Ejecucion Forzosa

MANUAL DE DERECHO PROCESAL

CIVIL CON ENFASIS EN LAS TERCNICAS DE ORALIDAD

INTRODUCION El Manual tiene una doble finalidad: primero, afianzar el estudio de las bases teóricas referenciales sobre los que se fundamenta el Código Procesal Civil; segundo, ayudar a las y los abogados y abogadas a reflexionar sobre el marco estratégico curricular que se ha venido construyendo, guiándolo y haciéndole recordar los elementos didácticos que le ayudarán en el desarrollo de cada una de las unidades temáticas que se impartirán en esta acción formativa. Este manual reafirma la aplicación de una metodología activa, que estimamos permitirá una mayor apropiación del contenido de la Ley N° 902, Código Procesal Civil, mediante el desarrollo de un proceso de enseñanzaaprendizaje, que exigirá en todo momento la realización de variados ejercicios prácticos, en el afán de pautar la adquisición de competencias, habilidades y destrezas de la materia de Derecho Procesal Civil y de las Técnicas de Litigación Oral. Se ofrecen los principales elementos para llevar de la mano a las y los participantes en la construcción de las sesiones de aprendizaje de cada uno de los módulos de esta acción formativa, haciendo énfasis en el enfoque metodológico y en la manera de hacer el seguimiento y evaluación de cada uno de los ejercicios prácticos sobre casos hipotéticos y reales. Este Manual contiene siete módulos temáticos, denominados: POTESTAD JURISDICCIONAL Y PROCESOS; LITIGACIÓN ORAL PARA EL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS; GENERALIDADES DEL PROCESO; TIPOS DE PROCESOS: LOS PROCESOS DECLARATIVOS Y EL PROCESO ESPECIAL MONITORIO; LOS RECURSOS; EJECUCIÓN FORZOSA; ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. MODULO VI - EJECUCIÓN FORZOSA COMPETENCIA GENERAL: Identifica que el derecho a la tutela judicial efectiva tiene como contenido básico, el derecho a la ejecución de la obligación contenida en el título hasta obtener la completa satisfacción. EJECUCIÓN FORZOSA 1. Ejecución forzosa 2. Ejecución de títulos judiciales 3. Ejecución de títulos extranjeros 4. Ejecución provisional de títulos judiciales 5. Ejecución de títulos no judiciales 6. Ejecución dineraria 7. Ejecuciones no dinerarias o específicas: dar, hacer y no hacer 8. Ejecución hipotecaria y prendaria. COMPETENCIA ESPECÍFICA:  Explica la naturaleza, principios y disposiciones generales de la ejecución forzosa.  Determina las particularidades propias del procedimiento para cada uno de los tipos de ejecución, atendiendo el origen del título y el tipo de obligación que se reclama.  Emplea los mecanismos que se establecen, tanto para la determinación del patrimonio del ejecutado, como para la enajenación de bienes en la vía de apremio.  Identifica cada una de las fases del procedimiento único para la ejecución forzosa de las obligaciones derivadas de un título de ejecución. En los procesos declarativos los tribunales declaran la existencia o inexistencia de una relación o situación jurídica, la modifican, la constituyen o la anulan; en cambio en los procesos de ejecución forzosa, nos referimos a la actuación de la autoridad judicial cuando voluntariamente no se cumple con la obligación contenida en un título judicial o no judicial. En cualquier caso, la actuación judicial debe ser instada por la parte, lo cual no impide que a su vez la autoridad judicial deba dar impulso de oficio a todas aquellas actuaciones procesales que lo requieran. En conclusión, la jurisdicción no se limita a declarar el derecho, sino que comprende también la ejecución del mismo. En la fórmula constitucional esta potestad se expresa señalando: “Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial” (artículo 159 Cn.) La ejecución de títulos judiciales y de no judiciales se desarrollan bajo un mismo procedimiento, con algunas particularidades atendiendo el origen del título y el tipo de obligación que se reclama. 1.1 Naturaleza y principios: La ejecución forzosa es una actividad fundamentalmente jurisdiccional, en atención al mandato constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado y la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones judiciales. Lo anterior implica dar garantía de cumplimiento al derecho de la ejecución, con el fin primordial de hacer cumplir el contenido del título en que se funda, si la ejecución se basa en un título no judicial y por otra parte, dotar de real efectividad a la

NATURALEZA Y PRINCIPIOS (Título I del Libro VI del CPCN)     

Actividad jurisdiccional. Ejecución como derecho. Obligatorio cumplimiento. Completa satisfacción del ejecutante. Límites de la actividad.

Artículo 156 Cn. Artículo 34 Cn. Artículo 167 Cn. Artículo 34 Cn. Artículo 160 Cn.

Tutela judicial otorgada, en caso de ejecución de título judicial. 1.- Actividad jurisdiccional: Artículo 156 Cn: La Contraloría General de la República es un organismo independiente, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes; gozará de autonomía funcional y administrativa. La Asamblea Nacional autorizará auditorías sobre su gestión. La Contraloría deberá hacer públicos los resultados de sus investigaciones y cuando de los mismos se presumieran responsabilidades penales deberá enviar su investigación a los tribunales de Justicia, bajo el apercibimiento de encubridor si no lo hiciera, de los delitos que posteriormente se determinara cometieron los investigados. El Presidente y Vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República serán elegidos por los miembros del Consejo Superior de entre ellos mismos, por mayoría de votos y por el período de un año, pudiendo ser reelectos. El Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República o quien éste designe de entre los Miembros del Consejo, informará de la gestión del organismo a la Asamblea Nacional cada año o cuando ésta lo solicite; este acto lo realizará personalmente el Presidente o el designado. 2.- Ejecución como derecho y Completa satisfacción del ejecutante: Artículo 34 Cn: Toda persona en un proceso tiene derecho, en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, como parte de ellas, a las siguientes garantías mínimas: 1.- A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley. 2.- A que sus asuntos sean juzgados sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción. 3.- A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Se establece la acción de revisión. 4.- A que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa. 5.- A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto. El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor. 6.- A ser asistido gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal. 7.- A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable. 8.- A qué se le dicte sentencia motivada, razonada y fundada en Derecho dentro de los términos legales, en cada una de las instancias del recurso, proceso o procedimiento y que se ejecuten sin excepción, conforme a Derecho. 9.- A recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito o falta. 10.- A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenando o absuelto mediante sentencia firme. 11.- A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes. El proceso judicial deberá ser oral y público. El acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado por consideraciones de moral y orden público. El ofendido será tenido como parte en los juicios desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias. El Estado protegerá a las víctimas de delito y procurará que se reparen los daños causados. Las víctimas tienen derecho a que se les proteja su seguridad, bienestar físico y psicológico, dignidad y vida privada, de conformidad a la ley. Las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva en este artículo son aplicables a los procesos administrativos y judiciales.

3.- Obligatorio cumplimiento: Artículo 167 Cn: Los fallos y resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas. 4.- Límites de la actividad: Artículo 160 Cn: La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos, y garantiza el acceso a la justicia mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia. La administración de justicia reconoce la participación ciudadana a través de los líderes tradicionales de los pueblos originarios de la Costa Caribe y los Facilitadores Judiciales en todo el país, como métodos alternos de acceso a la justicia y resolución alterna de conflictos, todo de conformidad con la ley. Se crea la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa para examinar la legalidad ordinaria en las demandas de tipo general o de tipo particular que presenten los administrados en contra de todos los actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones o simples vías de hecho de la Administración Pública. La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa corresponde a las instancias judiciales que determine la ley y en última instancia a la Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. 1.2 Disposiciones generales: En las disposiciones generales que se contienen en el Libro VI, se deja establecida la clásica identificación de los títulos de ejecución, atendiendo al origen del título mismo. De igual manera se expresan los tipos de ejecución atendiendo a la naturaleza de la obligación que se reclama, es decir, títulos judiciales y no judiciales y según se desprende de la regulación general, en ejecución dineraria y no dineraria. Esta clasificación como se ve no constituye novedad alguna, pues es básicamente la misma que ha estado regulada en la norma procesal desde 1906. → ¿Qué es un título ejecutivo?  Documento al que la ley reconoce fuerza y calidad suficiente para poder exigir el cumplimiento de una obligación.  El título de ejecución es el requisito objetivo indispensable de toda ejecución procesal. Las obligaciones contenidas en un título, ya sea éste de naturaleza jurisdiccional o contractual, en principio pueden cumplirse de dos maneras: 1.- Si la persona condenada u obligada cumple voluntariamente la prestación impuesta o pactada, la actividad no tiene carácter procesal. 2.- Si la persona no cumple voluntariamente con esa obligación, es necesario dotar a los órganos jurisdiccionales de los poderes necesarios para hacer efectivo su cumplimiento, y el cauce o la vía para ello es el procedimiento de la ejecución forzosa. La ejecución sólo es posible, si se cuenta con un documento que es necesario para dar inicio a la actividad ejecutiva. → Clases de títulos que dan lugar a la ejecución. TÍTULOS JUDICIALES  Las ejecutorias de sentencias de condena firmes.  Las ejecutorias de los autos que conforme el Código u otras leyes, lleven aparejada ejecución.  Las ejecutorias de las sentencias de homologación de transacciones y acuerdos durante el proceso. TÍTULOS NO JUDICIALES 1. La escritura pública con tal que sea el primer testimonio, y las segundas y terceras copias del testimonio emitido con autorización judicial, conforme la Ley del Notariado y con conocimiento de las personas a quienes perjudique. 2. El documento auténtico emitido por funcionarias, funcionario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley. 3. Los títulos valores y demás documentos mercantiles que habiendo llenado los requisitos establecidos por la ley, se les confiera fuerza ejecutiva. 4. Los laudos arbítrales, transacciones y acuerdos suscritos entre las partes originados por cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos. 5. En general, los documentos que por disposición de la ley tengan reconocida fuerza ejecutiva. Clases: Tipos de ejecución: 1) Ejecución dineraria: Reclamación de cantidad de dinero. 2) Ejecuciones hipotecarias y prendarias: Realización o venta de inmueble para el pago de crédito garantizado con hipoteca. 3) Ejecución de hacer, no hacer y dar cosa determinada: Para el cumplimiento de obligaciones específicas.

2. LA EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES. 2.1 La ejecución de títulos judiciales como matriz o modelo del procedimiento único de ejecución. En la sistemática que sigue el Libro Sexto sobre la ejecución forzosa, se diseña un único procedimiento para la tramitación, tanto para la ejecución de títulos judiciales como no judiciales, con solo algunas particularidades dependiendo de la naturaleza u origen del título y del tipo de obligación que se reclama, superando de manera general la dispersidad de normas y la diversidad de procedimientos contenidos antes en el denominado Pr. A qué nos referimos? A que en el Pr. se regulaban a partir del artículo 509 al 552 la ejecución de títulos judiciales y los artículos 1684 al 1842, la ejecución de títulos no judiciales. En el primero no estaba permitida la oposición. En el Libro Sexto la regulación básica de la ejecución de título judicial es la que sirve de modelo o matriz a los otros tipos de ejecución, por tanto del estudio de la ejecución de títulos judiciales se puede tener el conocimiento del procedimiento de ejecución para los otros. Y debido a ello es que en esta primera fase de estudio se muestra el esquema único del procedimiento, para solo ir identificando después, las particularidades en las otras ejecuciones. Lo anterior lo dispone de manera expresa el Código cuando establece que: “Las disposiciones 1 y 2 del Libro sexto, son comunes a la ejecución de títulos judiciales y no judiciales, salvo las especialidades para cada tipo de ejecución”.

2.2 Procedencia e inicio de la ejecución forzosa: solicitud o demanda. La ejecución se inicia a instancia de la parte ejecutante por medio de escritos que se redactarán en forma de demanda y cumpliendo los requisitos generales para ella, así como los requisitos particulares, señalados en el Código para la solicitud de ejecución. Dicha solicitud debe acompañarse con el original del título que sirve de base a la ejecución y de los documentos que acreditan la representación, y cuantos documentos se exijan legalmente o la parte considere necesario para el adecuado desarrollo de la ejecución. 2.3 Admisión y despacho de la ejecución. La autoridad judicial examinará de previo si la solicitud reúne los requisitos y si en ella se cumplen los presupuestos procesales requeridos y si las actuaciones que se solicitan son conformes con el título. Si se cumpliera con todos los requisitos, despachará ejecución mediante auto. Si la solicitud no pasa el examen previo y los defectos observados fueren subsanables, la autoridad judicial concederá un plazo máximo de 5 días para su subsanación. Caso contrario la rechaza mediante auto. 2.4 Contenido del auto y despacho de la ejecución. El auto en que se despacha ejecución deberá contener como mínimo los requisitos siguientes: 1) La identificación de la persona o personas ejecutantes y la de aquellas contra las que se despacha ejecución; si fuera en forma solidaria o mancomunada y cualquier otra precisión que respecto de las partes o del contenido de la ejecución, sea procedente realizar. 2) La orden a la persona deudora de pagar en el acto del requerimiento, la cantidad por la que se despacha ejecución, cuando se trate de una obligación dineraria. 3) La orden de realizar las actuaciones judiciales ejecutivas que procedan, incluido si fuera posible, el embargo de bienes concretos señalados por la parte ejecutante, así como oficiar al registro público correspondiente, para que realice las anotaciones registrales respectivas al margen de los bienes embargados. 4) En caso de embargo, la orden de proceder al nombramiento de la persona depositaria y a la entrega de los bienes a la misma, previniéndole que deberá firmar al pie del acta. 5) La orden de prevenir expresamente a la parte ejecutada que tiene el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del auto en que se despache ejecución, para formular oposición ante la autoridad judicial que está conociendo del proceso de ejecución.

2.5 Notificación o requerimiento de pago al ejecutado. Despachada la ejecución, deberá notificarse a la parte ejecutada y entregarle copia de la solicitud, o copia de la demanda y sus anexos, ya se trate de la ejecución de título judicial o no judicial. Aquí se observa una de las particularidades que en el Libro Sexto se establecen según el tipo de ejecución, pues en el caso de ejecución de título judicial se denomina solicitud al acto de iniciación del proceso y en el caso de ejecución de título no judicial, se denomina demanda. En uno y otro caso se hará la prevención al ejecutado del plazo que tiene para deducir oposición a la ejecución. Esta es una de las novedades que contiene la regulación ya que actualmente no se permite la oposición en el caso de ejecución de sentencia. 2.6 Actitudes del ejecutado: pago u oposición a la ejecución. → Pago. Si la parte ejecutada en el acto de requerimiento efectuare el pago de la suma reclamada, se le extenderá recibo y depositará la suma en una cuenta bancaria del actor o en su defecto, en la cuenta de la Corte Suprema de Justicia, dando por terminado el asunto. → Oposición a la ejecución. Puede ser de dos formas: puede referirse de modo principal a la existencia misma del proceso de ejecución, en cuyo caso deberá fundar su oposición en los motivos de derecho procesal o de derecho material, según se trate de ejecución de título judicial o no judicial; o deducir su oposición en contra de actuaciones ejecutivas concretas que se hayan ordenado para dar efectividad a la ejecución. → Embargo. En cualquier caso, cuando el ejecutado requerido no pagare, se procederá a la realización de las actuaciones ejecutivas ordenadas o en su caso, al embargo de bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad reclamada y las costas. Se aplica todas las regulaciones atinentes al embargo establecidas en el Libro Tercero del Código sobre medidas cautelares. CASO: DEMANDA PARA REALIZAR EXAMEN DE PRESUPUESTOS PROCESALES Y REQUISITOS A CUMPLIR EN LA EJECUCIÓN DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL Señor Juez de Distrito para lo Civil de Managua.Soy, JUAN JOSÉ GUTIERREZ GONZALEZ, de calidades señaladas en autos. Según el Expediente No. 391-03, que se tramitó en el Juzgado Primero Distrito Civil, el día trece de septiembre del año dos mil seis se extendió EJECUTORIA DE SENTENCIA, que se dictó dentro de la demanda Reivindicatoria de bien Inmueble que promoví en contra de Leyla del Socorro Gómez Cruz, Karla de los Ángeles Ortiz Leiva, Roberto Moreno Altamirano, Martha Sofía Zamora, Pedro Joaquín Salinas, Miriam Campos Moreno, Romeo Antonio Munguía Palacios, Carmen Arcadia Muñoz, Rita Martínez Pérez, Cándida Josefa Umaña y José Ángel Gutiérrez Hernández. Por medio del presente escrito y acompañando la Ejecutoria antes referida en original y en papel Serie “L” Nos. No. 2102191, 2102192, 1262138, 1993371, solicito la EJECUCION DE SENTENCIA al tenor de lo señalado en el CPCN, y me libre el correspondiente Mandamiento de Ley para la ejecución inmediata de dicha Sentencia. Para oír notificaciones señalo: del Restaurante Rancho Grande 200 metros abajo. Managua, diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis.

___________________________ Juan José Gutiérrez González PREGUNTAS - ¿De qué tipo de ejecución se trata? - ¿Qué presupuestos procesales debe cumplir la demanda? - Requisitos que deben acompañarse y ser examinados por la autoridad judicial. - ¿Quién será la autoridad judicial competente? 2.7 Motivos de oposición a la ejecución de títulos judicial. Motivos de oposición a la ejecución de títulos judiciales: DE DERECHO PROCESAL

DE DERECHO MATERIAL

Falta de competencia del juzgado ante quien se insta la ejecución.

Pago, cumplimiento o extinción de la obligación, justificado documentalmente.

Falta de representación o legitimación del ejecutante o del ejecutado. Falta de requisitos legales exigidos en el título para llevar aparejada ejecución.

Exceso en lo pedido. Prescripción de la obligación. La prescripción empieza a correr desde la fecha en que la obligación contenida en el título se hiciere exigible.

Transacción o acuerdo de las partes, siempre que conste en documento público.

→ Trámite incidental de la oposición.

La oposición se tramita en forma de incidente escrito, en el que por regla general no se autoriza la suspensión de la ejecución, si se trata de ejecución de títulos judiciales, no así en el caso de oposición a la ejecución de títulos no judiciales, en las que si procede la suspensión. El incidente de oposición prevé una audiencia oral en la que ejecutante y ejecutado podrán presentar pruebas sobre sus respectivas alegaciones. Si la oposición versare sobre defectos procesales y la autoridad judicial entendiera que se trata de un defecto subsanable, podrá siempre conceder al actor la posibilidad de subsanarlos. Si el ejecutante no lo hiciere en el plazo concedido, dejará sin efecto el mandamiento o embargos ordenados. → Trámite de la oposición basada en la impugnación de actuaciones concretas. Este tipo de oposición puede alegarse cuando se infrinjan normas que regulen los actos concretos del proceso de ejecución, o cuando excedan o contradigan el título. En ambos casos, la impugnación se realiza por escrito mediante recurso de reposición. → Esquema de la tramitación de la oposición a medidas ejecutivas concretas.

→ Sentencia resolviendo la oposición. Finalizada la audiencia, se dictará sentencia sin más trámite en los cinco días posteriores a la finalización de la audiencia de prueba. Contra esta sentencia podrá interponerse el recurso de apelación, sin suspensión de las actuaciones. Si la oposición se desestimare totalmente, con condena en costas para el demandado, la autoridad judicial ordenará seguir adelante con la ejecución sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias. En caso de estimación parcial de pluspetición, seguirán adelante las actuaciones solamente para obtener la cantidad debida, sin condena en costas. Si se estimara la oposición, la autoridad judicial declarará sin lugar el procedimiento, y se mandará levantar los embargos y las medidas de garantía que se hubieren adoptado, restituyéndose al deudor a la situación anterior al inicio del proceso ejecutivo, condenando en costas al demandante. En la regulación de la ejecución de títulos judiciales se contempla su ejecución provisional. 3. EJECUCIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS. En la clasificación de los títulos extranjeros que tendrán en Nicaragua fuerza ejecutoria, de conformidad con los tratados internacionales que así lo acuerden, se encuentran las:  Sentencias.

 Otras resoluciones que pongan fin al asunto de forma definitiva.  Laudos arbitrales (según tratados o normas de cooperación). A falta de tratados o normas internacionales, el reconocimiento de dichos títulos, procederá siempre que se cumplan, además del principio de reciprocidad, los siguientes requisitos:  Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado y haya sido dictada por tribunal competente.  Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar, haya sido debidamente notificada, conforme a las normas del país de origen.  Que la sentencia cumpla con los requisitos de tal y condiciones de autenticidad.  Que la sentencia no afecte principios de orden público.  Que no sea incompatible con otra sentencia pronunciada por tribunal nicaragüense. La competencia para el reconocimiento en Nicaragua de los títulos extranjeros le está atribuida a la Sala civil de la Corte Suprema de Justicia. Se establece un trámite parecido al anterior, con la diferencia de que se da la posibilidad al solicitante de que pueda proponer pruebas, si lo considera oportuno. Se pone en conocimiento de la contraria para que en el plazo de cinco días pueda formular alegaciones en contra de la solicitud e incluso también proponer pruebas. Si el alto tribunal las admite, ordenará su práctica en audiencia en un plazo no superior a diez días; si no hay proposición de pruebas, la Corte dictará sentencia, otorgando plenos efectos a la resolución extranjera o denegando su reconocimiento, sin que esta sentencia sea recurrible.

4. EJECUCIÓN PROVISIONAL DE TÍTULOS JUDICIALES. Procede siempre a instancia de parte interesada, mientras se sustancian los recursos interpuestos. Serán susceptibles de ejecución provisional todas las sentencias de condena y los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias constitutivas o meramente declarativas. Según el Código la persona solicitante de la ejecución provisional, estará obligada a prestar garantía o caución para asegurar los posibles daños y perjuicios que se podrían causar al ejecutado, en caso de revocación de la sentencia recurrida. Si concurren los presupuestos procesales, siendo el título provisionalmente ejecutable y si se solicitó oportunamente, la autoridad judicial mediante auto despachará ejecución; en caso de que haya defectos procesales en la solicitud y fueren subsanables, se dará un plazo de tres días al ejecutante para que los subsane, de lo contrario rechazará la solicitud. 4.1 Motivos de oposición a la ejecución provisional de títulos judiciales.  Incumplimiento de los requisitos para la admisión de la ejecución.  Extrema dificultad o imposibilidad de reponer las cosas al estado en que se encontraban antes de las actuaciones ejecutivas o de ser indemnizado, si la sentencia fuera revocada.  Cuando el ejecutado considere que determinadas actuaciones ejecutivas causarán una situación absolutamente imposible de restaurar, o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios; esto es aplicable cuando la sentencia fuese de condena dineraria. En la oposición a la que se refiere el inciso anterior, el ejecutado estará obligado a indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y que no provoquen situaciones similares a las que causaría la actuación o medida a la que se opone. Ofrecerá además caución suficiente para responder de la demora en la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por la autoridad judicial y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado. 5. EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES. 5.1 Procedencia. En el Libro sexto no se expresa un concepto sobre títulos de ejecución no judiciales, pero sí se señalan como títulos NO judiciales de ejecución, los contenidos en el Título I, Capítulo II denominado “Disposiciones comunes a

la ejecución forzosa”, el artículo referido a “Títulos de ejecución”, el párrafo referido a los títulos no judiciales de ejecución, como sigue:  La escritura pública con tal que sea el primer testimonio, y las segundas y terceras copias del testimonio emitido con autorización judicial conforme la Ley del Notariado y con conocimiento de las personas a quienes perjudique.  El documento auténtico emitido por funcionarias, funcionario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.  Los títulos valores y demás documentos mercantiles que habiendo llenado los requisitos establecidos por la ley, se les confiera fuerza ejecutiva.  Los laudos arbítrales, transacciones y acuerdos suscritos entre las partes originados por cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos.  En general, los documentos que por disposición de la ley tengan reconocida fuerza ejecutiva. Las reglas señaladas para la tramitación de la ejecución de títulos judiciales son aplicables básicamente a la ejecución de títulos no judiciales, con algunas particularidades, entre las que se destacan:  En la ejecución de títulos judiciales se denomina solicitud al acto de iniciación del proceso y en la ejecución de títulos no judiciales, demanda.  En la ejecución de título judicial se efectúa notificación del auto de despacho de ejecución, mientras en la ejecución de título no judicial lo denominamos requerimiento.  En el acto de notificación al ejecutado por un título ejecutivo, se procederá a realizar las actuaciones ejecutivas que se hubieren ordenado; en cambio en la ejecución de título no judicial, se advierte al ejecutado y se procede en su caso a practicar el embargo de bienes suficientes.  Los motivos de oposición en uno y otro caso difieren en cuanto a los motivos de fondo, atendida la naturaleza de la obligación y el origen del título en que se basa la ejecución. 5.2 Motivos de oposición a la ejecución de título NO JUDICIAL.

6. EJECUCIÓN DINERARIA. La ejecución dineraria es la actividad jurisdiccional de ejecución forzosa que tiene por finalidad obtener, del patrimonio de la persona deudora, una determinada cantidad de dinero para entregarla al acreedor. La ejecución por cantidad de dinero procede siempre que la obligación contenida en el título de ejecución, sea líquida y se funde en un título judicial, en cuyo caso la cantidad debe estar claramente determinada; o en base a un título no judicial, siempre que de ellos surja la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible. Debido a esa particularidad, en el título donde se regula la ejecución dineraria, convergen las dos regulaciones básicas en las que se desarrolla la primera fase del procedimiento de la ejecución. En la regulación se contemplan mecanismos para la determinación del patrimonio del deudor ejecutado, disposiciones precisas sobre el embargo de bienes del deudor y mecanismos de realización de los bienes, procurando que los mismos sean enajenados por su mayor valor posible. Se establecen las regulaciones atinentes a la formulación de tercerías de dominio y de preferencia; de manera muy particular se contienen normas específicas sobre la enajenación de bienes inmuebles. La ejecución dineraria es la más utilizada en la práctica, porque el título con prestación dineraria es el más frecuente, y además con este tipo de ejecución se pone fin a otras ejecuciones que inicialmente no son dinerarias. 6.1 El embargo ejecutivo. Las reglas que regulan el embargo en la ejecución forzosa constituyen una de las diversas formas de protección del ejecutado, por tanto debe acudirse siempre a los principios generales de seguridad jurídica, de garantía y defensa de sus derechos e intereses, así como al de proporcionalidad y de suficiencia de tal manera que el valor previsible de los bienes no exceda ostensiblemente de la cantidad fijada en el mandato de ejecución.

Por tanto, serán nulos los embargos de bienes realizados excediéndose de los límites fijados legalmente, aunque mediare el consentimiento de la parte ejecutada, quien podrá hacer valer esta nulidad por la vía de los recursos. 6.2 Determinación de bienes. Pudiera ocurrir que el ejecutante desconozca con qué bienes cuenta el ejecutado, o los que conociera fueren insuficientes para la ejecución; en tal caso, la parte ejecutante podrá solicitar a la autoridad judicial y a su costa que oficie al registro público o a quien corresponda para que en el plazo de 5 días contados a partir de la notificación, certifique la existencia de bienes inscritos a favor de la parte ejecutada. Si la parte ejecutada careciera absolutamente de bienes, se archivará provisionalmente el expediente; tal disposición responde al principio de completa satisfacción del ejecutante, de tal manera que habrá que esperar a que mejore la situación económica de la parte ejecutada para reiniciar el proceso. Si la existencia de bienes fuere insuficiente, se procederá a la ejecución parcial de la obligación, de tal manera que cuando haya nuevos bienes se podrá reaperturar la ejecución y la enajenación de los bienes por el saldo pendiente. Regulaciones particulares sobre el embargo en esta vía ejecutiva se contienen en el capítulo sobre el embargo, en este Libro Sexto del Código, sin perjuicio de que sean también aplicables las regulaciones contenidas en el Libro Tercero. Bienes embargables y no embargables. Bienes embargables:

Bienes inembargables. Art. 345

▪ Salario ▪ Dinero ▪ Cuentas, créditos ▪ Títulos valores ▪ Intereses, rentas, frutos ▪ Bienes muebles ▪ Inmuebles

▪ Vivienda Familiar ▪ Patrimonio Nacional ▪ Menaje de caja ▪ Libros, maquinas ▪ Pensiones ▪ Bienes del Estado, etc.

6.3 Tercerías. Los principios y reglas sobre la afectación de bienes no pueden impedir que en la práctica se decrete embargo sobre un bien que pertenezca a un tercero. Ante esta situación, la persona afectada por el embargo, en una ejecución en la que no es parte, podrá reaccionar y el mecanismo previsto es el de la tercería de dominio. → Tercería de dominio. En el capítulo del embargo se regula la procedencia de la tercería de dominio, reconociéndose la legitimación para plantearla al titular dominical (que no sea parte en el proceso de ejecución siempre que el bien no haya sido adquirido por el ejecutado una vez practicado el embargo). También se reconoce legitimación a quienes sean titulares de derechos, que por disposición legal expresa puedan oponerse al embargo o a la enajenación forzosa de bienes embargados, como pertenecientes al ejecutado. Dentro de los requisitos es menester presentar un principio de prueba por escrito del fundamento de la pretensión. No se permiten ulteriores tercerías sobre el mismo bien, y la admisión de la tercería sólo suspende la ejecución respecto al bien a que se refiera. La tramitación será siempre bajo la forma del proceso sumario y solo podrá en el mismo, decidirse por medio de auto y no por sentencia, sobre la continuidad o el levantamiento del embargo; de tal manera que la decisión no surte efectos de cosa juzgada respecto a la titularidad del bien. Queda claro que la tercería no se equipara a la reivindicación del bien; su finalidad será solo la que se menciona en el procedimiento: el levantamiento del embargo. → Tercería de preferencia o mejor derecho. El esquema de regulación de la tercería de preferencia o mejor derecho, viene a ser básicamente el mismo de la tercería de dominio, en cuanto a lo referente a su procedencia y legitimación; en este caso se le reconoce al tercero su derecho a ser pagado con preferencia al acreedor ejecutante. Se regula también como requisito el acompañamiento de un principio de prueba por escrito; su tramitación será bajo la forma del proceso sumario. El proceso se limitará a decidir sobre la existencia del privilegio y el orden de satisfacción de los distintos créditos, sin prejuzgar otras pretensiones que pudieran ejercitarse. 6.4 Enajenación y subasta. Esta fase de enajenación y subasta es la fase comúnmente conocida y regulada en el Código de Procedimiento Civil, como la vía de apremio; por tanto su regulación es aplicable a cualquier tipo de ejecución con solo las particularidades propias de cada una de ellas.

Es por eso que, practicado el embargo ejecutivo con todas las medidas de garantías legalmente previstas, puede pasarse a la fase de la realización forzosa de los bienes embargados, particularmente en caso de que el ejecutado no deduzca oposición o habiéndola deducido ésta se desestimare. En esta fase se pretende consecuentemente la obtención del dinero con el que se puede efectuar el pago al acreedor ejecutante. → Práctica del embargo. El embargo se practicará por la autoridad judicial competente, de acuerdo con las normas establecidas en el Libro tercero (Medidas Cautelares) de este Código. → Mecanismos de enajenación. En el Código se contienen una serie de mecanismos para la enajenación de los bienes embargados o afectados por la ejecución, entre ellos la posibilidad de la entrega directa a la parte ejecutante cuando los bienes embargados por su característica lo permiten, como en el caso del embargo de dinero, saldos de cuentas corrientes y otros valores. Otra forma puede ser: la realización de otros bienes y derechos que podrá ser convenida entre las partes e interesados y aprobados por la autoridad judicial. A falta de convenio de realización, podrán enajenarse esos bienes por medio de entidad especializada, notario (a) público (a) o la subasta judicial, excepto que se ordene que la ejecución forzosa se realice de otra manera. Pudiera darse acuerdo de enajenación, siempre que no cause perjuicio a terceras personas, o la enajenación del ejecutado pidiéndole a la autoridad judicial que lo autorice a realizar el bien o bienes en un plazo máximo de treinta días, entre otras modalidades o mecanismos que se establecen. El último de los mecanismos como ya se ha dicho, será el de la subasta, cuando no puedan emplearse o hayan resultado ineficaces los demás procedimientos. A dicha subasta se debe dar la publicidad necesaria por medio de tres edictos; la convocatoria deberá realizarse al menos con quince días de antelación a la fecha de su realización y como mínimo en el aviso de subasta debe expresar lo siguiente: a. Los nombres de las partes y terceros legitimados. b. El bien a subastar, su descripción y características. c. Los gravámenes del bien. d. El monto del crédito y las costas del proceso. e. El precio base de la subasta. f. El lugar, fecha, día y hora de la subasta. g. La identificación del juzgado donde se efectuará la subasta. h. El porcentaje que debe depositarse para participar en la subasta. i. El nombre de la autoridad judicial y de la secretaria o secretario y la firma de éste Pueden encontrarse en el esquema siguiente las regulaciones específicas de la subasta sobre la forma de celebración de la misma y la situación jurídica de los bienes: pagina 381