/ subjetivo) sobre otros aspectos de la responsabilidad estatal, con el propósito de alcanzar una solución justa y razonable (por ejemplo, nexo de causalidad). Balbín plantea que además, el criterio objetivo tiene otro punto débil, que es la impunidad de los agentes públicos, porque su conducta no debe ventilarse en el proceso judicial de daños y perjuicios, sino solamente la responsabilidad objetiva del Estado, y luego, en los hechos, el Estado no promueve el proceso de repetición contra los agentes públicos. En este punto de análisis, cabe preguntarse si debe seguirse el criterio objetivo o reemplazarlo por el subjetivo. Según Balbín, no debe reemplazarse, pero sí completarse el factor objetivo con el subjetivo. Según Balbín no es posible que el CC. establezca el criterio de la responsabilidad objetiva con apoyo en el art. 1112. Ellos porque si bien cree que la responsabilidad estatal debe apoyarse en el art. 1112 CC., esto sólo es posible por vía analógica. En efecto, para Balbín, ese precepto es propio del derecho público, pero su objeto es la regulación de la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, es decir, la responsabilidad de los agentes en sí mismos, pero no del Estado. También considera Balbín que el art. 1112 CC. no dice nada sobre el factor objetivo de atribución de responsabilidad del Estado. De hecho, Balbín entiende que dicho precepto prevé, en principio, un supuesto de responsabilidad subjetiva ya que el Estado solamente es responsable si cumplió irregularmente sus funciones, es decir, si actuó de modo negligente, en síntesis, el factor subjetivo es relevante jurídicamente en los términos del art. 1112 CC. Por eso Balbín cree que la responsabilidad del Estado por sus conductas ilícitas es en principio de carácter subjetivo: la subjetividad, en términos de derecho público, debe interpretarse como actuación irregular (negligente). El Estado es responsable si la conducta es irregular (incumplimiento de sus deberes legales) y causó un daño, presumiéndose que obró de modo negligente. Así, cuando el Estado incumplió sus deberes legales es que, en principio, salvo casos de excepción, obró negligentemente. A su vez, el Estado puede probar que, sin perjuicio del incumplimiento de sus obligaciones, obró de modo diligente, según las circunstancias del caso. Sin embargo, si el Estado es responsable en términos objetivos, no puede entonces eximirse de responsabilidad aun cuando hubiese actuado de modo diligente en el ejercicio de sus funciones. De todas maneras, plantea Balbín, el concepto de subjetividad que apoya debe necesariamente matizarse en el marco del Derecho Público. Por caso, el elemento subjetivo no exige en este terreno discernir cuál es el agente directamente responsable y probar su culpabilidad. Por otro lado, no cabe aplicar en derecho público, en principio, las causales de inimputabilidad propias del derecho civil, como el error o la falta de discernimiento.

Cabe aclarar que todos los operadores coinciden en que, al margen de que se trate de responsabilidad subjetiva u objetiva, el sujeto damnificado debe probar que el Estado incumplió sus deberes (prestó el servicio de modo irregular). Balbín concluye en que, más que insistir, como lo hace la Corte, en el criterio objetivo del la responsabilidad estatal, debiéramos intentar construir un modelo dogmático sobre el factor de atribución propio y específico del derecho Público, que es en parte subjetivo y en parte objetivo. El estándar debe ser el de las obligaciones legales; la regla de falta de servicio o lesión resarcible debe sustituirse por el de las obligaciones o deberes con las peculiaridades propias del D. Público. El factor subjetivo debe completarse con el factor objetivo en los siguientes supuestos: a) cuando el deber estatal sea claro y preciso, en cuyo caso el factor es objetivo y no subjetivo; b) cuando el Estado cause un daño por el riesgo o vicio de las cosas de su propiedad; c) cuando el Estado resulte responsable por sus actividades lícitas. Por su parte, la Corte, si bien no se desvió de su criterio – factor objetivo – muchas veces invadió sin reconocerlo expresamente, la subjetividad.

 Los actos y los hechos estatales lícitos: el Estado es también responsable por sus actividades lícitas. Los casos más comunes de responsabilidad por actividad legítima son: expropiación, ocupación temporánea de un bien, revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, entre otros. A. Fundamento: en este caso, no existe el presupuesto de contenido antijurídico de las conductas estatales. A su vez, el ámbito de la responsabilidad estatal por actos o hecho lícitos es propio del Derecho Público porque en el derecho privado nadie es responsable por el ejercicio regular de sus derechos; por lo tanto no es posible recurrir por vía analógica al D.C. Aún reinterpretando en forma dinámica el art. 1112 CC. no cabe apoyar en él los casos de responsabilidad estatal por sus actividades lícitas. La CSJN justificó en primer lugar esta responsabilidad en el Derecho de Propiedad (art. 17 CN). Luego agregó el derecho de igualdad (art. 16 CN). Finalmente, la CSJN agregó a los dos fundamentos anteriores, que para que el Estado responda por sus actividades lícitas, es necesario, además de los dos requisitos anteriores, la verificación de un sacrificio especial en el afectado (o carácter especial del daño) y la ausencia de un deber jurídico a su cargo de soportar el daño. Por lo tanto, según la Corte, si se dan estas circunstancias (todas, son concurrentes) entonces el damnificado tiene derecho a ser reparado y el Estado la obligación de reparar. Para Balbín el daño sólo debe ser reparado por el Estado si el caso bajo análisis cumple con el siguiente examen: a) en primer lugar, debe estudiarse si el acto es legítimo o no; b) ubicados ya en el campo de la licitud, el estándar es básicamente el derecho de propiedad y la obligación legal de soportar o no el daño respecto del derecho. Balbín sostiene que si el Estado desconoce y restringe derechos alterándolos, claramente debe indemnizar; igualmente debe hacerlo si las restricciones son mayores, peor no así si las mismas son menores. Por su parte, en relación al derecho de igualdad (otro de los presupuestos sostenidos por la Corte) Balbín sostiene que si las conductas estatales conculcan tal derecho, entonces las mismas son ilegítimas y ya no estaríamos en el campo de la licitud. Si las conductas estatales no desconocen el principio de igualdad, el Estado no debe reparar, salvo ciertas restricciones y en relación con el derecho de propiedad. En síntesis, la indemnización en casos de legitimidad está fundada en el derecho de propiedad o en el principio de igualdad pero en relación con aquél. El carácter especial es un indicio mayor, pero no es determinante del deber estatal de reparar. B. Factor de imputación al Estado: es la teoría del órgano, y es igual que en el ámbito de la responsabilidad por conductas ilícitas.

C. Daño o lesión resarcible: debe ser cierto, actual o futuro. (igual que en las ilícitas). D. Nexo o relación de causalidad: la Corte requiere de modo expreso y más explícito, en los casos de responsabilidad estatal por actividades lícitas, relaciones de causalidad de corte directo y exclusivo. El tribunal exigió una relación directa, inmediata y exclusiva entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se persigue. Balbín entiende que utilizar un criterio más estricto del nexo causal es innecesario e inconveniente. E. Factor de atribución: Balbín entiende que la responsabilidad estatal por sus actividades lícitas es claramente de corte objetivo. Sin embargo, no es el criterio seguido por la Corte, que sostuvo que la admisión de la doctrina de la responsabilidad del Estado por su actividad lícita no se debe interpretar como la institucionalización de un régimen de responsabilidad objetiva en el marco de la cual bastaría acreditar el nexo causal entre la actividad del Estado y el perjuicio para suscitar la obligación de indemnizar.  El acto normativo del poder ejecutivo: A. Fundamento: es necesario distinguir entre las actividades normativas lícitas de aquellas inválidas. a) En cuanto a las actividades normativas lícitas del Estado, Balbín sostiene que el Estado debe indemnizar en dos hipótesis: 1) cuando penetró el núcleo del derecho de propiedad. 2) aun cuando el Estado no penetre ese núcleo, debe indemnizar por el juego de este criterio con el principio de igualdad. En este contexto sí tiene relevancia el daño especial en términos de vulneración del derecho de propiedad y en relación con el principio de igualdad. b) En el campo de la actividad normativa ilícita, Balbín sostiene que no se debe reparar en cualquier en que la ley es declarada inconstitucional, sino que es necesario que, además, concurran los otros presupuestos de la responsabilidad. En cuanto a los otros presupuestos, es igual que en los puntos anteriores. PUNTO 4: Otras cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Estado: El agotamiento de la vía administrativa y el plazo de caducidad:  Responsabilidad estatal por sus actos ilícitos: es necesario recurrir el acto y agotar así las vías administrativas con el objeto de reclamar la reparación por los daños y perjuicios causados por las conductas irregulares. El reclamo por los daños puede intentarse de modo concomitante o con posterioridad, pero en ningún caso puede escindirse de la declaración de ilegitimidad del acto. La demanda debe interponerse en el término de 90 días hábiles judiciales desde que el damnificado fue notificado del acto, tal como surge del art. 25 LPA (plazo de caducidad).  Responsabilidad estatal por hechos ilícitos (vías de hecho): no es necesario agotar las vías administrativas (art. 23, inc. d)) sin perjuicio del plazo de caducidad (art. 25 inc. d)). Sin embargo, si las vías de hecho hubieses cesado, el cuadro a seguir es el de los arts. 30 y 32 LPS, sin necesidad de agotar las vías y sin plazo de caducidad.  Responsabilidad por actos legítimos o hechos administrativos (comportamientos lícitos): no es necesario agotar las vías administrativas porque el art. 32 LPA excluye expresamente las acciones por daños y perjuicios extracontractuales de los vericuetos administrativos previos. No existe plazo de caducidad, sin perjuicio de que debe tenerse en cuenta el de prescripción.  Responsabilidad por los actos normativos ilícitos: es necesario impugnarlos con el objeto de reclamar los daños. Existen dos modos e impugnación de los reglamentos: a) reclamo impropio del art. 24, inc. a) LPA; b) impugnación por medio de los actos de aplicación de aquél, art. 24, inc. b).  Responsabilidad por actos normativos lícitos: el criterio es igual que respecto de los actos singulares lícitos. El alcance de la indemnización: en los casos de responsabilidad estatal por actividades ilícitas, el alcance de la indemnización es pleno, comprende el daño emergente y el lucro cesante.

El punto más controversial se presenta respecto al alcance de la responsabilidad por las actividades lícitas. En particular en el ámbito contractual, la Corte sostuve el criterio de la reparación plena. Sin embargo, este cuadro fue modificado por un decreto. En conclusión, el Estado debe reparar de modo íntegro por sus actividades ilícitas, y sólo debe indemnizar el daño, y no así el lucro, en caso de responsabilidad contractual por conductas lícitas. Resta analizar el supuesto de actividades extracontractuales de carácter lícito. Al respecto la CSJN tuvo fallos contradictorios, en algunos aceptó el lucro cesante (pero con un estricto análisis de las pruebas) y en otros casos lo rechazó. La exclusión del lucro decante se basa en la aplicación de las leyes de expropiación y obra pública y el decreto sobre contrataciones del Estado (régimen jurídico vigente de derecho público). Para Balbín solamente debe indemnizarse el daño emergente. En cuanto al daño moral, en general los jueces sólo lo reconocen en el marco de las indemnizaciones por lesiones o muerte de las víctimas. El plazo de prescripción: es necesario distinguir entre el campo contractual y extracontractual. El plazo de prescripción de las acciones por responsabilidad contractual es de diez años según el art. 4023 CC. En cuanto a las acciones por responsabilidad extracontractual (es decir por las acciones de reparación por actividades estatales –acciones y omisiones- lícitas e ilícitas) el plazo, según Balbín es de dos años. ¿Por qué? El derecho público no prevé normas específicas, por lo tanto es necesario aplicar el derecho civil por medio de la analogía de 2º grado. ¿Debe aplicarse el art. 4023 -10 añoso el 4037 -2 años-? La Corte sostuvo que debe aplicarse el plazo del 4037, 2 años. El interesado debe recurrir el acto ilícito cuando lo impugna, ya que el reclamo patrimonial por los daños solamente procede si previamente el acto es declarado inválido. Debe impugnarse dentro del plazo de caducidad que prevé el art. 25, y si el mismo no procede, en el término de prescripción de las acciones por nulidad. Esto es un plazo de dos años desde la declaración firme de nulidad del acto objeto de impugnación. Si el particular acumuló ambas pretensiones, el juez debe resolver conjuntamente. La Corte no resolvió desde cuándo comienza a contar el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad por los actos estatales ilícitos, si es desde el dictado y conocimiento del acto, o desde sui declaración de invalidez. Si se trata de hechos ilícitos, el plazo es también de dos años, desde que cesó el comportamiento o se declaró su invalidez. Según la Corte, debe contarse desde que el actor tuvo conocimiento cierto del hecho ilícito. En cuanto a las acciones por las actividades lícitas, debe contarse desde el momento en que las personas tuvieron conocimiento cierto del daño. La competencia originaria de la CSJN en asuntos de responsabilidad estatal: cualquier cuestión sobre responsabilidad del Estado debe tramitar ante los jueces federales - siempre que el Estado nacional sea parte – o los jueces provinciales cuando sea parte el Estado provincial. La Corte sólo interviene en casos de excepción y por vía de apelación luego de resolver el superior tribunal de la causa. A su vez, la Corte resuelve en instancia originaria cuando alguna provincia fuese parte, y en particular cuando el caso es planteado entre una provincia y un vecino de otra y siempre que se trate de causas civiles. En este contexto, el asunto que plantea controversias es si los pleitos judiciales en que un vecino de una provincia reclame por responsabilidad contra otra provincia es o no de carácter civil, ya que si es considerada civil interviene la Corte originariamente, y si no, los tribunales locales. La pregunta sería: la responsabilidad estala, ¿es materia civil o administrativa? En un principio la Corte sostuvo que la responsabilidad de los Estados provinciales es asunto civil y por lo tanto admitió su competencia originaria. Luego, el tribunal modificó su criterio.