Tedesco - Capítulo 6.pdf

http://taringa.net/Esthefy 1 CAPÍTULO VI EL CONFLICTO CON LA IGLESIA El problema de mayor resonancia en lo relativo a la política educativa de la generación del 80 fue el de la enseñanza religiosa. Si bien sus expresiones más agudas tuvieron lugar en la década 1880-1890, los antecedentes se originaron mucho antes y acompañaron toda la lucha política iniciada después de 1810. Desde el exilio, los intelectuales proscriptos de la época rosista habían percibido al catolicismo y a la Iglesia como elementos básicos del afianzamiento político de Rosas y de los caudillos del interior. Para Facundo Quiroga (uno de los principales representantes del caudillismo provinciano), por ejemplo, la consigna que resumía los términos de la lucha era "Religión o muerte". La inmigración era entendida como sinónimo de progreso, toda posición en contrario apareció identificada con el atraso y el estancamiento. En el debate de la Convención Constituyente de 1853 se rechazaron las posiciones católicas que tendían a lograr la sanción —a nivel de principio constitucional— de la religión católica como religión del Estado. A partir de aquí, los nuevos enfrentamientos se produjeron en ocasión de debatirse el problema de la enseñanza religiosa. Lograda la libertad de cultos a nivel constitucional, los liberales intentaron eliminar la vigencia del catolicismo en las escuelas públicas. En 1882, en ocasión de las reuniones del Congreso Pedagógico, también se registró un incidente entre los congresales partidarios de la enseñanza religiosa y los liberales, y en 1883, en el debate de la ley de educación, el enfrentamiento alcanzó su punto máximo, derivando en una serie de incidentes con la Iglesia, que determinaron la expulsión de varios obispos. a) El poder declinante de la Iglesia católica Las derrotas sufridas por los políticos católicos en las convenciones constituyentes y en los debates parlamentarios, advierten la orientación políticoideológica de los católicos frente al avance del Estado y expresan la creciente pérdida de influencia de la Iglesia sobre la élite dirigente. En última instancia, la explicación de esta pérdida de poder por parte de la Iglesia radica en que su orientación contrariaba las tendencias hacia la participación del país en la esfera del mercado mundial.

El capitalismo, al destruir las antiguas relaciones de producción, destruyó también sus bases ideológicas y colocó al pensamiento cristiano frente a una crisis de proporciones. Se reprodujeron así, en apariencia, los conflictos con que los clericales y anticlericales europeos agitaron el siglo XIX. La debilidad de la Iglesia queda puesta de manifiesto en algunos índices cuantitativos importantes. El crecimiento demográfico acelerado que sufriera el país en este período implicó una merma en la capacidad de la Iglesia para mantener su anterior predominio sobre los habitantes. Para el período 18691895, el pasaje de una relación de cinco sacerdotes a tres por cada diez mil habitantes. El proceso de desarrollo ejerció una influencia negativa sobre los atractivos para la carrera del sacerdocio. De los 1.190 sacerdotes cuya presencia señala el Censo de 1895, sólo 461 eran argentinos. Esta falta de "producción nacional" de sacerdotes fue reflejada en cierta ocasión por el arzobispo de Buenos Aires: En una época, tener como miembro de la familia a un representante del clero era una cuestión de honor. Sin embargo, esta ideología desapareció y junto a ella, la mayor parte del antiguo y respetable clero de la Iglesia. “Es preciso restituirle el decoro, la respetabilidad e in1dependencia”. Los gobiernos de este período, estaban más o menos dispuestos a restituir el decoro y la respetabilidad que reclamaba el arzobispo, pero no así su independencia. Y aun más: el decoro y la respetabilidad serían otorgados siempre y cuando no se otorgara independencia. b) Independencia o control en las relaciones entre Estado e Iglesia Toda la política del Estado con respecto a la Iglesia tendió a arbitrar los medios para ejercer el control sobre ella y no pasar al plano de la separación institucional. Se reivindicó, por ejemplo, el ejercicio del Patronato, para poder intervenir en el nombramiento de los curas párrocos que, hasta ese momento, eran nombrados por el arzobispo en forma interina y a su exclusivo criterio. Por ley, sin embargo, esos nombramientos debían hacerse por concurso y los interinatos sólo podían durar cuatro meses. En julio de 1886, el gobierno trató de hacer cumplir esa parte de la ley. Eduardo Wilde, en su calidad de ministro te Justicia, Instrucción Pública y Culto, fue nuevamente el encargado de dirigir la política oficial al respecto; su interés residía en el reconocimiento de la

http://taringa.net/Esthefy 2 importancia de las funciones sociales que desempeñaban los sacerdotes. El gobierno, afirmaba Wilde, no puede "eludir la obligación de reclamar ese cumplimiento, no sólo por razones de orden general sino porque siendo los curas agentes indispensables hasta el día para ciertas funciones de la vida civil, la forma de nombramiento de esos agentes no puede serle indiferente”. "Es una cosa sabida y proclamada por todos los filósofos —decía— que no bastan las creencias morales para educar a las masas. ¿Por qué? Porque las creencias morales tienen una forma abstracta. La religión es conveniente con sus formas externas, para obtener el dominio de ciertos espíritus mediocres que no alcanza a las sublimidades de la abstracción" Este reconocimiento de las funciones sociales de la religión en cuanto al dominio y al control de las conductas de los habitantes llevó también al Estado a controlar la enseñanza que se brindaba en los Seminarios de formación de sacerdotes. En 1884, Wilde justificó las tareas de inspección que el Estado ejercía sobre los seminarios, en virtud de considerar "…Que nuestro clero se educa actualmente bajo la impresión de ciertas teorías e incitaciones preconizadas en la cátedra que el Estado no podría menos que considerar subversivas, pues en algunos casos ellas contradicen las leves del país o dificultan su rápida ejecución"

En determinado momento la Iglesia intentó convertirse en factor de oposición. Sancionada la ley 1420, en el interior del país se inició una campaña de resistencia a ciertas medidas y manifestaciones de tipo liberal. El comienzo estuvo en Córdoba, cuando en abril de 1884 el vicario capitular, Gerónimo E. Clara, prohibía a los católicos enviar a sus hijos a la escuela normal por estar a cargo de maestras protestantes, leer determinados periódicos, y recriminaba a los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad local por haber aceptado una tesis doctoral sobre "los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos". El 13 de setiembre de 1884, el obispo de Salta, Buenaventura Risso Patrón, afirmaba que lo ordenado por Gerónimo Clara tenía carácter universal y se exigía a los padres que retirasen a sus hijos de las escuelas. El 9 de octubre se repetía el fenómeno en Santiago del Estero. Las memorias ministeriales de esos años registran hechos como el abandono de 85 alumnos de la Escuela Normal de Catamarca de los cuales tres solamente pertenecían al curso normal v el resto a la escuela de aplicación; en Salta fueron 44 los alumnos y en La Rioja el fenómeno revistió mayor gravedad, ya que se estuvo a punto de clausurar la escuela.

Esas teorías que Wilde calificaba de subversivas, correspondían a los principios de la Iglesia de esa época, embarcada en una lucha frontal contra el avance de las corrientes liberales de pensamiento, especialmente en Europa.

Estas medidas, se han originado en el interior del país y, más específicamente, en las provincias del norte, pues allí la defensa de los intereses locales había estado asociada a la defensa de la tradición católica.

El objeto del Estado no fue lograr la separación de ambas entidades. El gobierno prefirió mantener la unión, pero sobre la base de la dependencia. Aplicó, en este caso, la misma argumentación que aplicara en el debate sobre la autonomía universitaria.

Lo peculiar de la posición de la Iglesia católica en este conflicto, es que reflejó la defensa de la tradición ideológica sin apoyarse en la defensa de los intereses locales. Los católicos porteños trataron en todo momento de aparecer tan liberales como sus opositores y de demostrar la falsedad de los argumentos liberales con sus mismos ejemplos.

Wilde decía, que mientras la Iglesia admitiera el sostén, el apoyo o la protección de cualquier entidad que no surgiera de su propio seno, permanecería en una dependencia más o menos acentuada, pero completamente incompatible con su dignidad y su misión en la tierra". El Estado hizo valer lo que Wilde denominó entonces "derecho de vigilancia", y justificó su control sobre la base de no permitir que "...bajo pretexto de religión, se profese públicamente principios contrarios al orden social, y que los individuos, se sustraigan a la ley civil y se conviertan en predicadores, de ideas subversivas, dando origen a desobediencias y revoluciones y fomentando la anarquía en nombre de los derechos de la conciencia íntima".

En virtud de una lógica de pensamiento bastante comprensible, llegaron a sostener ellos mismos la necesidad de la separación entre la Iglesia y el Estado. En distintas oportunidades, se reivindicó la necesidad de establecer la independencia de la Iglesia con respecto al Estado, sobre la base de afirmar que las relaciones entre ambos importaban, en ese momento, el predominio del segundo sobre la primera.