Caso Fortuito O Fuerza Mayor. Segunda Edición Ampliada Y Actualizada-mauricio Tapia.pdf

I

1. Chile es un país expuesto a prácticamente todos los desastres naturales y los sufrimos con una frecuencia escalofriante. Terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, sequías, aluviones, temporales, trombas marinas, inundaciones son algunas de las fuerzas naturales que afectan regularmente a secciones de nuestro territorio. En ese contexto, siempre me ha parecido extraño el poco desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la excusa del caso fortuito o fuerza mayor en el derecho chileno. Con excepción de algunos notables estudios que se mencionarán más adelante, existen pocas obras que aborden esta noción y, en particular, examinen el contenido de sus requisitos esenciales. En cuanto a la jurisprudencia, solo en los últimos años, y a propósito de los juicios consecutivos al terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010, se han dictado interesantes decisiones que analizan con mayor detención sus requisitos y efectos. De ahí que me pareciera oportuno efectuar una revisión del caso fortuito, analizando su noción, sus funciones, sus requisitos, sus efectos y su prueba, a manera de contribución al estudio de esta figura jurídica. 2. Este estudio quisiera dedicarlo a la memoria del recordado y querido profesor don Gonzalo Figueroa Yáñez, con quien tuve la suerte de trabajar en el Departamento de Derecho Privado de la

Universidad de Chile, y ser testigo de su lúcido espíritu, sus inmensos conocimientos, su aguda comprensión del derecho civil, su gran sentido del humor y su pasión por la enseñanza del derecho. Vayan estas líneas en homenaje a la memoria de uno de los más notables civilistas chilenos. 3. En esta segunda edición, revisada, ampliada y actualizada, esta obra incorpora el análisis de un importante número de fallos recientes de la Corte Suprema, que abordan la noción de caso fortuito a propósito de las trágicas consecuencias del terremoto de 27 de febrero de 2010 y el posterior maremoto, que dieron origen a varios juicios de indemnización de perjuicios de las víctimas indirectas contra el Fisco de Chile. Asimismo, se abordan, entre varios otros, fallos recientes que examinan esta noción a propósito de cortes de suministro eléctrico por fenómenos climáticos, lamentablemente cada vez más usuales. Estos nuevos precedentes jurisprudenciales representan una contribución sustantiva a la precisión de los elementos del caso fortuito, y por ello he considerado pertinente incluir en esta edición fichas de análisis de cada uno de ellos, así como de los anteriores, en cuya elaboración agradezco la valiosa colaboración de Nicolás Lagos, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Agradezco también al abogado Esteban Ovalle, por sus lúcidos comentarios a las versiones preliminares de esta investigación, Por otra parte, considerando que el cierre de esta edición coincidió con el estallido social de 18 de octubre de 2019, también se incluyen algunos comentarios y reflexiones sobre su carácter imprevisible e irresistible respecto de contratos en curso de cumplimiento.

Por último, esta nueva edición también incorpora el análisis de contribuciones doctrinales recientes y el examen de la noción de fuerza mayor que introdujo la reforma del derecho de los contratos y de las obligaciones en Francia del año 2016, figura que presenta enormes proximidades con el derecho chileno, y de ahí la utilidad de revisarla. 4. El caso fortuito es una excusa al incumplimiento de una obligación, contractual o extracontractual. Es una causal de justificación que pertenece, en términos generales, al deudor de una obligación, y que le permite eximirse del pago de la misma. Es un concepto que proviene del derecho de los contratos, aunque también se encuentra presente en los ilícitos extracontractuales. En consecuencia, al referirnos al caso fortuito, nos situamos en una hipótesis en que se discute la subsistencia de la responsabilidad contractual o extracontractual de un agente. En ese escenario, se sostiene que las catástrofes naturales serían, entre otras, situaciones de caso fortuito1. Por su importancia reciente en Chile, por las terribles consecuencias del terremoto y maremoto de 2010, me parece útil referirse a esta materia, como forma de introducción. Surge la pregunta entonces de ¿por qué debemos mezclar la responsabilidad, y hablar de responsables, cuando nos referimos a una catástrofe natural? Decir responsable es atribuir los efectos de un acto a la acción humana libre, y por definición las catástrofes están más allá de las fuerzas humanas. En el fondo, ¿qué tiene que ver un desastre de la naturaleza con la responsabilidad humana? En efecto, consideramos la catástrofe como un elemento natural, repentino e imprevisto, que sobrepasa el alcance de la

voluntad humana. Así, la catástrofe se distingue del accidente, que tiene su origen en la acción humana (por ejemplo, un accidente de ferrocarriles). Pero si la catástrofe es un suceso imparable, repentino, ¿por qué la analizamos a propósito de la responsabilidad? 5. En realidad, el tratamiento de las catástrofes por el derecho ha sufrido enormes vicisitudes a lo largo de la historia de la humanidad2. En esta breve exposición introductoria, solo es posible efectuar algunas anotaciones generales sobre esa evolución, sin duda incompletas y simplificadoras, pero que pueden esclarecer en parte el análisis que vendrá a continuación. 6. Originalmente, y probablemente así ha ocurrido durante la mayor parte de la vida humana tal como la conocemos, las catástrofes siempre estuvieron ligadas a la responsabilidad humana. En la mitología griega, dos diluvios tuvieron lugar bajo Ogigia y Deucalión, porque Zeus juzgó que los hombres eran una especie perdida en vicios, y por eso decidió ahogarlos. En la Antigüedad, existen varios relatos de dioses que protestan y separan, mediante catástrofes, a los buenos de los malos. Entre los diálogos de Platón, se encuentra en Critias el relato de una catástrofe que hace desaparecer a la Atlántida, que sucumbe por terremotos, porque un dios estimó que la depravación de los hombres merecía el castigo con un cataclismo. En fin, en la propia Biblia hay varios relatos de un dios que castiga la maldad de los hombres con cataclismos (como ocurre en el relato acerca del Diluvio, y la suerte de Sodoma y Gomorra).

7. En esta mentalidad antigua nada corresponde al azar. Los hombres por una causalidad mística interpretan los cataclismos como el precio por los pecados, el castigo a su comportamiento. Así, solo el hombre es responsable de las catástrofes naturales que se suscitan. 8. En el propio lenguaje actual existen vestigios de esta idea de que las catástrofes se deben a la culpa humana. Entre los muchos sinónimos de la palabra catástrofe (como cataclismo, calamidad o desastre) se encuentran las expresiones "azote" (castigo a la desobediencia y arrogancia humana) y "siniestro" (que significa un viraje equivocado, un giro desafortunado y una advertencia enviada por los dioses). 9. Es el espíritu científico del Renacimiento el que expulsa a los dioses del mundo (al menos, de la ciencia jurídica). La liberación del hombre, fruto del racionalismo, vuelve la confianza hacia la técnica y lleva a que la catástrofe se atribuya a la responsabilidad exclusiva de la naturaleza. Ciencia y técnica erradican los terrores mitológicos. La coronación de ese espíritu, con la Ilustración, conduce a la elaboración de los Códigos con ese tratamiento que es tributario de la mentalidad abstracta y racionalista, que ve en las catástrofes la manifestación de la naturaleza que va más allá de la voluntad humana. Por esto, el artículo 45 del Código Civil dispone que "se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto...". 10. Pero los fenómenos sociales, bien lo demuestra la historia, son cíclicos. La tercera etapa es un resurgimiento de la responsabilidad humana en las catástrofes. Ahora sobre una base técnica y no mística.

Esto es el resultado del avance de la tecnología y de la transformación de la naturaleza por parte del hombre. La naturaleza va en retroceso, pues la intervención del hombre sobre ella aumenta y, por otra parte, lo inevitable, consecuencialmente, disminuye. Ejemplo de ello es lo que ocurre con la deforestación o con la construcción en laderas que aumentan los riesgos o los efectos de los aluviones. Sin ir más lejos, es la situación de las inundaciones provocadas por una lluvia incesante que antes era canalizada naturalmente, y que hoy no lo es, debido a la pavimentación de grandes espacios precordilleranos. La misma construcción en altura constituye una seria intervención del hombre sobre la naturaleza. Incluso algunos temblores pueden deberse a la acción del hombre, como se ha demostrado al cubrir de agua grandes embalses artificiales. La intervención del hombre acrecienta los riesgos, y, como un efecto multiplicador, potencia los daños, haciéndolo copartícipe de la destrucción provocada por el cataclismo. Es suficiente con leer relatos de grandes terremotos, para percatarse de este efecto multiplicador de la acción del hombre en las catástrofes naturales3. 11. En el presente, para analizar esta materia es necesario recurrir a los criterios básicos de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, que remontan sus orígenes al Derecho romano, pero cuya configuración moderna se debe esencialmente a la obra de Henri y Léon Mazeaud4. Para la responsabilidad civil, la culpa se construye sobre la base de un patrón abstracto de hombre diligente, preguntándose si un profesional diligente colocado en las mismas circunstancias externas habría actuado de otra forma. En este esquema resultan relevantes tres conceptos básicos. En primer lugar, la

previsibilidad del daño, esto es, la posibilidad de prever lo que no se ha previsto, como ha señalado la Corte Suprema5. En segundo lugar, el riesgo creado por la actividad, que impone un cuidado mayor al agente mientras más intensa sea la entidad del riesgo creado. En tercer lugar, la prevención de los daños, que ha dado origen incluso al nacimiento del denominado principio de precaución, que obliga a la abstención frente a un riesgo elevado de daño. 12. El hombre diligente, en síntesis, anticipa lo que una persona normal puede anticipar, dados los avances de la ciencia, y tomando las medidas preventivas para evitar riesgos que crea o que acrecienta. Así, quienes construyen en montañas, en zonas costeras sísmicas o en terrenos blandos, deben tomar las medidas necesarias para evitar o aminorar el riesgo de daños que es perfectamente previsible que puedan ocurrir. En caso de que el riesgo sea elevadísimo, la prudencia obliga a abstenerse de ejecutar esa actividad. Si no toma tales medidas, el agente responde porque es culpable. 13. Por eso el caso fortuito se presenta como una excusa, una exclusión de la culpa, o como una exclusión de la causalidad en los ámbitos de responsabilidad estricta. Para ello, es necesario que presente las características de ser irresistible, inevitable y exterior (que no provenga de un acto atribuible al agente). 14. Para examinar esta cuestión, es necesario revisar la noción legal de caso fortuito (pues, a diferencia de otros países, en Chile se encuentra definido legalmente), pero teniendo muy en cuenta lo expuesto por la jurisprudencia y la doctrina nacional y comparada. En efecto, como se expondrá, la noción de caso fortuito ha tenido un largo desarrollo en la dogmática comparada, pues es

una de las figuras legales más críticas, complejas y transversales del ordenamiento jurídico, y los tribunales nacionales han dictado resoluciones que en ocasiones son el reflejo de posiciones no necesariamente coincidentes. Por esto, un análisis con rigor científico exige, ineludiblemente, examinar esas distintas posiciones jurisprudenciales y doctrinales. Así, en este estudio se analizarán los distintos elementos de esta figura jurídica, revisando las diversas interpretaciones a que ha dado lugar en la doctrina y en la práctica judicial. 15. Para efectuar este análisis, el presente estudio se divide en las siguientes secciones: I. Prevenciones sobre la regulación y funciones del caso fortuito; II. Caso fortuito y diligencia debida; III. Noción y elementos del caso fortuito; IV. Imprevisibilidad del caso fortuito; V. Irresistibilidad del caso fortuito; VI. Externalidad del caso fortuito; VII. Prueba del caso fortuito; VIII. Efectos del caso fortuito; y, IX. Fichas de jurisprudencia. 1El autor de este estudio ha tenido oportunidad de referirse brevemente a este tema en la siguiente publicación: T , Mauricio, "Catástrofe y fuerza mayor", en Derecho y catástrofe: lecciones del terremoto, Santiago, edición de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2012, pp. 57 y ss. 2Sobre esta evolución me parece muy aconsejable la lectura del artículo "Catastrophe et responsabilité", de D , Marc-Alain, en Revue Française de Sociologie, XIII, 1972, pp. 376 y ss. 3Es interesante leer el relato contenido en un conflicto de un asegurado con una compañía de seguros generado luego del terremoto de 1906 en Valparaíso, y fallado por la Corte Suprema el 11 de diciembre de 1908 (RDJ, T. 5, sec. 1ª, pp. 194 y ss.). 4M , Henri, Léon y Jean, y C , François, Traité théorique et pratique de la Responsabilité civile délictuelle et contractuelle, París, Montchrestien, 1983, 6a y última edición. Traducción al español de este tratado: Tratado teórico y práctico de la

responsabilidad civil delictual y contractual, traducción de la quinta edición por Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América. 5Corte Suprema, 29 de marzo de 1962, RDJ, T. 59, sec. 4ª, p. 21.

I. P

16. El análisis de si un suceso constituye una hipótesis de caso fortuito, a la luz del derecho nacional, requiere efectuar ciertas prevenciones para entender cabalmente el régimen al que está sometido y las funciones que cumple: i) En primer lugar, el caso fortuito es objeto de dos tipos de regulaciones en el derecho nacional, y ii) En segundo lugar, el caso fortuito cumple diversas funciones en el derecho que deben ser consideradas.

1. R 17. No obstante tener múltiples funciones en el derecho —tal como se expone en el apartado siguiente—, la regulación del caso fortuito obedece, en esencia, a dos regímenes que definen su noción y determinan sus elementos: el régimen contractual y el régimen supletorio y general del Código Civil. 18. a) Régimen contractual. En un contrato, bases de licitación aceptadas, contrato por adhesión, reglamento contractual o, en general, en cualquier documento contractual que cuente con el consentimiento de las partes, es posible definir qué se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, o regular sus efectos. Por

ejemplo, es usual que en los contratos de construcción complejos se introduzcan definiciones de lo que se entenderá por caso fortuito, o se enuncien las únicas hipótesis que se considerarán como tal, y al mismo tiempo se definan sus consecuencias, por ejemplo, suspensión de la ejecución, otorgamiento de prórrogas o término del contrato6. Se trata de una facultad entregada a todo contratante, y en caso de que las partes la ejerzan será únicamente esa la definición que deberá utilizarse para apreciar la concurrencia de sus requisitos. Así se prescribe en el inciso final del artículo 1547 del Código Civil. En Francia, luego de la reforma del derecho de los contratos de 2016, la doctrina llega a la misma conclusión, en orden a que las partes pueden regular la noción y los efectos del caso fortuito. Pueden, en particular, pactar que, aunque sobrevenga una hipótesis de fuerza mayor, seguirán obligadas, cuestión que transforma ese vínculo en una especie de "obligación de garantía"7 o en una "cláusula de garantía", asumiendo el deudor el riesgo del caso fortuito8. No obstante, deben tenerse presente tres cuestiones sobre esta regulación contractual del caso fortuito: En primer lugar, si las partes en el acuerdo contractual solo enuncian y no definen el caso fortuito, o solo mencionan sus efectos sin abordar sus requisitos, o si abordan los requisitos de manera parcial, debe entenderse que subsidiariamente se aplican las reglas del derecho común, previstas en el Código Civil (pues, como se expondrá a continuación, constituye el régimen de aplicación supletoria y general en nuestro derecho). Lo anterior es relevante, pues en muchas ocasiones los contratos establecen un procedimiento de denuncia de casos fortuitos, o regulan sus consecuencias en las obligaciones de las partes, sin pronunciarse

sobre los requisitos que deben cumplirse para que constituya una hipótesis de fuerza mayor. En tal caso, ese vacío se suple por las reglas de derecho civil, que son examinadas en detalle en este estudio. En segundo lugar, cuando existe un tratamiento contractual del caso fortuito la aplicación de sus disposiciones exige una tarea adicional, en orden a interpretar el contrato para discernir su alcance. Y, al respecto, cabe recordar que la interpretación del contrato es un proceso que se encuentra regulado en nuestro derecho positivo, en los artículos 1560 y siguientes del Código Civil, bajo el principio general de búsqueda de la intención común y de la regla auxiliar que remite al derecho dispositivo común. Así, la tarea de determinar el alcance del caso fortuito definido contractualmente se sujeta a un doble procedimiento: aplicar las reglas de interpretación contractual para discernir el alcance de la noción y de los requisitos del caso fortuito definidos en el contrato y, efectuado tal proceso, determinar en qué medida las reglas supletorias civiles que regulan el caso fortuito les son aplicables9. 19. b) Régimen general y supletorio del Código Civil. En caso de que las partes no hagan uso de esa facultad, el Código Civil contiene disposiciones supletorias que se aplican por el solo ministerio de la ley, y que definen y establecen los requisitos del caso fortuito (art. 45 del Código Civil). Recordemos que en nuestro derecho, el Código Civil, que es el derecho común, tiene una aplicación supletoria y general respecto de todas las regulaciones especiales (art. 4º del Código Civil). Así, respecto de las múltiples funciones que cumple el caso fortuito, que se expondrán a continuación, y respecto de cualquier relación jurídica (delitos y cuasidelitos, contratos públicos y privados, civiles y comerciales, laborales, etc.), normadas en cualquier estatuto (leyes comerciales, de seguros, de servicios

eléctricos,

de

construcción,

del

trabajo,

etc.),

resulta supletoriamente aplicable en defecto de regulación especial10. Específicamente, en materia contractual, se aplica la regulación del Código Civil en silencio de las partes a todo tipo de contrato, aun cuando estas tienen la facultad de modificar o complementar tales efectos (así lo dispone expresamente el artículo 1547, en materia de diligencia debida y caso fortuito). Son reglas a "disposición" de las partes, que rigen frente a su silencio. Es lo que se desprende, por lo demás, de los siguientes artículos del Código Civil: 1444 (que define los elementos de la naturaleza del contrato, que se entienden pertenecerle sin necesidad de cláusula especial); 1546 (que dispone que los contratos obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino que a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación); 1547, inciso final, que faculta expresamente a las partes a modificar las reglas legales sobre diligencia debida y caso fortuito; y 1563 (que ordena interpretar los acuerdos de la forma que más se acerque a su naturaleza)11. En consecuencia, el régimen general del caso fortuito tiene vocación a aplicarse a toda relación jurídica, ya sea con clientes o contrapartes, con proveedores o consumidores, con entes públicos y privados, sobre las cuales puedan extenderse sus efectos.

2. F

20. Porque el caso fortuito obedece, como se ha expuesto, a un régimen general aplicable a toda relación jurídica en defecto de acuerdo, sus funciones son múltiples en el marco de tales relaciones jurídicas. Si nos remitimos a las relaciones jurídicas privadas (porque también tiene un rol en el derecho internacional, en el derecho público, etc.) podemos visualizar que cumple diversas funciones en el ámbito extracontractual (esto es, en los ilícitos civiles) y en el ámbito contractual. 21. En el ámbito extracontractual, el caso fortuito cumple una función "eximente de responsabilidad", esto es, en su virtud el agente quedará liberado de la indemnización de los perjuicios que hayan sufrido las víctimas. La forma en que cumple esa función eximente es debatida en la doctrina. Para algunos, la constatación de un caso fortuito en la raíz del accidente descarta cualquier comportamiento negligente del agente, por una razón muy sencilla: la culpa es no haber previsto lo que se debió prever y el caso fortuito es por esencia algo imprevisible. Para otros, en cambio, la fuerza mayor interviene en la cadena causal, de tal forma que el daño solo puede explicarse por ese acontecimiento fortuito y no por la negligencia del agente. Como sea, en ambos casos se termina con la liberación de la obligación de pagar la indemnización de perjuicios a la víctima, pues no parece justo hacer cargar a un agente con la responsabilidad de un suceso que escapa a su previsión o que no provocó. 22. En cambio, en el ámbito contractual, el caso fortuito no solo cumple una función en la responsabilidad contractual (indemnización de perjuicios) sino que también respecto del contrato (subsistencia o suspensión de las obligaciones de las partes)12.

Respecto de la responsabilidad contractual, el caso fortuito cumple un rol eximente, pues no deberá compensar el incumplimiento mediante el pago de una indemnización de perjuicios (tanto de la indemnización moratoria como de la indemnización compensatoria). En cuanto a la forma en que opera esa liberación, se presentan las mismas tesis que para el caso de la responsabilidad extracontractual: exime porque descarta la culpa o porque causalmente puede sostenerse que es la causa del daño. Respecto del contrato, permite dispensar legítimamente al deudor del cumplimiento total u oportuno de una obligación. En efecto, si el caso fortuito es total y permanente, la obligación contractual se extinguirá porque su cumplimiento se vuelve imposible (modo de extinguir las obligaciones regulado en los artículos 1670 y siguientes del Código Civil). En cambio, si el caso fortuito es temporal, solo suspenderá momentáneamente el cumplimiento, pues en tal caso la obligación sigue vigente. En el capítulo sobre los efectos del caso fortuito se volverá sobre este aspecto. 6V. al respecto: M , Philippe; F , Dominique y M Droit des obligations, París, LexisNexis, 2017, 14ª ed., p. 684.

, Mustapha,

7C -G , Anne-Sophie, "Force majeure", en D , Thibault (dir.), La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Caen, Lextenso-Gualino, 2ª ed., 2018, p. 219. 8M , Philippe; A , Laurent y S obligations, París, LGDJ, 2018, 10ª ed., p. 547.

-M

, Philippe, Droit des

9El autor de este estudio ha tenido oportunidad de examinar estas reglas de "interpretación del contrato" en las siguientes publicaciones: T , Mauricio, Efectos de los contratos, texto docente, Universidad de Chile, Santiago, Central de Apuntes,

2011, pp. 26 y ss.; y, Contrato por Adhesión. Ley Nº 19.496 (en coautoría con José Miguel Valdivia), Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2002, pp. 127 y ss. 10Por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral, puede consultarse: C J , Juan Luis, "Caso fortuito o fuerza mayor como causal de término de la relación laboral. Requisitos del caso fortuito ¿se confunden con la inimputabilidad del empleador?", en Revista Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Vol. 6, Nº 11, 2015, pp. 13-35. 11Esta función de "derecho común supletorio" del Código Civil ha sido revisada por el autor de este estudio en la siguiente publicación: T , Mauricio, Código Civil: 1855-2005. Evolución y perspectivas, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005. 12Este es un efecto que la legislación y doctrina nacional y comparada le atribuyen unánimemente al caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, en Chile, A , Arturo; S , Manuel y V , Antonio, Tratado de las obligaciones, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, 2ª ed., pp. 278 y ss.; y, en Francia, de cuyo Código fueron tomadas las normas nacionales, C , Jean, Droit Civil: Les obligations, París, Quadrige/PUF, 2000, 22ª ed., pp. 2199 y ss.

II. C

23. Precisar el alcance del caso fortuito pasa, necesariamente, por abordar la diligencia debida por el agente o deudor. En efecto, el caso fortuito se presenta siempre como un fenómeno que va más allá de lo que puede esperarse de ese contratante o agente (emanado de la "diligencia" con que debía conducirse), y de ahí que no le sea exigible un comportamiento distinto, dirigido a prevenir o resistir ese hecho, quedando fuera del ámbito de sus obligaciones. Por tanto, es desde la perspectiva de la diligencia debida por el agente que deben apreciarse los elementos integrantes del caso fortuito o fuerza mayor: su carácter externo, irresistible e imprevisible. Como ha sostenido en Chile el célebre jurista David Stitchkin: "lo irresistible y lo imprevisible del hecho debe mirarse en función de las medidas que previamente hubiere debido adoptar el autor del daño para evitar el riesgo"13. O, como señala una conocida obra nacional sobre el caso fortuito: "el caso fortuito descansa sobre la valuación de la conducta del agente frente al suceso dañoso, esto es, sobre la determinación de si el deudor empleó o no la debida diligencia y cuidado en el cumplimiento de su obligación, en la prevención y en la resistencia frente a dicho evento"14.

24. En síntesis, ineludiblemente la respuesta a la pregunta de si un determinado suceso puede ser calificado como una hipótesis de caso fortuito requiere interrogar, previamente, acerca de cuál era la conducta debida del deudor (responsabilidad contractual) o del agente (responsabilidad extracontractual). En otras palabras, "no se puede calificar por sí sólo de fortuito a un determinado acontecimiento sin hacer una valuación de la diligencia del agente"15. La respuesta a esta pregunta permite discernir el marco de los deberes y obligaciones del deudor y, en consecuencia, aquello que excede tales límites y su responsabilidad16. 25. La cuestión ha sido discutida recientemente en Chile con motivo del terremoto de 27 de febrero de 2010, particularmente en el marco de los contratos de construcción y venta de inmuebles. Me refiero a la discusión acerca de los límites de la diligencia debida por el constructor y sus fronteras con el caso fortuito. Por su relevancia, me parece adecuado analizar con un poco más de detalles estos casos y el estándar de diligencia exigible a los constructores, que es el objeto general de este apartado. En tales contratos, el constructor se obliga a edificar cumpliendo los parámetros técnicos antisísmicos, que son vinculantes por así disponerlo la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza y la respectiva Norma Técnica. Según estas disposiciones, el constructor debe respetar ciertos estándares técnicos en la edificación que impiden el colapso como consecuencia de terremotos de una determinada magnitud. 26. En efecto, la normativa técnica aborda a esta materia sobre la base de criterios de "coeficiente sísmico", "espectro de elasticidad", "espectro de diseño" y otros representados en la

reglamentación mediante fórmulas complejas de cálculo estructural, que determinan cómo y hasta dónde deben resistir las edificaciones frente a movimientos sísmicos. Ante todo, el artículo 105 letra e), de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala: "El diseño de las obras de urbanización y edificación deberá cumplir con los standard que establezca la Ordenanza General en lo relativo a: e) Condiciones de estabilidad y asismicidad". Por su parte, el artículo 5.1.27. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones indica: "El Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural revisará el proyecto de acuerdo con las normas técnicas que se indican a continuación y verificará su cumplimiento en lo que le sea aplicable: NCh 433 Diseño sísmico de edificios". De las normas referidas, es posible concluir que la legislación ordena el cumplimiento de un estándar técnico fijado por la Ordenanza, y esta a su vez, define que la normativa técnica aplicable será la NCh 433. A su turno, la NCh 433 es un cuerpo normativo de carácter técnico creado en 1996 orientado, según indica la misma norma, a lograr que estructuras puedan presentar daños durante sismos de intensidad excepcionalmente severa, pero siempre evitando el colapso. Dada su antigüedad, y en atención a los avances de los estudios en materia sísmica, en 2009 se introdujeron pequeños cambios en la NCh 433. En general, se mantuvieron las mismas disposiciones de la normativa original, pero se agregaron "tipos de estructuración". Considerando que poco tiempo después de aprobada la actualización se produjo el terremoto de 27 de febrero de 2010, y que las consecuencias catastróficas de ese evento implicaron replantear la normativa nacional, la actualización de 2009 tuvo poca aplicación práctica.

Como se acaba de mencionar, luego del terremoto de 2010 resultó necesario revisar la normativa sísmica con el objeto de sugerir nuevas modificaciones que pudieran prevenir consecuencias frente a sucesos de la magnitud que tuvo el referido fenómeno. En noviembre de 2010, se dictó el Decreto Supremo Nº 117 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como norma de emergencia mientras concluía el estudio acabado de la normativa nacional. Los principales cambios que introdujo este decreto fueron los siguientes: se definió un nuevo ensayo de suelos, el que consiste en evaluar la rigidez de los mismos para bajas deformaciones en todos los estratos de suelos de los primeros 30 metros de terreno; se modificó totalmente el espectro de diseño, principalmente para las estructuras más flexibles; y se definió el espectro elástico de desplazamientos, con el fin de aportar al desarrollo del diseño de muros de hormigón armado sobre la base de la demanda de desplazamiento de techos. En noviembre de 2011 se aprobó el Decreto Supremo Nº 61 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que derogó el Decreto Nº 117. El Decreto de 2011, junto a la versión actualizada a 2009 de la NCh 433, conforman la actual norma sísmica chilena. Los principales cambios de este decreto son los siguientes: Se creó un nuevo tipo de suelos entre los suelos II y III, ahora definidos como B y D respectivamente. Con esto se buscó aminorar la diferencia que entregan los diseños basados en los suelos tipo II o tipo III, los que a veces presentan hasta un 50% de diferencia en las armaduras de una estructura; se eliminó el espectro del Decreto Nº 117 y se volvió al espectro original de la NCh 433; se calibró el espectro de la norma del 96 por un factor "s", factor que depende del tipo de suelos y que varía entre 0.9 para suelos Tipo A y 1.3 para suelos Tipo E; y se calibró el espectro de desplazamientos mediante un factor de amplificación

Cd*. En 2012 se actualizó nuevamente la NCh 433 pero solo para refundir su versión de 2009 con el nuevo Decreto Nº 61. Lo que antecede describe, en general, los minuciosos deberes de construcción antisísmica al que están afectos los constructores en Chile. De esta forma, si se acredita que el constructor cumplió esos parámetros, que no son otra cosa que el patrón de diligencia debida en la materia, y a pesar de ello el edificio colapsa por un terremoto de una magnitud o características no contemplados en la norma técnica, entonces no será responsable17. Para llegar a tal conclusión puede valorarse tal fenómeno natural desde una de tres perspectivas: en primer lugar, puede sostenerse que no siéndole exigible una previsión mayor a la fijada por la normativa, y reuniéndose las otras condiciones, se configura una hipótesis de caso fortuito; en segundo lugar, puede argumentarse que el daño se explica por otra causa adecuada, fallando ese requisito para establecer su responsabilidad civil; o, finalmente, lo que me parece más apropiado, puede concluirse que el constructor cumplió el estándar de diligencia en la materia (definido detalladamente por la normativa), no siéndole exigible otra conducta, por lo que la ausencia de responsabilidad civil provendrá de que no será posible establecer un comportamiento culpable en su contra18. 27. Por otra parte, la Corte Suprema también ha desechado la eximente de caso fortuito en los casos de responsabilidad del Estado por los sucesos posteriores del terremoto de 2010, considerando el comportamiento negligente de la Administración: "Así, si bien las dificultades en las comunicaciones esgrimidas por la propia demandada para justificar el hecho de no haber informado la alerta, evidentemente impedían a la autoridad dar cuenta del riesgo cierto de tsunami, aquello en modo alguno

puede justificar la conducta contraria, esto es, asegurar a la población la inexistencia de tsunami o de riesgo de ocurrencia, no pudiendo dicho llamado a la población llevar a calificar que las muertes producidas respecto de quienes lo acataron, sea consecuencia atribuible al caso fortuito o de la fuerza mayor" (...) "De este modo, la prudencia y el deber de cuidado sobre los habitantes del país en supuestos como el de autos, le impidió a la Administración el efectuar un llamado como el que en los hechos realizó, bajo las circunstancias relatadas, en cuanto el buen criterio y la responsabilidad que como autoridad recaía sobre ésta que hacía preferible que omitiere un llamado a la calma y a mantenerse en sus casas, como el que hiciera en la oportunidad indicada el Intendente de la época"19. 28. Y por ser esta cuestión esencial para los efectos de este estudio, se expondrá brevemente a continuación el tratamiento que el derecho nacional atribuye al deber de diligencia debido por el deudor. Para esto, es necesario referirse a lo siguiente: i) La noción legal de diligencia; ii) La apreciación in abstracto de la diligencia, y iii) La consideración de las circunstancias externas en el juicio de diligencia.

1. N 29. Al igual que el caso fortuito, la diligencia está definida en el derecho común (art. 44 del Código Civil), con vocación a aplicarse a toda relación jurídica. Esa norma recoge una gradación o clasificación en tres tipos de diligencia (provenientes del Derecho romano justinianeo), definidos en términos negativos,

es decir, como patrones de comportamiento culpable o negligente. El estándar más elevado de cuidado es el que corresponde al patrón de "culpa levísima", definida como aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. El estándar menos exigente corresponde al de la "culpa grave" o "culpa lata", que equivale a no manejar los negocios ajenos con el cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. El estándar medio es el de la "culpa leve", que es la falta de diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. 30. Este último estándar (culpa leve) corresponde al "cuidado ordinario", a la "diligencia ordinaria", aplicable por regla general a toda relación jurídica y equivale al comportamiento de un "buen padre de familia" o de un "hombre razonable". Es el estándar normal, que debe cumplir cualquier persona en toda relación jurídica interpersonal (contractual o extracontractual), salvo que alguna disposición especial exija un estándar superior (culpa levísima) o rebaje el nivel de cuidado a uno inferior (culpa grave o lata). La explicación de por qué es exigible este estándar ordinario atiende al sentido común: las expectativas recíprocas de comportamiento en la sociedad descansan en un comportamiento razonable, a lo que ordinariamente se entiende por diligencia, al comportamiento de un hombre sensato, que no corresponde ni al más juicioso ni al más imprudente. 31. En materia contractual, sin embargo, debe tenerse en cuenta de forma adicional que la legislación civil determina en qué contractos se responde de uno u otro estándar de conducta,

dependiendo de a quién resulta útil el acuerdo. Nuevamente se trata de normas de aplicación general. En efecto, según el artículo 1547 del Código Civil, el deudor responde de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la culpa leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Como lo usual es que los contratos se suscriban para el beneficio recíproco de las partes (la inmensa mayoría de los contratos de prestación de servicios y de intercambio de bienes), en aplicación de esta regla, una vez más es la culpa leve (equivalente a la diligencia ordinaria) la que se termina aplicando a la generalidad de los intercambios. 32. En síntesis, la definición legal de diligencia consiste, esencialmente, en que el comportamiento del agente se ajuste al determinado por un estándar de conducta. Y por ello, la ausencia de diligencia debida, esto es, la negligencia, equivale en el derecho privado a la culpa civil20.

2. A 33. La responsabilidad civil se encuentra históricamente vinculada a la responsabilidad penal. Por esta razón, originalmente tenía una marcada función retributiva y en el juicio de culpabilidad civil (que determina la diligencia o negligencia del agente) era frecuente considerar las aptitudes subjetivas del agente (predisposición psicológica o debilidades del carácter). De esta

forma, la pena y la indemnización eran proporcionales a la gravedad de la culpa del agente. Pero esta apreciación in concreto de la diligencia fue cediendo paso a una apreciación in abstracto, en una lenta evolución cuyos orígenes pueden remontarse al Derecho romano, pero que se acentuó en los últimos dos siglos. 34. En la actualidad, la constatación de la diligencia o negligencia se efectúa comparando la conducta real del agente con aquella que podía esperarse de un buen padre de familia (o del hombre razonable). La actuación diligente se define así como la que legítimamente podían esperar los terceros de un hombre razonable colocado en una situación similar y, por ello, se sostiene que la diligencia y la culpa civil se aprecian in abstracto. Lo que juzga el derecho privado contemporáneo son actos externos, comportamientos, y no predisposiciones psicológicas o estados de ánimo, que escapan a las expectativas de comportamiento recíproco y que harían irracional la vida en común. En efecto, "la diligencia se presenta como algo que el deudor debe utilizar o emplear al ejecutar la prestación, lo que en definitiva significa que éste debe desplegar una conducta objetivamente apreciable. Esto impide que la diligencia se ubique sólo en el plano psicológico del deudor"21. Entendido de esta forma, la jurisprudencia se desinteresó del examen de las particularidades o debilidades específicas del agente (cada persona debe compensar sus debilidades con un grado de cuidado apropiado), volviendo más severo el juicio de reproche y extendiendo, en consecuencia, el número de potenciales responsables.

35. Definido en estos términos objetivos, el estándar del debido cuidado depende esencialmente, en la práctica judicial chilena, de la previsibilidad de los daños que se siguieron a la acción, declarando responsable al agente cuando se responde afirmativamente a la pregunta de si un hombre medianamente diligente, colocado en la misma situación y con calificaciones similares, habría debido prever la ocurrencia de ese daño y, en consecuencia, actuar de otra forma. Por esto, la jurisprudencia nacional define la diligencia y culpa civil como "una posibilidad de prever lo que no se ha previsto"22. El hombre diligente actúa razonablemente y no puede exigírsele que conduzca su actuación dependiendo de consecuencias que no podía anticipar. El comportamiento razonable, en otras palabras, alcanza solamente aquello previsible23. Tal como se indicará más adelante, a propósito de los requisitos del caso fortuito (en particular, del requisito vinculado a la "imprevisibilidad"), en el caso de la responsabilidad contractual el carácter previsible o imprevisible de un determinado suceso debe medirse en relación con el momento de la suscripción del contrato. 36. Para determinar si la conducta del agente coincide o no con la del patrón del hombre diligente algunas leyes especiales otorgan criterios aplicables a ciertos ilícitos (como ocurre en materia de urbanismo, tránsito, medio ambiente o libre competencia). Sin embargo, en la mayoría de los casos la jurisprudencia debe discernir el comportamiento diligente sobre la base de algunos criterios generales (que reconducen en último término a la "previsibilidad" ya expuesta), que no se encuentran formalmente establecidos, sino que pueden inferirse de un estudio comparativo de las decisiones desde fines del siglo XIX. Estos criterios —

como la intensidad del daño, su probabilidad, el valor social de la acción o los costos de prevenirlos— son utilizados de forma variable por los tribunales para determinar la diligencia debida. De entre esos criterios, tal como se expondrá más adelante, es el elemento "probabilidad" el que juega un papel fundamental para determinar lo previsible o imprevisible para los efectos de responder a la pregunta de si un determinado suceso reviste los caracteres del caso fortuito.

3. C 37. El hecho de que en el juicio de diligencia se opte por una apreciación in abstracto no significa que en el mismo no se consideren ciertas circunstancias "externas". Se trata de consideraciones objetivas, exteriores y, por tanto, constatables y oponibles a todos. De esta forma, no se altera la regla de que todos los atributos, calidades o deficiencias subjetivas del agente no se consideran para los efectos de medir la diligencia debida. En el fondo, se compara la conducta efectiva del agente con aquello que hubiera podido esperarse de una persona diligente colocada en las mismas circunstancias externas. Entre tales consideraciones externas se encuentran esencialmente dos grupos: aquellas que atienden a las condiciones en que se actuó y aquella que considera a la calificación profesional del deudor. 38. En cuanto al primer aspecto (circunstancias en que se actuó), es evidente que la diligencia esperable de un agente o deudor no

es la misma dependiendo de las condiciones exteriores más o menos adversas que tenga que enfrentar para ejecutar la conducta debida. Así, por ejemplo, no es el mismo comportamiento que puede esperarse de un deudor que debe ejecutar una prestación en condiciones climáticas particularmente hostiles, ni es la misma conducta la que se puede exigir de un médico que asiste de urgencia a un enfermo en la vía pública que la que podría exigírsele si lo hace en una clínica especializada. 39. En cuando al segundo aspecto, constituye también una circunstancia externa la calificación profesional del agente. No es el mismo comportamiento el que puede esperarse de un contratante experto, que pacta en el dominio de su especialidad, que el que puede atenderse de alguien que no tiene una determinada calificación profesional. Es por ello que la conducta de un experto o especialista debe reconducirse siempre a los parámetros o protocolos que entrega su especialidad (la denominada "lex artis"). En el fondo, el umbral del comportamiento esperable para el caso de un contratante experto está dado, en una medida importante, por el estado actual de la ciencia o técnica de la cual es especialista. Son los conocimientos adquiridos y actualizados de esa ciencia los que definen la medida de aquello que debe ser previsto por ese deudor. 40. En síntesis, y en lo que importa para el objeto de este estudio, evaluar si un suceso constituye un caso fortuito exige determinar la diligencia debida por el agente. Esta diligencia debida, según el derecho nacional, atiende a un patrón legal de comportamiento que, en términos generales, alude a un estándar ordinario que es dable esperar de una persona razonable que anticipa los acontecimientos previsibles y toma las medidas necesarias para evitarlos. Ese estándar de comportamiento se compara con la

conducta efectiva del agente, sin consideración a elementos subjetivos, y por ello se sostiene que obedece a una apreciación in abstracto. No obstante, en ese juicio de valor se consideran las circunstancias externas, tales como las condiciones concretas particularmente dificultosas en que se actuó y su calificación profesional. Esta cuestión es particularmente relevante pues, como se expondrá, la diligencia debida cumple un doble papel en las obligaciones contractuales: por una parte, la prueba de haber observado la diligencia debida permite excluir la responsabilidad del deudor frente a un incumplimiento contractual; y, por otra parte, la prueba de la diligencia debida, sumado al carácter irresistible y externo de un determinado suceso, son los elementos que constituyen la excusa de caso fortuito. En su primer rol, el deudor no es responsable porque no puede imputársele el cumplimiento por ser el suceso imprevisible e inevitable. En segundo rol, el deudor no es responsable porque la causa del incumplimiento es reconducible a ese suceso fortuito y no a su comportamiento. Para entender ese segundo rol, en el capítulo siguiente se analizan en detalle los componentes o requisitos del caso fortuito, teniendo en cuenta la diligencia debida ya analizada. 13S B civil, de C Chile, 1958, p. 7.

, David, Prólogo al libro El caso fortuito ante el derecho , Eduardo e I , Fernando, Santiago, Editorial Jurídica de

14C , Eduardo e I , Fernando, El caso fortuito ante el Derecho civil, de Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1958, p. 13. 15C

, Eduardo e I

, Fernando, op. cit., p. 47.

16Por ejemplo, en un caso de responsabilidad médica se acreditó por el deudor el cumplimiento del estándar de diligencia siendo ello suficiente para descartar su responsabilidad, sin ser necesario el análisis de si además concurría una hipótesis de caso fortuito. Corte Suprema, 19 de enero de 2015, rol Nº 7215-2014, Ficha Nº 59. 17En sentido contrario, en un caso en que no se logró acreditar el cumplimiento de la norma técnica, se declaró responsable al constructor, desechándose la excusa de caso fortuito (daños en una construcción como consecuencia del terremoto de 27 de febrero de 2010): "Se ha aceptado por los jueces del fondo que parte de los daños producidos en el edificio de propiedad de la actora, tuvieron como causa el hecho propio voluntario de quien lo alega, esto es, las deficiencias constructivas derivadas de la falta de estricto apego a las especificaciones técnicas y/o planos estructurales del proyecto, así como a la inobservancia de disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la especie". Corte Suprema, 10 de marzo de 2015, rol Nº 25001-2014 (Cº. 5), Ficha Nº 24. 18Sobre esta discusión: P , Carlos, "Daños en la construcción, fuerza mayor y terremotos", en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXIV, 1er semestre de 2010, esp. pp. 172-175. 19Corte Suprema, 18 de marzo de 2019, rol Nº 4185-2018 (Cº. 9), Ficha Nº 2. En el mismo sentido, Corte Suprema, 28 de agosto de 2017, rol Nº 97661-2016 (Cº. 18), Ficha Nº 16; Corte Suprema, 27 de julio de 2017, rol Nº 68818-2016 (Cº. 22), Ficha Nº 17. 20V. sobre la diligencia civil y la "culpa": T op. cit., pp. 281 y ss.

, Mauricio, Código Civil: 1855-2005...,

21B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia en el derecho de la responsabilidad civil contractual, Santiago, AbeledoPerrot, 2010, p. 112. 22Corte Suprema, 29 de marzo de 1962, RDJ, T. 59, sec. 4ª, p. 21. 23Por ejemplo, en una decisión reciente la Corte Suprema ha sostenido que escapa a la previsibilidad para un empleador el daño causado a uno de sus empleados contratados para la limpieza de veredas, como consecuencia del impacto recibido por un automóvil conducido por una persona en estado de ebriedad y que no habría respetado una luz roja (existiría caso fortuito, pero también ausencia de comportamiento culpable por ser imprevisible) : "Más allá de que el sentenciador de segunda instancia señalara que la circunstancia de que un vehículo motorizado conducido por un tercero en estado de ebriedad, luego de un choque se proyectara sobre la vereda causando la muerte de la trabajadora en virtud del impacto, constituye un caso fortuito para el empleador, las condiciones en que se produce el accidente determinan la ausencia de reproche a este, pues no puede olvidarse que la

culpa supone la previsibilidad de las consecuencias dañosas del hecho, concepto normativo que debe apreciarse en abstracto y que se relaciona con el resultado normal, esperable en el desarrollo de determinada actividad. Así, no puede exigirse que un empleador adopte medidas extraordinarias para el barrido de una vereda, en relación al tránsito de los vehículos, toda vez que aquellos deben circular por las calles, por lo que no se puede requerir que el empleador adopte medidas de seguridad incluso para enfrentar la circulación antirreglamentaria de los vehículos motorizados, menos aún que recabe medidas para enfrentar delitos cometidos por terceros manejando en estado de ebriedad pues aquello en nada se relaciona con el desempeño de las funciones de la trabajadora...cualquier interpretación en contrario a la establecida en el fallo impugnado implicaría reconocer que se está ante un caso de responsabilidad estricta, pues haría responsable al empleador de todos los accidentes que se produzcan en el lugar que se ejercen las labores, aun cuando éste sea un espacio público y con independencia de las medidas de seguridad que se adopten, requiriendo incluso medidas para enfrentar cuestiones tan imprevisibles como la que origina los presentes autos, cuestión que es improcedente, puesto que, como es sabido, por ser excepcional, tal responsabilidad estricta necesita consagración legal expresa, lo que no ocurre en la especie". Corte Suprema, 26 de febrero de 2018, rol Nº 37434-2017 (Cº. 11), Ficha Nº 57. En cambio, en otro caso, en el que una Municipalidad alega la excusa de caso fortuito por continuar utilizando un vertedero más allá de la fecha de su cierre dispuesto por la autoridad sanitaria, rechazó tal alegación sobre la base de que debió "prever" una solución alternativa con anticipación, en los siguientes términos: "Asentado lo anterior, se debe ser enfático en señalar que aun cuando esta Corte aceptara que se encuentran acreditadas todas aquellas circunstancias alegadas por la recurrente como base para configurar la eximente de responsabilidad, igualmente ésta no podría prosperar, toda vez que en la especie no se verifica ninguna de las exigencias descritas previamente, pues la falta de un terreno alternativo para la disposición de residuos es atribuible a la Municipalidad, en tanto es el referido ente edilicio el que debió prever con anterioridad a la fecha de cierre del vertedero municipal distintas alternativas para dar cumplimiento a la Resolución que disponía el cierre definitivo". Corte Suprema, 3 de octubre de 2017, rol Nº 18167-2017 (Cº. 11), Ficha Nº 58. Asimismo, en otro fallo, la Corte Suprema estimó que se encuentra dentro de las consecuencias previsibles la caída de un árbol que termina con la vida de una persona, y que presentaba signos de inclinación hace meses: "Establecido este hecho, la parte demandada debía acreditar su diligencia, sin que probara haber realizado actividad alguna tendiente a evitar el riesgo que generaba la correspondiente inclinación del árbol. En efecto, la prueba del caso fortuito se traducía, en este caso, a la de la diligencia o cuidado observados por el agente y a la existencia de acciones concretas para evitar que la inclinación del árbol produjera daños en quienes transitaban por la vía, carga que no fue satisfecha en la especie". Corte Suprema, 27 de diciembre de 2016, rol Nº 200572016 (Cº. 19), Ficha Nº 53. En otro caso se estimó que un contribuyente había

actuado negligentemente, y no existía caso fortuito, por no haber tomado medidas de resguardo adecuadas para la conservación de documentos tributarios. Corte Suprema, 16 de abril de 2009, rol Nº 2681-2007, Ficha Nº 21.

III. N

41. Para estudiar la noción y los elementos del caso fortuito, en este capítulo se examinarán: i) Las fuentes del derecho que deben considerarse para la definición; ii) La sinonimia entre "caso fortuito" y "fuerza mayor"; iii) La noción legal de caso fortuito, y iv) La enumeración de los requisitos del caso fortuito.

1. F 42. El caso fortuito es una institución, como se dijo, transversal y crítica del derecho privado. De ahí que su tratamiento haya sido objeto de un amplio debate doctrinal en el Chile y en el derecho comparado, particularmente en el derecho francés que constituye la fuente material de las disposiciones nacionales. Y esto a pesar de que, como se expone en este capítulo, en nuestro sistema jurídico el caso fortuito tiene una definición legal, contenida en el artículo 45 del Código Civil. Tanto sus condiciones de procedencia (o requisitos), como sus efectos, son objeto de diversas interpretaciones en la doctrina y la jurisprudencia. En esencia, se explicará que tales interpretaciones fluctúan desde una aproximación más "absoluta" y severa de sus

requisitos y efectos, hacia otra más "relativa" y adaptada al modelo de diligencia debido. No obstante, en varios puntos se demostrará cómo las divergencias son más bien aparentes y existe bastante consenso sobre aspectos esenciales. 43. De esta forma, todas las obras generales en materia de obligaciones y responsabilidad civil se refieren a su tratamiento24, además de existir obras monográficas nacionales25, artículos y estudios26, así como obras de derecho comparado relevantes27, que, a su vez, han dado lugar a una multiplicidad de fallos que se han pronunciado, en particular, sobre los alcances del concepto, sus requisitos de procedencia y sus efectos28. 44. Como se dijo, en atención a esta diversidad interpretaciones o perspectivas, este estudio toma consideración todas ellas.

de en

Esto sin perjuicio de señalar, cuando corresponda, aquellas interpretaciones mayoritarias o contemporáneas del caso fortuito. En síntesis, este estudio considera las siguientes fuentes del derecho para examinar la materia a la que se refiere: el texto de la legislación común, la jurisprudencia de nuestros tribunales (aunque se efectúan también referencias a fallos extranjeros) y la doctrina nacional sobre la materia (con referencias, asimismo, a autores del derecho comparado). Cabe tener presente, por último, que la revisión de la jurisprudencia y doctrina nacional se ha efectuado con un propósito de exhaustividad, de modo de considerar todos los fallos y autores relevantes.

2. S

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45. Ante todo, se debe aclarar que las expresiones "caso fortuito" y "fuerza mayor" son sinónimas en nuestro derecho positivo, pues se les atribuye una misma definición legal y se sujetan, en consecuencia, a los mismos requisitos de procedencia y efectos. Desde ya, así se demuestra por la propia historia fidedigna del Código Civil, puesto que en el denominado Primer proyecto de Código Civil, Andrés Bello había incluido la regla siguiente: "La denominación de caso fortuito comprende la fuerza mayor". Fue la Comisión Revisora del Proyecto de 1853 quien introdujo la definición que actualmente consta en el artículo 45 del Código Civil, además de agregar un segundo inciso que señalaba: "El caso fortuito se llama fuerza mayor cuando consiste en un hecho del hombre, como en los dos últimos ejemplos". Esto es, le otorgaba la misma definición y requisitos, pero distinguía entre las causas del evento fortuito: si provenían del hombre (como los actos de autoridad), se le designaba como fuerza mayor; si provenían de la naturaleza (como un terremoto), se le denominaba caso fortuito. En definitiva, en el Proyecto de 1855 — que fue finalmente aprobado y promulgado como Código Civil—, permaneció la definición que hoy conocemos, pero fue eliminado ese inciso segundo, con lo que es posible concluir que legalmente no existen diferencias entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Por lo demás, así lo concluye la doctrina nacional29 y lo ha resuelto expresamente la jurisprudencia30.

46. No obstante, siguiendo las fuentes históricas, se acostumbra utilizar la expresión caso fortuito cuando se trata de hechos naturales inevitables (como un terremoto), y fuerza mayor cuando corresponde a hechos humanos inevitables (como un acto de autoridad o "acto del príncipe")31. Ello no pasa de ser una distinción académica, sin efectos prácticos, desde el momento en que ambos tienen el mismo concepto y se sujetan a idénticos requisitos. 47. En el derecho francés también se planteó esta discusión. El Código Civil —en su redacción ordinal de 1804— utilizaba a la par ambos conceptos ("fuerza mayor o caso fortuito") en varios artículos (arts. 1148, 1348 y 1733), a un punto tal que gran parte de la doctrina los entendía idénticos32. No obstante, algunos autores habían propuesto ciertas distinciones, como aquella que ideó Maurice Hauriou en los siguientes términos: "el caso fortuito escapa a las previsiones humanas, pero se vincula al funcionamiento mismo de la empresa o del servicio; por ejemplo, en una fábrica, es la explosión de una caldera, en una mina, es la inflamación del grisú; la fuerza mayor, es también un fenómeno imprevisto; pero, además, es exterior a la empresa o al servicio; por ejemplo, es el temblor, una inundación, un ciclón, una guerra civil, una invasión extranjera"33. Jean Carbonnier afirmaba que la interpretación propuesta (que también había sido impulsada por Josserand) tenía por propósito evidente incorporar al ámbito de la responsabilidad contractual un espacio de responsabilidad objetiva, de responsabilidad por riesgo creado (conforme a esta distinción, el caso fortuito no sería exoneratorio por no ser "exterior"), pero por contar con débil apoyo en el texto del Código (que las trataba indiferentemente) no prosperó en la práctica.

Pero Jean Carbonnier reconoce también que la distinción tiene una base de justicia: la imposibilidad de alegar un efecto liberatorio de un evento que, aunque sea irresistible e imprevisible, resulta inherente al funcionamiento de la empresa34. No obstante, la reforma francesa del derecho de los contratos de 2016 introdujo una definición de fuerza mayor en materia contractual, tal como se explicará a continuación, abandonando la expresión "caso fortuito" (aunque conserva esta noción en otros artículos).

3. D 48. A diferencia del Código Civil francés —en su versión de 1804 — que le sirvió de modelo, el Código Civil chileno incorpora una definición legal de caso fortuito en su Título Preliminar, que tiene por vocación, como ya se ha expuesto, de aplicarse con efectos generales a toda relación jurídica, salvo en cuanto algún contrato entre las partes le atribuya un significado diverso, imponga otros requisitos o le atribuya efectos diversos. El inciso final del artículo 1547 del Código Civil autoriza expresamente a las partes de un contrato a alterar las reglas legales sobre el caso fortuito. En todo caso, como también se explicó, si el documento contractual solo define parcialmente alguno de estos elementos (como, por ejemplo, si solo menciona sus efectos pero no sus requisitos), la legislación civil cumple una función supletoria y se aplican las reglas que se explican en este capítulo.

49. La definición se encuentra contenida en el artículo 45 del Código Civil, que señala lo siguiente: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". Como se desprende de su simple lectura, esta norma se limita a definir el caso fortuito, estableciendo sus requisitos o condiciones de procedencia (imprevisible e irresistible), sin señalar sus efectos. 50. Por ello, esa noción legal se debe complementar con dos disposiciones que establecen los "efectos" del caso fortuito (y que serán abordadas en el título respectivo de este estudio). La primera disposición es el inciso 2º del artículo 1547, que dispone que: "El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa". Esta norma establece nítidamente el alcance del caso fortuito en materia contractual, excluyendo la responsabilidad (indemnización de perjuicios) del deudor, salvo en cuanto provenga de su culpa o durante la mora (elemento, como se expondrá, que tiene que ver con la "exterioridad" como requisito del caso fortuito). La segunda disposición es el artículo 1558 inciso 2º del Código Civil: "La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios". Esta norma no hace más que reforzar la regla anterior (que se refiere en general a la eximente de responsabilidad, descartado tanto la indemnización compensatoria como la moratoria), señalando específicamente que el caso fortuito excluye la reparación del retardo culpable.

Esta aclaración tiene especial relevancia, como se concluye más adelante, cuando el caso fortuito solo tiene un efecto temporal en el cumplimiento de la obligación, excluyendo en el intervalo en que la prestación es imposible la indemnización moratoria. Por último, como también se dirá a propósito de sus efectos, deben tenerse presente las disposiciones de los artículos 1670 y siguientes del Código Civil, pues una parte importante de la doctrina y de la jurisprudencia nacional entienden que cuando el caso fortuito genera una imposibilidad permanente y total de cumplimiento, la obligación se extingue según tales normas, que regulan "la pérdida de la cosa que se debe". 51. Volviendo a la definición de caso fortuito del Código Civil, se debe mencionar que ella recoge en general los elementos que venían siendo establecidos desde el Derecho romano justinianeo y que pasaron a nuestro derecho mediante las Siete Partidas (7, 33, 11) y la opinión de sus comentaristas. Probablemente fue adaptado en el derecho chileno del célebre Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia de Joaquín Escriche35, que contenía una definición muy cercana a la norma nacional: "El suceso inopinado, o la fuerza mayor que no se puede prever ni resistir"36. Estas precisiones no son baladíes, pues todas estas fuentes mencionadas se remontan en definitiva a las enseñanzas del Derecho romano, que entendían el caso fortuito como la confluencia de dos elementos: la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Así se demuestra al analizar la enumeración de sus requisitos de procedencia, cuestión que se hace en el apartado siguiente. 52. Antes, se efectuarán algunas referencias a la reforma francesa del derecho de los contratos de 2016, que introdujo una

definición de fuerza mayor que, como se dijo, antes no existía en ese Código Civil37. No obstante, la doctrina, sobre la base de la jurisprudencia, tendía a sostener mayoritariamente (aunque con ciertas divergencias en algunas de sus condiciones, que serán evocadas en esta obra), que la fuerza mayor constituía en el ámbito contractual "un suceso 'exterior', no solamente respecto del deudor, sino también respecto de las cosas o personas por las cuales es responsable, 'imprevisible', esto es, que no podía razonablemente ser previsto al tiempo de la suscripción del contrato, e 'irresistible', esto es, cuya sobrevivencia no podía ser evitada (inevitable), ni los efectos superados durante la ejecución (irremontable)"38. En materia extracontractual, si bien era usual hacer referencia a esa trilogía de condiciones, algunos autores destacaban que, por su propia naturaleza, la imprevisibilidad tenía un rol menor en ese ámbito39. La nueva definición legal presenta enormes cercanías con la nacional y con la forma en que la jurisprudencia chilena la ha interpretado, cuestión que no sorprende porque la doctrina nacional, como se sostiene en esta obra, ha utilizado obras francesas para delimitar los contornos de esta figura jurídica. El inciso 1º del nuevo artículo 1218 del Código Civil francés define la fuerza mayor en materia contractual de la siguiente forma: "Existe fuerza mayor en materia contractual cuando un suceso que, escapando al control del deudor, no podía ser razonablemente previsto al momento de la suscripción del contrato y cuyos efectos no pueden ser evitados por medidas apropiadas, impide la ejecución de la obligación por el deudor"40. Por su parte, el inciso segundo describe las consecuencias de la fuerza mayor: "Si el impedimento es temporal, la ejecución de la obligación se suspende a menos que el retardo que de ello

resultaría no justifique la resolución del contrato. Si el impedimento es definitivo, el contrato se resuelve de pleno derecho y las partes son liberadas de sus obligaciones en las condiciones previstas en los artículos 1351 y 1351-1"41. Estos artículos, tratando de la imposibilidad de ejecución, describen el efecto liberatorio de la fuerza mayor para el deudor. El Informe dirigido al Presidente de la República, que acompaña la Ordenanza Nº 2016-131 que contiene la reforma (y que constituye una valiosa fuente de interpretación de esta modificación transcendental del Código Civil francés)42, afirma que este artículo recoge la definición jurisprudencial de fuerza mayor, pero que abandona el tradicional requisito de la "exterioridad", en razón de que la jurisprudencia de la Asamblea Plenaria de la Corte de Casación lo habría también abandonado en 200643. Asimismo, en la introducción de esta noción, solo aplicable

para

el

ámbito

contractual

(la

reforma

de

la responsabilidad civil extracontractual se encuentra pendiente44), se señala que tiene por propósito superar algunos puntos de controversia en la jurisprudencia (en particular, sobre sus requisitos), precisando que la imprevisibilidad en este ámbito se aprecia al día de la conclusión del contrato (y no al día del hecho ilícito, como ocurre en materia extracontractual), y que el evento debe ser irresistible tanto en su acontecimiento (inevitable) como en sus efectos (irresistible propiamente tal). En los diferentes capítulos de este libro se volverá sobre esta nueva noción y su interpretación por la doctrina, en aquello que resulta ilustrativo para el derecho nacional, pero desde ya se menciona que el propósito del legislador francés en orden a erradicar el requisito de la "exterioridad" parece haberse frustrado, pues la mayor parte de los autores afirma que el mismo estaría inequívocamente contenido en la expresión "escapando al

control del deudor"45. Asimismo, resulta paradójico que el mencionado informe señale que la fuerza mayor comprende, en el requisito de la irresistibilidad, tanto el carácter inevitable (la ocurrencia del acontecimiento no se podía impedir) y la irresistibilidad propiamente tal (esto es, que sus efectos no puedan ser dominados o detenidos), pero que aquello no se haya precisado en el texto de la definición legal46.

4. E 53. En efecto, en cuanto a la enumeración de los requisitos del caso fortuito, es posible afirmar —como lo hace la principal obra monográfica nacional sobre la materia— que en "todos los países de raíces latinas, se postulan como requisitos del caso fortuito la imprevisibilidad y la irresistibilidad...", siendo común que se agregue un tercero: "la ajenidad o exterioridad"47. 54. La conclusión de que los requisitos del caso fortuito son estos tres (imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad) no es debatida en nuestro derecho. Los dos primeros elementos emanan de la propia definición del artículo 45 del Código Civil, y el tercero se extrae, en particular, de la exigencia contenida en el artículo 1547 del mismo Código (en orden a que el caso fortuito no puede provenir de la culpa del deudor). Así lo ha sostenido invariablemente la doctrina nacional más calificada48 y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Esta última ha sostenido categóricamente lo siguiente: "La jurisprudencia y la

doctrina relativas a la materia coinciden en que su concurrencia exige tres requisitos mínimos: a) que el hecho sea imprevisible, b) que sea irresistible y c) que no acaezca por un acto propio de quien lo hace valer"49. Por lo demás, la conclusión no es original de nuestro derecho, sino que, como se mencionó, es común a los países de tradición de derecho continental50. 55. De esta forma, para determinar si un determinado suceso constituye o no una hipótesis de caso fortuito, es necesario examinar si se reúnen en la especie estos tres elementos: un hecho imprevisible; un hecho irresistible; y, que sea exterior, es decir, que no haya sido provocado por quien lo invoca. En los capítulos siguientes se analiza por separado el alcance de cada uno de estos requisitos. Cabe mencionar que estos requisitos son copulativos, por lo que la ausencia de cualquiera de ellos excluye la calificación del evento como caso fortuito. Sin perjuicio de esto, tal como se expondrá a propósito de los efectos de la fuerza mayor, la sola presencia del elemento imprevisibilidad, si bien no es suficiente para calificar el suceso como caso fortuito, sí es suficiente para probar la diligencia debida y, por tanto, excluir la culpa civil. 24Para referirse a las obras generales principales en materia de obligaciones: A , Arturo; S , Manuel y V , Antonio, op. cit., pp. 278 y ss., y, A , René, Las obligaciones, T. II, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993, pp. 828 y ss.; R , René, De las obligaciones, Santiago, LexisNexis, 2004, pp. 263 y ss. En materia de responsabilidad civil: A , Arturo, De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno, Santiago, Imprenta Universitaria, 1943, T. II, pp. 599 y ss.; C , Hernán, Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003,

pp. 114 y ss., y Contratos y daños por incumplimiento, Santiago, AbeledoPerrot, 2010, pp. 131 y ss.; y, B , Enrique, Tratado de responsabilidad civil extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp. 414 y ss. 25Existen dos libros nacionales especialmente dedicados a este tema, que en atención a su profundidad y pertinencia se utilizan en varios pasajes de este estudio: C , Alberto e I , Fernando, op. cit.; y, B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit. Este último trabajo es probablemente el más completo de todos, aunque es cuestionable el tratamiento que efectúa a la diligencia debida (adoptando una distinción foránea de dos tipos de diligencia —una promotora y otra en la ejecución de la obligación— que difícilmente es sostenible en el derecho nacional), así como también ciertas confusiones que presenta en materia de "irresistibilidad". A ellos se deben agregar otras dos tesis de grado: I , Eduardo, El caso fortuito en la legislación civil, Concepción, Universidad de Concepción, 1961, y S , Sergio, La responsabilidad, el caso fortuito y la culpa ante la jurisprudencia, Concepción, Universidad de Concepción, 1964. Por último, nuestra modesta contribución: T , Mauricio, Caso fortuito en el Derecho civil chileno, Santiago, Thomson Reuters, 2013. 26Entre ellos, destaco: P , Carlos, "La fuerza mayor como defensa del deudor. A propósito de la restricción del suministro de gas a Chile", Gaceta Jurídica, Nº 288, 2004, pp. 7 y ss., y "Daños en la construcción, fuerza mayor y terremotos", en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXIV, 1er semestre de 2010, pp. 161 y ss.; V , Paulina, "Caso fortuito y las catástrofes", en Derecho y catástrofe: lecciones del terremoto, op. cit., pp. 63 y ss.; y nuestra modesta contribución: T , Mauricio, "Catástrofe y fuerza mayor", en Derecho y catástrofe: lecciones del terremoto, op. cit., pp. 57 y ss. Existen, también, tres artículos de María Graciela Brantt, que, no obstante, se encuentran integradas en su libro ya citado: "Exoneración de responsabilidad y extinción de la obligación: la delimitación entre el caso fortuito y la imposibilidad sobrevenida de la prestación", en G B , Alejandro (ed.), Estudios de Derecho Civil III. Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Valparaíso, 2007, Santiago, LegalPublishing, 2008, pp. 479 y ss.; "La irresistibilidad del caso fortuito y el deber de actuación del deudor como condición para su exoneración", en F , Gonzalo; B , Enrique y T , Mauricio (coord.), Estudios de Derecho Civil VI, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Olmué 2010, Santiago, LegalPublishing, 2011, pp. 737 y ss.; y "La exigencia de la exterioridad en el caso fortuito: su construcción a partir de la distribución de los riesgos del contrato", Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, XXXIII, 2009, pp. 39 y ss. 27En el derecho comparado existen varias obras relevantes. No obstante, por su amplitud y profundidad, y por los vínculos históricos que tiene el derecho francés con

el nuestro, la obra más relevante y citada es la de A Contribution a l'étude de la forcé majeure, París, LGDJ, 1992.

, Paul-Henri,

28Como lo demuestra la simple revisión de la jurisprudencia extractada a propósito del artículo 45 del Código Civil en el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994, 3ª ed., T. I), así como la jurisprudencia extractada en la edición del Código Civil a cargo de Javier Barrientos (Santiago, Abeledo Perrot, 2012, T. I). Asimismo, y como ya se adelantó, con posterioridad a la primera edición de esta obra han surgido numerosos pronunciamientos judiciales sobre la materia en casos de indemnización de perjuicios relativos a las consecuencias del terremoto y tsunami de 2010. En los párrafos siguientes son citadas y analizadas las sentencias más relevantes sobre la materia. 29V. por ejemplo, A op. cit., p. 279; y, A

, Arturo; S , René, op. cit., p. 828.

, Manuel, y V

, Antonio,

30V. por ejemplo, Corte de Apelaciones de Valparaíso, 14 de marzo de 1928, RDJ, T. 28, sec. 1ª, p. 239; y Corte de Apelaciones de Concepción, 18 de abril de 2011, L.P. Nº 49241. 31Señalando que son sinónimas: V. A , Arturo; S , Manuel y V , Antonio, op. cit., pp. 278 y ss. En una sentencia reciente de la Corte Suprema, se señala al respecto: "Por caso fortuito se entiende un evento natural inevitable, al cual no es posible resistir, como un terremoto, rayo, incendio no imputable, epidemia; y por fuerza mayor a hechos humanos inevitables para cualquier deudor, como su aprisionamiento por error de la autoridad". Corte Suprema, 10 de noviembre de 2016, rol Nº 35563-2016 (Cº. 6), Ficha Nº 23. 32V. al respecto: D , Nicolas y J , Christophe, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, París, Dalloz, 2017, p. 125. 33H , Maurice, La distinction de la force majeure et du cas fortuit, Sirey, 1912.3.161. 34C

, Jean, op. cit., p. 2204.

35Andrés Bello probablemente lo tomó de la edición de Valencia de 1838. Una edición posterior: E , Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, París, Librería de Ch. Bouret, 1885, p. 426. 36Al respecto, v. B

, Javier, op. cit., p. 122.

37Me refiero a la reforma del derecho de los contratos, del régimen general y de la prueba de las obligaciones (Ordenanza Nº 2.016-131, de 10 de febrero de 2016, que entró en vigor el 1 de octubre de 2016). 38C , François, Le nouveau droit des obligations et des contrats, París, Dalloz, 2ª ed., 2018, p. 140. 39V. D

, Nicolas y J

, op. cit., p. 125.

40Traducción libre del autor. El texto original en francés es el siguiente: "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur". 41Traducción libre del autor. El texto original en francés es el siguiente: "Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1". 42Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance Nº 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Journal officiel, 11 février 2016). 43La noción que podía desprenderse de esa jurisprudencia es que la fuerza mayor en materia contractual corresponde a un acontecimiento "imprevisible al tiempo de la suscripción del contrato e irresistible en su ejecución". Corte de Casación, Asamblea Plenaria, 14 de abril de 2006, Nº 04-18902 y Nº 02-11168. 44El proyecto de reforma de la responsabilidad civil propone también una definición para la fuerza mayor en el ámbito extracontractual: "En materia extracontractual, la fuerza mayor es el evento que escapa al control del demandado o de la persona por la cual él responde, y respecto del cual éstos no podían evitar ni la ocurrencia ni las consecuencias por medidas apropiadas". Traducción libre del autor. El texto original en francés es el siguiente: "En matie`re extracontractuelle, la force majeure est l'e´ve ´nement e´chappant au contro^le du de´fendeur ou de la personne dont il doit re ´pondre, et dont ceux-ci ne pouvaient e´viter ni la re´alisation ni les conse´quences par des mesures approprie´es". Ministère de la Justice, Projet de réforme de la responsabilité civile, marzo 2017, artículo 1253 inciso 2º. 45V. por todos: C 46Ibídem, p. 140.

, François, op. cit., p. 141.

47B C

, María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 52. Antes, , Eduardo e I , Fernando, op. cit., p. 45.

48V. por todos, A op. cit., p. 279, y A

, Arturo; S , René, op. cit. p. 829.

, Manuel y V

, Antonio,

49Corte Suprema, 8 de abril de 2009, L.P. Nº 41987. En el mismo sentido, entre otros fallos: Corte Suprema, 9 de septiembre de 1992, RDJ, T. 89, Nº 3, sec. 5ª, p. 254; Corte Suprema, 19 de junio de 2003, RDJ, T. 100, sec. 3ª, p. 88, Ficha Nº 51; Corte Suprema, 29 de septiembre de 2004, F. del M., Nº 526, sent. 17ª, p. 2094; Corte Suprema, 17 de agosto de 2006, RDJ, T. 103, sec. 3ª, p. 872, Ficha Nº 47; Corte Suprema, 24 de agosto de 2006. RDJ, T. 103, sec. 1ª, p. 636, Ficha Nº 27; Corte Suprema, 28 de junio de 2007, L.P. Nº 36884, Ficha Nº 45; Corte Suprema, 21 de enero de 2008, L.P. Nº 38118, Ficha Nº 26; Corte Suprema, 16 de abril de 2009, L.P. Nº 38806, Ficha Nº 21; Corte Suprema, 18 de diciembre de 2008, L.P. Nº 41441, Ficha Nº 41; y, Corte Suprema, 22 enero 2009, L.P. Nº 41619. 50En el derecho francés, se ha concluido, por ejemplo, que "la fuerza mayor debe presentar, en ausencia de convención particular, tres caracteres: irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad". M , Philippe; A , Laurent y S M , Philippe, Les obligations, París, Defrénois, 2009, 4ª ed., p. 511.

IV. I

56. Como se expondrá en los párrafos siguientes, tanto la imprevisibilidad como la irresistibilidad constituyen "estándares jurídicos", esto es, instrumentos jurídicos útiles para señalar la razonabilidad o la normalidad de un comportamiento51. Es por eso, como ya se ha dicho, que ambos estándares se encuentran, en definitiva, determinados por la diligencia debida por el deudor o agente, del que no son sino su contrapartida. Aquello que corresponde al cuidado debido, es previsible y resistible, formando parte del ámbito de las obligaciones del deudor o agente; aquello que escapa al comportamiento razonable, es imprevisible e irresistible, constituyendo una hipótesis de caso fortuito si, además, reúne el requisito de la exterioridad. Y esto porque las conductas exigibles en las relaciones recíprocas no son aquellas esperables de santos o de héroes. De los otros esperamos un comportamiento normal y razonable, y es ese criterio el decisivo en materia de imprevisibilidad e irresistibilidad. 57. Por ello, para examinar el requisito de la imprevisibilidad, conviene referirse a lo siguiente: i) Las distintas aproximaciones a este requisito; ii) El método de apreciación de la imprevisibilidad; iii) La probabilidad como elemento determinante de la

imprevisibilidad, y iv) Momento en que debe medirse la imprevisibilidad.

1. A 58. Como en todas las materias de derecho civil vinculadas a la diligencia debida y sus límites (tal como el caso fortuito), existen dos aproximaciones en la doctrina y en la jurisprudencia: una más tradicional y absoluta, y otra más moderna y relativa52. Ambas posiciones constituyen perspectivas diversas acerca de la noción de previsibilidad y del momento en que debe ser apreciada para los efectos de determinar si un suceso constituye un caso fortuito. 59. La posición tradicional y absoluta sobre la imprevisibilidad se puede sintetizar en tres ideas. En primer lugar, postula que el evento debe ser imposible de prever para cualquier persona colocada en iguales circunstancias externas, con independencia del deber de diligencia de que es deudor el agente53. En segundo lugar, esta posición pone acento en la idea de que la previsibilidad se vincula directamente a las medidas o providencias necesarias para precaver un hecho, esto es, a las "actividades de prevención idóneas para evitar la realización del suceso previsto"54. De esta forma, para esta posición el acontecimiento es imprevisto cuando sucede a pesar de la

adopción de las medidas de precaución adecuadas. De ahí que, mirado desde esta perspectiva, se vincule más con la posibilidad de evitar un suceso que con la posibilidad de anticiparlo. En otras palabras, esta perspectiva enfoca la previsibilidad desde la óptica de la irresistibilidad, confundiéndola con este concepto55. Por último, al poner atención en las actividades para evitar su ocurrencia, esta aproximación pone énfasis en las medidas de precaución que se toman en la fase de ejecución de las obligaciones y no al momento de celebrar el contrato (si se trata de una hipótesis de responsabilidad contractual)56. 60. Debe mencionarse que esta posición doctrinal y jurisprudencial corresponde a una visión tradicional (esencialmente, de la primera mitad del siglo XX), que ha sido fuertemente discutida por la doctrina contemporánea y, en gran medida, ha sido superada. Por lo demás, como se expondrá, varios de los autores que se citan como sostenedores de esta teoría, en realidad matizan su exposición refiriéndose a una previsibilidad que invoca patrones abstractos de conducta y según las "circunstancias externas", lo que introduce un claro elemento relativo57. En gran medida, la asignación de un carácter absoluto a las condiciones del caso fortuito obedece también a que era frecuente, en la doctrina clásica, el confundirlo con el modo de extinguir las obligaciones denominado "imposibilidad absoluta de ejecutar la prestación", que es otra institución y que tiene, como expondrá más adelante, una regulación diversa en el Código Civil. Las críticas esencialmente se dirigen a las tres ideas que la sustentan.

En primer lugar, no podría sostenerse en materia de previsión de comportamientos en el derecho que ella deba extenderse de forma absoluta, preguntándose si el deudor o cualquiera otra persona haya podido anticipar ese hecho. Ello conduciría a un absurdo, pues, en abstracto, todo evento puede ser de alguna forma previsible o realizable en la imaginación humana que no tiene límites. Como se señala en una obra francesa: "existen individuos inquietos y roídos por el miedo que prevén todo: la huelga, la tempestad o el atentado criminal"58. Una concepción de esta naturaleza llevaría a la conclusión, en definitiva, de que ningún evento podría considerarse imprevisible y, en consecuencia, no podría existir ninguna hipótesis de caso fortuito. En efecto, incluso las peores y las más excepcionales catástrofes pueden, en teoría, anticiparse. Recientemente, la jurisprudencia chilena ha concluido algo similar, a propósito de los numerosos juicios de responsabilidad del Estado, originados por las fatales consecuencias del terremoto y tsunami de 2010. En varias decisiones, la Corte Suprema ha sostenido que: "En la práctica, la imprevisibilidad entendida desde esta perspectiva, haría realmente difícil configurar un evento como fuerza mayor, pues en estricto sentido, casi todos los hechos o circunstancias de la vida pueden ser humanamente imaginados, es decir, hipotéticamente previstos, lo que haría infructuoso alegar esta causal de exoneración, pues prácticamente nunca se configuraría como hecho imprevisible"59. Esto por esto que el derecho no considera necesario anticipar todo, sino solo prever aquello que un hombre razonable debe anticipar. Sostener lo contrario no sería solo ilógico, sino también irrealizable, porque la previsión en definitiva es el estándar de

comportamiento diligente en el tráfico jurídico y, si se exigiera prever todo, se obligaría a las personas a una perfección que no es consistente con la condición humana. Por eso, en ningún sistema jurídico se les exige a los contratantes anticipar todo, sino solamente lo normalmente previsible. Como lo ha afirmado lúcidamente Jean Carbonnier —quizá el más grande jurista del siglo XX—, "se le reprocha sobre todo a la doctrina clásica el haber puesto el acento sobre lo absoluto de cada uno de los elementos de la trilogía [del caso fortuito]. ¿Acaso no es exigir al hombre calidades de un superhombre? (...) Filosóficamente, es la concepción relativa la que tiene la razón: el absoluto no es de este mundo"60. Como otros autores, con cierto humor afirman: "es evidente que el derecho no es absoluto, no exige al deudor ser un superhombre, Tarzán, Astérix, Tintin, Superman, Rambo o el Conde de Montecristo"61. Así como concluye un fallo francés, la imprevisibilidad de entenderse de "manera humana y no absoluta, a la escala del entendimiento y de la fuerza humana"62. La reciente reforma del derecho de los contratos en Francia confirma este criterio, pues la definición de fuerza mayor del nuevo artículo 1218 señala que un suceso reviste tal carácter cuando "no haya podido ser razonablemente previsto al momento de la suscripción del contrato". Es por esto que una obra reciente concluye que "la incorporación del término 'razonablemente' obligará al juez a aplicar este criterio de la previsibilidad con inteligencia, y a no reducir la categoría de eventos de fuerza mayor sólo a los sucesos totalmente improbables o imaginables"63.

En segundo lugar, al conducir la imprevisibilidad a las medidas de prevención destinadas a evitar un suceso que, a pesar de ser implementadas, de todas formas aconteció, esta teoría en realidad termina confundiendo la imprevisibilidad con la irresistibilidad. Es esta última, como se expondrá, la que exige preguntarse si se podían tomar las medidas destinadas a evitar o contener el hecho en que consiste el caso fortuito. Ello equivale a dejar sin contenido uno de los requisitos legales del caso fortuito, contrariando el texto de la ley, cuestión que también se encuentra presente en cierta doctrina comparada contemporánea64. Por último, también se critica a esta posición doctrinal el centrar el análisis en las medidas de precaución implementadas en la fase de ejecución del contrato, siendo que la previsibilidad de los comportamientos debe medirse, en el caso de los acuerdos, en el momento en que se celebraron65. 61. La segunda posición, contemporánea y relativa, puede resumirse en las siguientes dos ideas, tal como se ha adelantado en los párrafos anteriores66. En primer lugar, la imprevisibilidad atiende a una representación mental y anticipada de que ciertos hechos pueden ser las probables consecuencias de ciertas causas. Tal previsión debe efectuarse no en términos absolutos, sino en relación con la diligencia debida por el agente y sus circunstancias. Como se sabe a propósito del análisis de la diligencia debida, para esta aproximación la pregunta pertinente para determinar el carácter imprevisible de un acontecimiento pasa por responder, previamente, cuál era el estándar de comportamiento (y, por tanto, de previsión) exigible al agente.

Esta posición comenzó a generalizarse a partir del conocido estudio de André Tunc de 1945, quien defendió por primera vez con fuerza el carácter relativo de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad, la necesidad de vincularlas estrictamente a la diligencia debida67. Tal como la sintetiza Jean Carbonnier: el caso fortuito "es liberatorio desde que él gobierna los medios que el deudor estaba obligado a aplicar; debe ser medido según la diligencia que él debía de acuerdo al contenido de la obligación"68. Envuelve así una apreciación in abstracto, tal como lo confirma, en el caso del derecho francés, la introducción de la noción de "razonablemente" en el concepto de fuerza mayor69. En síntesis, "la imprevisibilidad de un suceso constitutivo de fuerza mayor debe ser apreciada in abstracto, esto es, se trata de determinar aquello que es normalmente imprevisible para un hombre razonable"70. En segundo lugar, tal operación de previsión debe medirse, para el caso de la responsabilidad contractual, en el momento de celebración del acuerdo, pues es en ese instante donde debe apreciarse si el deudor pudo anticipar el suceso y tomar las medidas (en la redacción de las cláusulas del contrato) para regular o excluir ese riesgo. De esta forma, la imprevisibilidad conserva un rol independiente de la irresistibilidad en el caso fortuito, pues la primera se mide al momento del acuerdo y la segunda al momento de la ejecución cuando se desencadenan los acontecimientos. 62. La doctrina y la jurisprudencia contemporáneas (nacionales y comparadas) se inclinan masivamente por la segunda concepción descrita (la posición relativa)71. Basta señalar, desde ya, que las obras principales sobre la materia, así como la jurisprudencia, concluyen en tal sentido72. De ahí que en los párrafos siguientes

se analicen los componentes de la imprevisibilidad y su forma de apreciación conforme a sus criterios, citando los fallos nacionales que recogen actualmente esta visión. Para esto, hay que tener presente que la imprevisibilidad, al igual que la diligencia debida, presenta una doble pregunta: cómo se aprecia y qué elementos la componen.

2. M 63. Si el actuar diligente está definido por comportarse de acuerdo a las consecuencias previsibles de su actuación —tal como ya ha sido explicado—, es evidente que la imprevisibilidad conduzca a la misma pregunta de cómo debe medirse lo imprevisible (in concreto o in abstracto). En otros términos, ¿se trata de determinar lo imprevisible subjetivamente?, esto es, ¿qué podía anticipar ese individuo concreto según su capacidad intelectual, fortalezas y debilidades peculiares?; o bien, ¿se trata de determinar qué debía haber anticipado según el deber de diligencia que le era exigible?, esto es, ¿qué debía haber previsto un sujeto diligente colocado en las mismas circunstancias externas? 64. Ahora bien, por las mismas razones que la diligencia debida —y su corolario la culpa civil—, se aprecian in abstracto, así también la imprevisibilidad —y su corolario la excusa de caso fortuito—, se aprecian según el mismo método.

En síntesis, se compara la conducta efectiva del agente (aquello que previó y no previó) con el patrón de conducta aplicable (aquello que debió haber previsto), para obtener la respuesta de si un determinado acontecimiento fue previsible o imprevisible. Esta es una conclusión absolutamente mayoritaria en la doctrina y jurisprudencia, por dos razones esenciales: En primer lugar, por una razón de sentido común, pues si la imprevisibilidad se apreciara in concreto difícilmente encontraríamos hechos previsibles y los juicios civiles se convertirían en disputas entre informes psicológicos que rebatirían el menor o mayor grado intelectual del deudor y, en consecuencia, su posibilidad de anticipar determinados eventos o no. Evidentemente, un sistema de intercambios y de relaciones interpersonales fundadas en la confianza que nacen de las conductas externas no puede descansar en ese subjetivismo psicológico. En segundo lugar, por una razón de coherencia, porque si legalmente —como se ha expuesto— la diligencia se mide en virtud de las conductas previsibles que imponen los patrones abstractos de comportamiento (artículo 44 del Código Civil), es evidente que su contrapartida —los hechos imprevisibles— deben medirse con ese mismo método abstracto. 65. El método in abstracto de apreciación de la imprevisibilidad es con frecuencia recogido en las sentencias de las Cortes superiores chilenas sobre caso fortuito bajo la exigencia de que él debe medirse en términos "razonables" o "racionalmente"73. Esto porque lo "razonable" hace referencia en nuestros sistemas jurídicos contemporáneos a lo que el Código Civil denomina un buen padre de familia, esto es, una persona de ordinaria

diligencia. En efecto, un "buen padre de familia, es una persona razonable por definición"74. Tal patrón de conducta —como se ha explicado latamente— es el que corresponde al de la "culpa leve", aplicable a todas las relaciones extracontractuales y a la inmensa mayoría de los contratos (aquellos que se suscriben en utilidad recíproca, salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa). Así, nuestra Corte Suprema ha concluido que "la imprevisibilidad del caso fortuito o fuerza mayor significa que racionalmente no existe manera de anticipar su ocurrencia"75. La jurisprudencia nacional ha agregado, en el mismo sentido, que es imprevisible cuando "racionalmente no existe manera de anticipar su ocurrencia"76; o, "cuando no hay ninguna razón esencial para creer en su realización"77, etcétera. De esta forma, la actuación racional es aquella esperable de una persona diligente que prevé aquello que le corresponde prever según el estándar de diligencia del cual responde (y usualmente ese estándar es el mediano, correspondiente al buen padre de familia). 66. En el mismo sentido concluye la jurisprudencia francesa — que es siempre seguida de cerca por los fallos nacionales en esta materia— afirmando que el elemento imprevisible debe medirse en atención a aquello que es "normalmente imprevisible"78o "racionalmente imprevisible"79. Como ha concluido una conocida obra francesa reciente de derecho de las obligaciones: en su valoración en "abstracto, hablamos de evento 'normalmente imprevisible': la apreciación en relación al buen padre de familia"80.

67. En gran medida por influencia del derecho francés de mediados del siglo XX, la doctrina nacional afirma sistemáticamente en el presente que la imprevisibilidad debe medirse en abstracto. Como afirmara la señera obra de Henri y Léon Mazeaud y François Chabas: "no se trata de determinar si el deudor en particular podía anticipar el evento y resistirlo, sino si un deudor diligente, colocado en las mismas circunstancias, habría podido anticiparlo y resistirlo"81. Siguiendo esas enseñanzas, la doctrina nacional más autorizada (Arturo Alessandri) también ha sostenido que "un hecho es imprevisto cuando ninguna razón hay para esperar su ocurrencia"; o, cuando "ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar habría podido preverlo"82. 68. Como se desprende de lo anterior, al igual que la "diligencia debida" (y su corolario la culpa civil) en la apreciación in abstracto de la imprevisibilidad también son relevantes las "condiciones externas", en particular, el grado de especialización o el carácter profesional del deudor (el profesional especialista debe anticipar ciertos eventos que un lego no está en condiciones de hacer), y las circunstancias concretas en que actuaba (así, no es lo mismo obligarse a cumplir un contrato en un lugar inhabitado y extremo, que hacerlo en medio de una ciudad). Un ejemplo tomado de la jurisprudencia nacional puede ilustrar lo anterior: es previsible que en Valdiviapueda llover intensamente y estropearse una cosecha o entorpecerse una construcción; pero es imprevisible que en una zona seca como Arica pueda presentarse el mismo acontecimiento83.

Como lo sintetiza en Francia, Geneviève Viney, sobre la base de lo fallado reiteradamente por la Corte de Casación: "tal como ocurre para la apreciación de la culpa, la imprevisibilidad debe referirse a una persona 'media', correspondiente a un hombre normalmente prudente y diligente, el estándar del 'buen padre de familia' adaptado a la actividad ejercida por el deudor y al grado de especialización que ella implica"84. 69. No es necesario insistir en este modelo de apreciación ni en la consideración de las condiciones exteriores, pues ellas han sido desarrolladas latamente a propósito de la diligencia debida y son plenamente aplicables a esta materia, por cuanto, como también se ha reiterado, la previsibilidad (diligencia) y la imprevisibilidad (caso fortuito) no son más que dos caras de la misma moneda. En síntesis, y en lo que importa para el objeto de este estudio, un evento constituirá una hipótesis de fuerza mayor cuando, reuniéndose las restantes condiciones que se analizarán, haya sido imprevisible, esto es, cuando un agente diligente (de su misma especialidad técnica), y actuando en las mismas circunstancias externas, no habría podido anticipar racionalmente su ocurrencia. Queda por determinar, a continuación, cuál es el elemento determinante de esa "imprevisibilidad", cuestión que nos lleva a pronunciarnos sobre la "probabilidad" de ocurrencia del suceso.

3. P

70. Cuando se examina la diligencia debida se menciona con frecuencia que el juicio de diligencia o de negligencia (culpa civil), exige preguntarse, ante todo, aquello que debió prever el agente, pues, como ha concluido la jurisprudencia, la culpa no es más que no haber previsto aquello que debió preverse. Se indica también que para precisar la previsibilidad de una conducta la jurisprudencia utiliza indicadores como la probabilidad de ocurrencia del suceso, la intensidad del fenómeno, el valor social de la acción en el marco en el que se produce o el costo de las medidas de prevención. Algo similar ocurre con la imprevisibilidad en materia de caso fortuito, salvo en cuanto que para esta figura jurídica adquiere particular relevancia, entre esos factores, la "probabilidad" de ocurrencia del suceso. 71. Ante todo, una precisión terminológica. El Código Civil, en la definición de caso fortuito (art. 45), se refiere al hecho "imprevisto", lo que daría a entender que es algo que en el caso concreto no fue anticipado; y no se refiere a un evento "imprevisible", esto es, que comprende no solo los eventos no anticipados, sino también aquellos hechos que no se anticiparon pero que debieron anticiparse. En otros términos, el criterio de hecho "imprevisible" es mucho más severo que el criterio del texto legal (imprevisto). No obstante, como concluye acertadamente Paulina Veloso, la doctrina y jurisprudencia nacional y comparada unánimemente sostienen que el requisito del caso fortuito es el más severo, debiendo revestir el hecho el carácter de "imprevisible"85. 72. En definitiva, si atendemos a su etimología, el requisito reconduce a aquello que "no se pudo ver con anticipación", o que

no se pudo "conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder"86. Tal como se entiende de su simple lectura, ni con el texto legal ni con su sentido etimológico se avanza demasiado, pues, en estricto rigor, cualquier hecho "se pudo ver con anticipación" (la imaginación humana es infinita), y ya hemos expuesto por qué razones de sentido común y de fondo el derecho rechaza ese absolutismo. 73. En realidad, la tarea de determinar qué se debió anticipar es, nuevamente, una cuestión entregada a la apreciación de los jueces sobre la base de esos patrones abstractos de comportamiento que ya fueron analizados, y donde frecuentemente se utilizan criterios jurídicos que emanan de los propios precedentes judiciales y de las enseñanzas de la doctrina. Una lectura de esas fuentes lleva a la conclusión de que entre tales criterios jurídicos el determinante es la "probabilidad" de ocurrencia del suceso, sin perjuicio de que se utilicen otros subcriterios —que permiten darle contenido a aquel—, que también se mencionarán. Esto es, determinar qué cuestión no pudo prever el hombre diligente conduce a preguntarse cuán "probable" era la ocurrencia del hecho en examen. 74. Efectivamente, la probabilidad constituye un criterio que le da un contenido específico y realista ("a escala humana", como señalaba una sentencia ya citada) a la posibilidad de prever: "se trata de un cálculo destinado a establecer las expectativas plausibles de que un determinado hecho impida el cumplimiento fiel y oportuno del deudor"87.

75. La idea de la "probabilidad" como factor determinante de la imprevisibilidad del caso fortuito está presente desde antiguo en la doctrina comparada, y en el derecho contemporáneo es recogida ampliamente por la doctrina nacional y también por los precedentes judiciales. La vinculación entre imprevisibilidad y probabilidad surgió tempranamente en el derecho francés —en un fallo de la Corte de Casación de 1842—, y tomó su formulación como criterio gracias al aporte de la obra de Marcel Planiol y Georges Ripert, para quienes: "todos los eventos son previsibles. Pero ellos son más o menos probables y la actividad práctica es solamente posible si no se exige la previsión y la prevención de todos los peligros susceptibles de ser imaginados"88. Durante el siglo XX, ese elemento fue consagrándose en la doctrina civil89, de tal forma que la "imprevisibilidad aparece así como una cuestión de más o menos chances: ella se excluye por una certeza o probabilidad seria, pero no por una posibilidad vaga"90; hasta llegar a afirmar que "en realidad no es la previsibilidad a lo que se apunta, sino a la probabilidad"91. En el derecho chileno, se ha afirmado recientemente que la "probabilidad es un criterio propio de la previsibilidad"92, que la previsibilidad exige el cálculo de "riesgos probables"93, y que el deber de anticipar los sucesos depende de "cuán probable sea"94. Así también la Corte Suprema ha afirmado que la imprevisibilidad del caso fortuito consiste en que no haya podido ser previsto "dentro de un cálculo de probabilidades"95.

76. A diferencia del sentido etimológico de "prever", el que corresponde a "probable" entrega más pistas acerca de su alcance: un suceso es probable "cuando hay buenas razones para creer que se verificará o sucederá"96. La pregunta pertinente es, entonces, ¿cuáles son esas buenas razones que deben examinarse para determinar que un evento sea probable? Aun cuando el derecho no es una ciencia exacta, tales razones y la determinación en definitiva de la probabilidad (de aquello que era plausible anticipar), obedece, a su vez, a una serie de variables y criterios, que pueden sintetizarse en los siguientes: a) El carácter profesional del agente; b) El grado de probabilidad de ocurrencia del suceso; y, c) La mayor o menor concreción del evento cuya anticipación se evalúa. La Corte Suprema se ha pronunciado recientemente de un modo similar: "En cada caso concreto se requiere: a. El referente a su normalidad y frecuencia; b. El atinente a la probabilidad de su realización; c. El concerniente a su carácter excepcional y sorpresivo"97. Tales criterios, que se examinan a continuación, se desprenden de lo que es sostenido en el presente por la jurisprudencia y la doctrina. 77. a) Carácter profesional del agente. La cuestión de la consideración del carácter de experto del agente cuyo comportamiento se evalúa es una cuestión latamente examinada en el derecho nacional (a propósito de la diligencia debida)98. Lo relevante de destacar en este apartado es que si lo imprevisible es aquello que no se pudo anticipar con los indicios o con la información disponible, resulta lógico que deba

considerarse la calidad de experto del agente. Un contratante o agente profesional se presume que maneja mayor información (por el dominio de su ciencia o arte) y, por tanto, puede estimar como "probables" más eventos que alguien que no lo es. Así se ha fallado también por la jurisprudencia chilena99. Esto no es una consideración subjetiva, pues, como se explicó, la calificación profesional es una circunstancia externa, que tiene cabida en un método de apreciación objetivo y abstracto, que es el que se aplica en nuestro derecho a la imprevisibilidad. 78. b) Grados de probabilidad. La probabilidad siempre es una cuestión de grados. Un evento puede ser más o menos probable en su ocurrencia. La pregunta relevante es ¿cuál es el umbral de probabilidades bajo el cual se considera un evento como imprevisible? Nuevamente, las respuestas no son categóricas, y solo es posible avanzar ciertos criterios de sentido común, pues el derecho —debe insistirse— no es una ciencia exacta. En primer lugar, lo que debe evaluarse son las probabilidades de ocurrencia de un hecho y no las meras posibilidades de ocurrencia, como sucedería si la anticipación se funda en antecedentes vagos y generales. En el extremo, cualquier evento es probable que acontezca en el futuro, pero tal probabilidad no puede fundar una conducta racional en el tráfico jurídico. Como señalaba un autor francés, "en todas las cosas de este mundo... existe una posibilidad vaga..." de ocurrencia, pero ello no es suficiente para calificarla como probable y previsible100. En segundo lugar, debe tratarse entonces de probabilidades que se aproximen a la certeza, o al menos que constituyan probabilidades serias de ocurrencia. Y eso se desprende de los

antecedentes con que se cuente. En el fondo, lo que debe examinarse es si el agente, al momento de contratar, debía estar al tanto de antecedentes que volvían seria la probabilidad de ocurrencia de un hecho y, por tanto, debía adoptar medidas en relación con el mismo. El derecho de daños proporciona ejemplos ilustrativos sobre la materia. El lucro cesante es un perjuicio futuro y, por tanto, en gran medida incierto en su ocurrencia (porque el futuro lo es por esencia). No obstante, en el derecho se indemniza porque su probabilidad de ocurrencia es cercana a la certeza, en atención a los antecedentes en que se funda (por ejemplo, en un contrato de trabajo que permite precisar los ingresos que recibiría el trabajador de haber continuado laborando si el accidente no se le hubiere impedido). Así también ocurre en materia del daño denominado "pérdida de una chance", que consiste en indemnizar la pérdida de oportunidades de obtener un beneficio o de evitar un perjuicio (como el médico que omite un examen y hace perder al paciente las chances de someterse a un tratamiento oportuno y sobrevivir)101. Aun cuando el daño, en este caso, pudo provenir de otras causas, se indemniza por cuanto se tiene certeza de que al menos el agente destruyó oportunidades en la víctima y tales oportunidades eran "serias" según los antecedentes (por ejemplo, existían tratamientos efectivos para la enfermedad que le habrían podido salvar la vida)102. En definitiva, la seriedad de la probabilidad depende de los "antecedentes" con que cuente el agente, cuestión que evidentemente dependerá —conforme a lo expuesto— de su calificación profesional (y de los conocimientos adquiridos de la ciencia y arte que profese), pero donde también influirán los datos que arranquen de la experiencia pasada.

En tercer lugar, y vinculado a lo anterior, será relevante entonces para determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso la circunstancia de que en el pasado se haya presentado o no con cierta "frecuencia". Mientras más reiterado haya sido un suceso en el pasado, más probable (y por tanto previsible) será en el futuro, pues un agente diligente debe estar al tanto de tales antecedentes. Este es un criterio de probabilidad muy presente en la doctrina y en la jurisprudencia chilena. Así, se ha sostenido que eventos de "intensidad" inusitadas, son poco frecuentes y, por tanto, imprevisibles por improbables103. En efecto, "la reiteración más o menos periódica de un cierto evento puede influir en que se califique como más o menos alto el grado de probabilidades de que aquél se verifique"104. Una Corte nacional ha afirmado, sobre este factor, que la imprevisibilidad implica que el evento "no sea de ordinaria frecuencia"105; y otras sentencias han estimado que, por ser frecuentes, son probables y previsibles lluvias en la ciudad de Puerto Varas106o movimientos sísmicos de mediana intensidad en Santiago107. Así también, por ejemplo, una Corte falló que es imprevisible (por ser inusitado) el colapso de un sistema recolector de aguas por una afluencia repentina y mayor de la misma108. Sobre esta cuestión de la probabilidad como elemento de la imprevisibilidad, es necesario efectuar un análisis más detallado de lo que ha sostenido recientemente la jurisprudencia en Chile, luego del terremoto y tsunami de 27 de febrero de 2010. ¿Eran

imprevisibles? Al respecto, es necesario referirse separadamente al suceso del terremoto y al posterior tsunami., Respecto del primero, Carlos Pizarro ha afirmado, de forma categórica, que "Tratándose de un terremoto no existe duda que es improcedente calificarlo como un caso de fuerza mayor. Los terremotos en Chile por sus características geográficas son previstos, siendo un argumento indesmentible la necesidad de construir conforme a la norma sísmica. De ahí que deba descartarse el terremoto en sí mismo como un fenómeno de fuerza mayor en términos amplios y generales. Falta el elemento del imprevisto, aunque sea irresistible. Sabemos que puede verificarse, aunque no sabemos cuándo"109. No obstante, pareciera que la afirmación es demasiado amplia. Sabemos que Chile es un país sísmico, y que un fenómeno de esta naturaleza ocurrirá en algún sector del país, pero su probabilidad de ocurrencia es variable. El desarrollo de la sismología, y los registros históricos, han permitido ir afinando la predicción acerca de la época (rango de años) en que debería repetirse un movimiento sísmico de gran magnitud, en el norte, centro y sur del país. En el fondo, conocemos lo que en la ciencia en la materia se denomina "periodo de retorno". El concepto de periodo de retorno (o también denominado periodo de recurrencia) se refiere, en la lex artis, a una noción estadística que consiste en el tiempo esperado o tiempo medio entre dos sucesos de baja probabilidad. Por ejemplo, en ingeniería hidráulica es el tiempo medio entre dos avenidas con caudales iguales o superiores a uno determinado, mientras que en ingeniería sísmica es el tiempo medio entre dos terremotos de magnitud mayor que un cierto valor, esto es, un concepto estadístico que intenta proporcionar una idea de hasta qué punto un suceso puede considerarse raro110.

Así, por ejemplo, sabemos que un terremoto de magnitud 7 a 8 se puede presentar dentro de las próximas décadas. Ahora bien, tal periodo de recurrencia es mayor o menor, evidentemente, dependiendo de la zona del país, y de la antigüedad del último fenómeno de esa naturaleza ocurrido en tal sector. Por su parte, un terremoto grado 9 (como el de Valdivia) tiene un periodo de recurrencia de 300 a 400 años, según los estudios en la materia111. De lo expuesto es posible desprender que los terremotos tienen en Chile una probabilidad de ocurrencia que varía según su magnitud y la zona específica en cuestión, variables que la sismología ha ido precisando, según lo expuesto. De esta forma, un terremoto puede ser más o menos probable, y de ahí que, en mi opinión, es necesario efectuar tales distinciones para determinar si cumple con el requisito de la probabilidad, no pudiendo descartarse a priori que pueda satisfacer con ello el elemento de la "imprevisibilidad" del caso fortuito, particularmente cuando se analiza en el marco de una relación contractual (el periodo de retorno puede quedar razonablemente más allá del horizonte temporal del contrato). Por lo demás, no debe olvidarse que la definición de caso fortuito del derecho nacional incorpora como ejemplo precisamente al terremoto. Es cierto que puede sostenerse que en la época de su redacción la sismología no había desarrollado estos análisis, pero creo ello no puede conducir a excluirlo por ese solo hecho de las hipótesis de caso fortuito, por las razones expuestas. 79. En cuanto a la jurisprudencia post terremoto de 2010, si nos remitimos a lo resuelto por la Corte Suprema, pueden extraerse, hasta la fecha (hay varias instancias en curso), dos conclusiones generales: por una parte, hay grupo importante de fallos ejecutoriados que consideran que es imprevisible el terremoto, pero que no lo sería el posterior tsunami y sus consecuencias; y,

por otra parte, existe un conjunto de decisiones que declara incluso previsible el terremoto, por la naturaleza sísmica del país (que se demuestra, entre otras, por las normas de construcción antisísmicas aludidas), y por la creación de órganos públicos especializados para actuar frente a estas contingencias, incluso aquellas de la magnitud del terremoto de 2010112. A continuación se expondrán los razonamientos principales de la Corte Suprema para arribar a estas conclusiones, en atención a que inciden en la "probabilidad" de ocurrencia que se viene examinando. Respecto del primer grupo, las sentencias discurren sobre la posibilidad de estimar imprevisible el terremoto, pero no sus consecuencias, en particular, el posterior tsunami113. Por ejemplo, la Corte Suprema ha afirmado lo siguiente: "...en el presente caso fue la absoluta falta de una razonable previsibilidad acerca de lo que sobrevendría luego de sucedido el fuerte terremoto que golpeó con especial fuerza a la VIII Región, lo que impide acoger la alegación que efectúa el Fisco, puesto que si bien el fenómeno natural ocurrido, por su fuerza y efectos podría estimarse, prima facie, un evento imprevisto e irresistible, fue la misma autoridad quien apoyada en nulos antecedentes y completa falta de información fidedigna, la que asumió y previó un devenir de sucesos equívocos dando cuenta el Intendente en dos ocasiones que la población debía regresar a sus viviendas asegurando que nada más sobrevendría, haciéndose eco de una información oficial, emanada del organismo técnico especialista en emergencias y que en sus manos tenía el devenir de las consecuencias próximas, esto es, la ONEMI, que canceló la alerta de tsunami una hora y media después de ocurrido el terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter..."114.

Respecto de los segundos, existe un conjunto de fallos que estiman que la naturaleza sísmica del país hace que los terremotos sean previsibles, solo que no se sabe en qué momento exacto ocurrirán y cuál será su magnitud exacta: "Lo anterior es trascendente, pues, por una parte, atendida las características geológicas del país y la existencia de una larga franja costera, lo hacen propenso a sufrir terremotos y tsunamis, cuestión que ha sido reconocida incluso en los textos reglamentarios que han sido analizados a propósito del examen de la existencia de la falta de servicio, por lo que en caso alguno se puede señalar que tales eventos sean imprevisibles, pues se sabe con certeza que ocurrirán, sólo que el día en que ocurrirá y de su magnitud, es algo que no puede ser determinado con antelación"115. En cuanto al tsunami, y considerando la magnitud del terremoto en cuestión, la Corte valora precisamente la "probabilidad" de su ocurrencia para determinar su previsibilidad116. Una decisión agrega lo siguiente: "...el fatal desenlace que origina el daño cuya reparación se pretende no puede ser considerado como caso fortuito o fuerza mayor, pues, per se, la ocurrencia de un tsunami posterior a un gran terremoto no puede ser entendido como un hecho imprevisto, al tratarse de un fenómeno de reiterada ocurrencia en la historia de la Nación (e incluso anterior a su existencia), a lo que debe agregarse que el reproche pasa, en lo sustancial, no por no haber advertido la ocurrencia del maremoto en cuestión sino por no haberse comunicado la alerta de tsunami ya emitida por el organismo competente para ello, precisión que deja en evidencia la inviabilidad de esta alegación"117. 80. Por otra parte, existen también interesantes precedentes recientes sobre la probabilidad de ocurrencia de fenómenos climáticos que terminan afectando la continuidad del suministro de servicio eléctrico.

La Corte Suprema ha tendido a sostener que estos fenómenos no constituyen fuerza mayor precisamente por ser "probables", en los siguientes términos: "En cuanto a los efectos de los sistemas frontales, éstos no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor, dado que no concurre el requisito de la imprevisibilidad por cuanto en la zona donde se presentan son fenómenos naturales probables. En las condiciones referidas no resulta atingente sostener que la empresa concesionaria se viera enfrentada a un imprevisto imposible de resistir. Precisamente era previsible que el sistema frontal causara estragos en las instalaciones y sistemas de distribución, sin embargo, se podrían haber evitado o mitigado las consecuencias lesivas para el sistema eléctrico, si se hubieran adoptado las medidas necesarias para procurar la continuidad del servicio"118. Efectivamente, los fenómenos climáticos adversos son previsibles por su frecuencia y probabilidad, por lo que no parece admisible que ellos se utilicen como excusa para justificar una suspensión del servicio eléctrico respecto del que la ley ordena una continuidad del servicio. Al ser probables, y no haber tomado las medidas necesarias para impedir sus efectos sobre la continuidad del servicio al que se obligan con sus clientes, o no haber tomado las providencias necesarias para disminuir y acotar su impacto, se demuestra una actuación negligente de la empresa, que evidentemente excluye toda excusa de fuerza mayor119. 81. Por otra parte, y dado los sucesos recientes, cabe también la pregunta de en qué medida era improbable, y por tanto imprevisible, el estallido social en Chile de 18 de octubre de 2019. Por supuesto que las causas que alimentaron este grave suceso, así como sus serias consencuencias, escapan a los propósitos de esta obra. Estos son sin dudas los elementos más relevantes. Pero en lo que importa para la materia analizada en este estudio, resulta relevante preguntarse en qué medida este estallido social

puede considerarse previsible o imprevisible, atendiendo precisamente a su probabilidad de ocurrencia, de modo de determinar si podría invocarse como excusa de fuerza mayor, particularmente en acuerdos contractuales en curso. Es posible imaginar, en efecto, muchos contratos en curso, de ejecución diferida, escalonada o de tracto sucesivo, que pueden verse seriamente afectados por estos eventos. Por ejemplo, los innumerables contratos suscritos para la provisión de productos periódicamente; las promesas de compraventa de inmuebles sujetas a condiciones suspensivas impactadas en su cumplimiento por la destrucción, la paralización total o parcial de organismos públicos o la dramática transformación del entorno donde se encuentran; los contratos de arriendos sobre bienes vandalizados; los severos efectos en los contratos de construcción en curso sobre inmuebles total o parcialmente afectados por saqueos o vandalismo, entre otros ejemplos. Como es obvio, desde esta perspectiva, y tal como en el caso de los terremotos, es necesario preguntarse por la probabilidad de ocurrencia o frecuencia de estos sucesos en Chile. Una rápida revisión histórica, desde el siglo XX, conduce a sostener que estos sucesos se han repetido con escalofriante periodicidad en Chile, y con consecuencias lamentablemente catastróficas. El mitín de la carne (1905). Durante el gobierno de Germán Riesco, Chile sufrió los efectos de una inflación económica que progresivamente fue generando descontento, principalmente, en los sectores populares de la sociedad. El punto cúlmine de la insatisfacción ciudadana tuvo lugar tras un alza en los precios de la carne originada por un impuesto a las importaciones de este producto.

El 22 de octubre de 1905 y los días siguientes se convocaron protestas en los alrededores de La Moneda que, luego de irrupción del ejercito a cargo del general Roberto Silva Renard, terminaron con alrededor de 500 heridos y 200 fallecidos120. La revuelta de la chaucha (1949). Hacia el final de los gobiernos radicales, y tras la dictación de la Ley Maldita, el Presidente Gabriel González Videla atravesó una crisis de respaldo político, además de una inflación que fue combatida con medidas como la fijación de precios de artículos de primera necesidad. Las medidas del gobierno de González Videla provocaron una ola paros convocados por diversos gremios. En este escenario, el 12 de agosto de 1949, el gobierno aumentó el precio del pasaje del transporte público en 20 centavos. El 16 de agosto comenzaron a producirse protestas en las calles de Santiago protagonizadas por estudiantes, quienes luego serían apoyados por otros sectores de la sociedad. Por orden del gobierno, las manifestaciones fueron reprimidas por Carabineros y el Ejército, cuya consecuencia fue el fallecimiento decenas de personas. Batalla de Santiago (1957). El segundo gobierno de Carlos Ibañez del Campo enfrentó una profunda crisis económica. Entre otras medidas, el gobierno dispuso un alza en el en precio del transporte público. La Central Única de Trabajadores, en conjunto con otras organizaciones sindicales, convocó una protesta para los días 2 y 3 de abril de 1957. La magnitud de la protesta implicó que se decretara estado de sitio.

La fuerzas policiales en conjunto con el Ejercito enfrentaron las manifestación provocando 18 muertes y alrededor de 100 heridos121. Dejo fuera de esta cronología el golpe de Estado de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973), por tratarse no de una revuelta ciudadana, sino todo lo contrario, de una ruptura democrática orquestada por un sector de la elite económica y política, con apoyo internacional. Asimismo, excluyo otros incididentes graves, pero con efectos más circunscritos o locales, como la Matanza de Santa María de Iquique (1907), la Matanza del Seguro Obrero (1938) y la Matanza de Puerto Montt (1969). Como prueba lo anterior, estos estallidos sociales tienen una frecuencia indesmentible en la historia reciente de Chile. Desde esa perspectiva, pueden considerarse relativa o incluso estadísticamente previsibles, más aún si se considera que en este caso el descontento social se venía acumulando desde hace al menos 30 años, evidenciado por las reacciones —hasta antes del estallido controladas— que generaban en los ciudadanos: alza del costo de la vida, sobreendeudamiento de las familias, exigüas pensiones, precarización de la salud y educación pública, abusos masivos a consumidores, grandes evasiones tributarias o condonaciones, impunidad de los delitos económicos y de los ejecutados por la clase política, etc. No obstante, me parece que por más que estos sucesos dramáticos tengan cierta periodicidad, al igual que los terremotos es difícil sostener que pueda preverse la época exacta en que ocurrirán. Varios elementos abonan esta tesis en este caso. Ante todo, el momento político en que nos econtrábamos, habiéndose elegido recientemente un gobierno de derecha con un programa de gobierno que anunciaba más bien una produndización o al menos una continuidad del modelo económico que ahora se

estima condujo a este estallido social. Asimismo, la solidez y estabilidad que, al menos en términos macroeconómicos, parecía presentar nuestro país. Van también en ese sentido las complacientes tesis que sostenían que el bienestar del modelo neoliberal, y la construcción de esta sociedad de consumo, llevaban a interpretar las demandas sociales como el síntoma de una ciudadanía que aspiraba a una mayor participación en esa prosperidad y no como un cuestionamiento de sus bases. Por último, y entre otras justificaciones, que en la última elección presidencial parecía que la ciudadanía había decidido renunciar o al menos postergar las reformas que hoy (escribo estas líneas cuando se cumple un mes del estallido social) surgen como los remedios urgentes para paliar las demandas sociales: nueva Constitución, mejoras en pensiones y sueldo mínimo, incremento de impuestos a los más ricos, fortalecimiento de la educación y salud pública, etc. Esas y otras razones me conducen a sostener que el estallido social de 18 de octubre de 2019 cumple el estándar para ser considerado como un evento imprevisible, particularmente en cuanto a su impacto en las relaciones contractuales en curso. Más adelante analizaré si, al mismo tiempo, fue inevitable e irresitible. 82. c) Mayor o menor concreción del evento. Finalmente, también reviste importancia como criterio la probabilidad de anticipar un determinado evento en sí mismo y en sus consecuencias (o características). Este elemento se vincula con la frecuencia del suceso, que acaba de exponerse. Así, por ejemplo, son frecuentes en ciertos sectores del país las sequías, pero son improbables las sequías prolongadas que generen la destrucción de toda la agricultura de ese sector. Así lo ha fallado la jurisprudencia122. Fallos recientes atienden al carácter inusitado

y extraordinario del evento, como elemento para evaluar su imprevisibilidad123. En síntesis, el juicio de imprevisibilidad requiere preguntarse si un agente diligente, colocado en las mismas circunstancias externas, habría podido estimar como suficientemente "probable" el suceso, teniendo presentes los conocimientos adquiridos de la ciencia, la experiencia, la frecuencia con que se dieron en el pasado y la posibilidad de anticiparlo en todas sus consecuencias.

4. M 83. Esta cuestión plantea menos problemas de interpretación. En esencia, depende de si se aborda el caso fortuito en una hipótesis de responsabilidad extracontractual o contractual. Tratándose de la responsabilidad extracontractual, la imprevisibilidad debe medirse al momento en que el agente comienza a ejecutar la acción o desde el momento en que sobreviene el daño, cuestión que es más bien equivalente, desde que el daño es parte de la acción (salvo en cuanto el daño se manifieste o sea conocido en una época posterior)124. Así, por ejemplo, será imprevisible el corte de los frenos de un automóvil si al momento en que el conductor comenzó la conducción no pudo anticiparlo, en atención a que el mismo venía saliendo de una revisión mecánica completa de un taller.

En cambio, en materia de responsabilidad contractual, la imprevisibilidad debe medirse en el momento de la suscripción del acuerdo, en atención a dos razones esenciales. La primera es que en ese momento se fijan los derechos y obligaciones de las partes, esto es, el ámbito de deberes de cada parte, cuestión que alcanza lógicamente a las consecuencias previsibles. La segunda razón es que en ese momento corresponde al deudor abstenerse del compromiso o excluir su responsabilidad por eventos que puedan impedir el cumplimiento. Es en ese instante donde debe presumirse que asumió sobre sí el peso de eventos previsibles que dificultaran o impidieran el cumplimiento de la obligación, pero que al mismo tiempo excluyó su responsabilidad sobre sucesos que en ese instante eran imprevisibles (por cuanto la diligencia debida por todo contratante no alcanza tales eventos, según se ha dicho). En

este sentido, unánimes125.

la

doctrina

y

la

jurisprudencia

son

Esta regla fue incorporada expresamente en el Código Civil francés. La nueva definición de fuerza mayor, en materia contractual, prescribe que el evento debe ser uno que "no haya podido ser razonablemente previsto al momento de la suscripción del contrato" (art. 1218). El Informe dirigido al Presidente de la República, que acompaña la Ordenanza Nº 2.016-131 que contiene la reforma126, afirma, para justificar esta regla, que "si el evento era previsible en el momento de la formación del contrato, el deudor ha asumido soportar el riesgo de no poder ejecutar su obligación"127. 51V. en este sentido, A , Paul-Henri, op. cit., p. 46. Son estándares jurídicos tal como lo son la "buena fe" o las "buenas costumbres".

52V. sobre estas aproximaciones en general la exposición de: B Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., pp. 123 y ss.

, María

53En la doctrina nacional clásica esta posición era frecuente. Por ejemplo, se afirma que este requisito se cumple cuando "el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar habría podido preverlo". A , Arturo; S , Manuel y V , Antonio, op. cit., p. 280. No obstante, como se dirá, la invocación de las "circunstancias" en el pensamiento de estos autores tiende a relativizar esta conclusión. Algunas sentencias nacionales también han seguido esta posición: "ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias habría podido preverlo" (Corte Suprema, 20 de junio de 1949, RDJ, T. 46, sec. 1ª, p. 533). En el mismo sentido: Corte Suprema, 2 de mayo de 1963, RDJ, T. 60, sec. 1ª, p. 59, Ficha Nº 61. 54B

, María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 123.

55Por ejemplo, en el derecho francés, siguiendo esta posición clásica, Christian Larroumet afirma: "la imprevisibilidad no debe ser enfocada sino en relación con la irresistibilidad, es decir que la previsibilidad de un evento debe servir para evitar su ocurrencia o eludir sus consecuencias". L , Christian, "La causa extraña", en Los contratos en el derecho privado. Estudios de derecho colombiano y comparado, Bogotá, Universidad del Rosario-Legis, 2007, p. 296. 56C

, Eduardo e I

, Fernando, op. cit., p. 113.

57De ahí que exista una cierta equivocidad en la doctrina contemporánea al querer atribuirle a autores clásicos, como Arturo Alessandri o incluso a los célebres hermanos Mazeaud, el ser férreos sostenedores total o parcialmente de una teoría "absoluta", cuando sus escritos claramente hacen referencia a algunas apreciaciones relativas, tal como se expone más adelante. Es una de las críticas que puede dirigirse al trabajo de B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., pp. 125 y ss. 58M

, Philippe; A

, Laurent y S

-M

, Philippe, op. cit., p. 549.

59Corte Suprema, 21 de enero de 2019, rol Nº 40166-2017 (Cº. 23), Ficha Nº 4. En el mismo sentido: Corte Suprema, 17 de enero de 2018, rol Nº 5094-2017 (Cº. W), Ficha Nº 8; y Corte Suprema, 19 de noviembre de 2013, rol Nº 2296-2013 (Cº. 31), Ficha Nº 54. 60C 61M

, Jean, op. cit., p. 2204. , Philippe; A

, Laurent y S

-M

, Philippe, op. cit., p. 548.

62Corte de Apelaciones de Rouen, 29 de febrero de 19742, Dalloz 1973, p. 87, con comentario de Rodière. 63C

-G

, Anne-Sophie, op. cit., p. 217.

64Como se expondrá a propósito de la irresistibilidad, una parte de la jurisprudencia francesa contemporánea sostiene que ese solo elemento determina la existencia del caso fortuito. 65B

, María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 125.

66Para una exposición de esta posición doctrinal: B fortuito y su incidencia..., pp. 126 y ss.

, María Graciela, El caso

67T , André, "Force majeure et absence de faute en matière contractuelle", Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1945, pp. 243 y ss. 68C

, Jean, op. cit., p. 2204.

69C , Gaël y L , Mathias, La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, París, Dalloz, 2016, p. 534. 70L , Christian y B , Sarah, Traité de droit civil. Les obligations, le contrat, París, Económica, 2018, 9ª ed., p. 778. 71Así se demuestra en los párrafos siguientes con citas a autores y fallos recientes. 72En Chile: B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., pp. 126 y ss. En Francia: A , Paul-Henri, op. cit., pp. 44 y ss. 73Aunque es una expresión proveniente del derecho anglosajón (razonable), es equivalente a lo que nuestro Código entiende por buen padre de familia o persona medianamente diligente y, por ello, ha tendido a ser incorporado en los sistemas de derecho continental. 74B yB

, Charles-Édouard, "Force majeure", en M , Denis; B , Nathalie, Dictionnaire du contrat, París, LGDJ, 2018, p. 594.

, Romain

75Corte Suprema, 9 de septiembre de 1992, RDJ, T. 89, sec. 5ª, p. 254. Esta invocación a la racionalidad se repite en sentencias recientes: Corte Suprema, 19 de junio de 2003, RDJ, T. 100, sec. 3ª, p. 88; y Corte Suprema, 22 de enero de 2009, L.P. Nº 41619.

76Corte de Apelaciones de Santiago, 27 de septiembre de 2007, L.P. Nº 37339. En el mismo sentido: Corte Suprema, 9 de septiembre de 1992, RDJ, T. 89, Nº 3, sec. 5ª, p. 254. 77Corte Suprema, 20 de junio de 1949, RDJ, T. 46, sec. 1ª, p. 533; Corte Suprema, 2 de mayo de 1963, RDJ, T. 60, sec. 1ª, p. 59, Ficha Nº 61; y Corte de Apelaciones de Concepción, 30 de julio de 2007, L.P. Nº 36905. 78Entre los innumerables fallos de la 2ª sala civil de la Corte de Casación (en materia extracontractual): 25 de enero de 1966, Dalloz 1966, p. 645, comentario de André Tunc; y de la 1ª sala civil de la misma Corte (materia contractual): 10 de noviembre de 1965, Dalloz 1966, p. 235. 791ª sala civil de la Corte de Casación, 18 de noviembre de 1970, Bulletin des ârrets de la Cour de cassation, 1970, Nº 308, p. 254. 80M

, Philippe; A

, Laurent y S

-M

, Philippe, op. cit., p. 512.

81M Henri, Léon y Jean, y C François, Leçons de droit civil, Obligations: Théorie générale, T. II, vol. 1, París, Montchrestien, 1998, 9ª ed. por C , François p. 665. 82A

, Arturo; S

, Manuel y V

, Antonio, op. cit., p. 280.

83Corte de Apelaciones de Valdivia, 17 de abril de 1941, Gaceta de los Tribunales, 1 semestre, Nº 91, p. 491. er

84V , Geneviève y J , Patrice, Les conditions de la responsabilité, Traité de droit civil, dir. de Jacques Ghestin, París, LGDJ, 1998, 2ª ed., p. 242. 85V

, Paulina, op. cit., p. 65.

86Significados de la expresión "prever". Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22ª ed. 87B

, María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 128.

88P , Marcel y R , Georges, Traité pratique de droit civil français, T. IV, Obligations, París, LGDJ, 1930, p. 531. 89Una explicación de este fenómeno en: A 90R 91T

, Paul-Henri, pp. 51 y ss.

, J., Du cas fortuit et de la forcé majeure, París, Thèse, 1920, p. 165. , André, op. cit., p. 186.

92V

, Paulina, op. cit., p. 66.

93B , Jorge, "Responsabilidad contractual y factores de imputación de daños: apuntes para una relectura en clave objetiva", Revista Chilena de Derecho, Nº 24, 1997, p. 175. 94B

, María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 128.

95Corte Suprema, 17 de agosto de 2006. RDJ, T. 103, sec. 3ª, p. 872, Ficha Nº 47; Corte Suprema, 24 de agosto de 2006, RDJ, T. 103, sec. 1ª, p. 636, Ficha Nº 27; y, Corte Suprema, 21 de enero de 2008, L.P. Nº 38118, Ficha Nº 26. En el mismo sentido: Corte de Apelaciones de Santiago, 30 de junio de 1998, L.P. Nº 20626. 96R

A

E

, Diccionario de la lengua española, 22ª ed.

97Corte Suprema, 21 de enero de 2019, rol Nº 40166-2017 (Cº. 23), Ficha Nº 4. En el mismo sentido: Corte Suprema, 17 de enero de 2018, rol Nº 5094-2017 (Cº. W sentencia de reemplazo), Ficha Nº 8; y, Corte Suprema, 19 de noviembre de 2013, rol Nº 2296-2013 (Cº. 31), Ficha Nº 54; y, Corte Suprema, 9 de noviembre de 2017, rol Nº 12169-2017 (Cº. 15), Ficha Nº 14. 98Sobre este criterio, en su relación con la imprevisibilidad del caso fortuito: B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 127. 99En un caso en que la Corte Suprema resolvió que no constituía caso fortuito la no autorización municipal de ciertas construcciones que el agente debía conocer que se encontraban fuera de la normativa y que, por lo tanto, era altamente previsible (por probable) para él tal rechazo. Citada por B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., pp. 129 y 130. 100R

, J., op. cit., p. 165.

101Tal es el caso que dio lugar al reconocimiento expreso del perjuicio "pérdida de una oportunidad" en el derecho chileno: un paciente que pierde chances de sobrevivir por la atención médica tardía en una urgencia. Corte Suprema, 3 de diciembre de 2015, rol Nº 29365-2014. 102El autor de este estudio ha analizado estas aplicaciones de las probabilidades y las oportunidades en la publicación: T , Mauricio, "Pérdida de una chance: ¿un perjuicio indemnizable en Chile?", en Elorriaga Fabián (coord.), Estudios de Derecho Civil VII. Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Viña del Mar 2011, Santiago, AbeledoPerrot, 2012, pp. 645 y ss. 103V

, Paulina, op. cit., p. 66.

104B

, María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 131.

105Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda, 17 de septiembre de 1987, Gaceta Jurídica, Nº 88, p. 37. 106Corte de Apelaciones de Valdivia, 17 de abril de 1941, RDJ, T. 39, sec. 2ª, p. 1. En el mismo sentido, Corte de Apelaciones de Concepción, 30 de octubre de 2003, L.P. Nº 30684; y Corte Suprema, 29 de mayo de 2012, rol Nº 217-2010, Ficha Nº 60. 107Corte Suprema, 26 de agosto de 1941, RDJ, T. 39, sec. 1ª, p. 203. 108Corte de Apelaciones de Valparaíso, 7 de enero de 2008, L.P. Nº 38171. 109P , Carlos, "Daños en la construcción, fuerza mayor y terremotos", en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXIV, 1er semestre de 2010, p. 174. 110Por ejemplo, la Corte Suprema ha tenido oportunidad de referirse al periodo de retorno de crecidas de un río, la que siendo inferior en ese caso a 5 años hacía previsible un desborde y necesarias las medidas de previsión (contención de caudal) que no se ejecutaron oportunamente. En un análisis técnico, y sobre la base de los antecedentes aportados por la Dirección General de Aguas, la Corte rechazó la tesis del responsable en orden a que el periodo de retorno sería de 150 años. Así, concluyó que esa crecida resultaba "previsible", lo que excluyó el caso fortuito. Corte Suprema, 17 de mayo de 2017, rol Nº 22185-2016 (Cº. 36), Ficha Nº 52. 111R , S.; M , M.; M , D.; D C , F.; P , P.; B , J.; L , F. y M , R., "Reawakening of large earthquakes in south central Chile: The 2016 Mw 7.6 Chiloé event", 2017, Geophys. Res. Lett., 44, 6633-6640, doi:10.1002/2017GL074133. 112En la materia, existe un análisis jurisprudencial bastante completo, incluyendo fichas de análisis de sentencias, en: A , Victoria y M , Francisca, Análisis jurisprudencial sobre la responsabilidad civil extracontractual del Estado por falta de servicio derivada del terremoto y posterior tsunami del 27f, Santiago, Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 2018, p. 503. 113Corte Suprema, 18 de marzo de 2019, rol Nº 4185-2019 (Cº. 5, sentencia reemplazo), Ficha Nº 2. También: Corte Suprema, 17 de enero de 2018, rol Nº 50942017 (Cº. W, sentencia de reemplazo), Ficha Nº 8; Corte Suprema, 29 de diciembre de 2017, rol Nº 97668-2016 (Cº. 12), Ficha Nº 9; y Corte Suprema, 12 de diciembre de 2017, rol Nº 172-2017 (Cº. 17), Ficha Nº 10.

114Corte Suprema, 21 de noviembre de 2017, rol Nº 100695-2016 (Cº. 12), Ficha Nº 12. 115Corte Suprema, 9 de noviembre de 2017, rol Nº 12169-2017 (Cº. 16), Ficha Nº 14. Un fallo agrega lo siguiente: "...sismos y terremotos no constituyen imprevistos en nuestro país; haciendo alusión a la zona misma en que se sitúan los hechos se recuerda el terremoto de Chillán de 1939, y del mismo modo se acude al terremoto que azotó especialmente las ciudades de Concepción y Valdivia en el año 1960. Se acotó que, en este contexto, sólo puede atribuirse el carácter de imprevisto a la intensidad que alcanzará y/o a la oportunidad, o fecha en que ocurrirá. Cabe añadir por otra parte que, lo que definirá si un terremoto citado este evento a modo ejemplar en el artículo 45 del Código Civil, integra o no una situación de caso fortuito, son las circunstancias en que se produce el evento, y, resulta ser de suyo relevante si el mismo ha tenido lugar en un lugar reconocido indiscutidamente como sísmico o, en otro en el que no ha podido racionalmente ser concebido tal evento de la naturaleza, de modo tal que el capítulo de nulidad que se analiza no puede prosperar; todo ello, al margen de lo que a continuación se dirá y que reafirma la conclusión que acaba de anotarse". Corte Suprema, 21 de noviembre de 2017, rol Nº 76472-2016 (Cº. 11), Ficha Nº 11. 116Corte Suprema, 14 de agosto de 2019, rol Nº 2456-2018 (Cº. 19), Ficha Nº 1. Algunas decisiones agregan que las olas posteriores del tsunami —después de la primera— son previsibles: "Para desestimar la excepción de caso fortuito basta consignar que, como se concluye en el fallo en revisión, una vez acaecido el terremoto y llegada la primera ola del tsunami, éste, en cuanto hecho de la naturaleza, deja de ser inesperado e imprevisible, puesto que resulta posible anticipar la llegada de nuevas masas de agua que extiendan tanto su duración como sus perniciosos efectos. En otras palabras, se trata de dilucidar si la autoridad pudo responder adecuadamente a los hechos de que se trata, considerando en particular que lo que se le recrimina es haber llamado a la población costera a que volviera a sus casas, pese a que se avecinaba un tsunami que, en esta etapa, había perdido su inicial carácter imprevisible". Corte Suprema, 26 de marzo de 2018, rol Nº 101652017 (Cº. F, sentencia reemplazo), Ficha Nº 7. 117Corte Suprema, 1 de febrero de 2019, rol Nº 3033-2018 (Cº. 7), Ficha Nº 3. 118Corte Suprema, 28 de mayo de 2019, rol Nº 20271-2018, (Cº. 9). En otro caso contra la misma concesionaria, por los mismos hechos y fallado el mismo día, la Corte Suprema agregó lo siguiente: "En cuanto a los efectos de los sistemas frontales, éstos no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor, atendido que no concurre el requisito de la imprevisibilidad por cuanto en la zona donde se presentan son fenómenos naturales probables. En las condiciones referidas no resulta atingente sostener que la empresa concesionaria se viera enfrentada a un imprevisto imposible

de resistir. De hecho, frente a la existencia de tal fenómeno en el mes de julio de 2015 debió necesaria e inmediatamente planificarse una operación especial para enfrentar en lo sucesivo las perniciosas consecuencias de un fenómeno natural similar, como aconteció en el mes de agosto de dicho año, lo cual no se hizo. Precisamente era previsible que el sistema frontal causara estragos en las instalaciones y sistemas de distribución, sin embargo, se podrían haber evitado o mitigado las consecuencias lesivas para el sistema eléctrico, si se hubieran adoptado las medidas necesarias para procurar la continuidad del servicio". Corte Suprema, 28 de mayo de 2019, rol Nº 20347-2018 (Cº. 9). 119Un análisis de la previsibilidad y resistibilidad de corte de energía eléctrica debido a la nevazón en Santiago el año 2017, en: T , Mauricio, "Enel y la nevazón: no se trata de un caso fortuito", en El Mostrador, 25 de julio de 2017 (en línea: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/07/26/enel-y-la-nevazon-no-se-tratade-un-caso-fortuito/). 120I , Gonzalo, "Octubre de 1905: un episodio en la historia social chilena", en Revista Historia, Nº 13 (1976), p. 68. Disponible en: <>. 121L , Iván, "La Batalla de Santiago", en Revista Punto Final (consultado el 13 de noviembre de 2019). Disponible en: http://www.puntofinal.cl/564/batallasantiago.htm; y, C , Cristóbal, "2 de abril de 1957: Valparaíso, Concepción y Santiago insurrectos por el alza del transporte", en El Ciudadano (consultado de 13 de noviembre de 2019). Disponible en: https://www.elciudadano.com/organizacion-social/2-de-abril-de-1957-valparaisoconcepcion-y-santiago-insurrectos-por-el-alza-del-transporte/04/02/. 122Corte Suprema, 9 de septiembre de 1992, RDJ, T. 89, sec. 2ª, p. 254. 123Así, por ejemplo, resulta totalmente extraordinario que un guardia de seguridad, encargado de la custodia de ciertas personas, decida atacarlas. Corte Suprema, 19 de noviembre de 2013, rol Nº 2296-2013, Ficha Nº 54. Otra sentencia se refiere a la imposibilidad de prever un socavón causado por una lluvia torrencial, del que no se tenía ningún antecedente previo. Corte Suprema, 17 de octubre de 2013, rol Nº 44162012, Ficha Nº 55. Un fallo también sostiene que no existiendo ningún signo exterior era imprevisible anticipar la caída de un árbol que termina con la vida de tres personas. Corte Suprema, 12 de junio de 2013, rol Nº 2448-2010, Ficha Nº 56. 124D

, Nicolas y J

, Christophe, op. cit., p. 126.

125En el derecho chileno: B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 131. En el derecho francés: M , Philippe; A , Laurent y S -M , Philippe, op. cit., p. 512.

126Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance Nº 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Journal officiel, 11 février 2016). 127La noción que podía desprenderse de esa jurisprudencia es que la fuerza mayor en materia contractual corresponde a un acontecimiento "imprevisible al tiempo de la suscripción del contrato e irresistible en su ejecución". Corte de Casación, Asamblea Plenaria, 14 de abril de 2006, Nº 04-18902 y Nº 02-11168.

V. I

84. En el título anterior se explicó cómo la imprevisibilidad y la irresistibilidad constituyen "estándares jurídicos" (instrumentos jurídicos útiles para señalar la razonabilidad o normalidad de un comportamiento). Por ello, gran parte de las explicaciones efectuadas a propósito de la imprevisibilidad son aplicables a la irresistibilidad, en particular, sus relaciones con la diligencia debida (que es su contrapartida) y la existencia de diversas aproximaciones doctrinales a esta figura (una posición tradicional absoluta y otra contemporánea relativa). Para evitar repeticiones, en este título se efectuarán remisiones a tales materias ya abordadas, solo destacando las especificidades en su relación con el elemento de la irresistibilidad. 85. Así, para examinar el requisito de la irresistibilidad, conviene seguir un esquema similar al utilizado para el análisis del primer requisito: i) Las distintas aproximaciones a la irresistibilidad; ii) El método de apreciación de la irresistibilidad; iii) Los componentes de la irresistibilidad, y iv) Momento en que debe medirse la irresistibilidad.

1. A 86. Como en el caso de la imprevisibilidad, existen dos aproximaciones en la doctrina y en la jurisprudencia: una más tradicional y absoluta, y otra más moderna y relativa128. No obstante, por su propia naturaleza, la irresistibilidad presenta aún mayores problemas de interpretación que la imprevisibilidad. 87. La posición tradicional y absoluta sobre la irresistibilidad se puede sintetizar en dos ideas. En primer lugar, postula que el evento debe ser imposible de resistir, de manera total y absoluta, para cualquier persona. Así ha sostenido la doctrina clásica chilena129 —siguiendo probablemente a la doctrina francesa también clásica130— y la jurisprudencia. Existen sentencias que hacen referencia a "la absoluta imposibilidad de evitarlo"131; que el caso fortuito es una situación "contra la cual resulta imposible o inútil resistirse"132; que un "hecho imposible de resistir, lo que significa que el evento que acontece es insuperable en su constitución y efectos, de manera que ni el deudor ni persona alguna que se coloque en tal circunstancia podría impedir lo sucedido"133; o, "imposible de resistir aplicando todas nuestras fuerzas y previsiones"134. En segundo lugar, vinculado a lo anterior, esta posición sostiene que si el cumplimiento de la obligación (cuando se trata de una hipótesis, naturalmente, de responsabilidad contractual) se vuelve más oneroso, complejo o dificultoso, no existe caso fortuito y el

deudor deberá aplicar mayores esfuerzos y/o recursos para cumplir135. Se trata —para esta visión— de una imposibilidad absoluta, y no de una imposibilidad relativa, y por ello no es suficiente que con la ocurrencia del hecho el cumplimiento de la obligación se haya hecho más difícil u oneroso136. El cumplimiento de la obligación debe haberse transformado en imposible y no solo en más dificultoso. Por eso, una simple escasez de un producto no podría ser considerada "irresistible", si no se traduce en una falta absoluta del bien en el mercado137. Esto es consistente con la histórica proscripción de la imprevisión en el derecho chileno, esto es, que no es posible revisar el contenido de la obligación contractual bajo el pretexto de que ella ha sobrevenido en más onerosa138. Como señala una obra francesa reciente: "el suceso no constituye un caso de fuerza mayor si la ejecución simplemente deviene más onerosa; en este caso, son las reglas relativas a la imprevisión las que deben aplicarse"139. Otros autores agregan que "la ejecución imposible no es ni la ejecución más dificultosa, ni la ejecución más costosa", cuestión que deja un margen de apreciación judicial140. Así también ha concluido la jurisprudencia chilena, por ejemplo, en un caso en que se concluyó que las dificultades económicas por las que atravesaba una empresa son parte del riesgo del negocio por cambios en las condiciones de mercado y, por tanto, son previsibles y no envuelven una hipótesis de caso fortuito141. En tercer lugar, relacionado con el primer punto expuesto, es usual que esta posición vincule estrechamente el carácter irresistible al modo de extinguir las obligaciones denominado "imposibilidad absoluta de cumplimiento" y que se encuentra regulado en nuestro derecho a propósito de la pérdida de la cosa

debida (arts. 1670 y siguientes del Código Civil). De esta forma, estos autores vinculan el caso fortuito no solo a su efecto de exoneración de responsabilidad, sino también a la posibilidad de que actúe extinguiendo el vínculo obligacional142. En el fondo, confunden el hecho con sus efectos. 88. La segunda posición, contemporánea y relativa, puede resumirse de la forma siguiente143. La irresistibilidad debe medirse en relación con el comportamiento que era exigible al agente. No puede ser absoluta, "porque lo absoluto no es de este mundo", como señalaba Jean Carbonnier, en una cita ya efectuada. En definitiva, y tal como ocurre en materia de imprevisibilidad, el carácter "irresistible" de un hecho debe medirse in abstracto, en relación con la diligencia debida. Esto quiere decir que la pregunta pertinente no sería si el deudor concreto de que se trata podía resistir la ocurrencia de ese hecho, sino si podía hacerlo un individuo diligente y de la misma especialidad, colocado en las mismas circunstancias externas. Esta posición ha recibido un masivo apoyo en el derecho contemporáneo, aun cuando presenta ciertas equivocidades que se expondrán más adelante. Basta para ello revisar la doctrina y jurisprudencia citada a propósito de la concepción relativa de la imprevisibilidad, pues quienes defienden la visión relativa de ese requisito lo hacen también respecto de la irresistibilidad. Por lo demás, como se ha venido insistiendo, parte importante de la doctrina y jurisprudencia que mencionan el requisito del "carácter absoluto", al mismo tiempo reconocen que debe apreciarse in abstracto la concurrencia de este requisito,

introduciendo

de

esta

forma

un elemento consideración de la diligencia debida144.

relativo

y

la

La misma Corte Suprema ha afirmado, reconociendo esta apreciación in abstracto del carácter irresistible del hecho, lo siguiente: es "irresistible cuando no es posible evitar sus consecuencias en términos que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias habría podido preverlo y evitarlo"145. Nótese que la sentencia se refiere a evitar "sus consecuencias", cuestión que es relevante para explicación que se expone más adelante, pues la diligencia debida tiene un doble rol en materia de irresistibilidad (respecto del hecho en sí mismo y respecto de sus consecuencias). En todo caso, la invocación a las circunstancias externas da cuenta del recurso a un patrón de conducta contextualizado para ese comportamiento, que —como ya se ha expuesto— es parte esencial de la valoración de la diligencia debida conforme a criterios abstractos. 89. En realidad, la posición clásica y absoluta del requisito de la irresistibilidad ha sido objeto de fuertes críticas, dirigidas a tres aspectos principales. En primer lugar, en gran medida la posición clásica confunde los requisitos de la fuerza mayor con aquellos que la ley fija para el modo de extinguir "imposibilidad de cumplimiento"146. El primero es una causal de exoneración de la responsabilidad, en cambio, el segundo, es un modo de extinguir las obligaciones. Como este último destruye la obligación, es lógico que el impedimento que se exija para dar lugar a él deba ser "absoluto": el cumplimiento se volvió imposible para cualquier persona, ahora y por siempre. Obedece, por ello, a un fenómeno más bien físico: por ejemplo, el objeto debido se destruyó por un terremoto, y ya no existirá más, por lo que el cumplimiento de la obligación se volvió imposible. En

cambio, el caso fortuito es una noción netamente jurídica, desde el momento que obliga a preguntarse por la diligencia debida por el agente y por aquello que excedía ese patrón de comportamiento. En segundo lugar, vinculado a lo anterior, es evidente que una cuestión es el hecho que se alega como caso fortuito (destrucción de una cosa, por ejemplo), y una muy distinta es el efecto que pueda jugar en el incumplimiento de determinadas obligaciones. Este último aspecto es variable, pues puede afectar provisoriamente el cumplimiento de una obligación (en cuyo caso existirá mera suspensión del cumplimiento) o puede afectarlo en términos completos y definitivos (en cuyo caso existirá extinción de la obligación por imposibilidad absoluta, según lo expuesto). En otras palabras, a diferencia de lo sostenido por la doctrina clásica, el caso fortuito, para ser tal, no es imprescindible que como efecto produzca una imposibilidad absoluta de cumplimientode la obligación, puede simplemente ser transitoria. Incluso, varios de los autores que se citan como partidarios de esta posición "clásica y absoluta", reconocen este efecto. Así, según René Abeliuk "si la imposibilidad es transitoria, la obligación no se extingue; el deudor deberá cumplir una vez que cese la imposibilidad"147. Se volverá sobre este aspecto al tratar los efectos del caso fortuito. Por último, la perspectiva absoluta es criticable por eludir la consideración de la diligencia del agente. La irresistibilidad, en efecto, se presenta como aquello que no es posible evitar o aquello que no es posible contener en el marco del cumplimiento de una obligación (que es un efecto del caso fortuito). Y para responder la pregunta acerca de qué debía evitar y resistir el deudor, resulta ineludible recurrir al estándar de diligencia que debía observar. Es lo que la propia doctrina clásica reconoce al

invocar la comparación entre la conducta efectiva y la conducta que habría desarrollado otro agente diligente "colocado en las mismas circunstancias exteriores". 90. En definitiva, es posible concluir que —a diferencia de lo que ocurre en materia de imprevisibilidad— las diferencias entre las posiciones sobre la irresistibilidad son fruto de algunas confusiones. Por esto, en los párrafos siguientes se analizan los componentes de la irresistibilidad y su forma de apreciación conforme a estos criterios generalmente aceptados, citando los fallos nacionales recientes. Para ello, se debe tener presente que la irresistibilidad, al igual que la imprevisibilidad, presenta una doble pregunta: cómo se aprecia y qué elementos la componen.

2. M 91. Sobre este punto lo expuesto a propósito de la imprevisibilidad es totalmente aplicable a este requisito de la irresistibilidad, pues ambos son estándares jurídicos que se tratan de manera similar por la doctrina y la jurisprudencia. Por ello, y para evitar innecesarias repeticiones, solo se efectuarán algunas anotaciones especialmente aplicables a la irresistibilidad, siendo en todo lo demás completamente aplicables las ideas que se expusieron acerca de la apreciación de la imprevisibilidad:

a) En primer lugar, por las mismas razones que la diligencia debida y la imprevisibilidad se aprecian in abstracto, así también la irresistibilidad se aprecia según el mismo método. Se compara la conducta efectiva del agente (aquello que no evitó o resistió) con el patrón de conducta aplicable (aquello que debió haber evitado y resistido) para obtener la respuesta de si un determinado acontecimiento fue irresistible. b) En segundo lugar, este método de apreciación in abstracto de la irresistibilidad es con frecuencia recogido en la jurisprudencia chilena y comparada a través de la exigencia de que el caso fortuito debe apreciarse en términos de "razonabilidad" o "racionalmente" o conforme a la "normalidad". Como se explicó latamente a propósito de la imprevisibilidad, lo "razonable" o "normal" hace referencia en nuestros sistemas jurídicos contemporáneos a lo que el Código Civil denomina un buen padre de familia, esto es, una persona que debe utilizar una ordinaria diligencia. La idea se resume bien en una cita ya efectuada a la obra fundamental en materia de responsabilidad civil y obligaciones de Henri y Léon Mazeaud y François Chabas: "no se trata de determinar si el deudor en particular podía anticipar el evento y resistirlo, sino si un deudor diligente, colocado en las mismas circunstancias, habría podido anticiparlo y resistirlo"148. c) En tercer lugar, al igual que la "diligencia debida" y la imprevisibilidad (que es su antítesis), en la apreciación in abstracto de la irresistibilidad también son relevantes las "condiciones externas", en particular, el grado de especialización o el carácter profesional del deudor y las circunstancias concretas en que se desarrolló la actividad.

d) Por último, la diligencia debida (que debe apreciarse en términos abstractos) tiene, tal como se expone más adelante, un doble rol respecto de este requisito: por una parte, cumple un papel en la determinación de si el evento en sí mismo podía evitarse o no; y, en segundo lugar, cumple un rol en la cuestión de saber si el agente efectuó todas las gestiones necesarias para contener o resistir sus efectos. 92. De esta forma, y en lo que importa para el objeto de este estudio, un evento constituirá una hipótesis de fuerza mayor cuando, reuniéndose las restantes condiciones (imprevisible y exterior), haya sido irresistible, esto es, cuando un agente diligente, y actuando en las mismas circunstancias externas, no habría podido evitar racionalmente su ocurrencia y resistir sus efectos. A continuación, es necesario determinar en qué consiste precisamente la actividad de evitar y resistir la ocurrencia del suceso.

3. C 93. Ante todo, debe también efectuarse una precisión terminológica. El texto de la ley en materia de caso fortuito se refiere a que el hecho sea "imposible de resistir" (art. 45 del Código Civil), tal como lo hacían sus fuentes históricas (en esencia, el Derecho romano justinianeo). Ahora bien, es bastante común que en la doctrina149 y la jurisprudencia150, al tratar el carácter irresistible, se haga

referencia al carácter "inevitable" del suceso, o se empleen indistintamente ambos conceptos. 94. No obstante, ambas nociones son etimológica y lógicamente diferentes, pues evitar significa "impedir" que suceda algo que aún no ha ocurrido; mientras que "resistir" significa oponerse a algo que ya comenzó a suceder151. Corresponde probablemente a Paul-Henri Antonmattei —quien distinguió entre lo inevitable y lo "irresistible stricto sensu" del caso fortuito— el haber puesto en evidencia esta confusión y la diferencia de contenido que resulta para este requisito en caso de que se opte por uno u otro significado152. Tal distinción es seguida en alguna doctrina chilena contemporánea153. Las diferencias de grado entre estos dos criterios son radicales, pues, como afirmó Gérard Cornú, "lo inevitable supera lo irresistible"154. 95. Lo que sucede es que efectivamente existen transcendentales diferencias si se pretende optar —como requisito del caso fortuito — entre evitar y resistir un suceso. La pregunta, por tanto, es ¿cuál de estas conductas es la que se debe evaluar para determinar la concurrencia del carácter irresistible de un suceso?, ¿una de ellas o ambas? Para algunos autores solo bastaría la segunda155, para otros, ambas serían exigibles156. En la reforma francesa del derecho de los contratos de 2016, la intención declarada del legislador fue incorporar ambos elementos en la irresistibilidad, en el siguiente sentido: "El suceso

debe

ser

también

irresistible,

tanto

en

su

ocurrencia (inevitable) como en sus efectos (irremontables)"157. No obstante, es paradójico que aquello no se haya precisado en el texto de la definición legal, pues el nuevo artículo 1218 del Código Civil, que contiene la definición, solo señala al respecto lo siguiente: "...cuyos efectos no pueden ser evitados por medidas apropiadas...". 96. En realidad, como ya se adelantó, la disyuntiva no es tal, pues conforme a los principios y reglas que inspiran esta materia debe concluirse que tanto el carácter inevitable como el carácter propiamente irresistible son requeridos en materia de caso fortuito, pero tienen un diferente rol. El primero (evitar), para configurar su existencia, el segundo (resistir), para que surta sus efectos en el cumplimiento de las obligaciones. En términos muy simples, una cuestión es que un evento sea inevitable (y de ahí la expresión "fuerza mayor"), y otra diferente es que sus efectos o consecuencias no se pueden reducir o detener (cuestión que afecta el cumplimiento de las obligaciones y la responsabilidad civil). Por ello, un evento puede ser inevitable y resistible, y será calificado como caso fortuito, sin perjuicio de que pueda tener efectos muy limitados en el contrato. Es toda la diferencia que existe entre calificar en abstracto un hecho como fortuito y calificarlo como tal en el marco de un contrato (donde, además del carácter inevitable, deberá apreciarse si era o no resistible el incumplimiento). Como se adelantó, se trata de la diferencia elemental entre el hecho (donde resulta relevante su carácter inevitable) y sus consecuencias (donde es fundamental el carácter irresistible). Esta diferencia ha sido recogida por la Corte Suprema, que

distingue entre el hecho inevitable y las consecuencias resistibles158. En fallos recientes la Corte Suprema ha sostenido categóricamente que la irresistibilidad "se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto", esto es, que para el agente haya sido absolutamente imposible evitarlo, no obstante los medios preventivos que haya empleado para superarlo. También, este elemento se extiende a las consecuencias del hecho dañoso, es decir, "implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos"159. Así, la distinción parece estar asentándose en la jurisprudencia chilena. Otras decisiones han acentuado que lo "irresistible" envuelve que se hayan adoptado efectivamente las medidas útiles, idóneas y efectivas para controlar o minimizar sus consecuencias160. Evidentemente, esta explicación tiene sobre todo validez para el caso fortuito alegado en materia contractual, donde sus consecuencias se miden en términos no solo de responsabilidad civil (exclusión de la indemnización), sino también en la subsistencia o suspensión del vínculo jurídico (las obligaciones emanadas del contrato). El doble rol del caso fortuito opera, efectivamente, en el marco de obligaciones contractuales. En el caso de la responsabilidad extracontractual la cuestión de la irresistibilidad se presenta de una forma más simple. Al no existir un vínculo obligatorio previo, no se plantean preguntas acerca de sus consecuencias en la suspensión o subsistencia de

las obligaciones de las partes. Bastará siempre que el hecho sea inevitable, externo e imprevisible161. 97. Por ello, volviendo a la explicación de la irresistibilidad en materia de obligaciones contractuales, conviene examinar por separado el carácter inevitable del hecho y el carácter irresistible de sus consecuencias (esto es, en el marco de obligaciones precisas): 98. a) Hecho inevitable. Si el hecho es evitable, si de alguna forma racional es posible impedir su ocurrencia, entonces "es mejor preocuparse de prevenirlo", como afirmaba Jean Carbonnier162. En otros términos, si el evento es evitable y no se implementan las medidas de prevención adecuadas, entonces el deudor responderá por no haberlas previsto. En el fondo, será responsable porque fue negligente, por no haber previsto lo que debió prever. En relación con los requisitos del caso fortuito, en tal escenario fallará tanto el elemento de la irresistibilidad como el elemento de la imprevisibilidad163. Una razón de sentido común conduce a sostener que no es factible —en ningún escenario— erradicar el carácter inevitable del hecho fortuito, pues ello conduciría a concentrar el análisis en la contención de sus efectos, descuidando la imprescindible prevención de todos los sucesos nocivos que puedan evitarse164. Como sostiene un autor que ha estudiado con profundidad esta materia: "un sujeto es culpable de haber entrado en la esfera de influencia de un hecho generador, cuando existía una posibilidad razonable de evitar la situación"165.

Así, lo que constituye un evento fortuito es el hecho inevitable, que no se pueda impedir su realización. En ese sentido, entonces, tiene razón la doctrina clásica sobre la materia, al aludir a un evento imposible de evitar. La pregunta evidente, entonces, es ¿cuáles hechos son inevitables y cuáles son evitables? El carácter "evitable" de un suceso, como ocurre tratándose de todo estándar jurídico, es una cuestión valorativa y no necesariamente un fenómeno físico. En realidad, puede tratarse de un hecho inevitable física o jurídicamente. 99. En cuanto a los primeros (hechos físicamente inevitables), puede, efectivamente, tratarse de sucesos que vayan "más allá de las fuerzas humanas", como usualmente se señala166. Un terremoto, un huracán, la erupción de un volcán, etc. Las fuerzas de la naturaleza son superiores a las fuerzas humanas y, por ello, son hechos per se inevitables, pues no se puede de forma alguna impedir su ocurrencia. Si un hecho va más allá de las fuerzas humanas, inequívocamente cumple el requisito de ser inevitable y es caso fortuito (hay que tener presente que el "terremoto" se menciona expresamente en el concepto legal y es por esencia un hecho inevitable, aun cuando puedan resistirse sus consecuencias). Una cuestión distinta es que algunos de estos sucesos de la naturaleza, que son inevitables físicamente (como un temblor), puedan ser jurídicamente previsibles (uno de mediana intensidad en la ciudad de Santiago, como ha fallado la jurisprudencia). En tal caso, el suceso sería físicamente inevitable, pero previsible y, por ello, no un caso fortuito.

100. En cuanto a los segundos (hechos jurídicamente inevitables), se trata de sucesos que la fuerza del hombre podría en el extremo evitar, pero no le es exigible al agente tal comportamiento. Por ello, son considerados por el derecho como un hecho inevitable. Por ejemplo, la fuerza mayor que proviene de un hecho humano, como un acto de autoridad, puede ser en la práctica evitable (sin ir más lejos, la "desobediencia cívica" logra en ocasiones revertir decisiones públicas), pero esa conducta extrema no es exigible a un contratante diligente (y, por ello, es jurídicamente inevitable)167. Otro ejemplo, tomado de la jurisprudencia chilena, es el caso de un incendio. En general, puede estimarse que un incendio es evitable (salvo si es intencional evidentemente), pero no lo es si, habiéndose tomado todas las prevenciones que exigía la normativa de seguridad, de todas formas se produjo168. Es evidente que, en este rol, el carácter inevitable debe apreciarse conforme al estándar de diligencia debida por el agente. Por ello, para responder qué es lo jurídicamente inevitable es necesario preguntarse qué habría debido evitar un hombre diligente colocado en las mismas circunstancias externas. Es por esto que la doctrina y la jurisprudencia hacen frecuentes invocaciones al estándar de comportamiento cuando hablan del carácter inevitable de un suceso. 101. En este aspecto este requisito del caso fortuito se vincula necesariamente con la previsibilidad, pues una persona diligente debe anticipar ciertos sucesos e implementar medidas de prevención para evitarlos si es posible hacerlo. Más allá de umbral de comportamiento diligente, si ocurren de todas formas tales eventos debe estimarse que son inevitables. Al respecto, me

remito, para evitar repeticiones, a lo expuesto a propósito de la diligencia debida y del requisito de la imprevisibilidad. 102. En todo caso, como se expone a continuación, basta que el hecho sea considerado inevitable para ser calificado de fuerza mayor. Sin perjuicio de que, en el marco de una relación jurídica determinada (un contrato determinado), será necesario examinar si el agente podía ejecutar o no los comportamientos diligentes en orden a resistir (superar) el impedimento, para calificarlo, en el marco de ese acuerdo, como caso fortuito. 103. Por último, es necesario señalar que una cosa distinta ocurre en los contratos de seguros, que tienen como riesgo asegurado la realización de una destrucción por caso fortuito de la cosa. Para la determinación del siniestro, la constatación del carácter inevitable del siniestro es suficiente para configurar el caso fortuito. En efecto, en esos contratos el caso fortuito solo cumple un rol en el nacimiento de la obligación del asegurador de indemnizar al asegurado, y no tiene una función en el cumplimiento de obligaciones de quien sufre el caso fortuito (asegurado). 104. b) Consecuencias irresistibles. Una cuestión totalmente distinta al carácter evitable o no del hecho en sí mismo, es referirse acerca de si sus consecuencias o efectos son posibles de resistir, esto es, de aminorar o frenar en el marco del cumplimiento de las obligaciones de un contrato determinado. Si no se pueden resistir, el hecho será considerado irresistible y caso fortuito respecto de ese contrato. Si se pueden resistir, entonces el deudor deberá desplegar la diligencia debida para conseguirlo, y no será estimado caso fortuito. Como se dijo, ello tiene sobre todo importancia en el efecto que tendrá el caso fortuito en el cumplimiento de determinadas

obligaciones y en su subsistencia. Así, hay hechos inevitables que son per se irresistibles. El caballo vendido que antes de la entrega a su comprador muere en un terremoto es un ejemplo nítido. Pero, en cambio, hay hechos inevitables que es posible resistir, como la tempestad que retrasa la entrega de la mercancía vendida pero que, de todas formas, mediante un esfuerzo adicional, podrá ser entregada más tarde. O la erupción volcánica que destruye la mitad de una cosecha vendida, y que de todas formas permitirá la entrega de la que subsistió. En estos casos, como se expondrá más adelante, o bien la obligación se extingue solo parcialmente o bien hay una suspensión temporal del cumplimiento mientras dure el impedimento. Más allá, la diligencia debida obliga al deudor a actuar para resistirse a lo que debe y puede resistirse. En todo caso, en estos eventos, el caso fortuito surtirá sus efectos en materia de responsabilidad, eximiendo del pago de la indemnización compensatoria o moratoria. En estas situaciones, como es evidente, jugará un rol crucial, nuevamente, la diligencia del deudor debida en virtud del contrato, en orden a indicar cuáles eran las medidas necesarias para contener los efectos del hecho, buscar una forma alternativa de cumplimiento si es posible, o cumplir cuando el impedimento haya desaparecido169. Como señala un autor nacional: "esta actividad de resistencia al evento por parte del deudor tiene un fundamento y, al mismo tiempo, un límite: la diligencia debida en el caso concreto"170. En otros términos, de nada le servirá la alegación de que el hecho era inevitable, si la diligencia impuesta por el contrato exigía tomar medidas adicionales para de todas formas cumplir el contrato. En el ejemplo de la erupción

volcánica, tal sería el caso si el deudor poseía otras cosechas de la misma naturaleza y calidad, pudiendo cumplir con ellas íntegramente el contrato. Es a ello a lo que se hace referencia en la doctrina nacional cuando afirma que no constituye un caso fortuito, respecto de sus efectos en el cumplimiento de un contrato, cuando su ejecución no se ha hecho imposible sino más onerosa. En síntesis, respecto de aquellas medidas que resultan "irresistibles", en el sentido que no se podían adoptar con mediana diligencia, el caso fortuito jugará un papel en sus efectos en el contrato de que se trate, pudiendo hacer desaparecer la responsabilidad y eventualmente la obligación171. Pero es evidente que un análisis más detallado acerca del rol del caso fortuito en el marco de un contrato —determinando si era o no irresistible—, exige una labor de interpretación del acuerdo, tal como se señaló más arriba en este estudio. Por ejemplo, a propósito del estallido social de 18 de octubre de 2019, parece indiscutible que tal evento resulta inevitable para un contratante. En efecto, podría sostenerse que la autoridad política, o incluso la elite económica, podría haber evitado esta rebelión si hubiesen tomado las medidas oportunas para hacer frente a las serias demandas sociales que antes negaron y hoy, luego de ese estallido, están llanas a abordar. Pero tal conducta no es exigible, evidentemente, a un contratante. Ahora bien, ¿eran irresistibles sus consecuencias? Eso dependerá del respectivo contrato. Por ejemplo, si el contrato en cuestión envuelve un financiamiento bancario, que es negado luego de esta contingencia, pero que es posible obtener de otra entidad a un costo mayor, entonces no será un suceso irresistible y, en consecuencia, tampoco caso fortuito. Una cuestión distinta ocurrirá si el contrato no se volvió más oneroso, sino que no

existen medidas exigibles a un contratante diligente para resistir los efectos del estallido, como si por ejemplo el inmueble donde se emplazaban los trabajos de construcción o de ampliación sufrió severos daños por el vandalismo, el saqueo o el fuego. En tal caso debería ser estimado un evento de fuerza mayor, pues ya se dijo que tal suceso reúne también la calificación de imprevisible, y evidentemente es exterior. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, la Corte Suprema ha tenido oportunidad de concluir algo similar a propósito del actuar negligente del Estado en los hechos posteriores al terremoto de 2010, en orden a no prevenir a la población acerca del tsunami que se aproximaba o incluso en ocasiones desestimar la alerta respecto del mismo: "Que surge de relieve que tales entes públicos fueron creados para enfrentar las catástrofes naturales, es decir, su funcionamiento fue concebido cuando se presenten situaciones irregulares o extraordinarias, por lo que, por lo pronto, cabe sostener que no es factible admitir que un terremoto de una intensidad de 8,8 grados en la escala Richter implica la inexigibilidad de las tareas encargadas a dichos servicios estatales, en cuanto es precisamente a la luz de dichas circunstancias excepcionales que debe escudriñarse el cometido de la Administración"172. En el fondo, la Corte le reprocha a la Administración el no haber efectuado gestiones para contener las consecuencias de un hecho (el tsunami) que materialmente era inevitable, pero previsible luego de la magnitud del terremoto y resistible en sus consecuencias (una prevención y advertencia oportuna habrían impedido la pérdida de vidas)173. 105. Por otra parte, sobre esta materia cabe mencionar que en el derecho francés —antes de la reforma de 2016— existían fallos de la Corte de Casación que, en materia contractual, habían

sostenido que bastaba el elemento de la irresistibilidad (entendida como "hecho inevitable") para configurar la fuerza mayor. En efecto, la posición tradicional de la Corte de Casación era exigir los tres elementos del caso fortuito que se vienen analizando: exterior, imprevisible e irresistible. Luego, y bajo el impulso de algunos autores, como Patrice Jourdain174y PaulHenri Antonmattei175, se comenzó a sostener en los años 90 que la "imprevisibilidad no era de la esencia de la fuerza mayor"176. Esto es, que aun cuando un evento haya sido previsible debía ser tenido como una fuerza mayor cuando se demostraba que el demandado no pudo evitar su ocurrencia y resistir sus consecuencias. Así, para esos autores resultaba "injusto" o "poco equitativo" condenar al demandado existiendo tales circunstancias irresistibles. En el razonamiento de esta concepción "moderna" de la fuerza mayor también subyace la idea de que el carácter "imprevisible" de un evento es más bien un indicador de que era inevitable, en el sentido de que no pudiendo el responsable prever el suceso difícilmente podía tomar medidas para impedir su realización177. Esta posición logró permear la jurisprudencia de diferentes salas de la Corte de Casación. La Primera Sala Civil sostuvo que "la irresistibilidad es, por ella sola, constitutiva de la fuerza mayor, cuando la previsión no habría podido impedir sus efectos, siempre que el deudor haya tomado todas las medidas apropiadas requeridas para evitar la realización de este suceso"178. Posteriormente, la misma Sala afirmó de forma categórica que "la sola irresistibilidad del evento caracteriza la fuerza mayor"179. En ese caso, se trataba de una agencia de viajes que había anulado una excursión a Egipto con motivo de

que el "egiptólogo", contratado por la agencia para guiar a los turistas, se había enfermado gravemente. Con el propósito de evitar la aplicación de la cláusula penal pactada, la agencia invocó la excusa fuerza mayor, argumento que había sido rechazado por la Corte de Apelaciones, pues el egiptólogo tenía una edad avanzada y, por tanto, una enfermedad a su respecto era previsible. La mencionada Sala casó la sentencia, y aceptó la excusa de fuerza mayor bajo el solo criterio del carácter irresistible de la enfermedad180. La posición de la Primera Sala fue seguida por la Sala Comercial181y la Sala Social182. En el fondo, lo que afirman esos fallos, es que basta el carácter inevitable del hecho (incluso en lo que se refiere a los efectos en un contrato), cuando el adecuado control o resistencia a sus consecuencias (medidas para lograr el cumplimiento de otra forma) no pudieron ser previstas (y, por ello, son irresistibles)183. Así, un asalto violento en un sector inseguro de la ciudad podía ser previsible, pero constituir fuerza mayor por ser inevitable e irresistible184. No obstante, la Segunda Sala Civil, en varias oportunidades, contradijo esta tendencia, afirmando que la "imprevisibilidad del suceso... es exigida como elemento constitutivo de la fuerza mayor"185. Esta divergencia fue resuelta, como ya se mencionó en esta obra, por la Asamblea Plenaria de la Corte de Casación en dos fallos del año 2006186, volviendo a la concepción tradicional que exige los tres requisitos, cuestión que fue apoyada por la mayor parte de la doctrina en atención al rol crucial de la imprevisibilidad, en particular, en la responsabilidad

contractual187. Luego, las diferentes Salas de la Corte de Casación se fueron sujetando a esta posición tradicional. Como ya se mencionó, la reforma del derecho de los contratos de 2016 introdujo una definición de fuerza mayor, en materia contractual, prevista en el nuevo artículo 1218 del Código Civil. El Informe dirigido al Presidente de la República, que acompaña la Ordenanza Nº 2016-131 que contiene la reforma188, sostiene que este artículo recoge la definición jurisprudencial de fuerza mayor (aludiendo a la imprevisibilidad e irresistibilidad), pero que abandona el tradicional requisito de la "exterioridad", en razón de que la jurisprudencia de la Asamblea Plenaria de la Corte de Casación lo habría también abandonado en 2006189. No obstante, tal afirmación parece errónea, pues ni la Corte Casación ni el texto de la ley parecen erradicar el requisito de la externalidad, como se expondrá en el capítulo siguiente. 106. Recapitulando, podemos sostener lo siguiente: a) Un hecho debe ser calificado como inevitable —lo que es suficiente como requisito de procedencia del caso fortuito—, si física o jurídicamente no se ha podido impedir. Esto es, ya sea porque las fuerzas humanas no pueden impedirlo o porque, utilizando la diligencia debida, el deudor no pudo evitarlo. El carácter inevitable es una constante en toda hipótesis de caso fortuito. b) Para determinar si ese hecho, calificado como inevitable, podrá operar como caso fortuito en el marco de un contrato en particular, es necesario interpretar las disposiciones de ese acuerdo, para determinar qué medidas debía adoptar con mediana diligencia el deudor y cuáles no les eran exigibles.

4. M 107. Una vez explicado el contenido de la irresistibilidad, a través de su carácter inevitable e irresistible propiamente tal, es necesario mencionar brevemente el momento en que deben apreciarse esos criterios. Es evidente que en la materia debe efectuarse una distinción. Respecto del carácter inevitable del hecho, el mismo debe apreciarse, en principio, al momento de la formación del contrato o del comienzo de la realización de la acción, dependiendo del ámbito en que se aplique. En el caso de la responsabilidad contractual, esto tiene particular relevancia cuando el hecho era "jurídicamente inevitable", pues es al momento de la suscripción del contrato — pero también durante su ejecución— donde debe apreciarse si el contratante tomó todas las medidas de prevención para evitar que aconteciera. En el caso de la irresistibilidad propiamente tal, el momento que debe apreciarse es en el instante en que se ejecuta el contrato respectivo y surge el suceso inevitable, en orden a apreciar si podía contener o eliminar sus consecuencias y, en caso afirmativo, si tomó las medidas en tal sentido (según la diligencia debida). 128V. sobre estas aproximaciones en general la exposición de: B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., pp. 123 y ss. De la misma autora existe un artículo en una obra que el autor de este estudio tuvo el honor de codirigir: "La irresistibilidad del caso fortuito y el deber de actuación del deudor como condición para su exoneración", en Figueroa, Gonzalo; Barros, Enrique y Tapia, Mauricio

(coord.), Estudios de Derecho Civil VI, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Olmué 2010, Santiago, LegalPublishing, 2011, pp. 737 y ss. 129En la doctrina nacional clásica esta posición es mayoritaria. Así, se afirma que "el hecho debe ser insuperable en cuanto imposibilita absolutamente el cumplimiento de la obligación". A Arturo; S , Manuel y V , Antonio, op. cit., p. 281. No obstante, como también se mencionó a propósito de la imprevisibilidad, la invocación de las "circunstancias de tiempo y lugar" en el pensamiento de estos autores (y de varias sentencias) tiende a relativizar esta conclusión. Así también A , René: "el hecho debe ser absolutamente imposible de resistir". Op. cit., p. 830. 130Que afirmaba también que se trata de una "imposibilidad de ejecutar". P Marcel y R , Georges, op. cit., p. 531.

,

131Corte Suprema, 2 de mayo de 1963, RDJ, T. 60, sec. 1ª, p. 59, Ficha Nº 61. 132Corte de Apelaciones de Santiago, 23 de enero de 2008, L.P. Nº 38265. 133Corte Suprema, 21 de enero de 2008, L.P. Nº 38118, Ficha Nº 26. 134Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda, 17 de septiembre de 1987, Gaceta Jurídica, Nº 88, p. 37. 135Como señala Abeliuk: "una imposibilidad relativa, esto es, la dificultad en el cumplimiento o una mayor onerosidad que la prevista en el mismo, no constituye caso fortuito". Op. cit., p. 831. 136En este sentido, v. M , Henri, Léon y Jean, y C , François, op. cit., p. 664. Ya se ha expuesto que estos célebres autores matizan este absolutismo proponiendo una apreciación in abstracto de estos requisitos. 137Corte de Apelaciones de Valdivia, 17 de abril de 1941, RDJ, T. 39, sec. 2ª, p. 1. 138V. al respecto: D , Ramón; P , Carlos y T , Mauricio, "Rapport chilien. La révision du contrat", en Le contrat, Travaux de l'Association Henri Capitant, Journées brésiliennes, Tome LV/2005, París, Société de Législation Comparée, 2009, pp. 513 y ss. 139C -G , Anne-Sophie, op. cit., p. 217. La imprevisión, luego de la reforma del Código Civil francés de 2016, se encuentra expresamente regulada en el artículo 1195. 140D , Olivier ; G , Thomas y L , Yves-Marie, Réforme du droit des contrats, du régimen général et de la preuve des obligations. Commentaire article

par article, París, LexisNexis, 2ª ed., 2018, p. 538. 141Corte Suprema, 16 de diciembre de 2009, rol Nº 6398-2009, Ficha Nº 39. En el mismo sentido: Corte Suprema, 28 de junio de 2007, rol Nº 1408-2006, Ficha Nº 45. 142Basta con citar que Arturo Alessandri afirmaba que en virtud del caso fortuito se provoca "la extinción de la obligación y la liberación de responsabilidad del deudor". A , Arturo; S , Manuel y V , Antonio, op. cit., p. 282. 143Para una exposición de esta posición doctrinal: B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., pp. 145 y ss. Así también, en: "La irresistibilidad del caso fortuito y el deber de actuación del deudor como condición para su exoneración", op. cit., pp. 737 y ss. 144En este sentido, v. M p. 664.

, Henri, Léon y Jean, y C

, François, op. cit.,

145Corte Suprema, 20 de junio de 1949, RDJ, T. 46, sec. 1ª, p. 533; y, Corte Suprema, 2 de mayo de 1963, RDJ, T. 60, sec. 1ª, p. 59, Ficha Nº 61. 146V. sobre esta confusión entre caso fortuito e imposibilidad de cumplimiento: B , María Graciela, "La irresistibilidad del caso fortuito y el deber de actuación del deudor como condición para su exoneración", op. cit., pp. 739 y ss. 147Op. cit., p. 831. 148M

, Henri, Léon y Jean, y C

, François, op. cit., p. 665.

149Por ejemplo, A , Arturo: es "irresistible, cuando no es posible evitar sus consecuencias". De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, op. cit., p. 831. 150Por ejemplo, "evitar su ocurrencia" (Corte Suprema, 9 de septiembre de 1992, RDJ, T. 89, sec. 2ª, p. 254; "que sea inevitable" (Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda, 17 de septiembre de 1987, Gaceta Jurídica, Nº 88, p. 37); o, que "no sea posible evitarlo" (Corte de Apelaciones de Concepción, 7 de octubre de 2008, rol Nº 950-2007). 151R 152A 153B

A

E

, Diccionario de la lengua española, 22ª ed.

, Paul-Henri, op. cit., pp. 63 y ss. , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., pp. 146 y ss.

154C , Gérard, "Comentario de jurisprudencia", Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1981, p. 171. 155En el derecho chileno, así lo sostiene: B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., pp. 147 y ss. No obstante, esto es un error, por las razones que se mencionarán a continuación. 156A

, Paul-Henri, op. cit., pp. 63 y ss.

157Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance Nº 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Journal officiel, 11 février 2016). 158Corte Suprema, 21 de enero de 2008, L.P. Nº 38118, Ficha Nº 26. 159Corte Suprema, 21 de enero de 2019, rol Nº 40166-2017 (Cº. 23), Ficha Nº 40; Corte Suprema, 16 de noviembre de 2017, rol Nº 4658-2017 (Cº. 23), Ficha Nº 13; Corte Suprema, 3 de octubre de 2017, rol Nº 18167-2017 (Cº. 22), Ficha Nº 58; Corte Suprema, 19 de noviembre de 2013, rol Nº 2296-2013 (Cº. 12), Ficha Nº 54; y, Corte Suprema, 12 de junio de 2013, rol Nº 2448-2010, Ficha Nº 56. 160Por ejemplo: Corte Suprema, 5 de septiembre de 2017, rol Nº 76461-2016, Ficha Nº 15. 161Por ejemplo, si un cazador dispara su arma contra una presa le es inevitable que pueda esa bala rebotar y herir a otro cazador. Ningún rol desempeñará en ese caso la posibilidad de resistir a sus efectos. V. A , Paul-Henri, op. cit., pp. 63 y ss. 162A

, Paul-Henri, op. cit., p. 378.

163Por ello, es erróneo lo que señala María Graciela Brantt, en orden a que resultaría ilógico estimar que un hecho debe ser inevitable para cumplir este requisito (irresistible), por cuanto nunca podría evitarse por ser imprevisible. Lo que sucede es que, en tales casos, el hecho es sencillamente previsible y, por tanto, no hay caso fortuito. B , María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 147. 164Esta es la principal crítica contra el análisis de G fortuito y su incidencia..., op. cit., pp. 147 y ss. 165A

B

, María, El caso

, Paul-Henri, op. cit., p. 63.

166C , Jean, op. cit., p. 308. Es la expresión que usualmente se encuentra en la doctrina.

167En una decisión reciente, la Corte Suprema estimó que es caso fortuito un acto de autoridad (juzgado de garantía) la orden de detención provisoria de un empleado que le impide por esa razón presentarse a su trabajo. Corte Suprema, 14 de febrero de 2018, rol Nº 35152-2017, Ficha Nº 29. Mismo criterio en: Corte Suprema, 6 de abril de 2016, rol Nº 7351-2015, Ficha Nº 32; y, Corte Suprema, 1 de septiembre de 2015, rol Nº 23799-2014, Ficha Nº 33. No obstante, en sentido contrario: Corte Suprema, 31 de enero de 2017, rol Nº 38196-2016, Ficha Nº 30; Corte Suprema, 21 de julio de 2016, rol Nº 17964-2015, Ficha Nº 31; y Corte Suprema, 4 de septiembre de 2003, rol Nº 4056-2002, Ficha Nº 50. La divergencia se puede explicar porque algunos fallos consideran que la detención, provocada por una acción delictual que envuelve una conducta deliberada, hace previsible la privación de libertad. En este sentido, para el caso detención por consumo de drogas: Corte Suprema, 5 de abril de 2011, rol Nº 7543-2010, Ficha Nº 37; para el caso de delito de estafa: Corte Suprema, 10 de enero de 2008, rol Nº 5460-2007, Ficha Nº 43; para el caso de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte: Corte Suprema, 17 de agosto de 2006, rol Nº 725-2005, Ficha Nº 47; y, para el caso de violación y estupro: Corte Suprema, 2 de junio de 2009, rol Nº 1673-2009, Ficha Nº 40. Por otra parte, se ha fallado que una orden de retención de dineros, dictada por un juez de garantía, es un acto de autoridad que envuelve una hipótesis de fuerza mayor. Corte Suprema, 5 de abril de 2011, rol Nº 7543-2010, Ficha Nº 47. En sentido contrario, no lo es una orden de autoridad, en este caso incautación de bienes, fundada en el propio comportamiento del deudor (no pago de derechos de internación). Corte Suprema, 21 de enero de 2008, rol Nº 5055-2006, Ficha Nº 26. 168Corte de Apelaciones de Santiago, 28 de noviembre de 2007, L.P. Nº 37840. 169Una sentencia nacional se ha referido a este rol de la irresistibilidad: Corte Suprema, 21 de enero de 2008, L.P. Nº 38118. 170B

, María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 151.

171Por ejemplo, en un caso de responsabilidad contractual se reprochaba al deudor por una pérdida de mercancía (hamburguesas) que quedaron sin refrigeración debido al corte de electricidad posterior al terremoto de 27 de febrero de 2010, afirmando que no dispuso de mecanismos auxiliares para asegurar el suministro eléctrico (grupo electrógeno). La Corte consideró que de todas maneras la situación revestía el carácter de caso fortuito, pues no existían mecanismos idóneos y posibles para resistir sus consecuencias: "En efecto, si bien Chile es un país sísmico, la ciencia aún no ha logrado prever el día y magnitud de un evento de esta naturaleza, como tampoco sus consecuencias. No es posible entonces olvidar que con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010 las costas de nuestro país, entre ellas la de San Antonio, fueron afectadas por un 'tsunami', lo que llevó a la autoridad a decretar la inhabilitación del puerto e impedir el ingreso a dicho recinto por un término superior

a las 72 horas, decisión que fue adoptada con la finalidad de asegurar la vida e integridad de quienes trabajaban en dicho recinto. Tales circunstancias impidieron a la demandada poder actuar en la forma que pretende la actora, pues aun en el evento de haber contado con un sistema alternativo que generase electricidad con prescindencia del sistema interconectado central, el que también se vio afectado, el ingreso para adoptar cualquier medida de mitigación sólo se pudo efectuar en un primer turno el 28 de febrero, el que tuvo por finalidad limpiar el lugar y despejar los accesos, habilitándose los generadores autónomos a la parte vital del puerto apenas se pudo. Lo expuesto claramente da cuenta de un hecho imprevisible e irresistible y que libera al deudor de su responsabilidad contractual". Corte Suprema, 10 de noviembre de 2016, rol Nº 35563-2016 (Cº. 8), Ficha Nº 23. En otro caso se ha concluido que no es posible resistir las consecuencias de un terremoto en el marco de contratos laborales, que lleva al cierre de locales y despidos, no siendo exigible el que se reubiquen los trabajadores en otros establecimientos del que el demandado es socio. Corte Suprema, 11 de abril de 2012, rol Nº 6008-2011, Ficha Nº 35. En el mismo sentido, en caso de un incendio del establecimiento: Corte Suprema, 18 de diciembre de 2008, rol Nº 6311-2008, Ficha Nº 41; y, Corte Suprema, 1 de octubre de 2008, rol Nº 4327-2008, Ficha Nº 42. Pero no constituye caso fortuito cuando el incendio es parcial, y las actividades se reanudaron en unos meses: Corte Suprema, 31 de julio de 2007, rol Nº 2055-2006, Ficha Nº 44. Tampoco lo es, por ser posible resistir sus consecuencias, una expropiación parcial del lugar de trabajo: Corte Suprema, 13 de noviembre de 2006, rol Nº 5366-2006, Ficha Nº 46. 172Corte Suprema, 18 de marzo de 2019, rol Nº 4185-2018 (Cº. 5, sentencia reemplazo), Ficha Nº 2. 173Por ejemplo, la Corte Suprema ha sostenido: "Que de esta forma, para que el evento sísmico y el tsunami del 27 de febrero de 2010 haya tenido la función exculpatoria que le atribuye el Fisco en su contestación y la misma sentencia de primera instancia, el Estado tuvo que haber desplegado toda una actividad eficiente de prevención, manejo y regulación de la emergencia conforme las normas que el mismo se otorgó desde hace ya largo tiempo, abarcando a nivel local esto es Curanipe modalidades de educación, señalética y de regulación respecto de las personas que pernoctan en los camping de la zona, de la de forma de haber otorgado a las víctimas la posibilidad cierta adoptar resguardos más elaborados que le hubieran otorgado una chance efectiva y cierta de evitar las consecuencias dañosas reseñadas en esta causa. Por estas razones, la alegación de caso fortuito no puede ser acogida y será desestimada". Corte Suprema, 21 de enero de 2019, rol Nº 401662017 (Cº. 25), Ficha Nº 4. En el mismo sentido, Corte Suprema, 8 de noviembre de 2018, rol Nº 871-2018 (Cº. 25), Ficha Nº 5. Corte Suprema, 17 de abril de 2018, rol Nº 18225-2017 (Cº. 10, sentencia reemplazo), Ficha Nº 6; Corte Suprema, 16 de noviembre de 2017, rol Nº 4658-2017 (Cº. 25), Ficha Nº 13.

174J , Patrice, "Observación a fallo de la Corte de Casación, Primera Sala, 9 de marzo de 1994", en Revue trimestrielle de droit civil, 1994, p. 871. 175Op. cit., p. 58. 176Ibidem. 177T , François; S , Philippe; L , Yves y C , François, Droit civil. Les obligations, París, Dalloz, 2018, 12ª ed., p. 813. Estos autores efectúan una completa exposición de la evolución en la materia. 178Corte de Casación, Primera Sala Civil, 9 de marzo de 1994, Revue trimestrielle de droit civil, 1994, p. 871. 179Corte de Casación, Primera Sala Civil, 6 de noviembre de 2002, Bulletin des ârrets de la Cour de cassation, 2002, I, Nº 91. 180C

, Gaël y L

, Mathias, op. cit., pp. 531 y 532.

181Corte de Casación, Sala Comercial, 1 de octubre de 1997, Bulletin des ârrets de la Cour de cassation, 1997, IV, Nº 240. 182Corte de Casación, Sala Social, 12 de febrero de 2003, Bulletin des ârrets de la Cour de cassation, 2003, V, Nº 50. 183Un autor ha sostenido, con razón, que estos fallos no hacen más que interpretar de una "forma razonable" la concurrencia de la imprevisibilidad, cuando todas las medidas de prevención necesarias fueron implementadas y de todas formas el hecho se produjo. B , Jean-Sébastien, "La force majeure: une définition spécifique à la matière contractuelle?, Revue des Contrats, 2006, p. 1207. 184C

, Gaël y L

, Mathias, op. cit., p. 531.

185Corte de Casación, Segunda Sala Civil, 13 de julio de 2000, Bulletin des ârrets de la Cour de cassation, 2000, II, Nº 126. 186Corte de Casación, Asamblea Plenaria, 14 de abril de 2006, Nº 04-18902 y Nº 02-11168. 187T , François; S op. cit., p. 814.

, Philippe; L

, Yves y C

, François,

188Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance Nº 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Journal officiel, 11 février 2016).

189La noción que podía desprenderse de esa jurisprudencia es que la fuerza mayor en materia contractual corresponde a un acontecimiento "imprevisible al tiempo de la suscripción del contrato e irresistible en su ejecución". Corte de Casación, Asamblea Plenaria, 14 de abril de 2006, Nº 04-18902 y Nº 02-11168.

VI. E

108. El tercer y último requisito de la fuerza mayor atiende a que el suceso debe ser "exterior", provenir de una causa "ajena", "extraña" o "inimputable"190. Este es un elemento que no se encuentra contenido expresamente en la definición del artículo 45 del Código Civil, pero que la jurisprudencia191 y la doctrina han sostenido invariablemente que constituye una exigencia del caso fortuito192. En gran medida, este elemento, por lo demás, se desprende del artículo 1547 de ese mismo Código, que señala que el deudor no es responsable del caso fortuito o fuerza mayor cuando este ha "sobrevenido por su culpa". 109. El origen de este requisito debe encontrarse, una vez más, en la doctrina francesa. La idea de que el caso fortuito deba provenir de una "causa extraña" o "una causa inimputable" (expresiones que son utilizadas frecuentemente en la doctrina chilena), se originó en los términos del artículo 1147 del Código Civil francés que establece la responsabilidad del deudor en orden a indemnizar el daño provocado por el incumplimiento, salvo si este proviene de una causa extraña (cause étrangére) que no le sea imputable. Como el artículo siguiente (1148), dispone que no se debe indemnización cuando el incumplimiento se debió a un caso fortuito, tempranamente (desde los comentaristas del Código), se entendió que esta

segunda norma no era sino una aplicación de la "causa extraña"193. No obstante, como se señalará en el párrafo siguiente, existen divergencias en cuanto a su alcance. Por otra parte, de forma contemporánea se discutió incluso en el derecho francés sobre la necesidad de este requisito de la exterioridad, en razón de que algunos fallos tendieron a señalar que el único elemento determinante del caso fortuito es la irresistibilidad, tal como se explicó más arriba. La situación es un poco curiosa, pues los fallos de la Asamblea Plenaria de 2006, que resolvieron la controversia entre las Salas de esa Corte en orden a si la irresistibilidad constituía o no el único elemento del caso fortuito, sostuvieron —apelando a la noción clásica— lo siguiente: el caso fortuito es un evento "imprevisible al tiempo de la suscripción del contrato e irresistible en su ejecución" (en materia de responsabilidad contractual). Asimismo, afirmó que un suceso, en el marco de "en un accidente, [debe tener] un carácter imprevisible e irresistible" para ser constitutivo de fuerza mayor (en materia de responsabilidad extracontractual)194. De ahí que algunos autores sostuvieron que en realidad la Corte de Casación había abandonado el requisito de la "exterioridad", y que, en consecuencia, no había seguido de forma ortodoxa, la definición clásica que le asigna las tres condiciones copulativas. Además de la omisión formal del requisito en el texto de ambos fallos, tal conclusión se desprendía, en particular, de uno de ellos, que reconocía el carácter de fuerza mayor de una enfermedad grave sobreviniente de un contratante que le impidió ejecutar el contrato. Según un autor, este fallo confirmaría que un caso

fortuito "puede ser de origen interno", y no necesariamente exterior195. No obstante, tal conclusión era discutible, desde el momento que la cuestión de la exterioridad no había motivado la casación y, por tanto, no fue controvertida ante la Asamblea Plenaria. Asimismo, un comunicado oficial de esa Corte de Casación, al referirse a estos importantes fallos, mencionaban la exterioridad como parte del "concepto clásico de la fuerza mayor", que esa instancia había decidido reafirmar196. Por último, el suceso "interno" al que se refería uno de los fallos (enfermedad) le era en absoluto inimputable al deudor, y en ese sentido cumplía el requisito de la exterioridad197. Por lo demás, se trataba de una prestación que solo podía cumplir el deudor y no otro tercero, en razón de los conocimientos específicos que envolvía198. Como se dijo, el concepto de fuerza mayor, incorporado por la reforma del derecho de los contratos de 2016, no efectúa una mención explícita al requisito de la "exterioridad". El Informe dirigido al Presidente de la República, que acompaña la Ordenanza Nº 2.016-131 que contiene la reforma199, sostuvo — como se adelantó en el capítulo anterior— que abandona el tradicional requisito de la "exterioridad", en razón de que la jurisprudencia de la Asamblea Plenaria de la Corte de Casación lo habría también abandonado en 2006 (se refiere a los dos fallos recién analizados)200. La afirmación parece, en realidad, doblemente errónea. Por una parte, es discutible que los mencionados fallos hayan abandonado ese requisito, tal como se expuso. En segundo lugar, y más importante, existe bastante consenso entre los autores que han comentado esta reforma que la expresión "escapando al

control del deudor", incorporada en el nuevo artículo 1218, corresponde a la condición de exterioridad201. En efecto, algo que escapa al control del deudor le es "inimputable", y en tal sentido puede sostenerse que cumple el requisito de la inimputabilidad202. Como se ha afirmado, "la cuestión se traduce así en poder del deudor sobre el suceso, y entonces en su poder de impedirlo"203. La situación abre nuevamente en ese derecho una ambigüedad acerca de la pertinencia de este requisito del caso fortuito, que ha dado lugar a tantas controversias. Una aproximación adecuada para interpretar esta norma, me parece que es sostener que conforme a la nueva definición no existirían inconvenientes en ese sistema comparado para concluir que configura fuerza mayor un suceso interno, que concierne al deudor en el caso de la responsabilidad contractual (una enfermedad grave o su situación de cesantía repentina, que le impide ejecutar el contrato), a condición de que ese suceso no pueda ser controlado por él (y que cumpla las otras condiciones de esta figura), pues es la voluntad del deudor la que debe estar excluida de la fuerza mayor y en ese sentido es "exterior"204. En el fondo, no le debe ser "imputable" de alguna forma205, pues eso lo hace culpable como ya se ha expuesto, pero puede un suceso "interno" serle inimputable (por ejemplo, un cáncer sobreviniente que le impide cumplir la prestación)206. Esto es, como señala otro autor, la "exterioridad exigida es entonces una exterioridad psicológica y no material"207. 110. Ahora bien, tal como los otros elementos del caso fortuito, si bien existe relativo consenso en que es un requisito necesario, subsisten disputas acerca de su significado exacto en el derecho

comparado, a un punto tal que un autor contemporáneo ha sostenido que es el elemento "más controvertido" de la calificación de la fuerza mayor208. Efectivamente, un hecho puede ser exterior en relación con la persona del agente, a su voluntad, a la cosa que genera el daño o a su actividad. ¿A qué elemento o elementos de entre estos se refiere este requisito? En síntesis, es posible concebir aproximaciones sobre la exterioridad denominadas "subjetivista", "voluntaristas" o "psicológicas" (que tienden a enfocarla desde la perspectiva de la ajenidad en relación con la voluntad o conducta del agente), y teorías "objetivistas" o "materialistas" (que la vinculan a la actividad del deudor o con el objeto que generó el daño)209. 111. Si nos remitimos a las posiciones adoptadas en el derecho chileno, en realidad las disputas son menores, y tanto la doctrina y la jurisprudencia la entienden en referencia a la actuación del agente o deudor, solo existiendo matices en relación con si lo que se exige es que el caso fortuito no provenga de la culpa del deudor o que el mismo provenga de una "causa extraña" del deudor. Tales diferencias no tienen consecuencias mayores en la práctica. Solo existen opiniones aisladas que pretenden otorgarle un supuesto contenido objetivo a la exterioridad, pero que en definitiva llegan a los mismos resultados, tal como se expondrá. 112. En realidad la posición del derecho nacional se explica por dos razones: En primer lugar, el debate en torno a la exterioridad es un tanto foráneo, con fundamentos en las particularidades de otros

sistemas jurídicos. Las disputas en torno a la exterioridad tienen una razón histórica: la invención por la jurisprudencia francesa de las responsabilidades objetivas por el hecho de las cosas, que llevó a algunos autores a proponer un requisito de exterioridad que permitiera cubrir con este régimen privilegiado un mayor número de accidentes. En el fondo, ninguna situación que se encuentre en el dominio del custodio o guardián de una cosa podía ser considerada caso fortuito, por no ser "externo". Por ejemplo, un daño generado por un vicio de la cosa empleada en la actividad que generó el daño no constituye caso fortuito por no ser externo210. Esto generó una reacción en orden a contrarrestar esta interpretación con una aproximación más voluntarista o subjetiva. Es evidente que en un sistema como el nuestro, que carece de este régimen objetivo, la discusión pierde relevancia. En segundo lugar, porque, en definitiva, tratándose de un sistema de responsabilidad por culpa, la exterioridad presenta sutiles problemas de interpretación en casos límite —como la consideración de la huelga del propio establecimiento211 o la enfermedad del deudor como hipótesis de fuerza mayor—, cuestiones que no se han presentado con esa intensidad en nuestro derecho212. 113. En concreto, el tratamiento de la exterioridad en el derecho chileno puede resumirse en las siguientes ideas213: a) En primer lugar, se entiende que un hecho es exterior cuando no deriva de la voluntad o es ajeno al deudor, haciendo referencia a que no debe provenir de su culpa214. En gran medida esto equivale a sostener que el daño no haya sido previsible para el

deudor, y en eso se aproxima a ese otro requisito del caso fortuito. Con ello se le reconduce, en esencia, a la regla del artículo 1547 del Código Civil. Así, la Corte Suprema ha afirmado categóricamente que para que la fuerza mayor constituya una causal inimputable del deudor, es necesario que el hecho "no haya sido provocado por quien lo alega, puesto que ello implicaría exonerarse de responsabilidad por hecho propio y voluntario"215. b) En segundo lugar, se señala, por varios autores, que el hecho debe provenir de una causa exterior, haciendo referencia, en esencia, a que el hecho debe interrumpir la acción causal entre la acción del agente y el resultado216. Algunos fallos también han recogido esta perspectiva217. c) Por último, una opinión aislada en la doctrina chilena señala que el requisito de la exterioridad debería reconducirse al ámbito de los "riesgos" del contrato, noción extraña a nuestro derecho y que alude, esencialmente, al ámbito de las obligaciones asumidas por las partes. En todo caso, las conclusiones que extrae de tal concepción no son muy lejanas a las que se llega en virtud de las otras dos posiciones, pues el ámbito de los riesgos del contrato no es otra cosa que aquello que pueda ser alcanzado por la previsión de las partes (y eso se puede atribuir a la "voluntad", expresa o tácita, de las partes)218. 114. En síntesis, puede concluirse lo siguiente en relación con el requisito de la exterioridad del caso fortuito en el derecho chileno:

a) En primer lugar, debe tratarse, en esencia, de un hecho que esté "fuera de la esfera de la cual el deudor deba responder"219. Esto es, "se trata simplemente que el deudor no puede invocar, para eludir su responsabilidad, un hecho que haya él mismo provocado o en cuyo origen se encuentre"220. b) En segundo lugar, un hecho que proviene del deudor excluye el caso fortuito, ya sea porque esa acción se considera negligente o ya sea porque el vínculo causal relevante se establece entre tal hecho y el daño y no entre el hecho fortuito y el daño. En definitiva, por causalidad o culpa, tal como se expondrá más adelante, se llega al mismo resultado221. c) En tercer lugar, la aproximación del derecho nacional (de la doctrina inmensamente mayoritaria y de la jurisprudencia) enfoca la exterioridad desde la perspectiva de la voluntad del deudor y no en relación "a la cosa que la motiva"222. Esto, porque, como se explicó, no tiene relevancia en Chile la discusión acerca de regímenes objetivos de responsabilidad por el hecho de las cosas. Por ello, como señala un autor, "si el daño se produce por un defecto interno de la cosa, ello no impide de suyo alegar caso fortuito, ya que el requisito de la exterioridad mira más bien a si el hecho dañoso ha sido propio del deudor"223. 190Sin perjuicio de que todas las obras generales en materia de obligaciones y de responsabilidad civil se refieran a él, existe un trabajo bastante exhaustivo, aunque con conclusiones discutibles, de: B , María Graciela, "La exigencia de la exterioridad en el caso fortuito: su construcción a partir de la distribución de los riesgos del contrato", op. cit., pp. 39 y ss. 191Por ejemplo, entre los innumerables fallos que lo afirman: Corte Suprema, 9 de septiembre de 1992, RDJ, T. 89, sec. 5ª, p. 254, y Corte Suprema, 19 de junio de 2003, RDJ, T. 100, sec. 3ª, p. 88, Ficha Nº 51.

192Por todos, A

, René, op. cit., pp. 829 y ss.

193V. por todos, M

, Henri, Léon y Jean, y C

, François, op. cit., p. 667.

194Corte de Casación, Asamblea Plenaria, 14 de abril de 2006, Nº 04-18902 y Nº 02-11168. 195J , Patrice, Force majeure: La'Assemblée plénière manque l'occasion d'une définition claire, Recueil Dalloz, 2006, pp. 1577 y ss. 196T , François; S op. cit., p. 814; 197C

, Gaël y L

, Philippe; L

, Yves y C

, François,

, Mathias, op. cit., pp. 532 y 533.

198F -M , Muriel, Droit des obligations. Contrat et engagement unilatéral, París, PUF, 2017, p. 714. 199Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance Nº 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Journal officiel, 11 février 2016). 200La noción que podía desprenderse de esa jurisprudencia es que la fuerza mayor en materia contractual corresponde a un acontecimiento "imprevisible al tiempo de la suscripción del contrato e irresistible en su ejecución". Corte de Casación, Asamblea Plenaria, 14 de abril de 2006, Nº 04-18902 y Nº 02-11168. 201V. T , François; S , Philippe; L , Yves y C , François, op. cit., p. 814; D , Nicolas y J , Christophe, op. cit., p. 126; C , François, op. cit., p. 141; C -G , Anne-Sophie, op. cit., p. 217; D , Olivier; G , Thomas y L , Yves-Marie, op. cit., p. 537; C , Gaël y L , Mathias, op. cit., p. 533; F -M , Muriel, op. cit., p. 715; B L , Yvaine y L -T , Virginie, Droit civil. Les obligations, París, Sirey, 2018, 16ª ed., p. 833. 202C

, Gaël y L

203F

-M

204C

-G

205C

, Mathias, op. cit., p. 533.

, Muriel, op. cit., p. 715. , Anne-Sophie, op. cit., p. 218. , Gaël y L

, Mathias, op. cit., p. 530.

206V. al respecto: N , David, "La maladie du débiteur cas de forcé majeure", Recueil Dalloz, 2006, pp. 1566 y ss.

207B 208A

, Charles-Édouard, op. cit., p. 593. , Paul-Henri, op. cit., p. 25.

209Sobre estas posiciones, v. A

, Paul-Henri, op. cit., pp. 25 y ss.

210Corte de Casación, Sala Civil, 26 de marzo de 1934, Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz, 1934, p. 266. 211En el derecho francés se tiende a analizar las causas de la huelga para percibir su carácter "externo", esto es, una huelga generada por decisiones gubernamentales es externa, una huelga generada por decisiones polémicas del empleador no lo es. V. en este sentido: C , Gaël y L , Mathias, op. cit., 2016, p. 534. 212No obstante, existe un fallo que reconoce el carácter de fuerza mayor a una huelga y toma de un recinto universitario de propiedad del acreedor, que impidió cumplir con un plazo de entrega de una construcción: Corte Suprema, 29 de enero de 2002, rol Nº 4804-2000, Ficha Nº 28. 213Una adecuada síntesis de estas visiones en: C op. cit., pp. 136 y ss.

, Hernán, Contratos...,

214V. por todos: A , Arturo; S , Manuel y V , Antonio, op. cit., pp. 279 y ss. "Para que un hecho constituya caso fortuito o fuerza mayor debe ser generado por una causa enteramente ajena a la voluntad del deudor, es decir, que el deudor no haya contribuido en forma alguna a causarlo". 215Corte Suprema, 9 de septiembre de 1992, RDJ, T. 89, Nº 3, sec. 5ª, p. 254. 216V. por todos, B ss.

, Jorge, op. cit., p. 175, y P

, Carlos, op. cit., pp. 7 y

217Corte de Apelaciones de Santiago, 27 de septiembre de 2007, L.P. Nº 37339. 218B 219C 220V

, María Graciela, El caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 61. , Jean, op. cit., p. 308. , Geneviève y J

, Patrice, op. cit., p. 219.

221Desde la perspectiva de la causalidad: S M , Lilian, "Desastres naturales y responsabilidad civil: posible concurso causal entre actividad humana y fenómeno natural" en G T , Maricruz; H , Gabriel; L , Fabiola y T , Mauricio, Estudios de Derecho Civil XIV, Jornadas Nacionales de Derecho Civil 2018, Coquimbo, Santiago, Thomson Reuters, 2019 (en prensa).

222C

, Hernán, Contratos..., op. cit., pp. 138 y ss.

223C

, Hernán, Contratos..., op. cit., p. 139.

VII. P

115. En cuanto a la prueba del caso fortuito, las reglas del derecho nacional son bastante claras y pueden distinguirse en dos grupos: i) En primer lugar, las reglas del derecho común de aplicación general, y ii) En segundo lugar, las reglas especiales aplicables al contrato de seguro.

1. E 116. El principio general de prueba de las obligaciones está contenido en nuestro derecho en el artículo 1698 del Código Civil, que dispone que "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta"224. Ahora bien, en materia de caso fortuito, esa regla general tiene una aplicación expresa en el artículo 1547 del Código Civil, que sigue la doctrina de Pothier, quien afirmaba que es el deudor quien "debe justificar el caso fortuito". La regla del inciso 3º del artículo 1547 del Código Civil dispone: incumbe "la prueba del caso fortuito al que lo alega"; y es repetida en el artículo 1674: "el deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega".

Asimismo, la regla general es repetida para el arrendamiento de transporte (art. 2015 del Código Civil) y para el mandato (art. 2016 del Código Civil). 117. En todo caso, es claro que "la enunciada regla probatoria es categórica y su ámbito de aplicación es de orden general"225. Estas reglas del derecho civil son el derecho común de todas las relaciones jurídicas y tienen por vocación aplicarse salvo disposición legal o contractual especial. 118. En cuanto al objeto de la prueba, ella debe comprender la concurrencia de los requisitos del caso fortuito. Con todo, debe tenerse presente que existen ciertos hechos fortuitos, que, por ser notorios e indubitados, no requieren una demostración mayor (por ejemplo, un terremoto o, en general, eventos de la naturaleza). Como tales elementos reconducen inevitablemente, como ya se ha explicado, a preguntarse por la diligencia del deudor (en cuanto a qué no pudo prever, ni resistir y que el hecho fue exterior), usualmente la prueba alcanzará también a las medidas que prueban el respeto del cuidado debido. Lo anterior no es extraño, pues ambas son defensas que permiten eximir de la responsabilidad: o bien porque se actuó con diligencia debida (y entonces no hay culpa, que es uno de los elementos de la responsabilidad), o bien porque el daño lo causó un hecho imprevisible, irresistible y exterior (un caso fortuito)226.

2. R

119. Las reglas generales anteriores tienen una excepción legal en el caso del contrato de seguro. Según el antiguo artículo 539 del Código de Comercio: "El siniestro se presume ocurrido por caso fortuito; pero el asegurador puede acreditar que ha sido causado por un accidente que no le constituye responsable de sus consecuencias, según la convención o la ley". En efecto, como afirma René Abeliuk, en materia de seguros "se presume el caso fortuito... en el sentido que el siniestro lo constituye"227. En otros términos, "esta excepción se traduce en una presunción que favorece al asegurado, en cuya virtud se da por establecido que el accidente ha tenido su origen en un caso fortuito y, por tanto, que el suceso reúne todos los requisitos de éste"228. En términos contractuales, ello significa simplemente, como ha concluido Osvaldo Contreras, que "el siniestro se presume ocurrido por caso fortuito y que está amparado por la cobertura de la póliza"229. La jurisprudencia chilena ha tenido ocasión de confirmar la regla señalando que "en este contrato comercial el caso fortuito se presume"230; declarando incluso "ilícitas" las cláusulas de las pólizas que contravienen esa disposición legal231. 120. Como se sabe, la Ley Nº 20.667, que regula el contrato de seguro, sustituyó el título VIII del Libro II del Código de Comercio, donde se encontraba esta norma. Esta reforma, publicada el 9 de mayo de 2013, y que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2013, sustituyó la redacción de la norma en comento por la siguiente: "Art 531. Siniestro. Presunción de cobertura y excepciones. El siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable al asegurador. El asegurador puede acreditar que el

siniestro ha sido causado por un hecho que no lo constituye en responsable de sus consecuencias, según el contrato o la ley". Como puede concluirse, la norma tiene un sentido similar, aunque su nueva redacción le atribuye un alcance aún más general: el siniestro se presume que constituye un evento cubierto por la póliza. En la materia, por tanto, su consecuencia es la misma expuesta por la doctrina y jurisprudencia para la anterior redacción, pues si la póliza cubre hipótesis de daños provocados por casos fortuitos, entonces el evento se deberá presumir caso fortuito y cubierto por el seguro, salvo que el asegurador demuestre lo contrario. 224V. sobre estas cuestiones, la completa exposición de C I , Fernando, op. cit., p. 158. 225C

, Eduardo e I

, Eduardo e

, Fernando, op. cit., p. 158.

226En este sentido, por ejemplo, Corte Suprema, 1 de diciembre de 1917, RDJ, T. 15, sec. 1ª, p. 302, y Corte Suprema, 30 de junio de 1915, RDJ, T. 12, sec. 1ª, p. 110, Ficha Nº 62. 227A 228C 229C p. 263.

, René, op. cit., p. 835. , Eduardo e I

, Fernando, op. cit., p. 160.

, Osvaldo, El contrato de seguro, Santiago, Editorial La Ley, 2002,

230Corte de Apelaciones de Valparaíso, 20 de mayo de 1929, RDJ, T. 28, sec. 1ª, p. 29. 231Corte Suprema, 30 de diciembre de 1909, RDJ, T. 8, sec. 1ª, p. 62.

VIII. E

121. En materia de efectos del caso fortuito es necesario efectuar algunas distinciones. Ante todo, debe distinguirse si se pretende invocar una excusa de caso fortuito i) en el marco de la responsabilidad extracontractual, o ii) en una hipótesis de responsabilidad contractual. Luego, en el ámbito de la responsabilidad contractual, es preciso distinguir entre el efecto en materia de responsabilidad y el efecto en cuanto al vínculo obligacional. Se examinarán por separado estas situaciones.

1. R 122. En materia de responsabilidad extracontractual, el caso fortuito funciona como eximente de responsabilidad. Esto es, el agente no deberá indemnización de perjuicios a la víctima por los daños causados232. Para ello, es necesario que el caso fortuito constituya la causa determinante del hecho dañoso. Esto es, que sea la razón

principal que explique ese resultado, aun cuando hayan intervenido otras causas provenientes del agente o de terceros233. Cabe tener presente que en el derecho comparado (en particular, en el francés) se debate acerca de si el caso fortuito tiene un efecto exoneratorio al excluir la relación causal o la culpabilidad234. En realidad, como sostiene Geneviève Viney, la fuerza mayor "demuestra al mismo tiempo que el agente tuvo solamente un rol muy accesorio en la realización del daño y que su conducta no tiene nada de reprochable"235.

2. R 123. En materia de responsabilidad contractual la fuerza mayor tiene un rol más amplio, que puede sintetizarse del modo siguiente236: 124. a) Efecto de exoneración de responsabilidad. Ante todo, el caso fortuito tiene un efecto directo y principal sobre la responsabilidad contractual, esto es, sobre el deber de indemnizar daños al acreedor. Según los artículos 1547 y 1558 del Código Civil, ya analizados, la existencia del caso fortuito libera al deudor, por una parte, de la indemnización compensatoria por el incumplimiento y, por otra, de la indemnización moratoria, si el caso fortuito solo retardó el cumplimiento. Tampoco podrá demandársele el cumplimiento

forzado de la obligación. Estos efectos son inequívocamente afirmados por la doctrina nacional237. 125. Como se ha adelantado, en materia de responsabilidad civil contractual, el deudor posee dos defensas distintas para excluir su responsabilidad: probar que actuó con la diligencia debida o probar un caso fortuito. En el primer caso, no habrá responsabilidad porque falta uno de sus requisitos (culpa), en el segundo no habrá responsabilidad porque intervino un hecho fortuito en la cadena causal238. 126. Para ello, resulta útil precisar, conforme a lo que concluye la doctrina y la jurisprudencia nacional en el presente, si esas obligaciones son de medios o de resultado239. Se atribuye generalmente a René Demogue esta clasificación entre obligaciones de medios y de resultado, que atiende a la forma de constatar su incumplimiento. Una obligación contractual de medios, también denominada obligación general de prudencia y diligencia, exige solamente emplear la diligencia debida para intentar obtener el resultado perseguido (un típico ejemplo es el deber del abogado de obtener una sentencia favorable para el cliente). Una obligación contractual de medios equivale, por ello, a las que en materia extracontractual se denominan obligaciones sujetas al deber general de prudencia y diligencia. Usualmente, se trata de obligaciones en cuyo cumplimiento existen elementos aleatorios que no dependen exclusivamente de la voluntad del deudor (por ejemplo, sanar a un paciente, en el caso del médico, o ganar el proceso, en el caso del abogado). Por el contrario, en una obligación contractual de resultado el deudor asegura la obtención de un objeto determinado, la

obtención de un resultado concreto (la entrega material de una cosa, por ejemplo). En la obligación de medios, la prueba del incumplimiento del contrato supone efectuar un juicio de valor acerca de la diligencia empleada por el deudor; en cambio, en la obligación de resultado, el incumplimiento queda demostrado si se prueba simplemente que el resultado no se obtuvo240. Por ello, en este último caso sería particularmente aplicable la presunción de culpa en materia contractual (prevista en el artículo 1547 Código Civil), pues en una obligación de medios la constatación del incumplimiento exige —en teoría— que la víctima pruebe la negligencia del deudor. 127. Esta clasificación de las obligaciones ha sido paulatinamente aceptada en el derecho chileno241, y prueba de ello son los ya numerosos fallos de la Corte Suprema que la recogen y aplican en casos de prestaciones contractuales médicas242. 128. En ese contexto, resulta evidente que la fuerza mayor o caso fortuito reviste especial relevancia en materia de obligaciones contractuales de resultado (aquellas donde el deudor se compromete a obtener un objetivo determinado, como por ejemplo construir una casa en un determinado plazo), y no en las obligaciones contractuales de medios (donde el deudor se obliga a hacer sus mejores esfuerzos para obtener un resultado determinado, pero no se obliga a conseguirlo, como por ejemplo las obligaciones del médico de sanar a un paciente). En efecto, es en las primeras en que la fuerza mayor adquiere una importancia radical, pues solo mediante su prueba podrá el deudor excusarse del cumplimiento de la obligación243. En cambio, en las obligaciones de medios le basta con probar su

diligencia para quedar exento de responsabilidad, sin que sea necesario probar la concurrencia de un caso fortuito. De todas formas, para medir ese efecto, resulta imprescindible interpretar y calificar previamente el contrato específico de que se trate. 129. b) Efectos sobre el vínculo obligatorio. Bajo la condición de que sobre el contrato en particular de que se trate se reúnan los requisitos de la fuerza mayor (en particular, la irresistibilidad, cuya aplicación particular en la materia ya fue tratada), el caso fortuito puede surtir los siguientes efectos sobre el vínculo obligatorio: — Si el impedimento de cumplimento es total y absoluto, de forma tal que la ejecución de la obligación se vuelve imposible, entonces existe extinción de la obligación, según las disposiciones de los artículos 1670 y siguientes del Código Civil (que se entienden aplicables a las obligaciones de dar, hacer y no hacer). Como la obligación se extingue sin culpa, el deudor no estará obligado a indemnizar los perjuicios al acreedor. Cabe destacar que, en atención a la precaria regulación nacional, pareciera que no se efectúan distinciones según la gravedad del incumplimiento que se transforma en imposible, para dar lugar a este efecto liberatorio. No obstante, parece sensato sostener que la extinción de la obligación opere solo cuando se trate de una inejecución de una gravedad suficiente244. En la reforma francesa de los contratos de 2016, el inciso segundo del artículo 1218 señala que en caso de que el impedimento provocado por el caso fortuito sea definitivo el contrato "se resuelve de pleno derecho". Esto se ha entendido como una innovación, pues al señalar que este efecto se produce "de pleno derecho", ello significa que opera "automáticamente",

sin decisión judicial, correspondiendo al acreedor impugnar en justicia el caso fortuito invocado por el deudor. Tal solución se inscribe en una línea de aumento de los poderes unilaterales de las partes, preconizado por proyectos de armonización, en particular, los Principios de derecho europeo de los contratos245, y tiene la complejidad de que el acreedor deberá

sufrir,

durante

todo

el

tiempo

del

proceso, incumplimiento del deudor, y por ello resulta discutible246.

el

— Si el impedimento es solo temporal, entonces el deudor quedará eximido de indemnizar perjuicios por el cumplimiento tardío o imperfecto, y la obligación recobrará su exigibilidad cuando se supere tal evento247. En el fondo, el caso fortuito en esta hipótesis tiene solo un efecto suspensivo sobre el cumplimiento de la obligación, y por eso algunos autores le denominan "fuerza mayor temporal"248. Evidentemente, conforme a las reglas generales, durante el tiempo de la suspensión el deudor está afecto al deber general de diligencia, en orden a tomar todas las medidas adecuadas para superar el impedimento y cumplir la obligación249. El nuevo artículo 1218 del Código Civil francés —reforma del derecho de contratos de 2016— contiene esa regla expresamente, afirmando que si el impedimento es "temporal", la ejecución de la obligación se "suspende", cuestión que recoge una regla que ya había sido declarada por la jurisprudencia de ese país250. La reforma agrega una regla interesante, que prescribe que un impedimento temporal puede llegar a extinguir la obligación cuando ello se "justifique", en el entendido que esa justificación existe cuando el incumplimiento tardío ya no presente

ningún interés para el acreedor251. La regla también se inspira en los Principios de derecho europeo de los contratos252. 130. Esos son los efectos generales del caso fortuito. Evidentemente, ellos se desarrollan en consecuencias más sutiles dependiendo de la naturaleza del contrato de que se trate y las estipulaciones particulares que se hayan pactado. 232En el derecho nacional, existe un trabajo que plantea la posibilidad de establecer, sobre la base de una causalidad parcial, una eximente también parcial de responsabilidad en cuanto concurra también una acción culpable del agente. Por ejemplo, en un desastre natural cuyas consecuencias sean amplificadas por las escasas prevenciones del agente. La propuesta es discutible en tanto envuelve la difícil tarea de valorar más de una causa adecuada del daño y asignarle un rol en la producción del daño. Materialmente es muy difícil de discernir si las medidas de prevención oportunas, por ejemplo, habrían evitado todo el daño o una parte de este. Lo usual es que sea tan determinante la acción culpable —ausencia de medidas de prevención frente a catástrofes— que todo el daño se explique por ellas, desde el momento que habiéndolas implementado las consecuencias nocivas se habrían evitado. Por ejemplo, de haber contado con medidas diligentes de advertencia de riesgo tsunami es presumible que todas las víctimas habrían salvado su vida, y no solo algunas de ellas. V. Desde la perspectiva de la causalidad: S M , Lilian, op. cit. 233V. en este sentido, A extracontractual..., op. cit., T. II, p. 602, y B 234A 235V

,

Arturo, De la responsabilidad , Enrique, op. cit., pp. 414 y ss.

, Paul-Henri, op. cit., pp. 145 y ss. , Geneviève y J

, Patrice, op. cit., p. 247.

236Una exposición completa sobre estos efectos en: B caso fortuito y su incidencia..., op. cit., p. 61. 237V. por todos: A op. cit., p. 282.

, Arturo; S

238V. en este sentido, A extracontractual..., op. cit., T. II, p. 603.

, María Graciela, El

, Manuel y V ,

Arturo,

De

la

, Antonio, responsabilidad

239V. "Obligaciones de medios y de resultado" en: T 1855-2005..., op. cit., pp. 331 y ss.

, Mauricio, Código Civil:

240Sobre las obligaciones de medios y de resultado en el derecho francés actual: M , Henri, Léon y Jean, y C , François, op. cit., p. 13 y 369. 241La recepción de esta clasificación en el derecho chileno ha sido objeto de un interesante examen en la tesis de Carlos P , Etude Critique sur la Responsabilité Contractuelle en Droit Positif Chilien, These pour le Doctorat en Droit Privé, Université Pantheon Assas (París II), 2003. 242Por ejemplo, C. Suprema, 28 de enero de 2011, rol Nº 5849-2009. 243C. Suprema, 29 de marzo de 1962, RDJ, T. 59, sec. 4ª, p. 21. 244D

, Olivier; G

, Thomas y L

, Yves-Marie, op. cit., p. 539.

245Artículo 9:303, Nº 4: "Si conforme al artículo 8:108 una parte queda liberada del cumplimiento de su obligacio´n a consecuencia de un impedimento absoluto y definitivo, el contrato queda automáticamente resuelto, sin necesidad de comunicación alguna, desde el momento en que se produjo la imposibilidad". 246C 247A

, François, op. cit., p. 142. , René, op. cit., p. 831.

248D

, Olivier; G

, Thomas y L

, Yves-Marie, op. cit., p. 538.

249D

, Olivier; G

, Thomas y L

, Yves-Marie, op. cit., p. 61.

250Corte de Casación, Primera Sala Civil, 24 de febrero de 1981, Nº 79-12.710; y, Corte de Casación, Tercera Sala Civil, 22 de febrero de 2006, Nº 05-12.032. 251C

, François, op. cit., p. 141.

252Artículo 8:108, Nº 2: "Cuando el impedimento sea tan so´lo temporal, la exoneración prevista en este artículo produce sus efectos durante el tiempo en el que persista el impedimento. Sin embargo, si el retraso se tradujera en un incumplimiento esencial, el acreedor puede tratarlo en tal sentido".

IX. F

En este capítulo se contienen las fichas de jurisprudencia, provenientes de la Corte Suprema, que abordan la noción, requisitos y efectos del caso fortuito. La exposición se divide en los siguientes grupos: 1. Caso fortuito o fuerza mayor en casos de terremoto y tsunami; 2. Caso fortuito o fuerza mayor en casos relacionados a cortes de suministro eléctrico; 3. Caso fortuito o fuerza mayor en materia tributaria; 4. Caso fortuito en materia de incumplimiento contractual; 5. Caso fortuito o fuerza mayor en materia laboral; 6. Otras sentencias sobre caso fortuito o fuerza mayor relacionadas con la falta de servicio; y, 7. Otras sentencias sobre caso fortuito o fuerza mayor.

1. C

Ficha 1 Corte Suprema, 14 de agosto de 2019, rol Nº 2456-2018. Ministros (Tercera Sala): Rosa Egnem S., Carlos Aránguiz Z., Andrea Muñoz S., Jean Pierre Matus A. y Julio Pallavicini M. Redacción a cargo de la

ministra señora Rosa Egnem S. y, de la disidencia, sus autores ministra señora Muñoz y del abogado integrante señor Pallavicini M. Acción o recurso: Recurso de casación en la forma y en el fondo.

Hechos El 27 de febrero de 2010, a las 3:14, aconteció un terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Richter. Con posterioridad, un tsunami azotó las costas chilenas, lo que produjo el ingreso del mar a la comuna de Constitución después de 15 o 20 minutos y la consecuente muerte de sus familiares, quienes estaban acampando en la Isla Orrego, a 150 metros del continente, a fin de celebrar la "noche veneciana", situación que era conocida por la autoridad marítima comunal y regional. Asimismo, en la Capitanía de Puerto quedaron de turno dos funcionarios de la Armada, quienes omitieron cualquier ayuda a quienes pernoctaron en el lugar, además de que se negaron a prestar botes anclados a los particulares, que los querían para socorrer a las personas que pedían ayuda. Por su parte, tanto el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile como la Onemi no dieron los avisos oportunos y necesarios, ni realizaron acciones de rescate una vez producido el terremoto.

Solicita la demandante Ángel Sepúlveda dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile señalando que, como consecuencia de lo reseñado, fallecieron nueve integrantes de su grupo familiar. En particular, solicitó que se condene al Fisco al pago de una indemnización por los siguientes montos: $ 200.000.000 por la muerte de su madre Cecilia; $ 30.000.000 por la muerte de su hermana María Carolina; $ 30.000.000 por la muerte de su hermano Marcelo; $ 30.000.000 por la muerte de su hermana Rocío; $ 10.000.000 por la muerte de su sobrino Sebastián; $ 10.000.000 por la muerte de su sobrina Antonela; $ 5.000.000 por la muerte de Alex Pérez; $ 100.000.000 por el desaparecimiento y muerte del menor Luis Castro; y, $ 100.000.000 por el daño sufrido a consecuencia del dolor del hecho de haber perdido gran parte de su familia; o bien, el monto que el tribunal estime pertinente, todos por concepto de daño moral.

Los demandados se excepcionaron por caso fortuito indicando que el terremoto del 27 de febrero de 2010 reunía las características para ser catalogado como tal, a saber, (i) fue un fenómeno natural cuya generación no pudo ser anticipada y (ii) una vez producido, fue imposible neutralizar sus consecuencias.

Decisión de primera y segunda instancia El 1er Juzgado de Letras de Talca acogió parcialmente la demanda, condenando al demandado al pago de $ 50.000.000 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, más reajustes e intereses. La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia impugnada.

Decisión de la Corte Suprema La Corte analizó el concepto de caso fortuito o fuerza mayor en el considerando décimo séptimo al señalar que, conforme al artículo 45, consiste en el "imprevisto a que no es posible de resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.", el cual actúa como causal eximente de responsabilidad en tanto impide imputar un determinado daño a una persona. En este sentido, indicó en el considerando décimo octavo que tanto la doctrina nacional como comparada es concordante al señalar que son tres los elementos del caso fortuito: (i) es un hecho externo; (ii) es un hecho imprevisible; y, (iii) es un hecho irresistible. La externalidad dice relación con que el hecho no depende del actuar de ninguna de las partes vinculadas al hecho dañoso, siendo, así, inimputable tanto a quien lo causa como a quien lo sufre. La imprevisibilidad significa la imposibilidad de contemplar el hecho dañoso con anterioridad a su ocurrencia, cuya determinación en concreto dependerá de las circunstancias del caso en particular que rodean la actividad en desarrollo de la cual surgió el daño a fin de verificar que se adoptaron las previsiones normales exigibles a quien lo alega.

Por último, la irresistibilidad se refiere a la imposibilidad absoluta para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto, es decir, debe ser absolutamente imposible de evitar el suceso, incluso si se emplearon medios de defensa eficientes y eficaces para superarlo, se sostuvo en el considerando décimo octavo. La Corte estimó en el considerando decimonoveno que en la especie no concurrió ninguno de los elementos referidos. Acerca de la imprevisibilidad del terremoto, atendidas las características geológicas del país, estamos ubicados en una zona propensa a los terremotos y tsunamis, lo que es demostrado por nuestra historia y tanto reconocido como corroborado por textos reglamentarios. Así, no es dable sostener que estos eventos sean imprevisibles toda vez que se sabe con certeza que ocurrirán, solo que no el día y su magnitud. En este sentido, si bien el hecho, momento e intensidad del sismo en particular son imprevisibles, su acontecimiento no lo es, de manera que el Estado tiene la obligación de obrar de forma eficiente para evitar sus efectos. Por otra parte, el tsunami tampoco cumple con los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad por cuanto los efectos posteriores al terremoto son plenamente previsibles si se consideran los antecedentes geográficos, históricos y las características del movimiento telúrico, los que permiten establecer las probabilidades de ocurrencia de tsunami. Por estos motivos, la Corte rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la parte demandada, confirmando la decisión impugnada.

Otros En el voto de minoría se consideró que procedieron los requisitos del caso fortuito, de manera que no es posible sostener la falta de servicio del Estado. Fundaron su voto en que, dado el contexto desastroso del terremoto del 27 de febrero de 2010, los estándares de conducta exigibles a la Administración no podían ser idénticos a los que rigen en un período de normalidad. Por las características especialmente desastrosas del terremoto en cuestión, nada pudo hacer la Administración para evitar la muerte de las personas señaladas en la demanda. Asimismo, esta imposibilidad es aún más clara si

se considera que el tsunami ocurrió unos 15 o 20 minutos después del terremoto, tiempo en el que era imposible realizar alguna acción. Todo lo que permite sostener que este terremoto constituyó un caso fortuito o fuerza mayor.

Ficha 2 Corte Suprema, 18 de marzo de 2019, rol Nº 4185-2018. Ministros (Tercera Sala): María Eugenia Sandoval G., Carlos Aránguiz Z., Arturo Prado P., y los abogados integrantes señores Jean Pierre Matus A. y Ricardo Abuauad D. Redacción a cargo de la ministra Sandoval. Acordado con el voto en contra de la ministra Sandoval y del abogado integrante señor Matus. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos El 27 de febrero de 2010 Nery Valdebenito Gatica, que vivía Talcahuano, se encontraba en su casa junto a su grupo familiar cuando ocurrió el terremoto. Salieron a la calle esperando que este concluyera y buscando obtener información acerca de lo sucedido. Uno de los vecinos encendió una radio, único medio con el que pudieron acceder a la información del momento, mediante el que escucharon que el Intendente Regional don Jaime Tohá González explicaba que las personas debían permanecer en sus hogares y que estaba absolutamente descartada la posibilidad de que ocurriera un tsunami. Lo anterior también fue informado por la Compañía de Bomberos del sector, acorde con la información radial. Cerca de las 5:00 horas de la madrugada ingresó una gran cantidad de agua a las costas de Talcahuano, específicamente al sector donde ellos vivían. El fenómeno arrastró a parte del grupo familiar, salvándose todos ellos menos Nery Valdebenito Gatica, cuyo cuerpo se encontró el 3 de marzo en la Autopista Interportuaria Penco Talcahuano.

Solicita la demandante

El cónyuge, hijos y nietos de Nery Valdebenito dedujeron demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Fisco de Chile. Solicitaron que se condenara al Fisco a pagar la suma de $ 215.500.000 a cada uno de los demandantes por concepto de daño moral, más las expensas funerarias de la víctima, lo que en total sumaba $ 2.586.400.000; o bien, la suma que el tribunal determinara conforme al mérito del proceso.

Decisión de primera y segunda instancia El 2º Juzgado Civil de Concepción rechazó la demanda en todas sus partes en razón de que, entre la errónea comunicación de las autoridades sobre la posibilidad de ocurrencia del tsunami y la muerte de la víctima, no se demostró el vínculo causal. La demandante dedujo recurso de apelación. La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó íntegramente la sentencia impugnada.

Decisión de la Corte Suprema El ejercicio de discernir si en la especie medió falta de servicio de parte del Estado debe asociarse con la procedencia del caso fortuito, toda vez que la presencia de los requisitos de tal eximente suprime dicha falta. En cuanto a los componentes del caso fortuito, el considerando noveno indicó que la naturaleza imprevista se verifica cuando no resulta posible vislumbrar la existencia del deterioro con antelación a su ocurrencia, cuando se hubieren adoptado todas las precauciones para que el mal no se produzca y, aun así, ha sido imposible para el agente contrarrestarlo. Por su parte, en el considerando décimo se señaló que la irresistibilidad apunta a la conducta del agente frente a un suceso en vías de concretarse, inminente, o ya ocurrido, y radica en defensas que se oponen al imprevisto con el designio de evitar sus corolarios. Así, es la previsibilidad de un suceso lo que obliga a adoptar medidas de diligencia tendientes a precaverlo. Si de todos modos se produce el acontecimiento dañoso, a pesar de las providencias tomadas, entonces es posible calificarlo de imprevisto. Por lo tanto, para atribuirle el carácter de irresistible, es indispensable que los resguardos concretamente

implementados para contrarrestar o minimizar los efectos del acontecimiento dañoso, sean eficientes, eficaces y efectivos para evitar el evento y sus consecuencias. En definitiva, no basta con disponer determinadas precauciones que impidan un percance, ellas deben ser útiles, idóneas y eficaces para prevenirlo. De lo anterior se desprende que el estudio de la irresistibilidad es posterior al de la imprevisibilidad. Bajo este prisma cabe distinguir en una primera fase, atinente a la ocurrencia del terremoto y tsunami, hechos que en otras partes del mundo pueden ser considerados imprevisibles, pero que en un país como el nuestro constituyen eventos frecuentes. Luego, no se advierte que, una vez acontecido el fenómeno, la actuación de las autoridades encargadas de intervenir se haya visto alterada por los efectos de un caso fortuito, a saber, el intendente tuvo ocasión de informar del suceso a la población descartando la posibilidad de un tsunami. La Corte sentenció en el considerando noveno la sentencia de casación: "Así, si bien las dificultades en las comunicaciones esgrimidas por la propia demandada para justificar el hecho de no haber informado la alerta, evidentemente impedían a la autoridad dar cuenta del riesgo cierto de tsunami, aquello en modo alguno puede justificar la conducta contraria, esto es, asegurar a la población la inexistencia de tsunami o de riesgo de ocurrencia, no pudiendo dicho llamado a la población llevar a calificar que las muertes producidas respecto de quienes lo acataron, sea consecuencia atribuible al caso fortuito o de la fuerza mayor" (...) "De este modo, la prudencia y el deber de cuidado sobre los habitantes del país en supuestos como el de autos, le impidió a la Administración el efectuar un llamado como el que en los hechos realizó, bajo las circunstancias relatadas, en cuanto el buen criterio y la responsabilidad que como autoridad recaía sobre ésta que hacía preferible que omitiere un llamado a la calma y a mantenerse en sus casas, como el que hiciera en la oportunidad indicada el Intendente de la época". Luego, en el considerando quinto de la sentencia de reemplazo, la Corte dispuso: "Que surge de relieve que tales entes públicos fueron creados para enfrentar las catástrofes naturales, es decir, su funcionamiento fue concebido cuando se presenten situaciones irregulares o extraordinarias, por lo que, por lo pronto, cabe sostener que no es factible admitir que un terremoto de una intensidad de 8,8 grados en la escala Richter implica la inexigibilidad de las

tareas encargadas a dichos servicios estatales, en cuanto es precisamente a la luz de dichas circunstancias excepcionales que debe escudriñarse el cometido de la Administración. A lo anterior, se hacen extensivas las consideraciones formuladas en el fallo de casación que antecede, las que se han tenido por reproducidas en lo referente a la distinción entre la imprevisibilidad e irresistibilidad del acaso constituido por el terremoto y tsunami, de la previsibilidad y resistibilidad de las consecuencias dañosas posteriores a tales eventos, los cuales se encuentran dentro de la órbita de competencias y cuidado de tales reparticiones". Se acogió el recurso de casación en el fondo. En reemplazo, se determinó la responsabilidad del Fisco por falta de servicio y se le condenó a pagar la suma de $ 105.000.000 por concepto de daño moral, desglosados entre los actores conforme al siguiente detalle: (i) $ 40.000.000 a José Cecilio Gatica Salgado; (ii) $ 15.000.000 para cada una de las hijas de la víctima, a saber, Marioly Ester Gatica Valdebenito, Pamela Ivonne Gatica Valdebenito, Maritza del Carmen Gatica Valdebenito y María Eliana Gatica Valdebenito; y, (iii) $ 5.000.000 al menor de apellidos Gatica Bustos.

Ficha 3 Corte Suprema, 1 de febrero de 2019, rol Nº 3033-2018. Ministros (Tercera Sala): Sergio Muñoz G., María Eugenia Sandoval G., Carlos Aránguiz Z., Arturo Prado P. y Ángela Vivanco M. Redacción a cargo de la ministra Sandoval. El ministro Aránguiz y la ministra Vivanco estuvieron por condenar en costas al Fisco de Chile. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Doña María Angélica Pérez Germain se encontraba de vacaciones en la Isla Robinson Crusoe cuando aconteció el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010. La cabaña donde se encontraba fue violentamente embestida por el ingreso del agua y la arrastró desde el lugar en donde se

ubicaba para luego hundirse. Doña María Angélica se encuentra desaparecida y declarada presuntamente muerta con motivo del tsunami. El tsunami afectó a la Isla entre las 4:24 y 4:30 de la madrugada, más de 45 minutos después del terremoto, período en el que no recibieron alerta alguna. La advertencia revestía especial importancia porque, en el territorio insular, el terremoto no fue percibido, salvo por algunos habitantes como un leve movimiento.

Solicita la demandante La demanda fue interpuesta por los padres y hermanos de doña María Angélica, quienes solicitaron indemnización de perjuicios por la responsabilidad que le atañe al Estado por su falta de servicio. En particular, se solicitó que se condene al Fisco al pago de $ 100.000.000 para la madre; $ 100.000.000 para el padre de la víctima; y, $ 50.000.000 para cada uno de los hermanos de la difunta; todos por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 5º Juzgado Civil de Santiago acogió íntegramente la demanda, condenando al Fisco por el total de los montos demandados y en costas. La demandada dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, la que fue confirmada, con costas, por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Decisión de la Corte Suprema La Corte sostuvo que, de la simple contrastación de los hechos que se tuvieron como acreditados, esto es, que la víctima fue alcanzada por el tsunami sin siquiera haber sido alertada de la ocurrencia previa del terremoto, con las obligaciones exigibles al SHOA y la Onemi, quedó en evidencia el actuar deficiente de ambas reparticiones al no haber comunicado eficazmente la alerta de tsunami, lo que implicó que el Estado de Chile incurrió en falta de servicio. En el considerando séptimo de la sentencia, la Corte señaló: "... el fatal desenlace que origina el daño cuya reparación se pretende no puede ser considerado como caso fortuito o fuerza mayor, pues, per se, la ocurrencia

de un tsunami posterior a un gran terremoto no puede ser entendido como un hecho imprevisto, al tratarse de un fenómeno de reiterada ocurrencia en la historia de la Nación (e incluso anterior a su existencia), a lo que debe agregarse que el reproche pasa, en lo sustancial, no por no haber advertido la ocurrencia del maremoto en cuestión sino por no haberse comunicado la alerta de tsunami ya emitida por el organismo competente para ello, precisión que deja en evidencia la inviabilidad de esta alegación. Por último, reiterando lo dicho en el motivo anterior, la falla en el acto comunicativo tampoco puede ser considerado como irresistible, pues fue fehacientemente acreditado en juicio que tanto el SHOA como ONEMI contaban con mecanismos técnicos para la transmisión de la alerta, y que Carabineros de Robinson Crusoe y algunos de sus habitantes mantuvieron permanente comunicación telefónica y radial con el continente". La Corte rechazó, sin costas, el recurso de casación deducido y confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó al Fisco al pago de $ 300.000.000 a la familia de la víctima por concepto de daño moral, según el mismo detalle fijado por los jueces del fondo.

Ficha 4 Corte Suprema, 21 de enero de 2019, rol Nº 40166-2017. Ministros (Tercera Sala): Sergio Muñoz G., María Eugenia Sandoval G., Carlos Aránguiz Z., Arturo Prado P., y la Abogada Integrante señora Leonor Etcheberry C. Acordado con el voto en contra de la ministra Sandoval. Redacción a cargo del ministro Prado y la disidencia de su autora. Acción o recurso: Casación de oficio (se dedujo casación en el fondo y en la forma).

Hechos Nora Teresa Muñoz García, Hortensia del Pilar Henríquez Roche, María Haydee Coloma Sandoval, Ana Booth Acuña, Rosa Alba Márquez Sánchez y José Alfonso Miranda Lagos, visitantes en la zona, pernoctaban en el Camping Municipal de Curanipe la noche en que ocurrió el terremoto del 27 de febrero de 2010.

La zona donde ocurrieron los sucesos que dan origen a la demanda fue identificada como "zona de sacrificio" por su cercanía al epicentro del terremoto, intensidad del sismo y prontitud con la que aconteció el tsunami. Pese a las características del sector, que facilitaron la magnitud de la tragedia, no se había implementado en la zona ninguna medida tendiente controlar o manejar la emergencia.

Solicita la demandante Familiares de las víctimas dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por falta de servicio. Solicitaron que se le condenase al pago de $ 100.000.000 para cada hijo y cónyuge de las víctimas; $ 50.000.000 para cada conviviente; y, $ 30.000.000 para el hermano de una de las víctimas.

Decisión de primera y segunda instancia El 1er Juzgado de Letras de Talca rechazó la demanda puesto que los actores no lograron probar la existencia de la falta de servicio ni el nexo causal entre las acciones de los demandados y el resultado fatal que dio origen a la demanda. La demandante dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Talca confirmó la sentencia impugnada, pero además estimó que en la especie concurrió la eximente de caso fortuito.

Decisión de la Corte Suprema La doctrina es conteste en que, una vez efectuado el juicio de reproche y determinada la relación causal entre el hecho generador del daño y el daño probado, corresponde examinar si concurre el caso fortuito o fuerza mayor como causal de exoneración. Es un caso de fuerza mayor el que presenta las tres siguientes características: (i) exterioridad; (ii) imprevisibilidad; e, (iii) irresistibilidad. Para pronunciarse sobre la procedencia del caso fortuito no basta una simple clasificación mecánica de acontecimientos apreciados en abstracto, sino que resulta necesario estudiar las circunstancias que rodean el hecho con el fin

de establecer si, frente al deber de conducta que aparece insatisfecho, las características de lo ocurrido se sintetizan en la imposibilidad absoluta de cumplir, derivada de la presencia de un obstáculo insuperable unido a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer. La exigencia de un hecho externo le da el verdadero carácter de causa extraña a la fuerza mayor. Así, el hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro de la cual se ha causado el daño. Dicho de otra manera, la fuerza mayor está definida como aquel hecho que no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre. Sobre el requisito de la imprevisibilidad, la Corte ahondó especialmente en su descripción. Así, en el considerando vigésimo tercero expuso: "Que se trate de un hecho imprevisible importará que no resulte posible contemplarlo con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual surgió el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. Oposición a la imprevisibilidad es prever, operación intelectual que implica representarse mentalmente como posible la consecuencia o efecto de una determinada causa. En la práctica, la imprevisibilidad entendida desde esta perspectiva, haría realmente difícil configurar un evento como fuerza mayor, pues en estricto sentido, casi todos los hechos o circunstancias de la vida pueden ser humanamente imaginados, es decir, hipotéticamente previstos, lo que haría infructuoso alegar esta causal de exoneración, pues prácticamente nunca se configuraría como hecho imprevisible. En cada caso concreto se requiere: a. El referente a su normalidad y frecuencia; b. El atinente a la probabilidad de su realización; c. El concerniente a su carácter excepcional y sorpresivo". Citando la tesis doctoral de la profesora María Gabriela Brantt Zumarán, "El Caso Fortuito y su incidencia en el Derecho de la Responsabilidad Contractual", la Corte señaló, respecto de la imprevisibilidad, que: "Es necesario contar con un cierto nivel de certeza acerca de la ocurrencia del hecho, la que debe ser la suficientemente alta como para excluir las meras eventualidades".

Finalmente, la exigencia de ser un hecho irresistible, indicó la Corte en el considerando vigésimo tercero, se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto, es decir, consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, no obstante los medios de defensa empleados para superarlo. También implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. De esta manera, la Corte nuevamente citó a la profesora Brantt al señalar que "la sola circunstancia de que el acontecimiento sea imprevisible implica que su ocurrencia es inevitable para el deudor, pues, si éste no sabe y tampoco le es exigible saber que sucederá un determinado hecho, mal puede imponérsele el deber de impedirlo" (Brantt, ob. cit., p. 147). En la especie, la Corte razonó en el considerando vigésimo cuarto que quedó establecido que correspondía al Estado, según la normativa de emergencia, una obligación de prevención y regulación tendiente precisamente a evitar las consecuencias de estas catástrofes. De esta manera, era su deber definir áreas vulnerables, preparar en cada caso el contexto de emergencia y educar a la población según las particularidades de cada zona. Así, el Estado, en conocimiento por medio de sus agentes del ejercicio de la actividad turística de camping en la zona de los acontecimientos, tuvo que preparar previamente las condiciones de modo que permitiese otorgar a la población elementos de resguardo más elaborados tales como determinación de las zonas de riesgo, en el señalamiento de vías de evacuación y en la prohibición de pernoctación en lugares más expuestos al mar. En el mismo orden de ideas, la Corte sostuvo en el considerando vigésimo quinto: "Que de esta forma, para que el evento sísmico y el tsunami del 27 de febrero de 2010 haya tenido la función exculpatoria que le atribuye el Fisco en su contestación y la misma sentencia de primera instancia, el Estado tuvo que haber desplegado toda una actividad eficiente de prevención, manejo y regulación de la emergencia conforme las normas que el mismo se otorgó desde hace ya largo tiempo, abarcando a nivel local esto es Curanipe modalidades de educación, señalética y de regulación respecto de las personas que pernoctan en los camping de la zona, de la de forma de haber otorgado a las víctimas la posibilidad cierta adoptar resguardos más

elaborados que le hubieran otorgado una chance efectiva y cierta de evitar las consecuencias dañosas reseñadas en esta causa. Por estas razones, la alegación de caso fortuito no puede ser acogida y será desestimada". La Corte invalidó de oficio la sentencia impugnada y, en reemplazo, condenó al Fisco al pago de una indemnización de $ 345.000.000 por concepto de daño moral, repartidos entre los familiares de las víctimas conforme al siguiente detalle: $ 40.000.000 para cada cónyuge de las víctimas; $ 20.000.000 para cada hijo; y, $ 5.000.000 para el hermano de una de las víctimas.

Ficha 5 Corte Suprema, 8 de noviembre de 2018, rol Nº 871-2018. Ministros (Tercera Sala): María Eugenia Sandoval G., Carlos Aránguiz Z., Arturo Prado P., y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla P., y Leonor Etcheberry C. Acordada con el voto en contra de la ministra Sandoval y del abogado integrante Quintanilla. Redacción a cargo de la Abogada Integrante señora Etcheberry y las disidencias de sus autores. Acción o recurso: Casación de oficio.

Hechos El 27 de febrero de 2010, a las 3:30 horas de la madrugada, en el poblado costero de Curanipe, falleció Nelly Yamilet Cheuquelén Añiñir, mientras se encontraba acampando en el Camping Municipal de dicha localidad, oportunidad en que fue arrastrada por el tsunami ocurrido con posterioridad al acaecimiento del terremoto que afectó a la zona central del país, consignándose como causa de muerte "asfixia por inmersión / catástrofe natural".

Solicita la demandante Los padres y hermanos de la víctima demandaron al Fisco de Chile, solicitando que se le condene a pagar una indemnización de $ 100.000.000

para su madre y padre; y, $ 50.000.000 para cada hermano de Nelly Chequelén; ambos por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 1er Juzgado de Letras de Talca rechazó la demanda al acoger la excepción de vínculo causal opuesta por la demandada. Los demandantes dedujeron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Talca revocó la sentencia impugnada, acogiendo la excepción de caso fortuito, y confirmó el fallo de primera instancia en todo lo demás.

Decisión de la Corte Suprema Es un caso constitutivo de fuerza mayor el evento que presenta las tres características siguientes: (i) exterioridad (respecto del demandado); (ii) imprevisibilidad (en su ocurrencia); (iii) e irresistibilidad (en sus efectos). Una vez efectuado el juicio de reproche y determinada la relación causal entre el hecho generador del daño y el daño probado, corresponde examinar si concurre esta como causal de exoneración. Se puede exonerar de responsabilidad al demandado de forma total cuando la fuerza mayor es considerada como la causa única, exclusiva y determinante del daño. La Corte indicó en el considerando vigésimo cuarto de la sentencia: "Que los hechos determinados en este proceso ubican a la víctima en el sector de Curanipe, en la Provincia de Cauquenes, donde habitualmente existía una población flotante que concurría a la zona con ocasión de la actividad turística que en ella se desarrollaba. Que tal como se indicó, tanto el Fisco en su defensa, como la sentencia de primera instancia radican el análisis de este elemento únicamente en la existencia de una obligación de auxilio una vez ocurrido el hecho, que como se dijo constituye una concepción reactiva de los servicios de emergencia y protección civil que debían ser prestados. Que, como se indicó en los motivos anteriores, al Estado le correspondía, y así lo había asumido en la normativa de emergencia reseñada, una obligación de prevención y regulación tendiente precisamente a evitar las

consecuencias de estas catástrofes, de cuya infracción se deriva precisamente el sustento de su responsabilidad en este caso. De esta manera, correspondía al Estado definir áreas vulnerables, preparar en cada caso el contexto de emergencia y educar a la población según las particularidades de cada zona, pues por ello, los planes de emergencia tiene una estructura funcional y territorial que importa conocer sectorialmente cuales son aquellas áreas que presentan mayor vulnerabilidad en estos hechos. Así, sobre el Estado, en conocimiento por medio de sus agentes del ejercicio de esta industria turística, recaía una obligación de preparación previa que permitiese otorgar a la población elementos de resguardo más elaborados, no sólo en la determinación de las zonas sino además, en el señalamiento de vías de evacuación y en la prohibición de pernoctación en lugares más expuestos. La omisión de aquella obligación no ha estado amparada por la exculpación del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 y de la infracción de aquella es que se deriva la responsabilidad del Estado para con la víctima en este caso, quien, de haber sido advertidos, preparados, regulados, capacitados y enseñados quienes desarrollaban actividades turísticas en la zona, habría estado en condición de adoptar medidas que le hubieran permitido tener la opción de salvar su vida". Del mismo modo, la Corte concluyó en el considerando vigésimo quinto que: "Para que el evento sísmico y el tsunami del 27 de febrero de 2010 haya tenido la función exculpatoria que le atribuye el Fisco en su contestación y la misma sentencia impugnada, el Estado tuvo que haber desplegado toda una actividad eficiente de prevención, manejo y regulación de la emergencia conforme las normas que el mismo se otorgó desde hace ya largo tiempo, abarcando a nivel local modalidades de educación, señalética y de regulación de la actividad turística de forma de haber otorgado a la víctima la posibilidad cierta adoptar resguardos más elaborados que le hubieran otorgado una chance efectiva y cierta de evitar las consecuencias dañosas reseñadas en esta causa". La Corte invalidó de oficio la sentencia impugnada y, en reemplazo, condenó al Fisco a pagar $ 115.000.000, a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral conforme al siguiente detalle:

$ 35.000.000 para cada padre de la víctima y $ 15.000.000 para cada hermano.

Ficha 6 Corte Suprema, 17 de abril de 2018, rol Nº 18225-2017. Ministros (Tercera Sala): Sergio Muñoz G., María Eugenia Sandoval G., Arturo Prado P., y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla P., y Leonor Etcheberry C. Acordado con el voto en contra de la ministra Sandoval y del abogado integrante Quintanilla. Redacción a cargo del ministro Arturo Prado P., y la disidencia de sus autores. Acción o recurso: Casación de oficio (se dedujo recurso de casación en el fondo y en la forma).

Hechos En el contexto del tsunami que azotó las costas de Chile luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, se demandó falta de servicio por parte del Estado (en particular, de la Armada y el SHOA) por no haber implementado en la zona planes de educación y prevención para este tipo de emergencias, lo que habría tenido como consecuencia la muerte de 9 personas que pernoctaban en Isla Orrego, frente a las costas de Constitución, la cual fue violentamente azotada por el tsunami. Además, tampoco se prestó auxilio una vez ocurrido el terremoto, a pesar de que la capitanía de Constitución estaba cerca del lugar donde se encontraban las víctimas y además tenía conocimiento de la presencia de personas en ese sector, así como los medios (botes y personal suficiente) para haber ido en su auxilio o al menos haber enviado alguna señal de alerta ante el riesgo de tsunami, todo lo cual no ocurrió.

Solicita la demandante Familiares de las víctimas solicitaron que se condene al Fisco de Chile al pago de $ 200.000.000 para cada madre, padre e hijos de las víctimas muertas y desaparecidas; $ 100.000.000 para cada hijo; $ 50.000.000 para cada nieto; $ 30.000.000 para cada hermano; $ 20.000.000 para cada

sobrino; $ 10.000.000 para cada sobrino nieto; y, además, $ 100.00.000 por los daños sufridos a título personal; todo ello por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia Se acogió parcialmente la demanda en primera instancia, condenando al Fisco a pagar $ 60.000.000 para uno de los demandantes, y $ 30.000.000 para cada uno de otros 2 actores; todo por concepto de daño moral. La demandada dedujo recurso de casación en la forma y recurso de apelación. La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de casación. Respecto de la apelación, revocó la sentencia impugnada y, en reemplazo, rechazó la demanda al acoger la excepción de caso fortuito.

Decisión de la Corte Suprema La doctrina nacional y comparada reconoce tres elementos indicadores del caso fortuito y los hace parte de su definición: (i) es un hecho externo; (ii) es un hecho imprevisible; y (iii) es un hecho irresistible. El caso fortuito está definido como aquel hecho que no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre. La Corte razonó en el considerando décimo de la sentencia de reemplazo que: "En este sentido cabe destacar que los hechos determinados en este proceso ubican a las víctimas en la isla Orrego, sita en las cercanías de Constitución, lugar en el que habitualmente ellos y otras personas acampaban durante el período veraniego y, en particular, con ocasión de festividades comunales, tales como la 'Noche Veneciana'. Tal como se indicó, el Fisco hace radicar esta causal de justificación en la existencia de una obligación de alerta una vez ocurrido el hecho, de lo que se sigue, a su juicio, que la imposibilidad de acceder a las víctimas dadas las características del lugar en que se encontraban y la llegada en breve tiempo del mar a ese sector exoneraría de responsabilidad a su parte. Sin embargo, y como quedó asentado más arriba, al Estado correspondía, y así lo había asumido en la normativa de emergencia reseñada, una obligación de prevención, regulación y salvamento, tendiente precisamente a

evitar las consecuencias de estas catástrofes, de cuya infracción se deriva precisamente el sustento de su responsabilidad en este caso. Así las cosas, cabía al Estado definir áreas vulnerables, preparar en cada caso el contexto de emergencia, educar a la población según las particularidades de cada zona y planificar y ejecutar las acciones de prevención y de salvamento pertinentes, máxime si, como acontece en la especie, se hallaba en conocimiento, por medio de sus agentes, de la recurrente presencia en ese lugar de personas realizando actividades de campismo; en estas condiciones, resulta evidente que pesaban sobre la Administración Pública deberes de preparación previa y de actuación posterior como los descritos, cuya omisión no se encuentra justificada con la ocurrencia del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. En efecto, para que tales eventos naturales pudieran cumplir la función exculpatoria que les atribuye el Fisco, el Estado debió desplegar toda una actividad previa y eficiente de prevención, manejo y regulación de la emergencia conforme las normas que el mismo se otorgó desde hace ya largo tiempo, abarcando a nivel local esto es, en Constitución modalidades de educación, señalética y de regulación de la actividad en comento que permitieran a las víctimas adoptar resguardos y medidas adecuadas que les otorgaran, cuando menos, una chance efectiva y cierta de evitar las consecuencias dañosas reseñadas en esta causa. Más aun, también debió prever y concretar específicas actuaciones destinadas al salvamento, en el evento que fuera necesario, de las personas que pernoctaban en la isla Orrego, acciones que, como lo demostró de manera categórica y dramática el proceder de diversos particulares el día de los hechos, no sólo eran factibles, sino que, todavía más, podían resultar de enorme utilidad frente a la catástrofe que se estaba viviendo. Empero, el demandado incumplió estos deberes, con lo que privó a las víctimas de autos, incluso, de la más mínima chance de salvar sus vidas, motivo que se estima suficiente para desestimar la alegación de caso fortuito en estudio". La Corte Suprema anuló de oficio la sentencia impugnada. En reemplazo, confirmó el fallo de primera instancia en lo relativo a la condena de

$ 120.000.000 al Fisco por concepto de daño moral, conforme al detalle expuesto anteriormente.

Ficha 7 Corte Suprema, 26 de marzo de 2018, rol Nº 10165-2017. Ministros (Tercera Sala): Sergio Muñoz G., Carlos Aránguiz Z., Arturo Prado P., y los abogados integrantes Jorge Lagos G., y Rafael Gómez B. Acordado con el voto en contra del ministro Muñoz. Redacción a cargo del abogado integrante Gómez y la disidencia de su autor. Acción o recurso: Casación de oficio.

Hechos Don Luis Humberto Luna Prieto falleció como consecuencia de haber sido alcanzado por las aguas del tsunami acontecido el 27 de febrero de 2010, mientras se encontraba en el puerto de Talcahuano. Pese a que la población del sector huyó hacia los cerros luego del terremoto, fueron conminados por Carabineros y Bomberos para regresar a sus domicilios. Las autoridades informaron a través de la radio y de personal de Carabineros y Bomberos que no existía peligro de tsunami.

Solicita la demandante La hija de Luis Luna dedujo demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. En particular, solicitó que se condenara al Fisco al pago de $ 200.000.000 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 1er Juzgado Civil de Concepción rechazó la demanda en razón de no haberse demostrado la relación causal entre la actuación de las autoridades y la muerte de la víctima. La demandante dedujo recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones confirmó sin más la decisión del tribunal a

quo.

Decisión de la Corte Suprema En la especie el caso fortuito debe ser desestimado por cuanto no concurre el requisito de imprevisibilidad. Al respecto, la Corte sostuvo, en el considerando "F" de la sentencia de reemplazo: "Para desestimar la excepción de caso fortuito basta consignar que, como se concluye en el fallo en revisión, una vez acaecido el terremoto y llegada la primera ola del tsunami, éste, en cuanto hecho de la naturaleza, deja de ser inesperado e imprevisible, puesto que resulta posible anticipar la llegada de nuevas masas de agua que extiendan tanto su duración como sus perniciosos efectos. En otras palabras, se trata de dilucidar si la autoridad pudo responder adecuadamente a los hechos de que se trata, considerando en particular que lo que se le recrimina es haber llamado a la población costera a que volviera a sus casas, pese a que se avecinaba un tsunami que, en esta etapa, había perdido su inicial carácter imprevisible". La Corte revocó la sentencia impugnada y, en reemplazo, acogió la demanda, condenando al Fisco a pagar una indemnización de $ 20.000.000 por concepto de daño moral.

Ficha 8 Corte Suprema, 17 de enero de 2018, rol Nº 5094-2017. Ministros (Tercera Sala): Carlos Cerda F., Gloria Ana Chevesich R., Rosa Egnem S., María Eugenia Sandoval G. y Jaime Rodríguez E. Acordada con el voto en contra de la ministra Sandoval, quien fue del parecer de confirmar la sentencia en alzada en virtud de no configurarse en este caso la falta de servicio alegada por los demandantes. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Debido al tsunami acaecido luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, Julio Pinto, Jorge Carvajal, María Flores y José Peña fallecieron. Sus familiares señalaron que ciertos organismos del Estado no alertaron

oportunamente del peligro e indujeron a la población a error al indicar que no existía riesgo de maremoto.

Solicita la demandante Los familiares de las víctimas dedujeron demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra el Fisco de Chile. Solicitaron $ 100.000.000 para los hijos de cada padre y madre víctima del tsunami; $ 100.000.000 para cada cónyuge sobreviviente; $ 30.000.000 para cada hermano; y, diferentes montos en razón de ser víctimas directas; todo lo anterior por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 3er Juzgado de Letras de Concepción rechazó la demanda en todas sus partes al acoger la excepción de caso fortuito opuesta por la demandada. Los demandantes dedujeron recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia del tribunal a quo, indicando expresamente que comparte el razonamiento del fallo impugnado respecto de la excepción de caso fortuito.

Decisión de la Corte Suprema El Caso Fortuito o Fuerza Mayor es una institución de amplia aplicación en materia de responsabilidad civil, estando constituida por tres requisitos: (i) es un hecho externo; (ii) imprevisible; e; (iii) irresistible. Que sea externo significa que el hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a las partes vinculadas al hecho dañoso: debe ser inimputable a quien lo causa y a quien lo sufre. Sobre el requisito de la imprevisibilidad, la Corte expresó en el considerando "W" de la sentencia: "Que se trate de un hecho imprevisible importará que no resulte posible contemplarlo con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual surgió el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. Oposición a la imprevisibilidad es prever, operación intelectual que implica

representarse mentalmente como posible la consecuencia o efecto de una determinada causa. En la práctica, la imprevisibilidad entendida desde esta perspectiva, haría realmente difícil configurar un evento como fuerza mayor, pues en estricto sentido, casi todos los hechos o circunstancias de la vida pueden ser humanamente imaginados, es decir, hipotéticamente previstos, lo que haría infructuoso alegar esta causal de exoneración, pues prácticamente nunca se configuraría como hecho imprevisible. En cada caso concreto se requiere: a. El referente a su normalidad y frecuencia; b. El atinente a la probabilidad de su realización; c. El concerniente a su carácter excepcional y sorpresivo". Citando la tesis doctoral de la profesora María Gabriela Brantt Zumarán "El Caso Fortuito y su incidencia en el Derecho de la Responsabilidad Contractual", la Corte señaló respecto de la imprevisibilidad: "Es necesario contar con un cierto nivel de certeza acerca de la ocurrencia del hecho, la que debe ser la suficientemente alta como para excluir las meras eventualidades". Por su parte, que sea irresistible significa que sea imposible, objetivamente, para el sujeto evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto: es la imposibilidad absoluta de evitar el hecho o de sobreponerse a él para eludir sus efectos. El Estado alegó que le fue imposible adoptar las medidas necesarias por la lejanía del lugar. Sin embargo, la Corte indicó que era su deber establecer medidas y una regulación preventiva. En consecuencia, dado que incumplió con estos deberes preventivos, privando a las partes de la más mínima chance de salvar sus vidas, es que se desestimó el caso fortuito. Al respecto, la Corte razonó en el considerando "X" de la sentencia de reemplazo que: "En este sentido cabe destacar que los hechos determinados en este proceso ubican a las víctimas en la playa El Diezmo, sita en el sector de Minacosta, lugar en el que habitualmente ellos y otras personas desarrollaban una actividad de recolección de algas marinas. Tal como se indicó, el Fisco hace radicar esta causal de justificación en la existencia de una obligación de alerta una vez ocurrido el hecho, de lo que se sigue, a su juicio, que la imposibilidad de acceder a las víctimas dada la

lejanía del lugar donde se encontraban y la llegada en breve tiempo del mar a ese sector exoneraría de responsabilidad a su parte. Sin embargo, y como quedó asentado más arriba, al Estado correspondía, y así lo había asumido en la normativa de emergencia reseñada, una obligación de prevención y regulación tendiente precisamente a evitar las consecuencias de estas catástrofes, de cuya infracción se deriva precisamente el sustento de su responsabilidad en este caso. Así las cosas, cabía al Estado definir áreas vulnerables, preparar en cada caso el contexto de emergencia y educar a la población según las particularidades de cada zona, máxime si, como acontece en la especie, se hallaba en conocimiento, por medio de sus agentes, del ejercicio de la actividad de recolección primaria que en el lugar de que se trata se llevaba a cabo por personas de escasos recursos; en estas condiciones, resulta evidente que pesaban sobre la Administración Pública deberes de preparación previa como los descritos, cuya omisión no se encuentra justificada con la ocurrencia del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. En efecto, para que tales eventos naturales pudieran cumplir la función exculpatoria que les atribuye el Fisco, el Estado debió desplegar toda una actividad previa y eficiente de prevención, manejo y regulación de la emergencia conforme las normas que el mismo se otorgó desde hace ya largo tiempo, abarcando a nivel local esto es, en Minacosta modalidades de educación, señalética y de regulación de la actividad extractiva que permitieran a las víctimas adoptar resguardos y medidas adecuadas que les otorgaran, cuando menos, una chance efectiva y cierta de evitar las consecuencias dañosas reseñadas en esta causa". La Corte revocó la sentencia impugnada, acogiendo la demanda solo en cuanto se condenó al Fisco a pagar $ 455.000.000 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, repartidos entre los demandantes familiares de las víctimas conforme al siguiente detalle: $ 40.000.000 para la cónyuge sobreviviente; $ 20.000.000 para cada hijo; y, $ 5.000.000 para cada hermano de las víctimas.

Ficha 9

Corte Suprema, 29 de diciembre de 2017, rol Nº 97668-2016. Ministros (Tercera Sala): Sergio Muñoz G., Rosa Egnem S., Carlos Aránguiz Z., Manuel Valderrama R., y el abogado integrante señor Álvaro Quintanilla P. Acordado con el voto en contra del abogado integrante señor Quintanilla. Redacción a cargo del ministro Valderrama y la disidencia de su autor. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos En el contexto del terremoto de 27 de febrero de 2010 y el sucesivo tsunami, don Eduardo del Carmen Suárez Figueroa falleció por inmersión dentro de su casa ubicada en el sector de Santa Clara luego de que las autoridades locales descartaron toda posibilidad de ocurrencia de un maremoto.

Solicita la demandante Los hermanos del difunto dedujeron demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Fisco de Chile. Solicitaron $ 40.000.000 para uno de ellos y $ 30.000.000 para el otro; ambos montos por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 3er Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda en cuanto condenó al Fisco a pagar la suma de $ 20.000.000 para cada hermano de la víctima. Rechazó la excepción de caso fortuito opuesta por la demandada. La demandada dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó el fallo impugnado y compartió la cuantía de la indemnización determinada por el tribunal a quo.

Decisión de la Corte Suprema En lo que concierne a los antecedentes que lo configuran, la Corte sostuvo en el considerando undécimo que la naturaleza imprevista del caso fortuito se verifica cuando no resulta posible vislumbrar la existencia del daño con

anterioridad a su ocurrencia, es decir, tras haber adoptado todas las precauciones para que el daño no se produzca y, aun así, ser imposible para el agente contrarrestarlo. La irresistibilidad, por su parte, se refiere a la conducta del agente frente a un suceso en vías de ocurrir, inminente, o ya ocurrido, y consiste en defensas que se oponen al hecho imprevisto tendientes a evitar sus efectos dañosos. En la especie, la Corte sostuvo que no concurrió el requisito de la imprevisibilidad dado que el llamado de las autoridades a que los habitantes volvieran a sus casas, luego de acontecido el terremoto, soslayó la evidente posibilidad de que sobreviniera un tsunami. En ese sentido, sostuvo en el considerando duodécimo: "...en el presente caso, fue la absoluta falta de una razonable previsibilidad acerca de lo que sobrevendría luego de sucedido el fuerte terremoto que golpeó con especial fuerza a la VIII Región, lo que impide acoger la alegación que efectúa el Fisco, puesto que si bien el fenómeno natural ocurrido, por su fuerza y efectos podría estimarse, prima facie, un evento imprevisto e irresistible, fue la misma autoridad quien apoyada en nulos antecedentes y completa falta de información fidedigna, la que asumió y previó un devenir de sucesos equívocos dando cuenta el Intendente en dos ocasiones que la población debía regresar a sus viviendas asegurando que nada más sobrevendría; es decir, soslayando la imprevisibilidad acerca de lo que ocurriría luego de la catástrofe y la escasa información que a nivel central se estaba produciendo, decidió el Intendente qué debía hacerse a continuación y cómo proceder frente a la población, sin sustento ni base alguna, más que su sola y errada creencia basada en un antecedente también desacertado proveniente de un oficial de la Marina. En efecto, es la imprevisibilidad de un suceso catastrófico recién ocurrido que obliga a una persona y en particular a la Autoridad a adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a prevenir un daño mayor frente a un futuro incierto luego de acaecido un terremoto de las dimensiones como aquel que se produjo la madrugada del 27 de febrero de 2010; sin embargo, al no haberlo hecho, al ser las resueltas imprudentes e inmotivadas, lo ocurrido obliga a considerar que el actuar de la Autoridad obedeció a un estimación que erradamente creyó previsible, con trágicos resultados para la ciudadanía al descartar toda consecuencia aún peor que el terremoto que acababa de desolar al país".

La Corte rechazó el recurso de casación confirmado el fallo impugnado que condenó al Fisco al pago de $ 40.000.000 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, repartido entre ambos demandantes conforme al detalle indicado anteriormente.

Otros El voto de minoría sostuvo, en su considerando quinto, que el caso fortuito o fuerza mayor procede si ante un hecho proceden tres elementos distintos: (i) externalidad; (ii) imprevisibilidad; e, (iii) irresistibilidad. Acerca del primer requisito, indicó que es el hecho constituyente de caso fortuito debe ser ajeno a la voluntad de las partes afectadas por él, de manera que sea inimputable tanto a quien causa el daño como al que lo sufre. Sobre la imprevisibilidad, señaló que consiste en la imposibilidad de contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. En este sentido, lo previsible se determina atendiendo a las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual surgió el daño y, por ello, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. Finalmente, la irresistibilidad es la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto; consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, no obstante, los medios de defensa empleados para superarlo. También implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. En el mismo orden de ideas, la Corte razonó en los considerandos sexto a octavo: "6º Que en el caso en concreto, y considerando lo hasta aquí relacionado, no es posible concluir la existencia de responsabilidad del Fisco por falta de servicio, toda vez que a las Autoridades y Órganos del Estado no les resultaba posible, advertir y precaver la serie de sucesos que sobrevendrían a continuación del fuerte terremoto que desoló al país, más aún si, como ha quedado establecido, las comunicaciones estaban completamente interrumpidas y que el Intendente obró conforme a las instrucciones que recibía de la Armada, cuya información también fue afectada por la extraordinaria fuerza del evento sísmico que afectó a gran

parte del país. Un razonamiento contrario implicaría exigir, más allá de lo prudente, razonable y esperable, que la Autoridad respondiera en todo caso, como una especie de responsabilidad estricta u objetiva, obviando las características desastrosas de este evento en particular, lo que aparece sin duda una exigencia indebida, cuando no impracticable. Así, probada la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, con las características que se acaban de enunciar, corresponden consecuentemente los efectos exoneratorios de la responsabilidad que ha pretendido imputársele al Fisco, al interrumpirse el nexo causal por la estimación, para quien disiente, de un hecho que reviste los caracteres de caso fortuito o fuerza mayor. 7º Que en ese estado de cosas, tampoco podía preverse el comportamiento del mar por la Autoridad, con la escasa información que disponía, menos adquirir el conocimiento acerca del momento exacto en que el tren de olas arrasaría la Población Santa Clara, supuesto que en caso alguno formaba parte del acervo y conocimiento de los Órganos a cargo de asumir el control de los hechos posteriores a la catástrofe, es decir, la situación en concreto no era posible de determinar, de conformidad con sus imprevistas consecuencias. 8º Que, en razón de lo dicho, para quien disiente, correspondía concluir que los jueces de la instancia incurrieron en los errores de derecho que se les atribuyen en el recurso, de tal suerte que la casación en el fondo intentada debió ser acogida".

Ficha 10 Corte Suprema, 12 de diciembre de 2017, rol Nº 172-2017. Ministros (Tercera Sala): Carlos Aránguiz Z., Rosa Egnem S., Sergio Muñoz G., María Eugenia Sandoval G. y Arturo Prado P. Acordado con el voto en contra de María Eugenia Sandoval, quien estuvo por confirmar la sentencia en virtud de los fundamentos reseñados en la sentencia de casación. Redacción a cargo del ministro Aránguiz. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos María Gabriela Sepúlveda dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por la muerte de su madre Gabriela del Carmen Aliste como consecuencia de haber sido alcanzada por las aguas del tsunami acaecido en la localidad de Dichato luego del terremoto de 27 de febrero de 2010. Fundamentó su pretensión en que el Intendente Regional indicó, por la radio, la inexistencia de peligro de tsunami. El Fisco alegó caso fortuito o fuerza mayor.

Solicita la demandante La hija de la víctima demandó al fisco por indemnización de perjuicios fundada en la falta de servicio en la que habría incurrido el Estado. Solicitó se condenara a la demandada al pago de $ 80.000.000 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 2º Juzgado Civil de Concepción rechazó la demanda en todas sus partes no obstante haber desestimado la excepción de caso fortuito opuesta por el Fisco. Fundó el rechazo de la demanda en que la actora no habría demostrado que la muerte de la víctima fue consecuencia de la falta de servicio. La demandante dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, y la demandada por su parte se adhirió al recurso para solicitar se revocara el rechazo a la excepción de falta de servicio y la de caso fortuito. La Corte de Apelaciones de Concepción revocó el fallo impugnado en cuanto al rechazo de la excepción de ausencia de falta de servicio y en definitiva acogió tal excepción. En cuanto al rechazo de la demanda y de la excepción de caso fortuito, confirmó la decisión del tribunal a quo.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito consiste en el imprevisto que no es posible resistir. La imprevisibilidad se verifica cuando no resulta posible vislumbrar la existencia del deterioro con antelación a su ocurrencia, siendo imposible de

contrarrestar incluso si se hubieran tomado todas las precauciones para evitar el mal. Por su parte, la irresistibilidad dice relación con las medidas adoptadas para evitar los resultados dañosos del imprevisto. Así, corresponde realizar primero un análisis de la imprevisibilidad para, posteriormente, ejecutar uno acerca de la irresistibilidad. Dado que el Estado brindó injustificadamente información falsa, incentivando a que la ciudadanía se quedase en sus casas, no es posible sostener que su actuar se debió a un caso fortuito, puesto que en vez de determinar medidas para resistir los efectos del fenómeno, incentivó a los habitantes desechar la posibilidad de su ocurrencia. En el anterior sentido la Corte argumentó, en el considerando decimoséptimo de la sentencia de casación, que: "(...) Bajo este prisma en los hechos asentados en autos cabe distinguir dos fases: la primitiva atinente a la ocurrencia del terremoto y tsunami, hechos que, en un país distinto al nuestro, de cultura sísmica antigua y permanente podría aceptarse que la ocurrencia de un sismo mayor y excepcional, constituya caso fortuito. Sin embargo, frente a un escenario de falta de comunicaciones de cara a la hecatombe acaecida con este suceso, la actuación postrera de las entidades públicas encargadas de intervenir no se divisa que ella se haya visto alterada por los efectos de un supuesto caso fortuito. Y como el mérito de los antecedentes dan cuenta que el señor Intendente de la Región del Bío Bío de la época, en entrevista a radio BíoBío el día 27 de febrero de 2010 a las 5:01 AM y 5:19 AM informó a la comunidad que el Contra Almirante Macchiavello Marceli, había expresado la inexistencia en un horizonte próximo de peligro de tsunami, llamando a la gente a la tranquilidad, a quedarse en casa y a salir sólo en caso de extrema necesidad, resulta entonces que debe examinarse si existió responsabilidad imputable a la autoridad en el suministro del servicio aplicable específicamente a este. Así, si bien las dificultades en las comunicaciones esgrimidas por la propia demandada para justificar el hecho de no haber informado la alerta, evidentemente impedían a la autoridad dar cuenta del riesgo cierto de tsunami, aquello en modo alguno puede justificar la conducta contraria, esto es, asegurar a la población la inexistencia de tsunami o de riesgo de ocurrencia, no pudiendo dicho llamado a la población llevar a calificar que las muertes producidas respecto de quienes lo acataron, sea consecuencia atribuible al caso fortuito o de la fuerza mayor.

De este modo, la prudencia y el deber de cuidado sobre los habitantes del país en supuestos como el de autos, le impidió a la Administración el efectuar un llamado como el que en los hechos realizó, bajo las circunstancias relatadas, en cuanto el buen criterio y la responsabilidad que como autoridad recaía sobre ésta que hacía preferible que omitiere un llamado a la calma y a mantenerse en sus casas, como el que hiciera en la oportunidad indicada el Intendente de la época". La Corte acogió el recurso de casación en el fondo, revocó la sentencia impugnada y en reemplazo condenó al Fisco a pagar a la demandante $ 40.000.000 a título de indemnización de perjuicios por daño moral.

Ficha 11 Corte Suprema, 21 de noviembre de 2017, rol Nº 76472-2016. Ministros (Tercera Sala): Sergio Muñoz G., Rosa Egnem S., María Eugenia Sandoval G, Carlos Aránguiz Z., y Jorge Dahm O. Redacción a cargo de la ministra Egnem. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Luego del terremoto de 27 de febrero de 2010, parte de las dependencias del Centro Penitenciario de Chillán se derrumbaron, entre ellos un muro perimetral, lo que motivó la fuga de una gran cantidad de reos de la cárcel. De una población de 760 reclusos 269 de ellos se fugaron ocasionando incendios y destrozos en las casas vecinas, entre ellas el inmueble de Claudio Cortez Tapia donde este habitaba y desarrollaba sus actividades profesionales, la cual terminó quemada en gran parte. Claudio Cortés demandó indemnización de perjuicios en contra del Fisco por falta de servicio.

Solicita la demandante El médico por sí y en representación de su sociedad, y la familia del primero dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco por falta de servicio. Solicitaron $ 90.000.000 para una integrante de la

familia que estaba embarazada al tiempo del terremoto, y $ 70.000.000 para cada uno de los demás actores, todos por concepto de daño moral. Adicionalmente, solicitaron $ 45.000.000 por concepto de daño emergente relativo a la destrucción total del inmueble afectado y los muebles que lo guarnecían.

Decisión de primera y segunda instancia El 2º Juzgado Civil de Chillán rechazó la demanda en todas sus partes por cuanto acogió la excepción de caso fortuito opuesta por la demandada. La demandante dedujo recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Chillán acogió el recurso, revocando la sentencia impugnada y desestimando la excepción de caso fortuito y acogió la demanda en cuanto condenó al Fisco al pago de $ 45.000.000 a título de indemnización de perjuicios por daño emergente, y al pago de $ 60.000.000 para cada uno de los cinco demandantes personas naturales, por concepto de daño moral.

Decisión de la Corte Suprema Debe considerarse que el carácter de imprevisto de un evento se verifica cuando el mismo no es posible de prever, ni vislumbrar, así como tampoco de resistir, siendo entonces la imprevisibilidad e irresistibilidad sus requisitos copulativos. En consecuencia, es la previsibilidad de un suceso lo que compele u obliga a una persona a adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitarlo. Si el hecho dañoso ocurre de todas maneras, no obstante las medidas adoptadas, este suceso permite ser calificado de imprevisto. Sin embargo, para atribuir a tal acontecimiento que originó daños a un tercero el carácter de irresistible es necesario que las medidas de defensa que efectivamente se implementaron para evitar su ocurrencia y/o minimizaran sus consecuencias, sean eficientes, eficaces y efectivas a tales efectos. En otras palabras, no basta con disponer determinadas medidas que impidan que se origine un daño, ellas deben ser útiles, idóneas y efectivas para evitarlo.

En la especie, la Corte sostuvo en el considerando undécimo de la sentencia, confirmando el criterio del fallo de segunda instancia que: " (...) sismos y terremotos no constituyen imprevistos en nuestro país; haciendo alusión a la zona misma en que se sitúan los hechos se recuerda el terremoto de Chillán de 1939, y del mismo modo se acude al terremoto que azotó especialmente las ciudades de Concepción y Valdivia en el año 1960. Se acotó que, en este contexto, sólo puede atribuirse el carácter de imprevisto a la intensidad que alcanzará y/o a la oportunidad, o fecha en que ocurrirá. Cabe añadir por otra parte que, lo que definirá si un terremoto citado este evento a modo ejemplar en el artículo 45 del Código Civil, integra o no una situación de caso fortuito, son las circunstancias en que se produce el evento, y, resulta ser de suyo relevante si el mismo ha tenido lugar en un lugar reconocido indiscutidamente como sísmico o, en otro en el que no ha podido racionalmente ser concebido tal evento de la naturaleza, de modo tal que el capítulo de nulidad que se analiza no puede prosperar; todo ello, al margen de lo que a continuación se dirá y que reafirma la conclusión que acaba de anotarse". Habiéndose establecido como hechos inamovibles, que Gendarmería de Chile incumplió sus deberes de seguridad del establecimiento carcelario, en particular, el de mantención y conservación del muro perimetral que deslindaba el establecimiento con propiedades residenciales del sector, entre ellas, con la casa habitación de los actores, no cabe sino entender que tal entidad incurrió en falta de servicio que tuvo incidencia directa en los hechos que ocasionaron los daños cuyo resarcimiento se ha impetrado en estos autos. La Corte rechazó el recurso de casación confirmando la sentencia impugnada que condenó al Fisco al pago de $ 45.000.000 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente a la sociedad dueña del inmueble, y a $ 300.000.000 por concepto de daño moral repartidos entre los demandantes conforme al detalle indicado precedentemente.

Ficha 12 Corte Suprema, 21 de noviembre de 2017, rol Nº 100695-2016.

Ministros (Tercera Sala): Carlos Aránguiz Z., Rosa Egnem S., Sergio Muñoz G., María Eugenia Sandoval G. y Manuel Antonio Valderrama R. Redacción a cargo de Manuel Valderrama. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Pablina Ortiz y Sonia Obregón dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por falta de servicio al desinformar a la población acerca del tsunami ocurrido en la madrugada del 27 de febrero de 2010, mediante la difusión de información errónea por parte del Intendente, lo que derivó en el fallecimiento de León Ortiz Novoa y Valeria Ortiz Obregón en la localidad de Dichato. Después del terremoto, permanecieron por horas en un cerro. Al no comunicarse alerta de tsunami, decidieron volver a sus casas, momento en que fueron alcanzados por el hecho dañoso. El Fisco excepcionó caso fortuito.

Solicita la demandante Ambos familiares de las víctimas demandaron indemnización de perjuicios al Fisco por su falta de servicio. Una de las demandantes solicitó $ 150.000.000 por la muerte de su cónyuge, $ 150.000.000 por la muerte de su hija, y $ 50.000.000 por su daño propio a raíz de las lesiones; La otra demandante solicitó $ 150.000.000 por la muerte de su hermana, y $ 150.000.000 por la muerte de su padre; todos los anteriores montos por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 3er Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda en cuanto condenó al Fisco al pago de $ 70.000.000 para la demandante cónyuge y madre de las víctimas, y $ 30.000.000 para la demandante hija y hermana de las víctimas, a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral. La demandada dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó el fallo impugnado.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 define al caso fortuito como el imprevisto que no es posible resistir. Que sea imprevisto significa que no es posible vislumbrar la existencia del daño con anterioridad a su ocurrencia de manera que, aun adoptando todas las precauciones para que el daño no se produzca, siga siendo imposible para el agente contrarrestarlo. La irresistibilidad, por su parte, se refiere a la conducta del agente frente a un suceso en vías de ocurrir e inminente, o ya ocurrido, consistiendo en defensas que se oponen al hecho imprevisto tendientes a evitar sus efectos dañosos. En la especie, si bien se podría estimar al terremoto, prima facie, como caso fortuito, fue la autoridad quien brindó información errónea, dando cuenta con esto que descartó el hecho ciertamente previsible de que ocurriera un tsunami, y por consiguiente desplegando nulas medidas tendientes a resistir sus efectos; de manera que incurrió en falta de servicio, no procediendo el caso fortuito como exonerante de responsabilidad. En ese sentido, en el considerando décimo segundo la Corte señaló: "(...) en el presente caso fue la absoluta falta de una razonable previsibilidad acerca de lo que sobrevendría luego de sucedido el fuerte terremoto que golpeó con especial fuerza a la VIII Región, lo que impide acoger la alegación que efectúa el Fisco, puesto que si bien el fenómeno natural ocurrido, por su fuerza y efectos podría estimarse, prima facie, un evento imprevisto e irresistible, fue la misma autoridad quien apoyada en nulos antecedentes y completa falta de información fidedigna, la que asumió y previó un devenir de sucesos equívocos dando cuenta el Intendente en dos ocasiones que la población debía regresar a sus viviendas asegurando que nada más sobrevendría, haciéndose eco de una información oficial, emanada del organismo técnico especialista en emergencias y que en sus manos tenía el devenir de las consecuencias próximas, esto es, la Onemi, que canceló la alerta de tsunami una hora y media después de ocurrido el terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter; es decir, obviando el supuesto de previsibilidad exigido en el artículo 45 del Código Civil, puesto que estimaron predecible el devenir de los acontecimientos, por algo fue que con tanta firmeza y pese a lo que estaba sucediendo en diversos lugares del país, cancelaron la orden que alertaba la ocurrencia de un tsunami, decidiendo el Intendente Regional qué debía hacerse a continuación y cómo proceder frente a la población y qué debía hacer ésta, aunque sin sustento ni base

alguna, más que su sola y errada creencia fundada, en un antecedente también desacertado, proveniente de un oficial de la Marina y antes, de la oficina experta en emergencias, apartando todo elemento empírico que podía ser recogido sobre la base de la experiencia de lo que pasaba en aquellos mismos instantes en otros lugares del país, por ejemplo, en la Isla de Juan Fernández". Del mismo modo, sentenció en el considerando decimotercero: "Que en efecto, es la imprevisibilidad definida como desconocimiento de las consecuencias razonables sobrevinientes de un suceso recién ocurrido la que obliga a una persona y en particular a la Autoridad a adoptar las medidas de diligencia, prudencia y racional cuidado tendientes a prevenir un daño mayor frente a una espera incierta luego de acaecida una calamidad como la acontecida en la madrugada del 27 de febrero de 2010; sin embargo, al no haberlo hecho, al ser las resueltas imprudentes e inmotivadas, lo ocurrido obliga a considerar que el actuar de la Autoridad obedeció a un estimación que erradamente creyó previsible, resolviendo cómo proceder, con trágicos resultados al descartar toda consecuencia aún peor que el terremoto que acababa de desolar al país". La Corte rechazó el recurso de casación, confirmando la sentencia impugnada que condenó al Fisco al pago de $ 100.000.000 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, repartidos entre ambas demandantes, conforme al detalle indicado precedentemente.

Ficha 13 Corte Suprema, 16 de noviembre de 2017, rol Nº 4658-2017. Ministros (Tercera Sala): Rosa Egnem S., María Eugenia Sandoval G., Manuel Valderrama R., Arturo Prado P., y el abogado integrante señor Álvaro Quintanilla P. Acordada con el voto en contra de la ministra Sandoval y del abogado integrante señor Quintanilla. Redacción a cargo del ministro Prado y la disidencia de sus autores. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos

Hernán Cuevas San Martín falleció alcanzado por la primera ola del tsunami acontecido luego del terremoto de 27 de febrero de 2010 en el sector de Isla Mocha. Los familiares de la víctima acusaron la nula respuesta de los órganos del Estado, en específico por no haber comunicado a la población la alerta de tsunami, ni haber desarrollado labores de educación y determinación de zonas seguras.

Solicita la demandante Su familia demandó al Fisco indemnización de perjuicios por falta de servicio. Solicitaron $ 100.000.000 para cada uno de los seis actores familiares de la víctima por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 3er Juzgado Civil de Concepción acogió la excepción de caso fortuito opuesta por el Fisco, y en consecuencia rechazó la demanda en todas sus partes. Los demandantes dedujeron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la decisión del tribunal a quo.

Decisión de la Corte Suprema Primeramente, la exigencia de un hecho externo le da el verdadero carácter de causa extraña a la fuerza mayor. Así, el hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro de la cual se ha causado el daño. Dicho de otra manera, la fuerza mayor está definida como aquel hecho que no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre. Luego, que se trate de un hecho imprevisible importará que no resulte posible contemplarlo con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual surgió el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor.

La Corte explica, en el considerando vigésimo tercero, que la exigencia de ser un hecho irresistible se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto. Consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, no obstante los medios de defensa empleados para superarlo. También implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. En este sentido, cita a la profesora Brantt Zumarán quien señala que "la sola circunstancia de que el acontecimiento sea imprevisible implica que su ocurrencia es inevitable para el deudor, pues, si éste no sabe y tampoco le es exigible saber que sucederá un determinado hecho, mal puede imponérsele el deber de impedirlo" (Brantt Zumarán, María Gabriela. El Caso Fortuito y su incidencia en el Derecho de la Responsabilidad Contractual, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Derecho, LegalPublishing, año 2010). En consecuencia, al Estado le correspondía, y así lo había asumido en la normativa de emergencia, una obligación de prevención y regulación tendiente precisamente a evitar las consecuencias de estas catástrofes, de cuya infracción se deriva precisamente el sustento de su responsabilidad en este caso. De esta manera, correspondía al Estado definir áreas vulnerables, preparar en cada caso el contexto de emergencia y educar a la población según las particularidades de cada zona, pues por ello, los planes de emergencia tienen una estructura funcional y territorial que importa conocer sectorialmente cuales son aquellas áreas que presentan mayor vulnerabilidad en estos hechos. Así, el Estado, en conocimiento por medio de sus agentes del ejercicio de esta actividad de recolección primaria, por personas de escasos recursos importaba una obligación de preparación previa que permitiese otorgar a la población elementos de resguardo más elaborados, en la determinación de las zonas, en el señalamiento de vías de evacuación y en la prohibición de pernoctación en lugares más expuestos como la de Punta de Lobos. Sobre lo anterior, la Corte razonó en el considerando vigésimo quinto de la sentencia: "Que de esta forma, para que el evento sísmico y el tsunami del 27 de febrero de 2010 haya tenido la función exculpatoria que le atribuye el Fisco en su contestación y la misma sentencia de primera instancia, el

Estado tuvo que haber desplegado toda una actividad eficiente de prevención, manejo y regulación de la emergencia conforme las normas que el mismo se otorgó desde hace ya largo tiempo, abarcando a nivel local esto es Isla Mocha modalidades de educación, señalética y de regulación de la actividad extractiva de forma de haber otorgado a la víctima la posibilidad cierta adoptar resguardos más elaborados que le hubieran otorgado una chance efectiva y cierta de evitar las consecuencias dañosas reseñadas en esta causa". La Corte acogió el recurso de casación, revocó la sentencia impugnada y en reemplazo condenó al Fisco a pagar $ 120.000.000 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, de los cuales concedió $ 60.000.000 para la cónyuge sobreviviente de la víctima, y $ 20.000.000 para cada uno de sus 3 hijos.

Ficha 14 Corte Suprema, 9 de noviembre de 2017, rol Nº 12169-2017. Ministros (Tercera Sala): Carlos Cerda Fernández, Sergio Muñoz Gajardo, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Jorge Lagos Gatica y Jean Pierre Matus Acuña. Redacción a cargo de Jorge Lagos Gatica. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Setenta y cuatro personas dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile fundada en la falta de servicio de funcionarios del Estado al enfrentar el terremoto y posterior tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010. El Fisco excepcionó por caso fortuito.

Solicita la demandante Los demandantes solicitaron se condenara al Fisco a pagar una indemnización total de $ 10.675.000.000 desglosados entre los actores según la cantidad de familiares víctimas de la catástrofe y la cercanía del vínculo que tenían con estos, todas las sumas por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 22º Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda condenando al Fisco a pagar $ 30.000.000 para cada cónyuge, pareja, hijo, padre o madre de las víctimas, $ 15.000.000 para cada abuelo o hermano, y $ 7.500.000 para cada nieto. Asimismo, condenó a la demandada a pagar $ 10.000.000 por las lesiones causadas a una de las actoras. Todos los montos anteriores por concepto de daño moral. El tribunal condenó en costas a la demandada. El Fisco dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia impugnada en cuanto a la condena en costas a la demandada, y la confirmó en lo demás.

Decisión de la Corte Suprema En el considerando decimocuarto la Corte indicó que el caso fortuito es el eximente de responsabilidad consistente en el imprevisto que no es posible resistir. Así, para que proceda, deben concurrir tres requisitos: (i) ser un hecho externo; (ii) imprevisible; e, (iii) irresistible. El hecho externo se traduce en su inimputabilidad tanto al agente como a la víctima. La imprevisibilidad consiste en que no resulte posible contemplarlo con anterioridad a su ocurrencia, debiéndose analizar las circunstancias del caso en particular para compararlos con las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. Para ello, se señalan tres estándares, según expone la Corte en el considerando décimo quinto de la sentencia: "(...) que se trate de un hecho imprevisible importará que no resulte posible contemplarlo con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual surgió el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. La imprevisibilidad implica que en condiciones normales haya sido imposible para el agente precaverse contra él. En cada caso concreto se requiere: a) El referente a su normalidad y frecuencia; b) El atinente a la probabilidad de su realización; c) El concerniente a su carácter excepcional y sorpresivo". La Corte indicó en el considerando vigésimo quinto que la irresistibilidad consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso

aludido, no obstante los medios de defensa empleados para superarlo. El Fisco incurre en error al señalar como causa en sí misma de los daños la ocurrencia del tsunami dado que no es dable señalar que estos son imprevisibles en nuestro país: se sabe que ocurrirán, solo que no se sabe cuándo. En consecuencia, este solo hecho obliga a las autoridades a adoptar medidas preventivas y que permitan actuar de manera rápida y sin dudas ante estas catástrofes, ya sea mediante la evacuación de la población o la alerta de tsunami. En consecuencia, no es posible sostener la existencia de caso fortuito. En relación con lo anterior, el considerando décimo sexto expone: "Que en el caso de autos no se verifica ninguna de las exigencias descritas en los considerandos precedentes. En efecto, el recurrente comete un error al sostener que el vínculo de causalidad se relaciona con la ocurrencia del tsunami, soslayando que la falta de servicio se relaciona con la omisión de trasmitir la alerta del evento de la naturaleza, cuestión que habría permitido a las personas adoptar acciones que le permitirán alejarse de las zonas azotadas por el evento. Lo anterior es trascendente, pues, por una parte, atendida las características geológicas del país y la existencia de una larga franja costera, lo hacen propenso a sufrir terremotos y tsunamis, cuestión que ha sido reconocida incluso en los textos reglamentarios que han sido analizados a propósito del examen de la existencia de la falta de servicio, por lo que en caso alguno se puede señalar que tales eventos sean imprevisibles, pues se sabe con certeza que ocurrirán, sólo que el día en que ocurrirá y de su magnitud, es algo que no puede ser determinado con antelación. Así, es la circunstancia que se tenga mediana seguridad respecto que en el futuro se pueda desarrollar alguno de estos eventos, la cuestión que ha llevado a las autoridades a tomar ciertos resguardos contemplados en distintos cuerpos reglamentarios". La Corte rechazó el recurso de casación, confirmando la sentencia impugnada que condenó al Fisco a pagar $ 30.000.000 para cada cónyuge, pareja, hijo, padre o madre de las víctimas, $ 15.000.000 para cada abuelo o hermano, y $ 7.500.000 para cada nieto. Asimismo, condenó a la demandada a pagar $ 10.000.000 por las lesiones causadas. Todas las sumas a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral.

Ficha 15

Corte Suprema, 5 de septiembre de 2017, rol Nº 76461-2016. Ministros (Tercera Sala): Lamberto Cisternas R., Carlos Cerda F., Manuel Valderrama R., y los abogados integrantes señores Álvaro Quintanilla P., y Jaime Rodríguez E. Acordada con el voto en contra del señor Quintanilla. Acción o recurso: Recurso de casación en la forma y en el fondo.

Hechos Propietarios de los inmuebles ubicados en la calle 5 de Abril de Chillán dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile dado que, por el terremoto de 1960, el muro que separaba dicho bien con los patios de la cárcel de Chillán se vio dañado y nunca fue reparado por Gendarmería de Chile. Posteriormente, por el terremoto de 27 de febrero de 2010, el muro colapsó, permitiendo la fuga de más de 200 reos quienes, al escapar, incendiaron las viviendas para impedir su captura.

Solicita la demandante Los propietarios de los inmuebles solicitaron se condenara a la demandada al pago de $ 100.000.000 por concepto de daño moral a cada uno de los demandantes, $ 124.794.675, $ 133.875.493, $ 100.383.661, $ 99.585.877, a cada actor respectivamente por concepto de daño emergente, y $ 17.365.000 para uno de los demandantes por concepto de lucro cesante.

Decisión de primera y segunda instancia El 1er Juzgado Civil de Chillán rechazó la demanda en todas sus partes al determinar que en la especie no medió falta de servicio. Los demandantes dedujeron recurso de casación en la forma y recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de casación. Respecto de la apelación la Corte acogió el recurso y revocó la sentencia impugnada dando lugar a la demanda en cuanto condenó al Fisco a pagar las sumas de $ 80.668.827, $ 86.538.780, $ 64.373.547, y $ 64.889.245, a cada demandante por concepto de daño emergente, $ 50.000.000 para cada

demandante por concepto de daño moral, y $ 3.020.000 a uno de los demandantes por concepto de lucro cesante.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito ha sido definido en el artículo 45 del Código Civil como: "El imprevisto a que no es posible resistir". En este sentido, la Corte sostuvo en el considerando décimo sexto que lo imprevisible se verifica cuando no resulta posible vislumbrar la existencia del daño con anterioridad a su ocurrencia, pese a haberse adoptado todas las precauciones para que el daño no se produzca, de forma que es imposible para el agente contrarrestarlo. Por su parte, la irresistibilidad se refiere a la conducta del agente frente a un suceso en vías de ocurrir, inminente, o ya ocurrido: son defensas que se oponen al hecho imprevisto a fin de evitar sus efectos dañosos. Así, mientras la previsibilidad de un suceso obliga a que se adopten las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitarlo, lo irresistible dice relación con que se hayan adoptado efectivamente las medidas útiles, idóneas y efectivas para evitar o minimizar sus consecuencias. En el mismo orden de ideas, la Corte indicó que "De lo anterior, puede desprenderse que el análisis de la irresistibilidad es posterior a la imprevisibilidad y luego de haber efectuado dicha calificación, la que debe concurrir igualmente para calificar el hecho de caso fortuito". En el caso sub lite, el recurrente no la impugnó oportunamente, dado que en primera instancia se descartó la existencia del caso fortuito, cuestión sobre la cual no recurrió el demandado, y en consecuencia no tuvo cabida en la sentencia de alzada, por lo que no puede analizarse ahora mediante casación. La Corte rechazó ambos recursos de casación confirmando la sentencia impugnada que condenó al Fisco a pagar las sumas de $ 80.668.827, $ 86.538.780, $ 64.373.547, y $ 64.889.245, a cada demandante por concepto de daño emergente, $ 50.000.000 para cada demandante por concepto de daño moral, y $ 3.020.000 a uno de los demandantes por concepto de lucro cesante.

Ficha 16

Corte Suprema, 28 de agosto de 2017, rol Nº 97661-2016. Ministros (Tercera Sala): Rosa Egnem S., María Eugenia Sandoval G., Carlos Aránguiz Z., Andrea Muñoz S., y el abogado integrante Jaime Rodríguez E. Redacción a cargo del abogado integrante señor Rodríguez. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Doña Clemira Berríos se encontraba en su casa, en un sector cercano a la costa de Talcahuano, cuando ocurrió el terremoto de 27 de febrero de 2010 y el posterior tsunami. Las autoridades locales comunicaron por la radio que no había peligro de tsunami por lo que parte de las personas permaneció en sus hogares, entre ellas doña Clemira, quien fue alcanzada por la inundación y falleció por inmersión.

Solicita la demandante El cónyuge y los hijos de la víctima dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco por falta de servicio. Solicitaron $ 170.000.000 para el cónyuge, $ 200.000.000, $ 190.000.000, y $ 120.000.000, respectivamente, para cada hijo. Todos los montos por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 3er Juzgado Civil de Concepción dio lugar a la demanda en cuanto condenó al Fisco al pago de $ 50.000.000 para el cónyuge de la víctima, $ 50.000.000, $ 30.000.000, $ 30.000.000, y $ 20.000.000 para los hijos, respectivamente, todas las sumas por concepto de daño moral. La demandada dedujo recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la decisión del tribunal a quo.

Decisión de la Corte Suprema Es la previsibilidad de un suceso lo que obliga a adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a precaverlo. Si el acontecimiento dañoso se

produce igualmente, a pesar de las providencias tomadas, entonces permite calificarlo de imprevisto. Sea como fuere, para atribuirle haber originado gravamen a un tercero, el carácter de irresistible, es indispensable que los resguardos concretamente implementados para contrarrestarlos o minimizar sus consecuencias, sean eficientes, eficaces y efectivos para evitar el evento dañoso y sus colofones. En otras palabras, no basta con disponer determinadas precauciones que impidan un percance, ellas deben ser útiles, idóneas y eficaces para prevenirlo. El estudio de la irresistibilidad es posterior a la imprevisibilidad y luego de formulada tal calificación, la que debe obrar igualmente para tildar el hecho de caso fortuito. En relación con lo anterior, la Corte señaló en el considerando decimoctavo de la sentencia: "Que, frente a un escenario de falta de comunicaciones de cara a la hecatombe ocurrida, la actuación postrera de las entidades encargadas de intervenir no se divisa alterada por los efectos del caso fortuito. Y como el mérito de los antecedentes da cuenta que a las 4,07 horas se emitió una alarma de tsunami no entregada a la población y que después, entre las 4,20 y las 4,30 horas, el Comandante en Jefe de la II Zona Naval, contralmirante Roberto Machiavello, proporciona a Carabineros la información contraria, a saber, que no hay alerta de maremoto, circunstancia que es transmitida por el Intendente Tohá a través del único medio radial disponible a las 5,01 horas, en circunstancias que con apego al informe elaborado por el Director del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, aparejado por el demandado a fojas 191 'los parámetros de ubicación y tamaño del terremoto del 27 de febrero de 2010 por parte del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, solamente fueron estimados alrededor de las 05:15 horas del día 27 de febrero', lo cual revela que se levantó la alerta de tsunami mucho antes de siquiera tener certeza de los caracteres del sismo y si reunía o no las peculiaridades para generar un maremoto". Finalmente sentenció en el considerando decimonoveno que el correcto funcionamiento del servicio obligaba a la autoridad a transmitir aquella información que se encontrara sustentada en elementos fidedignos, e incurre en falta de servicio al no avisar la alerta de tsunami emitida por los organismos de emergencia singularmente creados para esos fines y más tarde, al llamar a una falsa sensación de calma, conminando a la población a prescindir de las providencias de seguridad que espontáneamente había adoptado, sin tener en cuenta la falta de comunicaciones que le exigía

proceder sobre la base de datos ciertos ante una catástrofe como la ocurrida. Lo reseñado permite elucidar la imposibilidad de determinar que la actuación de la autoridad queda cubierta por un caso fortuito. La Corte rechazó el recurso de casación en el fondo, confirmando la sentencia impugnada que condenó al Fisco al pago de $ 130.000.000 a título de indemnización por concepto de daño moral, repartidos entre los demandantes conforme al detalle que se indicó anteriormente.

Ficha 17 Corte Suprema, 27 de julio de 2017, rol Nº 68818-2016. Ministros (Tercera Sala): María Eugenia Sandoval Gouet, Sergio Muñoz Gajardo, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Álvaro Quintanilla Pérez y Jaime Rodríguez E. Acción o recurso: Recurso de casación en la forma y en el fondo.

Hechos Silvia Gutiérrez y Greisnery Gutiérrez dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por haber incurrido en falta de servicio, al no comunicar oportunamente la alerta de tsunami y al conminar erróneamente el Intendente Regional a que la población se quedase en sus casas, lo que provocó la muerte de su padre, Juan de Dios Gutiérrez Rioseco, al ser alcanzado por las olas.

Solicita la demandante Las hijas de la víctima solicitaron se condenara al Fisco a una indemnización de perjuicios por la suma de $ 80.000.000 para cada una de las dos actoras, por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 2º Juzgado Civil de Concepción rechazó la demanda en todas sus partes al acoger la excepción de prescripción opuesta por la demandada, en

atención a que entre la fecha del terremoto y la notificación de la demanda transcurrieron más de cuatro años. La demandante dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo del recurso, rechazó la excepción de prescripción en atención a que el plazo se habría interrumpido. En definitiva, acogió el recurso de apelación y dio lugar a la demanda en cuanto condenó al Fisco a pagar la suma de $ 50.000.000 a cada actora por concepto de daño moral.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito es definido por nuestro Código Civil como el imprevisto que no es posible resistir. En consecuencia, cuenta con dos requisitos: (i) debe ser un hecho imprevisible e (ii) irresistible. Sobre la imprevisibilidad, la Corte indicó en el considerando vigésimo primero que consiste en la imposibilidad de vislumbrar la existencia del daño con anterioridad a su ocurrencia y haberse adoptado todas las precauciones para que el daño no se produzca y que, incluso así, haya sido imposible de contrarrestar por el agente. Por su parte, la irresistibilidad consiste en las defensas que se oponen al hecho imprevisto que tienen por finalidad evitar sus efectos dañosos, esto ante un suceso en vías de ocurrir e inminente o que ya ocurrido. Por eso, mientras el primero lleva el deber de tomar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitar el daño, el segundo es la adopción efectiva de tales medidas, las que deben ser eficientes, eficaces y efectivas. En este sentido, la Corte sostuvo en el mismo considerando que "Es la previsibilidad de un suceso lo que obliga a una persona a adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitarlo. Si el hecho dañoso igual ocurre, no obstante las medidas adoptadas, este suceso permite ser calificado de imprevisto. Sin embargo, para atribuir a tal acontecimiento que originó daños a un tercero, el carácter de irresistible, es necesario que las medidas de defensa que efectivamente se implementaron para que no ocurrieran o minimizaran sus consecuencias, sean eficientes, eficaces y efectivas para evitar el evento dañoso y sus efectos. En otras palabras, no basta con disponer determinadas medidas que impidan que se origine un daño, ellas deben ser útiles, idóneas y efectivas para evitarlo.

De lo anterior puede desprenderse que el análisis de la irresistibilidad es posterior a la imprevisibilidad y luego de haber efectuado dicha calificación, la que debe concurrir igualmente para calificar el hecho de caso fortuito". En la especie, no es dable estimar que procede el caso fortuito dado que se levantó la alerta de tsunami de forma infundada y mucho antes de tener alguna certeza al respecto; según expuso la Corte en el considerando vigésimo segundo: "Que es a la luz de la explicación anterior que en los hechos asentados en autos deben distinguirse dos momentos: el primero de ellos relativo a la ocurrencia del terremoto y tsunami, hechos que en esencia son imprevisibles e irresistibles, de manera que no existe discusión en cuanto a que tales fenómenos naturales configuran un caso fortuito y no pueden ser imputados a la Administración. Sin embargo, ante un escenario de falta de comunicaciones en razón de la catástrofe ocurrida la actuación posterior de los órganos encargados de actuar no se ve abarcada por los efectos del caso fortuito. Es así como el mérito de los antecedentes da cuenta que a las 4.07 horas se emitió una alerta de tsunami que no fue comunicada a la población y que luego, entre las 4.20 y las 4.30 horas el Contralmirante en Jefe de la II Zona Naval Roberto Machiavello transmite a Carabineros la información contraria, esto es, que no hay alerta de maremoto, circunstancia que es transmitida por el Intendente Tohá a través del único medio de comunicación disponible a las 5.01 horas (informe de la Policía de Investigaciones, acompañado por los demandantes a fojas 194) en circunstancias que de acuerdo al informe elaborado por el Director del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, agregado en autos por el demandado a fojas 96 'los parámetros de ubicación y tamaño del terremoto del 27 de febrero de 2010 por parte del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, solamente fueron estimados alrededor de las 5.15 horas del día 27 de febrero'. Esto es, se levantó la alerta de tsunami mucho antes de siquiera tener certeza de las características del sismo y si éste reunía o no las particularidades para generar un maremoto". La Corte rechazó ambos recursos de casación, confirmando la sentencia impugnada que condenó al Fisco al pago de $ 50.000.000 a cada una de las demandantes a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral.

2. C

Ficha 18 Corte Suprema, 28 de mayo de 2019, rol Nº 20271-2018. Ministros (Cuarta Sala): Sergio Muñoz G., María Eugenia Sandoval G., Arturo Prado P., Ángela Vivanco M. y el abogado integrante señor Álvaro Quintanilla P. Redacción a cargo del abogado integrante señor Álvaro Quintanilla P. Acción o recurso: Recurso de apelación.

Hechos La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos en contra de CGE Distribución S.A. dado que un significativo número de clientes sufrió una interrupción del suministro por más de 20 horas. La Superintendencia hizo constar que la Dirección Meteorológica de Chile previó que, desde el día 5 hasta el día 8 de agosto de 2015, diversos sistemas frontales afectarían al territorio nacional entre las regiones de Coquimbo y Bío Bío, razón por la que la Superintendencia instruyó a las empresas concesionarias de distribución de electricidad, entre las que se encuentra CGE Distribución S.A., adoptar oportunamente todas aquellas medidas que fueren necesarias para otorgar suministro continuo y seguro a sus clientes. En marzo de 2016 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sancionó a CGE Distribución S.A. con una multa de 8.055 U.T.M. por los cargos formulados contra la concesionaria ocurridos en la Región de O'Higgins. La empresa dedujo recurso de reposición en contra de la referida resolución el que fue rechazado el 23 de agosto de 2016.

Solicita la demandante CGE Distribución S.A dedujo recurso de reclamación de ilegalidad en contra de las referidas resoluciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solicitando que se dejaran sin efecto, o en subsidio sustituir la multa impuesta por amonestación escrita, o en subsidio de la anterior reducir significativamente la multa impuesta.

Decisión de primera y segunda instancia La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de la actora. CGE apeló contra dicha sentencia, aduciendo que el fallo impugnado no considera que un 41,7% de los casos de interrupciones del servicio se debieron a fallas no imputables a la empresa por constituir caso de caso fortuito o fuerza mayor.

Decisión de la Corte Suprema Atendida la necesidad de preservar el desarrollo de las actividades relativas al ámbito eléctrico, la continuidad y calidad de los servicios, y la seguridad de las personas o bienes, el legislador ha establecido estrictas exigencias con miras a asegurar el cumplimiento de tales finalidades. El artículo 145 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 327 de 1997, dispone: "Las empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida, salvo las excepciones legales y reglamentarias". Asimismo, el artículo 222 del mismo Reglamento ha fijado como criterios de calidad en la prestación del servicio la oportuna atención y corrección de situaciones de emergencia, interrupciones de suministro, accidentes y otros imprevistos. Del mismo modo, el artículo 245 ha determinado los períodos de interrupción del servicio que se estiman aceptables para un período de 12 meses. De lo anterior se desprende que detrás de la normativa subyace el principio de continuidad del servicio público eléctrico, que impone un funcionamiento ininterrumpido de la actividad. En relación con la alegación de caso fortuito o fuerza mayor debe tenerse presente que en virtud del principio de continuidad del servicio público eléctrico, la prestación del mismo debe realizar sin interrupciones, salvo se trate de una aceptada y prevista en la regulación. Por tanto, la causal de

justificación invocada debe ser analizada de manera excepcional y restrictiva puesto que la empresa concesionaria debe adoptar con antelación los resguardos necesarios antes, durante y después de producirse fenómenos climáticos, en pos de procurar la continuidad del servicio. Respecto del requisito de imprevisibilidad la Corte indicó en el considerando noveno de la sentencia que: "En cuanto a los efectos de los sistemas frontales, éstos no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor, dado que no concurre el requisito de la imprevisibilidad por cuanto en la zona donde se presentan son fenómenos naturales probables. En las condiciones referidas no resulta atingente sostener que la empresa concesionaria se viera enfrentada a un imprevisto imposible de resistir. Precisamente era previsible que el sistema frontal causara estragos en las instalaciones y sistemas de distribución, sin embargo, se podrían haber evitado o mitigado las consecuencias lesivas para el sistema eléctrico, si se hubieran adoptado las medidas necesarias para procurar la continuidad del servicio". Conforme a lo razonado, la Corte determinó que la sanción aplicada al reclamante se ajusta a derecho, por lo que la apelación deducida no puede prosperar. La Corte confirmó la Sentencia impugnada condenando al apelante al pago de una por multa de 8.055 U.T.M.

Ficha 19 Corte Suprema, 28 de mayo de 2019, rol Nº 20347-2018. Ministros (Cuarta Sala): Sergio Muñoz G., María Eugenia Sandoval G., Arturo Prado P., Ángela Vivanco M. y el abogado integrante señor Álvaro Quintanilla P. Redacción del abogado integrante señor Álvaro Quintanilla P. Acción o recurso: Recurso de apelación.

Hechos La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos en contra de CGE Distribución S.A. dado que, en entre los días 11 al 13 de julio de 2015, un significativo número de clientes sufrió una interrupción del suministro por más de 20 horas; incluso en el Sector Forel y Carrizalillo de Constitución, la Superintendencia constató que transcurridas a lo menos 72

horas, aun había usuarios sin suministro, debido a que los generadores instalados no tenían capacidad suficiente para el consumo de todos los sectores. Asimismo, entre los días 5 al 8 de agosto de 2015, CGE, informó de 4.149 clientes afectados por interrupción eléctrica, la que excedió largamente el límite de 20 horas de interrupción de suministro que establece la ley. Del mismo modo, el 11 de agosto de 2015, informó sobre 2012 clientes en 12 comunas de la VII región afectados por interrupción eléctrica de más de 20 horas. La Superintendencia hizo constar que la Dirección Meteorológica de Chile previó que, desde el día 5 hasta el día 8 de agosto de 2015, diversos sistemas frontales afectaría al territorio nacional entre las regiones de Coquimbo y Bío Bío, en razón de lo cual la Superintendencia instruyó a las empresas concesionarias de distribución de electricidad, entre las que se encuentra CGE Distribución S.A., adoptar, oportunamente todas aquellas medidas que fueren necesarias para otorgar suministro continuo y seguro a sus clientes. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles sancionó a CGE Distribución S.A. con una multa de 20.000 U.T.M. por los cargos ocurridos en la Región del Maule formulados contra la concesionaria. La empresa dedujo recurso de reposición en contra de la referida Resolución, el que fue rechazado.

Solicita la demandante CGE Distribución S.A dedujo recurso de reclamación de ilegalidad en contra de las referidas resoluciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solicitando que se dejaran sin efecto, o en subsidio sustituir la multa impuesta por amonestación escrita, o en subsidio de la anterior reducir significativamente la multa impuesta.

Decisión de primera y segunda instancia La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de la actora. CGE apeló contra dicha sentencia, aduciendo que el fallo impugnado no considera que un 41,7% de los casos de interrupciones del servicio se debieron a fallas

no imputables a la empresa por constituir una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor.

Decisión de la Corte Suprema Atendida la necesidad de preservar el desarrollo de las actividades relativas al ámbito eléctrico, la continuidad y calidad de los servicios, y la seguridad de las personas o bienes, el legislador ha establecido estrictas exigencias con miras a asegurar el cumplimiento de tales finalidades. El artículo 145 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 327 de 1997, dispone: "Las empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida, salvo las excepciones legales y reglamentarias". Asimismo, el artículo 222 del mismo Reglamento ha fijado como criterios de calidad en la prestación del servicio la oportuna atención y corrección de situaciones de emergencia, interrupciones de suministro, accidentes y otros imprevistos. Del mismo modo, el artículo 245 ha determinado los períodos de interrupción del servicio que se estiman aceptables para un período de 12 meses. De lo anterior se desprende que detrás de la normativa subyace el principio de continuidad del servicio público eléctrico, que impone un funcionamiento ininterrumpido de la actividad. Adicionalmente, la Corte enfatizó los requerimientos legales relacionados al plazo de restablecimiento del servicio, en específico por cuanto este criterio forma parte de lo que la Ley entiende por calidad del servicio comercial. En relación con la alegación de caso fortuito o fuerza mayor debe tenerse presente que en virtud del principio de continuidad del servicio público eléctrico, la prestación del mismo debe realizar sin interrupciones, salvo se trate de una aceptada y prevista en la regulación. En razón de lo anterior, la causal de justificación invocada debe ser analizada de manera excepcional y restrictiva puesto que la empresa concesionaria debe adoptar con antelación los resguardos necesarios antes, durante y después de producirse fenómenos climáticos en pos de procurar la continuidad del servicio. En el considerando noveno de la sentencia, la Corte afirmó que: "En cuanto a los efectos de los sistemas frontales, éstos no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor, atendido que no concurre el requisito de la imprevisibilidad por cuanto en la zona donde se presentan son fenómenos naturales

probables. En las condiciones referidas no resulta atingente sostener que la empresa concesionaria se viera enfrentada a un imprevisto imposible de resistir. De hecho, frente a la existencia de tal fenómeno en el mes de julio de 2015 debió necesaria e inmediatamente planificarse una operación especial para enfrentar en lo sucesivo las perniciosas consecuencias de un fenómeno natural similar, como aconteció en el mes de agosto de dicho año, lo cual no se hizo. Precisamente era previsible que el sistema frontal causara estragos en las instalaciones y sistemas de distribución, sin embargo, se podrían haber evitado o mitigado las consecuencias lesivas para el sistema eléctrico, si se hubieran adoptado las medidas necesarias para procurar la continuidad del servicio". Conforme a lo razonado, la Corte determinó que la sanción aplicada al reclamante se ajusta a derecho, por lo que la apelación deducida no puede prosperar. La Corte confirmó la Sentencia impugnada condenando al apelante al pago de una multa de 20.000 U.T.M.

3. C Ficha 20 Corte Suprema, 6 de septiembre de 2012, rol Nº 7228-2010. Ministros (Segunda Sala): Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., y Juan Escobar Z. Redacción a cargo del ministro Escobar. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos La Sociedad Inmobiliaria y Constructora Piedra Luna dio aviso al Servicio de Impuestos Internos de pérdida de documentos el 4 de febrero de 2005 debido a la sustracción de guías de despacho. El contribuyente se

autodenunció y efectuó las publicaciones legales correspondientes. El SII sancionó a la Constructora y esta inició un procedimiento de reclamación en contra de la resolución del Servicio.

Solicita la demandante La Sociedad reclamante solicitó se acogiera la excepción de caso fortuito y en definitiva se dejara sin efecto la sanción impuesta por el SII.

Decisión de primera y segunda instancia El Juzgado Tributario de Chillán rechazó la reclamación interpuesta por la Sociedad y confirmó la decisión del SII. La reclamante dedujo recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Chillán determinó que el extravío de los documentos constituyó un "hecho fortuito" y revocó la sentencia impugnada dejando sin efecto las sanciones impuestas por el SII.

Decisión de la Corte Suprema La Corte indica, en el considerando octavo de la sentencia que: "Se ha entendido que lo imprevisible del caso fortuito significa que racionalmente no exista manera de representarse la eventual ocurrencia del hecho; mientras que lo irresistible del mismo, importa que quien lo sufra, atendidas las circunstancias concurrentes, pueda evitarlo adoptando oportunamente las adecuadas medidas de resguardo". En estas circunstancias, solo puede concluirse que la calificación de los antecedentes efectuada por la sentencia recurrida se encuentra ajustada a la preceptiva enunciada, puesto que resulta manifiesto que los hechos establecidos por los sentenciadores dan cuenta de que el extravío de la documentación obedeció a las circunstancias determinadas por los jurisdicentes y que no resultó previsible ni evitable mediante la adopción de medidas de resguardo por la recurrente. La Corte rechazó el recurso de casación, confirmando la decisión impugnada que dejó sin efecto la multa impuesta por el Servicio.

Ficha 21 Corte Suprema, 16 de abril de 2009, rol Nº 2681-2007. Ministros (Tercera Sala): Pedro Pierry A., Héctor Carreño S., Haroldo Brito C., Sonia Araneda B. y Guillermo Ruiz P. Redacción a cargo del abogado integrante señor Ruiz. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Sociedad Gutiérrez Hermanos Limitada interpuso reclamación tributaria en contra de resolución dictada por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, en la que consideró que la pérdida de documentación tributaria que se encontraba en poder de un tercero no fue fortuita, sino de responsabilidad del contribuyente.

Solicita la demandante La Sociedad reclamante solicitó se acoja la excepción de caso fortuito y en definitiva se deje sin efecto la sanción impuesta por el SII.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito requiere de, al menos, dos requisitos para que proceda como causal de exoneración de responsabilidad: (i) el hecho debe ser imprevisible e (ii) irresistible. Lo imprevisible del caso fortuito significa que racionalmente no exista manera de representarse la eventual ocurrencia del hecho; mientras que lo irresistible del mismo importa que quien lo sufra, atendidas las circunstancias concurrentes, pueda evitarlo adoptando oportunamente las adecuadas medidas de resguardo. En la especie, el que se haya perdido documentación en poder de un tercero puede considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, siempre que,

respecto de este tercero, procedan las características de lo imprevisible e irresistible. De esta manera, dado que la sociedad contribuyente no adoptó ninguna medida de precaución, resguardo o protección para evitar el extravío de estos documentos no es dable sostener que estamos en presencia de un caso fortuito. La Corte rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto, confirmando el fallo impugnado que a su vez confirmó la imposición de una multa de 180 U.T.M. al reclamante.

Ficha 22 Corte Suprema, 27 de agosto de 2002, rol Nº 50-2001. Ministros (Segunda Sala): Ricardo Gálvez, Domingo Yurac, Humberto Espejo, María Antonia Morales y Adalis Oyarzún. Redacción a cargo del ministro Espejo. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Vidsur Limitada interpuso reclamación en contra del acta de denuncia número 10, de 12 de mayo del 2002, de la Unidad de San Fernando del SII que impuso una multa de $ 378.690 por pérdida de facturas de ventas del número 83 a 110, emitidas y 111 a 121, sin emitir. Señaló que el extravío de estos documentos se debió a un caso fortuito consistente en el robo de una camioneta de la empresa dentro de la que estaba el talonario de facturas.

Solicita la demandante La Sociedad reclamante solicitó se acoja la excepción de caso fortuito y en definitiva se deje sin efecto la sanción impuesta por el SII.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema

El artículo 97 Nº 16 del Código Tributario impone dos obligaciones a quien sufrió la pérdida o inutilización no fortuita de los libros de contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto: (i) dar aviso y (ii) reconstituir la contabilidad. En este sentido, estos requisitos solo adquieren relevancia cuando la pérdida sea fortuita, esto es, "que las circunstancias en que se produjo ésta o la inutilización en su caso, proceden de un imprevisto y que, ciertamente, no son responsabilidad del contribuyente". Así, la pérdida o inutilización de determinados documentos debe ser sancionado, a menos que la pérdida o inutilización sea calificada de fortuita por el Director Regional y, además, que el contribuyente cumpla con estos requisitos copulativos, de forma que no puede declararse fortuito si no se cumplen los requisitos formales previstos en la ley. En la especie, no se acreditó el carácter fortuito del robo de la camioneta, razón por la que se rechazó el recurso de casación interpuesto por el contribuyente.

4. C Ficha 23 Corte Suprema, 10 de noviembre de 2016, rol Nº 35563-2016. Ministros (Primera Sala): Patricio Valdés A., Héctor Carreño S., Guillermo Silva G., Rosa María Maggi D. y Juan Eduardo Fuentes B. Redacción a cargo del ministro Valdés. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos La empresa Liberty Seguros Argentina demandó a San Antonio Terminal Internacional, subrogándose en los derechos de su asegurada, indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual fundando su demanda en que el Terminal incumplió en la conservación y custodia de un cargamento de hamburguesas que se encontraba en un contenedor refrigerado al interior del puerto a la espera de ser embarcado. Acontecido el terremoto de 27 de febrero de 2010 se habría provocado un corte de energía que duró varios días, situación que significó la afectación de la totalidad de la mercadería que permanecía en el referido contenedor.

Solicita la demandante La empresa demandante solicitó que se condenase a San Antonio Terminal Internacional al pago de US$ 79.118,44 o a la suma que el tribunal estime de derecho y justicia como indemnización por concepto de daño emergente.

Decisión de primera y segunda instancia El primer juzgado de letras de San Antonio rechazó la demanda deducida por cuanto acogió la excepción de falta de legitimación activa, con costas.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la sentencia apelada, sin costas.

Decisión de la Corte Suprema Respecto de los requisitos del caso fortuito, el considerando sexto de la sentencia señaló lo siguiente: "Por caso fortuito se entiende un evento natural inevitable, al cual no es posible resistir, como un terremoto, rayo, incendio no imputable, epidemia; y por fuerza mayor a hechos humanos inevitables para cualquier deudor, como su aprisionamiento por error de la autoridad. Para que tales circunstancias eximan de responsabilidad al contratante incumplidor se precisan tres requisitos: a) el hecho debe ser generado por una causa extraña a la voluntad del deudor; b) imprevisto; y c) irresistible. En relación al primero, esto es, que el hecho sea generado por una causa extraña a la voluntad de la parte demandada, en otras palabras, lo que exige el legislador es que este contratante no haya contribuido en forma alguna a causarla. A su vez, un hecho es imprevisto cuando ninguna razón hay para esperar su ocurrencia, e irresistible, cuando no es posible evitar sus consecuencias. El profesor Alessandri sostiene que 'el hecho debe ser imprevisto e irresistible en sí mismo, es decir, que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y lugar habría podido preverlo y resistirlo. Se requiere una imposibilidad absoluta. Una simple dificultad o una imposibilidad relativa, personal al agente, no bastan...'". En este sentido la Corte sostuvo que, para que un hecho pueda calificarse de caso fortuito o fuerza mayor debe ser insuperable en cuanto imposibilita absolutamente el cumplimiento de la obligación. Cuando concurren respecto del deudor los requisitos analizados, él queda liberado de cumplir la obligación y, por lo mismo, no se le puede exigir la ejecución forzada de ella ni la indemnización de perjuicios por el incumplimiento. En considerando octavo la Corte razonó: "En efecto, si bien Chile es un país sísmico, la ciencia aún no ha logrado prever el día y magnitud de un evento de esta naturaleza, como tampoco sus consecuencias. No es posible entonces olvidar que con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010 las costas de nuestro país, entre ellas la de San Antonio, fueron afectadas por un 'tsunami', lo que llevó a la autoridad a decretar la inhabilitación del puerto

e impedir el ingreso a dicho recinto por un término superior a las 72 horas, decisión que fue adoptada con la finalidad de asegurar la vida e integridad de quienes trabajaban en dicho recinto. Tales circunstancias impidieron a la demandada poder actuar en la forma que pretende la actora, pues aun en el evento de haber contado con un sistema alternativo que generase electricidad con prescindencia del sistema interconectado central, el que también se vio afectado, el ingreso para adoptar cualquier medida de mitigación sólo se pudo efectuar en un primer turno el 28 de febrero, el que tuvo por finalidad limpiar el lugar y despejar los accesos, habilitándose los generadores autónomos a la parte vital del puerto apenas se pudo. Lo expuesto claramente da cuenta de un hecho imprevisible e irresistible y que libera al deudor de su responsabilidad contractual, independientemente de haberse acreditado o no la existencia de un vínculo contractual que ligue a las partes". Fue rechazado el recurso de casación confirmando la sentencia impugnada que negó la demanda.

Ficha 24 Corte Suprema, 10 de marzo de 2015, rol Nº 25001-2014. Ministros (Tercera Sala): Carlos Cerda Fernández, Ricardo Blanco Herrera, Nibaldo Segura Peña, Emilio Pfeffer Urquiaga y Alfredo Prieto B. Redacción a cargo del ministro Carlos Cerda Fernández. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos La Corporación Administrativa del Poder Judicial dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual en contra de Constructora Guayamán Limitada, solicitando que se le condene al pago de $ 321.663.185 por concepto de daño emergente, más reajustes e intereses. Fundamentó su demanda en fallas, defectos o errores en la ejecución y en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones precisas que contrajo la demandada, las que fueron causa necesaria y determinante de las fisuras y daños en general habidos en el mencionado edificio.

Debido al terremoto del 27 de febrero, el inmueble sufrió daños que obligan a la demolición de parte de su estructura y rehabilitación de instalaciones y terminaciones. La empresa constructora se excepcionó por caso fortuito.

Solicita la demandante La Corporación Administrativa del Poder Judicial solicitó que se condene a la demandada al pago de $ 321.663.185 por concepto de daño emergente, más reajustes e intereses.

Decisión de primera y segunda instancia El 23er Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por defectos constructivos, condenando a la demandada a pagar la suma de $ 84.605.313 por concepto de daño emergente, más reajustes e intereses. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia apelada.

Decisión de la Corte Suprema La Corte expuso en el considerando cuarto de la sentencia que: "El artículo 45 del Código Civil define al caso fortuito como el imprevisto que no es posible resistir, tal como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. Así, de la definición se desprende que se requiere la concurrencia de, al menos, tres supuestos distintos: (i) un hecho imprevisto; (ii) que sea irresistible para el deudor, y; (iii) que no haya sido desencadenado por un hecho propio". La Corte estimó que, como se dio por acreditado en el tribunal de instancia que los daños del edificio se produjeron debido a un hecho propio de la constructora, esto es, por deficiencias en la construcción del inmueble, sin haberse acreditado la infracción a las normas regulatorias de la prueba, entonces no queda más que rechazar el recurso deducido. En ese sentido, el considerando quinto señala: "Se ha aceptado por los jueces del fondo que parte de los daños producidos en el edificio de propiedad de la actora, tuvieron como causa el hecho propio voluntario de quien lo alega, esto es, las deficiencias constructivas derivadas de la falta de estricto apego a las

especificaciones técnicas y/o planos estructurales del proyecto, así como a la inobservancia de disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la especie". La Corte rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia impugnada que condenó a la demandada al pago de $ 84.605.313 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente.

Ficha 25 Corte Suprema, 23 de octubre de 2008, rol Nº 4949-2007. Ministros (Primera Sala): Margarita Herreros M., Juan Araya E., Sonia Araneda B., Benito Mauriz A. y Rafael Gómez B. Redacción a cargo del ministro Araya. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Juan Smart dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra de Inmobiliaria e Inversiones Pangal S.A. en razón de que el 25 de junio de 1999 la demandada vendió un inmueble al actor, obligándose a la entrega de un certificado de recepción final del bien raíz. Sin embargo, este no cumplió dentro del plazo indicado, de manera que incumplió su obligación, haciéndose efectiva una cláusula penal pactada en compraventa. La inmobiliaria alegó caso fortuito.

Solicita la demandante El demandante solicitó que se haga efectivo el pago estipulado en la cláusula penal que se pactó con el demandado, consistente en el pago de 200 U.F., más 2 U.F. por cada día de retraso desde que la obligación se hizo exigible.

Decisión de primera y segunda instancia El 27º Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda deducida y condenó al demandado a pagar al actor la suma de U.F. 200 por concepto de la cláusula

penal acordada y a U.F. 2 por cada día de atraso desde que la obligación se hizo exigible y hasta el cumplimiento de la obligación. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia, sin modificaciones.

Decisión de la Corte Suprema Conforme al artículo 45 del Código Civil, se llama caso fortuito o fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. De esta definición, podemos desprender que son dos los requisitos copulativos que deben concurrir para que proceda el caso fortuito en tanto causal de exoneración de responsabilidad: (i) imprevisibilidad e (ii) irresistibilidad. Faltando cualquiera de ellos, la obligación mantiene toda su vigencia. Al respecto, la Corte sostuvo en el considerando quinto que "De la definición legal se desprende que son dos los componentes básicos de esta causal de exención de responsabilidad y que ambos deben concurrir copulativamente para configurarla, de manera tal que faltando cualquiera de ellos la obligación mantiene toda su vigencia". En el caso en concreto, la Corte estimó que la misma recurrente se hace cargo del caso fortuito en la contestación a la demanda, al señalar que es un procedimiento de lata tramitación, por las dificultades operativas que al respecto existen en la Dirección de Obras Municipales de Lo Barnechea, además de que presentaron previamente ante este organismo una solicitud de recepción final, la que fue rechazada puesto que el demandante había realizado construcciones adicionales al inmueble. En consecuencia, como fue la misma inmobiliaria la que construyó el inmueble que posteriormente vendió al actor, entonces debió de haber previsto que esas construcciones adicionales iban a obstaculizar la entrega del certificado de recepción. De esta forma, no concurrió en la especie el requisito de imprevisibilidad, por lo que correspondió no dar lugar al recurso de casación en la forma interpuesto por la demandada.

Ficha 26

Corte Suprema, 21 de enero de 2008, rol Nº 5055-2006. Ministros (Primera Sala): Milton Juica A., Sergio Muñoz G. y Juan Araya E., Óscar Herrera V. y Óscar Carrasco A. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Sociedad Almacenes Pullman Limitada dedujo demanda de resolución de contrato de arrendamiento con opción de compra, indemnización de perjuicios y restitución de las rentas pagadas con posterioridad al 13 de diciembre de 1996, en contra de Santiago Leasing S.A. Fundó su demanda en que el 15 de noviembre de 1995 celebró un contrato de leasing de una camioneta, en el cual la demandada se obligó a vender parte del bien arrendado siempre y cuando la actora optase por dicha venta en tiempo y forma y hubiere dado íntegro cumplimiento a las obligaciones impuestas por el contrato, pagando el precio equivalente a la última renta estipulada. Se estableció que la oferta era irrevocable. El 15 de octubre de 1997 la demandante le comunicó que iba a ejercer este derecho. Sin embargo, el 17 de noviembre de 1997 Santiago Leasing S.A. le señaló que no era posible dado que el vehículo había sido objeto de una orden de incautación por resolución del Tribunal Aduanero de San Antonio de 13 de diciembre de 1996. La demandada indicó que esto fue un caso fortuito puesto que era un hecho imprevisible, irresistible e inimputable.

Solicita la demandante La empresa demandante solicitó la resolución del contrato de arrendamiento con opción de compra, la restitución de todo lo pagado en razón del contrato o a lo que el tribunal estime, al pago de un interés corriente calculado sobre todo el capital reajustado, desde la fecha de cada uno de los pagos efectuados por su representada y hasta la fecha del pago efectivo, o con el interés que el tribunal determine, al pago de la indemnización por todos los perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento, y a las costas.

Decisión de primera y segunda instancia El 11º Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda por cuanto declaró terminado el contrato a contar de la fecha de incautación del vehículo acaecida el 13 de diciembre de 1996, condenando a la demandada a restituir las rentas pagadas con posterioridad a esa fecha, más reajustes e intereses, suma que ordenó determinar mediante liquidación a practicar en la etapa de cumplimiento del fallo. Por su parte, negó la indemnización de perjuicios y dispuso que cada parte pagaría sus costas. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, rechazó en todas sus partes la demanda.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito o fuerza mayor, llamado también Vis Divina o Fatum Fatalitas, está definido en el artículo 45 del Código Civil como el imprevisto a que no es posible resistir. De esta definición, la Corte indicó en el considerando cuarto que son tres los elementos constituyentes del caso fortuito: (i) causa extraña al deudor (inimputabilidad); (ii) que sea imprevisible, esto es, "imposible de conjeturar lo que ha de suceder en un cálculo de probabilidades", no existiendo razón alguna para creer en su realización, y; (iii) que sea irresistible, o sea, "que el evento que acontece es insuperable en su constitución y efectos, de manera que ni el deudor ni persona alguna que se coloque en tal circunstancia podría impedir lo sucedido". Asimismo, en el considerando quinto señaló que los ejemplos de caso fortuito entregados por el legislador apuntan a situaciones fácticas (naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos y actos de autoridad ejercidos por un funcionario público), sin embargo, la jurisprudencia ha extendido su procedencia a otras situaciones, tales como el mar agitado, enfermedad y ley de Moratoria. El razonamiento es que, dentro de los actos de autoridad, se incluyen los del poder legislativo, no existiendo razón legal o de equidad para restringir dicho concepto a actuaciones emanadas únicamente de determinadas autoridades, excluyendo los que provienen de otras. Por su parte, el artículo 1547 establece los efectos del caso fortuito al indicar que "el deudor no es responsable del caso fortuito", bajo la idea de que nadie está obligado a lo

imposible, de manera que "si el deudor no cumple las obligaciones que contrae por la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, su incumplimiento es excusable". A continuación, el caso fortuito puede exonerar parcialmente de responsabilidad al deudor cuando el hecho que se alega como tal tenga relación con solo una parte de la obligación, sin afectar la exigibilidad de lo restante. Primero se debe distinguir qué fue lo irresistible: (i) si el hecho mismo o (ii) sus consecuencias. La diferencia tiene relevancia en tanto un hecho puede ser irresistible, pero no necesariamente sus efectos, de manera que el deudor deba responder por estos, pese a la irresistibilidad del hecho. Para determinar cuándo el sujeto pasivo debe responder por estos efectos se debe atender al grado de diligencia y cuidado que le imponía la obligación, de forma que si responde por culpa leve, entonces se le es exigible la diligencia que ordinariamente ocupan las personas en sus negocios propios. En función de lo dicho, el deudor, que es quien alega caso fortuito, debe probar que empleó la debida diligencia a fin de demostrar que obró sin culpa suficiente (doctrina de incumplimiento sin culpa). En el caso sub lite, la Corte estimó en el considerando noveno que "pudo el demandado efectivamente cumplir las obligaciones que le imponía el contrato de leasing librando al vehículo materia del contrato de los vicios que motivaron el acto de autoridad dispuesto en su contra, pagando los respectivos impuestos y, habiendo aceptado el pago de las rentas y el íntegro y cabal cumplimiento de las obligaciones de la arrendataria durante, a lo menos diez meses, sin que existiera reciprocidad en las contraprestaciones emanadas de su propia parte, no pudo excusarse del cumplimiento que le correspondía alegando un exceso de onerosidad en su prestación, aún que aquel le impusiese una conducta y un desembolso de dinero originalmente no previstos, ya que al aceptar el íntegro, total y oportuno cumplimiento de las obligaciones de la contraparte en pleno conocimiento de la situación fáctica que afectaba al objeto del contrato, consintió tácitamente en que también debía cumplir con aquello a lo que se había comprometido vender el vehículo, para lo cual debió realizar todo lo que fuese necesario". Asimismo, añadió en el considerando décimo que el arrendador debió emplear en el salvamento de los efectos de la orden de incautación la diligencia del buen padre de familia, comportamiento que en la especie debió

traducirse en el pago de los derechos de internación que motivaron la instrucción de la causa en que se ordenó la medida administrativa sobreviniente que privó inesperadamente a las partes del uso, goce y disposición de la especie, no vislumbrándose que su dictación excusara el cumplimiento de las obligaciones esenciales del arrendador-vendedor, cuales eran la de liberar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa y la de formalizar su venta, en atención a la oferta irrevocable formulada en el contrato de leasing por el demandado a la demandante. La Corte acogió el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago declarando en su lugar que a) Se condena a la demandada Santiago Leasing S.A. a la restitución a la actora Almacenes Pullman Limitada de todo lo pagado a consecuencia del contrato, esto es, 1.732,94 U.F., suma que atendido el hecho de estar establecida en una unidad reajustable excluye otro tipo de reajustes, más intereses corrientes para operaciones reajustables, calculados estos últimos desde el día en que el deudor se constituya en mora y hasta el día de su pago efectivo; b) Que se condena a la demandada al pago de una indemnización por todos los perjuicios ocasionados a la demandante por motivo del incumplimiento de las obligaciones contractuales que motivaron la resolución del contrato, cuya naturaleza y monto se deberá discutir y determinar en la etapa de ejecución del fallo, y; c) Que se condena a la demandada al pago de las costas de la causa.

Ficha 27 Corte Suprema, 24 de agosto de 2006, rol Nº 1913-2004. Ministros (Primera Sala): Sergio Muñoz, Margarita Herreros, Julio Torres, y los abogados integrantes señores Óscar Herrera y Patricio Valdés. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos La Sociedad Aussicht Chile Ltda. dedujo demanda en juicio ordinario de resolución de contrato e indemnización de perjuicios contra la Municipalidad

de San Francisco de Mostazal, fundándola en que celebró un contrato de arrendamiento con la demandada que tenía una duración hasta el 5 de diciembre de 2005, el cual habría sido incumplido por la Municipalidad al negarse a pagar las facturas expedidas por la empresa por los servicios prestados. La Municipalidad demandada contestó solicitando el rechazo de la acción, por estimar improcedente la demanda toda vez que el actor no cumplió sus obligaciones. Por otra parte, la publicación de las Leyes Nº 19.791, que en su artículo 2º suspendió por el plazo de 120 días el uso de equipos de registro de infracciones, con excepción de los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile, y Nº 19.816 que dispuso que los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad solo podrán ser operados por Carabineros de Chile y por los inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas; ha provocado que se vea imposibilitada de disponer de los servicios objeto del contrato de arrendamiento, por lo que el incumplimiento en que ha incurrido deriva de la existencia de un evidente caso fortuito o fuerza mayor.

Solicita la demandante La sociedad demandante solicitó se declare la resolución con indemnización de perjuicios, del contrato de arrendamiento de equipos de registro de infracciones a límites de velocidad en la comuna y prestación de servicios complementarios, suscrito por la sociedad demandante con la demandada, y sea condenada a pagar las sumas de $ 100.800.000 por concepto de daño emergente o lo que estime el tribunal, $ 354.000.000 por concepto de lucro cesante o lo que estime el tribunal y $ 100.000.000 por concepto de daño moral o lo que estime el tribunal, más reajustes e intereses.

Decisión de primera y segunda instancia El Segundo Juzgado Civil de Rancagua rechazó la demanda dado que la dictación de la Ley Nº 19.816 puso a la Municipalidad en situación de fuerza mayor. La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la sentencia impugnada.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito o fuerza mayor, llamado también Vis Divina o Fatum Fatalitas, es definido por el Código Civil en su artículo 45 como "el imprevisto a que no es posible resistir...". De esta definición se desprenden sus elementos constitutivos, a saber: 1º causa extraña al deudor o dicho en otros términos, el hecho no debe serle imputable; 2º el hecho debe ser imprevisto, imposible de conjeturar lo que ha de suceder en un cálculo de probabilidades, es decir, cuando no hay ninguna razón para creer en su realización; y 3º hecho imposible de resistir, lo que quiere decir que el hecho que ocurre es insuperable en su constitución y efectos, de manera que ni el deudor ni persona alguna que se coloque en tal situación podría impedir lo sucedido. Dentro de los ejemplos que da el Código de casos fortuitos se refiere a situaciones fácticas, tales como naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, herida, rayo, epidemia, actos de autoridad, etc. La jurisprudencia nos da otros ejemplos, tales como: mar agitado, enfermedad, ley de Moratoria, etc. Este último ejemplo, está contenido en sentencia de la Corte de Talca de 8 de agosto de 1901 (Gaceta 1901, tomo II, página 251) que razona señalando que entre los actos de autoridad que menciona por vía ejemplar el artículo 45, se incluyen los que provienen del Poder Legislativo, no existiendo razón legal o de equidad para pensar otra cosa. Por eso, una ley de moratoria puede revestir los caracteres de un caso fortuito. El inciso 2º del artículo 1547 señala los efectos del caso fortuito, al preceptuar "el deudor no es responsable del caso fortuito" y ello es natural, toda vez que nadie puede ser obligado a lo imposible. En consecuencia, si el deudor no cumple las obligaciones que contrae por la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, su incumplimiento es excusable. La ocurrencia de caso fortuito puede liberar en parte al deudor, cuando este tiene atinencia con una parte de la obligación contraída, ya sea en su contenido o en el tiempo, circunstancia que permite la liberación del deudor en esa parte, rigiendo en lo demás la exigibilidad de la obligación. En lo que se refiere a la Ley Nº 19.791, no se vislumbra que su dictación excusara el cumplimiento de la obligación esencial del arrendatario, cual es el pago de la renta de arrendamiento pactada, al no darse el requisito de imposibilidad absoluta de uso de los equipos proporcionados por la

arrendadora, toda vez que estos podían ser usados por Carabineros de Chile, excepción contenida en la mencionada ley. Consecuente con lo expresado en el razonamiento que antecede, los jueces del fondo han incurrido en error de derecho al considerar que la dictación de la Ley Nº 19.791 constituiría un caso fortuito o fuerza mayor que hacía inimputable el incumplimiento de la demandada de la obligación de pagar la renta, dejando sin aplicación la ley del contrato, el pacta sunt servanda contenido en el artículo 1545 del Código Civil. Por el contrario, la dictación de la Ley Nº 19.816 que restringió el uso de los aparatos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja, a plazas de peaje, operación de túneles y mantención de caminos públicos sí constituye un caso fortuito o fuerza mayor para el municipio de San Francisco de Mostazal, puesto que la restricción establecida por dicha ley dejó sin causa para la arrendataria el susodicho contrato de arrendamiento. En efecto, el motivo que indujo a la arrendataria a contratar fue el de colocar en lugares estratégicos de la comuna, en los que se podía controlar las infracciones relativas a luz roja y velocidad (cláusula sexta) que la norma legal redujo a lugares donde esta posibilidad era ilusoria, dándose todos los elementos que configuran el caso fortuito o fuerza mayor. Por estos motivos, la Corte acogió, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante, invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en su lugar se declaró: a) Resuelto el contrato de arrendamiento habido entre las partes; b) Que la demandada deberá pagar al actor, por daño emergente las rentas devengadas entre el 14 de enero de 2002 y el 6 de agosto del mismo año. Las sumas antes señaladas deberán pagarse debidamente reajustadas a contar de la notificación de la demanda y devengarán intereses en caso de que se constituya en mora la deudora; y, c) Que se confirma en lo demás la señalada sentencia.

Ficha 28 Corte Suprema, 29 de enero de 2002, rol Nº 4804-2000.

Ministros (Tercera Sala): Ricardo Gálvez, Orlando Álvarez, María Antonia Morales, y los abogados integrantes señores Enrique Barros y Arnaldo Gorziglia. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos La Empresa Constructora Chillán Viejo Ltda. interpuso demanda contra la Universidad del Bío-Bío, a fin de que se le ordene pagar las sumas de dinero que indican; la empresa demandante expone, que por contrato se comprometió a ejecutar una obra en el campus de la Universidad demandada, en el plazo de 283 días; que el acta de recepción final de la obra y decreto de Rectoría de la Universidad, determinó que había 21 días de retardo y por ende había multas. La actora señala que de los 21 días de retardo, hay seis que no le son imputables, cuatro de ellos no pudo ingresar al recinto universitario porque los estudiantes se tomaron la Universidad, y no permitieron el ingreso a la obra, y los dos días siguientes, la empresa no pudo retomar las obras por no ser días laborales.

Solicita la demandante La empresa solicitó se condene a la Universidad del Bío-Bío al pago de $ 715.596 y $ 1.379.532, más intereses, por conceptos de restitución de remuneraciones pagadas y de multas retenidas por atrasos en la ejecución de las obras por la empresa contratista demandante.

Decisión de primera y segunda instancia El tribunal de primera instancia acogió la demanda solo en cuanto se condena a la demandada a pagar a la actora la suma que se indica, por perjuicios sufridos, desechándose la misma demanda en cuanto a lo demás pedido. Una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Concepción, confirmó en parte la sentencia de primera instancia, declarando que condena a la Universidad demandada a pagar a la actora las sumas que se indican, más intereses, por conceptos de restitución de remuneraciones pagadas y de multas retenidas por atrasos en la ejecución de las obras.

Decisión de la Corte Suprema

El recurrente indica que la sentencia recurrida habría infringido las normas de los artículos 707, 1545 y 1546 del Código Civil, porque, en contravención con el texto inequívoco del contrato, que establecía el derecho potestativo de la universidad a declarar cuáles eventos constituían respecto del contratista caso fortuito o fuerza mayor, estimó que el principio de buena fe impedía a la universidad calificar discrecionalmente los hechos relevantes. Ocurre en este caso que la sentencia ha recurrido al principio de integración establecido por aquella norma al estimar que no es puramente discrecional la facultad que el contrato confiere a la parte que ordenó las obras para calificar como caso fortuito o fuerza mayor un evento que haya impedido la oportuna ejecución por el contratista. En efecto, los sentenciadores han considerado que la huelga de estudiantes y la toma del recinto en que se ejecutaban las obras efectivamente constituyeron caso fortuito para la empresa constructora demandante y, a mayor abundamiento, que se trató de un hecho que caía dentro del ámbito de cuidado de la propia universidad demandada, de modo que esta, de conformidad con la norma del artículo 1546 del Código Civil, debió haber reconocido que el retardo atribuible a esos hechos era excusa suficiente del contratista, pues de la circunstancia de que el contrato entregue a la universidad la facultad de declarar los eventos que constituyen caso fortuito o fuerza mayor, no se sigue que tal declaración pueda ser arbitraria o contraria a las normas legales que definen esos eventos, en todo lo que se aplicó debidamente el artículo 1546 referido. Por lo dicho, la Corte rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por la Universidad del Bío Bío en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que, confirmando en parte la de primera instancia, la condenó a pagar las sumas de $ 715.596 y $ 1.379.532, más intereses, por conceptos de restitución de remuneraciones pagadas y de multas retenidas por atrasos en la ejecución de las obras por la empresa contratista demandante.

5. C Ficha 29 Corte Suprema, 14 de febrero de 2018, rol Nº 35152-2017. Ministros (Cuarta Sala): Ricardo Blanco H., Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Carlos Cerda F. y el abogado integrante Carlos Pizarro W. Acordado con el voto en contra del ministro Blanco. Acción o recurso: Recurso de unificación de jurisprudencia laboral.

Hechos El trabajador faltó a sus labores los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2016 por encontrarse privado de libertad, como consecuencia de una orden de detención judicial dictada en su contra por conducir en estado de ebriedad. Fue despedido por inasistencias injustificadas.

Solicita la demandante El demandante solicitó que se declare injustificado, improcedente o indebido el despido y que se condene a la demandada al pago de $ 3.053.673 por concepto de indemnización sustitutiva por falta de aviso previo; $ 76.341.825 por concepto de indemnización por años de servicios; $ 61.073.460 por concepto de incremento de un 80% sobre los años de servicios, conforme al artículo 168 letra c) del Código del Trabajo; $ 5.610.060 por concepto de feriados anuales pendientes; todos los montos reajustados; y a las costas. En subsidio, solicitó el pago de las sumas que el tribunal estime conforme a derecho.

Decisión de primera y segunda instancia El Juzgado de Letras de Calama acogió parcialmente condenando al demandado al pago de $ 2.373.596 por indemnización por falta de aviso previo; $ 76.341.825 por indemnización por años de servicios; $ 61.073.460 por

la demanda, concepto de concepto de concepto de

incremento legal de la letra c) artículo 168 del Código del Trabajo; $ 5.610.060 por concepto de feriado anual, todo con reajustes e intereses. No se condenó al demandado al pago de costas por no haber sido totalmente vencido. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de nulidad interpuesto por el demandado, anulando, así, la sentencia de primera instancia.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 del Código Civil llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir, y menciona, entre otros, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Como la resolución que dispone la detención es un acto de autoridad que emana de un juez de garantía y, a juicio de la Corte, lo que determina la cuestión que se somete a la decisión es que la inasistencia del trabajador al lugar donde se desempeña lo sea sin causa justificada, es decir, que no concurra norma legal o reglamentaria o algún evento, acontecimiento, suceso de incuestionable entidad que dispense la no asistencia, corresponde concluir que la medida adoptada en su contra y de la que únicamente derivan efectos transitorios, solo puede dar lugar a la suspensión del contrato de trabajo. La Corte acogió el recurso de unificación de jurisprudencia laboral y, en reemplazo, revocó la sentencia que acogió el recurso de nulidad, confirmando el fallo de primera instancia que declaró injustificado el despido del trabajador.

Otros El voto de minoría sostuvo que el artículo 160 Nº 3 del Código del Trabajo dispone que: "El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo...". El demandante esgrimió como causa justificante de sus ausencias la privación de libertad por orden de autoridad competente dispuesta, en su oportunidad, en la investigación que se siguió a su respecto por el delito de manejo en estado de ebriedad.

El caso fortuito supone la imprevisibilidad y la irresistibilidad a que se ve expuesto el afectado. Es decir, una contingencia no posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse el agente, que no puede ser contrariada o rechazada por este. En el caso, la acción voluntaria del trabajador, que ha significado que la autoridad estime que ha tenido participación culpable en un hecho ilícito, motivo por el cual se le condenó y se dispuso su detención para el cumplimiento de la pena, puede considerarse como irresistible por cuanto se trata de la orden de una autoridad, pero no es dable de calificarse de imprevisible. En efecto, falta en la acción realizada —delito de manejo en estado de ebriedad— la imprevisibilidad que caracteriza al caso fortuito o fuerza mayor, pues cierto es que quien ejecuta voluntariamente un acto ilícito puede ser penado por la ley, por lo que debió prever los resultados de esa acción y la posibilidad de ser descubierto y sancionado. Concluyó que no han concurrido en la especie los requisitos legales de la causal justificante de la ausencia laboral, esto es, la fuerza mayor alegada por el demandante.

Ficha 30 Corte Suprema, 31 de enero de 2017, rol Nº 38196-2016. Ministros (Cuarta Sala): Ricardo Blanco H., Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Carlos Cerda F., y el abogado integrante señor Rodrigo Correa G. Acordado con el voto en contra del ministro Blanco. Acción o recurso: Recurso de unificación de jurisprudencia laboral.

Hechos Un trabajador fue despedido por inasistencias injustificadas. Este demandó el despido injustificado puesto que el motivo de sus inasistencias fue que se encontraba en prisión preventiva dado que se seguía en su contra una investigación por el delito de violación de menor de 14 años, lo que constituiría la eximente de fuerza mayor.

Solicita la demandante

Demandante solicitó que se declare que el demandado ha vulnerado sus derechos fundamentales, con ocasión del despido, realizando diversos actos discriminatorios, y por ello se le condene al pago $ 9.198.651 por concepto de indemnizaciones especiales del artículo 489 del Código del Trabajo; $ 772.984 por concepto de pago de feriado legal y proporcional; $ 836.241 por concepto de indemnización del aviso previo; $ 3.344.964 por concepto de indemnización por años de servicio; $ 2.675.971 por concepto de recargo legal de la indemnización anterior; y al pago de los meses transcurridos desde su separación hasta el reintegro, con reajustes e intereses, más las costas de la causa.

Decisión de primera y segunda instancia El Juzgado de Letras del Trabajo de Castro rechazó la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido deducida por el demandante en contra de su exempleadora y desestimó la demanda subsidiaria de despido injustificado y cobro de prestaciones. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso de nulidad deducido por el actor en contra de la sentencia de primera instancia.

Decisión de la Corte Suprema La Corte rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia por estimar que no existe en la sentencia impugnada una interpretación diversa sobre la misma materia de derecho, por lo que no cabe más que desestimarlo. En consecuencia, confirmó la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda.

Otros El voto de minoría compartió la decisión de rechazar el recurso, pero previno en la existencia de interpretaciones distintas entre la sentencia impugnada y las que se acompañan a efecto de cumplir con los requisitos del recurso de unificación de jurisprudencia, por lo que, aun concurriendo a la decisión, estimó conveniente exponer sus argumentos sobre la interpretación de las normas en conflicto.

En ese sentido el voto de minoría expuso lo siguiente: El concepto de caso fortuito supone la imprevisibilidad y la irresistibilidad a que se ve expuesto el afectado por el caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, una contingencia no posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse el agente, que no puede ser contrariada o rechazada por este. En el caso, la acción voluntaria del trabajador que ha significado que la autoridad estime que ha tenido participación culpable en un hecho ilícito, motivo por el cual dispuso su prisión preventiva, puede considerarse como irresistible por cuanto se trata de la orden de una autoridad, pero no es dable de calificarse de imprevisible. En efecto, falta en la acción realizada, entiéndase el delito de violación de menor de catorce años, la imprevisibilidad que caracteriza al caso fortuito o fuerza mayor, pues cierto es que quien ejecuta voluntariamente un acto que puede ser penado por la ley, debió prever los resultados de esa acción y la posibilidad de ser descubierto y sancionado.

Ficha 31 Corte Suprema, 21 de julio de 2016, rol Nº 17964-2015. Ministros (Cuarta Sala): Andrea Muñoz S., Ricardo Blanco H., Gloria Ana Chevesich R., Sergio Muñoz G. y Fiscal Judicial Juan Escobar Z. Acordado con el voto en contra de las ministras señora Chevesich y señora Muñoz, quienes estuvieron por acoger la demanda subsidiaria de despido injustificado y condenar al demandado a las indemnizaciones legales, por el despido, con el recargo, reajuste e intereses correspondientes. Redacción a cargo del Fiscal Judicial señor Juan Escobar Zepeda. Acción o recurso: Recurso de unificación de jurisprudencia laboral.

Hechos Nicolás Pinet fue despedido por inasistencias injustificadas. Sin embargo, alega que no pudo asistir a su trabajo puesto que había sido condenado a privación de libertad por conducir en estado de ebriedad.

Solicita la demandante

El señor Pinet dedujo demanda de nulidad del despido y cobro de prestaciones en contra del Hospital Clínico Fuerza Aérea de Chile. En subsidio, interpuso demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones, dada, entre otras razones, la imprevisibilidad e irresistibilidad de la sanción penal.

Decisión de primera y segunda instancia El juez del trabajo rechazó la demanda de nulidad del despido en todas sus partes, pero acogió parcialmente la demanda de despido injustificado, condenando al demandado al pago de las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo, por años de servicio, feriado proporcional, y al recargo del 80%. La demandada interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso y confirmó la decisión impugnada.

Decisión de la Corte Suprema El tribunal acogió el recurso de unificación de jurisprudencia, pero no por caso fortuito. El motivo es que este consta de dos elementos: (i) imprevisibilidad e (ii) irresistibilidad, lo cual supone, sostuvo en el considerando undécimo, una "contingencia no posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse el agente, que no puede ser contrariada o rechazada por éste". Así "Es del caso consignar que la inasistencia del trabajador radicó en su conducta dolosa y no en actos de fuerza mayor justificativa. Además, la conducta penal reprochable ha podido ser reconducida a otras causales de infracción laboral de carácter inexcusable", de manera que no procede el caso fortuito. En reemplazo, la Corte rechazó la demanda de nulidad de despido y cobro de prestaciones, acogiéndola solo parcialmente respecto de la indemnización por feriado proporcional.

Ficha 32 Corte Suprema, 6 de abril de 2016, rol Nº 7351-2015.

Ministros (Cuarta Sala): Carlos Cerda F., Andrea Muñoz S., Ricardo Blanco H., Sergio Muñoz G. y Carlos Pizarro W. Acordada con el voto en contra del ministro Ricardo Blanco quien fue del parecer de rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandado. Redacción a cargo de la ministra Andrea Muñoz. Acción o recurso: Recurso de unificación de jurisprudencia laboral.

Hechos Gonzalo Pérez dedujo denuncia de tutela laboral y demanda de indemnización de perjuicios en contra de su exempleadora Administradora de Servicios Computacionales y de Crédito CMR Falabella Ltda., dado que se le despidió por haber faltado dos días seguidos a su trabajo. Fundó su demanda en que su inasistencia no fue injustificada ni incumplió gravemente las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo puesto que permaneció obligadamente en Buenos Aires al ser acusado de hurtos que negó categóricamente. Así, se le privó absolutamente de su libertad de desplazamiento, lo que le impidió regresar al país.

Solicita la demandante El demandante solicitó se declarara la vulneración de derechos fundamentales y, en subsidio, demandó despido indebido. En definitiva, solicitó se condenara al empleador al pago de las indemnizaciones de 11 remuneraciones; aumento legal del art. 168 letra a) del Código del Trabajo; por daño moral por una suma de $ 6.000.000; $ 533.948 por daño emergente; $ 142.500 por gastos de regreso a Argentina; indemnización por 4 años de servicio; incremento legal del 80% de esta última; más reajustes, intereses y costas.

Decisión de primera y segunda instancia El 1er Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó la denuncia por tutela laboral, pero acogió la demanda de despido indebido. Condenó al demandado al pago de las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo, por años de servicio, y recargo legal del artículo 168 letra c) del Código del Trabajo.

El demandado recurrió de nulidad, y la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso respecto de la parte de la sentencia que estimó indebido el despido.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 el Código Civil preceptúa: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". Así, de dicho concepto, indicó en el considerando séptimo, se pueden extraer dos elementos: imprevisibilidad e irresistibilidad. Lo anterior se traduce en una "una contingencia no posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse el agente, que no puede ser contrariada o rechazada por éste". En opinión de la Corte, los actos de la autoridad, como la detención del demandante, configuran un imprevisto al que no es posible resistir. Al efecto, sostuvo el Tribunal en el considerando séptimo "Que, así, la detención o retención de un trabajador por un acto de autoridad como ocurrió en la especie, en que la detención fue efectuada por agentes de la policía aeroportuaria y la medida cautelar posterior, por decisión judicial constituye, a no dudarlo, una razón o motivo de tal entidad, que resulta suficiente para justificar su inasistencia a su lugar de trabajo, que es lo que se somete a la decisión de este tribunal. Si bien la interpretación que se viene sosteniendo no exige la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor para validar un motivo de inasistencia, resulta aceptable utilizar dicha figura si, en un caso específico, se verifica alguna de las hipótesis que el artículo 45 del Código Civil contempla por vía ejemplar, como es el caso, precisamente, de 'los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público', que configuran un imprevisto al que no es posible resistir". La Corte acogió el recurso y, en reemplazo, estimó que la sentencia que declaró improcedente el despido del trabajador se ajustó a derecho.

Ficha 33 Corte Suprema, 1 de septiembre de 2015, rol Nº 23799-2014.

Ministros (Cuarta Sala): Haroldo Brito C., Gloria Ana Chevesich R., Rosa María Maggi D., Juan Eduardo Figueroa V. y Jaime Rodríguez E. Acción o recurso: Recurso de unificación de jurisprudencia laboral.

Hechos Karla Franchy fue despedida luego de no asistir a su trabajo dado que se encontraba privada de libertad por orden de un Juzgado de Garantía tras ser acusada por el delito de homicidio calificado por haber lanzado a un bebé de dos días a una hoguera. Señala que no pudo asistir a su trabajo puesto que estuvo privada por acto de la autoridad, lo que constituye caso fortuito.

Solicita la demandante Karla dedujo demanda de despido injustificado en contra de su exempleadora Transporte Aéreo S.A., solicitando el pago de las indemnizaciones: sustitutiva de aviso previo; por años de servicio recargo legal del 80%; y remuneración pendiente del último mes trabajado, con reajustes e intereses.

Decisión de primera y segunda instancia El 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda y declaró que el despido de la demandante fue injustificado. Condenó al empleador al pago de las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo ($ 988.432), por años de servicio ($ 3.953.728), y el recargo legal del 80% ($ 3.162.982). El demandado dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia del juez del trabajo. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso y declaró que el despido fue justificado, por cuanto la detención de la demandante no constituiría fuerza mayor y rechazó la demanda.

Decisión de la Corte Suprema La Corte indicó que el caso fortuito o fuerza mayor es "todo hecho ajeno a la voluntad de las partes, por lo que deriva de la naturaleza o de un tercero, y que es imprevisible en su acontecimiento, y que si provoca un incumplimiento sustancial y definitivo de las obligaciones pone fin al contrato, pero si es

temporal solo lo suspende". Asimismo, el artículo 45 del Código Civil indica que caso fortuito o fuerza mayor es el imprevisto que no es posible resistir, tal como un acto de la autoridad ejercido por un funcionario público. Para la Corte, lo relevante es que la inasistencia sea sin causa justificada, o sea, "que no concurra norma legal o reglamentaria o algún evento, acontecimiento, suceso de incuestionable entidad que dispense la no asistencia, corresponde concluir que la medida cautelar personal de que se trata y de la que solo derivan efectos transitorios no definitivos, solo puede dar lugar a la suspensión del contrato de trabajo". Así, la prisión preventiva es una causal justificada de inasistencia, constituyendo caso fortuito. La Corte acogió el recurso de unificación de jurisprudencia y, en reemplazo, confirmó la sentencia del juez del trabajo que declaró injustificado el despido del trabajador, condenando al empleador al pago de las correspondientes indemnizaciones laborales detalladas anteriormente.

Ficha 34 Corte Suprema, 7 de abril de 2015, rol Nº 13334-2014. Ministros (Cuarta Sala): Carlos Cerda F., Andrea Muñoz S., Ricardo Blanco H., Gloria Ana Chevesich R. y Ricardo Peralta V. Acordada con el voto en contra de los ministros Blanco y Muñoz. Redacción a cargo del ministro Ricardo Blanco H. Acción o recurso: Recurso de unificación de jurisprudencia laboral.

Hechos Francisco Martínez fue despedido por su exempleadora Arturo Trentini y Compañía Limitada en razón de la supuesta ocurrencia de un caso fortuito, a saber, el incendio del lugar donde trabajaba. Al respecto, indicó que el siniestro era previsible dado que la empresa no contaba con los reglamentos y protocolos de seguridad. Sobre la irresistibilidad, la empresa continuó funcionando, de manera que seguía siendo operativa la labor del demandante (chofer).

Solicita la demandante

El señor Martínez dedujo demanda por despido injustificado en contra de su exempleador, solicitando que se le condene al pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo y por años de servicios, más reajustes, intereses y costas.

Decisión de primera y segunda instancia El 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago estimó que en la especie concurrió la causal de caso fortuito por lo que acogió la demanda solo en cuanto condenó al empleador al pago de $ 72.773 por un saldo insoluto del feriado proporcional de años anteriores, y $ 157.293 por feriado legal proporcional. El demandante dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia del juez del trabajo. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso y confirmó el fallo impugnado.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 del Código Civil establece "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". De este concepto, se desprenden los siguientes elementos constitutivos: (i) inimputabilidad; (ii) imprevisibilidad e (iii) irresistibilidad o insuperabilidad. A mayor abundamiento, el considerando cuarto expone: "Que, esta Corte ya ha sostenido que el caso fortuito se corresponde con una contingencia en cuyo advenimiento ninguna participación ha cabido a quien la invoca, que no es posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse el agente, que no puede ser contrariada o rechazada por éste...". La Corte rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia dado que el actor no logró armonizar su petición con los requisitos exigidos por la jurisprudencia laboral, al no existir distintas interpretaciones entre el fallo impugnado y la jurisprudencia que se acompaña como criterio para la unificación. En consecuencia, se confirmó el fallo que rechazó el recurso de nulidad en contra de la sentencia de primera instancia que condenó al demandado al pago de indemnización por feriado legal proporcional.

Otros Por su parte, el voto de minoría señaló que "se estima que se está en presencia de un caso fortuito o fuerza mayor, cuando ocurre un hecho ajeno a la voluntad del empleador, imprevisible e irresistible". Así: (i) debe ser inimputable a quien lo invoca; (ii) imprevisible en condiciones normales respecto de cálculos estimativos de riesgos; (iii) irresistible, esto es, que no haya podido evitarse su ocurrencia, aun adoptando los medios adecuados para ello y (iv) una relación de causalidad entre los daños que se produjeron en las instalaciones de la empresa y el siniestro. A su vez, el daño causado por el siniestro debe imposibilitar la mantención de los puestos de trabajo, siéndole imposible absolutamente para el empleador sostener el vínculo laboral con sus dependientes. A juicio del voto de minoría, dado que el empleador continuó su giro en otra sucursal, estaba en posibilidad de cumplir con sus obligaciones contractuales.

Ficha 35 Corte Suprema, 11 de abril de 2012, rol Nº 6008-2011. Ministros (Cuarta Sala): Rosa Egnem S., Juan Fuentes B., Juan Escobar Z., y los abogados integrantes señores Ricardo Peralta V., y Arturo Prado P. Redacción a cargo del abogado integrante señor Peralta. Acción o recurso: Recurso de unificación de jurisprudencia laboral.

Hechos José Medina despidió a los trabajadores de los establecimientos de su propiedad que quedaron destruidos luego del terremoto.

Solicita la demandante —No hay registros del proceso en el tribunal laboral—. Un trabajador interpuso demanda por despido injustificado contra su exempleador.

Decisión de primera y segunda instancia El Juzgado de Letras y Garantía de Lebu acogió la demanda. El demandado dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva. La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de nulidad y confirmó la sentencia impugnada.

Decisión de la Corte Suprema El presupuesto de la causal de término de la relación laboral contenida en el Nº 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es, la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, se encuentra definido en el artículo 45 del Código Civil como el imprevisto a que no es posible resistir. Por su parte, la jurisprudencia y la doctrina relativas a la materia coinciden en que su procedencia exige tres requisitos mínimos: (i) que el hecho sea imprevisible, (ii) que sea irresistible y (iii) que no acaezca por un acto propio de quien lo hace valer. La Corte indicó en el considerando cuarto que la irresistibilidad, para los efectos de la causal de cese de servicios, importa la imposibilidad de mantener el puesto de trabajo de los dependientes y, por ende, de cumplir una de las principales obligaciones contractuales de la parte empleadora, tornándose inviable la mantención del vínculo e inevitable el término del mismo. La exigencia de prueba al efecto, por parte del tribunal, resulta esencial en tanto corresponde a una de las tres características que el legislador impone al hecho cuya verificación fuerza el despido. A su vez, en el considerando quinto señaló que el examen de la imposibilidad de resistir a las consecuencias de un siniestro, obliga a revisar aspectos concretos de la actividad en cuestión, las características de las dependencias en que esta se desarrolla y el papel o labor de las dependientes exoneradas en ella. Asimismo, resulta forzoso considerar la factibilidad de la continuidad del giro o la actividad como alternativa a la desvinculación. En la especie, según lo expuesto en el considerando tercero de la sentencia impugnada, si bien ha quedado asentado que los supermercados El Porvenir de las comunas de Los Alamos, Arauco y Curanilahue se

encuentran destruidos y sin funcionar comercialmente desde la fecha del terremoto, esto es, el 27 de febrero de 2010, y que en la comuna de Curanilahue se encuentra funcionando desde hace dos meses con posterioridad al terremoto el supermercado perteneciente a la Sociedad Comercial Porvenir Limitada de la cual el demandado es socio, ese hecho, por sí solo, no conlleva la existencia para el empleador de una real opción entre la continuación de las labores y el cese de las mismas, conjuntamente con la terminación de los contratos de trabajo de sus dependientes, cuando de la naturaleza y características del sistema a través del que se desarrollan aquellas, se infiere la imposibilidad física y operativa de la primera alternativa, soslayando la económica. La Corte acogió el recurso de unificación, revocando la sentencia impugnada y, en reemplazo, determinó que el despido fue justificado, rechazando la demanda del actor.

Ficha 36 Corte Suprema, 4 de octubre de 2011, rol Nº 2037-2011. Ministros (Cuarta Sala): Carlos Künsemüller L., Mauricio Roberto Jacob Ch., María Eugenia Sandoval G., Patricio Valdés A. y Rafael Gómez B. Redacción a cargo del ministro Patricio Valdés. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Hugo Ramírez y otros prestaban servicios como vigilantes privados para la empresa Prosegur Limitada. Por examen psiquiátrico se estableció su inhabilidad para portar armas, puesto que presentaban sicopatologías contraindicativas. En este sentido, se les despidió por la causal de fuerza mayor.

Solicita la demandante —No hay registros del proceso en el tribunal laboral—.

Hugo Ramírez y otros dedujeron demanda por despido injustificado en contra de Prosegur Limitada, solicitando que se declarasen injustificados, indebidos e improcedentes los despidos de los que fueron objeto y que sea condenada al pago de las prestaciones legales, con costas.

Decisión de primera y segunda instancia El 1er Juzgado del Trabajo de Santiago acogió la demanda en cuanto condenó a la empresa empleadora a la indemnización sustitutiva de aviso previo y por años de servicio. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto condenó a la indemnización sustitutiva de aviso previo y por años de servicio.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito supone la concurrencia copulativa de tres requisitos: (i) inimputabilidad; (ii) imprevisibilidad; e, (iii) irresistibilidad. La confluencia de estos elementos permite estimar que el caso fortuito consiste en una contingencia ajena a la voluntad del afectado, que no es posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse ni ser rechazada por el agente, tal como señaló la Corte en el considerando sexto. En la especie, el empleador debió vislumbrar el acaecimiento de la patología de los demandantes, dado que esta se funda en circunstancias esperables y conocidas de la vida social y que pueden afectar a cualquier persona, independiente de la edad, el estado físico o de las funciones que realice. En consecuencia, la patología era previsible. La Corte desestimó el recurso de casación en el fondo deducido y confirmó la sentencia impugnada, que rechazó parcialmente la demanda, confirmándola en cuanto a la indemnización sustitutiva de aviso previo y por años de servicio.

Ficha 37 Corte Suprema, 5 de abril de 2011, rol Nº 7543-2010.

Ministros (Cuarta Sala): Gabriela Pérez P., Rosa María Maggi D., Rosa Egnem S., Patricio Valdés A. y Héctor Patricio Figueroa S. Redacción a cargo del ministro Figueroa. Acción o recurso: Recurso de casación en la forma y en el fondo.

Hechos Red de Televisión Chilevisión S.A. fue multada por la Dirección del Trabajo toda vez que no pudo pagarle al trabajador Juan Araya por existir una medida precautoria dictada en proceso criminal que le ordenaba retener todos los dineros que se adeudasen al reclamante, al imputado y a los demás miembros del directorio del sindicato de la empresa, como producto del pago de los diversos ítems resultantes de la desvinculación del trabajador imputado, con la sola salvedad que dicha retención debía ser realizada una vez que se efectuaran por la reclamante todos los descuentos legales de rigor al trabajador, entre otros, diversos anticipos de beneficios provenientes del contrato colectivo existente, descuentos previsionales y préstamo de determinada caja de compensación, etc. Así, debido a un acto de la autoridad imprevisible e irresistible, se vio imposibilitada de realizar pago alguno.

Solicita la demandante Red de Televisión Chilevisión S.A. solicitó que la multa por $ 3.122.655 que se le impuso fuese dejada sin efecto y que se ordene el inmediato reintegro del dinero consignado, sancionando a los funcionarios que dieron aplicación a la medida injusta y arbitraria, con costas. —No hay registros del proceso en el tribunal laboral—.

Decisión de primera y segunda instancia La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las sanciones impuestas por la Dirección del Trabajo a la reclamante, salvo una, que la revocó.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito o fuerza mayor está definido en el artículo 45 de nuestro Código Civil, que señala que es el imprevisto a que no es posible resistir.

Asimismo, la jurisprudencia y doctrina señalan que su concurrencia exige la presencia de tres requisitos mínimos: (i) que el hecho sea imprevisible; (ii) que sea irresistible; y, (iii) que no se produzca por un acto propio de quien lo alega (inimputable). En el caso sub lite, fue imposible pagar la multa impuesta por la autoridad administrativa debido a una causa ajena al empleador, esto es, una orden judicial de retención de dineros, la que fue dispuesta por un Juez de Garantía. La Corte acogió el recurso de casación, invalidando el fallo impugnado y, en reemplazo, dejó sin efecto las multas impuestas al actor.

Ficha 38 Corte Suprema, 29 de julio de 2010, rol Nº 3547-2010. Ministros (Cuarta Sala): Urbano Marín V., Gabriela Pérez P., Patricio Valdés A., Rosa Egnem S. y Rosa María Maggi D. Acordado con el voto en contra de la ministra Maggi, quien estuvo por rechazar el recurso de casación interpuesto por la demandada. Redacción a cargo de la ministra Gabriela Pérez y, de la disidencia, Rosa María Maggi. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Óscar Núñez prestaba servicios de operador de llenadora para Embonor S.A. Los días 13 y 15 de diciembre de 2008 faltó sin señalar fundamentación alguna, de manera que fue despedido al día siguiente. El trabajador señaló que había sido detenido por la Policía de Investigaciones, por consumo de drogas, cuando se dirigía al trabajo. En consecuencia, su ausencia se justificaría en un acto de la autoridad competente que lo privó de libertad.

Solicita la demandante Óscar Núñez dedujo demanda en contra de Embonor S.A. a fin de que se declarase injustificado su despido y se condenase a la demandada a pagar

las indemnizaciones y prestaciones legales, más reajustes, intereses y costas. —No hay registros del proceso en el tribunal laboral—.

Decisión de primera y segunda instancia El 2º Juzgado Civil de Temuco determinó que el despido del trabajador fue injustificado, por lo que acogió la demanda y condenó a la demandada al pago de las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo, por años de servicio, incremento legal del 80%, feriado legal proporcional, más reajustes, intereses y costas. El demandado dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la decisión impugnada.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 del Código Civil define al caso fortuito o fuerza mayor como el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. Así, la Corte indicó en el considerando décimo que del concepto se pueden extraer dos elementos: (i) imprevisibilidad e (ii) irresistibilidad que, conjuntamente, se traducen en una contingencia imposible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse el agente. En la especie, si bien una detención por parte de la autoridad es un hecho irresistible, no puede estimarse como imprevisible por cuanto quien ejecuta voluntariamente un hecho punible, en este caso, el consumo de drogas, debe prever los resultados de esa conducta y la eventual posibilidad de ser encausado y privado de libertad. La Corte acogió el recurso interpuesto dada la errada interpretación que había hecho el tribunal de instancia sobre el caso fortuito. Invalidó la sentencia impugnada y, en reemplazo, rechazó la demanda.

Ficha 39

Corte Suprema, 16 de diciembre de 2009, rol Nº 6398-2009. Ministros (Cuarta Sala): Patricio Valdés A., Guillermo Enrique Silva G., Rosa María Maggi D., Mauricio Roberto Jacob Ch. y Maricruz Gómez de la Torre. Redacción a cargo de la ministra Rosa María Maggi. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Un conjunto de trabajadores fue desvinculado de la empresa Distribuidora Internacional Ltda., la que fundó el despido en crisis económicas que la afectaron, las que constituirían caso fortuito.

Solicita la demandante Jazmín Díaz, Ingrid Quijada, Orozimbo Riveros y Vicente Villalobos dedujeron demanda en contra de Distribuidora Internacional Ltda. y otras, solicitando la declaración de nulidad e injustificación de sus despidos, además del pago de prestaciones legales correspondientes. —No hay registros del proceso en el tribunal laboral—.

Decisión de primera y segunda instancia El 7º Juzgado del Trabajo de Santiago rechazó la demanda. La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia, confirmó la sentencia impugnada.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito o fuerza mayor es aquel imprevisto no imputable al que lo alega y que no es posible de resistir. En la especie, las crisis económicas de la empresa no pueden considerarse como caso fortuito dado que la administración de la sociedad, sus resultados financieros y el riesgo empresarial ante los cambios de las condiciones del mercado no son imprevisibles ni ajenos a la voluntad de las partes. La Corte acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto y, en reemplazo, condenó a la demandada al pago de las indemnizaciones

sustitutiva de adeudadas.

aviso

previo,

feriado

proporcional

y

remuneraciones

Ficha 40 Corte Suprema, 2 de junio de 2009, rol Nº 1673-2009. Ministros (Cuarta Sala): Patricio Valdés A., Julio Torres A., Haroldo Brito C., Ricardo Peralta V. y Mauricio Roberto Jacob Ch. Acordada con el voto en contra del ministro Haroldo Brito, quien estuvo por rechazar el presente recurso de nulidad. Redacción a cargo del ministro Julio Torres y, de la disidencia, Haroldo Brito. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Patricio Morales se desempeñaba como Superintendente de Mantención desde 1992, siendo despedido el 27 de mayo de 2004 por ausencias injustificadas. Patricio acreditó que las faltas se debieron a que fue detenido y procesado como autor de violación y estupro. El empleador tenía conocimientos de estos hechos al momento del despido, tal como se demostró mediante prueba testimonial.

Solicita la demandante Patricio Morales dedujo demanda en contra de Harbison-Walker Refractories S.A., solicitando que se declare injustificado su despido y se condene a la demandada a pagar las prestaciones que indica, más reajustes, intereses y costas.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito o fuerza mayor está definido en el artículo 45 de nuestro Código Civil, que señala que es el imprevisto a que no es posible resistir,

como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. Así, supone la concurrencia de dos requisitos: (i) imprevisibilidad e (ii) irresistibilidad, que tornan al hecho como imposible de advertir o vislumbrar e imposible de oposición o rechazo por parte del agente. En el caso en concreto, la Corte sostuvo en el considerando octavo que, si bien el procesamiento del actor puede considerarse como irresistible, no ocurre lo mismo con la imprevisibilidad. El primero es aceptable dado que es un acto de la autoridad; en cambio, el segundo sería forzoso puesto que el sujeto, al cometer los delitos de violación y estupro, debe prever los resultados de su conducta y la posibilidad de ser descubierto y sancionado. La Corte acogió el recurso de casación deducido por los demandados y, en reemplazo, rechazó la demanda.

Ficha 41 Corte Suprema, 18 de diciembre de 2008, rol Nº 6311-2008. Ministros (Cuarta Sala): Patricio Valdés A., Julio Torres A., Gabriela Pérez P., Ricardo Peralta V. y Juan Carlos Cárcamo O. Redacción a cargo del ministro suplente Julio Torres. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Ramón Hernán Mella puso fin al contrato de trabajo con ciertos trabajadores luego de un incendio que destruyó completamente las instalaciones de la barraca que explotaba la sociedad. Indicó que, dado el siniestro, no era posible que ellos pudieran seguir ejecutando el trabajo convenido. No obstante, fue acreditado por los demandantes que, a pesar del incendio, el demandado continuó desarrollando la explotación de la madera.

Solicita la demandante Vilma Cerca y otros cinco trabajadores dedujeron demanda en contra de don Ramón Hernán Mella, a fin de que se declarase injustificados sus

despidos y se le condenase al pago de las indemnizaciones y recargo legal, todo con reajustes, intereses y costas.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito está definido en el artículo 45 del Código Civil como el imprevisto a que no es posible de resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. Asimismo, la Corte indicó en el considerando quinto que la jurisprudencia y doctrina coinciden en que los requisitos para calificar a un hecho como caso fortuito son tres: (i) que sea imprevisible; (ii) irresistible; y, (iii) que no se produzca por un acto propio de quien lo alega. Continuando con el razonamiento, la irresistibilidad "importa la nula posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los dependientes y, por ende, de cumplir una de las principales obligaciones contractuales de la parte patronal, tornándose inviable la mantención del vínculo e inevitable el término del mismo". En este sentido, el análisis de este requisito obliga al empleador a revisar aspectos concretos de la faena en cuestión, de su proceso, de las características de las dependencias donde se realiza y de la labor de los dependientes. En consecuencia, no es dable considerar que la continuación del giro tiene como alternativa el despido de los trabajadores. En la especie, no quedan dudas de que un incendio afectó a la totalidad de las instalaciones y maquinarias ubicadas en el inmueble donde los actores prestaban servicios, además de que fue un siniestro de larga duración y extensión. De lo señalado, el tribunal estimó en el considerando décimo que concurrió la causal de caso fortuito que imposibilitó absolutamente continuar con el giro del negocio, sin perjuicio de que otros trabajadores hayan seguido con ciertas labores que no se referían a los servicios que fueron imposibles de desarrollar dada la destrucción absoluta del lugar.

La Corte acogió el recurso de casación interpuesto por el demandado y, en reemplazo, rechazó la demanda de los actores.

Ficha 42 Corte Suprema, 1 de octubre de 2008, rol Nº 4327-2008. Ministros (Cuarta Sala): Juan Araya E., Patricio Valdés A., Julio Torres A., Hernán Álvarez G., y Juan Carlos Cárcamo O. Redacción a cargo del ministro Patricio Valdés. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Julio Riquelme Obreque y otros veintiocho trabajadores fueron despedidos por la empresa Industrial Centec S.A., esta alegó como caso fortuito un incendio que destruyó completamente el lugar donde se desarrollaba el proceso productivo, impidiéndole cumplir con las obligaciones de prestar el trabajo convenido con sus empleados. Asimismo, estos desarrollaban actividades específicas en ciertas fases de la etapa productiva, de manera que no era razonable estimar que simplemente los podía trasladar a otra planta si no contaba con el espacio ni la maquinaria idónea para que ellos pudieran llevar a cabo sus labores.

Solicita la demandante Los trabajadores dedujeron demanda en contra de la empresa Industrial Centec S.A., a fin de que se declare indebido, improcedente e injustificado el despido de que fueron objeto y se le condene al pago de las indemnizaciones, recargo legal y demás prestaciones que indica, más reajustes, intereses y costas.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema

El caso fortuito o fuerza mayor está definido en el artículo 45 del Código Civil como el imprevisto a que no es posible resistir. La Corte indicó en el considerando quinto que la jurisprudencia y doctrina es concordante en que son tres los requisitos para que estemos en presencia de un caso fortuito, a saber, (i) que el hecho sea imprevisible; (ii) que sea irresistible; y, (iii) que no se produzca por un acto propio de quien lo hace valer. Asimismo, señaló en el considerando sexto que la irresistibilidad, para efectos de cese de servicios, importa la imposibilidad de mantener el puesto de trabajo de los empleados y de cumplir las obligaciones contractuales del empleador, tornándose inviable la mantención del vínculo contractual e inevitable su término. De la misma manera, y a mayor abundamiento, la Corte advirtió en el considerando séptimo que la irresistibilidad, entendido como la imposibilidad de resistir el siniestro, implica una obligación de revisar los aspectos concretos de la faena, el proceso productivo, las características de la dependencia y el papel que tengan los dependientes desvinculados. En la especie, el incendio constituyó un caso imprevisible e irresistible dado que la empresa, si bien mantuvo medidas de seguridad adecuadas para enfrentar un siniestro como este, fueron insuficientes por su magnitud. La Corte acogió el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada, anulando el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco en cuanto declaró injustificadas las desvinculaciones de los actores y condenó a la demandada al pago de las indemnizaciones, recargo legal y costas y, en su lugar, decidió su rechazo en tales aspectos, confirmándose en lo demás, con declaración que cada parte debe asumir sus costas.

Ficha 43 Corte Suprema, 10 de enero de 2008, rol Nº 5460-2007. Ministros (Cuarta Sala): Marcos Libedinsky T., Urbano Marín V., Patricio Valdés A., Gabriela Pérez P., y el abogado integrante señor Ricardo Peralta V. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Julia Calderón fue detenida, el 11 de julio de 2002, por orden del 33er Juzgado del Crimen de Santiago, en las dependencias de la empresa donde trabajaba. Por ello, se vio obligada a faltar a sus funciones. Con posterioridad, fue despedida en razón de sus inasistencias.

Solicita la demandante La trabajadora dedujo demanda por despido injustificado en contra del Laboratorio Clínico Blanco Ltda., a fin que se declarase injustificado su despido y se condenase a la demandada a pagar las prestaciones que indica, más reajustes, intereses y costas. El empleador se excepcionó por caso fortuito, contemplado en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 del Código Civil preceptúa "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". La Corte explicó en el considerando octavo que, en la esencia de dicho concepto, se halla (i) la imprevisibilidad y (ii) la irresistibilidad a que se ve expuesto el afectado por el caso fortuito o fuerza mayor, es decir, una contingencia no posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse el agente; que no puede ser contrariada o rechazada por este. En la especie, la acción voluntaria de la trabajadora, que significó que un juez del crimen decidiera que tuvo participación en un hecho ilícito, motivo por el que dispuso su detención, puede considerarse como irresistible por cuanto se trata de la orden de una autoridad, pero no puede calificarse de imprevisible. En efecto, faltó en la acción realizada —delito de estafa— la imprevisibilidad que caracteriza al caso fortuito o fuerza mayor, pues quien

ejecutó voluntariamente un acto penado por la ley, debió prever los resultados de esa acción y la posibilidad de ser, finalmente, encausada y privada de libertad. A las anteriores reflexiones cabe agregar que la trabajadora no logró probar la improcedencia del acto de autoridad que lo mantuvo privada de libertad, circunstancia que habría podido modificar la concurrencia de la imprevisibilidad a que se hizo referencia. La Corte acogió el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado, invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que lo condenó al pago de indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, con un incremento del 80%, con reajustes, intereses y costas, declarando, en su lugar, que el despido fue justificado, acogiendo la demanda únicamente respecto del pago de las remuneraciones por 9 días trabajados en julio de 2002 y el feriado proporcional.

Ficha 44 Corte Suprema, 31 de julio de 2007, rol Nº 2055-2006. Ministros (Cuarta Sala): Marcos Libedinsky T., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V., Patricio Valdés A., y Gabriela Pérez P. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos El 11 de agosto se produjo un incendio en el restaurant Eladio ubicado en calle Pío Nono Nº 251, el que resultó considerablemente dañado y motivó el despido de los trabajadores del local, bajo la causal de caso fortuito contemplada en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo.

Solicita la demandante Los trabajadores del restaurant demandaron a su empleador por despido injustificado, a fin de que se declarase injustificado, ilegal e intempestivo el despido de que fueron objeto y se condenase al demandado al pago de las prestaciones legales, más reajustes, intereses y costas.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema En la especie, el incendio no constituyó caso fortuito o fuerza mayor dado que el siniestro no fue total, la suspensión de funcionamiento fue transitoria y que, habiéndosele efectuado reparaciones, cuatro meses después permitieron nuevamente el empleo del local en sus fines propios. La controversia versó sobre la concurrencia de la causal de exoneración contemplada en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, que autoriza el término de la relación laboral sin derecho a indemnización alguna para el trabajador, desde que su configuración importa una circunstancia absolutamente ajena a la voluntad del empleador y que le impide seguir proporcionando el trabajo pactado y la remuneración convenida. El caso fortuito a que se refiere el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo debe entenderse no como un hecho aislado y concluyente que, por sí mismo, autorice al empleador a poner fin a los contratos de trabajo, sino que es necesario que el empleador acredite la afectación real de su patrimonio y que el siniestro le impidió, de manera permanente, continuar con sus actividades comerciales, lo que no ocurrió. Conforme a los hechos asentados, entre ellos, que el local comercial reinició sus actividades después de cuatro meses, no es posible concluir la existencia de un hecho que, si bien imprevisto, haya sido imposible de resistir por el empleador, irresistibilidad entendida, según indica el considerando quinto, como la imposibilidad de mantener el puesto de trabajo de los actores, correspondiendo solo su despido, sin derecho a indemnización alguna. En el caso sub lite, el empleador pudo recurrir a la suspensión de la relación laboral durante el tiempo en que el establecimiento comercial no funcionó y reintegrar a sus dependientes una vez superadas las consecuencias dañosas del siniestro. Sin embargo, optó directamente por el despido, sin el necesario examen de la existencia o inexistencia de la irresistibilidad que necesariamente debe presentarse a propósito de la causal

invocada para el despido, máxime si se trata de trabajadores que sufrirán la pérdida de su fuente de ingresos inesperadamente sin resarcimiento alguno. A ello cabe agregar que también pudo considerar la posibilidad de reubicar a los actores en otro establecimiento de similar naturaleza. Por consiguiente, solo es dable concluir que, en la especie, no se configuró la causal de caducidad del contrato de los actores por caso fortuito o fuerza mayor, desde que ha faltado la irresistibilidad exigida por la ley. La Corte rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que declaró injustificado el despido de los actores y condenó a la demandada a pagar las cantidades que señala por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, esta última incrementada en un 50%, a cada uno de los demandantes, más reajustes e intereses.

Ficha 45 Corte Suprema, 28 de junio de 2007, rol Nº 1408-2006. Ministros (Cuarta Sala): Marcos Libedinsky T., Orlando Álvarez H., Patricio Valdés A., y los abogados integrantes señores Roberto Jacob Ch. y Ricardo Peralta V. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Manuel González trabajaba para la sociedad Caldera Paradies S.A. hasta que fue despedido debido a la mala situación económica en que se encontraba la empresa, la que redujo su personal para evitar la quiebra.

Solicita la demandante El trabajador demandó a la sociedad por despido injustificado. Esta solicitó el rechazo aludiendo a que el despido se ajustó a la causal de caso fortuito o fuerza mayor del numeral 6º del artículo 159 del Código del Trabajo.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 del Código Civil califica al caso fortuito o fuerza mayor como "el imprevisto a que no es posible resistir". Asimismo, la jurisprudencia y doctrina relativas a la materia coinciden en que su concurrencia exige tres requisitos mínimos: (i) que el hecho sea imprevisible; (ii) que sea irresistible; y, (iii) que no acaezca por un acto propio de quien lo hace valer. La situación materia de autos, dice relación con las medidas adoptadas por la empresa sub lite para afrontar y evitar la quiebra inminente, entre ellas, la proposición a sus acreedores de un convenio preventivo —aprobado por la Junta pertinente con fecha 21 de julio de 2003—, la consecuencial intervención de un Síndico de Quiebras en la administración y la disminución de personal. Aun cuando pudiera discutirse la concurrencia de los dos últimos requisitos señalados, la situación descrita no puede calificarse de imprevisible por cuanto se relaciona íntimamente con la administración de la sociedad empleadora, sus resultados financieros y el riesgo empresarial ante los cambios en las condiciones del mercado. En consecuencia, no puede constituir una causal de terminación de servicios que, por su naturaleza, debe ser ajena a la voluntad de las partes. La Corte acogió, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró que el despido del actor fue injustificado, ordenando la reincorporación del demandante y condenando a la empleadora a enterar las indemnizaciones y recargo legal que indica, así como las remuneraciones devengadas desde dicha fecha y enterar las cotizaciones previsionales, con costas, revocándola por cuanto ordena la reincorporación del demandante, confirmándola en lo demás.

Ficha 46 Corte Suprema, 13 de noviembre de 2006, rol Nº 5366-2006.

Ministros (Cuarta Sala): Orlando Álvarez H., Jorge Medina C., Hugo Dolmetsch U., y los abogados integrantes señores Roberto Jacob Ch., y Óscar Herrera V. Acción o recurso: Recursos de casación en la forma y en el fondo.

Hechos Alicia Luarte y Julio Molina fueron despedidos por Sociedad Comercial e Industrial Ramírez Díaz Hermanos Limitada, en razón de la expropiación parcial de las dependencias de la empresa.

Solicita la demandante Los trabajadores demandaron a la empresa por despido injustificado, a fin de que se declarase injustificado el despido y se le condenase al pago de las prestaciones legales, más reajustes, intereses y costas. Esta fundó la desvinculación en el caso fortuito contemplado en el artículo 159 Nº 6 del Código de Trabajo.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema La expropiación parcial, invocada como constitutiva del caso fortuito, no pudo ser comprobada, por lo que correspondió calificar la terminación contractual como injustificada. Según se indicó en el considerado octavo, reafirma la idea anterior la circunstancia de que ninguno de los dos actores se desempeñaba físicamente en el lugar afectado por la expropiación. Además, empleador pudo haber tomado las medidas necesarias para continuar con su negocio. Era imposible determinar la concurrencia del requisito de la irresistibilidad sobre la base de tales hechos. En consecuencia, la Corte rechazó el recurso de casación en el fondo deducido.

Ficha 47 Corte Suprema, 17 de agosto de 2006, rol Nº 725-05. Ministros (Cuarta Sala): Urbano Marín V., Jorge Medina C., Rubén Ballesteros C., Roberto Jacob Ch. y Ricardo Peralta V. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos René Irarrázabal fue despedido por haber faltado los días 26 y 27 de abril de 2001, incumpliendo sus obligaciones. Su ausencia se debió a que fue detenido por haber conducido un automóvil en estado de ebriedad, causando una muerte.

Solicita la demandante René Irarrázabal dedujo demanda en contra de la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A., a fin de que se declare injustificado su despido y se condene a la demandada a pagar las prestaciones que indica, más reajustes, intereses y costas, dado que no habría concurrido a sus labores debido a un caso fortuito o fuerza mayor, consistente en la privación de libertad por autoridad competente.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 del Código Civil preceptúa "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". La Corte señaló en el considerando octavo que el caso fortuito se compone de dos elementos esenciales, a saber, (i) la imprevisibilidad y (ii) la irresistibilidad, cuya concurrencia se traduce en una "contingencia no posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede

oponerse el agente, es decir, que no puede ser contrariada o rechazada por éste". La Corte continuó con el razonamiento indicando que, en la especie, si bien la prisión preventiva es un hecho irresistible, por cuanto es una orden emanada de la autoridad, no es factible señalar que es imprevisible. En efecto, quien lleva a cabo un hecho ilícito (conducir en estado de ebriedad) puede y debe prever los resultados de esa conducta y la posibilidad de ser descubierto y privado de libertad. Por ello, no está presente el requisito de imprevisibilidad, por lo que no concurre el caso fortuito o fuerza mayor. La Corte acogió el recurso de casación interpuesto por la demandada, invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la sentencia de primer grado, que acogió la demanda por despido injustificado y condenó a la demandada a pagar las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, esta última incrementada en un 20%, feriado legal, proporcional y remuneraciones de cuatro días de mayo, más reajustes e intereses, imponiendo a cada parte sus costas, decidiendo, en su lugar, que el despido fue justificado, de manera que se rechazó el pago de las indemnizaciones referidas.

Ficha 48 Corte Suprema, 17 de agosto de 2006, rol Nº 675-2005. Ministros (Cuarta Sala): Orlando Álvarez H., Urbano Marín V., Jorge Medina C., y los abogados integrantes señores Roberto Jacob Ch. y Ricardo Peralta V. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Trabajadores de la notaría de Chillán de don Guillermo Vega Vargas fueron despedidos luego del fallecimiento del notario. Al asumir otro, fueron suscritos nuevos contratos de trabajo con los funcionarios y se dejó constancia de que, con anterioridad, no existió vínculo alguno entre las partes.

Solicita la demandante Trabajadores de la notaría de Chillán de don Guillermo Vega Vargas dedujeron demanda de indemnización por años de servicios y feriados legales en contra de la sucesión del Notario, el que solicitó el rechazo de la demanda alegando que el fallecimiento del empleador de los actores constituyó un caso fortuito.

Decisión de primera y segunda instancia Se rechazó la demanda en lo relativo a los años de servicio en primera instancia, decisión que fue confirmada en el tribunal de alzada.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 del Código Civil califica al caso fortuito o fuerza mayor como el imprevisto a que no es posible resistir. Asimismo, la jurisprudencia y doctrina relativas a la materia coinciden en que su concurrencia exige tres requisitos mínimos: (i) que el hecho sea imprevisible; (ii) que sea irresistible; y, (iii) que no acaezca por un acto propio de quien lo hace valer. La Corte señaló en los considerandos séptimo y octavo que la imprevisibilidad es una condición esencial e inseparable del caso fortuito consistente en que no debió haber existido razón alguna para anticipar su ocurrencia. En la especie, la imprevisibilidad del evento hace dudoso asimilar el fallecimiento de una persona a un caso fortuito o fuerza mayor, teniendo en cuenta que, además, con arreglo a las disposiciones del Libro Tercero del Código Civil —cuyos artículos 1097 y 1242 el recurrente estima infringidos—, los herederos, en cuanto asignatarios a título universal, suceden al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles y son sus continuadores para los efectos del ejercicio de unos y el cumplimiento de las otras. La situación materia de estos autos trata de la existencia de un hecho —el deceso del empleador— que, por su naturaleza, no puede estimarse comprendido en el concepto de caso fortuito o fuerza mayor descrito por la ley y que tampoco configura otra de las causales específicas de terminación del contrato de trabajo. Pero, una vez que tiene lugar, produce esta consecuencia, si la sucesión del empleador no puede o no se interesa en

continuar la actividad en cuya ejecución prestan sus servicios los dependientes contratados por el causante. A continuación, sostuvo en el considerando décimo que el término de la relación laboral, en estas circunstancias, no es imputable a los trabajadores, a menos que a su respecto concurra una causal distinta de extinción del contrato de trabajo que tenga esta característica. En caso contrario, como sucede en la especie, cabe concluir que el fallecimiento del empleador pone fin al vínculo laboral y que, por no corresponder a una causal específica enumerada en el artículo 159 del Código del Trabajo, debe generar los efectos que indica este cuerpo legal en su artículo 168, los que, ante la falta de la persona del empleador, deben ser asumidos por sus herederos como continuadores de este en su patrimonio, en el que se han radicado esas obligaciones al momento de producirse el fallecimiento. Por ello, la Corte estimó en el considerando duodécimo que es forzoso reconocer al deceso del empleador la índole y consecuencias de un caso fortuito o fuerza mayor. En consecuencia, la Corte acogió, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por los demandantes, invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán y, en su lugar, condenó a la sucesión de don Guillermo Vega Varas a pagar por dicho concepto a Teresa Susana Hinostroza Sepúlveda, la cantidad de $ 2.600.000; a Mauricio Jaque Gutiérrez, la cantidad de $ 570.000; a Miryam de Lourdes San Martín San Martín, la cantidad de $ 9.054.450; a Eliana Alarcón Poblete, la cantidad de $ 3.120.000; a Rossana Alarcón Poblete, la cantidad de $ 1.710.000 y a María Angélica Orellana Chacón Manuel, la cantidad de $ 11.376.000.

Ficha 49 Corte Suprema, 31 de agosto de 2004, rol Nº 3570-2003. Ministros (Cuarta Sala): José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V., Roberto Jacob Ch. y Ricardo Peralta V. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos

La Municipalidad de Osorno no le renovó a Manuel Negrón, taxista, su permiso de circulación, dado que el Decreto Supremo Nº 212, publicado en el Diario Oficial el 21 de noviembre de 1992, ordenó sacar de circulación a los automóviles taxis que tuvieran una antigüedad superior a 18 años. Por ello, fue despedido por su empleador.

Solicita la demandante Manuel Negrón dedujo demanda en contra de Virgilio Reyes, a fin de que se declare arbitrario e ilegal su despido y se condene al demandado a pagarle la indemnización por años de servicios, con el recargo legal, con costas. El demandado se excepcionó por caso fortuito o fuerza mayor, a saber, la concreción de una norma mediante un acto de la autoridad que le era imprevisible, irresistible e inimputable, que le habría imposibilitado continuar con el cumplimiento de su obligación.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 del Código Civil prescribe "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". Así, la Corte señaló en el considerando sexto que el concepto supone la concurrencia de dos requisitos copulativos: (i) imprevisibilidad e (ii) irresistibilidad. En la especie, al empleador no solo le era imprevisible e irresistible el hecho, sino que, además, carecía de otra fuente de trabajo que le permitiese mantener las condiciones del dependiente. Por ello, se estimó concurrente el caso fortuito o fuerza mayor. En consecuencia, la Corte acogió, sin costas, el recurso de casación deducido por el demandado, invalidando la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia que, acogiendo la demanda, condenó a la demandada al pago de indemnización por años de servicios, incrementada en un 20%, con los reajustes e intereses del caso, por haber sido despedido

el actor injustificadamente, declarando, en reemplazo, el rechazo, sin costas, de la demanda.

Ficha 50 Corte Suprema, 4 de septiembre de 2003, rol Nº 4056-2002. Ministros (Cuarta Sala): Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Rodolfo Valenzuela prestaba servicios de vigilancia a Inversiones Errázuriz Limitada, siendo despedido el 31 de mayo del 2000 por haberse ausentado en sus labores sin causa justificada. El actor acreditó que faltó debido a que fue detenido y procesado por el Juzgado del Crimen.

Solicita la demandante Rodolfo Valenzuela dedujo demanda en contra de Inversiones Errázuriz Limitada, a fin de que se declare injustificado, indebido, improcedente e ilegal su despido y se condene a la demandada a pagar las prestaciones que indica, más reajustes, intereses y costas. Fundó su pretensión en que se vio impedido de asistir a su trabajo dado un caso fortuito, esto es, la privación de libertad por autoridad competente.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 45 del Código Civil establece que "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". Así, la Corte señaló en el considerando octavo que son elementos de su esencia: (i) la imprevisibilidad del hecho y (ii) su

irresistibilidad, los que, concurriendo, crean una "contingencia no posible de advertir o vislumbrar y a la que no puede oponerse el agente, que no puede ser contrariada o rechazada por éste". En la especie, si bien la privación de libertad por la autoridad competente es un hecho irresistible, no concurre el requisito de imprevisibilidad puesto que, quien ejecuta un hecho ilícito puede y debe prever los resultados de su conducta, a saber, ser eventualmente descubierto y privado de libertad. En consecuencia, no procediendo el requisito de imprevisibilidad, no es dable sostener que estamos ante un caso fortuito o fuerza mayor. La Corte acogió, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado, anulando la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró injustificado el despido del demandante y que condenó a la demandada al pago de indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, esta última incrementada en un 20%, con los reajustes e intereses del caso, declarando, en reemplazo, que solo se acogen las pretensiones de la demanda relativas a la remuneración del mes de mayo de 2000 y compensación de feriados legal y proporcional.

Ficha 51 Corte Suprema, 19 de junio de 2003, rol Nº 3725-2002. Ministros (Cuarta Sala): Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Patricio Retamal desempeñaba funciones de guardia privado a la sociedad Preocores Limitada en la planta San Fernando de la empresa Dole Chile. Dada la extinción del contrato de prestación de servicios entre Preocores y Dole Chile, Patricio fue despedido.

Solicita la demandante

Patricio Retamal interpuso demanda laboral en contra de la sociedad Preocores Limitada, a fin de que se declare injustificado el despido de que fue objeto y se condene al demandado al pago de las sumas que indica, por los conceptos detallados.

Decisión de primera y segunda instancia En primera instancia se acogió la demanda solo en cuanto se ordenó pagar al actor la suma de $ 68.568 por concepto de feriado adeudado, rechazándola en lo demás. La Corte de Apelaciones de Rancagua la confirmó, sin modificaciones.

Decisión de la Corte Suprema Para resolver la cuestión debatida, fue necesario recurrir a la definición de caso fortuito o fuerza mayor entregada por el artículo 45 del Código Civil, desde que la causal de terminación del contrato de trabajo del numeral 6º del artículo 159 del Código del Trabajo se limita a establecerla, mas no entrega su contenido. El artículo 45 del Código Civil expresa "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". Del concepto dado por el legislador, la Corte razonó en el considerando séptimo que, para estar en presencia de un hecho que pueda subsumirse en dicho término, es necesaria la concurrencia de tres requisitos: (i) que se trate de un hecho imprevisto; (ii) irresistible; y, (iii) que no haya sido desencadenado por el hecho propio del obligado. La imprevisibilidad del caso fortuito significa que racionalmente no existe manera de anticipar su ocurrencia o, más precisamente, que se desconozca con antelación la causa que lo provoca, razón por la cual el afectado no podrá deducirlo con un cierto grado de seguridad o certeza. Por otra parte, la "irresistibilidad" significa que quien lo sufre sea incapaz de evitar su ocurrencia como sucede, como dice el Código, tratándose de un naufragio, un terremoto, un acto de autoridad.

Finalmente, aunque la ley no lo especifica, el hecho no puede haber sido provocado por quien lo alega, puesto que ello implicaría exonerarse de responsabilidad por hecho propio y voluntario. La Corte sostuvo en el considerando noveno que, en la especie, el fundamento inmediato del despido del actor se encuentra en el término del contrato que el empleador mantenía con la empresa Dole Limitada, de manera que este es el hecho que debió estar revestido de las características del caso fortuito. Así, correspondía al demandado probar la concurrencia de los tres requisitos que, como se ha dicho, constituyen los presupuestos sobre los cuales ha de construirse la razón jurídica invocada para despedir al trabajador, sin derecho a indemnización. En la sentencia impugnada se detallaron las pruebas rendidas en autos y que el sentenciador valoró, arribando a la conclusión que "constituye un imprevisto difícil de superar el hecho de que la empresa para la que el demandado prestaba servicios haya decidido, unilateralmente, poner término al contrato". Así, se habría acreditado la circunstancia de haberse puesto término a la relación contractual existente entre el empleador y la empresa Dole Limitada por un acto unilateral de esta última y, por consiguiente, la inimputabilidad se tuvo por probada. Sin embargo, a juicio de la Corte la imprevisibilidad no fue acreditada dado que no se desprende de las pruebas rendidas por la empleadora ni se ha establecido que se trata de un de un hecho cuya ocurrencia, racionalmente, no era posible de anticipar o, más precisamente, que fuese desconocida con antelación la causa que lo provocó, razón por la cual el afectado no podría haberlo deducirlo con un cierto grado de seguridad o certeza. La Corte acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandado, anulando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua que confirmó, sin modificaciones, la sentencia de primera instancia que acogió la demanda interpuesta, solo en cuanto por ella se ordenó pagar al actor la suma de $ 68.568 por concepto de feriado adeudado, rechazándola, en lo demás. En reemplazo, dio lugar a la demanda, condenando al demandado al pago de las siguientes prestaciones: $ 137.135 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo; $ 411.405 a título de indemnización por años de servicio, aumentada en 20%; todo reajustado y con los intereses devengados en la forma establecida por el artículo 173 del

Código Laboral. No se condenó al demandado en costas por no haber sido totalmente vencido.

6. O

Ficha 52 Corte Suprema, 17 de mayo de 2017, rol Nº 22185-2016. Ministros (Tercera Sala): Carlos Aránguiz Z., Sergio Muñoz G., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Lagos G. y Leonor Etcheberry C. Redacción a cargo del ministro Sergio Muñoz. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Un número de 8.430 personas, identificadas conjuntamente como "pobladores del sector Valle Nonguén" y "vecinos de la Villa Universitaria", se vieron afectadas por el desborde de las aguas del río Andalién y del estero Nonguén, que llegaron hasta los centros poblacionales y entraron a las casas, inutilizándolas o destruyéndolas por completo.

Solicita la demandante Los pobladores del sector Valle Nonguén y vecinos de la Villa Universitaria dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, solicitando que se le condenara al pago de $ 35.000.000 a cada uno de los demandantes por concepto de daño moral. Se acusó que el Estado no habría realizado las obras necesarias para favorecer el óptimo escurrimiento de las aguas del río y estero desbordados. El Fisco se defendió indicando que fue un caso fortuito.

Decisión de primera y segunda instancia El 1er Juzgado Civil de Concepción desestimó la demanda en todas sus partes por cuanto determinó la inexistencia de la relación causal entre la falta de servicio y el daño sufrido por los actores.

La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la sentencia de primera instancia y, en reemplazo, condenó al Fisco al pago de $ 500.000 para cada demandante a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito es una eximente de responsabilidad definida por el Código Civil en el artículo 45 como "El imprevisto a que no es posible resistir". Por un lado, es la previsibilidad de un suceso lo que obliga a una persona a adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitarlo. Si el hecho dañoso igual ocurre, no obstante las medidas adoptadas, este suceso permite ser calificado de imprevisto. Por otra parte, para que sea irresistible es necesario que las medidas de defensa que efectivamente se implementaron para que no ocurrieran o minimizaran sus consecuencias, permitan otorgarles tal entidad y pertinencia, debiendo haber sido medidas útiles, idóneas y efectivas para evitarlo. En la especie, la Corte estimó que no es posible considerar al hecho dañoso como imprevisible puesto que, previamente, habían ocurrido hechos similares. En consecuencia, siendo previsible, no es dable que sea caso fortuito. En el mismo orden de ideas, la Corte expuso en el considerando trigésimo sexto: "Que cabe determinar, por tanto, la previsibilidad de la magnitud de las lluvias que cayeron los días 9 a 11 de julio de 2005 sobre el río Andalién y el estero Nonguén... Pues bien, para el año 2006, aparece un caudal máximo instantáneo anual de 368,040 metros cúbicos por segundo, cifra que solamente tiene comparación con aquella registrada el año 2002, donde aparece un caudal máximo de 366 metros cúbicos por segundo... A pesar de lo anterior, uno de los reproches que plantea la recurrente es el hecho que, para el análisis sobre la concurrencia de los requisitos del caso fortuito, no se tuvo en consideración el hecho de que el día 12 de julio de 2006 se registró en la estación pluviométrica Andalién un caudal de 459 metros cúbicos por segundo, valor que se asocia a un periodo de retorno de 150 años. Sin embargo, el informe de la Dirección General de Aguas ya citado da cuenta que los caudales del río Andalién en ambas fechas 2002 y 2006 en muy poco difieren, de manera que es posible desprender que las condiciones relativas

al caudal del río, que motivaron su desborde, se habían dado sólo 5 años atrás. A lo anterior se añade el hecho que el deber general de previsión, con el objeto que no se ocasionen daños de manera recurrente, se sostiene en un margen mayor y no igual a lo sucedido en periodos anteriores, puesto que esos niveles son los normales y la circunstancia que se busca evitar es que también sea útil, idónea y efectiva respecto de sucesos mayores. De esta forma, no es posible concluir que la crecida que genera los daños demandados, haya sido imprevisible". En los considerandos siguientes, la Corte continuó refiriéndose a la irresistibilidad: "Que, sin perjuicio de lo anterior, si se aceptara tal planteamiento esto es, que la crecida del año 2002 fue sustancialmente menor a la del año 2006, razón por la cual esta última tuvo características que la hicieron imprevisible corresponde analizar si ella era o no irresistible. En este ámbito, la alegación del Fisco de Chile consiste en que ninguna obra podría asegurar de manera absoluta que no existirán inundaciones, pues ellas dependen de un hecho de la naturaleza. En otras palabras, se excepciona la Administración afirmando que, aun cuando hubiese construido la totalidad de las obras que exigía el plan maestro, ellas no garantizaban que no ocurrieran futuros desbordes. Del examen del plan maestro, aparece que los principales cauces de Concepción son el río Bío Bío, el río Andalién y el estero Nonguén, sobre los cuales se concentra el estudio... las obras que debían realizarse para efectos del cumplimiento de la obligación legal contenida en el artículo 1º de la Ley Nº 19.525 debían ser aquellas dirigidas precisamente a evitar la ocurrencia de aquellos eventos que, con la información disponible, ya resultaban previsibles. Tales trabajos no se verificaron, en tanto el Ministerio de Obras Públicas reconoce que solamente se ejecutaron medidas mitigatorias de carácter precario y que, ya en el año 2007 esto es, después de 6 años de realizado el estudio todavía se estaba a la espera de obras definitivas". La Corte acogió uno de los recursos de casación en el fondo, revocando la sentencia impugnada y, en reemplazo, condenó al Fisco al pago de

$ 1.000.000 para 6.630 actores, considerados individualmente, a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral.

Ficha 53 Corte Suprema, 27 de diciembre de 2016, rol Nº 20057-2016. Ministros (Tercera Sala): Carlos Aránguiz Z., Rosa Egnem S., Sergio Muñoz G., Rafael Gómez B. y Jaime Rodríguez E. Acción o recurso: Recurso de casación en la forma y en el fondo.

Hechos Luis Soffia falleció debido al impacto, en su cabeza, de un sauce en el Camino Los Cristales, Curicó.

Solicita la demandante María de Jesús Serrano, Álvaro Soffia, Miguel Soffia y Mariana Soffia, madre y hermanos de la víctima, dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, solicitando que se le condene al pago de $ 50.000.000 a la primera demandante y de $ 25.000.000 a los restantes por concepto de daño moral, con intereses y costas. El Fisco se excepcionó subsidiariamente por caso fortuito.

Decisión de primera y segunda instancia El 2º Juzgado Civil de Talca acogió íntegramente la demanda. En contra de la sentencia de primera instancia, la demandada dedujo recurso de casación en la forma y apelación. La Corte de Apelaciones de Talca rechazó ambos y confirmó la decisión impugnada.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito es el imprevisto a que no es posible resistir. Lo imprevisto se da cuando no es posible vislumbrar la existencia de un daño con

anterioridad a su ocurrencia, siendo imposible incluso habiéndose adoptado todas las precauciones para evitarlo o disminuirlo. La Corte estimó en el considerando noveno que, en la especie, no concurrió el caso fortuito: "En el presente caso, resultó establecido como un hecho de la causa que la caída del árbol se debió a su peso y al deterioro normal por los años de su tronco, de manera que lentamente en el tiempo se fue inclinando hacia la calzada. Ello se concluye del mérito del informe de la SIP de Carabineros y se vio refrendado por el testimonio de un testigo que afirma transitar todos los días por el mismo camino y que se percató que, dentro de un periodo de 6 meses a un año, el árbol 'se fue inclinando cada días más, este sauce fue imposibilitando la visión de la vía de sur a norte porque las ramas fueron bajando a un nivel que estaban a un par de metros del asfalto (...) las ramas golpeaban el parabrisas del vehículo, era evidente que este árbol se iba a caer'. Establecido este hecho, la parte demandada debía acreditar su diligencia, sin que probara haber realizado actividad alguna tendiente a evitar el riesgo que generaba la correspondiente inclinación del árbol. En efecto, la prueba del caso fortuito se traducía, en este caso, a la de la diligencia o cuidado observados por el agente y a la existencia de acciones concretas para evitar que la inclinación del árbol produjera daños en quienes transitaban por la vía, carga que no fue satisfecha en la especie. En consecuencia, esclarecida la falta de servicio, resulta descartado el caso fortuito, toda vez que resultó acreditado que una simple inspección visual del camino evidenciaba el riesgo, lo cual importa que la Dirección de Vialidad debió proceder a adoptar las medidas que dispone el tantas veces citado artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 850, en lugar de justificar su pasividad en la alegación de no tratarse de un riesgo que afectase a su competencia, en circunstancias que la mencionada norma lo obligaba a actuar". La Corte rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia impugnada que condenó al Fisco al pago de $ 125.000.000 a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, repartidos entre los actores conforme al detalle indicado anteriormente.

Ficha 54

Corte Suprema, 19 de noviembre de 2013, rol Nº 2296-2013. Ministros (Tercera Sala): Alfredo Pfeiffer R., María Eugenia Sandoval G., Juan Escobar Z., Arnaldo Gorziglia B. y Guillermo Piedrabuena R. Redacción a cargo del ministro Alfredo Pfeiffer. Acción o recurso: Recurso de casación en la forma y en el fondo.

Hechos El 27 de julio de 2004 Cristián Yuseff fue asesinado mientras se encontraba al servicio exterior del país como segundo secretario (Cónsul) de la Embajada de Chile en San José de Costa Rica. A las 15:45 horas, mientras el fallecido desempeñaba sus labores al interior de la embajada de Chile, ingresó violentamente a ella el guardia de seguridad pública Orlando Jiménez Jiménez, dependiente administrativamente del Ministerio de Policía, Gobernación y Seguridad Pública de Costa Rica y, en concreto, del Departamento de custodia de embajadas, quien, además de a otros dos funcionarios, le descerrajó a quemarropa dos tiros de fusil, dejándolo herido y falleciendo horas después.

Solicita la demandante Juan Antonio Yuseff Duran, Alicia Elena Marchant del Canto, Vladimir Antonio Yuseff Marchant, médico y Juan Antonio Yuseff Marchant dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por falta de servicio al incumplir su obligación de otorgar seguridad a los funcionarios que se desempeñan en una misión diplomática o consular. Solicitaron se le condenara al pago de US$ 2.553.324 a título de indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante; $ 500.000.000 para sus padres por concepto de daño moral; $ 100.000.000 para cada uno y para sus hermanos por concepto de daño moral. Asimismo, en sus calidades de herederos, solicitaron la suma de $ 1.000.000.000 por concepto de daño moral propio a causa y con ocasión del sufrimiento que este padeció. Finalmente, se solicitó la suma de $ 1.500.000.000 por concepto de daño moral punitivo.

Decisión de primera y segunda instancia

El 6º Juzgado Civil de Santiago acogió la excepción de caso fortuito opuesta por el Fisco y rechazó la demanda en todas sus partes. Los demandantes dedujeron recurso de casación en la forma y apelación. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de casación y, respecto de la apelación, confirmó la sentencia impugnada en todas sus partes.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito o fuerza mayor es una eximente de responsabilidad que está definido en el artículo 45 de nuestro Código Civil como el "imprevisto a que no es posible de resistir". La Corte señaló en el considerando trigésimo que la responsabilidad requiere de tres elementos copulativos: (i) un daño; (ii) un hecho dañoso; (iii) un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta del agente. Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia han sido reiterativas en la necesidad de un vínculo causal. En consecuencia, la imputabilidad necesariamente debe ser probada para que haya causalidad, siendo la fuerza mayor o caso fortuito un motivo de exoneración de responsabilidad, la que tiene por consecuencia la inimputabilidad de un daño determinado a una persona. En este mismo sentido, la doctrina nacional y comparada reconocen la existencia de tres elementos del caso fortuito, las que pueden extraerse de su definición: (i) un hecho externo; (ii) que el hecho sea imprevisible; y, (iii) que el mismo sea irresistible. El primer requisito lo definió en el considerando trigésimo primero como "aquel hecho que no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre". Sobre la imprevisibilidad, la Corte expresó en el mismo considerando: "Que se trate de un hecho imprevisible importará que no resulte posible contemplarlo con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual surgió el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de

exigirse a quien alega la fuerza mayor. Oposición a la imprevisibilidad es prever, operación intelectual que implica representarse mentalmente como posible la consecuencia o efecto de una determinada causa. En la práctica, la imprevisibilidad entendida desde esta perspectiva, haría realmente difícil configurar un evento como fuerza mayor, pues en estricto sentido, casi todos los hechos o circunstancias de la vida pueden ser humanamente imaginados, es decir, hipotéticamente previstos, lo que haría infructuoso alegar esta causal de exoneración, pues prácticamente nunca se configuraría como hecho imprevisible. En cada caso concreto se requiere: a. El referente a su normalidad y frecuencia; b. El atinente a la probabilidad de su realización; c. El concerniente a su carácter excepcional y sorpresivo". En el mismo orden de ideas, y citando la tesis doctoral de la profesora María Gabriela Brantt Zumarán "El Caso Fortuito y su incidencia en el Derecho de la Responsabilidad Contractual", la Corte señaló, respecto de la imprevisibilidad, que: "Es necesario contar con un cierto nivel de certeza acerca de la ocurrencia del hecho, la que debe ser la suficientemente alta como para excluir las meras eventualidades". La irresistibilidad fue explicada en el considerando aludido, el que "se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto", esto es, que para el agente haya sido absolutamente imposible evitarlo, no obstante los medios preventivos que haya empleado para superarlo. También, este elemento se extiende a las consecuencias del hecho dañoso, es decir, "implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos". En la especie, la Corte estimó, en el considerando trigésimo segundo, normal que los guardias contratados para proteger a los diplomáticos contasen con armas para repeler cualquier posible ataque. Asimismo, se acreditó que Orlando Jiménez ingresó al lugar con su arma de servicio. En consecuencia, lo relevante para el caso sub lite fue analizar este hecho desde la perspectiva del caso fortuito, con el objeto de esclarecer si fue o no una situación imprevisible, irresistible e inimputable. Acerca del primer requisito, no lo sometió a mayor análisis en cuanto el hecho es extraño a la actividad de la víctima y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, consideró acertado el análisis de los tribunales

de instancia de que este constituye un hecho imprevisible, bajo la idea de que fue un hecho extraordinario y no esperable el que un guardia, que precisamente estaba encargado de la custodia de la legación, atacase a quienes debía proteger. Sumado a lo anterior, no existían antecedentes en la guardia costarricense que hiciese presumible el hecho. También, la Corte estimó que este fue hecho excepcional y sorpresivo, señalando que lo contrario implicaría exigir un deber de vigilancia más allá de lo racional, esto es, imponer a las personas la obligación de responder de todo atentado. Al respecto, indicó que, en la práctica, "todos los eventos son esencialmente previsibles en cuanto ellos pueden ser imaginados". Concluyó que "No es este el sentido en el que debe entenderse la previsibilidad, sino que se debe atender a las circunstancias específicas que rodean el acontecimiento, atendiendo a los criterios de normalidad, frecuencia, probabilidad y excepcionalidad del mismo". La irresistibilidad la vigesimotercero en tanto Exteriores para evitar el personas que estaban al sujeto.

consideró concurrente en el considerando nada pudo hacer el Ministerio de Relaciones hecho, incluso con posterioridad, dado que las interior de la embajada quedaron a merced del

La Corte desestimó los recursos de casación deducidos, confirmando la sentencia impugnada que rechazó la demanda.

Ficha 55 Corte Suprema, 17 de octubre de 2013, rol Nº 4416-2012. Ministros (Tercera Sala): Pedro Pierry A., Guillermo Silva G., Alfredo Pfeiffer R., y los abogados integrantes señores Jorge Barahona G., y Guillermo Piedrabuena R. Acordado con el voto en contra del ministro Silva y del abogado integrante Barahona. Redacción a cargo del señor Piedrabuena y, de la disidencia, el ministro Silva y el abogado integrante Barahona. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos

Lluvias torrenciales que azotaron a Valparaíso el 20 de mayo de 2003 produjeron un socavón, en el que cayó con posterioridad un bus, hecho que resultó en el fallecimiento del conductor.

Solicita la demandante La cónyuge, los hijos y el empleador de la víctima dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Municipalidad de Valparaíso, el Ministerio de Obras Públicas, el Serviu y la empresa de servicios sanitarios respectivos.

Decisión de primera y segunda instancia Se rechazó la demanda en primera instancia, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en orden a que el fallecimiento de la víctima se debió a un caso fortuito o fuerza mayor.

Decisión de la Corte Suprema La Corte estimó en el considerando noveno que, en la especie, no medió una falta de servicio atribuible a las demandadas; los hechos de que se trata obedecen a un caso fortuito o fuerza mayor puesto que la fractura del pavimento y el socavón del terreno tuvieron como causa directa y necesaria las torrenciales lluvias caídas en la ciudad de Valparaíso el 20 de mayo de 2003 y la acción de terceros que intervinieron ilegalmente en el cauce de aguas lluvias, conectando tuberías al mismo a fin de evacuar aguas servidas. El accidente resultó impredecible pues, de acuerdo a la prueba rendida, se concluye que si no se tenían antecedentes concretos con relación al acontecimiento de un socavón, no es posible preverlo. Tampoco existían antecedentes de que, después de pavimentada la calle y antes del accidente, la vía hubiese presentado algún peligro y que, aun más, fue un hecho establecido que hasta este último momento se hallaba en normal estado de mantención, hasta el punto que el difunto estacionaba todos los días el bus que conducía en el lugar donde se verificó el socavón, de modo que no resultaba exigible al municipio demandado que colocara letreros o señales de advertencia relativos al mal estado de la vía.

La Corte rechazó el recurso de casación, confirmando la sentencia impugnada que rechazó la demanda en contra del Fisco.

Otros El presente fallo fue acordado con voto dividido con 2 votos en contra. En el criterio del voto de minoría se debió concluir que la eximente de responsabilidad de caso fortuito o fuerza mayor que los sentenciadores han estimado constituida en la especie en realidad no concurrió, pues pesaba sobre el demandado Ministerio de Obras Públicas la obligación de realizar las pertinentes faenas de reparación y mantención de las instalaciones del sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias existente en el lugar de los hechos. Si este no las ejecutó. Es forzoso concluir que el socavamiento del terreno materia de autos obedeció no a una situación imprevisible e irresistible, sino a la negligencia del órgano estatal encargado de conservar en buenas condiciones el mentado sistema. En efecto, se indicó en el considerando décimo que no se divisó la imprevisibilidad propia de esta institución si, como las propias partes lo han reconocido en el proceso, numerosos vecinos del sector se hallaban conectados al colector de aguas lluvias para descargar en él sus aguas servidas y si, más aún, dicha circunstancia era conocida por las autoridades, quienes no efectuaron las fiscalizaciones necesarias o, al menos, de autos no consta que así haya ocurrido. Dicha constatación permite descartar igualmente la característica de la irresistibilidad propia de la eximente alegada por la demandada.

Ficha 56 Corte Suprema, 12 de junio de 2013, rol Nº 2448-2010. Ministros (Tercera Sala): Sergio Muñoz G., Pedro Pierry A., María Eugenia Sandoval G., Arnaldo Gorziglia B. y Alfredo Prieto B. Acción o recurso: Casación en la forma y en el fondo.

Hechos

El 17 de enero de 2001 un árbol ubicado en la propiedad del demandado subsidiario cayó sobre la camioneta de Fredy Dennis Brown Stange, lo que ocasionó la muerte de tres de sus ocupantes, esto en la Carretera Austral.

Solicita la demandante Enzo Danke de la Harpe, Ingrid Hausdorf Uribe, José Hausdorf Niklitschek, Frank Brown Bennett, Sylvia Brown Stange, Angélica Aballe Martínez, Carmen Uribe Mayorga y Andrés Hernández Velásquez, familiares de las víctimas, dedujeron demanda principal de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Fisco de Chile y, en subsidio, en contra de The Conservation Land Trust, Empresas Verdes LLC Chile, y Douglas R. Tompkins, solicitando que se les condene a la suma total de $ 920.000.000 por concepto de daño moral y $ 277.373.800 por concepto de daño emergente. Los familiares de las víctimas señalaron que el Estado, The Conservation Land Trust, Empresas Verdes LLC Chile y Douglas R. Tompkins debieron adoptar las medidas conservativas, de vigilancia y mantención necesarias para evitar accidentes como el de autos, el que era prevenible de haberse adoptado las prevenciones indicadas. Estas excepcionaron, entre otras, caso fortuito en tanto no era previsible la caída del árbol dado que no presentaba indicios ni evidencias sobre su madurez ni posible caída (no estaba inclinado, muerto, ni mostraba signos de descomposición).

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros de primera instancia—. Los demandados en subsidio dedujeron recurso de casación en la forma y apelación en contra de la sentencia de primera instancia. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó la casación y respecto de la apelación revocó la sentencia impugnada y, en reemplazo, rechazó la demanda.

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito está definido en el artículo 45 de nuestro Código Civil como el "imprevisto a que no es posible de resistir".

La Corte señaló en los considerandos trigésimo y trigésimo primero que esta institución procede tanto para la responsabilidad contractual como extracontractual, puesto que nuestra legislación no hace distingo alguno sobre su procedencia, además de ubicar su definición en el Título Preliminar del Código Civil, la que establece una regulación general, aplicable a todo su articulado. Asimismo, uno de los requisitos de la responsabilidad es la existencia de un nexo causal que permita imputar el hecho dañoso a la conducta del agente. En este sentido, el caso fortuito actúa como una causal de exoneración y defensa respecto de la responsabilidad, esto es, "impide imputar determinado daño a una persona, haciendo improcedente, en consecuencia, los efectos que la ley reconoce a dicha declaración", siempre que el caso fortuito sea "causa única, exclusiva y determinante del daño". De esta manera, existen tres requisitos que permiten identificar la existencia de un caso fortuito: (i) que el hecho sea externo, esto es, que no dependa del actuar de ninguna de las partes vinculadas al hecho dañoso; (ii) que sea imprevisible, es decir, que no sea posible de contemplar con anterioridad a su ocurrencia, siendo necesario estudiar las circunstancias del caso concreto para analizarlo conjuntamente con las previsiones normales que le son exigibles a quien alega la fuerza mayor. En relación con la previsibilidad, la Corte expuso en el considerando trigésimo primero que la previsión se realiza mediante una "operación intelectual que implica representarse mentalmente como posible la consecuencia o efecto de una determinada causa". La Corte continúa señalando que, como todo hecho es mentalmente previsible, lo que tornaría en fútil esta institución, es que se torna necesario analizarlo bajo tres estándares diversos "(a) la normalidad y frecuencia del hecho; (b) la probabilidad de que el hecho se produzca, y; (c) el carácter excepcional y sorpresivo del hecho". Finalmente, el hecho debe ser irresistible, lo que implica la imposibilidad absoluta, objetiva, de evitar el hecho, pese a los medios preventivos que se hayan adoptado. La irresistibilidad también se extiende a los efectos del hecho dañoso, o sea, imposibilidad de sobreponerse al hecho a fin de eludir sus efectos. En la

especie, la Corte estimó que la caída del árbol no se debió a un hecho culposo de los demandados, en la medida que no existían indicios o signos que permitiesen concluir que el árbol causaba el riesgo del litigio. En este sentido, señaló en el considerando trigésimo segundo que "no resulta atendible pretender un deber de vigilancia más allá de lo exigible, dentro de un estándar de eficiencia y prudencia de un hombre medio, lo que lleva necesariamente a que esta Corte no puede atribuir responsabilidad en la supuesta omisión de vigilancia y de adopción de medidas en una eventualidad, puesto que si bien los demandados incluso pudieron representarse la caída de algún árbol en la zona, no por ello necesariamente era exigido prever las circunstancias en que el infortunio ocurrió". En el mismo orden de ideas, la Corte sostuvo en el considerando trigésimo quinto "Que la irresistibilidad se refiere a la conducta del agente frente a un suceso en vías de ocurrir, inminente, o ya ocurrido, y consiste en defensas que se oponen al hecho imprevisto tendientes a evitar sus efectos dañosos. Es la previsibilidad de un suceso lo que obliga a una persona a adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitarlo. Si éste hecho dañoso igual ocurre, no obstante las medidas adoptadas, éste suceso permite ser calificado de improviso. Sin embargo, para atribuir a tal acontecimiento que originó daños a un tercero, el carácter de irresistible, es necesario que las medidas de defensa que se implementaron para que no ocurriera o minimizar sus consecuencias, sean de tal entidad y pertinentes que sean eficientes, eficaces y efectivas para evitar el evento dañoso o sus consecuencias. En este aspecto se mura la calidad, entidad, pertinencia e idoneidad de las medidas que se dispusieron. Incluso no basta con disponer determinadas medidas que impidan que se origine un daño, ellas deben ser las adecuadas para evitarlo". A su vez, la Corte estimó que el hecho fue imprevisible dado que no era posible vislumbrar con anterioridad que, en ese momento exacto, en ese lugar en particular y debido al viento imperante ese día, el árbol se iba a desprender del suelo y caería sobre sobre un vehículo en movimiento. Así, también el hecho era irresistible para los dueños y administradores, puesto que les era imposible conocer que dicho suceso iba a ocurrir, de forma que obligarlos a impedir un acontecimiento así se traduciría en que se les estaría obligando a lo imposible.

La Corte desestimó el recurso interpuesto, confirmando la sentencia impugnada que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios.

7. O Ficha 57 Corte Suprema, 26 de febrero de 2018, rol Nº 37434-2017. Ministros (Tercera Sala): Carlos Künsemüller L., María Eugenia Sandoval G., Carlos Cerda F., y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla P. y Jorge Lagos G. Acordado con prevenciones del ministro Cerda F. Redacción a cargo de la ministra Sandoval, y las prevenciones de su autor. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Nilda Norma Flores Castañeda era trabajadora de la empresa Paisajismo Cordillera S.A., desempeñándose en la labor de barrido de calles. Por su parte, Paisajismo Cordillera S.A., era concesionaria del servicio de limpieza y barrido de calles de la ciudad de Antofagasta. Mientras la trabajadora cumplía su labor de barrido en la vereda, un conductor en estado de ebriedad no respetó la luz roja del semáforo, colisionó con un taxi colectivo, siendo su vehículo expulsado a la vereda, lugar donde arrolló a la trabajadora antes individualizada, causándole la muerte. Se demandó sobre la base de la responsabilidad del empleador de velar por la seguridad de sus trabajadores. La demandada dedujo excepción de caso fortuito.

Solicita la demandante Familiares de la víctima dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra Paisajismo Cordillera y la Municipalidad de Antofagasta. Solicitaron se les condenara solidariamente al pago de $ 50.000.000 a cada uno de los 5 hijos de la víctima a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral.

Decisión de primera y segunda instancia El 3er Juzgado de Letras de Antofagasta rechazó la demanda en todas sus partes. Los demandantes dedujeron recurso de apelación. La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la decisión recurrida.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 5º de la Ley Nº 16.744 señala que se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Establece su inciso final, "Exceptuándose los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tengan relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima". El examen de los requisitos del caso fortuito, en especial el relativo a la imprevisibilidad, debe realizarse con posterioridad al análisis sobre concurrencia de la culpa civil, que supone a su vez la previsibilidad sobre las consecuencias dañosas del hecho. En efecto, aun cuando pudieren no concurrir los supuestos del caso fortuito, podría descartarse la responsabilidad cuando falte alguno de los requisitos de esta. En este sentido la Corte sostuvo en el considerando undécimo de la sentencia: "Más allá de que el sentenciador de segunda instancia señalara que la circunstancia de que un vehículo motorizado conducido por un tercero en estado de ebriedad, luego de un choque se proyectara sobre la vereda causando la muerte de la trabajadora en virtud del impacto, constituye un caso fortuito para el empleador, las condiciones en que se produce el accidente determinan la ausencia de reproche a este, pues no puede olvidarse que la culpa supone la previsibilidad de las consecuencias dañosas del hecho, concepto normativo que debe apreciarse en abstracto y que se relaciona con el resultado normal, esperable en el desarrollo de determinada actividad. Así, no puede exigirse que un empleador adopte medidas extraordinarias para el barrido de una vereda, en relación al tránsito de los vehículos, toda vez que aquellos deben circular por las calles, por lo que no se puede requerir que el empleador adopte medidas de seguridad incluso para

enfrentar la circulación antirreglamentaria de los vehículos motorizados, menos aún que recabe medidas para enfrentar delitos cometidos por terceros manejando en estado de ebriedad pues aquello en nada se relaciona con el desempeño de las funciones de la trabajadora... cualquier interpretación en contrario a la establecida en el fallo impugnado implicaría reconocer que se está ante un caso de responsabilidad estricta, pues haría responsable al empleador de todos los accidentes que se produzcan en el lugar que se ejercen las labores, aun cuando éste sea un espacio público y con independencia de las medidas de seguridad que se adopten, requiriendo incluso medidas para enfrentar cuestiones tan imprevisibles como la que origina los presentes autos, cuestión que es improcedente, puesto que, como es sabido, por ser excepcional, tal responsabilidad estricta necesita consagración legal expresa, lo que no ocurre en la especie". La Corte rechazó el recurso y confirmó la sentencia impugnada que rechazó la demanda.

Ficha 58 Corte Suprema, 3 de octubre de 2017, rol Nº 18167-2017. Ministros (Tercera Sala): Rosa Egnem S., María Eugenia Sandoval G., Carlos Aránguiz Z., Manuel Valderrama R., y el abogado integrante Arturo Prado P. Redacción a cargo del ministro Valderrama. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos La Ilustre Municipalidad de Antofagasta fue multada por la autoridad sanitaria con ocasión de la realización de un sumario administrativo a las instalaciones del Vertedero Municipal, recinto que se encontraba funcionando pese a haberse vencido el plazo de cierre definitivo dispuesto por el Seremi de Salud.

Solicita la demandante La Municipalidad sancionada interpuso reclamación contra la multa que se le impuso excepcionándose en que el vertedero continuó operando debido a

razones de fuerza mayor y, en definitiva, solicitó se dejara sin efecto la sanción.

Decisión de primera y segunda instancia El 3º Juzgado de Letras de Antofagasta rechazó la reclamación deducida por la Municipalidad. La reclamante interpuso recurso de casación en la forma y apelación. La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó la casación y respecto de la apelación confirmó la sentencia recurrida.

Decisión de la Corte Suprema La doctrina tanto nacional como comparada reconoce tres elementos indicadores del caso fortuito y los hacen parte de su definición: (i) es un hecho externo; (ii) es un hecho imprevisible; y, (iii) es un hecho irresistible. El primer requisito implica la exigencia de un hecho que no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre. La segunda exigencia importa que sea un hecho que no resulte posible contemplarlo con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual surgió el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. La imprevisibilidad implica que en condiciones normales haya sido imposible para el agente precaverse contra él. Finalmente, el considerando vigésimo segundo señala que la exigencia de ser un hecho irresistible, se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto. Consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, no obstante, los medios de defensa empleados para superarlo. También implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. Al respecto, el considerando undécimo de la sentencia sostuvo que: "Asentado lo anterior, se debe ser enfático en señalar que aun cuando esta

Corte aceptara que se encuentran acreditadas todas aquellas circunstancias alegadas por la recurrente como base para configurar la eximente de responsabilidad, igualmente ésta no podría prosperar, toda vez que en la especie no se verifica ninguna de las exigencias descritas previamente, pues la falta de un terreno alternativo para la disposición de residuos es atribuible a la Municipalidad, en tanto es el referido ente edilicio el que debió prever con anterioridad a la fecha de cierre del vertedero municipal distintas alternativas para dar cumplimiento a la Resolución que disponía el cierre definitivo. En este aspecto, se constata que aun cuando la recurrente se esfuerza en atribuir el hecho que origina el incumplimiento a una empresa externa y a la Intendencia Regional, lo cierto es que es su falta de diligencia la que determina que las decisiones de terceros afecten el programa que ella tenía trazado. En este mismo orden de consideraciones, los hechos alegados, no pueden ser considerados como imprevisibles, pues la Municipalidad debió contemplar la posibilidad que aquellos pudieran ocurrir, manejando otras alternativas para cumplir las exigencias sanitarias. Finalmente, en relación a la irresistibilidad, se debe precisar que es la decisión de no decidir a tiempo invertir en los términos propuestos por la empresa, buscando recursos propios, lo que generó la situación de incumplimiento, razón por la que no se puede establecer que exista una imposibilidad objetiva de cumplimiento". La Corte rechazó el recurso de casación en contra de la sentencia impugnada que confirmó el fallo de primer grado que, a su vez, rechazó el reclamo interpuesto por la Municipalidad de Antofagasta a la resolución que le impuso una multa de 1.000 U.T.M.

Ficha 59 Corte Suprema, 19 de enero de 2015, rol Nº 7215-2014. Ministros (Primera Sala): Juan Fuentes B., Rosa María Maggi D., Nibaldo Segura P., Patricio Valdés A. y Jorge Lagos G. Redacción a cargo del ministro Lagos. Acción o recurso: Recurso de casación en la forma.

Hechos El 23 de noviembre del año 2006, falleció en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile doña Vivian Neut Bocaz, quien a esa fecha tenía 63 años de edad, a causa de una hemorragia pulmonar masiva. El día del fallecimiento la paciente ingresó a la Clínica de la Universidad Católica a raíz de un cuadro denominado púrpura trombótica trombocitopénia, el que, según diagnóstico realizado en dicha clínica, requería la realización de urgencia de una plasmaféresis. No obstante, en la sede de San Carlos de Apoquindo no tenían la máquina para efectuar la plasmaféresis, a raíz de lo cual fue derivada. Las demoras y negligencia le habrían ocasionado la muerte.

Solicita la demandante María Fernanda, Carla, Vivián, todas de apellido Vidal Neut y Jaime Vidal, dedujeron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, solicitando que fuese condenado a una indemnización de perjuicios por la suma de $ 800.000.000 por concepto de daño moral. Además, demandó la suma de $ 4.300.000 por concepto de daño emergente.

Decisión de primera y segunda instancia El tribunal de primera instancia acogió la demanda solo en cuanto condenó a la demandada al pago de $ 4.300.000 por concepto de daño emergente y a $ 800.000.000 por concepto de daño moral solo en beneficio de María Fernanda, Carla y Vivián. La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de los recursos de casación en la forma y apelación, rechazó el primero y confirmó la sentencia recurrida respecto del segundo.

Decisión de la Corte Suprema La Corte determinó, en el considerando decimotercero, al caso fortuito o fuerza mayor como "(...) aquella circunstancia que no es posible prever o que, de haber sido prevista, no es posible evitar. Los caracteres esenciales

del caso fortuito (casus) son dos: 1) la imprevisibilidad, o sea un hecho o evento imprevisto, ajeno a la voluntad del obligado, que sale de lo normal, un acontecimiento extraordinario, y que no es imputable, no se trata de un deber 'ilimitado de prever' y la medida de la previsión estará dada por la materia de la obligación, y 2) la inevitabilidad, es decir, la imposibilidad de evitarlo, que es, en realidad, la condición esencial. Cumplidas o demostradas estas dos condiciones el 'casus' constituye eximente de responsabilidad (Arturo Yungano y otros, obra citada, p. 170)". A continuación, la Corte citó el artículo 41 de la Ley Nº 19.966, el que señala que el médico no es responsable de los imprevistos irresistibles, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producirse aquellos. A su vez, cita el artículo 1547 del Código Civil, el que indica que la prueba de la diligencia incumbe a quien ha debido emplearla; del caso fortuito, a quien lo alega. Lo anterior es relevante para efectos de determinar la carga de la prueba. En este sentido, el tribunal consideró que la culpa contractual se presume, de manera que al acreedor le basta con haber acreditado la existencia de una obligación contractual, siendo carga del deudor probar (i) su diligencia o (ii) el caso fortuito eximente de responsabilidad. Por su parte, será carga de la víctima probar la existencia de un daño. Así, "corresponde a los demandantes probar que el paciente no habría sufrido el daño si el personal médico hubiese actuado con diligencia; a la inversa, corresponderá al médico la prueba de que el daño de igual modo se habría producido en la hipótesis de haber actuado de acuerdo a la lex artis ad hoc". La Corte acogió el recurso de casación deducido dado que se habría acreditado la diligencia del hospital y, en reemplazo, rechazó la demanda, sin costas.

Ficha 60 Corte Suprema, 29 de mayo de 2012, rol Nº 217-2010. Ministros (Cuarta Sala): Patricio Valdés A., Gabriel Pérez P., Guillermo Silva G., Rosa Egnem S., y Juan Fuentes B. Redacción a cargo del ministro Fuentes.

Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos El dueño del Fundo La Greda construyó un embalse, sin la autorización de la Dirección General de Aguas, cuya parte oeste se rompió luego de que el 27 de junio de 2005 lloviera cuantiosamente, aumentando en gran cantidad el caudal de los canales que desembocaban en el embalse. Lo anterior, además de que se no efectuaron oportunamente las acciones de vigilancia y mantención del embalse, causó la inundación del predio del demandante.

Solicita la demandante La demandante exigió indemnización de perjuicios y solicitó se reservara su derecho a discutir la especie y montos en la etapa de ejecución.

Decisión de primera y segunda instancia El Juzgado de Letras de Yungay acogió la demanda de indemnización de perjuicios y reservó a los demandantes el derecho a discutir la especie y montos en la etapa de ejecución. La Corte de Apelaciones de Chillán revocó la sentencia apelada y, en reemplazo, rechazó la demanda.

Decisión de la Corte Suprema La Corte dispuso en el considerando séptimo que: "Ante los hechos inamoviblemente establecidos, corresponde realizar la atribución normativa de los mismos en las disposiciones contenidas en los artículos 2314 y 2319 del Código Civil, como lo alega el recurrente, sin que pudiera estimarse concurrente caso fortuito alguno en la circunstancia de exceso de agua caída, en una zona lluviosa por naturaleza, pues sin duda que someterse a las imposiciones establecidas por la ley para los efectos de una construcción como la discutida en autos, se orienta, precisamente, a evitar resultados perniciosos como el que se estudia y cuya omisión genera, necesariamente, la responsabilidad reclamada por los demandantes por parte de los demandados".

La Corte acogió el recurso de casación y, en reemplazo, confirmó la sentencia de primera instancia que acogió la demanda de indemnización de perjuicios y reservó a los demandantes el derecho a discutir la especie y montos en la etapa de ejecución.

Ficha 61 Corte Suprema, 2 de mayo de 1963253. Ministros: Pedro Silva F., Manuel Montero M., Julio Espinosa A., Ramiro Méndez B., Víctor Ortiz C., Darío Benavente G. y Leopoldo Ortega N. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Manuel Riquelme dedujo demanda en contra de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, solicitando que se le indemnicen los perjuicios sufridos dada la pérdida de mercaderías, las que estaban siendo transportadas cuando la llanta de una rueda se rompió, causando su pérdida.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—,

Decisión de la Corte Suprema El caso fortuito o fuerza mayor es el imprevisto a que no es posible resistir. En concreto "supone un acontecimiento imprevisible o irresistible, esto es, cuando no hay ninguna razón especial para creer en su realización y cuando no es posible evitar sus consecuencias". Asimismo, en el caso fortuito deben concurrir dichos elementos en sí mismo, lo que implica que "ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y lugar, habrían podido precaverlo o resistirlo". En la realización de este análisis, se deben considerar la naturaleza del hecho y las circunstancias que lo rodean.

En la especie, se acreditó que el hecho pudo preverse y evitarse si se incurría en un gasto mayor, lo que priva al hecho de su carácter de imprevisible. Por estas razones, se rechazó el recurso de casación interpuesto, con costas al recurrente (demandado) y al abogado que aceptó su patrocinio.

Ficha 62 Corte Suprema, 30 de junio de 1915254. Ministros: Castillo Vicuña E., Carlos Varas, Fóster Recabarren E., Darío Benavente, J. Agustín Rojas, Ricardo Reyes S., y José Marín. Acción o recurso: Recurso de casación en el fondo.

Hechos Doña Escolástica Núñez dedujo demanda en contra de la Compañía de Tranvías Eléctricos de Valparaíso dado que, el 26 de abril de 1908, dos tranvías chocaron mientras la actora iba como pasajera, lo que produjo la dislocación de su pierna y otras lesiones, imposibilitándola para moverse.

Solicita la demandante La demandante solicitó que se condenara a la demandada al pago de los perjuicios y sufridos, por concepto de daño emergente y lucro cesante. La demandada indicó que la actora no acreditó su negligencia, siendo su carga por cuanto esta no se presume.

Decisión de primera y segunda instancia —No existen registros—.

Decisión de la Corte Suprema El artículo 1547 establece que la prueba corresponde al que ha debido emplearlos; la alega. Asimismo, el artículo 1698 señala que extinción de una obligación incumbe al que

de la diligencia o cuidado del caso fortuito, a quien lo la prueba de la existencia o alega aquellas o estas. En

consecuencia, de producirse durante un viaje un accidente como el de sub lite, entonces será carga de la empresa acreditar el hecho de que, jurídicamente, la exima de culpabilidad, probando su diligencia, tal como un caso fortuito. El tribunal acogió el recurso de casación en el fondo deducido por la recurrente, invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó, sin costas, la sentencia de primera instancia que, dada la prueba rendida, no puede establecerse la responsabilidad de la Empresa. En reemplazo, declaró que se da lugar a la demanda y que la Empresa de Tranvías Eléctricos de Valparaíso debe pagar a doña Escolástica Núñez la suma de $ 3.000 por concepto de daño emergente. 253Corte Suprema, 2 de mayo de 1963, RDJ, T. 60, sec. 1ª, p. 59. 254Corte Suprema, 30 de junio de 1915, RDJ, T. 12, sec. 1ª, p. 110.

Í

Los números reenvían a los párrafos: Apreciación in abstracto 33, 34, 35, 36, 64, 65,66, 68, 73, 91 Apreciación in concreto 37, 38, 39, 40, 77 Caso fortuito, definición en el Código Civil Francés 47, 48 Caso fortuito, fuentes del derecho 42, 51 Caso fortuito, noción legal 48, 49, 50 Culpa 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 64, 65,66, 68, 73, 77, 91 Diligencia debida 23, 24, 27, 68 Diligencia, noción legal 29, 30, 31, 32 Efectos 50, 121, 122, 123, 124, 129, 130 Estallido social de 19 de octubre de 2019, 81, 104 Externalidad 108, 110, 113, 114 Externalidad, origen 109 Externalidad, posición nacional 111, 112, 113, 114

Frecuencia 76, 78, 81, 82 Fuerza mayor y caso fortuito, sinonimia 45, 46, 47 Funciones del caso fortuito 20, 21, 22 Imprevisibilidad, aproximaciones 58, 59, 60, 61, 62 Imprevisión 71, 72 Inevitabilidad 93, 94, 95, Irresistibilidad 84, 85, 106 Irresistibilidad, componentes 98, 104, 106 Irresistibilidad, aproximaciones 86, 87, 88, 89, 90 Ley General de Urbanismo y Construcciones 25, 26 Método de apreciación de la imprevisibilidad 63, 64, 65, 66, 68, 73 Método de apreciación de la irresistibilidad 91, 92 Momento de apreciación de la imprevisibilidad 83, 107 Norma técnica 26, Período de retorno 78 Previsibilidad 35, 36, 78, 79 Probabilidad 70, 74, 75, 76, 80 Probabilidad, grados 78, 81

Prueba 115, 116, 117, 118, 119, 120 Obligaciones de medio y resultado 126, 127, 128 Régimen contractual 18, 50, 123, 125, 126, 129 Régimen general y supletorio 19 Reforma de contratos en Francia 52, 105 Regulaciones del caso fortuito 17, 18, 19 Requisitos de procedencia, enumeración 53, 54, 55 Suministro eléctrico 80 Terremoto 25, 49, 78, 79, 99 Tsunami 27, 78, 79, 104

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