Division De Poderes En Mexico

DIVISION DE PODERES EN MEXICO INTRODUCCIÓN

Durante todas las etapas de la humanidad, los pueblos han sufrido del abuso de autoridad de sus gobernantes. Situaciones como la creación de impuestos excesivos y absurdos en la época feudal, por citar algún ejemplo, provocaron que se dieran cantidades importantes de movimientos populares en contra de las acciones abusivas del Gobierno. Esto tiene gran relevancia porque permitió a las diferentes sociedades darse cuenta de que el poder en manos de una sola persona o grupo no era conveniente, es por ello que surgen grandes pensadores cuyas ideas, principalmente políticas, influyeron en hechos trascendentales para la humanidad. La preservación de la libertad individual va relacionada con la división de poderes, según Sartori, el concepto de libertad política tiene una relación de resistencia. Es libertad porque es la libertad del y para el más débil. Lo que pedimos de la libertad política es la protección contra el poder arbitrario y autoritario pues al señalar una situación de libertad nos referimos a una medio de protección que les permita a los gobernados oponerse al abuso del poder por parte de los gobernantes.

El presente ensayo muestra un tema que si bien todos lo hemos escuchado mencionar, pocos sabemos con exactitud cuales son las atribuciones, facultades y obligaciones que los representantes del país tienen para con los gobernados, es así como en esta investigación abarcaremos el tema: “División de Poderes en México” dando a conocer sus antecedentes, concepto, destacando los textos señalados por la CPEUM.

ANTECEDENTES La teoría de la separación de poderes fue común a diversos pensadores del siglo XVIII que la enunciaron durante la Ilustración, como Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu. Este último tiene como antecedente remoto de su pensamiento, la obra de Aristóteles, en el siglo IV a. C. quien en su “Política” ya había expuesto la necesidad de dividir las funciones entre los órganos deliberativos, administrativos y de justicia, aunque sin hablar de solidario control entre ellos, para garantizar la libertad individual, frente al abuso del poder. En México: El articulo 49 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos recoge desde 1917, el principio de la división (o separación) de poderes. Con toda

claridad el texto constitucional establece la división del “Supremo Poder de la Federación”, para su ejercicio, en tres órganos distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz en 1812 recogía el principio de división de poderes (artículos 15 a 17) delegando la facultad legislativa en las cortes con el Rey, la función ejecutiva en el Rey de España y la potestad judicial en los tribunales correspondientes. La llamada Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814 remontaría este principio (que también había sido delineado por José María Morelos en el punto 5º de sus “Sentimientos de la Nación”) en sus artículos 11 y 12, precisando, en una clara referencia a la tradición del pensamiento liberal, que los tres poderes “no deben ejercerse por una sola persona, ni por una sola corporación”. Manifiestas similares, aunque no idénticas, son reproducidas, entre otros documentos, por el Proyecto de Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano (1822), por el Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana (1823) y el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana (1824) en su articulo 6º “Se divide el Supremo Poder de a Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Durante los próximos años éste concepto sufrió una serie de cambios que no logaron perdurar siendo la Constitución del 5 de febrero 1857 que logró recuperar su fórmula original (art. 50).

En este sentido, lo cierto es que la combinación entre la realidad política y los cambios institucionales que vivió el país en las últimas décadas del siglo XX dio lugar a una mecánica de transformación profunda que ha vuelto a dar vida al principio de la separación de poderes; pues gracias a las reformas electorales que iniciaron el 1977 y culminaron en 1996, la pluralidad política fue ganando espacios en los Congresos de las entidades federativas y el Congreso de la Unión y de esta forma ha ido cobrando fuerza un verdadero equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo a todos los niveles, con las reformas constitucionales de diciembre de 1994 la independencia del Poder Judicial de la Federación se ha visto reforzada y la Suprema Corte de Justicia ha sido capaz de arbitrar las controversias entre los otros poderes y de declarar la inconstitucionalidad de sus actos.

MARCO TEÓRICO LEGAL

Para la elaboración del presente ensayo titulado “La División de Poderes en México” se utilizaron como base de información la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, así como el libro México Estructuras política, económica y social, entre otros.

La información recopilada fue analizada y se tomó aquella que se considero con relevancia para elaborar el tema ya mencionado.

DESARROLLO

DIVISIÓN DE PODERES EN MÉXICO

La separación o división de poderes (en latín trias política) es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales.

La separación de poderes consiste en el hecho de que cada una de las ramas del gobierno tiene poderes claramente definidos. Estos poderes recaen en diferentes personas y una persona no puede desempeñar simultáneamente dos funciones.

La división de poderes constituye la base de la organización política de las sociedades actuales. En México, el poder público federal y estatal está organizado bajo el principio de la división de poderes.

La realidad legal mexicana concuerda con la teoría moderna de la división de poderes en el sentido de lo que se divide no es el poder, sino las funciones que realizan los órganos y algunas de esta funciones son compartidas por dos o más de estos órganos para aplicar la finalidad original de los frenos y los contrapesos.

La organización política de México divide el ejercicio del poder público en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución Mexicana expresa; sin embargo, no laboran aisladamente, mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucional.

La división de poderes presenta las siguientes cuatro características: * Crea tres órganos cupulares de producción normativa. (Legislativo, ejecutivo y judicial). * Los diferencia entre sí y les asigna las denominaciones con las que se identifica la naturaleza jurídica de las principales atribuciones que cada uno desempeña. * Prohíbe la invasión de competencias entre esos órganos. * Prohíbe que la función legislativa se deposite en un solo individuo o corporación.

El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al ejecutivo de la unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgaran facultades extraordinarias para legislar. (Articulo 49 CPEUM)

Poder legislativo. El poder legislativo de los estados unidos mexicanos se deposita en un congreso general, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. (Articulo 50 CPEUM) La cámara de diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. (Articulo 51 CPEUM)

La cámara de diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según

el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripcionales (sic) plurinominales. (Articulo 52 CPEUM) La cámara de senadores se integrara por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada estado y en el distrito federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos formulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la formula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por si mismo, haya ocupado el segundo lugar en numero de votos en la entidad de que se trate. Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y formulas para estos efectos. La cámara de senadores se renovara en su totalidad cada seis años. (Articulo 56 CPEUM)

Poder ejecutivo. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la unión en un solo individuo, que se denominara "presidente de los Estados Unidos Mexicanos". (Articulo 80 CPEUM)

La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. (Articulo 81 CPEUM)

Poder Judicial. Se deposita el ejercicio del poder judicial de la federación en una suprema corte de justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del poder judicial de la federación, con excepción de la suprema corte de justicia de la nación,

estarán a cargo del consejo de la judicatura federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta constitución, establezcan las leyes.

La suprema corte de justicia de la nación se compondrá de once ministros y funcionara en pleno o en salas. (Articulo 94 CPEUM)

De la separación de los poderes es posible desprender dos principios característicos del estado constitucional: el principio de legalidad y el principio de imparcialidad. Ambos son indispensables para garantizar la libertad.

El principio de legalidad consiste en la distinción y subordinación de las funciones ejecutiva y judicial a la función legislativa; el principio de imparcialidad consiste en la separación e independencia del órgano judicial tanto del órgano ejecutivo como del legislativo.

El primer principio el de legalidad confirma la inevitable supremacía de la ley y el segundo garantiza su aplicación efectiva; tomando en cuenta que el poder tiene un significado distinto en cada uno de los dos principios se concluye que en el principio de legalidad se refiera a las funciones del estado; en el principio de imparcialidad a los órganos estatales que ejercen las diferentes funciones.

Los poderes constituidos (ejecutivo, legislativo y judicial), no pueden actuar mas allá de las atribuciones y facultades que les han sido expresamente conferidas por la ley fundamental y el orden jurídico vigente en su conjunto (Constitución) y cuando rebasan su ámbito de competencia su actuación es inconstitucional o ilegal. En consecuencia, en México los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales (en plural por existir en el ámbito federal y en el de cada uno de los 31 estados de la Federación), son poderes con facultades limitadas. La Constitución los crea, los organiza y les otorga sus atribuciones, sin que estos puedan actuar sin fundamento constitucional y legal. Más aún, este principio constituye en el orden jurídico mexicano una garantía individual que le es oponible a cualquier autoridad que abusa en el ejercicio de sus funciones.

La división de poderes fue establecida con el firme propósito de que el poder o las funciones no reincidiera en una sola persona sino, el de separar para así cumplir con la que debe ser la función principal del gobierno “el bien común”