Como Calcular Prestaciones Dinerarias - Alvarez Chavez

Esta obra desentraña e l complejo tema' de La c de Las prestaciones dinerarias por accidenfes de tra prolfeslonales. Para ello e l autor analiza las' distintas las Leyes 24.557 y 26.773 y los decretos 1278/2000, i6 EL capítulo i brinda un pantallazo general d has variables que forman parte del cálculo. EL capítulo 2 analiza e l Iiigreso Base (art. 12, LRT) y su mientos. EL capítulo 3 desarrolia los aspectos referidas a Las pr por incapacidad Laboral temporaria (art. 13, LRTj. Las prestaciones dinerarias por incapacidad perma LRT), son materia del capítulo 4. La incapacidad permanente total (art. 15, LRT) ha si capítulo 5. El calculo de ias prestaciones dinerarias por gran inva trabajador (arts. $7 y 18, LRT) es desarrollado en Los capítul En cada uno de estos capítulos se han desarrollada ias especia[ cuidado en detallar Las diferencias seghn La cspkicaci6 distintas normas. Un completo estudio sobre la actualización mediante e l del capítulo 8. Además de La explicación general del sistema dicho capí"i1c cuenta con ejemplos, repaso judicial de Los fali y cuadros detallados con Los ajustes según e l lapso temporal ha obra se cierra con tres anexos: e l primero sobre fórmulas contenidas en los casos "Vuoto" y 'MMénde~'~;e completa recopilación de la más moderna doctrina judiri último, desarrolla ejemplos de cálculos para las incapa totales y muerte del trabajador, aplicando las fórmula: Ejemplos numéricos de casos concretos Fallos de Cámara y Tribunales Superiores

Víctor Hugo Álvarez Chávez CÓMO CALCULAR

PRESTAC ONES D NERAR DENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES Leyes 24.557, 26.773 Decretos 1278/00,1694/09 y 472114 Análisis normativo-jurisprudencial y aplicación práctica del régimen CÓMO SE FORMA EL MONTO INDEMNIZATORIO INGRESO BASE (ART. 12, LRT) ADICIONALES DE PAGO ÚNICO (ART. 11.4, LRT) REPARACIÓNADICIONAL 20% (ley 26.773) ACTUALIZACI~NSEGÚN ~NDICE RIPTE

INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA (ART. 13, LRT) INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL (ART. 14, LRT) INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL (ART. 15, LRT) GRAN INVALIDEZ (ART. 17, LRT) MUERTE DEL DAMNIFICADO (ART. 18, LRT)

CUANTIFICACI~NSEGÚN VUOTO Y MÉNDEZ DESARROLLO DE TODAS LAS FÓRMULAS EJEMPLOS NUMÉRICOS DE CASOS CONCRETOS FALLOS DE CÁMARA Y TRIBUNALES SUPERIORES

BUENOS A I R E S 2015

Álvarez Chávez, Víctor Hugo Cómo calcular prestaciones dinerarias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - l a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : García Alonso, 2015. 288 p. + CD-ROM ;23x16 cm.

1.Derecho laboral 2. Accidente de trabajo

CDD 344

O 2015 Editorial García Alonso Lavalle 1282, PB ((6)) Buenos Aires Telefax: (54 11)4384-8039 [email protected] www.garciaalonso.com.ar Composición y armado: Eduardo Besoin Corrección: Beatriz Caballero Diseño de tapa: KyG Design Impreso en febrero de 2015 en Leograff SRL, Rucci 408, Valentín Alsina Impreso en Argentina - Printed in Argentina Hecho el depósito que marca la ley 11.723

A mis Maestros argentinos, profesores de la primera promoción de Posgrado: Carrera de Especialización de Derecho del Trabajo (Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires - UBA, 1981 y 1982), a la cual me honro en pertenecer: Dr. Antonio Vásquez Vialard. Director de la Carrera (Módulos: Introducción al Derecho del Trabajo y Teoría General del Derecho del Trabajo) Dr. Humberto A. Podetti (Módulo: Política Social) Dr. Jorge Rodríguez Mancini (Módulo: Mercado de Trabajo) Dr. Justo López (Módulo: Instituciones Sociolaborales) Dr. Héctor H. de la Fuente (Módulo: Relación de Trabajo y Contrato Laboral) Dr. Adrián Goldin (Módulo: Objeto del Contrato de Trabajo) Dr. Juan Carlos Fernández Madrid (Módulo: Deberes y derechos de las partes del Contrato de Trabajo) Dr. Julio Martínez Vivot (Módulo: Trabajo de mujeres y menores) Dr. Hugo R. Carcavallo (Módulo: Jornada de Trabajo) Dr. Máximo Daniel Monzón (Módulos: Novación del contrato de trabajo y Derecho procesal laboral) Dra. lrene Vasilachis de Gialdini (Modulo: Condiciones de Trabajo) Dr. Ing. Marcó (Módulo: Medicina del trabajo) Dr. Jorge Bermúdez (Módulos: Introducción al Derecho procesal del trabajo y la prueba laboral) A todos ellos, mi infinito respeto y agradecimiento. Así también, dedico esta obra a los insignes Maestros, que a través de sus diálogos, entrevistas, conferencias, pero fundamentalmente, a través de la lectura de sus obras me instaron a amar el DERECHO DEL TRABAJO; me refiero a los profesores Ernesto Krotoschin, Mario L. Deveali, Mariano Tissembaum, Alfredo Ruprecht, Santiago Rubinstein, Benito Pérez, Guillermo Cabanellas, entre otros. De todos aprendí lo que sé del DERECHO DEL TRABAJO.

PALABRAS PREVIAS

La presente obra aborda el intrincado tema de la cuantificación las prestaciones dinerarias en la infortunística laboral. En el capítulo 1 se brinda un pantallazo general de la evolución normativa sobre las prestaciones dinerarias del régimen y las variables que forman parte del cálculo. Seguidamente, en el capítulo 2 se analiza el Ingreso Base (art. 12, 1-RT), los posibles cuestionamientos y su formas de cálculo. En el capítulo 3 se desarrollan los aspectos referidos a las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria (art. 13, LRT). Las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente parcial (art. 14, LRT), son materia del capítulo 4. La incapacidad permanente total -igual o mayor al 66 %- (art. 15, LRT) ha sido abordada en el capítulo 5. El cálculo de las prestaciones dinerarias por gran invalidez y muerte del trabajador (arts. 17 y 18, LRT) es desarrollado en los capítulo 6 y 7. En cada uno de estos capítulos se han desarrollado las fórmulas teniendo especial cuidado en detallar las diferencias según las distintas normas: decreto 127812000, decreto 169412009, ley 26.773 o decreto 472120 14. Por su parte, un completo estudio sobre la actualización mediante el RIPTE es materia del capítulo 8. Además de la explicación general del sistema de actualización, dicho capítulo no está ayuno de ejemplos, repaso judicial de los fallos controversiales y cuadros detallados con los ajustes según el lapso temporal. La obra se cierra con tres anexos: el primero sobre la aplicación de las fórmulas contenidas en los casos «Vuoto» y «Méndez»; el segundo, con una completa recopilación de la más moderna doctrina judicial; el tercero, por último, desarrolla ejemplos de cálculos para las incapacidades parciales, totales y muerte del trabajador, aplicando las distintas

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1

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fórmulas analizadas en los capítulos de la obra, con especial detenimiento en las operaciones matemáticas requeridas. Auguramos que este libro sobre el cómo y el cuánto en el cálculo de las prestaciones dinerarias en los infortunios laborales constituyaüna herramienta imprescindible en pos de una correcta y justa reparación de los accidentes de trabajo. Cualquier duda o sugerencia la recibiré con gusto en mi correo electrónico: [email protected] ELAUTOR NORMATIVA

Las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo consisten en una serie de sumas de dinero que van en directa relación con el tipo y el grado de incapacidad que el trabajador porte, excepto para el caso de la Incapacidad Temporaria, que necesariamente se devenga desde el día siguiente de la primera manifestación invalidante, independientemente de que a la postre la dolencia produzca una secuela incapacitante. Desde el año 1995, fecha en que fue sancionada la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, hasta la fecha, se han sucedido una serie de normas que fueron modificando las prestaciones dinerarias del sistema. A continuación enunciaremos someramente las principales novedades de cada una de ellas ': e Ley 24.557 (B.O. 4110195) 2. Aquí apareció la fórmula base de cálculo con el Ingreso base. o Decreto 127812000 (B.O. 31112001). Modifica la fórmula base de cálculo, los topes indemnizatorios e incorpora al art. 11 de la LRT las compensaciones dinerarias adicionales (ap. 4). e Decreto 169412009 (B.O. 611112009). Eleva las sumas de las compensaciones dinerarias adicionales (art. 11.4 LRT), elimina los topes indemnizatorios, instaura en su reemplazo los pisos indemnizatorios, fija en $ 2.000 la prestación mensual por gran invalil Véase el texto completo de todas estas normas en el CD-ROM que acompaña a esta obra. * Véase nuestra obra: Ley de Riesgos del Trabajo. Comentada. Anotada con jurisprudencia y modelos c/CD-ROM (http://www.garciaalonso.com.ar/ articulo.php?id=55)

INTRODUCCIÓN

e

dez y establece la pauta del art. 208 LCT para las incapacidades temporarias y permanentes provisorias. Ley 26.773 (B.O. 2611012012) 3. Elimina el pago en renta periódi: ca, instaura la actualización automática de los montos indet7-hzatorios mediante el indice RlPTE e incorpora una compensa-* ción adicional de pago único de 20 % en concepto de reparación integral. Decreto 47212014 (B.O. 11/4/2014) 4. Reglamentario de la ley 26.773, elimina la situación de provisionalidad para las incapacidades permanentes, establece la posibilidad de prolongar el período máximo de duración de la Incapacidad Laboral Temporaria, indica en términos precisos cómo convertir las indemnizaciones que antes se pagaban en renta periódica a pago único (la ley 26.773 no había sido suficientemente clara al respecto) y disipa las dudas sobre qué conceptos se calcula la compensación adicional de pago único de 20 %.

Respecto de la aplicación temporal, cada norma estableció que sus efectos corrían para los accidentes o enfermedades cuya primera manifestación invalidante ocurriera después de publicada en el Boletín Oficial. Como veremos en la jurisprudencia, una gran cantidad de fallos han optado por un sentido menos restrictivo, al aplicar las mejoras para las prestaciones no canceladas a la fecha de comienzo de su entrada en vigencia.

2. VARIABLES

INVOLUCRADAS EN EL CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES

O

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Adicional de 20 % de pago único (ley 26.773) Ajustes según indice RlPTE (ley 26.773)

No todas estas variables se utilizan en todos los casos, ya que dependen del grado de incapacidad del accidentado y de la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante. Más adelante explicaremos en detalle cómo saber qué variables usar según cada caso con-

taciones dinerarias otorgadas por el régimen. La ley lo define como «...la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, devengadas en los doce (12) meses anteriores a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un (1) año, por el número de días corridos en el período considerado)) (art. 12, LRT). El valor mensual del ingreso base (VMIB) se obtiene multiplicando el valor del ingreso base por 30,4. El Ingreso base será tratado en profundidad en el Capítulo 2 de la presente obra.

b) Fórmula base

DINERARIAS

Las variables o conceptos que forman parte del cálculo son las siguientes: e Ingreso base (art. 12 LRT) m Fórmula base LRT (arts. 14.2, 15.2, 17 y 18 LRT) Compensación dineraria adicional (art. 11.4 LRT) Véase nuestra obra: Nuevo Régimen de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales c/CD-ROM (http://www.garciaalonso.com.ar/ articulo.php?id=82) Véase nuestra obra: Reglamentación de la ley 26.773 de accidentes del trabajo c/CD-ROM (http://www.garciaalonso.com.ar/articulo.php?id=93)

Esta fórmula se utiliza para el cálculo del monto principal en los casos de los artículos 14.2 (incapacidad permanente parcial), 15.2 (incapacidad permanente total), 17 (gran invalidez) y 18 (muerte del trabajador) de la LRT. Previo a la sanción del decreto 169412009 también se utilizaba para los casos de los arts. 13 (incapacidad transitoria), 14.1 (incapacidad parcial provisoria) y 15.1 (incapacidad total provisoria) de la LRT. Esta fórmula se calcula multiplicando el número 53 (originalmente era 43) por el coeficiente de edad (65 dividido la edad del trabajador) y multiplicándolo por el porcentaje de incapacidad (para las incapacidades mayores o iguales al 66 % de la TO se toma el 100 % como porcentaje de incapacidad, razón por la que se elimina de la fórmula).

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1

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Esta fórmula la utilizaremos en los capítulos 3,4, 5,6 y 7 y veremos en detalle todos sus pormenores. ' 4

C

c) Compensación dineraria adicional (Art. 11.4 LRT) El art. 3 del DNU 127812000 incorporó al sistema compensaciones dinerarias adicionales para los casos previstos en los artículos: 14.2 inc. b; 15.2; 17 y 18. Estos son los montos originales: a) En el caso del art. 14, ap. 2, inc. b), la prestación adicional será de $ 30.000 b) Para los casos de los arts. 15, ap. 2 y 17, ap. 1, la prestación adicional será de $40.000 c) En la situación prevista en el art. 18, ap. 1, la prestación adicional será de $ 50.000 Luego el decreto 169412009 actualizó dichas sumas a: a) En el caso del art. 14, ap. 2, inc. b), la prestación adicional será de $ 80.000 b) Para los casos de los arts. 15, ap. 2 y 17, ap. 1, la prestación adicional será de $ 100.000 c) En la situación prevista en el art. 18, ap. 1, la prestación adicional será de $ 120.000 Finalmente, la ley 26.773 instauró la actualización automática a través del índice RlPTE 5. Semestralmente, la Secretaría de Seguridad Social publica una resslución con los nuevos valores. A continuación indicamos los valores publicados hasta la fecha, mediante las resoluciones 3412013, 312014 y 2212014:

Para el período comprendido entre el 1/3/2013 y el 31/8/2013 inclusive: e Apartado a): $185.308 Apartado b): $231.635 e Apartado c): $277.962 Para el período comprendido entre el 11912013 y el 28/2/2014 inclusive: Apartadoa): $211.844 Apartado b): $264.805 Apartado c): $ 3 17.766 Para el período comprendido entre el 1/312014 y el 31/8/2014 inclusive: e Apartado a): $231.948 e Apartado b): $289.935 Apartado c): $347.922 Para el período comprendido entre el 1/9/2014 y el 28/2/2015 inclusive: Apartado a): $275.740 e Apartado b): $344.675 e Apartado c): $ 4 1 3.61 0

d) Adicional de 20 % de pago único (ley 26.773)

Para el período comprendido entre el 2611012012 y el 281212013 inclusive: Apartado a): $164.280 Apartado b): $205.350 e Apartado c): $246.420

El artículo 3 de la ley 26.773 crea el derecho a la percepción de un adicional de pago único del 20 % de la indemnización, como compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas previstas en el presente régimen. En caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional de pago único nunca será inferior a $ 70.000. Cabe aclarar que si bien la ley excluye a los accidentes in itinere de la indemnización adicional por daño moral, la jurisprudencia no es pacífica en torno a esta exclusión 6.

Véase el capítulo 8 de la presente obra para un tratamiento en profundidad de dicho índice y su utilización en los cálculos.

Un reciente fallo que admite la reparación adicional del 20% para los acciI accidentes in itinere es: ((Barrcellos Javier Olivio c l Liderar ART S.A. S dente - ley especial)) de la CNTrab., Sala VI1 (311312014). Consultese el resumen y texto completo en el CD-ROM que acompaña a esta obra.

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INTRODUCCIÓN

La actualización mediante el índice RlPTE ha ido elevando el monto mínimo de $ 70.000 para los caos de muerte o incapacidad total. A continuación indicamos los valores actualizados hasta la fecha, según resoluciones 3412013, 312014 y 2212014: o

e e

Para el período comprendido entre el 2611012012 y el 28/2/2013 inclusive, $ 70.000. Para el periodo comprendido entre el 1/3/2013 y el 31/8/2013 inclusive, $ 78.960. Para el período comprendido entre el 1/9/2013 y el 28/2/2014 inclusive, $ 90.267. Para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, $ 98.833. Para el período comprendido entre el 1/9/2014 y el 28/2/2015 inclusive, $ 117.493

e) Ajustes según índice R I P E ((ley26.773 y decreto reglamentario 47212014) En la ley 26.773 encontramos dos artículos que tratan la actualización de los montos indemnizatorios mediante el índice RIPTE: el 8 y el 17, inc. 6. El art. 8, que es el más general, plantea la actualización semestral automática. El inciso 6O del art. 17, por su parte, se encarga de la actualización inicial de los montos a la entrada en vigencia de la ley 26.773. Dice así: «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE, desde el 1 de enero del año 2010)). Esta redacción poco clara, no taxativa, creó un interrogante no menor: ¿qué conceptos son, exactamente, los que se actualizan con la entrada de la nueva ley? ¿La fórmula base de la LRT? ¿Las compensaciones dinerarias adicionales? ¿La compensación extra del 20 %? ¿Todos? Cada especialista respondió a este interrogante según su propio criterio, en espera de una aclaración normativa posterior. Aparecida la reglamentación vía decreto 47212014, la cuestión quedó zanjada sin mayores inconvenientes: sólo las compensaciones dinerarias adicionales, incorporadas al artículo 11.4-dela LRT, sus modiO

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atorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1694109, se ben incrementar conforme la variación del índice RIPTE. Es decir que la reglamentación se volcó por el sentido más restrictisólo las compensaciones dinerarias adicionales (art. 11.4, LRT) y pisos mínimos (dec. 1694109) serán actualizados. En el capítulo 8 de la presente obra ahondaremos en esta temática.

CAP~TULO 2 INGRESO BASE (ART. 12, LRT)

tj 1. CONCEPTUALI~~CI~N

El ingreso base es el módulo para determinar el monto de las prestaciones dinerarias otorgadas por el régimen. La LRT lo define en su

ART~CULO 12, LRT.- ~NGRESOBASE. 1. A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, devengadas en los DOCE (12) meses anteriores a la primera manifeshción invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a UN (1) año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado. [Texto según decr. 1278/2000, B.O., 3/ 1/011. 2. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida según el apaeado anterior por 38,4. Es decir que el lngreso Base consiste en un promedio de las remuneraciones del trabajador previas al infortunio. El Valor Mensual del lngreso Base (VMIB) se utilizará en la fórmula base de cálculo del sistema, y se obtiene de multiplicar el ingreso base por el número 30,4.

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b) Reglamentación La reglamentación indica el correcto cálculo del valor mensual del ingreso base, y la encontramos en el articulo 3 del decreto 334196, e6 e¡ articulo 1 de la resolución 237196, SRT, en la circular 2/98, SRT y en l a circular 2/01, SRT '.

Art. 3, dec: 334/96. A los fines de la determinación del ingreso base, cuando la primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a la extinción de la relación laboral, se considerará el año aniversario anterior al último día en que se abonaron o debieron abonarse las remuneraciones sujetas a cotización con relación al mismo empleador. Aquellos meses en los que el empleador no estuviera obligado a abonar remuneraciones sujetas a cotización no se computarán para el cálculo del ingreso base. Cuando el pago de las prestaciones no correspondiera a meses calendario completos, se tomará el ingreso base multiplicado por los días corridos del mes transcurrido. Respecto de personas obligadas a prestar un servicio de carga pública, a los fines del cálculo del ingreso base, deberá tomarse la remuneración sujeta a cotización que el damnificado estuviera percibiendo en su actividad, o la renta presunta prevista por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para el caso de trabajadores autónomos, o el salario mínimo del escalafón de la planta permanente del personal incluido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública si el damnificado se encontrare desempleado. Art. 1, res. 237/96. Determínase que a los efectos del cálculo del ingreso base, se computarán incluso las remuneraciones sujetas a cotización devengadas dei día correspondiente a la primera manifestación invalidante.

INGRESO BASE (ART. 12, LRT)

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5 2. CÓMOCALCULAR EL INGRESOBASE.DISTINTOSSUPUESTOS a) Fórmula El cálculo del ingreso base se formula tomando en consideración sólo lo que percibe el trabajador por los conceptos remunerativos en sus ingresos en su último año de trabajo anterior a la primera manifestación invalidante, congelando sus ingresos a esa fecha. En este caso, no se tiene en cuenta los aumentos salariales posteriores, así como tampoco los eventuales ascensos u otros ingresos adicionales 8. 12 últimas remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones

= lngreso Base (diario) Días corridos

Una vez obtenido el lngreso Base Diario, el Valor Mensual del lngreso Base (VMIB) resulta de multiplicar ell lngreso Base por 30,4: VMlB = ingreso Base Diario x 30,4

A continuación desarrollaremos dos ejemplos prácticos: en el primer caso, un trabajador que tiene al menos un año de antigüedad; en el segundo, veremos cómo calcular el lngreso Base para los casos en que el trabajador no alcanza el año de antigüedad en el empleo.

b) Ejemplo 1: trabajador con más de un año de antigüedad Fecha del accidente: 1/9/2012 Remuneración mensual: $3.500 Remuneraciones de los últimos 12 meses previos a la primera manifestación invalidante:

Véase el texto completo de estas normas en el CD-ROM.

Cfr. «Aquino, lsacio c l Cargo Servicios Industriales S.A.)). CSJN, 211091 2004

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INGRESO BASE (ART. 12, LRT)

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MES

sep-2011 ............ OCA-2011 ............. nov-2011 ............. dic-2011 .............. ene-2012 ............ feb-2012 ............. mar-2012 ............ abr-20 12 ............. may-2012 ........... jun-2012 ............. jul-2012 .............. ago-2012 ............ Total ...................

IMPORTE

5.500,OO ................... 5.500,00 ...:............... 5.500,00 ................... 8.250,00 ................... 5.500,OO. .................. 5.500,OO ................... 5.500,00 ................... 5.500,OO ............. :..... 5.500,00 ................... 5.500,OO ................... 8.250,OO ................... 5.500,OO ................... 71.500,00 ...................

1 29

D~AS

30 31 30 31 (incluyeSAC) 31 28 31 30 31 30 31 (incluye SAC) 31

.%.*.'

.-

365

lngreso Base Diario: 71.500 1365 = 195,89 lngreso Base Mensual: 195,89 x 30,4 = 5.955

c) Ejemplo 2: trabajador con menos de un aiío de antigüedad

En el ingreso base, además de las quitas porcentuales, sólo se computan las sumas sujetas a cotización de la seguridad social, cuando en 10ssistemas legales precedentes siempre se aplicó la norma más favorable calculando el salario total de acuerdo con el artículo 208 de la LCT. Por su parte, el coeficiente de edad alcanzó a 100 con la ley 23.643 y fue disminuido a 65 por la LRT. Esta forma de calcular el ingreso base implica una disminución sustancial del haber del trabajador con relación al salario real anterior al infortunio. Esta situación se agrava en épocas de inflación y aumento de salarios, ya que se produce un empobrecimiento de la víctima con respecto al ingreso del trabajador sano y en actividad, ya que el VMlB (valor mensual del ingreso base) queda cristalizado en el cálculo de ingresos del año anterior a la primera manifestación invalidante. La determinación de las prestaciones sujetas al referido salario previsional, como el congelamiento del valor mensual del ingreso base al valor del año anterior a la primera manifestación invalidante, le causa al trabajador un serio perjuicio, pues los daños sufridos en las diferentes secuencias de su incapacidad son fijados sólo computando una parte de la remuneración cristalizada en el tiempo. Estas disposiciones no fueron corregidas por la reforma del decreto 1278100.

Fecha de inicio relación laboral: 101112012 Fecha del accidente: 51512012 Remuneración mensual: $ 5.000 MES

IMPORTE

ene-2012 ............ 3.500,00 ................... feb-2012 ............. 5.000,OO ................... mar-2012 ............ 5.000,00 ................... abr-2012 ............. 5.000,OO ................... may-2012 ........... 833,33 ................... SACprop ............ 1.611,11 Total ................... 25.944,44...................

D~AS

21 28 31 30 5

115

lngreso Base Diario: 25.944,44 1 115 = 225,60 lngreso Base Mensual: 225,60 x 30,4 = 6858,35

PRESTACIONES DINERARIAS. FORMADE CÁLCULO. ART.208, LCT. DE((INGRESOBASEMENSUAL)) -IBM-. PREVISIONES DE LOS ARTS. 11.2, 12, 14.1 Y 15.1 DE LA LEY 24.557 Y 16 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 334196. ~ N C ~ N S T I T U C ~ ~ N A L ~ D A D

TERMINACIÓN Y AJUSTE DEL

(( ... todas las prestaciones dinerarias de la LRT (con excepción de la prestación por gran invalidez del art. 17) se calculaban a partir del «ingreso base» (I.B.) que resulta del promedio de las remuneraciones del trabajador durante el año anterior al accidente o a la primera manifestación invalidante, el cual se multiplica por 30,4 para la obtención del

Cfr. Schick, Horacio Las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo y el Decreto 169412009 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en DT 2010 (mayo), 1217.

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ingreso base mensual (I.B.M.) y, a su vez, por el porcentaje de incapacidad para la determinación de la prestación dineraria mensual prevista para el período de la incapacidad laboral provisoria (ILPP) del art. 14.1 de la ley 24.557. Además, la normativa cuestionada por el actor diGo2 ne que la prestación dineraria así determinada debe ser ajustada se-gún los incrementos del módulo previsional (MOPRE) de la ley 24.241 que hubiesen sido dispuestos durante el período (conf. art. 11.2, LRT y dec. 334196). Debe tenerse presente que se trata de prestaciones sustitutivas y10 complementarias de la remuneración.)) «Sólo a partir de la sanción del decreto 1694109 se modificó esa forma de cálculo, al disponer que en los supuestos de la incapacidad laboral temporaria y permanente provisoria las prestaciones dinerarias deben calcularse de conformidad con lo preceptuado por el artículo 208 de la LCT, en cuanto ordena el pago de una suma equivalente a la de la última remuneración percibida (si el trabajador es remunerado mediante sumas fijas) o al promedio de lo percibido en el último semestre (si percibe remuneraciones variables), con más los aumentos que hubiesen sido otorgados durante el período. Como fue señalado precedentemente, esta última normativa sólo rige aquellos supuestos en que las primeras manifestaciones invalidantes de la incapacidad se produjeron con posterioridad al día 611112009 en que fue publicada y entró en vigencia la nueva reglamentación (art. 16, dec. cit.), lo que no acontece en el caso de autos.» «La falta de ajuste de la base remuneratoria a la que se supedita la determinación del monto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 para los períodos de incapacidad laboral temporaria y definitiva provisoria, los cuales pueden llegar a extenderse hasta seis años en total (uno por la incapacidad laboral temporaria y tres más, prorrogables por otros dos años, por la incapacidad definitiva provisoria), implica una «pulverización» del real significado económico del crédito, en palabras del Máximo Tribunal (CSJN, fallo del 16/12/1993 en autos «Vega»), todo lo cual permite declarar la inconstitucionalidad de las normas referidas pretendida por el actor. Más aún, cuando la normativa posterior evidencia que el perjuicio económico aludido fue advertido y conjurado por el legislador mediante la adecuación de esas previsiones con lo establecido por el art. 208 de la LCT para el supuesto de enfermedades inculpables (cfr. antecedentes del decreto 1694109).» «En consecuencia, al igual que el magistrado que precede, concluyo que las disposiciones de los arts. 11.2, 12, 14.1 y 15.1 de la ley 24.557 y 16 del decreto reglamentario 334196 en cuanto a la forma de

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eterminación y ajuste del ingreso base mensual para el cálculo de las restaciones dinerarias por incapacidad permanente provisoria resulan inconstitucionales como contrarios a las garantías de propiedad e gualdad ante la ley (arts. 14, 14 bis y 17, Const. Nac.).)) (((Vizcarra Raúl c l Mapfre Argentina ART S.A. y otro S acción I de amparo)). CNTrab., Sala X, 2011212011)

«El mecanismo de topes legales no puede constituir una valla que afecten derechos constitucionales y de ese modo privar a trabajadores dañados de un resarcimiento acorde, máxime cuando los mismos se mueven dentro de la tarifa legal, que al utilizar el parámetro salarial para fijar el Ingreso Base Mensual toma en consideración -aunque en forma acotada- justamente los incrementos producidos en el salario de la víctima en el período en cuestión fijado por la ley (más allá de las consideraciones que al respecto el suscripto formulara cuando el IBM no refleja la realidad salarial por su mecanismo de promedio como fuera el caso analizado en los autos: ((Molina c/Liberty», o cuando su proyección hacia el futuro, a través del sistema de provisoriedad de las incapacidades y las prestaciones dinerarias que se abonan dentro de tal período, resulte claramente irrazonable y violatoria de los derechos de la víctima, como se resolviera en los autos: ((Taborda clColor Living S.A.»)» (((Rivera, Héctor Hugo clConsolidar ART S.A. - Ordinario - Accidente (Ley de Riesgos))).Cám. del Trabajo de Córdoba, Sala X, Unipersonal, 1110412012)

El ingreso base al que hace referencia el art. 12 de la ley 24.557 es claramente reprochable desde el punto de vista constitucional cuando de su cálculo resulta para el trabajador accidentado un importe inferior al que normalmente le correspondería como contraprestación por su labor. El fundamento jurídico de tal prestación es la situación de incapacidad en que se halla el trabajador, en virtud de una circunstancia que el ordenamientojurídico le imputa al empleador (subrogado en sus obligaciones por la ART). No tiene sentido ~ L I ?durante ese lapso el traba-

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jador se vea afectado por un déficit en su ((ingreso de bolsillo», que tiene carácter alimentario, en virtud de una causa que no le es imputable, y que la norma le asigna a la responsabilidad del empleador. (Enel caso el trabajador ve claramente afectada su remuneración mensual de $ 600, por una prestación de $ 226,58. que no alcanza siquiera a la mitad del ingreso mensual que tiene carácter alimentario). (((Lucero, Cristian Guillermo clProvincia ART S.A. y otro sldespido)). CNTrab., Sala V, 5/7/2006, elDial.com - AL1 D58)

TOPES.CUESTIONAMIENTO AL INGRESO BASE «El mecanismo de topes legales no puede constituir una valla que afecten derechos constitucionales y de ese modo privar a trabajadores dañados de un resarcimiento acorde, máxime cuando los mismos se mueven dentro de la tarifa legal, que al utilizar el parámetro salarial para fijar el lngreso Base Mensual toma en consideración -aunque en forma acotada- justamente los incrementos producidos en el salario de la víctima en el periodo en cuestión fijado por la ley (. ..) En ese sentido comparto lo sostenido en reciente pronunciamiento por el Dr. Mauricio César Arese cuando expresara: «No se cuestiona en este pleito el tope como política legislativa limitante de hipotéticas medidas de protección monetaria frente a la lesión del derecho fundamental a la integridad psicofisica, sino que el legislador ha actuado con desidia tal que está desnaturalizando e incursionando por debajo del nivel de protección que la propia norma base ha pretendido implantar para garantizar esa protección. La limitación congelada del art. 12, LRT, por más que aparezca en este caso con un monto no importante, significa en fin, un recorte al derecho fundamental de fondo sin fundamento ni racionalidad alguna. Finalmente, existe un dislate legislativo al mantener la vigencia de un limite resarcitorio en materia de siniestros laborales cuando ha sido superado por la realidad durante varios años (art. 12) en el marco del publico y notorio cuestionamiento doctrinario y jurisprudencia1 de la actual LRT aceptado por la CSJN en diversidad de materias)) (((Martin, Pablo Dario clMAPFRE ART S.A. - Ordinario -Accidente ley de riesgos)). Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, 2111212012, elDial.com - M 7 D 4 3 )

INGRESO BASE (ART.

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PRESTACIONES DINERARIAS. AJUSTE.MODIFICACIONES INTRODUCIDAS LEY 26.773. TASADE INTERES. APLICACI~N DE LA TASA ACTIVA. S COMPENSATORIOS Y MORATORIOS QUE SE GENERARON DESDE DE CONSOLIDACIÓN DEL DAÑO Y HASTA LA APLICACIÓN DEL RIPTE. RT. 17, INC. 6, DE LA LEY 26.773. DISIDENCIAPARCIAL: TASA DE INTERÉS

o~ LA

«Si bien la ley 26.773 dispuso su ajuste con el coeficiente de evolución del RIPTE desde enero de 2010, con lo que recuperó su valor en términos reales respecto del dec. 1694109 encuentro que ello no alcanza para recuperar el valor real de la previsión originaria del Decreto 1278100. Y digo ello pues a través del tiempo la indemnización por incapacidad ha sufrido el deterioro de la base indemnizatoria sin que las leyes 23.928 y 24.557 y sus modificatorias dispusieran mecanismos de ajustes frente a la mora, lográndose liquidar indemnizaciones diferidas en el tiempo con bases depreciadas por cuanto el mecanismo de cálculo es el modulo denominado ((ingreso base mensual)) (art. 12) que es la base de cálculo utilizada para el pago de las indemnizaciones por incapacidad permanente y muerte, y que es el promedio de las remuneraciones del ultimo años anterior a la primera exteriorización de la invalidez, como si durante ese año no hubiere movilidad salarial o bien no existiera movilidad salarial por todo el periodo hasta la determinación de la incapacidad y hasta el pago de la indemnización, lo que entiendo afecta garantías constitucional es.^^ (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Craig) (((Méndez, Ángel Alberto c1CNAART S.A. y otro S accidente I - acción civil)). CNTrab., Sala VI, 311312014, elDial.com - AA86E5)

ART. 12 LRT. ~NCONSTITUCIONAL~DAD. SISTEMADE REPARACIÓN DE DAÑoS PREVISTO EN LA LRT. LA LEY 26.773 NO HA INTRODUCIDO UN MECANISMO ACTUALIZATORIO, SUSCEPTIBLE DE APLICARSE SOBRE EL RESULTADO DE LAS FÓRMULAS

TARIFARIAS DE MANERA AUTOMATICA

La cuestionada ley 24.557 en su texto originario reformado por el decreto 1278100 preveía que todas las prestaciones económicas deberían calcularse en base al Valor Mensual del lngreso Base. Luego, el decreto 1694109 modificó este criterio sólo para la lncapacidad Laboral Temporaria y la lncapacidad Permanente Provisoria, estableciendo que las prestaciones por estos conceptos «se calcularán, liquidarán y ajus-

INGRESO BASE (AR?" 12, LRT)

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tarán)) de acuerdo al art. 208 de la LCT para los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. Consecuentemente el cercenamiento de la base salarial a tener en cuenta a influjo de los parámetros fijados en el articulo 12 cuestionado, quedó ceñido a las prestaciones por incapacidad parcial permanente y por muerte, sin que se adviertan razones que pudieran justificar ese diverso tratamiento. Durante las épocas de estabilidad económica y monetaria, o cuando el índice de variación salarial no resultaba relevante, la adopción de una pauta como la contenida en la norma cuestionada podría haberse tolerado, pero en épocas de gran movilidad salarial, en las que el valor adquisitivo de la moneda también ha variado y en las cuales se adoptaron mecanismos atipicos para lograr el incremento del ((salario de bolsillo)) del trabajador subordinado (a través del pago de sumas «no remunerativas))), su sostenimiento no parece ajustarse a parámetro razonable alguno por cuanto, a más de tomar en cuenta un ingreso salarial menguado -sin el cómputo de las sumas calificadas ilegalmente como «no remunerativas»-, dispone el promedio de las remuneraciones sujetas a cotización que el trabajador hubiere percibido durante el ano anterior a la ((primer manifestación invalidante)), circunstancia que licua aún más la base salarial a tener en cuenta. A mi juicio, la modalidad que adopte la ley a fin de simplificar el régimen desde el punto de vista financiero, o para posibilitar la previsión de costos, no puede traducirse en mengua de las prestaciones dinerarias previstas en favor del trabajador accidentado. En este sentido, la reciente ley 26.773 en su articulo 1O0 al referirse a la financiación del sistema establece que «la determinación de la base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador)), por lo que si para la determinación de la alícuota que el empleador debe abonar a la aseguradora se contemplan la totalidad de los ingresos del dependiente, con más razón deberán computarse para el cálculo de las prestaciones. Evidentemente, la reciente reforma ha tomado en consideración, al menos para algunos efectos, a las mentadas sumas «no remuneratorias)), lo que pone en evidencia la sinrazón de la diferenciación legislativa antes apuntada entre la base salarial considerada a los efectos de establecer las prestaciones que tienen por fin la sustitución de ingresos y aquellas previstas con claro carácter resarcitorio del daño consolidado. (((Graziano, Diego Ulises clMapfre Argentina ART S.A. slaccidente acción especial)). CNTrab., Sala 11, 13/6/2014)

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RES0 BASE. SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 12, DE LA LEY 24.557, EN CUANTO DESAGREGA DEL SALARIO MENSUAL

O,

TRABAJADOR LOS RUBROS DECLARADOS POR LA LEY O POR CONVENIO EMUNERATORIOS

cante a la segunda argumentación volcada por la quejosa para ener la aplicabilidad a la especie del art. 12 de la ley 24.577, diré en mi concepto, la razón no le asiste, en tanto hallo al precepto o con las normas superiores de la Constitución Nacional, cual el r alegara a fs. 26/29. En efecto, determinar la prestación por incapacidad de marras en nción de un monto dinerario inferior al salario real conduce a que ella rá menor a las remuneraciones que el trabajador habría percibido de haber sufrido el evento dañoso (confr.: Vázquez Vialard, ((Efectos rídicos patrimoniales con motivo de la incidencia del 'salario previsional' la ley de riesgos del trabajo, en cuanto disminuye el monto de la aración del daño)), en Revista de Derecho Laboral, to. 2002-1, Rubinzal-Culzoni2002, págs. 15116). El fundamento juridico de tal presión es la situación de incapacidad en que se halla el trabajador a raíz una circunstancia que el ordenamiento juridico imputa al empleador, ubrogado en sus obligaciones por la ART así pues, no resulta razonale que el damnificado, en virtud de una causa que no le es imputable, se vea afectado por un importe más bajo al que le habría correspondido como contraprestación por su labor, en fin, por un déficit en su ((ingreso de bolsillo», de carácter alimentario (confr.: CNTrab., Sala V, S.D. 68.608 del 5/7/06, in re ((Lucero, C. G. c l Provincia ART S.A.)), en httpll www.pjn.gov.ar, consulta del 7/4/14). Patentiza el desfase entre el resarcimiento y el daño, a la vez que muestra el quebranto de la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art. 16, Const. Nac.), el notar que el trabajador quedaría más protegido si el perjuicio hubiere derivado de un hecho inculpable -enfermedad o accidente no laboral-, toda vez que en tal supuesto el art. 208 L.C.T. le garantizaría un ingreso idéntico al que habría recibido encontrándose en actividad (confr.: Maza-Loustaunau, ((Desajusteen las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo», L.L. 2008-ETodo ello deriva de haber adoptado el legislador un criterio de irrazonabilidad constitucionalmente inaceptable, cual lo es el de atender para la formación del I.B.M. a la pauta del ((salario previsional)), según la cual son marginados del ingreso mensual del trabajador aque-

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llos rubros que la ley o el convenio colectivo respectivo declare «no remunerativos)) (confr.: Schick, ((Riesgos del Trabajo - Temas fundamentales)),2da. ed., pág. 334), en contradicción al concepto de salario de los arts. 103 y sgts. LCT y mutando arbitrariamente la naturaleza jurídica de la contraprestación por la labor. A cuento viene el recordar aquí que el principio de razonabilidad de las leyes, emanación del de legalidad, tiene por finalidad preservar el valor justicia en el contenido de cualquier acto de poder, de forma que el medio escogido para alcanzar un fin válido guarde proporción y posea aptitud suficiente para el logro de tal fin (doc. del art. 28, Const. Nac.; Bidart Campos, ((Manual de la Constitución Reformada)), 1era. reimp., 1-515/517, nros. 73/78). En el caso, si la finalidad de la prestación dineraria es reparar el daño sufrido por un trabajador, consistente en la pérdida de parte de su capacidad laboral a consecuencia de un infortunio, el instrumento elegido para ello no cuenta con dicha potencialidad, pues resarce al damnificado en medida insuficiente al asignarle una prestación inferior a la reducción de aptitud laboral experimentada por él. A esta altura aparece otra nueva infracción constitucional. El at?. 1" del Convenio 95 de la OIT define al salario como la remuneración o ganancia, «sea cual fuere su denominación o método de cálculo» (sic), debida por el empleador al trabajador en virtud de un contrato laboral por el trabajo que éste haya efectuado o deba efectuar o los servicios prestados o que deba prestar. Ratificado tal Convenio por la República Argentina, la Nación «se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contempla)) (CSN, Fallos 315:1492, con cita del art. 19.5, inc. «d» de la Constitución de la OIT) y esa disposición, por ser de jerarquía superior a las leyes (75, inc. 22 párr. 1 in fine, Const. Nac.), conformaba una valla que a los legisladores argentinos no les era dado franquear, primero, alterando artificialmente la naturaleza jurídica de algunos aumentos salariales -así lo declaró nuestra Corte Suprema Nacional el 1/8/09 in re ((Pérez, A. R. clDisco S.A.» (Fallos 332:2043), reafirmándolo el 416113 en el caso «Diaz, P. V. c l Cervecería y Maltería Quilmes S. A.» (en http//www.laleyonline.com.ar,ARIJUR12002312013, consulta del 714114)- y, a posteriori, echando mano al espúreo concepto de «salario previsional)), elaborado sibilinamente para que los empleadores evitaran aportar al sistema jubilatorio o lo hicieran por sumas reducidas (confr.: Schick, opus y loc. cit.). Saltar esa estacada ha importado violar el orden constitucional, conforme al cual aquel convenio internacional posee valor supralegal, primacía que ha de serle reconocida como prinO

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vertebral (arts. 31 y 75, inc. 22 párr. 1" in fine, Const. Nac.; confr.1 rt Campos, opus cit., 1-342, n" 19). esde luego, Puesto que ese criterio legislativo desatiende la node que el trabajador es un sujeto de preferente tutela, el mismo ta incompatible con el texto y espíritu del art. 14 bis de la Consta

IV. Por todo ello, considero que, supliendo la omisión en que incu¡era inadvertidamente el «a que)), hemos de declarar la inconstituciosalario t ~ ~ c ~ ~del s u trabajador al los rubros declarados por la ley o por convenio no remuneratorios, confirmando la sentencia apelada en todo 10 demás que fuera materia de agravios, con costas de segunda instantia a la recurrente vencida en ella (art. 57 de la Ley XIV no 1) y regulando 10s honorarios del Dr. L. M. S., por sus labores de alzada y atendien0 a la extensión, calidad y resultado de dichas tareas, en la suma quivalente al 3,75 % del monto total del proceso que sea determinado

(((Rochieri, Oscar Alberto c/Provincia ART S.A. s/accidente de Trabajo (sistémico))). Cámara de Apelaciones de Trelew, chubut. sala A, 6/5/20 14, elDial.com - AA87 17)

CAP~TULO 3 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA (ART.4 3, LRT)

Según el inciso 1 del art. 7, LRT «Existe situación de lncapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales)). Por su parte el inciso 2 del mismo artículo establece las razones que marcan el cese de dicha incapacidad: a) Alta médica; b) Declaración de lncapacidad Laboral Permanente (ILP); c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante lo; d) Muerte del damnificado.

C) 2. PRESTACIÓN DlNERARlA SEGÚN DECRETO 927812000

Esta prestación se pone en vigencia a partir del día siguiente de la primera manifestación invalidante (siempre que se haya hecho la denuncia -art. 43-) y, mientras dure el período de lncapacidad Laboral Temporaria, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual de cuantía igual al Valor Mensual del Ingreso Base (VMIB), más las asignaciones familiares. l o El decreto 47212014 (reglamentario de la ley 26.773) establece la posibilidad de prolongar el período máximo de duración de la lncapacidad Laboral Temporaria, siempre que al concluir el plazo previsto en el art. 7.2.c) de la LRT no haya certeza del grado de disminución de la capacidad laborativa del trabajador.

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Prestación dineraria = VMlB + asignaciones familiares La prestación dineraria que corresponde a los primeros diez días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias posteriores correrán a cuenta de la ART quien, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie. El pago de la prestación dineraria se efectuará en el plazo y en la forma establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744, t.0. 1976) y sus modificaciones para el pago de las remuneraciones a los trabajadores (cfr. arts. 124 a 147, LCT). Quien abone las prestaciones dinerarias retendrá los aportes y efectuará las contribuciones que correspondan a los subsistemas de seguridad social que integran el SUSS o los de ámbito previsional que los reemplazan exclusivamente. El empleador estará exonerado del pago de remuneraciones durante el periodo de lncapacidad Laboral Temporaria causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ello sin perjuicio de la prestación dineraria que le corresponde abonar al empleador durante los primeros treinta días de la lncapacidad Laboral Temporaria. Es decir entonces que durante la ILT el trabajador no percibe una remuneración idéntica a la que recibía antes de producido el accidente sino uno menor, constituido por el 100 % del VMlB (valor mensual del ingreso base), que como ya explicamos sólo computa las sumas sujetas a cotización a la Seguridad Social, dejando de lado por ejemplos los aumentos salariales que se produjeran durante el período de la incapacidad y las sumas no remunerativas. El único ajuste que el sistema preveía para este tipo de incapacidad era a través de los incrementos del llamado Módulo Previsional, que desde el año 1997 había quedado congelado en $80.

5 3. SITUACIÓN LUEGO DE LA SANCIÓN DEL DECRETO 169412009 El decreto 1694109 revisó el criterio del dec. 127812000 y estableció en su artículo 6 que las prestaciones dinerarias por lncapacidad Laboral Temporaria (ILT) o permanente provisoria mencionadas en el articulo 11, inciso 2, se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido por el articulo 208 de la LCT y sus modificatorias, según el cual las prestaciones no pueden ser inferiores a las que el trabajador hubiese recibido en caso de estar trabajando normalmente.

INCAPACIDAD TEMPORARIA (ART. 13, LRT)

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in embargo esta modificación en favor del accidentado se limitó a 0s ocurridos con posterioridad a la fecha de publicación en el BoOficial de dicho decreto, es decir, el 6 de noviembre de 2009. No ante esta limitación temporal, la jurisprudencia aceptó en multiplicide casos la aplicación de estas mejoras a infortunios ocurridos con erioridad a la sanción del mencionado decreto.

La ley 26.773 introdujo importantes modificaciones al régimen de as prestaciones dinerarias, pero nada en cuanto a las prestaciones por incapacidad laboral temporaria y permanente provisoria.

5 5. MODIFICACIONES SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO 47212014 El decreto 47212014 (reglamentario de la ley 26.773) en su articulo 2, inciso 4, establece la posibilidad de prolongar el periodo máximo de duración de la lncapacidad Laboral Temporaria, siempre que al concluir el plazo previsto en el art. 7.2.c) de la LRT no haya certeza del grado de disminución de la capacidad laborativa del trabajador. He aquí el texto: ((4. En los casos en que el daño sufrido por el trabajador le impida la realización de sus tareas habituales más allá del plazo máximo previsto en el artículo 73 apartado 2, inciso c) de la ley 24.557, y no haya certeza del grado de disminución de la capacidad laborativa del mismo, la Aseguradora solicitará a los organismos competentes el otorgamiento de un nuevo período transitorio de hasta un máximo de doce (12) meses. El obligado al pago deberá abonar una prestación dineraria de cuantía y condiciones iguales a la que efectivizaba en concepto de lncapacidad Laboral Temporaria. Durante esta última etapa, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador. Dicho período podrá ser reducido si con anterioridad se hubiese sustanciado el trámite pertinente para establecer la Incapacidad Laboral Permanente ante los organismos competentes.»

INCAPACIDAD TEMPORARIA (ART, 13, LRT)

«Si a l vencimiento del plazo de un (1) año antes descripto, la Aseguradora no sustanció la solicitud de extensión ante los organismos competentes, se entenderá que poseía suficiente certeza sobre el grado de disminu- ' ción de la capacidad laborativa del trabajador damnificado. En este caso, además de continuar con los pagos conforme lo establecido en el párrafo anterior, la aseguradora deberá abonar los intereses previstos en el artículo 1 de la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 2524 de fecha 26 de diciembre de 2005 o la que en el futuro la modifique o complemente, desde el cese de la lncapacidad Laboral Temporaria, por el transcurso del año, hasta la fecha de emisión del dictamen o conclusión médica; respecto de la prestación dineraria de pago único, según el grado de lncapacidad Laboral Permanente que determinen los organismos competentes.)) «Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, la Aseguradora que no sustancie la solicitud de extensión en tiempo y forma será pasible de las sanciones previstas en el artículo 32, apartado 1 de la ley 24.557 y sus modificaciones. O

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primeras manifestaciones invalidantes de la incapacidad se produn con posterioridad al día 611112009 en que fue publicada y entró en ncia la nueva reglamentación (art. 16, dec. cit.), lo que no acontece el caso de autos.)) «La falta de ajuste de la base remuneratoria a la que se supedita la eterminación del monto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 para los periodos de incapacidad laboral temporaria y definitiva provisoria, los cuales pueden llegar a extenderse hasta seis años en total (uno por la incapacidad laboral temporaria y tres más, prorrogables por otros dos años, por la incapacidad definitiva provisoria), implica una «pulverización» del real significado económico del crédito, en palabras del Máximo Tribunal (CSJN, fallo del 16/12/1993 en autos «Vega»), todo lo cual permite declarar la inconstitucionalidad de las normas referidas pretendida por el actor. Más aún, cuando la normativa posterior evidencia que el perjuicio económico aludido fue advertido y conjurado por el legislador mediante la adecuación de esas previsiones con lo establecido por el art. 208 de la LCT para el supuesto de enfermedades inculpables (cfr. antecedentes del decreto 1694/09).» (((Vizcarra, Raúl c/Mapfre Argentina ART S.A. y otro slacción de amparo)). CNTrab., Sala X, 20/12/2011).

DAÑOSY PERJUICIOS. ~NCAPAC~DAD LABORAL

PRESTAC~ONES DINERARIAS. FORMADE CÁLCULO. ART. 208, LCT. DETERMINACIÓN Y AJUSTE DEL ((INGRESO BASEMENSUAL)) -1BM-. PREVISIONES DE LOS ARTS. II.2, 12,14.1 Y 15.1 DE LA LEY 24.557 Y 16 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 334196. ~NCONST~TUC~ONALIDAD «Sólo a partir de la sanción del decreto 1694109 se modificó esa forma de cálculo, al disponer que en los supuestos de la incapacidad laboral temporaria y permanente provisoria las prestaciones dinerarias deben calcularse de conformidad con lo preceptuado por el articulo 208 de la LCT, en cuanto ordena el pago de una suma equivalente a la de la última remuneración percibida (si el trabajador es remunerado mediante sumas fijas) o al promedio de lo percibido en el último semestre (si percibe remuneraciones variables), con más los aumentos que hubiesen sido otorgados durante el periodo. Como fue señalado precedentemente, esta última normativa sólo rige aquellos supuestos en que

«Aun cuando el damnificado en un accidente de tránsito -por tratarse de un hecho ocurrido en ocasión de sus tareas laborales- se encontrara percibiendo las prestaciones previstas en el art. 13 de la ley 24.557 (ART), ello no es óbice para la determinación de las indemnizaciones por las que debe responder el autor del daño. El tercer inciso de dicho articulo establece claramente que durante el periodo de incapacidad laboral temporaria, originada en accidentes de trabajo, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador. Esto significa que el beneficiario de las prestaciones que se encuentran en curso de cumplimiento es la empleadora y no el trabajador, pues este último debería, de no existir la contratación de aseguramiento organizada por la citada ley, seguir percibiendo los haberes correspondientes de parte de su principal, hasta tanto se definiera en forma definitiva su situación laboral. Aun puede decirse que bajo el régimen de las aseguradoras de riesgos del trabajo y según lo dispuesto por el art. 14, inc. 1 de la ley de la materia, mientras dura el estado de provisionalidad de lncapacidad

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Permanente Parcial (IPP), la prestación que recibe el damnificado es la del 70 % de sus ingresos base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad, lo que en buena hermenéutica significa una considerable disminución de sus ingresos habituales)). (((Chirulo, Hipólito Edgardo cISprovielo, Antonio y otros sldaños y perjuicios)), CC0202 - LP 96651 RSD-15-2 S, 19/2/02, elDial.com w 15977).

PRESTACIONES POR ILT En relación al agravio del accionante, en torno a las prestaciones por incapacidad temporaria desde el 05/05/09 (fecha del accidente) hasta el 16/06/09 (alta sin incapacidad), de conformidad con las previsiones del art. 13 de la LRT, corresponde hacer lugar parcialmente al reclamo, es decir, que cabe condenar a la accionada, a pagar la suma de $ 2.658,59 (v. pericia contable fs. 198), por dicho concepto, en atención a que la norma establece que la prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días se encuentra a cargo del empleador, y las siguientes las debe abonar la ART. En este sentido, cabe poner de resalto que la perito contadora, a fs. 197 aclaró que «de la documentación suministrada por la parte demandada no surge que al actor se le hayan abonado prestaciones por incapacidad temporaria o total, permanente o provisoria.)) En consecuencia, propicio que el importe precitado sea diferido a condena. («RodríguezAralla, Lucio Leonardo c/La Holando Sudamericana Cía. de Seguros S.A. siaccidente-ley especial)). CNTrab., Sala 11,30/05/2014, elDial.con7 - AA8848)

CUESTIONAMIENTO A LAS PRESTACIONES POR 1L.T En la presente causa, ante el carácter de las aludidas referencias normativas, es necesario concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado -al cual apuntan los textos transcriptos-, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima.)).

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proyectadas tales directrices al caso de autos, cabe concluir que la lección que efectuó el legislador para establecer las pautas a tener en uenta a los fines resarcitorios de los daños padecidos resultó irrazonable e ilegítima, máxime cuando advirtió la insuficiencia del módulo legido para el pago de las prestaciones por incapacidad temporaria y rovisoria (conf. dec. 1694109) y, no obstante ello, no asumió la manda constitucional para el resarcimiento debido en caso de incapacidad parcial y permanente. Aspecto este último que tampoco ha sido objeto de concreta reforma al momento de dictarse la reciente ley 26.773, pese a haberse mensurado a otros fines. Cabe considerar aquí que, tal como lo sostuvo recientemente el Dr. Oscar Zas al emitir su voto in re ((Córdoba,Gustavo Eduardo clMAPFRE Argentina ART S.A.)) - SD 75001 del 11/4/13 del registro de la Sala V CNAT) ((Sostener la aplicación literal de las normas cuestionadas para el cálculo de la reparación reclamada por el trabajador implicaría, además, la licuación de parte de un crédito de naturaleza alimentaria, y la consagración de un beneficio injustificado a favor del deudor, violatorio del art. 21, inc. 2' de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma de jerarquía constitucional (conf. art. 75, inc. 22, párr. 2O, CN), en cuya virtud ((ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa)). (((Graziano, Diego Ulises c/Mapfre Argentina ART S.A. slaccidente acción especial)). CNTrab., Sala 11, 13/06/2014, elDial.com - AA88C8)

PRESTACIONES POR ILT. CUESTIONAMIENTOS Como lo sostuviera el Dr. Julio C. Simón en los autos ((Lucero Cristian Guillermo c1Provincia ART S.A.)) (SD 68.608, del 5/07/2006 del registro de la Sala V de esta Cámara), con relación a la prestación por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) «...la diferencia que se produce ... no tiene justificativo válido. Como lo hemos afirmado, el fundamento jurídico de tal prestación lo es la situación de incapacidad en que se halla el trabajador, en virtud de una circunstancia que el ordenamiento jurídico le imputa al empleador (en el caso, subrogado en sus obligaciones por la ART). Por lo tanto parecería que no tiene sentido que ... se vea afectado por un déficit en su ((ingreso de bolsillo)), que tiene carácter alimentario, en virtud de una causa que no le es, en absoluto, imputable, y que la norma asigna a la responsabilidad del empleador. Consideramos que en el caso, el procedimiento que establece la normativa

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contenida en la ley 24.557 presenta un déficit -que puede ser gravede irrazonabilidad. Por lo tanto ..., en la medida que la diferencia resulte significativa estaría legitimada por esa causa la declaración d e inconstitucionalidad de la norma, en cuanto el trabajador percibe un importe inferior al que le corresponderia como salario laboral.. .» (Antonio Vázquez Vialard, Revista de Derecho Laboral 2002-1, pág. 1179). ..» (((Graziano, Diego Ulises clMapfre Argentina ART S.A. claccidente acción especial)). CNTrab., Sala 11, 13/6/2014, elDial.com -AA88C8)

TRABAJADORA QUE RECLAMA SUMA DE DINERO EN CONCEPTO DIFERENCIAS POR EL ERRÓNEO PAGO DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS POR INCA-

PACIDAD LABORAL TEMPORARIA. ~NCONST~TUC~ONAL~DAD ARTS. 12 Y 13, LRT No se encuentran razones más allá de las que fundamentan la ecuación económico financiera del sistema, para que el trabajador que ha padecido de un accidente por causas ajenas a su relación laboral perciba durante el período de licencia paga por parte de su empleador una suma igual a la que debería percibir si estuviera prestando tareas, mientras que el trabajador que padeció un siniestro en cumplimiento de su débito laboral va a percibir por parte del ente gestor, ART, una suma significativamente inferior, valorada conforme a un promedio de remuneraciones del año anterior a la fecha del siniestro y sin ningún mecanismo de adecuación con respecto del sueldo del activo durante el periodo de pago de la misma, que puede extenderse en supuestos de gran invalidez hasta a seis años (un año de ILT más 36 meses prorrogables por 24 meses más de provisoriedad en el período de la incapacidad permanente). Adviértase que conforme lo dispuesto por el art. 12 de la ley el ingreso base se fija en atención a las cotizaciones efectuadas durante el año anterior al siniestro. Y lo que es más grave aún es que todo este esquema, que está armado para un país de inflación cero, muy distante del real que tenemos después del año 2001, no prevé ningún tipo de mecanismo de actualización en base al salario vigente de un operario de idénticas calificaciones al momento de los pagos de las prestaciones dinerarias periódicas, por lo cual un trabajador luego de varios meses desde el siniestro, puede llegar a percibir una suma sensiblemente inferior al salario mínimo, que previsiblemente en los próximos meses y años se seguirá incrementando con lo que a no dudar se producirá la pulverización de su crédito alimentario y asistencial, generando justa-

nte la situación que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación remediado en la causa ((Vega, Humberto Atilio clConsorcio de Proarios del Edificio Loma Verde y otro» (Sentencia de fecha 16/12/

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pero, a más de la iniquidad que representa el diferimiento temporal considerar ningún mecanismo de actualización o corrección monearia, lo que conforme doctrina de nuestros máximos tribunales superiores debe ser corregido por los Magistrados, al expresar: «en ese ámbito el control de constitucionalidad se encamina a examinar la razonabilidad de la medida, evitando así consagrar una manifiesta inequidad...» (TSJ Cba. en pleno autos: «Rubotti,.Fabricio Daniel y otros p.ss.a. de Lesiones Culposas - Recurso de lnconstitucionalidad - Sentencia 16 de fecha 30 de marzo de 2000), debe también señalarse la afectación palmaria del derecho de propiedad de la víctima del siniestro. En efecto, surge claro y así debe destacarse que tal suma no representa de manera alguna la reparación del daño sufrido, ni tan siquiera incluso se acerca a la pérdida de la capacidad de ganancia, ya que el monto que él percibe durante el período de provisoriedad de su incapacidad permanente total es el setenta por ciento del Ingreso Base Mensual y sin ningún mecanismo que le haga guardar relación con el salario de otro trabajador de idéntica categoría y antigüedad al momento del pago. La diferencia que se produce no tiene justificativo válido. El fundamento jurídico de tal prestación lo es la situación de incapacidad en que se halla el trabajador, en virtud de una circunstancia que el ordenamiento jurídico le imputa al empleador (en el caso, subrogado -en sus obligaciones por el ART-). Por lo tanto parecería que no tiene sentido que durante ese lapso el trabajador se vea afectado por un déficit en su ((ingreso de bolsillo)), que tiene carácter alimentario, en virtud de una causa que no le es, en absoluto, imputable, y que la norma asigna a la responsabilidaddel empleador. El procedimiento que establece la normativa contenida en la ley 24.557 presenta un déficit que se traduce en una situación -que puede ser grave- de irrazonabilidad. Por lo tanto, en la medida que la diferencia resulte significativa estaría legitimada por esa causa la declaración de inconstitucionalidad de la norma, en cuanto el trabajador percibe un importe inferior al que le corresponderia como salario laboral. En el caso el infortunado trabajador ve claramente afectada su remuneración mensual reconocida expresamente por la empleadora, por una prestación que no alcanza siquiera a la mitad del ingreso mensual que tiene carácter alimentario, lo cual se traduce en una situación de

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irrazonabilidadtal que lleva sin más a confirmar la declaración de inconstitucionalidad de la mentada previsión de la LRT. Dicho esto, la única prestación económica válida que debe recibir el trabajador durante el período en el cual está impedido de concurrir al trabajo (incapacidad laboral temporaria) no es otra que la que le correspondía como remuneración, base de cálculo que también ha de tomarse en cuenta a los efectos de cuantificar el resarcimiento por incapacidad parcial definitiva. En el presente, se debe hacer lugar a la demanda condenado a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a abonar a la actora, la diferencia entre el sueldo que le correspondía percibir conforme su categoría y antigüedad en el período Enero de 2005 a Julio de 2005, si se hubiera encontrado en actividad en la empresa donde aconteció el siniestro, incluyendo en dicho monto lo correspondiente a antigüedad, premios, tickets canasta, adicionales no remunerativos y cualquier otro concepto que hubiera venido percibiendo con normalidad en el período anterior al siniestro y los que se hubieran determinado que debían ser percibidos por los trabajadores en actividad de conformidad a normas legales o convencionales para el periodo de reclamo y en un todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 7 y 8 de la LCT. (((Molina, Norma Graciela c1Liberty ART S.A. - ley 24557)). Sala 10" Laboral Córdoba, 101412007)

CAP~TULO 4 PRESWCIONES POR lNCAPAClDAD PERMANENTE PARCIAL (ART. 14 LRT)

1. DEFINICI~N DE ~NCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE Según el artículo 8 de la LRT, existe situación de lncapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una disminución permanente de su capacidad laborativa. Esta lncapacidad Laboral Permanente se considera total cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66 %, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje. Respecto de las prestaciones dinerarias, las ILP parciales (es decir, menores al 66 %) están abordadas en el art. 14 de la LRT ll. El primer inciso del mencionado artículo trata la incapacidad en situación de provisionalidad. El segundo inciso trata el carácter definitivo de la misma. Este segundo inciso hace una distinción entre aquellas incapacidades menores o iguales al 50 % (inciso 2.a) de aquellas que son mayores al 50 % pero menores al 66 % (inciso 2.6). A continuación transcribimos el texto del art. 14, LRT, y a lo largo del presente capítulo lo analizaremos en profundidad puntualizando todas las situaciones posibles.

ARTICULO14. - Prestaciones por lncapacidad Permanente Parcial (IPP). 1. Producido el cese de la lncapacidad Laboral Temporaria y mientras dure la situación de provisionalidad l2 de la l1

La prestación dineraria de las ILP totales (es decir, iguales o mayores al

66 %) están abordadas en el art. 15 de la LRT, artículo que analizaremos en el capítulo 5 de esta obra. l 2 El decreto 47212014 (reglamentario de la ley 26.773), en su art. 2 inc. lo, eliminó la situación de provisionalidad para la incapacidad laboral permanente.

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lncapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes, hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad. 2. Declarado el carácter definitivo de la lncapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones: a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al cincuenta por ciento (50 %) una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número sesenta y cinco (65) por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) l3 por el porcentaje de incapacidad. b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al cincuenta por ciento (50 %) e inferior al sesenta y seis por ciento (66 %), una Renta Periódica l4-contratada en los términos de esta ley- cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado pos el porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a la retención de aportes de la Seguridad Social y contribuciones para asignaciones familiares hasta que el damnificado se encuen-

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tre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa. El valor actual esperado de la renta periódica en ningún caso será superior a pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) 15. Deberá asimismo adicionarse la prestación complementaria prevista en el artículo 11, apartado cuarto de la presente ley. [Texto según decr. 1278/2000, B.O., 3/ 1/011.

2. PRESTACIONES POR ~NCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL EN SITUACIÓN DE ~ R O V ~ S ~ O N A L ~ (ART. D A D 34.1, LRT) a) Prestación antes de la sanción del decreto 169412009 Efectivizado el cese de la Incapacidad Laboral Temporaria, en tanto la incapacidad permanente parcial fuera provisoria, el damnificado percibe una prestación de pago mensual cuyo monto es igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. La fórmula se expresa de la siguiente manera:

VMlB x Porcentaje de incapacidad Asimismo, el damnificado-recibelas asignaciones familiares correspondientes hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad. b) Prestación luego de la sanción del decreto 169412009

l 3 El decreto 1694/2009 eliminó los topes indemnizatorios instaurándolos como pisos. Así, el tope de $180.000 se convirtió en un mínimo garantizado. Por su parte, la ley 26.773, en su artículo 8 establece que «los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los 7-rabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia)). l4 La ley 26.773, en su artículo 2 in fine, establece que «el principio general indemnizatorio es de pago único, sujeto a los ajustes previstos en este régimen)).

La fórmula descripta en el inciso anterior fue reemplazada en el decreto 169409, el que dictaminó que tanto las prestaciones por incapal5 El art. 2" del decreto 1694/2009 (B.O. 6/11/2009) suprimió los topes previstos en los apartados a) y b). A su vez el art. 3" de la misma norma establece que la indemnización que corresponda por aplicación de dicho inciso nunca será inferior al monto que resulte de multiplicar $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.

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cidad laboral temporaria como las prestaciones por incapacidad laboral permanente provisoria serán calculadas de acuerdo a lo establecido por el art. 208 de la LCT. A continuación lo transcribimos: Art. 208, LCT.- Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios, no pudiendo, en ningún caso, la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente. La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes. Cabe aclarar que esta mejora es aplicable a los infortunios cuya primera manifestación invalidante fuera posterior a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del decreto 169412009 (611112009). Como ya hemos dicho en otras oportunidades, esta limitación temporal ha sido

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stionada constitucionalmente y buen parte de la jurisprudencia ha icado estas mejoras a hechos ocurridos con anterioridad a la sann de dicho decreto.

c) Eiiminación de la situación de provisionalidad. Decreto rementario 47212014 El artículo 2 de la reglamentación considera que a partir de la entraen vigencia de la ley 26.773, para las contingencias posteriores a la misma, la Incapacidad Laboral Permanente no tendrá situación de provisionalidad. Hasta ahora, esta situación de provisionalidad corría para las incapacidades laborales permanentes (previstas en los artículos 14.1 y 15.1 de la LRT). Con la sagacidad intelectual que lo caracteriza, Schick l6advierte que: «Se pretende modificar la ley, que no ha derogado la normativa vigente sobre la incapacidad permanente provisoria. En efecto, el art. 17 párr. lo de la ley 26.773 no ha derogado los arts. 14.1 y 15.1 de la ley 24.557, que regulan la incapacidad permanente provisoria (IPP) por lo que la misma conserva pleno vigor.)) «Al no haber sido alguna de las disposiciones derogadas por la ley 26.773 y conforme lo estipula ei art.1 de la ley 26.773, la ley 24.557 sigue vigente en los aspectos que no han sido objeto de reforma, así como los decretos del PEN 1278100 y 1694109 y demás disposiciones complementarias y reglamentarias no derogadas.)) «De tal modo que este intento de derogación vía reglamentaria configura una alternativa no protectoria y modificatoria de la ley, que afecta derechos legalmente reconocidos de las víctimas, liberando de obligaciones a las aseguradoras y pretendiendo hacer decir a la ley 26.773 lo que la misma no expresa.)) «Esta provisionalidad excluyente y obligatoria para las altas incapacidades es una prestación que se otorga a estas incapacidades, en la espera de una mejoría o un empeoramiento definitivo de su grado de minusvalía. Dichas prestaciones tienen carácter salarial, pues se accede a ellas conjuntamente con las asigl6 Cfr. Schick, ((Análisis preliminar a proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de reforma parcial a la Ley sobre Riesgos del Trabajo)).

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naciones familiares y sólo, luego de su agotamiento, se convierte en definitiva la incapacidad permanente.)) «Las prestaciones por incapacidad permanente provisoria benefician a los damnificados con más del 50 % de incapacidad de la total obrera, pudiendo extenderse hasta sesenta meses (treinta y seis obligatorios y veinticuatro optativos). Su monto equivale en los casos de incapacidad entre el 50 y el 66 % de la t. o. a una renta mensual cuyo monto equivale al valor mensual del ingreso base (VMIB) multiplicado por el porcentaje de incapacidad y en los casos de incapacidad total (igual o superior al 66 %) el valor equivale al 70 % del VMIB, en ambos ajustados mensualmente conforme las pautas del art. 208 de la LCT (decreto 1694109). Todo ello con más asignaciones familiares.)) «Este debate no es abstracto, porque en la práctica, en la experiencia judicial, la percepción por parte de los damnificados de estas importantes prestaciones por incapacidad permanente provisoria les permiten subsistir mientras tramitan las acciones judiciales, cesando el cobro de las mismas al dictarse la sentencia definitiva y al determinarse la indemnización por incapacidad permanente definitiva de la LRT y10 la fundada en el derecho común. Téngase en cuenta que se trata de casos de altas incapacidades de trabajadores que durante su recuperación normalmente tienen dificultad de poder reinsertarse en actividades laborales.)) «Justamente esta percepción de ingresos por IPP les brinda a estos grandes incapacitados la oportunidad de mejorar su capacidad de negociación en el contexto de la recuperación de un infortunio laboral.)) «En verdad, esta prestación provisoria es un beneficio del cual el damnificado -correctamente asesorado por su letrado- puede hacer un uso beneficioso y protectorio para subsistir durante el trámite del proceso judicial, nunca suspendido ni limitado por constituir un derecho de carácter irrenunciable (art. 11.y ley 24.557).» «De tal modo que este intento de derogación vía reglamentaria afecta derechos legalmente reconocidos a las víctimas, liberando gratuitamente de obligaciones a las aseguradoras.))

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.PRESTACIONES POR ~NCAPAC~DAD!'ERMANENTE IGUAL O INFERIOR AL

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PARCIAL DEFINITIVA

50 % (ART. 14.2.~,LRT)

a) Fórmula base LRT (actualizada con dec. 127812000) Aquí corresponde una indemnización de pago único cuya cuantía es igual a cincuenta y tres veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resulta de dividir el número 65 por la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación incapacitante.Además, esta suma en ningún caso puede superar la cantidad que resultara de multiplicar $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad. Esto se expresa de la siguiente manera:

VMlB x 53 x (65ledad) x Porcentaje incapacidad Tope: $180.000 x Porcentaje incapacidad

b) Decreto 169412009. Eliminación de! tope indemnizatorio e introducción del piso El decreto 169412009 convirtió el tope indemnizatorio de $ 180.000 en un piso. Es decir, en lugar de ser un límite máximo pasó a ser un mínimo garantizado. Cabe aclarar que sin cuestionamíento constitucional, esta mejora sólo fue aplicable para los accidentes cuya primera manifestación invalidante ocurriera luego del 6 de noviembre de 2009 (fecha de publicación del decreto en el Boletín Oficial). A continuación insertamos el texto de los artículos 2 y 3 del decreto 169412009: Art. 2.- Suprímense los topes previstos en el arf. 14, inc. 2, apartados a) y b), y en el art. 15, inc. 2, último párrafo, respectivamente, de la ley 24.557 y sus modificaciones. Art. 3.- Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del att 14, inc. 2, apartados a) y b), de la ley 24.557 y sus modificaciones, nunca sera inferior al monto que resulte de multiplicar PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) por el porcentaje de incapacidad.

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La fórmula actualizada con el decreto 169412009 quedó entonces de la siguiente manera:

VMlB x 53 x (65ledad) x Porcentaje incapacidad Piso: $180.000 x Porcentaje incapacidad c) Mejoras de ley 26.773 y aclaración de decreto reglamentario 47212014 La ley 26.773 instauró la actualización semestral de las indemnizaciones l7mediante el índice RIPTE, lo cual llevó el valor del piso de $ 180.000, al momento de su publicación en el Boletín Oficial, a $ 383.000 (y continúa actualizándose semestre a semestre). También incorporó un pago adicional en concepto de reparación integral de 20 % (quedan excluidos de este pago los accidentes in itinere, aunque la jurisprudencia no es pacífica en torno a esta exclusión). Vale decir, la prestación dineraria por Incapacidad Permanente Parcial Definitiva igual o inferior al 50 %, se compone en la actualidad de estos conceptos: La fórmula base: VMlB x 53 x (65ledad) x porcentaje incapacidad El 20 % adicional instaurado por ley 26.773 e Piso: $ 180.000 x porcentaje incapacidad (ajustado por RIPTE) l8

a) Durante la vigencia de! decreto 127812000 En este caso se abona una renta periódica -contratada en los términos de la ley 24.557- cuyo monto es igual al valor mensual del ingreso l 7 Luego e! decreto reglamentario 47212014 aclararía que sólo los pisos y los adicionales de pago único se ajustan mediante el índice RIPTE (dejando fuera a la fórmula base de la LRT). l8 El tema de la actualización mediante el índice RIPTE ha sido tratado en profundidad en e¡ capítulo 8 al cual nos remitimos.

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se (VMIB) multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Este reprentó un cambio radical respecto de los regímenes anteriores a la ley 4.557: el criterio de abonar una renta periódica y no una suma integral Además corresponde una prestación dineraria adicional de $ 30.000 (art. 11 inciso 4 a, LRT, según dec. 127812000). Durante la vigencia del decreto 12781200 esta suma en ningún caso podía superar la cantidad que resultara de multiplicar $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad. Así quedaba la fórmula:

VMIB x Porcentaje de incapacidad + $30.000 Tope: $ 180.000x Porcentaje de incapacidad

b) Modificaciones introducidas por e! decreto 169412009 El decreto 169412009 actualizó el monto de la prestación adicional de pago único llevándola a $ 80.000. Respecto al tope instaurado por decreto 127812000,el decreto 16941 2009 convirtió ese tope en un piso (es decir, en lugar de ser un límite máximo pasó a ser un mínimo garantizado) para los accidentes cuya primera manifestación invalidante sucediera luego del 6 de noviembre de 2009 (fecha de publicación del decreto en el Boletín Oficial). Luego aparecerían fallos que aplicaban estas mejoras a accidentes producidos con anterioridad a la publicación de este decreto. Así quedaba la fórmula actualizada:

VMIB x Psrcent-e de incapacidad + $80.000 Piso: $ 180.000 x Porcentaje de incapacidad

l9 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso «Milone» (261101 2004) se levantó contra este criterio ordenando el pago en una única vez y luego ratificó la inconstitucionalidad del art. 14, inc. 2, LRT, en la causa ((Suárez Guimbard, Lourdes c l Siembra AFJP S.A. S indemnización I por fallecimiento)) (CSJN, 24/6/2008). Véase también el caso «Aróstegui» (81412008))).

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c) Reforma de ley 26.773 La nueva norma aportó tres novedades para este cálculo: Eliminó el sistema de renta periódica, al indicar que «el principio general indemnizatorio es de pago único)), receptando de esta manera lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «Milone». Incorporó la actualización mediante el índice RIPTE. lnstauró un pago adicional del 20 % en concepto de reparación integral. Sin embargo la ley fue de redacción confusa y no determinó cómo calcular el importe que reemplazaría a la renta periódica. Si bien lo más probable, por analogía, era que la fórmula fuera la misma con la que se calcula la indemnización para incapacidades menores o iguales a 50 %, hasta tanto no apareciera una nueva norma aclaratoria, las interpretaciones eran diversas.

d) Decreto reglamentario 472120114. Forma en que se liquidará la I[ncapacidadPermanente Parcial La reglamentaciónpuso fin a las distintas interpretaciones sobre cómo determinar el monto único que reemplaza a renta periódica, determinando que se liquidará en la misma forma que se liquida la incapacidad igual o inferior al 50 % (es decir, según la fórmula del inciso 2 a del art. 14, LRT). Cabe destacar dos nuevas precisiones: e no podrá ser inferior al piso indemnizatorio instituido por el decreto 'l69412009 e este último, ajustado con el índice RIPTE (art. 8, ley 26.773) Veamos cómo queda la fórmula actual para las incapacidades laborales permanentes parciales definitivas mayores ai 50 % y menores al 66 %: Fórmula base: VMlB x 53 x (65ledad) x Porcentaje de incapacidad + $ 80.000 (compensación dineraria adicional ley 24.557, art. 11.4 a, elevada por decreto 1694109) actualizada por RIPTE + 20 % (Indemnización adicional de pago único ley 26.773, art. 3) Piso mínimo: $ 180.000 actualizado por el RlPTE

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Esta fórmula da como resultado una indemnización de pago único a cuantía es igual a cincuenta y tres veces el Valor Mensual del reso Base (VMIB), multiplicado por el porcentaje de incapacidad y un coeficiente que resulta de dividir el número 65 por la edad de la tima a la fecha de la primera manifestación incapacitante, más una pensación dineraria adicional (según ley 24.557, art. 11.4 a) actuapor el índice RIPTE, más la indemnización adicional de pago de 20 % en concepto de reparación integral (según artículo 3 de Es decir que el monto indemnizatorio se forma por tres conceptos: La fórmula base de la LRT La compensación dineraria de $ 80.000 (actualizada por RIPTE). Indemnización adicional de 20 % (instaurada por ley 26.773)

e) Prestaciones en especie Además de esta prestación liquidada, hay que sumar las prestaciones en especie del artículo 20, ley 24.557 (asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, etc.), también a cargo de la ART.

5 4.JURISPRUDENCIA APLICABLE a) Caso «Milone» 20: inconstitucionalidad del pago en renta periódica (art. 114.2.b de la ley 24.557) En el caso «Milone», fechado el 26 de octubre de 2004, la Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 14.2.b. de la ley 24.557 en su redacción original, ordenando el pago en una única vez -en lugar de usar la modalidad prevista por la norma de renta mensual- de la prestación dineraria por incapacidad a favor de un trabajador de profesión taxista que quedara, como consecuencia del infortunio, imposibilitado de seguir trabajando. Para establecer la viabilidad del reclamo del demandante, los jueces tuvieron en cuenta su edad y el impedimento físi-

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Cfr. la opinión del Dr. Ernesto Jorge Ahuad.

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co para seguir efectuando tareas, y que la prestación que le correspondía era inferior a la mitad de su salario. El fallo recaído en la causa «Milone v. Asociart ART» señala que si bien no es cuestionable desde el punto de vista constitucional que ((para determinadas incapacidades)) la reparación se establezca en pagos periódicos, sí es reprochable que no haya excepciones a dicha regla, como la que encuadraría al trabajador de este caso en particular. El Alto Tribunal no cuestionó el mencionado artículo en su integridad sino que señaló que «aun cuando la Ley de Riesgos del Trabajo no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer, como regla, para determinadas incapacidades que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche... por no establecer excepción alguna para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador para cuya realización se procura)) (consid. 9). He aquí el resumen del fallo:

CASO«MILONE».PROHIBICION DE LA FORMA DE PAGO EN RENTA. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN EN UNA SOLA VEZ

«Dos circunstancias deben ser puestas de manifiesto para lo que interesa al sub lite. Primeramente, la Ley de Riesgos del Trabajo ha previsto, con toda claridad, que uno de sus 'objetivos' es 'reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales' (art. l,b). En segundo término, el Mensaje del Poder Ejecutivo del 4 de noviembre de 1994, que acompañó al entonces proyecto de la Ley de Riesgos del Trabajo, expresa: 'recuperando el criterio adoptado inicialmente por la ley 9688, se da preferencia a las prestaciones dinerarias otorgadas en forma de renta o pago periódico mensual'. Este 'cambio', agrega, 'implica un movimiento importante a favor de aproximar las prestaciones a las efectivas necesidades que experimentan los damnificados' (((Antecedentes Parlamentarios)),BuenosAires, La Ley, 1996A-409, IV))). «En este orden de ideas, no se requiere un mayor esfuerzo expositivo para concluir que el medio elegido para satisfacer la única reparación dineraria, vale decir, el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su antes indicado carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los 'objetivos' legales a los que debe servir y a un apartamiento de

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tendencia a aproximarse a las 'efectivas necesidades que experimenlos damnificados')). ((Existe la necesidad de sopesar la norma en cuestión de la Ley de lesgos del Trabajo a la luz del llamado principio protectorio contenido I art. 14 bis de la CN: 'El trabajo en sus diversas formas gozará de otección de las leyes' y de la expresa manda de la que da cuenta a norma: dichas leyes 'asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor'. Conviene recordar que estos postulados imponen al Congreso 'deberes inexcusables' a fin de asegurar al trabajador un conjunto de 'derechos inviolables' (Fallos: 252:158, 161, consid. 3), lo cual, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, contrasta con las circunstancias fácticas y jurídicas sub examine. En otras palabras, se advierte que en el caso, no se satisfacen los requerimientos de 'asegurar' una condición de labor 'equitativa', vale decir, justa, toda vez que, por su rigor, la norma cuestionada termina desinteresándose de la concreta realidad sobre la que debe obrar)). «El art. 75, inc. 23 de la CN, al establecer como atribuciones del Congreso de la Nación las de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, pone énfasis en determinados grupos tradicionalmente postergados, dentro de los cuales se menciona en forma expresa a las personas con discapacidad. Por tal razón, una interpretación conforme con el texto constitucional indica que la efectiva protección al trabajo dispuesta en el art. 14 bis se encuentra alcanzada y complementada, en las circunstancias sub examine, por el mandato del art. 75, inc. 23, norma que, paralelamente, asienta el principio de no regresión en materia de derechos fundamentales. Así lo preceptúa también el principio de progresividad asentado en el art. 2.1 del citado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en concordancia con su art. 11, inc. 1, por el que los Estados han reconocido el derecho de toda persona 'a una mejora continua de las condiciones de existencia1». ((Está fuera de toda duda que una discapacidad, sobre todo de las comprendidas por el art. 14.2.b, repercutirá no sólo en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 315:2834, 2848, consid. 12, entre muchos otros). Un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador -y, en su caso, a la familia de

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éste- a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo. Es precisamente por ello que el medio reparador, de ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración una nueva, tal como sucede con el sistema originariamente previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo. En efecto, esta última reduce drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular dicho proyecto. Por su carácter, el art. 14.2.b impide absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a la víctima, la que deberá contentarse con escoger dentro del marco más que estrecho que le impone la renta. De tal manera, y si bien cabe descartar que sea un fin querido por el legislador, lo decisivo es que el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo)). «Por otra parte, el sistema de pura renta periódica regulado por el original art. 14.2.b importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de las incapacidades más severas (superiores al 20 % e inferiores al 66 %) en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único (art. 14.2.a, ley citada), distinción que no se compadece con la atención de las necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad, desnaturalizándose por esa vía la finalidad protectoria de la ley (arits. 16 y 75, inc. 23, CN))). «Aun cuando la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche, de acuerdo con la jurisprudencia que ha sido citada en el consid. 4, por no establecer excepción alguna para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura. Frente a tales circunstancias, además, la norma consagra una solución incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art. 14 bis cit.), al paso que mortifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introduce un trato discriminatorio)). (((Milone, Juan Antonio, clAsociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, S/ accidente - ley 9688», M.3724.XXXVlll. CSJN, 26110104).

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b) Caso «Aróstegui»

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linconstitucionalidad del art. 14, inc. b

La Corte Suprema reiterando su postura adoptada en la causa Milone)) anuló un pronunciamiento que avalaba el sistema que admia el pago fragmentado de las indemnizaciones por incapacidad perEl sistema duramente cuestionado en los casos «Milone» y ((Aróstegui))resulta incompatible con el principio protectorio y afecta el ámbito de libertad y autonomía de cada persona para ((elaborar su proyecto de vida» 22. «No parece adecuado a nuestro sistema constitucional discriminar al trabajador damnificado por un accidente del trabajo, prácticamente como si fuera un inhabilitado judicialmente en los términos del art. 152 del Cód. Civil, imposibilitado de tener la libertad para disponer de un capital que le es propio, como sí lo pueden hacer las demás categorías de dañados en nuestro sistema jurídico, inclusive los accidentados laborales con incapacidades menores al 50 % de la total obrera, que cobran sus indemnizaciones en un pago Único)) 23. He aquí lo fundamental del caso:

INCAPACIDAD. RESPONSABILIDAD CIVIL. PRESTACIONES TARIFADAS. RENTA INVALIDEZ DEL MÉTODO DE SUMAR, COMO SI FUERAN VALORES ACTUALES, CANTIDADES MONETARIAS QUE EL TRABAJADOR HABWDE PERCIBIR EN DIFERENTES PER~ODOS DE TIEMPO. DAÑOMATERIAL. VALORDE LA VIDA HUMANA. FALLODE CSJN «AQUINO».RENTAPERIODICA. OMIS~ÓN DE JUZGAMIENTO. SENTENCIA ARBITRARIA MENSUAL. ~NCLUSIONDE ASIGNACIONES FAMILIARES.

«Los agravios del apelante suscitan cuestión federal para su tratamiento por la vía intentada dado que, si bien remiten a cuestiones de derecho común, y procesal, ajenas como regla a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice cuando el fallo contiene una pondera21 Cfr. CSJN, 8/4/08, «Aróstegui, Pablo c/ Omega Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A.)). 22 Cfr. Schick, Horacio, «Los montos indemnizatorios en los accidentes del trabajo y el derecho civil)), en Revista LL, lunes 5 de mayo de 2008. p. 8. 23 Schick, Horacio, op. cit., loc. cit. Véase el texto completo de los fallos «Milone», ((Aróstegui))y ((Suárez Guimbards an el CD-ROM.

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ción de la realidad económica que satisface sólo en apariencia el principio de la reparación integral, o no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa, u omite el examen de circunstancias relevantes del litigio (Fallos: 299: 125; 300:936 y 303:2010, entre otros). En el sub examine se configuran estas excepciones por un triple orden de razones que se relacionan, las dos primeras, con el juzgamiento de la reparación, tanto en el ámbito de la LRT cuanto en el del Código Civil, y el tercero, con la preterición de un extremo conducente para la debida decisión de la controversia.)) (Del voto de la mayoría) «Esto es así, en cuanto al primer aspecto indicado, por dos motivos. En primer lugar, en el importe de la renta mensual ($306) se incluyeron las asignaciones familiares por hijos ($ 120), sin dar razones por las cuales éstas integrarían dicho importe durante 41 años. En segundo término, resulta absolutamente inválido el método de sumar, como si fueran valores actuales, cantidades monetarias que el trabajador habrá de percibir en diferentes períodos de tiempo. En efecto, las cantidades de dinero sólo pueden ser objeto de adición cuando ocurren en el mismo momento, por lo cual la sala, al multiplicar los $ 306 del modo en que lo hizo, soslayó considerar el 'valor actual' de esas rentas futuras.>, (Del voto de la mayoría) «La propia LRT sigue el concepto de 'valor actual' del dinero en su art. 49, disposición final segunda, punto 3, así como en el ya citado art. 14.2.b, texto según decr. 127812000, a los efectos de la aplicación de los topes de $ 55.000 y $ 180.000 allí previstos. Estas objeciones al método seguido respecto de la LRT se robustece aún más a poco que se advierta que el a quo sí las habría tenido en cuenta al calcular el otro término de la comparación, esto es, la indemnización del Código Civil de acuerdo al antes recordado criterio del caso 'Vuoto'. Ello, por cierto, acredita con mayor evidencia la invalidez de haber sumado de manera directa las rentas mensuales.)) (Del voto de la mayoría) «En orden al segundo aspecto, el a quo, so color de restitutio in integrum, estimó el resarcimiento por el daño material del derecho civil también mediante una tarifa. Más todavía; de una tarifa distinta en apariencia de la prevista en la LRT, pero análoga en su esencia pues, al modo de lo que ocurre con ésta, sólo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, vale decir, de prestadora de servicios, ya que lo hace mediante la evaluación del perjuicio material sufrido en términos de disminución de la llamada 'total obrera' y de su repercusión en el salario que ganaba al momento de los hechos proyectado hacia el

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o de la vida laboral de aquélla. Tal criterio de evaluación, por lo ccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que pree aplicar, dada la comprensión plena del ser humano que informa a . Al respecto, la doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y rado que 'el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo obre la base de criterios exclusivamente materiales', ya que no se 'de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad econóde las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia pensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o egún su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de res» ('Aquino', votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, y Belluscio, y Highton de Nolasco; Fallos: 327:3753, 37651 713788 y 379713798 y sus citas; y 'Díaz', voto de la jueza ibay, Fallos: 329:473, 4791480, y sus citas).)) (Del voto de la mayo«El Tribunal también ha expresado en diversos pronunciamientos inculados; al igual que los citados anteriormente, con infortunios laboales en el contexto indemnizatorio del Código Civil, que la incapacidad el trabajador, por un lado, suele producir a éste 'un serio perjuicio en u vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, depor,vas, artísticas, etc.', y que, por el otro, 'debe ser objeto de reparación, I margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de [la] actiidad productiva y por el daño 'moral, pues la integridad física en sí isma tiene un valor indemnizable))(Fallos: 308:1109, 115 y 1116). De hí, que 'los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos méicos -aunque elementos importantes que se deben considerar- no nforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablementoda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino tamién las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto e vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de aloración más amplio' (Fallos: 310:1826, 182811829). Tampoco ha ado d e destacar que en el ámbito del trabajo, incluso corresponde mnizar la pérdida de 'chance', cuando el accidente ha privado de la ~bilidadfutura de ascender en su carrera (Fallos: 308:1109, 117).» (Del voto de la mayoria) . «En cuanto al tercer punto cuestionado, que al margen de su autonomía complementa el analizado en el considerando anterior, debe advertirse que, al limitar su examen a la ya recordada comparación, la sala dejó de atender a un agravio del actor relevante para el juzgamiento

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del sub lite como lo es el carácter desmembrado de la forma de percepción de la reparación prevista en la LRT (renta periódica). Esta circunstancia, por lo demás, fue tenida en cuenta de manera expresa por el Tribunal al pronunciarse en la causa 'Milone' (Fallos: 327:4607), oportunidad en la que admitió que la señalada modalidad puede consagrar una solución 'incompatiblecon el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art. 14 bis de la Constitución Nacional)', así como mortificar 'el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida', e introducir 'un trato discriminatorio' (Fallos: 327:4607, 4619 y 4620)~)(Del voto de la mayoría) «Los diversos motivos que han sido expresados conducen a que la sentencia recurrida deba ser descalificada como acto judicial valido, según conocida y permanente jurisprudencia de esta Corte en materia de arbitrariedad.)) (Del voto de la mayoría) «En lo relativo a la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1 de la ley 24.557, las cuestiones debatidas en el sub lite son sustancialmente idénticas a las tratadas en la causa 'Aquino' (Fallos: 327:3753), a cuyos términos cabe remitirse, por razones de brevedad.)) (Dra. Highton, según su voto) (((Aróstegui, Pablo Martin, c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametaal Peluso y Compañía)). CSJN, 8/4/08, elDial.com - AA4697).

c) Caso «Suáre+ Guirnbard~24: inconstitucionalidad del pago en forma de renta

El Tribunal sostuvo que el régimen de renta periódica previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo configuraba un agravio constitucional, pues la aplicación del citado régimen conducía a la actora a un verdadero empobrecimiento, ya que el accidentado aportaba a su hogar un ingreso mensual de entre $ 928 y $ 1.430, mientras que el importe de la renta mensual otorgado por la aseguradora ascendía a $ 397,45. Esta situación, según el criterio de la Corte, colocaba a la viuda apenas por encima de la línea de pobreza y no resultaba idóneo para satisfacer sus necesidades actuales. 24 Cfr. «Suárez Guimbard, Lourdes c l Siembra AFJP S.A. S/indemnización por fallecimiento)) (CSJN, 2416108)

on cita del precedente ((Milone)),de octubre de 2004, la Corte sosque el sistema establecido por la Ley de Riesgos del Trabajo impilos derechohabientes que reclaman en un pago único el capital el icio de un ámbito de libertad constitucionalmente protegido, en el se inserta la formulación de su proyecto de vida, ya modificado áticamente por la muerte del trabajador. si, argumentó que no era obstáculo para declarar la inconstituciolidad en el caso que el decreto 127812000 -que no había sido de licación en «Milone»- hubiese agregado a la renta periódica una comensación adicional de pago único de $ 50.000, puesto que, si bien Sta modificación pretendió dar satisfacción a necesidades im~osterables y traduce una mejora de las prestaciones originarias del sistema, el pago adicional no alcanzaba a desvirtuar las conclusiones anteichas, toda vez que su percepción no dejaba de conculcar el derecho el beneficiario a disponer libremente de la totalidad de su crédito, seun sus necesidades. A continuación insertamos el resumen del fallo:

CASO((SUÁREZGUIMBARDN. CORTESUPREMA. INCONSTITUCIONALIDAD HIP~TESIS PUNTUALES. CONVENIOS DE LA OIT

DE RENTA PERIÓDICA.

((1) Que la Sala IIIde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al declarar la inconstitucionalidad de los arts. 15, inc. 2, 18 y 19 de la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo(LRT) condenó a la demandada a abonarle a la actora, en un solo pago, la suma de $ 106.097,27. Contra este pronunciamiento, la vencida interpuso el recurso extraordinario de fs. 125/134, el que fue contestado a fs. 137/139 y concedido a fs. 141. Esta concesión es correcta pues la apelación observa los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 48, mayormente cuando está en juego una cuestión federal en los términos del inc. 1 de la primera de esas normas)). ((2) Que esta Corte tuvo oportunidad de expresar, al examinar la constitucionalidad del originario art. 14.2.b de la ley 24.557, M.3724. XXXVIII, 'Milone, Juan Antonio cIAsociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo S/ accidente - ley 9688', de fecha 26 de octubre de 2004 (Fallos: 327:4607) que, aun cuando la Ley de Riesgos del Trabajo no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla para determinados supuestos que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, si es merecedora del aludido

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reproche por no establecer excepción alguna para supuestos en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador previsto en la norma aludida (ae. 1.b, consid. 8). En otros términos, la indemnizaciónde Pago periódico para cumplir con las exigencias constitu~ionalesdebe cansagrar una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparadar in concreto (ídem consid., 5 último párrafo). De 10 contrario, no se satisfacen 10s requerimientos de 'asegurar' una condición de labor 'equitativa' (arta 14 bis, CN), vale decir, justa, toda vez que Por Su rigor la norma cuestionada termina desinteresándose de la concreta realidad sobre la que debe obrar)). ((3) Que, con particular referencia a las incapacidades derivadas de 10s accidentes laborales, el Tribunal consideró que un tmnce detamaña gravedad lleva usualmente al trabajador y, en su caso, a la familia de éste a una profunda reformulación de SU proyecto de vida1Para 10 cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia mayúscula. Es por ello que el medio reparador, de Ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración una nueva)). ((4) Que, con respecto al sistema originario previsto por la ley 24.557, se señaló que reducía drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular dicho proyecto, en tanto le impedía absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a la víctima. Por ello, se concluyó que la norma cuestionada consagraba una solución incompatible con el principio protectorio y 10srequerimientos de condiciones equitativas de labor, al tiempo que mortifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida ('Milone', cit., consid. 9, in fine))). ((5) Que en el sub /¡te se trata de un supuesto de n~uertedel d m ~ n i ficado, para el cual la Ley de Riesgos del Trabajo establece que 10s derechohabientes del trabajador 'accederán a la pensión Por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del art. 15 de esta ley, además de la prevista en su art11, apartado cuarto' (art. 18). En lo pertinente, el citado art. 15 dispone 11, el que, sin perjuicio de la prestación prevista por el ap. 4 del damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen previsionai. SU monto Se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Ese capital equivaldrá a cincuenta y tres veces el valor mensual del ingreso base,

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inco por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestan invalidante y no podrá ser superior a $ 180.000. Con arreglo a esta mula legal, en la presente causa Berkley ART S.A. depositó la suma $ 106.097,27 en concepto de capital, a partir de la cual, según el k~men pericia1(fs. 65 vta.), la renta periódica mensual ascendería a la ((6) Que, a juicio de la Alzada, se configura en el caso un claro agran verdadero empobrecimiento de la víctima, ya que según 10s eleritos de juicio ~bl-antes en autos, el trabajador fallecido aportaba a u hogar un ingreso mensual que oscilaba entre $ 928 y $ 1.430, por 10 ue la percepción de la referida renta mensual colocaría a su viuda Penas Por encima de la línea de pobreza, y no se demuestra idónea ara satisfacer las necesidades actuales, presentes e inmediatas de la ctora, originando una evidente desprotección y desnaturalización que ación económica (fs. 118))). ((7) Que esta Corte hace suya la conclusión del a guo, al tiempo que idas en Fallos: 327:4607, a las que antes se hizo referencia. En efecto, de renta periódica a causa de la fórmula actuarial que determisisten~ na su quantum conduce a Un pago mensual que no da satisfacción al objetivo reparador que la norma predica, a la vez que impide a 10s derechohabientes que reclaman en un pago único el capital depositado el ejercicio de un ámbito de libertad constitucionalmente protegido, en el que se inserta la formulación de su proyecto de vida, ya modificado traumáti~amentepor la muerte del trabajador)). ((8) Que no obsta a esta conclusión la circunstancia de que, a tenor de la reforma introducida por el decreto 1278/2000, junto con la prestación complementaria de renta periódica, los beneficiarios percibirán, además, una compensación dineraria adicional de pago único que, para 1 caso del art. 18, ap. 1, será de $ 50.000)). ((Si bien Por esta modificación se pretendió dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador [...] originadas en el infortunio laboral (Boletín Oficial, 29.558, primera sección, 3/1/01, p. 2) y traduce una mejora en la prestación originaria del sistema, el pago adicional en Westión no alcanza a desvirtuar las conclusiones del considerando pretoda vez que SU percepción no deja de conculcar el derecho

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del beneficiario a disponer libremente de la totalidad de su crédito, según sus necesidades)). «Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68, CPCCN))). Notifiquese y devuélvase. (Elena l. Highton de Nolasco - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni). (((Suárez Guimbard, Lourdes, clsiembra AFJP S.A., slindemnización por fallecimiento)). CSJN, 24/6/08).

d) Otros casos INCAPACIDAD LABORALPERMANENTE. PAGOÚNICO.INTERESES COMPENSATORIOS

«Toda vez que la incapacidad laboral temporaria del actor pasó a ser permanente el día de la consolidación jurídica del daño, cabe entender que en ese momento nació su derecho a percibir la indemnización que prevé el art. 14, punto 2, inc. a, de la ley 24.557. Por ello, el trabajador tiene derecho a percibir intereses pues durante el tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el momento en que éste es reconocido administrativa o judicialmente se devengan intereses compensatorios (no moratorios) que deben ser soportados por el deudor. Una interpretación contraria implicaría beneficiar a la deudora a costa del acreedor, quien necesariamente debe seguir el procedimiento previsto en la ley citada para lograr el reconocimiento del derecho que invoca como fundamento de su pretensión)). (((Romano, Oscar cILiberty ART S.A. sldiferencias de salarios)). CNTrab., Sala 11 1, 3014103, elDial.com - AL21AO).

ACCIDENTE DE TRABAJO. FALLECIMIENTO. MEDIDACAUTELAR INNOVATIVA. LIBERAR Y ENTREGAR LAS SUMAS DEPOSITADAS POR MUERTE DEL TRABAJADOR. VEROSIMILITUD DEL DERECHO. PELIGROEN LA DEMORA. DOCTRINA DE LA CSJN «MILONE» ~ N T ~ M A C ~AOLAART N A

«...Lo deccripto precedentemente torna aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso 'Milone, Juan Antonio clAsociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo

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cidente' del 2611012004 según la cual el pago en renta de la indemción por accidente implica una injerencia reglamentaria irrazonable no encontrar sustento en ningún fin tutelar legitimo al tiempo que .importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctias de las incapacidades más severas (superiores al 20 % e inferiores 66 %) en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les conoce una indemnización de pago único (art. 14.2. a, ley 24.557), lstinción que no se compadece con la atención de las necesidades postergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad, desturalizándose por esa vía la finalidad protectoria de la ley (Constituion Nacional, arts. 16 y 75 inc. 23)'. Obviamente, tal criterio resulta lenamente aplicable a los supuestos como el presente de muerte del «En consecuencia, corresponde revocar lo decidido en la instancia nterior, hacer lugar a la cautelar solicitada y declarar en el caso conreto, la inconstitucionalidad de los arts. 15, ap. 2, 18 y 19 de la ley (((Vega, Mirta Ofelia, c1Transporte Metropolitano General Roca S.A. otros, S accidente I -acción civil - incidente)). CNTrab., Sala VII, 18/61 9, elDiaL com - AA56BO)

CAP~TULO 5 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL (ART.15, LRT)

Como puntualizamos en el capítulo anterior, existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa (art. 8.1, LRT). La incapacidad laboral permanente se considera totalcuando la disminución de la capacidad laborativa sobre la total obrera es igual o mayor al 66 % (art. 8.2, LRT). Respecto de las prestaciones dinerarias, las ILP totales (es decir, iguales o mayores al 66 %) están abordadas en el art. 15 de la LRT 25. El primer inciso del mencionado artículo trata la incapacidad en situación de provisionalidad. El segundo inciso trata el carácter definitivo de la misma. A continuación transcribimos el texto del art. 15, LRT, y a lo largo del presente capítulo lo analizaremos en profundidad puntualizando todas las situaciones posibles.

ART~CULO 15.- Prestaciones por lncapacidad Permanente Total (IPT). 1. Mientras dure la situación de provisionalidad 26 de la lncapacidad Laboral PermanenteTotal, el damnificado per25 La prestación dineraria de las ILP parciales (es decir, menores al 66%) están abordadas en el art. 14 de la LRT, artículo que hemos analizado en el capítulo 4 de esta obra. 26 El decreto 47212014 (reglamentario de la ley 26.773), en su art. 2 inc. l o , eliminó la situación de provisionalidad para la incapacidad laboral permanente.

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cibirá una prestación de pago mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del valor mensual del ingreso base. Percibirá, además, las asignaciones familiares correspondientes, las que se otorgarán con carácter no contributivo. Durante este periodo, el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional, sin perjuicio del derecho a gozar de la cobertura del seguro de salud que le corresponda, debiendo la ART retener los aportes respectivos para ser derivados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, u otro organismo que brindare tal prestación. 2. Declarado el carácter definitivo de la lncapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado percibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviere afiliado. Sin perjuicio de la prestación prevista por el apartado 4 del articulo 11 de la presente ley, el damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen previsional. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Ese capital equivaldrá a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) 27. 3. Cuando la lncapacidad Permanente Total no deviniere en definitiva, la ART se hará cargo del capital de recomposición correspondiente, definido en la ley 24.241 (articulo

27 El decreto 169412009 eliminó los topes indemnizatorios instaurándolos como pisos. Así, el tope de $180.000 se convirtió en un mínimo garantizado. Por su parte, la ley 26.773, en su articulo 8 establece que «los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RlPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia)).

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94) o, en su caso, abonará una suma equivalente al régimen provisional a que estuviese afiliado el damnificado. [Texto según decr. 1278/2000, B. O., 3/1/0 11.

2. PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTALEN SITUACIÓN DE PROVISIONALIDAD (ART. 15.1, LRT) a) Situación durante la vigencia del decreto 127812000 En este caso, se abona a la víctima del infortunio una prestación de pago mensual igual al 70 % del valor mensual del valor mensual del ingreso base (VMIB). Además se abonan las asignaciones familiares que le correspondan, las que se otorgarán con carácter no contributivo. La fórmula queda expresada de la siguiente manera: VMIB x 70 % + asignaciones familiares

Mientras dure esta situación de provisionalidad (36 meses con la posibilidad de extenderlo 24 meses más), el trabajador infortunado no tiene derecho a las prestaciones del sistema previsional, sin perjuicio del derecho de gozar de la cobertura del seguro de salud que le corresponda, debiendo la ART retener los aportes para ser derivados al INSSJyP o a otro organismo que brinde tal prestación.

b) Situación luego de la publicación del decreto 169412009 El decreto 169412009 cambió radicalmente la forma de calcular la prestación que se abona por incapacidad permanente total en situación provisoria, dictaminando que tanto las prestaciones por incapacidad laboral temporaria como las prestaciones por incapacidad laboral permanente provisoria se «calcularán, liquidarán y ajustarán de acuerdo a lo establecido por el art. 208 de la LCT.» Cabe aclarar que esta mejora es aplicable a los accidentes cuya primera manifestación invalidante fuera posterior a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del decreto 169412009. A continuación lo transcribimos para una mejor comprensión:

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Art. 208, LCT.- Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios, no pudiendo, en ningún caso, la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente. La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el ernpleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.

c) Decreto reglamentario 47212014: Eliminación de la situación de provisíonalidad El artículo 2 del decreto reglamentario 47212014 considera que a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.773, para las contingencias posteriores a la misma, la Incapacidad Laboral Permanente no tendrá situación de provisionalidad. Hasta ahora, esta situación de provisiona-

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lidad corría para las incapacidades laborales permanentes (previstas en los artículos 14.1 y 15.1 de la LRT). Claramente el decreto se excede en sus facultades al modificar el texto de la ley. Con la sagacidad intelectual que lo caracteriza, Schick 28 advierte que: «Se pretende modificar la ley, que no ha derogado la normativa vigente sobre la incapacidad permanente provisoria. En efecde la ley 26.773 no ha derogado los arts. 14.1 to, el art. 17 párr. lo y 15.1 de la ley 24.557, que regulan la incapacidad permanente provisoria (IPP) por lo que la misma conserva pleno vigor.)) «Al no haber sido alguna de las disposiciones derogadas por la ley 26.773 y conforme lo estipula el art.1 de la ley 26.773, la ley 24.557 sigue vigente en los aspectos que no han sido objeto de reforma, así como los decretos del PEN 1278100 y 1694109 y demás disposiciones complementarias y reglamentarias no derogadas.)) «De tal modo que este intento de derogación vía reglamentaria configura una alternativa no protectoria y modificatoria de la ley, que afecta derechos legalmente reconocidos de las víctimas, liberando de obligaciones a las aseguradoras y pretendiendo hacer decir a la ley 26.773 lo que la misma no expresa.)) «Esta provisionalidad excluyente y obligatoria para las altas incapacidades es una prestación que se otorga a estas incapacidades, en la espera de una mejoría o un empeoramiento definitivo de su grado de minusvalía. Dichas prestaciones tienen carácter salarial, pues se accede a ellas conjuntamente con las asignaciones familiares y sólo, luego de su agotamiento, se convierte en definitiva la incapacidad permanente.)) «Las prestaciones por incapacidad permanente provisoria benefician a los damnificados con más del 50 % de incapacidad de la total obrera, pudiendo extenderse hasta sesenta meses (treinta y seis obligatorios y veinticuatro optativos). Su monto equivale en los casos de incapacidad entre el 50 y el 66 % de la t.0. a una renta mensual cuyo monto equivale al valor mensual del ingreso base (VMIB) multiplicado por el porcentaje de incapacidad y en los casos de incapacidad total (igual o superior al 66 %) el valor equivale al 70 % del VMIB, en ambos ajustados mensual28 Cfr. Schick, ((Análisispreliminar a proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de reforma parcial a la Ley sobre Riesgos del Trabajo)).

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mente conforme las pautas del art. 208 de la LCT (decreto 16941 09). Todo ello con más asignaciones familiares.)) ((Este debate no es abstracto, porque en la práctica, en la experiencia judicial, la percepción por parte de los damnificados de estas importantes prestaciones por incapacidad permanente provisoria les permiten subsistir mientras tramitan las acciones judiciales, cesando el cobro de las mismas al dictarse la sentencia definitiva y al determinarse la indemnización por incapacidad permanente definitiva de la LRT y10 la fundada en el derecho común. Téngase en cuenta que se trata de casos de altas incapacidades de trabajadores que durante su recuperación normalmente tienen dificultad de poder reinsertarse en actividades laborales.)) ((Justamente esta percepción de ingresos por IPP les brinda a estos grandes incapacitados la oportunidad de mejorar su capacidad de negociación en el contexto de la recuperación de un infortunio laboral.)) «En verdad, esta prestación provisoria es un beneficio del cual el damnificado -correctamente asesorado por su letrado- puede hacer un uso beneficioso y protectorio para subsistir durante el trámite del proceso judicial, nunca suspendido ni limitado por constituir un derecho de carácter irrenunciable (art. 11. l , ley 24.557).» «De tal modo que este intento de derogación vía reglamentaria afecta derechos legalmente reconocidos a las víctimas, liberando gratuitamente de obligaciones a las aseguradoras.))

?) 3. PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTALDEFINITIVA (ART.15.2, LRT)

a) SituaciQn durante la vigencia del decreto 127812000 En este caso, el damnificado percibe las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez le correspondan en el régimen previsional al que estuviere adherido. La víctima es acreedora, además, de una prestación de pago mensual (renta periódica) complementaria a la correspondiente al régimen previsional. El monto de esta suma será determinado actuarialmente teniendo en consideración el capital integrado por la ART.

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El capital de referencia es igual a cincuenta y tres veces el valor mensual del ingreso base (VMIB), multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir sesenta y cinco por la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a $ 180.000. El decreto 127812000 agregó una compensación dineraria adicional de $40.000. La fórmula queda expresada así: VMlB x 53 x (65ledad) + $40.000 Tope máximo: $180.000

b) Modificaciones introducidas por el decreto 169412009 El decreto 169412009 actualiza monto de la compensación dineraria adicional llevándola a $ 100.000 (para los hechos amparados por su vigencia). Respecto al tope instaurado por decreto 127812000, el decreto 16941 2009 convirtió ese tope en un piso (es decir, en lugar de ser un límite máximo pasó a ser un mínimo garantizado) para los accidentes cuya primera manifestación invalidante ocurriera luego del 6 de noviembre de 2009 (fecha de publicación del decreto en el Boletín Oficial). A continuación insertamos el texto de los artículos 2 y 4 del decreto 169412009: Art. 2.- Suprímense los topes previstos en el art. 14, inc. 2, apartados a) y b), y en el art. 15, inc. 2, último párrafo, respectivamente, de la ley 24.557 y sus modificaciones. Art. 4.- Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del art, 15, inc. 2, de la ley 24.557 y sus modificaciones, nunca será inferior a pesos ciento ochenta mil ($ 180.000). La fórmula actualizada con el decreto 169412009 queda entonces de la siguiente manera: VMIB x 53 x (651edad) + $100.000 Piso mínimo garantizado: $ 180.000

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c ) Ley 26.773: eliminación de la renta periódica, actualización con RIPTE y 20 % por reparación integral

La ley 26.773 aporta tres novedades importantes para el supuesto en análisis. Por una parte elimina el sistema de renta periódica, indicando que «el principio general indemnizatorio es de pago único)). Así, recepta lo dictaminado por la Corte Suprema en el caso 'Milone': ((Corresponde confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 14.2 inciso b, de la ley 24.557, pues en cuanto establece un sistema de renta periódica para los damnificados víctimas de las incapacidades más severas, no satisface los requerimientos de asegurar una condición de labor equitativa de acuerdo al art. 14 bis de la Constitución Nacional, vale decir, justa, toda vez que por su rigor termina desinteresándose de la concreta realidad sobre la que se debe obrar)). Por otra parte incorpora la actualización mediante la evolución del índice RIPTE, lo que soluciona definitivamente el poder corrosivo de la inflación. Y por Último instaura un pago adicional del 20 % en concepto de reparación integral. Cabe aclarar que estas mejoras son aplicables a los accidentes cuya primera manifestación invalidante fuera posterior al 2611012012 (fecha de publicación de la ley en el Boletín Oficial), siempre que no se cuestione la constitucionalidad de esta limitación temporal. La fórmula queda entonces expresada de esta manera: Fórmula base: VMlB x 53 x (651edad)

+ $ 100,000 (compensación dineraria adicional ley 24.557, art. 11.4 b, elevada por decreto 1694109) actualizada por WlPTE + 20 % (Indemnización adicional de pago único ley 26.773, art. 3) Piso mínimo: $ 180.000 actualizado por RIPTE

Esta fórmula da como resultado una indemnización de pago único cuya cuantía es igual a cincuenta y tres veces el Valor Mensual del Ingreso Base (VMIB), multiplicado por un coeficiente que resulta de dividir el número 65 por la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación incapacitante, más una compensación dineraria adicional (según ley 24.557, art. 11.4 b) actualizada por el índice RIPTE, más

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la indemnización adicional de pago Único de 20 % en concepto de reparación integral (según artículo 3 de la ley 26.773). Es decir que el monto indemnizatorio se forma por tres conceptos: La fórmula base de la LRT La compensación dineraria de $ 100.000 (actualizada por RIPTE). Indemnización adicional de 20 % (instaurada por ley 26.773)

(? 4. CASOEN QUE LA ~NCAPACIDADPERMANENTE TOTALNO DEVlNlERE EN DEFINITIVA

En esta situación, le corresponde a la ART hacerse cargo del capital de recomposición al que alude el art. 94 de la ley 24.241 o, cuando corresponda, deberá abonar una suma igual a la que fije el régimen previsional al que se ha afiliado la víctima del infortunio.

RENTAPERIÓDICA. ~NCONST~TUC~ONAL~DAD DEL ART. 15, INC. 2, DE LA LEY 24.557

«Si bien es cierto que el pago bajo la modalidad de renta periódica no conlleva en sí mismo una restricción del derecho de propiedad ni una afectación del proyecto de vida, cuando su implementación no se presenta como razonable en conexión con la realidad a la que es aplicada sino como limitativa de los derechos en función de la expectativa de vida del beneficiario, resulta merecedor de la tacha de inconstitucionalidad)). «Debe declararse la inconstitucionalidad de la prestación de pago mensual del art. 15, inc. 2 de la ley 24.557 con fundamento en los arts. 14 bis, 17 y 22 de la CN por remisión a la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ordenar el pago de la indemnización de la primera norma citada en forma de pago único junto con la del art. 11, inc. 4)). (((Rivera, Carlos Nicolás, clGrúas Martín S.R.L.)). CNTrab., Córdoba, Sala 7 Unipersonal, 18/4/07, LLC, 2007 [julio], p. 624, fallo 5246).

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FORMADE PERCEPCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. DEPÓSITODE LAASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO. INTERESES. CÓMPUTO DE LOS INTERESES. DOCTRINA DE LA CORTESUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ((1. Corresponde rechazar la acción deducida contra una ART para el cobro de la indemnización derivada del fallecimiento del conviviente de la actora, ya que la aseguradora ajustó su conducta a la normativa aplicable, en tanto depositó el capital a la orden de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conforme los arts. 15, inc. 2 y 18 de la ley 24.557, sin que mediara objeción de la beneficiaria sino luego de transcurrido un mes después de que aquélla le comunicara que había realizado el depósito, lo cual evidencia la injustificada pretensión de que la Aseguradora pague nuevamente la suma que ya depositó)). ((2. Resulta improcedente condenar a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones codemandada en el marco de una acción para el cobro de la indemnización derivada del fallecimiento de un trabajador al pago de intereses desde la fecha en que acaeció el siniestro, cuando ajustó su conducta de pago al diseño legal al que estaba obligada conforme la ley 24.557, sin que a ello obste la previa declaración de inconstitucionalidad de la ley que resolviera la Corte Suprema, pues sus sentencias sólo deciden las controversias debatidas en los casos concretos en que han sido dictadas y la Administradora no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de una ley)). ((3.Corresponde confirmar el decisorio que en el marco de una acción instada para el cobro de una indemnización por fallecimiento de un trabajador declaró la inconstitucionalidad del art. 15.2, segundo párrafo de la ley 24.557, ya que el caso guarda relevante analogía con la doctrina sentada por la Corte Suprema en la causa 'Milone', 29110104, pues el sistema de pago de una renta periódica no permite que el titular del derecho patrimonial encare un nuevo proyecto de vida, violentándose los principios emanados de los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la CN». ((4. Siendo que la cuestión suscitada entre las partes versó sobre la forma en que debía efectivizarse la prestación prevista en el art. 15, ap. 2, segundo párrafo de la LRT, corresponde que la condena devengue intereses desde la fecha del fallecimiento del trabajador, pues habiéndose declarado la inconstitucionalidad del sistema instituido por la Ley de Riesgos del Trabajo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con anterioridad al siniestro, las demandadas aun así se ajustaron al diseño de la Ley de Riesgos, obligando a la beneficiaria a recurrir a la vía judicial)). (Del voto en disidencia parcial de la doctora Guthmann).

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(((Pages, Beatriz Eloísa, clCNAAseguradora de Riegos del ~ r a b a j o S.A. y otro)). CNTrab., Sala IV, 28/3/08).

ACCIDENTE ((IN ITINERE)). INCAPACIDAD LABORAL TOTALY PERMANENRECHAZO DEL PEDIDO DE INCONSTlTUClONALlDAD TE. RENTAPERI~DICA. DEL ART. 15 DE LA LEY 24.557. CONSIGNACI~N. RETICENCIA DEL BENEFICIARIO A ELEGIR LA ASEGURADORA QUE D'EBERÁOTORGAR LA PRESTACI~NBAJO LA FORMA DE RENTA. PROCEDENCIA DEL DEPÓSITO EN CONSIGNACIÓN EFECTUADO POR LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO. ~NTIMACIÓNAL BENEFICIARIO A OPTAR POR UNA COMPAÑ~ADE SEGUROS DE RETIRO

((Haciendo propios los argumentos expuestos por la Corte en el caso 'Milone', tanto respecto a los antecedentes legislativos y supranacionales citados por la Corte como de sus propias conclusiones, considero que el pago de la prestación en forma de renta no es censurable constitucionalmente, a menos que: a) no se cumpla el objetivo reparador que el caso requiera, b) no brinde la protección adecuada al damnificado conforme lo prevé el art. 14 bis de la CN, o c) resulte discriminatoria frente a otras situaciones de incapacidad contempladas en el régimen. Ahora bien, luego de la modificación introducida por el decr. 1278/2000, que establece, además del pago de la renta periódica, un pago único para el trabajador afectado de una incapacidad laboral total y permanente de $40.000, podemos admitir que mediante la combinación de ambos sistemas (pago único más renta periódica) el reproche constitucional en cuanto a la naturaleza discriminatoria de la que era objeto el sistema único de renta periódica para determinadas incapacidades se desvanece, ya que todos los trabajadores pasan a ser beneficiarios de un pago único, que les permita subvenir sus necesidades más inmediatas y graves, al que se le añade, en incapacidades mayores, el pago de la renta periódica. Por ello, voto por el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 de la LRT)). (Del voto en mayoría de la Dra. Claudia Salvatierra). ((Consistiendola obligación de la ART en otorgar al incapacitado las prestaciones establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo y, en el caso, la prestación de pago periódico a través de una Compañía de Seguros de Retiro, a la cual debe integrar el capital correspondiente a la prima del seguro, y teniendo en cuenta la reticencia del beneficiario en elegir la aseguradora que deberá otorgar la prestación bajo la forma de renta, y el cumplimiento de los recaudos previstos para su eficacia,

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el depósito en consignación efectuado por la ART bajo la modalidad pretendida (a efectos de que el Tribunal intime al beneficiario - acreedor a que denuncie la Compañía de Seguro de Retiro para efectuar la integración del capital), resulta un medio idóneo para pretender dar cumplimiento a su obligación)). (Del voto en mayoría de la Dra. Claudia Salvatierra). ({Consecuentemente, voto por hacer lugar a la consignación en la forma propuesta, debiendo intimarse al demandado a elegir la Compañía de Seguro de Retiro del listado proporcionado oportunamente por el actor y éste (ART) proceder a la transferencia a aquélla (Compañía de Seguro de Retiro) de los fondos depositados a la orden del Tribunal dentro de los cinco días de manifestado la demandada su opción, para así considerar recién, como de cumplimiento exacto de la obligación (art. 505, Cód. Civil), y le confiera el derecho a obtener su liberación)). (Del voto en mayoría de la Dra. Claudia Salvatierra). («La Caja Aseguradora de Riesgos de Trabajo ART S.A. clBarraza, Dardo Alfonzo, slpago por consignación, etc.)). CNTrab., y Minas de 1a Nominación - Santiago del Estero, 2/3/07, elDial- AA3E96).

AUSENCIADE DECLARACIÓN DE ~NCAPACIDAD LABORALPERMANENTE TOTALCON CARÁCTER DEFINITIVO DEL TRABAJADOR. PRESTACIONES. DERECHO A PERCIBIR LA INDEMNIZACIÓN EN UN PAGO ÚN~CODIRECTAMENTE DE LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO.IMPROCEDENCIA. OMISIÓN DE DEMANDAR AL SISTEMA PREVlSlONAL O A LA COMPAÑ~ADE SEGUROS DE RETIRO. AMPARO.RECHAZO «No está acreditado en autos que se haya efectivamente declarado la existencia de lncapacidad Laborai Permanente Total con carácter definitivo (IPT) del art. 15, ap. 2 de la LRT, supuesto que es el que habilita la prestación de pago mensual complementaria; aunque la demanda no es del todo clara, de sus términos puede extraerse que lo que se peticiona, en resumen, es la inconstitucionalidad de dicha disposición, o sea, del sistema de retiro programado y que se disponga la percepción de la indemnización en un pago único)). «Como no hay prueba fehaciente alguna de que el trámite del Sr. T. se halle en la situación prevista en el art. 15.2 ya citado, la inconstitucionalidad declarada resultaría así 'a futuro1». «El art. 5 del decr. regl. 334196 establece que declarado el carácter definitivo de la lncapacidad Laboral Permanente Total, el damnificado

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percibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen al que estuviere afiliado, y en cuanto a la prestación de pago tmnsuai complementaria (ap. 2, art. 15 cit.) -que es la que nos ocupa en este caso y en aquél- adoptará diferentes modalidades según cuál sea el régimen previsional al que se encuentre afiliado el damnificado y la modalidad de retiro definitivo por invalidez. Así, en los casos de afiliados al régimen de capitalización -tal era en el precedente la situación del Sr. Molinuevo-, la ART integrará el capital al saldo de la cuenta de capitalización individual a que hace referencia el art. 91 de la ley 24.241 y en los demás supuestos la aseguradora (o el empleador autoasegurado) integrará el capital en una compañía de seguros de retiro a elección del beneficiario a los fines de contratar una renta vitalicia. Va de suyo entonces que, según la modalidad prevista por la Ley de Riesgos de Trabajo, es el sistema previsional o la compañía de seguros de retiro aquellos a quienes debe integrarse el capital que aquí se discute)). «En este sentido, adviértese que en esta causa sólo se demandó a CNAART y que ésta opuso falta de legitimación pasiva según el objeto de las actuaciones: a) porque su parte siempre abona el capital a que se refiere la prestación mensual complementaria del régimen previsional en un pago único (lo hace a la AFJP correspondiente para ser acreditado en la cuenta de capitalización); b) porque entonces el reclamo de la demanda de recibir un pago único directo no debió dirigirse contra su parte sino contra la AFJP del Sr. T., que no sólo no fue demandada sino que no fue individualizada; c) porque no puede ser demandada en un juicio en el que se reclama una decisión cuyo sujeto pasivo es otra persona y en la que se debaten derechos de terceros (AFJP, compañía de seguros de retiro), lo cual viola el principio de congruencia y afecta seriamente los derechos de dichos terceros)). «Lo que la parte actora persigue es impedir que la cifra de que se trate (en el caso 'Molinuevo' no era hipotética, aunque aquí es diferente porque no está probado que se haya declarado el carácter definitivo de la IPT) se deposite en alguno de esos entes, cuando justamente ellos son los destinatarios de dicho pago único para darle ulteriormente el destino que la ley y su reglamentación prevén en relación con el damnificado. Si lo que se persigue, pues, es impedir que aquéllos reciban la suma en cuestión y ésta sea, en cambio, entregada directamente al accidentado, obligatorio era entonces que se los demandara, se los oyera y se les permitiera defenderse antes de arribarse a una decisión

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definitiva -cualquiera ésta pudiera ser-. Nada de ello se hizo en autos». «En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede: el Tribunal, por mayoría, resuelve: revocar la sentencia de fs 49151 y desestimar la demanda)). (((Delfinode Trinidad, Ma. Elena, plsí y en repr. de su cónyuge Trinidad, César y dl S hijo men. T. G. clCNA ART S/ acción de amparo)). CNTrab., y Minas de la Nominación - Santiago del Estero, 2/3/07, elDial.com - AA2FOF).

~NCONST~TUCIONAL~DAD DEL ART.

15. IMPROCEDENCIA. CASO«MILONE»

«Ante el planteo de inconstitucionalidad del art. 15 de la LRT, invocando a tal fin el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 'Milone clAsociart S.A.' del 26110104, cabe sostener que no es viable puesto que en dicho caso se trató del art. 14.2.b. de la ley 24.557 (Incapacidad Laboral Permanente Parcial; renta periódica), no específicamente del art. 15 (Incapacidad Permanente Total; renta periódica complementaria del régimen previsional cuyo monto se determiiia actuarialmente en función del capital integrado a la ART))). (Del voto de la Dra. García Margalejo, en minoría). (((Klatt, Cristian Alberto, c1Liberty ART S.A. S/ accidente - acción civil)). CNTrab., Sala V, 23/5/05, elDial.com - AL1 6EA).

ACCIDENTE DE TRABAJO. MUERTE DEL DEPENDIENTE, V~CTIMADE DELINHECHOACAECIDO MIENTRAS EL TRABAJADOR PERNOCTABA EN INSTALACIONES DEL EMPLEADOR. PRESTACIONES DINERARIAS PREVISTAS EN EL ART. 15 DE LA LEY 24.557. INCONST~TUC~ONAL~DAD DEL PAGO COMO RENTA PERIÓDICA.APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL PRECEDENTE «AQUINO»DE LA CSJN. NECESIDAD DE EVALUAR SI LA INDEMN~ZACIÓN CONSAGRA UNA REPARACIÓN EQUITATIVA DE LA VIUDA DEL CAUSANTE. RECURSO EXTRAORDINARIO. PROCEDENCIA. DISIDENCIA: SOLICITUD DE REPARACIÓN INTEGRAL QUE SÓLO PODR~AHABERSE PERSEGUIDO MEDIANTE LOS FACTORES DE ATRiBUCIÓNDE RESPONSABILIDADCIVIL. RECURSO EXTRAORDINARIO. RECHAZO CUENTES.

«En mi opinión, sí corresponde que se admita el planteo con fundamento en que la indemnización reconocida no repara integralmente a la viuda, afectando la dignidad de la persona y el derecho de propiedad.

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL (ART. 15, LRT)

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En efecto, la respuesta dada en el fallo con fundamento en que el reclamo se limitaba a las prestaciones reguladas en el art. 15 de la LRT y no en la reparación integral en los términos del derecho común (v. fs. 756), no lo sustenta suficientemente, y deja sin respuesta concreta al planteo de impugnación constitucional de la referida norma en los términos señalados. Las deficiencias del método de cálculo de la fórmula utilizada en ella, por el legislador, ya había sido anunciada por VE en los diferentes votos del precedente 'Aquino' (v. Fallos 327:3753, considerando 6", del voto de Petracchi y Zaffaroni, considerando 9" del voto de Belluscio y Maqueda; considerando 11" del voto de Highton de Nolasco).)) (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido.por la CSJN en mayoría) «A su vez, se omitió considerar que al reconocer en el fallo del a quo la inconstitucionalidad del pago en renta con fundamento en el precedente 'Milone' (Fallos 327:4607), el examen del caso no se limitaba solamente en la forma de pago, sino que debió evaluarse si la indemnización consagraba una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador en concreto (v. considerando 5", último párrafo del Fallo 'Milone', pág. 4617)~)(Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN en mayoría) «Así, debió también ponderar el a quo, como señaló VE en el precedente 'Aróstegui', que la doctrina constitucional de esa Corte tiene dicho y reiterado que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres ('Aquino', votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio, y Highton de Nolasco, Fallos: 327:3753, 37651 3766, 378713788 Y 379713798, Y sus citas; y 'Díaz', voto de la jueza Argibay, Fallos: 329:473, 4791480, Y sus citas; ver considerando 5" in re: 'Aróstegui, Pablo Martín c l Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañia S.R.L.'; Sentencia del 8 de abril de 2008). .. Por lo dicho, estimo que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia y restituir las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado.)) (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN en mayoría)

88 1 v~cTORHUGOÁLVAREZ CHÁVEZ

«La recurrente objeta la postura del a quo que entiende que no es compatible el planteo de inconstitucionalidad del artículo 15 de la LRT de la viuda, con sustento en que su aplicación no 'reparaba integralmente' el daño producido por la muerte de su esposo, en función de la naturaleza y objetivos de ese sistema legal, diseñado para cubrir los riesgos derivados de los accidentes de trabajo. Tal agravio no es procedente. Ello así, pues el fundamento del fallo resulta concordante con la idea expuesta en el precedente 'Díaz', según la cual acoger las genéricas impugnaciones de la actora, afectaría la ecuación económico financiera del contrato de seguro dado los diferentes objetivos que persiguen el sistema laboral y el común. De ahí, la afirmación de la cámara de que la 'reparación integral' pretendida, sólo podría haberse perseguido a partir de la atribución de alguno de los factores de imputación de responsabilidad establecidos en el Código Civil. Por ello, se desestima el recurso extraordinario deducido y se confirma la sentencia apelada.)) (Del voto en disidencia de la Dra. Argibay) (((Lucca de Hoz, Mirta Liliana, cITaddei, Eduardo y otro slaccidente acción civil)). CSJN, 171812010, elDial.com - AA6220)

CAP~TULO 6 GRAN INVALIDEZ (ART.17 LRT)

r) 1. CONCEPTO DE GRANINVÁLIDO El artículo 1O de la LRT incorpora el concepto de gran inválido. Es la categoría más grave de incapacidad laborativa. Según la normativa, el trabajador está en situación de gran invalidez cuando su incapacidad permanente total (IPT) 29 no le permite realizar plenamente los actos elementales de la vida, requiriendo para ello la asistencia continua de otra persona. Por su parte, el art. 17 de la LRT se aboca a las prestaciones dinerarías de esta particular incapacidad laborativa. A continuación lo transcribimos y seguidamente nos abocaremos a su análisis: ART~CULO 17.- Gran invalidez. l.El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos de Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT). 2. Adicionalmente, la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente a tres veces el valor del MOPRE definido por la ley 24.241 (artículo 21), que se extinguirá a la muerte del damnificado.

29 La incapacidad laboral permanente se considera total cuando la disminución de la capacidad laborativa sobre la total obrera es igual o mayor al 66% (art. 8.2 LRT)

GRAN INVALIDEZ(ART. 17, LRT)

90 1 V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

2. PRESTACIÓN DlNERARlA POR GRAN INVALIDEZ (ART. 17, LRT) a) Prestación por IPT En los casos de gran invalidez, se abonan las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos de Incapacidad Permanente Total (IPT) analizadas oportunamente en el artículo 15 LRT, al que remitimos por cuestiones de brevedad 30.

meses en que se publica en el Boletín Oficial son febrero y agosto y corren para los meses de marzo a septiembre y septiembre a marzo respectivamente (ej: la resolución de febrero rige para los meses de marzo a septiembre y la resolución que se publica en agosto rige para los meses de septiembre a marzo del año siguiente). A continuación detallamos los coeficientes de actualización a partir de la primera resolución aparecida luego de la fecha de publicación del decreto 169412009: FECHA

b) Prestación adicional Situación antes de la sanción del decreto 169412009. Complementariamente, la ART pagará al damnificado una prestación de pago mensual igual a tres veces el valor del AMPO 31 (art. 21, ley 24.241). Esto se extinguirá a la muerte del trabajador infortunado. El AMPO quedó fijado y congelado desde 1997 en $80, con lo cual esta prestación adicional quedaba reducida a sólo $ 240 mensuales. Situación Puego de la sanción del decreto 1694/2009. El decreto 169412009, publicado en el Boletín Oficial el 6 de noviembre del año 2009, llevó este adicional a la suma de $ 2.000 mensuales para los accidentes cuya primera manifestación invalidante fuera posterior a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Cabe remarcar que en su artículo 6O, este decreto determina que la prestación adicional se ajustará de acuerdo con la movilidad jubilatoria que fija el SIPA (Sistema lntegrado PrevisionalArgentino, ley 26.417) 32.

c) Evolución de los valores de movilidad según art. 32,ley 26.417 Dos veces al año, la ANSeS publica una resolución con los nuevos coeficientes de actualización. Por lo general, aunque no siempre, los Véase el capítulo 5 de la presente obra. Por medio del decreto 833197 se reemplazó al AMPO considerando como unidad de referencia al MOPRE (Módulo Previsional). 32 Para una mayor comprensión del tema recomendamos la consulta de nuestra obra: Álvarez Chávez, Víctor Hugo Sistema lntegrado ProvisionalArgentino y Movilidad Jubilatoria c/CD. García Alonso, Buenos Aires, 2008 (http:l /www.garciaalonso.com.ar/articulo.php?id=60). 30

3i

1 91

COEFICIENTE

Marzo 2010 Septiembre 2010 Marzo 2011 Septiembre 2011 Marzo 2012 Septiembre 20 12 Marzo 2013 Septiembre 2013 Marzo 2014 Septiembre 2014

8,21 % 16,9 % 17,33 % 16,82 % 17,62 % 11,42 % 15,18 % 14,41 % 11,31 % 17,21 %

NORMA

(resol. 130120 10) (resol. 65112010) (resol. 58120 11) (resol. 44812011) (resol. 4712012) (resol. 32712012) (resol. 3012013) (resol. 26612013) (resol. 2712014) (resol. 44912014)

Veamos en una tabla cómo quedan los $ 2.000 originales al aplicarles la actualización semestral: FECHA

nov 2009 dic 2009 ene 2010 feb 2010 mar 2010 abr 2010 may 2010 jun 2010 jul2010 ago 2010 sep 2010 oct 2010 nov 2010 dic 2010

HABER

COEFICIENTE

MOVILIDAD

MONTO

92 1

GRAN INVALIDEZ (ART. 17, LRT)

V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

FECHA

ene 2011 feb 2011 mar 2011 abr 2011 may 2011 jun 2011 jul2011 ago 2011 sep 2011 oct 2011 nov 2011 dic 2011 ene 2012 feb 2012 mar 2012 abr 2012 may 2012 jwn 2012 jul2012 ago 2012 sep 2012 oct 2012 nov 2012 dic 2012 ene 2013 feb 2013 mar 2013 abr 2013 may 2013 jun 2013 jul2013 ago 2013 sep 2013 oct 2013 nov 2013 dic 2013 ene 2014 feb 2014

HABER

COEFICIENTE

MOVILIDAD

MONTO

FECHA

HABER

COEFICIENTE

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MONTO

mar 2014 abr 2014 may 2014 jun 2014 jul2014 ago 2014 sep 2014 oct 2014 nov 2014 dic 2014 ene 2015 feb 2015

d) Ley 26.773 El art. 17 inciso 7 de la ley 26.773 dispone que ((las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición)). Este texto plantea un interrogante no menor: ¿la prestación adicional por gran invalidez se sigue ajustando por la movilidad jubilatoria o se ajusta por RIPTE? Un fallo de la Primera Cámara de Mendoza 33 entiende que esta prestación debe ajustarse por RIPTE: La ley 26.773 ha buscado en forma integral el mejoramiento del sistema reparatorio dispuesto por la ley 24.557 y sus modifícatorias a través de los Decretos 1278/00 y 1694/09. Ello ha llevado al legislador a establecer distintos momentos de entrada en vigencia de la normativa allí dispuesta. Así, ha establecido en los arts. 2 y art. 17 ap. 1- que, a partir de su entrada en vigencia todas las prestaciones dinerarias pasan a ser prestaciones dinerarias de pago úni33 ((0.F. R. ~IResponsabilidad Patronal ART S.A. plenfermedad accidente». Primera Cámara del Trabajo (Mendoza), 21512013.

94 1 V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

co. La entrada en vigencia es a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26/10/12). Luego, a través de los arts. 8 y 17 apartado 6- dispone que los valores fijados en el art. 11 de la ley 24.557 (que fueran introducidos por el Decreto 1278/00) y los mínimos previstos en los arts. 14 y 15, así como también la prestación adicional mensual por Gran Invalidez se actualicen de acuerdo al RlPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), teniendo en cuenta la variación operada desde el 1/1/2010, lo cual proyecta un incremento notable de los valores económicos.

CAP~TULO7 M U E R T E DEL T R A B A J A D O R (ART.18 L R Y )

1. PRESTACIONES POR MUERTE DEL DAWlNlFlCADO (ART. 18, INC. 1, LRT)

ART~CULO 18, inc. 1, LRT Los derechohabientes del trabajador accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15 de esta ley, además de la prevista en su artículo 11, apartado cuarto.

a) Durante la vigencia del decreta 127812000 Los derechohabientes del trabajador tendrán derecho a la pensión por fallecimiento contemplada en el régimen previsional al que estuviere adherido el trabajador y a las prestaciones por Incapacidad Permanente Total (contempladas en el art. 15.2, segundo párrafo, de la LRT), además de la compensación dineraria adicional de pago único (prevista en el art. 11, ap. 4). A continuación transcribimos dichas normas: Art. 15.2, segundo párrafo, LRT Sin perjuicio de la prestación prevista por el apartado 4 del artículo 11 de la presente ley, el damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen previsional. Su monto se determinará actuarial-

MUERTE DEL TRABAJADOR (ART. 18, LRT)

mente en función del capital integrado por la ART: Ese capital equivaldrá a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a pesos ciento ochenta mil ($ 180.000). Art. 11.4, inc. c), LRT En el caso del artículo 18, apartado 1, la prestación adicional será de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Durante la vigencia del decreto 127812000, en virtud de lo establecido por el art. 15.2, segundo párrafo LRT, la víctima es acreedora de una prestación de pago mensual (renta periódica) complementaria a la correspondiente al régimen previsional. El monto de esta suma es determinado actuarialmente teniendo en consideración el capital integrado por la ART. El capital de referencia es igual a cincuenta y tres veces el valor mensual del ingreso base (VMIB), multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir sesenta y cinco por la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación invalidante y no puede ser superior a $ 180.000. El decreto 127812000 agregó una compensación dineraria adicional de pago único de $50.000. La fórmula queda expresada así: VMlB x 53 x (651edad)+ $40.000 Tope máximo: $ 180.000

b) Modificaciones introducidas por el decreto 169412009 El decreto 169412009 actualiza la compensación dineraria adicional de pago único llevándola a $120.000 (para los hechos amparados por su vigencia). Respecto al tope instaurado por decreto 127812000, el decreto 16941 2009 convirtió ese tope en un piso (es decir, en lugar de ser un límite máximo pasó a ser un mínimo garantizado) para los accidentes cuya

1 97

rimera manifestación invalidante ocurriera luego del 6 de noviembre e 2009 (fecha de publicación del decreto en el Boletín Oficial). A continuación transcribimos el texto de los artículos 2 y 4 del decre-

Art. 2.- Suprímense los topes previstos en el art. 14, inc. 2, apartados a) y b), y en el art. 15, inc. 2, último párrafo, respectivamente, de la ley 24.557 y sus modificacioArt. 4.- Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del art, 15, inc. 2, de la ley 24.557 y sus modificaciones, nunca será inferior a pesos ciento ochenta mil ($ 180.000). La fórmula actualizada con el decreto 169412009 queda entonces de la siguiente manera: VMIB x 53 x (65ledad) + $120.000 Piso mínimo garantizado: $ 180.000

c) Ley 26.773: eliminación de la renta periódica, actualización con WIPBE y 20 % por reparación integral La nueva norma aporta tres novedades importantes para el supuesto en análisis. Por una parte elimina el sistema de renta periódica, indicando que «el principio general indemnizatorio es de pago único». Así, recepta lo dictaminado por la Corte Suprema en el caso 'Milone': ((Corresponde confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 14.2 inciso b, de la ley 24.557, pues en cuanto establece un sistema de renta periódica para los damnificados víctimas de las incapacidades más severas, no satisface los requerimientos de asegurar una condición de labor equitativa de acuerdo al art. 14 bis de la Constitución Nacional, vale decir, justa, toda vez que por su rigor termina desinteresándose de la concreta realidad sobre la que se debe obrar». Por otra parte incorpora la actualización mediante la evolución del índice RIPTE, lo que soluciona definitivamente el poder corrosivo de la inflación.

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Y por último instaura un pago adicional del 20 % en concepto de reparación integral (que para el caso de muerte, no podrá ser inferior a $ 70.000 actualizado por RIPTE). Cabe aclarar que estas mejoras son aplicables a los accidentes cuya primera manifestación invalidante fuera posterior al 2611012012 (fecha de publicación de la ley en el Boletín Oficial), siempre que no se cuestione la constitucionalidad de esta limitación temporal. La fórmula queda expresada en estos términos: Fórmula base: VMlB x 53 x (651edad)

+ $ 120.000 (compensación dineraria adicional ley 24.557, art. 11.4 b, elevada por decreto 1694109) actualizada por RIPTE Piso mínimo: $ 180.000 actualizado por el RIPTE + 20 % (Indemnización adicional de pago único ley 26.773, art. 3) (Piso de este adicional: $ 70.000 actualizado por RIPTE)

Esta fórmula da como resultado una indemnización de pago único cuya cuantía es igual a cincuenta y tres veces el Valor Mensual del Ingreso Base (VMIB), multiplicado por un coeficiente que resulta de dividir el número 65 por la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación incapacitante, más una compensación dineraria adicional de pago único (según ley 24.557, art. 11.4 c) actualizada por el índice RIPTE, más la indemnización adicional de pago único de 20 % en concepto de reparación integral (según artículo 3 de la ley 26.773, que no podrá ser inferior a $ 70.000 actualizado por RIPTE).

ARTICULO18, inc. 2 LRT Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley, a las personas enumeradas en el articulo 53 de la ley 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas. El límite de edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido hasta los veintiún (21) años, elevándose hasta los veinticinco (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del

MUERTE DEL TRABAJADOR (ART. 18, LRT)

1 99

trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador en partes iguales; si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo. [Texto según decr. 1278/ 2000, B.O., 3/1/200 11.

a) Texto original de la LRT

Los derechohabientes estaban limitados a las personas enumeradas en el artículo 53 de la ley 24.241, en el orden de prelación allí dispuesto. A continuación insertamos dicho artículo: Artículo 53, ley 24.241.- En caso de muerte deljubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante: a) La viuda. b) El viudo. c) La conviviente. d) El conviviente. e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optarenpor la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad. La limitación a la edad establecida en el inciso e) no rige si los derechohabientesse encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad. Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas

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objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a cargo del causante. En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes. El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandadosjudicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.

b) Decreto 127812000: ampliación de la enumeración de derechohabientes y del Iímite de edad

En ausencia de las personas enumeradas en dicha norma, accederán los padres del trabajador en partes iguales; si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá en partes iguales a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo (articulo reglamentado por decr. 3341 96, articulo 7: «Se consideran derechohabientes, a los fines de la ley 24.557, las personas enumeradas en el artículo 53 de la Ley No24.241, cualquiera fuera el régimen al que el damnificado estuviera afiliado.») 34. 34 La omisión en la que incurriría el art. 18 de la ley 24.557 al no incluir como causahabiente del trabajador soltero a sus progenitores fue salvada por el art. 9 del decr. 1278100. Pero si el contrato de seguro con la ART fue anterior a la entrada en vigencia de dicho decreto, no puede ésta responder ante quienes no estaban legalmente reconocidos al tiempo de celebración del contrato (arts. 19, ley 24.557; 1197, Cód. Civil y 143, ley 17.418). (CNTrab., Sala VII, 16/5/01, «Durán, Delicia y otro c/ Correo Argentino S.A. S/ accidente»).

MUERTE DEL TRABAJADOR (ART. 18, LRT)

1 101

En cuanto al Iímite de edad establecido en el art. 53 de la ley 24.241, se entenderá extendido hasta los veintiún (21) años, elevándose hasta los veinticinco (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido.

c) Reglamentación. Decretos 334196 y 41012001 El artículo 18 de la LRT se encuentra reglamentado por dos decretos: el 334 del año 1996 y el 410 del año 2001. Acontinuación transcribimos la parte pertinente: Art. 334/96, Art 7. -. Se consideran derechohabientes, a los fines de la ley 24.557, las personas enumeradas en el artículo 53 de la ley 24.24 1, cualquiera fuera el régimen al que el damnificado estuviera afiliado.

Dec. 410/2001, Art. 5.- En caso de fallecimiento de los padres del trabajador siniestrado, los familiares a cargo de éste con derecho a obtener las prestaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 18 de la ley 24.557, serán los siguientes: a) Los parientes por consanguinidad en línea descendente, sin Iímite de grado. b) Los parientes por consanguinidad en línea ascendente, sin Iímite de grado. c) Los parientes por consanguinidad en primera línea colateral hasta el tercer grado. En los casos de los incisos a) y c), los parientes allí enumerados deberán ser solteros y menores de veintiún (2 1) años. Dicho límite de edad se elevará a veinticinco (25) años, en caso de tratarse de estudiantes. La precedente limitación de edad no rige si los derechohabientes mencionados en el presente artículo se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha que cumplieran veintiún (21) años. En todos los casos, los parientes enumerados deberán acreditar haber estado a cargo del trabajador fallecido. Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del trabajador fallecido cuando concurre en aquél un estado de necesi-

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dad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. La acreditación deberá efectuarse mediante un Procedimiento Sumarísimo (información Sumaria) previsto para las acciones meramente declarativas, de conformidad a como se encuentre regulado en las distintas jurisdicciones donde la misma deba acreditarse. A los efectos de lo que determina el apartado 2 del artículo 18 de la ley 24.557 y la presente reglamentación, deberá entenderse por estudiante a cargo del trabajador fallecido a quien se encuentre cursando estudios regulares oficialmente reconocidospor la autoridad pertinente.

5 3.

MUERTE DEL TRABAJADOR (ART. 18, LR?

V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 18.2, LRT. FALLODE LA CSJN «LESCANO, DEMETRIO ...>> 35

En el fallo «Lescano», el Máximo Tribunal de la Nación revocó un fallo dictado por la Sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo al resolver en favor de los padres de un trabajador que murió en un accidente de trabajo que reciban el resarcimiento por el deceso del empleado. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en la causa la inconstiiucionalidad el art. 18.2 de la ley 24.557 al destacar que colocaba en situación de desamparo a los padres de un joven soltero fallecido en un accidente laboral, quienes eran los únicos beneficiarios posibles. Análisis del caso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la exclusión lesionaba la protección integral de la familia prevista por el art. 14 de la CN, y en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales con jerarquia constitucional de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

35

Véase el texto completo de este fallo en el CD-ROM

1 103

Por un lado, la sentencia tomó en cuenta que el contenido propio de la seguridad social es la cobertura «integral» y, por el otro, que la Ley de Riesgos del Trabajo colocaba en situación de desamparo a los únicos beneficiarios posibles, a quienes se excluía sin motivo alguno, produciendo una ((discriminaciónintolerable)). Finalmente, afirmó la Corte Suprema que la Ley de Riesgos del Trabajo menoscababa el principio de progresividad de los derechos sociales, cuyo objetivo es evitar el retroceso en todo aquello que es conducente al logro de la justicia social. Con esta sentencia, se reitera la doctrina enunciada en el caso ((Medina c/Solar Servicios Online S.A.)). Conclusión. Esta declaración de inconstitucionalidad tiene significativa relevancia y se suma a la zaga de pronunciamientos iniciados en septiembre de 2004 con los casos «Aquino», «Cura», «Cachambi», «Trejo», «Sotelo», «Castillo», «Venialgo», ((Marchetti)), «Strangio», «Milone», «Diaz», «Llosco», «Seria», «Galván», «Silva», «Aróstegui», «Lescano», «Medina», ((Suárez Guinbard)), «Busto» y «Torrillo», que han mellado las estructuras mismas de la ley 24.557 al consagrar la reparación como un derecho inalienable de los trabajadores. Restaría, pues, que en una futura reforma del régimen se tuvieran muy en cuenta los fundamentos de la doctrina emanada de dichos pronunciamientos del Alto Tribunal de la Nación, situación que no se ha dado en la sanción de la ley 26.773.

~NCENDIO PROVOCADO POR TERCEROS NO IDENTIFICADOS EN EL ÁMBITO LABORAL. FALLECIMIENTO DE UN TRABAJADOR. RESPONSABILIDAD PATRONAL. RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO. ~NCUMPL~M~ENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD. ~NDEMNIZACIONEN CASO DE MUERTE

((1) Procede responsabilizar a la empresa en la que prestaba servicios el hijo de los actores, quien falleciera mientras prestaba servicios con motivo del incendio que tuvo lugar en las instalaciones de aquélla, aun cuando el incendio haya sido provocado por terceros no identificados, dado que no se acreditó que el tercero causante del siniestro sea alguien por quien la empleadora no deba responder, máxime cuando

MUERTE DEL TRABAJADOR (ART. 18, LRT)

no se comprobó que la empresa haya tomado recaudos de seguridad razonablemente adecuados para prevenir o impedir el suceso o proteger a los trabajadores frente al siniestro, ni que el hecho que provocó la muerte del trabajador esté desvinculado de la actividad empresaria)). ((2) Corresponde responsabilizar solidariamente a la ART por la muerte de un trabajador ocurrida como consecuencia de un incendio producido en las instalaciones de la empresa empleadora mientras se encontraba trabajando, dado que se acreditó el incumplimiento por parte de la aseguradora de sus deberes de seguridad y vigilancia, puesto que la empleadora no contaba con adecuados recaudos para prevenir c impedir el suceso o tendientes a proteger a los trabajadores)). ((3) Resulta reparable la pérdida derivada de la muerte de un hijo, en cuanto importa para sus padres la frustración de una legitima esperanza de ayuda, una chance cierta de ser apoyados en el futuro, que encuentra sustento en el art. 277 del Cód. Civil que impone a los hijos el deber de prestar servicios y alimentos a sus padres, sin perjuicio de que esté supeditada y limitada por la atención de la propia persona y la de constituir la propia familia)). ((Cuantificacióndel daño. El hecho dañoso: perjuicios derivados del fallecimiento del hijo de los reclamantes mientras prestaba servicios en el establecimiento de su empleadora. Componentes del daño: Daño extramatrimonial - Daño psíquico: $ 140.000; Daño patrimonial - Daño emergente: $ 130.000.)) («Torrillo, Atilio Amadeo, y otro clGulf Oil Argentina S.A. y otro)). CNTrab., Sala VI, 5/3/08, elDial.com -AA46DA).

MUERTEDEL TRABAJADOR. RENTAPERIÓDICA. PLANTEAMIENTO INSUFICIENTE CON MIRAS A LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD «El pago de la reparación por muerte de¡ damnificado en forma de renta periódica no resulta per se inconstitucional, no sólo porque los derechohabientes nunca son propietarios del capital que debe invertir el deudor -sea la ART o el empleador-, el que, en consecuencia, en ningún momento se incorpora a su patrimonio, sino que la acreencia es, en cambio, a una prestación dineraria mensual, que no es una modalidad de pago de un capital... sino la reparación a la que son acreedores y que es lo que, en realidad, si forma parte del derecho de propiedad ...' (conf. Ley de Riesgos del Trabajo, Aspectos Constitucionales y Procesales. Mario Ackerman y M. Ángel Maza, p. 103). Para que el l...

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planteamiento de la inconstitucionalidad de tal modalidad de pago sea procedente, es necesario que la parte acredite que dicha renta no se revela como una respuesta idónea para dar protección especifica y cualitativamente valorable en términos de protección integral a los derechohabientes (conf esta Sala, ((Cyment, Cyrla clGenerali Argentina Cía. de Seg. Patrimoniales»,sent. no86488, 18/8/99, y Sala VIII, ((Rivera, Mónica c/Techo Técnica S.R.L.))))). (((Santilli de Frances, Norma, p l si y en repr. de su hija y otros c/ Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, S/ accidente)). CNTrab., Sala ll, 6/9/02, elDial.com - AL2199).

MUERTEDE TRABAJADOR SOLTERO. ~NDEMNIZACIONES.BENEFICIARIOS. LEGITIMACI~N. PADRESDEL TRABAJADOR FALLECIDO. PROCEDENCIA. VALORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA. NO DISCRIMINACIÓN. ~NTEGRAL~DAD DE COBERTURA. ~NCONSTITUCIONALIDADDEL ART. 18.2 DE LA LEY 24.557 -EN SU REDACCIÓN ORIGINARIA-. REFORMA INTRODUCIDA POR DECR. 1278/2000 «No se aprecia razonable una regla que excluye a los padres del trabajador soltero (en ausencia de los otros derechohabientes reconocidos por la norma) de las prestaciones reclamadas en autos sobrevinientes a un accidente fatal de trabajo, máxime cuando se aceptó el pago de una cobertura bajo el supuesto de que en caso de producirse un infortunio habría algún beneficiario con derecho al cobro; entiendo, en ese orden, que compete la declaración de inconstitucionalidad del original art. 18, item 2, de la ley 24.557, en cuanto -reitero- soslaya a los progenitores del trabajador siniestrado. Lo señalado es así, por resultar -por de pronto- lesivo, entre otras prerrogativas, del derecho a la protección integral de la familia que receptan tanto el articulo 14 bis de la CN como los pactos internacionales de igual jerarquía conforme el art. 75, inc. 22, de la Carta Magna (v. gr. arts. 16 y 17, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 16, Declaración Universal de Derecho Humanos; art. 10, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 23, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos; etc.) el que, al decir de V.E., cuenta con amparo constitucional (cfr. Fallos: 316:3043; 318:1051; y, más recientemente, S.C. T. no 1041, LXXXVIII; ((Tarditti, Marta Elena c/ANSeS slpensiones)), sentencia del 7/3/06))). (Del dictamen del Procurador General de

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la Nación -apartados IV y V-, compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación). «No resulta razonable, en un marco de congruencia y ecuanimidad legal, que se prive a los padres de reparación, colocándolos en peores condiciones a las que se hallaban antes de acaecer el evento, desde que se trata de familiares consanguíneos a quienes la ley reconoce derecho a los alimentos (v. art. 367, Cód. Civil). Tal situación redunda en una evidente afectación de su derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Ley Fundamental)).(Del dictamen del Procurador General de la Nación -apartados IV y V-, compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación). «El legislador excluyó a los progenitores de modo irrazonable (art. 28, CN) por la mera condición de derechohabientes de un operario fatalmente accidentado, soslayando, incluso, los precedentes legislativos, y trasuntando asi una discriminación que no encuentra apoyo Iógico en el texto constitucional, pues la igualdad de tratamiento ante la ley -no exenta de razonables distinciones, según jurisprudencia constante de la Corte Suprema- no admite que se diferencie privándose a algunos de aquello que se reconoce a los demás habitantes en circunstancias similares (Fallos: 311:394; 312:826,1082; 318: 1256,1403; 320: 196; 322: 2701; 324:286; 328:2829; etc.). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), por su parte, previene contra la discriminación en el goce de los derechos humanos, defiende el derecho a la vida, a la integridad física y moral, el acceso a la justicia y la protección judicial (arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 15); en tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (cfr. arts. 1, 2, 7 y 8) ampara contra toda discriminación asegurando igualdad ante la ley en el goce de los derechos y en el acceso a la justicia (cfr. Fallos: 323: 2659, votos de los jueces Petracchi y Vázquez))). (Del dictamen del Procurador General de la Nación -apartados IV y V-, compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación). ((Apartándose el art. 18.2 de la ley 24.557 de precedentes legales pacíficos en la materia y de convicciones jurídicas arraigadas en la comunidad, como lo pone de manifiesto la reforma del decr. 1278/2000; deviniendo incongruentee inequitativo a la luz de la legislación civil y de la seguridad social, en general; afectando, entre otros, principios y derechos como los referidos a la protección integral de la familia, no discriminación, propiedad, razonabilidad, integralidad de cobertura, progresividad, etc.; opino que procede que se declare su inconstitucionalidad, debiendo la Sala reexaminar el asunto en el plano de dicha

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premisa)). (Del dictamen del Procurador General de la Nación -apartados IV y V-, compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación). (((Medina, Orlando, c/Solar Servicios Online)), elDial.com -AA4621. CSJN, 26/2/08).

DEL TRABAJADOR. DAÑOSY PERJUICIOS. RECLAMO DE INDEMMUERTE CAUSANTE DE ESTADO CIVIL CASADO. LEGITIMACI~N ACTIVA. PADRES DE LA V ~ C TIMA. PROCEDENCIA. REPARACI~N INTEGRAL. ~NCONST~TUC~ONAL~DAD DE LOS ARTS. 1 Y 39 DE LA LEY 24.557 DE RIESGOS DEL TRABAJO. EXTENSI~N DE LA CONDENA A LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO. SOLIDARI-

NIZACIÓN POR DAÑO MORAL Y POR PÉRDIDA DE LA AYUDA ECONÓMICA.

DAD

«Los accionantes, padres del trabajador fallecido, no resultan desplazados por los herederos forzosos de la víctima que la ley coloca en un grado de preeminencia (viuda e hijos; conf. arts. 3545, 3546, 3567, 3570 y concs., Cód. Civil) respecto del reclamo de autos, ya que no cabe entender que éste (perjuicios por la pérdida de una fuente de asistencia financiera de los actores y el daño moral que a éstos produjo la muerte de su hijo) se refiera a bienes y derechos integrantes del acervo hereditario del causante. En el caso del daño material, la procedencia del reclamo se encuentra sujeta a la prueba del perjuicio que, en el caso, estaría presente si se acredita que el hijo fallecido contribuía al sostén económico de los actores)). «El art. 1084 del Cód. Civil establece una presunción del daño que el homicidio produjo al cónyuge sobreviviente, el que comprende 'lo que fuere necesario para su subsistencia'; sin embargo, esta circunstancia no excluye la posibilidad de que otros herederos necesarios (o incluso quienes no tuviesen ese carácter) tengan derecho a reclamar los daños materiales que el hecho ilícito les haya ocasionado (arts. 1077, 1079 y concs., Cód. Civil), aunque en estos casos deberán ser probados los perjuicios que éstos aleguen como fundamento de sus pretensiones. Este criterio, sin embargo, no resulta aplicable a los padres del occiso respecto del daño moral, en tanto éste es evidente en virtud del vínculo existente entre ellos (en sentido análogo, S.D. 55.046, 16110187 en autos ((Cabra1de Niz, María Cristina p/ sí y en representaciónde sus hijos menores clMalenky e hijos S.A. S/ art. 1113», del registro de esta Sala))).

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«La legitimación activa encuentra su limitación en el art. 1078 del Cód. Civil, pero tal limitación sólo se encuentra destinada a evitar la proliferación de reclamos pero no debe profundizarse por vía interpretativa. La limitación es suficiente en los términos legales, sin que corresponda negar reparación a quien haya quedado desplazado en el ámbito sucesorio. El artículo 1078 del Cód. Civil otorga acción a los herederos forzosos como damnificados directos, no como sucesores; por eso no rigen las reglas del desplazamiento sucesorio)). ((Teniendo en cuenta que ha quedado acreditado el derecho de los accionantes a ser resarcidos, no encuentro obstáculo para que la condena se haga extensiva a la ART, en la medida del seguro. Es decir, que responda solidariamente hasta el monto del seguro para el supuesto de incapacidad total. El accidente sufrido por el hijo de los demandantes se encuentra entre los cubiertos por el seguro de riesgos del trabajo y, por lo tanto, la indemnización que se le reconoce en autos, por ser plena, incluye los montos que la ART debió haber liquidado en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo)). «Si se exime a las ART de toda responsabilidad, el empleador se encuentra no sólo con que no está cubierto íntegramente como se le garantizaba sino, además, con que la contratación del seguro no le reportó beneficio alguno en lo que hace al pago de la indemnización por incapacidad permanente, lo que implica tanto como admitir que la obligación de contratar que impone la ley 24.557 carece de finalidad para los empleadores o el monto que pagan por los seguros resulta desproporcionado, en tanto no cubren ni siquiera los montos indemnizatorios expresamente previstos)). («lnsaurralde, Jorge Raúl, y otro, clTransporte Olivos S.A. slaccidente - ley 9688)). CNTrab., Sala 111, 24/9/07, elDial.com - AA4242).

RIESGOSDEL TRABAJO. MUERTEDE TRABAJADOR SOLTERO. INDEMNIZACIONES. ~ENEFICIARIOS. LEGITIMACI~N. PADRESDEL TRABAJADOR FALLECIDO. PROCEDENCIA. VALORACI~N DE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA. NO DISCRIMINACIÓN. PROPIEDAD. RAZONABILIDAD. ~NTEGRAL~DAD DE COBERTURA. PROGRESIVIDAD. ~NCONSTITUCIONALIDADDEL ART. 18.2 DE LA LEY 24.557 -EN SU REDACCIÓN ORIGINARIA-. REFORMA INTRODUCIDA POR DECR. 1278/2000 «No resulta razonable, en un marco de congruencia y ecuanimidad legal, que se prive a los padres de reparación, colocándolos en peores

MUERTE DEL TRABAJADOR (ART. 18, LRT)

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condiciones a las que se hallaban antes de acaecer el evento, desde que se trata de familiares consanguíneos a quienes la ley reconoce derecho a los alimentos (v. art. 367, CC). Tal situación redunda en una evidente afectación de su derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Ley Fundamental.)) (Del dictamen del Procurador General de la Nación -apartados IV y V-, compartido por la CSJN - S.C. M. No 1380, L. XLI - ((Medina Orlando c l Solar Servicios on line)). ((Apartándose el artículo 18.2 de la ley 24.557 de precedentes legales pacíficos en la materia y de convicciones jurídicas arraigadas en la comunidad, como lo pone de manifiesto la reforma del decr. 1278/00; deviniendo incongruente e inequitativo a la luz dela legislación civil y de la seguridad social, en general; afectando, entre otros, principios y derechos como los referidos a la protección integral de la familia, no discriminación, propiedad, razonabilidad, integralidad de cobertura, progresividad; etc.; opino que procede que se declare su inconstitucionalidad, debiendo la Sala reexaminar el asunto en el plano de dicha premisa.)) (Del dictamen del Procurador General de la Nación -apartados IV y V-, compartido por la CSJN - S.C. M. No1380, L. XLI - ((Medina Orlando c/Solñar Servicios on line)) - CSJN - 26/2/2008) (((Lescano, Demetrio y otro c/Estructuras Metalúrgicas Din S.A. y otro)). CSJN, 3/6/2008, elDial.com - AA48E3)

ACCIDENTE DE TRABAJO. FALLECIMIENTO DEL DEPENDIENTE.CA~DA DESDE ALTURA -PASARELA SIN BARANDA-. ART. III3 DEL CÓDIGOCIVIL.CONDIDE BARANDAS DE PROTECCIÓN. CIONES RIESGOSAS DE TRABAJO. AUSENCIA VULNERACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. RESPONSABILIDAD ClVlL DE LAS EMPRESAS CODEMANDADAS. PROCEDENCIA. CUANTIFICACI~N DE PERJUICIOS SUFRIDOS POR FAMILIARES DEL CAUSANTE -CÓNYUGE E HIJA MENOR-. DAÑOMATERIAL, DAÑO MORAL Y DAÑO PSICOLÓGICO. PROCEDENCIA. INDEMN~ZAC~ÓN POR FALLECIMIENTO. NUEVANORMATIVA. PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. LEY 26.773. INDEMN~ZAC~ÓN ADICIONAL DE PAGO ÚNICO, EQUIVALENTE AL 20 % DE LA TARIFA «No puede haber duda en cuanto al perjuicio sufrido por las actoras, que no sólo es el profundo dolor por la pérdida del ser querido -esposo y padre- y que entraría en el concepto de daño inmaterial, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito y que en este Código se designa por las palabras ((pérdidas e intereses)) (art.1O69 C. Civil).))

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«El proyecto de Código Civil y Comercial, en avanzado trámite parlamentario, establece que en caso de muerte la indemnización consiste en los gastos de asistencia y posterior funeral de la víctima; lo necesario para alimentos del cónyuge, hijos menores hasta los 21 años de edad con derecho alimentario;. . . el juez debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la victima sus condiciones personales y la de los reclamantes (art.1745). En este marco aprecio que el monto fijado por el magistrado de grado resulta razonable, ya que si se aplicara la prestación dineraria prevista en la LRT se llegaría al 60 % del monto establecido. Debo considerar que las prestaciones dinerarias han sido luego actualizadas, y que la nueva normativa (ley 26.773) establece una indemnización adicional de pago único equivalente al 20 % de la tarifa. Si consideramos que la vía escogida en la demanda se funda en el derecho civil, considero que el importe de condena por daño material debe ser confirmado para cada una de las actoras.)) (((Tonelli, Maria Del Carmen plsi y en rep. de su hija menor A. N. N. ciEquipaire Obras y Servicios S.R.L. y otros slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala VI, 14/12/2012, elDial.com -AA7CCA)

CAP~TULO 8 ACTUALIZACIÓM MEDIANTE ~NDICERIPTE

La ley 26.773 prevé la actualización de las prestaciones en dinero por incapacidad permanente. El índice adoptado para esta actualización es el RIPTE (índice de Remuneraciones lmponibles Promedio para los Trabajadores Estables). Este índice es publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Si bien hay algunas voces en contra, es considerado el índice que mejor refleja la evolución de los salarios. Cabe aclarar que en la ley 26.773 son dos los artículos que tratan la actualización de los montos indemnizatorios: el 8 y el 17, inc. 6. El art. 8 es de carácter general y plantea la actualización semestral automática 36. El art. 17, inc. 6O, por su parte, se encarga de la actualización inicial de los montos a la entrada en vigencia de la ley 26.773. Antes de adentrarnos en el análisis de dichos artículos, repasaremos qué es el índice RIPTE, cómo se construye y cuáles son sus puntos a favor y sus puntos en contra.

2. ¿QUÉ ES Y CÓMO SE CONSTRUYE EL RIPTE? 37 RIPTE es el cociente entre las remuneraciones imponibles con destino ,al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y el total de tra36 Para una comprensión cabal del sistema de actualización recomendamos la lectura conjunta del comentario de los artículos 8 y 17.6 de la ley 26.773. 37 Conceptos extraídos de los fundamentos de una reforma proyectada al art. 7 de la ley 24.463 (aunque finalmente no fue aprobada).

ACTUALIZACIÓN MEDIANTE ~NDICERIPTE

bajadores dependientes que figuran en las Declaraciones Juradas recibidas mensualmente realizando los siguientes ajustes: Se toman los registros correspondientes a las Declaraciones Juradas de las remuneraciones de aquellos trabajadores dependientes y cualificados (o sea, no entran el sector público de las provincias no transferidas al sistema) que presentan una continuidad laboral ininterrumpida de 13 meses o más, inmediatamente antes del mes informado. Se incluyen sólo las remuneraciones imponibles (sujetas a aportes) entre $ 240 y $ 6.000 a efectos de descartar trabajos suspendidos, con licencias o indemnizaciones pagadas en cuotas. Se excluyen los montos referidos al SAC (aguinaldo o Sueldo Anual Complementario) y los importes que se abonan en concepto de vacaciones. No se consideran ni las remuneraciones ni los puestos de los trabajadores que presenten pluriempleo (más de un trabajo en relación de dependencia) o plurirégimen (trabajador en relación de dependencia que a su vez es monotributista o autónomo) en el periodo informado. Para el período junio de 2000 a diciembre de 2002 se restituyó la reducción salarial del 13 % que operó sobre los trabajadores del sector excluido el PJN (Poder Judicial de la Nación), Los últimos tres meses son considerados de carácter provisorio debido a posibles correcciones de la base como consecuencia de Das rectificaciones.

5 3. PUNTOSA FAVOR Y EN CONTRA a)

1 113

bajadores externos al sistema (sector público de provincias no transferidas) o empleados en negro. El RIPTE es el único índice no distorsionado por variaciones norativas, de metodología, administrativas o estacionales. Se puede afirmar (en Teoría Económica) que una serie de índices ensibles a alteraciones exógenas al sistema y al equilibrio intertemporal o es adecuada para medir aquél. (Inclusión en todos los demás índies de remuneraciones de provincias no transferidas). El INDEC incluye para la elaboración del índice al empleo informal no registrado (aquellos que no aportan al sistema). Si bien es cierto que los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo, por diferentes decretos, no constituyen una movilidad, no lo es menos que los mismos han excedido a favor de más del 70 % de los actuales jubilados el porcentaje fijado en el fallo «Badaro», quedando por resolver la fracción a la que la aplicación de aquéllos no alcanzó el aumento salarial de los activos.

b) Puntos en contra Para el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) se trata de un índice ((parcial, ya que solamente refleja la evolución y modificación de las remuneraciones imponibles sujetas a aportes de los trabajadores estables, registrados)). Es decir que contempla sólo una parte de los ingresos de un sector de los dependientes. «El no incluir otros ingresos para su cálculo, por ejemplo, los porcentajes que corresponden en razón de la antigüedad y los premios por puntualidad y10 presentismo, trae como consecuencia una importante reducción en el ingreso del trabajador)).

Puntos a favor

4. BÓNDE CONSULTARLO Las bases de datos vienen de la Secretaría de Seguridad Social, no del INDEC. Es decir, la materia prima para armar el índice es de la Secretaría. Y si el INDEC llegase a recibir (de la AFIP) las mencionadas bases, le falta experiencia o manejo para saber qué datos tomar y cuáles no. El RIPTE refleja el total de los trabajadores afiliados al SIJP. Es decir, es el único indice propio, e interno de sistema. El IGR (índice General de Remuneraciones) está distorsionado por remuneraciones de tra-

Al momento de la redacción de esta obra (enero 2015), dicho indice puede consultarse en el sitio Web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, apartado Seguridad Social - índices y Estadísticas 38.

38

Hemos insertado en el CD-ROM el último informe del RIPTE.

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ACTUALIZACIÓN MEDIANTE ~NDICERIPTE

ción mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RlPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2010. La actualización general prevista en el artículo 8" de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado PrevisionalArgentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley 24.24 1, modificado por su similar 26.4 17.

La dirección Web exacta para consultar dicho índice es la siguiente: http:llwww.trabajo.gov.arldownloads/seguridadSocllNF~RIPTE.pdf

5. ACTUAL~ZACI~N lNlClAL DE LOS MONTOS INDEMNIZATORIOS SEGÚN EL ~NDICERlPTE 39 (ART. 17.6, LEY 26.773)

Como dijimos al comienzo de este capítulo, el artículo 17, inciso 6O de la ley 26.773 se encarga de la actualización inicial de los montos indemnizatorios a la entrada en vigencia de la ley. Dice así: «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 16941 09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE, desde el 1 de enero del año 2010)). Esta redacción poco clara, no taxativa, creó un interrogante no menor: ¿qué conceptos son, exactamente, los que se actualizan con la entrada de la nueva ley? ¿La fórmula base de la LRT? ¿Las compensaciones dinerarias adicionales de pago único? ¿La compensación extra del 20 %? ¿Todos? Cada especialista respondió a este interrogante según su propio criterio, en espera de una aclaración normativa posterior. Aparecida la reglamentación, la cuestión quedó zanjada sin mayores inconvenientes: sólo las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la LRT, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1694109, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE. Es decir que la reglamentación se volcó por el sentido más restrictivo: sólo los pisos mínimos (dec. 1694109) y las prestaciones adicionales de pago único (art. ll , LRT) serán actualizados. A continuación transcribimos el texto de dichos artículos.

O

[Reglamentación decreto 4 72/20 141 Art. 17.- DISPOSICIÓN GENERAL: Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1694/ 09, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Esde enero de 2010 hasta la fecha de entrada tables), desde el lo en vigencia de 'la ley 26.773, considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la ley 26.4 17.

O

Art. 17, ley 26.773.inc. 6. Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualiza39 En este inciso comentamos la actualización inicial de las prestaciones de dinero a la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773. En el comentario al artículo 8 de esta ley se encuentra un análisis exhaustivo del índice RIPTE, su forma de cálculo y su actualización semestral. Para una comprensión cabal de dicho mecanismo de ajuste recomendamos su lectura.

11 5

5 6. EJEMPLOPRÁCTICO. ~ Ó M oCALCULAR EL REAJUSTE INICIAL DEL PISO ,

INDEMNIZATORIO

Si quisiéramos, por ejemplo, calcular el monto reajustado del piso indemnizatorio de 180.000, a la fecha de la entrada en vigencia de la ley 26.773 (octubre 2012) deberíamos hacer lo siguiente: l . Descargar el último informe del RIPTE publicado por el Ministerio de Trabajo. 2. Buscar el índice numérico 40 para las dos fechas en cuestión: enero 2010 y octubre 2012. 3. Calcular la variación del índice entre ambas fechas. 4. Aplicar el coeficiente de variación al monto que queremos ajustar.

40 El índice numérico es el que aparece en la última columna ((índice transformado))

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Veamos cómo hacerlo: l . Descargamos el último informe del RIPTE desde: http:ll www.trabajo.gov.arldownloadslseguridadSocllNF~RIPTE.pdf 2. En dicho informe identificamos el índice numérico de ambas fechas: enero 2010 = 344,73 y octubre 2012 = 770,83 3. Para calcular la variación, dividimos el valor más reciente por el más antiguo: 770,83 1344,73. Eso nos da como resultado el coeficiente de variación: 2,2360. 4. Multiplicamos el valor que queremos actualizar por el coeficiente de variación: 180.000 x 2,2360. Esto nos da como resultado: 402.487,16

7. ANÁLISIS EN TORNO A LA ENTRADA EN VIGENCIA (ART. % 7, INCISOS 5 Y 6, LEY 26.773)41 El art. 17, inc. 5 de la ley 26.773 establece el principio general en lo referido a la fecha de su entrada en vigencia (primera manifestación invalidante posterior a su publicación en el Boletín Oficial), mientras que el art. 17, inc. 6, consagra expresamente una excepción a dicho principio general y, por ende, se aplica a partir de su publicación en el Boletín Oficial (art. 2, Cód. Civ.). Caso contrario, qué sentido práctico y jurídico tendría el art. 17, inc. 6, si no fuera que el mismo se aplica a las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, esto es, durante la vigencia de la LRT, decreto 1278100 y decreto 1694. En efecto, si el legislador no hubiera querido que la fecha de entrada en vigencia del dispositivo legal del art. 17, inc. 6, fuera diferente a la del principio general establecido en el art. 17, inc. 5, directamente no hubiera sancionado el art. 17, inc. 6, en cuyo caso, también, la situación fáctica prevista en el art. 17, inc. 6, (prestaciones dinerarias por incapacidad permanente) hubieran comenzado a regir, al igual que el resto de los artículos de la ley 26.773, a partir de la ((primera manifestación invalidante)) posterior a su publicación Boletín Oficial, tal como lo dice el art. 17, inc. 5). Una interpretación gramatical del art. 17, inc. 6, también lleva a esta conclusión. Repárese que a diferencia del art. 17, inc. 5, que hace alusión a «las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en Cfr. ((Godoy Diego Maximiliano c. Mapfre Argentina A.R.T.S.A. p/ accidente)). Cámara Séptima del Trabajo de Mendoza, Sala unipersonal, 121111 2012. Véase el texto completo en el CD-ROM.

ACTUALIZACIÓN MEDIANTE ~NDICERIPTE

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especie de esta ley entrarán en vigencia a partir.. .N,el art. 17, inc. 6, no se refiere a la hipótesis prevista en el art. 17, inc. 5, sino que contempla a «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109...D.El texto legal, en este sentido, es claro y explícito: en él no se mencionan a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley, supuesto previsto en el art. 17, inc. 5, sino que por el contrario, prevé a las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la LRT y sus modificatorias (decreto 1278100) y su actualización por el decreto 1694109 y no a las «de esta ley» (ley 26.773). Una interpretación teleológica o finalista de la norma legal, también se encamina a este desenlace. Resulta evidente, a partir del texto legal del art. 17, inc. 6, que el legislador pretendió ajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de la LRT, decreto 1278100 y decreto 1694109 a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley 26.773 (art. 2, Cód. Civ.), toda vez que el último «ajuste» a estas prestaciones dinerarias del «sistema» ocurrió en el año 2009 con la sanción del decreto 1694109 y solamente para aquellas contingencias laborales cuya ((primera manifestación invalidante))fueran posterior a su publicación en el Boletín Oficial, dejando sin «ajuste» alguno a aquellas cuya ((primera manifestación invalidante)) fueran anteriores a su publicación en el Boletín Oficial El mensaje de elevación del P.E. del proyecto de ley que, luego del trámite parlamentario fuera sancionado como ley 26.773 avala esta postura al sostener que: «Se prescribe, en otro orden, un ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación de acuerdo a la variación del índice RIPTE publicado por la SSS del MTSS)). Resulta incuestionable a partir del texto mismo del proyecto de ley remitido por el PEN al P.L. y que, finalmente, fuera sancionado por el Congreso Nacional que, el Estado Nacional, tenía el objetivo de ajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad permanentes producidas durante la vigencias de la LRT, el decreto 1278100 y el decreto 1694108, dado que de los contrario hubiera hecho referencia solamente a las prestaciones dinerarias que cayeran bajo la vigencia temporal de la nueva ley y no a un (c.. ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación.. .» tal, como en definitiva, quedó plasmado en el mensaje de elevación, lo cual resulta indudable que estaba haciendo alusiOn no solo a las prestaciones alcanzadas por la nueva legislación, sino a todas c . .. las normas de reparación...)), lo cual lleva a sostener, sin ninguna hesitación, que

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comprendía a las que cayeron bajo la vigencia de la LRT, al decreto 1278100 y al decreto 1694109. Llegamos así al año 2012 con el siguiente cuadro prestacional económico de las incapacidades permanentes: o Prestaciones dinerarias por incapacidad permanente por contingencias laborales cuya ((primera manifestación invalidante)) fue anterior a la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1694100, esto es, aquellas que se produjeron durante la vigencia de la LRT o decreto 1278100: no tenían ajuste alguno desde el año 2001. O Prestaciones dinerarias por incapacidad permanente por contingencias laborales cuya ((primera manifestación invalidante)) fue posterior a la publicación en el Boletín Oficial del decreto 16941 09: no tenían ajuste alguno desde el año 2009. En esta idea, entonces, la sanción del art. 17, inc. 6, trasunta la imperiosa o impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, especialmente, a aquellas producidas durante la vigencia de la ley 24.557 que se han mantenido incólumes desde la entrada en vigencia de la LRT en el año 1996 y aquellas producidas durante la vigencia del decreto 1278100 que no han tenido variación alguna desde el año 2001, en ambos casos, con topes indemnizatorios totalmente desactualizados y desfasados que disminuyen o rebajan aún más las prestaciones dinerarias ya de por sí totalmente envilecidas y depreciadas. Así las cosas, resulta evidente que el art. 17, inc. 6, de la ley 26.773 se refiere a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanentes sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557, el decreto 1278100 y el decreto 1694109, al disponer que estas se ajustarán «a la fecha de entrada en vigencia de la ley conforme al índice RlPTE desde el día 11 1110. Y no a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanentes que caen bajo la aplicación temporal de la ley 26.773, es decir, para aquellas contingencias laborales cuya ((primera manifestación invalidante)) sean posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, para las cuales rige no el art. 17, inc. 6, de la ley 26.773 sino el art. 8 de la ley 26.773 que manda a ajustar semestralmente las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente según la variación del índice RIPTE. La diferencia conceptual y de aplicación temporal existente entre io normado por el art. 17, inc. 6, y el art. 8 de la ley 26.773 ratifica por

ACTUALIZACIÓN MEDIANTE ~NDICERlPTE

1 119

esta vía de interpretación de la temática en cuestión la postura que he adoptado sobre ella.

5 8. ACTUALIZACI~N G E N E M L SEMESTRAL (ART. 8, LEY, 26.773) Art. 8, ley 26.773.- Los importes por incapacidad laboralpermanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RlPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia. [Reglamentación decreto 4 72/20 141 Art. 8.-AJUSTE DE LAS COMPENSACIONES ADICIONALES DE PAGO ÚNICO Y DE LOS PISOS M~NIMOS:

Facúltase a la Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que establezca los parámetros técnicos y metodologías de ajuste de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único y de los pisos mínimos que integran el régimen de reparación.

«Si bien este reajuste representa un avance respecto al congelamiento de la ley original, reiteradamente señalado, no corregido por el DNU 1278100 ni por el decreto 1694109, en verdad subsiste un perjuicio para las víctimas, que no percibirán como base indemnizatoria el mismo ingreso actualizado con los aumentos, adicionales, beneficios e incrementos del puesto de trabajo en el que sufrieron el accidente, sino un índice general que sólo contempla las remuneraciones sujetas a aportes previsionales.)) ((Asimismo persiste una discriminación peyorativa -carente de todo sustento- respecto de lo dispuesto por el decreto 1694109, de plena vigencia, que como fórmula de ajuste para la incapacidad laboral temporaria (ILT) y la incapacidad permanente provisoria (IPP) se remite a lo establecido por el art. 208 de la ley 20.744 (t. o.), que se ajusta mensualmente y conforme a todos los ingresos del trabajador, de la misma manera como si prosiguiera prestando servicios.))

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ACTUALIZACIÓN MEDIANTE ~NDICERlPTE

((Cuando la norma del art. 8 habla de los importes, no cabe sino interpretar que el ajuste comprende todas las indemnizaciones establecidas por el sistema, lo que se haya concatenado con la propia definición del párr. lo del art. 4 de la ley 26.773, que establece la obligación de las aseguradoras 'de notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponden percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro1.» «Como puede observarse los importes del sistema comprenden la totalidad de las sumas de que resulte acreedor el damnificado. Es decir, tanto las fórmulas básicas como los adicionales de pago único del DNU 1278100, ajustados por las normas posteriores y el adicional del art. 3 de la ley 26.773. No cabe interpretar exclusión alguna.)) «Si bien el art. 8 sólo hace referencia a la incapacidad laboral permanente y no a la indemnización por muerte, es evidente que la misma se encuentra en el mismo régimen de ajuste, ya que el propio art. 18 de la LRT que la establece remite a la propia indemnización por incapacidad absoluta permanente y definitiva. Se trata de otras de las imperfecciones y omisiones del apresurado legislador de la Ley 26.773.)) 42

9. M o ~ i ~ i c a cDE i óLA ~ LEY 26.773

A TWVES

DEL DECRETO 472120114 43

«El Decreto 472114, al reglamentar el art. 8 de la ley 26.773, efectúa una abierta modificación del texto legal en perjuicio de los damnificados al restringir el ajuste dispuesto en la norma legal analizada para todos «los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación)) a un simple, sesgado y limitado ajuste de compensaciones adicionales de pago único y de pisos mínimos modificando nuevamente la ley en exceso de las facultades previstas por los arts. 28 y 99 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional.))

42 Cfr. Schick, ((Análisis preliminar a proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de reforma parcial a la Ley sobre Riesgos del Trabajo)). 43 Cfr. Schick, ((Análisis preliminar a proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de reforma parcial a la Ley sobre Riesgos del Trabajo».

1 4 21

5 10. MONTOSACTUALIZADOS SEGÚN RESOLUCIONES §SS 3412013, 312014 Y 221201 4 Semestralmente, la Secretaría de Seguridad Social publica una resolución con los nuevos valores. A continuación indicamos los valores publicados hasta la fecha, mediante las resoluciones 3412013,312014 y 2212014: ACTUALIZACIÓN DE LAS COMPENSACIONES DINERARIAS DE PAGO UNICO (ART.11, INCISO 4, LRT) Para el período comprendido entre el 2611012012 y el 281212013 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la ley 24.557 y sus modificatorias y complementarias, se elevan a: Apartado a): $164.280 o Apartado b): $205.350 Apartado c): $246.420 Para el período comprendido entre el 11312013 y el 311812013 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la ley 24.557 y sus modificatorias, se elevan a: Apartado a): $185.308 Apartado b): $231.635 Apartado c): $277.962 Para el período comprendido entre el 1/9/2013 y el 28/2/2014 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la ley 24.557 y sus modificatorias, se elevan a: Apartado a): $ 2 11.844 Apartado b): $264.805 o 'Apartado c): $ 317.766 Para el período comprendido entre el 11312014 y el 311812014 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la ley 24.557 y sus modificatorias, se elevan a: e Apartado a): $231.948

9 22

e

1

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ACTUALIZACIÓN MEDIANTE ~NDICERIPTE

Apartado b): $289.935 Apartado c): $347.922

Para el periodo comprendido entre el 1/9/2014 y el 28/2/2015 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la ley 24.557 y sus rnodificatorias, se elevan a Apartado a): $275.740 Apartado b): $344.675 Apartado c): $413.610

Para el período comprendido entre el 2611012012 y el 28/2/2013 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a $ 369.630. Para el período comprendido entre el 1/3/2013 y el 31/8/2013 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a $416.943. Para el período comprendido entre el 1/9/2013 y el 28/2/2014 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a $476.649. Para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la ley 24.557 y sus rnodificatorias, no podrá ser inferior a $ 521.883. Para el período comprendido entre el 1/9/2014 y el 28/2/2015 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a $ 620.414

ACTUALIZACI~N DE LOS PISOS M~NIMOSPARA INDEMNIZACIONESPOR ART. 14, 1 ~ c . 2LRT ,

4

o

1 123

Para el período comprendido entre el 2611012012 y el 28/2/2013 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $ 369.630 por el porcentaje de incapacidad. Para el período comprendido entre el 1/3/2013 y el 31/8/2013 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la ley 24.557 y sus rnodificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $ 4 16.943 por el porcentaje de incapacidad. Para el período comprendido entre el 1/9/2013 y el 28/2/2014 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $476.649 por el porcentaje de incapacidad. Para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $ 521.883 por el porcentaje de incapacidad. Para el período comprendido entre el 1/9/2014 y el 28/2/2015 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $ 620.414 por el porcentaje de incapacidad

ACTUALIZACI~N DEL M~NIMOPOR ADICIONAL DE PAGO ÚNICO SEGÚN ART. 3, LEY 26.773

e

Para el período comprendido entre el 2611012012 y el 28/2/2013 inclusive, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3" de la ley 26.773 en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser inferior $ 70.000. Para el periodo comprendido entre el 1/3/2013 y el 31/8/2013 inclusive, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3" de la ley 26.773 en caso de muerte o incapacidadtotal no podrá ser inferior a $ 78.960. Para el período comprendido entre el 1/9/2013 y el 28/2/2014 inclusive, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3" de la ley 26.773 en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser inferior a $ 90.267.

ACTUALIZACIÓN MEDIANTE íNDICE RIPTE

e

Para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3" de la ley 26.773 en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser inferior a $ 98.833. Para el período comprendido entre el 1/9/2014 y el 281212015 inclusive, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3" de la ley 26.773 en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser inferior a $ 117.493

11. JURISPRUDENCIA APLICABLE EN TORNO AL ~NDICERIPTE

a) Artículo 8, ley 26.773

El sistema RlFTE de reajuste fue establecido por el artículo 32, ley 24.241 (texto ley 26.41 7, B.O. del 1611012008) que, junto con otras normas reglamenta el ex Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones hoy Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), reglamenta el Sistema Previsional Argentino (SIPA): «Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificatorias, serán móviles. El índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula que se aprueba en el Anexo de la presente ley. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario)). El anexo refiere a una fórmula de ajuste que contempla varios factores, entre ellos el RIPTE. Según esa fórmula previsional y el artículo 17, inciso 6, segundo párrafo de la ley 26.773, se deberá aplicar de manera semestral: «La actualización general prevista en el artículo 8 de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley 24.241, modificado por su similar 26.417)). La comparación entre ambas normas sobre ajuste de montos de prestaciones permite advertir que, mientras e1 sistema previsional toma además otras variables como los ingresos tributarios y del sistema previsional para garantizar la sustentabilidad del sistema para actualizar los beneficios permanentes (jubilaciones, pensiones, etc.) semestralmente, el sistema de riesgos de trabajo solamente torna en cuenta la variable salarial para atender a las prestaciones por incapacidad laboral permanente, es decir, un pago

1 125

único y final reparatorio de la incapacidad. La elección de un índice único autónomo con base exclusiva salarial y de un órgano único emisor del índice RIPTE, la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, le otorga base autónoma. Es decir, la ley 26.773 establece un método objetivo y propio de actualización de bases de las prestaciones que se corresponde con los propósitos declarados por la reforma. Se trata de que exista correspondencia entre las reparaciones y los ingresos del trabajador que compensan su deterioro ante las variaciones o reajustes convencionales de los haberes. Podría no haberse establecido ese sistema, derivando la cuestión al reclamo judicial. Sin embargo, en pos del objetivo de mejora y accesibilidad y rapidez de acceso a las prestaciones, implantó una determinación actualizada del capital reparatorio. (({Ludueña, Prudencia Beatriz clAsociart ART S.A. s/ordinario. Accidente. Ley de Riesgo)). CTrab. de Córdoba, Sala VII, 1513/2013, www.rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 613212013).

Si bien es suficiente el artículo 8, ley 26.773, sobre la aplicación del RIPTE, lo dispuesto en el inciso 6, artículo 17, ley 26.773, revela la intención del legislador de dejar establecido que este índice debe ser operado y aplicado por las ART o el órgano judicial como en este caso, de manera permanente y tambibn, esto es lo importante, en el lapso que va desde la actualización de prestaciones anterior del sistema, el decreto 1694/2009 del 611112009, hasta el momento de la determinación definitiva del capital de la prestación. (((Ludueña, Prudencia Beatriz clAsociart ART S.A. slordinario. Accidente. Ley de Riesgo)). CTrab. de Córdoba, Sala Vlfl, 15/3/2013, www.rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 613212013).

~GUALDADDE

TRATO. TRATADOS INTERNACIONALES. DOCTRINADE LA

CSJN La aplicación del RIPTE implica la igualdad de trato frente a accidentes o enfermedades profesionales (y sus víctimas, los trabajado-

126 1 V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

res), dejando de lado una posible discriminación por el corte temporal entre sinistros anteriores y posteriores a la puesta en vigor de la ley 26.773 por el sólo hecho de que se registraron en momentos distintos (aunque sean días y horas), es decir, aquellos regidos sucesivamente por la misma LRT, pero según sus versiones original, decreto 12781 2000, decreto 169412009 o ley 26.773. La política jurídica de atención reparatoria, no obstante reconocerse repetidamente su insuficiencia o injusticia, no sería idéntica en identidad de siniestros registrados en momentos distintos. Ello deriva en afección de la propiedad personal pero más que nada a la protección igualitaria de los trabajadores, conforme los artículos 14 bis, 16 y 17, Constitución Nacional, a más de la vasta normativa internacional incorporada del inciso 22, artículo 75, Constitución Nacional, sobre trato igualitario. En esa dirección de pensamiento, la CSJN admitió, en caso de sucesión normativa previsional, la aplicación del régimen más favorable como lo hizo en ((Arcuri Rojas c/ANSeS» del 3/11/2009 y ((Elliff c/ANSeS» del 11/8/2009. (((Ludueña, Prudencia Beatriz cIAsociart ART S.A. slordinario. Accidente. Ley de Riesgo)). CTrab. de Córdoba, Sala VII, 15/3/2013, www. rubinzalonline.com .ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 613212013).

b) Art. 17.6, ley 26.773 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL SOBRE EL ~NDICERIPTE. ~NTERESES Atento los efectos económicos que derivan de la aplicación de la ley 26.773, se impone una revisión del régimen de intereses que normalmente aplica este Tribunal y que responden los fijados por el Tribunal Superior de Justicia en ejercicio de función unificadora a partir de la causa ((Hernández, Juan Carlos c/Matricería Austral S.A. sldemanda. Recurso de casación)), sentencia 39 de fecha 25/6/2002, habida cuenta que a los fines de la adecuada protección de la intangibilidad del crédito consideró no sólo la compensación de los frutos civiles que con ese capital hubiese podido obtener el acreedor sino también la recomposición del crédito por vía indirecta. En ese marco, atento las nuevas condiciones que emergen de la modificación legislativa, resulta razonable y equitativo aplicar el criterio adoptado por el Dr. Provenzale en ((Ferreyra, Rolando Ernesto cIProvincia ART S.A. Ordinario. Accidente (Ley de Riesgos))), sentencia de fecha 21/2/2013, en la cual se estable-

ACTUALIZACION MEDIANTE ~NDICERlPTE

1 127

cieron las siguientes pautas: a) sobre la suma dineraria resultante de la aplicación de la fórmula establecida por el artículo 14, ley 24.557, se aplicará un interés equivalente al dos por ciento (2 %) mensual más la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina de conformidad al criterio sentado al respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en ((Hernández clMatricería Austral S.A.)) los que, atento las particularidades del presente caso en donde no se ocurrió ante la Comisión Médica Jurisdiccional ni se efectuó reclamo con antelación a la iniciación del presente, deberán ser calculados a partir de la interposición de la presente demanda, esto el 29/12/2006, y hasta el 31/12/2009; b) el capital indemnizatorio referido deberá actualizarse a través el mecanismo preceptuado por el inciso 6, artículo 17, ley 26.773 -para lo cual se aplicará el índice semestral de variación del RIPTE publicado en términos del artículo 8 de dicho cuerpo legal vigente al momento del efectivo pago- y se le adicionará desde el 1/1/2010 y hasta su efectivo pago intereses moratorios equivalentes al doce por ciento (12 %) anual, los que resultan razonables para justipreciar desde aquella fecha la demora en el pago del monto dinerario de la condena; c) al capital actualizado mediante el índice RIPTE se deberán sumar por un lado los intereses correspondientes al período anterior al 1/1/2010, y por otro los fijados para la etapa posterior a esa fecha (CTrab. de Córdoba, Sala 1, 25/2/2013, ((Aliendo, Héctor Marcelo c/Machado, Rubén s/ordinario. Despido. Accidente)), www. rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 61231 2013). En cuanto a los intereses que se deben abonar a partir de la fecha en que se manda a pagar el RIPTE, se entiende prudente establecerlo en el quince por ciento anual (15 %) que será calculado sobre el capital resultante de la aplicación de tai ajuste. Ello así, en atención a la analogía que existe con el sistema imperante con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.298 (convertibilidad), cuando, en función del artículo 276, LCT, los créditos laborales se repontenciaban por el índice de costo de vida, aunque el actual tenga como referencia de ajuste la recomposición de los salarios. Doctrina que había sentado el TSJ en autos ((Lescano, Luis A. c/lndustrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.)) de fecha 15/9/95, (CTrab. de Córdoba, Sala V, 1/3/2013, ((Carballo, Gustavo Daniel c/Mapfre ART S.A. slordinario. Enfermedad accidente. Ley de Riesgos)),www. rubinzalonline.com.a.r, Jurisprudencia de Derecho laboral, RC J 6125/20 13).

ACTUALIZACIÓN MEDIANTE íNDICE RIPTE

Al monto prestacional definido, se adicionará desde que es debido -2311 212009, fecha de la primera manifestación invalidante, en función de las condiciones probatorias de autos- hasta el efectivo pago, intereses de tasa pasiva que publica el BCRA y 2 % nominal mensual, siguiendo lo decidido en la sentencia 39 del TSJ de Córdoba, dictada el 251612002 en autos (('Hernández,Juan Carlos clMatricería Austral S.A. sldemanda. Recurso de casación)), Ello con excepción del período que transcurre desde el 1/1/2010 hasta el 26/10/2012, en el que la prestación se ajustará conforme al índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto por el primer párrafo del inciso 6, artículo 17, ley 26.773, al que se adicionará el 12 % anual en concepto de intereses moratorios. En el contexto discursivo actual, estos últimos se consideran razonables siguiendo el texto legal enunciado y adecuados para justipreciar la demora en el pago del monto dinerario de condena, respectivamente. (CTrab. de Córdoba, Sala VI, 5131 2013, ((Ferreyra, Ana María c/Mapfre ART S.A. slordinario. Enfermedad accidente. Ley de Riesgos)), www.rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 612712013). Estando probadas las afecciones y agentes de riesgo, corresponde encuadrar las dolencias dentro de las enfermedades profesionales, en virtud de ello, el reclamo debe prosperar por el porcentual del 10,83 % de la TO diagnosticado por la perito médico oficial, condenando a la ART al pago de la incapacidad total en el porcentaje mencionado por las dolencias identificadascomo ((hipoacusiabilateral)) (3,94 %) y ({Síndrome del Túnel Carpiano)) (5 %), ((limitación funcional de muñeca izquierda)) (2 %). El monto indemnizatorio se determinará de conformidad a lo previsto en los artículos 12 y concordantes de la LRT, y la modalidad de pago se regirá por la prevista en la norma invocada para fundar la demanda y sus reglamentarias. Una vez determinado el capital y los intereses conforme a las pautas fijadas en autos ((Bustos clCor Acero)) en sentencia 69 del año 1992 y ((Hernández clMatricería Austral S.A. sldemanda. Recurso de casación)), sentencia 39 del 25/6/2002, entre otros, a saber (tasa pasiva con más un interés del 2 % mensual), a partir del 2611012012 será aplicable la ley 26.773. («Heredial Stella Maris clMapfre Argentina ART S.A. slordinario. Enfermedad. Accidente. Ley de Riesgos)). CTrab. de Córdoba, Sala II, 26/2/2013, www. rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 612812013).

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LEY26.773. ART~CULO 8, LEY 26.773. INCISO6, ART~CULO17 Si bien es suficiente el articulo 8, ley 26.773, sobre la aplicación del RIPTE, lo dispuesto en el inciso 6, articulo 17, ley 26.773, revela la intención del legislador de dejar establecido que este índice debe ser operado y aplicado por las ART o el órgano judicial como en este caso, de manera permanente y también, esto es lo importante, en el lapso que va desde la actualización de prestaciones anterior del sistema, el decreto 169412009 del 61112009, hasta el momento de la determinación definitiva del capital de la prestación. (((Ludueña, Prudencia Beatriz c1Asociart ART S.A. slordinario. Accidente. Ley de Riesgo)). CTrab. de Córdoba, Sala VII, 15/3/2013, www.rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 613212013).

ACTUALIZACIÓN E INTERESES. ~NDICERIPTE. DISIDENCIA El indice de actualización previsto por el art. 17, inc. 6 de la ley 26.773 -RIPTE- resulta aplicable a las prestaciones dinerarias derivadas de un accidente de trabajo in itinere sucedido antes de la entrada en vigencia de aquella norma, pues resolver de otro modo violaría el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional en tanto se generaría una discriminación entre los propios trabajadores, quedando en mejor situación quienes se accidenten luego de ese momento que los anteriores. Corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 e imponer al monto de condena derivado de un accidente in itinere, además de la tasa de interés fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, una actualización que utilice como referencia los valores de la canasta básica total elaborada por el INDEC. Si el accidente de trabajo ocurrió antes de la entrada en vigencia de la ley 26.773, no es aplicable la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la citada normativa, pues, tal como lo dispone su art. 17, sus disposiciones no se aplican retroactivamente a las consecuencias de eventos acaecidos antes de su sanción (del voto en disidencia del Dr. Pesino). En lo que atañe a la actualización de una indemnización laboral es necesario que la alícuota contenga un ingrediente que mitigue la incidencia dañosa de la inflación, aspecto que debe considerarse cubierto

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a través de la aplicación de la tasa activa para préstamos del Banco de la Nación Argentina la que, por lo demás, resulta superior a los índices de costo de vida existentes en el pais (del voto en disidencia parcial del Dr. Pesino). (((Blanco, Sebastián N. c/Horizonte Cia. Argentina de Seguros Generales S.A. claccidente - ley especial). CNTrab., Sala 3, 12/4/2013, con nota de Horacio Schick. El texto completo del fallo puede verse en RDLSS, 2013-23-2419.

ART~CULO 17, LEY 26.773. ((IURANOVlT CURIA)). INCISO 6 De lo dispuesto en el inciso 5, articulo 17, ley 26.773, surge en forma expresa que la regla allí contenida refiere a las contingencias acaecidas a partir de su vigencia. Luego, la única interpretación posible que admite la norma que consagra el inciso siguiente (sexto), no puede ser otra que su aplicación a los créditos derivados de los siniestros anteriores cuya reparación se encuentra pendiente de percepción, pues lo contrario la tornaría innecesaria por redundante A más, a los fines de desentrañar la voluntad del legislador, no puede sustraerse del análisis el contexto económico que vive el pais desde la derogación de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 24.551 (año 2002), a partir de la cual las remuneraciones de los trabajadores dependientes fueron posibles de innumerables incrementos con el objeto de mantener y recuperar su poder adquisitivo dentro de un proceso inflacionario, de lo que se colige la intención legislativa de mantener incólume el contenido económico de los mencionados créditos a través de la referida cláusula de ajuste y que se condice con los objetivos explicitados en el artículo 1, del plexo legal bajo análisis entre los que se destaca el criterio de suficiencia de la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo. En virtud de lo expuesto, se debe concluir que el mecanismo adoptado por el inciso 6, articulo 17, ley 26.773, resulta plenamente aplicable al presente caso y sin que se requiera petición de parte por tratarse de Derecho vigente. (CTrab. de Córdoba, Sala 1, 25/2/2013, ((Aliendo, Héctor Marcelo c/Machado, Rubén slordinario. Despido. Accidente)), www. rubinzalonline.com.ar,Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 61231 2013).

ACTUAL~ZAC~ÓN MEDIANTE ~NDICERIPTE

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Dado que la parte actora no ha explicitado en su planteo cuál es el agravio constitucional especifico que en el sub examine le ocasiona la aplicación del inciso 6, artículo 17, ley 26.773, corresponde rechazar in limine el pedido de declaración de inconstitucionalidad de dicha normativa. (((Torres, Manuel Rodolfo clLa Segunda ART S.A. slordinario. Accidente. Ley de Riesgos)). CTrab. de Córdoba, Sala 111, 4/2/2013, www.rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 615012013).

NATURALEZA ALIMENTARIA. INCISO6, ART~CULO17, LEY 26.773 Resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 6, articulo 17, ley 26.773, a los fines de realizar la cuantificación del monto indemnizatorio a cuyo pago se condena a través de la presente sentencia, en cuanto aquella normativa refiere a las prestaciones en dinero por incapacidad permanente «...previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 169412009...» las que deben ajustarse a la fecha de entrada en vigencia de esa ley conforme al indice RIPTE, publicado por la Secretaria de Seguridad Social, desde el 1/1/2010. La mención expresa de las modificatoriasde la ley 24.557 (el decreto 12781 2000) y del decreto 169412009, da a entender que el legislador ha querido establecer un mecanismo de actualización de la cuantía de aquellas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente adeudadas a la fecha de la entrada en vigencia de la ley 26.773, con fundamento en su naturaleza alimentaria (art. 11, ley 24.557). (CTrab. de Córdoba, Sala 111,41212013, ((Torres, Manuel Rodolfo c/La Segunda ART S.A. slordinario. Accidente. Ley de Riesgos)),www.rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 6 15912013). En cuanto a lo normado en el inciso 6, articulo 17, ley 26.773, se aclara que, pese a su confusa redacción, no está queriendo significar que las prestaciones que prevé la ley 24.557 y sus modificatorias, que se devengaron antes de la entrada en vigencia de la ley 26.773, deban ajustarse de acuerdo al denominado indice RIPTE, pues seria contradictorio que el inciso 5, artículo 17, ley 26.773, determine la fecha de vigencia de esa actualización (2611012012) y luego el inciso posterior

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(el inc. 6) los contemple para contingencias anteriores a esa fecha. Ello así, cabe afirmar que ambos incisos son complementarios y se encuentran vinculados al artículo 8, ley 26.773, y en realidad la intención del legislador -la ratio legis- fue señalar que todas las prestaciones del sistema reparador deben ajustarse por el RIPTE, en la situaciones y contingencias acaecidas con la vigencia de la ley 26.773, pues el artículo 17 es complementario del artículo 8, en cuanto establece en este último, un sistema de ajuste de las prestaciones, siendo los incisos 5 y 6 mencionados los que indican la forma en que ese ajuste debe practicarse, esto es, los índices a utilizar y la fecha a partir de la cual ese indice rige, pero para nada supone que debe aplicarse a las contingencias previstas o acaecidas con anterioridad a la sanción y vigencia de la ley 26.773 que se rigen con las disposiciones contenidas hasta la nueva norma. (CTrab. de Córdoba, Sala X, 28/2/2013, ((Rodríguez, Rubén Alejandro clProvincia ART S.A. slordinario. Enfermedad. Accidente)), www.rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 614712013).

ACTUALIZACIÓN MEDIANTE ~NDICERIPTE

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que el inciso 6, artículo 17, ley 26.773, debe interpretarse en el sentido que son «las prestaciones de la ley)) (((actualizadas)) por el decreto 169412009 hasta el 12/9/2009), las que se mandan nuevamente a repotenciar por el RIPTE (desde el 1/1/2010 al mes de octubre de 2012), para de alli y hacia el futuro, reactualizarlas por dicho indice y en las épocas dispuestas en las leyes 24.241 y 26.517. En consecuencia, en función de estas razones y no existiendo índice de desvalorización monetaria que pueda aplicarse en el caso porque ello está prohibido y la ley 26.773 no lo dispuso; al monto que se obtenga en la etapa previa a la ejecución de la sentencia (aplicando la fórmula contenida en la ley 24.557 y decreto 169412009 e inclusión del mes de julio del año 2009 a los efectos de la obtención del IBM); deberá adicionársele un interés del dos por ciento mensual con más la tasa promedio mensual pasiva conforme la publica el BCRA desde el mes de agosto del año 2009 y hasta el momento de su efectivo pago. (CTrab. de Córdoba, Sala IV, 12/3/2013, ((Dieguez, José Ricardo c/CNAART S.A. slordinario. Enfermedad. Accidente. Ley de Riesgos)), www.rubinzalonline.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RC J 614612013).

IRRETROACTIVIDAD. INCISO6, ART~CULO17, LEY 26.773 Lo que la ley 26.773 ha mandado a actualizar por el RIPTE en el inciso 6 resultan ser las ((prestaciones)) que estaban vigentes en la ley 24.557 y decreto 169412009 (pero ya «desactualizada»), a la época del dictado de la nueva ley y ello sólo por el período comprendido entre 1/1/ 2010 y octubre de 2012, desde que a partir de alli regirá -en cuanto a futuras «reactualizaciones»- lo dispuesto por las leyes 24.241 y 26.41 7. En modo alguno pudo haberse dispuesto la «actualización» de los créditos que por incapacidad o muerte estaban reclamados judicialmente con anterioridad a su dictado por dicho indice. Ni tampoco hacia el futuro, desde que ello estaba -y está- expresamente prohibido por las leyes 23.928 y 25.561 (arts. 7 y 10 respectivamente). De allí entonces que no pueda interpretarse que el termino ((prestaciones)) está referido a «todas» (esto, las pasadas y las futuras, reclamadas judicialmente o no, etc.) en cuanto a «revalorizarlas» monetariamente mediante el RIPTE y con el argumento de que si el legislador «no distinguió, no se puede distinguir)); desde que estando expresamente prevista la ((prohibición)) (de utilizar índices de actualización para la repotenciación de deudas), va de suyo que ninguna interpretación ((contraria)) a lo dispuesto en otras leyes -y de orden público- puede efectuarse. La única posible es

APLICACIÓN MECANISMO REVALORIZACIÓN A LOS INFORTUNIOS OCURRIDOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773 El mecanismo de revalorización de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de la ley 24.557, de conformidad con las modificaciones de los arts. 3 y 17, inc. 6, de la ley 26.773, es aplicable en forma inmediata respecto de un infortunio laboral ocurrido antes de su entrada en vigencia y pendiente de resolución judicial sobre derecho aplicable y pago, pues una interpretación contraria significaría un claro desmedro de contenido patrimonial para aquellos trabajadores que a la fecha de sanción de esta ultima aún no han logrado la percepción de su crédito. La prestación dineraria derivada de la incapacidad permanente definitiva de la cual es acreedor el trabajador conforme el art. 14, apartado 2, inc! a) de la ley 24.557, debe calcularse tomando los salarios percibidos en el año anterior a la primera manifestación invalidante, ajustada mediante RIPTE hasta la fecha en que se proceda a su liquidación vía depósito judicial y con el adicional del art. 3 de la ley 26.773, en un único pago, más intereses al 12 % anual desde la fecha de determinación del capital y hasta la fecha del pago.

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El art. 17, inc. 5 de la ley 26.773, en cuanto determina una fecha de corte en la aplicación de las nuevas prestaciones dinerarias por incapacidad laboral, pretendiendo excluir del alcance de tales mejoras a los siniestros anteriores a la entrada en vigencia de la utilización del nuevo indice de valorización -RIPTE-, debe se declarado inconstitucional, pues afecta el derecho de propiedad de la víctima, el principio de progresividad, el derecho a un resarcimientojusto y configura, asimismo, un trato discriminatorio de acuerdo a lo establecido en la ley 23.592. (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 10 unipersonal, 281612013, «S., M. M. c l Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba)). Publicado en LLC 2013 (setiembre), 903. Cita online ARIJUR132188/2013).

ACTUALIZACI~N DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE SE APLICA A LOS CASOS CUYA PRIMERA MANIFESTACI~NINVALIDANTE SE REVELO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BOLET~N OFICIALDE LA LEY 26.773

El art. 17, inc. 6, de la ley 26.773 se refiere a las prestaciones dinerarias generadas durante la vigencia de la ley 24.557 y de los decretos 1278100 y 1694109 del Poder Ejecutivo Nacional, al disponer que éstas se ajustarán «a la entrada en vigencia de la ley conforme el indice RlPTE desde el día 111110~~ y no a las prestaciones dinerarias que caen bajo la aplicación temporal de la ley 26.773, cuyas contingencias laborales sean posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, para las que rige el art. 8 de dicho cuerpo legal, que ordena ajustarlas semestralmente por el indice mencionado. (Cámara la del Trabajo de Mendoza, 41612013, ((Alcaráz, Arnaldo Andrés clhilapfre ART S.A. slacc.)). Publicado en LLGran Cuyo 2013 (octubre), 1010. Cita online ARIJUR12300812013). La actualización de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557, de conformidad con el art. 17, inc. 6 de la ley 26.773, debe aplicarse aun en los casos en los cuales la primera manifestación invalidante se hubiera revelado con anterioridad a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, pues la finalidad de la ley ha sido obtener un panorama uniforme de las prestaciones a abonar a las contingencias aún no cubiertas, a fin de alcanzar con ello los criterios de «suficiencia, accesibilidad y automaticidad)) de la reparación. (Cámara 2adel Trabajo de Mendoza, 1016/2013, ((Méndez,Oscar Jesús clProvincia ART S.A y ots. slenfermedad accidente)). Publicado en LLGran Cuyo 2013 (octubre), 1013. Cita onlineARIJU W2300712013).

ACTUAL~ZAC~ÓN MEDIANTE ~NDICERlPTE

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La ley 26.773 fue publicada en el B.O. el día 26110112, por lo que entró en vigencia a los ocho días de su publicación, o sea el día 4 de noviembre de 2012. Conforme el art. 17 de la ley 26.773, en su inc. 5 establece que las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. Por su parte el inc. 6 del art. 17 en cuestión, establece una excepción y dice que las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia la presente ley, conforme el indice RlPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicada por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2010. La actualización general prevista en el art. 8 de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por los arts. 32 de la ley 24.241, modificado por su símil 26.417. Lo que implica su aplicación a las incapacidades permanentes previstas en la LCT y en los decretos 1278100 y 16941 09. Por lo tanto corresponde la aplicación de la actualización que establece el art. 17, inc. 6 de la ley 26.773. (Cámara 3adel Trabajo de Mendoza, 181612013, ((Minin, Claudio José c1ProvinciaART S.A. slenfermedad accidente)). Publicado en LLGRan Cuyo 2013 (setiembre), 910. Cita online ARIJURl2325912013 11Cámara 3adel Trabajo de Mendoza, 111612013, ((Figueroa,David Sebastián clMapfre Argentina ART S.A. SI accidente)). Publicado en La Ley Online. Cita online ARlJURl232381 2013). Corresponde en ese punto fijar el monto indemnizatorio. Para lo cual debo expedirme acerca de la aplicación o no a esta causa de las prescripciones de la ley 26.773. Desde ya anticipo que este judicante considera que resulta procedente la aplicación de la norma referida. Varias razones justifican este aserto. En mi criterio, la presente cuestión guarda sustancial analogía con la considerada por este judicante en oportunidad de expedirse sobre la aplicación del decreto 1694109 en causas anteriores. En aquellas ocasiones expresé que el decreto 1694109 no determinaba una reforma a la ley 24.557, sino que sólo trajo un mejoramiento de las prestaciones

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debidas por el régimen anterior, lo que llevaba a entender que la aplicación de sus disposiciones a los accidentes ocurridos antes de la entrada en vigencia del decreto y que todavía no hubieran sido cancelados, no implicaba retroactividad de la ley, ni con ello se afectaba los Derechos de Propiedad ni mucho menos las reglas del debido proceso. Este sentenciante adhiere plenamente a la línea de pensamiento expuesta por el Dr. Luis Enrique Ramírez, que en recientes publicaciones ha opinado de la siguiente forma: «Si la legislación sobre accidentes del trabajo se inserta en la Seguridad Social como subsistema, tal como lo dispuso el legislador en 1995, resulta manifiestamente contradictorio que una mejora en las prestaciones dinerarias discrimine entre quienes sufrieron un siniestro antes o después de la entrada en vigencia de la norma legal. Porque repito, la Seguridad Social mira la contingencia, y en nuestro caso la contingencia no es un hecho dañoso, sino el daño. Y el daño es idéntico en un trabajador amputado con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773.. .» En ese orden de ideas, también cabe citar los términos de un precedente jurisprudencia1 que guarda con el sub discussio un estrecho grado de vinculación. Me refiero a los valiosos argumentos expuestos en su voto por el Dr. Miguel Ángel Maza en los autos ((Graziano,Antonio y otro c l Trilenium S.A. y otro)). En dicho fallo se expresó que: ...»Hay que recordar que el art. 3 del Código Civil, en su actual redacción luego de la reforma de la ley 17.711, merece la siguiente reflexión: «La regla de la aplicación inmediata de la nueva ley a los efectos pendientes de hechos jurídicos ya sucedidos, alude a aquellos supuestos en que la situación jurídica de referencia (un accidente, la exteriorización de consecuencias incapacitantes, la celebración del contrato, etc.) se verificó bajo la vigencia de la norma precedente pero han quedado pendientes consecuencias jurídicas incumplidas o se siguen generando, ahora bajo la nueva ley, nuevos efectos.. .» Además, en el mencionado fallo el Dr. Maza sostuvo que «...Con esos antecedentes y el ya citado texto del art. 3 del Código Civil.. . predico que en materia de infortunios laborales, y particularmente en el ámbito del régimen de la ley 24.557, resulta factible y positiva la aplicación de la norma vigente al momento de cada etapa prevista por la normativa en relación al daño, resultando irrelevante la fecha de la contingencia (día del infortunio si fue un accidente de trabajo o fecha de la primera manifestación invalidante en el supuesto de enfermedades profesionales)

ACTUAL~ZAC~ON MEDIANTE ~NDICERIPTE

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Vale colegir, que es de plena aplicación al presente litigio los elocuentes fundamentos sostenidos recientemente por la Segunda Cámara del Trabajo de la Provincia de Mendoza, que ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, coincidiendo con la solución que propicio. Tal es así que en autos 42.41 0 caratulados ((Arrieta,Olga Silvia clAsociart ART S.A. placcidente)), el Tribunal ha efectuado el análisis que transcribo a continuación: «...El art. 3 del Código Civil, establece como principio general que «Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial)). La ley 26.773, establece como regla general para su entrada en vigencia que «Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha)) (art. 17, inc. 5). No obstante ello, coherentemente con la finalidad perseguida'por la'mismal expresada en su denominación como ((Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo en Enfermedades Profesionales», procura la actualización de todo el sistema reparatorio abarcado por la LRT 24.557 y sus modificatorias, por el decr. 1694109, sus normas complementarias y reglamentarias y por dicha ley 26.773 (art. 1,2" párrafo), bajo los principios de ((suficiencia, accesibilidad y automaticidad.. .)) En función de tales consideraciones, puede sostenerse que el objetivo de la ley es la actualización del funcionamiento del sistema reparatorio del régimen legal vigente en materia de contingencias laborales, que reitero de acuerdo a sus mismos términos, resulta comprensivo de la LRT 24.557, del decr. 1694109 de todas las normas que las complementan y reglamentan... resulta claro, que en el afán de actualizar el régimen de prestaciones, la ley concretamente dispuso la recomposición de las ((prestacionesen dinero por incapacidad permanente)) previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109 para que todas las comprendidas en las distintas normas se equipararan a su entrada en vigencia (811112012), debiendo para ello emplearse el índice RIPTE, desde el 1 de enero del año 2010, de manera de obtener un panorama uniforme de las prestaciones a abonar a las contingencias aún no cubiertas; motivo por el cual considero que la actualización prevista por la ley en análisis (art. 17, inc. 6) debe aplicarse a las prestaciones por incapacidad permanente, aun en los casos en que la primera

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manifestación invalidante se hubiera revelado con anterioridad a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, tal como sucede en el caso de autos.. . Me permito concluir con este tema transcribiendo algunos párrafos que constan en el Mensaje de elevación No 1721 que acompañó el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley de ((Ordenamiento de la Reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales», allí se dijo: a. ..con tales antecedentes se arriba al momento actual donde, más allá de continuarse las discusiones sectoriales, el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema.. . en lo particular se ha establecido que el derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determinen, desde el acaecimiento del daño o desde la configuración de la relación adecuada de causalidad de la enfermedad profesional. .. la clave de bóveda de la iniciativa se resume en facilitar el acceso del trabajador a la reparación, para que la cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al damnificado y su familia un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de su vida laboral ... en conclusión de ese Honorable Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional pretende avanzar en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas en el marco de especificidad que le es propio.. .» La interpretación que efectúa este sentenciante del texto citado, genera aún más convicción y da mayor sustento al criterio que propicio. Desde esta Óptica, a lo que apunto al transcribir estos conceptos, es que si el objetivo del Régimen de Ordenamiento es «reparar» los aspectos negativos que presentaba el régimen anterior e intentar ((mejorar la situación)) en la que quedaron los damnificados -que desde hace largos años se han visto perjudicados por la percepción de prestaciones dinerarias inicuas y crecientemente desactualizadas-, no es posible que se pretenda ((mantener))esas inequidades a un grupo de trabajadores, incurriendo así en la arbitraria discriminación a la que hacía referencia el Dr. Ramírez, mencionado en los párrafos anteriores. Por toda la argumentación reseñada, es que opino que la actualización prevista por la ley 26.773 (art. 17, inc. 6) debe aplicarse aun en los casos en que -como la situación presentada en estos obrados- la primera manifestación invalidante se hubiera revelado con anterioridad a

ACTUAL~ZAC~ÓN MEDIANTE ~ N D ~ CRIPTE E

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la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. (Cámara 6a del Trabajo de Mendoza, 15/3/2013, ((Restelli Menéndez, Lorena c/Mapfre ART S.A. y otros denf. accidente)). Publicado en LLGran Cuyo 2013 (mayo), 374. Cita online ARIJUR/2357/2013). En virtud de lo previsto en el art. 17, inc. 6 de la ley 26.773, la indemnización del art. 14, apartado 2, inc. a) la prestación de pago único establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo en el art. 11, apartado 4, inc. b) de la misma ley, que le corresponden a un trabajador que se accidentó con anterioridad a la publicación del decreto 1694109 pero cuyas prestaciones se encuentran pendientes de producción, deben ajustarse por índice RIPTE (Remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables) publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IX, 14/5/2013, ((Cruceño, Santos Martín clMapfre Argentina ART S.A. slaccidente - acción civil)). Publicado en IMP 2013-8, 274; ED 171 10/2013, 4; D T 2013 (noviembre), 3025. Cita online AR/JUR112743/ 2013). A partir del texto legal del art. 17, inc. 6), resulta evidente que el legislador pretendió ajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo, decreto 1278100 y decreto 1694109 a la fecha de publicación en el B.O. de la ley 26.773, una interpretación contraria significaría un claro desmedro de contenido patrimonial para aquellos trabajadores que a la fecha de la sanción no han logrado la percepción de su crédito. En virtud del criterio de vigencia inmediata que es de aplicación a la fórmula legal del art. 3 de la ley 26.773, a las prestaciones dinerarias derivadas de la declaración de incapacidad permanente definitiva pendientes de pago se le debe aplicar el mecanismo de ajuste prescripto por el índice RIPTE, pues, toda nueva ley se supone mejor y más justa que la anterior, por ello mismo y salvo el principio de la irretroactividad esa ley debe aplicarse en su máxima extensión posible. (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 10,21/12/2012, ((Martin, Pablo Darío c1Mapfre ART S.A.». Publicado en JA 2013-11; JA 17512013, 100; DT2013 (julio), 1730. Cita online ARlJUR17982512012).

ANEXO1

FORMULAS VUOTO Y MÉNDEZ (VUOTO II)

Cuando se entienda que la indemnización reclamada en caso de accidente o enfermedad laboral es insuficiente y se elija optar por el reclamo vía acción civil, se podrán utilizarán como referencia las fórmulas matemático-financieras contenidas en los fallos «Vuoto» y «Méndez» 44. En este sentido, el presente anexo explica en detalle cómo calcular los montos indemnizatorios según las fórmulas Vuoto y Méndez (también conocida como Vuoto 11). Analizaremos paso a paso las operaciones matemáticas necesarias, de modo que usted pueda entenderlas y aplicarlas a cualquier caso concreto que pase por sus manos. No son necesarios conocimientos matemáticos más avanzados que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. En el caso de la única operación más infrecuente, la elevación a una potencia, se le explicará cómo realizarla con la calculadora de Windows. A efectos prácticos, le anticipamos que la fórmula base es, en sí, la misma para ambos casos (Vuoto y Méndez). La diferencia radica en la forma en que se llega al valor de dos de sus variables y en la tasa de interés aplicada. Y respecto a su utilización, tenga presente que si bien algunos tribunales la emplean a rajatabla, no se trata de fórmulas de seguimiento obligatorio y por ello otros tribunales la consideran un criterio más. Hechas estas salvedades, empecemos el análisis.

44 Véase el texto completo de los fallos Vuoto y Méndez (con su aclaratoria) al final de este Anexo. También pueden consultarse en el CD-ROM.

Recordemos que la fórmula que necesitamos resolver es: C = a x (1

- Vn) x l l i . Empecerrios a desarrollar cada una de sus partes: Esta fórmula, que se remonta al año 1978, consiste en un cálculo financiero que permite determinar el monto de un capital (C) que colocado a una tasa de interés compuesto (i) le permitirá al trabajador damnificado retirar un importe mensual equivalente al deterioro del sueldo que pueda ocasionarle el porcentaje de incapacidad que padezca durante el tiempo de vida que le resta hasta conseguir su jubilación (n), momento en el cual este capital queda agotado por los retiros mensuales efectuados. Veamos cómo se expone en términos matemáticos:

Donde: Vn = ll ( i +i)" a = salario mensual x 13 x porcentaje de incapacidad n = 65 - edad del accidentado i=6% Hay dos datos que permanecen constantes (es decir inalterables) en esta fórmula y están dados por el mismo fallo Vuoto: la edad tope de 65 años (utilizada para calcular n en la fórmula) y la tasa de interés (i) del 6 %. Los datos que sí cambian según cada caso son: la edad del accidentado (utilizado para calcular n), el salario percibido (utilizado para calcular a) y el porcentaje de la incapacidad (también utilizado para calcular a ) .

1er paso: Calcular el valor de (a). Dijimos que (a) es igual al salario mensual, multiplicado por 13 y multiplicado por el porcentaje de incapacidad. En términos matemáticos se expresa así: a = salario mensual x 13 x porcentaje de incapacidad a = 3000 x 13 x 0,20 a = 7800 (resultado final de a)

2do paso: calcular el valor de Vn = l/(l+i)n Para ello tenemos que reemplazar las variables n e i por los datos reales de nuestro caso. La tasa de interés (i) fue fijada en 6 % por los jueces en el fallo Vuoto. Por lo tanto: i = 0,06 (6 % = 0,06). Para calcular n tenemos que restar la edad al momento del infortunio (30 años) al tope de expectativa de vida estimado (que el fallo Vuoto estableció en 65 años). Por lo tanto: n = 65 - 30 = 35. Con estos dos datos ya podemos dilucidar el valor de la variable p: Vn = l/(l+i)n -> ahora reemplazamos i y n por nuestros valores Vn = 1 / ( 1 + 0 , 0 6 ) ~->~ realizamos la suma que está dentro del paréntesis Vn = 1 1 ( 1 , 0 6 ) ~->~ elevamos el número del paréntesis a la potencia 35 Vn = 117,686086792 -> hacemos la división: 1 dividido 7,686086792 Vn = 0,13010522 (resultado final de V")

Caso hipotético Simularemos el caso de un trabajador de 30 años que sufre un accidente, resultado del cual padece una incapacidad del 20 % y cuyo salario mensual era de $ 3.000. Entonces: e Edad: 30 e Salario: 3000 Incapacidad: 0,20 (20 % = 0,20)

Nota: una forma sencilla de calcular una potencia es con la calculadora de Windows (inicio > Programas >Accesorios > Calculadora). En el menú Ver seleccionamos Científica. Entonces en la calculadora ingresamos 2,06, luego presionamos la tecla xY, ingresamos 3%y por último presionamos la tecla = para obtener el resultado.

3er paso: calcular el valor de l/i

Caso hipotético Seguiremos con el mismo caso simulado del trabajador de 30 años que sufre un accidente, resultado del cual padece una incapacidad del 20 % y cuyo salario mensual era de $3.000. Entonces tenemos que:

I l i = 1/0,06 1li = 16,66666667

4to paso: cálculo del capltal Con los tres resultados obtenidos a y Vi) traeremos la fórmula principal y reemplazaremos cada uno de sus términos por los resultados que acabamos de obtener:

(v,

Edad: 30 Salario: 3.000 Incapacidad: 0,20 (20 % = 0,20) Recordando que la fórmula que necesitamos-resolver es C = a x (1

C = a x (1 - V n ) x I l i C = 7800 x (Z - 0,13010522) x 16,66666667 ->resolvemos el paréntesis C = 3800 x (0,86989478) x 16,66666667 C = 113.086,32 Finalmente llegamos al cálculo de¡ monto indemnizatorio según la fórmula Vuoto. Repasando, estos son pasos: 1ro: calcular el valor de (a) 2do: calcular el valor de 'P/P" 31-0:calcular el valor de V i 4 0 : reemplazar los términos de la fórmula del capital (C) con los resultados obtenidos en los primeros tres pasos y calcular.

3. EL CALCULO

SEGÚN MÉNDEZ(VUOTOII)

Como dijimos al comienzo de este instructivo, la fórmula utilizada para el cálculo indemnizatorio es la misma en ambos casos: C = a x (1 - Vn) x lli. Sin embargo el resultado final es marcadamente distinto. ¿Dónde se origina la diferencia? Básicamente lo que cambia entre Vuoto y Méndez es lo siguiente: La tasa de interés, que en lugar de ser 6 % pasa a ser 4 %. La edad tope: pasa de 65 a 75. La forma de calcular (a), que veremos más adelante.

- Vn) x l l i , desarrollaremos cada una de sus partes: lea paso: calcular el valor de (a). La forma en la que se calcula (a) en Méndez difiere con respecto a cómo se calcula con Vuoto. Para Méndez lo vamos a calcular así: a = salario mensual x (60 1edad del trabajador) x 13 x porcentaje de incapacidad. Mientras en Vuoto multiplicábamos el salario por 13 por el porcentaje de incapacidad, en Méndez se agrega un nuevo factor: 60 1edad del trabajador. Advertencia importante: para el cálculo de este nuevo factor, la edad tope que se puede tomar es 60. Es decir que si la edad del trabajador fuera 62, este nuevo factor no podría quedar expresado ((60 162», porque esa división daría un número inferior a 1, condición que no debe darse, sino que utilizamos el tope y quedará expresado así: ((60 160)). De todos modos, como en el caso que estamos simulando la edad es inferior a 60, no hay inconvenientes y utilizamos la edad real. Calculemos (a): a = salario mensual x (60 1edad del trabajador) x 13 x porcentaje de incapacidad a = 3000 x (60 130) x 13 x 0,20 --> resolvemos el paréntesis ;a = 3000 x 2 x 13 x 0,20 -> ahora hacemos la multiplicación a 115.600 (resultado final de a)

-

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2do paso: calcular el valor de Vn = l/(l+i)* Para ello tenemos que reemplazar las variables n e i por los datos reales de nuestro caso. La tasa de interés (i) para el caso Méndez, a diferencia de Vuoto, fue fijada en 4 %, por lo tanto: i = 0,04 (4 % = 0,04). Para calcular n tenemos que restar la edad al momento del infortunio (30 años) al tope de expectativa de vida estimado, que a diferencia de Vuoto, el fallo Méndez estableció en 75 años. Por lo tanto: n = 75 - 30 = 45. Como puede verse, además de la forma en la que se calcula (a), Méndez se diferencia de Vuoto también en el tope a la expectativa de vida (75 años) y en la tasa de interés (4 %). Con estos dos datos ya podemos dilucidar el valor de la variable Vn

Vn = l/(l+i)n -> reemplazamos i y n por nuestros valores Vn = 11(1+0,04)~~ -> realizamos la suma que está dentro del paréntesis Vn = 1 / ( 1 , 0 4 ) ~ ->~ elevamos el número del paréntesis a la potencia 45 Vn = 11 5,841175681 -> hacemos la división: 1 dividido 5,841175681 Vn = 0,17119841 (resultado final de Vn) Nota: una forma sencilla de calcular una potencia es con la calculadora de Windows (inicio > Programas > Accesorios > Calculadora). En el menú Ver seleccionamos Científica. Entonces en la calculadora ingresamos 1,04, luego presionamos la tecla xY, ingresamos 45 y por último presionamos la tecla = para obtener el resultado.

3er paso: calcular el vallor de V i l l i = 1/0,04 -> 1/i = 25

hacemos la división

4to paso: cálculo del capital Con los tres resultados obtenidos (p, a y V i ) traeremos la fórmula principal y reemplazaremos cada uno de sus términos por los resultados que acabamos de obtener:

C = a x (1 - Vn) x l l i C = 15.600 x (1 - 0,17119841) x 25 -> C = 15.600 x (0,82880159) x 25 C = 323.232,62

resolvemos el paréntesis

Finalmente hemos llegado al cálculo del monto indemnizatorio según la fórmula Méndez. Como se puede apreciar, el valor es casi tres veces el valor según Vuoto. Repasando, estos son pasos que hemos realizado: 1ro: calcular el valor de (a) 2do: calcular el valor de 3ro: calcular el valor de í/i 4to: reemplazar los términos de la fórmula del capital ( C ) con los resultados obtenidos en los primeros tres pasos y calcular.

Siga uno a uno los pasos descriptos. Sea prolijo y metódico para los cálculos. e Ingrese con cuidado los números en la calculadora. Repita las operaciones para corroborar que no haya errores. Anote los resultados (parciales y finales) en un papel o en planilla de cálculo.

En nuestro sitio Web contamos con un aplicativo gratuito para el cálculo automático de lo que hemos explicado en este anexo instructivo. El mismo es extremadamente sencillo y con sólo ingresar los datos del caso (edad, salario, incapacidad) el programa arroja los resultados según Vuoto y según Méndez. Para acceder a dicho aplicativo debe ingresar a la siguiente dirección:

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V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

Aclaraciones sobre los datos Los datos a ingresar en los tres casilleros de carga deben ser sólo números. Vale decir, si la edad es 30 años, lo único que hay que ingresar es el número 30. Si el salario es $2.000, el dato a ingresar es sólo el número 2000. Y si la incapacidad es del 20 %, lo que hay que ingresar es sólo el número 20. Los decimales se indican con una coma y no con un punto. Los millares (1000, 2000, 3000, etc.) no llevan punto, es decir, el número dos mil se ingresa así: 2000 y no así: 2.000.

Cálculo indemnizatorio según fórmulas Vuotto y Méndez Autores ~ l t i m o slibros

Carga d e datos:

Catalogo completo

Edad: 30

Actualizaciones d e libros

Saiano mensual: 3000

ej: 30 ej: 2000

Artículos d e doctrina

de intapaadad: 30 Cilculo Vuotto-tnéndez

Il

Accidentes d e trabajo (7)

ej: 30

[CalNlar]

Nevrsletter

~

á

i sep&, ~ ~v~~:.~: i ~

Cálculo segíln k"rédeez:

ActuaciOn pmf&onal (2) Resultados:

Cartas documento (2) Civil (5) Comercial (4)

Una vez ingresados estos datos, debe hacer clic en el botón ((Calcular» y el programa arrojará los datos automáticamente. Si bien ei data que se busca es el correspondiente al monto indemnizatorio (mostrado en la celda de «capital» en color amarillo), el programa también indica los resultados de los términos involucrados en el cálculo. Esto es especialmente útil para corroborar los cálculos que hubiere hecho a mano siguiendo el procedimiento detallado en los puntos anteriores de este instructivo.

Canstitucional (3) Contratos (1 2)

1/

üiunonarior (1)

iI

&ritos judiciales (3) Familia (13) lnmohiliario (7)

Sintaxis de las formulas empleadas C=a'(l-Vn)'l/t

Sintaxis de las formulas empleadas C=aS(l-Vn)Y 11

Medicina Legal (8)

donde:

donde:

Apllicando el programa para el caso hipotético calculado lntroduciremos ahora los datos del caso hipotético que calculamos en este instructivo para corroborar que los resultados hayan sido correctos. 1er paso: ingresamos los datos. 2do paso: cliqueamos el botón ((Calcular)).

Una vez que el programa arroja los resultados podemos corroborar, en nuestro caso, que los números son coincidentes con lo que habíamos calculado previamente en forma manual.

GO

INDEMNILIACIÓN. FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR. ART. 1113 DEL CÓDICIVIL.DAÑOMATERIAL. DAÑOMORAL

«De acuerdo con el criterio sostenido en forma reiterada por esta Sala, la reparación del daño material causado, -en el caso de autos, fallecimiento-, debe estar dado por un capital que puesto a un interés del 6 % se amortice en un período calculado como probable de vida de la persona o personas que tienen derecho a la indemnización, mediante la percepción de una suma mensual similar a la que hubieran recibido de no haber mediado el evento.)) «Para la determinación de ese monto, con especial referencia al caso de autos, debe tenerse en cuenta la edad de los actores a la fecha del fallecimiento de su hijo (61 y 59 años, ver fs. 1 y 25) por lo que de acuerdo a la expectativa de edad que corresponde a hombres y mujeres en el país, considero razonable fijar en tal concepto el plazo de 20

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años. En lo que se refiere al ingreso mensual que los mismos se han visto privados de percibir con motivo del deceso de su hijo (soltero 28 años), estimo prudente fijarlo en el 20 % de los ingresos que este tenía, dado que si bien con ese estado civil podía ser uno mayor, con la perspectiva de casarse es factible que el mismo disminuyera).)) «Al efecto, corresponde tomar como base el promedio de lo percibido durante los últimos tres meses íntegros trabajados por la víctima, lo que da un total de $ 2.646 (ver pericia de fs. 146, punto c de fs. 146vtal 147), por lo que los actores habrían dejado de percibir la suma de $ 540 por mes (con base a julio de 1972) que actualizada a la fecha de esta sentencia de acuerdo con los índices que establece el art. 276 L.C.T. (t. ordenado) da un total de $46.735,52.» «De acuerdo con esos elementos de juicio, el capital que corresponde fijar en concepto de indemnización del daño material es de $ 1.400.000 actualizado a la fecha de la sentencia. Para alcanzar esa cifra he publicado la fórmula matemática adoptada en casos anteriores: C=ax(l -Vn)xl/i donde Vn = 1/ ( l + i) De acuerdo con las constancias de autos y criterio sostenido por esta Sala en casos similares (Causa nro. 46.631 ((Carabajal, Beatriz del Valle clltal Textil S.A.C.I.F.I. slAccidente art. 1113 del Código Civil)), SD nro. 34.723 del 31/12/76), considero razonable fijar la suma de $280.000 en concepto de daño moral. Dado la causa del deceso, dejo a salvo mi opinión en contrario expuesta en ese caso.)) (((Vuoto Palmero, Santiago y otro c1A.E.G. Telefunken Argentina Soc. Anón. Industrial y Comercial S art.1113 I Cod. Civil)). CNTrab, Sala lll, 1610611978, elDial.com - AA5608)

FALLOCOMPLETO En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 16/6/78 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.//-

El doctor Vázquez Vialard dijo: De acuerdo con lo resuelto a fs. 337 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde que este Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el monto de la indemnización debida por la demandada con motivo del fallecimiento del hijo de los actores (único punto motivo del recurso extraordinario deducido a fs. 2951300)) que el Sr. Juez de primera instancia fijó a fs. 276 en la suma de $ 1.200.000 y que fuera motivo de apelación por la demandada 8 ver fs. 28113). De acuerdo con el criterio sostenido en forma reiterada por esta Sala, la reparación del daño material causado -en el caso de autos, fallecimiento-, debe estar dado por un capital que puesto a un interés del 6 % se amortice en un período calculado como probable de vida de la persona o personas que tienen derecho a la indemnización, mediante la percepción de una suma mensual similar a la que hubieran recibido de no haber mediado el eventoPara la determinación de ese monto, con especial referencia al caso de autos, debe tenerse en cuenta la edad de los actores a la fecha del fallecimiento de su hijo (61 y 59 años, ver fs. 1 y 25) por lo que de acuerdo a la expectativa de edad que corresponde a hombres y mujeres en el país, considero razonable fijar en tal concepto el plazo de 20 años. En lo que se refiere al ingreso mensual que los mismos se han visto privados de percibir con motivo del deceso de su hijo (soltero 28 años), estimo prudente fijarlo en el 20 % de los ingresos que este tenía, dado que si bien con ese estado civil podía ser uno mayor, con la perspectiva de casarse es factible que el mismo disminuyera). Al efecto, corresponde tomar como base el promedio de lo percibido durante los últimos tres meses íntegros trabajados por la víctima, lo que da un total de $ 2.646 (ver pericia de fs. 146, punto c de fs. 146vtal 147) , por lo que los actores habrían dejado de percibir la suma de $540 por mes (con base a julio de 1972) que actualizada a la fecha de esta sentencia de acuerdo con los índices que establece el art. 276 LCT (t. ordenado) da un total de $46.735,52. De acuerdo con esos elementos de juicio, el capital que corresponde fijar en concepto de indemnización del daño material es de $ 1.400.000 actualizado a la fecha de la sentencia. Para alcanzar esa cifra he publicado la fórmula matemática adoptada en casos anteriores: C = a x ( l -Vn)xl/i donde Vn = 1l(1 + i)

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De acuerdo con las constancias de autos y criterio sostenido por esta Sala en casos similares (Causa nro. 46.631 ((Carabajal, Beatriz Accidente I art. 1113 del Código Civil)), del Valle clltal Textil S.A.C.I.F.I. S SD nro. 34.723 del 31.12.76), considero razonable fijar la suma de $280.000 en concepto de daño moral. Dado la causa del deceso, dejo a salvo mi opinión en contrario expuesta en ese caso. Si bien prima facie el monto de la condena que propongo alcanza a $ 1.680.000, suma superior a la fijada a fs. 276 la misma está actualizada a la fecha de esta sentencia (aquella lo era a mayo de 1976), por lo que el importes es inferior. En consecuencia voto para que se fije en $ 1.400.000 la reparación del daño material y en $280.000 el del daño moral que la demandada debe abonar con más los intereses fijados en la sentencia apelada a fs. 2751276, decisión que ha quedado firme. Atento el resultado y naturaleza de la cuestión resuelta considero que las costas en la alzada deben declararse por su orden. Dado la modificación del resultado del juicio, propongo se fijen en $ 145.000, $ 105.000 y $ 56.000 los honorarios de la representación de la parte actora, demandada (ambos no () alegaron) y contadora por sus trabajos en primera instancia y en $ 50.000 y $ 50.000 los trabajos de fs.2811283 y 2851287 respectivamente, todos ellos actualizados a la fecha de esta sentenciaLos doctores Guibourg y Santa María dijeron: Que adhieren por análogos fundamentos el voto que antecede. Por lo tanto, el tribunal RESUELVE: ... Confirmar la sentencia de fs. 2751276 fijando el monto de condena en la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($ 1.680.000) actualizado a la fecha de la presente, con costas en el orden causado en la Alzada. Dejar sin efecto los honorarios regulados. Regístrese, notifiquese y oportunamente devuélvase.ll-

ACCIÓNCIVIL. ART. II13 CÓDIGOCIVIL. REPARACI~N INTEGRAL. INDEM~ÁLCULO. LUCROCESANTE. FÓRMULA DEL PRECEDENTE «VUOTO». MODIFICACIONES AL MÉTODO A LA LUZ DE LA DOCTRINA SENTADA POR LA CSJN EN «AR~STEGUI». DAÑOMORAL. CUANT~A. FIJACIÓN.SE DEBE TENER EN CUENTA LA EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES QUE CONSTAN EN LAS HISTORIAS CL~NICAS,AS^ COMO LA INCAPACIDAD RESULTANTE EN CUANTO ELLA NIZACION.

FÓRMULAS "VUOTO" Y " MÉNDEZ"

1 153

PRESUNTIVAMENTE APAREJADOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 39 INC. IDE LA LEY 24.557 SOBRE RIESDE LA ART. CONTRATACI~N Y GOS DEL TRABAJO. RESPONSABILIDAD SUBCONTRATACION.ART.30, LEY 20.744. SERVICIODE MUDANZA Y TRASLADOS. PRESTACI~N DE SERVICIOS EN UNA ENTIDAD BANCARIA. TRASLADO DE OBJETOS Y MUEBLES DE UNA SUCURSAL A OTRA. SOLIDARIDAD. EXTENSI~N DE LA CONDENA A ENTIDAD BANCARIA. RECHAZO

TRAE

«Si bien es cierto que el canasto con el que se golpeó el actor no constituye intrínsecamente cosa riesgosa, en el presente resulta aplicable la doctrina plenaria no266 «Pérez, Martín clMaprico S.A.I.C.I.F.)), de la que se extrae que opera la responsabilidad civil objetiva que prevé el artículo 1113, CC, cuando interviene en la producción del evento una cosa capaz de causar un daño, aun cuando no sea por su riesgo intrínseco, sino por la forma del uso que, obedeciendo a la directiva del dueño o guardián, debe cumplir el dependiente, y en ese supuesto aquél será responsable, salvo que se acrediten las causas de exención.)) «En reclamos como el presente, a partir del precedente ((Vuoto, Dalmiro clAEG Telefunken Argentina S.A.» (SD 36010 del 16/6/78), esta Sala ha aplicado para el cálculo de una parte de la indemnización civil por accidente del trabajo una fórmula que ha sido larga y pacíficamente aceptada por la jurisprudencia. Ahora bien, el 8 de abril de 2008, la Corte Suprema dictó el fallo ((Aróstegui, Pablo Martín clomega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Plus y Compañía S.R.L.)), donde dejó sin efecto el fallo correspondiente de esta Sala en un tema tangencialmente vinculado con aquella fórmula, ya que su punto central consistía en la aplicación de la doctrina «Milone» (CSJN, 26110104) para rechazar el pago fraccionado de la indemnización por daños. Parece necesario, pues, formular algunas aclaraciones e introducir también algunas modificaciones en el marco del método aplicado por este Tribunal, en acatamiento a la doctrina sentada por la Corte en el citado caso «Aróstegui».» «El lucro cesante (art. 1086, parte final, del Código Civil) comprende la diferencia entre los ingresos que pueda calcularse que la víctima tendrá a partir del daño sufrido y los ingresos que pueda estimarse que la víctima habría tenido si el daño no se hubiese producido. Esta parte del daño es la que pretende medir la fórmula «Vuotto»: toma como punto de partida el ingreso de la víctima (no sólo el salario ganado a las órdenes del responsable, sino su ingreso total proveniente de cualquier fuente laboral, si así resultase de lo invocado y probado); lo extiende

FÓRMULAS "VUOTO" Y " M ~ N D E Z "1

durante toda la vida útil de la víctima y calcula una suma de dinero que, percibida de inmediato e idealmente depositada a una tasa de interés reducida (de tal modo de conservar tentativamente el poder adquisitivo del dinero en el que está expresada), permita a la víctima hacer retiros periódicos equivalentes al porcentaje de pérdida de ingreso resultante del cálculo del daño.)) «La (presupuesta) merma de salario que el trabajador sufra como consecuencia de su incapacidad laboral se reflejará, en la etapa pasiva, en su haber previsional. Por esta razón, y frente a los señalamientos de la Corte, parece justificado ahora introducir esta modificación y elevar la edad tope a 75 años.)) ((Cuanto menor es la edad de la víctima, son más probables en su conjunto las eventualidades favorables que las desfavorables. Es posible estimar que aproximadamente a los 60 años de edad el trabajador medio ha culminado su desarrollo laboral y su ingreso se halla estabilizado hacia el futuro. Estas circunstancias, en acatamiento a lo dispuesto por la Corte en «Aróstegui» y teniendo en cuenta los factores aleatorios precedentemente mencionados (perspectivas de mejora y riesgo de desempleo), pueden tomarse en cuenta mediante la siguiente fórmula, de tal modo que la disminución de la escala refleje la reducción de la probabilidad de mejoras respecto de las opuestas, hasta el punto en el que pueda estimarse probable la estabilización del ingreso. Ingreso a computar = ingreso actual x 60 .l. edad (tope de 60 años).)) ((Parece prudente reducir dicha tasa a la de 4 %, que es la estimada por la propia Corte Suprema, para depósitos en divisas, en el fallo ((Massa, Juan Agustín c/PEN» del 27112/06.> «El monto del resarcimiento por daño material (lucro cesante) debe consistir en principio en una suma de dinero tal que, puesta a un interés de 4% anual, permita -si el titular lo desea- un retiro periódico y similar al que la incapacidad impide presuntivamente percibir, y se amortice en el lapso estimado de vida útil de la víctima. Esto puede obtenerse mediante la siguiente fórmula: C = a x ( l -Vn)xl/i donde Vn = 1/(A + i) a: representa el retiro por período (equivalente a la disminución salarial anual provocada por la incapacidad); n: el número de períodos (cantidad de años que restan al damnificado como expectativa de vida); i: el coeficiente de la tasa de interés en el período (0,04).»

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((Para establecer la reparación, tomo en cuenta la incapacidad que presenta el trabajador (13,6 % de la total obrera con carácter permanente según lo informado por el perito médico a fs. 5661568); la edad que tenía al momento de sufrir el infortunio (29 años) y el ingreso de $ 1.249,65, estimado según la fórmula ya descripta a partir de la edad ya referida y del salario de $ 604, por lo que el resultado numérico de la fórmula asciende a $46.142,15 [Monto según sentencia aclaratoria] 45.» «El daño' moral es un rubro distinto del material, no tiene directa relación numérica con éste, por lo que la pretensión de estimarlo en porcentaje del lucro cesante carece de fundamento racional. Para fijar su cuantía debe tenerse en cuenta la evolución de las lesiones que constan en las historias clínicas, así como la incapacidad resultante en cuanto ella trae presuntivamente aparejados perjuicios extrapatrimoniales.» «Esta Sala ha responsabilizado a las aseguradoras de riesgos del trabajo en las acciones fundadas en el artículo 1113 del Código Civil, sin perjuicio de que tal responsabilidad se viera ceñida económicamente a los límites de la póliza (SD 83528 del 7/5/02 en autos ((Fernández c/Asemp» y SD 83626 del 3015102 en autos ((Roibal, Juan M. c/Raico S.A.»).» «La actividad principal de la entidad bancaria se podría resumir en operaciones financieras y bancarias. Entiendo que la actividad de mudanza es accesoria y esencialmente escindible, ya que no conforma una entidad técnica de ejecución entre la principal y su contratista, lo que impone descartar el segundo supuesto previsto en el art. 30 de la LCT (en sentido análogo, ver CSJN, 15/4/1993 ((Rodríguez,Juan R. c l Cía. Embotelladora Argentina S.A. y otro» (DT- 1993-A-754). Por ello, propongo revocar este segmento de la decisión impugnada.)) ((HSBC Bank Argentina S.A. cita como tercero a USER, empresa que contrató para que se hiciera cargo de la gestión de los servicios de organización y mantenimiento de los inmuebles del grupo económico que la primera integra, en los términos del art. 94 del CPCCN, y resulta vencedora en el proceso. Por ello, considero que no se hallan reunidos los presupuestos fácticos contemplados en el art. 94 del CPCCN -eventual acción regresiva- para extender la condena a USER y auspicio, por lo tanto, revocar el pronunciamiento de grado en el punto.)) (((Méndez,Alejandro Daniel c/Mylba S.A. y otro s1Accidente -Acción Civil)), CNTrab., Sala 111, 28/4/08) 45

Véase la sentencia aclaratoria al final de este fallo

FALLOCOMPLETO En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 28 días del mes de Abril de 2008, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación: El doctor Guibourg dijo: La parte actora, US Equities Reality (Argentina) LLC -en adelante USER-, Liberty ART S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. apelan la sentencia de fs. 6771683 vta., que acoge las pretensiones deducidas en el inicio, en los términos de los memoriales de fs. 6891691 vta., fs. 6941 695 vta., fs. 6981700 vta. y fs. 7011712 vta., con réplica a fs. 7161717, fs. 7211722 y fs. 7241726. El perito contador apela los honorarios regulados a su favor por estimarlos reducidos (fs. 696).11La parte actora se queja porque considera insuficiente la suma en concepto de reparación integral. Por su parte, USER apela la extensión de la condena en forma solidaria en su contra con sustento en las previsiones del art. 94 del CPCCIV. También cuestiona el monto indemnizatorio. Liberty ART S.A. se queja por la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. Cuestiona la extensión de la condena en su contra al pago de la reparación integral, como también el grado de incapacidad y el ingreso base tomados en cuenta por la sentenciante para el cálculo del resarcimiento, Finalmente, HSBC Bank Argentina S.A. critica la extensión de la condena en forma solidaria en su contra con sustento en el art. 30 de la LCT y el acogimiento de los reclamos indemnizatorios establecidos en el art. 2 de la ley 25.323 y 80 de la LCT. Apela, en lo central, la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y agrega que no obran elementos en la causa que demuestren la existencia de cosa riesgosa generadora de daño resarcible en los términos del art. 1113 del Código Civil. Entiende, además, que la prueba testimonial acredita acabadamente la culpa de la víctima. El actor funda su pretensión indemnizatoria en los arts. 1068, 1072, 1109, 1113 y concodantes del Código Civil. Por eso, es preciso analizar si se hallan probados en el presente los presupuestos fácticos para la aplicación de las normas citadas (art. 377 del CPCCN).

No se rebate en la alzada que el actor sufrió un accidente en su brazo derecho en ocasión de hallarse trabajando para Mylba S.A., más concretamente, al golpearse con un canasto de mimbre lleno de papeles, documentación y carpetas de propiedad de la entidad bancaria demandada mientras cargaba un camión para hacer una mudanza. Si bien es cierto que el canasto con el que se golpeó el actor no () constituye intrínsecamente cosa riesgosa, en el presente resulta aplicable la doctrina plenaria no266 ((Pérez, Martín c1Maprico S.A.I.C.I.F.)), de la que se extrae que opera la responsabilidad civil objetiva que prevé el artículo 1113, CC, cuando interviene en la producción del evento una cosa capaz de causar un daño, aun cuando no sea por su riesgo intrínseco, sino por la forma del uso que, obedeciendo a la directiva del dueño o guardián, debe cumplir el dependiente, y en ese supuesto aquél será responsable, salvo que se acrediten las causas de exención. En el caso no se ha invocado con claridad y tampoco probado la existencia de culpa del trabajador en la producción del infortunio al punto de reducir o excluir la responsabilidad que cabe a la empleadora Mylba S.A. en los términos del artículo 1113 del Código Civil en atención a su calidad de dueña o guardiana de la cosa causante del daño. Este parecer lleva, sin más, a confirmar el fallo de grado en el punto en consideración. En orden a los agravios esgrimidos en relación con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 apartado 1 de la ley 24.557, destaco que el derecho social recurre a menudo a tarifar las reparaciones atendiendo a una situación general y no a la del trabajador o sus derechohabientes en particular. En tal sentido, no puede existir un derecho adquirido a un determinado sistema legal de cálculo de indemnizaciones o retribuciones, en tanto las modificaciones que se producen no importen alteraciones irrazonables de los derechos. Sólo se autoriza la descalificación de una norma con base constitucional cuando su aplicación configura la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar (esta sala, sentencia Nro. 71411 del 31110195 in re «Demares Adalberto c l Karatex S.A.»; sentencia Nro. 72977 del 291111 96 in re ((Aguirre, Ramón clProd. Esp. de Ingeniería S.A.)); sentencia Nro. 77459 del 3019198 in re ((Toloza, María l. clfrigorífico Yaguané SAN; entre otras). Ahora bien, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ((Aquino, lsacio clCargo Servicios Industriales S.A. slAccidente - ley 9688)) (sentencia del 21 de setiembre de 2004), sostuvo que la exención a los empleadores de responsabilidad civil frente a

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los trabajadores y a los derechohabientes de éstos que -como reglaestablece la citada normal legal, importa colocar a los segundos víctimas de infortunios laborales o de enfermedades profesionales en una situación desventajosa en relación con el resto de los ciudadanos, en tanto que la indemnización que ella consagra sólo contempla la pérdida de capacidad de ganancia de aquéllos -según el tope que el régimen especial establece- y los excluye de la reparación integral que el derecho común prevé, solución que resulta injustificadamente discriminatoria y, por ende, inconstitucionalpor vulnerar el derecho de igualdad (art. 14 bis de la Constitución Nacional). De acuerdo con lo normado por el art. 14 de la ley 24.557, en su redacción vigente en la fecha del infortunio, la reparación que corres- ' pondería percibir al actor asciende a la suma de $ 7.836,53 ($ 604 x 53 x 13,6 % x 1,8). En reclamos como el presente, a partir del precedente ((Vuoto, Dalmiro c/AEG Telefunken Argentina SA» (SD 36010 del 16/6/78), esta Sala ha aplicado para el cálculo de una parte de la indemnización civil por accidente del trabajo una fórmula que ha sido larga y pacíficamente aceptada por la jurisprudencia. Ahora bien, el 8 de abril de 2008, la Corte Suprema dictó el fallo «Aróstegui, Pablo Martín clOmega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Plus y Compañía S.R.L.)), donde dejó sin efecto el fallo correspondiente de esta Sala en un tema tangencialmente vinculado con aquella fórmula, ya que su punto central consistía en la aplicación de la doctrina «Milone» (CSJN, 26110104) para rechazar el pago fraccionado de la indemnización por daños. Parece necesario, pues, formular algunas aclaraciones e introducir también algunas modificaciones en el marco del método aplicado por este Tribunal, en acatamiento a la doctrina sentada por la Corte en el citado caso «Aróstegui». Ante todo es preciso dejar en claro que, si se pretende llevar a cabo un razonamiento cuyo resultado sea un número (por ejemplo, una cantidad de dinero en concepto de resarcimiento monetario), no hay modo alguno de llegar a ese resultado si no es por medio de un cálculo matemático. Este cálculo puede ser explícito, fundado en datos verificados y ordenado mediante un algoritmo previamente establecido y justificado, o bien implícito y subconsciente, a partir de datos vagos y cambiantes y regido por un criterio puramente subjetivo, de contenido total o parcialmente emotivo. Pero, sea como fuere, es posible (teóricamente posible, aunque psicológicamente muy difícil) reconstruir cualquiera de estos razonamientos implícitos hasta llegar a aquel algoritmo y encontrar

las variables que, al menos para el caso, el intérprete haya tomado en cuenta. Incluso debería ser posible rastrear las razones por las que, eventualmente, ciertas variables han de tenerse en cuenta en una clase de casos y no en otra. Si se desestimara incluso esta posibilidad teórica, la conclusión necesaria sería que la determinación del resultado es puramente arbitraria. Y sin embargo, podría insistirse aún, la propia arbitrariedad de un resultado numérico obedece siempre a alguna fórmula, aunque su estructura y sus variables puedan juzgarse inconvenientes o injustificadas. Es posible, pues, criticar una fórmula tanto por su estructura como por sus variables, elementos todos estos que requieren una justificación ajena al propio cálculo; pero es literalmente imposible prescindir de la aplicación de alguna fórmula cuyos elementos se juzguen debidamente justificados. Toda apreciación de la realidad, matemática o no, constituye necesariamente una forma de reduccionismo, ya que es imposible percibir, representar, recordar o tomar en cuenta las infinitas condiciones de cada situación o estado de cosas. El observador siempre ejerce un juicio, a menudo implícito, acerca de la relevancia que atribuye a ciertas condiciones, que son las que escoge para su consideración. Para el examen de los perjuicios civilmente resarcibles, este tribunal aplica una taxonomía tradicional que los divide en tres segmentos, a saber, el daño emergente, el lucro cesante (ambos integrantes del daño económico) y el daño moral (o extrapatrimonial). Examinaré a continuación estas categorías, para asegurar que ningún perjuicio resarcible (cuya relevancia pueda justificarse argumentalmente) quede fuera del modelo representativo. El daño emergente es monetario y fácil de medir: consiste en los gastos en los que la víctima haya tenido que incurrir como consecuencia directa del daño sufrido. Esos gastos, probados o, si tal fuera el caso, estimados de acuerdo con las circunstancias, han de ser restituidos en su totalidad (arts. 1078, 1083, 1086, primera parte, del Código Civil). El lucro cesante (art. 1086, parte final, del Código Civil) también es monetario, aunque más aleatorio. Comprende la diferencia entre los ingresos que pueda calcularse que la víctima tendrá a partir del daño sufrido y los ingresos que pueda estimarse que la víctima habría tenido si el daño no se hubiese producido. Esta parte del daño es la que pretende medir la fórmula «Vuotto»: toma como punto de partida el ingreso de la víctima (no sólo el salario ganado a las órdenes del responsable, sino su ingreso total proveniente de cualquier fuente laboral, si así re-

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sultase de lo invocado y probado); lo extiende durante toda la vida útil de la victima y calcula una suma de dinero que, percibida de inmediato e idealmente depositada a una tasa de interés reducida (de tal modo de conservar tentativamente el poder adquisitivo del dinero en el que está expresada), permita a la víctima hacer retiros periódicos equivalentes al porcentaje de pérdida de ingreso resultante del cálculo del daño. Hay aquí dos observaciones internas a formular acerca de la estructura del algoritmo. Una de ellas indica que es altamente improbable que la víctima dé a la indemnización que reciba el uso supuesto por la fórmula «Vuoto»: lo más seguro es que, según cuál sea su cuantía, la destine a pagar deudas, a actualizar consumos postergados o a intentar algún emprendimiento personal de corte lucrativo. Esta elección corresponde a la víctima personalmente y no es apropiado interferir en ella: el uso del capital supuesto por la fórmula de referencia no tiene otro objeto que facilitar el cálculo financiero del resarcimiento del daño en este particular aspecto. La otra observación se refiere a la edad tope con la que se aplique la fórmula. El empleo de la fórmula «Vuoto» ha tomado en cuenta hasta ahora el fin de la «vida útil» de la víctima, estimable en 65 años. Pero el hecho es que la (presupuesta) merma de salario que el trabajador sufra como consecuencia de su incapacidad laboral se reflejará, en la etapa pasiva, en su haber previsional. Por esta razón, y frente a los señalamientos de la Corte, parece justificado ahora introducir esta modificación y elevar la edad tope a 75 años. Pero hay también una observación externa, recogida por el fallo «Aróstegui», acerca de la elección de las variables: que la fórmula congela el ingreso de la víctima, para el objetivo de calcular la indemnización, en e! momento del daño, sin tomar en cuenta la «chance» o perspectiva de mejora del ingreso futuro que seguramente el daño habrá disminuido. Esto es exacto. Ahora bien, en este aspecto puede señalarse que no es ésa la única circunstancia, más o menos aleatoria, que puede incidir en la correspondencia entre el resarcimiento y el verdadero lucro cesante. También es posible que dicho ingreso disminuya o aun desaparezca: la víctima, de no haber sufrido el daño cuyas consecuencias se juzgan, no sólo podría mejorar de fortuna sino también sufrir otro daño posterior o aun fallecer. Y no puede dejar de considerarse además que no se puede conocer a ciencia cierta la cuantía del lucro cesante de un trabajador: es posible que siga trabajando con su incapacidad, si ésta se lo permite y con el consiguiente mayor esfuerzo,

con el mismo salario; es posible también que en algún momento pierda su empleo y le resulte difícil o aun imposible conseguir otro, según la incapacidad que porte, su edad y otras variables propias del mercado de trabajo, cuya evolución es imposible prever. Cualquier medida es puramente conjetural; pero, como es preciso escoger una, se ha entendido apropiado suponer que, habida cuenta de todas estas posibilidades aleatorias, el lucro cesante de la víctima consiste en una afectación de su ingreso en la misma proporción de su porcentaje de incapacidad laboral. Cierto es que, cuanto menor es la edad de la victima, son más probables en su conjunto las eventualidades favorables que las desfavorables. Es posible estimar que aproximadamente a los 60 años de edad el trabajador medio ha culminado su desarrollo laboral y su ingreso se halla estabilizado hacia el futuro. Estas circunstancias, en acatamiento a lo dispuesto por la Corte en «Aróstegui» y teniendo en cuenta los factores aleatorios precedentemente mencionados (perspectivas de mejora y riesgo de desempleo), pueden tomarse en cuenta mediante la siguiente fórmula, de tal modo que la disminución de la escala refleje la reducción de la probabilidad de mejoras respecto de las opuestas, hasta el punto en el que pueda estimarse probable la estabilización del ingreso. Ingreso a computar = ingreso actual x 60 .l. edad (tope de 60 años). En el mismo contexto de las variables a emplear, cabe señalar que la estimación de una tasa de interés de 6 % fue empleada en el momento original porque -a esa tasa- era aproximadamente posible hacer un depósito bancario tal que mantuviese el poder adquisitivo original. Esta situación ha cambiado a lo largo de los años, por lo que parece prudente reducir dicha tasa a la de 4 %, que es la estimada por la propia Corte Suprema, para depósitos en divisas, en el fallo «Massal Juan Agustín c/PEN» del 27/12/06. El daño moral, a su vez, es la dimensión no económica del perjuicio padecido por la victima. Comprende el dolor sufrido por e1 daño, las molestias del tratamiento médico y la disminución afectiva que el perjuicio proyecta hacia el resto de la vida del afectado. Cualquier disminución física -una vez computados el daño emergente y el lucro cesante, y con total independencia de ellos- genera perjuicios que se advierten en el ámbito mental y afectivo (que en una época fue llamado moral) de la víctima: pena, incomodidad, desazón, sensación de disminución, frustraciones, dificultades para desempeñarse en los más diversos aspectos de la vida. Y, si el daño consiste en la muerte de la víctima, una vez

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computados los elementos anteriores y también con independencia de ellos, el perjuicio moral se manifiesta en el ámbito psíquico de los deudos: pena, frustración, pérdida de un ser querido, falta de guía y ejemplo parentales, desgarramiento afectivo por la pérdida de un hijo, por dar algunos ejemplos. En el fallo «Aróstegui» se advierte la necesidad de valorar al trabajador como un ser integral y no sólo como un productor de resultados económicos. Esto es enteramente exacto: la pérdida de resultados económicos corresponde sólo a la parte de la indemnización llamada lucro cesante: todo el resto, la parte no económica del perjuicio, la parte puramente humana, afectiva, valorativa, se halla comprendida en el rubro que genéricamente, y por imperio de la tradición, se denomina daño moral y que excede por cierto el estricto pretium doloris pero no se asimila a los restantes segmentos del perjuicio. De acuerdo con las explicaciones y modificaciones expresadas en los párrafos precedentes, considero que el monto del resarcimiento por daño material (lucro cesante) debe consistir en principio en una suma de dinero tal que, puesta a un interés de 4 % anual, permita -si el titular lo desea- un retiro periódico y similar al que la incapacidad impide presuntivamente percibir, y se amortice en el lapso estimado de vida útil de la víctima. Esto puede obtenerse mediante la siguiente fórmula: C = a x ( l -Vn)xl/i donde Vn = 1/(A + i) a: representa el retiro por período (equivalente a la disminución salarial anual provocada por la incapacidad); n: el número de períodos (cantidad de años que restan al damnificado como expectativa de vida); i: el coeficiente de la tasa de interés en el período (0,04). Para establecer la reparación, tomo en cuenta la incapacidad que presenta el trabajador (13,6 % de la total obrera con carácter permanente según lo informado por el perito médico a fs. 5661568); la edad que tenía al momento de sufrir el infortunio (29 años) y el ingreso de $ 1.249,65, estimado según la fórmula ya descripta a partir de la edad ya referida y del salario de $ 604, por lo que el resultado numérico de la fórmula asciende a $ 25.906,45. El daño moral es un rubro distinto del material, No tiene directa relación numérica con éste, por lo que la pretensión de estimarlo en porcentaje del lucro cesante carece de fundamento racional. Para fijar su cuantía debe tenerse en cuenta la evolución de las lesiones que cons-

tan en las historias clínicas, así como la incapacidad resultante en cuanto ella trae presuntivamente aparejados perjuicios extrapatrimoniales. Como consecuencia de tal apreciación, estimo equitativo fijar dicho monto en la suma de $ 13.000,OO. Resulta evidente que la reparación prevista por el sistema de la LRT, que no alcanza al 20 % de la integral, resulta irrisoria si se tiene en cuenta el daño sufrido por el accionante, por lo que en el caso, corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, LRT, en tanto su aplicación resulta lesiva de la protección de la que debe gozar el trabajo según el art. 14 bis y del derecho de propiedad tutelado por el art. 17 de la Constitución Nacional. En virtud del resultado económico del pleito que propongo, el tratamiento de los agravios esgrimidos por la parte actora en cuanto a la exigüidad de las sumas diferencias a condena en la instancia previa se torna abstracto. Trataré, seguidamente, los agravios esgrimidos por la aseguradora de riesgos del trabajo en tanto fue condenada al pago de las sumas derivadas de la reparación integral. La citación de Liberty ART S.A. no se enmarca en las disposiciones del art. 94 del CPCC. Este tipo de intervención de terceros en un proceso se halla regulado por el art. 118 de la ley 17.418, que dispone «. . .la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o la ejecución de la sentencia el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro.. .». Podría argumentarseque este supuesto especial de citación involucra sólo aquellos casos en los que, de un modo estricto, la eventual condena coincide con el objeto del seguro. Sin embargo, y aun cuando la condena no se funda en las normas contempladas en la respectiva póliza de seguro (ésta sólo cubre la responsabilidad de la empleadora derivada de la ley 24.557), esta Sala ha responsabilizado a las aseguradoras de riesgos del trabajo en las acciones fundadas en el artículo 1113 del Código Civil, sin perjuicio de que tal responsabilidad se viera ceñida económicamente a los límites de la póliza (SD 83528 del 7/5/02 en autos ((Fernández c/Asemp» y SD 83626 del 3015102 en autos ((Roibal, Juan M. c/Raico S.A.))). En tales precedentes se sostuvo que si el accidente sufrido se encuentra dentro de los cubiertos por el seguro de riesgos de trabajo, la indemnización que se reconoce en los términos del derecho común, por ser plena, incluye los montos que la aseguradora debió haber liqui-

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dado en los términos de la ley 24.557. Como no existe la posibilidad de que el trabajador perciba indemnizaciones distintas por el mismo hecho, es decir, no hay duplicación en tal sentido, se impone la condena a la apelante. Nótese que la exención de toda responsabilidad a Liberty ART S.A. implicaría una lesión a la empleadora del actor, que se encontraba obligada a contratar el seguro y, consecuentemente, cubierta en esa medida frente a los eventuales infortunios de sus dependientes, y un enriquecimiento de la propia aseguradora, dada la existencia de un hecho que la habría obligado a pagar las sumas previstas por la ley 24.557. Lo precedentemente expuesto lleva a aplicar, en el presente, las previsiones del art. 118 de la ley de seguros. El agravio sobre el punto debe ser desestimado. Tampoco resulta atendible el agravio esgrimido por Liberty ART S.A. respecto de su citación fue requerida en los términos de la póliza prevista por la ley 24.557. Si bien el seguro contratado no cubre las reparaciones fundadas en el derecho común, lo cierto es que las enfermedades profesionales que padece el actor se encuentran cubiertas por el seguro de riesgos del trabajo y, por lo tanto, la indemnización que se reconoce al dependiente en la causa, por ser plena, incluye los montos que la aseguradora debió haber liquidado en los términos de la ley 24.557. Desde tal perspectiva, el tratamiento de los agravios vertidos por la apelante en cuanto al valor del ingreso base denunciado por el asegurado y aquél que resultara probado en la causa se torna abstracto. Resta analizar las quejas vertidas por la demandada HSBC Bank Argentina S.A. y el tercero USER respecto de la condena en forma solidaria en su contra. No es motivo de controversia que HSBC Bank Argentina S.A. contrató el mantenimiento de sus sucursales y edificios con USER, la que a su vez subcontrató con Mylba S.A. el servicio de mudanza y traslados de objetos y muebles de una sucursal a otra. La entidad bancaria hace hincapié en que su actividad normal y específica dista notablemente del objeto social de Mylba S.A., ya que ésta es una empresa de mudanzas. Le asiste razón. El art. 30 de la LCT dispone: ({Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y especifica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus con-

tratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social. El incumplimiento de alguno de los requisitos, hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado)). Por ende, para que resulte aplicable al caso la solidaridad prevista en el art. 30 de la LCT deben darse los siguientes presupuestos: subcontratación de trabajos o servicios, tratarse de la actividad normal y especifica propia del establecimiento y cumplir el trabajador la tarea en beneficio directo del principal. Ahora bien, la actividad principal de la entidad bancaria se podría resumir en operaciones financieras y bancarias. Entiendo que la actividad de mudanza es accesoria y esencialmente escindible, ya que no conforma una entidad técnica de ejecución entre la principal y su contratista, lo que impone descartar el segundo supuesto previsto en el art. 30 de la LCT (en sentido análogo, ver CSJN, 15/4/1993 ((Rodriguez Juan R. c/Cia. Embotelladora Argentina SA y otro)) (DT- 1993-A-754). Por ello, propongo revocar este segmento de la decisión impugnada. Las consideraciones expuestas respecto de HSBC Bank Argentina S.A. sellan la suerte de la queja de USER, ya que fue condenada en la instancia previa en los términos del art. 94 del CPCCN. El tercero en un proceso no asume una posición autónoma sino que se encuentra subordinada a la parte que provocó su intervención. Su citación sólo tiene por objeto evitar que en la eventual pretensión regresiva que la demandada ejerza, el tercero oponga la excepción de negligente defensa. HSBC BankArgentina S.A. cita como tercero a USER, empresa que contrató para que se hiciera cargo de la gestión de los servicios de organización y mantenimiento de los inmuebles del grupo económico que la primera integra, en los términos del art. 94 del CPCCN, y resulta vencedora en el proceso. Por ello, considero que no se hallan reunidos los presupuestos fácticos contemplados en el art. 94 del CPCCN -eventual acción regresiva- para extender la condena a USER y auspicio, por lo tanto, revocar el pronunciamiento de grado en el punto. La forma de resolver la cuestión torna abstracto el tratamiento de la apelación deducida por HSBC Bank Argentina S.A. respecto del acogi-

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miento de los reclamos indemnizatorios con fundamento en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la LCT. En definitiva y en virtud de las consideraciones vertidas, propongo modificar el fallo de grado, elevar el monto de condena en concepto de reparación integral a la suma de $ 38.888,17 y eximir de responsabilidad a HSBC BankArgentina S.A. y US Equities Reality (Argentina) LLC. La modificación introducida lleva a dejar sin efecto las costas y los honorarios fijados en origen (articulo 279 del CPCCN). En consecuencia, propongo imponer las costas en ambas instancias por el acogimiento de los reclamos indemnizatorios derivados del distracto a cargo de Mylba S.A., a excepción de las costas en relación con HSBC Bank Argentina S.A., que se impondrán a cargo de la parte actora (art. 68 del CPCCN). En relación con el acogimiento del reclamo en concepto de reparación integral, propongo imponer las costas en ambas instancias a cargo de Mylba S.A. y Liberty ART S.A. -en los limites del contrato de cobertura-, a excepción de las costas en relación con HSBC Bank Argentina S.A., que se impondrán a cargo de la parte actora (art. 68 del CPCCN). También auspicio imponer las costas generadas en ambas instancias en relación con US Equities Reality (Argentina) LLC, a cargo de HSBC Bank Argentina S.A. quien requirió su citación en los térmirios del art. 94 del CPCCN. En atención al mérito y a la extensión de las labores desarrolladas, cabe regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora, HSBC Bank Argentina S.A., US Equities Reality (Argentina) LLC, Mylba S.A., Liberty ART S.A., el perito médico y el perito contador en 20 %, 15 %, 15 %, 11 %, 13 %, 7 % y 7 % del monto de condena más intereses respectivamente, de lo que en definitiva, les corresponda percibir al calcularse la liquidación que prevé el articulo 132 de la L.O. (art. 38 de la ley 18345, leyes 21.839 y 24.432). (Esta Sala ha decidido en la sentencia No65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos ((Quiroga, Rodolfo clAutolatina Argentina S.A. S accidente I - ley 9688», que el impuesto al valor agregado es indirecto y, por lo tanto, grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ((Compañia General de Combustibles S.A. slrecurso de apelación»(C.181 XXlV del 16 de junio de 1993), al sostener que «no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionándoselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del

profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto)). Propongo que se haga saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de BuenosAires. Se hace saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en el caso de corresponder, debe adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 29 del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado art. 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80, ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II, Acordada CSJN No6/05). Voto, en consecuencia, que se modifique la sentencia apelada en el sentido de eximir de responsabilidad a HSBC Bank Argentina S.A. y US Equities Reality (Argentina) LLC y se eleve el monto de condena a la suma de $ 38.888,17 (por el reclamo con sustento en los arts. 1113 y concordantes del Código Civil), que llevará los intereses fijados en el pronunciamiento recurrido. Auspicio imponer las costas en ambas instancias por el acogimiento de los reclamos indemnizatorios derivados del distracto a cargo de Mylba S.A., a excepción de las costas en relación con HSBC Bank Argentina S.A., que se impondrán a cargo de la parte actora (art. 68 del CPCCN). En relación con el acogimiento del reclamo en concepto de reparación integral, propongo imponer las costas en ambas instancias a cargo de Mylba S.A. y Liberty ART S.A. -en los limites del contrato de cobertura-, a excepción de las costas en relación con HSBC Bank Argentina S.A., que se impondrán a cargo de la parte actora (art. 68 del CPCCN). También auspicio imponer las costas generadas en ambas instancias en relación con US Equities Reality (Argentina) LLC, a cargo de HSBC Bank Argentina S.A. quien requirió su citación en los términos del art. 94 del CPCCN. Propicio que se regulen los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora, HSBC Bank Argentina S.A., US Equities Reality (Argentina) LLC, Mylba S.A., Liberty ART S.A., el perito médico y el perito contador en 20 %, 15 %, 15 %, 11 %, 13 %, 7 % y 7 % del monto de condena más intereses respectivamente, de lo que en definitiva, les corresponda percibir al calcularse la liquidación que prevé el articulo 132 de la L.O., proporción que no incluye el impuesto al valor agregado. En caso de corresponder, a los honorarios fijados se adicionará el mon-

to relativo la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber a la condenada en costas que en la etapa del art. 132 L.O. deberá abonar la contribución prevista en el inciso 3 del articulo 62 de la ley mencionada, todo bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente. (art. 80, ley 1181 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN No. 615). Los doctores Eiras y Porta dijeron: Que adherimos al voto que antecede por compartir sus fundamentos. Por ello, el Tribunal RESUELVE: l.- Modificar la sentencia apelada en el sentido de eximir de responsabilidad a HSBC Bank Argentina S.A. y US Equities Reality (Argentina) LLC y elevar el monto de condena a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO NOVECIENTOS SEIS CON 451 100 CENTAVOS ($ 38.90645) por el reclamo con sustento en los arts. 1113 y concordantes del Código Civil, que llevará los intereses fijados en el pronunciamiento recurrido; 11.- lmponer las costas en ambas instancias por el acogimiento de los reclamos indemnizatorios derivados del distracto a cargo de Mylba S.A., a excepción de las costas en relación con HSBC Bank Argentina S.A., que se impondrán a cargo de la parte actora; 111.- En relación con el acogimiento del reclamo en concepto de reparación integral, imponer las costas en ambas instancias a cargo de Mylba S.A. y Libet3yA.R.T. S.A. -en los limites del contrato de cobertura-, a excepción de las costas en relación con HSBC Bank Argentina S.A., que se impondrán a cargo de la parte actora; !V.- lmponer las costas generadas en ambas instancias en relación con US Equities Reality (Argentina) LLC, a cargo de HSBC Bank Argentina S.A. quien requirió su citación en los términos del art. 94 del CPCCN; !V.- Regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora, HSBC Bank Argentina S.A., US Equities Reality (Argentina) LLC, Mylba S.A., Liberty ART S.A., el perito médico y el perito contadoren20%,15%,15%,11 %,13%,7%y7%delmontodecondena más intereses respectivamente, de lo que en definitiva, les corresponda percibir al calcularse la liquidación que prevé el artículo 132 de la L.O., proporción que no incluye el impuesto al valor agregado; V.- Hacer saber que, en caso de corresponder, a los honorarios fijados se adicionará el monto relativo la contribución del inciso 2 art. 62, ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber a la condena-

da en costas que en la etapa del art. 132 L.O. deberá abonar la contribución prevista en el inciso 3 del articulo 62 de la ley mencionada, todo bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente. (art. 80, ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN No. 615). Regístrese, notifiquese y oportunamente, devuélvase.//Fdo.: ELSAPORTA- ROBERTO O. EIRAS- RICARDO A. GUIBOURG. Ante mí: Liliana Noemí Picón, L.P. Secretaria.

8 8. SENTENCIAACLARATORIA FALLO KMÉNDEZD ACLARATORIA SENTENCIA No 89.65411 - CAUSA No 27593104 KMENDEZ ALEJANDRO DANIEL CIMYLBA S.A. Y OTROS S/ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL» - JUZGADO NO 61. Buenos Aires, 8 de mayo de 2.008. VISTO Y CONSIDERANDO: Que en la sentencia dictada por este Tribunal a fs. 7411752, a los fines de establecer el resarcimiento por daño material con sustento en lo normado por los arts. 1113 y conc. del Código Civil, se tuvieron en cuenta la incapacidad del trabajador (l3,6 %), su edad al momento de sufrir el infortunio (29 años) y el salario de $ 604; Que para el cálculo del ingreso a computar se utilizó la edad estimada de 60 años en la que el trabajador medio ha culminado su desarrollo laboral y su ingreso se halla estabilizado hacia el futuro, referida en el pronunciamiento (604 x 60 : 29 = $ 1.249,65); Que, sin embargo se advierte que en el fallo se ha incurrido en errores aritméticos al calcular la reparación por daño material, ya que: a) Se utilizó una tasa de interés de 6 % (1 : 6 x 100 = 16,66), en lugar de 4 % (1: 4 x 100 = 25), y b) En el cálculo de vida remanente (variable n) se tomó el tope anterior de 60 años, en lugar del nuevo de 75; Que al tratarse de errores subsanables por la vía del articulo 104 de la ley 18.345, corresponde su corrección de oficio; Que corresponde establecer el coeficiente por edad sobre la base de la vida útil del trabajador posterior al infortunio (46 años) y un interés de 4 % anual (1 - 0,164614 = 0,835386);

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Que, en virtud de lo expuesto, corresponde establecer que el resarcimiento por daño material arroja un importe de $ 46.142,15 (1.249,65 x 13 salarios devengadas en el año x 13,6 % x 25 x 0,835386) y, en consecuencia, el monto de condena por el reclamo con sustento en los arts. 1113 y concordantes del Código Civil asciende a la suma total de $ 59.142,15 ($46.142,15 más $ 13.000 en concepto de daño moral); Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: l.- Corregir la parte resolutiva de la sentencia de fs. 7411752 en los términos indicados precedentemente y establecer que el monto de condena por el reclamo con sustento en los arts. 1113 y 2 concordantes del Código Civil asciende a la suma total de $ 59.142,15 con intereses. Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. ELSAPORTA, O. EIRAS,Juez de Cámara. - RICARDO A. Juez de Cámara. - ROBERTO GUIBOURG, Juez de Cámara. Ante mi, Liliana Noemi Picón, L.P. Secretaria.

ANEXOll NOV~SIMOSFALLOS EN TORNO A LOS ASPECTOS CONTROVERSIALES DEL REGIMEN

En el presente anexo hemos recopilado una importante cantidad de fallos en donde se tratan los aspectos más relevantes del régimen de accidentes y enfermedades del trabajo. Las prestaciones dinerarias, razón de ser de esta obra, ocupan la mayor parte de la doctrina judicial presentada. Sin embargo, otros temas no menos importantes también son tratados: aplicación temporal, competencia, constitucionalidad e inconstitucionalidad de determinados puntos de las reformas, etc. El lector podrá encontrar distintas voces en torno a los aspectos controversiales en diversos fallos de tribunales inferiores y superiores, de Capital y provincias. Dado que hay una gran coincidencia de temas tratados en cada fallo, los hemos ordenado siguiendo un criterio alfabético por los nombres de las partes. Por razones de extensión, en la versión papel hemos insertado sólo los resúmenes para que el lector pueda tener un panorama general del caso y la postura del órgano jurisdiccional en mención. En el CD-ROM ofrecemos todos los fallos a texto completo.

$ 2 . RESÚMENES DE FALLOS 46 RIESGOSDEL TRABAJO. ACCIDENTE LABORAL. LEY26.773. ÁMBITODE PRIMERA MANIFESTACIÓN INVALIDANTE QUE SE PRODUJO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773.

APLICACIÓN TEMPORAL.

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Véase en el CD-ROM el texto completo de todos los fallos.

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PRESTACIONES EN DINERO Y EN ESPECIE. VIGENCIA. ART. 17, INC. 5O, DE LA LEY 26.773. MONTORESARCITORIO DE CONDENA. ART.14 DE LA LEY 24.557. NO SE APLICAN MODIFICACIONES QUE A ESE ORDENAMIENTO FIJÓ LA LEY 26.773 «Se encuentra fuera de discusión que la primera manifestación invalidante del actor se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley 26.773 (611012009 y 2611012012 -fecha de su publicación en el Boletín Oficial-, respectivamente), extremo que resulta decisivo para resolver si corresponde aplicar o no retroactivamente los beneficios del nuevo régimen normativo al caso de autos.)) «La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso de aristas similares (((Lucca de Hoz, Mirta Liliana cITaddei, Eduardo y otro slaccidente - acción civil)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA62201 C.S.J.N., L. 515, L.XLIII, del 171811O), se expidió en contra de la aplicación retroactiva de! decreto reglamentario 1278100, el cual otorgaba mayores beneficios en las prestaciones adicionales contempladas por la ley 24.557. Si bien el criterio apuntado difiere del que fuera sostenido por esta sala X en anteriores pronunciamientos, razones de economía procesal imponen el deber de acatar esta doctrina (ver S.D. No 19.279 del 2011212011 «in re» ((Vizcarra, Raúl c1Mapfre Argentina ART S.A. y otro slacción de amparo)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA73641, en la cual por los argumentos apuntados se desestimó la aplicación retroactiva del decreto 1.694109).» «...la ley 26.773 establece que «Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestacibn invalidante se produzca a partir de esa fecha)) (art. 17, inc. 5O, el subrayado me pertenece), supuesto que -como señalé en forma precedente- no acontece en el presente caso.)) («A. C. M. c1Mapfre Argentina ART S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala X, 30/08/2013, elDial.com - AA82C9)

SINIESTRO ACAECIDO CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA 26.773. COMPETENCIA MATERIAL. ART.4 DE LA LEY 26.773. INCONSTITUCIONALIDAD. DESPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE SUS JUECES NATURALES. DIFERENCIAS DISCRIMINATORIAS PERJUDICIALES ESTABLECIDAS ENTRE AQUELLOS TRABAJADORES ACCIDENTADOS ANTES O DESDE LA LEY

NOV~SIMOS

FALLOS 1 '173

VIGENCIA DE LA NUEVA NORMATIVA. VIOLACIÓNDEL ((PRINCIPIO PROTECTORIO)). SE REVOCA PRONUNCIAMIENTO. SE DECLARA LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO PUES DE LA FECHA DE

«...contrariamente a lo que manifiestan la a quo y el Sr. Fiscal General, el actor ha identificado claramente, y de manera nada dogmática (sujeto a prueba, claro está, ya que en modo alguno se adelanta un resultado), el perjuicio al cual se vería sometido, de acometerse a un traslado de la competencia a la justicia civil.)) (Dra. Cañal, según su voto) «. ..desplazar una cuestión laboral hacia el juez civil, implica arrojar al trabajador a un área en donde la materia a tratar supone igualdad ante las partes, lo que claramente no es el caso del derecho del trabajo.» (Dra. Cañal, según su voto) «...no es otra cosa que el respeto por el derecho vigente, siempre y cuando el mismo supere el control de constitucionalidad que implica al de convencionalidad, el que me anima a considerar inadmisible la incompetencia del fuero para entender en las presentes actuaciones.)) (Dra. Cañal, según su voto) «Al respecto, ya hice referencia a las perjudiciales diferencias discriminatorias que se establecerían entre aquellos trabajadores accidentados antes o después de la fecha de vigencia de la nueva normativa, en caso de que la misma se aplicara como una divisoria de aguas.)) (Dra. Cañal, según su voto) ((Entonces, dado que el trabajador se encontrarla eminentemente perjudicado, y siendo que estimo que el art. 4 de la ley 26.773 es inconstitucional, corresponde revocar la resolución y determinar la competencia de esta justicia para entender en la causa.)) (Dra. Cañal, según su voto) «El último párrafo del art. 4 de la ley 26.773 establece: «En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil)). La norma se complementa con el ap. 2' del art. 17, que consagra la competencia en la Capital Federal de la Justicia Nacional en lo Civil.. . Así, se consagra un intento de desplazar a los trabajadores de sus jueces naturales y se soslaya que lo verdaderamente relevante, a efectos de fijar la competencia material, es la alegación de un vínculo de naturaleza laboral. Lo que importa es que se trate de una relación de linaje laboral, y por ello las leyes de procedimierito fijan competencia para los juicios ((aunque se funden en disposiciones

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de derecho común)) (art. 20, ley 18.345)~)(Dr. Rodriguez Brunengo, según su voto) «. ..se normativiza la violación del principio protectorio instaurado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que constituye al trabajador en sujeto de preferente tutela, así como de las normativas de los Tratados internacionales que constituyen el ius cogens, de prioridad insoslayable y de cumplimiento incuestionable ante lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (Concluida en Viena el 23 de mayo de 1969, ratificada por la República Argentina el 5 de diciembre de 1972, entró en vigor el 27 de enero de 1980), en sus arts. 26 y 27 que vedan la posibilidad de invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado y establecen la obligatoriedad de los mismos y el deber de cumplirlos de buena fe.» (Dr. Rodriguez Brunengo, según su voto) («A., J. B. c/Estancia La República S.A. y otro S/ accidente - acción civil)). CNTrab., Sala 111, 30/6/2014, elDial.com - AA89D9)

NOV~SIMOSFALLOS

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«La acción fundada en el derecho civil interpuesta por la víctima de un infortunio o enfermedad laboral ocurrido anterioridad a la vigencia de la ley 26.773, como es caso de autos, en que la lesión y sus consecuencias fácticas y jurídicas se produjeron en el tiempo anterior a la nueva ley, tenía un diseño distinto a la prevista en el art. 4 de aquella, ya que regía el art. 39,l de la ley 24.557 derogado, que vedaba el acceso al reclamo civil, con la interpretación que del mismo hizo la Corte Federal en los citados casos Aquino [Fallo en extenso: elDial.com -AA242F] y Llosco [Fallo en extenso: elDial.com -AA3E03], generando un verdadero derecho judicial que desalojó el texto legal, para hacer realidad el principio protectorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional.)) (((Albornoz, Héctor Daniel c/Vía Bariloche S.A. y otros S/accidente acción civil)). CNTrab., Sala VI, 28/5/2013, elDial.com - AA80AB)

RIESGOS DEL TRABAJO. NORMA APLICABLE. LEY26.773. ÁMBITODE APLICONTINGENCIA QUE, SI BIEN ESTÁ CONTEMPLADA EN LA LEY 24.557, TUVO SU PRIMERA MANIFESTACIÓN INVALIDANTE CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LEY 26.773. DESVALORIZACION MONETARIA. ART. 17, INC. 6, DE LA LEY 26.773. PRESTACIONES DlNERARlAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE -PREVISTAS EN LA LEY 24.557 Y SUS MODIFICATORIAS,Y SU ACTUAL~ZACIONMEDIANTE EL DECRETO 1694/09-. ~NDICE RIPTE. AJUSTE CACION TEMPORAL.

RIESGOSDEL TRABAJO. COMPETENCIA. INFORTUNIO LABOWL OCURRI26.773. ACCIÓNCIVIL. ARTS.4 Y 17, INC. 2, DE LA LEY 26.773. INTERPRETACIÓN NORMATIVA. NO ES POSIBLE SEPARAR EN LA LEY 26.773 SUS DISPOSICIONES ADJETIVAS DE LAS SUSTANCIALES, SIN AFECTAR DERECHOS ESENCIALES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS INFORTUNIOS LABORALES. DOCTRINADEL PRECEDENTE «VIRGILLI»DE LA CNTRAB.SE REVOCA LO DECIDIDO. COMPETENCIA DE LA JUSTICIANACIONAL DEL TRABAJO DO ANTES DE LA SANCIÓN DE LA LEY

«La ley 26.773 no establece en efecto su aplicación retroactiva.)) «Debe interpretarse que no es posible en esta ley separar sus disposiciones adjetivas de las sustanciales, sin afectar derechos esenciales de protección contra los infortunios del trabajo, en tanto las segundas constituyen un regreso al denominado régimen de «opción con renuncia)), es decir la posibilidad para el trabajador o sus derecho habientes de escoger la acción civil renunciando a la tarifa, mientras que al producirse las circunstancias fácticas que motivan esta litis regia el sistema de acumulación conforme al criterio fijado por la Corte Federal en los conocidos precedentes «Aquino» [Fallo en extenso: elDial.com - AA242Fl (Fallos 327:3753) y Llosco [Fallo en extenso: eIDial.com AA3€03](330:3296). .. Análogo señalamiento efectuó el Dr. Álvarez en el Dictamen de la causa Virgilli [Fallo en extenso: elDial.com -AA7ED5].»

«La ley 26.773, rige plenamente desde el octavo día de su publicación. Es decir, que está vigente desde el 4 de noviembre de 2012, en virtud de no contar con norma alguna de aplicación inmediata. Lo que de todos modos no obstaculiza a que algunas normas de tipo adjetivo contenidas en la ley, sí resulten inmediatamente operativas, aún por hechos anteriores. Así lo entendieron por ejemplo, la Cámara de Trabajo de Córdoba, Sala X, el 21/12/12, in re ((Martín, Pablo Darío c/Mapfre ART S.A. slaccidente)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA7D431, en la hipótesis del RIPTE (art.17, inc.6 de la nueva ley) y de la indemnización adicional de pago único (art.3 in fíne, ib), la que a su vez remite al decisorio de su par mendocina, sala VII, in re ((Godoy, Diego Maximiliano c l MapfreArgentina, del 12111/12)) [Fallo en extenso: elDial.com -AA7E27]. Otro tanto, hizo la Sala VII, de la Cámara cordobesa in re ((Ludueña, Prudencia Beatriz, c/ Asociarte ART S.A., el 15/3/13», y la misma sala el 15/4/13, in re ((Granero, Francisco José c/Consolidar ART S.A.)), así como la Sala ill, de igual jurisdicción, in re ((Torres, Manuel Rodolfo c l

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NOV~SIMOSFALLOS 1 177

V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

La Segunda ART S.A.)), del 4/3/13". En estos precedentes, se manejó el argumento capital de que, resolver de otro modo, implicaría violar lo normado por el artículo 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, así como el 2.1 del PIDESC (a lo que personalmente agregaría toda la normativa nacional e internacional sobre discriminación), en la inteligencia de que se generaría una discriminación entre los propios trabajadores, quedando en mejor situación quienes se accidenten luego de la entrada en vigencia de la ley que los anteriores.)) (Del voto de la mayoría) «En un razonamiento análogo en que tienen en cuenta la desvalorización monetaria, la ley 26.844, sobre el Régimen Especial del Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (pub. en B.O. el 1214113), establece la forma en que se actualizarán los salarios, y cuál será la tasa aplicable. En efecto, el artículo 70, dispone que «los créditos demandados provenientes de las relaciones laborales reguladas por la presente ley, en caso de prosperar las acciones intentadas, deberán mantener su valor conforme lo establezca el Tribunal competente, desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su efectiva y total cancelación.» (Del voto de la mayoría) «La ley 26,773, en su artículo 17, inciso 6, establece que las presta-, ciones en dinero por incapacidad permanente, previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaria de Seguridad Social, desde el 1' de enero de 2010. En consecuencia, considero que resulta aplicable lo dispuesto por la ley 26.773, a fin de mantener inalterable el crédito de la parte actora.)) (Del voto de la mayoría) «El art. 17 de la ley 26.773 establece que «...las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.)). .. el apartado 6 del mismo artículo expresa: «...Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RlPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaria de Seguridad Social, desde el 1' de enero de 2010. ..D. De esta manera considero extendido el ámbito

temporal de aplicación de la norma aludida, en tanto dispone su obligatoriedad no sólo a partir de su publicación en el Boletín Oficial, sino también a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557, el decreto 1278100 y decreto 1694109 sin sujeción a plazo alguno, por lo que corresponde su aplicación al caso de autos.)) (Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto) (((Albornoz,Carlos Fernando clProvincia ART S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala 111, 241912013, elDial.com - AA82C8)

RIESGOSDEL TRABAJO. RECLAMO CON SUSTENTO EN EL DERECHO CONORMAAPLICABLE. ART.3 DEL CÓDIGOCIVIL.OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR. ALCANCES DE RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR. NORMA VIGENTE AL MOMENTO DEL SINIESTRO. ART. 17, PUNTO 5, DE LA LEY 26.773. DISPOSICIONES ATINENTES A LAS PRESTACIONES EN DINERO Y EN ESPECIE. VIGENCIA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY EN EL BOLET~NOFICIAL. SINIESTRO ACAECIDO ANTES DE DICHA PUBLICACIÓN. ~NAPL~CAB~L~DAD AL CASO DE LA LEY 26.773. SE REVOCA RESOLUCIÓN. COMPETENCIA DE LA JUSTICIA MÚN.

NACIONAL DEL TRABAJO

«...se comparte lo dictaminado por el Fiscal General por aplicación del art. 3 del Código Civil, las leyes rigen para el futuro, sin retroactividades implícitas, salvo disposiciones expresas y sin desmedro de la garantía constitucional de la propiedad. Por lo expuesto y atendiendo a la doctrina emanada de los Fallos Plenarios Nro. 225 y 277 (in re ((Prestigiácomo, Luis clPirelli S.A.)) [elDial.com - APE41 y»Villamayor, José Domingo clLa Franco Argentina S.A.)) [Fallo en extenso: elDial.com -AA58DC]), es evidente que la norma aplicada por el magistrado de la anterior instancia no resulta operativa en la especie, en tanto determinan que la ley vigente al momento del siniestro fija los alcances de la responsabilidad del empleador respecto de la obligación de indemnizar. Resolver de modo diverso sería conculcar lo establecido en el art. 3 del Código Civil y lo expresamente indicado en el art. 17, punto 5, de la ley 26.773 que, claramente, prescribe que las disposiciones de la ley entraran en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. Cabe tener presentes los cuestionamientos constitucionales planteados respecto de la ley 26.773, pero la solución

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del caso ((prae manibus)) torna innecesario considerarlos en este tramo del proceso.)) «Como el accidente denunciado en la causa data del 12 de octubre de 2010, esto es, dos años antes de la publicación de la Ley de Ordenamiento citada (B.O. 26110/2012), es claro que tal dispositivo legal no debe aplicarse al sub lite, menos aún cuando ésta no resulta ser más beneficiosa para el trabajador.)) «...corresponde revocar lo decidido en origen sobre el particular y, en su mérito corresponde, declarar la aptitud jurisdiccional de este fuero para entender también en el reclamo con sustento en el derecho común, peticionado en las presentes actuaciones.)) («Arone Salas, Arturo clAktura Trading S.A. S/ despido)). CNTrab., Sala VI 1, 111412013, elDial.com - AA7EA7)

RIESGOSDEL TRABAJO. LEY26.773. APLICACION NORMATIVA. COMPETENCIA. DICTAMEN 56350 EN CAUSA «VIRGILLI»DE LA CNTRAB.ACCIONES JUDICIALES INICIADAS POR LA V ~ ADEL DERECHO CIVIL. ART.4 DE LA LEY 26.773. DESPLAZAMIENTO DEL TRABAJADOR DE SU JUEZ NATURAL. PERJUICIOS SUFRIDOS POR QUIENES SE ACClDENTEN BAJO LA VIGENCIA DE LA NUEVA LEY. ASPECTOS CENTRALES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL -GRATUIDAD, GARANT~ADE ACCESO A LA JUSTICIA-. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO «PRO HOMINE)). SE REVOCA SENTENCIA. APTITUDJURISDICCIONAL DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO, PARA ENTENDER EN LAS PRESENTES ACTUACIONES NO

«...se trata de una acción nueva, con lo cual no podría regir la aplicación inmediata en casos donde los accidentes sean previos a la vigencia de la ley, puesto que el principio de aplicación inmediata rige «en tanto y en cuanto el derecho al que se aplica la nueva norma procesal hubiese existido con anterioridad a la creación de ésta, y no en aquellos casos, como el que nos reúne, en los cuales la misma ley prevé una acción que no existía y le prescribe un trámite específico)) (dictamen 56.350, del 612113, in re ((Virgilli, Darío Ernesto c l Federación Patronal Seguros S.A. y otros slaccidente - acción civil, CNAT)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA7ED51, criterio compartido no por unanimidad, en el decisorio de la Sala V, S.I. No 29.740, del 1814113, el que también fue sostenido por la Sala IX, S.I. 13.790, del 2513113, in re ((Mendoza, Jorge Luis clBruno, Gerardo Reinaldo y otro slaccidente, acción civil)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA7DEO1, y por la Sala II, S.I. 63.509, del 2113113, in re ((Sanabria, Gustavo Adolfo clLos Consti-

despido))). I .. De modo que acaecido un accidentuyentes SAT y otro S te en vigencia de la 26.773, no cabe duda de que es la ley aplicable, no así si se trata de un evento anterior.)) «...considero la evidente inconstitucionalidad en este nuevo paradigma (derecho vigente, que los positivistas, en particular, no podrían dejar de advertir dada su especial mirada sobre el derecho) del artículo 4 (y su complemento, el artículo 17, inc. 2), que al crear la acción civil, prevé que sea el juez con competencia en esa materia quien atienda la cuestión. Y más aún, aplicando las normas de fondo, de forma y los principios del derecho civil.)) «El desplazamiento del trabajador de su juez natural, atrae una serie de perjuicios para el mismo. Evidentemente, se trata de una discriminación en tres sentidos, aunque siempre en perjuicio del mismo sujeto.. . queda en peor posición quien se accidenta dentro del periodo de vigencia de la ley, que el que lo sufriera antes de ella. Este último sujeto, no sólo contará con el beneficio de una pacífica jurisprudencia que le permitirá reclamar por la vía del derecho común, sino que en caso de reclamar en el marco de la antigua ley de riesgos, tendrá derecho a que se le apliquen en su favor, los artículos 17, inc. 6 y 3, de la ley 26.773, por su carácter adjetivo.. . quien se accidenta dentro de su vigencia, no tendría los beneficios normativos e interpretativos de la disciplina especifica, con los que sí cuentan los trabajadores cuando reclaman por otras cuestiones.. . se pretende una igualdad dentro del proceso civil, cuando ni siquiera la misma existía en el laboral, porque sencillamente en la realidad, el trabajador siempre está en peor situación. De manera que este desplazamiento de juez, normas y principios, no hace más que profundizar la brecha en perjuicio del trabajador.)) «Ese desfasaje entre empleador y trabajador, o entre ART y trabajador, lo vemos en particular destacado en un aspecto procesal, cual es la gratuidad, que constituye ni más ni menos uno de los aspectos centrales del procedimiento laboral, y que hace realidad el acceso a la justicia. De hecho, que un proceso civil no contará el trabajador, con la garantía de acceso a la justicia que implica la gratuidad. Precisamente, el derecho del trabajo es hijo del Constitucionalismo Social (paradigma anterior al vigente), que con sus normas de corte adjetivo ha facilitado el acceso a la justicia.)) «Es evidente que el artículo 4 de la ley 26.773, al desplazar la competencia sin justificativo alguno, colocando en peor situación al trabajador que ni siquiera será sometido a un proceso bajo los principios y

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reglas específicos del derecho laboral, viola el principio pro homine y resulta regresivo.)) c . . .el juez de Primera Instancia ha realizado una ponderación sobre la constitucionalidad de una norma que se debate en el sub lite y, sin embargo, se declaró incompetente. En tal sentido, ya se ha expedido este Tribunal al decidir en los autos «Pera, Pedro c/QBE Argentina ART S.A. slaccidente - ley especial)) (sentencia no 62.631): «Este Tribunal considera que el Sr. Juez de anterior grado, al emitir opinión con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley de Riesgos, asumió la competencia, lo que torna abstracto el planteo)).)) «...corresponde revocar lo decidido, y disponer la aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo, para entender en las presentes actuaciones.)) (((Astudillo, Walter Gustavo c/Prevención ART S.A. S/ accidente acción civil)). CNTrab., Sala lll, 28/6/2013, elDial.com - AA80D8)

PROCEDIMIENTO LABORAL. RIESGOSDEL TRABAJO. ACCIÓNCIVIL. COMPETENCIA. NORMAAPLICABLE. INFORTUNIO ACAECIDO ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 26.773. DOCTRINA DEL DICTAMEN N" 56350 DEL FISCAL GENERAL -CNTRAB-. LEY26.773. RESTABLECIMIENTO DE LA ACCIÓN CIVIL ART. 17, INC. 2-. DISPOSICI~N LEGAL QUE SÓLO PUEDE REGIR PARA LOS INFORTUNIOS ACAECIDOS CON POSTERIORIDAD A SU PUBLICACIÓN. SE REVOCA RESOLUCIÓN. DECLARACIÓN DE COMPETENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO

«Si bien es sabido que el ordenamiento procesal es siempre de aplicación inmediata y no admite retroactividades que podrían alterar la estructura del proceso y violar el derecho de defensa, lo cierto es que, este principio no rige en casos -como el presente- en los cuales la nueva norma procesal prevé una acción que no existía y le prescribe un trámite específico.)) «Es que, el texto originario de la ley 24.557 en su art. 39, inc. 1) actualmente derogado por la ley 26.773- vedaba a los trabajadores el derecho de reclamar con fundamento en el derecho civil, situación ésta, que fue modificada con la reciente promulgación de la ley 26.773 en su art. 17, inc. 1, con el consecuente restablecimiento de la acción civil (esto es, establece para el futuro una acción que no existía), razón por la cual, de acuerdo a lo dicho precedentemente, esta última disposición

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legal sólo puede regir para los infortunios acaecidos con posterioridad a su publicación.)) «En este sentido y tal como lo afirmara el Sr. Fiscal en su dictamen, una acción fundada en el Derecho Civil, con sustento en un accidente anterior a la vigencia de la ley 26.773 -como el denunciado en autos-, debe presuponer una desactivación constitucional del art. 39 de la ley 24.557, y no es una ((acción del art. 4' último párrafo)), para utilizar la expresión del art. 17, inc. 2O. Por otro lado, y dado que en el caso concreto el reclamante invocó expresamente lo dispuesto por el art. 75 de la LCT al fundar su reclamo, dicha circunstancia torna aplicable lo dispuesto por el art. 20 de la LO, sin perjuicio de lo que se resuelva en el momento procesal oportuno en torno a su admisibilidad final.)) «En consecuencia y, compartiendo el criterio expuesto por el Señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, corresponde revocar la resolución y, consecuentemente, declarar la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones.)) («Báez Coria, Aarón Abraham c/Paseo La Vaca S.A. y otro slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala X, 22/3/2013, elDial.com -AA7DFO)

RIESGOSDEL TRABAJO. ACCIDENTE IN ITINERE. SINIESTRO ACAECIDO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773. REPARACIÓN DINERARIA. MONTOINDEMNIZATORIO.AJUSTE. APLICACI~N RETROACTIVA DE LA LEY 26.773. APLICACI~N DEL ~NDICERlPTE -ART. 17, INC. 6, LEY 26.773-. DOCTRINA DEL PRECEDENTE ((ARCURIc/ANSES» DE LA CSJN. PROTECTORIA DE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA SEGURIFINALIDAD DAD SOCIAL. PRESTACION ADICIONAL PREVISTA EN ART. 3 DE LA LEY 26.773. ADMISI~N

«La Sala VI1 de la CNAT, que integro, ha tenido ocasión de aplicar también en este caso, la doctrina indicada ut supra, y lo ha hecho en autos: ((Balderrama, Rudy c/Liberty ART, S.A. S/ accidente)) [Fallo en extenso: elDial.com - AL43281. Lo ha hecho a los 29 días del mes de octubre de 2013. Allí, en voto en que me acompaña la Dra. Beatriz Fontana, señalo que no puede haber duda acerca de la aplicación al caso de autos, aun cuando el accidente sea de fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley. Tal afirmación encuentra base de sustentación, y así lo expreso en el texto indicado, no solo en las condiciones expuestas ut-supra para los casos generales, sino en el fallo «Arcuri

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clANSeS» [Fallo en extenso: elDial.com - AA58FA1 de la CSJN, en lo atinente a aplicar la nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores, edificada sobre la base, no solo de la jurisprudencia reseñada, sino también sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social y el propósito del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales, según lo preceptuado por la propia Constitución Nacional.)) (Dra. Ferreirós, según su voto) «En conclusión, la aplicación temporal de la ley, sobre todo en nuestra disciplina, y más aun en el territorio de la seguridad social, rompe los cánones generales y tradicionales, para dar paso a la firme vigencia del principio de progresividad, enancado en la regla de la norma más beneficiosa y sobre la base inamovible de la dignidad humana. Después de todo, hay también un derecho a gozar de la dignidad, que funciona no solo como causa fuente, sino también como determinante del contenido de los derechos humanos y casi podría afirmarse, que de los derechos en general.)) (Dra. Ferreirós, según su voto) «...veo justo y equitativo determinar el capital de condena en la forma que establece la ley 26.773. Así entonces, cabe tener presente que el YItimo índice publicado por la Secretaria de Seguridad Social corresponde al mes de diciembre del 2013 (999,43)...» (Dra. Ferreirós, segían su voto) «...considero extendido el ámbito temporal de aplicación de la norma aludida (ley 26.773), en tanto dispone su obligatoriedad no sólo a partir de su publicación en el Boletín Oficial, sino también a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557, el decreto 1278100 y decreto 1694109 sin sujeción a plazo alguno, por lo que corresponde su aplicación al caso de autos...» (Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto) (((BarrcellosJavier Olivio clLiderar ART. S.A. S accidente I - ley especial)). CNTrab., Sala Vil, 31/3/2014, elDial.com -AA867E)

PRESTACIONES E IMPORTES POR INCAPACIDAD LABORAL. ART. 8 DE LA LEY26.773. PRESTACIONES DINERARIAS. AJUSTE.~NDICERIPTE. ART. 17, INC. 6), DE LA LEY26773. INTERPRETACIÓN NORMATIVA. EVALUACIÓN DE LA RAZONABILIDAD DE LOS IMPORTES INDEMNIZATORIOS. DOCTRINA DEL PRECEDENTE ((ORUE))DE LA CNTRAB.SE CONFIRMA SENTENCIA «No se trata de la aplicación retroactiva de una ley sino de su utilización con70 parámetro de razonabilidad de los importes indemnizatorios,

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a los fines de dilucidar si la reparación en cuestión resulta o no ajustada a la protección de las garantías constitucionales en juego.)) «...teniendo en cuenta la publicación del decreto reglamentario de la ley 26.773 (dec. 472114) y de las Resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social No3412013 y 312014, es necesario introducir algunas puntualizaciones en orden a los parámetros a utilizar a fin de evaluar la razonabilidad de los importes indemnizatorios.)) «Como ya lo sostuvo esta Sala en la causa ((Cabrera González, Christian Fabián clQBE ART S.A. slAccidente - Ley Especial)), SD no 923112012 del 15/8/2014, «...es oportuno recordar que el art. 8 de la ley 26.773 establece que «. ..los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.. .». Ello debe conjugarse con los términos del art. 17, inc. 6), de dicha ley en cuanto determina que «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2010.)) «El art. 8' (de la ley 26773) se refiere, puntualmente, a los ((impartes», que «. ..se vinculan indudablemente a la suma adicional de pago único del art. 11 de la LRT, a los mínimos indemnizatorios (pisos), previstos en los arts. 14 y 15 como así a los valores correspondientes a la prestación adicional mensual por Gran Invalidez (art. 17).» ((Considero que una prudente interpretación de las normas, que no prescinde de la lógica legal sino que parte de la realidad de los casos que debemos resolver, me inclina a propiciar que, como parámetro de razonabilidad, continuemos ponderando la reparación a otorgar de la manera en que esta Sala lo ha hecho a partir del precedente «Orue» [Fallo en extenso: elDial.com - AL41241, antes mencionado, es decir, valorando la incidencia del RIPTE sobre el valor que arroja la aplicación de la fórmula, sin dejar de comparar su resultado con los importes mínimos a los que se refieren el decreto y las resoluciones mencionadas.» «Por ello, coincido con el temperamento adoptado en origen en cuanO

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to a la aplicación de dicho régimen al presente caso y corolario de ello será la confirmación de la decisión sobre este punto.)) (((Bazzano Sánchez Diego Matías clAseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala 1, 12/9/20 14, elDial.com - AA8 B3A)

DINERARIAS. PRESTACIÓN RIESGOSDEL TRABAJO. PRESTACIONES INDEMNIZATORIA DEL ART. 14, APARTADO 2, INCISO B), DE LA LEY 24.557. AJUSTE.MEJORASINTRODUCIDAS POR LA LEY 26.773. DECRETOREGLAMENTAR10 47212014. TASADE INTERES APLICABLE «El art. 1 del decreto 334196, bajo el pretexto de reglamentar el art. 3 de la ley 24.557, dispuso que «Sólo serán responsables frente a los trabajadores y a sus derechohabientes y exclusivamente con los alcances previstos en la ley 24.557, los empleadores auto asegurados y aquellos que no cumplan con la obligación de afiliarse a una aseguradora, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 13, apartado 1 de la misma ley y en el art. 1072 del Código Civil)) y, ello no constituye una reglamentación del contenido del art. 3, LRT, sino una liberación de responsabilidad al empleador, por la mera afiliación que va más allá de la letra y el espíritu de la ley reglamentada en clara violación a las reglas de los arts. 28 y 99, inciso 2), de la Constitución Nacional... Por ende, sugiero declarar inconstitucional la norma reglamentaria cuestionada en autos y, consecuentemente, extender la condena dispuesta a la empresa asegurada, que fuera la empleadora del demandante.)) «. ..las expresiones contenidas en el art. 2 del reciente decreto 4721 2014, reglamentario de la ley 26.773, llevan a idénticas consideraciones y, por su parte, el texto del art. 17 de dicho reglamento luce, a mi modo de ver, categórico cuando indica que «...sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1694109, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Traba-jadores Estables), desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la ley 26.417))')) «...el art. 8 de la ley 26.773 no ajusta las prestaciones adeudadas, sean de nacimiento anterior al 2611012012, ni posteriores y que únicamente ha dispuesto que los valores mencionados en el art. 11, apartado 4 (modificados por el decreto 169412009 y por la regla del art. 17 O

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apartado 6 de la ley 26.773) y los mínimos de referencia de los arts. 14 y 15 sean «mejorados», en forma periódica y automática.)) «La ley 26.773 no permite actualizar las indemnizaciones que se determinen de acuerdo a la ley 24.557, de manera que voy a proponer que se coteje la indemnización resultante de la ecuación del art. 14, apartado 2, inciso a) de dicha ley con el mínimo proporcional previsto en dicha norma según el valor asignado por la Res. SSN 3412013, de conformidad con lo establecido por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y el decreto 169412009, al momento de la sentencia de primera instancia.)) «...la aplicación inmediata del nuevo régimen de prestaciones económicas de la ley 26.773 y la reformulación del monto mínimo indemnizatorio que le corresponde al accionante, exige rever el régimen de los intereses que deberían aplicarse al caso. Esto no implica alterar un aspecto firme de la sentencia, como lo sería la tasa de interés dispuesta en grado, puesto que la modificación del régimen de prestaciones dinerarias habilita e impone la revisión de tal cuestión.)) N. ..para el caso de que las codemandadas no abonasen la condena dentro del plazo que conceda la Sra. Jueza de grado al aprobar la liquidación del art. 132 LO, propongo que los intereses a calcularse desde el vencimiento de dicho plazo y hasta el efectivo pago sean los previstos por el Acta No 2357 CNAT del 7/5/02, es decir la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, y según las pautas en dicho acuerdo (art. 622 C. Civil).)) (((Bernal, Pedro Julián clRenacer S.A. y otro slinterrupción prescripción)). CNTrab., Sala 11, 28/4/2014, elDial.com -AA878E)

PROCEDIMIENTO LABORAL. RIESGOSDEL TRABAJO. ART. 4 7, INC. 2, DE LA LEY 26.773. ACCIONES JUDICIALES INICIADAS POR LA V ~ ADEL DERECHO CIVIL. COMPETENCIA. JUSTICIACIVIL. SE ESTABLECE PARA EL FUTURO UNA ACCIÓN QUE NO EXIST~A. NORMAQUE RIGE PARA LOS ACCIDENTES OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LOS 8 D ~ A SDE PUBL~CAC~ON DE LA LEY 26.773. ART.3 DEL CÓDIGOCIVIL.SINIESTROACAECIDO ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 26.773. NO PUEDE INTERPONERSE UNA ACCIONFUNDADA EN EL DERECHO CIVIL, PARTIENDO DE LA PREMISA DE QUE SE DEROGO EL ART. 39 DE LA LEY 24.557. SE DECLARA LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO «Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse en un caso con aristas similares (ver S.I. No63.823 del 29104113 en autos «Medina

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Alejandro Pascual clConcelec S.R.L. y otro sIAccidente))), en donde se resolvió que: el art. 17, inc. ZO,de la ley 26.773 estableció la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para los reclamos previstos en el último párrafo del art. 4, o sea los iniciados «por la vía del derecho civil)). Dicha normativa sólo puede regir para los accidentes ocurridos con posterioridad a los 8 días de su publicación en el boletín Oficial, ya que por aplicación del art. 3 del C. Civil las leyes rigen para el futuro, sin retroactividades implícitas, salvo disposiciones expresas, cuyo límite es la garantía constitucional de propiedad. No se trata de transgredir el principio de aplicación inmediata de la normativa procesal, sino de efectuar un análisis específico advirtiendo que esta pauta no se vulnera cuando la norma de fondo y de forma nacen en el mismo acto normativo. La nueva ley establece para el futuro una acción que no existía y le crea un proceso adjetivo que, accesorio de lo sustantivo, sólo puede regir con aquella pretensión de fondo.)) «Si se trata de un accidente ocurrido con anterioridad a la vigencia de la ley 26.773, se debe peticionar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, conforme la doctrina del fallo «Aquino» [Fallo en extenso: elDial.com - AA242F-1, aunque la demanda se interponga con posterioridad. Por lo tanto, un trabajador accidentado antes de la vigencia de la ley 26.773 no puede interponer una acción fundada en e1 derecho civil, partiendo de la premisa de que se derogó el art. 39 ya señalado.)) (((Bonfanti, Melina clGrupo Concesionario del Oeste S.A. y otros S/ accidente acción civil». CNTrab., Sala 1,241512013, elDial.com - AA8094)

ENFERMEDAD LABORAL. AFECCI~N PS~QUICA. VENDEDOR SOMETIDO A SITUACIONES DE MALTRATO POR PARTE DE SUPERIOR, A LO LARGO DEL V ~ N CULO LABORAL. ART. 1113 DEL CÓDIGOCIVIL. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EMPLEADORA. PROCEDENCIA. CUANT~A DEL RESARCIMIENTO. PRESTACIONES DINERARIAS. APLICACI~N DE LAS MEJORAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 26.773 -ART. 17, INCS. 5 Y 6-. PRIMERA MANIFESTACIÓN INVALIDANTE QUE SE PRODUJO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTA NORMA. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. DESPIDOINDIRECTO. JUSTIFICACI~N DEL DESPIDO DECIDIDO POR EL TRABAJADOR c . . .el actor ha sido sometido a situaciones de maltrato (. . .) a lo largo

de la relación laboral, ya que los testigos han tenido conocimiento directo de los hechos controvertidos en este punto; por lo tanto sus di-

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chos comprometen al empleador, ya que resultan plenamente convincentes por su precisión y concordancia intrínseca (art. 90, L.O.).)) «Y bien, sentadas las premisas precedentemente expuestas y probado que fue: a) que la actividad desplegada por el trabajador en las condiciones en las que las hizo, resultaron riesgosa; b) que la incapacidad detectada en el actor tuvo origen en dicha actividad; c) que no se probó la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder; sin dudarlo han quedado configurados todos los presupuestos para la responsabilidad, en los términos del art. 1113 del Código Civil.)) «La ley 26.773 expresamente dispone en su art. 17, apartado 5 «Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha)). Apartado 6 «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme el índice RlPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaria de Seguridad Social, desde el lo de enero del año 2010 ...».N «...no puede haber duda de su aplicación (ley 26.773) al caso de autos, aún cuando la primera manifestación invalidante sea de fecha anterior a su entrada en vigencia, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones dinerarias adicionales de pago único; eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio, como expresamente dispone el art. 17 del mencionado cuerpo legal.)) «En conclusión, la aplicación temporal de la ley, sobre todo en nuestra disciplina, y más aún en el territorio de la seguridad social, rompe los cánones generales y tradicionales, para dar paso a la firme vigencia del principio de progresividad, enancado en la regla de la norma más beneficiosa y sobre la base inamovible de la dignidad humana. Después de todo, hay también un derecho a gozar de la dignidad, que funciona no sólo como causa fuente, sino también como determinante del contenido de los derechos humanos y casi podría afirmarse, que de los derechos en general.))

NOV~SIMOSFALLOS

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(«C. A., R. E. clBarugel Azulay y Cía. S.A. y otros slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala VII, 291812014, elDial.com -AA8B96)

RIESGOS DEL TRABAJO. INCAPACIDAD LABORAL. DETERMINACI~N. NORMA APLICABLE. ART.9 DE LA LEY 26.773. ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNALES COMPETENTES. INFORMES, DICTÁMENES Y PRONUNCIAMIENTOS. AJUSTEA TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES -ANEXO 1, DECRETO 659196 Y SUS MODIFICATORIOS-. APLICACI~N INMEDIATA DE LA NORMA A LOS JUICIOS NO RESUELTOS. REPARACI~N DE DAÑOS Y PERJUICIOS. GARANT~ADE IGUALDAD DE TRATO A LOS DAMNIFICADOS CUBIERTOS POR EL RÉGIMEN

«...la reciente ley 26.773 en su art. 9' ha dispuesto que «Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos a.. .la Tabla de Evaluación de lncapacidades prevista como Anexo I del decreto 659/96 y sus modificatorios.. .D.Dado que se trata de una norma procesal dirigida al modo en que deben proceder los funcionarios administrativos y los magistrados del Poder Judicial, resulta de aplicación inmediata a los juicios no resueltos y, por ende, al presente juicio.)) «...la determinación del daño físico que afecta la capacidad laborativa del demandante ha sido adecuadamente estimada por el perito médico, designado en estos actuados a pedido de la propia apelante, en mérito a las reglas de los arts. 386 y concs. CPCCN y que, por ello, debe tenerse en cuenta como base para fijar la reparación de los daños y perjuicios que esa minusvalía provoque en todos los planos de la vida del afectado, Jo que se puede hacer merced a las reglas de la responsabilidad civil que, como es obvio, no limitan las consecuencias a indemnizar al daño salarial y proyectan la indemnización sobre todos las áreas del daño invocado y acreditado.)) («C., J. J. clMapfre Argentina ART S.A. y otro slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala 11, 251312013, elDial.com - AA7EBA)

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LO DISPUESTO EN EL ART. 17, INC. 2 , DE LA LEY 26.773. INTERPRETACIÓN NORMATIVA ARMÓNICA CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DE LA MISMA LEY. DOCTRINADEL PRECEDENTE «ARONE»DE LA CNTRAB.EXCEPCIÓN DE INSE CONFIRMA RESOLUCIÓN COMPETENCIA PARCIAL. DESESTIMACI~N.

«...los hechos dañosos que se imputan como generadores de la responsabilidad, habrían ocurrido de todos modos con anterioridad a la publicación de la Ley de Ordenamiento citada (B.O. 2611012012) y, por ende, tampoco resulta aplicable al caso lo dispuesto en el inciso 2' del art. 17 de la ley 26.773.)) «...no es la primera vez que esta Sala se pronuncia al respecto, pues en la causa «Arone Salas, Arturo clAktura Tranding S.A. sIDespido» [Fallo en extenso: elDial.com -AA7EA7] (S.I. 34.639 del 11/4/2013), se ha determinado que cuando se interpone una acción por un accidente o enfermedad profesional cuya aparición resulte anterior a la publicación de la ley 26.773, es competente para entender en la misma la Justicia Nacional del Trabajo.)) «...debe tenerse presente que el inciso 2' del art. 17, ley 26.773 debe ser interpretado en forma armónica con lo dispuesto en el inciso 5' de dicha norma, todo lo cual lleva a concluir que los reclamos a los que se remite la nueva regulación a los fines de determinar la competencia aplicable, son aquéllos cuyas manifestaciones se verifiquen con posterior a la fecha de publicación de la misma, que no es el caso de autos.)) (((Criado, Horacio Oscar clMetrovías S.A. y otro S diferencias I de salarios)). CNTrab., Sala VI 1, 291812014, elDial.com - AA8AE7)

LEY26.773. ÁMBITOTEMPORAL DE APLIcACIÓN. CONTINGENCIAS LABORALES ACAECIDAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 26.773. PRESTACIONES DINERARIAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE -PREVISTAS EN LA LEY 24.557, SUS MODlFlCATORlAS Y SU ACTUALIZACI~NMEDIANTE EL DECRETO 1694109, CONFORME AL ~NDICERIP7-E ((REMUNERACIONES IMPONIBLES PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES ESTABLES»-.

RESGUARDO DE LA INDEMNIDAD. PRINLAEDERE)).ART. 17, INCISO 6, DE LA LEY 26.773. FINALIDAD NORMATIVA. NECESIDAD DE AJUSTAR LOS MONTOS DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE CIPIO ((ALTERUM NON

ACCIÓNPOR ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONAL. COMPETENCIA PROCESOS INICIADOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773. HECHOS DAÑOSOS QUE OCURRIERON ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA NORMA. NO RESULTA APLICABLE AL CASO MATERIAL.

«En el presente caso, y si bien el accidente se produjo el 12 de marzo de 2008, es decir, con anterioridad a la publicación del decreto

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1694109 debe tenerse en cuenta que las prestaciones derivadas del hecho dañoso aún se encuentran pendientes de producción. El infortunio acaeció y provocó de manera inmediata consecuencias dañosas bajo el anterior sistema, pero ellas no fueron canceladas a la fecha de entrada en vigencia del referido decreto. En consecuencia, encontrándose pendiente de producción la consecuencia juridica del infortunio, corresponde aplicar el artículo 3O del decreto 1694109 en cuanto establece que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la ley 24.557 y sus modificaciones, nunca será inferior al monto que resulte de multiplicar PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.) por el porcentaje de incapacidad.)) «En cuanto al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773, el ap. 5O, de su art. 17 establece que: «Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha)). Por su lado, el ap. 6' del mismo articulo expresa: «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decr. 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al indice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaria de Seguridad Social, desde el lo de enero del año 2010)) (conf. esta Sala, in re: ((Rodríguez Piriz, Miguel clMapfre Argentina ART S.A. slaccidente - ley especial)), Expte. No 11A2212011, S.D. No 18.514 del 3010412013). Conforme lo establecido en dicho precedente, y como bien lo señala Formaro, «La existencia de dos preceptos diferentes está demostrando que en materia de ajuste (índice RIPTE), la ley no ha seguido el criterio general de aplicación ceñida a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera luego de su publicación, sino que dispone su directa operatividad sobre las prestaciones adeudadas (es decir que juega sobre contingencias ocurridas con anterioridad). De otro modo la diferenciación no tendría sentido práctico ni juridico. Máxime cuando el ap. 5O se refiere a las prestaciones de «esta ley» (que son las que se aplican hacia el futuro, sin perjuicio de la posibilidad de plantear su vigencia inmediata o su consideración en equidad),. .. y el ap. 6O remite a las prestaciones de la originaria ley 24.557 y las mejoras del decr. 1694109 (lo que demuestra su aplicación a las contingencias anteriores, que se calculan sobre la base de dichas normas). Coadyuva en este mismo sentido la consideración de

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la finalidad de la norma, que ha sido la de intentar ajustar los importes a la realizada en función de una injusticia manifiesta, sin distinciones)) (cfe. Formaro, Juan J. Riesgos del Trabajo. Leyes 24.557 y 26.773, Acción especial y acción común. 1a edición, BuenosAires, Hammurabi, 2013, pag. 174/5).» ((También se han de considerar los fundamentos del Mensaje del Poder Ejecutivo que acompañaron al proyecto de la ley 26.773, en cuanto refiere que: «La clave de bóveda de la iniciativa se resume en facilitar el acceso del trabajador a la reparación, para que la cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al damnificado y a su familia un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de su vida laboral)).)) (c.. .las prestacionesdinerarias por incapacidad permanente por contingencias laborales cuya ((primera manifestación invalidante)) fue posterior a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1694109; no tenían ajuste alguno desde el año 2009.)) «...la sanción del artículo 17, inc. 6) trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente, de las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, especialmente, a aquéllas producidas durante la vigencia de la ley 24.557 que se han mantenido incólumes desde la entrada en vigencia de la LRT en el año 1996 y aquéllas producidas durante la vigencia del decreto 12781 00, que no han tenido variación alguna desde el año 2001, en ambos casos, con topes indemnizatorios totalmente desactualizados y desfasados que disminuyen o rebajan aún más las prestaciones dinerarias ya de por sí totalmente envilecidas y depreciadas (conf. Sala 7 de la Cámara del Trabajo de la provincia de Mendoza, in re: ((Godoy, Diego Maximiliano clMapfre Argentina ART S.A. slaccidente)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA7E271 del 12 de noviembre de 2012).» «...el artículo 17, inc. 6), de la ley 26.773 se refiere a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanentes sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557, el decreto 1278100 y el decreto 1694109, al disponer que estas se ajustarán «a la fecha de entrada en vigencia de la ley conforme al índice RIPTE desde el día 11111O».» «En atención a que el último índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su página web corresponde al mes de diciembre de 2012, se ha de ajustar a esa fecha el capital de condena por ese índice RIPTE, el que deherá a su vez, ser reajustado

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a la fecha de esta sentencia -por el índice de dicho mes-, cuando el ministerio mencionado fije y publique los índices posteriores del RIPTE.)) («Cruceño, Santos Martín c/Mapfre Argentina ART S.A. S/ accidente - acción civil)). CNTrab., Sala IX, 14/5/2013, elDial.com - AA7EB6)

ACCIDENTES. ACCIÓN CIVIL. COMPETENCIA. LEY QUE RIGE EL EVENTO DAÑOSO. LEY24.557. NORMATIVA DE FONDO VIGENTE AL MOMENTO DE ACAECIMIENTO DEL INFORTUNIO. PRINCIPIODE APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS NORMAS PROCEDIMENTALES. REMISI~N AL DICTAMEN No 56350 DEL FISCAL GENERAL -CNTRAB.-. ACCIÓNINTERPUESTA CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA LEY 26,773, POR TRABAJADOR ACCIDENTADO ANTES DE DICHA VIGENCIA. ACCIÓNDIFERENTE A LA DISPUESTA EN ART. 4 DE LA LEY 26.773. SUPUESTO NO ALCANZADO POR LA COMPETENCIA PREVISTA PARA TALES ACCIONES -ART. 17, INC. 2, DE LA LEY 26.773-. SE REVOCA RESOLUCIÓN. DECLARACI~N DE COMPETENCIA DE LA JUSTICIANACIONAL DEL TRABAJO «Para la determinación de la ley que regirá el evento dañoso por el que se reclama en autos, corresponde estar a la normativa vigente al momento de acaecimiento del accidente. Como en el caso de autos se invoca que habría ocurrido el 14/6/12, el fondo del asunto deberá ser analizado bajo la óptica de la ley 24.557 y su reglamentación vigente a la mencionada fecha.)) «Toda vez que las normas procedimentales son de aplicación inmediata, podría suceder que una cuestión quede regida por las disposiciones de la ley 24.557 (por ejemplo en lo relativo al resarcimiento pretendido) y en sus aspectos procedimentales por la ley 26.773, en tanto la acción haya sido iniciada con posterioridad a su entrada en vigencia. Pues bien, en el caso de autos al momento de interposición de la demanda (12!11112) ya se encontraba vigente la ley 26.773.)) «Lo cierto es que -como sostiene el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en su Dictamen No56.350 del 8/2/13, el principio de aplicación inmediata de las normas procedimentales rige en tanto y en cuanto el derecho al cual se le aplica la nueva norma procesal, hubiese existido con anterioridad a la creación de ésta, y no en casos como el presente, en que la ley prevé una acción que en el anterior régimen no existía y le prescribe un trámite específico.)) «Vale decir, c . .El art. 17, inc. 2 de la ley 26.773 ... al establecer la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para los reclamos previstos en el último párrafo del art. 4, o sea los iniciados por la via del 'derecho civil', sólo puede ser aplicable a las acciones que emergen de

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la derogatoria del art. 17, inc. 1, o sea, las que nacen del final esperado del art. 39 de la ley 24.557. .. . La ley establece para el futuro una acción que no existía, y le crea un proceso adjetivo que, accesorio de lo sustantivo, sólo puede regir con aquella pretensión de fondo. Una interpretación contraria significaría la retroactividad de la porción de la norma que sólo fue concebida como aditamento porque, repito, una acción fundada en el Derecho Civil, con sustento en un accidente anterior a la vigencia de la ley 26.773 debe presuponer una desactivación constitucional del art. 39 de la ley 24.557 y no es 'una acción del art. 4 último párrafo' ...» (ver Dictamen No 56.350 del Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo). Por lo cual, sin que ello implique sentar opinión sobre el fondo del asunto a debatirse en autos o sobre la viabilidad del reclamo aqui incoado, se puede concluir que la acción fundada en el derecho civil interpuesta por un trabajador accidentado con anterioridad a la vigencia de la ley 26.773 no es la acción del art. 4 de esta norma sino otra diferente y, por ende, no alcanzada por la competencia asignada para dichas acciones en el art. 17, inc. 2, del referido cuerpo normativo.)) «En definitiva, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Dictamen No56.350 del 8 de febrero de 2013), a cuyos fundamentos y conclusión remite en su Dictamen Nro. 56.655 y del 14/3/13 -que han de considerarse parte integrante del presente pronunciamiento- y que el Tribunal hace propios en razón de brevedad, cabe concluir que corresponde revocar el pronunciamiento apelado y, en su mérito, declarar la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa.)) (((Dorado, Arnaldo Ezequiel c/Asociart ART S.A. slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala IX, 25/3/2013, elDial.com - AA7DDF)

~NCAPACIDADLABORAL. DETERMINACI~N. NORMAAPLICABLE. ART. 9 DE LA LEY 26.773. ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNALES COMPETENTES. INFORMES, DICTÁMENES Y PRONUNCIAMIENTOS. AJUSTEA TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES -ANEXO 1, DECRETO 659196 Y SUS MODIFICATORIOS-. GARANT~A DE IGUAL TRATO A LOS DAMNIFICADOS CUBIERTOS POR EL RÉGIMEN. APLICACIÓNINMEDIATA DE LA NORMA A LOS JUICIOS NO RESUELTOS

«...la reciente ley 26.773 en su art. 9' ha dispuesto que «Para yarantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régi-

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men, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos a.. .la Tabla de Evaluación de lncapacidades prevista como Anexo I del decreto 659196 y sus modificatorios.. .B.Dado que se trata de una norma procesal dirigida al modo en que deben proceder los funcionarios administrativos y los magistrados del Poder Judicial, resulta de aplicación inmediata a los juicios no resueltos y, por ende, al presente juicio y en esta instancia. Pues bien, sentada esta premisa advierto que tras la determinación del grado de incapacidad física hecha por el perito -coincidentemente con los criterios del decreto 659196- no se han tenido en consideración los factores de ponderación previstos en esa norma y que, sin duda alguna, no pueden ser soslayados.)) (((Enrique, Rubén 0. c/Esteban Cordero S.A. y otro S/ accidente ley especial)). CNTrab., Sala 11, 28/2/2013, elDial.com - AA7DB5)

PROCEDIM~ENTO LABORAL. RIESGOSDEL TRABAJO. ACCIÓNCIVIL. COMPETENCIA. ART. 17, INC. 2, DE LA LEY 26.773. DICTAMENNo 56350 DEL FISCAL GENERAL -CNTRAB.-. CRITERIOSUSTENTADO EN LA CAUSA «VIDAL» DE ESTA SALA. ACCIÓNFUNDADA EN EL DERECHO CIVIL. ACCIDENTE ACAECIDO ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 26.773. ACCIÓNDIFERENTE A LA DEL ART. 4 DE LA LEY 26.773. SE REVOCA RESOLUCIÓN. SE DECLARA LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIANACIONALDEL TRABAJO. DISIDENCIA: NORMAS DE COMPETENCIA. APLICACI~N INMEDIATA, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DEL LEGISLADOR. ART. 17, INC., 2, DE LA LEY 26.773. COMPETENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL EN LO CIVIL,EN LA CAPITAL FEDERAL.LEY26.773. NORMA QUE NO HA CREADO UNA V ~ ANUEVA, SINO QUE HA FACILITADO EL ACCESO A

LA V ~ ACIVIL

«No es la primera vez que esta Sala se pronuncia al respecto y siguiendo el criterio sustentado en autos ((Vidal, Hugo Daniel c1Lacabril S.A. y otro S accidente)) I [Fallo en extenso: elDial.com -A7E5F], SI Nro, 50003 del 10/4/2013 -acorde con el dictamen del Sr. Fiscal General ante esta Cámara-, corresponde dejar sin efecto lo decidido en primera instancia y declarar la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones.)) (Del voto de la mayoría) «Se comparte el dictamen fiscal en cuanto concluye que la acción fundada en el derecho civil, que interpone un trabajador por un accidente anterior al a vigencia de la ley 26.773, no es la acción del art. 4 de

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la nueva ley, sino otra que requiere una fundamentación disímil, lo que justifica declarar la aptitud jurisdiccional del fuero para entender en la causa...».» (Del voto de la mayoría) «El suscripto no comparte la distinción que formula el Sr. Fiscal General con base en la fecha de ocurrencia del siniestro, pues, como es harto sabido, las normas sobre competencia son de aplicación inmediata, salvo previsión en contrario que pudiera hacer el legislador (CSJN, 2/12/2004, Competencia No871. XL ((Maizares, Jorge Horacio s/infracción al artículo 189 bis del Código Penal)), Fallos: 327:5496; id., 12/2/2008, C. 522. XLlll ((González, Javier slart. 149 bis C.P.)), Fallos: 331:116).» (Del voto en disidencia del Dr. Guisado) «En el caso, la norma atributiva de competencia (el art. 17.2) es muy clara y no admite excepciones, en tanto dispone que será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil, «a los efectos de las acciones judiciales previstas en el articulo 4O último párrafo de la presente ley», vale decir para las acciones ((iniciadas por la vía del derecho civil)) (conf., art. 4' citado), sin efectuar salvedad alguna vinculada con la fecha de nacimiento del crédito.)) (Del voto en disidencia del Dr. Guisado) «No puede válidamente afirmarse que la ley 26.773 haya creado ninguna vía nueva. En todo caso, esta ley ha facilitado el acceso a una vía (la del derecho civil) ya harto transitada con anterioridad, como lo atestiguan las decenas de miles de demandas que han tramitado ante este Fuero con fundamento en los mismos preceptos del Código Civil (los arts. 1109, 1113 y 1074, entre otros), que se invocan en sustento de la presente demanda (ver en el mismo sentido, del registro de esta Sala; S.I. No 50033 de 17/4/13 ((Hernández, Myrian Lujan clServicios Seat S.A. y otros s/Despido).» (Del voto en disidencia del Dr. Guisado) (((Fernández, Fernando Pablo c/Ajami, Roberto Daniel y otro slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala IV, 2 1/5/2013, elDial.com - AA809E)

FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO. CAUSAHABIENTES. CUANT~A DEL RESARCIMIENTO. PRINCIPIO((IURA CURIA NOVIT)). NORMAAPLICABLE. LEY26.773. APLICACIÓNINMEDIATA DE LA NUEVA LEY A SITUACIONES SURGIDAS DE HECHOS ANTERIORES. CREDITOS LABORALES. DEPRECIACI~N MONETARIA. TASA DE INTERES APLICABLE. TASAACTIVA «...tratándose este de un supuesto en el cual de la norma aplicable depende la cuantía del resarcimiento, bien pueden los jueces conceder

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aún más de lo reclamado en la demanda, pues según el art. 68 del Ordenamiento Procesal Laboral, el magistrado de ese fuero se halla facultado para suplir las omisiones o errores del demandante y sentenciar el pleito allende lo peticionado por éste.)) (Dr. Velázquez, según su voto) «...el reclamo de la cónyuge supérstite debe ser desestimado y el monto total de la condena ha de ser distribuido en parte iguales entre ambos actores -conviviente y vástago del fallecido- y la tercera interviniente -primera hija del occiso-, cuya participación fue expresamente consentida por las actores.)) (Dr. Velázquez, según su voto) «En punto al tipo de interés aplicable durante el lapso corrido entre el referido día del hecho y el de la data de la sentencia de la previa instancia, considero que al disponer sean liquidados de acuerdo a una tasa bancaria pasiva el juzgador cayó en error, para colmo sin brindar otro fundamento que la mera cita de un plenario de extraña jurisdicción, contrario a la doctrina legal imperante en nuestra Provincia.)) (Dr. Velázquez, según su voto) «La aplicación de tal tasa activa se basa así en todo un plexo de normas legales y en una razonada y razonable interpretación de las mismas, avalada incluso por el argumento de autoridad que le arriman las figuras consulares de nuestro quehacer jurídico que la han venido sustentando.)) (Dr. Velázquez, según su voto) «En el caso de las deudas laborales, raramente el trabajador acreedor tendrá acceso al crédito bancario, viéndose forzado a recurrir a otras fuentes particulares más onerosas, y concluiremos que el reconocimiento de una tasa activa para liquidar los intereses se impone (confr.: Guibourg, «Una cuestión de intereses)),TySS, 1994, págs. 6321 633, párrs. «e» a «g»).» (Dr. Velázquez, según su voto) («G., A. E. y otro c1La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. S indemnización)). I Cámara de Apelaciones de Trelew (Chubut), Sala A, 71812014, elDial.com - AA892D)

RIESGOSDEL TRABAJO. ACCIDENTE IN ITINERE. SINIESTRO ACAECIDO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773. PRESTACIONES DINERARIAS. ~ Á L C U L O .PRINCIPIODE PROGRESIVIDADY REGLA DE LA NORMA MÁS BENEFICIOSA.APLICACI~N RETROACTIVA DE LA LEY 26.773. DOCTRINA DEL PRECEDENTE ((ARCURI c/ANSES» DE LA CSJN. TASADE INTERÉS. MORA DEL DEUDOR. APLICACION DE INTERESES SOBRE EL MONTO DE CONDENA DE ACUERDO AL ACTA 2357 CNTRAB.,DESDE LA FECHA DEL ACCIDENTE. DISI-

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DENCIA PARCIAL: ANTE LA APLICACIÓNDE UN ~NDICEDE ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL DE CONDENA, CORRESPONDE MORIGERAR LA TASA DE INTERÉSAPLICABLE

«...la seguridad social, vio plasmado el principio de progresividad y la regla de la norma más beneficiosa, como derivación, esta última, del principio protectorio de rango constitucional, en materia de los topes, en el territorio de los accidentes y enfermedades del trabajo y la aplicación de las decisiones normativas en su relación con el tiempo y el acaecimiento de los hechos a los que deviene aplicable.)) (Dra. Ferreirós, según su voto) ((Similar situación se ha planteado con el RIPTE, y ello, yendo más allá de que el artículo 17, apartado 5, de la ley modificatoria, señale que: «Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a las contingencias previstas en la ley 24.557, y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha)).. . Lo expuesto debe complementarse con lo estatuido por apartado 6, en el sentido de que las prestaciones en dinero por incapacidad permanente precisadas en la ley 24.557 y sus modificatorias y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley conforme el indice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social desde el 1 de marzo del año 2010.)) (Dra. Ferreirós, según su voto) «La ya señalada Sala VI1 de la CNAT, que integro, ha tenido ocasión de aplicar también en este caso, la doctrina indicada ut supra, y lo ha hecho en autos: ((Balderrama, Rudy clLiberty ART, S.A. claccidente)) [Fallo en extenso: elDial.com - AL43281. Lo ha hecho a los 29 días del mes de octubre de 2013.)) (Dra. Ferreirós, según su voto) «...veo justo y equitativo determinar el capital de condena en la forma que establece la ley 26.773.)) (Dra. Ferreirós, según su voto) «. . .para realizar el cálculo del monto, entiendo que corresponde aplicar las pautas previstas en la Resolución SSS (Secretaría de la Seguridad Social de la Nación) 312014 del 13/2/2014, por cuya vía se da cumplimiento a lo previsto en el art. 8 de la ley 26.773 y se ajusta por indice RIPTE las prestaciones de los arts. 11, inc.4 ap. a), b) y c); 14, inc. 2, ap. a) y b) y 15, inc. 2, de !a ley 24.557, disponiendo la vigencia de dichas actualizaciones por el periodo comprendido entre el 1" de marzo y el 31 de agosto de 2014.)) (Dra. Ferreirós, según su voto)

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«...la mora del deudor se produce a partir del acaecimiento del accidente y a mi juicio no cabe apartarse de esta conclusión con base en una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como dice la parte demandada, de rango inferior al art. 622 del Código Civil. En tales condiciones, propongo sin más la confirmación del fallo en este substancial punto, debiendo aplicarse sobre el monto de condena intereses de acuerdo al Acta 2357 CNAT, desde la fecha del accidente.» (Del voto de la mayoría) ((Teniendo en cuenta que en el caso en examen se está haciendo aplicación de un índice de actualización basado en los incrementos salariales, considero que la aplicación lisa y llana de la tasa de interés prevista conforme Acta CNAT No2357 resulta inadecuada. Por ello, de conformidad con lo previsto por el art. 622, primer párrafo in fine, del C.civil, y la doctrina de la Corte Suprema en in re «Bto. Sudameris cIBelcam S.A. y ot.)), según la cual la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos de los arts. 508 y 622 del C.C. como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos, sin que ello implique lesionar garantías constitucionales en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión, considero que en el caso en examen, ante la aplicación de un índice de actualización del capital de condena, corresponde morigerar la tasa de interés aplicable, la que sugiero fijar en el 12 % anual desde 30 de marzo de 2012, y hasta el vencimiento del plazo de la intimación prevista por el art. 132, L.O. A partir de ese momento, y ante el eventual incumplimiento del deudor, propongo aplicar la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. Acta CNAT No 2357)~)(Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) (((García Durante, Miguel Ángel c1Prevención ART S.A. S accidente I - ley especial)). CNTrab., Sala VII, 301412014, elDial.com - AA872E)

RIESGOSDEL TRABAJO. ~NDEMNIZACIÓNPOR CONTINGENCIA LABORAL. PRIMERAMANIFESTACIÓN INVALIDANTE QUE SE PRODUJO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773. NORMA APLICABLE. ARTS. I7, INCISOS 5 Y 6, DE LA LEY 26.773. INTERPRETACI~N NORMATIVA. PRINCIPIO GENERAL DE APLICACIÓN TEMPORAL. EXCEPCIONES. PRESTACIONES DINERARIAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE. APLICACIÓN DEL AJUSTE PREVISTO EN ART.

17, INCISO 6, DE LA LEY 26.773

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((Tratándoseel caso de autos, de una contingencia laboral cuya ((primera manifestación invalidante)) se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 e, inclusive, del decreto 1694109, conforme la posición de esta Sala sobre este tema, las disposiciones legales de ambos cuerpos normativos, no resultan aplicables al sub examen.. . A diferencia de la normativa del decreto 1278100 y decreto 1694, la ley 26.773 contiene un principio general de aplicación temporal y una serie de excepciones al mismo. El principio general se encuentra en el art. 17, inc. 5), de la ley: la misma se aplica a las contingencias laborales cuya primera manifestación invalidante sea posterior a su publicación en el B.O., lo que ocurrió el día 26110112. Y, una serie de excepciones al mismo, en cuya virtud la ley 26.773 se aplica a partir de su publicación en el B.O. (art. 2, CC) y no a partir de aquellas contingencias laborales cuya ((primera manifestación invalidante)) sean posteriores a su publicación en el B.O.)) «En lo que interesa a la resolución de la presente causa, me detenpárrafo de la ley 26.773, a los dré en el análisis del art. 17, inc. 6), lo fines de dar los fundamentos por los cuales considero que dicho dispositivo legal resulta de aplicación a las contingencias laborales acaecidas con anterioridad a la ((primera manifestación invalidante)), luego de la publicación en el B.O. de la ley que nos ocupa.)) ((Una interpretación armónica, integral y en su conjunto del texto legal conduce a este resultado. En efecto, el art. 17, inc. 5), establece el principio general en lo referido a la fecha de su entrada en vigencia (primera manifestación invalidante posterior a su publicación en el B.O.), mientras que el art. 17, inc. 6) consagra expresamente una excepción a dicho principio general y, por ende, se aplica a partir de su publicación en el B.O. (art. 2, CC). Caso contrario qué sentido práctico y jurídico tendría el art. 17, inc. 6) si no fuera que el mismo se aplica a las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, esto es, durante la vigencia de la LRT, decreto 1278100 y decreto 1694. En efecto, si el legislador no hubiera querido que la fecha de entrada en vigencia del dispositivo legal del art. 17, inc. 6) fuera diferente a la del principio general establecido en el art. 17, inc. 5), directamente no hubiera sancionado el art. 17, inc. 6) en cuyo caso, también, la situación fáctica prevista en el art. 17, inc. 6) (prestaciones dinerarias por incapacidad permanente) hubieran comenzado a regir, al igual que el resto de los artículos de la ley 26.773, a partir de la ((primera manifestación invalidante)) posterior a su publicación B.O., tal como lo dice el art. 17, inc. 5).»

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«Si la finalidad del legislador fue mejorar las prestaciones dinerarias del «sistema» en las incapacidades permanentes en forma inmediata, máxime cuando aquellas producidas durante la vigencia de la ley 24.557 y el decreto 1278100 se encuentran totalmente desfasadas y desactualizadas y, peor aún, con un tope indemnizatorio petrificado al año 1996 o 2001, respectivamente, no resulta adecuado a los objetivos de la nueva ley condicionar la entrada en vigencia del art. 17, inc. 6), no ya a la reglamentación por parte del PEN conforme las facultades constitucionales que le corresponden, sino a la publicación por parte de un organismo público de inferior jerarquía del indice RIPTE del mes de Octubre 2012.)) «El trabajador víctima de un infortunio laboral ocurrido durante la vigencia de la LRT, el decreto 1278100 y el decreto 1694109 y que resulta acreedor al ajuste de la prestación dineraria por su incapacidad permanente, no es responsable de la morosidad de la administración pública en publicar el indice RIPTE correspondiente al mes de Octubre 2012 y, por ende, resulta injusto, inequitativo e irrazonable que deba soportar las consecuencias negativas que le provoca la morosidad administrativa.)) ((Condicionar la entrada en vigencia del art. 17, inc. 6), de la ley 26.773 a que el MTSS publique el indice RIPTE correspondiente al mes de Octubre 2012, podria llevar al absurdo jurídico y constitucional de dejar en manos de un ministerio del PEN la entrada en vigencia de una ley que ya ha sido sancionada conforme el procedimiento establecido en la CN. Y, lo que es más grave aún, sin fecha cierta, razón por la cual, bien podría ser sine die. Lo cual, obviamente, no solo atentaría contra expresas garantías constitucionales, como por ejemplo el art. 14 bis y los tratados internacionales con jerarquia constitucional en función del art. 75, inc. 22, CN, sino lo más grave aún, iría en contra de la división de poderes y el sistema republicano de gobierno consagrado en nuestra Carta Magna.)) «...procederé a concretar el ajuste previsto en el art. 17, inc. 6), de la ley 26.773 a las prestaciones dinerarias por las cuales se admite la presente demanda.)) «...el actor resulta acreedor a las prestaciones dinerarias del art. 14, inc. 2), ap. a) de la ley 24.557 por la suma de $82.183,92. Así surge según las pautas establecidas por el art. 17, inc. 6) de la ley 26.773.)) (((Godoy, Diego Maximiliano clMapfre Argentina ART S.A. placcidente)). Cámara Séptima del Trabajo de Mendoza, Sala unipersonal, 1211112012, elDial.com - AA7E27)

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RIESGOSDEL TRABAJO. HECHODAÑOSO QUE SE PRODUJO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773. PRESTACIONES DERIVADAS DEL INFORTUNIO QUE AÚN SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO. PRESTACIONES DlNERARlAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE. APLICACIÓN DEL AJUSTE PREVISTO EN ART. 17, INCISO 6, DE LA LEY 26.773. TASADE INTERÉS APLICABLE

«En el marco expuesto, las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente por contingencias laborales cuya ((primera manifestación invalidante)) fue posterior a la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1694109; no tenían ajuste alguno desde el año 2009.)) «En dicho contexto, la sanción del artículo 17, inc. 6), trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, especialmente, a aquéllas producidas durante la vigencia de la ley 24.557 que se han mantenido incólumes desde la entrada en vigencia de la LRT en el año 1996 y aquéllas producidas durante la vigencia del decreto 1278100 que no han tenido variación alguna desde el año 2001, en ambos casos, con topes indemnizatorios totalmente desactualizados y desfasados que disminuyen o rebajan aún más las prestaciones dinerarias ya de por sí totalmente envilecidas y depreciadas (conf. Sala 7 de la Cámara del Trabajo de la provincia de Mendoza, in re: ((Godoy, Diego Maximiliano clMapfre Argentina ART S.A. slaccidente)) [Fallo en extenso: elDial.com -AA7E27] del 12 de noviembre de 2012).» «En consecuencia y conforme los antecedentes expuestos, interpreto que el artículo 17, inc. 6) de la ley 26.773 hace referencia a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557, el decreto 1278100 y el decreto 1694109, al disponer que estas se ajustarán «a la fecha de entrada en vigencia de la ley conforme al índice RIPTE desde el día 1 / 1 1 1 0 ~ ~ . ~ ~ «...si bien es cierto que el hecho dañoso se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley en cuestión, también lo es que las prestaciones derivadas del mismo aún se encuentran pendientes de cumplimiento.)) «El infortunio acaeció y provocó de manera inmediata consecuencias dañosas bajo el anterior sistema, pero ellas no fueron canceladas oportunamente. En tal sentido, la solución adoptada en primera instancia implica, a mi modo de ver, un doble perjuicio al trabajador, toda vez que, por un lado, se vio privado de contar oportunamente con la indem-

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nización que le correspondía y, por otro lado, el valor de la suma que percibiría actualmente se encontraría absolutamente desajustado.)) «En virtud de todo lo expuesto, propongo modificar parcialmente la sentencia de grado y disponer que la suma diferida a condena deberá ajustarse conforme el RIPTE, en los términos del art. 17 de la ley 26.773.)) «En este contexto, aún a riesgo de resultar reiterativo, advierto que teniendo particularmente en cuenta que el importe que se difiere a condena se determina de acuerdo a los mecanismos e índices de actualización monetaria previstos de acuerdo al RIPTE, cuya aplicación se dispone en el caso, corresponde eventualmente morigerar la tasa de interés que debe aplicarse al importe de referencia, la que sugiero fijar en el 12 % anual, desde la fecha que se establecerá en el siguiente considerando y hasta el momento en que venza el plazo de intimación de pago previsto en el art. 132 de la L.O., disponiéndose que, a partir de ese momento, y frente al eventual incumplimiento del deudor, sí corresponderá la aplicación de la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la plantilla que será difundida por la Prosecretaría General de la Cámara (conf. CNAT, Res. 8102).» (((Gómez,José Maximiliano clMapfreArgentina ART S.A. claccidente - ley especial)). CNTrab., Sala IX, 111412014, elDial.com - AA8711)

RIESGOS DEL TRABAJO. SINIESTRO ACAECIDO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773. MONTODE LAS PRESTACIONES. APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NUEVA LEY MÁS BENIGNA A LAS CONSECUENCIAS NO CANCELADAS DE CONTINGENCIAS ANTERIORES. ART. 8 DE LA LEY 26.773. IMPORTES POR INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE, PREVISTOS EN LAS NORMAS QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN DE REPARACIÓN. AJUSTESEMESTRAL SEGUN LA VARIACIÓN DEL ~NDICERIPTE. COTEJODE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDER~A PERCIBIR AL ACTOR EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 14, AP. 2, INC. A), LRT, CON EL M~NIMOPROPORCIONAL POR OPERATIVIDAD DE LOS ARTS. 8 Y 17, AP. 6 DE LA LEY 26.773. DECRETO 472114 DEL PEN. RESOLUCIONES 3412013 Y 312014 DEL MTEYSS - SSS «...de conformidad con el criterio adoptado por mis distinguidos colegas, Dr. Miguel A. Maza y Dr. Miguel A. Pirolo, quienes se expidieron conformando la mayoría en la causa «Ronchi, Jorge Hugo clConsolidar ART S.A.» (SD 102453 del 11111113),corresponde hacer aplicación «in-

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mediata)) de la nueva ley más benigna a las consecuencias no canceladas de contingencias anteriores.)) «...a fin de establecer el monto de las prestaciones debidas debe considerarse que el articulo 8 de la ley 26.773 dispuso que los importes por incapacidad laboral permanente, previstos en las normas que integran el referido régimen, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneración lmponible Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.)) «...corresponde cotejar la prestación que le correspondería percibir al actor en los términos establecidos por el art. 14, apartado 2, inciso a), LRT, con el minimo proporcional por operatividad de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773. De conformidad con el decreto 472114 y las resoluciones Nro. 3412013 y Nro. 312014 de la Secretaria de Seguridad Social de la Nación es que cabe efectuar la comparación entre las prestaciones precitadas, teniendo en cuenta los valores mínimos indemnizatorios correspondientes a la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia, dado que tal es el momento en el cual la cuestión de autos debe quedar resuelta (ver lo resuelto por esta Sala, entre otros SD 103358 del 1016114, ((Fernández, Guillermo Javier c/Mapfre Argentina S.A.))).)) «...a fin de establecer cuál es el importe que debe reconocerse en esta sentencia en el marco de la comparación que debe efectuarse a la luz de las normas antes analizadas, he de considerar: 1) el capital de la prestación prevista en el art. 14, LRT, para una incapacidad como la determinada en autos (20 % t.o.), más los intereses que se habrían devengado desde la fecha de consolidación del daño (22112109) a la tasa prevista en el Acta Nro. 2357 dispuesta en grado -por no resultar aplicable al proceso judicial la resolución invocada por la demandada, hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (octubre113) para luego cotejarlos con: 2) el mínimo que impone considerar la ley 26.773 y las Res. SSS 34/13 y Nro. 3/14, a cuyo efecto se aplicará el porcentual de incapacidad indicado (20 % t.0.) sobre el mínimo de referencia del art. 14, LRT, vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia y, al capital así resultante, se le adicionarán intereses desde el 22112109 al 31112109 conforme la tasa activa, y desde el 1/1/10 hasta la fecha de la sentencia de primera instancia a una tasa del 12 % anual, tal como lo ha resuelto esta Sala en reiterados precedentes.))

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(((González, Ordillo c/Mapfre Argentina ART S.A. slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala 11, 30/6/2014, elDial.com - AA8986)

RIESGOSDEL TRABAJO. PRESTACIONES DINERARIAS. PRESTACIÓN DINERARIA POR INCAPACIDAD PARCIAL, PERMANENTE Y DEFINITIVA. ART. 12 Y 14.2.~. DE LA LEY 24.557. INCONST~TUC~ONAL~DAD. SISTEMADE REPARACIÓN DE DAÑOS PREVISTO EN LA LRT. LA LEY 26.773 NO HA INTRODUCIDO UN MECANISMO ACTUALIZATORIO, SUSCEPTIBLE DE APLICARSE SOBRE EL RESULTADO DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS DE MANERA AUTOMÁTICA «. ..la elección que efectuó el legislador para establecer las pautas a tener en cuenta a los fines resarcitorios de los daños padecidos resultó irrazonable e ilegítima, máxime cuando advirtió la insuficiencia del módulo elegido para el pago de las prestaciones por incapacidad temporaria y provisoria (conf. dec. 1694109) y, no obstante ello, no asumió la manda constitucional para el resarcimiento debido en caso de incapacidad parcial y permanente. Aspecto este último que tampoco ha sido objeto de concreta reforma al momento de dictarse la reciente ley 26.773, pese a haberse mensurado a otros fines.)) ((Tal como lo sostuvo recientemente el Dr. Oscar Zas al emitir su voto in re ((Córdoba, Gustavo Eduardo c/MAPFRE Argentina ART S.A.)) [Fallo en extenso: elDial.com -AL40C2] SD 75001 del 11/4/13 del registro de la Sala V, CNAT: ((Sostener la aplicación literal de las normas cuestionadas para el cálculo de la reparación reclamada por el trabajador implicaría, además, la licuación de parte de un crédito de naturaleza alimentaria, y la consagración de un beneficio injustificado a favor del deudor, violatorio del art. 21, inc. 2O de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma de jerarquía constitucional (conf. art. 75, inc. 22, párr. 2O, CN), en cuya virtud ((ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa» .» «Con similar criterio al expuesto se ha expedido también Horacio Schick en su reciente obra ((Riesgos del Trabajo -ley 26.773-», David Grinberg, Buenos Aires, 2013, págs. 304 y SS.y Miguel Á. Maza junto con Eduardo Loustaunau en ((Desajustes en las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo)) - DT 2008, p. 708.)) «En consecuencia, por las razones expuestas, propicio declarar la inconstitucionalidad del art. 12 y de la parte pertinente del art. 14.2. de

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la ley 24.557, y tomar en cuenta como ingreso base mensual a los fines liquidatorios la suma de $ 2.473,89 a valores del mes de abril de 2010.)) «...según lo ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, la ley 26.773 no ha introducido al sistema de reparación de daños previsto en la LRT un mecanismo actualizatorio susceptible de aplicarse sobre el resultado de las fórmulas tarifarias de manera automática, por lo que la pretensión de aplicar sobre el importe establecido indice RIPTE, debe ser desestimada.)) «. . .a fin de establecer la pauta de comparación con sustento en la nueva normativa que invoca la recurrente (ley 26.773), debe considerarse que el artículo 8 de la ley 26.773 dispuso que los valores de referencia establecidos en las normas que integran el citado régimen, se ajustarán de manera general, semestralmente, según la variación del indice RIPTE (Remuneración lmponible Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.)) (((Graziano, Diego Ulises clMapfre Argentina ART S.A. slaccidente acción especial)). CNTrab., Sala 11, 13/6/2014, elDial.com - AA88C8)

PERSECUCIÓN Y ACOSO LABORAL. MOBBING.DEPENDIENTE EXPUESTA AL ATAQUE DE SUS SUPERIORES. AMBIENTE LABORAL NOCIVO. EXISTENCIA DE PRESIONES EXAGERADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS. MALTRATO SOSTENIDO EN EL TIEMPO.

ENFERMEDAD PROFESIONAL.ART.6.2 DE 24.557. INCAPACIDAD LABORAL. AFECCIÓNPS~QUICA.PRESTACIONES DINERARIAS. ACTUALIZACI~N DE LA SUMA. APLICACI~N DEL ART. 17, INC. 6, DE LA LEY 26.773. ~NDICERlPTE PUBLICADO POR EL MTEYSS LA LEY

«...podemos definir el fenómeno del mobbing como una conducta hostil o intimidatoria que se practica hacia un trabajador desde una posición jerárquica superior, o desde un grupo de iguales hacia los que este mantiene una subordinación de hecho, situación que anticipo se ve corroborada en el caso bajo análisis, según se examina más adelante. «...el mobbing o acoso laboral, o violencia psicológica en el trabajo, es un verdadero agente de riesgo producido en los ambientes laborales y si las víctimas se encuentran en un tiempo prolongado de tiempo expuestas a tal fenómeno podría producir dolencias físicas o psicológicas en los trabajadores.))

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«Las testimoniales analizadas sirven para llevarme a la íntima convicción de que la actora, no sólo padeció de un desfavorable ambiente laboral, cargado de presiones exageradas para el cumplimiento de sus tareas; sino también de una persecución personal y malos tratos de parte de los hermanos del dueño de la empresa, que claramente pueden enmarcarse en el concepto de la figura de mobbing a acoso psicológico.. .» «...del informe pericia1 y de la demás prueba valorada resulta, en plena convicción, que las dolencias denunciadas por la actora tuvieron su causa en el trabajo -fundamentalmente en el desfavorable y hostil ambiente laboral creado por la empleadora, donde se alternaron episodios de excesivas presiones de rendimiento con actos concretos de persecución laboral y psicológica-; lo que en definitiva y de manera determinante menoscabó su salud, autorizando ello a calificarlas bajo el concepto de enfermedad profesional, en los términos del art. 6.2, LRT. «La actora, como consecuencia de sus tareas, y de las condiciones laborales y medio ambientales en que fueron ejecutadas, y el ataque sostenido en el tiempo por sus superiores antes relatado; co~trajolas enfermedades antes referidas, que se califican como profesionales y atribuibles a las tareas, que la incapacitan en un porcentaje del 25 %, según dictaminó la pericia psiquiátrica; susceptible de ser incluida en el régimen de reparaciones de la LRT 24.557. La conclusión arribada tiene como inmediata consecuencia la responsabilidad sistémica de la aseguradora responsable frente a las prestaciones dinerarias pretendidas por el actor, en el marco de la LRT (art. 14.2.b)~) ((Teniéndose en cuenta que precedentemente, consideré aplicable al caso de autos, las disposiciones del art. 17, inc. 6) de la ley 26.773; corresponde la actualización de la suma resultante en concepto de prestación dineraria, mediante el índice RIPTE, publicado por el Ministerio de Trabajo de la Nación; desde el 11112010, a la fecha de vigencia de la ley (811112012).» «Dado que la prestación correspondiente sólo pudo ser actualizada hasta el 31/12/2012 por la falta de publicación del índice RIPTE, para los meses siguientes, por parte del Ministerio de Trabajo, dicha circunstancia no debe impedir el mandato legal impuesto por el art. 17, inc. 6) de recomponer la prestación hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley (26.773) y de allí hacerlo semestralmente (art. 8 del mismo cuerpo legal). Por tal motivo, entiendo resulta razonable la aplicación de las disposiciones de la Resolución SR7 414199, que manda aplicar intere-

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ses, para el caso de mora en el pago de las prestaciones «en concepto de Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva)), «.. .devengando un interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos...)) (art. l).» («l.,G. A. clProvincia ART S.A. p l enfermedad accidente)). Cámara Segunda del Trabajo (Mendoza), 14/6/2013, elDia1.com - AA8113)

RIESGOSDEL TRABAJO. ENFERMEDAD LABORAL. PRESTACIONES DE LA 24.557. INTERESES. TASADE INTERES SURGIDA DEL ACTA 2357 DE LA CNTRAB.PRESTACIONES DINERARIAS. ~NDICERIPTE.APLICACI~N DEL AJUSTE PREVISTO EN EL ART. 17, INC. 6, DE LA LEY 26.773 LEY

(c.. .si bien se aplicará la tasa de interés aprobada por ésta Cámara, en las particulares circunstancias del caso, y atento que se introducen pautas de actualización de las prestaciones dinerarias, conforme las normas de la ley 26.773, no será del porcentaje que rige actualmente para los restantes créditos laborales, sino el que se adecua a la cuestión de autos.. .» ((Atento que la aplicación del índice RIPTE importa un ajuste con el objeto de mantener incólume el crédito del accionante, a partir de la fecha en que se ordena su cómputo, se establecerá un interés que compense al acreedor por el tiempo transcurrido entre el nacimiento de su derecho y el reconocimiento judicial, a una tasa de interés fijada en el 12 % sobre el capital de condena... Y a su vez en caso de incumplimiento del presente mandato judicial, se modificará dicha tasa elevándola a la que surge del Acta 235712002. Al igual que si sobreviniera un nuevo reajuste del RIPTE pendiente de cumplimiento la presente sentencia. Para así resolver me apartaré de la tasa de interés fijada en grado en la causa «Lorenz» [Fallo en extenso: elDial.com - AL422Cl que no efectuó distinción alguna al aplicar los supuestos de actualización del decreto 169412009 y de la ley 26.773, aplicando la que surge de la precitada Acta 2357102.)) «La Sala IX de ésta Cámara en los autos caratulados: ((Gutiérrez, Pablo F. clMapfre Argentina ART S.A. S Accidente I - Ley Especial)), Expte. No 10.845110 del 30110113, con el fundado voto del Dr. Roberto Pompa en una causa de objeto coincidente con la presente, analizó el tema de los intereses sobre las prestaciones de la LRT aplicando los correctivos de la ley 26.773, en términos que comparto. En efecto, advierte que de

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computarse intereses tasa activa, desde la fecha de consolidación del daño y sobre un monto ya actualizado por la ley 26.773, existiría una doble actualización de valores que coloca al importe a percibir por el actor, en un valor superior al actual y real. Por ello señala -y coincidoque la tasa de interés fijada por el Acta No2357, utilizada unánimemente por las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resultaría inadecuada si se repara en que el importe que se sugiere diferir a condena, se obtiene mediante la utilización de un índice con características de actualización monetaria.)) «...dadas las circunstancias del caso, propiciaré aplicar la tasa de interés surgida del Acta 2357 de la CNAT desde el 111012009, fecha de la denuncia registrada en la demandada de la lesión del actor, informada por la pericia contable -ya que la pericia médica nada aporta al respecto- hasta el día 3111212009.~~ (((Lango, Néstor Oscar cllnteracción ART S.A. S accidente I ley especial)). CNTrab., Sala VI, 511212013, elDial.com - AA84CD)

LEYDE RIESGOS DEL TRABAJO. PRESTACIONES. ~NCAPAC~DAD LABORAL PERMANENTE.TOPE.~NCONST~TUC~ONALIDAD. LEY26.773. REVALORIZACI~N DE LAS PRESTACIONES.APLICACIÓN INMEDIATA. SUPUESTOS. PROCEDENCIA REGLADEL CASO: 1a) El mecanismo de tope parcial fijado en el art. 14 apartado 2' inc. a) último párrafo de la ley 24.557 es inconstitucional, por lo que corresponde abonar la diferencia resultante entre el monto que resultaría sin tope y el abonado conforme dicha norma que ha sido descalificada. Za) Corresponde la aplicación inmediata del mecanismo de revalorización de las prestaciones dinerarias dispuesto por los arts. 3 y 17 inc. 6 de la ley 26.773 (índice RlPTE y 20 % adicional), cuando se trate del pago de prestaciones dinerarias por incapacidad permanente definitiva, que son debidas como consecuencia de siniestros ocurridos con anterioridad a la publicación en el boletín oficial de la mencionada ley, siempre que se trate de siniestros que a dicha fecha no hayan sido liquidados, ya sea por no haberse determinado incapacidad definitiva o bien porque ésta se encuentra sujeta a revisión en la instancia jurisdiccional. SUMARIOS: 1. La parte actora ha planteado en los alegatos la aplicación de la ley 26.773, lo que implica para su caso los siguientes aspectos: a) incons-

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titucionalidad del tope legal fijado por el art. 14, apartado 2 inc. a) último párrafo de la ley 24.557; b) aplicación inmediata del art. 17 inc. 6 de la ley 26.773 y c) incremento del 20 % de la fórmula resarcitoria por imperio del art. 3 de la nueva norma. También peticiona la aplicación del art. 8 de dicho texto legal, pero entiendo que el mismo no se corresponde con el caso de autos, conforme señalaré infra. Respecto de la inconstitucionalidad del tope legal, el suscripto ya se ha expedido con anterioridad respecto de la procedencia de lo peticionado, por lo que sobre el particular reiteraré lo ya señalado. Así expresé: «El punto a verificar es la razonabilidadde tal determinación del legislador de fijar un tope máximo por punto de incapacidad y cómo ello ha incidido en el caso concreto. Sobre el particular debo señalar que la razonabilidad o ausencia de razonabilidad de la medida deberá ser analizada en el contexto histórico en que debe aplicarse y en el caso concreto del trabajador. Digo esto porque la fijación de topes ha sido una constante dentro del sistema tarifado de reparación de daños y los mismos por sí solos no devienen en inconstitucionales, sino que deben ser verificados con las circunstancias que rodean al caso. Ello sin perjuicio de rememorar que los topes han sufrido importantes embates desde la doctrina y la jurisprudencia a partir del caso «Vizzoti» en esta última corte, pero también con anteriores integraciones cuando los topes se mantuvieron sin actualizar produciendo lo que se ha dado en denominar «la pulverización del real contenido económico de la pretensión)). (. ..) En el caso de autos, la fijación del tope en cuestión ocurrió en diciembre de 2000, es decir cuando entre otros aspectos el dólar y el peso mantenían su equivalencia monetaria y el salario mínimo estaba fijado en la suma de $ 200, mientras que en la actualidad está en $ 1.200 es decir seis veces más, pero lo que es más importante es que habiendo renacido con fuerza la negociación colectiva y en especial la discusión salarial se han producido incrementos convencionales que en la actualidad han determinado que con salarios apenas superior al mínimo legal ya se encuentre comprendido dentro de la limitación fijada por el tope al aplicar la fórmula legal para determinar la cuantía a resarcir. El mecanismo de topes legales no puede constituir una valla que afecten derechos constitucionales y de ese modo privar a trabajadores dañados de un resarcimiento acorde, máxime cuando los mismos se mueven dentro de la tarifa legal, que al utilizar el parámetro salarial para fijar el Ingreso Base Mensual toma en consideración -aunque en forma acotada- justamente los incrementos producidos en el salario de la víctima en el período en cuestión fijado por la ley (. ..) En ese sentido comparto lo sostenido en

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reciente pronunciamiento por el Dr. Mauricio César Arese cuando expresara: «No se cuestiona en este pleito el tope como política legislativa limitante de hipotéticas medidas de protección monetaria frente a la lesión del derecho fundamental a la integridad psicofísica, sino que el legislador ha actuado con desidia tal que está desnaturalizando e incursionando por debajo del nivel de protección que la propia norma base ha pretendido implantar para garantizar esa protección. La limitación congelada del art. 12, LRT, por más que aparezca en este caso con un monto no importante, significa en fin, un recorte al derecho fundamental de fondo sin fundamento ni racionalidad alguna. Finalmente, existe un dislate legislativo al mantener la vigencia de un límite resarcitorio en materia de siniestros laborales cuando ha sido superado por la realidad durante varios años (art. 12) en el marco del publico y notorio cuestionamiento doctrinario y jurisprudencia1de la actual LRT aceptado por la CSJN en diversidad de materias (...) En el caso, el análisis aquí efectuado no deja otra posibilidad y la convicción de que en las actuales circunstancias, el art. 14,2, párrafo final, aniquila derechos y garantías constitucionales y debe ser declarado contrario a la Carta Magna. Todo lo expuesto, lleva a la declaración de inconstitucionalidad del art. 14,2 párrafo final, por resultar irrazonable, contrario al principio protectorio constitucional de condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis, CN), el derecho de propiedad del actor (art. 17, CN) y el principio de no regresión normativa (art. 75, inc. 23, CN) y de progresividad (art. 2.1. del PIDESC, art. 75, inc. 22, CN)» (...) En consecuencia al igual que en el precedente analizado no cabe otra alternativa más que declarar la inconstitucionalidad del mecanismo de tope parcial fijado en este caso concreto en el art. 14, apartado 2 inc. a) último párrafo de la ley 24.557 y mandar a pagar la diferencia. 2. Respecto del segundo interrogante planteado esto es la aplicación de los nuevos valores de prestaciones dinerarias de conformidad con lo prescripto por el art. 17 inc. 6 de la ley 26.773 dicha norma en su texto especifica: «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias,y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RlPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaria de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2010)). Dicha disposición debe ser analizada en conjunto con el inciso 5 cuando esta norma dispone: ((5. Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de O

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su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha)). Si la regla general es la que emana del inciso 5, para los nuevos siniestros, es lógico que lo dispuesto en el inciso 6, abarque a los siniestros anteriores que faltan de liquidar, ya sea por no haberse determinado incapacidad definitiva o bien porque la misma esté sujeta a revisión, como es el caso de autos, en la instancia jurisdiccional. Si esta no fuera la interpretación resultaría evidente que la disposición del inciso 6 sería claramente redundante e innecesaria, ya que el inciso 5 la comprendería, aspectos estos que en el análisis normativo, el Juzgador no puede presuponer como actitud del legislador. (. . .) Una interpretación contraria significaría un claro desmedro de contenido patrimonial para aquellos trabajadores que a la fecha de la sanción de la ley 26.773 aún no han logrado la percepción de su crédito. 3. De todas maneras si no se interpretara como lo sostiene el Camarista mendocino y comparte el suscripto, a la disposición del art. 17 inc. 6, sería obligación del Juzgador a tenor del precedente «Ascua» ya referenciado declarar la inconstitucionalidad de oficio de dicha norma por su clara y evidente discriminación hacia los trabajadores que sufrieron siniestros anteriores, con relación a aquellos que tuvieron como fecha de daño un momento ulterior. Adviértase que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció declarando la inconstitucionalidad de oficio en la causa ((Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c1Ejército Argentino sldaños y perjuicios)) (Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2012) agregando en lo que atañe a esta cuestión: ((15) Que, admitida en los términos precedentes la potestad de los jueces de efectuar el control de constitucionalidad aunque no exista petición expresa de parte (.. .) En conclusión, la adecuada protección del derecho a la vida y a la integridad psicofísica de las personas exige que se confiera al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, así como evitar la fijación de limitaciones en la medida en que impliquen «alterar» los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art. 28))). Siendo así y teniendo en consideración las directrices del máximo tribunal de la Nación, sostengo que una reparación tan menguada por el hecho del transcurso del tiempo, la desvalorización monetaria y la inacción de los legisladores que no previeron mecanismos adecuados de resguardo del valor del crédito laboral, torna necesario pronunciamientos como el que propongo en esta línea.

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4. Aun si admitiéramos como última ratio la declaración de inconstitucionalidad de la norma, también sostengo que la interpretación del art. 3 del Código Civil nos lleva a idénticas conclusiones relacionadas con la aplicación inmediata de la norma a las causas en trámite, al menos en aquellas donde se demuestre un agravio tan notorio, como el que surge en el análisis que he efectuado en esta causa. (. ..) Que, por lo demás, el agravio del apelante sustentado en el carácter retroactivo que atribuye a la aplicación de la ley 20.695 -derogada por la ley 21.297carece de fundamento no bien se advierta que se trata de la inmediata aplicación de la norma a una relación jurídica existente, toda vez que, en el caso de autos, al entrar en vigor aquella, no se había satisfecho el crédito del accionante. Resulta por tanto aplicable la doctrina del art. 3 del Código Civil, primera parte, ya que tan sólo se alteran los efectos en curso de aquella relación nacida bajo el imperio de la ley antigua, a partir del momento de la entrada en vigencia del nuevo texto legal. 9 Que la posibilidad de aplicar la nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores ha sido admitida por esta Corte en Fallos: 308:116 y 883; 310:995; 312:2250 y 316:2054, precedentes en los que se extendió la aplicación de una norma posterior a los casos en que la muerte del causante se había producido con anterioridad a su vigencia. 13) Que sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, esos fallos aplicaron la norma más favorable, exégesis que concuerda con el propósito del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales, según ha sido preceptuado, más tarde, en el art. 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional en las disposiciones del inciso 22 del artículo mencionado. 14) Que es el reconocimiento del principio de progresividad en la satisfacción plena de esos derechos el que ha desterrado definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos en la materia (arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y considerando 10 1 del voto del Dr. Maqueda en Fallos: 328:1602). (. ..) Para concluir este aspecto no puede obviarse lo que señalara el Dr. Guillermo Borda al efectuar la diferenciación entre efectos inmediatos e irretroactividad de la ley al expresar: «es preciso aceptar la regla de que las nuevas leyes deben aplicarse con la mayor extensión posible y producir sus efectos de inmediato. Toda nueva ley se supone mejor y más justa que la anterior, de no entenderlo así el legislador, no la hubiera dictado. Por ello mismo y salvado el principio de la irretroactividad esa ley debe aplicarse en su máxima extensión posible.

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5. Todo ello me lleva a la convicción de que a las prestaciones dinerarias derivadas de la declaración de incapacidad permanente definitiva, pendientes de pago se le debe aplicar el mecanismo de ajuste prescripto por el índice RIPTE. A tal fin a la indemnización que corresponde conforme la fórmula legal, sin tope, se le aplicará.el coeficiente RIPTE, desde el 1 de Enero de 2010 hasta la fecha en que se proceda a su liquidación vía depósito judicial. Con el mismo criterio de vigencia inmediata de la norma entiendo que es de aplicación a la fórmula legal el art. 3 de la ley 26.773 en cuanto dispone que al resultado que se obtenga conforme la fórmula legal se le adicionará el 20 % para la cobertura de aquellos otros daños no cubiertos por el régimen sistémico de la ley 24.557 y sus reformas, lo que se efectuará una vez cumplido el paso anterior, es decir determinado el valor ajustado conforme al índice RIPTE. (. . .) En cambio, como ya anticipé, en el caso concreto no será de aplicación el art. 8, ya que ello establece simplemente el mecanismo de actualización semestral que también está contemplado en la última parte del art. 17, inc. 6 al que ya admití como aplicable al caso y que impactará en la resolución de este caso solamente si se diere la hipótesis que cuando aconteciera aquella primera actualización salarial de la fórmula o corrección monetaria, la presente condena aún continuara impaga. (((Martín, Pablo Darío c l MAPFRE ART S.A. - Ordinario -Accidente ley de riesgos)). Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, 21/12/2012, elDial.com - AA7 D43)

LABORAL. RIESGOS DEL TRABAJO. MODIFICACIONES INTRODERECHO APLICACI~N A CONTINGENCIAS POSDUCIDAS POR LA LEY 26.773. VIGENCIA. TERIORES. CONSTITUCIONALIDAD.

REGLADEL CASO: Las modificaciones introducidas por la ley 26.773 para el cálculo de las prestaciones dinerarias previstas en el ley 24.557, en el marco del sistema de resarcimiento de infortunios laborales, son de aplicación para las contingencias previstas en la ley 24.557 -y sus modificatoriascuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha, circunstancia que aconteció el 26 de octubre de 2012, regla esta que no es contraria a los principios, derechos y garantías constitucionales.

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SUMARIOS: 1. De la lectura de las normas se sigue que la única cláusula de vigencia que establece el nuevo ordenamiento legal está contemplada en el primero de los incisos transcriptos. Allí se dispone que la ley 26.773, se aplicará a las ((contingencias)) previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, aludiendo -claramente- a aquellas posteriores a la fecha de su publicación (B.O. 26110112). Mientras que el inc. 6 es una norma de transición que regula el mecanismo de ajuste hasta el nacimiento de la ley pero para que se aplique desde esa fecha. 2. El pago es un modo de extinción de las obligaciones (art. 724, CC), no una consecuencia de relaciones y situaciones jurídicas existentes, únicas a las que el art. 3 del Código Civil autoriza que resulten captadas por leyes nuevas, salvo disposición en contrario de la propia ley que no acontece. En realidad, la vigencia está dada por el momento en que se reúnen todos los factores que condicionan el nacimiento de la relación juridica y esta ley lo circunscribió a la ((primera manifestación invalidante)) (art. 17 inc. 5" in me). Este es el factum a indagar para decidir entre dos valores cuya preservación debe buscarse con igual afán: la seguridad y la justicia. 3. El argumento del a quo en orden a la desigualdad que genera la aplicación de leyes diferentes a trabajadores que sufrieron siniestros anteriores y posteriores a la nueva legislación, carece de respaldo jurídico mientras se mantenga el principio consagrado en el art. 3, CC. En realidad, la ((desigualdad)) a la que se recurre, estaría sucediendo siempre, con cada cambio legislativo, dejando a salvo obviamente la aplicación de la ley más benigna en el derecho criminal. 4. El Juzgador, invocando la doctrina del lus Cogens y el principio de ((Progresividad)) sostiene que, de no interpretarse la nueva normativa como lo postula, se discriminaría a los trabajadores y en esa dirección alude a los precedentes de la CSJN que cita (((Ascua...)), ((Arcuri Rojas ...» y ((Rodríguez Pereyra...»). Sin embargo, no desarrolla la violación a la norma imperativa internacional ni al principio de progresividad en el supuesto de marras. En realidad, el trabajador percibió la indemnización en su paso por las comisiones médicas. La presente acción perseguía un resarcimiento por una mayor incapacidad, que lograda y declarada la inconstitucionalidad del tope legal (art. 14, ap. 2 a, LRT), no mereció por parte del Sentenciante argumentación acerca de la incidencia de los mentados principios en el veredicto que adoptaba. Máxime, cuando la aplicación de la nueva ley de riesgos fue solicitada en la etapa de los alegatos y no sometida a debate. Tan es así, que introdu-

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cida la impugnación constitucional en tiempo y forma, de verificarse en el caso concreto que la indemnización no repara todos los daños conforme las particularidades del agente que lo sufre, la interpretación sostenida en orden a la aplicación de la ley en el tiempo, podrá ser desplazada. La ley es general y abstracta, entonces, lo justo deviene de lo peculiar que surja de la causa. 5. Es propicio recordar que autorizada doctrina enuncia que la progresividad -entendida como el deber jurídico de no deshacer injustificadamente los mejores derechos alcanzados-, constituye un principio de la política social y aconseja que, en la medida de lo posible, las leyes tiendan a mejorar el nivel de beneficios reconocidos para aquellos sectores que necesitan la protección especial del Estado. Pero, a la vez, dicho principio no está dado para fundar la descalificación constitucional de una norma, más allá de que el desvío pueda justificar la crítica política, ideológica y de opinión 6. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que esta directriz de la progresividad es un «...principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en particular...)) y c..que existe una fuerte presunción contraria a que las medidas regresivas sean compatibles con el Tratado (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 14 y 15, Págs. 103, párr. 32 y 122, párr. 19, respectivamente...))) Fallos 327:3753 ((Aquino, lsacio clCargo Servicios Industriales S.A.. .», también en Fallos 327:4607 ((Milone, Juan Antonio clAsociart S.A.. .D. El aludido principio no allana ni altera el ya delimitado concepto de irretroactividad de la ley y opera plenamente en cada uno de los sistemas legales sucesivos, sin que se pueda constatar en el subexamen que no aplicar el nuevo régimen implique obrar regresivamente respecto del anterior. Obviamente, sin olvidar la presunción de que las nuevas leyes se presumen mejores, pero -se reitera-, la relación juridica, se encuentra consumida. 7. En cuanto a los intereses, se establecen desde la fecha de la primera manifestación invalidante (2916109) hasta la sanción del decreto no 1694109 (B.O. 6111/09), según la tasa pasiva nominal mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, destinada a proteger al trabajador por no habérsele abonado el capital en tiempo oportuno, con más un adicional del 0,5 % mensual (((Zapata Angelita, E. c l Ros, Alex y otra)) de fecha 27110194). Para este lapso, se justifica la determinación de una tasa despojada parcialmente del componente

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retributivo que habitualmente utiliza esta Sala para ajustar el capital adeudado frente a las diversas fluctuaciones económicas. Ello es así pues se dispuso la aplicación inmediata de un decreto -el mentado 1694109- nacido con posterioridad al hecho causante del daño y que mejoró en términos monetarios la indemnización. Se mantiene, de todas maneras, una tasa compensatoria en protección de la acreencia que es de causa laboral y por ende de naturaleza asistencia1 por lo que el incumplimiento del pago debe ser considerado con mayor rigor. Ahora bien, a partir del 6111109 y hasta su efectivo pago, se considerará la emplazada en la causa ((Hernández cIMatricería Austral)) (tasa pasiva BCRA, más el 2 % mensual), a fin de mantener incólume el contenido del crédito. («Martín, Pablo Darío c1Mapfre ART S.A. - Ordinario -Accidente (Ley de Riesgos) - Recurso de Casación e lnconstitucionalidad». TSJ de Córdoba, Sala laboral, 2012120 14, elDial.com - AA856C)

PRESTACIONES POR INCAPACIDAD LABORAL. ART. 8 DE LA LEY 26.773. PRESTACIONES DINERARIAS. AJUSTE.~NDICERlPTE -REMUNERACIONES IMPONIBLES PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES ESTABLES-.ART. 17, INC. 6), DE LA LEY 26.773. ~NTERPRETACIÓNNORMATIVA. EVALUACIÓN DE LA RAZONABILIDAD DE LOS IMPORTES INDEMNIZATORIOS. SE CONFIRMA SENTENCIA «...el accidente ocurrió el 51712011 y que la prestación dineraria que le correspondería percibir al trabajador conforme al régimen legal vigente a la fecha del infortunio resulta reducido (dec. 1694109), máxime teniendo en cuenta que tal prestación ni siquiera fue entregada al trabajador. Si se repara en las condiciones psicofísicas en que se encuentra el accionante como consecuencia del accidente, es ostensible que la indemnización reconocida por la ley 24.557 únicamente en concepto de daño patrimonial y dentro de éste, exclusivamente por la pérdida de capacidad de ganancia (lucro cesante) es irrazonable, inequitativa e irrisoria y, en ese sentido, violatoria de los derechos humanos de dignidad, de protección preferente de quien trabaja (art.14 bis, CN) y de propiedad (art.17, CN) (ver mi voto en la causa ((Orue, Gustavo Adolfo clConsolidar ART S.A. slaccidente)) [Fallo en extenso: elDial.com AL41241 (SD 88.717 del 31512013).» «No se trata de la aplicación retroactiva de una ley sino de su utilización como parámetro de razonabilidad de los importes indemnizatorios,

a los fines de dilucidar si la reparación en cuestión resulta o no ajustada a la protección de las garantías constitucionales en juego.)) «Como ya lo sostuvo esta Sala en la causa ((Cabrera González, Christian Fabián c1QBE ART S.A. s1Accidente - Ley Especial)), SD no 923112012 del 15/8/2014, «...es oportuno recordar que el art. 8 de la ley 26.773 establece que «...los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.. .». Ello debe conjugarse con los términos del art. 17, inc. 6), de dicha ley en cuanto determina que «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RlPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2010».» «...una prudente interpretación de las normas, que no prescinde de la lógica legal sino que parte de la realidad de los casos que debemos resolver, me inclina a propiciar que, como parámetro de razonabilidad, continuemos ponderando la reparación a otorgar de la manera en que esta Sala lo ha hecho a partir del precedente ((Orue, Gustavo Adolfo c l Consolidar ART S.A. slaccidente)) [Fallo en extenso: elDial.com AL41241, antes mencionado, es decir, valorando la incidencia del RlPTE sobre el valor que arroja la aplicación de la fórmula, sin dejar de comparar su resultado con los importes mínimos a los que se refieren el decreto y las resoluciones mencionadas.. . Por ello, coincido con el temperamento adoptado en origen en cuanto a la aplicación de dicho régimen al presente caso, y corolario de ello será la confirmación de la decisión sobre este punto.)) (((Martínez Ovelar, Alipio c1Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar S.A. slaccidente ley especial)). CNTrab., Sala 1, 121912014, elDial.com - AA8AC9) O

RIESGOSDEL TRABAJO. PRESTACIONES DINERARIAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE.AJUSTE. ~NDICERIPTE.ART.17, INCS. 5 Y 6, DE LA LEY 26.773. ~NTERPRETAC~ÓN NORMATIVA

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«En cuanto al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773, el apartado 5' de su artículo 17 establece que: «Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha)) ... Por su lado, el ap. 6' del mismo artículo expresa: «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decr. 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaria de Seguridad Social, desde el A de enero del año 2010».» ((Conforme lo establecido en dicho precedente, y como bien lo señala la doctrina, «La existencia de dos preceptos diferentes está demostrando que en materia de ajuste (índice RIPTE) la ley no ha seguido el criterio general de aplicación ceñida a las contingencias, cuya primera manifestación invalidante se produjera luego de su publicación, sino que dispone su directa operatividad sobre las prestaciones adeudadas (es decir que juega sobre contingencias ocurridas con anterioridad). De otro modo la diferenciación no tendría sentido práctico ni jurídico, máxime cuando el ap. 5' se refiere a las prestaciones de «esta ley» (que son las que se aplican hacia el futuro, sin perjuicio de la posibilidad de plantear su vigencia inmediata o su consideración en equidad),... y el ap. 6' remite a las prestaciones de la originaria ley 24.557 y las mejoras del decr. 1694109 (lo que demuestra su aplicación a las contingencias anteriores, que se calculan sobre la base de dichas normas). Coadyuva en este mismo sentido la consideración de la finalidad de la norma, que ha sido la de intentar ajustar los importes a la realizada en función de una injusticia manifiesta, sin distinciones)) (cfe. Formaro, Juan J. Riesgos del Trabajo. Leyes 24.557 y 26.773, Acción especial y acción común. 1a. edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2013, pag. 17415).» «El articulo 17, inc. 6) de la ley 26.773 se refiere a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanentes sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557, el decreto 1278100 y el decreto 1694109, al disponer que estas se ajustarán «a la fecha de entrada en vigencia de la ley conforme al índice RIPTE desde el día 111110)). .. En consecuencia y teniendo en cuenta que el último indice RIPTE fijado y publicado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social correspondiente al

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mes de diciembre de 2012 es de 798,50 y el del mes de enero de 2010 es de 34473, el índice de ajuste es de 2,31 (798,50 134473) de modo que el capital de condena correspondientes a la indemnización del art. 14 de la LRT, asciende a la suma de $ 101.871 ($44.100 x 2,31), sin perjuicio del ajuste que corresponderá con el índice actualizado hasta el momento del art. 132 de la LO.» (((Martínez, Pablo Roberto clConsolidar ART S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala VI - 231812013, elDial.com - AA82B9)

APLICACI~N DE LA LEY26.773. HECHOS QUE DETERMINARON LA INCAPACIDAD DEL ACTOR, QUE ACAECIERON ANTES DE LA VIGENCIA DE DICHA

NORMA. PRESTACIONES DINERARIAS. AJUSTE.DECRETO REGLAMENTARIO 47212014. ART. 17 DE LA NORMA REGLAMENTARIA. INCREMENTO DE PRESTACIONES CONFORME LA VARIACIÓN DEL ~NDICERIPTE. COMPENSACIONES ADICIONALES DE PAGO UNICO Y PISOS M~NIMOSESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1694109. DISPOSICIÓN DISCRIMINATORIA. EXCESO REGLAMENTARIO, VlOLATORlO DELART. 28 DE LA CONSTITUCI~N NACIONAL. VULNERACI~N DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CNTRAB.Y DE OTROS TRIBUNALES DEL PA~S, QUE SE HAN INCLINADO POR APLICAR EL RIPTE SOBRE EL TOTAL DE LOS MONTOS INDEMNIZATORIOS

«La doctrina de la CSJN en los fallos Aquino [Fallo en extenso: elDial.com - AA242F1, Ascua [Fallo en extenso: elDial.com - AA61AC1, Lucca de Hoz [Fallo en extenso: elDial.com -AA62201 y Aróstegui [Fallo en extenso: elDial.com - AA46971 con más la interpretación que de los mismos efectúa ésta Sala sobre la nueva tarifa de la ley 26.773, me llevan a la convicción de que la misma debe ser aplicada al caso de autos, aun cuando los hechos que determinaron la incapacidad del actor sean anteriores a la vigencia de dicha ley.» «El decreto reglamentario 47212014 dispone que «...sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1694109, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la ley 26.417».» «La reglamentación de la norma, que intenta debilitar la jurisprudencia de la CNAT y de otros Tribunales del país, que se han inclinado por O

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aplicar el RIPTE sobre el total de los montos indemnizatorios desde el lo de enero de 2010, abarcando contingencias anteriores y posteriores, viene a incorporar una discriminación entre las prestaciones dinerarias que deben ajustarse conforme la variación del índice RIPTE desde el 1 de enero del año 2010 (compensaciones adicionales de pago único y pisos mínimos establecidos en el decreto 1694/09), de aquellas que deben ajustarlo desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773 (indemnización tarifada).)) «Tal como lo he sostenido en la causa «Silva, Celina Sandra clLa Caja ART S.A. slaccidente - ley especial)), SD. 66.525 del 3016114, del registro de esta Sala, propongo modificar lo decidido en grado en cuanto a la aplicación del decreto 472114 (B.O. 11/4/2014), por cuanto considero que el mismo incurre en un exceso reglamentario, violatorio del art. 28 de la Constitución Nacional.)) «Por lo anteriormente expuesto, se aplicará el índice RIPTE fijado y publicado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social correspondiente al mes de marzo de 2014 (1.101,28) y el del mes de enero de 2010 (34473) para establecer el índice de ajuste (coeficiente 3,19) de modo que el capital de condena.. ., correspondiente a la indemnización derívada a condena, se corrija con dicho coeficiente.)) ((Siendo que la aplicación del índice RIPTE importa un ajuste con el objeto de mantener incólume el crédito del accionante, se establecerá que dicha suma lleve la tasa de interés del 12 % anual, desde ... (la fecha del accidente) hasta el momento en que venza al plazo de cumplimiento de la presente sentencia, cuyo cálculo se efectuará en la oportunidad del art. 132 de la LO, dejando a salvo que en caso de mora se aplicará a partir del eventual incumplimiento la tasa que surge del Acta 235712002, al igual que si sobreviniera un nuevo reajuste del RIPTE pendiente de cumplimiento la presente sentencia.)) (((Melendres, Justo Darío clHorizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala VI, 171 712014, elDial.com - AA8BA1) O

RIESGOSDEL TRABAJO. PRESTACIONES DINERARIAS. AJUSTE.MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 26.773. TASADE INTERES. APLICACIÓN DE LA TASA ACTIVA. INTERESES COMPENSATORIOS Y MORATORIOS QUE SE GENERARON DESDE LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN DEL DAÑO Y HASTA LA APLICACIÓN DEL RIPTE. ART. 17, JNC. 6, DE LA LEY 26.773. DISIDENCIA PAR-

CIAL: TASA DE INTERÉS APLICABLE

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«En el caso de autos, como he adherido a mi colega Dr. Luis A. Raffaghellien SD no65902 del 511212013 en la causa caratulada: ((Lango, Néstor Oscar cllnteracción ART S.A. slaccidente ley especial)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA84CD1, considero que en virtud de que la aplicación del índice RIPTE importa un ajuste, con el objeto de mantener incólume el crédito del accionante a partir de la fecha en que se ordena su cómputo, se establecerá un interés variable que compense al acreedor por el tiempo transcurrido entre el nacimiento de su derecho y el reconocimiento judicial. Recuérdese que el importe que difiere a condena se obtiene mediante la utilización de un índice con características de actualización monetaria y de computarse intereses tasa activa, desde la fecha de consolidación del daño y sobre un monto ya actualizado por la ley 26.773, existiría una doble actualización de valores que coloca al importe a percibir por el actor, en un valor superior al actual y real.)) (Del voto de la mayoría) «En efecto, resulta aplicable la tasa activa a los intereses compensatorio~y moratorios que se generaron desde la fecha de consolidación del daño y hasta la aplicación del RIPTE (11112010, conf. art. 17, inc. 6, ley 26.773), fecha última a partir de la cual se aplicara una tasa menor del 12 % anual que surge del Acta 215511994 (porcentaje que refleja Jas variaciones que registra el índice RIPTE) y hasta el reconocimiento judicial. A su vez, en caso de incumplimiento del presente mandato judicial, se modificará dicha tasa elevándola a la que surge del Acta 235712002., . Es por ello que dadas las circunstancias del caso, propiciaré aplicar la tasa de interés surgida del Acta 2357 de la CNAT desde el 271412009 (fecha de consolidación del daño) hasta el día 311 1212009. Desde el 11112010 (art. 17, inc. 6, ley 26.773) y hasta el momento de practicarse la liquidación del art.132 de la LO se aplicará la tasa morigerada del 12 % anual que surge del Acta 215511994, disponiéndose que, a partir de ese momento, y frente al eventual incumplimiento del deudor, corresponderá aplicar la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para e1 otorgamiento de préstamos, según la plantilla que difundida por la Prosecretaria General de la Cámara (conf. CNAT, Res. 8/02), como asimismo en tal situación se corregirá el monto de la prestación dineraria si se modificara el indice RIPTE.)) (Del voto de la mayoría) «Si bien la ley 26.773 dispuso su ajuste con el coeficiente de evolución del RIPTE desde enero de 2010, con lo que recuperó su valor en términos reales respecto del dec. 1694109 encuentro que ello no alcanza para recuperar el valor real de la previsión originaria del decreto

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1278100. Y digo ello pues a través del tiempo la indemnización por incapacidad ha sufrido el deterioro de la base indemnizatoria sin que las leyes 23.928 y 24.557 y sus modificatorias dispusieran mecanismos de ajustes frente a la mora, lográndose liquidar indemnizaciones diferidas en el tiempo con bases depreciadas por cuanto el mecanismo de cálculo es el modulo denominado ((ingreso base mensual)) (art. 12) que es la base de cálculo utilizada para el pago de las indemnizaciones por incapacidad permanente y muerte, y que es el promedio de las remuneraciones del último años anterior a la primera exteriorización de la invalidez, como si durante ese año no hubiere movilidad salarial o bien no existiera movilidad salarial por todo el periodo hasta la determinación de la incapacidad y hasta el pago de la indemnización, lo que entiendo afecta garantías constitucionales.» (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Craig) «Al fijar la tasa de interés aplicable en nuestra materia deben respetarse los derechos constitucionales clásicos de manera de no agravar el daño (art. 19, CN) ni afectar el derecho de propiedad de los trabajadores que han sufrido un menoscabo en su integridad psicofísica (arts.14 y 17, CN). La adecuación de la tasa de interés atento el carácter alimeritario del crédito laboral debe tener como premisa alentar el pago inmediato de las obligaciones pendientes, desalentar litigios judiciales y debe ser suficiente para compensar las deudas que pudo haber tomado el trabajador siniestrado en substitución de su ingreso disminuido o impago. Asimismo entiendo que la aplicación de la tasa activa promedio mensual que publica el Banco Central de la RepúblicaArgentina para las operaciones de descuento de documentos comerciales, compensará la inmovilidad nominal del RlPTE durante el semestre y la rentabilidad frustrada actuando como un factor conminatorio de cumplimiento ... Es por ello que propicio la aplicación de la tasa activa según Resolución no2357 de la CNAT del 30 de mayo de 2002.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Craig) (((Méndez, Ángel Alberto C E N AART S.A. y otro S/ accidente - acción civil)). CNTrab., Sala VI, 31/3/2014, elDial.com -AA86E5)

ACCIÓNCIVIL. COMPETENCIA. LEY QUE RIGE EL EVENTO DAÑOSO.LEY 24.557. NORMATIVA DE FONDO VIGENTE AL MOMENTO DE ACAECIMIENTO DEL INFORTUNIO. PRINCIPIO DE APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS NORMAS PROCEAL DICTAMEN 56350 DEL FISCAL GENERAL DIMENTALES. REMISI~N -CNTRAB.-. ACCIÓNINTERPUESTA CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE NO

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LA LEY 26.773, POR TRABAJADOR ACCIDENTADO ANTES DE DICHA VIGENCIA. ACCIÓNDIFERENTE A LA DISPUESTA EN ART. 4 DE LA LEY 26.773. SUPUESTO NO ALCANZADO POR LA COMPETENCIA PREVISTA PARA TALES ACCIONES -ART. 17, INC. 2, DE LA LEY 26.773-. SE REVOCA RESOLUCIÓN. DECLARACIÓN DE COMPETENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO

«Para la determinación de la ley que regirá el evento dañoso por el que se reclama en autos, corresponde estar a la normativa vigente al momento de acaecimiento del accidente. Como en el caso de autos se invoca que habría ocurrido el 8111110, el fondo del asunto deberá ser analizado bajo la óptica de la ley 24.557 y su reglamentación vigente a la mencionada fecha.)) «Toda vez que las normas procedimentales son de aplicación inmediata, podría suceder que una cuestión quede regida por las disposiciones de la ley 24.557 (por ejemplo en lo relativo al resarcimiento pretendido) y en sus aspectos procedimentales por la ley 26.773, en tanto la acción haya sido iniciada con posterioridad a su entrada en vigencia. Pues bien, en el caso de autos al momento de interposición de la demanda (29111112) ya se encontraba vigente la ley 26.773.)) «Lo cierto es que -como sostiene el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en su Dictamen No56.350 del 8/2/13, el principio de aplicación inmediata de las normas procedimentales rige en tanto y en cuanto el derecho al cual se le aplica la nueva norma procesal, hubiese existido con anterioridad a la creación de ésta, y no en casos como el presente, en que la ley prevé una acción que en el anterior régimen no existía y le prescribe un trámite específico.» «Es decir, «... El art. 17, inc. 2 de la ley 26.773 ... al establecer la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para los reclamos previstos en el último párrafo del art. 4, o sea los iniciados por la vía del 'derecho civil', sólo puede ser aplicable a las acciones que emergen de la derogatoria del art. 17 inc. 1, o sea, las que nacen del final esperado del art. 39 de la ley 24.557. .. . La ley establece para el futuro una acción que no existía, y le crea un proceso adjetivo que, accesorio de lo sustantivo, sólo puede regir con aquella pretensión de fondo. Una interpretación contraria significaría la retroactividad de la porción de la norma que sólo fue concebida como aditamento porque, repito, una acción fundada en el Derecho Civil, con sustento en un accidente anterior a la vigencia de la ley 26.773 debe presuponer una desactivación constitucional del art. 39 de la ley 24.557 y no e? 'una acción del art. 4 último

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VíCTOR HUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

párrafo' ...» (ver Dictamen No 56.350 del Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo). Por lo cual, sin que ello implique sentar opinión sobre el fondo del asunto a debatirse en autos o sobre la viabilidad del reclamo aquí incoado, se puede concluir que la acción fundada en el derecho civil interpuesta por un trabajador accidentado con anterioridad a la vigencia de la ley 26.773 no es la acción del art. 4 de esta norma sino otra diferente y, por ende, no alcanzada por la competencia asignada para dichas acciones en el art. 17, inc. 2, del referido cuerpo normativo.)) «En definitiva, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Dictamen No56.350 del 8 de febrero de 2013), a cuyos fundamentos y conclusión remite en su Dictamen Nro. 56.655 y del 14/3/13 -que han de considerarse parte integrante del presente pronunciamiento- y que el Tribunal hace propios en razón de brevedad, cabe concluir que corresponde revocar el pronunciamiento apelado y, en su mérito, declarar la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa.)) (((Mendoza, Jorge Luis c/Bruno, Gerardo Reynaldo y otro S acciI dente - acción civil)). CNTrab., Sala IX, 25/3/2013, elDial.com -AA7DEO)

RIESGOS DEL TRABAJO. RECHAZO DEL RECLAMO FUNDADO EN LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL. CUANTIFICACI~N DE LA REPARACIÓN. NORMA APLICABLE. PRESTACIONES DlNERARlAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE. LEY 24.557. ACTUALIZACI~N DE LOS MONTOS CONFORME AL ~NDICERIPTE. ART. 17, INC. 6, DE LA LEY 26.773. PAGOPENDIENTE DE CANCELACIÓN. CONSECUENCIAS DE RELACIONES Y SITUACIONES JUR~DICASEXISTENTES. SE ELEVA EL MONTO DE LA CONDENA «De acuerdo con lo dispuesto por el inc. 6O del art. 17 de la ley 26.733, «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el lo de enero del año 2010)). Como se ve, el inciso en cuestión dispone la aplicación del índice RIPTE para las prestaciones de la ley 24.557, y contrariamente a lo que surge de otras normas de la misma ley, en este caso no se sujeta la aplicación de aquél a ninguna otra consideración ni plazo, por lo que corresponde concluir

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que a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.733, las prestaciones de la ley 24.557 deben ser ajustadas según el índice mencionado.)) (Dra. Fontana, según su voto) «Esa conclusión resulta en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 3' del Código Civil, en tanto establece que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situacionesjurídicas existentes.)) (Dra. Fontana, según su voto) «En el caso en examen, en tanto el perjuicio fue comprobado conforme aspecto de la sentencia que llega firme, y hasta el momento no se ha cancelado el pago devengado por su reparación, no cabe duda que nos encontramos frente a consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes.)) (Dra. Fontana, según su voto) «La aplicación temporal de la ley, sobre todo en nuestra disciplina, y más aun en el territorio de la seguridad social, rompe los cánones generales y tradicionales, para dar paso a la firme vigencia del principio de progresividad, enancado en la regla de la norma más beneficiosa y sobre la base inamovible de la dignidad humana. Después de todo, hay también un derecho a gozar de la dignidad, que funciona no sólo como causa fuente, sino también como determinante del contenido de los derechos humanos y casi podría afirmarse, que de los derechos en general. Es allí, por otra parte, donde el tiempo, se erige en factor fundamental y en la presencia de las contingencias expuestas, debe enseñorearse el principio «pro homine)) o «pro persona)), con una dinámica de proyección progresiva (ver trabajo completo, Estela Milagros Ferreirós, «La ley 26.773 y aspectos de la cuantificación de la reparación)), en prensa). Así doy mi voto.)) (Dra. Ferreirós, según su voto) (((Miguela, Viviana Nancy cISanatorio de la Trinidad Quilmes S.A. y otro slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala VII, 3011212013, elDial.com - AA8520)

RIESGOS DEL TRABAJO. PROCEDIMIENTO. COMPETENCIA MATERIAL. ART. 4 DE LA LEY 26.773. VIOLACIÓN DEL ((PRINCIPIO PRO HOMINE)) Y DEL ((PRINNACIONAL-.PRICIPIO PROTECTORIO)) -ART. 14 BIS DE LA CONSTITUCI~N VACIÓN DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO COMÚNA LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO. DESPROTECCI~N DE LAS vIcTIMAS Y SUS CAUSAHABIENTES. SE REVOCA PRONUNCIAMIENTO. COMPETENCIA DE LA JUSTICIANACIONAL DEL TRABAJO

«El último párrafo del art. 4 de la ley 26.773 establece: «En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se

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aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil)). La norma se complementa con el ap. 2O del art. 17, que consagra la competencia en la Capital Federal de la Justicia Nacional en lo Civil.)) Así, se consagra un intento de desplazar a los trabajadores de sus jueces naturales y se soslaya que lo verdaderamente relevante a efectos de fijar la competencia material es la alegación de un vínculo de naturaleza laboral. Lo que importa es que se trate de una relación de linaje laboral, y por ello las leyes de procedimiento fijan competencia para los juicios ((aunque se funden en disposiciones de derecho común)) (art. 20, ley 18.345)~)(Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto) «...entiendo que se normativiza la violación del principio protectorio instaurado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional que constituye al trabajador en sujeto de preferente tutela, así como de las normativas de los Tratados internacionales que constituyen el ius cogens, de prioridad insoslayable y de cumplimiento incuestionable ante lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (Concluida en Viena el 23 de mayo de 1969, ratificada por la república Argentina el 5 de diciembre de 1972, entró en vigor el 27 de enero de 1980) en sus arts. 26 y 27 que vedan la posibilidad de invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, y establecen la obligatoriedad de los mismos y el deber de cumplirlos de buena fe.» (Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto) «En cuanto a la remisión a los preceptos procesales del fuero civil, advierto que se da la espalda al principio ((favor operar¡» y supone dos contendientes en iguales condiciones desconociendo la posición dominante del empleador. Obiter dicta, la iniciación de una acción judicial en lo civil obligaria al trabajador a pagar el impuesto de Justicia, o bien tramitar un beneficio de litigar sin gastos previamente, que insumiría tiempo y complicaciones suplementarias.)) (Dr. Rodriguez Brunengo, según su voto) «De esta manera, se desprotege a las víctimas y sus derechohabientes ya que, como indiqué, pierden la eximición de gravámenes fiscales (art. 41, ley 18.345) y beneficios de gratuidad automáticos, se quita el impulso procesal de oficio, se establece la instancia de mediación previa obligatoria que rige en el fuero civil sin el mínimo control estatal, y se veda la interpretación de las normas de derecho común a la luz de los principios del derecho del trabajo, que la adecuan a la realidad de las relaciones laborales.)) (Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto)

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«A lo expuesto debe agregarse que nuestro máximo Tribunal en autos ((Jaimes, Juan T. cIAlpargatas S.A.)) con fecha 5 de noviembre de 1996 expresó: «La competencia para resolver esta contienda no está dada por las disposiciones aplicables para determinar la extensión del resarcimiento o la valuación del daño, sino por la índole de las prestaciones que se invocan como insatisfechas, cuya consideración debe ser efectuada con los criterios particulares derivados del trabajo humano)).)) (Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto) «Y en la causa «Munilla, Gladys Nancy clUnity Oild S.A. S/accidente acción civil» el Procurador General de la Nación en su dictamen, que fue compartido por el alto Tribunal, expresó que: «la Justicia Nacional del Trabajo es la llamada a entender en esta presentación, desde que despojada la controversia de su innegable complejidad jurídica, nos encontramos frente a un infortunio suscitado en el marco de una relación de trabajo que tiene por sujeto pasivo a un empleador, en el que se reclama una reparación con amparo en disposiciones de derecho laboral y común, todo en consonancia con . .. artículo 20)) LO.» (Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto) (((Montes,Alejandro Maximiliano c/La Zaranda S.R.L. y otros S/despido)). CNTrab., Sala 111, 24/9/2013, elDial.com - AA82C5)

ENFERMEDAD LABORAL. AFECCI~N COLUMNARIA. CHOFER.TRANSPORPÚBLICODE PASAJEROS. MALESTADO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS. ADOPCIONDE POSTURAS INCÓMODAS Y VICIOSAS. RELACION DE CAUSALIDAD ADECUADA ENTRE LAS TAREAS Y LA PATOLOG~A.LEY26.773. FINALIDADDE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA REPARATORIO, DISPUESTO POR LA LEY 24.557 Y SUS MODIFICATORIAS. DECRETOS 1278100 Y 1694109 DEL PEN. PRESTACIONES DINERARIAS.ART.17, INC. 6, DE LA LEY 26.773. AJUSTE SEMESTRAL DE LAS PRESTACIONES POR EL ~NDICERIPTE. MOROSIDAD DEL ORGANISMO ADMINISTRATIVO EN LA PUBLICACIÓN DEL ~NDICE RlPTE QUE NO PUEDE SER IMPUTADA AL TRABAJADOR. APLICACIÓNDE LA NUEVA NORMATIVA QUE NO PUEDE SER CONDICIONADA, ANTE LA AUSENCIA DE PUBLICACIÓN DE DICHO ~NDICE. SE DISPONE LIQUIDAR EL AJUSTE CONFORME EL ULTIMO ~NDICEPUBLICADO -DICIEMBRE 2012-. SE DEBERA REAJUSTAR LO PAGADO CUANDO SE PUBLIQUE EL ~NDICEQUE CORRESPONDE. TASADE INTERÉS APLICABLE TE

((Haciendo una valoración armónica de las pruebas arrimadas 31 proceso, arribo a estas primeras conclusiones: a) las tareas que des-

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empeñaba el actor como chofer de transporte público de pasajeros y que denuncia en su escrito de demanda, las corroboran los testimonios rendidos.. ., eran con posturas incómodas y viciosas por encontrarse los vehículos en muy mal estado de mantenimiento, con asientos fijos, sin dirección hidráulica, con motor a gas oil, que ocasionaban vibraciones permanentes durante la marcha y que las viene desarrollando por un periodo muy prolongado de tiempo, por más de 25 años; b) queda debidamente comprobada la existencia de la dolencia en la columna vertebral del actor a través del estudio médico acompañado de RX, como asimismo del examen físico practicado por el perito actuante médico.)) «La ley 26.773 ha buscado en forma integral el mejoramiento del sistema reparatorio dispuesto por la ley 24.557 y sus modificatorias a través de los decretos 1278/00 y 1694109. Ello ha llevado al legislador a establecer distintos momentos de entrada en vigencia de la normativa allí dispuesta. Así, ha establecido en los arts. 2 y art. 17, ap.1, que, a partir de su entrada en vigencia todas las prestaciones dinerarias pasan a ser prestaciones dinerarias de pago único. La entrada en vigencia es a partir de su publicación en el Boletín Oficial es del 26110112.)) ((Siguiendo el meduloso fallo dictado por el Dr. Sergio Simo de la 7' Cámara del Trabajo en los autos no 4.235 caratulados ((Godoy, Diego Maximiliano clMapfre Argentina ART S.A. plAccidente» [Fallo en extenso: elDial.com - AA7E271 del 12/11/12, debo entender que el art. 17, inc. 6, de la ley 26.773 se refiere a las prestaciones dinerarias generadas durante la vigencia de la ley 24.557 y de los decretos 1278100 y 1694109, al disponer que éstas se ajustarán «a la entrada en vigencia y no a las de la ley conforme el indice RIPTE desde el día 111/10~~, prestaciones dinerarias que caben bajo la aplicación temporal de la ley 26.773, cuyas contingencias laborales sean posteriores a su publicación en el B.O. para las que rige el art. 8 de dicho cuerpo legal, que ordena ajustar semestralmente las prestaciones por el indice RIPTE. El último índice RIPTE publicado corresponde al mes de Diciembre1 2012, del 2,32.» «...no puede achacársele al trabajador la morosidad del organismo administrativo en la publicación del indice RIPTE, y resulta que tampoco puede quedar condicionada la aplicación de la nueva normativa ante la ausencia de la publicación de dicho índice. En consecuencia, y para evitar evidentes desigualdades que se generarían en el cálculo de los montos indemnizatorios, se dispone, al igual que ocurre cuando falta la publicación de los topes indemnizatorios del art. 245 de la LCT para los

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despidos incausados, liquidar el ajuste conforme el último indice conocido y publicado por el MTSA, es decir el de diciembre de 2012 y, cuando se fije y publique el que corresponde, se deberá reajustar lo pagado sobre dicha base.)) «Cuando el capital de condena ha sido calculado en valores actuales, sea a una fecha anterior a la sentencia o la fecha la misma sentencia, sea mediante la aplicación de algún mecanismo indexatorio permitido -como ocurre con esta ley 26.773-, queda exento de deterioro a causa de la depreciación monetaria. Debe entonces evitarse que el cómputo de estos accesorios desborde su finalidad, que no es otra que dejar al acreedor indemne respecto de la lesión patrimonial producida por la falta de pago oportuno de su crédito, pero, cuidando de no exceder su razonable expectativa de conservación patrimonial, con apartamiento de la necesaria relación que debe existir entre el daño real y la cuantía de la indemnización (fallos 316; 3054). Por ello es que, estimo aplicable la tasa de interés fijada en la Res. 414199 desde Setiembre107 hasta Diciembre12009 y, a partir del 1/1/10 el índice RIPTE a reajustar cada seis meses y utilizar la tasa fijada por la ley provincial 4087, que dispone una tasa de interés no mayor del 5 % anual en los casos que por ley o por decisión judicial se reconozca la desvalorización monetaria.» («O. F. R. c l Responsabilidad Patronal ART S.A. plenfermedad accidente)). Primera Cámara del Trabajo (Mendoza), 21512013, elDial.com AA8070)

ACCIDENTES DEL TRABAJO. LEYDE RIESGOS. DECRETO 169412009.AcPRESTACIONES POR RENTA PERIÓDIcA SEGÚN EL ~NDICE RIPTE TUALIZACIÓN DE LAS

Ante el caso del trabajador de Correo Argentino que a raíz de haber padecido varios delitos en la vía pública se ve afectado por una psicosis esquizofrénica con inadaptación que lo incapacita en forma permanente en un 50 %, resulta aplicable, a los fines de la determinación del monto indemnizatorio, el decreto 169412009. Dicha norma se aplica a siniestros ocurridos con anterioridad a su dictado, cuyos efectos no fueron cancelados a la fecha de su entrada en vigencia, por considerar que no se trata de un supuesto de retroactividad legal sino de aplicación inmediata de la ley (art. 3 del Cód. Civil). Las rentas periódicas a las que es acreedor el actor, resultan insuficientes por el transcurso del

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tiempo transcurrido e impiden sostener que la reparación es acorde a la incapacidad que padece. En consecuencia, deben ser adecuadas según el indice RlPTE (arts. 8 y 17, inc. 6, ley 26.773) respecto del cual, si bien sólo contempla la evolución de los salarios sujetos a aportes de los trabajadores registrados y no el salario íntegro de la persona trabajadora, es indudable que presenta una sensible mejora. (Del voto de la Dra. Pasten, en minoría). (((Orue, Gustavo Adolfo clConsolidar ART S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala 1, 31512013, e/Dia/.com - AL4124)

PRESTACIONES DINERARIAS. ACTUALIZACION. FORMADE CÁLCULO. ÍNDIRESOLUCI~N 312014 DE LA SECRETAR~A DE SEGURIDAD SOCIALDE LA NACIÓN.TASADE INTERÉS. DIFERENCIAS ENTRE LA APL~CAC~ÓN DEL ~NDICERlPTE -PREVISTO POR LA LEY 26.773- Y LA APLICACION DE INTERESES. DISIDENCIA PARCIAL: CALCULODE LA LIQUIDACIÓN DEL MONTO DE CONDENA. INTERESES

CE RIPTE. ART.17 DE LA NORMA.

((Disiento con la decisión de mi distinguida colega preopinante en primer lugar, porque no comparto lo decidido en torno a la forma de cálculo de la actualización de las prestaciones establecida en el art. 17 de la ley 26.773.. . A fin de fundamentar el anticipo, diré que la resolución No 312014 adoptada por la Secretaría de Seguridad Social de la Nación el día 13/02/14 fue dictada con la finalidad de elevar los importes por prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11, inciso 4, apartados a), b) y c) de la ley 24.557 y también con el objeto de establecer los pisos mínimos que disponían los arts. 14, inc. 2 ap. a) y b), 15, inc. 2 de la ley de la misma ley y art. 3O ley 26.773. En el caso particular de autos, la actualización ha sido calculada a partir de lo dispuesto en el art. 2O de la resolución citada que reza ((establéceseque para el periodo comprendido entre el 11312014 y 311812014 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b) de la ley 24.557 y sus modificatorias no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar pesos quinientos veintiun mil ochocientos ochenta y tres ($ 521.883) por el porcentaje de incapacidad.)) (Del voto de la mayoria) «. . .no comparto la solución que propone la distinguida colega preopinante, en tanto de la implementación del piso establecido en la resolución mencionada (Resolución 312014 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación) se deriva una suma inferior a la que hubiera

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correspondido al actor en caso de aplicarse la fórmula prevista en el art. 14, apartado 2, inc. b), y luego su actualización mediante el indice RlPTE de la ley 26.773.)) (Del voto de la mayoria) ((Tampoco comparto la aplicación de una tasa de interés distinta a la que fuera receptada por la sentencia de grado.. . Al respecto, considero que el concepto de mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir la obligación, por parte del deudor. Es decir que los intereses compensatorio~constituyen el reconocimiento de la privación que sufre el damnificado, por no disponer del capital desde que naciera la deuda. De lo contrario se vería perjudicado el trabajador, al ver disminuido el valor de su crédito por el mero transcurso del tiempo.)) (Del voto de la mayoría) ((Encuentro una génesis distinta en torno a la aplicación del indice RlPTE previsto por la ley 26.773 y la aplicación de intereses, como accesorio del capital, pues en el primer caso se trata de la aplicación de un coeficiente de actualización, mientras que el segundo responde a la privación que sufrió el acreedor por el no uso del capital.)) (Del voto de la mayoría) «La parte actora reclama la aplicación al caso de autos del reajuste previsto en el inc. 6' del art. 17 de la ley 26.773, y en este aspecto también considero que le asiste razón ... Los argumentos en contrario vertidos por la demandada al contestar los agravios no tienen en cuenta que mientras el inciso 5O del art. 17, ley 26.773, hace referencia a las ((prestaciones en dinero y en especie de esta ley)), el inciso 6' refiere claramente a las prestaciones en dinero previstas en la ley 24.557, sus modificatorias y su actualización por decreto 1694109... Es decir que, tal como lo he señalado en precedentes análogos, el inciso en cuestión dispone la aplicación del indice RlPTE para las prestaciones de la ley 24.557, y contrariamente a lo que surge de otras normas de la misma ley, en este caso no se sujeta la aplicación de aquél a ninguna otra consideración ni plazo, por lo que corresponde concluir que a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.773, las prestacionesde la ley 24.557 deben ser ajustadas según el indice mencionado.)) (Dra. Fontana, según su voto) «En mi opinión corresponde entonces calcular la liquidación del monto de condena aplicando para ello las pautas fijadas por la Resolución SSS 312014.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) (c.. .sobre dichas sumas deberán adicionarse los intereses, aspecto sobre el cual también considero necesaria una revisión atento la aplica-

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ción del indice RIPTE que dejo propuesta.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) ((Teniendo en cuenta que en el caso en examen se está haciendo aplicación de un indice de actualización basado en los incrementos salariales, considero que la aplicación lisa y llana de la tasa de interés prevista conforme Acta CNAT No 2357 resulta inadecuada.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) («P. C. D. c1Liberty ART S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala VII, 301412014, elDial.com - AA8B9E)

RIESGOSDEL TRABAJO. LEY26.773. ACTUALIZACI~N DE LAS PRESTACIONES EN DINERO POR INCAPACIDAD PERMANENTE. APLICACIÓN DEL ~NDICE RIPTE. ART. 17, APARTADO 6O, DE LA LEY 26.773. APLICACION INMEDIATA DE LAS DISPOSICIONES MÁS FAVORABLES AL TRABAJADOR. DECRETO REGLAMENTARIO 47212014. ART~CULO 17 DE LA NORMA REGLAMENTARIA. INCREMENTO DE PRESTACIONES CONFORME LA VARIACIÓN DEL ~NDICERIPTE. EXCLUSIQN DE SITUACIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY 26.773. EL PEN HA INCURRIDO EN UN EXCESO DEL PODER REGLAMENTARIO. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 47212014. ACCIDENTE IN ITINERE. DANOSUFRIDO MIENTRAS EL DEPENDIENTE SE ENCONTRABA A DISPOSICIÓN DEL EMPLEADOR. ~NDEMN~ZAC~ÓN ADICIONAL -20 %- PREVISTA EN ART. 3 DE LA LEY 26.773. PROCEDENCIA. DISIDENCIA PARCIAL: CALCULO DE LA LIQUIDHCIÓNDEL MONTO DE CONDENA CONFORME A LAS PAUTAS FIJADAS POR LA RESOLUCION 312014 DE LA SSS. NO CORRESPONDE LA INCLUSI~NDEL INCREMENTO PREVISTO EN ART. 3 DE LA LEY 26.773. INDEMNIZACIÓN NO CONTEMPLADA EN LA LEY 24.557, QUE EXCEDE LO DISPUESTO EN ART. 17, INC. 6", DE LA LEY 26.773. SOLUCI~N QUE TORNA ABSTRACTO EL TRATAMIENTO DEL PLANTEO DE LA ACTORA, QUE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 47212014 «...le asiste razón cuando se agravia porque no se aplicaron las disposiciones de la ley 26.773, que establecen la actualización mediante indice RIPTE. En efecto, el apartado 6O del art. 17 de la ley 26.733 expresa: «. ..Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al indice RlPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el lo de enero del año 2010.. .D.

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He tenido oportunidad de expedirme sobre este tema al decidir en los autos caratulados ((Melgarejo Ruiz, Gregorio clQBE Argentina ART S.A. slacción de amparo)) [Fallo en extenso: elDial.com -AL42B8], SD 45740 del 18109113, en el cual expresé mi opinión a los fines de la aplicación inmediata de las disposiciones más favorables al trabajador.)) (Del voto de la mayoría) «El art. 17 de la norma reglamentaria (decreto 472114) establece ((Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1694109, se deben incrementar conforme la variación del indice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el lo de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la ley 26.417».» (Del voto de la mayoría) «Como puede apreciarse, el Decreto reglamentario (decreto 4721 14) tiende a excluir situaciones que claramente se encuentran contempladas en la ley 26.773, como la que se da en el caso concreto de autos, correspondiente a la prestación por incapacidad permanente parcial del art. 14, inc. 2), apartado a), de la ley 26.773.)) (Del voto de la mayoría) «La ley 26.773 no se limita a actualizar exclusivamente las prestaciones aludidas por el decreto, sino que establece claramente en su artículo 17, inc. 6 que «las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al indice RIPTE)). De este modo, entiendo que son pasibles de actualización no sólo aquéllas prestaciones adicionales de pago único y los pisos que mencionan la ley 24.557 y el decreto 1694109, sino también aquéllas prestaciones como las previstas en el art. 14, inc. 2 ap. a) y b) o la prevista en el art. 15 de la ley 24.557, cuya enunciación a modo de fórmula no excluye su carácter indemnizatorio.))(Del voto de la mayoría) «Sin lugar a dudas, el Poder Ejecutivo Nacional ha incurrido en un exceso del poder reglamentario, contraviniendo las facultades reglamentarias autorizadas en el inc. 2O del art. 99 de la Constitución Nacional, que dispone que en ejercicio de aquéilas facultades deberá cuidarse de no alterar el espíritu de la ley. Además se configuraría la situación prevista en el segundo párrafo inc. 3O, art. 99, de la Carta Magna, pues

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se estaría emitiendo una disposición de carácter netamente legislativo, a cuya veda alude la norma citada.)) (Del voto de la mayoría) «En el caso de autos, estimo que esa línea divisoria ha sido traspasada y se ha configurado una desviación de poder que fundamenta la declaración de inconstitucionalidaddel decreto 47212014, y así lo voto.)) (Del voto de la mayoría) ((Asimismo corresponde calcular el 20 % (cfme. art. 3O ley 26.773) toda vez que el accidente in itinere padecido por el actor constituye uno de los supuestos previstos en la norma aludida, en tanto el trabajador se encuentra a disposición del empleador antes de comenzar la jornada y luego de concluir la misma, con motivo del trayecto que debe atravesar desde y hacia su domicilio.)) (Del voto de la mayoría) «...adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega, Dr. Rodríguez Brunengo en cuanto dispone la aplicación de la actualización prevista por la ley 26.773, pero en el mismo sentido en que me he expedido en autos ((Pedraza, Cristian David clLiberty ART S.A. slaccidente - ley especial)) (SD. No 46591 del 3014114 del registro de esta Sala), en mi opinión, corresponde calcular la liquidación del monto de condena aplicando para ello las pautas fijadas por la Resolución SSS 31 2014, en tanto por vía de dicha resolución se da cumplimiento a lo previsto por el art. 8 de la ley 26.773 y se ajustan por índice RIPTE las prestaciones de los arts. 11, inc. 4, ap. a), b) y c); 14, inc. 2, ap. a) y b); y 15, inc. 2, de la ley 24.557, disponiendo la vigencia de dichas actualizaciones por el período comprendido entre el lo de marzo y el 31 de agosto de 2014.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) «En lo que hace a la aplicación del incremento previsto en el art. 3' de la ley 26.773, considero que dicho artículo introduce una indemnización rlo contemplada en la ley 24.557 y, por lo tanto, excede lo dispuesto en el inc. 6 del art. 17 de ese cuerpo normativo, por lo que no corresponde su inclusión.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) ((Teniendo en cuenta que en el caso en examen se está haciendo aplicación de un índice de actualización basado en los incrementos salariales, considero que la aplicación lisa y llana de la tasa de interés prevista conforme Acta CNAT No 2357 resulta inadecuada.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) «La solución que dejo propuesta, torna de tratamiento abstracto el planteo intentado por la parte actora, dirigido a cuestionar la constitucionalidad del Decreto 472114 reglamentario de la ley 26.773.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana)

NOV~SIMOSFALLOS

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(«P. R. J. clLiberty ART S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala VII, 301612014, elDial.com -AA889B)

RIESGOS DEL TRABAJO. ACCIDENTE ACAECIDO ANTES DE LA VIGENCIA DE DEMANDA INTERPUESTA CON POSTERIORIDAD. PETICI~N DE INCONSTITUCIONALIDADDEL ART. 39 DE LA LEY 24.557. DOCTRINA DEL PRECEDENTE «AQUINO»DE LA CSJN. NORMA APLICABLE. ART. 3 DEL CODIGO CIVIL.SE REVOCA RESOLUCION. COMPETENCIA DE LA JUSTICIANACIONAL DEL TRABAJO LA LEY 26.773.

«Si se trata de un accidente ocurrido con anterioridad a la vigencia de la ley 26.773, se debe peticionar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, conforme la doctrina del fallo «Aquino» [Fallo en extenso: elDial.com -AA242F], aunque la demanda se interponga con posterioridad. Por lo tanto, un trabajador accidentado antes de la vigencia de la ley 26.773 no puede interponer una acción fundada en el derecho civil, partiendo de la premisa de que se derogó el art. 39 ya señalado.)) (((Quinteros, Juan Edmundo clShell Compañía Argentina de Petróleo S.A. slaccidente acción civil)). CNTrab., Sala 1, 301412013, elDial.com -/L47ED1)

RIESGOSDEL TRABAJO. ~NDEMNIZACIÓN POR CONTINGENCIA LABORAL. NORMA APLICABLE. ART. 17, INC. 6, DE LA LEY 26.773. APLICACION INMEDIADINERARIAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE. DECRETA. PRESTACIONES TOS I278100, I694109 Y LEY 26.773. FINALIDAD NORMATIVA. MEJORAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DlNERARlAS DEL SISTEMA ORIGINARIO DE LA LRT «En virtud del principio la iuria novit curia, corresponde que analicemos en este punto si es de aplicación al caso de autos y en estudio las disposiciones de la ley 26.773.)) «Es evidente que el art. 17, inc. 6, de la ley 26.773 se refiere a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557, decreto 1278 y decreto 1694109, al disponer que éstas se ajustaran a la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al índice RIPTE, desde el 1/112010.~~ «...sostuvimos desde el comienzo, es decir desde la sanción de la ley 24.557, que el régimen original de la LRT era un ((adefesio)) que podía solamente ((emparcharse))por la vía pretoriana, pero que mien-

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CHÁVEZ

tras no fuera objeto de una reforma más integral, siempre iba a dejar flancos abiertos, por supuesto en contra de los intereses de los trabajadores accidentados o enfermos y en claro beneficio de las ART.)) «...fue finalidad del PEN y del legislador, al dictar los decretos 12781 00, 1694109 y la ley 26.773, la de mejorar las prestaciones dinerarias del sistema originario de la LRT, en las incapacidades permanentes y por ello su aplicación debe ser inmediata, teniendo en cuenta los desfasajes y desactualizaciones que el tiempo iba produciendo, en las sumas que deben percibir los trabajadores siniestrados.)) («R. J. P. M. clFYSA S.A. a Interacción ART slaccidente)). Tribunal del Trabajo No 2 de Lanús (Buenos Aires), 19/4/2013, elDial.com AA7E4B)

FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO. REPARACI~N DE PERJUICIOS SUFRIDOS ~MPOS~CIÓN DE UN NEGOCIO JUR~DICOCOMPLEJO. CONTRATO DE RENTA VITALICIA. PARTICIPAClÓN COMPULSIVA DE UN CONTRATO DE SEGURO DE RETIRO, ORIENTADO MÁS BIEN A SATISFACER UN MERCADO FINANCIERO, QUE DAR EFECTIVO CUMPLIMIENTO AL DEBER DE REPARAcIÓN.LNCONSTITUCIONALIDADDE ARTS.15, AP. 2, 200. PÁRRAFO, Y 18 Y 19 DE LA LEY 24.557. ACCIÓNDE AMPARO. ADMISI~N. CONDENA A RESTITUIR A LA ACTORA EL IMPORTE QUE RECIBIERA DE LA ASEGURADORA CON DEDUCCIÓN DE LAS RENTAS PERCIBIDAS MÁS SUS POR LOS CAUSAHABIENTES DE LA V~CTIMA.LEY24.557.

INTERESES

«Comparto con la Sra. Defensora de menores e incapaces en punto a que el interés de la menor de edad, hija del causante, se encuentra debidamente protegido con la presentación..., en punto a que el contrato de renta vitalicia constituye el segmento final de un negocio juridico complejo, en el que el beneficiario termina inmerso en ese sistema por imperio de la ley.)) «La LRT le impone a los causahabientes del trabajador fallecido un negocio juridico complejo que los obliga a intervenir a partes distintas y con vinculaciones diferentes; sistema que, bajo el ropaje de pertenecer al área de la seguridad social para la reparación de infortunios graves como en el caso, culmina fomentando un verdadero negocio al confluir los deudos con la compañia de seguros de retiro en un acuerdo, que responde más a las exigencias del mercado financiero que a una genuina y tuitiva respuesta ante infortunios graves como el caso que nos ocupa. Obsérvese que el art. 18 dispone que la prestación de pago

NOV~SIMOS FALLOS

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mensual complementaria prevista en el art. 15 2') LRT será percibida por el beneficiario en las condiciones que establezca la reglamentación (art. 5O, apart. 5-c, decreto 334/96), esto es, en forma de renta a partir del contrato de renta vitalicia que la derechohabiente debe celebrar con la compañía de seguros; disposición ésta con claro conculcamiento de lo preceptuado por el art. 14 bis, CN.» «En consecuencia, la tutela especial antes de resultar una protección para las víctimas de un infortunio del trabajo, termina trocando en una interdicción violatoria también del derecho consagrado en el art. 17, CN, tipificada en la participación compulsiva de un contrato de seguro de retiro, orientado más bien a satisfacer un mercado financiero, que dar efectivo cumplimiento al deber de reparación.)) «Todo lo expuesto, al contrario de lo que interpreta el recurrente, a mi juicio, también se encuentra avalado por lo preceptuado en el art. 17, inc. 1, de la ley 26.773, en tanto es un claro reconocimiento del legislador de la inconducencia de este sistema.)) «Si bien es cierto que la parte actora suscribió el contrato de renta vitalicia con la compañia de seguros de retiro a su elección; no resulta menos cierto que ello fue en el marco impuesto por el legislador, en el orden normativo cuestionado, y en circunstancias penosas donde la urgencia de la necesidad sorpresiva de no contar con el ingreso del sustento principal de la familia, bien pudo compeler a la accionante a suscribir el contrato de renta vitalicia; por lo que, desde la perspectiva de enfoque que señalo, no le resulta aplicable la doctrina que dimana de los actos propios (art. 386 del Cód. Procesal).)) «...sugiero que, lo efectivamente percibido por la parte actora deberá imputarse a intereses y el remanente a capital, teniendo en cuenta lo normado por el art. 776 del Código Civil.)) («R., L. d. C. c/San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. s/acción de amparo)). CNTrab., Sala VII, 29/8/2014, elDial.com - AA8AEA)

ACCIDENTE IN ITINERE. TRABAJADORA QUE SE RETIRÓ DE LA EMPRESA

PARADIRIGIRSE A CONSULTORIO MÉDICO,POR A F E C C I ~ NINCULPABLE. REGRESO POSTERIOR AL DOMICILIO DONDE FUE AGREDIDA POR TRES PERROS. SINIESTRO AMPARADO POR LA LEYDE RIESGOS DEL TRABAJO. PRETENSIÓN DE LA ACTORA QUE DEBE ENCUADRARSE EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 14 DE LA LEY 24.557. PÉRDIDADEL VALOR ADQUISITIVO DEL CREDITO. SITUACION QUE HA SIDO MORIGERADA POR LA TASA DE INTERÉS ACTIVA, FIJADA POR EL BANCODE LA NACIÓNARGENTINA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS.

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ACTANO 2357 Y RESOLUCIÓN NO 8102. DISIDENCIA PARCIAL: PRESTACIONES DINERARIAS.AJUSTECONFORME AL ~NDICERIPTE. APLICACIÓNDE LAS DISPOSICIONES DEL ART. 17 DE LA LEY 26.773 «...con la sola prueba del hecho, estamos frente a un accidente «in itinere)), el cual se encuentra amparado por la Ley de Riesgos del Trabajo.)) (Dra. Cañal, según su voto) «En este contexto, la ART, debió mantener continuidad con la asistencia médica de la trabajadora, tal como estaba programado, brindando las prestaciones médicas y dinerarias necesarias, conforme lo prescripto en la ley 24.557, y luego eventualmente repetir del empleador o de la Obra Social, según fuera el caso, y no proceder como lo hizo, al abandonar abruptamente el tratamiento y la cirugía programada, como ocurrió en los hechos, al desconocer el carácter «in itinere)) del suceso, ya que adujo que la contingencia no se encontraba amparada por el art. 6 del cuerpo legal citado, aduciendo que la actora había modificado el recorrido habitual en beneficio personal.)) (Dra. Cañal, según su voto) c . . .que no se encuentra alterada la base fáctica, por lo que resultan configurados los presupuestos necesarios, para encuadrar la pretensión de la actora, en los términos del art. 14 de la ley 24.557.)) (Dra. Cañal, según su voto) ({Disientoen lo referente al pedido de actualización, ya que en reiteradas ocasiones he sostenido que la pérdida de valor adquisitivo del crédito y las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje, producido por la situación económica de conocimiento público y notorio, ha sido suficientemente morigerada por la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, dispuesta en el Acta No2.357 y la Resolución de Cámara Nro. 8 del 301 5102 (en sentido similar, v. Sala VI1 en autos: {(Mignemi, Juan Carlos c l Seguridad Grupo Maipú S.A. slDespido»; S.D. 37.951 del 13110104). En consecuencia, voto por que al capital de condena se le apliquen los intereses señalados en el primer voto, aunque sin la actualización de los créditos allí dispuesta.)) (Del voto de la mayoría) ((Atento a que el art. 17 de la ley 26.773 establece en su inciso 6) que «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al indice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaria de

Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 201O», corresponde, a fin de mantener inalterable el crédito de la parte actora, realizar la pertinente actualización del monto que resultare de los rubros enunciados precedentemente... Por ende, y luego de lo expuesto, considero que corresponde aplicar en el caso, las disposiciones de la referida normativa. Ello, siguiendo el último indice RIPTE fijado y publicado por el MTSS, que hasta el momento, corresponde al mes de agosto de 2013.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Cañal) («R. P. G. clQBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A slaccidente - ley especial)).CNTrab., Sala 111,3011212013, elDial.com 448586) O

INCAPACIDADLABORAL PERMANENTE PARCIAL. INDEMNIZACIONES. PRESTACIONES DINERARIAS. INGRESOBASE. SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALlDAD DELART.12, INC. ZO,DE LA LEY 24.557, EN CUANTO DESAGREGA DEL SALARIO MENSUAL DEL TRABAJADOR LOS RUBROS DECLARADOS POR LA LEY O POR CONVENIO NO REMUNERATORIOS

«. ..considero que, supliendo la omisión en que incurriera inadvertidamente el a quo, hemos de declarar la inconstitucionalidad del art. 12, inc. ZO,de la ley 24.557, en cuanto desagrega del salario mensual del trabajador los rubros declarados por la ley o por convenio no remuneratorios, confirmando la sentencia apelada en todo lo demás que fuera materia de agravios.. .» (Dr. Velázquez, según su voto) «En el caso que nos convoca, dado que la finalidad de la prestación dineraria prevista para el caso de infortunio consiste en restañar el menoscabo físico o psíquico padecido por el operario, a través del mantenimiento del obrero en la misma situación de retribución de cuando trabajaba y mientras no lo hace, el pago al operario lesionado de un salario menor al que le correspondería en actividad conspira contra la vigencia de las normas tuitivas constitucionales y afecta los objetivos perseguidos por ellas.. . Y dado que la norma legal no se corresponde con los preceptos constitucionales aplicables al caso, como los arts. 14 bis y 17 de la Const. Nac., debe declararse la inconstitucionalidad parcial de la norma irrazonablemente restrictiva de derechos legítimos del operario.)) (Dr. López Mesa, según su voto) «Por tales fundamentos, habré de acompañar la propuesta del Dr. Velázquez de suplir la omisión del juez inferior, procediendo a declarar la inconstitucionalidad del art. 12 inc. 2" de la ley 24.557, que detrae del

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salario mensual del trabajador los ítems declarados no remuneratorios por ley o por convenio.)) (Dr. López Mesa, según su voto) (((Rochieri, Oscar Alberto c1Provincia ART S.A. slaccidente de trabajo (sistémico))). Cámara de Apelaciones de Trelew, Chubut. Sala A, 6/5/2014, elDial. com - AA87 17)

RIESGOS DEL TRABAJO. REPARACI~N DE INFORTUNIOS LABORALES. PRESTACIONES DINERARIAS. APLICACI~N DE LA FÓRMULA TARIFADA PREVISTA EN

EL ART. 14, 2 A), DE LA LEY 24.557, CON PRESCINDENCIA DEL TOPE ALL~ PREVISTO -DEROGADO POR EL DEC. 1694109-. SISTEMADE REPARACIÓN DE DAÑOS PREVISTO EN LA

LRT. LA LEY 26.773

NO HA

INTRODUCIDO UN

MECANISMO ACTUALIZATORIO SUSCEPTIBLE DE APLICARSE SOBRE EL RESULTADO DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS DE MANERA AUTOMATICA.

DESESTIMA-

CIÓN DE LA PRETENSIÓN DE APLICAR SOBRE EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA

SENTENCIA DE GRADO EL ~NDICERlPTE «En el caso bajo examen, por aplicación del referido tope, el importe de $45.794,21 que arroja la aplicación de la fórmula tarifaria que modula sobre la cuantía del salario percibido por el trabajador afectado, se vería reducido a la suma de $ 18.000, lo que pone en evidencia la insuficiencia del resarcimiento y la desnaturalización del régimen de reparación de infortunios laborales que el legislador pretendió resguardar (cfr. CSJN in re ((Lucca de Hoz, Mirta Liliana cITaddei, Eduardo y otros)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA62201 -L.515.XLlll de1 17181201O-), por lo que corresponde -a mi criterio- declarar de oficio la inconstitucionalidad del referido tope, dada la falta de razonabilidad que emerge de la aplicación de pautas tarifarias que permanecieron inmodificadas desde el año 2000 (cfr. CSJN ((Rodríguez Pereira, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino)), del 27/11/2012; «Mil1 de Pereyra, Rita y otros c l Estado de Provincia de Corrientes)) [Fallo en extenso: elDial.com AAAA31 del 27/9/01; etc.). Consecuentemente, de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto hizo aplicación de la formula tarifaria prevista en el art. 14. 2 a) de la ley 24.557 con prescindencia del tope allí previsto -derogado por el dec. 1694109-.» «En cuanto a la objeción introducida por el accionante, quien peticiona la aplicación de «las mejoras dispuestas por la ley 26.773 sobre las prestaciones dinerarias de la LRT y del decreto 1694/09», considero que debe desestimarse la queja, pues, en el caso de autos, la indemnización establecida en origen no modula sobre los importes mínimos a

los que aluden los arts. 8 y 17.6 de la ley 26.773 y el decreto 472114 y, a su vez, la cuantía del resarcimiento a valores del mes de mayo de 2009 ($45.794,21) con más los intereses fijados en grado desde dicha fecha hasta el de la sentencia de primera instancia (noviembre de 2013), arroja una suma superior a la que derivaría de proyectar la incapacidad comprobada (1O % de la total obrera) sobre los valores de referencia establecidos para la prestación del art. 14. 2. a) de la LRT en la Res. SSS 34/13 para el mes de noviembre de 2013 (10 % de % 476.649 = $47.664,90).» «...según lo ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, la ley 26.773 no ha introducido al sistema de reparación de daños previsto en la LRT un mecanismo actualizatorio susceptible de aplicarse sobre el resultado de las fórmulas tarifarias de manera automática, por lo que la pretensión de aplicar sobre el importe establecido en la sentencia de grado el índice RIPTE, debe ser desestimado.)) «Como lo ha señalado la más autorizada doctrina, el concepto de mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir una obligación; o sea al retardo o retraso en el cumplimiento de la prestación por parte del deudor (((Código Civil Comentado)) dirig. por Belluscio, €d. Astrea, T02, pág. 588). Desde esa perspectiva y a la luz de lo establecido en el art. 508 del Código Civil, no cabe sino concluir que la demandada se encuentra en mora en el cumplimiento de la obligación a su cargo desde que el daño quedó consolidado y el afectado, en condiciones de reclamar.)) («RodríguezAralla,Lucio Leonardo clLa Holando Sudamericana Cía. de Seguros S.A. slaccidente-ley especial)). CNTrab., Sala 11,30/5/2014, elDial.com - AA8848)

RIESGOS DEL TRABAJO. INFORTUNIO OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA REPARACI~N RECONOCIDA CON FUNDAMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES EN LA LEY 24.557. RÉGIMEN MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL INDICE RIPTE. PRETENSI~N QUE NO ES FORMALMENTE ADMISIBLE. NO RESULTAN APLICABLES AL CASO LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 26.773 VIGENCIA DE LA LEY 26.773.

«En cuanto a la acción fundada en el infortunio laboral del actor ... las razones que me llevan a no aplicar las modificaciones de la ley 26.773, son formales. En el caso, la pretensión recursiva está dirigida a que la condena dispuesta en autos en base al infortunio acaecido en

NOV~SIMOSFALLOS

agosto de 2009, sea actualizada con los mecanismos previstos en la ley 26.773, que fue publicada en el B.O. el 2611012012. Ahora bien, sin abrir juicio sobre la viabilidad de que se aplique el índice en cuestión (RIPTE) en infortunios ocurridos con anterioridad a la vigencia de la nueva ley lo cierto es que, en la especie el pedido no es formalmente admisible puesto que el accionante no sólo nada dijo durante el trámite del proceso una vez vigente la ley 26.773 (esto es el 26 de octubre de 2012) sino que recién al alegar -el 29 de mayo de 2013- pretende su aplicación aunque limitándose a transcribir un fallo de la Sala IX de esta Cámara, y sin explicar las razones fácticas y jurídicas que justificarían su tesis. Asimismo, al apelar vuelve a transcribir el fallo citado y otro de la Sala I y mencionar otros Tribunales sin desarrollar los argumentos que permitirían concluir que resulta de aplicación una norma dictada con posterioridad al accidente. Dicha insuficiencia argumenta1 -a mi juicio- y el momento procesal en que se realiza el planteo, que impidió la sustanciación de la pretensión, sellan la suerte adversa del agravio (art. 116 LO y 277 CPCC).)) (Dra. Pinto Varela, según su voto) «Las modificaciones introducidas por la ley 26.773 no resultan aplicables al caso de autos, pues el art. 17 inc. 5) de la citada norma legal establece que las disposiciones «. ..atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia...)) a partir de su publicación en ei Boletín Oficial (esto es, el 26 de octubre de 2012) y se aplicarán «. . .a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.. .»; mientras que el evento dañoso del caso ocurrió con fecha 301812009. Aun colocándome por vía de hipótesis en una postura favorable a la posición del recurrente, en cuanto a la aplicabilidad de la ley 26.773 en el presente caso, creo conveniente destacar que la posición del accionante relativa a que se actualice la indemnización legal mediante la aplicación del índice RIPTE, resultaría improcedente. Digo ello porque, el art. 8 de dicha ley establece que «...los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.. .» (el destacado me pertenece). Ahora bien, los «importes» a los que alude el precepto legal se vinculan indudablemente a la suma adicional de pago único del art. 11 de la LRT, a los mínimos indemnizatorios (pisos) previstos en los arts. 14 y 15 como así a los valores corres-

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pondientes a la prestación adicional mensual por Gran Invalidez (art. 17) y, de ninguna manera, al valor que resulte de aplicar la ecuación prevista en el art. 14, inc. 2. a), ya que dicho apartado legal no prevé un «importe» sino una fórmula para calcular la indemnizaciónque se adeude al damnificado (ver «Una nueva reforma en materia de riesgos del trabajo. Dos puntos inicialmente conflictivos» de Miguel Ángel Maza y ((Aspectos salientes de la reforma a la ley de Riesgos del trabajo)) de Luis E. Ramírez, en ((Nueva Ley de Riesgos del Trabajo)), Suplemento Especial, La Ley, noviembrel2012).» (Dr. Guisado, según su voto) (((Rodríguez, Marcos Ezequiel clAsistencia y Remolques Sigma S.A. accidente I - acción civil)). CNTrab., Sala IV, 2911112013, y otro S elDial.com - AA84AO)

RIESGOSDEL TRABAJO. ÁMBITODE APLICACI~NTEMPORAL DE LA LEY. SINIESTRO ACAECIDO ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 26.773. DOCTRINA DEL PRECEDENTE «VIRGILLI» DE LA CNTRAB.COMPETENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO. ADMISIÓN.DISIDENCIA:EL JUEZ NATURAL ES EL ESTABLECIDO POR LA LEY VIGENTE «En disidencia de lo propuesto en el primer voto, considero fundada la petición recursiva de la actora por las razones expuestas en una sentencia dictada en un caso que guarda sustancial analogía.. . y a las cuales me remito en homenaje a la brevedad (conf. CNAT, Sala V, sent. int. no29.740, 181412013, ((Virgilli, Dario Ernesto clfederación Patronal Seguros S.A. y otros)) [Fallo en extenso: elDial.com -AA7ED5], voto del suscripto, al cual adhirió el Dr. Raffaghelli, agregando este colega a mayor abundamiento otros argumentos concurrentes). Cabe agregar que dicha doctrina fue ratificada por este Tribunal en otros casos análogos (CNAT, Sala V, sent. int. no 29.996, 311712013, «Madia, Salvador Esteban clLa Caja ART S.A.» [Fallo en extenso: elDial.com -AL421C]; sent. int. no30.017,81812013, «Ruiz, Matías Nicolás clLibertyART S.A.)); sent. int. no30.080,201812013, «Díaz, Daniel Saúl clAsociart ART S.A.)), entre otros). Las consideraciones vertidas precedentemente no implican prejuzgamiento alguno acerca de la fundabilidad de la pretensión incoada, ni de la validez del sistema consagrado por la ley 26.773, aspectos que no cabe examinar en el limitado marco cognoscitivo de una cuestión de competencia, la que debe resolverse a la luz de los hechos expuestos en el escrito de inicio y, en tanto se adecue a ellos, del derecho invocado como fundamento de lo pretendido. Por las razones ex-

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puestas, y lo concordemente dictaminado por el Sr. Fiscal General ante la Cámara.. ., propicio revocar la resolución.. . y admitir la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.)) (Del voto de la mayoría) c.. .no es la jurisprudencia de los tribunales la que determina la competencia pues ello redundaría precisamente en que el propio órgano encargado de aplicar la ley determine los límites propios de su competencia. El juez natural es el juez establecido por la ley vigente.)) (Del voto en disidencia del Dr. Arias Gibert) (((Rosales, Adriana Mabel clscoppetta, Juan Carlos y otro slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala V, 3111012013, elDíal.com -AA84DF)

REPARACIÓN POR DAS\IO. PROCEDIMIENTO LABORAL. COMPETENCIA. ART. 20 DE LA LEY 18.345. APLICACI~N DEL MERO HECHO DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO. LEY24.557, QUE NO HA SIDO DEROGADA POR LA LEY 26.773. POSIBILIDAD DE ALGUNOS TRABAJADORES DE ACUDIR A LA JUSTICIA ESPECIALIZADA, MIENTRAS QUE A OTROS LES E S T A R ~ AVEDADA. S I T U A C I ~ N DISCRIMINATORIA. DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL TRABAJO. DOCTRINA DEL PRECEDENTE «JAIMES C/ALPARGATAS DE LA CSJN)). COMPETENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO «...corresponde adelantar, como también lo hace el Sr. Fiscal General del Trabajo, Dr. Eduardo Álvarez, a través de su Dictamen No 58.988 del 15/11/2013 que, el caso particular de autos, sin que ello importe anticipar solución alguna sobre el fondo del litigio, se encuentra al abrigo de lo dispuesto por el art. 20 de la L.O., que habilita el conocimiento de la Justicia Nacional del Trabajo.)) «Este Tribunal considera que en el caso, rige también la solución de ¡a norma más favorable del art. 20 de la L.O., que no solo encuentra reconocimiento en el art. 9 de la LCT, sino que hoy en día y luego de la reforma al texto constitucional del año 1994, alcanzó dimensión constitucional, al estar esa solución consagrada por el art. 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fuera incorporado expresamente a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), por lo que, por aplicación de los principios propios que dan autonomía a la materia derivada del trabajo, las soluciones de la norma posterior sobre la anterior y de la especial sobre la general, aparecen desplazadas por la aplicación de principios propios del derecho laboral, que consagran la solución más favorable enunciada y la aplicación de los principios de progresividad y no regresividad tutelados por el art. 26 de la Convención

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Americana y 2.1 del PIDESC -entre otros-, de manera que alcanzado el reconocimiento de un derecho, en el caso la competencia de la justicia del trabajo, en reclamos con fundamento en el derecho común (cfe. art. 39.1 de la ley 24.557), no puede haber regresividad sin afectarlo. Es decir, nunca menos en derechos sociales (cfe. Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis (compiladores) en «La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito local. La experiencia de una década)), Editores del Puerto y el CELS) y los de no discriminación, tutelados por señeros tratados internacionales sobre derechos fundamentales de las personas, incorporados de manera expresa al texto de la Constitución Nacional (cfe. art. 75, inc. 22, CN), en tanto no habiendo sido derogada la ley 24.557 por la ley 26.773, podríamos encontrar que por la aplicación del mero hecho del transcurso del tiempo, habría trabajadores que pueden ir a la justicia especializada, mientras que a otros les estaría vedada, constituyendo causa de discriminación, lo que violaría además lo consagrado por el artículo 75.23 de la Constitución Nacional que manda a legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, como el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos.)) «Esta ha sido la solución adoptada por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación cuando resolvió (Fallos: 306:337) que «no obsta a la conclusión adoptada que la reparación del daño encuentra su marco legal en el derecho civil, pues la circunstancia decisiva para resolver esta contienda no está dada por las disposiciones aplicables para determinar la extensión del resarcimiento o la valuación del daño, sino por la índole de las prestaciones que se invocan como insatisfechas, cuya consideración debe ser efectuada con los criterios particulares derivados de las características del trabajo humano, lo cual determina la competencia del fuero expresamente habilitado para conocer en esta materia por el art. 20 de la ley 18.345 (cfe. caso ((Jaimes, Juan Toribio c l Alpargatas S.A. s/Acción Cont. Art. 75 LCT)), CSJN, del 5/11/96, S.c.comp. 219. L.XXXI).» c . . .este Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la resolución recurrida; 2) Declaras en el caso particular de autos la competencia de la justicia Nacional del Trabajo para conocer en las presentes actuaciones.. .» («S. G. A. cICorreo Oficial de la Republica Argentina S.A. y otro S/ accidente - acción civil)). CNTrab., Sala IX, 611212013, elDial.com AA8448)

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RECLAMOCON SUSTENTO EN EL DERECHO COMÚN. SECUELAS INCAPACITANTES QUE HAN QUEDADO CONSOLIDADAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773. NORMAAPLICABLE. ART. 3 DEL CODIGO CIVIL. ~NAPL~CAB~LIDAD DE LA LEY 26.773 A LA MATERIA SUSTANCIAL DE LA CONTROVERSIA. PRINCIPIO DE APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NUEVA NORMA PROCESAL. DICTAMEN No 56350 DE LA CNTRAB.NORMATIVA QUE PREVÉ UNA ACCIÓN QUE NO EXIST~AY LE PRESCRIBE UN TRÁMITE ESPEC~FICO.SE REVOCA RESOLUCION. COMPETENCIA DE LA JUSTICIANACIONAL DEL TRABAJO

«En el caso, los hechos o eventos dañosos claramente se han producido con anterioridad a noviembre de 2010 y, asimismo las afecciones y secuelas incapacitantes han quedado consolidadas antes de que se produjera la entrada en vigencia de la ley 26.773 (BO 26110/12), por lo que a influjo de lo dispuesto en el art. 3 del Código Civil y de la doctrina sentada en sentido concordante entre otros, en los Fallos Plenarios de esta Cámara ((Prestigiácomo, Luis clpirelli S.A.)) [elDial.com -APE4] (PI. No225) y «Villamayor, José Domingo clLa Franco Argentina S.A.)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA58DC ] (PI. 277), ninguna duda cabe albergar sobre la no aplicación de la nueva normativa a lo que es materia sustancial de controversia. Sin embargo, la cuestión vinculada a la competencia de los tribunales llamados a intervenir, hace al ordenamiento adjetivo que, como tal es siempre de aplicación inmediata.)) (Del voto de la mayoría) «En el caso, la interpretación literal de las disposiciones de los arts. 4 y 17, inciso 2, de la ley 26.773 importarían un desplazamiento de la competencia en materia de acciones por el resarcimiento de daños fundadas en el derecho civil, pero tomando en cuenta el particular diseño de la ley 24.557 y las modificaciones propiciadas por la ley 26.773, en cuanto a la admisión de una acción de reparación sustentada en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil -antes vedada, conf. art. 39 LRT-, no correspondería estar a la pauta atributiva de competencia contenida en el art. 4 de la nueva ley, puesto que el régimen de opción allí previsto resulta ajeno al diseño originario del régimen de la ley 24.557.)) (Del voto de la mayoría) «Como lo enfatiza el Dr. Álvarez al dejar expuesta su opinión en los autos Dictamen No56.350 - «Virgilli Darío Ernesto c/ Federación Patronal Seguros S.A. y otros S/ accidente - acción civil)) - CNTrab. - 8121 2013 (expte. 53199112 de la Sala V, CNAT, Dictamen No56350 del 8/21 13) el principio de aplicación inmediata de la nueva norma procesal rige

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en tanto y en cuanto el derecho al que se refiere hubiere existido con anterioridad a su dictado y, no en aquellos casos -como el de autos- en el que la misma ley prevé una acción que no existía y le prescribe un trámite específico.)) (Del voto de la mayoría) «La nueva ley prevé para el futuro una acción bajo un régimen de opción que anteriormente no existía y, consecuentemente, el régimen adjetivo allí diseñado resulta accesorio a la normativa sustancial que recién a través de la ley 26.773 ha cobrado vigencia y ello toda vez que, cabe aclararlo, a través de los pronunciamientos del más Alto Tribunal en contra de la validez de la disposición contenida en el art. 39 de la ley 24.557, dicha norma continuó vigente hasta la entrada en vigor de la nueva normativa.)) (Del voto de la mayoría) «En consecuencia, por todo lo hasta aquí expuesto, y de conformidad con el dictamen fiscal que antecede, de prosperar mi voto, corresponde revocar la resolución apelada y declarar competente a la Justicia Nacional del Trabajo para entender respecto de todas las acciones comprendidas en la demanda de autos.)) (Del voto de la mayoría) «Pese a que suscribo la aplicación inmediata de las nuevas reglas indemnizatorias a las consecuencias pendientes de satisfacción de infortunios anteriores, considero que no es posible hacer operar la opción del art. 4 a contingencias anteriores. Creo que hacerlo implicaría, no una aplicación inmediata de la nueva norma, sino la operatividad retroactiva, que, al no estar expresamente dispuesta en la ley, no es admisible. Afirmo esto puesto que las contingencias ocurridas antes del 2611012012 se rigen para la determinaciáade su cobertura como contingencias por la ley vigente al momento del accidente o de la exteriorización de la primera manifestación invalidante. Al momento de verificación de tales contingencias, la ley vigente -24.557 sin la modificación y complementación introducida por la 26.773- no les concedía a los damnificados el derecho a la reparación integral con base en la ley civil, salvo dolo delictual del empleador. Por ende, los perjudicados por tales contingencias no tenían derecho bajo esa ley a la reparación integral, de manera que no pueden optar. Su único camino sigue siendo el planteo de inconstitucionalidad del art. 39, apartado 1, LRT asociado, como acción preliminar, a la demanda basada en el Código Civil.)) (Dr. Maza, según su voto) «La controvertida regla del art. 3 del Código Civil sobre aplicación inmediata de la nueva norma a los efectos de situaciones jurídicas anteriores puede permitir que sobre contingencias ya verificadas pero pendientes de satisfacción se aplique el nuevo régimen pero nunca

NOV~SIMOSFALLOS 1 249 podría llevar a reconocer los efectos que no existían bajo la norma anterior.)) (Dr. Maza, según su voto) «La regla competencia1 contenida exclusivamente para la Capital Federal en los arts. 4 y 17 apartado 2 de la ley 26.773 para las acciones derivadas de la opción por el derecho civil sólo rige cuando opera esta opción. Digo así puesto que, el recién citado art. 17, apartado 2, establece en esta jurisdicción la competencia de los tribunales civiles para «las acciones judiciales previstas en el artículo 4" último párrafo de la presente ley)) y dicho precepto se refiere exclusivamente a las acciones judiciales derivadas de la opción permitida por su primera parte. De ahí que, a mi juicio, solamente resultan de competencia civil en Capital Federal aquellas acciones fundadas en el derecho civil que sean producto de una contingencia que, por su fecha de producción, gocen de la opción prevista en el art. 4 de la nueva ley. A contrario sensu, aquellos reclamos fundados en el Código Civil provenientes de contingencias anteriores no gozan de la opción, cayendo bajo la veda formal del apartado 1 del art. 39, LRT y, por esto, tales juicios son de competencia laboral de acuerdo a las reglas de la ley 18.345.)) (Dr. Maza, según su

.V U L U ) ,-&A

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(«S. G. A. cILos Constituyentes S.A.T. y otro sldespido)). CNTrab., Sala 11, 211312013, elDial.com - AA7ECC)

1 DE TRABAJO. ~NCAPACIDAD LABORAL PARCIAL, PERMANENTE ACCIDENTE Y DEFINITIVA. PRESTACIONES DINERARIAS. DECRETOS 1278100 Y 1694109 DEL PEN. AJUSTE. APLICACIÓN DE NUEVOS VALORES. ART. 17, INCS. 5 Y 6, DE LA LEY 26.773. INTERPRETACIÓN NORMATIVA. LEYAPLICABLE.

MECANIS-

MO DE AJUSTE PRESCRIPTO POR EL ~NDICERIPTE. TASADE INTERES. DEcLARAcIÓN DE INCONSTITUCIONALIDADDE ART. 17, INC. 5, DE LA LEY 26.773 -EN CUANTO DETERMINA UNA FECHA DE CORTE DE APLICAC~ÓN DE LAS NUEVAS

PRESTACIONES DINERARIAS, PRETENDIENDO EXCLUIR DEL ALCANCE DE

TALES MEJORAS A LOS SINIESTROS ANTERIORES AL 2611012012-. AFECTACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA V~CTIMA-ART. 17 DE LA CONSTI-

NACIONAL-.TRATODISCRIMINATORIO -LEY 23.592~.APLICACI~N INMEDIATA AL CASO DEL MECANISMO DE REVALORIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS -ARTS. 3 Y 17, INC. 6, DE LA LEY 26.773 TUCIÓN

«Dicha disposición (Art. 17, inc. 6, de la ley 26.773) debe ser analizada en conjunto con el inciso 5 cuando esta norma dispone: ((5. Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de

esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha)). Si la regla general es la que emana del inciso 5, para los nuevos siniestros, más allá del análisis de la constitucionalidad de tal limitación temporal, es lógico que lo dispuesto en el inciso 6, abarque a los siniestros anteriores que faltan de liquidar, ya sea por no haberse determinado incapacidad definitiva o bien porque la misma esté sujeta a revisión, en la instancia jurisdiccional. Si esta no fuera la interpretación resultaría evidente que la disposición del inciso 6 sería claramente redundante e innecesaria, ya que el inciso 5 la comprendería, aspectos estos que en el análisis normativo, el Juzgador no puede presuponer como actitud del legislador. Por lo demás destaco que si esa fuera la manda del legislador de la ley 26.773, tal hipótesis sería claramente inconstitucional y discriminatoria hacia trabajadores que padecieron incapacidades anteriores a los ajustes prestacionales, no abonados, que justamente vienen a zanjar los problemas derivados de haber mantenido paralizado el monto fijado por los decretos 1278100 y 1694109. En idéntico sentido al que estoy analizando se ha expedido recientemente el Dr. Mauricio César Arese en autos: ((Martínez,Alberto Ignacio clPrevención ART S.A. - Ordinario -Accidente - Ley de Riesgos - Expte 129908137)) (Sentencia de fecha 1O de abril de 2013). El que las mejoras dinerarias abarcara a los casos anteriores, ha sido la línea de análisis del Dr. Sergio Simó de la Cámara Séptima de Mendoza constituido en Tribunal Unipersonal en los autos: «Godoy Diego Maximiliano c l Mapfre Argentina ART S.A. p lAccidente)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA7E271 (Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2012).» «En definitiva, lo que se está pretendiendo en la causa es determinar las consecuencias patrimoniales actuales en un régimen que ha sido juzgado insuficiente en tal política, y que justamente para evitar ahora que ocurriera lo que ha acontecido con los decretos 1278100 y 1694109 que pretendieron paliar este déficit de valor al momento de la percepción del crédito, pero quedaron encerrados en su propia limitación al no establecer pautas correctivas de ese valor histórico, que quedó petrificado temporalmente, mientras se movían las restantes variables que conforman el componente económico y, por ende, transforman en justa o injusta a una decisión, es que se ha fijado un mecanismo que empleando las Remuneraciones Imponibles Permanentes de los Trabajadores Estables (RIPTE) sanee o al menos morigere, el pernicioso efecto de la inflación y la desvalorización por ausencia de ac-

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tualización de valores lo cual, de no ser corregido, lleva a una notoria transferencia de ingresos a favor del obligado al pago, que abona una indemnización o reparación que se pretende completa -dentro del sistema elegido por la víctima- con valores notoriamente afectados por el paso del tiempo y el envilecimiento del signo monetario. El tema ya generó numerosos análisis en doctrina y jurisprudencia, teniendo presente que uno de los objetivos de la ley de riesgos del trabajo siempre fue mejorar las prestaciones dinerarias de sus beneficiarios, tanto es así que los Dres. Nanclares y Bohn, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza años atrás señalaran que «un capítulo aparte merece el análisis de la constitucionalidaddel tope indemnizatorio previsto en la suma de $ 55.000 según el art. 15, ap. 2, que el decreto 839198 duplicó por estimarlo el propio legislador como exiguo)) (Sentencia de fecha 14/31 2001 en autos: «Pride internacional S.A. en Acordino, Graciela p l su hijo menor c1Pride Petrotech Internacional S.A., Sum. Inconstitucionalidad - Casación)).)) «Las prestaciones dinerarias derivadas de la declaración de incapacidad permanente definitiva, pendientes de resolución judicial sobre derecho aplicable y pago se les debe aplicar el mecanismo de ajuste prescripto por el índice RIPTE. A tal fin, siendo este un caso regido por el decreto 1694109 han de señalarse algunas particularidades para la cuantificación de su deuda. Así debemos señalar que debe determinarse el IBM utilizando para ellos los recibos de los sueldos percibidos por el accionante en el año anterior a la primera manifestación invalidante ... Determinado el IBM se conformará la fórmula legal (53 x lE3M x C.E. x P.I.). Al resultado así obtenido, se le aplicará el ajuste que resulte de tomar el índice RIPTE, vigente para el mes de Diciembre de 2010 (444,13) hasta la fecha en que se proceda a su liquidación vía depósito judicial, conforme al coeficiente que rija para el semestre en que ocurra el pago, o en todo caso, se determine por aplicación de lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 17, inc. 6, de la ley 26.773. Con el mismo criterio de vigencia inmediata de la norma y su abarcabilidad a casos anteriores, derivado de la declaración de inconstitucionalidad del art. 17, inc. 5, de la ley 26.773, entiendo que es de aplicación a la fórmula legal el art. 3 de la mencionada norma en cuanto dispone que al resultado que se obtenga conforme la fórmula legal se le adicionará el 20 % para la cobertura de aquellos otros daños no cubiertos por el régimen sistémico de la ley 24.557 y sus reformas, lo que se efectuará una vez cumplido el paso anterior, es decir determinado el valor ajustado conforme al coeficiente que surja de la utilización de los índices RIPTE.))

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«A las sumas determinadas, desde que son debidas ... y hasta su efectivo pago al monto resultante con aplicación de RIPTE, por ser éste ya un valor ajustado, se le aplicará una tasa de interés que compense el no uso del capital, entendiendo razonable que el mismo sea fijado en el 12 % anual desde la fecha de determinación del capital y hasta la fecha en que se produzca su efectiva cancelación mediante el pago, ello en la medida que el mecanismo de ajuste no parece generar mayores cuestionamientos en la hora actual. Sin perjuicio de ello, reitero que la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada.)) «...el Tribunal resuelve: 1) Rechazar las defensas de falta de acción y de libelo oscuro por defecto legal en el modo de proponer la demanda planteadas por la demandada..., declarando en consecuencia la inconstitucionalidad del art. 46O inc. 1, de la ley 24.557 por violentar la atribución de competencias establecida por el art. 75, inc. 12, de la CN, de los arts. 8, inc. 3,21 y 22, de la ley 24.557 y del trámite recursivo previsto en el decreto 717196, por afectar el derecho a la defensa en juicio del accionante (art. 18, CN) y por atribuir competencia judicial a órganos administrativos que carecen de incumbencias suficientes para ello (art. 105 de la CN) y del art. 17, inc. 5, de la ley 26.773, en cuanto determina una fecha de corte de aplicación de las nuevas prestaciones dinerarias, pretendiendo excluir del alcance de tales mejoras a los siniestros anteriores al 2611012012, por afectar de ese modo el derecho de propiedad de la víctima (art. 17 de la CN), el principio de progresividad, el derecho a un resarcimiento justo y por conformar un trato discriminatorio conforme ley 23.592, con el único fundamento aparente de la fecha de acaecimiento del siniestro que generara el daño que ahora se manda a resarcir. II) En función de ello disponer la aplicación inmediata al presente caso del mecanismo de revalorización de las prestaciones dinerarias dispuestas por los arts. 3 y 17, inc. 6, de la ley 26.773, conforme lo explicitado en los considerandos del voto.. .» («S., M. M. clsuperior Gobierno de la Provincia de Córdoba - ordinario - accidente (ley de riesgos))). Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, 28/6/20 13, elDial.com - AA806B)

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ÁMBITOTEMPORAL DE APLICACIÓN DE LA LEY 26.773. PRESTACIONES DlNERARlAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE. AJUSTE.~NDICERIPTE. ART. DE LA NORMA. RESGUARDO DE LA 17, INC. 6, DE LA LEY 26.773. FINALIDAD INDEMNIDAD. PRINCIPIO((ALTERUM NON LAEDERE)). PRESTACIONES DINERARIAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE SUCEDIDAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY 24.557, EL DECRETO 1278100 Y EL DECRETO 1694109. CÓMPUTO DE INTERESES. FECHADE INICIO: CÓMPUTO A PARTIR DE LOS 30 D ~ A SDE LA FECHA DEL ALTA MÉDICA

«En cuanto al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773, el ap. 5O de su art. 17 establece que: «Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha)). Por su lado, el ap. 6' del mismo artículo expresa: «Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decr. 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el lo de enero del año 2 0 1 0 ~(conf. esta Sala, in re: ((Rodriguez Piriz, Miguel clMapfre Argentina ART S.A. slaccidente - ley especial)) [Fallo en extenso: elDial.com - AL40C81, Expte. No 11.42212011, S.D. No 18.514 del 30141 2013; ídem ((Cruceño, Santos Martín clMapfre Argentina ART S.A. SI accidente - acción civil)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA7EB61, S.D. no 18.543 del 14/5/13, entre otros).)) ((Conforme lo establecido en dichos precedentes, y como bien lo señala Formaro, «La existencia de dos preceptos diferentes está demostrando que en materia de ajuste (índice RIPTE) la ley no ha seguido el criterio general de aplicación ceñida a las contingencias cuya primera manifestacióii invalidante se produjera luego de su publicación, sino que dispone su directa operatividad sobre las prestaciones adeudadas (es decir que juega sobre contingencias ocurridas con anterioridad). De otro modo Pa diferenciación no tendría sentido práctico ni jurídico. Máxime cuando el ap. 5' se refiere a las prestaciones de ((esta ley)) (que son las que se aplican hacia el futuro, sin perjuicio de la posibilidad de plantear su vigencia inmediata o su consideración en equidad), ... y el ap. 6O remite a las prestaciones de la originaria ley 24.557 y las mejoras del decr. 1694109 (lo que demuestra su aplicación a las

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contingencias anteriores, que se calculan sobre la base de dichas normas). Coadyuva en este mismo sentido la consideración de la finalidad de la norma, que ha sido la de intentar ajustar los importes a la realizada en función de una injusticia manifiesta, sin distinciones)) (cfe. Formaro, Juan J., Riesgos del Trabajo. Leyes 24.557 y 26.773, Acción especial y acción común. la edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2013, pág. 17415).» ((También se han de considerar los fundamentos del Mensaje del Poder Ejecutivo que acompañaron al proyecto de la ley 26.773, en cuanto refiere que: «La clave de bóveda de la iniciativa se resume en facilitar el acceso del trabajador a la reparación, para que la cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al damnificado y a su familia un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de su vida laboral)).)) «En el marco descripto es dable tener en cuenta la primacía de la equidad para meritar lo justo en el caso concreto, principio operativo en materia de resarcimiento de daños; el reconocimiento de la máxima indemnización posible -y reconocida por el Estado- en atención al principio ((alterum non laedere)), a fin de resguardar la indemnidad; y la vigencia del principio de progresividad -receptado en la órbita constitucional y por vía de tratados- como norma primaria que inspira y sistematiza a esta rama del derecho, y del cual se desprende como regla secundaria la de la norma más favorable, que es aplicable en función del ámbito temporal de las leyes, entre otros principios.)) «En el marco expuesto, las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente por contingencias laborales cuya ((primera manifestación invalidante)) fue posterior a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1694109; no tenían ajuste alguno desde el año 2009.. . En dicho contexto, la sanción del artículo 17, inc. 6), trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, especialmente, a aquéllas producidas durante la vigencia de la ley 24.557 que se han mantenido incólumes desde la entrada en vigencia de la LRT en el año 1996 y aquéllas producidas durante la vigencia del decreto 1278100 que no han tenido variación alguna desde el año 2001, en ambos casos, con topes indemnizatorios totalmente desactualizados y desfasados que disminuyen o rebajan aún más las prestaciones dinerarias ya de por sí totalmente envilecidas y depreciadas (conf. Sala 7 de la Cámara del Trabajo de la provincia de Mendoza, in re: ((Godoy,

NOV~SIMOSFALLOS 1 255 Diego Maximiliano clMapfre Argentina ART S.A. slaccidente)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA7E271 del 12 de noviembre de 2012).» «El infortunio acaeció y provocó de manera inmediata consecuencias dañosas bajo el anterior sistema, pero ellas no fueron canceladas oportunamente. En tal sentido, la pretensión de la demandada de abonar actualmente dichas prestaciones sin el ajuste correspondiente ¡mplicaría un doble perjuicio al trabajador, toda vez que, por un lado, se vio privado de contar oportunamente con la indemnización que le correspondía y, por otro lado, el valor de la suma que percibiría actualmente se encontraría absolutamente desajustado. (En el mismo sentido, esta Sala, in re, ((Gutiérrez, Pablo Fernando clMapfre Argentina ART S.A. S/Accidente - Ley especial)), SD No 19.001, 30110113).» «En consecuencia y conforme los antecedentes expuestos, interpreto que el artículo 17, inc. 6) de la ley 26.773 hace referencia a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557, el decreto 1278100 y el decreto 1694109, al disponer que estas se ajustarán «a la fecha de entrada en vigencia de la ley conforme al índice RIPTE desde el día 11111O».» ((Debido a que el art. 17, inc. 6, de la ley 26.773, que establec- una excepción al criterio general de aplicación de la ley en lo que es materia de ajuste de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente (índice RIPTE), no hace referencia alguna a la fecha de inicio del cómputo de los intereses, razón por la cual, según mi criterio, el artículo 2 de la ley 26.773, al igual que sus restantes disposiciones, rige para los accidentes ocurridos con posterioridad a la fecha de su publicación, de conformidad con lo prescripto por el art. 17, inc. 5, del mismo ordenamiento.. . En consecuencia, conforme jurisprudencia de esta Sala, señalo que el artículo 7, ap. 2, de la ley 24.557, prescribe que la incapacidad laboral temporaria cesa por: a) alta médica; b) por declaración de incapacidad laboral permanente c) por el transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante y d) por muerte del damnificado. Asimismo con apoyatura en los artículos 7 y 9, ap. 2 de la misma ley y el artículo 2 de la Res. No414199 SRT corresponde (conf. esta Sala, in re: ((Henderson, Nicolás Eduardo c/Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. s/ Accidente - Ley especial)), S.D. No 18.132 del 19/91 2012 y ((Gutiérrez, Roberto Rubén cICNAAseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. S/Accidente -Acción civil)) S.D. No18.503 del 30/4/2013).» «En el caso concreto, teniendo en cuenta la fecha del alta médica.. ., sugiero modificar parcialmente este segmento de la sentencia de gra-

do, y establecer que los intereses comenzarán a computarse a partir de los treinta días corridos desde dicha fecha.)) (((Sanchez, Osvaldo Enrique c/Mapfre Argentina ART S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala IX, 15/11/2013, elDial.com AA84AD)

ACCIDENTE ANTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY 26.773. AL MOMENTO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTA NORMA, AUN NO SE HAB~ANRESARCIDO LAS

SECUELAS INCAPACITANTES.AJUSTE DEL VALOR ((DE REFERENCIA))

PREVIS14 DE LA LEY 24.557. APLICACIÓNDEL ~NDICE RIPTE. NO CORRESPONDE ADMITIR EL DERECHO DE LA V~CTIMA A LA INDEMNIZACIÓN ADICIONAL -DE PAGO ÚNICO-, PREVISTA EN ART. 3 DE LA LEY 26.773. DOCTRINA DEL PRECEDENTE «RONCHI» TO EN ART.

«En el caso de autos, si bien el accidente ocurrió el día 31/7/09 y el alta médica se otorgó el 11/2/11, al momento de entrada en vigencia de la ley 26.773, el día 26/10/12, aún no se habían resarcido las consecuencias incapacitantes derivadas del infortunio, por lo que resulta plenamente aplicable al caso de autos la doctrina que emerge de los casos «Graziano» y «Baéz» y, más precisamente, la que se fijó a partir del caso «Ronchi». En consecuencia, propicio desestimar parcialmente la queja de la aseguradora y confirmar la sentencia, en cuanto dispuso la aplicación del índice RIPTE; sin perjuicio de que más adelante he de considerar el agravio concretamente referido a la modalidad de aplicación del referido índice.)) «El agravio formulado por la parte demandada en virtud del cual cuestiona el reconocimiento al actor de la indemnización adicional de pago único, en compensación por cualquier otro daño establecido en el art. 3, ley 26.773, debe tener acogida favorable. En efecto, de acuerdo con el criterio mayoritario expresado por esta Sala en el precedente «Ronchi» antes mencionado y, en atención a los fundamentos allí expuestos, cuando se trata de un accidente anterior a la vigencia de la ley 26.773, no corresponde admitir el derecho de la víctima a la indemnización adicional que prevé el art. 3 de la mencionada ley, pues éste beneficio no existía en el esquema normativo anterior y, por lo tanto, no puede considerarse que se tratara de una obligación aún no satisfecha. Por ello, corresponde modificar parcialmente la sentencia de anterior instancia en cuanto viabilizó el adicional del 20 % previsto en el art. 3 de

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la ley 26.773, y excluir su cómputo en estos autos (art. 499 Código Civil).)) (((Sánchez, Ramón Eustaquio clCopin S.R.L. y otro slinterrupción de prescripción)). CNTrab., Sala 11, 1211212013, elDial.com - AA85B9)

NORMAAPLICABLE. ART. 17, INC. 5, DE LA LEY 26.773. ENTRADAEN VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES DE LA NORMA. APLICACI~N RETROACTIVA DE LA NUEVA NORMATIVA. PRESTACIONES DINERARIAS. INCREMENTO O ADICIONAL REPARATORIOSANCIONADO POSTERIORMENTEA LA TRABA DE LA LITIS. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD. PLUSDEL 20 % CONTEMPLADO POR LA NORMA, QUE SE APLICA EN CASOS EN QUE EL DAÑO SE DETERMINA POSTERIORMENTE A SU ENTRADA EN VIGENCIA. NO RESULTA APLICABLE AL CASO LA LEY 26.773. SE DEJA SIN EFECTO LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUClONALlDAD DEL ART. 17 DE LA LEY 26.773 «La aplicación que hace el a quo de la ley 26.773 en cuanto al plus del 20 % que ella establece es retroactiva, en los hechos, pues se aplica a situaciones que se habían desarrollado antes de su sanción y entrada en vigencia y que mostraban, por ende, una situación consolidada en los derechos de las partes, la que el fallo de grado viene a romper con un criterio voluntarista, que esta Sala no puede compartir.)) «El argumento de grado de que la demora en el pago de la acreencia de la actora vuelve aplicable el plus establecido por la nueva norma, no resiste un análisis sereno, por cuanto con ese criterio quienes tienen una sentencia a favor sin ese plus, pero todavía no han cobrado su acreencia, también podrían reclamar el porcentual, lo que afecta la institución de la cosa juzgada y constituye un verdadero despropósito.)) «Y así como nadie tiene derecho al mantenimiento de una determinada situación normativa, en correspondencia tampoco nadie tiene el derecho de reclamar la aplicación de esa normativa fuera de los supuestos que la misma consagra, pues los derechos no se conceden por analogía, pues ello implica en casos como éste vulnerar el principio constitucional de legalidad, dando a una ley no vigente para el caso, por aplicable a partir de conjeturas.)) ((Acordar a la actora de autos el plus que le concedió el juez de la instancia inferior, implicaría establecer una grave desigualdad, al dar a la actora más de So que se le ha reconocido a otros en su misma situación, sin base objetiva para establecer la distinción, pues el argumento del juez no constituye tal base, sino solo una predilección personal o

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una conjetura, inválida para cimentar una declaración de inconstitucionalidad de una norma. Por otra parte, el a quo ha caído en una severa contradicción en su decisorio, al considerar primero que no es inconstitucional la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo en lo que a la indemnización a concederse a la actora toca, para luego considerar inconstitucional una norma referente a la entrada en vigencia de una ley que establece un adicional, que no estaba previsto en anteriores leyes que regían la materia y que, como tal, establece una situación ex novo.)) «La inconstitucionalidad de la norma nueva (ley 26.773) no puede estar dada en su entrada en vigencia por no conceder un plus a situaciones en curso, por cuanto ese plus es concedido por el legislador por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia y nada quita a los litigantes que ya venían reclamando y no introduce distinciones arbitrarias o persecutorias en perjuicio de nadie. El criterio del a quo vulnera el derecho al debido proceso y la defensa en juicio del accionado, como que no toma en cuenta que al aplicar un incremento o adicional reparatorio sancionado posteriormente a la traba de la litis, el tema no fue objeto temporáneo y oportuno de debate en la liza, ni la actora tenía derecho a percibirlo, por lo que la decisión de grado es sorpresiva, generando una cuestión constitucional, por la afectación de los derechos del accionado. Bien ha dicho la CNTrab., Sala III, con fecha 28/6/2013, en la causa SI 62.970 - Causa 859512013 «Astudillo, Walter Gustavo c l Prevención ART S.A. slaccidente - acción civil)) [Fallo en extenso: elDial.com -AA80D8], que la que introduce la ley 26.773 es una acción nueva, con lo cual no podría regir la aplicación inmediata en casos donde los accidentes sean previos a la vigencia de la ley, puesto que el principio de aplicación inmediata rige «en tanto y en cuanto el derecho al que se aplica la nueva norma procesal hubiese existido con anterioridad a la creación de ésta, y no en aquellos casos, como el que nos reúne, en los cuales la misma ley prevé una acción que no existía y le prescribe un trámite específico)) (dictamen 56.350, del 6/2/13, in re ((Virgilli, Darío Ernesto clfederación Patronal Seguros S.A. y otros S/ accidente - acción civil, CNAT)) [Fallo en extenso: elDial.com -AA7ED5].» «No es procedente la aplicación parcializada de la norma nueva, declarando inconstitucionalidades aquí y allá, máxime cuando se trata de la entrada en vigencia de la norma y ella adopta el sistema corriente de entrada en vigencia, que es el del Código Civil, no habiendo demostrado el juez argumentalmente en forma adecuada en qué radicaría la presunta inconstitucionalidad.»

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«El plus del 20 % que la norma contempla se aplica en casos en que el daño se determinara posteriormente a su entrada en vigencia, supuesto en que no encaja la situación de autos, que el a quo pretendió encorsetar a la fuerza -sobre la base de argumentos meramente aparentes- en una norma que le es radicalmente ajena.)) «Por las diversas razones explicitadas supra, propongo al acuerdo la revocación parcial de la sentencia apelada, dejando sin efecto la declaración de inconstitucionalidaddel art. 17 de la ley 26.773 y declarando la inaplicabilidad de tal norma al presente caso. En etapa de ejecución de sentencia se procederá a practicarse una liquidación correcta de la indemnización a acordarse a la actora, que no compute los rubros que la modificación de la ley 26.773 ha concedido, por ser inaplicable en el caso.)) (((Sandoval, Rosa Herminda c/Mapfre Argentina ART S.A. slaccidente de trabajo (sictémico))). Cámara de Apelaciones de Trelew (Chubut), Sala A, 16/10/2013, elDial.com -AA8315)

RIESGOS DEL TRABAJO. REPARACI~N DE D A ~ ~ O EXCLUSION S. DE LOS AC3 DE LA LEY 26.773. INDEMNIZACIÓN ADICIONAL. INTERPRETACIÓN NORMATIVA. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA. DISCREPANCIAS EN LOS CRITERIOS. EXCLUSI~N QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL. NOSE CONFIGURA UN TRATO DISCRIMINATORIO. EL ACCIDENTE IN ITINERE NO CONSTITUYE UN SUPUESTO EN QUE EL TRABA-

CIDENTES IN ITINERE DEL ADICIONAL PREVISTO EN EL ART.

JADOR SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL EMPLEADOR

«En lo que refiere a la norma del art. 3 de la ley 26.773, ya he adherido a la posición que considera que la misma no se aplica al supuesto de los accidentes in itinere (Sala III, autos «Majul c/Mapfre Argentina ART S.A.)), P.S. 2013-111, no105; Sala 1, autos ((Alegría clMapfre Argentina ART S.A.)), P.S. 2013-Vll, no205). En ambos precedentes adherí al voto del Dr. Jorge Pascuarelli, quien, con fundamento en el fallo de la Sala VI de la CNAT in re ((Lorenz c1Liberty ART S.A.)) y doctrina especializada, sostuvo la exclusión de los accidentes in itinere del adicional previsto por el art. 3 de la ley 26.773.)) «No desconozco que existen posiciones encontradas respecto a si el accidente in itinere encuadra o no en la norma del art. 3 de la ley 26.773. Así la sala VI1 de la CNAT entiende que el accidente in itinere es un supuesto de ((estar a disposición del empleador)) (autos «B., J.O. c/ Liderar ART S.A.», 31/3/2014, LL on line AR/JUR/798312014); en tanto

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que la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe, Sala II entiende que este tipo de accidente no se encuentra comprendido en el ya citado art. 3 (autos ((Suárez c1Mapfre Argentina ART S.A.)), 26/2/2014, LL on line AR/JUR/676/2014); y la Sala III de la CNAT ha declarado la inconstitucionalidad de esta norma legal por violación del art. 16 de la Constitución Nacional (autos ((Blanco clHorizonte Cia. Argentina de Seguros Generales S.A.)), 12/7/2013, DT 2014 -marzo-, pág. 7 6 1 ) ~ ) «No comparto la postura que sostiene que el accidente de trabajo (in itinere) constituye un supuesto en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador. Amanda Lucía Pawlowski de Posse sostiene que el accidente in itinere no se produce en el lugar de trabajo, ni cuando el dependiente se encuentra a disposición del empleador, sino que acaece durante el traslado entre el domicilio del trabajador y el lugar de prestación de servicios (cfr. aut. cit., ((Sobre la constitucionalidad del art. 3 de la ley 2 6 . 7 7 3 ~DT ~ 2014 -junio-, pág. 1659).» ((Resulta más correcto, a mi criterio, encuadrar a los accidentes in itinere dentro de la ocasionalidad de tales sucesos al trabajo. Ello se ve más claro cuando se advierte que, ante la intervención de un interés del trabajador en el escenario del siniestro, se interrumpe aquella relación del accidente con el trabajo.)) «...no considero que en el lapso del trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, éste se encuentra a disposición del empleador, sino que la causa de la imputación de responsabilidadobjetiva al empleador es que el trabajo ha dado ocasión al traslado del operario. Luego, el accidente in itinere no se encuentra comprendido en los supuestos previstos en el art. 3 de la ley 26.773.)) «En cuanto a la inconstitucionalidad que plantea el recurrente, tampoco encuentro que se configure un trato discriminatorio hacia el trabajador que ha sufrido un accidente in itinere.)) «Se trata de supuestos diferentes, toda vez que la responsabilidad del dador de trabajo ante el accidente in itinere se vincula más con una cuestión de equidad y de seguridad social, que con una derivación del riesgo empresario.)) (c.. .no encuentro que la exclusión del accidente in itinere del adicional del art. 3 de la ley 26.773 pueda ser tachado de inconstitucional. Nada impide que se brinde una cobertura mayor a aquellos accidentes producidos directamente por la actividad laboral, o en oportunidad de cumplirse con la prestación de los servicios comprometidos, que a los sucedidos en el trayecto entre la casa del trabajador y el lugar de trabajo. Ello en virtud que la fuente de la obligación de reparar es diferente.))

(((Segovia Ferreira Ramon Eduardo c1l.A.P.S.E.R. ART S accidente I de trabajo)). Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería (Neuquén), Sala 11, 7/8/2014, elDial.com - AA8A15)

APLICACI~N DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 26.773. ADICIONAL PRE3 DE LA NORMA. INCAPACIDAD PERMANENTE. PRESTACIONES DINERARIAS. AJUSTE.DECRETO REGLAMENTARIO 47212014. ART. 17

VISTO EN EL ART.

DE LA NORMA REGLAMENTARIA. INCREMENTO DE PRESTACIONES CONFORME

LA VARIACIÓN DEL ~NDICERIPTE. EXCLUSI~N DE SITUACIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY 26.773. EL PEN HA INCURRIDO EN UN EXCESO DEL PODER REGLAMENTARIO. DECLARACI~N DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO EN CUESTIÓN. TASADE INTERÉS. DIFERENCIAS ENTRE LA APLICACIÓN DEL ~NDICERIPTE -PREVISTO POR LA LEY 26.773- Y LA APLICACIÓN DE INTERESES. DISIDENCIAPARCIAL: FORMADE CÁLCULO DEL REAJUSTE PREVISTO EN EL ART. 6 DE LA LEY 26.773. INTERESES

«...recuerdo haberme pronunciado en contra de la constitucionalidad del art. 17 del decreto 472114, cuya aplicación solicita la recurrente (ver esta Sala in re «P. R. J. clLiberty ART S.A. slaccidente - ley especial)) [Fallo en extenso: elDial.com -AA889B] SD 46823 del 3010612014). En dicha oportunidad he referido que el art. 17 de la norma reglamentaria establece: ({Determinase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al articulo 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1694109, se deben incrementar conforme la variación del indice RIPTE (Remuneraciones lrnponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el lo de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la ley 26.41 7».» (Dr. Rodriguez Brunengo, según su voto, al que adhiere la Dra. Ferreirós) «El decreto reglamentariotiende a excluir situaciones que claramente se encuentran contempladas en la ley 26.773, como la que se da en el caso particular de autos, correspondiente a la prestación por incapacidad permanente total establecida en el art. 15, inc. 2), de la ley 24.557.)) (Dr. Rodriguez Brunengo, según su voto, al que adhiere la Dra. Ferreirós) «La ley 26.773 no se limita a actualizar exclusivamente las prestaciones aludidas por el decreto, sino que establece claramente en su artículo 17 inc. 6 que «las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualiza-

ción mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al indice RIPTE)). De este modo, entiendo que son pasibles de actualización no sólo aquéllas prestaciones adicionales de pago único y los pisos que mencionan la ley 24.557 y el decreto 1694109, sino también aquéllas prestaciones como las previstas en el art. 14, inc. 2, ap. a) y b), o la prevista en el art. 15 de la ley 24.557, cuya enunciación a modo de fórmula no excluye su carácter indemnizatorio.)) (Dr. Rodriguez Brunengo, según su voto, al que adhiere la Dra. Ferreirós) «...el Poder Ejecutivo Nacional ha incurrido en un exceso del poder reglamentario, contraviniendo las facultades reglamentarias autorizadas en el inc. 2O del art. 99 de la Constitución Nacional, que dispone que en ejercicio de aquéllas facultades deberá cuidarse de no alterar el espíritu de la ley. Además se configuraría la situación prevista en el segundo párrafo inc. 3O, art. 99, de la Carta Magna, pues se estaria emitiendo una disposición de carácter netamente legislativo, a cuya veda alude la norma citada.)) (Dr. Rodriguez Brunengo, según su voto, al que adhiere la Dra. Ferreirós) «En el caso de autos, estimo que esa línea divisoria ha sido traspasada y se ha configurado una desviación de poder, que fundamenta la declaración de inconstitucionalidaddel decreto 47212014, y así lo voto.)) (Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto, al que adhiere la Dra. Ferreirós) ((Encuentro una génesis distinta en torno a la aplicación del indice RIPTE previsto por la ley 26.773 y la aplicación de intereses, como accesorio del capital, pues en el primer caso se trata de la aplicación de un coeficiente de actualización, mientras que el segundo responde a la privación que sufrió el acreedor por el no uso del capital.)) (Dr. Rodriguez Brunengo, según su voto, al que adhiere la Dra. Ferreirós) «...adhiero a la solución propuesta en cuanto a confirmación del fallo en torno a la aplicación del reajuste previsto en el art. 6' de la ley 26.773, pero he de disentir en cuanto a la forma de calcular el mismo, ya que en este aspecto considero que asiste razón a la apelante. En efecto, conforme lo señalara en oportunidad de expedirme en autos ((Pedraza, Cristian David clliberty ART S.A. slaccidente - ley especial)) [Fallo en extenso: elDial.com -AA8B9E] (SD. NoSD 46591 del 3014114 del registro de esta Sala), soy de opinión que corresponde calcular la liquidación del monto de condena aplicando y teniendo en cuenta para ello las pautas fijadas por las Resoluciones que dicta la Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en tanto por vía de las mismas se da cumplimiento a lo previsto por el

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art. 8 de la ley 26.773 y se ajustan por indice RlPTE las prestaciones de los arts. 11, inc. 4, ap. a), b) y c); 14 inc. 2, ap. a) y b); y 15 inc. 2, de la ley 24.557, disponiendo la fecha de vigencia de dichas actualizaciones. Por lo tanto, de prosperar mi voto, propongo que en la oportunidad del art. 132 L.O., se efectúe la liquidación del monto de condena aplicando y teniendo en cuenta para ello, las pautas y los montos que fije la Resolución de la Secretaria de Seguridad Social, vigente a dicha época.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) «En lo que hace a la aplicación del incremento previsto en el art. 3' de la ley 26.773, considero que dicho articulo introduce una indemnización no contemplada en la ley 24.557 y, por lo tanto, excede lo dispuesto en el inc. 6 del art. 17 de ese cuerpo normativo, por lo que en este aspecto, corresponde hacer lugar al recurso intentado por la demandada y revocar el pronunciamiento en el punto.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) «En sentido coincidente con el nuevo criterio que vengo sosteniendo a partir del precedente «Pedraza» antes citado, la vigencia de un sistema de actualización como el que surge de la ley 26.773 pone en cuestión los fundamentos de la Acordada CNAT No 2357, en los que me he basado para disponer la aplicación del promedio de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina, en sus operaciones de préstamos.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) ((Teniendo en cuenta que en el caso en examen se está haciendo aplicación de un índice de actualización basado en los incrementos salariales, considero que la aplicación lisa y llana de la tasa de interés prevista conforme Acta CNAT No 2357 resulta inadecuada.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fontana) (((Silva, Augusto c/ Asociart ART S.A. slaccidente - ley especial)). CNTrab., Sala VI!, 18/7/2014, elDial.com - AA8B9F)

ACCIÓNCIVIL. SINIESTRO ACAECIDO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA 26.773. PLANTEO DE INCOMPETENCIA REALIZADO POR UNA DE LAS CODEMANDADAS. DESESTIMACI~N. COMPETENCIA DE LA JUSTICIANADEL TRABAJO CIONAL DE LA LEY

«...resulta excesivo pedirle a cualquier trabajador que esté a punto de interponer una demanda en el fuero (o, a los mismos fines, a cualquier ciudadano que intente realizar un reclamo fundado en una norma del sistema), que realice un estudio histórico-político de la coyuntura

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legislativa de su país. El actor interpuso su demanda en base al derecho que en ese momento, para cualquier observador externo, se encontraba vigente.)) (Dra. Cañal, según su voto) ((Según el Fiscal General, ante esta instancia, la nueva ley incorpora una acción nueva, con lo cual no podría regir la aplicación inmediata en casos donde los accidentes sean previos a la vigencia de la ley, puesto que el principio de aplicación inmediata rige «en tanto y en cuanto el derecho al que se aplica la nueva norma procesal hubiese existido con anterioridad a la creación de ésta, y no en aquellos casos, como el que nos reúne, en los cuales la misma ley prevé una acción que no existía y le prescribe un trámite específico)) (dictamen 56.350, del 6/2/13, in re ((Virgilli, Darío Ernesto c l Federación Patronal Seguros S.A. y otros SI accidente - acción civil, CNAT)) [Fallo en extenso: elDial.com -AA7ED5J1 criterio compartido no por unanimidad, en el decisorio de la Sala V, S.I. No29.740, del 18/4/13, el que también fue sostenido por la Sala IX, S.!. 13.790, del 25/3/13, in re ((Mendoza, Jorge Luis c/ Bruno, Gerardo Reinaldo y otro slaccidente, acción civil)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA7DEO1, y por la Sala II, S.I. 63.509, del 21/3/13, in re ((Sanabria, Gustavo Adolfo c/Los Constituyentes SAT y otro S/ despido))).)) (Dra. Cañal, según su voto) «De modo que acaecido un accidente en vigencia de la 26.773, no cabe duda de que es la ley aplicable, no así si se trata de un evento anterior.)) (Dra. Cañal, según su voto) «...comparto lo dictaminado por el Fiscal General en el sentido que por aplicación del art. 3 del Código Civil, las leyes rigen para el futuro, sin retroactividades implícitas, salvo disposiciones expresas y sin desmedro de la garantía constitucional de la propiedad (ver en igual sentido ((Piccolo, Diego Agustín clProvincia ART S.A.)) SI 35034 del 2816113 del registro de la Sala VI1 de la CNAT).)) (Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto) «...como el accidente denunciado en la causa data de una fecha anterior a la publicación de la Ley de Ordenamiento citada (B.O. 261101 2012), es claro que tal dispositivo legal no resulta aplicable al sub lite, menos aun cuando ésta no resulta ser más beneficiosa para el trabajador, en la materia a examen.)) (Dr. Rodríguez Brunengo, según su voto) (((Soraires,Oscar Ariel clfederación Patronal Seguros S.A. v otro S/ accidente - acción civil)). CNTrab., Sala 111, 12/7/%13, e l ~ i ~ l . c o-m AA8805)

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FALLECIMIENTO DEL DEPENDIENTE. CA~DA DESDE ALTURA -PASARELA SIN ART.II13 DEL CÓDIGO CIVIL. CONDICIONES RIESGOSAS DE TRABAJO. AUSENCIA DE BARANDAS DE PROTECCIÓN. VULNERACI~N DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. RESPONSABILIDAD ClVlL DE LAS EMPRESAS CODEMANDADAS. CUANTIFICACI~N DE PERJUICIOS SUFRIDOS POR FAMILIARES PROCEDENCIA. GEL CAUSANTE -CÓNYUGE E HIJA MENOR-. DANOMATERIAL, DANOMORAL Y DANO PSICOLÓGICO. PROCEDENCIA. ~NDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO. DE CÓDIGO ClVlL Y COMERCIAL DE LA NANUEVANORMATIVA. PROYECTO ClÓN. LEY26.773. INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DE PAGO UNICO,EQUIVALENTE AL 20% DE LA TARIFA

BARANDA-.

«No puede haber duda en cuanto al perjuicio sufrido por las actoras, que no sólo es el profundo dolor por la pérdida del ser querido -esposo y padre- y que entraría en el concepto de daño inmaterial, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito y que en este Código se designa por las palabras ((pérdidase intereses)) (art.1069 C. Civil).)) «El proyecto de Código Civil y Comercial, en avanzado trámite parlamentario, establece que en caso de muerte la indemnización consiste en los gastos de asistencia y posterior funeral de la víctima; lo necesario para alimentos del cónyuge, hijos menores hasta los 21 años de edad con derecho alimentario;. .. el juez debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima sus condiciones personales y la de los reclamantes (art. 1745). En este marco aprecio que el monto fijado por el magistrado de grado resulta razonable, ya que si se aplicara la prestación dineraria prevista en la LRT se llegaría al 60 % del monto establecido. Debo considerar que las prestaciones dinerarias han sido luego actualizadas, y que la nueva normativa (ley 26.773) establece una indemnización adicional de pago único equivalente al 20 % de la tarifa. Si consideramos que la vía escogida en la demanda se funda en el derecho civil, considero que el importe de condena por daño material debe ser confirmado para cada una de las actoras.» («Tonelli, Maria Del Carmen plsi y en rep. de su hija menor A. N. N. clEquipaire Obras y Servicios S.R.L. y otros slaccidente - acción civil)). CNTrab., Sala VI, 14112/2012, elDial.com -AA7CCA)

FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO. TRABAJADOR QUE REALIZABA TAREAS USODE PRODUCTOS QU~MICOS. INTOXICACIÓN POR EL USO Y LA MANIPULACIÓN DE GLIFOSATO. FALTADE UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE FUMIGACIÓN.

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DE PROTECCIÓN. AUSENCIA DE INDICACIONES Y DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL RESPECTO A LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DEL PRODUCTO. TOXICOLOG~A LABORAL. CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN TOXICOLOG~ALABORAL -PREVENTOX-,CREADO POR LA SUPERINTENDENCONSULTA GRATUITA SOBRE LAS SUSTANCIA DE RIESGOSDEL TRABAJO. PELIGROSAS. PREVENCIÓN COMO HERRAMIENTA DEL DESACIAS QU~MICAS RROLLO LABORAL EN UN MEDIO SANO. RESPONSABILIDAD ClVlL DE LA EMPLEADORA. PROCEDENCIA. EXTENSI~N DE LA CONDENA A LA ART. CAUSAHABIENTES: CÓNYUGE E HIJOS MENORES DEL TRABAJADOR FALLECIDO. QUANTUM DEL RESARCIMIENTO. PÉRDIDADE VALOR ADQUISITIVO DEL CRÉDITO. APLICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS ACTIVA FIJADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. NO PROCEDE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CREDITOS. DISIDENCIA PARCIAL: ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO. APLICACIÓN DEL ART. 17, INC. 6, DE LA LEY 26.773

c . . .llega firme a esta Alzada que el trabajador realizó tareas de fumigación sin elementos de seguridad. Es decir, no se le otorgaron guantes, botas y en especial, máscaras de exposición (con filtro de carbón) dada la manipulación que debía hacer con el glifosato.)) (Del voto de los Jueces de la Sala III, en unanimidad) «...tampoco existe prueba que acredite que los accionados hayan realizado estudios y adopción de medidas para proteger la salud de su dependiente, tal como lo establece la ley 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo (art. 5, inc. h).» (Del voto de los Jueces de la Sala III, en unanimidad) «Otro dato relevante, es que no se invocó ni probó que en el lugar de trabajo existiera ficha de datos del glifosato que utilizaba el trabajador, con indicación de sus componentes químicos, ni fichas de datos de seguridad que le permitieran tomar precauciones.)) (Del voto de los Jueces de la Sala III, en unanimidad) «No se tuvo en cuenta tampoco la Recomendación de la OIT Na 177, de 1990, sobre la seguridad en el trabajo la utilización de los productos químicos. Es decir, no existen constancias de que se le hayan dado consejos de prudencia para la manipulación, y utilización del referido producto químico.)) (Del voto de los Jueces de la Sala III, en unanimidad) «En nuestro país, la creación desde el año 2003 de PREVENTOX Centro de Información y Asesoramiento en Toxicología Laboral- creada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), pone a disposición un ámbito eficaz de consulta gratuita sobre las sustancias quí-

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micas peligrosas, y los efectos que ejercen sobre el ser humano, poniendo énfasis en la prevención como herramienta del desarrollo laboral en un medio sano. Las consultas puede hacerlas el trabajador, el empleador, el servicio médico de la empresa o la ART (http:ll www.srt.gob.ar/iniciolsrt/contenidos-srt/toxicologialaboral). En la página web citada, la SRT recomienda la lectura del libro editado por la misma, denominado «Toxicologia Laboral - Criterios para el monitoreo de la salud de los trabajadores expuestos a sustancias químicas peligrosas)) -Dr. Nelson F. Albiano, Responsable de PREVENTOX-.» (Del voto de los Jueces de la Sala III, en unanimidad) «Los demandados no probaron los hechos invocados en el responde, en cuanto a que el trabajador había anunciado que se iba a suicidar. Nótese que hacen una referencia vaga sin dar mayores precisiones, no indican los nombres de las supuestas personas que escucharon esa versión, ni siquiera las ofrecieron como testigos.)) (Del voto de los Jueces de la Sala 111, en unanimidad) «...teniendo en cuenta la forma en que el trabajador desempeñó sus funciones, considero que sufrió una intoxicación con el producto quimico utilizado en la fumigación (glifosato), ya que estuvo expuesto al mismo, sin ningún elemento de protección, ni siquiera con instrucciones para la utilización del mismo y sin el asesoramiento de un profesional (ingeniero agrónomo), que le indicara los riesgos que podía correr.)) (Del voto de los Jueces de la Sala III, en unanimidad) «El Cuerpo Médico Forense informa que «para la utilización del glifosato, uno de las circunstancias que deben tenerse en cuenta, es la dirección del viento», y resulta evidente que esta indicación no fue dada al trabajador, pues en la autopsia se advirtió que tenia micosis puntiforme (hongos bucales), lo que evidencia que al realizar su tarea (no se sabe si diluía el glifosato), la intoxicación le produjo esa enfermedad. Me explico: es sabido que un producto químico debe ser utilizado contrario a la dirección del viento, a fin de no inhalar10 y esto a mi juicio, es lo exactamente lo contrario de lo que estaba haciendo el trabajador.)) (Del voto de los Jueces de la Sala lli, en unanimidad) c . . .discrepo parcialmente con lo determinado en la condena en cuanto allí se ordena indexar el crédito que le asiste a la parte actora. En efecto, tengo dicho que la pérdida de valor adquisitivo del crédito y las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje producido por la situación económica de conocimiento público y notorio, ha sido suficientemente morigerada por la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, dispues-

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ta en el fallo de grado, que a su vez se ajusta a lo señalado en el Acta No 2357 y la Resolución de Cámara Nro. 8 del 3015102 (en sentido similar, v. Sala VI1 en autos: ((Mignemi, Juan Carlos clseguridad Grupo Maipú S.A. slDespido»; S.D. 37.951 del 13110104). En consecuencia, voto por que al capital de condena se le apliquen los intereses que se indican en el compartido primer voto, pero sin la actualización de los créditos allí dispuesta.)) (Del voto de la mayoría) «La ley 26.844, sobre el Régimen Especial del Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (pub. en B.O. el 1214113), establece la forma en que se actualizarán los salarios y cuál será la tasa aplicable. En efecto, el articulo 70 dispone que «los créditos demandados provenientes de las relaciones laborales reguladas por la presente ley, en caso de prosperar las acciones intentadas, deberán mantener su valor conforme lo establezca el Tribunal competente, desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su efectiva y total cancelación)).)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Cañal) «En el presente caso, el salario del trabajador se encuentra evidentemente desactualizado (nótese que a diciembre de 2005 alcanzaba a $ 898), por lo que, teniendo en cuenta el marco de racionalidad normativa, engarzado siempre dentro de los principio rectores e inderogables de la CN, y toda la normativa infra y supra constitucional (en el estado de su vigencia), y siempre con arreglo a la misma (art. 14 bis, para el caso), toda vez que en el caso, es evidente que la aplicación de la jurisprudencia a la que me he referido, conduce a un resultado peyorativo para la parte actora, respecto del que corresponde a cualquier otro damnificado, que sufriese iguales perjuicios y que fuera ajeno al vinculo laboral, a mi juicio, corresponde actualizar el salario, a la luz de lo dispuesto por la ley 26.844.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Cañal) c . . .cabe resaltar que la ley 26.773, rige plenamente desde el octavo día de su publicación. Es decir, que está vigente desde el 4 de noviembre de 2012, en virtud de no contar con norma alguna de aplicación inmediata. Lo que de todos modos no obstaculiza a que algunas normas de tipo adjetivo contenidas en la ley, sí resulten inmediatamente aplicables, aún por hechos anteriores.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Cañal) «La ley 26.773 en su articulo 17, inciso 6, establece que las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias,y su actualización mediante el decreto 1694109, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme

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al índice RlPTE (Remuneraciones lmponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde de enero de 2010.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Cael lo ñal) «En consecuencia, considero que resulta aplicable lo dispuesto por la ley 26.773, a fin de mantener inalterable el crédito de la parte actora.)) (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Cañal) («U., C. B., por sí y en rep. de sus hijos menores l. R. y F. V. O. c l Arata, Domingo y otros S accidente I - acción civil)). CNTrab., Sala lll, 2 118/2013, elDial.com - AA8 1F4)

ACCIÓNCIVIL. RECOMPETENCIA. DEMANDA INTERPUESTA CONTRAART. PERJUICIOS. CAPITALFEDERAL. COMPEY 17, INC. 2, DE LA LEY TENCIA DE LA CNCIV. ARTS.4, ÚLTIMO PÁRRAFO, 26.773. SINIESTRO ACAECIDO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773. CAUSAPROMOVIDA CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA NORMA. LEYESMODlFlCATORlAS DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. APLICACIÓNINMEDIATA A LAS CAUSAS PENDIENTES. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER EN LAS ACTUACIONES EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL PARACIÓN INTEGRAL POR DAÑOS Y

«De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil no 5...» (Del voto de los Jueces de la CSJN, en conformidad con el Dictamen del Procurador Fiscal subrogante) «. ..las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia, aun en caso de silencio, se aplican de inmediato a las causas pendientes, sin que pueda argumentarse un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado sistema adjetivo, pues las normas sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, circunstancia que resulta compatible con la garantía del artículo 18 de la Carta Magna, siempre que no se prive de validez a los actos procesales cumplidos ni se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores (Fallos: 329:5586; entre otros).)) (Del Dictamen del Procurador Fiscal subrogante) ((Sobre tales bases, juzgo aplicable a la presente causa (promovida el 12111112, las previsiones de la ley 26.773 (B.O. 26110112). En lo pertinente, ese ordenamiento legal establece que, en los supuestos de acciones judiciales iniciadas con fundamento en el derecho civil, tal

FALLOS 1 269

como ocurre en el caso, se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil, y será competente en la Capital Federal, la justicia nacional en lo civil (cfse. arts. 4", párrafos 1O, 4" y 6", y 17, apartado 2).» (Del Dictamen del Procurador Fiscal subrogante) (((Urquiza, Juan Carlos clProvincia ART S.A. sldaños y perjuicios)). CSJN, 1111212014, elDia/.com - AA8C53)

ART. 17, INC. 1, DE LA LEY 26.773. PRESTACIONES INDEMNIZATORIAS EN PRESTACIONES INDlNERARlAS DE RENTA PERIÓDICA. TRANSFORMACI~N DEMNIZATORIAS DlNERARlAS DE PAGO ÚNICO. EXCEPCI~N DE LAS PRESTACIONES EN EJECUCIÓN. EXCEPCION CONTENIDA EN LA NORMA, QUE VULNERA Y LESIONA DERECHOS CONSTITUCIONALES. EXCLUSI~N NORMATIVA QUE NO SUPERA LA CRAZONABILIDAD CUALITATIVA)>E INSTRUMENTAL, QUE IMPONE EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE REGLAMENTACI~NDE DERECHOS. DECLARACIÓN DE lNCONSTlTUCIONALlDADDEL ART~CULO17, INC. I , DE LA LEY 26.773. INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO. SE ORDENA A LA ASEGURADORA EL PAGO DEL CAPITAL PENDIENTE DE PAGO. INDEMNIZACIÓN ~NTEGRAY TOTAL, PREVISTA EN LA LEY 24.557, MÁS LA ACTUALIZACIÓN «. ..la excepción contenida en el citado artículo flagrantemente viola el axioma de la igualdad y consecuentemente vulnera y lesiona los derechos constitucionales que busca reglamentar.)) «. ..el legislador al establecer la excepción contenida al pago único (art. 17.1), no expone ninguna razón reglamentaria que permita avalar el trato diferenciado de dos clases de titulares de derechos constitucionales de similar entidad jurídica. Es decir, la norma no justifica el trato ((diferente)) que concede, al generar una ((categoría sospechosa)) y, por lo tanto, tal categoría reglamentaria aparece arbitraria y debe ser observada negativamente.)) «No se advierte -porque no se ha expresado- una justificación axiológica constitucional que habilite el descarte del llamamiento al «pago único)) de aquellos que aún deben satisfacer parte de su prestación, respecto a aquellos que aún no han recibido la misma cuando en esencia ambos tienen la misma entidad jurídica como ((sujetos de tutela preferente)). La exclusión normativa no supera la ((razonabilidad cualitativa)) que impone el proceso constitucional de reglamentación de derechos, ya que no guarda coherencia entre la finalidad perseguida (nuevo sistema de reparación de los infortunios) y los medios ideados para la

NOV~SIMOSFALLOS

consecución de esos fines, respecto a algunos de sus beneficiarios (aquellos que aún no han percibido la totalidad de su crédito).)) «...si se confronta el texto del art. 17.1 con la integralidad de la ley 26.773 se podrá advertir que la excepción allí contenida queda «desacoplada)) tanto de los «objetivos» de la ley como del ((principio general», que fundamenta la nueva arquitectura de reparación de daños laborales.» «...más arbitraria luce aún la excepción del art. 17.1 cuando se la aprecia desde la interpretación finalista o teleológica de la norma.)) «...la excepción del art. 17.1 tampoco encuentra ((validación)) en el andamiaje axiológico que el Parlamento ha erigido para la nueva regulación de los infortunios laborales, pues solamente se excluiría del pago Único las prestaciones dinerarias conocidas como ((prestaciones temporarias)) (art. 13, ley 24,557, art. 5 ley 26.773 y reglamentación pertinente, tal como ha quedado el sistema actualmente).)) «...mucho más alejada de la ((pauta constitucional» aparece la excepción de art. 17.1 ley 26.773 si se la confronta con la doctrina judicial emanada por nuestra CSJN en la larga ristra de inconstitucionalidades, que le ha endilgado a la reglamentación de los infortunios laborales (léase, entre otros los precedentes «Castillo» [Fallo en extenso: elDial.com - AA23AE1, «Aquino» [Fallo en extenso: elDial.com AA242F],»Milone» [Fallo en extenso: elDial.com -AA251 F], «Díaz» [Fallo en extenso: elDial.com -AA323D], ((Suárez Guimbard)) [Fallo en extenso: elDial.com - AA49351, «Silva» [Fallo en extenso: elDial.com AA44311, «Llosco» [Fallo en extenso: elDial .com - AA3E031, «Ascua» [Fallo en extenso: elDial.com - AA61AC]).)) «...la excepción del art. 17.1 de la ley 26.773 es violatoria al retículo axiológico de nuestra Carta Magna y a los principios que se derivan de los Tratados de Derechos Humanos y Convenios Internacionales que nuestra país ha firmado, que su regulación es refractaria al sistema reglamentario establecido por nuestra Carta Magna (arts. 19,28,75,12 y 75,23) por carecer de razonabilidad cuantitativa e instrumental respecto de los derechos que busca dinamizar y por violentar arbitrariamente el régimen de la igualdad, al tratar legislativamente de manera diferencial a titulares de derechos de similar entidad, generando contrastes que se tornan absurdos y -en el caso concreto de cada damnificado- violatorios a un conjunto de derechos constitucionales de su titularidad (propiedad, proyecto de vida, reparación de los daños, igualdad ante la ley, entre otros).))

1 271

«El análisis de las constancias de autos, la doctrina y la jurisprudencia citada y las normas constitucionales invocadas juzgo inexorable la declaración de inconstitucionalidad del art. 17.1 de la ley 26.773 y, consecuentemente, ordenar pagar a kaseguradora demandada el capital pendiente de pago de manera íntegra y total.. .» («V. A. M. clcristóbal Seguro de Retiro S.A. - medidas cautelares medida autosatisfactiva)).Juzgado de Conciliación Laboral de Villa María (Córdoba), 231812013 (resolución firme en lo principal), elDial.com AA81 E5)

RIESGOSDEL TRABAJO. NORMAAPLICABLE. EFECTOS NUEVOS DE UNA CONTINGENCIA ANTERIOR. RÉGIMENRESARCITORIO DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES. MEJORAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 26.773. NORMA QUE NO HA INTRODUCIDO UN MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

t

«En la causa «Báez, Carlos César c1Berrkley lnternational ART S.A s1Accidente Ley Especial)) (S.D. No99.987, del 12112111, del registro de esta Sala), mi distinguido colega, el Dr. Miguel Ángel Maza sostuvo que «si bien el accidente de trabajo se produjo durante la vigencia del régimen anterior, las consecuencias reparatorias del infortunio se establecieron y consolidaron con posterioridad y cuando ya regía el nuevo régimen de prestaciones económicas. Por lo tanto, la aplicación de las mejoras a las prestaciones dinerarias previstas en el nuevo régimen a los efectos nuevos de una contingencia anterior no constituye un supuesto de retroactividad legal, sino de aplicación inmediata de la nueva norma, en los términos del art. 3 del Código Civil)).Asimismo, puntualizó que «Al pronunciarse este Tribunal en la causa «Ronchi, Jorge Hugo clConsolidar ART SA slaccidente)) (S.D.N0 102.453 del 11111113 del registro de esta Sala), a través del voto concordante de mis distinguidos colegas Dres. González y Maza y por los fundamentos que cada uno expuso, a igual solución se arribó con respecto a la aplicabilidad del índice RlPTE que prevé el art. 17, inc.6, de la ley 26.773 a las obligaciones emergentes de la ley 24.557 que no hubieran sido canceladas con anterioridad al momento en el cual entró en vigencia la primera, es decir, en tanto subsistan consecuencia jurídicas del infortunio que no estuvieran satisfechas en el momento iridicado. En este mismo pronunciamiento, a partir del voto concordante de mis colegas, se dejó establecido que, en cambio, cuando se trata de un accidente anterior a

NOV~SIMOS FALLOS

la vigencia de la ley 26.773, no corresponde admitir el derecho de la víctima a la indemnización adicional que prevé el art.3 de la mencionada ley, pues éste beneficio no existía en el esquema normativo anterior y, por lo tanto, no puede considerarse que se tratara de una obligación aún no satisfecha)).)) «...como lo señaló el Dr. Miguel Ángel Maza h re ((Surra, Fernando Rafael clTaxi Naom S.R.L. y otro)) (SD 102855 del 28/2/14), en voto al que adherí, «la ley 26.773 no ha introducido un mecanismo de indexación de las obligaciones en excepción a la prohibición vigente nacida de las leyes 23.928 (art. 7) y 25.561 (art. 4), sino solamente el ya descripto método automático de ((mejoramiento)) de las prestaciones del art. 11 apartado 4 y de los mínimos de referencia de los arts. 14 y 15, LRT, con las mejoras del decreto 1694109...» si el Congreso Nacional hubiese decidido generar una excepción a una regla tan trascendente como la establecida en la ley 23.928 -tan importante que fue ratificada con reiteración por la ley 25.561- lo hubiese hecho de manera clara y expresa.» (((Venialgo, lnocencio c/Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. y otro slart. 21,22 y 46 ley 24.557)). CNTrab., Sala 11, 13/3/2014, e/Dia/.com-AA87EF)

COMPETENCIA. ACCIDENTE Y CONSOLIDACIÓN DEL DAÑO ACAECIDOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 26.773. ACCIÓNCIVIL. ARTS. 4 Y ART. 17, INC. 2, DE LA LEY 26.773. NORMAAPLICABLE. SE REVOCA RESOLUCIÓN. COMPETENCIA DE LA JUSTICIANACIONAL DEL TRABAJO. ADMISIÓN.DISIDENCIA: ACCIÓNCIVIL QUE CONTIENE GRAN PARTE DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL. APL!CACIÓN DEL ((FÓRuM CONEXITATIS)). ~NCOMPETENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO PARA ENTENDER EN LA CAUSA «La ley 26.773 sólo resuelve conflictos de sucesión de normas en los casos de las prestaciones en dinero y en especie y de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez, ambas del sistema especial (conf. art. 17, incs. 5' y 7'). Ante la ausencia de regulación, cabe concluir que el nuevo régimen jurídico aplicable a las acciones judiciales incoadas en procura de la reparación integral de los daños derivados de accidentes y enfermedades con fundamento en el derecho civil entró en vigencia el 4/11/2012 (conf. arts. 2O, 3' y 24, C. Civ.). Es decir, no existe conflicto intertemporal, toda vez que la mentada ley 26.773 no dispuso la eficacia retroactiva del nuevo régimen jurídico aplicable a las accio-

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nes judiciales, incoadas en procura de la reparación integral de los daños derivados de accidentes y enfermedades con fundamento en el derecho civil, ni se mantuvieron simultáneamente en vigor los dos sistemas de reparación.)) (Del voto de la mayoría) «En materia de reparación de daños y perjuicios, la ley aplicable es la vigente al momento en que el derecho nace, es decir, cuando se configura el presupuesto fáctico de operatividad del sistema de responsabilidad invocado, con independencia de la efectiva promoción del pleito.» (Del voto de la mayoría) «En el presente caso -insisto-, tanto el accidente de trabajo, cuanto la consolidación de los daños alegados como fundamento de la pretensión incoada, habrían ocurrido antes de la entrada en vigencia del nuevo de régimen de reparación fundado en el derecho civil, por lo que no corresponde la aplicación de este último.)) (Del voto de la mayoría) ((Dentro del marco descripto, la proyección de un nuevo ordenamiento normativo hacia el pasado, no resulta posible si por tal vía se altera el alcance jurídico de las consecuencias de los actos o hechos realizados en su momento bajo un determinado régimen legal, con grave afectación de los derechos adquiridos por el actor.)) (Del voto de la mayoría) «En este contexto, y ante la ausencia de una nítida atribución de competencia a la Justicia Nacional en lo Civil para el conocimiento de acciones como las incoadas por el actor, rige la regla general del art. 20 de la ley 18.345, teniendo en cuenta que el accionante demanda también a la aseguradora de riesgos del trabajo de los ex empleadores, situación esta última encuadrable en las previsiones del art. 21, inc. a) de la ley citada.)) (Del voto de la mayoría) «Por las razones expuestas, y lo concordemente dictaminado por el Sr. Fiscal General ante la Cámara en su dictamen, propicio revocar la resolución, admitir la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo y devolver las actuaciones al juzgado de primera instancia para que continúe la tramitación de la causa.)) (Del voto de la mayoría) «No pueden obviarse los precedentes históricos de ésta Cámara, en la cuestión que nos ocupa, reivindicando con claridad su competencia para intervenir en los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la sanción de normas que reformaban parcialmente el texto de otras vigentes, en el caso de la Ley 9688, sentando una doctrina pacífica y reiterada (Plenario no 225 «Prestigiácorno, Luis c/Pirelli S.A.)) [elDial.com -APE4] 19/5/1981 referido a la regla estatal 21034 y Plenario no277 «Villamayor, José Domingo c/La Franco Argentina S.A.)) [Fa-

274 1 ~ 1 ~ 7 - OHUGO R ÁLVAREZ CHÁ VEZ

Ilo en extenso: elDial.com -AA58DC] 281211991 referido a la ley 23.643). Se sostuvo allí, que la ley vigente al momento del siniestro, fijaba los alcances de la responsabilidad del empleador respecto de la obligación de indemnizar.)) (Dr. Raffaghelli, según su voto) «El juez competente es determinado objetivamente por la indole de las acciones planteadas, sin que pueda admitirse que la elección entre distintos jueces sea el resultado de una opción del actor ni directamente mediante el ejercicio de una opción, como pareciera quererlo decir el actor al expresar agravios, o indirectamente mediante la calificación como subsidiaria de una acción que no lo es o viceversa. Por efecto de la norma del artículo 88, CPCCN, el juez competente es el juez del proceso que ha de tratar la acción principal. El juez que debe conocer en la causa es aquel a quien señala el brocardo romamo is de accesorio cognoscere debet qui cognoscit de principali.)) (Del voto en disidencia del Dr. Arias Gibert) «En el caso debe señalarse que la acción civil contiene gran parte de la pretensión principai, ya que al ser sus factores de atribución más restrictivos (la acción especial sólo requiere que la ocurrencia del daño se deba al hecho u ocasión del trabajo), en la generalidad de los casos la existencia de factor de atribución en términos de una acción civil contractual o extracontractual tiene incluido que el hecho se haya producido por el hecho u ocasión del trabajo. Desde el punto de vista del objeto se produce idéntica continencia de la acción civil (en principio de mayor entidad), respecto de la acción especial (de menor entidad y por tanto contenida en el primer reclamo). Por este motivo, salvo situaciones muy particulares la causa civil es principal y la acción especial accesoria. Por este motivo, también por aplicación del fórum conexitatis, debe declararse la incompetencia de la justicia nacional del trabajo para entender en la presente causa.)) (Del voto en disidencia del Dr. Arias Gibert) (((Virgilli, Darío Ernesto clFederacion Patronal Seguros S.A. y otros s/accidente acción civil)). CNTrab., Sala V, 18/4/2013, elDial.com AA7ED5)

ANEXO III EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE CÁLCULO A CASOS DE INCAPACIDAD PARCIAL, TOTAL Y MUERTE ?

si. INTRODUCCIÓN En el presente anexo desarrollaremos algunos ejemplos numéricos para que el lector pueda ver paso a paso cómo aplicar las fórmulas de cálculos a casos concretos. Lo haremos meticulosamente, operación por operación, para llegar al resultado final, donde presentaremos una tabla-resumen con todo el procedimiento. Valga como aclaración preliminar que hemos incluido todos los rubros posibles (fórmula base LRT, adicionales art. 11.4, LRT, adicional art. 3, ley 26.773 y ajuste RIPTE). Hay casos en que la justicia se pronuncia en favor de la inclusión de todos ellos, hay otros en los que se eliminan algunos (ej: el adicional de 20 % según ley 26.773, art. 3 para los accidentes in itinere). La idea de incluirlos todos es que el lector pueda conocer el resultado de máxima y en definitiva analizar cómo afecta al resultado final la exclusión de cada rubro. Haremos un ejemplo para cada tipo de situación: En el primer caso, un cálculo para incapacidad permanente parcial (art. 14, LRT) conforme lo dictaminado en el fallo «Godoy Diego Maximiliano c l MapfreArgentina ART SA»; El segundo ejemplo es una variación en el porcentaje de incapacidad del caso «Godoy», ficción que utilizaremos para calcular la indemnización para una incapacidad permanente total (tratada en el art. 15 de la LRT); Por último, modelaremos un caso de muerte del trabajador (abordado en el art. 18 de la LRT).

276 1

V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS

2. EJEMPLO DE CÁLCULO PARA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 47 -MENOR AL 66 %- (ART. 14, LRT) l

Datos del caso: Valor Mensual del lngreso Base (VMIB): $ 1.680 e Edad del actor a la fecha de la primera manifestación invalidante: 25 años e Incapacidad laborativa: 35,50 % Primera manifestación invalidante: abril 2009 Coeficiente de edad: 65 125 = 2,6 Fórmula base: VMIB x 53 x porcentaje incap. x Coeficiente edad Tope 1 Piso indemnizatorio: $ 180.000 x porcentaje incap. Fórmula base: $ 1.680,00 x 53 x 35,50 % x 2,6 = $ 82.183,92. Tope 1 Piso indemnizatorio: $ 180.000 x 35,50 % = $63.900 Si se aplica tope indemnizatorio (dec. 1278/2000). El monto que debemos tomar es el valor del tope ($ 63.900) ya que la fórmula arroja como resultado un valor que lo supera ($ 82.183,92). Recordamos que el tope se calcula multiplicando el valor $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad. Si se aplica criterio de pisos indemnizatorios (dec. 1694/2009). El monto que debemos tomar es el resultado de la fórmula ($ 82.183,92) ya que supera al mínimo legal ($ 63.900). El mínimo legal se calcula de la misma manera que el tope (180.000 x porcentaje de incapacidad).

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índice de ajuste (RIPTE actual dividido RlPTE base): 733,06 1344,73 = 2 3 2 50 Capital nominal ajustado por índice RlPTE a julio 2012: $ 82.183,92 x 2,12 = $ 174.229,91 Si se aplicara el 20 % adicional de ley 26.773, art. 3O: $ 174.229,91 + 20 % = $ 174.229,91 + 34.845,98 = 209.714,54

TABLARESUMEN DATOS DEL CASO Ingreso Base (mensual) Edad lncapacidad FÓRMULA BASE LRT 53 x VMlB x % inc x CE Piso indemnizatorio Supera al piso - corresponde fórmula

1680 25 36 %

82.183,92 63.900,OO 82.183,92

ADICIONAL ART. 11.4, LRT

RIPTE

ACTUALIZACI~N DEL MONTO APLICANDO RlPTE (ART.17, INC. 6, LEY 26.773) A JULIO 2012 48 Capital a ajustar: $ 82.183,92 Valor actual del RIPTE al mes de Julio 2012 = 733,06 Valor base del RIPTE al mes de enero 2010 49 = 344,73 Ejemplo construido con los datos del caso ((Godoy Diego Maximiliano C/Mapfre Argentina ART SA». Véase el fallo -resumen y texto completo- en el CD-ROM que acompaña a esta obra. 48 La fecha corresponde al caso Godoy. 49 El art. 17, inc. 6 de la ley 26.773 nos indica la fecha base del RlPTE contra la que comprar: ((6. Las prestaciones en dinero por incapacidad per47

RlPTE - valor actual RIPTE - valor base (ene 2010) Factor multiplicación RlPTE Capital final ajustado

733,06 344,73 2,13 209.714,54

manente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE; publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2 0 1 0 . ~ 50 Por error, en el fallo Godoy este número se redondeó a 2,12 (siendo que 2,1265 correspondía redondearse a 2.13) lo que altera levemente el res~ltado ($ 174.762,12 contra $ 174.229,91 es decir, $ 532,21 de diferencia). O

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS FORMULAS

9 3. EJEMPLO DE CALCULO PARA ~NCAPACIDADPERMANENTE TOTAL -MAYOR O IGUAL AL

66 %- (ART.15, LRT) 51

Datos del caso: Valor Mensual del lngreso Base (VMIB): $1.680 a Edad del actor a la fecha de la primera manifestación invalidante: 25 años e incapacidad laborativa: 70 % e Primera manifestación invalidante: abril 2010 Coeficiente de edad: 65 / 25 = 2,6

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índice de ajuste (RIPTE actual dividido RlPTE base): 733,06 /344,73

= 2,13 54 Capital nominal ajustado por índice RlPTE a julio 2012: $ 331.504,OO x 2,13 = $ 704.935,23 Si se aplicara el 20% adicional de ley 26.773, art. 3': $ 704.935,23 + 20 % = $ 704.935,23 + 140.987,05 = 845.922,28

TABLARESUMEN Fórmula base: VMIB x 53 x Coeficiente de edad Tope / Piso indemnizatorio: $ 180.000 Fórmula base: $1.680,00 x 53 x 2,6 = $231.504,00 Tope / Piso indemnizatorio: $ 180.000

Criterio de piso indemnizatorio (dec. 169412009). El monto que debemos tomar es el resultado de la fórmula ($231.504,00) ya que el valor supera al mínimo legal ($ 180.000). El mínimo legal para los casos de incapacidad total (es decir cuando la incapacidad es mayor o igual a 66 %) es de $180.000.

DATOS DEL CASO Ingreso Base (mensual) Edad lncapacidad FÓRMULA BASE LRT 53xVMlBx%incxCE Piso indemnizatorio Supera al piso - corresponde fórmula

1680 25 80 %

231.504,OO 180.000,OO 231.504,00

ADICIONAL ART. lii.4, LRT

Adicional art. 11.4, inc. b, LRT = 100.000 Fórmula +Adicional = $231.504,00 + $ 100.000 = $ 331.504,OO RIPTE

ACTUALIZACI~N DEL MONTO APLICANDO RIPTE (ART.17, INC. 6, LEY 26.773) A JULIO 2012 52 Capital a ajustar: $ 231.504,OO + $ 100.000 = 331.504,OO Valor actual del RIPTE al mes de Julio 2012 = 733,06 Valor base del RIPTE al mes de enero 2010 53 = 34473 51 En este ejemplo reproducimos el caso «Godoy» sólo que aumentando el porcentaje de incapacidad (70%) para abordar el cálculo de una incapacidad total (es decir igual o mayor al 66%). Ajuste RlPTE y 20 % adicional. 52 La fecha corresponde al caso Godoy. 53 El art. 17, inc. 6 de la ley 26.773 nos indica la fecha base del RlPTE contra la que comprar: ((6. Las prestaciones en dinero por incapacidad per-

RlPTE - valor actual RlPTE - valor base (ene 2010) Factor multiplicación RIPTE Capital final ajustado

733,06 344,73 2,13

845.922,28

manente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE, publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2010.)) 54 Número redondeado. O

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS

4.EJEMPLO DE CÁLCULO PARA MUERTE DEL TRABAJADOR (ART. 18, LRT) 55 Datos del caso: o Valor Mensual del lngreso Base (VMIB): $ 1.775,64 e Edad del actor a la fecha del accidentelmuerte: 55 años Incapacidad laborativa: muerte del trabajador Fecha de la muerte: abril 2010 Coeficiente de edad: 65 / 55 = 1,18 Fórmula base: VMIB x 53 x Coeficiente de edad Fórmula base: $ 1.775,64 x 53 x 1,18 = $ 111.219,63 Tope 1 Piso indemnizatorio: $ 180.000 (dado que el piso de $180.000 es mayor al número que nos da la fórmula base c$ 111.219,63>, tomamos el piso para los cálculos) Adicional art. 11.4, inc. c, LRT = $ 120.000 Fórmula + Adicional = $ 180.000 + $ 120.000 = $ 300.000

ACTUALIZACI~N DEL MONTO APLICANDO RIP1-E (ART.17, INC. 6, LEY 26.773) A JUNIO 2013 Capital a ajustar: $ 370.000 Valor actual del RIPTE al mes de Junio 2013 = 912,82 Valor base del RIPTE al mes de enero 2010 57 = 344,173 índice de ajuste (RIPTE actual dividido RIPTE base): 912,82 134473 = 2,65 58 Capital nominal ajustado por índice RIPTE a junio 2013: $ 370.000 x 2,65 = $ 979.733,12

TABLARESUMEN

-

DATOS DEL CASO MUERTE Ingreso Base (mensual) Edad

Ejemplo construido sobre la base del fallo ((Scatorccio Silvio Maximiliano y otro c/ Mapfre Argentina ART SA S/ accidente de trabajo)), Tribunal del Trabajo de Bragado. Sólo se le ha cambiado el grado de incapacidad (en el fallo el accidente tiene como resultado una incapacidad de la total obrera del 22 %, mientras que en nuestro ejemplo se produce la muerte del dependiente). En este ejemplo ficticio, a pesar de que el accidente es anterior a la publicación de la ley 26.773 el juez concede las mejoras de dicha norma respecto de la prestación dineraria (v. gr. Ajuste RIPTE y 20 % adicional). 55

1775,64 55

FORMULA BASE LRT

Adicional 20 % art. 3, ley 26.773: $ 300.000 x 20 % = $ 60.000 Piso del adicional en caso de muerte: $ 70.000 (dado que el piso es superior al resultado del cálculo, tomamos el piso de 70.000) Subtotales (fórmula base + adicional art. 11.4 LRT + adicional ley 26.773, art. 3) $180.000 + $120.000 + $70.000 = $370.000

1 281

4 20.000 ADICIONAL 20 % (ley 26.773, art. 3) 20 % sobre fórmula y adicional LRT Piso adicional caso muerte Inferior al piso - corresponde piso

60.000,OO

70.000,OO 70.000,6)0

56 La fecha corresponde al caso ((Scatorccio Silvio Maximiliano)). Véase en el CD-ROM. 57 El art. 17, inc. 6 de la ley 26.773 nos indica la fecha base del RIPTE contra la que comprar: ((6. Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE, publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el l o de enero del año 2010.)) 58 Número redondeado.

RlPTE Capital a actualizar RlPTE - valor actual RlPTE - valor base (ene 2010) Factor multiplicación RIPTE

370.000,OO 912,82 344,73 2,65

1 979.733,12 I

Capital final ajustado

~NDICEGENERAL

Cómo instalar el CD-ROM .......................... ........;.............. ......... Palabras previas ......................................... . . . . . ......... . .

Cj 1. EVOLUCI~N NORMATIVA ............................................................. Cj 2. VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES DlNERARlAS

........................................................

a) Ingreso base .................................................................. . b) Fórmula base .................................................................. c) Compensación dineraria adicional (art. 11.4 LRT) .......... d) Adicional de 20 % de pago único (ley 26.773) ................ e) Ajustes según índice RIPTE (ley 26.773 y decreto reglamentario 47212014) .................................................

CAPITULO 2 INGRESO BASE (ART.12 LRT) Cj 1. CONCEPTUALIZACI~N ............................................................ a) Definición ........................................................................ b) Reglamentación .............................................................. 2. CÓMOCALCULAR EL INGRESOBASE.DISTINTOSSUPUESTOS . a) Fórmula ........................................................................... b) Ejemplo 1: trabajador con más de un año de antigüedad ...................................................................... c) Ejemplo 2: trabajador con menos de un año de antigüedad ......................................................................

7 15

284 1

V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

CAP~TULO 3 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA (ART.13, LRT)

~NDICEGENERAL

1 285

d) Decreto reglamentario 47212014. Forma en que se liquidará la Incapacidad Permanente Parcial .................. e) Prestaciones en especie ................................................. C) 4. JURISPRUDENCIA APLICABLE ........................... ............ .. . . . . a) Caso ((Milone)): inconstitucionalidad del pago en renta periódica (art. 14.2.b de la ley 24.557) ............................ b) Caso ((Aróstegui)): lnconstitucionalidad del art. 14, inc. b c) Caso ((Suárez Guimbard)): inconstitucionalidad del pago en forma de renta ............................................................ d) Otros casos .....................................................................

58 59 59 59 63 66 70

CAP~TULO 5 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL (ART.15 LRT) CAP~TULO 4 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL (ART. 14 LRT) 1. DEFINICI~N DE INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE ...................... Cj 2. PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL EN S I T U A C I ~ NDE PROVISIONALIDAD (ART.14.1 LRT) ........................ a) Prestación antes de la sanción del decreto 169412009... b) Prestación luego de la sanción del decreto 169412009... c) Eliminación de la situación de provisionalidad. Decreto reglamentario 47212014 .................................................. C) 3. PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL DEFINITIVA IGUAL O INFERIOR AL 50 % (ART.14.2.a LRT) ........................... a) Fórmula base LRT (actualizada con dec. 127812000) .... b) Decreto 169412009. Eliminación del tope indemnizatorio e introducción del piso ............................ c) Mejoras de ley 26.773 y aclaración de decreto reglamentario 47212014 .................................................. C) 4. PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL DEFINITIVA SUPERIOR AL 50 % E INFERIOR AL 66 % (ART.14.2.b LRT) ..... .. .. a) Durante la vigencia del decreto 127812000 ..................... b) Modificaciones introducidas por el decreto 169412009 ... c) Reforma de ley 26.773 ....................... .............................

C) 1. DEFINICI~N DE INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE ...................... Cj 2. PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL EN SITUACION DE PROVISIONALIDAD (ART.15.1 LRT) .............. ........... a) Situación durante la vigencia del decreto 127812000...... b) Situación luego de la publicación del decreto 169412009 c) Decreto reglamentario 47212014: Eliminación de la situación de provisionalidad ............................................ C) 3. PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DEFINITIVA (ART. 15.2 LRT) .................................................................... a) Situación durante la vigencia del decreto 127812000...... b) Modificaciones introducidas por el decreto 169412009 ... c) Ley 26.773: eliminación de la renta periódica, actualización con RlPTE y 20 % por reparación integral C) 4. CASOEN QUE LA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTALNO DEVINIERE EN DEFINITIVA............................................................................... C) 5. JURISPRUDENCIA ......................................................................

CAP~TULO 6 GRAN INVALIDEZ (ART.17 LRT)

C) l . CONCEPTO DE GRAN INVÁLIDO ................................................... C) 2. PRESTACI~N DINERARIA POR GRAN INVALIDEZ (ART.17 LRT) .......... a) Prestación por IPT ......................................... . .. .

89 90 90

b) Prestación adicional ........................................................ Situación antes de la sanción del decreto 169412009 ..... Situación luego de la sanción del decreto 169412009 ..... c) Evolución de los valores de movilidad según art. 32. ley 26.417 ........................................................................ d) Ley 26.773 ...................................................................

90 90 90 90 93

S 7 . ANÁLISISEN TORNO A LA ENTRADA EN V~GENCI Y

6. LEY 26.773) ......................................

S 8 . ACTUALIZACI~N GENERAL SEMEST Ej 9 . MODIFICACI~N DE LA LEY 26.773 A TRAVÉS DEL DECRETO 10. MONTOS ACTUALIZADOS SEGÚN RESOLUCIONES SSS 341201 312014 y 2212014 ............................................................... ACTUALIZACI~N DE LAS COMPENSACIONES DINERARIAS DE PAGO ÚNICO (ART . 11 INCISO 4. LRT) .............................................. ACTUALIZACI~N DE LOS PISOS M~NIMOSPARA INDEMNIZACIONES POR ART . 14. l~C.2.LRT ............................................................. ACTUALIZACI~N DE LOS PISOS M~NIMOSPARA INDEMNIZACIONES POR ART . 15. lNC.2. LRT ............................................................. ACTUALIZACI~N DEL M~NIMOPOR ADICIONAL DE PAGO ÚNICO SEGÚN ART . 3. LEY 26.773 ............................................................... JURISPRUDENCIA APLICABLE EN TORNO AL ~NDICERIPTE ............. a) Artículo 8. ley 26.773 ..................................................... b) Art . 17.6. ley 26.773 ......................................................

.

CAP~TULO 7 MUERTE DEL TRABAJADOR (ART. 18 LRT) 1. PRESTACIONES POR MUERTE DEL DAMNIFICADO (ART . 18 INC. 1 LRT) ................................................................................. a) Durante la vigencia del decreto 127812000 ..................... b) Modificaciones introducidas por el decreto 169412009 ... c) Ley 26.773: eliminación de la renta periódica. actualización con RIPTE y 20% por reparación integral . 2 . DERECHOHABIENTES (ART. 18 INC. 2) ........................................ a) Texto original de la LRT .................................................. b) Decreto 127812000: ampliación de la enumeración de derechohabientes y del límite de edad . c) Reglamentación. Decretos 334196 y 41012001 ............... S 3. ¡ N C ~ N S T ~ T U C ~DEL ~ NART A L.~18.2, D A DLRT. FALLO DE LA CSJfY «LESCANO. DEMETRIO » ........................................................ ... 4 . JURISPRUDENCIA ..........................................................*...........

CAP~TULO 8 ACTUALIZACIÓN MEDIANTE ~NDICERIPTE 1. INTRODUCCI~N ........................................................................

S 2 . ¿QUÉES Y CÓMO SE CONSTRUYE EL RIPTE? ............................. 3 . PUNTOS A FAVOR Y EN CONTRA ................................................... a) Puntos a favor ................................................................. b) Puntos en contra ............................................................. 4 . DÓNDECONSULTARLO ............................................................... .j 5 . ACTUALIZACI~N INICIAL DE LOS MONTOS INDEMNIZATORIOS SEGÚN EL ~NDICERIPTE (ART . 17.6. LEY 26.773) ................................ 5 6. EJEMPLO PRACTICO. COMO CALCULAR EL REAJUSTE INICIAL DEL PISO INDEMNIZATORIO

................................................................

1. INTRODUCCION ........................................................................ 9 2 . EL CÁLCULO SEGÚN VUOTO....................................................... Caso hipotético .................................................................... 1er paso: Calcular el valor de (a) ...................................... 2do paso: calcular el valor de Vn = 1l(1+i)" ...................... 3er paso: calcular el valor de -I/i ....................................... 4to paso: cálculo del capital .............................................. Ej 3. EL CALCULO SEGUN MÉNDEZ (VUOTO II) ..................................... Caso hipotético ................................................................... e 1er paso: calcular el valor de (a)....................................... 2do paso: calcular el valor de Vn = lI(1+i)n ...................... 3er paso: calcular el valor de I/i ....................................... 4to paso: cálculo del capital .............................................. 4 . RECOMENDACIONES PRÁCTICAS .................................................. 5 . APLICATIVO WEBPARA CÁLCULO AUTOMATICO ............................... 6 . FALLO «VUOTO» ..................................................................... 7. FALLO «MÉNDEZ» ................................................................... ................................. 8 . SENTENCIA ACLARATORIA FALLO «MÉNDEZ»

-

288 1 V~CTORHUGO ÁLVAREZ CHÁVEZ

ANEXO ll NOV~SIMOSFALLOS EN TORNO A LOS ASPECTOS CONTROVERSIALES DEL REGIMEN

ANEXO III EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE CÁLCULO A CASOS DE'INCAPACIDAD PARCIAL, TOTAL Y MUERTE l.INTRODUCCION ........................................................................ 2. EJEMPLO DE CÁLCULO PARA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL -MENOR AL 66 %- (ART.14, LRT) ........................................... 3. EJEMPLO DE CALCULO PARA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL -MAYOR O IGUAL AL 66 %- (ART.15, LRT) ................................ 4. EJEMPLO DE CÁLCULO PARA MUERTE DEL TRABAJADOR (ART.18, LRT) ....................................................................................