Clasificasion De Los Actos Administrativos

Introducción A manera de introducción es preciso abordar el tema de la administración para así, poder allegar los conocimientos acerca de que es un Acto Administrativo en Colombia, es por ello, que para Colombia en un plano netamente estructural está compuesto por un grupo de organismos, instituciones, dependencias, secciones, subsecciones y niveles jerárquicos de una superestructura llamada Administración. Tomaremos la administración como la actividad del hombre lícita e incluso en ocasiones ilícita; como un mecanismo social, jurídico, político y organizativo. El derecho administrativo como conjunto de normas jurídicas que componen un ordenamiento jurídico vigente que guían las relaciones jurídicas entre personas de derecho público o entre Administraciones Públicas del estado Nacional, distrital departamental o municipal. Finalmente el profesor Galvis Gaitán encuentra los mejores elementos que describen la Administración como un sistema que busca la consecución de unos fines políticos institucionales a través de actividades tales como la planeación, la organización, la dirección y el control, utilizando recursos humanos técnicos y financieros dentro de un medio ambiente interno y externo. Hablaremos del Acto Administrativo mostrando el proceso de elaboración del Acto; sus etapas desde su nacimiento hasta su muerte. La adecuada administración a través de los actos administrativos es necesaria para el Estado, si se ejerce con las dos principales virtudes antiguas, como la templanza para expedirlos con la intención de lograr los fines del Estado y la prudencia para deliberar con los medios adecuadamente para llevar a fin los propósitos los principios, los Valores y presunciones del Acto Administrativo, donde su única finalidad debe ser asegurar los fines del Estado. Actos Administrativos y Ordenes Normativos donde se debe asegurar que la función Administrativa está sujeta a los imperativos del cuerpo legislativo que genere un orden Constitucional, sujetas a los órdenes normativos. Donde los actos administrativos se dirigen a crear, modificar o extinguir una situación jurídica, regidas bajo condiciones y fuentes de responsabilidad. Condiciones de validez del Acto Administrativo como un acto de voluntad del hombre siguiendo la mismas condiciones para que sea valido, ya que por ser Administrativo tiene carácter de norma superior en que es fundada. Su violación implicara la declaración de nulidad del acto. Así mismo la vida, como el acto administrativo tiene un propósito, busca un fin y es el de satisfacer un goce que se puede obtener en comunidad. Sin este cometido, la felicidad no podrá conseguirse sin el buen servicio del servidor público, para satisfacer intereses que no siempre son generales.

El porqué del Acto Administrativo “Rene Descartes en su obra “Tratado de las Pasiones” decía que la virtud para el buen vivir es la de tener la firme constante resolución de hacer lo que hemos Juzgado es lo mejor” Existe entre el motivo y el acto una relación de causalidad, imitando la necesidad que limita la libertad de la voluntad. Ese porqué, motivo o impulso, debe detallársele al servidor público por las razones que están sujetas del mismo. El cómo del Acto Administrativo Como el hombre nace, se consolida y tiene un fin. El mundo ordinario de la administración se ve impulsado a moverse y crear decisiones de fondo que sirvan, para que el servidor público tome una decisión que beneficie mayormente a la comunidad, en donde sea la misma capaz de enjuiciar la manifestación tangible del servidor y no la tácita de la Ley. El acto llega a su fin cuando al final de su juridicidad era producir efectos jurídicos Es pues aquí donde mostraremos que los Actos Administrativos pueden ser clasificados de muy diversas maneras según el punto de vista desde el cual se les mire. Las clasificaciones conocidas más importantes son las siguientes: CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Los actos de la administración se pueden clasificar de muy diversas maneras según el punto de vista desde el cual se les mire. Las clasificaciones conocidas más importantes son las siguientes: 1. SEGÚN DEL PODER UTILIZADO PARA SU EXPEDICIÓN: ACTOS DE PODER O AUTORIDAD: son aquellos mediante los cuales la administración actúa con poder de mando, es decir por medio de órdenes, prohibiciones, sanciones, etc. Ej. Acto por el cual la administración prohíbe la realización de una manifestación. ACTOS DE GESTIÓN: son aquellos mediante los cuales la administración se despoja de su poder de mando y actúa en igualdad de condiciones con los particulares. Por ejemplo en la época en que esta teoría tuvo vigencia, se consideraba que los contratos eran típicos actos de gestión, pues cuando la administración los celebraba no estaba actuando con poder de mando sino que actuaba con base en un acuerdo de voluntades con el contratante. Esta clasificación tuvo vigencia en la primera etapa de la evolución del derecho administrativo, en el siglo XIX, y de su aplicación resultaba que los actos administrativos eran solo los de poder o autoridad, pues a ellos se aplicaba el derecho administrativo y la jurisdicción administrativa, mientras que los de gestión se consideraban actos privados, sometidos al derecho privado y a la jurisdicción común. Ej. Acuerdo de voluntades.

2. DE LA VINCULACIÓN CON EL SERVICIO PÚBLICO: Como debemos recordar, la noción de poder público fue reemplazada por la de servicio público como noción clave del derecho administrativo. Ese reemplazo trajo como consecuencia la diferenciación entre dos clases de actos de la administración: ACTOS DE SERVICIO PÚBLICO: se relacionan directamente con la actividad, Ej. El acto por el cual se establecen tarifas de servicio. ACTOS AJENOS AL SERVICIO PÚBLICO: no tienen relación directa con las actividades del servicio Ej. La contratación de un pintor para la realización de un cuadro en un despacho público. A este respecto ya sabemos que la noción de servicio público tuvo gran auge a finales del siglo XIX y comienzos del XX, época en la cual todo el derecho administrativo giraba alrededor de ella. Así, durante esa época los actos administrativos serán únicamente los relacionados con el servicio público, mientras que los actos ajenos a ese servicio se consideraban actos de derecho privado de la administración. 3. SEGÚN EL CONTENIDO: De la aplicación del criterio material para calificar las funciones y los actos del estado, resulta que los actos de la administración pueden ser: ACTOS GENERALES: Se refieren a personas indeterminadas, Ej. Decretos1 reglamentarios. ACTOS INDIVIDUALES: se refieren a personas determinadas individualmente, Ej. Acto que destituye a un funcionario. Debe tenerse en cuenta que la determinación o indeterminación de las personas no se refiere propiamente al numero de ellas, sino al hecho de que estén o no individualizadas. Es decir, que puede existir un acto general que se refiera en la práctica a pocas personas, como es el caso de aquellos que reglamentan alguna situación referente a los expresidentes de la republica. Y viceversa, puede existir un acto individual que se refiera a muchas personas, pero identificadas de manera concreta, como el acto por el cual la Universidad Nacional determina la lista de aspirantes admitidos a iniciar estudios académicos, que pueden ser varios miles pero identificados individualmente. Esta clasificación tiene una amplia aplicación en el derecho colombiano. Es así como, a titulo enunciativo, el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que los recursos vía gubernativa no proceden contra los actos de carácter general. A su vez, el artículo 73 del mismo Código manifiesta que los actos creadores de una situación jurídica particular y concreta, no pueden ser revocados sin el consentimiento expreso y escrito del titular de la situación. 1

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera ponente LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ Radicación número 11001-03-28-000-2011-00059-00 Mayo 29 de 2014 Demandado Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional

Según un principio generalmente aceptado, los actos individuales son de menor jerarquía que los generales en los cuales se fundamentan. Según el autor ROYO VILLANOVA también: ACTOS CONDICION: son los que se realizan para condicionar la aplicación de una ley a un caso concreto, es un acto intermedio entre el acto regla y el acto subjetivo, que los une. El acto condición participa de la naturaleza del acto subjetivo, por que, como el, es un acto de alcance individual o especial. Pero difiere de el en que no crea, ni modifica, ni suprime situación jurídica. No hace sino atribuir o retirar a un individuo determinado una situación general e impersonal ya establecida por un acto- regla. El acto condición no afecta en nada el contenido de la situación jurídica: únicamente viene a condicionar la posesión de una situación general e impersonal (…) Se sostiene por la jurisprudencia que el nombramiento o elección de un funcionario público para ejercer un cargo que no es de forzosa aceptación, no es un acto unilateral del estado, toda vez que queda al arbitrio del particular su aceptación ni tampoco un hecho contractual sino que se le considera como un acto-condición, donde concurre la voluntad del estado que nombra y la del ciudadano que acepta, estando prefijadas en la ley, las obligaciones de cada una de ellas. 4. DE LAS VOLUNTADES QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN: ACTOS UNILATERALES: son aquellos que son producto de la voluntad 2 expresa de la administración, es decir, que esta los expide sin el consentimiento de los particulares. Ej. Decreto. ACTOS BILATERALES: son los que resultan de un acuerdo de voluntades entre la administración y los particulares o entre varias personas jurídicas pertenecientes a la administración, como es el caso típico de los contratos.3 ACTOS PLURILATERALES: según algunos autores, son los que requieren el consentimiento de más de dos personas, como los expedidos por cuerpos colegiados como las asambleas y los concejos4. Sin embargo, en estricto sentido, según el punto de vista que estamos aplicando, estos actos son unilaterales porque a pesar de que intervienen varias voluntades, en definitiva expresan una sola voluntad que es la 2

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejero Ponente VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA Radicación No. 08001-23-31-000-2007-00339-01(1551-12) Octubre 18 de 2012 Demandado Universidad Del Atlántico 3

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Consejero Ponente (E) HERNAN ANDRADE RINCON Radicación No. 66001-23-31-000-2004-02098-01(33832) Mayo 29 de 2014 Demandado Municipio de Pereira y otros 4

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Radicación No. 11001-0324-000-2004-00305-01 Julio 9 de 2009 Demandado: Superintendencia De Notariado Y Registro

voluntad del Estado o de la administración, de acuerdo con el régimen de mayorías aplicable para tomar la decisión. Esta clasificación es tal vez la más importante, por que los actos unilaterales son considerados como los actos típicos de la administración y del derecho administrativo. Es así como existe un régimen jurídico para los actos unilaterales y una reglamentación especial para los contratos de la administración. 5. DE LA MAYOR O MENOR AMPLITUD DE COMPETENCIA: El poder o facultad que tienen las autoridades para tomar decisiones, es decir, para expedir actos puede ser un poder reglado o un poder discrecional. ACTOS REGLADOS: aquellos que expide la autoridad en cumplimiento estricto de un mandato de ley, la cual no le otorga facultad de tomar decisiones opcionales5, Ej. El acto que le confiere la administración a una persona la pensión de jubilación. Porque si el peticionario reúne los requisitos que la ley exige para gozar de este derecho, la autoridad no tiene otro camino que concederlo. ACTOS DISCRECIONALES: son lo que expide la autoridad en aquellos casos en que la ley le otorga opciones frente a decisión que puedan tomar 6, Ej. El presidente para decretar el estado de conmoción interior. 6. DESDE EL PROCEDIMIENTO: Es decir, de acuerdo con las diferentes actuaciones requeridas para la elaboración del acto, encontramos: ACTOS SIMPLES: son los que requieren una sola actuación jurídica para su expedición, Ej. Decreto de nombramiento de un ministro. ACTOS COMPLEJOS: requieren de varias actuaciones jurídicas para su expedición, están sujetas a autorización previa, aprobación posterior, concepto de otros organismos o autoridades o que requieren varias aprobaciones. Ej. Una ordenanza de la asamblea la cual requiere aprobación en varios debates y sanción del gobernador. Según ZANOBINI, también: ACTOS COLECTIVOS, COLEGIALES O PLURIPERSONALES: es el que resulta de varias voluntades de contenido y finalidades iguales, pero distintas, las cuales 5

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejera Ponente MARIA ELISABETH GARCIA GONZALES Radicación No. 11001-0324-000-2006-00022-00 Agosto 8 de 2013 Demandado Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 6

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejera Ponente BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ Radicación No. 11001-03-15-000-2013-00289-00(AC) Mayo 2 de 2013 Demandado Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Segunda Subsección E Y Juzgado Cuarto Administrativo De Descongestión De Bogotá.

se unen solamente en la manifestación, quedando jurídicamente autónomas (…) con el objetivo exclusivo de producir una manifestación común. EL ACTO UNION: según FRAGA, esta es otra categoría de los actos que se definen también por la intervención de varias voluntades pero en las cuales ni su finalidad es idéntica, como en los actos colectivos, ni su efecto es el dar nacimiento a una situación jurídica individual, como en los contratos. Ej. Nombramiento de un empleado público. 7. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN: ACTOS NACIONALES: son los expedidos por autoridades del orden nacional y que tienen en principio tienen vigencia en todo el territorio, Ej. Decretos del presidente, las resoluciones de un ministro y los acuerdos de la junta directiva de un establecimiento público nacional. No obstante, debe tenerse en cuenta que en algunos casos el acto puede ser nacional por la calidad de la autoridad que lo dicta, pero no ser de aplicación en todo el territorio sino en parte de él. Por ejemplo, el decreto por el cual el presidente de la republica declare el estado de conmoción interior en cierta parte del territorio nacional o las resoluciones de un director y los acuerdos de la junta directiva de una entidad de carácter nacional pero que tienen restringida su competencia territorial, como es el caso de las corporaciones autónomas regionales. ACTOS TERRITORIALES: son los expedidos por órganos o funcionarios de carácter territorial y que además tienen limitado su ámbito de aplicación especial y pueden ser: actos regionales, actos seccionales, o actos locales. ACTOS REGIONALES: son los expedidos por órganos o funcionarios de carácter regional y que tienen aplicación en la respectiva región. ACTOS SECCIONALES: son los proferidos por órganos o funcionarios de carácter seccional y tienen su aplicación en la respectiva sección. ACTOS LOCALES: dictados por autoridades de carácter departamental, distrital o municipal, y tienen vigencia únicamente en el territorio al cual pertenece la autoridad que lo dicta. Ej. Ordenanzas de asamblea y acuerdos de concejos municipales. 8. DE LA RELACIÓN CON LA DECISIÓN: Se pueden distinguir: ACTOS PREPARATORIOS O ACCESORIOS: aquellos que se expiden como parte de un procedimiento administrativo que se encamina adoptar una decisión o cumple requisito posterior a ella. Aquí se incluyen también los llamados actos de trámite. Ej. Acto por el cual se solicita un concepto a otra autoridad antes de tomar la decisión o aquel por el cual se le imparte aprobación posterior a esta ultima. ACTOS DEFINITIVOS O PRINCIPALES: son los que contienen la decisión propiamente dicha o, como dice el inciso final del artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto”. Ej. Resolución que concede una pensión de jubilación.

9. DE LA AFECTACION DE LA ESFERA JURIDICA DEL DESTINATARIO DEL ACTO. Es decir, de acuerdo con la forma como el destinatario externo del acto se ve afectado por el mismo, encontramos que existen: ACTOS FAVORABLES O AMPLIATORIOS: son aquellos en virtud de los cuales el destinatario resulta favorecido mediante la ampliación de su patrimonio jurídico. Por ejemplo, el acto mediante el cual se reconoce el derecho de pension. ACTOS GRAVOSOS O LIMITATIVOS: son aquellos en virtud de los cuales el destinatario el destinatario resulta desfavorecido por la restricción de su patrimonio jurídico previamente existente, Ej. Acto mediante el cual se revoca una licencia o permiso. 10. DE LA JERARQUÍA: Según la ubicación en la pirámide jurídica de nuestro ordenamiento legal, pueden ser: ACTOS LEGISLATIVOS: se encuentran en el mismo grado jerárquico de la ley, por ser dictados con fundamento directo en la Constitución Política Ej. Decretos leyes o decretos extraordinarios. ACTOS ADMINISTRATIVOS: se encuentran en un grado jerárquico inferior a la ley, por ser expedidos con fundamento o en desarrollo de ella. Ej. Decretos reglamentarios, ordenanzas, acuerdos, actos de gobernador y alcalde. ACTOS JURISDICCIONALES: para SAYAGUÉS LASO, coinciden en un pronunciamiento o constatación sobre un punto controvertido que adquiere fuerza de verdad definitiva. Es la manifestación de la voluntad, en ejercicio de un poder legal, que tiene por objeto declarar una situación jurídica (general o individual) o hechos con fuerza de verdad legal. De acuerdo con JORGE ENRIQUE AYALA CALDAS se encuentran además: 11. SEGÚN LA FORMA DE EXTERIORIZARSE ACTOS EXPRESOS: son aquellos que contienen claramente la voluntad de la administración, en ellos explícitamente se infiere el contenido del acto7. En ellos existe una clara e inequívoca exteriorización de la manifestación de la voluntad, de juicio, de deseo, etc. De la administración. En forma verbal o escrita ACTOS VERBALES: son aquellos en que la ley no exige formalidad escrita para su expedición. 7

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera Ponente SUSANA BUITRAGO VALENCIA Radicación No. 66001-23-33-0002013-00041-01(ACU) Febrero 20 de 2014

ACTOS SIMBOLICOS: son los actos por signos, señales o convenciones, únicamente se acepta esta clasificación a nivel de doctrina; Ej. Caso del conductor que pasa la calle cuando el semáforo estaba en rojo, son llamados igualmente actos mímicos. ACTOS TACITOS: son aquellos por medio de los cuales no se expresa formalmente la voluntad de la administración, pero esta se infiere del contexto de las expresiones utilizadas por aquella con base en una norma legal. ACTOS PRESUNTOS O FICTOS: son aquellos cuando se supone que existe una decisión de la administración, principalmente en los casos de silencio administrativo. Un sector de la doctrina ha sostenido inequívocamente que el silencio administrativo equivale a un acto administrativo tácito, pero no puede constituir acto administrativo, pues le faltan los elementos y caracteres propios de la decisión unilateral. 12. SEGÚN COMO SE FORMULAN: ACTOS PREPARATORIOS O INSTRUMENTALES: son los actos preliminares8 que toma la administración para tomar una posterior decisión final o definitiva sobre el fondo de un asunto. Son aquellos que se dictan para hacer posible el acto principal ulterior son el antecedente del principal, que vendrá después, cuya validez condicionan con frecuencia. Son los que impulsan la actuación de la administrativa, los que son necesarios para que la administración pública pueda realizar sus funciones eficientemente. ACTOS PRINCIPALES: son los actos administrativos que deciden resolviendo definitivamente9 un asunto o actuación administrativa, no siempre requieren de actos preparatorios. ACTOS COMPLEMENTARIOS: es el reclamado para complementar la eficacia del acto principal, pero sin confundirse con este. ACTOS DEFINITIVOS: son aquellos que se dirigen a poner termino a la actuación administrativa, es el que resulta después de agotada la vía gubernativa (ahora vía administrativa), ósea una vez resueltos los recursos interpuestos contra las decisiones administrativas o cuando se han dejado vencer los términos que se tenían para interponerlos, con lo cual el acto principal queda firme o definitivo 10. 8

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejera Ponente MARIA CLAUDIA ROGAS LASSO Radicación No. 68001-23-31-0002006-02596-01 Enero 23 de 2014 Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi 9

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente MANUEL SANTIAGO URIATA AYOLA Radicación No. 5967 Octubre 26 de 2000 Demandado C.A.R.C. 10

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B Consejero ponente DANILO ROJAS BETANCOURTH Radicación No.

Excepcionalmente, también es definitivo el acto principal, cuando la ley no concede contra el recurso alguno. ACTOS DE EJECUCION: es aquel que señala pautas destinadas a la configuración de un acto administrativo de trascendental importancia para el buen funcionamiento de la administración. Se dictan para dar cumplimiento al acto principal generalmente la ejecución se efectúa mediante hechos y operaciones materiales, pero a veces requieren de actos administrativos posteriores. 13. POR RAZON DE SUS EFECTOS ACTOS EXTERNOS: son los que se dirigen a los ciudadanos y los que, aun desarrollándose entre órganos, tienen influencia jurídica en actos referentes a los ciudadanos. ACTOS INTERNOS: son aquellos que órganos de la administración dirigen a otros órganos de la misma y que agotan en la organización todo su eficacia. 14. DESDE LA OPTICA DE LA LIBERTAD DE LA INICIATIVA DE LA ACTUACION DEL SUJETO. ACTOS DE OFICIO: son aquellos en los cuales la administración goza de total libertad en su iniciativa, son la regla general por la unilateralidad de la administración. ACTOS QUE NECESITAN PETICION O COADYUVANCIA: son los que requieren petición o solicitud del administrado y son la excepción. 15. SEGÚN LA FUNCION QUE SE MATERIALIZA O EJERCE CON EL ACTO. ACTOS SANCIONATORIOS: se refieren a aquellos que imponen penas que son aplicables por vía administrativa es decir las diversas sanciones 11 (disciplinarias, fiscales, etc.) que la administración puede infligir por propia autoridad, por inobservancia de deberes hacia la misma. Si estas penas son aplicadas a personas que se encuentran en una relación especial como empleo o concesión, consisten por lo general, en la privación de algunos derechos subjetivos contenidos en la relación misma, y eventualmente en la resolución total de la misma (destitución del empleado). Si se refiere a otros sujetos, importan una obligación positiva de pagar y por lo tanto una limitación del patrimonio individual 16. SEGÚN EL CONTENIDO DE LOS ACTOS 11001-03-26-000-2001-00030-01(20410) Departamento de Caldas 11

Diciembre

9

de

2011

Demandado

Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejero Ponente GERARDO ARENAS MONSALVE Radicación No. 11001-03-25-000-2014-00360-00(1131-14) Demandado Procuraduría General de la Nación.

ACTOS DE AUTORIZACION: acto de la administración que habilita a una persona física o jurídica, privada o publica para ejercer un poder jurídico o un derecho prexistente, supone pues un derecho anterior, cuyo ejercicio esta subordinado a la obtención previa de un acto habilitante de la administración, que remueve el obstáculo jurídico establecido por el derecho objetivo. ACTOS DE APROBACION: puede definirse como la declaración de la voluntad administrativa que acepta como bueno el acto de otro órgano, complementando así su eficacia jurídica. ACTOS DE ADMISION Y CONCESION: la admisión tiene por objeto introducir una persona en un servicio, institución o categoría especial, atribuyéndole los derechos y obligaciones que establece el régimen jurídico propio de aquellas. La concesión es el acto de derecho público que confiere a una persona un derecho o un poder que antes no tenia, mediante la trasmisión de un derecho o del ejercicio de un poder propio de la administración. ACTOS DE DISPENSA Y DE RENUNCIA: la dispensa puede definirse como el acto por el cual la administración descarta la aplicación de una norma general en un caso concreto, eximiendo a la persona de las obligaciones que aquella le impone. La renuncia sirve para que la administración extinga unilateralmente la obligación concreta en su favor, librando a la persona obligada. Los actos de renuncia son los que decretan las exoneraciones y exenciones en materia tributaria. Cuando la ley lo autoriza. LAS PROPUESTAS Y LAS ORDENES: la propuesta es la decisión por la cual un órgano indica o sugiere a otro órgano que dicte un acto determinado. Las órdenes son decisiones de la administración que imponen concretamente a los administrados o funcionarios la obligación de hacer algo o la prohibición de hacerlo. ACTOS PUNITIVOS: se refieren a las decisiones concretas imponiendo sanciones a quienes infringen las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de la función administrativa. ACTOS DE REGISTRO, CERTIFICACION, NOTIFICACION, ETC: en su mayoría estos actos son los que la doctrina califica como meros actos administrativos. El registro es el acto por el cual la administración anota, en la forma prescrita por el derecho objetivo, determinados actos o hechos cuya realización se requiere hacer constar en forma autentica. La certificación es el acto por el cual la administración afirma la existencia de un acto o hecho.

La notificación12 es el acto mediante el cual la administración pone un acto o hecho en conocimiento de una o mas personas. Las opiniones o dictámenes son meramente juicios que la administración expresa por medio de sus órganos o funcionarios, sobre cuestiones determinadas. ACTOS CONSTITUTIVOS: son los que otorgan derechos o nuevas facultades ejemplo. Las que conceden la naturalización a los extranjeros, los que otorgan status de pensionado de carrera administrativa. MEROS ACTOS ADMINISTRATIVOS: llamados igualmente actos administrativos de servicio por la jurisprudencia francesa, son aquellos en los cuales la administración manifiesta, su querer pero sin tomar una decisión. Ejemplo de ellos son los conceptos, las directivas, las circulares, los dictámenes, las instrucciones o los instructivos, entre otros. Los meros actos administrativos son aquellos que no tienen valor ejecutorio. De acuerdo con el autor GUSTAVO PENAGOS se encuentran además 17 ACTOS ADMINISTRATIVOS POR COLABORACIÓN Se trata del criterio tomado de la descentralización por colaboración. Mediante el cual los particulares ejercen funciones administrativas y profieren actos de derecho público, autorizados por la Constitución y la Ley. También la ley 489 de n1988, se refiere al ejercicio de funciones administrativas por particulares y los artículos 110 y 114, conforme a sus alcances a sus jurídicos de las sentencias de inexiquibilidad de la corte constitucional de noviembre 3 y 20 de 1999. 18 ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS En virtud de la descentralización por colaboración, los particulares autorizados por la ley, profieren actos administrativos en ejercicio de una función administrativa (artículos 26 inciso 3 y 123 inciso 3 de la Constitución Política). 19 ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPLICITOS El acto implícito surge atreves de una acto expresó del cual se deduzca el querer administrativo del estado. Es una forma que se infiere del comportamiento de la administración.

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Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Consejero ponente HECTOR J. ROMERO DIAZ Radicación No. 63001-23-31-000-200700129-01(AC) Enero 31 de 2008 Demandado Ministerio De La Protección Social Regional Armenia

CONCLUSION El Acto Administrativo en su eficacia debe entenderse a que debe estar encaminado a producir efectos jurídicos. El acto contiene elementos de hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz, si el servidor público no cumple con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente El acto administrativo constituye una decisión jurídico-administrativa realizada por una persona adscrita o vinculada a una entidad, organismo, dependencia o sección administrativa y perteneciente a una cualquiera de las tres ramas del poder público, a los “organismos del control” (contralorías y procuraduría), a los “órganos electorales” (Registraduría y Consejos electorales) de cualquier nivel, jerarquía o ámbito territorial y funcional; así como por personas jurídicas de derecho privado, cuando unos y otros, ejerzan una “función administrativa” estatal por disposición del ordenamiento jurídico vigente o por delegación Constitucional o legal. EJEMPLO DE ACTO ADMINISTRATIVO Sentencia T-001/15 ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA CONDICION DE REFUGIADO-Procedencia En el caso concreto de la negativa a otorgar la condición de refugiado, considera la Sala de Revisión que la acción de nulidad y restablecimiento no constituye una vía judicial idónea para garantizar que la persona a quien se le ha negado tal condición, en violación de sus derechos fundamentales, no sea obligada a abandonar el territorio nacional, y más aún cuando en el país de destino su vida e integridad personal corran peligro, caso en el cual la acción de tutela será procedente. CONDICION DE REFUGIADO-Normatividad REFUGIADO-Trámite que debe surtir una solicitud

internacional/CONDICION

DE

ASILO-Solicitud se ciñó a lo previsto en el Decreto 1598/95 Frente al acervo probatorio la Sala del Ministerio de Relaciones Exteriores se cita el prescrito decreto de 1598 de 1995. La solicitud de asilo se estudió por las autoridades administrativas competentes, donde el interesado presento las pruebas pertinentes con el fin de demostrar sus argumentos que le permitieron conceder las pretensiones de su voluntad, a la cual se le notificaron de forma debida la decisión optada. Si bien las resolución 0300 de 1924 del ministerio de relaciones exteriores menciona que no hay causales para negar la condición de refugiado, si hay actos que mencionan el

asunto como el acta número 8 del 12 de julio de 2001 (comisión asesora en condición de refugiado). Ahora bien si en esta acta se estipula las condiciones fácticas que debe cumplir un refugiado para la otorgación del asilo, es claro también que el peticionario no debe ir en contra de lo estipulado en el acta, circunstancia que no se cumple en función de que él ha incurrido en delitos contra la fe pública pero con la consecuencia de que es posterior la solicitud de refugio, hecho que afirma la decisión tomada para la negación de la decisión. DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-CONTRA EL INTEREZ DEL QUE PRESENTE EL ASILO POLITICO Gestión de admisión legal en otro país Se determina que frente a la decisión tomada en un proceso administrativo que justifique el caso de una solicitud de refugiado, y si este fuera negado, se presentara de carácter obligatorio la gestión pertinente para que se realice en otro país con un término no mayor a 30 días, de ello se podrá solicitar colaboración a diferentes entidades que permitan gestionar la acción legal del peticionario e igualmente se llamara en acción al artículo 16 del decreto 1598 de 1995. Referencia: expediente T-123456 Acción de tutela promovida por Rebeca Rebelión contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y la fiscalía general de la nación. Magistrado Ponente: Dra. SUCY ALEJANDRA AGREDO Popayán, catorce (14) de agosto de dos mil quince (2015) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados SUCY ALEJANDRA, ALEXIS GOMEZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, dicta la siguiente, SENTENCIA El proceso de revisión de los fallos proferidos por el por el Tribunal Administrativo del Cauca y la Sección Tercera del Consejo de Estado se da trámite a la acción de tutela interpuesta por Rebeca Rebelión contra: el Ministerio de Relaciones Exteriores y fiscalía general de la nación. I. HECHOS. Las acciones de denuncia se presentan en relación con los siguientes hechos:

1. La accionante nació en Ucrania el 3 de Diciembre de 1978, de profesión comerciante, estado civil soltero. Presto su servicio militar obligatorio como profesional asignado en una dependencia del ejército nacional. 2. En su accionar obligatorio, se relaciona con amigos activistas políticos que lo convencen de distribuir volantes en contra de la corrupción. De sus actuaciones es descubierto por los organismos de seguridad política del gobierno. Hecho que lo llevo a ser detenido por más de 20 días, siendo torturada, lesionado amenazado los cuales fueron tratados en un hospital. 3. Argumenta que la persecución política contra él se hizo insoportable, teniendo en cuenta que para las autoridades, la condición de pertenecer a grupos políticos o ser desertor del ejército se trata incluso con la pena de muerte, y en el más benigno de los casos, con severas acciones represivas. 4. Con el fin de salvar su vida acudió a actuaciones deliberadas que le permitieran convencer a sus captores, es así como llega a parar en un hospital psiquiátrico, lugar del que huyó. Sus amigos y familiares le consiguieron un pasaporte falso y una visa colombiana y es así como logro viajar. 5. En junio de 2007 llegó a Colombia en busca de protección para su vida. Alega que debido a que no conocía a nadie en el país, ni costumbres, razones por las cuales se le dificultó legalizar a tiempo su situación migratoria. Comenta que en dos ocasiones, debido a su desesperación y estado de necesidad en el que se encontraba, obtuvo pasaporte falso y fue judicializado por esos hechos, aunque su intención nunca fue la de violar las leyes colombianas. 6. Por su detención fue judicializada por los delitos de falsedad material razón por la cual se le otorgo medida de aseguramiento con beneficio de libertad provisional en el juzgado 5 de Popayán el cual le dio una pena accesoria de 20 meses. 7. Posteriormente, con el fin de proteger su vida solicita asilo político el 4 Febrero de 2009, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Petición que duro casi un año, el 29 de enero de 2010, la mencionada autoridad pública expidió la resolución 0500 negando su petición “en la cual no se explican los motivos de la decisión”. Frente a este acto administrativo, el accionante interpuso en tiempo el recurso de reposición, el cual también fue negado “sin motivación”. 8. Frente a este hecho la accionante invoca el decreto 1598 del 22 de Septiembre de 1995, en razón que se le violo el debido proceso por los hechos anteriormente mencionados. 9. Argumenta que Colombia es parte de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 sobre los refugiados, y que en tal sentido el Estado colombiano ha asumido unos compromisos internacionales relacionados con esta categoría de personas.

10. La Agencia Nacional De inteligencia emite un comunicado 0600 del 3 de Octubre de 2011, cuyo fondo expresa la expulsión del implicado, fuera del territorio Colombiano, hecho que peticionario confronta con el artículo 33 de la Convención sobre refugiados de 1951 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 28.2. Con fundamento en los anteriores hechos la accionante solicitó lo siguiente: 1. Se le garantice su derecho a permanecer en Colombia con el fin de permitirle conservar su vida, ya que en su país corre el riesgo de perderla. 2. Recordarle a Ministerio de Relaciones Exteriores que su decisión acarrearía en un hecho desafortunado el cual se podría evitar, con la reconsideración planteada. 3. Si la decisión fuere otro país, decisión que se haría sin la consulta del interesado, cual será ese país?, y es garantía que en ese país se le respetara el derecho a la vida? 4. Se le comunique al Ministerio de Relaciones Exteriores que se dé trámite a la ejecución del recurso administrativo de apelación consagrado en el art. 32 de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas. A continuación, el accionante explica las razones por las cuales considera que las autoridades públicas colombianas le han violado sus derechos fundamentales a la obtención de asilo, el derecho al debido proceso administrativo y el derecho a la vida. II. RESPUESTA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Por medio de oficio del 04 de Marzo de 2009, el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, procedió a responder la acción de tutela instaurada por la señora Rebeca Rebelión. Es de recordar que el presidente como jefe de estado tiene funciones que permite dirimir las relaciones internacionales. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados suscrita en Ginebra en 1951, aprobado por la Ley 35 de 1951 y su Protocolo de 1967, aprobado por la Ley 65 de 1979, se ocupan del instituto del asilo. Adicionalmente, se cuenta con el decreto 1598 de 1995. Alega que las figuras del asilo y del refugio difieren entre sí, razón por la cual su regulación normativa es distinta. La Convención de 1951 no indica el tipo de procedimiento a seguir en casos de demandas de refugio, y es competencia de cada estado optar por el más adecuado en este caso colombiano el decreto 1598 de 1995 prevé el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado. El decreto 1598 de 1995 establece una Comisión Asesora para la Determinación del Refugio, decisión que no es vinculante para el ministerio de Relaciones Exteriores.

El artículo 16 del citado decreto establece el plazo de 30 días a partir de la notificación de la decisión negativa para que el peticionario abandone el país. Dispone además la posibilidad de solicitar colaboración a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, para gestionar la admisión legal del peticionario en otro país. Frente a esto el accionante presentó como pruebas certificados de estudios y formación profesional, y que salió del país con todos los documentos en regla sin que con ello se notificara de condición de peligro y si prueba fáctica que lo involucre como persona perseguida por actos políticos, en solo razón de un corte de periódico de Ucrania donde se estipula “la repartición de algunas personas y su promulgación de actos políticos”. Causal que junto a otros hechos como el de haber estado por un periodo de más de 2 años en el país sin previa solicitud, ser condenado por falsedad documental, generan falsas expectativas de ser realmente un refugiado. Frente a este hecho y la falta de pruebas se recomienda la actuación de entidades internacionales para que ayuden al accionante a reubicarlo en otro país. Con la petición anterior y la falta de pruebas, el Ministro de Relaciones Exteriores, decide no reconocer la condición de refugiado a la señora Rebeca Rebelión. Lo anterior motiva a que el peticionario eleve el recurso de reposición, pero con la salvedad de que el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con ACNUR gestiona lo pertinente para no enviarlo de regreso a su país, por el contrario buscan que su nuevo lugar de residencia sea uno diferente a Colombia. EXPECION DE PROCEDENCIA. La acción de tutela es un mecanismo subsidiario o residual que no procede en estos casos.

III. PRUEBAS. Dentro de las pruebas que obran en el expediente la Sala de Revisión considera pertinentes y conducentes las siguientes: 1. Solicitud de la condición de refugiado fechada 4 Febrero de 2009. 2. Resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores núm. 0500 de 29 de Mayo de 2010. 3. Resolución número 0600 del 3 de Octubre de 2011 emitido la Agencia Nacional De inteligencia

4. Sentencia proferida por la accionante junio 23 de 2010. 5. Fotocopia simple del expediente correspondiente a la solicitud de refugio. 6. Oficio VAM núm. 00002 enviados por el Viceministro de Asuntos Multilaterales al Director de la Agencia Nacional De inteligencia. IV. CONSIDERACIONES. 1. Competencia. La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala de Revisión determinar si mediante la expedición de las resolución núm. 0500 del 29 de Mayo de 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores vulneró o no los derechos fundamentales de un solicitante de refugio. Para los anteriores la sala se basara en lo siguiente: a. Examinará la procedencia de la acción de tutela del junio 23 de 2010 para determinar la negación de la condición de refugiado. b. Revisar la normatividad internacional que regula la condición de refugiado. c. Describirá el trámite que debe surtir una solicitud de refugio en Colombia. d. Determinará si a lo largo del trámite adelantado en el presente caso fueron respetados los derechos fundamentales a la vida, integridad física y debido proceso administrativo. a. La acción de tutela contra actos administrativos que niegan la condición de refugiado.

Frente a la sentencia del junio 23 de 2010 el Concejo de estado consideró que la acción de tutela era improcedente como mecanismo principal por cuanto el actor posee la oportunidad de solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho. De igual forma se emite un comunicado al concejo de estado donde se informa que el accionante no sería devuelto a su país de origen, situación que determina que no hubo vulneración ni procedencia que indique la procedencia de tutela ya que no hubo vulneración del derecho. La Sala de Revisión no comparte las consideraciones del Consejo de Estado, por las razones que pasan a explicarse.

Si bien la corte ha expuesto sus consideraciones, para la negación de la acción de tutela, es también procedente que dicho proceso debe ser encaminado a la acción de los derechos fundamentales. En cada caso, como lo consideró la Corte, el juez constitucional está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. De dicha disposición el juez constitucional determina que la acción procedente par tal disposición será acción de tutela como mecanismo de protección. En el caso concreto de la negativa a otorgar la condición de refugiado, considera la Sala de Revisión, la acción de nulidad y restablecimiento no es una vía procedimental idónea que garantice la protección de sus derechos fundamentales, dado que como el accionado afirma el regreso a su país podría incurrir en la pérdida de su vida. b. Normatividad internacional que regula la concesión del refugio. En el ámbito latinoamericano coexisten tres instituciones internacionales encaminadas a brindarle protección a una persona que por diversas razones, en especial de carácter político, es perseguida en su país de origen. De allí que se distinga entre el asilo político, el asilo territorial y el refugio. Por primera vez, en el Tratado de Montevideo de 1899 sobre derecho penal internacional, fue reconocido el asilo político, el cual busca dar protección a aquellos que hayan cometido incidentes políticos. Posteriormente fue recogida en un instrumento internacional de extradición de 1911 suscrito entre Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Actualmente se encuentra consagrada en los Convenios de La Habana (1928), Montevideo (1933) y Caracas (1954). Esta acción busca proteger a aquellos que por actividades de ideología u acción contraria al desarrollo político necesiten ser protegidos en territorios ajenos al de desarrollo de sus actividades para que se les proteja la vida e integridad personal. Por otro lado, el concepto de refugiado se diferencia también de aquel de asilado por el régimen jurídico aplicable a una y otra categoría. Dado que el asilado político es aquella persona que recibe una efectiva protección territorial, el refugiado mediante Convención de 1951 reconoce la obligación del estado para que le garantice las características mínimas para que sobrevivir en el territorio dando garantías de trabajo, capacitación y residencia propia dentro del territorio nacional. El refugiado político obedece a las razones que en función de su mundo político deben salir de su territorio con el fin de salvaguardar su vida e integridad personal.

En cualquier caso, ambas categorías, de refugiado y asilado, conllevan a la protección del ser humano que por razones de conciencia, ideológicas o políticas, son vulnerables de persecución tal estamento lo contempla, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 . De tal forma los tratados internaciones recogen cláusulas de inclusión y exclusión las cuales deben ser analizadas de forma restrictiva dada el bien jurídico en riesgo Frente a los hechos que determinan si hay o no protección por vía del estado, se solicita concepto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, de lo cual se menciona en el siguiente párrafo: Desalojo de una persona que reside legalmente en el territorio de un Estado por las autoridades públicas. El artículo 32 de la Convención de 1951 estipula que la expulsión de un refugiado puede justificarse sólo por razones de seguridad nacional o de orden público. Los procedimientos conducentes a una decisión de expulsión deben ser justos y equitativos y se deberá conceder al refugiado un plazo razonable para poder gestionar su admisión legal en otro país. En este sentido la acción procesal que tenga la carga de sobrellevar su protección a la vida, no deberá regresar al coaccionado al lugar donde se originaron los hechos dado que iría en contrario frente a lo pronunciado en el derecho internacional, de ser contrario solo podrá ser ejecutoriada frente al desarrollo de un debido proceso y ser vencido en acto procesal para que se determine la acción pertinente de gestión en otro país. En lo que concierne a la devolución, el ACNUR la define en los siguientes términos: Circunstancia en que una persona es devuelta a las fronteras de un territorio donde puede ser perseguida o trasladada a otro territorio en el que corre el riesgo de ser perseguida. Este acto constituye una violación del principio de no devolución y, por ende, es una infracción del derecho de los refugiados y del derecho internacional consuetudinario.

Es claro que frente a los acontecimientos el estado tiene la potestad de integrarlo o no al desarrollo económico y social al cual este pretende, de no ser así, se deben incurrir en los caminos alternos que permitan satisfacer las necesidades de protección por los hechos ocurridos. Cabe asimismo señalar que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, ratificada por Colombia el 8 de Diciembre de 1987, recoge la siguiente prohibición para los Estados Partes: Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos El artículo 22 de la Comisión Iberoamericana de derechos humos consagra: Derecho de Circulación y de Residencia. 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Si bien es claro, la potestad que se tenga para otorgar o no el asilo político, debe recurrir a su protección social y vida digna, de ello se determina que en ningún caso podrá ser regresado y que se debe encaminar todos los esfuerzos a garantizar su traslado a un país diferente a la acción de los hechos c. Trámite de una solicitud de refugio y derecho al debido proceso administrativo.

El proceso cobija a todos los que se encuentren en el territorio nacional ya sean colombianos o extranjeros, consagrado en el artículo 29 constitucional. El desarrollo al debido proceso es una garantía que debe brindar el estado frente las diferentes actuaciones que esta requiera, de ello la Corte ha considerado que dentro del campo de las actuaciones administrativas son esencialmente regladas y están sujetas a dicho principio de legalidad. Conforme a esto, el debido proceso es la garantía de protección que el sujeto interpone para que sea escuchado y vencido en actuación procesal, dado que este garantiza las acciones pertinentes para el objeto de la pretensión. La norma establece un término de treinta días siguientes al ingreso al país para que el interesado presente ante la autoridad competente su solicitud de refugio. De tal tramite la comisión evaluara la condición de refugiado emitiendo un comunicado de aceptación o rechazo frente a la petición interpuesta, si esta llegase a presentarse de manera extemporánea la comisión estará en la obligación de examinar las causas que justifiquen tal acción. Frente a las acciones del peticionario se argumenta que: • Ingresa al país en Junio de 2007. • Fue condenado a una pena accesoria de 18 meses de prisión por el juzgado 5 Penal del circuito, por falsedad material de documento público. • Frente a las actuaciones de imputadas el fin de Rebeca Rebelión no era la de pedir asilo político en Colombia, por lo contrario su finalidad era viajar a la ciudad de Miami con pasaporte falso, frente a esto, En cuanto a la versión del accionante se tiene los siguientes hechos:

“No soy miembro de algún grupo activista, que perpetre las organizaciones políticas de mi país, pero si preste servicio como militante de las fuerzas armadas, allí conocí a un amigo cheisel chesin ovalok, quien desde su inicio compaginamos como hermanos, terminando nuestra acción de servicio a la patria, nuestra relación se hizo más fuerte, al punto de confiarme sus actividades políticas contrarias al régimen que en su momento nos regia. Comencé participando en reuniones, y poco a poco me gane su confianza hasta poder departir publicidad y panfletos que motivaran una causa justa e idónea a nuestro pensamiento; una vez en la mañana Salí a repartir la publicidad idóneo a del asunto, en los lugares comunes que sabíamos que no se corría riesgo alguno, pero ese día fue diferente dado que a pocos metros de mi casa escuche el rumor que se estaba sometiendo a aquellos que participaran de esta actividad política y que su modo

operandi era exactamente en esa zona, razón que me motivo a regrésame, pero con un ingrediente adicional que mi gran amigo nunca regreso, frente a este suceso y por lo que se estaba viendo en mi país, decidí con ayuda de mis familiares tomar un avión y salir del país, la decisión me llevo a Colombia, la cual por diferencia de idioma, religión y cultura se me dificulto adaptarme a la legislación de este país, es cierto que se he cometido errores, pero esto obedece a que desconozco la normatividad existente de esta región, y regresarme de nuevo a mi país implicaría un riesgo que no quiero tomar dado que hasta la fecha no sé nada de la persona con la cual empecé la actividad política”. En materia de desarrollo procesal es vinculante que frente a la petición de asilo en Colombia es necesaria la convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a Viceministro del Área Territorial, con el fin de determinar la conducta regular a tomar frente a estos casos y ver si es procedente en cuanto al desarrollo internacional de protección a víctimas, de loa anterior deben realizarse comisiones que permitan el trámite y ejecución de tal procedencia. Para el proceso se determinara el desarrollo jurídico según el decreto 1598 de 1995, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud se entrevistará al peticionario, con el objeto de que sustente su solicitud y amplíe la información pertinente. Para tales efectos, se le suministrará un traductor oficial, de ser necesario. La entrevista tendrá el carácter de confidencial y a ella deberán asistir por lo menos la mitad más uno de los miembros de la Comisión. Es de consagrar, que la comisión cumplió con lo estipulado en la norma pero con la salvedad de que no se le permitió al sindicado participar de reunión, violándose el desarrollo al debido proceso, tal y como lo demuestra en el acta núm. 7 de la mencionada Comisión. Si bien es claro que la comisión duda de la veracidad de los hechos del accionante y de su interés actual de perseguir el asilo político en razón de que se la le ha dado como condena accesoria por falsedad documental y que en función de sus atribuciones como accionante este no posee las pruebas contundente que permitan determinar una decisión certera del hecho. Frente a esto se solicita en asunto al Ministro de Relaciones Exteriores, que se convocó para una próxima reunión, una vez fuesen cumplidas las siguientes tareas: “Examinar la naturaleza del grupo con base en los documentos aportados por el peticionario. El señor Viceministro asignó esta tarea a la Secretaría de la Comisión. Exponer el caso al Embajador de Colombia en Ucrania, con el fin de verificar en lo posible, la información suministrada por la señora Rebeca Rebelión. Solicitar información a la Agencia Nacional De inteligencia con implicación división de Visas. Consultar a ACNUR sobre el caso”

a la

Lo anterior permitirá construir la veracidad del accionante con pruebas de todo tipo que permitan accionar una decisión clara y certera frente a la solicitud del peticionario del cual se promulga el Acta Numero 005 de Mayo 29 del 2010, el cual en base a su fundamento no reconoce la condición de refugiado y procede a no conceder el asilo político a la señora Rebeca Rebelión. Frente a esto las decisiones de fondo que justifica la decisión son: 1. No se encontró justificación alguna para la presentación de una solicitud extemporánea de reconocimiento de la condición de refugiado. 2. Desde su ingreso al país hasta la presentación de la solicitud de refugio, la señora Rebeca Rebelión intentó en dos ocasiones trasladarse ilegalmente a otros países, habiendo sido condenado penalmente por estos hechos. 3. De conformidad con un oficio remitido por el señor Embajador de Colombia en Ucrania, debido a la situación de desempleo que se presenta en ese país, muchos iraníes viajan a América Latina con la intención de buscar un puente para pasar luego hacia Estados Unidos o Canadá. 4. No se encontraron suficientes elementos para considerar perseguido al accionante, su solicitud de asilo no es contundente por la falta de pruebas que motiven la decisión del acto, su actuación solo obedece por el hecho de promover campaña publicitaria en su país. Una vez notificado de la decisión negativa, el accionante interpuso y sustentó recurso de reposición contra la resolución núm. 0500 de 29 de Mayo de 2010 expedida por el Ministro de Relaciones Exteriores. Si bien la condición de refugiado a una persona es negado, el accionante alega que, en virtud del artículo 32 de la Convención sobre los refugiados se le debe permitir interponer el recurso de apelación. Bien es claro que la legislación colombiana frente a actos administrativos adoptados por un Ministro del Despacho no admiten sino recurso de reposición, de conformidad con el artículo 50 del C.C.A. a cuyo tenor: “No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica”. Suceso en contrario pasa con lo acontecido en el inciso segundo del artículo 32 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre los refugiados, y la garantía de la formulación del recurso de apelación se aplica en los casos de personas que, habiéndoseles reconocido previamente el estatuto de refugiado, el Estado ha decidido expulsarlos del

país por razones de seguridad o de orden público, situación bien distinta en la que se encuentra el peticionario. No obstante, considera la Sala que con la expedición de la resolución núm. 0500 29 de Mayo de 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores fueron vulnerados algunos elementos del derecho fundamental al debido proceso administrativo del accionante por las razones que pasan a explicarse. En el texto de la resolución núm. 0500 29 de Mayo de 2010, la accionada omitió hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1598 de 1995, en el sentido de informarle al peticionario que contaba hasta con treinta días, a partir de la resolución respectiva, para que abandonase el territorio nacional, a menos que legalizara su permanencia en el mismo conforme al régimen migratorio y que en ningún caso se podría devolver al peticionario al país en el que corre peligro su vida en consonancia con el artículo 33 de la Convención sobre los refugiados de 1951. En efecto, considera la Sala de Revisión que hace parte del debido proceso administrativo en el caso de los demandantes de refugio a quienes un Estado les ha negado tal condición, que dentro de un plazo razonable, que nuestra legislación establece “hasta por treinta días a partir de la notificación de la resolución respectiva”, gestione su admisión legal en otro país. De conformidad con el artículo 16 del decreto 1598 de 1995, durante ese término, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá solicitar colaboración al ACNUR “para que gestione la admisión legal del peticionario en otro país donde su vida e integridad no peligren”. Por último, considera la Sala de Revisión que en el presente asunto el Ministerio de Relaciones Exteriores no amenazó ni vulneró los derechos fundamentales a la vida e integridad personal del accionante por cuanto no se dispuso su remisión a Ucrania. VI. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE Primero. REVOCAR las sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Popayán el 23 de Junio de 2010, que negaron por improcedente la acción de tutela y en su lugar TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso administrativo del accionante, interpuesta por la señora Rebeca Rebelión. Segundo. Dejar sin efectos la resolución núm. 0500 del 29 29 de Mayo de 2010. En consecuencia, se ordena la Ministerio de Relaciones Exteriores que en un término de 48 horas realice el tramite pertinente para se expida un acto administrativo que de

solución de refugio al accionante, y si este acto fuera negativo, se le informe al peticionado las causales por las cuales debe abandonar el país (30 días máximo), excepto que en el menor tiempo posible legalice su permanencia conforme a las leyes estipuladas por el gobierno Colombiano y que en ningún caso será regresado a su país de origen dada las circunstancias que ponen en peligro su vida según consonancia con el artículo 33 de la Convención sobre los refugiados de 1951. Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. SUCY ALEJANDRA AGREDO Magistrada Ponente JESUS ANTONIO ORDOÑEZ CAMPO Magistrado ALEXIS GOMEZ Magistrado ROCIO GUZMAN Secretaria General BIBLIOGRAFIA www.corteconstitucional.gov.co RODRIGUEZ, Libardo. DERECHO ADMINISYTRATIVO GERNERAL COLOMBIANO, decimocuarta edición, Editorial TEMIS. Bogotá, 2005.

Y

AYALA CALDAS, Jorge Enrique. ELEMENTOS DE DERECHO ADMONISTRATIVO GENERAL. Primera edición. Ediciones Doctrina y ley Ltda. Bogotá, 1999. GUSTAVO PENAGOS EL ACTO ADMINISTRATIVO TOMO II PARTE ESPECIAL NUEVAS TENDENCIAS, octava edición, Ediciones Doctrina y ley Ltda. Bogotá, D.C.