Potestades De Los Actos Administrativos

3.5. POTESTADES Las potestades administrativas se define como poderes que la Ley confiere directamente a las Administraciones Públicas y que las facultan para realizar fines de interés general o público. Estos poderes que les con otorgados las sitúan en una posición de supremacía y de prerrogativa, que además, las faculta para constituir, modificar o extinguir situaciones jurídicas y de que son titulares activos los administrados; imponiéndoles obligaciones y situaciones jurídicas, de forma unilateral e incluso sin contar con su voluntad o consentimiento aunque sujeto al ordenamiento jurídico y ejecutivo. Sus características principales son: - Se trata de poderes regulados por la Ley y por ello no cabe olvidar que las potestades administrativas están sujetas al principio de legalidad propio de nuestro Estado de Derecho. - Estas facultades otorgadas a las Administraciones Públicas sólo pueden ser ejercidas para la persecución del interés público y en ningún caso el interés propio o privativo de la propia Administración.

3.5. POTESTADES

Modalidades Tradicionalmente las potestades otorgadas a la Administración se califican en: 1.Regladas Simples; o de. Arbitrio. 2. Discrecionales. La potestad no es en sí discrecional; lo es su ejercicio. Tampoco puede hablarse de que el acto, como resultado procedimental de tal ejercicio, sea en sí discrecional. Las facultades regladas tienen como nota particular que satisfechos los elementos del supuesto de hecho o hipótesis normativa, la Administración debe actualizar las consecuencias que el precepto establezca. Actúa la voluntad de la Ley, no de la Administración. “Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les autorice.” Las potestades regladas de arbitrio son aquellas en que el ordenamiento establece una escala de consecuencias que la autoridad, de conformidades con las circunstancias del caso, debe elegir, y aplicar la pertinente, exponiendo la motivación que explique su criterio decisorio.

3.6. DISCRECIONALIDAD El acto administrativo discrecional se diferencia del acto reglado, porque mientras este último se refiere a la simple ejecución de la ley aquel alude a los casos en los que existe cierto margen de libertad para realizar una comprensión y posterior aplicación de la norma. La discrecionalidad es necesaria, por ejemplo, cuando la ley prevé dos posibles actuaciones sin que ninguna de ellas se imponga con carácter obligatorio o cuando la legislación se limita a señalar fines sin especificar los medios necesarios para alcanzarlos. Cuando no está disociada del ejercicio de las facultades discrecionales de una autoridad constituida, la discrecionalidad es lo contrario de la arbitrariedad. La doctrina a formulado clases del actuar discrecional -libertad de apreciación y decisión- en razón de que existan lineamientos, objetivos o estándares susceptibles de aplicar a las circunstancias de hecho en casos reales como se plantea:

3.6. DISCRECIONALIDADES

García Enterría sostiene que la discrecionalidad es creada por la ley y atribuye competencia para apreciar un supuesto dado y elegir, con plena libertad, de entre varias soluciones, todas ellas viables, la mas conveniente. La discrecionalidad puede ser entendida como capacidad de apreciación del supuesto y fin del acto, libertad en la elección de consecuencias normativas o posibilidades de control jurisdiccional. La voluntad de la administración en el ejercicio de una potestad discrecional, es, primero, poder de elección entre lo dictado de diversos proveimientos previstos por la norma - discrecionalidad en el an(cuando)-; después expresa un poder de fijación de su contenido -discrecionalidad quid(qué)-; finalmente poder elegir la modalidad a seguir tales proveimientos, como la elección del tiempo o de la forma de exteriorización –discrecionalidad en el quo modo(cómo). Se habla de discrecionalidad con las siguientes connotaciones. ■ Política; ■ Técnica; ■ Libertad de elección o apreciación para atribuir las consecuencias normativas por razones de oportunidad o conveniencia; ■ Interpretar y aplicar conceptos jurídicos indeterminados; y ■ Actos de la Administración no sujetos a control jurisdiccional.

3.6. DISCRECIONALIDADES

Guarino señala que las teorías de la discrecionalidad pueden ubicarse en los siguientes grupos: a)Teorías que ponen el acento sobre el momento de la elección entre varias soluciones abstractamente posibles y por lo tanto, entre otros términos, sobre los aspectos de libertad, de creatividad o novedad del acto discrecional. b)Teorías que afirman que la elección esta siempre directamente vinculada con la aplicación de cánones de contenido, como los criterios estandarizados de comportamiento de la administración deducibles de la experiencia –principio de buena administración-, principios recabables del sistema total, finalidades públicas generales. c)Teorías que sostienen que la elección está siempre indirectamente vinculada con la imposición de una finalidad pública a perseguir, que hacen constar la elección en la opción entre varios fines abstractamente admitidos, o en la ponderación de un fin principal con fines secundarios. d)Teorías que substancialmente excluyen cualquier libertad y refieren que la denominada elección no conste en otra cosa que en la precisión o especificación de conceptos elásticos o indeterminados contenidos en la ley: precisiones o especificaciones actuadas mediante procedimientos meramente lógicos.

3.6. DISCRECIONALIDADES

Un tema, que siempre plantea polémica, es la revisión o control judicial de actos cuya génesis es el ejercicio de una facultd discrecional. En E.U. se aplica el principio del “deference” o “rule of reason” en Europa el de discrecionalidad técnica, como justificaciones de porque, en ciertos casos, los jueces se inhiben o restringen de conocer respectro a la sustancia o fondo en determinados asuntos. Autores como García de Enterría y Parejo, entre otros, proponen un análisis de los actos considerando sus supuestos y consecuencias de tal manera que puedan identificar elementos reglados de los que procede el control judicial y los diversos discrecionales o decisiones donde no es conveniente, prima facie, que los jueces se entrometan. Se propone el siguiente esquema

3.6. DISCRECIONALIDADES

Se propone el siguiente esquema

3.6. DISCRECIONALIDADES

La respuesta a estos problemas no es pacifica, hay autores como Fernández, para quienes rige como regla el control judicial sobre todos los actos administrativos y recomienda que el juez pueda sustituir o pronunciarse dictando la decisión pertinente. Una apretada síntesis del pensamiento de el autor citado sería:

3.6.1. NORMAS: ESTRUCTURA Y ELEMENTOS Para tratar de delimitar los campos de las potestades de ejercicio discrecional las facultades íntegramente regladas y las zonas grises intermedias, pudiera acudirse a la fuente del problema que, en el caso, es la norma habitante. Los elementos fundamentales de toda norma son: •Supuesto de hecho o hipótesis legal; •Cópula o enlace; y •Consecuencias jurídicas. Supuesto de hecho y consejos jurídicos indeterminados. Es la descripción en abstracto de un hecho, conducta o situación que es objeto d regulación. La teoría alemana lo denomina “tipo”. Los conceptos jurídicos indeterminados pueden ser: •Conceptos de experiencia, consisten en aprecia hechos, la competencia del juez es ilimitada; y los, •Conceptos de valor, donde además de apreciar los hechos, implican juicios de valor que puedan ser técnicos: “impacto ambiental” o políticos “interés público”, “utilidad pública”.

3.6.1. NORMAS: ESTRUCTURA Y ELEMENTOS

La debida aplicación y manejo de los conceptos jurídicos indeterminados es un tema que presenta variadas dificultades y problemas. Toda aplicación concreta de conceptos legales indeterminados se procesa en dos fases; interpretación y subsunción, por parte, se procesa en tres fases: a)Identificación de los presupuestos y de derecho de su decisión; b)Ponderación y valoración de la decisión; c)Subsunción en el sentido estricto. Cópula o enlace. Es el elemento normativo en que efectivamente se ubica y manifiesta la discrecionalidad. En efecto, es el conector o relacionador entre hipótesis y consecuencia, el piloto que permite y autoriza desencadenar los efectos y que el supuesto pueda estar en aptitud de atraerlos. “La cópula atribuye a un supuesto de hecho…una consecuencia jurídica. La forma o el sentido en que aparezcan vinculados, determinara si cabe o no en un principio, calificar una norma jurídica como discrecional.” Consecuencias jurídicas. Como resultado de que se actualice o no el supuesto de hecho surge, para la autoridad y gobernados, diversos mandatos, situaciones y relaciones jurídicas que se predeterminan en la norma como única opción, otras veces se presentan varias alternativas para elegir, y finalmente, puede aludirse solo a fines o metas que alcanzar con la concurrencia de intereses y principios que compiten.

3.6.2. ELEMENTOS SUJETOS A CONTROL JUDICIAL Toda actuación administrativa esta por tanto sometida al Derecho y no hay ningún margen de poder que quede fuera del principio de legalidad. Incluso las potestades discrecionales, como señalan García de Enterría y Fernández, exigen al menos cuatro elementos reglados, a saber: la existencia de la potestad, su extensión y la competencia para ejercerla y el fin. Elementos verificables en sede judicial: •Potestad atribuida a la Administración •Competencia •Procedimiento •Fin de la actuación administrativa –dependencia del interés general, siempre controlable— •Motivación en aspectos formales y de racionalidad. ■Hechos determinantes del presupuesto objetivo. Su corroboración y valoración se lleva a cabo a través de facultades regladas cuyo ejercicio simper es revisable en sede judicial. Principios generales. Elementos vertebrantes y articuladores del orden publico que son básicos para resolver los casos difíciles de interpretación y subsunción en que se presentan conceptos jurídicos indeterminados, son siempre controlables judicialmente.

3.6.2. ELEMENTOS SUJETOS A CONTROL JUDICIAL

Las resoluciones administrativas tienen como objeto aplicar una norma jurídica, función que, de suyo, es perfectamente reglada ya que, de actualizarse los elementos del supuesto de hecho, deben darse las consecuencias. Esto sucede cuando la administración: a) remueve un obstáculo legal establecido para le ejercicio de un derecho subjetivo, b) otorga una autorización –licencia-, c) impone una sanción –multa o liquidación de contribuciones- o d) establece carga –restricciones a la actividad industrial por motivos de preservación ecológica-; supuestos todos en que la actividad debe ser ponderada, razonada y sometida a principio de proporcionalidad, aun el caso que la autoridad pueda optar entre varias soluciones, en las que debe explicar las ventajas que compensan a los prejuicios causados, o bien, que se eligió la opción que menos limite derechos fundamentales.

Bibliografía • Tron, J., La Nulidad de los Actos Administrativos(2015),Mexico: Porrúa,pp.2454 • La administración pública. Rescatado el 05 de Febrero de 2017 de http://administracionpublicadocu.blogspot.mx /2015/05/administracion-publica.html