Los Presupuestos Procesales - Rolando A. Martel Chang.pdf

INSTITUTO PACÍFICO LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

I N S T I T U T O

P A C Í F I C O

Rolando Alfonzo Martel Chang

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

INSTITUTO PACÍFICO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL Autor: Rolando Alfonzo Martel Chang Primera edición - Octubre 2015 Copyright 2015 © Instituto Pacífico S. A. C. Diseño, diagramación y montaje: Luis Ruiz Martínez Georgina Condori Choque Ricardo de la Peña Malpartida Diego Camasca Borja Anyela Aranda Rojas Edición a cargo de : Instituto Pacífico S.A.C. 2015 Jr. Castrovirreyna N.º 224 - Breña Central: 332-5766 / E-mail: [email protected] Tiraje: XXXXXX ejemplares Registro de Proyecto Editorial

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ISBN : Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° : Impresión a cargo de: Pacífico Editores S.A.C. Jr. Castrovirreyna N.º 224 - Breña Central: 330-3642 Distribución y ventas: Central: 332-5766 / E-mail: [email protected] Derechos reservados conforme a la Ley de Derecho de Autor. Está terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, químico, óptico, incluyendo el sistema de fotocopiado, sin autorización escrita del autor y del Instituto Pacífico S. A. C., por lo tanto, quedan protegidos los derechos de propiedad intelectual y de autoría por la legislación peruana.

Simplemente, para María Elena, mi litisconsorte necesaria en este proceso llamado vida.

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PROLOGO Rolando Alfonzo Martel Chang me ha pedido que le prologue su última publicación "Los presupuestos procesales en el proceso civil". Mi antigua relación académica con él se inició hace muchos años en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, así como el conocimiento de sus inquietudes académicas, el tránsito y evolución de su desarrollo jurídico desde el bachillerato en Derecho hasta la reciente adquisición de su doctorado, me ha llevado a aceptar dicho encargo con el agradecimiento que fluye del honor que ello me significa y sobre todo por la calidad del contenido de su libro, que es un valioso aporte a la literatura jurídica nacional. Considero siempre y lo repito constantemente, que participar en la presentación de un libro a través de su prólogo motiva, en primer lugar, un agradecimiento especial porque es una demostración de aprecio y amistad del autor hacia el presentante, que en este caso es recíproca. En segundo término, permite escudriñar en dos aspectos importantes que están íntimamente vinculados: la personalidad del autor y las características de su libro, siendo obviamente la segunda reflejo de la primera. En este caso, el autor es un inquieto investigador de los temas procesales que se sustentan en su intensa actividad como docente y magistrado judicial cuyas actividades desarrolla con gran solvencia. Su afición por estos temas lo ha llevado, primero, a escribir un libro sobre la tutela cautelar y las medidas autosatisfactivas en el proceso INSTITUTO PACÍFICO

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civil, otro sobre la prueba de oficio y ahora recientemente la obra que es materia de prólogo, en la que expone con mucha claridad y de manera muy didáctica un tema que muchas veces aparece como misterioso en su aplicación y que tiene que ver con la salud del proceso en su desarrollo. En el curso de su trabajo, el autor analiza con meticulosidad los presupuestos procesales (condiciones de la acción y presupuestos procesales de forma) así como su control a cargo de todos los que intervienen en el proceso a través de este. El trabajo ha sido desarrollado de manera integral y orgánica. Comienza con un análisis completo de la tutela jurisdiccional efectiva en sus diversas manifestaciones. Nos lleva después por los presupuestos procesales de forma y de fondo y después analiza con mucha prolijidad la forma de control que ejerce el juez a través de la calificación de la demanda y la contestación que constituye un momento de trascendencia en el decurso procesal y que es el primer filtro para asegurar la validez del proceso. La elucubración doctrinaria del autor se ve complementada por una recopilación jurisprudencial que la sustenta desde diversas perspectivas y concluye, como debe ser, en toda obra intelectual con un resumen de su contenido en lo que el autor denomina “Principales conclusiones”. Una de ellas, de gran importancia, está dirigida a aclarar y precisar el objeto de los pedidos de nulidad, que por su naturaleza deben ser excepcionales y que, el autor señala, deben estar referidos únicamente al reexamen o revisión de los requisitos de validez de la resolución, más no con los criterios de la misma, en cuyo caso esta debe ser objeto de recurso de apelación. De esta manera se introduce un consejo práctico de gran importancia para evitar errores procesales, ya que muchas veces se pretende utilizar un pedido de nulidad para reemplazar el recurso de apelación, lo

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que lleva a consecuencias procesales de gravedad para quien incurre en dicho error. No cabe duda que el trabajo realizado por el Dr. Martel es un valioso aporte para la literatura jurídica nacional y sobre todo un motivo de orgullo para la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, de cuyas aulas egresó y a cuya planta de profesores de posgrado pertenece desde hace muchos años. Un comentario final: conociendo al autor estoy seguro que este libro, conjuntamente con los anteriores, constituyen eslabones de una cadena de obras jurídicas que auguro continuarán produciéndose en beneficio de los integrantes de la comunidad jurídica nacional. Lima, noviembre de 2015 Fernando Elías Mantero Doctor en Derecho Director de la Escuela de Posgrado en Derecho–USMP.

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INTRODUCCIÓN El proceso judicial es sin duda la herramienta más utilizada por la población para la solución de sus conflictos o incertidumbres jurídicas. El sistema judicial recibe, en cantidades cada vez mayores, las peticiones de los justiciables ansiosos de recibir tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, es conocido que en una multiplicidad de casos dicha solución no se cristaliza simplemente porque faltan ciertos presupuestos indispensables para ello. La doctrina y nuestra legislación procesal civil establecen una serie de presupuestos materiales y formales que deben cumplirse a cabalidad en los procesos judiciales, para viabilizar el desarrollo del proceso y para que se resuelva el fondo de la controversia. Así, el cumplimiento de los presupuestos materiales o condiciones de la acción permite la dación de sentencias de mérito, en tanto que, el cumplimiento de los presupuestos formales permite el establecimiento de una relación jurídica procesal válida, que resulta necesaria para que se resuelva toda controversia. Es por ello que la norma procesal establece una suerte de filtros para que pueda controlarse el cumplimiento de tales presupuestos, tarea que corresponde al juez y a las partes. La idea es que solo giren procesos útiles, aquellos donde se resolverá la controversia, y no los que significan carga procesal inútil. Sin embargo, la casuística y la experiencia judicial enseñan que en diversos casos tales metas no se cumplen simple y lisamente porque en los procesos judiciales suelen faltar los presupuestos mateINSTITUTO PACÍFICO

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riales o los presupuestos formales indispensables, lo que a veces es descubierto, no cuando comienza el proceso, como podría ser en la calificación de demanda, o en el saneamiento procesal, sino al final de él, esto es al dictarse sentencia. Más grave aún, en ocasiones se descubre el defecto por el órgano jurisdiccional de última instancia (Corte Suprema, por ejemplo). Es evidente que noticias de esta naturaleza que llegan a los justiciables cuando esperaban la sentencia de mérito, y luego de muchos meses o años de litigio absurdo, no favorecen para nada a un buen servicio de justicia. Lo expuesto evidencia la importancia del tema en estudio, pues el proceso judicial justifica su existencia y validez solo si permite resolver los conflictos, lo que no ocurre por inobservancia o falta de control adecuado sobre las condiciones de la acción y los presupuestos procesales de forma. Analizaremos y revisaremos en este trabajo cuáles son los presupuestos procesales (condiciones de la acción y presupuestos procesales de forma), el control de ellos a cargo del juez en sus diversos momentos procesales, así como control a cargo del demandado, del demandante, de los litisconsortes y los terceros. Para ello procederemos a: • Señalar cuáles son los presupuestos procesales materiales y de forma que deben observarse para trabajar procesos que permitan: resolver el tema de fondo y constituir una relación procesal válida. • Identificar las etapas estelares del proceso en que el juez debe controlar el cumplimiento de los presupuestos procesales. • Determinar cuáles son las herramientas que tienen las partes, los litisconsortes y los terceros, para controlar los presupuestos procesales, así como la oportunidad de su empleo.

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• Contribuir al uso adecuado de los mecanismos de control de los presupuestos procesales, por parte del juez y de los justiciables. • Colaborar en la construcción de procesos válidos y en la eliminación de carga procesal inútil. En suma, si los procesos judiciales se construyen y desarrollan observando debidamente los presupuestos procesales materiales y de forma, creemos posible que en todos los procesos deben expedirse sentencias de mérito; pero si tales presupuestos no se controlan debidamente seguirá ocurriendo lo que ahora sucede en una multiplicidad de casos, no se resolverá la controversia. Esto último deslegitima no solo al servicio de justicia, sino a los jueces mismos, cuyo profesionalismo se ve empañado. Es más, dicha praxis contribuye a la crisis del sistema judicial peruano, y no necesariamente por falta de recursos económicos, sino por razones asociadas a la calidad profesional de los jueces y abogados. Finalmente, es importante dejar establecido que la idea de este trabajo es aportar al buen uso y manejo de los presupuestos procesales en los procesos judiciales, en consonancia con las reglas que rigen nuestro proceso civil, siendo conscientes que en la doctrina existe un arduo debate sobre esta materia1, comenzando por el no1



Por ejemplo, Renzo Cavani ha escrito un trabajo denominado “Las condiciones de la acción: una categoría que debe desaparecer” (publicado en , [Lima, 2013]), donde concluye lo siguiente: “Por esas razones, pienso que la categoría ‘condiciones de la acción’ debe desaparecer lo cual, por cierto, no quiere decir que los conceptos que lo componen –legitimidad para obrar e interés para obrar– también sigan su misma suerte. Por el contrario, dichos conceptos son útiles, pero siempre que sean entendidos como lo que realmente son y la forma cómo deben presentarse en el proceso: como cuestiones preliminares de mérito”. Asimismo, Eduardo Gandulfo nos dice lo siguiente: “Constituye un absoluto lugar común en las exposiciones y comentarios sobre los presupuestos procesales, principiar señalando que O. von Bülow es el crea-

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men iuris y sus elementos, más consideramos que, sin perjuicio de la importancia de este debate, lo que también corresponde es contribuir ahora –tiempo presente– al buen funcionamiento y operatividad de los presupuestos procesales por parte de jueces y abogados, en tanto subsistan y sigan vigentes las reglas que rigen su uso. Si este trabajo contribuye en esa línea, nos daremos por satisfechos. Ya habrá tiempo para involucrarse en el debate doctrinario y seguramente para aportar a las reformas normativas que pudieran corresponder. Termino esta introducción expresando mi sincero agradecimiento a la Dra. María Elena Huerta Ojeda y a María Ximena Martel Huerta, por su valiosa colaboración en la preparación y revisión de este texto.

El Autor

dor de esta idea en oposición a la de excepciones procesales y que los concibió como ʻcondiciones para la constitución de la relación jurídica procesal’, de tal manera que sin ellos no habría proceso. Pero, igualmente, constituye un lugar común hacer la advertencia de que, sin embargo lo expuesto, ʻninguna de sus aportaciones logró sobrevivir en su prístina pureza. La tesis de la relación encontró desenvolvimientos contradictorios y fue atacada finalmente por J. Goldschmidt, creador de la tesis del proceso como situación. Los presupuestos han sido explicados de tan diversos modos, que actualmente no tienen la función que les asignara su autor. Y las excepciones continúan siendo tratadas como si nada definitivo hubiera sido argumentado en su contra’. Pero así como más de alguna vez, por los problemas citados, se ha pretendido deshacerse de dicha idea, así también vemos que ella brota una y otra vez en la realidad comprensiva del Derecho procesal” (Gandulfo, Eduardo, “Presupuestos procesales y su decaimiento en los juicios personalísimos. La capacidad procesal en el caso ʻQuezada Arias con Farías Lauri’”, en Revista de Derecho, año 18, N.º 1, Universidad Católica del Norte, Antofagasta [Chile], 2011, p. 281. Versión en línea: 16

PRÓLOGO

Capítulo

I

LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

Sumario: 1. Concepto y naturaleza. 2. Contenido. 3. Manifestaciones de la tutela jurisdiccional efectiva. 3.1. Tutela de cognición. 3.2. Tutela de ejecución. 3.3 Tutela cautelar. 3.4 Tutela diferenciada en sede civil.

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CAP. I

CAP. II

1. Concepto y naturaleza En una mesa redonda realizada a propósito de este tema, Francisco Chamorro sostiene, en relación al concepto de la tutela jurisdiccional efectiva, lo siguiente1: “Doctor Chamorro, al respecto ¿usted considera que la tutela jurisdiccional efectiva tiene el mismo significado que el debido proceso? Algún sector de la doctrina señala que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende tanto el acceso a la justicia, como un debido proceso y la efectividad de la sentencia, ¿está usted de acuerdo?. Yo entiendo que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que nosotros denominamos “la garantía de las garantías”, es la forma constitucional de proteger los demás derechos fundamentales, lo que en definitiva garantiza al ciudadano es el derecho a la prestación judicial. ¿Qué es la prestación judicial? Pues es aquel derecho que garantiza al ciudadano que en cuanto tenga algún problema jurídico, podrá plantearlo ante un órgano jurisdiccional y este le dará una solución, la que sea. Esto es el contenido de la tutela judicial efectiva. Ahora bien, ¿qué es lo que comprende la tutela judicial efectiva? Todo aquello que sea necesario para que desde que el ciudadano acceda a los tribunales hasta que se le reconozca 1

Bustamante Alarcón, Reynaldo, Francisco Chamorro Bernal, Luiz Guilherme Marinoni y Giovanni Priori Posada, “Algunas reflexiones sobre el posible cambio de paradigma respecto a la tutela jurisdiccional efectiva” (Mesa redonda), en Ius et Veritas, N.° 39, Lima, 2009, pp. 320-321.

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CAP. IV

CAP. V

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CAP. VII

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efectivamente lo que se ha resuelto. Por tanto, para mí, la pregunta de si el debido proceso está incluido en la tutela no es tal problema. Yo creo que el debido proceso es un elemento indispensable de la tutela, porque no se puede otorgar la tutela si antes no se ha pasado por el debido proceso; es decir, los tribunales no pueden resolver si no es después del proceso y, por tanto, evidentemente, el debido proceso es una parte esencial de la tutela. Yo creo que la tutela, básicamente, se podría dividir en cuatro partes: (i) el derecho del libre acceso a los tribunales; (ii) la prohibición de la indefensión por el derecho de defensa que sería el proceso debido; (iii) el derecho a una resolución; y, (iv) el derecho a hacer efectiva la resolución. Si falla alguno de esos escalones, pues falla la tutela en sí. Resumiendo, el debido proceso es un elemento indispensable de la tutela, sin el debido proceso no habría tutela.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

¿Considera usted que la tutela jurisdiccional efectiva es un principio o un derecho? CAP. IV

Yo creo que serían las dos cosas. Hablando de la Constitución española, el derecho a la tutela judicial es un derecho fundamental formal, como decía el doctor Bustamante. El artículo 24 es un derecho fundamental formal y le llamamos “la garantía de las garantías” porque es la garantía de los demás derechos fundamentales materiales tales como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, huelga, entre otros. Su protección viene precisamente por ese derecho fundamental formal que es el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que –en definitiva– los primeros garantes de esos derechos fundamentales materiales son los órganos jurisdiccionales, que hablan a través del ejercicio de la jurisdicción”.

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es aquel por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. El 20

CAP I: LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

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calificativo de efectiva que se da le añade una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional, llenándola de contenido. Para Jesús Gonzáles Pérez, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: “[E]s el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”2.

CAP. I

CAP. II

Por su parte, De Bernardis define la tutela jurisdiccional efectiva como: “[L]a manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en su integridad”3.

Nuestro Código Procesal Civil de 1993, recibe normativamente en el artículo I del Título Preliminar el derecho a la “tutela jurisdiccional efectiva”, al señalar:

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

“Artículo I. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 2 3

González Pérez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 2.ª ed., Civitas, Madrid, 1985, p. 27. De Bernardis, Luis M., La garantía procesal del debido proceso, Cultural Cusco, Lima, 1985.

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CAP. VII

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ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

Consiguientemente, es deber del Estado promover la efectividad del derecho a la tutela jurisdiccional, que no solo se limita al aspecto procesal, sino, fundamentalmente, al aspecto material, en el sentido de resolver la pretensión planteada. En cuanto a su naturaleza, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es de carácter público y subjetivo, por cuanto toda persona (sea natural o jurídica, nacional o extranjera, capaz o incapaz, de derecho público o privado; aún el concebido tiene capacidad de goce), por el solo hecho de serlo, tiene la facultad para dirigirse al Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales competentes, y exigirle la tutela jurídica plena de sus intereses. Este derecho se manifiesta procesalmente de dos maneras: el derecho de acción y el derecho de contradicción. Es sumamente importante lo que dice Jesús Gonzáles Pérez en cuanto a la tutela jurisdiccional4: “El derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional no constituye en modo alguno una conquista del Estado social de Derecho, ni siquiera del Estado de Derecho. La organización del poder público de modo que quede garantizada la justicia le viene impuesto a todo Estado por principios superiores que el Derecho positivo no puede desconocer. El derecho a la justicia existe con independencia a que figure en las Declaraciones de Derechos Humanos y Pactos Internacionales, Constituciones y leyes de cada Estado. Como los demás derechos humanos es un derecho que los seres humanos tienen por el hecho de ser hombres. Los ordenamientos positivos se limitan a recogerle, como recogen otros principios del Derecho Natural, al lado de los principios políticos y tradicionales”.

CAP. V

CAP. VI

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González Pérez, El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cit., p. 22. CAP I: LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

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Con lo dicho tenemos que el soporte de la tutela jurisdiccional está en el Derecho natural, cuyas normas tienen validez moral y jurídica, al margen de su recepción en norma alguna. Por ello, y acorde con la dignidad humana, al ser la persona un fin en sí mismo, es titular de derechos que le son innatos, anteriores al propio Estado y que por tanto son inalienables.

2. Contenido

CAP. I

CAP. II

Actualmente se sostiene que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende los siguientes derechos: • Derecho de acceso a la justicia: la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, ya sea como demandante o como demandado, con el propósito de que se reconozca un interés legítimo. • Derecho a un proceso con todas las garantías mínimas: que sería, precisamente, el derecho al debido proceso. • Derecho a una resolución fundada en derecho: los jueces deben dictar, por regla general, dentro de un plazo razonable, una sentencia sobre el fondo del asunto materia del petitorio para solucionar el conflicto intersubjetivo de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; empero, en el caso de no poder entrar al fondo, porque no concurren los presupuestos procesales materiales y formales, dictarán una resolución fundada en derecho. • Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales: es el derecho a solicitar y obtener el cumplimiento material efectivo de la sentencia definitiva, pues resulta insuficiente la declaración de que la pretensión es fundada o infundada (aun cuando se sustente en sólidos fundamentos doctrinarios). La efectividad de las sentencias exige, también, que esta se cumpla (pese a la INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. III

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CAP. VII

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negativa del obligado) y que quien recurre sea repuesto en su derecho violado y compensado, si hubiera lugar a ello, por los daños y perjuicios irrogados; de lo contrario, las sentencias, y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se convertirían en meras declaraciones de intenciones.

CAP. I

CAP. II

Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

CAP. III

Comprende: Derecho de acceso a la justicia Derecho a un proceso con todas las garantías mínimas

CAP. IV

Derecho a una resolución fundada en derecho Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales CAP. V

En este sentido, Jesús González Pérez ha señalado que: “El derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la justicia, segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y poder obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia”5.

CAP. VI

CAP. VII

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González Pérez, El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cit., p. 27. CAP I: LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Francisco Chamorro6 señala que en relación a la tutela jurisdiccional efectiva se puede hablar de cuatro grados de efectividad, a saber: - De primer grado, garantiza la obtención de una respuesta del órgano jurisdiccional, la misma que no se agota en el acceso y en el debido proceso, sino que requiere de una respuesta del órgano jurisdiccional. -

De segundo grado, garantiza la emisión de una resolución que resuelva el problema planteado al órgano jurisdiccional, al margen del resultado que se obtenga, sea a favor o en contra.

-

De tercer grado, garantiza una solución al problema planteado, que sea razonable y extraída del ordenamiento jurídico.

-

De cuarto grado, garantiza la ejecución de la decisión adoptada.

La Constitución Política peruana de 1993, acorde con lo expuesto, consagra la tutela jurisdiccional en el capítulo referente al Poder Judicial, en su artículo 139 inciso 3), al establecer: Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

En la Sentencia del Expediente N.º 08123-2005-HC el Tribunal Constitucional se ha referido a la diferencia entre la tutela jurisdiccional y el debido proceso de la siguiente forma: CAP. VII

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Chamorro Bernal, Francisco, La tutela judicial efectiva, Bosch, Barcelona, 1994, pp. 277-279.

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“[...] 6. No se trata naturalmente de que el juez constitucional, de pronto, termine revisando todo lo que hizo un juez ordinario, sino, específicamente, que fiscalice si uno o algunos de los derechos procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. Para proceder de dicha forma existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso como expresión subjetiva y específica, ambos previstos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los expedientes 2192-2002-HC/TC (FJ 1); 2169-2002-HC/TC (FJ 2), y 3392-2004-HC/TC (FJ 6);

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

[...]”. CAP. VII

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CAP I: LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

3. Manifestaciones de la tutela jurisdiccional efectiva En esta parte del trabajo presentaremos la clase de tutela que se brinda en función de los distintos tipos de procesos civiles previstos en el ordenamiento jurídico, a saber:

CAP. I

3.1. Tutela de cognición

CAP. II

En este tipo de tutela el juez declara el derecho. Tiende a producir una declaración de certeza sobre una situación jurídica. En este proceso se parte de una situación ius material de inseguridad, la que queda zanjada con la sentencia.

CAP. III

Priori sostiene que: “La función de la tutela cognitiva consiste en determinar la existencia de la situación jurídica, su lesión e individualizar los efectos jurídicos necesarios para eliminar dicha lesión. [...] [L]a tutela cognitiva es una forma de protección de las situaciones jurídicas de ventaja que opera eliminando una incertidumbre jurídica que evita la plena realización, goce o satisfacción de una determinada situación jurídica; disponiendo un remedio jurídico previsto por el ordenamiento que modifique, constituya o extinga una relación jurídica cuando ello sea necesario para la protección de una situación jurídica; o disponiendo que se cumpla con aquella conducta que resulta necesaria para lograr la protección de la situación jurídica”7.

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

7 En Materiales de derecho procesal aplicado a las relaciones comerciales. Diplomatura de Especialización en Derecho Comercial para Magistrados Iberoamericanos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, p. 32. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VII

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

Omar Sumaria8 expresa que la doctrina tradicional clasifica a este tipo de tutela en función del tipo de sentencia en consideración al derecho material o sustancial que ellas ponen en vigor, y se dividen en sentencias declarativas, de condena y constitutivas. La sentencia declarativa elimina la incertidumbre sobre una determinada situación jurídica; la sentencia de condena crea, modifica o extingue una relación jurídica; y la sentencia constitutiva ordena al demandado que cumpla con determinada conducta a favor del demandante. Este tipo de tutela se produce a través de los procesos de cognición, que en el Código Procesal Civil son los procesos de conocimiento, abreviado y sumarísimo.

3.2. Tutela de ejecución CAP. IV

CAP. V

Tiende a ejecutar lo juzgado. Puede estar precedido de un proceso de cognición que ya se encuentra en fase de ejecución, o de ciertos títulos ejecutivos que permiten ir directamente a la ejecución sin la etapa previa de conocimiento. En estos procesos se parte de una situación ius material de seguridad, pues una de las partes tiene a su favor un derecho reconocido en una resolución judicial o en un título ejecutivo. En su desarrollo no hay en estricto igualdad, sino superioridad, controlada por los principios del proceso de aquel que tiene el título. En relación a este tipo de tutela Priori manifiesta que:

CAP. VI

“La función de la tutela ejecutiva es la realización de determinada conducta, mediando la intervención jurisdiccional, con lo cual se logrará la efectiva protección de la situación jurídica de ventaja. Se trata de volcar a los hechos aquello que se encuentra dispues-

CAP. VII

8 28

Sumaria Benavente, Omar, Introducción al sistema de la tutela jurisdiccional, Ara, Lima, 2013, p. 177. CAP I: LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

to por el ordenamiento jurídico o por una orden jurisdiccional, sea a través de la actividad sustitutiva del órgano jurisdiccional o a través de los medios de coerción previstos por el ordenamiento jurídico.

CAP. I

Este tipo de tutela se realiza mediante el denominado proceso único de ejecución y el proceso monitorio”9.

Se trata, con esta actividad jurisdiccional de producir un cambio real en el mundo exterior para adecuarlo al derecho que preexiste en el título ejecutivo que sirve de soporte y de sustento a la pretensión demandada.

CAP. II

3.3. Tutela cautelar

CAP. III

Este tipo de tutela busca asegurar el resultado final del proceso de cognición o único de ejecución. La tutela cautelar en el plano teleológico goza de autonomía, más no en el plano legal y procedimental donde solo tiene carácter instrumental y sirviente de otro proceso principal.

CAP. IV

Este tipo de tutela se desarrolla mediante las medidas cautelares que prevé el Código Procesal Civil. El profesor Priori, en relación a este tipo de tutela señala lo siguiente: “La medida cautelar es un instituto jurídico por medio del cual se garantiza la efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso. Para ello, el órgano jurisdiccional que conoce el proceso cuya decisión se requiere garantizar (proceso principal), luego de evaluar si se presentan los presupuestos exigidos por la ley, dicta una resolución, a pedido de parte, que dispone el otorgamiento de una

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

9 En Materiales de derecho procesal aplicado a las relaciones comerciale, cit., pp. 33-34. INSTITUTO PACÍFICO

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medida adecuada para poder garantizar la eficacia de la sentencia (medida cautelar)”10. CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

3.4. Tutela diferenciada en sede civil Junto a los tipos de tutela antes mencionadas, que podemos denominar clásicos, ahora la doctrina procesal habla de la tutela diferenciada, instando a la posibilidad de recibir en sede legislativa diversos tipos de procesos, distintos de los clásicos, para brindar tutela efectiva a pretensiones que requieren de atención urgente. Juan Monroy Gálvez y Juan José Monroy Palacios hablan de tutela diferenciada conservadora, en referencia a la cognición plena como único instrumento para otorgar satisfacción, y a la tutela diferenciada contemporánea que “surge como un remedio específico para enfrentar el auge y desarrollo de los nuevos derechos –regularmente impersonales, extrapatrimoniales e infungibles–, que empiezan a marcar el nuevo rumbo del Derecho. Esta tutela ha desarrollado diversos tipos y subtipos según sea el jurista que enfrente su estudio o el ordenamiento procesal que sirva de marco a su desarrollo”11. Ellos mismos dicen que la tutela diferenciada contemporánea puede ser preventiva (aquel tipo de actividad jurisdiccional que tiene por finalidades específicas: eliminar las incertidumbres jurídicas u obtener sentencias condenatorias de hacer o de no hacer, no susceptibles de ser satisfechas por reparaciones patrimoniales, es decir

CAP. VI

CAP. VII

10 En Materiales de derecho procesal aplicado a las relaciones comerciale, cit., p. 40. 11 Monroy Gálvez Juan y Juan José Monroy Palacios, “Del mito del proceso ordinario a la tutela diferenciada. Apuntes iniciales”, en Revista Peruana de Derecho Procesal. Lima, N.° 4, p. 164. 30

CAP I: LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

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de prestaciones infungibles12), y de urgencia, que comprende la tutela de urgencia cautelar y a la tutela de urgencia satisfactiva. En relación a la tutela diferenciada, Hurtado Reyes afirma que: “[L]a tutela diferenciada se presenta como una respuesta del Derecho Procesal a las nuevas situaciones complejas que se generan en la vida de relación del hombre, tomando en cuenta que la tutela ordinaria (proceso de cognición) no admite la posibilidad de una respuesta inmediata, sino más bien diferida en el tiempo”13.

CAP. I

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Por su parte, Obando Blanco sostiene que: “La doctrina procesal contemporánea con visión de futuro postula la regulación legislativa de nuevas formas de tutela jurisdiccional que han dado en llamarse ‘diferenciada’ de la tutela ordinaria que se encuentra regulada por los ordenamientos procesales. La locución tutela jurisdiccional diferenciada fue inicialmente acuñada por Proto Pisani, que postula la configuración de una serie de mecanismos de otorgamiento de tutela jurisdiccional para situaciones que requieren una atención rápida, pues se encuentra en juego la posibilidad de verse afectados derechos materiales o de convertir en irreparable la situación que se pretende cautelar, si no se atiende de manera urgente”14.

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Mientras que Abraham Luis Vargas sostiene que: 15

“[C]uando hablamos de técnicas de –tutelas diferenciadas– nos estamos refiriendo a mecanismos procesales aptos o idóneos para 12 Ibídem, p. 165. 13 Hurtado Reyes, Martín, Estudios de derecho procesal civil. t. 1, IDEMSA. Lima, 2014, pp. 292-293. 14 Obando Blanco, Víctor Roberto, Proceso civil y el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, ARA Editores, Lima, 2011, p. 84. 15 Vargas, Abraham Luis, “Tutelas diferenciadas”, en AA. VV., Derecho procesal civil. Congreso Internacional, Lima, 2003, Universidad de Lima, Lima, 2003, p. 330. INSTITUTO PACÍFICO

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dar respuesta efectiva y oportuna a la tutela que del Estado requieren los justiciables”. Y citando a Luiz Guilherme Marinoni indica que “hablar de tutela jurisdiccional diferenciada significa, en un cierto sentido, tutela adecuada a la realidad del derecho material. Es que si una determinada pretensión está envuelta en una situación de emergencia, la única forma de tutela adecuada de esta pretensión es aquella que puede satisfacerla con base en una cognición sumaria”.

CAP. I

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CAP. III

A juicio nuestro16, un buen ejemplo de tutela diferenciada entre nosotros es la que se desarrolla con la pretensión de incautación del bien dado en garantía mobiliaria que contempla el artículo 51 de la Ley de Garantía Mobiliaria, para lo cual se tiene lo siguiente: - Ofrece un proceso de estructura monitoria de carácter documental.

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-

El acreedor garantizado o el adquirente puede obtener la incautación del bien mueble afecto en garantía mobiliaria, siempre que acredite su petición con medio probatorio documental.

-

El trámite es inaudita parte.

-

La decisión jurisdiccional se comunica (con oficio) a la autoridad policial17 y dispone la entrega inmediata del bien mueble

16 Martel Chang, Rolando A., Tutela cautelar y medidas autosatisfactivas en el proceso civil, 2.ª ed., Editorial APECC. Lima, 2014, pp. 223-226. 17 Respecto a la actuación policial el artículo 52 de la Ley de Garantía Mobiliaria establece lo siguiente: Artículo 52. Incautación La autoridad policial encargada de ejecutar el requerimiento judicial a que se refiere el artículo anterior deberá llevar a cabo la incautación dentro de las 48 horas de recibido dicho requerimiento, bajo responsabilidad de la referida autoridad. El bien mueble afecto en garantía mobiliaria incautado será entregado de inmediato al representante encargado de la venta del bien mueble o, en su defecto, al acreedor garantizado. El acreedor garantizado 32

CAP I: LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

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afecto en garantía mobiliaria al acreedor garantizado o al adquirente. -

No cabe la admisión de recurso alguno que entorpezca la expedición o la ejecución de su mandato.

-

No requiere de contracautela.

-

La norma impide la presentación de recursos que entorpezcan la expedición o la ejecución del mandato. Entonces, contrario sensu, pueden presentarse recursos que no tengan dichas finalidades.

Las ideas expresadas guardan concordancia con una de las formas de tutela de urgencia, que a nuestro modo de ver son las medidas autosatisfactivas. En efecto, al disponerse la incautación y entrega de la garantía mobiliaria (un vehículo, por ejemplo) se pone fin a una conducta o vía de hecho contraria al ordenamiento jurídico, pues si el deudor (obligado) ha incumplido sus prestaciones, y eso está debidamente acreditado –es un hecho incontrovertible– corresponde al acreedor satisfacer su derecho de crédito mediante la venta del bien mueble dado en garantía, para lo cual requiere del auxilio jurisdiccional a fin de que el deudor le entregue el bien dado en garantía. Así fluye de las reglas del artículo 47 numeral 3 de la misma ley cuando señala: “3. Producido el incumplimiento del deudor, del cual dejará constancia el acreedor garantizado mediante carta notarial dirigida al deudor y al representante y, en su caso, al constituyente, el acreedor garantizado podrá proceder a la venta del bien mueble afectado en garantía mobiliaria, después de transcurridos tres días hábiles de recibida la carta notarial.”.

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deberá hacer los arreglos necesarios para el transporte y custodia del bien mueble. Es responsable de su conservación. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. V

Entonces, podemos decir que la actuación judicial que prevé la Ley tiene como presupuestos implícitos a la fuerte probabilidad del derecho, en la medida que lo solicitado debe estar debidamente acreditado con los documentos que presenta el acreedor o el adquirente que ante el incumplimiento del deudor, solicita la incautación del bien mueble dado en garantía (con lo cual es altamente improbable el éxito de la resistencia del demandado), y a la urgencia, en la medida que de no accederse a la solicitud de incautación en forma inmediata, podría existir el riesgo de sufrir daño inminente e irreparable. Diríamos entonces que la tutela que contiene la Ley de Garantía Mobiliaria permite un rápido acceso a la jurisdicción y sobre todo, permite resolver situaciones de hecho que son contrarias al ordenamiento jurídico. Otro buen ejemplo de tutela diferenciada en sede civil, lo constituye el Decreto Legislativo N.° 1177 publicado el 18 de julio de 2015 en el diario oficial El Peruano, que establece en su Capítulo III el denominado Proceso Único de Ejecución de Desalojo, en cualquiera de los contratos regulados en dicho decreto legislativo (contrato de arrendamiento para vivienda, arrendamiento con opción de compra y arrendamiento financiero de inmueble destinado a vivienda), dictado para promover el arrendamiento para vivienda.

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Capítulo

II

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Sumario: 1. Los presupuestos procesales materiales o de fondo. 1.1. Legitimidad para obrar. 1.2. Interés para obrar. 1.3. Posibilidad jurídica. 2. Los presupuestos procesales de forma. 2.1. Capacidad procesal. 2.2. Competencia del juez. 2.3. Requisitos de la demanda.

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

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Ha sido O. Von Bulow “el primero que introdujo en la problemática de los presupuestos procesales”18.

CAP. II

O. Von Bulow sostiene que19: “[...] [E]l proceso es, [...] una relación jurídica. La exposición sobre una relación jurídica debe dar ante todo, una respuesta a la cuestión relacionada con los requisitos a que se sujeta el nacimiento de aquella. Se precisa saber entre qué personas puede tener lugar, a qué objeto se refiere, qué hecho o acto es necesario para su surgimiento, quién es capaz o está facultado para realizar tal acto. [...] [C]on los [...] presupuestos procesales se añade a la relación litigiosa sustancial existente en el proceso (la llamada materia causae) una materia de debate más amplia y particular. El tribunal no solo debe decidir sobre la existencia de la pretensión jurídica en pleito, sino que, para poder hacerlo, también debe cerciorarse si concurren las condiciones de existencia del proceso mismo: además del supuesto de hecho de la relación jurídica privada litigiosa (de la res judicium deducta [cosa deducida en juicio (o llevada a juicio)]), tiene que comprobar si se da el supuesto de hecho de la relación jurídica procesal (del judicium)”. 18 Passi Lanza, Miguel Ángel, y Choclin, Sergio Edgardo, “Los presupuestos procesales y la sentencia de mérito” en El saneamiento procesal. Palestra, Lima, 1998. p. 202. 19 Bulow, Oskar Von, Los presupuestos procesales, [versión e-book], Instituto Pacífico, Lima, 2015, pp. 11-14. INSTITUTO PACÍFICO

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[...] Por lo tanto, los presupuestos procesales constituyen la materia del procedimiento previo, y consecuentemente, entran en íntima relación con el acto final de este; final que consiste ya en una litiscontestatio o ya en una absolutio ab instantia (rechazamiento de la demanda por inadmisible; la denegatio actions romana). Ambas alternativas son nada más que el resultado de un examen de la relación procesal, así como la condemnatio o absolutio ab actione resultan de una investigación de la relación litigiosa material. La litiscontestatio es la respuesta positiva y el rechazamiento, la negativa a la cuestión de si se dan las condiciones de existencia de la relación jurídica procesal [...]”.

CAP. I

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CAP. III

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El artículo I del título Preliminar del Código Procesal Civil establece que “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. Concretar la tutela jurisdiccional efectiva constituye uno de los mayores desafíos del servicio de justicia, y del Estado mismo. Para ello es necesario que los justiciables acudan al órgano jurisdiccional y cumplan los requisitos preestablecidos en el ordenamiento legal, y que los jueces atiendan los casos con la debida diligencia. Una buena manera de contribuir a la tutela jurisdiccional efectiva es cuidando que los presupuestos procesales materiales y procesales sean debidamente satisfechos en el proceso, lo que debe hacerse desde el principio, de tal modo que solo se inicien y tramiten los procesos válidos que permitan resolver el fondo de la controversia. La tutela jurisdiccional efectiva constituye uno de los derechos fundamentales de todo justiciable. Sobre este derecho el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que: “El derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 139, inciso 3, donde si bien aparece como ‘principio y derecho de la función jurisdiccio-

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CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

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nal’, es claro tanto para la doctrina unánime como para la propia jurisprudencia de este Tribunal, que se trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales, un derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a través de representante ante los órganos judiciales; de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que franquea la ley; de obtener una decisión razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, de exigir plena ejecución de la resolución de fondo obtenida”. (Exp, N.° 4080-2004-AC/TC., F.J. 14).

El mismo Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente N.° 3610-2008-AA/TC ha sostenido que:

CAP. I

CAP. II

CAP. III

“[...] 3. Para recurrir al Órgano Jurisdiccional, se ha establecido algunos requisitos que debe contener la demanda, esto es, que la persona que se sienta afectada por la vulneración o amenaza de vulneración de un derecho, en el caso de acudir ante el Órgano Jurisdiccional para alcanzar la protección de este, a través del juez, deberá satisfacer los presupuestos procesales de forma, y los presupuestos procesales de fondo o materiales.

CAP. IV

CAP. V

4. Los presupuestos procesales son ‘las condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la demanda, esto es, a fin de que se concrete el poder-deber del juez de proveer sobre el mérito’.

CAP. VI

[...]”

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se materializa o concretiza a través del ejercicio de los derechos de acción y de contradicción en el proceso judicial, para cuyo propósito deben satisfacerse INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. I

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necesariamente ciertos requisitos preestablecidos en la ley2, de tal suerte que la solución de un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica pueda ser viable, cumpliéndose así la finalidad de todo proceso judicial en su dimensión concreta y social20. Contrariamente, si tales requisitos no se cumplen adecuadamente, no cabe esperar razonablemente esos resultados, pues no se dan las condiciones para ello. Precisamente por este motivo las leyes procesales establecen filtros o controles para detectar si esos requisitos se cumplen o no a cabalidad, tarea que debe hacer el juez de oficio o a pedido de parte. Los requisitos a los que hacemos referencia no son otros que los presupuestos procesales materiales o de fondo y los presupuestos procesales de forma. En tal sentido, en este capítulo revisaremos los presupuestos materiales (legitimidad para obrar, interés para obrar y posibilidad jurídica) y procesales (capacidad procesal, competencia, y requisitos de la demanda) que deben ser satisfechos por las partes para acceder a la tutela jurisdiccional efectiva. Aquí somos claros en sostener que los abogados que patrocinan causas y defienden los derechos de los justiciables tienen responsabilidad en la falta de concreción de la tutela jurisdiccional efectiva, cuando presentan demandas que no satisfacen los presupuestos procesales, lo que se explica normalmente porque no examinan la realidad extrajudicial donde se originó el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica.

CAP. VI

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20 Fines del proceso e integración de la norma procesal. Artículo III. El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso. 40

CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Si en todos los procesos se cumpliera a cabalidad con estos presupuestos, habría mayores posibilidades de brindar tutela jurisdiccional efectiva, y seguramente los despachos judiciales tendrían solo causas útiles y válidas. Cuando ocurre lo contrario; es decir, si se inician y desarrollan procesos con inobservancia de dichos presupuestos, se gasta dinero, tiempo y esfuerzos en procesos que no merecerán, decisión de fondo, con lo cual queda postergada la tutela jurisdiccional efectiva.

CAP. I

CAP. II

Para una mejor comprensión de los temas a abordar, recurriremos a la doctrina, la norma, y la casuística.

1. Los presupuestos procesales materiales o de fondo De acuerdo con la doctrina que informa a nuestro sistema procesal civil, los presupuestos procesales materiales son los elementos necesarios que deben existir en todo proceso judicial para que se emita pronunciamiento sobre el tema de fondo, es decir, sobre la pretensión procesal. Significa entonces que la ausencia de todos o de uno solo de estos presupuestos impedirá al órgano jurisdiccional resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica. Estos presupuestos materiales o de fondo son los siguientes: 1. La legitimidad para obrar. 2. El interés para obrar. 3. La posibilidad jurídica o la voluntad de la ley.

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

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Así lo ha expresado también el Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente N.° 3610-2008-AA/TC, en cuyo fundamento quinto ha señalado que: “[L]os presupuestos procesales de fondo son: el interés para obrar, la legitimidad para obrar y la posibilidad jurídica”. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VII

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Los presupuestos procesales de fondo

CAP. I

Dichos presupuestos materiales, conforme a nuestra legislación procesal, son: CAP. II

La legitimidad para obrar

El Interés para obrar

La posibilidad jurídica o la voluntad de la ley

CAP. III

1.1. Legitimidad para obrar CAP. IV

Montero Aroca21 nos dice que la legitimidad (o legitimación) para obrar es: “[L]a posición habilitante para formular la pretensión, o para que contra alguien se formule, ha de radicar necesariamente en la afirmación de la titularidad del derecho subjetivo material y en la imputación de la obligación. La legitimación, pues, no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación, que es el tema de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la sentencia; sino simplemente en las afirmaciones que realiza el actor.”

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

Satisface esta condición procesal, aquel que siendo parte de una relación jurídica sustantiva se ve obligado por las circunstancias, surgimiento de conflicto o incertidumbre jurídica, a presentar una demanda en contra de aquella persona natural o jurídica a la que se encuentra vinculado precisamente por esa relación material. 21 Montero Aroca, Juan, “La legitimación en el Código Procesal Civil del Perú” en Ius et Praxis, N.º 24, p. 14. 42

CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

También satisface este mismo requisito aquel que actúa por disposición legal. Se requiere coincidencia entre las partes que intervienen en la relación sustantiva o material y la procesal.

CAP. I

Giovanni Priori manifiesta que: “Esta legitimidad parte del supuesto de que la opción de acudir a los órganos jurisdiccionales para plantear determinada pretensión corresponde al titular de la situación jurídica vulnerada o amenazada. Por ello, el instituto de la legitimidad para obrar garantiza al titular de una situación sustancial de la injerencia ajena. De esta forma, quien inicia un proceso debe declararse titular de la situación jurídica respecto de la cual solicita tutela y debe declarar al demandado titular de la situación jurídica contrapuesta. Nótese que se trata solo de declarar, es decir, de afirmar la titularidad de las situaciones jurídicas controvertidas; son solo estas afirmaciones las que constituyen la posición habilitante de la legitimidad para obrar ordinaria”22.

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

La legitimidad para obrar puede ser: • Ordinaria, cuando el mismo sujeto de la relación material participa en la relación procesal. • Ordinaria derivada, si el sujeto de la relación procesal no es el mismo de la relación material, pero está habilitado para actuar en el proceso. La legitimidad derivada puede darse por acto mortis causa o por acto inter vivos. Como ejemplo de legitimidad derivada mortis causa tenemos a los sucesores que actúan por su causante; y como ejemplo de legitimidad derivada por acto inter vivos tenemos al endosatario que adquiere el título valor vía endoso.

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

22 En Materiales de derecho procesal aplicado a las relaciones comerciale, cit., p. 53. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

• Extraordinaria, cuando la ley autoriza la participación de un sujeto en el proceso sin que sea parte de la relación material. “[...] se presenta en todos aquellos casos en los que la ley, de forma expresa, permite que una persona, que no es titular de las situaciones jurídicas que se discuten en el proceso, pueda iniciar y proseguir válidamente un proceso. En estos casos, entonces, no es necesario que el demandante afirme ser titular de la situación jurídica controvertida, ya que no es la calidad de titular del derecho o de la obligación lo que lo legitima, sino que únicamente basta que el demandante o el demandado se encuentre en la situación que la norma legal que le concede legitimidad exige a fin de que pueda iniciar válidamente un proceso”23. Este tipo de legitimidad extraordinaria se presenta en materia civil, por ejemplo en el caso de la acción subrogatoria que regula el artículo 1219 inciso 4 del Código Civil24, o en el caso del patrocinio

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23 Ibídem. p. 54. 24 Derechos y acciones del acreedor como efecto de las obligaciones CC. Artículo 1219. Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente: 1. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado. 2. Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del deudor. 3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente. 4. Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que promueva. Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos en este artículo, salvo los casos de los incisos 1 y 2. 44

CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

de intereses difusos que prevé el artículo 82 del Código Procesal Civil25. CAP. I

1.2. Interés para obrar Importa una necesidad de recibir tutela jurisdiccional efectiva. Debe ser una necesidad actual, urgente, inmediata e irremplazable.

CAP. II

25 CPC. Artículo 82. Patrocinio de intereses difusos Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del juez, este último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello. Las rondas campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo derecho que las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde estas no existan o no se hayan apersonado a juicio. Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes o valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales indicados en el párrafo anterior, el juez deberá incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios, aplicándose lo dispuesto en los artículos 93 a 95. En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el diario oficial El Peruano o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito judicial. Son aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente. En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la Corte Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso. La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las Municipalidades Distritales o Provinciales que hubieran intervenido en el proceso, a fin de que la emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del medio ambiente de su circunscripción. INSTITUTO PACÍFICO

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Véscovi26 sostiene que el interés procesal consiste en el interés en actuar, en el móvil que tiene el actor (o eventualmente el demandado al contradecir). Es muy conocido el aforismo de que “quien tiene interés tiene acción”. Dice este mismo autor que el interés para obrar debe ser directo (particular de quien lo ejerce), legítimo (lícito) y actual (no futuro, salvo una condena de futuro). Precisamente el artículo 59427 del Código Procesal Civil prevé esta última característica de interés no actual, pues permite demandar el desalojo por vencimiento de plazo del contrato de arrendamiento, antes de finalizar este, precediéndose a dictar una sentencia de condena a futuro, que solo se ejecutará una vez vencido el plazo del contrato. Como podemos apreciar, por excepción prevista en la 26 Véscovi, Enrique, Teoría general del proceso, Temis, Bogotá, 1984, pp. 80-81. 27 “Sentencia con condena de futuro Artículo 594. El desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento solo puede ejecutarse luego de seis días de vencido el plazo. Si el emplazado se allanara a la demanda y al vencimiento del plazo pusiera el bien a disposición del demandante, este deberá pagar las costas y costos del proceso. En los contratos de arrendamiento de inmuebles, con firmas legalizadas ante notario público o juez de paz, en aquellos lugares donde no haya notario público, que contengan una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, para la restitución del bien por conclusión del contrato o por resolución del mismo por falta de pago conforme a lo establecido en el artículo 1697 del Código Civil, el Juez notifica la demanda al arrendatario para que, dentro del plazo de seis días, acredite la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación del alquiler adeudado. Vencido el plazo establecido sin que se acredite lo señalado en el párrafo anterior, el juez ordena el lanzamiento en quince días hábiles, de conformidad con el artículo 593 del Código Procesal Civil. Es competente para conocer la solicitud de restitución del inmueble, en contratos con cláusulas de allanamiento, el juez del lugar donde se encuentra el bien materia del contrato. La deuda del arrendatario judicialmente reconocida origina la inscripción del demandado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos.” 46

CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

ley, no se exige que el interés para obrar sea actual en este caso particular de desalojo por vencimiento del plazo. Se ilustra esta condición de la acción con la Ley de Conciliación N.° 26872, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1070, que exige a los justiciables en los asuntos que ella regula, a intentar primero conciliar extrajudicialmente –de manera previa y obligatoria– su conflicto de intereses, y si ello no ocurre, a iniciar recién el proceso judicial respectivo. La inobservancia de esta exigencia de la ley especial genera la falta de interés para obrar, tal como se precisa en su artículo 628. Sin embargo, es importante dejar establecido que no todas las pretensiones deben ser ventiladas primero y necesariamente en sede extrajudicial o vía previa, pues si no existe ley que así lo exija, el único camino válido es el proceso judicial, como en efecto ocurre no solo con pretensiones asociadas a derechos indisponibles, sino también con aquellas disponibles que no deben ser trabajadas extrajudicialmente por no establecerlo la ley.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

Juan Luis Avendaño29 nos refiere sobre este presupuesto procesal lo siguiente: “El interés para obrar es una institución procesal surgida con la finalidad de analizar ‘la utilidad’ que el proceso puede proveer a la necesidad de tutela invocada por las partes. Con razón, el profesor Francesco Luiso señala que la razón de ser de la institución está vinculada estrechamente con el principio de economía procesal,

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28 Artículo 6. Falta de intento conciliatorio Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un Centro de Conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el juez competente al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. 29 Avendaño Valdez, Juan Luis, “El interés para obrar” en Thémis, N.° 58, Lima, pp. 64 y 65. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VII

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concluyendo que el interés para obrar ‘[...] sirve para evitar una actividad procesal relativa a una demanda o una defensa fundada, pero inútil’ [énfasis agregado]. Como dice Devis Echandía el principio de economía procesal ‘es la consecuencia del concepto que debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de actividad procesal’. Más adelante, el maestro colombiano señala que ‘resultado de él es el rechazo de la demanda que no reúne los requisitos legales [...] Todo esto para que –citando a Gelsi Bidart– el trabajo del juez será menor y el proceso más rápido. Justicia lenta es injusticia grave’”.

CAP. I

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Luiso señala que existe interés para obrar en el medio cuando la tutela que persigue el autor puede ser conseguida solo por el medio jurisdiccional del proceso; y existe interés para obrar en el resultado cuando el resultado que se derive del proceso, necesariamente, producirá un cambio en la esfera del actor y será, por tanto, útil. Para graficar cuándo no hay interés para obrar el profesor italiano pone varios ejemplos: • Falta de interés para obrar en el medio: no es necesario demandar la resolución de un contrato si se ha pactado que esta opera de pleno derecho; la sentencia que se expida será fundada pero no le habrá servido de nada al demandante pues por su sola declaración, según el contrato, este ya había quedado resuelto. La falta de interés en el medio es evidente. Lo mismo ocurre cuando un trabajador quiere ponerle término al vínculo laboral; manda una carta a su empleador y se acabó el vínculo, no es necesario que demande. Si lo hace, el juez declarará fundada la demanda pero la actividad procesal, la sentencia y el triunfo habrán sido inútiles. • Falta de interés en el resultado: un ejemplo es el del hermano del difunto que demanda la nulidad del testamento por falsificación, pero no tiene interés para obrar porque aunque la demanda sea declarada fundada, el hermano no heredará por ha48

CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

ber herederos forzosos. Venció pero el proceso fue inútil. Otro ejemplo es el del licitante que demanda la nulidad del otorgamiento de la buena pro: gana, se anula la buena pro, pero el proceso ha sido inútil porque el demandante había quedado en tercer lugar, por lo que no corresponde que le otorguen la buena pro a él sino al segundo que pasa al primer lugar. En estos casos, dice Luiso, es manifiesta la falta de interés para obrar pues “se molesta” a la jurisdicción con procesos inútiles, es decir que no le habrán de reportar beneficio alguno al demandante, precisamente por falta de interés para obrar. De lo cual se concluye que esta institución procesal sirve para evitar procesos justos pero inútiles, pues el eventual triunfo no le reporta al demandante beneficio alguno ni cambio en su situación jurídica. En suma, puede decirse que se cumple esta condición de la acción demostrando que el proceso judicial es el único medio para buscar tutela efectiva, o el último medio para ello, en este último caso, porque la ley ha previsto otras vías anteriores y alternativas que deben transitarse de modo obligatorio. Similar idea puede leerse en el voto en minoría dictado en el Primer Pleno Casatorio Civil de 2007, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de abril de 2008, a saber: “[...] El interés para obrar es el estado de necesidad de tutela jurisdiccional, concreto y actual, en que se encuentra una persona, luego de haber agotado los medios pertinentes para obtener la satisfacción de su pretensión material o porque el ordenamiento jurídico le indica la vía judicial como la única idónea para obtener una sentencia favorable a su pretensión; necesidad que determina a aquella persona a recurrir ante el juez a fin de proponer su pretensión procesal, y obtener, por obra de la jurisdicción, la tutela del bien de la vida que pretende. Por consiguiente el interés para obrar solo puede ser satisfecho por el Estado a través de los órganos jurisdiccionales [...]”30. 30 Fundamento jurídico 5.2. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

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CAP. VII

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1.3. Posibilidad jurídica CAP. I

Toda pretensión, que no es otra cosa que el objeto del proceso, debe tener recepción o amparo legal en el derecho objetivo, es decir debe estar debidamente tutelada, pues en caso contrario, estaríamos frente a los llamados casos no justiciables, ante lo cual no cabe esperar una decisión jurisdiccional de mérito, sino seguramente una decisión inhibitoria. En relación a este presupuesto material, Véscovi afirma lo siguiente:

CAP. II

“[L]a posibilidad jurídica consiste en que la pretensión se halle regulada por el derecho objetivo, que se encuentre tutelada por este. [...] Las obligaciones naturales, según nuestra legislación civil, no dan derecho a accionar reclamando las mismas.

CAP. III

Fuera de ello, se requiere una cierta adecuación entre el hecho alegado y la norma invocada, esto es, una cierta coincidencia objetiva entre los hechos históricos en que se funda la demanda y los hechos que constituyen el supuesto de la norma jurídica que se menciona como su fundamento. Si el reivindicante comienza por decir que no es propietario, no podrá ejercer la acción (pretensión) reivindicatoria, como si no la plantea frente al poseedor”31.

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

En cuanto a esta condición de la acción, Ovalle Favela32 sostiene que la pretensión, que se expresa en la demanda, independientemente de ser ciertos o falsos los hechos que se afirmen como fundamento de aquella, debe ser susceptible de ser acogida conforme al ordenamiento jurídico vigente, pues no tiene sentido demandar y menos darle trámite al proceso, si al resolver debe desestimarse la demanda por no ser posible jurídicamente darle acogida. Este autor pone como ejemplos de la falta de posibilidad jurídica el caso de una pretensión de divorcio en un país donde no se permite esta forma de disolución del matrimonio, o cuando estando regulado

CAP. VII

31 Véscovi, Enrique. Teoría general del proceso, cit., p. 80. 32 Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, Oxford University Press, 6.ª ed., México, 2007. 50

CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

el divorcio, se alegan hechos que no constituyen ninguna de las causales de divorcio previstas en la ley, como por ejemplo las constantes intromisiones de la suegra en la vida privada de los cónyuges, la falta de amor; etc.; hechos que aun cuando fueran ciertos, no serían motivo legal para declarar el divorcio. Para evitar el trámite de un proceso innecesario, el juez debe desechar desde un principio la demanda.

2. Los presupuestos procesales de forma Estos presupuestos son los elementos necesarios para que exista una relación jurídica procesal válida. Como en el caso anterior, su inobservancia total o parcial en relación a vicios insubsanables puede generar decisiones inhibitorias, pues si tal relación procesal no es válida ni correcta menos puede resolverse el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica sometidos al órgano jurisdiccional. Dichos presupuestos procesales, conforme a nuestra legislación procesal, son: 1. La capacidad procesal 2. La competencia del juez 3. Los requisitos de la demanda

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

Los presupuestos procesales de forma

CAP. VI

Dichos presupuestos procesales, conforme a nuestra legislación procesal, son:

La capacidad procesal

INSTITUTO PACÍFICO

La competencia del juez

Los requisitos de la demanda

CAP. VII

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ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG

CAP. I

Así lo ha expresado también el Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente N.° 3610-2008-AA/TC, en cuyo fundamento quinto ha señalado que: “Los presupuestos procesales de forma son: la demanda en forma, juez competente y capacidad de las partes”.

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

2.1. Capacidad Procesal Es evidente que la validez de la demanda y de cualquier acto procesal, está supeditado a que se cumpla con este requisito. Entonces, quien realice actos procesales dentro del proceso judicial debe gozar de esta capacidad para que ellos sean válidos y tengan eficacia jurídica. La capacidad que permite otorgar validez y eficacia a los actos procesales es la capacidad de ejercicio, más no la capacidad de goce, que sí es útil para identificar al titular del derecho. En efecto, un menor de edad tiene capacidad de goce, y por tanto puede ser titular de un derecho, pero no tiene capacidad de ejercicio, y por ello no cuenta con capacidad procesal, debiendo actuar en el proceso mediante representante legal. Si aquel que forma parte de relación jurídica sustantiva, decide participar directa y personalmente en el proceso judicial, debe tener capacidad de ejercicio, para que sus actos procesales sean válidos. Igual ocurre cuando la parte material está representada convencional, legal o judicialmente dentro del proceso, por un representante, quien debe tener capacidad procesal, pues en caso contrario no serán válidos los actos procesales que efectúe en nombre de su representado, y por ende no tendrán eficacia jurídica, es decir no generarán consecuencias ni efectos jurídicos. Ovalle Favela señala, que la capacidad procesal es la aptitud para comparecer en juicio y realizar válidamente actos procesales que corresponden a las partes. Este mismo autor dice que la capaci52

CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

dad para ser parte se refiere a la idoneidad de una persona para ser parte demandante o demandada en el proceso. Por su parte Renzo Cavani33 sostiene que la capacidad procesal es la: “exigencia atribuible no solo a las partes, sino también a sus representantes, e inclusive a sus abogados. Se trata de aquella aptitud para realizar actos procesales válidos y eficaces por uno mismo, es decir, sin depender de ningún otro sujeto. Las diferencias entre la capacidad procesal y la capacidad para ser parte en el proceso surgen a la vista, más allá que una sea un requisito de validez y la otra presupuesto de existencia: el actor siempre debe contar con capacidad para ser parte, pero puede no tener capacidad procesal”.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

2.2. Competencia del juez Competencia es la aptitud legal que tiene todo juez para conocer válidamente un proceso judicial. El juez competente, que no es otro que el juez natural, constituye hoy en día uno de los elementos esenciales del debido proceso legal. Sin él no hay proceso justo ni válido. Cuando un juez no es competente, surge la figura de incompetencia, la misma que puede obedecer a: -

CAP. IV

CAP. V

Causales absolutas, por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio improrrogable, tal como lo establece el artículo 35 del Código Procesal Civil.

- Causal relativa, por razón de territorio prorrogable, la misma que es únicamente cuestionable por el demandado mediante excepción de competencia o contienda de competencia, tal 33 Cavani Brain, Renzo I., Los “presupuestos procesales” vistos desde la ineficacia procesal. Críticas a una clásica lección, Lima, [2013], p. 213. Véase en: < http://bit.ly/1OtY50v >. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VI

CAP. VII

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG

como se desprende del citado artículo 35 y del artículo 38 del mismo Código. CAP. I

CAP. II

Importa dejar establecido que tratándose de la incompetencia del juez por causales absolutas, su declaración se hace de oficio en cualquier grado o instancia del proceso, tal como lo informa el artículo 35. Ahora, si puede hacerse de oficio, nada obsta a que se haga a pedido de parte, sea vía excepción u otra fórmula legal prevista en el ordenamiento procesal. Sobre la competencia absoluta y relativa, Renzo Cavani34 afirma: “Se acostumbra diferenciar la competencia en absoluta y relativa según el interés predominante. Así, sin perjuicio de los criterios adoptados en cada ordenamiento jurídico, las normas que consagran una competencia absoluta se corresponden con el interés público; por el contrario, las que se refieren a la competencia relativa contienen un interés privado. En efecto, en las primeras no hay ningún tipo de disponibilidad por el juez ni por las partes, consistiendo en cualidades con que debe estar necesariamente premunido el juez que dirige el proceso. Por su parte, la competencia relativa permite que el juez adolezca de ella, y otorga a las partes la posibilidad de modificarla o, inclusive, aceptar a un juez relativamente incompetente, precluyendo así la oportunidad de cuestionarla en el futuro. La incompetencia relativa no puede ser invocada de oficio”.

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

En relación a la competencia del juez el Tribunal Constitucional afirma que: “[...] 2. Al respecto debe precisarse que cada vez que este Colegiado se ha referido al derecho reconocido en el inciso 3) del artículo

CAP. VII

34 Cavani Brain, Renzo I., Los “presupuestos procesales” vistos desde la ineficacia procesal. Críticas a una clásica lección, cit., p. 218. 54

CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

139 de la Constitución como si se tratara del derecho al juez natural, siempre lo ha hecho asumiendo que bajo la nomenclatura de este derecho, en realidad, subyace el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley como se regula en el precepto constitucional aludido. No obstante ello, el Tribunal conoce que en el derecho comparado y en la literatura especializada, se suele diferenciar a ambos, y al hacerlo, se asigna como contenido constitucionalmente protegido del derecho al juez natural, el reconocimiento de un atributo subjetivo a favor del procesado o, en términos generales, de un justiciable, a ser juzgado por un juez-persona determinado, un juez-órgano territorialmente competente, o que cuente con una presunta mayor especialización, idoneidad, actitud, capacidad, etc. (Cfr. Expediente N.º 1934-2003-HC/TC). 3. Sin embargo, de acuerdo al contenido protegido por el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, este último únicamente garantiza que ‘Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley [...]’, de manera que es el legislador quien deberá establecer los criterios de competencia judicial por medio de una ley orgánica, que concretice su contenido constitucionalmente protegido. En consecuencia, el uso del nomen iuris ‘derecho al juez natural’ no debe ser entendido sino en el sentido que se le utiliza por la tradición con la que cuenta y la aceptación que tiene en la comunidad jurídica nacional. 4. El Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades (Exp. N.º 290-2002-HC/TC; Exp. N.º 1013-2002-HC/TC y Exp. N.º 1076-2003-HC/TC) ha establecido que este derecho supone dos exigencias: en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional garantizándose, así, la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisión especial creada exprofesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación o que cualquieINSTITUTO PACÍFICO

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CAP. I

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CAP. III

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CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG

ra de los poderes públicos pueda avocarse el conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante órgano jurisdiccional. En segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex post facto o por un juez ad hoc.

CAP. I

CAP. II

5. De igual manera ha señalado que tales reglas de competencia, objetiva y funcional, deberán ser previstas en una ley orgánica. La competencia jurisdiccional se halla sujeta a una reserva de ley orgánica, lo cual implica: a) al establecimiento en abstracto de los tipos o clases de órganos a los que se va a encomendar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, b) la institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso. Asimismo, que dicha predeterminación no impide el establecimiento de subespecializaciones al interior de las especializaciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, máxime si el artículo 82, inciso 28 de la misma ley autoriza la creación y supresión de “Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia” (Cfr. Exp. N.º 9038-2005-HC/TC).

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

2.3. Requisitos de la demanda CAP. VI

CAP. VII

Por lo general se asocia este presupuesto al cumplimiento de requisitos formales, sin embargo es necesario advertir que dentro de ellos existen algunos esenciales. Entre los últimos destacan el petitorio y los hechos, temas de extrema importancia en el proceso que son protegidos por el principio de congruencia procesal, en virtud del cual el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar sus decisiones en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 56

CAP II: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

En suma, todos los requisitos señalados para la demanda en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil deben satisfacerse de manera adecuada a fin de hacer viable su admisión, pues en caso contrario se puede generar una resolución de inadmisibilidad o de improcedencia, según el tipo de defecto que se aprecie al momento de calificarla.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

INSTITUTO PACÍFICO

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Capítulo

III

EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL JUEZ

Sumario: 1. En la calificación de la demanda y de la contestación. 1.1. Por defectos subsanables. 1.2. Por defectos insubsanables. 2. En el saneamiento procesal. 3. Al sentenciar. 4. Mediante nulidad por vicios insubsanables.

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

CAP. I

La concurrencia en el proceso de los presupuestos procesales materiales y de forma, resulta necesaria para la construcción y el desarrollo de procesos válidos donde pueda definirse la controversia. Es importante examinar estos temas en atención a los vicios subsanables e insubsanables, pues en función a ellos la decisión es distinta. Aún más, incluso ante la presencia de “supuestos defectos insubsanables” la respuesta no siempre es la misma, pues hay variables que considerar, tal como lo enseña la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional del Perú. El adecuado manejo de estos mecanismos de control ayuda a dar respuestas razonables, en lugar de aquellas apoyadas en la literalidad de una determinada disposición del Código Procesal Civil, que normalmente puede revelar la falta de conocimiento de la materia en estudio. En esta parte del trabajo mencionaremos y comentaremos los momentos procesales en los que el juez civil debe controlar y verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales a lo largo del desarrollo del proceso, esto es desde su inicio hasta el final.

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Este control puede hacerse en los siguientes momentos del proceso: -

En la calificación de la demanda y de la contestación.

-

En el saneamiento procesal.

INSTITUTO PACÍFICO

CAP. VII

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ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG

-

En la sentencia.

-

Mediante nulidad por vicios insubsanables.

CAP. I

1. En la calificación de la demanda y de la contestación CAP. II

1.1. Por defectos subsanables

CAP. III

Acorde con el principio de dirección del proceso, el Código Procesal Civil confiere al juez el poder de decidir si la demanda debe ser o no admitida, decisión que adopta al examinar precisamente el cumplimiento o no de los presupuestos procesales.

CAP. IV

CAP. V

Así entonces, si calificando la demanda el juez encuentra en los presupuestos para demandar defectos de carácter subsanable declarará su inadmisibilidad, concediendo al demandante un plazo para que cumpla con subsanar los defectos advertidos. Si se cumple a satisfacción la orden judicial será admitida, siendo rechazada en caso contrario. Ejemplifican este tipo de defectos el incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. Lo explicado es plenamente aplicable a la calificación de la contestación a la demanda, pues si el juez aprecia defectos subsanables otorga al demandado un plazo para que corrija los defectos.

CAP. VI

Por extensión, lo aquí comentado es de aplicación cuando el demandado formula reconvención.

1.2. Por defectos insubsanables CAP. VII

En este caso, a diferencia del anterior, si el juez calificando la demanda descubre, en los presupuestos procesales, defectos de carácter insubsanable la declarará improcedente. Se deberá tomar tal 62

CAP III: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL JUEZ

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

decisión siempre que se presente alguna de las causales taxativas de improcedencia establecidas en el artículo 427 del Código Procesal Civil, norma que debe interpretarse en sentido restrictivo, pues el rechazo liminar de la demanda sin duda alguna impide el acceso al proceso y a la justicia, razón por la cual solo debe hacerse por las causales explícitamente establecidas en la ley, y no por otras que se identifiquen por aplicación analógica o por interpretación extensiva, pues ello importará, además de impedir el acceso a la justicia, una evidente colisión con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que asiste a todo justiciable. Están proscritas entonces resoluciones judiciales que declaran liminarmente improcedentes las demandas con razones y argumentos que son propios de la decisión de fondo, y no de un control del cumplimiento de los presupuestos procesales materiales y de forma, con lo cual es evidente la vulneración del debido proceso legal, que exige a los órganos jurisdiccionales a dictar sus resoluciones de conformidad con el estado de los procesos.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

Por extensión, lo anotado en este apartado también es aplicable cuando se formula reconvención. El artículo 427 del Código Procesal Civil ha sido modificado recientemente con la Ley N.° 30293 publicada el 28 de diciembre de 2014. De acuerdo al texto actual de este artículo se declara improcedente la demanda cuando:

CAP. V

“Improcedencia de la demanda Artículo 427. El juez declara improcedente la demanda cuando:

CAP. VI

1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; 2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; CAP. VII

3. Advierta la caducidad del derecho; 4. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio; o INSTITUTO PACÍFICO

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ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG

5. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. [...]”. CAP. I

CAP. II

CAP. III

No aparecen en el texto actual las causales de improcedencia de la demanda por incompetencia y por indebida acumulación de pretensiones, las mismas que sí aparecían en el texto anterior reformado. Sobre la incompetencia, debe advertirse que si bien no figura en el artículo 427 como una causal de rechazo liminar de la demanda, sí aparece registrada en el artículo 35 como una posibilidad de ser declarada en cualquier grado e instancia del proceso, claro está cuando se trata de incompetencia absoluta por razón de materia, grado, turno, cuantía y territorio improrrogable. En efecto, el texto actual del artículo 35, modificado por la Ley N.° 30293 es el siguiente: “Incompetencia

CAP. IV

Artículo 35. La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción.” (subrayado nuestro)

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

En consecuencia, nada impide que el juez calificando la demanda advierta de oficio su incompetencia por una causal absoluta, que como se dijo puede ser por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio improrrogable, pero lo que debe hacer en este caso es remitir lo actuado al juez que considere competente, tal como lo establece el artículo 36 del citado Código, también modificado por la Ley N.° 30293. Ariano Deho comentando el cambio en mención sostiene que “Hay que saludarlo, pues con ello hemos (un tanto tardíamente) llegado a una solución razonable que, por lo menos, conserva 64

CAP III: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL JUEZ

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

los efectos sustanciales (que no son muchos) que produce la presentación de la demanda (pienso, sobre todo, en la evitación de la caducidad)”35. En cambio, por indebida acumulación de pretensiones ya no puede declararse liminarmente improcedente la demanda al momento de su calificación. A lo sumo, si se advierten defectos, debe declararse su inadmisibilidad, a fin de permitir que el justiciable subsane lo que corresponda.

CAP. I

CAP. II

Por tanto, en atención a las reglas actuales de improcedencia de la demanda puede decirse que se mantienen causales relativas a: -

La legitimidad para obrar.

-

El interés para obrar (falta de interés y caducidad).

-

La incompetencia absoluta.

-

Los requisitos formales esenciales de la demanda (falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio).

CAP. III

CAP. IV

2. En el saneamiento procesal El saneamiento procesal implica una labor de profilaxis del proceso, donde lo que importa es definir si en el proceso concurren o no los presupuestos procesales. Esta tarea debe ser desarrollada por los jueces de manera oficiosa, por imperio de los principios de dirección del proceso y de economía procesal. De esta manera se considera que con este nuevo filtro o control ya no deben quedar vicios o defectos por descubrir en la etapa postulatoria que impidan más adelante una decisión de mérito.

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

35 Ariano Deho, Eugenia, “La Ley N.° 30293 y la translatio iudici”, en Gaceta Civil & Procesal Civil, t. 20, Lima, 2015, p. 25. INSTITUTO PACÍFICO

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ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG

Carlos A. Ayagarragay36 refiere que el despacho saneador requiere y procura: CAP. I

• Que haya terminado la faz postulatoria, es decir que haya demanda y contestación. • Que se disponga de oficio o a petición de parte. • Que no haya distracción de la actividad jurisdiccional.

CAP. II

• Que no exista pérdida de tiempo. • Que se eviten gastos inútiles.

CAP. III

• Que, dado el despacho, se da término al proceso o se ordenan diligencias para suplir nulidades o irregularidades, o se declara el proceso exento de vicios. Jaime Greif37 en relación a la audiencia preliminar y el despacho saneador uruguayo indica lo siguiente: “La inclusión de este verdadero despacho saneador de amplia difusión en el derecho lusitano y brasileño es, a nuestro entender, una de las innovaciones trascendentes del Código, desde el punto de vista de la abreviación del proceso, de su clarificación o depuración de cuestiones obstativas respecto de la decisión sobre el fondo”.

CAP. IV

CAP. V

Por su parte Lopes da Costa38, sostiene que:

CAP. VI

CAP. VII

36 Ayagarragay, Carlos A, “En la legislación brasileña” en Materiales de Lectura sobre Saneamiento Procesal, Academia de la Magistratura, II Curso Taller en Materia Procesal Civil para Magistrados, Lima, 1996. 37 Greif, Jaime, “La audiencia preliminar y el despacho saneador en el centro de la reforma” en Materiales de Lectura sobre Saneamiento Procesal, Academia de la Magistratura. II Curso Taller en Materia procesal Civil para Magistrados, Lima, 1996. 38 Citado por Briseño Sierra. “El saneamiento del proceso” en El saneamiento procesal, Palestra, Lima, 1998, p. 116. 66

CAP III: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL JUEZ

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

“El despacho saneador se destina a remover las nulidades del proceso y a verificar la existencia de los requisitos legales de la acción, esto es, a determinar si su titular está en condiciones de pedir una decisión de mérito”.

CAP. I

El artículo 465 del Código Procesal Civil contempla, para el juez, tres opciones en materia de saneamiento procesal, a saber: a. Puede declarar una relación jurídica procesal válida, lo que significa que se cumplen a cabalidad todos los presupuestos procesales. b. Puede declarar la nulidad y conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación procesal, lo que significa que ha encontrado defectos insubsanables en relación a los presupuestos procesales. c. Puede conceder un plazo cuando los defectos de la relación procesal sean subsanables, lo que significa que ha encontrado vicios subsanables en relación a los presupuestos procesales. Ahora bien, el artículo 46639 del mismo Código establece que si la resolución que declaró válida la relación procesal queda consentida o ejecutoriada, precluye toda petición que pretenda cuestionar la validez de esa relación. La preclusión implica que no cabe reclamo alguno contra dicha resolución. No obstante lo señalado en esta última disposición legal, consideramos que su interpretación correcta está en función de los vicios relativos a los presupuestos procesales. En efecto, si después de saneado el proceso se advierten defectos subsanables en 39 Efectos de la declaración de la existencia de una relación procesal válida Artículo 466. Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación citada. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

relación a los presupuestos procesales, creemos que la petición de invalidez basada en dicho defecto subsanable debe ser desestimada, por la sencilla razón de que tal vicio ha quedado convalidado o saneado por el hecho de no haberse objetado a tiempo (en la primera oportunidad) y en la forma prevista por la ley, usualmente mediante excepciones. En cambio, tratándose de vicios insubsanables la petición de invalidez de esa relación procesal debe prosperar si se comprueba la existencia de dicho vicio, pues en este caso no hay posibilidad de convalidación y menos de saneamiento alguno. Si se aplicara literalmente la regla del artículo 466, sin distinguir si se trata de vicios subsanables e insubsanables que afectan la validez de la relación procesal, se llegaría al absurdo, por ejemplo, de permitir que el proceso sea conocido y resuelto por un juez cuya competencia se ha visto afectada por una causal absoluta, con lo cual se iría en contra del texto imperativo del artículo 35 del Código Procesal Civil, que autoriza a declarar inválida la relación procesal en cualquier grado y estado del proceso cuando se aprecie una causal de incompetencia absoluta. Este ejemplo es totalmente ilustrativo para nuestra aseveración de cuidar la naturaleza del defecto, antes de aplicar de modo automático aquello que parece claro, pero que termina no siendo según el tipo de defecto, tal como quedó explicado. Así lo entiende también Briseño Sierra40 quien sostiene que “nulidades como la de incompetencia absoluta no precluyen con el despacho”. Además, resulta importante señalar que el saneamiento procesal es una tarea obligatoria que deben realizar los jueces, al margen de haberse propuesto o no defensas de forma (excepciones, por ejemplo), es decir que el saneamiento ocurrirá aun cuando el de-

CAP. VII

40 Briseño Sierra, Humberto, “El saneamiento procesal”, en El saneamiento procesal, cit., p. 120. 68

CAP III: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL JUEZ

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

mandado esté rebelde autos. De esta forma debe corregirse aquella praxis judicial que entiende que el saneamiento procesal sucede solo a partir de la proposición de excepciones, lo que en verdad es erróneo.

CAP. I

3. Al sentenciar El saneamiento es una tarea permanente en el proceso a cargo de los jueces. El artículo 121, último apartado, del citado código41, los autoriza de manera excepcional a expedir sentencia pronunciándose sobre la validez de la relación procesal. Esto quiere decir que al final del proceso el juez puede descubrir la ausencia de algún presupuesto procesal material o formal, y si el defecto es insubsanable, debe sentenciar declarando la invalidez de la relación procesal. El mensaje es claro. Para decidir sobre el fondo de la controversia, el juez debe asegurarse del cumplimiento y de la concurrencia en el proceso de los presupuestos procesales de fondo o de forma que le permitan resolver el tema de fondo; en caso contrario, su decisión será inhibitoria en la medida que advierta algún vicio insubsanable. Esta atribución legal corresponde a todos los jueces que en sus diversos grados e instancias conocen del proceso, con lo cual la 41 Decretos, autos y sentencias “Artículo 121. Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. Mediante los autos el juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento. Mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal”. (añadido nuestro) INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

labor de revisión de las sentencias no solo se circunscribe a los agravios que pudiera expresar el impugnante sino también, de manera previa y oficiosa, a controlar si se cumplen o no los presupuestos procesales. Este control previo y oficioso debe hacerse independientemente de si fueron o no denunciados como agravios, por el impugnante, los defectos insubsanables relativos a los presupuestos procesales, pues de lo que se trata es de resolver la controversia en la medida que no existan vicios insubsanables que los impidan, cuestión que es de responsabilidad del órgano jurisdiccional y no necesariamente de los justiciables. En la línea de lo expresado podemos citar la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el expediente N.° 02730-2006- PA/ TC, donde de manera oficiosa procede a resolver omisiones de la instancia inferior, todo ello en aplicación del saneamiento procesal. En efecto, esta sentencia expresa lo siguiente: “En autos se advierte que ni la apelación concedida a f. 213 ni la concedida a f. 383 han sido resueltas por el ad quem momento de emitir resolución en el proceso de autos; sin embargo, con vista de las normas precitadas, y en la medida que ambos recursos no afectan el sentido de la resolucion emitida, el Tribunal Constitucional, atendiendo a los fines del proceso, procede a pronunciarse sobre el particular, con el objeto de sanear el proceso antes de resolver el fondo de la cuestión planteada”. (Fundamento 27).

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

De otro lado, en esta misma sentencia el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un pedido orientado a sostener que la parte demandante no había agotado la vía administrativa, es decir, denunciaba en última instancia la falta de interés para obrar de la parte actora. Lo dicho está contenido en el fundamento 30 de la citada sentencia del Tribunal Constitucional, a saber:

CAP. VII

“[...]

70

CAP III: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL JUEZ

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Además de lo expuesto, este Colegiado debe hacer referencia al escrito presentado al Tribunal Constitucional con fecha el 7 de julio de 2006 por el procurador adjunto de la Procuraduría Pública del JNE, donde informa que el demandante en el presente proceso de amparo está haciendo uso de una vía paralela, pues ha presentado un recurso ante el JNE, en el que solicita que se declare nula la Resolución N.° 152-2005-JNE lo cual demuestra, a su criterio, que no se ha agotado la vía administrativa. Este argumento, más allá de que confunde la vía paralela con la vía previa, no puede ser estimado, dado que de la solicitud presentada no fluye que el demandante haya iniciado o pretenda iniciar un proceso jurisdiccional paralelo al presente proceso; de otro lado, la insistencia de la parte recurrente para que quien se reputa ha afectado sus derechos fundamentales, enmiende o corrija una conducta o acto, no importa el inicio de un nuevo procedimiento administrativo, y, aun en el supuesto negado que ello ocurriera, no puede pretenderse que, encontrándose en el trámite un proceso jurisdiccional, este hecho configure una causal de improcedencia.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

[...]”.

La cita de la sentencia del Tribunal Constitucional ilustra sobre la aplicación del saneamiento procesal en todo tipo de procesos y no solo en los civiles, pero sobre todo, y aquí lo más importante, sirve para dejar establecido que el saneamiento procesal es una tarea permanente, que la realizan de oficio todos los órganos jurisdiccionales que conocen del proceso (incluso los de última instancia) antes de sentenciar sobre el tema de fondo.

CAP. V

CAP. VI

4. Mediante nulidad por vicios insubsanables Independientemente de los filtros y controles antes referidos (calificación de la demanda, saneamiento procesal y sentencia), la INSTITUTO PACÍFICO

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tarea de saneamiento debe hacerse durante todo el desarrollo del proceso, es decir sin esperar necesariamente a que tales momentos procesales se realicen. Así fluye de la regla contenida en el artículo 176 in fine del Código Procesal Civil, en virtud de la cual los jueces pueden declarar de oficio las nulidades insubsanables, alternativa que permite proceder así cuando estos vicios se refieren a los presupuestos procesales. Los procesos sirven para resolver conflictos, más si en su desarrollo se evidencia vicios insubsanables el Juez debe tomar la decisión respectiva. Ahora, si puede hacerlo de oficio también puede actuar a pedido de parte. Esta potestad legal se entiende otorgada a todos los jueces que conocen del proceso en sus diversas instancias, comprensión no solo lógica sino además coherente, pues allá donde se descubra el vicio insubsanable el proceso debe terminar, tal como proclama, por ejemplo, la regla del artículo 35 del Código Procesal Civil, que autoriza a declarar la nulidad de todo lo actuado en cualquier grado e instancia del proceso por razón de incompetencia absoluta. No obstante lo dicho, resulta interesante lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 07022-2006-AA/TC, donde hizo prevalecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas frente a un decisión nada menos que de la Corte Suprema de declarar la nulidad de todo lo actuado por razón de incompetencia material no alegada por las partes. Dicha sentencia del Tribunal expresa lo siguiente: “[...]

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11. En el caso concreto, los recurrentes alegan que con la emisión de la resolución de fecha 19 de setiembre de 2001, expedida por  la Sala  de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación número 920-2001), se ha violado el principio de congruencia, toda vez que la sala demandada declaró fundado el recurso de

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casación interpuesto por la empresa Southern Perú Limited, por una causal que no había sido invocada en el recurso. 12. De autos se desprende que, en su recurso de casación, la empresa Southern Perú Limited alegó –entre otras causales– la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso y la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Sin embargo, entre los fundamentos que motivaron dichas alegaciones no se cuestionó, en ningún momento, la competencia por razón de la materia de las instancias judiciales que conocieron el referido proceso. 13. Más aún, con fecha 14 de setiembre de 2001, es decir, antes de la emisión de la resolución cuestionada, la empresa Southern Perú Limited dirigió un escrito a la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, manifestando lo siguiente:



[...] no cabe duda de que, con la conformidad de las partes y de todos los grados e instancias judiciales, este litigio se ha tramitado como proceso civil; [...] por tanto, no es posible modificar su naturaleza y tramitación en este estado, pues se infringiría el artículo 139.3 de la Constitución, al someter a las partes a un procedimiento distinto del previamente establecido; [...] (fojas 292 del segundo cuaderno del Poder Judicial). En consecuencia, la empresa Southern Perú Limited no cuestionó –ni pretendió cuestionar– la competencia de las instancias judiciales para conocer el proceso como uno de naturaleza civil, dadas las características de la materia controvertida (entrega de acciones, pago de dividendos).

14. Habiendo constatado que la sala demandada se pronunció sobre un elemento que no había sido invocado en el recurso de casación, resta evaluar si su pronunciamiento resulta constitucionalmente legítimo, o si, por el contrario, se ha configurado INSTITUTO PACÍFICO

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una violación del principio de congruencia de las resoluciones judiciales. Para tal efecto, será preciso evaluar la función del recurso de casación y la posibilidad de aplicar el principio iura nóvit curia en sede casatoria.

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15. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene dicho que, por su propia naturaleza, el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los ‘fines esenciales’ para los cuales se ha previsto, esto es, la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como se especifica en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Respecto de la posibilidad de aplicar el principio iura novit curia en sede casatoria, se ha señalado que

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CAP. III



La casación es un recurso extraordinario que solo permite la revisión por el Supremo Tribunal Casatorio en los casos específicos, exclusivos y excluyentes, del artículo 386 del Código Procesal Civil, especificidad que impide el ejercicio de la facultad general del juez de aplicación del aludido aforismo ‘iura novit curia’ (Cfr. STC 8327-2005-AA/TC, FJ 2).



De ahí que, por regla general, el principio iura novit curia no pueda ser invocado en sede casatoria.

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16. No obstante, en el caso concreto, este Colegiado estima pertinente evaluar la proporcionalidad de la medida adoptada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema; puesto que, si bien esta se pronunció sobre una materia que no había sido invocada en el recurso de casación, su decisión se fundamentó en la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; así como en el respeto al orden público, por cuanto consideró que se había tramitado una materia de carácter laboral en sede civil (fojas 88 del primer cuaderno del Poder Judicial).

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17. En este extremo, se debe tener en cuenta que los fines perseguidos por la Corte Suprema eran lícitos y que esta consideró que la declaración de nulidad de todo lo actuado constituía una medida idónea y necesaria para garantizar el cumplimiento de los mismos. Por ello, señaló:

[...] teniéndose en cuenta que la demanda postulada contiene pretensiones de naturaleza estrictamente laboral, como ya se ha precisado, se impone que lo actuado se remita al correspondiente Juzgado de Trabajo a efectos de que provea, con arreglo a ley, la demanda y disponga el trámite que corresponde (fojas 89 del primer cuaderno del Poder Judicial).

18. No obstante, esta conclusión no supera un examen de proporcionalidad en sentido estricto si se tiene en cuenta que, dadas las características de la controversia (entrega de acciones, pago de dividendos), ninguna de las partes había cuestionado la competencia de los jueces por razón de la materia –fundamento 13 supra–; y, pese a ello, se declaró la nulidad de todo lo actuado, con lo cual no solo se ha afectado el derecho a la adecuada motivación de las resoluciones judiciales (principio de congruencia), sino también el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, pues al momento de declarar la nulidad del proceso, no se tuvo en consideración que este se había venido tramitando en el Poder Judicial desde hacía más de cinco años (fojas 9 del primer cuaderno del Poder Judicial). A la fecha, han transcurrido más de diez años desde el momento en que los presuntos agraviados interpusieron su demanda en sede civil. 19. El derecho de ser juzgado sin dilaciones indebidas deriva del artículo 139, inciso 3, de la Constitución y del artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en anterior jurisprudencia (Cfr. STC 0549-2004-HC/TC, FJ 3). Al respecto, es pertinente señalar que, de conformidad con el INSTITUTO PACÍFICO

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artículo VI del Título Preliminar del CP. Const., ‘[l]os jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional’. En consecuencia, al momento de resolver la sala demandada no podía dejar de considerar la incidencia de su decisión en el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva de los justiciables, de conformidad con los pronunciamientos emitidos por este Colegiado.

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20. En suma, habida cuenta que la decisión de declarar nulo todo lo actuado en el proceso civil seguido por los recurrentes contra la empresa Southern Perú Limited no supera un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, por su grado de incidencia en el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y a la motivación de las resoluciones judiciales de los recurrentes, este Colegiado considera que la demanda debe ser estimada.

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[...]”.

Comentando esta sentencia del Tribunal Constitucional, César Bazán Seminario42 ha concluido que: CAP. V

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1. La relevancia de la Sentencia 07022- 2006-AA para el sistema de justicia radica en que busca poner freno a una práctica poco adecuada: ordenar “la nulidad de todo lo actuado”, que se realiza incluso en sede casatoria, y que condena al justiciable a litigar por largos años en busca de justicia. 42 Bazán seminario, Cesar, “La ʻnulidad de todo lo actuado’ como vulneración al derecho a un juicio en plazo razonable” en La justicia constitucional en el 2007: análisis de casos relevantes y precedentes vinculantes. Justicia Viva, Instituto de Defensa Legal Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad y Departamento Académico de Derecho, Lima, 2008. p. 64. 76

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2. Sobre el caso concreto podemos decir: a. La Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema cuenta con la facultad de anular, aun en sede casatoria, los procesos que adolecen de vicios relacionados con la competencia, que implican una lesión al derecho de contar con un juez predeterminado por ley. b. A pesar de esta facultad de la Corte Suprema, es importante contraponerla con el derecho a gozar de un proceso en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas. c. Al haber transcurrido más de cinco años desde el inicio del juicio, “la nulidad de todo lo actuado” implica una vulneración irrazonable del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, puesto que condena al justiciable a iniciar nuevamente el litigio y adicionar al quinquenio ya avanzado el tiempo que dure el nuevo proceso. Por ello, la decisión de la Corte Suprema no supera el examen de razonabilidad, en la medida en que existen medios menos gravosos para alcanzar su finalidad lícita. Como podemos apreciar, en este caso concreto el Pleno del Tribunal Constitucional hizo prevalecer el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas frente a la potestad nulificante de los jueces, por razón de incompetencia absoluta, más consideramos que esta sentencia si bien constituye una decisión relevante a ser tomada en cuenta en casos similares, no elimina la potestad nulificante de los jueces para anular lo actuado por vicios insubsanables. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable constituyen expresiones sinónimas. En el Perú, la Constitución vigente no contempla expresamente este derecho. No obstante, el Tribunal Constitucional, en armonía con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha analizado y aplicado este derecho para resolver controversias en sede nacional, como lo ilustra la Sentencia del Expediente N.º 5291-2005-HC que en su parte pertinente establece: INSTITUTO PACÍFICO

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“[...] 4. Al respecto, debe tenerse presente que el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución reconoce el derecho al debido proceso. Conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y al artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, ‘El contenido y los alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según los tratados de los que el Perú es parte’.

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5. Al respecto, el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente. Sobre este derecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en criterio que compartimos, que el derecho al plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta se decida prontamente (Caso Suárez Rosero contra Ecuador, sentencia sobre el fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamento 70).

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6. Del mismo modo la Corte, siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha declarado que ‘[...] Con respecto al plazo razonable de que trata el artículo 8.1., este Tribunal ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales’. (Caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros contra Trinidad y Tobago, sentencia sobre el fondo, fundamento 143).

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7. Por tanto, el Tribunal Constitucional del Perú estima que, conforme a la regla de interpretación constitucional de los derechos y libertades, anteriormente citada, el derecho a un plazo razonable en la duración de los juicios constituye una de las manifestaciones del debido proceso reconocido por nuestra Constitución en los términos antes expuestos. [...]”. (subrayado nuestro).

CAP. I

CAP. II

Al respecto, Renzo Cavani sostiene que43: “Lo que sucede es que el gran problema surge con aquellos vicios graves que no llegaron a ser denunciados o verificados oportunamente, en donde a pesar del saneamiento, [...] aún son capaces de generar una nulidad. [...] contradicción sustancial entre la causa de pedir y el pedido, [...], incapacidad procesal, [...], falta de representación. Evidentemente, lo ideal es que todos y cada uno de los vicios ocurridos [...] no puedan ser alegados después del saneamiento. No obstante, tampoco es posible negar la realidad, hacer tabla rasa y proponer la imposibilidad total de que luego del saneamiento sea alegado cualquier tipo de vicio ocurrido en la fase postulatoria. Ello inclusive colisionaría directamente con el criterio que debe inspirar el régimen de la nulidad procesal: en efecto, es totalmente indeseable la emisión de una sentencia a sabiendas que se tratará de un acto inidóneo (y peor aún, que será rescindido posteriormente). Recordemos que si bien lo que se quiere es preservar el acto final, cuando un vicio es lo suficientemente potente para tornarlo inidóneo, entonces tiene que decretarse la nulidad y reencausar el procedimiento”.

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

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CAP. VII

43 Cavani, Renzo. La nulidad en el proceso civil, 1.ª. ed., Palestra, Lima, 2011, pp. 558-559. INSTITUTO PACÍFICO

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Capítulo

IV

EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

Sumario: 1. Las excepciones. 1.1. Aspectos esenciales. 1.2. Las excepciones en el Código Procesal Civil. 1.3. La praxis judicial sobre algunas excepciones. 2. La nulidad procesal como defensa de forma. 2.1. ¿El pedido de nulidad procesal es un recurso? 2.1.1. Introducción. 2.1.2. Los medios impugnatorios en el Código Procesal Civil. 2.2. Finalidad del recurso de nulidad. 2.3. Los principios que rigen la nulidad procesal. 2.4. Resoluciones objeto del recurso de nulidad. 2.5. Vicios que motivan el recurso de nulidad. 2.6. La nulidad como defensa de forma ante la falta de excepción. 2.7. Nulidad por vicio insubsanable pese a existir excepción.

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CAP. I

En este capítulo abordaremos las alternativas o mecanismos legales que la legislación procesal nacional confiere al demandado para denunciar los defectos que afectan a los presupuestos procesales, es decir lo que puede hacer el demandado una vez que ha sido emplazado con una demanda defectuosa.

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CAP. III

Entre estos mecanismos consideramos a las excepciones y a la nulidad procesal. Respecto a las excepciones, es pacífica su admisión como defensa de forma para discutir el cumplimiento de los presupuestos procesales. En cuanto a la nulidad procesal como defensa de forma para discutir el cumplimiento de los presupuestos procesales, si bien tal pacificidad no se aprecia a nivel doctrinario, donde también se ha advertido la petición de improcedencia de la demanda en base a las denominadas defensas de forma innominadas44, nuestra idea de 44 Por ejemplo, Meza Apolín, Dante (“Impugnación y adecuación: sobre la mal considerada inimpugnabilidad del auto admisorio” en Thémis, N.° 58, Lima, 2010, p. 58.) sostiene lo siguiente: “[...] Así, mediante las defensas de forma nominadas (excepciones) o innominadas (solicitudes de improcedencia de la demanda), la parte demandada puede cuestionar (impugnar) el acto procesal y lograr la corrección del error en el que habría incurrido el juzgador al momento de verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales y condiciones de la acción, para lo cual, en este caso sí existe un contradictorio previo a la emisión de la resolución final. […] Las defensas de forma innominadas son aquellas defensas de INSTITUTO PACÍFICO

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considerar a la nulidad como una defensa de forma se presenta a partir de una interpretación de las disposiciones del propio Código Procesal Civil. No obstante, donde si hay plena coincidencia, es que el proceso concluye cuando se da cuenta por el demandado de un defecto insubsanable, mediante nulidad o mediante un pedido de improcedencia de la demanda (defensa de forma innominada). Es importante precisar que las defensas previas son defensas de forma que no tienen por finalidad formular reparos a los presupuestos procesales materiales y de forma, y por tanto no pueden ni deben ser utilizadas para este fin por el demandado. En efecto, tal como se desprende de las reglas del artículo 455 del Código Procesal Civil45, la defensa previa da cuenta de omisiones que ha cometido el demandante en cuanto al cumplimiento de exigencias previstas en las normas sustantivas antes de presentar su pretensión procesal; entonces, al no atacar presupuestos procesales, no corresponde que sea considerada como una defensa de forma con este propósito.

CAP. IV

1. Las excepciones 1.1. Aspectos esenciales CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

Forman parte inherente del derecho de contradicción y permiten al demandado denunciar la existencia de defectos en los preforma que no han sido recogidas por nuestro ordenamiento procesal como excepciones, pero que implican una denuncia de incumplimiento de los presupuestos procesales o condiciones de la acción. Por lo tanto, de formularse una defensa de forma innominada, previo traslado a la parte demandante, el órgano jurisdiccional estaría en la obligación de pronunciarse en la etapa correspondiente”. 45 Propuesta y trámite de las defensas previas Artículo 455. Las defensas previas como el beneficio de inventario, el beneficio de excusión y otras que regulen las normas materiales, se proponen y tramitan como excepciones. 84

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LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

supuestos procesales. Siempre deben proponerse dentro del plazo establecido en la norma procesal. Eduardo Couture46 enseña que la excepción es un medio legal para denunciar la falta de un presupuesto procesal. El Código Procesal Civil clasifica a las excepciones por sus efectos, pero aun así sus normas dejan percibir la clásica división entre excepciones dilatorias y perentorias. Monroy Galvez47 divide estas últimas en simples o complejas, según permitan o no volver a demandar. Efectivamente, una exhaustiva revisión de las excepciones proponibles según nuestro Código Procesal Civil nos permite concluir que ellas están relacionadas con algún presupuesto procesal material o presupuesto procesal de forma. Las excepciones procesales pueden referirse a aspectos subjetivos, objetivos y procedimentales. Trasladando estas ideas a la legislación procesal nacional podemos encontrar que las excepciones del Código Procesal Civil se aplican de la siguiente manera: • A los sujetos del proceso (el juez o el demandante). En el primer caso encontramos la excepción de incompetencia, y en el segundo, los vinculados a la legitimidad, capacidad y representación. • Al objeto del proceso (la pretensión). Ubicamos entre ellas las excepciones de litispendencia, cosa juzgada, conciliación judicial, transacción, desistimiento de la pretensión, caducidad, prescripción extintiva, falta de agotamiento de la vía administrativa y convenio arbitral. 46 Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1981. 47 Monroy Gálvez, Juan, Temas de Proceso Civil, Librería; Studium. Lima, 1987. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

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• A defectos procedimentales. Encontramos la oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. CAP. I

CAP. II

El artículo 446 del Código Procesal Civil establece numerus clausus cuáles son las excepciones procesales que puede proponer el demandado. No cabe entonces que se formulen otras que la ley no considera. En relación a la idea de numerus clausus, merece comentario puntual lo relativo a la excepción de transacción, pues como se sabe, ahora conforme a la Sentencia del Primer Pleno Casatorio Civil también puede proponerse dicha excepción en base a la transacción extrajudicial. Así se estableció por mayoría en dicho pleno, a saber:

CAP. III

“[...] IX. FALLO: [...] b). Declara que constituyen doctrina jurisprudencial los siguientes precedentes vinculantes:

CAP. IV

1. La Transacción extrajudiciales no homologada judicialmente puede ser opuesta como Excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446 e inciso 4 del artículo 453 del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la Transacción.

CAP. V

Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el juez, se tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener regulación expresa. Ocurriendo lo mismo en cuanto a las transacciones celebradas con relación a derechos de menores de edad, las mismas que autorizadas por el juez competente conforme a ley.

CAP. VI

CAP. VII

[...]”

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CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

En consecuencia, en el Perú la excepción de transacción se propone en base a la transacción judicial homologada por el juez, como lo autoriza el Código Procesal Civil, y ahora también en base a la transacción extrajudicial, como lo establece la sentencia del Primer Pleno Casatorio. Esto quiere decir que, si bien el catálogo de excepciones no se ha visto incrementado por dicho Pleno Casatorio, lo que sí ha hecho posible la Corte Suprema es albergar en nuestro ordenamiento procesal un nuevo supuesto para presentar la excepción de transacción que, como se dijo, ahora no solo se hace en base a la transacción judicial homologada por el juez, sino también en base a la transacción extrajudicial que celebran las partes resolviendo su conflicto de intereses, antes de iniciarse un proceso. En cuanto a los efectos, en ciertos casos el amparo de excepción solo generará la suspensión del proceso, pues el defecto es perfectamente subsanable. En otros en cambio, por el mérito de la excepción amparada el proceso debe concluir. Los supuestos de suspensión y de conclusión del proceso por razón de excepciones amparadas aparecen taxativamente establecidos por la norma procesal en su artículo 451, lo que puede graficarse de la siguiente manera:

Incompetencia (*)

-

Representación insuficiente del demandado

-

Falta de agotamiento de la vía administrativa

-

Falta de legitimidad para obrar del demandante

- Litispendencia -

Cosa juzgada

-

Desistimiento de la pretensión

-

Conclusión del proceso por conciliación o transacción

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

EFECTOS DEL AMPARO DE LAS EXCEPCIONES -

CAP. I

CAP. VI

Concluyen el proceso

- Caducidad -

Prescripción extintiva

-

Convenio arbitral

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CAP. VII

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

-

Incapacidad del demandante o de sus representantes

-

Representación defectuosa o insuficiente del demandante en el proceso

-

Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda

-

Falta de legitimidad para obrar del demandado

Suspenden el proceso

* Según el artículo 451 inciso 6 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.° 30293, si se ampara la excepción de incompetencia se debe: “Remitir los actuados al juez que corresponda, si se trata de la excepción de incompetencia. En el caso de la excepción de incompetencia territorial relativa, el juez competente continúa con el trámite del proceso en el estado en que este se encuentre y si lo considera pertinente, aun cuando la audiencia de pruebas hubiera ocurrido, puede renovar la actuación de alguno o de todos los medios probatorios, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50. En los demás casos el juez debe proceder a emplazar nuevamente con la demanda”.

Podríamos afirmar que las excepciones, tratándose de vicios insubsanables, no serían necesarias si el juez al momento de calificar la demanda identifica aquellos defectos que puedan determinar el rechazo liminar de la demanda. Sin embargo, como ello no siempre es factible, queda a consideración del emplazado proponer la excepción que estime luego de haber sido notificado con una demanda defectuosa en relación a los presupuestos procesales. Es evidente que el juez solo puede filtrar y controlar de oficio aquellos defectos que la norma le permite, en el caso nuestro, los supuestos previstos en el artículo 427 del Código. En los demás supuestos puede actuar a pedido de parte, lo que normalmente suele hacerse mediante una excepción. Ciertamente que la proposición de la excepción sí es obligatoria en los casos que los defectos no pueden ser controlados de oficio por los jueces al no existir precepto legal que se los autorice. Ocurre esto, por ejemplo, en los casos de incompetencia territorial prorrogable, prescripción extintiva y convenio arbitral. 88

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Por último, conforme lo expone Véscovi podemos decir que la excepción es una vía para obtener la nulidad, como lo son los recursos o la acción de nulidad en proceso autónomo. Esta tesis es correcta porque efectivamente algunos defectos, los insubsanables, solo generan la nulidad de todo lo actuado por insaneables.

CAP. I

1.2. Las excepciones en el Código Procesal Civil El artículo 446 de nuestro ordenamiento procesal civil establece las excepciones que se pueden proponer dentro del proceso. Esta disposición establece lo siguiente: Artículo 446. El demandado solo puede proponer las siguientes excepciones:

CAP. II

CAP. III

1. Incompetencia; 2. Incapacidad del demandante o de su representante; 3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado;

CAP. IV

4. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda; 5. Falta de agotamiento de la vía administrativa; 6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado;

CAP. V

7. Litispendencia; 8. Cosa juzgada; CAP. VI

9. Desistimiento de la pretensión; 10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción; 11. Caducidad; 12. Prescripción extintiva; y,

CAP. VII

13. Convenio arbitral. INSTITUTO PACÍFICO

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A continuación, pasaremos a comentar cada una de las excepciones enumeradas en el artículo citado. CAP. I

CAP. II

1. Incompetencia Esta excepción se relaciona con un presupuesto procesal de forma, y se presenta cuando el juez que no resulta competente para conocer la controversia. Los criterios para determinar la competencia del juez están predeterminados por la ley, y son los siguientes: - Materia - Cuantía

CAP. III

- Grado -

Territorio, que puede ser prorrogable o improrrogable

- Turno CAP. IV

Estos criterios están taxativamente recogidos en el artículo 35 del Código Procesal Civil, que establece: “Artículo 35.  La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción.”

CAP. V

CAP. VI

Entonces, de ser incompetente el juez, su actuación carece de validez, razón por la cual todo lo actuado en el proceso resulta nulo cuando se declara fundada la excepción de incompetencia. Nótese que ahora48, en virtud de las reglas del artículo 36 del Código aludido, el juez al declarar su incompetencia debe remitir lo actuado al órgano jurisdiccional que considere competente, de-

CAP. VII

48 Por modificación proveniente de la Ley N.° 30293, publicada el 28 de diciembre de 2014. 90

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

biendo este último observar las reglas del artículo 451 inciso 6 del mismo cuerpo legal, que establece: “Artículo 451. Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las excepciones enumeradas en el artículo 446, el cuaderno de excepciones se agrega al principal y produce los efectos siguientes: [...]

CAP. I

CAP. II

6. Remitir los actuados al juez que corresponda, si se trata de la excepción de incompetencia. En el caso de la excepción de incompetencia territorial relativa, el juez competente continúa con el trámite del proceso en el estado en que este se encuentre y si lo considera pertinente, aun cuando la audiencia de pruebas hubiera ocurrido, puede renovar la actuación de alguno o de todos los medios probatorios, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50. En los demás casos el juez debe proceder a emplazar nuevamente con la demanda”.

Sin perjuicio de lo señalado, aun cuando el demandado no presente la excepción de incompetencia, esta puede ser declarada de oficio por el mismo juez, sin importar el estado del proceso, tal como está establecido en el artículo 35 del Código Procesal Civil, debiendo precisarse que tal declaración oficiosa no opera únicamente cuando la incompetencia es por razón de territorio prorrogable, pues en este caso corresponde únicamente al demandado formular la denuncia respectiva vía excepción o vía contienda de competencia, como lo autoriza el artículo 38 del mismo Código, a saber:

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

“Artículo 38. Contienda de competencia La incompetencia territorial relativa puede ser invocada, excluyentemente, como excepción o como contienda. La contienda de competencia se interpone ante el juez que el demandado conside-

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re competente, dentro de los cinco días de emplazado y ofreciendo los medios probatorios pertinentes. El juez rechazará de plano la contienda propuesta extemporáneamente o cuando es manifiestamente improcedente o temeraria. Cuando la temeridad consista en la creación artificiosa de una competencia territorial, la parte responsable será condenada al pago del monto máximo de la multa prevista por el artículo 46, y el juez, de oficio o a pedido de parte, oficiará al Ministerio Público, de ser el caso.

CAP. I

CAP. II

Si el juez admite la contienda oficiará al juez de la demanda, pidiéndole que se inhiba de conocerla y solicitando, además, la remisión del expediente.

CAP. III

Con el oficio le anexa copia certificada del escrito de contienda, de sus anexos, de la resolución admisoria y de cualquier otra actuación producida. Adicionalmente al oficio, el juez de la contienda dará aviso inmediato por fax u otro medio idóneo”. (subrayado nuestro).

CAP. IV

2. Incapacidad del demandante o de su representante CAP. V

CAP. VI

Esta excepción se relaciona con el presupuesto procesal de la capacidad procesal. Entonces, mediante esta excepción se alega la falta de capacidad procesal del demandante o, de ser el caso, de su representante, para cuyo propósito es relevante analizar lo que implica la capacidad de ejercicio que regula el Código Civil. En efecto, si el representante no tiene capacidad de ejercicio, entonces tampoco tendrá capacidad procesal, lo que trae como consecuencia que todos los actos procesales que promueva no tengan eficacia jurídica, es decir no generarán ninguna consecuencia jurídica.

CAP. VII

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CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Para Monroy Gálvez49, esta ausencia de capacidad puede estar relacionada al hecho de que son menores de edad, han sido declarados incapaces o cualquier otra limitación que pueda generar que el demandado considere necesario presentar esta excepción.

CAP. I

3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. Esta excepción se centra en los defectos que podría tener la representación procesal, esto es en el requisito de la demanda y de la contestación referido a la identificación del representante, tal como se contempla en los artículos 424 y 442 del Código Procesal Civil. Existe representación defectuosa cuando el representante no tiene esa calidad, es decir no representa a la parte que dice representar. En cambio, existe representación insuficiente cuando el representante sí tiene la calidad de representante de la parte que dice representar, pero el problema –insuficiencia– se presenta porque no cuenta con la facultad expresa para ejercer determinado acto procesal, como por ejemplo demandar o contestar la demanda. Nótese que para ejercer la representación procesal debe satisfacerse el principio de literalidad que preceptúa el artículo 75 del mismo cuerpo legal. Es importante advertir que esta excepción solo debe ser presentada por el demandado, y nunca por el demandante, aun cuando se trate de la representación defectuosa o insuficiente del mismo demandado, y esto es así porque el artículo 446 del Código ha previsto como excepcionante únicamente al demandado, mas no al demandante.

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

49 Monroy Gálvez, Juan, “Las excepciones en el Código Procesal Civil” en Thémis N.° 27, p. 126. INSTITUTO PACÍFICO

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4. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

Su procedencia dependerá de si, efectivamente, las pretensiones propuestas son confusas o ambiguas. Tal como señala Monroy Gálvez, entonces se trataría de una afectación a los requisitos de la demanda50, la cual podría no haber sido advertida al momento de admitirla. La excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer a demanda que aparece prevista en el art. 446 inciso 4 del Código Procesal Civil, y tiene como efecto, una vez amparada mediante auto consentido o ejecutoriado, suspender el proceso hasta que el demandante subsane los defectos señalados en el auto resolutorio y dentro del plazo que este fije, según lo dispuesto en el inciso 3 del art. 451 del mismo Código. La excepción en estudio sirve para denunciar los defectos que pudiera detectar el demandado en relación a los requisitos de la demanda, lo que significa que procede en una diversidad de supuestos. A continuación citamos algunas referencias doctrinarias que ayudan a ilustrar los supuestos de procedencia de esta excepción. En relación a esta excepción Alsina dice51:

CAP. V

“También procede cuando la exposición de los hechos no es suficientemente clara o se omiten circunstancias que se consideran indispensables. Así, es admisible la excepción en la demanda por locación de servicios cuando no se precisa en qué época y dónde se prestaron; en la demanda por cobro de mercaderías si no se especifica la clase de estas y la época de su entrega”.

CAP. VI

CAP. VII

50 Ibídem. 51 Cit. Monroy Galvez, Juan, Temas de proceso civil, Librería Studium, Lima, 1997, p. 180. 94

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Monroy Gálvez menciona como un caso de amparo de la excepción, la falta de precisión respecto de la pretensión que se reclama (se pide indemnización sin precisar el monto que se demanda). Montero Aroca señala que en el proceso civil español, la excepción por defecto legal en el modo de proponer la demanda se refiere a la falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de la petición. Las aclaraciones o precisiones nunca podrán llegar a suponer que la demanda (o reconvención) se dirige contra personas distintas de las citadas ni que se altere la petición de modo sustancial. Las citas realizadas revelan algunos de los supuestos que permiten la proposición de esta excepción, pero es importante dejar establecido que tales supuestos pueden ser otros o distintos, siempre que se refieran a defectos vinculados a los requisitos de la demanda establecidos por el Código Procesal Civil.

5. Falta de agotamiento de la vía administrativa

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, como su nombre lo señala, se refiere a la falta en la cual incurre el demandante al iniciar el proceso sin antes haber concluido con el procedimiento administrativo señalado en la ley. La idea es que si la sede administrativa, según la ley, constituye una vía idónea para resolver la suerte de la pretensión procesal del demandante, primero debe agotarse esa vía, y si la insatisfacción continúa, entonces recién puede instaurarse el proceso judicial, por ser de ultima ratio.

CAP. V

CAP. VI

Esta excepción se relaciona con el interés para obrar, y como se dijo al momento de examinar este presupuesto procesal, cobra suma importancia en la etapa postulatoria, decayendo en las etapas sucesivas, en especial a la hora de sentenciar. CAP. VII

INSTITUTO PACÍFICO

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6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Esta excepción se relaciona con la legitimidad para obrar en tanto presupuesto procesal material. El artículo 446 del Código Procesal Civil no autoriza al demandante a plantear excepciones; entonces, estas excepciones deben ser presentadas únicamente por el demandado, quien puede señalar que el demandante no tiene legitimidad activa o que él mismo no tiene legitimidad pasiva. Recuérdese que la proposición de una excepción de esta naturaleza supone tener un buen conocimiento y control de la relación jurídica sustantiva (en los casos de legitimidad para obrar ordinaria) o de la disposición legal que establece quienes deben intervenir en el proceso (en los casos de legitimidad extraordinaria). Conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República, esta excepción podrá ser presentada en aquellos casos en los que bien quien demanda no sea el titular real de la pretensión que busca ver satisfecha mediante el proceso, o en todo caso, que no sea el único; o que el demandado no sea la persona que debe ser demandada por no ser parte de la relación jurídica sustantiva, o que no sea el único que debe ser demandado52. En otra jurisprudencia53 se señaló a la “[...] legitimidad para obrar como aquella identidad que existe entre la persona que la ley autoriza a solicitar la actividad jurisdiccional en resguardo de determinados derechos de tipo material, y la persona que interpone la demanda o a quien debe dirigirse la pretensión, en razón a que esta posesión resulta más coherente con la concepción de la acción o de la tutela jurisdiccional efectiva, según la cual para que se cumpla

CAP. VII

52 Casación N.° 1874-99-Ica del 23 de noviembre de 1999. 53 Casación N.° 589-2010-Lima, del 17 de enero de 2012. 96

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

con la legitimidad para obrar, bastará la afirmación de la existencia de la posición autorizada por la ley [...]”. La consecuencia directa de la presentación de esta excepción es que el juez no se pronuncie respecto a lo solicitado, es decir, el fondo del asunto, ya que aquel que demanda o es demandado no forma parte de la relación jurídica sustantiva, la cual da origen a la relación jurídica procesal.

CAP. I

CAP. II

7. Litispendencia Esta excepción se relaciona con el presupuesto del interés para obrar. Opera en aquellos en que se inicia un proceso idéntico a otro que se encuentra en curso.

CAP. III

La base legal de esta excepción se encuentra en los artículos 452 y 453 inciso 1 del Código Procesal Civil, que establecen lo siguiente: “Artículo 452. Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos”. “Artículo 453. Son fundadas las excepciones de litispendencia, […], cuando se inicia un proceso idéntico a otro:

CAP. IV

CAP. V

1. Que se encuentra en curso; […]”

Así, lo que se busca al interponer esta excepción, es impedir que se lleve a cabo un nuevo proceso idéntico a otro que se encuentra en curso, con lo cual se deja a buen recaudo el principio constitucional previsto en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución en virtud del cual “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional”. Entonces, lo que tenemos es una excepción que permite desarrollar los procesos de conformidad con el citado precepto constitucional. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VI

CAP. VII

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8. Cosa juzgada CAP. I

CAP. II

CAP. III

Esta excepción se relaciona con el interés para obrar, y se origina en el hecho que las decisiones emitidas por el órgano jurisdiccional buscan ser definitivas y, por lo tanto, dar por terminada la controversia que se ventila ante dicho órgano. La excepción de cosa juzgada permite que el demandado alegue que el interés bajo el cual el demandante inicia el proceso, ha sido completamente agotado en un proceso previo, razón por la cual, no puede iniciar un nuevo proceso para discutir los mismos hechos y las mismas pretensiones en contra del mismo demandado. La base legal de esta excepción también se encuentra en los artículos 452 y 453 inciso 1 del Código Procesal Civil, que establecen lo siguiente: “Artículo 452. Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos”.

CAP. IV

“Artículo 453. Son fundadas las excepciones de […] cosa juzgada, […], cuando se inicia un proceso idéntico a otro: 2. Que ya fue resuelto y cuenta con sentencia o laudo firme;

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

[…]”

Así, lo que se busca al interponer esta excepción, es mantener la seguridad jurídica impidiendo que se lleve a cabo un nuevo proceso idéntico a otro que ya fue resuelto mediante sentencia o laudo firme, con lo cual se deja a buen recaudo el principio constitucional previsto en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución en virtud del cual ninguna autoridad “[...] puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada”, con lo cual tenemos, también en este caso, una excepción que permite desarrollar los procesos de conformidad con el citado precepto constitucional. 98

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

9. Desistimiento de la pretensión Mediante esta excepción, que también se relaciona con el interés para obrar, el demandado comunica al juez que el demandante renunció definitivamente a continuar con un proceso iniciado previamente (anteriormente), contra el mismo demandado y con las mismas pretensiones. Así, aquel que presenta la excepción puede alegar que el demandante carece de interés para obrar, toda vez que al desistirse en el proceso anterior, agotó dicho interés. La base legal de esta excepción también se encuentra en los artículos 452 y 453 inciso 1 del Código Procesal Civil, que establecen lo siguiente:

CAP. I

CAP. II

CAP. III

“Artículo 452. Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos”. “Artículo 453.  Son fundadas las excepciones de […] desistimiento de la pretensión, […], cuando se inicia un proceso idéntico a otro:

CAP. IV

3. En que el demandante se desistió de la pretensión; […]” CAP. V

A su turno, el artículo 344 del Código Procesal Civil establece lo siguiente: Artículo 344. La resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión, produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad de la cosa juzgada. Este desistimiento no requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez revisar únicamente la capacidad de quien lo realiza y la naturaleza del derecho que sustenta la pretensión, teniendo en cuenta lo dispuesto sobre la improcedencia del allanamiento en lo que corresponda.

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CAP. VI

CAP. VII

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

Si el desistimiento no se refiere a todas las pretensiones o si solo es deducido por uno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él. En este último caso, debe tenerse presente lo dispuesto sobre litisconsorcio necesario. El desistimiento de la pretensión no obsta el trámite de la reconvención, que continuará ante el mismo juez, cualquiera que fuese su cuantía. De la comprensión de las disposiciones antes anotadas se tiene que, al igual que con la excepción de cosa juzgada, lo que se busca al interponer esta excepción, es mantener la seguridad jurídica impidiendo que se lleve adelante un nuevo proceso idéntico a otro que ya quedó resuelto, por mandato legal, con una sentencia de fondo firme y desestimatoria de la pretensión, dejándose por ende incólume el principio constitucional previsto en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución en virtud del cual ninguna autoridad “[...] puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada”, con lo cual tenemos, también en este caso, una excepción que permite desarrollar los procesos de conformidad con el citado precepto constitucional.

CAP. V

10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción.

CAP. VI

Estas excepciones también están referidas al interés para obrar que debe asistir a quien demanda. Es evidente que, al haberse definido la suerte de la pretensión procesal por acuerdo de las partes, vía conciliación o transacción, ante la autoridad competente, es decir, el órgano jurisdiccional, el demandante agotó su interés para obrar, sin que subsista la necesidad de recurrir al proceso judicial.

CAP. VII

Importa hacer notar que estas excepciones solo versan sobre derechos disponibles o patrimoniales, mas no sobre derechos indisponibles o extrapatrimoniales. 100

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Para estudiar estas excepciones es relevante cuidar las reglas siguientes del Código Procesal Civil: “Artículo 452. Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos”. “Artículo 453. Son fundadas las excepciones de […] cosa juzgada, […], cuando se inicia un proceso idéntico a otro:

CAP. I

CAP. II

4. En que las partes conciliaron o transigieron.”

También debe observarse las reglas del artículo 377 del mismo Código, donde se establece que “La transacción que pone fin al proceso tiene la autoridad de la cosa juzgada”. Así mismo, resulta pertinente observar lo previsto en el artículo 328, también del Código citado, donde se establece que “La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada”. Por ello, si la transacción y la conciliación generan cosa juzgada, entonces lo que se busca al interponer estas excepciones, es mantener la seguridad jurídica impidiendo que se lleve a cabo un nuevo proceso idéntico a otro que ya fue resuelto por acuerdo voluntario de las partes mediante transacción o conciliación, quedando a buen recaudo el principio constitucional previsto en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución en virtud del cual ninguna autoridad “[…] puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada”, con lo cual tenemos, también en este caso, dos excepciones que permite desarrollar los procesos de conformidad con el citado precepto constitucional. Es importante recordar, tal como se dijo anteriormente, que por efecto del Primer Pleno Casatorio Civil del año 2007, la excepción de transacción se puede sustentar con la denominada transacción judicial (homologada por el juez dentro del proceso, con lo cual se INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

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CAP. I

pone fin a dicho proceso), como con la denominada transacción extrajudicial (que no es homologada por ningún juez al no poner fin a ningún proceso en curso).

11. Caducidad

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Esta excepción se relaciona con el interés para obrar. La caducidad supone la pérdida del derecho y de la pretensión, tal como se desprende de lo previsto en el artículo 2003 del Código Civil donde se establece que “La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente”. La excepción de caducidad, se interpone ante una pretensión basada en un derecho que ha caducado. Esto quiere decir que el derecho que el demandante busca hacer efectivo a través del proceso se encuentra extinto. Así, al haber caducado el derecho, las pretensiones presentadas en la demanda carecen de fundamento, razón por la cual el proceso no debería continuar al no contar el demandante con interés para obrar, esto es ya no requiere de tutela jurisdiccional alguna. Ahora bien, corresponde al demandado interponer la excepción cuando considere que el transcurso del tiempo previsto en la ley, ha generado la caducidad del derecho que se busca hacer efectivo. Es importante tomar en cuenta también, que el juez puede, de oficio, declarar la caducidad del derecho, así como la improcedencia de la demanda durante su calificación, dando por terminado el proceso. Así se contempla en el artículo 427 del Código Procesal Civil.

12. Prescripción extintiva CAP. VII

Conforme a las reglas del artículo 1999 del Código Civil, “La prescripción extingue la acción pero no el derecho mismo”.

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CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Mediante esta excepción, el demandado busca que el juez declare que el demandante carece de interés para obrar debido a que su pretensión ha prescrito.

CAP. I

La falta de interés para obrar del demandante en este caso, se debe a que ha concluido el plazo que le concede la ley para hacer ejercicio de su derecho a solicitar que su pretensión sea satisfecha. Debe recordarse que tratándose de la prescripción extintiva, corresponde al demandado denunciar este hecho mediante la excepción de su propósito, no pudiendo el juez basarse en ella para decidir la controversia. Así se contempla en el artículo 1992 del Código Civil, donde se establece que “El juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada”.

CAP. II

CAP. III

13. Convenio arbitral La excepción de convenio arbitral, que también se relaciona con el interés para obrar, puede ser presentada por el demandado en contra de aquel que lo demande, siempre y cuando haya convenido con este que ante cualquier controversia que se presentara entre ellos, se llevaría ante un tribunal arbitral. Así, si alguna de las partes del convenio arbitral iniciara un proceso judicial en contra de la otra, la parte afectada podría interponer esta excepción, ya que lo que se busca a través de esta defensa de forma es proteger lo convenido y llevar el proceso por la vía idónea para ser resuelto. No obstante, debe recordarse que de no presentarse la excepción de convenio arbitral, se entiende que ha habido renuncia tácita al arbitraje, quedando entonces plenamente válido el proceso judicial. Así lo establece el artículo18 del Decreto Legislativo N.° 1071, a saber:

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CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

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“Artículo 18. Renuncia al arbitraje. La renuncia al arbitraje será válida solo si se manifiesta en forma expresa o tácita. Es expresa cuando consta en un documento suscrito por las partes, en documentos separados, mediante intercambio de documentos o mediante cualquier otro medio de comunicación que deje constancia inequívoca de este acuerdo. Es tácita cuando no se invoca la excepción de convenio arbitral en el plazo correspondiente, solo respecto de las materias demandadas judicialmente.” (el subrayado es nuestro nuestro)

CAP. I

CAP. II

1.3. La praxis judicial sobre algunas excepciones CAP. III

CAP. IV

Para entender mejor una institución jurídica es valioso acudir a la práctica judicial. Por ello, solo con carácter ilustrativo, y para provocar una labor reflexiva, en este apartado nos dedicamos a describir la práctica judicial, en relación a algunas excepciones y a sugerir ideas para tomar decisiones adecuadas respecto a ellas, que siempre van más allá de la literalidad de la norma. A) Derecho de defensa y excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda

CAP. V

CAP. VI

Respecto a esta excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, el punto concreto que abordaremos está relacionado con el derecho de defensa del demandado luego que el demandante, al haberse declarado fundada dicha excepción, subsana los defectos de su demanda, a fin de determinar si tal derecho de defensa es o no respetado en el proceso judicial. § La práctica procesal y judicial

CAP. VII

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La presencia de esta y cualquier otra excepción en el proceso presupone, como es obvio, que la demanda ha sido admitida y notificada a la parte demandada, significando tal hecho, en principio, que la misma no tiene defectos de ninguna índole im-

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

peditivos del establecimiento de una correcta y válida relación jurídica procesal.



Sin embargo, como no siempre ocurre ello, la ley procesal provee al demandado de herramientas o instrumentos para denunciar la existencia de defectos, siendo una de ellas precisamente las excepciones, con las cuales se hace notar al juzgador que la demanda que él ha admitido tiene defectos. Así las cosas, una vez propuesta la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, es puesta en conocimiento del demandante para que la absuelva, luego de lo cual la excepción es resuelta por el juez en el estadio procesal respectivo, y según la vía procedimental en la que se desarrolla el proceso.

El iter procesal de todas las excepciones en cuanto a las ­oportunidades de su proposición (art. 447 del CPC), de absolución por parte del demandante y de resolución judicial (art. 449 del CPC), aparece claramente descrito en el texto legal. En los procesos de cognición –conocimiento, abreviado y sumarísimo– la proposición, absolución y resolución de una excepción ocurre antes del saneamiento procesal. Igual ocurre en el proceso único de ejecución cuando se formula contradicción, tal como se desprende de lo preceptuado en el artículo 690 E del Código Procesal Civil54.

La norma contenida en el art. 451, inciso 3, del Código Procesal Civil preceptúa que el amparo de la excepción de oscuridad

54 Artículo 690 E. Trámite Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas previas, se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de tres días proponiendo los medios probatorios pertinentes. Con la absolución o sin ella, el juez resolverá mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta. INSTITUTO PACÍFICO

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o ambigüedad en el modo de proponer la demanda genera la suspensión del proceso hasta que el demandante subsane los defectos señalados en el auto resolutorio.

CAP. I



Sin embargo, la norma procesal no señala qué paso debe dar el juez una vez que el demandante presenta su escrito de subsanación. No dice si debe resolver inaudita parte o correr traslado de la misma o actuar de otra forma. No hay nada al respecto. Sí existe norma expresa para el supuesto en que el demandante no cumpla con subsanar los defectos, en cuyo caso se declara la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. En lo cotidiano, de la práctica judicial se ha advertido que la subsanación que hace el demandante es calificada únicamente por el juez, quien determina inaudita parte si cumplió o no con subsanar los defectos. Es decir, conforme a esta tendencia, los jueces deciden sin correr traslado a la parte contraria, y si consideran que se han subsanado los defectos, prosiguen con el desarrollo del proceso conforme a su estado, lo que podría significar la declaración de validez de la relación jurídica procesal.



Esta práctica judicial, reiteramos, no tiene referente normativo alguno, pues en estricto el Código no regula tal extremo, es decir no señala qué debe hacerse cuando el demandante presenta su escrito de subsanación.



Esta ausencia de regulación puntual no debe dar pie a la realización de procedimientos de cualquier tipo. Sea cual fuere el que se adopte, debe ser ante todo respetuoso del derecho de



Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el juez lo estime necesario, señalará día y hora para la realización de una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única. Si no se formula contradicción, el juez expedirá un auto sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución. (Artículo incorporado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N.° 1069, publicado el 28 de junio de 2008).

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defensa de la parte contraria. Esta exigencia no puede ni debe ser entendida como una propuesta de creación de mayores trámites y pasos que los previstos en el Código. Consideramos por el contrario que cuando el Código no prevé norma para algún trámite o procedimiento específico, corresponde adoptar uno garantista del derecho de defensa de las partes, pues en caso contrario la invalidez de lo actuado puede aparecer en forma evidente.





Como se dijo, si el juez entiende que el demandante ha subsanado los defectos, prosigue el proceso según su estado. Ello significa que debe pasarse, si corresponde, a la etapa de saneamiento procesal y de allí a las siguientes hasta adoptar la decisión final. Creemos que esta práctica judicial no es la más correcta, porque cuando el demandado propone la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, debe enseguida proceder a contestar la demanda, pues los plazos procesales siguen su curso normal. Se ilustra esta idea con lo que sucede en los procesos sumarísimo o único de ejecución, donde el demandado o contradictor para excepcionar y contestar la demanda tiene el mismo plazo legal. Demostrado está entonces que aun cuando la demanda es oscura o ambigua, el demandado se ve obligado a contestar, como ocurre en la práctica, pues existe el riesgo de quedar desfavorecida su posición procesal si no lo hace; incluso, en los procesos donde cabe la declaración de rebeldía podría exponerse a la posibilidad del juzgamiento anticipado del proceso si el juez estima que se dan los supuestos regulados en el art. 461 del Código Procesal Civil. Así entonces, surgen estas preguntas elementales: si se declara fundada la excepción porque la demanda era oscura o ambigua, ¿Qué ha contestado el demandado? ¿Podríamos sostener razo-

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nable y válidamente que el demandado ha tenido oportunidad de defenderse frente a la demanda dirigida en su contra? Estimamos que la respuesta no es favorable. Y no lo es porque cuando el demandante subsana los defectos de su demanda, procediendo a aclararla y desterrándola de oscuridades o ambigüedades, el demandado ya contestó la demanda, vale decir, se defendió respecto a una demanda oscura o ambigua. No podría sostenerse que ejerció debidamente su derecho de defensa; al contrario, cabría presumir indefensión, la misma que se hace más evidente cuando el juez decide inaudita parte dar por subsanados los defectos en virtud del escrito presentado por el demandante, y continuar el proceso conforme a su estado, incluyendo y dando por “válida” y bien hecha, por supuesto, la contestación de una demanda oscura o ambigua.

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Si ambiguo es aquello “que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas”, ¿podemos afirmar razonablemente que cuando el demandado contesta una demanda que luego se determina como ambigua, ha tenido la oportunidad de ejercer correctamente su derecho de defensa?



Así mismo, si oscuro significa “sin conocimiento de algo, sin comprender lo que se oye o se lee”, ¿podemos responder afirmativamente la pregunta anterior? Parece que la respuesta obvia es negativa. Si seguimos las concepciones de ambos vocablos concluiremos que el demandado al contestar una demanda oscura o ambigua se defiende frente a una demanda que se entiende de varios modos o admite distintas interpretaciones o es dudosa; o se defiende sin comprender lo que leyó en la demanda.



Por eso la importancia de reparar en situaciones como las que nos ocupa, pues la rutina y el pragmatismo puro pueden provocar efectos letales sobre los derechos e intereses de una de

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las partes en el proceso, cuestión que siempre debe evitarse. La preocupación es mayor si consideramos que en los procesos judiciales es frecuente que las partes a través de sus escritos de subsanación de defectos con motivo de esta excepción suelen, bajo pretexto de aclarar la oscuridad o ambigüedad, introducir precisiones sobre temas principales o accesorios vinculados a pretensiones, hechos, medios probatorios, etc. Basta tomar uno de estos temas para apuntalar esta idea. En efecto, si esta excepción permite denunciar defectos referidos a la pretensión (es decir el objeto del proceso sobre el que debe dictarse la decisión final que zanje la controversia respecto al fondo del asunto), una eventual aclaración o precisión de la pretensión podría de hecho generar cambios importantes, haciéndose necesario para la defensa, por aplicación del principio de igualdad procesal, contar con la oportunidad de formular los descargos que estime. Una cosa es defenderse respecto a una pretensión indemnizatoria basada en responsabilidad contractual y otra muy distinta cuando se trata de responsabilidad extracontractual, siendo relevante para esta idea, por ejemplo, el tema de la carga de probar, que como todos sabemos es distinta en una y otra forma de responsabilidad civil.

Ni imaginar lo que puede ocurrir cuando vía aclaración o precisión el demandante indica que la pretensión que inicialmente propuso como principal en verdad es subordinada, y que esta es la principal, o que la alternativa en verdad es subordinada o viceversa.



Cuestión parecida podría ocurrir cuando en virtud de esta excepción el demandante procede a aclarar el punto o hecho controvertido sobre el que declarará el testigo que propone.



En suma, el manejo rutinario y cotidiano de esta excepción, y el trámite que se da al escrito de subsanación de defectos que hace

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el demandante, merecen la mayor atención y reflexión para lograr su correcta aplicación y la tutela procesal efectiva en toda su extensión.

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§ Sugerencias

Para superar los problemas que se han mencionado en relación a la excepción de oscuridad o ambigüedad, podrían adoptarse en nuestro concepto dos medidas, a saber:



Una de carácter normativo, mediante la cual el legislador regule la materia analizada, estableciendo qué procedimiento debe seguirse ante la subsanación de defectos de la demanda con motivo del amparo de la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Para esta idea citamos como un referente al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, donde incluso se establece que no corre el plazo para contestar la demanda con motivo de excepciones de esta naturaleza, que ahí, como en otros países, se llama de defecto legal en el modo de proponer la demanda, y que una vez subsanado el defecto se notifica al demandado para que conteste la demanda en el mismo plazo originario, es decir como si recién se le hubiese notificado la demanda. Dicha fuente de legislación comparada ha sido revisada en el afán de encontrar una solución para el caso peruano en relación al tema que nos ocupa, fuente que en todo caso debiera servir como una referencia en la eventual implementación de la medida sugerida. Es verdad que en otras legislaciones, como la española, tampoco existe regulación puntual sobre el tema que abordamos en este trabajo; mas ello no debe significar, desde nuestro modesto punto de vista, que las cosas deban quedar como están ahora. Abogamos por su regulación normativa, quizá sin suspensión del plazo para contestar la demanda, pero debe establecerse un procedimiento legal para proteger el derecho de defensa. Frente a la

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posibilidad abierta de vulneración del derecho de defensa en el proceso, corresponde tomar medidas prudentes para evitar su materialización.





En tanto no haya norma, debe variarse la práctica y tendencia descrita en las líneas anteriores, donde el juez opta por calificar inaudita parte el escrito de subsanación de la demanda y continúa el proceso si estima que los defectos han sido subsanados. La variación consistiría en que antes de proseguir con las siguientes etapas del proceso, debe notificarse al demandado con el escrito de subsanación a fin de que exprese lo conveniente a su derecho. De esta forma la igualdad procesal habrá sido restaurada y el derecho de defensa respetado a cabalidad. No debe olvidarse que el art. III del Título Preliminar CPC consagra el principio de integración de la norma procesal en casos de vacío o defecto, debiendo en tal caso recurrirse a los principios generales del derecho procesal, a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso. Estas dos propuestas, u otras que pudieran encontrarse, se justifican ampliamente por la sencilla razón de que cuando se declara fundada la excepción en análisis y se da por subsanados los defectos de la demanda, esta queda constituida por el escrito originario y el escrito de subsanación, que normalmente se hace después de contestada la demanda. Si ello es así, por aplicación del principio de igualdad procesal, lo razonable, justo y ético es que la contestación también sea la sumatoria del escrito originario de contestación y el que se presente con motivo del escrito de subsanación del demandante. De persistir y mantenerse la práctica actual descrita, queda claro y sin lugar a dudas que en todos estos casos se está promoviendo por los jueces y tolerando por las partes y abogados, tal vez inadvertidamente, indefensión en el proceso.

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De esta forma, la preconizada tutela jurisdiccional efectiva vuelve a ser un mero discurso, como siempre alejado y extraño a los justiciables.



Se impone entonces una rápida corrección, la misma que debe ser liderada por los jueces y alentada por los propios justiciables y sus abogados, pues interesa a la justicia misma que así se haga. Naturalmente que el legislador también tiene que asumir su responsabilidad y legislar sobre el tema en comentario.



En apoyo a estas ideas, y como otra opción, las propias partes y sus abogados podrían solicitar en forma preventiva a los jueces que luego de dar por subsanado los defectos se les corra traslado del escrito de subsanación para expresar lo que estimen pertinente. Si bien puede señalarse que esto importaría consumir mayor tiempo en el proceso, creemos que esté argumento es inoponible si se advierte el sacrificio del derecho de defensa.



De esta forma la construcción de procesos respetuosos del derecho de defensa y el debido proceso legal se convierte en una corresponsabilidad de las partes y operadores jurídicos, compromiso que el propio Código alienta.

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Demandante subsana

Demandante no subsana

Juez da por subsanado

Continua el proceso

Nulo y concluido el proceso (artículo 451 CPC)

* Esta es la práctica judicial que debe evitarse, toda vez que el juez da por subsanados los defectos sin oír a la parte demandada, afectando con ello su derecho de defensa y generando desigualdad en el proceso, en la medida que la demanda está conformada por el escrito originario y el escrito de subsanación y la contestación solo por el escrito originario.

Se suspende el proceso (artículo 451 inc 3 CPC)

Fundada la excepción de oscuridad o ambigüedad

TRÁMITE DEL AMPARO DE LA EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD O AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA

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114 Traslado al demandado

Con este trámite se respeta el derecho de defensa y la igualdad procesal.

Demandante subsana

Juez resuelve Continúa el proceso

Concluye el proceso si no se han subsanado los defectos

CAP. II

Fundada la excepción de oscuridad o ambigüedad

SUGERENCIA DE TRÁMITE SI SE AMPARA LA EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD O AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA

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LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

B) Falta de agotamiento de la vía administrativa Con esta excepción se da cuenta de la falta de interés para obrar del demandante. Si bien, el artículo 451 inciso 5 del Código Procesal Civil establece que al ampararse una excepción de esta naturaleza, el proceso concluye, nada impide que pueda volver a demandarse, pues se trata de una excepción perentoria simple. Para efectos de un adecuado manejo de esta excepción, interesa remitirnos a la uniforme doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el no agotamiento de los recursos internos por parte de quienes acuden a la justicia supranacional. Para ilustrar esta doctrina citamos la parte pertinente de dos casos de distinta fecha y país, a fin de dar cuenta de su uniformidad.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

B.1. Perú-caso Castillo Páez: excepciones preliminares (sentencia de 30 de enero de 1996) “[...]

CAP. IV

37. El Gobierno opone dos excepciones preliminares: falta de agotamiento de la jurisdicción interna e inadmisibilidad de la demanda. En los puntos a y b siguientes se resume la posición del Gobierno respecto de las mismas. CAP. V

[...] 39. La Corte considera que las dos excepciones planteadas deben ser examinadas conjuntamente, pues ambas se apoyan esencialmente, en la falta de agotamiento de los recursos internos, en los términos de los artículos 46.1.a) de la Convención y 37 del Reglamento de la Comisión. 40. La Corte estima necesario destacar que, en relación con la materia ha establecido criterios que deben tomarse en consideración en este caso. En efecto, de los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, a los cuales refiere la INSTITUTO PACÍFICO

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regla del agotamiento de los recursos internos resulta, en primer lugar, que la invocación de esa regla puede ser renunciada en forma expresa o tácita por el Estado demandado, lo que ya ha sido reconocido por la Corte en anterior oportunidad (v. Asunto Viviana Gallardo y otras, (decisión de 13 de noviembre de 1981 h N.º G 101/81. Serie A. párr. 26). En segundo término, que la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna. Debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado. En tercer lugar, que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y la prueba de su efectividad (Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C N.º 1. párr. 88; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C N.º 2. párr. 87; Caso Godínez Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987 Serie C N.º 3. Párr. 90; Caso Ganaran Panday. Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C N.º 12, párr. 38 y Caso Neira Alearía v otros. Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991. Serie C N.º 13, párr. 30). (subrayado nuestro)

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

41. La Corte considera, asimismo, de acuerdo con los criterios citados anteriormente, que el Gobierno estaba obligado a invocar de manera expresa y oportuna la regla de no agotamiento de los recursos internos para oponerse válidamente a la admisibilidad de la denuncia ante la Comisión Interamericana, presentada el 16 de noviembre de 1990, sobre la desaparición del señor Ernesto Rafael Castillo Páez.

CAP. VI

42. Si bien es verdad, que en los escritos presentados por el Gobierno ante la Comisión durante la tramitación del asunto se señalaron, entre otros datos, el desarrollo de los procesos de

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hábeas corpus y el de naturaleza penal relacionados con la desaparición del señor Ernesto Rafael Castillo Páez, sin embargo, este no opuso de manera clara en las primeras etapas del procedimiento ante la comisión la excepción de agotamiento de los recursos internos, pues solo fue invocado de manera expresa tal hecho, en el informe preparado por el equipo de trabajo presentado por el Gobierno ante la comisión el 3 de enero de 1995, en respuesta al Informe 19/94 aprobado por la misma Comisión el 26 de septiembre de 1994, que sirvió de apoyo a la demanda ante esta Corte. 43. De lo anterior se concluye que, al haber alegado el Gobierno extemporáneamente el no agotamiento de los recursos internos requerido por el artículo 46.1.a) de la Convención para evitar que fuere admitida la denuncia en favor del señor Ernesto Rafael Castillo Páez, se entiende que renunció tácitamente a invocar dicha regla. 44. En la audiencia pública sobre excepciones preliminar celebrada por esta Corte el 23 de septiembre de 1995, al contestar una pregunta formulada por el juez Antonio Cangado Trindade, el agente de Perú dejó claro que solamente en una etapa posterior del proceso ante la Comisión, se indicó, de manera expresa la cuestión del agotamiento de los recursos internos. En efecto, en los escritos anteriores (inclusive el de 3 de octubre de 1991) presentados ante la comisión, solo se hecho alusión al desarrollo de los procesos mencionados, lo que en concepto de esta Corte es insuficiente para tener por interpuesta la excepción respectiva, ya que, como se ha dicho puede ser renunciada expresa o tácitamente por el Gobierno en favor del cual existe; y habiendo sido renunciada tácitamente la excepción por el Gobierno, la Comisión no podía posteriormente tomarla en consideración de oficio.

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45. Por las razones anteriores debe ser desestimada la primera de las excepciones opuestas. Por lo que respecta a la segunda también debe desecharse por las mismas consideraciones, ya que ambas se formulan, como antes se dijo (supra 39), con idéntica motivación.

CAP. I

[...]” CAP. II

B. 2. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam: Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Sentencia del 28 de noviembre de 2007) “[...]

CAP. III

E) Quinta Excepción Preliminar No agotamiento de los recursos 41. El Estado de Surinam afirmó que las presuntas víctimas no promovieron ni agotaron los recursos legales internos, los cuales el Estado considera que son adecuados y efectivos. El Estado argumentó que existen varias disposiciones dentro del Código Civil de Surinam que proveen recursos legales efectivos, a saber, los artículos 1386, 1387, 1388, 1392 y 1393. Asimismo el Estado alegó que existe un recurso legal efectivo bajo el artículo 226 del Código Procesal de Surinam que establece ‘un proceso sumarísimo’ para aquellos casos que requieren una urgencia inmediata. El Estado afirmó que las presuntas víctimas eligieron no agotar todos estos recursos legales disponibles en la legislación interna antes de presentar la demanda ante la Comisión. Además, el Estado sostuvo que el hecho de que la petición presentada ante el Presidente de la República según el artículo 41.2 de la Ley de Gestión Forestal no tuviera un resultado favorable, ello de por sí no demuestra la falta de recursos internos, ni indica que los peticionarios agotaron todos los recursos efectivos que estaban disponibles.

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42. En el presente caso, las presuntas víctimas reconocieron que no agotaron los recursos internos mencionados por el Estado supra. Por el contrario, sostuvieron que dichos recursos eran inadecuados e inefectivos para tratar las cuestiones presentadas ante esta Corte. En cambio, las presuntas víctimas presentaron cuatro peticiones al estado relacionadas con el presente caso: se presentaron dos peticiones al Presidente de Surinam en los términos del artículo 41.1 (b) de la Ley de Gestión Forestal de 1992 y otras dos conforme al artículo 22 de la Constitución de Surinam de 1987 que reconoce el derecho de peticionar ante las autoridades públicas. Ninguno de estos reclamos formales obtuvo una respuesta. Por ello, la cuestión gira en torno a sí las presuntas víctimas deberían haber agotado, adicional o simultáneamente, los recursos internos mencionados por el Estado. 43. La Corte ya ha desarrollado pautas claras para analizar una excepción de presunto incumplimiento del agotamiento de los recursos internos. Primero, la Corte ha interpretado la excepción como una defensa disponible para el Estado y, como tal, que puede renunciarse a ella, ya sea expresa o tácitamente. Segundo, a fin de que la excepción de no agotamiento de los recursos internos sea oportuna, debe alegarse en la primera actuación del Estado durante el procedimiento ante la Comisión; de lo contrario, se presume que el Estado ha renunciado tácitamente a presentar dicho argumento. Tercero, la Corte ha afirmado que el Estado que presenta esta excepción debe especificar los recursos internos que aún no se han agotado y demostrar que estos recursos son aplicables y efectivos. (subrayado nuestro). 44. El Estado alegó por primera vez la cuestión acerca del agotamiento de recursos internos en su cuarta comunicación en el procedimiento ante la Comisión y no especificó explícitamente, cuales recursos internos no habían sido agotados por las presuntas víctimas. En una actuación posterior, de fecha 23 de mayo de 2003, el Estado, hizo referencia a la existencia ‘varios INSTITUTO PACÍFICO

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artículos del Código Civil de Surinam [...] sobre los cuales los peticionarios habrían podido promover una acción”. Se refirió, en particular, a los artículos 1386, 1387, 1388, 1392 y 1393 de su Código Civil. En la contestación a la demanda ante la Corte, el Estado alegó adicionalmente la supuesta falta de agotamiento del recurso interno disponible bajo el artículo 226 de su Código Civil. La Corte nota que el Estado no alegó, en la primera actuación ante la Comisión, que las presuntas víctimas no agotaron los recursos internos supuestamente disponibles bajo los artículos 226, 1386, 1387, 1388, 1392 y 1393 del Código Civil. Por lo tanto, la Corte considera que el Estado ha implícitamente renunciado a su derecho de cuestionar la admisibilidad del caso sobre la base del presunto no agotamiento del recurso interno disponible bajo dichos artículos del Código Civil. La Corte, por ello, desestima la quinta excepción preliminar en relación con la falta de agotamiento de recursos internos.

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[...]”. CAP. IV

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Mutatis mutandi, la enseñanza que podemos extraer de la doctrina de la Corte Interamericana es que tratándose de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, su proposición debe ocurrir en la primera oportunidad, esto es mediante la excepción y no en etapas distintas, pues ella es renunciable expresa o tácitamente. Además debe evaluarse la efectividad de la vía administrativa para definir la pretensión planteada, pues si no es así, no tiene sentido reenviar al justiciable a que agote dicha vía, peor aún en los casos en que en sede judicial el ente administrativo encargado de resolver niega la pretensión del demandante. En sintonía con lo anterior, podemos citar el precedente del Tribunal Constitucional contenido en el Expediente N.° 1417- 2005PA/TC, que establece:

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“[...] 120

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55. Por otra parte, en aplicación del principio pro actione que impone al juez intepretar los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más favorezca el derecho de acceso a la jurisdicción, en los supuestos en los que en el expediente de amparo obre escrito en el que la Administración contradiga la pretensión del recurrente, el juez del contencioso administrativo, no podrá exigir el agotamiento de la vía administrativa. (subrayado nuestro)

En efecto, dado que la finalidad de la interposición de le recursos administrativos de impugnación consiste en darle oportunidad a la propia Administración de revisar su actuación o reevaluarla y, en su caso, disponer el cese de la vulneración del derecho, sería manifiestamente contrario al principio de razonabilidad y al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, exigir el agotamiento de la vía administrativa en los casos en los que resulta evidente que la propia Administración se ha ratificado en la supuesta validez del acto considerado ilegal. (subrayado nuestro)

56. Por el contrario, los expedientes de amparo en los que no sea posible verificar si la Administración se ha o no ratificado en torno a la supuesta validez del acto considerado atentatorio de los derechos previsionales que no configuran el contenido directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, no serán remitidos al juez del contencioso administrativo, pues dado que en estos supuestos es plenamente exigible el agotamiento de la vía administrativa prevista en el artículo18 de la Ley N.° 27584, los recurrentes deberán agotarla para encontrarse habilitados a presentar la demanda contencioso administrativa. 57. En todo caso, es deber del juez del contencioso administrativo, aplicar el principio de favorecimiento del proceso, previsto en el inciso 3) del artículo 2 de la Ley 27584, conforme al cual: INSTITUTO PACÍFICO

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‘Principio de favorecimiento del proceso. El juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa.



Asimismo, en caso de que el juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma’

CAP. I

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[...]”

2. La nulidad procesal como defensa de forma CAP. III

CAP. IV

CAP. V

Como veremos con este tema de la nulidad, no siempre es posible utilizar la excepción procesal para denunciar un defecto en los presupuestos procesales, por no existir en la ley una excepción pertinente, o porque tratándose de un defecto insubsanable, simplemente puede denunciarse su presencia en cualquier momento procesal, a pesar de haber excepción para ello que no haya sido utilizada. Previamente a lo anterior, examinaremos algunas cuestiones generales acerca de la nulidad procesal, las mismas que se justifican en aras de su cabal comprensión.

2.1. ¿El pedido de nulidad procesal es un recurso? 2.1.1. Introducción CAP. VI

Es frecuente leer u oír comentarios sobre decisiones judiciales que desestiman los pedidos de nulidad que se formulan contra resoluciones judiciales, en base a argumentos siguientes: -

CAP. VII

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No cabe la nulidad contra resoluciones sino solo contra actos procesales que no son tales.

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LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

-

No pueden sustituirse los recursos que franquea la ley, debiendo apelarse y no pedirse la nulidad de una resolución.

- Tratándose de una resolución debe necesariamente apelarse por contener esta implícitamente el pedido de nulidad. -

CAP. I

El pedido de nulidad solo es una maniobra dilatoria que el Código repudia, etc.

Decisiones de esta índole desestiman los pedidos de nulidad y como es obvio dejan de resolver el tema que sustenta la nulidad, al que ya no se refieren por estimar que está mal propuesto. Es decir, resuelven basándose en un “error” del justiciable. Solo nos circunscribiremos a analizar si el pedido de nulidad es o no un recurso de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, pues en su faceta de remedio no se advierte discrepancia en la praxis judicial.

2.1.2. Los medios impugnatorios en el Código Procesal Civil Más allá de compartir o no la posición adoptada por nuestro Código Procesal Civil, lo cierto e innegable es que este clasifica a los medios impugnatorios en remedios y recursos, estableciendo que los primeros se dirigen contra actos procesales no contenidos en resoluciones y los segundos, contra actos procesales contenidos en resoluciones. El Código contempla disposiciones generales aplicables a todos los medios impugnatorios y disposiciones especiales para los recursos. Pero también regula el tema de la nulidad procesal en sección aparte, incluyendo dentro de ella a todos los actos procesales, sean o no resoluciones. En consecuencia, la comprensión del tema en estudio no se logra mediante una lectura aislada de estas disposiciones, sino de su consideración sistemática e integral. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

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En relación a los recursos, la disposición general contenida en la segunda parte del artículo 35655 del Código establece que pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de esta, se subsane el vicio o error alegado. De esta disposición general aplicable a todos los medios impugnatorios se extrae que para impugnar debe haber agravio; y que el nuevo examen puede realizarlo el mismo órgano jurisdiccional que expidió la resolución u otro superior, mas no puede entenderse que el nuevo examen solo corresponde a este último, pues el Código no lo establece así. Favorece esta conclusión la disposición contenida en el artículo 17656 del Código que autoriza a plantear la nulidad en la primera oportunidad que tuviera el perjudicado antes de la 55 Clases de medios impugnatorios. Artículo 356. Los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. La oposición y los demás remedios solo se interponen en los casos expresamente previstos en este Código y dentro de tercer día de conocido el agravio, salvo disposición legal distinta. Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de esta, se subsane el vicio o error alegado. 56 Oportunidad, trámite y de oficio Artículo 176. El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia. Sentenciado el proceso en primera instancia, solo puede ser alegada expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. En el primer caso, el juez resolverá previo traslado por tres días; en el segundo, la Sala Civil resolverá oyendo a la otra parte en auto de especial pronunciamiento o al momento de absolver el grado. Las nulidades por vicios ocurridos en segunda instancia, serán formuladas en la primera oportunidad que tuviera el interesado para hacerlo, debiendo la sala resolverlas de plano u oyendo a la otra parte. Los jueces solo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda. 124

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sentencia, pues luego de ella solo cabe apelar. Es evidente que antes de la sentencia significa, que se debe formular el pedido ante el juez que va a sentenciar y no ante el superior. Esta misma disposición prevé que la nulidad por vicios ocurridos en segunda instancia se formula en la primera oportunidad, debiendo la sala resolver de plano u oyendo a la otra parte. Otra vez el Código indica que el pedido de nulidad se propone ante el órgano jurisdiccional donde ocurre el vicio, quien debe resolverlo. Suponer lo contrario, esto es que siempre debe apelarse y no pedir la nulidad, implicaría poner al justiciable ante un imposible jurídico cuando el proceso está en segunda instancia pues aquí no cabe plantear apelación. Es más, el artículo 176, última parte, permite a los jueces (término general comprensivo de los jueces de todas las instancias del proceso) declarar de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda. Así, sí pueden declararla de oficio, con mayor razón a pedido de parte, esto es vía recurso de nulidad.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

En esta línea el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 6348-2008-AA/TC ha expresado que: “[...]

CAP. V

9. Que la declaración de nulidad de oficio se fundamenta en la potestad nulificante del juzgador y que ha sido recogida en la parte final del artículo 176 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente conforme lo prevé el  artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, potestad entendida como aquella facultad conferida a los jueces en forma excepcional para declarar la nulidad aun cuando no haya sido invocada, si se tiene en consideración que el acto viciado puede alterar sustancialmente los fines del proceso o ha alterado la decisión recaída en él.

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CAP. VI

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10. Que el artículo 176 in fine del Código Procesal Civil señala: Los jueces solo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda y que la doctrina uniformemente está de acuerdo que la nulidad procesal declarada de oficio presupone que el acto procesal viciado no sea posible de convalidación y que su procedencia solo se justifica en la protección de las garantías constitucionales del proceso, siendo una de las más importantes el respeto al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

CAP. I

CAP. II

11. Que habiéndose incurrido en un vicio en la resolución, emitida en el expediente N.º 8230-2006-PA/TC, de fecha 10 de julio de 2007, se concluye que este vicio es insubsanable al no haber cumplido con su finalidad toda vez que de acuerdo al estado del proceso correspondía pronunciarse sobre el fondo de la pretensión constitucional, afectándose con ello la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, razones por las que este Colegiado considera menester declarar nula la referida resolución y proceder de inmediato a señalar nueva fecha para la vista de la causa y posterior pronunciamiento de fondo.

CAP. III

CAP. IV

[...]”. (añadido nuestro)

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

Entonces, de acuerdo a lo anotado no es válido sostener que para cuestionar una resolución afectada de nulidad solo deba apelarse, pues de ser así resultaría inaplicable la disposición citada en cuanto permite plantear la nulidad antes de la sentencia, (evidentemente ante el juez de primera instancia) y peor aún la nulidad en segunda instancia, además de implicar una interpretación equivocada de la segunda parte del artículo 356. Quienes entienden que la nulidad solo es un remedio (nunca un recurso) y que por ende no puede plantearse contra resoluciones judiciales, parecen estimar equivocadamente que la revisión de toda 126

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

resolución siempre debe hacerla el superior, verdad que es atendible tratándose de la apelación o casación, mas no del recurso de reposición (donde la revisión o reexamen la hace el mismo juez que expidió el decreto) y menos del pedido de nulidad, que también corresponde al mismo órgano jurisdiccional. Es por ello, que no existe duda que conforme a la normatividad del Código Procesal Civil, el pedido de nulidad también constituye un recurso cuando se dirige contra una resolución que a juicio del nulidiscente le causa agravio. En este caso, la revisión o reexamen debe hacerla el mismo órgano jurisdiccional que expidió la resolución57. La conclusión antes citada se confirma con lo establecido en el artículo 382 del Código Procesal Civil, a saber:

CAP. I

CAP. II

CAP. III

Apelación y nulidad.Artículo 382. El recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, solo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada. 57 “[...]. Si bien es cierto existe jurisprudencia y opinión de diversos autores que consideran que el pedido de nulidad no puede ser substanciado como un recurso independiente o autónomo al de apelación, abordaremos el problema bajo la hipótesis de que sí es posible deducir un pedido de nulidad como recurso, a fin de demostrar la improcedencia de la nulidad contra el auto admisorio aún en estas circunstancias. De esta manera, el considerar que la nulidad puede ser formulada como recurso impropio, nos lleva a concluir necesariamente que su utilización será alternativa al del recurso de apelación, pues conforme a lo establecido en el artículo 382 del Código Procesal Civil, el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad. Sin embargo, resulta indispensable comprender que los motivos de la impugnación en el denominado recurso de nulidad pueden ser distintos a los motivos de la apelación. En efecto, como es de pleno conocimiento, la nulidad es un remedio o sanción establecida ante vicios o errores in procedendo (no ante errores in iudicando) cuando la irregularidad no pueda ser convalidada, subsanada o conservada. Meza Apolín.,Dante cit., p. 60 (subrayado nuestro) INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. IV

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CAP. I

CAP. II

Esta disposición deja apreciar con suma claridad que la nulidad también es un recurso, al decir que el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad. Hubiera sido incorrecto y reiterativo que se dijera que el recurso de apelación contiene el recurso de nulidad. Si se hubiera hecho, la redacción sería errónea, y eso es lo que se ha evitado, quedando siempre vigente la idea de que también existe entre nosotros el recurso de nulidad.

2.2. Finalidad del recurso de nulidad Conforme a la doctrina, los recursos tienen por finalidad la revocación de una resolución o su rescisión.

CAP. III

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CAP. V

CAP. VI

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En el primer caso se discuten los criterios fijados en la resolución cuestionada, es decir, se impugna por estimar que se trata una resolución injusta. En cambio, en el segundo se discuten los requisitos de validez de la resolución, es decir que desde el punto de vista del nulidiscente la resolución en cuestión no surte efectos jurídicos por no reunir los requisitos legales para generar consecuencias jurídicas. Así se entiende también a partir de las reglas del artículo 382 del Código Procesal Civil cuando establece que “El recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, solo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada”. En efecto, de esta disposición se extrae como idea válida que el recurso de nulidad se sustenta en vicios relativos a la formalidad de la resolución, vale decir a los requisitos de validez que aparecen establecidos por ejemplo en los artículos 12258 y 50 del citado Código Procesal. 58 Contenido y suscripción de las resoluciones Artículo 122. Las resoluciones contienen: 1. La indicación del lugar y fecha en que se expiden; 2. El número de orden que les corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expiden. 128

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Lo que se quiere entonces es que el mismo órgano jurisdiccional revise si tales defectos existen o no, debiendo dictar nueva resolución si se ampara la nulidad o desestimarla si no existen los defectos denunciados. Desde esta perspectiva el pedido de nulidad procesal no debe entenderse como un medio dilatorio, sino como una herramienta para corregir vicios con prontitud, lo que parece explicar y justificar: por qué debe plantearse ante el mismo juez que

CAP. I

CAP. II



3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; (Inciso 3 modificado por el artículo 1 de la Ley N.º 27524, publicada el 06-10-2001). 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; (Inciso 4 modificado por el artículo 1 de la Ley N.º 27524, publicada el 06-10-2001). 5. El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso; 6. La condena en costas y costos y, si procediera, de multas; o la exoneración de su pago; y, 7. La suscripción del juez y del auxiliar jurisdiccional respectivo. La resolución que no cumpliera con los requisitos antes señalados será nula, salvo los decretos que no requerirán de los signados en los incisos 3., 5. y 6., y los autos del expresado en el inciso 6. La sentencia exigirá en su redacción la separación de sus partes expositiva, considerativa y resolutiva. En primera y segunda instancias así como en la Corte Suprema, los autos llevan media firma y las sentencias firma completa del juez o jueces, si es órgano colegiado. Cuando los órganos jurisdiccionales colegiados expidan autos, solo será necesaria la conformidad y firma del número de miembros que hagan mayoría relativa. Los decretos son expedidos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su firma completa, salvo aquellos que se expidan por el juez dentro de las audiencias.

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CAP. III

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CAP. V

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CAP. I

CAP. II

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CAP. IV

CAP. V

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dictó la resolución. A lo dicho hay que añadir que es absolutamente válido que el propio juez corrija este tipo de errores, sin que sea necesario esperar que lo haga siempre por orden superior, cuestión que en nuestro medio representa un tiempo sumamente considerable al hacerse en virtud de la apelación. Naturalmente que si el justiciable agraviado opta por apelar con fundamento de nulidad (en lugar de formular exclusivamente nulidad ante el mismo órgano jurisdiccional), la revisión se circunscribirá a evaluar si la resolución cuestionada reúne o no los requisitos de validez, mas el empleo de esta opción no debe significar que solo cabe apelar y nada más. La idea de que corresponde a los mismos Jueces revisar sus resoluciones cuando se cuestionan los requisitos de validez, fluye nítidamente de lo preceptuado por el propio Código en su artículo 176, última parte, al permitirles declarar de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada reponiendo el proceso al Estado que corresponda. Esto se explica porque los jueces de manera permanente deben realizar la profilaxis del proceso y si en esa tarea encuentran actos procesales (resoluciones) con vicios insubsanables solo les queda invalidarlos, decisión que también pueden adoptar a pedido de parte. Igual opción podría ocurrir en relación a los vicios subsanables, donde la revisión de la resolución por ciertos defectos asociados a su validez se realiza siempre a pedido de parte, debiendo el juez amparar o desestimar dicho pedido, para cuyo efecto cuenta con el valioso e importante auxilio de los principios que rigen la nulidad procesal, con los que podría conservar el acto procesal cuestionado, pues la declaración de nulidad es siempre la última alternativa, la misma que normalmente se toma cuando se lesiona el debido proceso legal o el derecho de defensa de las partes.

CAP. VII

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CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Esta conclusión guarda concordancia con lo indicado por Maurino59, quien afirma “Que la finalidad de las nulidades procesales es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio. Con suma claridad, Hugo Alsina ilustra este propósito mediante la fórmula ʻdonde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad’”.

CAP. I

2.3. Principios que rigen la nulidad procesal Los principios que rigen la nulidad procesal y que aparecen recogidos en el Código Procesal Civil son los siguientes:

CAP. II

1. Principio de legalidad o de especificidad De acuerdo a este principio la nulidad solo se sanciona por causa prevista en la ley. Corresponde a la máxima pas de nullite sans texte, esto es no hay nulidad sin texto legal expreso60. Dicho principio aparece recogido en el artículo 171 del Código Procesal Civil, a saber:

CAP. III

CAP. IV

“Principio de Legalidad y Trascendencia de la nulidad Artículo 171. La nulidad se sanciona solo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, este será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito”.

CAP. V

CAP. VI

De las reglas de esta disposición se puede apreciar que en su primer párrafo contempla tanto a la nulidad expresa como a la nuli59 Maurino, Luis Alberto, Nulidades Procesales, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 37. 60 Véscovi, Enrique, Teoría general del proceso, cit., p. 303. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VII

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

dad implícita. El primer caso se presenta cuando la nulidad está expresamente prevista en la ley (por ejemplo, la previsión del artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, que sanciona con nulidad la falta de motivación de la resolución), y el segundo caso cuando no obstante no está expresamente sancionada la nulidad en la ley, debe declararse esta, siempre que se verifique la omisión de formalidades esenciales y que violen las garantías fundamentales del proceso. Mientras que el segundo párrafo de la misma disposición contempla el principio de finalidad de las formas, en virtud del cual debe conservarse el acto procesal a pesar de haberse realizado con formalidad distinta de la prevista en la ley, siempre que el acto procesal haya cumplido su propósito o finalidad.

2. Principio de trascendencia CAP. IV

Conforme a este principio no hay nulidad sin agravio. Corresponde a la máxima pas de nullité sans grief. Este principio ha sido recogido en el artículo 174 del Código Procesal Civil del siguiente modo: Interés para pedir la nulidad

CAP. V

Artículo 174. Quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, acreditará interés propio y específico con relación a su pedido.

CAP. VI

De acuerdo a estas reglas, quien formula nulidad debe acreditar: - El perjuicio que le ocasiona un acto procesal viciado. - La indefensión directa que dicho acto le ocasiona. - El interés propio y específico (sujeto legitimado).

CAP. VII

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CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

3. Principio de convalidación Véscovi61 dice que “Las razones de seguridad y certeza del derecho, que se manifiestan de modo especial en el proceso, y el instituto de la cosa juzgada hacen, [...], que se aplique el principio de convalidación de las nulidades, de manera que transcurrida una etapa, no se puede volver al anterior (principio de preclusión procesal). Y cuando todas las etapas se han cerrado (sentencia definitiva, cosa juzgada), se precluye la posibilidad de reclamar contra todas las nulidades”. Conforme a lo dicho, este principio permite dejar vigente y con plenos efectos jurídicos actos procesales viciados, por razones de seguridad y de certeza del derecho. Aparece recogido en los tres primeros párrafos del artículo 172 del Código Procesal Civil, a saber:

CAP. I

CAP. II

CAP. III

“Principios de Convalidación, Subsanación o Integración Artículo 172. Tratándose de vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución. Hay también convalidación cuando el acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para la que estaba destinado. Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo.

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

[...]”

Como se aprecia de la disposición transcrita, la convalidación opera en los siguientes supuestos previstos en la norma: CAP. VII

61 Véscovi, Enrique. Teoría general del proceso, cit., p. 305. INSTITUTO PACÍFICO

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-

Cuando a pesar de los vicios en la notificación, el litigante se comporta demostrando tener pleno conocimiento de la resolución.

-

Cuando a pesar de que el acto procesal no cumple determinada formalidad, cumple su finalidad.

CAP. I

CAP. II

- Cuando el nulidiscente no plantea la nulidad en la primera oportunidad. -

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

Siguiendo las mismas reglas de la disposición aludida podemos decir que la convalidación puede ser expresa (en el primer supuesto), y tácita (en el tercer supuesto).

4. Principio de subsanación Acorde con este principio, debe conservarse el acto procesal viciado en la medida que su subsanación no hará variar el sentido de la resolución o del acto procesal viciado. En efecto, resulta por demás lógico que por cuestiones meramente formales se anule una resolución o un acto procesal viciado, regresando a etapas anteriores del proceso, si con ello no se cambiará lo que se cuestiona, es decir se mantendrá los términos de la resolución o del acto procesal viciado. Sería como volver para no cambiar, y eso no tiene ningún sentido. Dicho principio está recogido en el artículo 172, párrafo cuarto, del Código Procesal Civil en los siguientes términos: “Principios de Convalidación, Subsanación o Integración

CAP. VI

Artículo 172. [...] No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal.

CAP. VII

[...]”. 134

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Este principio es sumamente valioso para salvar y conservar la eficacia jurídica de actos procesales viciados, siempre que con ello no se afecte el derecho de defensa de las partes ni el debido proceso legal, prevaleciendo como se dijo, la conservación del acto procesal a pesar del defecto62. A continuación se presenta un caso donde la segunda instancia aplicó este principio63:

CAP. I

CAP. II

“[...] ATENDIENDO: LAS RESOLUCIONES APELADAS PRIMERO: vienen en apelación las resoluciones N.° 03 y N.° 04 (auto final);

CAP. III

SOBRE LA RESOLUCIÓN N.° 03: ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL COLEGIADO. CAP. IV

SEGUNDO: la resolución N.° 03 ha rechazado liminarmente la contradicción propuesta por la recurrente; TERCERO: en la apelación de fojas 118-120 la ejecutada alega en lo esencial que: i) la apelada no ha corrido traslado de su contradicción, considerando erróneamente que no es factible invocar la inexigibilidad parcial de la obligación, lo que sí está permitido por el artículo 690-D del Código Procesal Civil; ii) las sumas demandadas ya han sido amortizadas parcialmente, lo que demuestra su intención de honrar la deuda, haciendo presente que el banco demandante está agregando sumas excesivas al capital y a los intere-

62 En los anexos se encontrará una resolución superior aplicando este principio de subsanación. En esta resolución se señala que a pesar de no haberse admitido a trámite la contradicción, subsiste la validez de la resolución impugnada. 63 La resolución obra en los anexos. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. V

CAP. VI

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ses; y, iii) la resolución N.° 04 (auto final) se ha dictado sin basarse en sus fundamentos y pruebas ofrecidas en la contradicción; CUARTO: el escrito de contradicción de la ejecutada obra a fojas 70-71. Allí señala que las liquidaciones del crédito hipotecario y del pagaré contienen montos menores a los señalados en el petitorio de la demanda. Añade que no desea deslindarse de la deuda, sino que quiere financiarla y/o conciliar a efecto de cumplir con ella y según sus posibilidades. Ofrece como únicos medios de prueba las liquidaciones presentadas por el banco demandante para el mutuo hipotecario y el pagaré a la vista;

CAP. I

CAP. II

QUINTO: la demanda de ejecución de autos persigue el pago de la deuda derivada de un mutuo hipotecario, de un pagaré a la vista, y de una letra de cambio a la vista;

CAP. III

SEXTO: la contradicción de la recurrente solo objeta las obligaciones del mutuo y del pagaré (más no de la letra de cambio a la vista), y en ambos casos ha dicho que la deuda es menor. Sin embargo, la alegación de la apelante no tiene sustento alguno, no solo porque su dicho se basa en las liquidaciones que ha presentado el mismo banco demandante, sino porque tales liquidaciones no constituyen los títulos ejecutivos de autos, en base a los cuales se ha promovido este proceso. Por tanto, aun asumiendo que la contradicción debió admitirse a trámite, como lo refiere la apelante, dicha omisión no afecta la validez de la apelada, ya que de acuerdo a lo que se expone en esta resolución, resulta carente de sustento que se anule la apelada para tramitar una defensa estéril, lo que nos permite concluir que debe confirmarse la apelada, todo ello en atención a las reglas del principio de subsanación que rige la nulidad procesal, recogido en el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil que establece: “No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal.”;

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

SÉTIMO: Así entonces, debe confirmarse la resolución N.° 03;

CAP. VII

[...]”. 136

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Como se verifica de la resolución aludida, el órgano de segunda instancia advirtió que aun bajo la idea de que fue un error no tramitar la contradicción de la parte ejecutada, aplicando el principio de subsanación, optó por conservar la eficacia de la resolución apelada en vista que la contradicción no se ajustaba a las reglas que el Código le impone. En suma, no basta comprobar que se ha cometido un error para invalidar una resolución o acto procesal, sino que debe evaluarse si dicho error justifica o no esa invalidez, para cuyo efecto debe agotarse el uso de los principios.

CAP. I

CAP. II

5. Principio de integración Permite salvar la validez de resoluciones o actos procesales viciados, como consecuencia de haberse omitido un determinado aspecto de ellos. Este principio está regulado en el artículo 172, párrafo quinto, del Código Procesal Civil en los siguientes términos:

CAP. III

CAP. IV

“Principios de Convalidación, Subsanación o Integración Artículo 172 [...] CAP. V

El juez puede integrar una resolución antes de su notificación. Después de la notificación pero dentro del plazo que las partes dispongan para apelarla, de oficio o a pedido de parte, el juez puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. El plazo para recurrir la resolución integrada se computa desde la notificación de la resolución que la integra.

CAP. VI

El juez superior puede integrar la resolución recurrida cuando concurran los supuestos del párrafo anterior”. CAP. VII

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CAP. I

CAP. II

Las reglas aludidas autorizan, tanto al juez de primera como de segunda instancia, a salvar –de oficio o a pedido de parte– las omisiones en que se incurrieron en el dictado de una resolución, sea sobre asuntos principales o accesorios, poniendo como único límite que ello se haga antes de que la resolución haya sido recurrida. Ahora bien, tratándose de la integración a cargo de la segunda instancia, también es relevante y pertinente considerar las reglas del artículo 370 del Código Procesal Civil al establecer: “El juez superior [...], puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa”.

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Por ende, la segunda instancia tiene como supuesto impuesto por la Ley, que solo puede integrar la resolución en la medida que la omisión en primera instancia se haya producido en la parte decisoria, más no en la parte considerativa. En efecto, si en la parte considerativa aparece el análisis que ha hecho el juez de primera instancia sobre el punto principal o secundario omitido, es perfectamente posible que la segunda instancia integre el extremo omitido en la parte decisoria, lo que puede hacer sin causar indefensión ni afectación al debido proceso legal en vista que ya se conoce el razonamiento judicial de primera instancia. En cambio, si en la parte considerativa de la resolución emitida en primera instancia, no obra idea ni análisis alguno respecto del punto principal o accesorio omitido (es decir, no se conoce el razonamiento judicial), no cabe aplicar por la segunda instancia, el principio de integración, al prohibirlo la disposición del artículo 370. A continuación se presenta un caso donde la segunda instancia aplicó este principio64:

CAP. VII

64 La resolución obra en los anexos. 138

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

“AUTOS Y VISTOS: [...] CAP. I

La resolución apelada. PRIMERO: viene en grado de apelación la resolución N.° 12 (auto final) de fojas 296-308 que declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar, e infundada la contradicción; ordenando llevar adelante la ejecución; SEGUNDO: dicha resolución ha sido apelada por las dos demandadas. A fojas 307-308 obra la apelación de la ejecutada XXX, y a fojas 313-316 obra la apelación de la coejecutada Inmobiliaria S.A.C.;

CAP. II

CAP. III

Sobre la apelación de la coejecutada XXX. TERCERO: en la apelación se acusa de incongruencia a la apelada, en la medida que pese a sostenerse en la parte considerativa que la coejecutada XXX no ha suscrito los títulos ejecutivos (escrituras públicas) a título personal, sino como representante de la empresa demandada, motivo por el cual se indica que es fundada la excepción de falta de legitimidad pasiva que propuso, sin embargo, en la parte resolutiva se manifiesta que dicha excepción es infundada; CUARTO: revisando la sentencia apelada se aprecia que la excepción de falta de legitimidad pasiva que propuso la recurrente ha sido analizada en los fundamentos 4 a 6, concluyéndose en este último que ‘Lo claro y concreto es que la referida coejecutada no ha asumido obligación crediticia alguna derivada de los referidos títulos ejecutivos por cuanto ha intervenido en dichas escrituras públicas en calidad de de representante legal de la empresa coejecutada, por lo que la excepción deducida debe ser amparada’ (sic). QUINTO: no obstante ello, en la parte resolutiva de la sentencia se declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar; INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

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SEXTO: como puede advertirse, hay una evidente incongruencia entre los fundamentos y razones de la parte considerativa y lo indicado en la parte resolutiva, en cuanto a la excepción que postuló la apelante, más este defecto no invalida la apelada en este extremo, en vista que de acuerdo a las reglas de los principios de subsanación (artículo 172 párrafo cuarto del Código Procesal Civil) y de integración (artículo 370 párrafo primero del Código Procesal Civil), dicho vicio puede salvarse sin afectar derecho alguno de las partes, debiendo entonces integrarse la apelada en este extremo;

CAP. I

CAP. II

SETIMO: por tanto, conforme a la sentencia apelada, la única excepción que deviene infundada es la que ha sido propuesta por la empresa coejecutada, esto es la excepción de falta de legitimidad para obrar activa;

CAP. III

[...]”.

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Otra vez, la resolución en estudio muestra la importancia de los principios de la nulidad procesal, y deja en claro que su declaratoria es de ultima ratio. Si en el caso en estudio, en base al error cometido en la apelada, se hubiera declarado su nulidad, además de poner en evidencia el mal uso de los principios de la nulidad, se genera la dilación indebida del proceso.

6. Principio de protección Conforme a este principio, en materia procesal, también rige la doctrina de los actos propios. Corresponde a la máxima nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que significa: nadie puede alegar su propia torpeza. Está regulado en el artículo 175 numeral 1 del Código Procesal Civil en los siguientes términos:

CAP. VII

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CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

“Inadmisibilidad o improcedencia del pedido de nulidad Artículo 175. El pedido de nulidad será declarado inadmisible o improcedente, según corresponda, cuando:

CAP. I

1. Se formule por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al vicio; [...]”

CAP. II

Por tanto, si el supuesto perjudicado con la resolución o acto procesal viciado, es quien ha dado lugar a ello, no puede valerse de su propia conducta procesal para luego favorecerse con la nulidad que él mismo ha provocado. Naturalmente, tratándose de la doctrina de los actos propios, su aplicación no corresponde a supuestos de nulidad absoluta o inconvalidables. Así lo entiende también Castillo Freire al señalar que “No cabe duda de que el primer gran tema en donde se cuestiona de una manera radical la posibilidad de aplicar esta teoría es aquel en el cual nos encontramos en presencia de un acto jurídico nulo, en cuya validez creyeron, al momento de su celebración, ambos contratantes. En ese sentido, es posible que luego de celebrado el acto, una de la partes sostenga o invoque tal nulidad, lo que podría ser interpretado como una conducta contradictoria de esta parte. Sin embargo, dicha teoría resulta inaplicable cuando se trata de actos jurídicos nulos de pleno derecho, incapaces de ser convalidados o subsanados por actividades de los sujetos intervinientes”65.

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

2.4. Resoluciones objeto del recurso de nulidad Es importante dejar establecido contra qué resoluciones se puede poner en práctica el discurso hasta ahora reseñado. Por descarte 65 Castillo Freyre, Mario y Rita Sabroso Minaya, La teoría de los actos propios y la nulidad ¿regla o principio de derecho?, Lima, 2008, p. 2. Véase en: < http://bit.ly/1KnIlWF >. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VII

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

diremos que por regla general no procede plantear exclusivamente el recurso de nulidad contra sentencias ni contra autos finales, en cuyo caso debe interponerse el recurso de apelación con fundamento de nulidad cuando se considere que la resolución carece de requisitos de validez. Lo dicho se desprende de lo preceptuado en el artículo 176 del Código Procesal cuando señala que una vez sentenciado el proceso en primera instancia el pedido de nulidad debe alegarse en el escrito de apelación, y de la prescripción contenida en el artículo 382 del mismo Código cuando establece que “el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, solo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada”. Tampoco procede contra sentencias o autos finales que serán materia del recurso de casación, debiendo interponerse este recurso y no el de nulidad, sin que obste en contrario que a través de la casación con reenvío se logre la nulidad de una resolución por la causal de infracción normativa procesal, como lo establecen las reglas del artículo 39666 del Código. Asimismo, tratándose de los decretos, lo que corresponde es el recurso de reposición más no el de nulidad.

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

66 “Artículo 396. Sentencia fundada y efectos del recurso Si la Sala Suprema declara fundado el recurso por infracción de una norma de derecho material, la resolución impugnada deberá revocarse, íntegra o parcialmente, según corresponda. También se revocará la decisión si la infracción es de una norma procesal que, a su vez, es objeto de la decisión impugnada. Si se declara fundado el recurso por apartamiento inmotivado del precedente judicial, la Corte procederá conforme a lo indicado en el párrafo anterior, según corresponda a la naturaleza material o procesal de este. Si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante, la Corte casa la resolución impugnada y, además, según corresponda: 1. Ordena a la Sala Superior que expida una nueva resolución; o 142

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

En consecuencia, de manera general, lo que queda como evidente es que el recurso de nulidad sí está expedito para cuestionar los autos que no son finales, es decir los interlocutorios o de trámite, que como todos sabemos pueden expedirse dentro de las diferentes etapas del proceso, incluyendo la de ejecución. Entonces, allá donde se expida un auto no final que carezca de requisitos de validez puede plantearse el pedido de nulidad debiendo, el mismo órgano jurisdiccional, resolver favorable o desfavorablemente, mas no eludir esta función so pretexto de errores del justiciable, conducta que lesiona la tutela jurisdiccional efectiva. Lo dicho no se enerva si el justiciable decide apelar (con fundamento de nulidad), pues es su derecho emplear el recurso que estime, es decir tomar una de las alternativas que el Código le ofrece, la nulidad o la apelación. Es relevante para el tema planteado que se considere la naturaleza de los vicios denunciados, es decir si son subsanables o insubsanables, pues de ello depende la oportunidad de presentación. En efecto, si el vicio es subsanable, debe presentarse la nulidad en la primera oportunidad, mientras que si es insubsanable no es condición la primera oportunidad, pues como su nombre lo sugiere esta nulidad no se convalida y puede pedirse en cualquier oportunidad con resultados exitosos si se acredita su viabilidad67. 2. anula lo actuado hasta la foja que contiene la infracción inclusive o hasta donde alcancen los efectos de la nulidad declarada, y ordena que se reinicie el proceso; o 3. anula la resolución apelada y ordena al juez de primer grado que expida otra; o 4. anula la resolución apelada y declara nulo lo actuado e improcedente la demanda. En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional respectivo.” 67 A modo de ejemplo citamos los casos de incompetencia absoluta previstos en el artículo 35 del CPC que autoriza al juez a declarar de oficio su incompetencia en cualquier estado y grado del proceso. Podría funcionar también en los casos de cosa juzgada, litispendencia, etc. donde INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

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2.5. Vicios que motivan el recurso de nulidad CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

El Código establece un conjunto de requisitos para la validez de las resoluciones judiciales, conforme se advierte de su artículo 122. Entonces, para que una resolución cualquiera sea válida y genere efectos jurídicos debe satisfacer los requisitos de validez que establece dicho artículo; a contrario sensu, será nula por mandato legal, a no ser que se salve y conserve por aplicación de los principios regulados en los artículos 171 y siguientes del mismo Código que, repetimos, se vinculan a las nulidades subsanables. Conforme a la doctrina, estos requisitos de validez no solo se refieren a la forma, como normalmente se considera, sino que también abarcan el contenido del acto procesal (resolución), es decir, la capacidad, finalidad y objeto68. Lo anotado es correcto en la medida que todo acto procesal en el fondo no es otra cosa que una especie del acto jurídico en general, y en consecuencia, todos los requisitos de validez de este deben verificarse en el acto jurídico procesal. Entonces para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas procesales deben satisfacerse los requisitos de validez del acto jurídico. De acuerdo a lo expuesto, no queda duda que si se considera que la resolución carece de alguno de los requisitos de validez previstos en la ley, lo que corresponde es pedir la nulidad de dicha resolución, a fin de que el propio juez corrija el vicio en caso de ampararla o desestimarla. Para abundar en la validez de esta conclusión, citamos el caso de nulidad absoluta que el Código Procesal Civil establece en su arsin duda alguna el pedido de nulidad será exitoso, a pesar de no constituir la primera oportunidad. 68 Berizonce, Roberto, Estudios de nulidades procesales, Hamurabi, Buenos Aires, 1980. 144

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

tículo 50 inciso 669, en relación a los autos y sentencias que carecen de fundamentación. Por tanto, si se expidiera por ejemplo un auto no final sin motivación alguna, será nulo ipso iure, por qué es jurídicamente imposible que una resolución judicial inmotivada genere efectos jurídicos, salvo claro está que se trate de un decreto. Ahora, si se dictara una sentencia sin motivación, lo que corresponde es la apelación con fundamento de nulidad, tal como permite el artículo 382 del mismo Código.

CAP. I

CAP. II

2.6. La nulidad como defensa de forma ante la falta de excepción Para este tema resulta relevante lo previsto en el artículo 454 del Código Procesal Civil, que establece lo siguiente:

CAP. III

“Improcedencia de la excepción como nulidad Artículo 454. Los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlas como excepciones”.

CAP. IV

Esta disposición nos ofrece las siguientes normas: - Los hechos que configuran excepciones deben ser alegados vía excepción. - Los hechos que no configuran excepciones deben ser alegados vía nulidad.

CAP. V

Entonces, el artículo 454 del Código Procesal Civil prohíbe al demandado proponer la nulidad si existe excepción para tal efecto. 69 “Deberes Artículo 50. Son deberes de los Jueces en el proceso: [...] 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. [...]”. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VI

CAP. VII

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CAP. I

Ahora bien, por interpretación a contrario de esta disposición, es fácil colegir que si la ley no establece la excepción para ciertos hechos, se puede alegar la nulidad como defensa de forma. Así lo entiende también Monroy Gálvez70 al sostener:

CAP. II

“Como ya se expresó, siendo la excepción el otro nombre que toman las defensas de forma, lo que estas denuncian puede también ser atacado a través de un pedido de nulidad, en vía impugnatoria. El artículo 454 impide que el demandado que pudo deducir una excepción se la reserve maliciosamente y después, con el mismo sustento, pida una nulidad”.

CAP. III

Estos casos se pueden presentar en las causales de improcedencia de la demanda que pasamos a citar:

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

-

Falta de interés para obrar.

-

Petitorio físicamente imposible.

-

Petitorio jurídicamente imposible.

-

Falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio.

En efecto, si verificamos cuáles son las excepciones que establece el artículo 446 del Código Procesal Civil advertiremos que no existen excepciones puntuales y específicas para denunciar estos defectos procesales insubsanables, razón que justifica la proposición de nulidad como el mecanismo idóneo para poner fin a un proceso con algún tipo de estos defectos. Asumir una posición contraria equivaldría a obligar al demandado a soportar un proceso iniciado con defectos insubsanables, simplemente porque el ordenamiento procesal no contempla la excepción pertinente, lo que en verdad resulta absurdo. 70 Monroy Gálvez, Juan, “La postulación del Proceso en el Código Procesal Civil”, en Análisis del Código Procesal Civil, Cultural Cuzco, Lima, 1994, p. 283. 146

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Nuevamente, resulta importante hacer notar que en relación a esta idea del trabajo (nulidad a falta de excepción), no existe criterio pacífico en la doctrina, pues como se dijo anteriormente, hay quienes sostienen que deben proponerse las defensas de forma innominada71. Nosotros participamos de la idea de presentar la nulidad a partir de una interpretación a contrario del artículo 454 del Código Procesal Civil (como también lo entiende Monroy Gálvez), a lo que podemos agregar que las defensas de forma innominadas generan, en caso de ser exitosas, la nulidad de todo lo actuado. Así entonces, si generan esa consecuencia jurídica, no vemos inconveniente en usar la terminología de nulidad para proponer esta defensa de forma. En cualquier caso, reiteramos que, sea que se utilice el pedido de nulidad o el pedido de improcedencia de la demanda, el efecto es el mismo, esto es, se anula todo lo actuado. En la línea de la nulidad como defensa de forma para protestar respecto a los presupuestos procesales ubicamos a Eduardo Gandulfo R72, quien analizando un caso judicial de su país sostiene lo siguiente: “En tal sentido, la nulidad procesal puede ser enfocada, tal y como lo hace la sentencia del caso ‘Quezada Arias con Farías Lauri’, es decir, como un remedio para la grave cuestión de afectarse los pre71 “En consecuencia, podemos concluir en que el pedido de nulidad no resulta ser un medio de impugnación adecuado (y por lo tanto es improcedente), para cuestionar los errores en la verificación de los presupuestos procesales y condiciones de la acción, en la medida que esos errores no constituyen errores de procedimiento (in procedendo) que permitirían deducir la nulidad, sino que, constituirían errores de juicio (in iudicando)”. Apolín Meza, Dante, cit., p. 60. 72 Gandulfo R. Eduardo, “Presupuestos procesales y su decaimiento en los juicios personalísimos. la capacidad procesal en el caso ʻQuezada Arias con Farías Lauri’”, cit., pp. 281-299. INSTITUTO PACÍFICO

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supuestos procesales. Por lo tanto, la nulidad, como institución, en parte también está al servicio de este grave problema. Esto implica que como un todo, todas sus regulaciones implícitas y explícitas deben ser referidas, en cuanto sean pertinentes a dicha solución. Ahora bien, si consideramos al art. 234 inc. 4 CPC como un ejemplo de solución a los problemas más gravísimos del ordenamiento adjetivo que acoge la nulidad procesal, podemos comprender que la nulidad, como instituto, puede extender y extiende sus raíces más allá de la suma preclusión (en ciertos casos). En tal sentido, este ejemplo corrobora la tesis de que la nulidad procesal también puede ser vista como un remedio para los casos más graves y gravísimos de transgresión del orden procedimental (valorativamente considerado), y que en estos últimos casos, puede extenderse más allá de la sentencia definitiva, teniendo en ese sentido un alcance variable. Si aquello es así, entonces la nulidad procesal del art. 83 del CPC al abarcar también los hechos más gravísimos del proceso, como son los presupuestos procesales, ha de obviar el problema de ciertos casos de preclusión. Esto implica que las normas de preclusión para la petición de nulidad y su efecto reflejo cercenador de los poderes anuladores del juez, que contemplan tanto el art. 83 como el 84 del CPC, están dispuestas para los casos normales de irregularidad grave, mas no están configuradas ni están dirigidas a los casos más gravísimos de antijuridicidad procesal [...]”

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Un tema relevante para este propósito es determinar la oportunidad para proponer dicha nulidad, es decir si debe hacerse valer en la primera oportunidad, o en el plazo para las excepciones, o aun después de este plazo. Consideramos que la oportunidad para denunciar la presencia de defectos insubsanables no puede estar supeditada a plazos perentorios, pues ellos no se convalidan de manera alguna. Así entonces, podría el demandado mediante la nulidad poner en conocimiento del juez de la existencia en el proceso de un defecto insubsanable, y tener éxito, pues si se comprueba que existe un defecto insubsana148

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

ble asociado a los presupuestos procesales materiales o a los presupuestos procesales de forma, no cabe duda que el proceso debe darse por concluido. Confirma este entendimiento lo establecido en el artículo 121, último párrafo, del Código, que autoriza a los jueces de manera excepcional a expedir sentencia pronunciándose sobre la validez de la relación procesal, es decir a dictar una sentencia inhibitoria. La solución señalada es razonable y correcta, pues en caso contrario se propiciarían resultados absurdos. Esta última norma prevalece incluso sobre aquella73 que consagra el principio de preclusión en materia de saneamiento procesal, pues si existen vicios insubsanables nada impedirá la conclusión del proceso por tales motivos. En este sentido se pronuncia Galeno Lacerna74 al afirmar que el despacho saneador no tendrá efecto preclusivo siempre que se pronuncie por la legitimidad de un acto nulo, por lo que tal decisión podrá ser reconsiderada o reformulada en cualquier momento. En relación a la oportunidad para reclamar por defectos no pasibles de ser denunciados vía excepción, Renzo Cavani, al referirse a los defectos de falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, y el petitorio jurídica y físicamente imposible señala: “En cuanto a la oportunidad para que sean hechos valer, considero que, en teoría, son lo suficientemente notorios para que la parte demandada los perciba y denuncie en su contestación. De allí que el juez deba preocuparse por resolver con presteza el incidente de nulidad generado, a fin de decidir si decreta o no la nulidad de

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73 Nos referimos al artículo 466 del Código Procesal Civil que establece lo siguiente: “Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación citada”. 74 Lacerna, Galeno, “Efectos del despacho materiales de lectura sobre saneamiento”, en Academia de la Magistratura. II Curso Taller en procesal Civil para Magistrados, Lima, 1996. INSTITUTO PACÍFICO

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todo el procedimiento. De cualquier manera dicha decisión no puede prolongarse más allá del saneamiento”75. CAP. I

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Couture76 señala que existen actos (hechos) jurídicamente inexistentes, actos absolutamente nulos y relativamente nulos. En relación a los actos inexistentes dice que son actos (hechos) afectados en su vida misma, y no en su eficacia. Una sentencia dictada por quien no es juez no es una sentencia, sino una no sentencia. Un acto inexistente carece de efectos, no puede ser convalidado ni necesita ser invalidado. Sobre el acto absolutamente nulo refiere que es un acto jurídico gravemente afectado, de tal suerte que si se comprueba la nulidad debe ser invalidado aún de oficio y sin requerimiento de parte interesada. El acto absolutamente nulo tiene una especie de vida artificial hasta el día de su invalidación; pero la gravedad de su defecto impide que sobre él se eleve un acto válido. La nulidad absoluta no puede ser convalidada pero necesita ser invalidada. Este mismo autor expresa que los actos relativamente nulos pueden adquirír eficacia. Este acto puede ser invalidado si de él deriva un efectivo perjuicio, pero si no lo trajera o trayéndolo, la parte perjudicada lo consiente, este acto nulo queda subsanado. Sus efectos subsisten hasta el día de su invalidación, y si ella no se produce la ratificación da firmeza definitiva a estos efectos. El acto relativamente nulo admite ser invalidado y puede ser convalidado. En suma, es válido que el demandado, ante la inexistencia de excepción, proponga la nulidad tratándose de defectos insubsanables como la falta de interés para obrar, el petitorio jurídico o físicamente imposible, o la falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, que son causales de improcedencia de la demanda.

75 Cavani, Renzo, La nulidad en el proceso civil, cit., pp. 555-556. 76 Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, cit., pp. 377-379. 150

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LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

No obstante lo anterior, a efectos de tomar la decisión respectiva, más que resoluciones basadas en la literalidad de la norma, deben hacerse interpretaciones basadas en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los mismos que derivan de la Constitución, de las jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional en relación al no agotamiento de la vía administrativa. En particular, tratándose de la falta de interés para obrar, es valioso lo que afirma Avendaño Valdez77, a saber:

CAP. I

CAP. II

“[…] La falta de interés para obrar del demandante se distingue de todos los presupuestos procesales antes expuestos en la limitación temporal de su utilidad en el proceso como institución procesal, instrumental. Mientras que durante el proceso es necesaria la verificación de la existencia de los otros presupuestos procesales, no sucede lo mismo con el interés para obrar: su análisis es relevante en la fase postulatoria del proceso, en la etapa de saneamiento procesal o, como mucho, excepcionalmente en la sentencia. Más allá de estos momentos procesales, el análisis del interés para obrar pierde toda utilidad y su inexistencia no produce invalidez ni mucho menos la afectación a derecho constitucional alguno, ni a la relación jurídica procesal, por cuya razón no existe una excepción de falta de interés para obrar. Pero el análisis del interés para obrar fuera del momento inicial de un proceso no solo resulta inútil sino que podría ser contraproducente y colocar en una situación de indefensión absoluta al actor. Piénsese en un demandante que ha llegado a la Corte Casatoria y en dicha fase, luego de 5 años de proceso, se determina que aquel no tenía interés para obrar y se manda a anular lo actuado. Una declaración equivocada en esta fase determinaría que un sujeto que sí tenía necesidad de tutela se

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77 Avendaño Valdez, Juan Luis, “El interés para obrar”, en Thémis, cit., p. 66. INSTITUTO PACÍFICO

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quede sin tutela jurídica alguna por el mal uso de un instrumento procesal pensado y desarrollado únicamente en el principio de economía procesal, o sea en el ahorro de trabajo inútil para la judicatura.

CAP. I

[…]”

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Creemos que similar decisión debería adoptarse en los casos en que estando el proceso en la fase de saneamiento procesal o para sentenciar, se descubre la no realización de la conciliación extrajudicial previa y obligatoria, omisión que no fue advertida por el juez ni por el demandado, quien por lo demás en el proceso niega la pretensión y derecho que invoca el demandante. Sabido es que cuando no se realiza la conciliación previa que establece de modo obligatorio la Ley N.° 26872, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1070, el juez declara improcedente la demanda por falta de interés para obrar. Así lo indica el artículo 6 de la citada ley, a saber: Artículo 6. Falta de intento Conciliatorio Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la Audiencia respectiva ante un Centro de Conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el juez competente al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. (subrayado nuestro)

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Nótese que la disposición establece para el juez el momento en que debe tomar la decisión. Este momento es la calificación de la demanda. Entonces, siendo el artículo 6 uno de carácter restrictivo del derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado también de modo restrictivo, lo que permite colegir que fuera de ese momento procesal no puede el juez de oficio declarar la conclusión del proceso por falta de intento conciliatorio. 152

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Ahora, si esa falta de intento conciliatorio es denunciado por el demandado al contestar la demanda, lo que resulta oportuno, corresponde al juez tomar la decisión antes de sanear el proceso. Pero, si tampoco el demandado lo propone, y el juez declara saneado el proceso, ya no es factible invocar la falta de intento conciliatorio para sustentar la nulidad del proceso, menos pretender esto en la apelación de la sentencia. En estos casos, se habría convalidado el defecto, y siguiendo las enseñanzas de la Corte Interamericana y del propio Tribunal Constitucional con motivo de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, la solicitud del demandado debe descartarse. En esta misma línea se ubica Avendaño Valdez78, quien sostiene:

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“[…] Si en un caso concreto el demandado, en el escrito de contestación de demanda, no solicitó la improcedencia de la demanda por falta de interés para obrar, tampoco lo hizo en la Audiencia de Saneamiento Procesal, ni apeló la decisión del juez de declarar saneado el proceso, mucho menos en los alegatos finales y es recién en la apelación de la sentencia que introduce la supuesta falta de interés del demandante, pretendiendo violar los principios de preclusión procesal y de convalidación de las nulidades –aunque, como lo explicamos, no hay nulidad alguna y si la hubiere ya no es posible alegarla por mandato expreso de la primera parte del artículo 176 del Código Procesal Civil–, esa denuncia no puede ser amparada por la Corte Superior ni por la Corte Suprema. Es muy relevante la oportunidad en que el demandado –en este caso hipotético– ha cuestionado el interés del demandante, pues evidencia la inutilidad de su planteamiento en esa segunda fase del proceso. Como lo vimos en los puntos anteriores, pasada la etapa postulatoria, de saneamiento y resolutiva, la alegación de falta de 78 Avendaño Valdez, Juan Luis, “El interés para obrar”, en Thémis, cit., pp. 67 y 68. INSTITUTO PACÍFICO

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interés ya no es posible porque no lo autoriza ningún artículo del Código Procesal Civil, pues la institución pierde su finalidad que es la de evitar ‘molestar’ a la judicatura innecesariamente. El proceso ya se llevó a cabo y se obtuvo una decisión. Discutir ahora si hay interés para obrar o no es ocioso, porque ya se realizaron todos los actos procesales que el buen uso de la institución pretendería evitar en caso faltase el interés para obrar, que no es el caso, porque el demandante tiene interés tanto en el medio como en el resultado.

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[…]”. CAP. III

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Resulta importante considerar a la hora de tomar la decisión que comentamos, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable), es decir que el juez debe considerar este derecho fundamental antes de decidir si debe concluir el proceso por alguna de las causales de improcedencia antes anotadas.

2.7. Nulidad por vicio insubsanable pese a existir excepción CAP. V

El tema del epígrafe podría llevarnos una aparente infracción a la regla procesal establecida en el artículo 454 del Código Procesal Civil, a saber: “Improcedencia de la excepción como nulidad Artículo 454. Los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlas como excepciones.

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En páginas anteriores dijimos que esta disposición nos ofrece dos normas o interpretaciones:

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CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

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Los hechos que configuran excepciones deben ser alegados vía excepción. Los hechos que no configuran excepciones deben ser alegados vía nulidad.

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Sin embargo, lo que vamos a tratar en este apartado, no debe ser entendido como una contradicción con lo señalado. En efecto, consideramos que tratándose de vicios insubsanables no es necesario que el demandado proponga la excepción de su propósito (como único camino), pues como se expresó anteriormente, si la nulidad es absoluta por vicio insubsanable, nada se convalida, y por tanto es factible que se presente la nulidad, a pesar de existir una excepción que pudo haber sido planteada. Por ende, si el demandado formula la nulidad en lugar de proponer la excepción, el juez no tiene más opción que acoger la nulidad una vez que compruebe la existencia del defecto insubsanable, es decir no puede desestimarla en virtud de la regla del artículo 454. Esta solución es aplicable incluso si la nulidad es propuesta sin observar la primera oportunidad que tuviera el demandado perjudicado, o si lo hace fuera del plazo para excepcionar, o si lo propone como parte del recurso de apelación, que según el artículo 382 del Código contiene intrínsecamente el de nulidad, solo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada, e incluso si lo invoca en el recurso de casación en los procesos donde sea posible. En consecuencia, más allá del mecanismo procesal previsto en la ley (la excepción, por ejemplo) lo relevante es que si la información proporcionada por el emplazado, aun a “destiempo”, permite al juez comprobar la existencia de un vicio insubsanable, el proceso debe concluir y no continuar su desarrollo, pues no conduce a solucionar ningún conflicto de intereses ni incertidumbre jurídica. Asumir una posición contraria equivaldría, por ejemplo a realizar procesos con jueces incompetentes por causal absoluta, lo que INSTITUTO PACÍFICO

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no puede hacerse por mandato expreso del artículo 35 del Código Procesal Civil. Igual reflexión cabe, aun cuando no haya norma concreta específica en el Código, para los casos de cosa juzgada, conciliación judicial, transacción, desistimiento de la pretensión, litispendencia y legitimidad para obrar, pues por sentido común es absurdo suponer que en los cuatro primeros supuestos si no se propuso la excepción respectiva que contempla el Código, el juez deberá resolver sobre la pretensión en giro (cuando jurídicamente ya no hay nada que resolver), o que en el caso de la litispendencia comprobada el juez del último proceso prosiga con el trámite de su causa. Tal absurdo colisionaría en los cuatro primeros casos con principios constitucionales de la función jurisdiccional establecidos en el artículo 139 de la Constitución, que garantizan la cosa juzgada, y en el de la litispendencia, a la prohibición de avocamiento a causas que giran ante otro despacho, también previsto en la misma norma constitucional. Es más, para la litispendencia debe considerarse que el inciso 3 del artículo 438 del Código preceptúa que no es jurídicamente posible iniciar otro proceso con el mismo petitorio, norma congruente con el numeral 427 Inciso 6 del mismo Código, que autoriza el rechazo in limine de la demanda si contiene un petitorio jurídicamente imposible. También se llega a similar conclusión, no obstante no haber norma procesal concreta al respecto, en los casos de falta de legitimidad para obrar, pues no se puede so pretexto de no haberse interpuesto la excepción correspondiente, proseguir la litis y expedir sentencia a favor o en contra de un “demandante” o de un “demandado” que no es tal por carecer de legitimidad para obrar. En la línea de lo anotado, se ubica Avendaño Valdez79, quien señala:

CAP. VII

79 Avendaño Valdez, Juan Luis, “El interés para obrar”, en Thémis, cit., p. 66. 156

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

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“[…] Piénsese en la competencia: es nula toda actuación procesal realizada por un juez incompetente, razón por la cual la incompetencia puede ser denunciada en cualquier fase del proceso. La razón radica en que la ausencia de competencia es un vicio de nulidad insubsanable pues afecta el derecho constitucional al juez natural y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ambos reconocidos en el artículo 139 de la Constitución. Piénsese también en la capacidad procesal. Un proceso contra un niño de diez años es nulo, independientemente de la fase en la que se denuncie el vicio. Nuevamente, de no declararse la nulidad de todo lo actuado se afectaría el derecho de defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocida constitucionalmente. Finalmente, piénsese en la legitimidad para obrar. Un proceso de ejecución de garantías seguido ante un sujeto que jamás participó en la constitución de la garantía será siempre nulo e imposible de convalidar en fase alguna del proceso, pudiendo alegarse en todo momento la invalidez de la relación jurídica procesal y la afectación, una vez más, al derecho de defensa del demandado. […]”

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Es evidente que la nulidad aludida no será el remedio para los casos de prescripción extintiva, convenio arbitral e incompetencia por territorio prorrogable, supuestos en los que el demandado debe necesariamente proponer la excepción correspondiente si pretende que el defecto que denuncia sea acogido; si no propone la excepción, simplemente ya no puede alegarlo después, quedando a las resultas de lo que decida el órgano jurisdiccional en relación a la pretensión de la demanda. Recuérdese que los hechos a que se refieren la prescripción; extintiva, el convenio arbitral y la incompetencia territorial prorrogable tampoco pueden ser controlados de oficio INSTITUTO PACÍFICO

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por el juez al calificar la demanda, pues no forman parte de las causales de improcedencia de la demanda reguladas en el artículo 427 del Código Procesal Civil. En consecuencia, los hechos vinculados a tales excepciones siempre deberá invocarlos el demandado y únicamente mediante la excepción. Así fluye nítidamente del artículo 1992 del Código Civil para la prescripción extintiva80, del artículo 35 del Código Procesal Civil81 para la excepción de incompetencia y del artículo 18 del Decreto Legislativo N.° 107182 (que norma el arbitraje) para el convenio arbitral.

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80 Prohibición de declarar de oficio la prescripción Artículo 1992. El juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada. 81 “Incompetencia Artículo 35. La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción”. 82 Artículo 18. Renuncia al arbitraje La renuncia al arbitraje será válida solo si se manifiesta en forma expresa o tácita. Es expresa cuando consta en un documento suscrito por las partes, en documentos separados, mediante intercambio de documentos o mediante cualquier otro medio de comunicación que deje constancia inequívoca de este acuerdo. Es tácita cuando no se invoca la excepción de convenio arbitral en el plazo correspondiente, solo respecto de las materias demandadas judicialmente. 158

CAP IV: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO

Capítulo

V

EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDANTE

Sumario: 1. La nulidad procesal.

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

CAP. I

Probablemente lo usual es encontrar que en los procesos judiciales el control de los presupuestos procesales se realice de oficio por los jueces o a pedido del demandado. Sin embargo, nada obsta a que el propio demandante centre su atención en esos presupuestos. Razones no le faltan. Basta citar que también le interesa que el proceso se desarrolle exento de vicios, pues en caso contrario no habrá solución sobre el fondo. En otras palabras, si el demandante no pudiera decir nada sobre dichos presupuestos procesales, estaría afectándose su derecho de defensa y su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

Es por ello que esta parte del trabajo se dedica a determinar la herramienta procesal que puede emplear el demandante para controlar el cumplimiento de los presupuestos procesales. CAP. V

1. La nulidad procesal Ha quedado señalado que para controlar el cumplimento de los presupuestos procesales, el demandado puede emplear las excepciones y la nulidad procesal. Las excepciones solo pueden ser propuestas por el demandado, según la prescripción del artículo 446 del Código Procesal Civil. Por tanto, esta herramienta no puede ser empleada por el demandante. En cambio, para proponer la nulidad solo basta la existencia del agravio, conforme al principio de trascendencia que regula el artículo 174 del Código. Esto significa, que para proponer la nuliINSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VI

CAP. VII

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dad se requiere de un sujeto agraviado, que también puede ser el demandante. CAP. I

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CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

Por tanto, la herramienta que tiene el demandante para controlar el cumplimiento de los presupuestos procesales es la nulidad procesal. Ahora, su empleo, y la decisión que el juez tome en relación a ella, están en función de la oportunidad de su proposición, y del tipo de vicio que denuncia (subsanable o insubsanable), para cuyo propósito reiteramos lo escrito en esta materia en relación a la nulidad propuesta por el demandado. Para graficar la corrección de lo que venimos exponiendo, basta poner como ejemplo aquel proceso donde el demandado está actuando a través de un representante que no tiene esa calidad o que no ha sido facultado para determinados actos procesales, como contestar la demanda, por ejemplo. Si el juez no advierte esos defectos, y tramita la causa como si no existieran, ¿deberá el demandante soportar sin reclamar, o estará autorizado a hacerlo? Creemos que la respuesta adecuada pasa por lo último; es decir, el demandante está autorizado legalmente a protestar, pues si no fuera así, siguiendo el ejemplo propuesto, se le estaría obligando a litigar dentro de un proceso donde el supuesto representante del demandado no realiza actos procesales válidos, justamente por no tener representación. Para problemas de representación, tratándose del demandante o del demandado, el Código en el inciso 3 del artículo 446 ha establecido la excepción de representación defectuosa del demandante o del demandado, pero en ambos casos la denuncia debe hacerla el demandado. Dicha norma es inaplicable al supuesto que examinamos, pues en el ejemplo que presentamos es el demandante quien trata de informar al juez de la representación defectuosa del demandado, y al carecer de excepción, solo le queda proponer la nulidad.

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CAP V: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDANTE

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Igual ejercicio y reflexión cabe hacer respecto a la falta de legitimidad para obrar del demandado, esto es, qué sucede si el demandante advierte que el sujeto pasivo que se apersona al proceso y que ha sido admitido como tal por el juzgado, en realidad no tiene esa calidad. Frente a este problema, el demandante no puede plantear excepción alguna, pero sí puede y debe discutir este defecto, para cuyo propósito es útil, sin duda alguna, la nulidad procesal. Lo mismo puede decirse cuando el propio demandante se da cuenta que el juez que está conociendo del proceso no resulta competente por razón de una causal de incompetencia absoluta. En este caso, aun cuando el demandado o el juez no hayan reparado en este defecto, nada obstará para que el demandante exprese su protesta por este tema insubsanable, pues de lo contrario se le obligaría a seguir un proceso con tal defecto y sin opción de tutela efectiva al no resolverse el tema de fondo. Otra vez, resulta útil para este fin la nulidad procesal, ya que el demandante no puede plantear la excepción de incompetencia. Los ejemplos descritos permiten concluir por la validez de la idea contenida en este capítulo, esto es que el demandante también puede controlar el cumplimiento de los presupuestos procesales de fondo y de forma.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

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Capítulo

VI

EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR LOS LITISCONSORTES Y LOS TERCEROS

Sumario: 1. Clases de litisconsorcio en el Código Procesal Civil. 2. Clases de terceros en el Código Procesal Civil. 3. Mecanismos para el control de los presupuestos procesales a cargo de los litisconsortes. 4. Mecanismos para el control de los presupuestos procesales a cargo de los terceros.

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

CAP. I

Desarrollaremos los temas de este capítulo siguiendo el orden y las reglas que prevé el Código Procesal Civil para dichos temas, pudiendo recurrirse a la doctrina que informa el Código cuando sea necesario.

CAP. II

CAP. III

1. Clases de litisconsorcio en el Código Procesal Civil El capítulo VI del Título II del Código Procesal Civil se ocupa de la figura del litisconsorcio. El litisconsorcio deriva etimológicamente “de litis (litigio, conflicto), con (junto) y sors (suerte), el litisconsorcio es la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente como actores o demandados”83. Se señala que “el  litisconsorcio  se clasifica en  activo  –cuando existen varios demandantes–,  pasivo  –cuando existen varios demandados–, y  mixto –cuando existen varios demandantes y demandados–. Al momento de su formación se clasifica en originario, cuando existe pluralidad de sujetos desde el inicio del proceso; y sucesivo, cuando se produce durante el desenvolvimiento del proceso –sucesión procesal, integración de la litis acumulación de procesos e intervención adhesiva litisconsorcial–. Por último, el litisconsorcio, atendiendo a su fuente de origen, es facultativo cuando la plurali83 Véscovi, Enrique, Teoría general del proceso, cit., p. 198. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. II

CAP. III

CAP. IV

dad de sujetos obedece a criterios de ocasionalidad o economía; y, por ende, surge por voluntad de las partes, y en modo alguno por una exigencia legal; y será necesario cuando la presencia de una pluralidad de partes en el proceso se imponga por la naturaleza de la propia pretensión discutida o por las implicancias de la resolución judicial que ha de recaer en el proceso”84. La clasificación anteriormente enunciada guarda perfecta armonía con las reglas del Código Procesal Civil en materia de litisconsorcio. Sostiene Peyrano85 “Que los litisconsortes son partes, en sentido estricto, de la relación jurídica procesal, a diferencia del tercero, que […] es el sujeto procesal eventual no necesario para la prestación de la prestación de la actividad jurisdiccional que, sin ser parte, tiene la ‘chance’ de participar en una relación procesal pendiente en la medida del interés jurídico que ostenta y a través del instituto técnicamente denominado intervención de terceros”. Para Lino Palacio, “[…] el litisconsorcio necesario implica la existencia de una sola pretensión con pluralidad de sujetos, eventualmente legitimados, y de que, por tanto, la sentencia definitiva debe tener un contenido único para todos los litisconsortes […]”86.

CAP. V

Asimismo Chiovenda señala lo siguiente: “[E]n el litisconsorcio necesario, como nosotros lo hemos delimitado, es más propio hablar de pluralidad de partes que de procesos; el proceso es único; y debiendo la decisión ser única, las partes, aún conservando su autonomía de acción, encuentran necesariamente límites en la acción discorde de los litisconsortes.

CAP. VI

CAP. VII

84 Exp. N.º 961-2004-AA/TC, fundamento 4. 85 Peyrano, Jorge, El Proceso Atípico, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1993, p. 82. 86 Palacio Lino, Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, [2003], t. 3. p. 207. 168

CAP VI: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR LOS LITISCONSORTES Y LOS TERCEROS

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

Basta la negación por parte de un consorte para hacer necesaria la prueba de un hecho, aun cuando los otros consortes la admitan; el acto perjudicial del litisconsorte (declaración de parte) , no pierde eficacia respecto a él, pero no puede dar lugar a su vencimiento, sino cuando el hecho influyente es probado respecto a los otros. Respecto a él, por consiguiente, el hecho no tiene necesidad de prueba, o de otra prueba; si posteriormente el hecho es probado respecto a los otros, o si los otros dejan de estar en el juicio, la confesión o el juramento adquiere de nuevo su eficacia. Pero (casi como compensación a esta limitación de hecho) es natural que en el litisconsorcio necesario quede intensificado el valor que el acto del litisconsorte puede tener como elemento de la convicción del juez respecto a los otros”87.

En cuanto al litisconsorcio facultativo Monroy Gálvez88 afirma que “A diferencia del litisconsorcio necesario, esta vez se trata de personas que no están intrínsecamente ligadas en la relación sustantiva. Se trata mas bien de personas independientes del titular de la relación sustantiva, pero que podrían, de alguna manera, ser afectados por lo que se resuelva en el proceso en donde participa una persona, con quien sí mantiene algún tipo de relación. Por esa razón, la presencia de estas personas en el proceso no es definitiva ni esencial, dicho de otra manera, su ausencia no afecta el resultado del proceso. A pesar de lo dicho, pueden perfectamente apersonarse a él, ser calificados por el juez y participar en el proceso. Las facultades que tengan dentro del proceso dependerán del grado de involucramiento que presenten con la relación sustantiva que

87 Monroy Gálvez, Juan, “Partes, acumulación, litisconsorcio, intervención de terceros y sucesión procesal en el Código Procesal Civil”, en Blog.Pucp de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, [2009]. Veáse en: < http://bit.ly/1McD73R> 88 Ibídem. INSTITUTO PACÍFICO

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dio origen al proceso o de la naturaleza de la relación que mantenga con alguna de la partes”. Entre las principales características del litisconsorcio necesario, que fluyen de la regulación del Código, y que guardan conformidad con la doctrina que informa este tema, podemos mencionar las siguientes: - Puede ser activo o pasivo, según la posición que ocupen los sujetos en el proceso, esto es como demandantes o como demandados. - Para que haya pronunciamiento válido deben participar en el proceso todos los litisconsortes necesarios, quienes conforman una sola parte, motivo por el cual corren la misma suerte. - La intervención de un litisconsorte necesario en el proceso puede darse por iniciativa propia, o a pedido de cualquiera de las partes, o de oficio por el juez. - La actividad probatoria que realiza un litisconsorte necesario favorece o perjudica al conjunto de litisconsortes. - La impugnación efectuada por un litisconsorte necesario se entiende hecha por todos los que integran el litisconsorcio. - La disposición de los derechos corresponde a todos los litisconsortes necesarios. Entre las principales características del litisconsorcio facultativo, que fluyen de la regulación del Código, y que guardan conformidad con la doctrina que informa este tema, podemos mencionar las siguientes: -

CAP. VII

Puede ser activo o pasivo, según la posición que ocupen los sujetos en el proceso, esto es como demandantes o como demandados.

- El litisconsorcio facultativo es un litigante independiente que participa en forma voluntaria, y por tanto el resultado en el proceso puede ser distinto para cada litisconsorte. 170

CAP VI: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR LOS LITISCONSORTES Y LOS TERCEROS

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

- La ausencia o no participación de un litisconsorte facultativo no provoca la invalidez de la decisión que se adopte en el proceso. -

La actividad probatoria que realiza un litisconsorte facultativo favorece o perjudica a él mismo, salvo que el medio de prueba sea de carácter común para todos los litisconsortes facultativos.

- La impugnación efectuada por un litisconsorte facultativo se entiende hecha por solo por él. -

CAP. I

CAP. II

La disposición de los derechos corresponde a cada litisconsorte facultativo.

2. Clases de terceros en el Código Procesal Civil

CAP. III

El capítulo VII del Título II del Código Procesal Civil se ocupa de la intervención de terceros. “Tercero es quien, en el momento de trabarse la relación jurídico-procesal, no tiene la calidad de parte por no ser demandante ni demandado, pero una vez que interviene, sea voluntariamente, por citación del juez, o llamado por una de las partes principales, se convierte en parte, es decir, ingresa en el área del proceso. Ese tercero puede intervenir legitimado por intereses morales, patrimoniales, pero en todo caso jurídicamente tutelados”89. Los terceros pueden intervenir en el proceso en forma voluntaria o forzosa, en este último caso, a pedido de parte o de oficio por el juez90. 89 Parra Quijano, Jairo, La intervención de terceros en el proceso civil, De Palma, Buenos Aires, 1986, p. 26. 90 Resulta valioso el estudio sobre “Los terceros en el código procesal civil”, hecho por Jairo Parra Quijano, publicado en Derecho Procesal Civil, Congreso Internacional, Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Lima, 2003, pp. 293-306. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG

Son terceros voluntarios los siguientes: -

El tercero coadyuvante, regulado en el artículo 97 del Código Procesal Civil.

-

El tercero litisconsorcial (litisconsorte cuasi necesario), a que se refiere el artículo 98 del Código Procesal Civil.

-

El tercero excluyente principal, a que se refiere el artículo 99 del Código Procesal Civil.

CAP. I

CAP. II

- El tercerista de propiedad, que contempla el artículo 100 del Código Procesal Civil. - CAP. III

El tercerista preferente de pago, que regula el artículo 100 del Código Procesal Civil.

Son terceros forzosos que intervienen a pedido de parte, los siguientes: CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

-

El denunciado civil a que se refiere el artículo 102 del Código Procesal Civil.

-

El tercero que es emplazado vía aseguramiento de pretensión futura, contemplado en el artículo 104 del Código Procesal Civil.

-

El tercero que es incorporado vía llamamiento posesorio, a que se refiere el artículo 105 del Código Procesal Civil.

Son terceros forzosos que intervienen por disposición de oficio por el juez, los siguientes: – El tercero que es llamado al proceso en caso de fraude o colusión, a que se refiere el artículo 106 del Código Procesal Civil.

CAP. VII

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CAP VI: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR LOS LITISCONSORTES Y LOS TERCEROS

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

3. Mecanismos para el control de los presupuestos procesales a cargo de los litisconsortes -

En el caso de los litisconsortes necesarios y facultativos, que tienen la posición de sujetos activos (demandantes), el mecanismo para ejercer control sobre los presupuestos procesales es la nulidad procesal, motivo por el cual nos remitimos a lo expuesto respecto al control de estos presupuestos por el demandante.

- En el caso de los litisconsortes necesarios y facultativos, que tienen la posición de sujetos pasivos (demandados), el mecanismo natural de control son las excepciones procesales, y en defecto de ellas, la nulidad procesal o las llamadas defensas de forma innominadas. Por tanto, nos remitimos a lo expuesto respecto al control de estos presupuestos por el demandado.

4. Mecanismos para el control de los presupuestos procesales a cargo de los terceros - Tratándose de los terceros voluntarios, coadyuvante y litisconcosorcial, que ingresan al proceso en la etapa postulatoria, porque han tomado conocimiento del proceso (sea por notificación judicial que ordena la ley91, o por otra razón), la regla es 91 Por ejemplo, el artículo 690 del Código Procesal Civil obliga a notificar la demanda al tercero que puede verse afectado con la ejecución. “Artículo 690. Legitimación y derecho de tercero Están legitimados para promover ejecución quien en el título ejecutivo tiene reconocido un derecho en su favor; contra aquel que en el mismo tiene la calidad de obligado y, en su caso el constituyente de la garantía del bien afectado, en calidad de litis consorte necesario. Cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe notificar a este con el mandato de ejecución. La intervención del tercero se sujetará a lo INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. I

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que ejercen el control de los presupuestos procesales mediante las excepciones procesales, y en defecto de ellas, con la nulidad procesal o las denominadas defensas de forma innominadas. Si la intervención ocurre fuera de la etapa postularía, o incluso durante la segunda instancia, el control se ve circunscrito a defectos insubsanables, y podría hacerse efectivo mediante la nulidad procesal.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

- Tratándose de los terceros voluntarios, excluyente principal, y terceristas de propiedad y preferente de pago, en vista que para ejercer su derecho tienen que presentar la demanda respectiva (lo que implica que tienen pretensión propia), el control de los presupuestos lo hacen vía nulidad, al tener en estricto la calidad de demandantes en el proceso que instauran. - Tratándose de los terceros forzosos que se incorporan al proceso a pedido de parte, vía denuncia civil, aseguramiento de pretensión futura, o llamamiento posesorio, al ser emplazados con la demanda, el camino natural para ejercer el control de los presupuestos procesales son las excepciones, y en defecto de ellas, la nulidad procesal o las llamadas defensas de forma innominadas. - Lo mismo ocurrirá en el caso de los terceros forzosos que se incorporan al proceso de oficio por el juez, en caso de fraude o colusión, quienes al ser emplazados con la demanda, tienen a las excepciones como camino natural para ejercer el control de los presupuestos procesales, y en defecto de ellas, la nulidad procesal o las llamadas defensas de forma innominadas.

CAP. VII

dispuesto en el artículo 101. Si se desconociera el domicilio del tercero se procederá conforme a lo prescrito el artículo 435”. (Cursivas nuestras). 174

CAP VI: EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR LOS LITISCONSORTES Y LOS TERCEROS

Capítulo

VII

PRINCIPALES CONCLUSIONES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

CAP. I

Para exigir tutela jurisdiccional efectiva es necesario el ejercicio de los derechos de acción y de contradicción, y que estos se realicen dando cumplimiento a los presupuestos procesales materiales y a los presupuestos procesales de forma. La tutela jurisdiccional efectiva comprende el derecho de acceso a la justicia, el derecho a un proceso con garantías mínimas, el derecho a una resolución sobre el fondo de la controversia, y el derecho a la ejecución de la resolución judicial. Conforme a la doctrina que informa nuestro proceso civil y a la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, los presupuestos procesales materiales son la legitimidad para obrar, el interés para obrar, y la posibilidad jurídica, los mismos que vienen a ser los elementos necesarios que van a permitir resolver el fondo de la controversia. Conforme a la doctrina que informa nuestro proceso civil y a la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, los presupuestos procesales de forma son la capacidad procesal, la competencia y los requisitos de la demanda, los mismos que vienen a ser los elementos necesarios para que exista una relación jurídica procesal válida.

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

El control de los presupuestos procesales corresponden a los jueces, a las partes del proceso, a los litisconsortes y a los terceros. Los jueces realizan de oficio el control del cumplimiento de los presupuestos procesales durante el desarrollo del proceso, con esINSTITUTO PACÍFICO

177

CAP. VII

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG

pecial énfasis en los actos postulatorios (demanda y contestación), en el saneamiento procesal, y al sentenciar.

CAP. III

Tratándose de vicios insubsanables nada impide que el juez efectúe su control en cualquier estado del proceso, de oficio o a pedido de parte, incluso después de haberse declarado saneado el proceso, en cuyo caso cede el principio de preclusión que establece el Código luego de haberse declarado saneado el proceso por existir una relación procesal válida. No obstante, tratándose de la falta de agotamiento de la vía administrativa y de la no realización de la conciliación extrajudicial, debe resolverse el tema de fondo y no privilegiar dichos formalismos, siguiendo las orientaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional.

CAP. IV

El demandado debe denunciar los defectos de los presupuestos procesales a través de las defensas de forma que la ley le concede, es decir mediante las excepciones, y a falta de ellas mediante la nulidad procesal o las llamadas defensas de forma innominadas.

CAP. I

CAP. II

Tratándose de vicios insubsanables, el demandado está autorizado a formular su denuncia mediante nulidad, sea que exista o no excepción prevista en la ley, pues por regla los vicios insubsanables no se convalidan. CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

También el demandante puede formular reparos en los presupuestos procesales mediante la nulidad procesal. Igual defensa corresponde a los litisconsortes necesarios o facultativos activos. Los litisconsortes necesarios o facultativos pasivos, deben cuestionar los presupuestos procesales mediante las excepciones, y a falta de ellas mediante la nulidad procesal o las llamadas defensas de forma innominadas. Los terceros voluntarios que ingresan al proceso en la etapa postulatoria, pero ocupando un rol pasivo, deben proponer excepciones, y en defecto de ellas proponer la nulidad procesal o las de178

CAP VII: PRINCIPALES CONCLUSIONES

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

fensas de forma innominadas. En cambio, los terceros voluntarios que asumen un rol activo, como los terceristas o los excluyentes principales deben proponer la nulidad procesal. Los terceros forzosos que son emplazados con la demanda deben objetar los presupuestos procesales mediante las excepciones, y en defecto de ellas mediante la nulidad procesal o las defensas de forma innominadas

CAP. I

CAP. II

La finalidad del pedido de nulidad está relacionada con el reexamen o revisión de los requisitos de validez de la resolución, mas no con los criterios de la misma, en cuyo caso debe ineludiblemente apelarse. Los principios de la nulidad procesal son útiles para salvar y conservar la eficacia de los actos procesales que tienen defectos subsanables. La declaración de nulidad de una resolución es la última alternativa que debe adoptar el órgano jurisdiccional, quien debe realizar todo el esfuerzo para conservar el acto cuestionado con el apoyo y auxilio de los principios que regulan la nulidad procesal. Tal declaración solo se justifica si existe lesión al debido proceso legal o cuando se ha afectado el derecho de defensa de las partes.

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

La viabilidad de la tutela jurisdiccional efectiva y un mejor servicio de justicia requieren de una permanente y constante revisión de la práctica judicial, pues la rutina y el pragmatismo puro pueden llevar, inadvertidamente, a afectar derechos fundamentales. El juez como director del proceso debe evitar la indefensión de cualquier índole para las partes, y estas pueden ayudar a prevenirla con roles proactivos en salvaguarda de sus propios intereses y derechos.

CAP. VI

CAP. VII

INSTITUTO PACÍFICO

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anexos

Anexo N.° 01. Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el Expediente N.° 07022- 2006-AA/TC. Hace prevalecer el derecho al plazo razonable sobre la incompetencia por razón de la materia declarada por la corte suprema. Anexo N.° 02. Resolución del Tribunal Constitucional dictada en el Expediente N.° 07022- 2006-AA/TC. Desestima un recurso de aclaración. Anexo N.° 03. Resolución Superior del Expediente N.° 108482013. Aplica el principio de subsanación. Anexo N.° 04. Resolución superior del Expediente N.° 81742013. Aplica el principio de integración. Anexo N.° 05. Casación N.° 1463-2007-Cajamarca. Se pierde el interés para obrar por efecto de la transacción extrajudicial. Anexo N.° 06. Casación N.° 3851-2013-Lima norte. No existe interés para obrar cuando se refinancia la deuda y se viene cumpliendo el nuevo cronograma de pago. Anexo N.° 07. Casación N.° 3680-2011-Lima norte. La excepción de falta de legitimidad para obrar denuncia la carencia de identidad entre los sujetos de la relación jurídica material y los sujetos de la relación jurídica procesal. Anexo N.° 08. Corte Suprema de Justicia de la República. Primer Pleno Casatorio Civil.

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

ANEXO N.° 01

CAP. I

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DICTADA EN EL EXPEDIENTE N.° 07022-2006-AA/ TC. HACE PREVALECER EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE SOBRE LA INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA DECLARADA POR LA CORTE SUPREMA

CAP. II

EXP. N.° 7022-2006-PA/TC LIMA

CAP. III

EDGARDO GARCÍA ATAUCURI Y OTROS CAP. IV

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 19 días del mes de junio de 2007, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Laritrigoyen, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia:

CAP. V

I. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgardo S. García Ataucuri, en representación de más de 800 trabajadores jubilados de la empresa Southern Perú Limited, contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema  de Justicia de  la República, de fojas 252 del segundo cuaderno, su fecha 6 de abril de 2006, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VI

CAP. VII

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II. ANTECEDENTES CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

1. Demanda El recurrente, por derecho propio y en representación de 800 trabajadores jubilados de la empresa Southern Perú Limited, interpone demanda de amparo contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la congruencia y razonabilidad de las resoluciones judiciales, a fin de que se declare inaplicable la resolución de fecha 19 de setiembre de 2001, expedida por la Sala demandada (Casación número 920-2001). Manifiesta que en el marco del proceso civil seguido por los demandantes contra la empresa Southern Perú Limited, sobre entrega de acciones y pago de dividendos, se declaró fundada la demanda tanto en primera como en segunda instancia. Sin embargo, con motivo del recurso de casación interpuesto por la citada empresa, la Corte Suprema se pronunció sobre una excepción de incompetencia que no había sido alegada por ninguna de las partes y declaró la nulidad de todo lo actuado, violando el principio de congruencia y aplicando indebidamente el principio iura nóvit curia en sede de casación. 2. Contestación de la demanda

CAP. VI

CAP. VII

La procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda señalando que se pretende cuestionar el criterio jurisdiccional de la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, la que ha emitido una resolución conforme a derecho y en el marco de un proceso judicial que se ha llevado a cabo con todas las garantías procesales que la Constitución y la ley prevén. Por su 184

anexos

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

parte, la empresa Southern Perú Limited manifiesta que la resolución cuestionada ha sido emitida de manera regular toda vez que la nulidad por razón de la materia puede ser declarada de oficio, por el juzgador, en cualquier estado del proceso. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna de los derechos constitucionales alegados por el recurrente. 3. Resolución de primer grado

CAP. I

CAP. II

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 27 de julio de 2005, declara infundada la demanda por considerar que la resolución cuestionada ha sido emitida en ejercicio de la función jurisdiccional de los integrantes de la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, quienes han procedido conforme a ley y respetando el derecho al debido proceso de los demandantes. 4. Resolución de segundo grado

CAP. III

CAP. IV

La recurrida confirma la apelada por fundamentos similares. III. FUNDAMENTOS Precisión del petitorio de la demanda 1. Los recurrentes interponen demanda de amparo solicitando que se declare inaplicable la resolución de fecha 19 de setiembre de 2001, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación número 920-2001), en el proceso civil sobre entrega de acciones y pago de dividendos seguido por los demandantes contra la empresa Southern Perú Limited, por considerar que dicha resolución vulnera sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la congruencia y razonabilidad de las resoluciones judiciales.

INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Sobre la aplicación del Código Procesal Constitucional (Ley N.° 28237) 2. Debe señalarse que la demanda de amparo fue interpuesta con fecha 5 de diciembre de 2001, motivo por el cual es preciso tener en consideración que el Código Procesal Constitucional entró en vigencia con posterioridad a la fecha de inicio de este proceso, advirtiéndose, al respecto, que este Código –vigente a partir del 1 de diciembre de 2004– ha establecido en su Segunda Disposición Final lo siguiente: [l]as normas procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.

3. Como tiene dicho este Tribunal, si bien de la citada disposición legal se puede interpretar que un proceso constitucional en curso, como el de autos, puede comenzar a ser regido por una nueva ley procesal, ello solo será posible siempre que la aplicación de la referida norma garantice la vigencia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que debe ser apreciado atendiendo a las particularidades del caso concreto (STC 3771-2004-HC/TC, FFJJ 2-5). 4. Evaluando el presente caso de acuerdo con lo que establece el Código Procesal Constitucional, se advierte que a la demanda no se le imponen requisitos de procedibilidad que afecten el derecho a la tutela jurisdiccional de los demandantes, por lo que la aplicación de este corpus normativo resulta adecuada. Derecho fundamental al debido proceso

CAP. VII

5. El derecho fundamental al debido proceso, tal como ha sido señalado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es un 186

anexos

LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afirmado que [...] su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos (STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5).

6. Al respecto, es importante precisar que, sin perjuicio de esta dimensión procesal, el Tribunal Constitucional ha reconocido en este derecho una dimensión sustancial, de modo tal que el juez constitucional está legitimado para evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones judiciales. De ahí que este Colegiado haya señalado, en anteriores pronunciamientos, que el derecho al debido proceso en su faz sustantiva “se relaciona con todos los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.” (STC 9727-2005-HC/TC, FJ 7). 7. Dicho lo anterior y atendiendo al petitorio de la demanda, se procederá a analizar si, en el caso concreto, se ha producido algún tipo de afectación del derecho fundamental al debido proceso alegado por el recurrente, que en su dimensión procesal comprende, entre otros, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y, en su dimensión sustantiva, supone que toda decisión judicial debe ser razonable y proporcional.

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Sobre la presunta vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 8. La cuestión constitucional propuesta por los recurrentes se vincula a la necesidad de que las resoluciones, en general, y las INSTITUTO PACÍFICO

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CAP. VII

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resoluciones judiciales, en particular, estén debidamente motivadas, por ser este un principio básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas. Al respecto, este Colegiado (STC 8125-2005-PHC/TC, FJ 11) ha señalado que [l]a exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de  la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables [...].

9. En el caso de autos, los recurrentes alegan, de manera particular, la violación del principio de congruencia. A este respecto, este Tribunal ha señalado que dicho principio procesal forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las decisiones judiciales (STC 8327-2005-AA/TC, FJ 5), y que garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes. 10. Sin embargo, no se trata de un principio absoluto puesto que deberá ser razonablemente ponderado de acuerdo con el principio iura nóvit curia, el mismo que, por ejemplo, cobra especial relevancia en el marco de los procesos constitucionales. En efecto, luego del análisis fáctico de cada caso concreto, el juez constitucional deberá conocer el trasfondo o núcleo de lo solicitado y pronunciarse respecto de él, de conformidad 188

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LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

con lo dispuesto en el artículo VIII del Título Preliminar del C.P.Const., que establece que “el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente”. Esta actuación no representará una extralimitación de las facultades del juez constitucional, siempre que este proceda de conformidad con los fines esenciales de los procesos constitucionales, los cuales se orientan a garantizar la vigencia efectiva de los fundamentales y el respeto del principio de supremacía jurídica de la Constitución (artículo II del Título Preliminar del C.P.Const.). 11. En el caso concreto, los recurrentes alegan que con la emisión de la resolución de fecha 19 de setiembre de 2001, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación número 920-2001), se ha violado el principio de congruencia, toda vez que la Sala demandada declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la empresa Southern Perú Limited, por una causal que no había sido invocada en el recurso. 12. De autos se desprende que, en su recurso de casación, la empresa Southern Perú Limited alegó –entre otras causales– la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso y la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Sin embargo, entre los fundamentos que motivaron dichas alegaciones no se cuestionó, en ningún momento, la competencia por razón de la materia de las instancias judiciales que conocieron el referido proceso. 13. Más aún, con fecha 14 de setiembre de 2001, es decir, antes de la emisión de la resolución cuestionada, la empresa INSTITUTO PACÍFICO

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Southern Perú Limited dirigió un escrito a la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de  la Corte Suprema  de Justicia de la República, manifestando lo siguiente: [...] no cabe duda de que, con la conformidad de las partes y de todos los grados e instancias judiciales, este litigio se ha tramitado como proceso civil; [...] por tanto, no es posible modificar su naturaleza y tramitación en este estado, pues se infringiría el artículo 139.3 de la Constitución, al someter a las partes a un procedimiento distinto del previamente establecido; [...] (fojas 292 del segundo cuaderno del Poder Judicial).

En consecuencia, la empresa Southern Perú Limited no cuestionó –ni pretendió cuestionar– la competencia de las instancias judiciales para conocer el proceso como uno de naturaleza civil dadas las características de la materia controvertida (entrega de acciones, pago de dividendos). 14. Habiendo constatado que la Sala demandada se pronunció sobre un elemento que no había sido invocado en el recurso de casación, resta evaluar si su pronunciamiento resulta constitucionalmente legítimo, o si, por el contrario, se ha configurado una violación del principio de congruencia de las resoluciones judiciales. Para tal efecto, será preciso evaluar la función del recurso de casación y la posibilidad de aplicar el principio iura nóvit curia en sede casatoria. 15. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene dicho que, por su propia naturaleza, el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los “fines esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Supre190

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LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

ma de Justicia, como se especifica en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Respecto de la posibilidad de aplicar el principio iura nóvit curia en sede casatoria, se ha señalado que: La casación es un recurso extraordinario que solo permite la revisión por el Supremo Tribunal Casatorio en los casos específicos, exclusivos y excluyentes, del artículo 386 del Código Procesal Civil, especificidad que impide el ejercicio de la facultad general del juez de aplicación del aludido aforismo iura nóvit curia (Cfr. STC 8327-2005-AA/ TC, FJ 2).

De ahí que, por regla general, el principio iura nóvit curia no pueda ser invocado en sede casatoria. 16. No obstante, en el caso concreto, este Colegiado estima pertinente evaluar la proporcionalidad de la medida adoptada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema; puesto que, si bien esta se pronunció sobre una materia que no había sido invocada en el recurso de casación, su decisión se fundamentó en la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; así como en el respeto al orden público, por cuanto consideró que se había tramitado una materia de carácter laboral en sede civil (fojas 88 del primer cuaderno del Poder Judicial). 17. En este extremo, se debe tener en cuenta que los fines perseguidos por la Corte Suprema eran lícitos y que esta consideró que la declaración de nulidad de todo lo actuado constituía una medida idónea y necesaria para garantizar el cumplimiento de los mismos. Por ello señaló: [...] teniéndose en cuenta que la demanda postulada contiene pretensiones de naturaleza estrictamente laboral, como ya se ha precisado, se impone que lo actuado se remita al correspondiente Juzgado de Trabajo a efectos de que provea con arreglo a Ley la demanda y disINSTITUTO PACÍFICO

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ponga el trámite que corresponde (fojas 89 del primer cuaderno del Poder Judicial).

18. No obstante, esta conclusión no supera un examen de proporcionalidad en sentido estricto si se tiene en cuenta que, dadas las características de la controversia (entrega de acciones, pago de dividendos), ninguna de las partes había cuestionado la competencia de los jueces por razón de la materia –fundamento 13 supra–; y, pese a ello, se declaró la nulidad de todo lo actuado, con lo cual no solo se ha afectado el derecho a la adecuada motivación de las resoluciones judiciales (principio de congruencia), sino también el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, pues al momento de declarar la nulidad del proceso, no se tuvo en consideración que este se había venido tramitando en el Poder Judicial desde hacía más de cinco años (fojas 9 del primer cuaderno del Poder Judicial). A la fecha, han transcurrido más de diez años desde el momento en que los presuntos agraviados interpusieron su demanda en sede civil. 19. El derecho de ser juzgado sin dilaciones indebidas deriva del artículo 139, inciso 3, de la Constitución y del artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en anterior jurisprudencia (Cfr. STC 0549-2004-HC/TC, FJ 3). Al respecto, es pertinente señalar que, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del C.P.Const., “[l]os jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. En consecuencia, al momento de resolver, la Sala demandada 192

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no podía dejar de considerar la incidencia de su decisión en el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva de los justiciables, de conformidad con los pronunciamientos emitidos por este Colegiado. 20. En suma, habida cuenta de que la decisión de declarar nulo todo lo actuado en el proceso civil seguido por los recurrentes contra la empresa Southern Perú Limited no supera un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, por su grado de incidencia en el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y a la motivación de las resoluciones judiciales de los recurrentes, este Colegiado considera que la demanda debe ser estimada.

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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega CAP. IV

HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 2. En consecuencia,  NULA  la resolución de fecha 19 de setiembre de 2001, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de  la Corte Suprema  de Justicia de  la República(Casación N.° 920-2001), devolviéndose los autos a la referida instancia para nuevo pronunciamiento conforme a ley. Publíquese y notifíquese.

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SS. LANDA ARROYO / GONZALES OJEDA / ALVA ORLANDINI / BARDELLI LARTIRIGOYEN / GARCÍA TOMA / VERGARA GOTELLI / MESÍA RAMÍREZ

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EXP. N.º 7022-2006-PA/TC CAP. I

LIMA EDGARDO GARCÍA ATAUCURI Y OTROS FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

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VERGARA GOTELLI Emito el presente fundamento de voto por las consideraciones siguientes:

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1. El  demandante pretende se declare nula la resolución de fecha 19 de setiembre de 2001, (Casación N.º 920-2001), emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República en razón de haberse violado el principio de congruencia y razonabilidad de las resoluciones judiciales al declararse fundado el recurso de casación interpuesto por la empresa Southern Perú Limited, por una causal no invocada en el referido recurso extraordinario vulnerando con ello su derecho fundamental a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 2. De autos se advierte que en el proceso ordinario subyacente se admitió a trámite en vía de proceso de conocimiento la demanda interpuesta por Edgardo García Ataucuri y otros contra Southern Perú Copper Corporation sobre entrega de acciones laborales, conforme obra en la sentencia de fecha 22 de diciembre de 1999, de fojas 26. En el referido proceso ordinario en primera instancia se declaró fundada la demanda ordenándose que Southern Perú Copper Corporation cumpla con pagar a cada uno de los demandantes los certificados de acciones que se precisan en la pericia y según listado de su re-

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ferencia, en los montos allí consignados; que se entregue los dividendos que corresponden a las acciones laborales que debieron emitirse a favor de los trabajadores demandantes, con excepción de las personas de Javier Enrique Adrizola y Neptalí Macedo Tupayachi, que fueron excluidos en la excepción de falta de legitimidad para obrar de dichos demandantes; y fundada en parte las observaciones a las pericias, deducidas por el apoderado de los demandantes, debiendo de incluirse a los demandantes precisados, según relación identificatoria presentada en la última observación, en los mismos montos que consignó la demandada, con costas y costos. 2.1. Contra la referida sentencia el demandado interpuso recurso de apelación con el objeto de que el Superior anule totalmente la recurrida, fundamentándose en que carecía de expresión clara y precisa de lo que decidía u ordenaba sobre todos los puntos controvertidos en relación a cada uno de los demandantes; resolvía ultra petita, en contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; decidía sobre un hecho sobre el cual no hubo medio probatorio de parte ni de oficio y por tanto constituía hecho no acreditado; infringía el deber de valoración conjunta de todos los medios probatorios sin sujetarse al mérito de lo actuado; la sentencia contenía contradicciones y carecía de lógica, lo que causaba su nulidad; y, b) si el Superior consideraba válidamente emitida la cuestionada sentencia, el sentido de la decisión debía ser la revocatoria total (con excepción de lo sentenciado respecto a los Sres. Adrizola Paulumbo y Macedo Tupayachi), y reformándola declarase infundada la demanda porque la sentencia incurría en error de derecho por interpretación defectuosa de normas de derecho material e inaplicación de otras, amén que se trató de una resolución incompleta y errónea en cuanto a la INSTITUTO PACÍFICO

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fijación de los hechos y de los medios probatorios. En este segundo extremo, denominado errores sobre el fondo, consideró que el juzgado se equivocó al no aplicar las normas del Decreto Ley 22333, al aplicar otras indebidamente y al interpretar otras erradamente como el inaplicar el artículo 5 del Decreto Ley 25988; también al extender indebidamente un precepto constitucional a un supuesto no contemplado, al confundir fechas de emisión de acciones laborales, al abstenerse de evaluar sus pruebas, al evaluar las pericias y otros documentos contables, y al atribuirles manifestaciones que no habían hecho. 2.2.- La Sala Superior, en el proceso subyacente, mediante sentencia de fecha 21 de setiembre del año 2000, fojas 37, confirmó la apelada en todos sus extremos. 2.3.- Contra dicha sentencia Southern Perú Limited, sucursal del Perú (antes Southern Perú Copper Corporation), interpuso recurso de casación fundamentándose en las siguientes causales: 1) Artículo 386.3 del C.P.C.: Por la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso y las infracciones de las formas esenciales para la validez de los actos procesales; 2) Artículo 386.1 del C.P.C.: Por la aplicación indebida de ciertas normas de derecho material y la interpretación errónea de ciertas normas de derecho material; y 3) Artículo 386.2 del C.P.C.: Por la inaplicación de ciertas normas de derecho material.

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En cuanto al artículo 386.3 del C.P.C., sostuvo que la sentencia omitió la revisión de los hechos y el derecho, al omitir analizar y resolver los fundamentos de la apelación sin expresar 196

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sus motivaciones; que no se juzgó por juez predeterminado al haberse reunido el tercer voto en la sentencia de segunda instancia con la participación del Dr. Larco Danós, quien actuó como Vocal dirimente, sin ser el llamado por ley, que hubo causal de nulidad porque la sentencia infringió el deber de claridad resolutiva al no dar a conocer exactamente lo que ordenaba cumplir, que la sentencia resolvía extra petita, es decir sobre lo no demandado, que se fundaba en hechos diversos de los alegados, es decir no consignados en los puntos controvertidos y sobre los que no hubo prueba, que omitió valorar los medios probatorios en su integridad, que no resolvió considerando la totalidad de los medios probatorios, que infringió el deber de motivar la presunción judicial, que la sentencia carecía de fundamentos de derecho sobre hechos determinantes, que se apartó maliciosamente de lo actuado al imputar como declaración asimilada una inexistente afirmación, que varió el procedimiento predeterminado al exigírseles acreditar el cumplimiento de obligaciones de pago cuyos documentos comprobatorios tuvieran más de 5 años, pues el artículo 5 del Decreto Ley 25988 facultó a las empresas a destruir toda la documentación con antigüedad mayor a 5 años, agregando que transcurrido el mencionado periodo correspondería a la parte que alegaba un hecho su probanza. Asimismo sostuvo que la sentencia no contenía los fundamentos de hecho ni los de derecho respectivos, que careció de expresión clara y precisa de lo que mandaba u ordenaba, faltando congruencia entre los considerandos y el fallo, que careció de motivación en cuanto a las conclusiones de las pericias y que arbitrariamente resolvió tomando parcialmente uno de los anexos de una de ellas, que careció de pronunciamientos lo resuelto sobre los litisconsortes y que no contenía expresión clara y precisa de lo INSTITUTO PACÍFICO

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que decidía u ordenaba respecto de todos los puntos controvertidos. En cuanto al artículo 386.1 del C.P.C., sostuvo que se aplicó indebidamente el artículo 26 de la Constitución Política del Perú, que se aplicó indebidamente los artículos 1132, 1134, 1233 y 1240 del Código Civil, y que se aplicó indebidamente el artículo 124 del Decreto Leye 18880. Asimismo sostuvo interpretación errónea de los Decretos Ley 22333 y Ley 18302. En cuanto al artículo 386.2 del C.P.C., sostuvo la inaplicación de los artículos 1220, 1222, 1224, 1226 y 1142 del Código Civil; artículos 29, 31 y Tercer Párrafo de la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley 22333, artículos 114, 115 y la Quinta Disposición Transitoria del Decreto supremo 01479, Reglamento del Decreto Ley 22333, artículo 5 del Decreto Ley 25988, y las Resoluciones Directorales 520-72-EF/74 y 553-74-EF/74. Además se afirmó en el referido recurso de casación que no se cuestionaba los considerandos 15 y 19 de la sentencia de segunda instancia porque se referían al Decreto Ley 22333 y al artículo 1219 del Código Civil, sin más precisión pues el referido decreto ley contenía más de 100 artículos y el artículo 1219 tenía 4 incisos. 2.4. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República por resolución de fecha 19 de setiembre de 2001 (Casación N.º 920-2001), declara Fundado el Recurso de Casación interpuesto por Southern Perú Copper Corporation declarando insubsistente la sentencia impugnada y reformándola la declara improcedente y en consecuencia Nulo lo actuado, disponiendo que se curse al Juzgado de Trabajo que corresponda para que provea y tramite la demanda con arreglo a ley, considerando que: a) no 198

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obstante que la causa se hubo tramitado como una de naturaleza civil en vía del proceso de conocimiento por un juez civil, y que en segunda instancia fue sentenciada por una Sala Civil, procedía analizar su admisibilidad y procedencia; b) que el recurso de casación cumplía los requisitos de admisibilidad y procedencia con relación a la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, casual que aplicaba en forma excepcional en virtud de lo previsto en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, puesto que lo actuado se tramitó en la vía civil, agregando que las demás causales resultaban improcedentes por cuestionar aspectos de fondo que eran implicantes con la primera causal denunciada; c) que resultaba incuestionable que la pretensión era de naturaleza laboral al tratar sobre obligaciones originadas en la relación laboral y que por tanto era y es de competencia el Juzgado de Trabajo en razón de la materia; d) que la demanda se presentó ante juez civil admitiéndosela en vía de conocimiento y asumiendo jurisdicción en forma indebida sin tener en cuenta que la competencia por razón de la materia es improrrogable y que su inobservancia constituía causal de nulidad insalvable; e) que lo actuado ante juez incompetente resultaba nulo al haberse afectado el debido proceso y la tutela jurisdiccional; f) que teniendo en cuenta que este vicio afectaba el orden público por no ser materia convalidable lo decidido llevaba a la causal de casación denunciada; y g) que todos los jueces que conocieron la causa ingresaron al fondo sin percatarse de ese defecto esencial, infringiendo así sus deberes y evidenciando negligencia y descuido. 3. Partiendo de la idea expuesta por calamandrei de que la casación es el resultado de la integración de dos instituciones INSTITUTO PACÍFICO

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complementarias, una perteneciente al campo del ordenamiento político (la corte de casación) y la otra al derecho procesal (recurso de casación), Calamandrei, P. “La Casación Civil”, tomo I, Vol. 1º, cit., pág. 26 y sgts, Buenos Aires, 1961, se pude calificar el recurso como tal cuando la competencia está atribuida al órgano único y superior que satisface los fines a los que está destinada, esto es la nomofilaxis y la unificación jurisprudencial. Alberto Hinostroza Minguez, por su parte nos dice en su libro “Medios Impugnatorios en el Proceso Civil”, pág. 183, que el recurso de casación es aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal (Corte Suprema de Justicia) revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en revisión por las Cortes Superiores (que pongan fin al proceso) o las sentencias de primera instancia, en la casación por salto, que infringen las normas de derecho material, la doctrina jurisprudencial, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Para Jorge Carrión Lugo, (El Recurso de Casación en el Perú, Doctrina –Legislación–Jurisprudencia, Ed. Grijley, Lima, 1er Ed., 1997, p. 6), es un remedio procesal extraordinario que procede contra resoluciones judiciales definitivas (en el sentido que pone término al litigio) con el objeto de anularlas, de dejarlas sin efecto por haber sido dictadas con infracción del derecho positivo o de la doctrina jurisprudencial establecida (como prevé la legislación peruana) restableciendo la vigencia del derecho, actividad que es competencia de los organismos de la más alta jerarquía judicial. También nos dice que: “El recurso, como lo hemos indicado, es formal por cuanto para su planteamiento, el Código establece con detalle no solo los requisitos 200

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de admisibilidad y de procedencia, señalando las causales que pueden invocarse por el proponente, sino también señala la forma cómo en cada caso debe fundamentarse el recurso, de modo que el debate central en casación se circunscribe alrededor de la causal invocada y por la cual la Sala de Casación ha declarado su procedencia y, la decisión correspondiente no puede apartarse de ese parámetro”, (“El Recurso de Casación en el Perú”, Volumen II, El Recurso de Casación en el Código Procesal Civil Peruano, Ed. Grijley, Lima, 2da Ed., 2003, p. 6). 4. En el mismo sentido se ha pronunciado el maestro uruguayo Enrique Véscovi, al señalar: “Resultaría inconsecuente con lo sostenido antes, de que el objeto de la sentencia (de primera y también de segunda...) está delimitado por las pretensiones de las partes (principio de la congruencia), admitir ahora que el tribunal de alzada puede ir más allá de lo pedido por el apelante. Es, repetimos, la consecuencia del principio dispositivo del ne procedat iure ex officio y nemo iudex sine actore. Dado que la segunda (o tercera, o aún la casación) se abre solo por iniciativa de la parte que interpone el recurso y conforme a su pedido. Es en este sentido que se dice que la expresión de agravios es la acción (pretensión) de la segunda instancia” (Vescovi, Enrique, “Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnativos en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988, p.163.). Dicho principio se soporta pues en la obligación que se impone a los jueces de alzada de ceñirse rigurosamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso ejercido, y en tal sentido, las facultades o potestades cognitivas del juez quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado por el apelante. 5. Asimismo, el doctrinario A. Rengel Romberg, en su libro “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano II, Teoría INSTITUTO PACÍFICO

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General del Proceso”, afirma: “[...]Nuestro sistema del doble grado de jurisdicción está regido por el principio dispositivo que domina en nuestro proceso civil, y por el principio de la personalidad del recurso de apelación, según los cuales el juez superior solo puede conocer de aquellas cuestiones que le sean sometidas por las partes mediante apelación (nemo judex sine actore) y en la medida del agravio sufrido en la sentencia de primer grado (Tantum devolutum quantum appellatum) de tal modo que los efectos de la apelación interpuesta por una parte no benefician a la otra que no ha recurrido, quedando los puntos no apelados ejecutoriados y firmes por haber pasados en autoridad de cosa juzgada[...]”. 6. Por su parte el Dr. Manuel Sánchez Palacios Paiva, en su libro “El Recurso de Casación Civil”, Ediciones Legales, Editorial San Marcos, pág 61, sostiene que: “La corte de Casación solo conoce y se pronuncia sobre lo que es puntual materia de denuncia en el recurso de casación. Su competencia queda enmarcada en los extremos del recurso. No puede realizar averiguaciones de hecho ni alterar el relato fáctico resultante de las sentencias de mérito. No tiene competencia para modificar las cuestiones de hecho, porque no aprecia prueba, no puede pronunciarse sobre aspectos de la resolución superior que no han sido reclamados ni aplicar el derecho de oficio. El principio iura novit curia, recogido en los arts. VII, respectivamente, de los Títulos Preliminares del Código Civil y del Código Procesal Civil, solo es aplicable en las sentencias de mérito. En casación rige la norma específica del art. 388 del C.P.C. y la doctrina unánime, agregando que el Tribunal de Casación no está facultado a buscar de oficio los defectos jurídicos de la resolución impugnada, sino que debe limitarse a juzgar únicamente los temas denunciados por el recurrente y no otros, pues de lo 202

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contrario, sería como anular una sentencia contra la que no se ha recurrido y juzgar una acción diversa de la hecha valer.” Y es que desarrollándose el proceso civil peruano en dos instancias el recurso de casación da nacimiento a un nuevo proceso, extraordinario, donde la Corte Suprema queda enmarcada por la causa petendi que trae el recurso que se asemeja al petitorio de una demanda que no se puede exceder. Se afirma por ello que la casación comienza cuando el proceso termina. 7. La actividad recursiva en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios el de limitación conocido como Tantum Apellatum Quantum Devolutum sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el órgano revisor al resolver la impugnación debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso extraordinario, por lo que tratándose de un medio impugnatorio, la casación no puede ser ajena a este principio. Significa ello que el Tribunal revisor solo puede conocer y decidir aquellas cuestiones que ha limitado la impugnación del recurrente; en consecuencia, el Tribunal Casatorio no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque estas han quedado ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de tanta trascendencia que vulnere el orden público y las buenas costumbres o que exista una manifiesta vulneración de derechos fundamentales cuyo cumplimiento no fue advertido por el recurrente. 8. Para ello, el Principio de Trascendencia que rige la institución de la nulidad procesal exige la demostración del perjuicio ocasionado por el acto procesal viciado para hacerlo viable y cuando es declarada de oficio solo es procedente cuando el INSTITUTO PACÍFICO

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juez no puede continuar con el proceso al haberse afectado normas imperativas, en cuyo caso nos encontramos ante supuestos de nulidad insalvable. El perjuicio pues debe ser cierto e irreparable, pero además es necesario precisar cuál es la defensa que no se pudo realizar como consecuencia del acto procesal viciado. 9. A la luz de lo expuesto es evidente que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República ha desviado hasta el absurdo la decisión casatoria al declarar la nulidad de todo lo actuado por un agravio no expuesto en los recursos de casación y de apelación interpuestos por  Southern Perú Copper Corporation, aduciendo que la pretensión era de naturaleza laboral y no civil a pesar de que se había tramitado en este fuero. En efecto, como advertimos en el presente fundamento de voto, los argumentos expuestos en el recurso ordinario de apelación se repiten en el recurso extraordinario de casación, obrantes a fojas 363 y 400, respectivamente, encontrándose denuncias referidas a infracciones de forma y fondo de la sentencia recurrida por no haberse realizado en segunda instancia el reexamen de la decisión de la primera instancia, en todo aquello que le resultaba desfavorable al proponente. Consecuentemente si la competencia no fue cuestionada por ninguna de las partes, habiéndose ambas sometido al proceso así entablado y ejercitando en él todos sus derechos, no podía, concluido el proceso ordinario civil, afirmarse en la decisión casatoria indefensión ni vulneración de derechos fundamentales no precisados por la parte recurrente, por lo que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República no quedaba en facultad para pronunciarse sobre dicho tema, además teniendo en cuenta que en oportunidad anterior a la emisión de la sentencia cuestionada Southern Perú Copper 204

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Corporation había convenido en que la competencia era civil y no laboral. 10. Siendo así y estando a que no se ha motivado en qué ha consistido el perjuicio ocasionado a alguna de las partes como consecuencia del vicio acusado por la Sala y no propuesto como agravio por el recurrente, máxime que ambas partes habían aceptado la competencia civil para la dilucidación de la pretensión, o en qué ha consistido la vulneración del orden público o las buenas costumbres, o a quién o quienes ha ocasionado vulneración de derechos fundamentales la tramitación de la pretensión en vía de proceso civil y no laboral en la que –como queda dicho- ambas partes han ejercitado ampliamente sus derechos sin denunciar agravio alguno en dicho tema, la nulidad de actuados por falta de competencia constituye decisión extra petita no solo no debatida sino expresamente consentida por las partes. Siendo así resulta que la decisión cuestionada basada en argumentos no específicos y ajenos a la causal casatoria admitida viola el principio de congruencia que jalona la motivación de las resoluciones judiciales. Por las precedentes consideraciones estimo como mío el sentido de la resolución de este Supremo Tribunal, por lo que la suscribo.

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S. VERGARA GOTELLI

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ANEXO N.° 02 CAP. I

CAP. II

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DICTADA EN EL EXPEDIENTE N.° 07022- 2006-AA/TC. DESESTIMA UN RECURSO DE ACLARACIÓN EXP. N.° 7022-2006-PA/TC LIMA EDGARDO GARCÍA ATAUCURI Y OTROS

CAP. III

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Lima, 10 de agosto de 2007 VISTA

CAP. IV

La solicitud de aclaración de la sentencia de fecha 19 de junio de 2007, presentada por la empresa Southern Perú Copper Corp., el 2 de agosto de 2007; y, ATENDIENDO A

CAP. V

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CAP. VII

1. Que el artículo 121, primer párrafo, del Código Procesal Constitucional establece que “[c]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación [...] el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido”. 2. Que en la sentencia de autos se declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la resolución de fecha 19 de setiembre de 2001, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación N.º 920-2001), por considerar que su decisión 206

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de declarar nulo todo lo actuado en el proceso civil seguido por los recurrentes contra la empresa Southern Perú Limited no superaba un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, debido a su grado de incidencia en el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y a la motivación de las resoluciones judiciales de los recurrentes. Asimismo, este Tribunal dispuso la devolución de los autos a la referida instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento conforme a Ley. 3. Que la empresa Southern Perú Copper Corp. solicita que se aclaren los alcances de la referida declaración de nulidad, habida cuenta que –según manifiesta– se viene tramitando un proceso idéntico en sede laboral, el mismo que se inició en cumplimiento de la resolución cuya nulidad ha sido declarada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia de fecha 19 de junio de 2007. 4. Que tal como se señala en la sentencia de autos corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la República emitir un nuevo pronunciamiento, el mismo que deberá ser conforme a la Constitución, a los derechos fundamentales y a la interpretación que de los mismos haya efectuado este Colegiado, en aplicación del artículo VI del Título Preliminar del C.P.Const. según el cual “[l]os jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.” 5. Que del mismo modo es de aplicación el artículo 1º del C.P.Const., que señala que “[l]os procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la INSTITUTO PACÍFICO

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violación o amenaza de violación de un derecho constitucional [...].” De ahí que la Corte Suprema de Justicia de la República sea competente para resolver el recurso de casación interpuesto por la empresa Southern Perú Limited y para declarar la nulidad de aquellos actos procesales que hubieran tenido lugar con motivo de la emisión de la resolución de fecha 19 de setiembre de 2001, por ser esta última incompatible con la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. RESUELVE Declarar IMPROCEDENTE pedido de aclaración. SS.

CAP. IV

LANDA ARROYO GONZALES OJEDA ALVA ORLANDINI

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BARDELLI LARTIRIGOYEN VERGARA GOTELLI MESÍA RAMÍREZ

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LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCESO CIVIL

ANEXO N.° 03 RESOLUCIÓN SUPERIOR DEL EXPEDIENTE N.° 10848-2013. APLICA EL PRINCIPIO DE SUBSANACIÓN

CAP. I

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL

CAP. II

EXPEDIENTE N.° 10848-2013-0-1817-JR-CO-09 DEMANDANTE : BANCO

CAP. III

DEMANDADO : XXX MATERIA

: EJECUCION DE GARANTÍAS

PROCESO : ÚNICO DE EJECUCIÓN SS.

CAP. IV

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO Miraflores, once de agosto de dos mil quince AUTOS Y VISTOS:

CAP. V

Interviniendo como ponente el señor juez superior [...], producida la votación de acuerdo a ley, se procede a emitir la siguiente resolución y, ATENDIENDO

CAP. VI

Las resoluciones apeladas PRIMERO. Vienen en apelación las resoluciones N.° 03 y N.° 04 (auto final); SOBRE LA RESOLUCIÓN N.° 03: ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL COLEGIADO INSTITUTO PACÍFICO

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SEGUNDO. La resolución N.° 03 ha rechazado liminarmente la contradicción propuesta por la recurrente; TERCERO. En la apelación de fojas 118-120 la ejecutada alega en lo esencial que: i) la apelada no ha corrido traslado de su contradicción, considerando erróneamente que no es factible invocar la inexigibilidad parcial de la obligación, lo que sí está permitido por el artículo 690-D del Código Procesal Civil; ii) las sumas demandadas ya han sido amortizadas parcialmente, lo que demuestra su intención de honrar la deuda, haciendo presente que el banco demandante está agregando sumas excesivas al capital y a los intereses; y, iii) la resolución N.° 04 (auto final) se ha dictado sin basarse en sus fundamentos y pruebas ofrecidas en la contradicción; CUARTO. El escrito de contradicción de la ejecutada obra a fojas 70-71. Allí señala que las liquidaciones del crédito hipotecario y del pagaré contienen montos menores a los señalados en el petitorio de la demanda. Añade que no desea deslindarse de la deuda, sino que quiere financiarla y/o conciliar a efecto de cumplir con ella y según sus posibilidades. Ofrece como únicos medios de prueba las liquidaciones presentadas por el banco demandante para el mutuo hipotecario y el pagaré a la vista; QUINTO. La demanda de ejecución de autos persigue el pago de la deuda derivada de un mutuo hipotecario, de un pagaré a la vista, y de una letra de cambio a la vista; SEXTO. La contradicción de la recurrente solo objeta las obligaciones del mutuo y del pagaré (más no de la letra de cambio a la vista), y en ambos casos ha dicho que la deuda es menor. Sin embargo, la alegación de la apelante no tiene sustento alguno, no solo porque su dicho se basa en las liquidaciones que ha presentado el mismo banco demandante, sino porque tales liquidaciones no constituyen los títulos ejecutivos de autos, en base a los cuales se ha promovido este proceso. Por tanto, 210

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aun asumiendo que la contradicción debió admitirse a trámite, como lo refiere la apelante, dicha omisión no afecta la validez de la apelada, ya que de acuerdo a lo que se expone en esta resolución, resulta carente de sustento que se anule la apelada para tramitar una defensa estéril, lo que nos permite concluir que debe confirmarse la apelada, todo ello en atención a las reglas del principio de subsanación que rige la nulidad procesal, recogido en el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil que establece: “No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal.”; SÉTIMO. Así entonces, debe confirmarse la resolución N.° 03; SOBRE LA RESOLUCIÓN N.° 04: ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL COLEGIADO OCTAVO: La resolución N.° 04 se ha dictado luego de haberse rechazado liminarmente la contradicción de la recurrente, es decir, la resolución N.° 04 se ha dictado sin contradicción; NOVENO. En esta misma apelación se ha confirmado la resolución N.° 03 que rechazó liminarmente la contradicción; DÉCIMO Conforme a lo anterior, corresponde entonces que se confirme la resolución N.° 04, no solo porque no hay contradicción sino porque la apelación de fojas 128-130 contra la resolución N.° 04 contiene los mismos argumentos de la apelación contra la resolución N.° 03, los cuales han sido descartados en esta resolución; DÉCIMO PRIMERO. Por tanto, debe confirmarse la resolución N.° 04; Por estas razones, CONFIRMARON LAS RESOLUCIONES N.° 03 Y N.° 04 (AUTO FINAL).

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ANEXO N.° 04 RESOLUCIÓN SUPERIOR DEL EXPEDIENTE N.° 8174-2013. APLICA EL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN

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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL EXPEDIENTE N.° 8174-2013-01817-JR-CO-05 DEMANDANTE : AAA DEMANDADO : XXX Y OTRA MATERIA : OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO PROCESO : ÚNICO DE EJECUCIÓN CUADERNO : PRINCIPAL S.S. RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO Miraflores, trece de agosto de dos mil quince AUTOS Y VISTOS Interviniendo como ponente el señor juez superior [...], y, atendiendo: La resolución apelada. PRIMERO. Viene en grado de apelación la resolución N.° 12 (auto final) de fojas 296-308 que declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar, e infundada la contradicción; ordenando llevar adelante la ejecución; SEGUNDO: Dicha resolución ha sido apelada por las dos demandadas. A fojas 307-308 obra la apelación de XXX, y a fojas 313-316 obra la apelación de Inmobiliaria S.A.C.; 212

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Sobre la apelación de XXX: análisis y posición del colegiado. TERCERO. En la apelación de XXX se acusa de incongruencia a la apelada, en la medida que pese a sostenerse en la parte considerativa que ella no ha suscrito los títulos ejecutivos (escrituras públicas) a título personal, sino como representante de la empresa demandada, motivo por el cual se indica que es fundada la excepción de falta de legitimidad pasiva que propuso, sin embargo en la parte resolutiva se manifiesta que dicha excepción es infundada; CUARTO. Revisando la sentencia apelada se aprecia que la excepción de falta de legitimidad pasiva que propuso la recurrente ha sido analizada en los fundamentos 4 a 6, concluyéndose en este último que “Lo claro y concreto es que la referida coejecutada no ha asumido obligación crediticia alguna derivada de los referidos títulos ejecutivos por cuanto ha intervenido en dichas escrituras públicas en calidad de representante legal de la empresa co ejecutada, por lo que la excepción deducida debe ser amparada” (sic). QUINTO. No obstante ello, en la parte resolutiva de la sentencia se declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar; SEXTO. Como puede advertirse, hay una evidente incongruencia entre los fundamentos y razones de la parte considerativa y lo indicado en la parte resolutiva, en cuanto a la excepción que postuló la apelante, mas este defecto no invalida la apelada en este extremo, en vista que de acuerdo a las reglas de los principios de subsanación (artículo 172 párrafo cuarto del Código Procesal Civil) y de integración (artículo 370 párrafo primero del Código Procesal Civil), dicho vicio puede salvar-

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se sin afectar derecho alguno de las partes, debiendo entonces integrarse la apelada en este extremo; SÉTIMO. Por tanto, conforme a la sentencia apelada, la única excepción que deviene infundada es la que ha sido propuesta por la empresa co ejecutada, esto es la excepción de falta de legitimidad para obrar activa; [...]Sobre la apelación de Inmobiliaria S.A.C.: análisis y posición del Colegiado. OCTAVO. En la apelación de Inmobiliaria S.A.C. (de fojas 313-316), se alega esencialmente que: Las copias autenticadas notarialmente de las cartas y constancias de las transferencias de sumas de dinero efectuadas en las cuentas de ABC y JKL cuyo pago, a criterio del juzgado, es desconocido por el ejecutante se encuentra en franca discrepancia con lo manifestado en el punto 4.5 inciso a) y b) rubro los hechos de su escrito de demanda, donde textualmente consigna haber actuado en calidad de (Chief Executive Officer) o Presidente Ejecutivo de las empresas ABC y JKL, respectivamente; o sea aquel no habría realizado los aportes dinerarios y si bien con posterioridad el ejecutante ha tratado de dejar sin efecto lo manifestado en su absolución de la contradicción, este no opuso tacha alguna por ineficacia por falsedad o nulidad de los documentos, por lo que estos tienen plena eficacia probatoria; En cuanto a que no existe prueba alguna que demuestre que el acreedor haya autorizado el pago de la deuda en la forma que refiere nuestra empresa, se desconoce lo prescrito en el artículo 1361 del Código Civil que señala que los contratos son obligatorios en cuanto se haya pactado en ellos; por lo que la simple lectura de las escrituras públicas de mutuo, consolidación y reconocimiento de deuda no hay ninguna clausula o es214

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tipulación de la forma y modo en que debe efectuarse el pago; habiéndose dispuesto en la clausula cuarta que la devolución del mutuo se efectuará con el producto de la venta de las unidades inmobiliarias de propiedad de la mutuataria por lo que es de aplicación el artículo 174 del citado código. El ejecutante en su condición de presidente ejecutivo de ABC y socio general de JKL no observó oportunamente las importantes entregas de nuestra firma efectuada en sus cuentas corrientes y que totalizan el importe US$ 2´537,031.97, habiéndose limitando a ejercer su supuesto derecho de cobro con posterioridad a tres años de efectuados los depósitos en cuenta corriente en referencia. NOVENO. La demanda ejecutiva de fojas 112-126, subsanada fojas 132 y 137 se sustenta en dos escrituras de mutuo dinerario, consolidación y reconocimiento de deuda suscritos entre el demandante y la empresa recurrente; DÉCIMO. En la demanda, fundamento 4.5 de los hechos, se hace referencia a los aportes que hizo el demandante para el funcionamiento del negocio inmobiliario que refiere haber realizado con la parte demandada. Allí se mencionan aportes dinerarios que indica haber hecho el actor en calidad de Presidente Ejecutivo de la empresa ABC, en calidad de socio general de la empresa JKL, y en calidad de socio general de RST. E incluso se ha elaborado un cuadro donde se mencionan los aportes, apreciándose en el recuadro izquierdo lo siguiente: “Empresa que realiza el depósito”; (sic). UNDÉCIMO. En la contradicción de fojas 229-235 la recurrente (además de proponer la excepción de falta de legitimidad activa, la misma que ha sido desestimada mas no apelada), en cuanto al fondo del asunto alega la inexigibilidad de INSTITUTO PACÍFICO

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la obligación, indicando haber hecho el pago total de US$ 2’537,031.97 mediante abonos vía transferencia bancaria al exterior, donde reside el demandante. En total se hace mención a 18 transferencias en las cuentas de ABC, y de la empresa JKL. Además refiere que se ha otorgado la minuta de cancelación de mutuo por el apoderado del demandante, antes de que le sea revocado el poder. Para acreditar estas afirmaciones ofrece las transferencias bancarias hechas entre el 02 de febrero de 2011 y 06 de julio de 2012, así como el estado de cuenta corriente de la recurrente en los bancos de Crédito y Continental, donde se consigan dichas transferencias; DUODÉCIMO. A fojas 248-254 el ejecutante absuelve la contradicción de la recurrente, negando eficacia y validez a la minuta de cancelación de mutuo porque no se siguió la misma formalidad de la escritura de reconocimiento de deuda y porque el apoderado indicado, además de ser esposo de la demandada XXX, no estaba facultado para tal acto jurídico. Así mismo, el ejecutante se pronuncia sobre las formalidades de los documentos aportados por la recurrente, indicando su punto de vista sobre 10 de los supuestos pagos, en el sentido que no obran los vouchers de abono, además que tales pagos debieron haberse hecho a favor del demandante y no a favor de distintas personas; DÉCIMO TERCERO. La apelada ha desestimado la inexigibilidad que alega la recurrente por lo siguiente: “[...] 10. Que, con respecto a la Contradicción formulada por la ejecutada Inmobiliaria S.A.C., se tiene que dicha parte refiere haber efectuado el pago total y en exceso de las cantidades

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mutuadas, que dicho pago debía efectuarse mediante transferencias bancarias a entidades financieras del exterior, abonos efectuados que totalizan la suma de US$ 2´537,031.97, es decir, más de los que se adeudabas según las referidas escrituras públicas (US$ 2´352,234.00) y que están representados por diferentes transferencias efectuada a través del Banco [...] y el Banco [...] a empresas como ABC y JKL, por instrucciones del hoy demandante y porque además domicilia en el extranjero y tener la condición de Presidente Ejecutivo y Socio General de las mencionadas empresas. Sin embargo, respecto a ello debe tenerse presente que constituye principio básico en materia probatoria que: salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos (art. 196 del Código Procesal Civil). Así como que: si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada (art. 200 del Código Procesal Civil). Del mismo modo, el art. 1229 del Código Civil precisa que: la prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado.

11. Que, en el presente caso, se tiene que la ejecutada pretende acreditar el pago de la obligación demandada mediante copias de cartas y constancias de transferencia de sumas dinerarias pero no en cuentas bancarias de la empresa ejecutada sino de terceras empresas como ABC y JKL, cuyo pago es desconocido por el ejecutante en la presente causa y no existiendo a su vez medio probatorio alguno que de modo anticipado (o preexistente) acredite o genere indicios de que tales depósitos eran efectuados a cuenta de la deuda materia de la presente causa. No existe medio probatorio idóneo que acrediten los hechos alegados por la parte ejecutada. De los documentos probatorios adjuntos a su escrito de contradicción no existe medio probatorio alguno que vincule las transferencias efectuadas por la empresa ejecutada con la deuda materia de autos INSTITUTO PACÍFICO

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y con la persona del ejecutante. No existe prueba alguna que acredite que el acreedor haya autorizado el pago de la deuda en la forma que refiere haber efectuado la ejecutada como tampoco existe medio probatorio aportado que acredite que al menos el ejecutante lo haya ratificado o haya hecho provecho de aquellos depósitos o transferencias a cuenta de la deuda materia de autos, por lo que los hechos alegados por la ejecutada no pueden ser amparadas, tanto más si los mismos son desconocidos por la parte ejecutante. [...]” DÉCIMO CUARTO. Como se puede advertir, la apelada ha omitido efectuar una correcta valoración de las alegaciones y de los medios de prueba que han aportado las partes al proceso, omisión que per se genera su invalidez al no sujetarse a lo actuado y al derecho, como lo exige el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil. En efecto, si la obligación que se exige es por aportes que dice haber efectuado el actor, y si la parte demandada, invocando afirmaciones del mismo actor, indica que tales aportes han sido hechos por las empresas del actor mas no por él a título personal, los mismos que han sido pagados con abonos vía transferencia bancaria hechas en las cuentas de dos empresas del demandante donde es presidente ejecutivo y socio general, respectivamente, lo que correspondía era dilucidar esta controversia, tarea que no ha hecho el juzgado. Para tal efecto, es relevante que el juzgado valore las afirmaciones de ambas partes en los escritos postulatorios, así como los medios de prueba ofrecidos en su debida oportunidad; DÉCIMO QUINTO. Sin perjuicio de ello, corresponde también que el juzgado defina sobre el ofrecimiento de medios probatorios hechos por la demandada, que dieron lugar a la resolución N.° 09, donde se limitó a decir que se tendrá presente 218

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al momento de resolver, lo que no permite saber con precisión si han sido admitidos o no para el proceso. Si los admite debe asegurar el contradictorio al demandante;

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Por estas razones: Integraron la resolución N.° 12 (auto final), y por tanto declararon fundada la excepción de falta de legitimidad pasiva propuesta por xxx. Declararon nula la misma resolución en cuanto declara infundada la contradicción de la empresa recurrente; ordenaron el dictado de una nueva resolución conforme a lo actuado, al derecho y a las estimaciones precedentes.

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ANEXO N.° 05 CASACIÓN N.° 1463-20071-CAJAMARCA. SE PIERDE EL INTERÉS PARA OBRAR POR EFECTO DE LA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL

CAP. I

Lima, primero de julio del dos mil ocho. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,  vista la causa número mil cuatrocientos  sesentitrés-dos mil siete, en audiencia pública el día de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

CAP. II

CAP. III

1. MATERIA DEL RECURSO.  Se trata del recurso de casación interpuesto por don Bartolomé Pérez Lozano y otros contra la resolución de vista de fojas mil doscientos ochentidós, su fecha veintiocho de marzo del dos mil seis, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en la parte que revoca la resolución número tres, de fecha trece de enero del dos mil cuatro, obrante a fojas doscientos noventa que declara infundada la excepción de conclusión de proceso por transacción referido a los mayores de edad Bartolomé Pérez Lozano y otros y reformándola la declaran fundada, y al extremo que declara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada deducida por Minera Yanacocha Sociedad de Responsabilidad Limitada y reformándola la declara fundada; con lo demás que contiene.

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CAP. VI

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO. Admitido el recurso de casación se ha declarado procedente mediante auto de fecha tres de mayo del dos mil siete, por las causales previstas CAP. VII

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Publicado 01-12-08, página 23409 anexos

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en los incisos 2 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la inaplicación de normas de derecho material y contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, sosteniendo que se han inaplicado los artículos 5 y 1305 del Código Civil al haberse transigido sobre daños en la salud del afectado por el derrame de mercurio, daños que afectan su integridad física e incluso su vida, y que por lo tanto no pueden ser materia de renuncia o cesión o transacción, como ha sucedido en el presente caso; que también se ha vulnerado el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sosteniendo que el artículo 446, inciso 10, del citado Código determina que se puede proponer dicha excepción de conclusión del proceso por transacción, cuando haya puesto fin a un proceso judicial contencioso, y que además para amparar la referida excepción se requiere la existencia de dos procesos idénticos de acuerdo a lo que previene el artículo 453, inciso 4 del Código acotado, uno de los cuales ha tenido que terminar por transacción, lo que no se presenta en el presente caso; debiéndose tener en cuenta los artículos 452 y 337 del mismo Código Procesal. 3. CONSIDERANDO

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PRIMERO. Debe analizarse en primer lugar la causal adjetiva propuesta, pues debido a su naturaleza y a los efectos que produce, si mereciera amparo carecería de objeto pronunciarse respecto de la causal sustantiva. SEGUNDO. Examinando el error in procedendo denunciado, es del caso señalar que en materia de casación es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se han infringido las normas que garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en consiINSTITUTO PACÍFICO

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deración que este supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. TERCERO. La parte recurrente sostiene que se han contravenido los artículos 446 inciso 10, 452 y 453 inciso 4 del Código Procesal Civil, por cuanto la excepción de conclusión del proceso por transacción solo ampara la transacción que haya puesto fin a un proceso judicial; porque en la transacción extrajudicial no se presenta la identidad de procesos a que se refiere el artículo 452 del Código Adjetivo con el presente; y porque asimismo se contraviene el requisito que establece el artículo 453, inciso 4 del Código acotado para declarar fundada la excepción. CUARTO. Al respecto, cabe señalar que la excepción es una institución procesal que permite al demandado ejerce su derecho a la defensa, denunciando la existencia de una relación jurídica procesal inválida o el impedimento de pronunciarse sobre el fondo de la controversia por omisión o defecto en una condición de la acción. La excepción es una circunstancia de hecho o de Derecho que obsta a la condena. La excepción genéricamente es también la garantía de la defensa en sí misma. Las circunstancias impeditivas de una condena se aducen en el proceso mediante excepciones. QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.º 26872, antes de interponer una acción que incide en derechos patrimoniales disponibles, es preciso invitar a una conciliación. Para ese efecto se han establecido numerosos Centros de Conciliación y, de llegarse a un acuerdo, se suscribe el acta correspondiente y se evita el proceso. La conciliación puede lograse 222

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mediante un reconocimiento por parte del actor que evite el proceso. Mediante un acuerdo de partes que lo haga innecesario, esto es mediante una transacción, o porque el demandado comprende que el actor tiene razón. La doctrina llama a esas formas de resolver el proceso actos de auto composición. Cuando en nuestro régimen se habla de la necesidad de la conciliación, como requisito previo al proceso, se tiene en cuenta la posibilidad de la transacción. En consecuencia la conciliación es el género y la transacción es la especie, pues siempre que se transa se concilia. SEXTO. La transacción es un negocio jurídico bilateral y consensual, en el que las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el ya iniciado. En el caso materia de litis, si bien es cierto que la transacción extrajudicial no se encuentra prevista expresamente en los supuestos del artículo 453 del Código Procesal Civil, también lo es que participa de la misma naturaleza de la transacción celebrada en vía de conciliación o dentro de un proceso, dado que siempre extinguen obligaciones mediante concesiones recíprocas y, hacen perder el interés para obrar.

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SÉTIMO. Que las normas del Código Civil en que se sustenta la excepción deducida tienen naturaleza procesal, y debe tenerse presente el principio de la Unidad Legislativa y los principios de interpretación. OCTAVO. Siendo esto así, podemos afirmar que el demandado también puede deducir excepciones alegando que antes del proceso o durante el transcurso de uno anterior, llegó con el demandante a un acuerdo sobre sus diferencias, dándose ambos concesiones recíprocas, es decir, transigiendo.

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NOVENO. Resulta evidente que si alguna de las dos situaciones antes señaladas se ha producido, no cabe duda que no podrá iniciarse otro proceso para discutirse las pretensiones que ya fueron transigidas. DÉCIMO. Por las consideraciones anteriormente expuestas, no se evidencia la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por lo que la denuncia formulada debe desestimarse, siendo necesario analizar las denuncias sustantivas. UNDÉCIMO. En cuanto a las denuncias signadas como error in judicando, el denunciante sostiene que se han inaplicado los artículos 5 y 1305 del Código Civil, dado que el primero establece que todos los daños inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión; y, el segundo, que solo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción. DUODÉCIMO. En relación a ello, cabe mencionar que el Código Civil ha optado por regular la institución de la transacción como una modalidad de extinguir obligaciones; así lo señala el artículo 1302 del propio texto legal, el que en su párrafo final determina que “ la transacción tiene valor de cosa juzgada”. DÉCIMO TERCERO. El mencionado artículo 1302 del Código Civil, concordado con el numeral 337 del Código Procesal Civil, que señala que la transacción judicial que pone fin al proceso adquiere la autoridad de la cosa juzgada, permiten afirmar que nuestro ordenamiento jurídico otorga a toda transacción (judicial o extrajudicial) el valor de la cosa juzgada, lo cual impide que aquello que fue transigido es inmutable conforme lo previene el artículo 123, in fine, del Código Adjetivo, no pudiendo de este modo ser revisado en sede judicial. 224

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DÉCIMO CUARTO. Igualmente, cabe señalar que conforme es de verse de las transacciones celebradas por las partes, en ellas no se transige sobre el daño que pudieran haber sufrido los demandantes o sus menores hijos como consecuencia del derrame de mercurio ocurrido, si no la reparación del mismo, y la reparación del daño es siempre patrimonial. DÉCIMO QUINTO. Respecto a lo anteriormente expuesto, las transacciones celebradas por los demandantes en representación de sus menores hijos, cuentan con la respectiva aprobación del juez de familia de acuerdo con la previsión que contiene el artículo 1307 del Código Civil. DÉCIMO SEXTO. Hay que tener en consideración también, que el artículo 1312 del Código Civil dispone que la transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia; y la extrajudicial en la vía ejecutiva, otorgando así a la transacción extrajudicial la presunción de certeza que contiene todo título ejecutivo. DÉCIMO SÉTIMO. Siendo esto así, teniendo la transacción extrajudicial el valor de cosa juzgada, lo que importa es que lo que aparece de dicha transacción no puede ser revisado en sede judicial; resultando pues, un impedimento para que el juez pueda pronunciarse sobre el fondo de la controversia. DÉCIMO OCTAVO. Por las consideraciones expuestas, en el presente caso no resulta pertinente aplicar las normas materiales invocadas, deviniendo en infundado también este extremo del recurso. DÉCIMO NOVENO. De conformidad con lo que dispone el artículo 400 del Código Procesal Civil, constituye doctrina jurisprudencial vinculante al presente proceso, lo resuelto por el Primer Pleno Casatorio Civil celebrado por la Sala Plena de la INSTITUTO PACÍFICO

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Corte Suprema de Justicia de la República el día dieciocho de diciembre del dos mil siete (Casación número mil cuatrocientos sesenta y cinco-dos mil siete-Cajamarca), publicado en el Diario Oficial El Peruano el día veintiuno de abril del dos mil ocho. VIGÉSIMO. Por todo lo anteriormente señalado; en aplicación de lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Civil; y de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía Suprema en lo Civil. 4. DECISIÓN. a) Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Bartolomé Pérez Lozano y otros; en consecuencia, NO CASAR la resolución de vista de fojas mil doscientos ochenta y dos, su fecha veintiocho de marzo del dos mil seis. b) EXONERARON a la parte recurrente del pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso por gozar del beneficio de auxilio judicial. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos con la Empresa Minera Yanacocha Sociedad de Responsabilidad Limitada y otros, sobre indemnización por daños y perjuicios; interviniendo como vocal ponente el señor Sánchez-Palacios Paiva; y los devolvieron. SS. SANCHEZ-PALACIOS PAIVA, CAROAJULCA BUSTAMANTE, MANSILLA NOVELLA, MIRANDA CANALES, VALERIANO BAQUEDANO C-277696-88.

CAP. VII

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ANEXO N.° 06 CASACIÓN N.° 3851-2013-LIMA NORTE1. NO EXISTE INTERÉS PARA OBRAR CUANDO SE REFINANCIA LA DEUDA Y SE VIENE CUMPLIENDO EL NUEVO CRONOGRAMA DE PAGO RESOLUCIÓN DE CONTRATO

CAP. I

CAP. II

Sumilla: El interés para obrar. Las partes habían acordado un nuevo cronograma de pagos, por lo que los demandados se encontraban al día en las formas y términos de pago acordados, siendo así la demanda no cumple con una de las condiciones de la acción, el interés para obrar conforme al artículo 121 del Código Procesal Civil.

CAP. III

Lima, diecisiete de junio de dos mil catorce LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número tres mil ochocientos cincuenta y uno-dos mil trece, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia.

CAP. IV

CAP. V

I. ASUNTO En el presente proceso de resolución de contrato, los demandantes Ernesto Augusto Richter Camarena y Carmen Nelly Sarmiento Sarmiento han interpuesto recurso de casación mediante escrito de fecha veintidós de julio de dos mil trece, de fojas mil ciento doce, contra la resolución de vista de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que

CAP. VI

CAP. VII

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Publicado en el boletín Sentencias en Casación, Año XIV, N.° 706 (El Peruano, 30-07-15, p. 67455).

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CAP. I

revoca la sentencia apelada de fojas novecientos treinta y uno, de fecha nueve de agosto de dos mil diez que declaró fundada en parte la demanda, y reformándola, la declaró improcedente. II. ANTECEDENTES:

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

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2.1. Demanda: Mediante escrito de fecha veinticuatro de julio de dos mil dos, los demandantes formulan como pretensión principal, la resolución del contrato de compra venta con reserva de propiedad celebrado mediante escritura pública del treinta y uno de enero de dos mil, respecto al inmueble de su propiedad sito en el lote 11 de la Mz. 2 con frente a la calle Aguas Verdes – San Martín de Porres (calle Aguas Verdes 112114), inscrito en la Partida N.º 44137127. Acumulativamente en forma objetiva demandan el pago de $ 42,000.00 por concepto de compensación por el uso que vienen haciendo los demandados del inmueble desde el treinta y uno de enero de dos mil y el pago de $ 38,430.00 por concepto de indemnización por daños y perjuicios debido al incumplimiento del pago puntual pactado respecto al saldo del precio de venta del inmueble, según lo establece las cláusulas tercera y cuarta. Argumentan que en la cláusula segunda establecen el precio en $ 243,360.00 cuya cancelación se iniciaría con una cuota de $ 12,360.00 a la firma de la minuta y el saldo de $ 231,000.00 en cincuenta y siete cuotas de $ 4,000 y una de $ 3,000 que se abonará mes a mes a partir del veintinueve de febrero del año dos mil hasta el veintinueve de diciembre de dos mil cinco. En la cláusula tercera se establece que para garantizar el pago los demandados giran cincuenta y ocho letras de cambio por $ 4,000 y la última de $ 3,000. Y en la cláusula cuarta se señala que si dejan de pagar tres cuotas sucesivas los demandantes pueden pedir la resolución del contrato, teniendo derecho a una compensación equitativa por el uso del bien y a la indemnización de daños que representará el 228

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50% de la totalidad de las cuotas pagadas. Que les requirieron el pago a los demandados, pero hicieron caso omiso. Tal como se aprecia de las letras 14/58 a la 21/58 que vencieron el día treinta de los meses de noviembre de dos mil uno a junio de dos mil dos. Letras que fueron endosadas a la Empresa de Transporte Richter Sociedad Anónima, luego su cobro fue encargado al Banco Wiese Sudameris, pero fueron devueltas por falta de pago. Por eso celebraron un documento privado de refinanciamiento el uno de octubre del año dos mil, en el que reconocen su deuda de $ 199,000.00 equivalente a cincuenta y ocho cuotas de las cuales, veinte son de $ 2,500.00, treinta y seis de $ 4,000.00, una de $ 2,000, y otra más de $ 3,000. El calendario de pago era del treinta de octubre de dos mil al treinta de julio de dos mil cinco. Luego de ello incumplieron con el pago desde la letra 14/58 correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno hasta la fecha, es decir están vencidas e impagas ocho cuotas y las demás restantes por vencer. Mediante carta notarial del veinticuatro de junio de dos mil dos han expresado su voluntad de no pagar el saldo, mediante cartas notariales del doce y veinte de junio de dos mil dos comunican su decisión de resolver el contrato y mediante carta notarial del veintisiete de junio del mismo año, en el punto ocho aceptan y solicitan el reembolso de las sumas pagadas más las supuestas mejoras. Desde la fecha de venta con reserva de propiedad, es decir desde el veintisiete de enero de dos mil, los demandados vienen arrendando el inmueble a terceros obteniendo una renta mensual de S/. 5,000.00 que multiplicado por treinta meses da la suma de S/. 150,000.00 al tipo de cambio de S/. 3.50 da un total de $ 42,000.00 suma que piden por concepto de compensación equitativa por el uso del bien y la suma de $ 38,430.00 por indemnización de daños y perjuicios.

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2.2. Contestación de demanda: Manifiestan haber pagado ocho letras por $ 4,000.00 en forma puntual, no hubo requerimiento de pago y como eran conscientes que estaba sobrevaluado les proponen refinanciar bajando a $ 2,500.00, según documento de reconocimiento de deuda del uno de octubre del año dos mil. Refinancian pero estaban al día por eso la letra ocho tiene como fecha treinta de setiembre de dos mil. Posterior al refinanciamiento pagan seis letras de $ 2,500.00 hasta el treinta de marzo de dos mil uno. En la primera semana de abril de dos mil uno, sostuvieron una conversación con los demandantes, indicándoles que el monto era muy alto, llegando a un acuerdo verbal y le solicitan les envíe carta notarial ofreciendo el pago por $ 1,500.00 con la finalidad que acudan al Banco Wiese y ellos también puedan refinanciar la deuda. Afirman haber cancelado $ 81,542.00. 2.3. Reconvención: Está demostrada la desproporción de las prestaciones y la necesidad de los demandados de la cual los demandantes se aprovecharon. El monto de la reconvención es de $ 81,542.00. 2.4. Puntos controvertidos: Mediante resolución número cincuenta y siete, del dieciocho de noviembre de dos mil ocho de fojas quinientos noventa, se estableció como puntos de controversia de los demandantes: 1. Determinar si la resolución del contrato de bien inmueble materia de demanda, 2. Determinar el pago de la suma de $ 42,000.00 por compensación del uso del inmueble incluyendo intereses de dicho monto que se computa desde la notificación de la demanda hasta el día del pago 3. Determinar el pago de $ 38,430.00 por indemnización por daños y perjuicios que se ha causado a los demandados y que se vienen causando hasta la fecha más intereses de dicho monto, que se computa desde la notificación hasta el día de 230

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su pago. Y como puntos controvertidos de los demandados: 1. Determinar si hubo o no requerimiento de pago conforme al sexto punto de la demanda 2. Determinar si existe o no un único compromiso de refinanciamiento de la deuda celebrada entre las partes conforme al punto ocho 3. Determinar si los demandados han dejado de pagar conforme a la cláusula cuarta del contrato propuesto en el punto doce 4. Determinar si los demandados han percibido renta por alquiler del bien objeto del contrato 5. Determinar si corresponde o no el concepto por indemnización a los demandantes, el mismo que asciende a la suma de $ 38,430.00. 2.5. Sentencia de primera instancia: El Primer Juzgado Mixto Transitorio de Condevilla, mediante resolución de fojas novecientos treinta y uno, de fecha nueve de agosto de dos mil diez, dicta sentencia declarando fundada en parte la demanda de resolución de contrato, resuelto el contrato del treinta y uno de enero de dos mil. Dispone que los demandados hagan la devolución del inmueble. Por compensación por el uso e indemnización por daños y perjuicios la suma de $ 38,430.00 o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de la fecha de pago, con costas y costos. Entre los fundamentos esgrimidos por el juzgado, menciona: de fojas tres a seis corre el contrato de compra venta con reserva de propiedad por la suma de $ 243,360.00 cuyo pago fue pactado a plazos y a fojas dieciséis a diecinueve la deuda fue refinanciada el uno de octubre de dos mil. Que son aplicables las normas del contrato de compra venta y su inejecución. Por la resolución se deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. Los demandantes sostienen que se ha dejado de pagar más de tres cuotas, desde la número catorce con fecha de vencimiento treinta de noviembre de dos mil uno, presentanINSTITUTO PACÍFICO

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do ocho letras vencidas, por lo que el contrato se ha resuelto y les cursan carta notarial el doce de junio de dos mil dos de fojas veinte. Los demandados contestan con carta notarial del veinticuatro de junio de dos mil dos, señalando que existe un acuerdo verbal por el que pactan que las cuotas de $ 2,500.00 se reducirían a $ 1,500.00 que ofrecieron mediante carta del cuatro de abril de dos mil uno de fojas ochocientos setenta y dos y al no haber contestado, significa que aceptaron. Esto queda desvirtuado con el testimonio del demandante de fojas ciento veintidós a ciento veinticuatro y de fojas trescientos noventa y seis a trescientos noventa y siete, en el que afirma haber aceptado las amortizaciones de $ 1,500.00 por unos tres meses, pero no significó un nuevo refinanciamiento. El dicho de los demandados sobre un acuerdo verbal no quedó acreditado, con las letras de cambio que presentan. Al no haberse cancelado más de tres cuotas, se produjo falta de cumplimiento de los compradores de las letras de fojas ocho a quince. Respecto a la compensación por el uso del bien e indemnización: las partes han pactado en la cláusula cuarta que será el 50% de la totalidad de las cuotas pagadas. Se advierte que pagaron $ 78,860.00 El inmueble viene siendo rentado según documentos de fojas cuatro a seis y veintiuno a veinticinco y de otro lado se advierte el nexo causal es el contenido del contrato y según el artículo 1320 del Código Civil, refiere que el incumplimiento parcial del pago del precio obedece a culpa leve del deudor. 2.6. Apelación: a fojas novecientos cuarenta y seis, obra el recurso de apelación de los demandados, de fecha nueve de setiembre de dos mil diez, alegando que sí existió acuerdo del pago de $ 1,500.00 hasta la cancelación de la deuda. Asimismo, señalan que el demandante no ha demostrado el daño, ya que si bien han tenido la posesión, ellos han mantenido la titularidad. 232

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2.7. Sentencia de segunda instancia: la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, mediante resolución de vista de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, obrante a fojas mil noventa y nueve, revoca la apelada y reformándola declara improcedente la demanda. Entre los fundamentos en los que se ampara, señala que para el refinanciamiento de deuda la ley no exige formalidad determinada, en ese sentido es suficiente la manifestación de voluntad de las partes contratantes que puede ser expresa o tácita, como lo regula el artículo 141 del Código Civil. Concluye que sí ha existido acuerdo verbal (manifestación expresa) según la declaración del demandante en la audiencia de pruebas, en la que señaló que sí aceptó pero por tres meses solamente, hecho que ha sido corroborado por la declaración de parte de la codemandante de fojas trescientos noventa y siete, quien refiere lo mismo. Del estudio de los autos se aprecian contradicciones de los demandantes. A fojas ciento veintidós obra la manifestación a nivel policial del actor, en el sentido que el “acuerdo verbal” era para cancelar seis letras atrasadas; asimismo cuando señala mediante escrito de fecha catorce de octubre de dos mil nueve de fojas novecientos que ha quedado demostrado que la carta notarial del cuatro de abril de dos mil uno jamás existió, ello al absolver el informe del Banco Scotiabank que indica no haber logrado ubicar dicha carta, declaración que difiere de lo señalado en la audiencia de pruebas de fojas cuatrocientos cuatro, al declarar que el actor se la solicitó al abogado del demandado para justificar que percibía menos. Indicios suficientes para concluir que existió el acuerdo verbal. Además advierte la voluntad de continuar aceptando el pago por $ 1,500.00. En ese contexto en cuanto al nuevo cronograma de pagos, los demandados alegan haber INSTITUTO PACÍFICO

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cancelado las seis primeras letras a razón de $ 2,500.00, es decir hasta la letra seis del treinta de marzo de dos mil uno, hecho que no ha sido cuestionado por los actores. Respecto de los pagos de las cuotas posteriores de $ 1,500.00 está acreditado con las siete letras de cambio, del número 07/58 de fecha treinta de abril de dos mil uno, al número 13/58 de fecha treinta de octubre de dos mil uno, que fueron devueltas a los demandados, según estos a razón de una letra por cada dos de $ 1,500.00 (catorce cuotas en total) lo cual guarda concordancia con las letras que los actores consideran impagas esto es desde la letra 14/58 del treinta de noviembre de dos mil uno, aunado a la declaración de la codemandante en la audiencia de fojas cuatrocientos cuatro, donde reconoce que los pagos por $ 1,500.00 fueron realizados hasta julio de dos mil dos. Respecto de las letras de cambio número siete a diez, figuran como canceladas sin indicar la fecha de pago, lo que no ha sido objetado por los demandantes, por lo que se presume su cumplimiento oportuno. Así mismo la letra número 11/58 con vencimiento el treinta de agosto de dos mil uno, fue cancelada en esa fecha, sin embargo, fue protestada por falta de pago el siete de setiembre de dos mil uno, por consiguiente la fecha de pago indicada por los demandantes carece de veracidad, no se demostró que su cumplimiento fue extemporáneo. La letra 12/58 con vencimiento el treinta de setiembre de dos mil uno fue cancelada el treinta de marzo de dos mil dos, de acuerdo a los parámetros del nuevo cronograma. La letra 13/58 con vencimiento el treinta de octubre de dos mil uno, fue cancelada el diez de mayo de dos mil dos de acuerdo al nuevo cronograma. Siendo así los demandados se encontraban al día en las formas y términos de pago acordados, por lo que la demanda no cumple con una de las condiciones de la acción, el interés para obrar conforme al artículo 121 del Código Procesal Civil. 234

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2.8. Recurso de casación: por escrito de fojas mil ciento doce, los demandantes interponen recurso de casación contra la resolución emitida por la Sala Superior. Mediante resolución del siete de enero de dos mil catorce se declaró procedente por las siguientes causales: a) infracción normativa del artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Estado y b) infracción normativa de los artículos 141, 1221 y 1257 del Código Civil. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE Es necesario señalar que la cuestión jurídica materia de debate por esta Sala Suprema consiste en determinar si la decisión dictada por la Sala Superior ha infringido el derecho a la motivación escrita de las resoluciones reconocido en el artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Estado, y de no ser el caso, determinar si corresponde declarar la resolución del contrato de compra venta con reserva de propiedad. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA PRIMERO. Que, estando a la calificación de procedencia del recurso, en la que se comprende la infracción procesal y material, debe analizarse previamente la causal adjetiva o de error in procedendo denunciada, pues debido a su naturaleza y a los efectos que produce, si mereciera ser amparada por infracción al debido proceso, entonces carecería de objeto pronunciarse respecto a la causal sustantiva por ser incompatible con aquella. SEGUNDO. Que, en tal sentido, la infracción normativa procesal es sancionada ordinariamente con nulidad, la misma que se entiende como aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos que potencialmente los coloca en la situación de ser declarados judicialmente inválidos. El estado de nulidad potencial no puede afectar el debido INSTITUTO PACÍFICO

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proceso ya sea por ser subsanable el vicio, por convalidación o porque el acto cumplió con su finalidad. La garantía al debido proceso implica también el administrar justicia de acuerdo a las normas procesales, que en razón a su texto, son consideradas imperativas o de estricto cumplimiento, consecuentemente, está sancionada su omisión o cumplimiento deficiente con la respectiva declaración de nulidad; siendo ello así, es tarea de esta Suprema Sala revisar si fueron vulneradas o no las normas que establecen expresamente un determinado comportamiento procesal con carácter de obligatoriedad, en cuyo caso debe disponerse la anulación del acto procesal viciado. TERCERO. El principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado garantiza que los jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa. CUARTO. En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa. El control de logicidad es el examen que efectúa la Corte de Casación o 236

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Tribunal Superior para conocer si el razonamiento realizado por los jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere verificar el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, dentro de los cuales se encuentran: a) la falta de motivación y b) la defectuosa motivación, dentro de esta última encontramos la motivación aparente, la insuficiente y la defectuosa en sentido estricto2. QUINTO: Se dice que, la motivación es la expresión del por qué el juez emite una resolución, es decir, el juez en los considerandos explica las razones del por qué, de la sentencia dada, siendo interesante mencionar que en la Constitución vigente (al igual que en todas las anteriores) el Poder Judicial, frente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, es el único órgano al que se le exige motivar sus actos, casi como poniendo en evidencia que los jueces son independientes, pero al momento de expedir sus resoluciones están sometidos a la Constitución y a la ley3. SEXTO: Que, bajo ese marco normativo corresponde evaluar si la sentencia de vista vulnera el principio de orden procesal referido a la motivación de las resoluciones judiciales denunciado en el literal a), siendo así en primer término se debe citar 2

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Esta Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República ha sostenido en la Casación 1099-2006-MOQUEGUA, que el vicio procesal en la motivación de las resoluciones judiciales, tienen dos manifestaciones: 1) La falta de motivación y, 2) La defectuosa motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: a) motivación aparente, que se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos, b) motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el principio de la razón suficiente, c) motivación defectuosa propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de experiencia. Guasch Fernandez. El Hecho y el Derecho en la Casación Civil, Bosch, Barcelona, 1998, p. 445.

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lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil “[...] Mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.”, de la disposición transcrita se advierte que excepcionalmente se faculta al juzgador para que se pronuncie en la sentencia sobre la validez de la relación procesal. SÉTIMO: Así, de la sentencia de vista se aprecia que, el Ad quem emite pronunciamiento inhibitorio por considerar que los accionantes carecen de legitimidad para obrar por cuanto sí ha existido acuerdo verbal (manifestación expresa) según la declaración del codemandante en la audiencia de pruebas, en la que señaló que sí aceptó, pero solo por tres meses; así mismo analiza que existen indicios suficientes para concluir que existió el acuerdo verbal y además, advierte la voluntad de continuar aceptando el nuevo monto acordado por $ 1,500.00 dólares americanos. OCTAVO: Se verifica que la Sala Superior sí ha efectuado una valoración conjunta de los medios de prueba, lo que le permitió concluir que las partes habían acordado un nuevo cronograma de pagos y de la revisión efectuada por la Sala mencionada se aprecia que el estudio efectuado es a cada letra de cambio del aludido nuevo cronograma; concluyendo que los demandados se encontraban al día en las formas y términos de pago acordados, por lo que la demanda no cumple con una de las condiciones de la acción, el interés para obrar conforme al artículo 121 del Código mencionado; por consiguiente corresponde desestimar la causal contenida en el literal a).

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NOVENO: En cuanto a la causal denunciada en el literal b), sobre infracción normativa de los artículos 141, 1221 y 1257 del Código Civil, se advierte que para el refinanciamiento de la deuda, la ley no exige formalidad determinada y que tan solo basta con la manifestación de voluntad de las partes, advirtiéndose que toma en cuenta los indicios para concluir que existió un acuerdo verbal, en base al cual los demandados han cumplido con cancelar las cuotas dentro de los plazos acordados por ambas partes, en tal sentido los demandantes no podían resolver el contrato. Asimismo, respecto de los artículos 1221 y 1257 del Código Civil, los que regulan el hecho que no puede obligarse al acreedor a recibir de modo parcial la prestación objeto de la obligación y los casos en los que se tenga una deuda, y se haga un pago, este se aplicará primero a los gastos e intereses, verificándose que ambas normas sustantivas no han sido infringidas al emitir la sentencia de vista, porque como se ha mencionado existió un acuerdo para celebrar un nuevo cronograma de pagos, verificándose que los pagos fueron recibidos por los actores. DÉCIMO: En ese orden de ideas, la Sala Superior al revocar la sentencia apelada y reformarla declarando improcedente la demanda, no ha incurrido en infracción normativa de las normas mencionadas en los literales a) y b) de la calificación del recurso, en la medida que la resolución impugnada se encuentra lo suficiente y adecuadamente fundamentada; es decir, se aprecia la existencia de suficiente justificación fáctica y jurídica de la decisión adoptada; siendo ello así, la infracción denunciada y consecuentemente el recurso deviene en infundado.

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VI. DECISIÓN Esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 397 del Código Procesal Civil: a) Declara INFUNDADO el INSTITUTO PACÍFICO

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recurso de casación interpuesto por los demandantes Ernesto Augusto Richter Camarena y Carmen Nelly Sarmiento Sarmiento, mediante escrito de fojas mil ciento doce; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, obrante a fojas mil noventa y nueve, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte que, revocando la sentencia apelada de fecha nueve de agosto de dos mil diez, obrante a fojas novecientos treinta y uno, que declara fundada en parte e improcedente la demanda de impugnación de acuerdo. b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Ernesto Augusto Richter Camarena y otros con Santa Juana Villagaray Ychccaya y otro, sobre resolución de contrato; y los devolvieron. Interviene como ponente la señora jueza suprema Estrella Cama. SS. Almenara Bryson, Tello Gilardi, Estrella Cama, Rodríguez Chávez, Calderón Puertas.

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ANEXO N.° 07 CASACIÓN N.º 3680-2011-LIMA NORTE. LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR, DENUNCIA LA CARENCIA DE IDENTIDAD ENTRE LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA MATERIAL Y LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL1

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Lima, veintiuno de setiembre del año dos mil doce.LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número tres mil seiscientos ochenta - dos mil once, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas ciento setenta y ocho por Silvia Cristina Fung López, contra la resolución de vista obrante a fojas ciento sesenta y cuatro, su fecha veintiocho de abril del año dos mil once, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima norte, que confirma la resolución apelada de fecha treinta de abril del año dos mil diez que declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar activa, en consecuencia, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso; en los seguidos por Silvia Cristina Fung López con la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco Sociedad Anónima y otros, sobre Nulidad de Garantía Hipotecaria. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha siete de octubre del año dos mil once, obrante a fojas treinta del cuader1

Publicado 31-01-2013, p. 39744.

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nillo formado en este Supremo Tribunal por la causal prevista en el artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, por la que se denuncia la infracción normativa procesal por cuanto la Sala Superior no ha motivado adecuadamente la resolución materia de impugnación, pues no fundamenta ni invoca norma legal alguna al concluir que se debe considerar que la primera Constitución de Hipoteca de fecha siete de junio del año dos mil cinco no es un acto independiente de la segunda Escritura Pública de Aclaración de fecha veintiuno de junio del mismo año, pues este segundo testimonio debe entenderse que forma parte integrante de la primera, por tanto ambos constituyen un solo acto. Agrega que no existe norma legal material que determine qué actos jurídicos sustantivos celebrados en distintas fechas y en distintos documentos constituyan un solo acto como si se tratara de resoluciones judiciales. CONSIDERANDO PRIMERO. Que, antes de absolver la denuncia postulada por la recurrente conviene hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, es de apreciar que a fojas uno, la ahora recurrente, Silvia Cristina Fung López, interpone como pretensión principal se declare la nulidad de la constitución de hipoteca sobre el inmueble ubicado en la avenida Naranjal número doscientos sesenta-doscientos setenta y doscientos setenta y ocho-manzana B lote quince, lotización industrial El Naranjal, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, celebrada por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco Sociedad Anónima, Hilados y Tejidos Línea Azul Sociedad Anónima Cerrada e Inversiones Tortugas Sociedad Anónima, hipoteca constituida en la cláusula sexta de la escritura pública de fecha siete de junio del año dos mil cinco. Como segunda pretensión principal solicita se declare la nulidad de la 242

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cláusula tercera de la Aclaración de Constitución de Garantía Hipotecaria celebrada entre las mismas partes, contenida en la Escritura Pública de fecha veintiuno de junio del año dos mil cinco; y como tercera pretensión principal solicita se declare la nulidad de la cláusula segunda de la ampliación de Garantía Hipotecaria celebrada entre las antes citadas partes contenida en la Escritura Pública de fecha veintisiete de junio del año dos mil cinco. SEGUNDO. Que, admitida a trámite la demanda, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco Sociedad Anónima, mediante escrito obrante a fojas treinta y tres deduce la excepción de falta de legitimidad activa señalando básicamente que la actora resulta ajena a la relación sustantiva que existe entre la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco Sociedad Anónima y la codemandada Hilados y Tejidos Línea Azul Sociedad Anónima Cerrada debido a que esta última solo ha gravado con hipoteca real el porcentaje del noventa por ciento que le corresponde como propietario respecto del citado bien inmueble, estando libre el diez por ciento de la accionante, por lo que la constitución de hipoteca no le causa perjuicio alguno. TERCERO. Que, valoradas las pruebas y compulsados los hechos expuestos por las partes, por resolución de primera instancia de fecha treinta de abril del año dos mil diez se declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar activa interpuesta por la Caja de Ahorro y Crédito de Pisco Sociedad Anónima y en consecuencia se dispone la anulación de todo lo actuado y por concluido el proceso. El juez de la causa entiende que: a) Del documento denominado aclaración de Constitución de Garantía Hipotecaria de fecha veintiuno de junio del año dos mil cinco, celebrado entre los codemandados Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco Sociedad INSTITUTO PACÍFICO

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Anónima e Hilados y Tejidos Línea Azul Sociedad Anónima Cerrada con la intervención de Inversiones Tortugas Sociedad Anónima se tiene que en la cláusula tercera se ha establecido que la hipoteca recae únicamente sobre el noventa por ciento de los derechos y acciones del inmueble sub litis, no afectando el diez por ciento de derechos y acciones que le corresponden a la demandante sobre el referido bien; b) La demandante carece de legitimidad para obrar ello en razón de que para que la demandante sea sujeto de una relación procesal válida tiene que ser titular de la relación jurídica material; esto es, que exista identificación entre la persona del acto con la persona a cuyo favor está la ley sustantiva. CUARTO. Que, apelada que fuera la resolución de grado, la Sala Superior mediante resolución de fecha veintiocho de abril del año dos mil once confirma la apelada, considerando básicamente que: a) De la copia certificada del Testimonio del Contrato de Comercialización, Otorgamiento de Fianza Solidaria y Constitución de Garantía Hipotecaria de fecha siete de junio del año dos mil cinco se verifica en su cláusula sexta que la demandada Hilados y Tejidos Línea Azul Sociedad Anónima Cerrada constituye primera y preferente hipoteca sobre la totalidad del inmueble sub litis, sin embargo esta Constitución de Garantía fue aclarada mediante Escritura Pública de fecha veintiuno de junio del mismo año en su cláusula tercera en la que se explica que la hipoteca constituida recae solo sobre la cuota ideal que le corresponde, es decir sobre el noventa por ciento de acciones y derechos del referido inmueble; b) La primera constitución de hipoteca de fecha siete de junio del año dos mil cinco no es un acto independiente de la segunda escritura pública de aclaración de fecha veintiuno de junio del mismo año, pues este segundo testimonio debe entenderse que 244

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forma parte integrante de la primera, por tanto ambos constituyen un solo acto; c) La demandante es totalmente ajena al proceso por no haber participado en el acto jurídico ni afectado sus derechos adquiridos respecto del inmueble sub litis. QUINTO. Que, en el presente caso, mediante escrito obrante a fojas treinta y tres, la codemandada Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco Sociedad Anónima ha deducido la excepción sub análisis bajo el sustento que la accionante está cuestionando la constitución de garantía hipotecaria de fecha siete de junio del año dos mil cinco, así como su respectiva aclaratoria y ampliación de fechas veintiuno y veintisiete de junio del mismo año, documentos en los cuales la demandante no solo no ha intervenido sino que además se ha gravado solamente el porcentaje del noventa por ciento correspondiente a Hilados y Tejidos Línea Azul Sociedad Anónima Cerrada, quedando libre de gravamen el diez por ciento restante correspondiente en este caso a la empresa accionante. SEXTO. Que, la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado a que se contrae el inciso sexto del artículo cuatrocientos cuarenta y seis del Código Procesal Civil es aquel instituto procesal dirigido a denunciar la carencia de identidad entre los sujetos que integran la relación jurídica sustantiva y quienes forman parte de la relación jurídica procesal; con dicho instituto se pone de manifiesto la carencia de identidad entre las personas inmersas en una y otra relación, y no la falta de titularidad del derecho, porque esta se resolverá al final del juicio con la sentencia. SÉPTIMO. Que, la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso quinto del artículo ciento INSTITUTO PACÍFICO

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treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, norma constitucional que ha sido recogida en el artículo doce de la Ley Orgánica del Poder Judicial, inciso sexto del artículo cincuenta e inciso tercero del artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil. A este respecto, es menester precisar que el derecho a la motivación de las sentencias, conforme esta Suprema Sala viene señalando en reiterada jurisprudencia, sólo puede entenderse cumplida cuando la resolución judicial, de manera explícita o implícita, contiene las razones o elementos de juicio que permiten conocer los criterios que fundamentan la decisión. OCTAVO. Que, en el presente caso, se advierte que las resoluciones de mérito cumplen con creces los estándares exigibles de una debida motivación al expresar en sus fundamentos las razones de hecho y de derecho que sustentan su decisión, dándose por consiguiente cumplida y justificada respuesta a la excepción articulada, al encontrarse explicado suficientemente las razones de su decisión, ello por cuanto al ser la excepción formulada una defensa de forma, su análisis y fundamentación se ha basado y ceñido conforme a los presupuestos formales que se derivan del inciso sexto del artículo cuatrocientos cuarenta y seis del Código Procesal Civil, por cuyas razones el agravio denunciado deviene en desestimable, no correspondiendo por lo demás examinar cuál es la norma legal sustantiva que deba determinar si la primera constitución de hipoteca constituye o no un acto independiente de la segunda aclaración dado que, conforme a lo anotado, dicha argumentación no se condice con la naturaleza y fines de la excepción planteada. NOVENO. Que, estando a las consideraciones precedentes y no verificándose la causal de infracción normativa alegada; 246

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de conformidad con lo dispuesto en el artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Silvia Cristina Fung López mediante escrito obrante a fojas ciento setenta y ocho; en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista obrante a fojas ciento sesenta y cuatro su fecha veintiocho de abril del año dos mil once, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Silvia Cristina Fung Lopez contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco Sociedad Anónima y otros, sobre Nulidad de Garantía Hipoteca y otros; y los devolvieron. Ponente señor Ticona Postigo, juez supremo. SS. TICONA POSTIGO, ARANDA RODRÍGUEZ, PONCE DE MIER, VALCÁRCEL SALDAÑA, MIRANDA MOLINA C-894580-18.

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ANEXO N.° 08 SENTENCIA DEL PLENO CASATORIO

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Casación N.° 1465-2007-Cajamarca

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Demandantes: Giovanna Angélica Quiroz Villaty, por derecho propio y en representación de sus menores hijos; Walker Steve Cuenca Quiroz; Euler Jonathan Mendoza Quiroz y José Ronny Mendoza Quiroz. Demandados: Empresa Minera Yanacocha S.R.L., Ransa Comercial S. A. y Arturo Blanco Bar.

CAP. III

Materia: Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual. Vía procedimental: Proceso de Conocimiento […]

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C. SOBRE LA TRANSACCIÓN c.1. De su regulación en nuestro ordenamiento nacional

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6. Ante todo, cabe analizar la regulación jurídica de la transacción de acuerdo a nuestro actual ordenamiento legal. En lo que concierne a su regulación legislativa sustantiva, el artículo 1302 del Código Civil vigente indica: “Artículo 1302: Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre un asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene el valor de cosa juzgada”. (Los subrayados son nuestros)

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c.2. Antecedentes y formalidades 7. Así lo entendía también el Código Civil de 1852 al estipular en su artículo 1702 que “Artículo 1702: Transacción es un contrato, por el que dos o más personas, decidiendo de común acuerdo sobre algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podía promoverse, o finalizan el que está principiado. Puede transigirse entre presentes o ausentes, por los mismos interesados, o por apoderados con poder especial”.

Seguidamente, agregaba en sus artículos 1703 y 1705, que la transacción se debía redactar por escrito, sea en instrumento público o privado o a través de una petición dirigida al juez y firmada por los interesados, con fe de las firmas de los que la hacían. La transacción celebrada por escritura pública producía sus efectos desde que era otorgada legalmente, en tanto que la hecha por escritura privada lo hacía desde que se traducía en instrumento público y se protocolizaba y la que se hacía ante el juez cuando se legalizaran las firmas. En lo que se refería a la transacción sobre bienes de menores o personas sujetas a interdicción se indicaba, según el artículo 1716 del citado Código, que la misma no sería válida mientras no se contara con la aprobación del juez, quien para concederla debía oír al Consejo de Familia y pedir el dictamen de tres letrados y del ministerio fiscal1.

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Por su parte el Código Civil de 1936, en su artículo 1307 disponía que: 1 Cf. Código Civil, anotado y concordado, más un apéndice a cargo de Miguel Antonio de la Lama, 4.ª ed., concordada con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 por Pedro Goitizolo, Lima, Librería e imprenta Gil, 1914. INSTITUTO PACÍFICO

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“Artículo 1307: Por la transacción dos o más personas deciden sobre algún punto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse, o finalizando el que está promovido”

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En lo que concernía a la protección de los derechos de menores de edad, igual disposición tenía el artículo 1312 del citado Código, al estipular que los representantes de menores, ausentes o incapaces, podrían transigir con aprobación del juez, quien para concederla oiría al Consejo de Familia cuando lo hubiera, y pediría el dictamen de dos letrados y del ministerio fiscal. Nuestro actual Código Civil trae la misma regulación en su artículo 1307 al indicar que: “Artículo 1307: Los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación del juez, quien para este efecto oirá al Ministerio Publico y al consejo de familia cuando lo haya y lo estime conveniente”.

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Sobre este particular regresaremos más adelante cuando acometamos el estudio de las transacciones celebradas entre la empresa minera demandada y los menores de edad hijos de la actora. c.3. Naturaleza jurídica:

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8. Como se nota, la transacción en el Código Civil de 1852 era considerada dentro de la sección de los contratos denominados consensuales a diferencia de los aleatorios que contemplaba otras figuras jurídicas. Esta calificación jurídica luego variaría con el Código Civil de 1936, el que consideró a la transacción como un medio de extinguir obligaciones. La Comisión Revisora del Código Civil de 1852 (que elaboró el corpus legal de 1936), manifestó que si era un acto jurídico en virtud del cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o

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litigiosas, era forzoso convenir en que la transacción no era, propiamente hablando, un contrato sino un verdadero modo de extinción de los actos jurídicos en general, porque por ella se podían extinguir derechos reales y derechos hereditarios. La transacción, continuaba diciendo la Comisión, es un contrato en cuanto representa el resultado de la concordancia de las voluntades, pero como es una convención que tiene por fin jurídico principal liquidar relaciones obligatorias preexistentes, es real y verdaderamente un medio de extinción de obligaciones y está mejor ubicada en el plan del Anteproyecto (que la incluía dentro de los efectos de las obligaciones) que en la Sección del Código Civil de 18522. 9. En la doctrina se discute arduamente si la transacción es una convención, un contrato3 o un acto jurídico, inclinándose la mayoría por concebirla como un contrato, conforme lo exponen –entre otros, para el ámbito argentino– los tratadistas Jorge Llambías y Rubén Compagnucci de Caso4. Nos basamos en la cita que hacen Mario Castillo Freyre y Felipe Osterling Parodi en su Tratado de las obligaciones, tercera parte, t. IX, Biblioteca para leer el Código Civil, Vol. XVI, Lima, PUCP, 2005, p. 443. 3 Ya Joaquín Escriche nos decía que la transacción era un contrato voluntario en que se convenían y ajustaban los litigantes acerca de algún punto dudoso o litigioso, decidiéndolo mutuamente a su voluntad. Debía recaer sobre cosa dudosa, de modo que sería nula si cualquiera de los contrayentes supiera que no tenía ningún derecho, como igualmente si haciéndose sobre cosa puesta en litigio, se había ya dado y pasado en autoridad de cosa juzgada la sentencia. Acotaba que la transacción tenía fuerza de cosa juzgada y producía excepción de pleito acabado. Cf. Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, París, Librería de Rosa, Bouret y Cía., 1851, p. 1507. 4 Cf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil. Obligaciones, t. III, 3.ª ed. actualizada, Buenos Aires, Perrot, 1987, pp. 77-78; Compagnucci de Caso, Rubén, Manual de obligaciones, Buenos Aires, Astrea, 1997, pp.

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En sede nacional, la Comisión Revisora del Código Civil de 1936, ubicó a la transacción como un medio de extinguir obligaciones (al igual que el aludido Código, materia de reforma), primero consideró que la figura de la transacción presenta un doble aspecto: de un lado, es efectivamente un contrato destinado a poner fin a obligaciones dudosas o litigiosas, mediante concesiones recíprocas; desprendiéndose su naturaleza contractual de la definición contenida en el artículo 1351 del Código Civil que define el contrato. Este carácter se ve acentuado al haberse introducido el segundo párrafo del artículo 1302 del citado Código, según el cual se admite que la transacción puede crear, regular o modificar relaciones diversas de las que son objeto de la controversia. En otra parte se comentaba por la anotada Comisión, que el legislador ubica a la transacción como uno de los medios de extinguir obligaciones por razones de tradición jurídica y porque en múltiples casos prevalece el efecto extintivo de la misma. Acotaba que había sido motivo de especial preocupación de la Comisión revisora, que dio origen al Código Civil vigente de 1984, introducir mecanismo ágiles para que los particulares solucionen sus diferencias sin la intervención de los tribunales de justicia, teniendo en cuenta el explicable deseo de las partes de evitar los costos de un proceso, la pérdida de tiem523-524. Para este último. la transacción es un contrato o negocio jurídico declarativo, ya que los derechos se fijan por obra y facultad de las mismas partes, quienes tienen soberanía absoluta en sus propios intereses. De ese modo, se afirma y aclara la situación jurídica incierta, que aflora con nitidez mediante la transacción. En torno a la duda que suscita la naturaleza jurídica de la transacción conviene revisar también la obra de Alterini, Atilio Aníbal, Oscar José Ameal y Roberto López Cabana, Curso de obligaciones, 4.ª ed. Actualizada, 1.ª reimpresión, t. II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, pp. 339-340.

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po que éste conlleva y la voluntad común de lograr tranquilidad, aspecto que prevalecía para que ellas “se dicten su propia sentencia”5 6. 10. Es por ello que los profesores Castillo Freyre y Osterling Parodi señalan que la transacción es un acto jurídico, puesto que constituye una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, pero, asimismo, puede ser un contrato al versar sobre relaciones jurídicas patrimoniales (puesto que los derechos extrapatrimoniales son intransigibles), por lo que ambos conceptos no resultan ser excluyentes sino complementarios. Por lo tanto, se concluye que para nuestro ordenamiento jurídico nacional la transacción es un acto jurídico de naturaleza patrimonial (contrato) por el que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso. A nivel formal, al ser un contrato, apunta a zanjar cuestiones ya existentes entre las partes, es decir a extinguir relaciones jurídicas existentes que se encuentran en controversia. Por ello su ubicación es más clara dentro de los medios extintivos de las obligaciones. En cuanto al nivel de fondo, lo que subyace en el corazón de esta figura se centra en la búsqueda de la paz y la armonía6. Cf. Exposición de motivos oficiales del código civil. La transacción, elaborada por la Comisión Revisora del Código Civil de acuerdo a las leyes 24039 y 24136. Separata Especial del diario oficial El Peruano publicada el 23 de marzo de 1988, p. 7. 6 Cf. Castillo Freyre, Mario et al, ob. cit., pp. 444, 446 y 451. Refiriéndose a las concesiones recíprocas, la Comisión revisora siguiendo la doctrina argentina, señalaba que ellas no requieren ser de valor equivalente, sino que pueden ser enteramente desiguales y desproporcionadas en su valor patrimonial, tampoco es necesario que sean de naturaleza económica, pudiendo ser de otra naturaleza. Cf. Exposición de motivos oficiales…, p. 8

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La causa o función de la transacción es la composición de la controversia jurídica que existe entre las partes, cuya solución o liquidación asumen los propios interesados, evitando provocar un pleito o acabando el ya iniciado, y se realiza mediante recíprocas concesiones. Sobre esta causa, que en sus múltiples aspectos revela la virtualidad operativa del contrato, y sobre la situación o relación jurídica controvertida debe recaer, impelido por el animus transigendi, el consentimiento de los contratantes7. Seguidamente haremos referencia tanto a la doctrina nacional como a la argentina, por haber servido el Código Civil de este último país como fuente para la redacción de nuestro actual artículo 1302, especialmente en cuanto a la validez de cosa

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7 Cf. Luna Serrano, Agustín, en: Lacruz Berdejo, José Luis et alii, Derecho de obligaciones. Vol. Segundo, contratos y cuasicontratos, delito y cuasidelito, 3.ª ed., Barcelona, Bosch, 1995, p. 377. 254

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juzgada que se le otorga a la transacción8; extremo sobre el cual nos ocuparemos más adelante9. 11. Al decir de Llambías, la transacción se basa en un intercambio de sacrificios; si una sola de las partes sacrificara algún derecho suyo, ello sería una renuncia y no una transacción que requiere que medien concesiones recíprocas. Mientras exista una reciprocidad, no importa la cuantía de ellos ni su equiLo dicho nos lleva a recordar que el Código Civil francés también le otorga tal calidad a la transacción, además de considerar que no procede alegar la lesión en su celebración, conforme a continuación de menciona: “Article 2044: La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Article 2052: Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion”. Comentando tales normas, los hermanos Mazeaud estipulaban que la transacción es un contrato en el sentido preciso de la palabra, ya que crea una obligación de no hacer, la de no acudir a la justicia o la de no continuar un procedimiento en curso. Acotaban que las concesiones no necesariamente debían ser equivalentes, pero era necesario que existiera alguna concesión, al menos de orden moral, de lo contrario la transacción sería nula. Cf. Mazeaud, Henri, León y Jean, Lecciones de derecho civil, parte tercera, vol. IV, trad. de Luis Alcalá-Zamora y Castillo, bajo la dirección de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1974, pp. 619 y 627. También ver: Trigo Represas, Félix A., “Las concesiones recíprocas en la transacción”, en: La Ley 1989-B, nota a fallo, p. 563. 9 Conforme es de aceptación general en el sistema jurídico, los elementos esenciales de la transacción son los siguientes: a) Una relación jurídica litigiosa o controvertida; b) La intención de los contratantes de componer el litigio, esto es eliminar la controversia y, c) Las recíprocas concesiones de las partes (aliquid Batum, aliquid retentum). Estos elementos serán mencionados durante el desarrollo del análisis del caso a resolverse por lo que no se les dedicará consideraciones específicas al tener que ser aludidos en toda la sentencia.

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valencia o desigualdad, puesto que la ley no exige paridad de concesiones, ni ello podría imponerse porque la importancia del sacrificio que cada cual realiza es de apreciación eminentemente subjetiva, no habiendo pauta válida para su medición10. c.4. Efectos de la transacción:

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12. Se sostiene que la Transacción, como es opinión mayoritaria en doctrina, produce diversos efectos, siendo los princi-

10 Llambías nos dice que la materia de la transacción son las obligaciones litigiosas o dudosas. Un acuerdo extintivo que recayese sobre obligaciones que no fuesen litigiosas o dudosas, no sería una transacción porque la res dubia es la esencia de esa figura. En efecto, la transacción es un negocio o acto jurídico de fijación, que tiende a hacer cierta o a poner fuera de discusión una situación determinada, eliminando la incerteza de la relación. Esa incertidumbre puede ser objetiva o subjetiva, la primera corresponde a las obligaciones litigiosas que son las que están sometidas a un pronunciamiento judicial; la segunda origina las obligaciones dudosas, es decir, las que las partes sinceramente han estimado como tales, aunque en verdad no lo fueran para un jurista especializado. Cf. Llambías, ob. cit., pp. 75 y 76. En el mismo sentido se pronuncia Fornaciari, al estimar que las obligaciones dudosas serán aquellas que las partes seriamente estiman como tales. Por lo que los requisitos esenciales de la transacción serán la existencia de cuestiones dudosas o litigiosas, pero entendiendo que la res dubia precede y enlaza siempre ambas situaciones; sea que el acuerdo se concrete como forma de autocomposición extrajudicial, sea que se realice en el ámbito del proceso. Asimismo, el carácter dudoso de determinada cuestión debe ser apreciado de manera subjetiva, es decir, en el sentido que seria y razonablemente le atribuyen los otorgantes con abstracción de la interpretación que le daría un jurisconsulto o el propio juez de la causa. Cf. Fornaciari, Mario Alberto, Modos anormales de terminación del proceso, t. II, Buenos Aires, Depalma, 1988, pp. 27 y 28. También sobre la res dubia resulta oportuno ver a Compagnucci de Caso, Rubén: “La ‘res dubia’ como motivación totalizadora de la transacción”, en: El Derecho. Jurisprudencia general, Buenos Aires, t. 85, 1980, pp. 859-863. 256

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pales: a) es obligatoria o vinculante; b) es extintiva; c) tiene efecto declarativo; d) tiene valor de cosa juzgada11: a) Es obligatoria o vinculante: Por su razón de carácter contractual, la transacción crea para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, en mérito al adagio que “el contrato es ley entre las partes”. b) Es extintiva: Precisamente por el efecto extintivo que posee la transacción, las partes no pueden hacer valer luego los derechos renunciados por ese acto, si lo hicieran, serían rechazados por una excepción de transacción, que impide renovar una pretensión ya aniquilada por la virtualidad del convenio celebrado. c) Tiene efecto declarativo: La transacción no tiene efectos traslativos de derechos sino declarativos. Esto significa que cuando uno de los contratantes reconoce el derecho del otro, no es que esté considerando que se lo está transmitiendo, sino

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que ese derecho ha existido desde antes y directamente en cabeza de quien lo tiene luego de la transacción. d) Tiene valor de cosa juzgada: La parte final del artículo 1302 de nuestro actual Código Civil le otorga tal condición a la transacción, aspecto sobre el que regresaremos más adelante cuando tratemos específicamente sobre la vinculación de la transacción con la cosa juzgada y su posibilidad de proponerse como excepción en ese sentido.

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13. Concordante con lo dicho, el artículo 1303 del Código Civil es expreso al consignar que: “La transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra CAP. VII

11 Por todo lo que diremos se ha seguido la obra de Llambías, ob. cit., pp. 114-124. INSTITUTO PACÍFICO

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sobre el objeto de dicha transacción.”, dejando en claro la relevancia del elemento reciprocidad en esta figura extintiva. El sentido del artículo es evidente, tomando en cuenta la finalidad de la transacción, cual es la de no reabrir el asunto que dejó de ser controvertido, dudoso o litigioso; por lo tanto la eficiencia y practicidad, que constituyen las ventajas de la transacción, giran alrededor de esta economía en términos de tiempo, recursos e incertidumbre. Estos beneficios se tornarían estériles si la transacción no tuviera la calidad de definitiva, es decir, si pudiera iniciarse, reiniciarse o proseguir un proceso judicial sobre el mismo tema, al cual las propias partes encontraron solución y convinieron en ella12. 14. Ahora bien, nuestro Código Procesal Civil también regula sobre la transacción judicial, la misma que debe ser homologada por el juez de la causa conforme se estipula en el artículo 337, el mismo que a la letra dice: “Artículo 337. Homologación de la transacción. El juez aprueba la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas, verse sobre derechos patrimoniales y no afecte el orden público o las buenas costumbres, y declara concluido el proceso si alcanza a la totalidad de las pretensiones propuestas.

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Queda sin efecto toda decisión sobre el fondo que no se encuentre firme. La transacción que pone fin al proceso tiene la autoridad de la cosa juzgada. El incumplimiento de la transacción no autoriza al perjudicado a solicitar la resolución de esta.

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Si la transacción recae sobre alguna de las pretensiones propuestas o se relaciona con alguna de las personas, el proceso continuará respecto de las pretensiones o personas no comprendidas CAP. VII

12 Cf. Castillo Freyre, Mario et al., ob. cit., p. 530. 258

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en ella. En este último caso, se tendrá en cuenta lo normado sobre intervención de terceros.

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Con la transacción judicial no se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones materiales ajenas al proceso”.

Seguidamente se regula: “Artículo 338. Normatividad supletoria. En todo lo no previsto en este Capítulo, se aplican las normas pertinentes del Código Civil”.

15. Como nota adicional deviene en ilustrativo consignar que de las sesenta y dos modificaciones que se realizaron a diversos artículos del Código Civil, mediante la Primera Disposición Modificatoria del Código Procesal Civil, ninguna se refiere a las normas de la transacción, es más existe el artículo 338 antes citado que es remisivo a las reglas contendidas en el Código sustantivo, lo que demuestra que el legislador procesal no tuvo intención alguna de restarle eficacia a la transacción extrajudicial, de lo contrario hubiera modificado o derogado toda la normativa citada. c.5. La Transacción extrajudicial: ¿defensa de forma o de fondo?

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16. La cuestión surge en saberse si es que solamente la transacción judicial puede hacerse valer como defensa de forma (excepción procesal) y la extrajudicial como defensa de fondo. Si bien es cierto que el artículo 453 del Código Procesal Civil precisa que: “Artículo 453. Amparo de las excepciones de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por conciliación o transacción. Son fundadas la excepciones de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por conciliación o transacINSTITUTO PACÍFICO

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ción, respectivamente, cuando se inicia un proceso idéntico a otro:

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1 Que se encuentra en curso; 2 Que ya fue resuelto y cuenta con sentencia o laudo firme; 3 En que el demandante se desistió de la pretensión; o 4 En que las partes conciliaron o transigieron”.

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No resulta menos cierto que se puede optar por uno de dos caminos, o el de la aplicación literal de dichos supuestos o el de interpretar sistemáticamente los mismos dentro del marco constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, así como de los fines del proceso, además del principio de autonomía de la voluntad; esto es de buscar la solución a un caso concreto de manera cierta sin dar pie a sucesivos litigios. 17. Si nos inclinamos por la primera opción, es decir por la aplicación literal de la norma jurídica procesal, se consideraría que la transacción extrajudicial no puede ser alegada como excepción procesal, por el contrario deberá alegarse como defensa de fondo, es decir, como parte de la contestación de la demanda. En cambio si ponderamos la segunda alternativa, esto es, de la interpretación sistemática de la norma procesal, arribaremos a la conclusión que se puede alegar la Transacción Extrajudicial como defensa de forma y por ende estaría considerada dentro del supuesto previsto por el artículo 446 inciso 10 del Código Procesal Civil. 18. Comentando sobre la legislación argentina, Compagnucci de Caso precisa que la defensa o excepción de transacción, denominada exceptio litis per transactionem finitae, es de tipo perentorio que decide el pleito y tiene carácter sustantivo, por lo que aquel que pretenda oponer esta defensa debe demos-

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trar, al igual que para la cosa juzgada, que se den los requisitos de las tres identidades: objeto, sujetos y causa. En cuanto al objeto, debe entenderse que solo se ha transado sobre los derechos que obran en el acuerdo, y no es posible extender el entendimiento a situaciones análogas o similares. Los sujetos también deben coincidir y juega el principio del efecto relativo de los contratos. Por último la causa debe ser idéntica, es decir, estar fundada en los mismos hechos que fueron fuente de las pretensiones reclamadas13. 19. Nuestra anterior legislación procesal, aunque no de manera expresa, contemplaba la distinción entre excepciones perentorias y dilatorias, por el momento en que podían ser deducidas –claro está que el Capítulo II del Título I, de la Sección Segunda del Código de Procedimientos Civiles de 1912, llevaba solamente por título “Excepciones dilatorias”14–, clasificación que hoy en día ha dejado de ser usada, tanto es así que la actual Ley de Enjuiciamiento Civil española del año 2000 no las contempla, teniendo eso sí una estación procesal de saneamiento. No obstante lo dicho, resulta ilustrativo hacer algunas referencias a ello, fundamentalmente por sus efectos prácticos.

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20. En doctrina existen tantas clasificaciones de excepciones como autores hay15, por lo que optamos por seguir lo dicho CAP. VI

13 Cf. Compagnucci de Caso, ob. cit., pp. 532-533. 14 Sobre esto resulta ilustrativo revisar lo dicho por Eugenia Ariano: “Prescripción, ¿cuestiones” declarables de oficio y cosa juzgada”, artículo contenido en: Problemas del proceso civil, Lima, Jurista editores, 2003, pp. 102-105, especialmente las notas a pie. 15 Nos remitimos a lo comentado por Eugenia Ariano, ob. cit., pp. 103, n. 4 y 145, n. 21. INSTITUTO PACÍFICO

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por Peláez16, quien mencionando los diferentes criterios de clasificación de estas, alude, entre otras, a las: a) procesales y materiales; b) propias e impropias; c) de previo o especial pronunciamiento; d) perentorias, dilatorias y mixtas. Es esta última clasificación la más difundida, concibiéndose a las excepciones dilatorias o temporales como aquellas que no impiden una reproducción del ataque del actor en otro proceso una vez hayan variado las circunstancias; en tanto que las perentorias o perpetuas, eran aquellas que de ser estimadas impedían que el ataque se reproduzca en otro proceso, porque se dirigían a conseguir la absolución del demandado o la terminación del litigio, desvirtuando o destruyendo para siempre el derecho del demandante17. Se admitía una tertius genus que se denominaba excepciones mixtas, porque, se sostenía, tenían doble naturaleza, de perentorias y de dilatorias, por lo que se podían hacer valer tanto antes de contestar la demanda como al presentarse esta, siendo considerada dentro de este tipo de excepciones la de Transacción. c.5.1. Transacción vs. Cosa juzgada: 21. Otro ámbito de debate es el referido a que si la Transacción al tener, según nuestro Código Civil, el valor Cosa Juzgada podría haber hecho valer en este proceso como defensa de forma bajo el amparo del inciso 8 del artículo 446 del Código

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16 Cf. Peláez, Francisco J., La transacción. Su eficacia procesal, Barcelona, Bosch, 1987, p. 191 y ss. 17 El procesalista brasileño Moacyr Amaral conceptúa a las excepciones dilatorias como “...são aquelas que apenas distendem o curso da demanda...” mientras que las perentorias “…são aquelas que trancam, encerram o processo…” Cf. Amaral Santos, Moacyr, Primeiras linhas de direito processual civil, 2.° volumen, 14.ª ed., Sao Paulo, Saraiva, 1989-1991, p. 195. 262

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Procesal Civil, que regula la excepción de Cosa Juzgada, y no bajo la égida del inciso 10 del mismo artículo. Si nos remitimos al ordenamiento procesal, observamos que el Desistimiento de la pretensión se puede hacer valer como excepción con nombre propio (artículo 446 inciso 9: Desistimiento de la pretensión) o como excepción de Cosa Juzga en mérito a lo dispuesto por el artículo 344 del Código Procesal Civil, por lo que en uno u otro sentido tendría paso, también, para ser amparada la Transacción judicial o extrajudicial. Como dato histórico mencionamos que el artículo 1728 del Código Civil de 1852 decía que: “La transacción produce entre las partes la excepción de cosa juzgada; y puede interponerse en cualquier estado de la causa.” Coligiéndose de ello, que se le otorgaba la condición de excepción mixta, al poderse oponer como dilatoria o perentoria de acuerdo a lo antes mencionado. 22. Empero, es sujeto de debate el considerar si es que la transacción extrajudicial tiene o no la calidad de Cosa Juzgada, siendo de opinión en contra la mayoría de la doctrina, por ejemplo en Argentina Llambías, Borda y Compagnucci sostienen que la transacción como contrato que es, no tiene capacidad de producir efectos de Cosa Juzgada, solo tendrá aquella fuerza la que ha sido homologada por el juez18. De la misma postura son los autores nacionales Castillo Freyre y Osterling Parodi, al señalar que la transacción solo tiene similitudes con la sentencia o con el laudo cuando nos encontramos dentro de un proceso judicial o arbitral19. 18 Cf. Llambías, ob. cit., p. 120, Compagnucci de Caso, ob. cit., p. 530 y Borda, Guillermo, Manual de obligaciones, 10.ª ed. Actualizada, Buenos Aires, Perrot, 1994, p. 360. 19 Cf. Castillo et al., ob. cit., p. 512, y Morello, Augusto M., “La transacción desde la perspectiva procesal” en: Revista del Colegio de Abogados de La INSTITUTO PACÍFICO

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De distinto parecer es el maestro uruguayo Eduardo Couture, que al considerar como excepciones mixtas a la Cosa Juzgada y a la Transacción, decía que: “Las excepciones de cosa juzgada y transacción evitan, en todo caso, el debate sobre el derecho expuesto en la demanda. Quien aduce la cosa juzgada no discute el derecho mismo, sino que se ampara en un pronunciamiento anterior a su respecto, que le resulta favorable y que le ahorra una nueva discusión. El que invoca la transacción tampoco quiere dilucidar el derecho tal cual era, sino que se ampara en un estado de cosas que ha surgido luego del contrato de transacción y que hace innecesario todo debate sobre el estado anterior; la transacción que es el equivalente contractual de la sentencia, actúa en el juicio como una verdadera excepción de cosa juzgada”20. 23. La doctrina española también se ocupa de tal efecto, considerando que la norma respectiva (artículo 1.816 del Código Civil español), cuando habla del valor de Cosa Juzgada, se trata más de una metáfora secular y que ha cumplido históricamente la misión de subrayar el carácter meramente declarativo del contrato, no debiendo entenderse en su sentido literal; por tal motivo el autor español Francisco Peláez comenta que: “Partiendo de que la transacción es una especie de sentencia que dictan las partes para resolver su situación controvertida, pienso que la interpretación que buscamos es la de Fenech. El art. 1.816, dice, ‘no refleja una identidad conceptual con la cosa juzgada de la sentencia. La cosa juzgada de la transacción que no puede hacerse valer, por ejemplo, por medio de la excepción de cosa juzgada en el proceso civil, ni tratarse por el procedimiento incidental, quiere decir que el juez viene obligado a tener en cuenta

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Plata, año VI, N.° 11, t. VI, julio-diciembre, 1953, pp. 375-390, artículo contenido también en su libro: La eficacia del proceso, 2.ª ed. ampliada, Buenos Aires, Hammurabi, 2001, pp. 393-409. 20 Cf. Couture, Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, 12.ª reimpresión de la 3.ª ed. de 1958, Buenos Aires, Depalma, 1985, pp. 118-119. 264

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la decisión de las partes y a no contradecirla, aunque la crea injusta; pero esta cosa juzgada no impide que el juez valore la validez del propio contrato de transacción, y que estime su falta de causa, que ha sido otorgado con dolo, etc., o sea, que el juez no puede revisar el proceso que ha culminado en una sentencia, de modo que la cosa juzgada se desprende de la sentencia y cubre la actividad anterior a ella. Solo en ese sentido puede hablarse propiamente de cosa juzgada, en cuanto la solución se independiza de la actividad anterior y tiene valor por sí misma.’ Es como una sentencia que se han dado las partes”21. Continúa citando Francisco Peláez, esta vez a Carreras Llansana quien opina que: “Para que exista cosa juzgada en sentido material, es indispensable, por definición, que se haya juzgado, es decir, que exista verdadero y propio juicio sobre una cuestión entre partes. Si no existe una verdadera norma o regla sobre relaciones jurídicas, si falta como hemos visto esta imperatividad que es solo propia de la sentencia dictada en el proceso contencioso, no cabe afirmar que exista propiamente un juicio ni cosa juzgada”22.

24.-En la misma línea doctrinal Agustín Luna Serrano opina que, tampoco habría de tener la transacción el valor de cosa juzgada en el sentido positivo de ser vinculante para el juez, puesto que al no haber juicio no se da el presupuesto de la regla tradicional res iudicata pro veritate habetur, por lo que sostiene que si alguna de las partes “[…]intentase repristinar la discusión ante los órganos jurisdiccionales, la otra podría oponerle útilmente, con la misma fuerza que la exceptio rei judicate, la exceptio litis per transactionem finitae”23.

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25. En consecuencia, parecería dificultoso decantarse por una u otra opción; empero, siguiendo a la mayoría de la doctrina, 21 Cf. Peláez, ob. cit., pp. 161 y 163 22 Cf. Peláez, ob. cit., p. 164. 23 Cf. Lacruz, ob. cit., p. 382 y ss. INSTITUTO PACÍFICO

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cuyos argumentos nos parecen más plausibles con relación a si en base a la transacción extrajudicial –no homologada24– se puede deducir la excepción de Cosa Juzgada, opinamos que no resulta viable su proposición como defensa de forma bajo esa denominación, sino más bien creemos que se puede plantear como excepción de Transacción propiamente dicha, toda vez que si bien es cierto existen ciertas similitudes entre ambas instituciones –Transacción y Cosa Juzgada– se nota la ausencia de identidad entre las mismas y más bien una mayor presencia de diferencias. c.5.2. De la transacción extrajudicial como excepción procesal: 26. En lo que respecta a nuestro ordenamiento procesal, comentando el anterior Código de Procedimientos Civiles de 1912, Augusto Ferrero decía que:

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“En cuanto a la transacción, nuestra ley procesal no ha hecho sino conceder al demandado el derecho de interponer con el carácter previo de defensa, una institución contemplada en el Código Civil (artículos 1307-1316). La transacción como la cosa juzgada, entraña una función positiva y una negativa. Una función positiva por cuanto se puede exigir su cumplimiento. Una función negativa por cuanto se puede oponer lo pactado. Es en el sentido de la función negativa que opera la excepción. Como la transacción puede hacerse por escritura pública o por petición al juez que conoce el litigio (artículo 1308 del Código Civil), entendemos que en ambos casos procede como excepción. Tiene el mismo valor que una resolución judicial. Por ello, como

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24 Sobre la mala habitualidad de requerir la homologación de la transacción es bueno remitirnos a lo dicho por: Carbone, Carlos Alberto, “Excepciones de transacción, conciliación y desistimiento del derecho”, en: Excepciones procesales. Doctrina y jurisprudencia (coord. Jorge Peyrano), Santa Fe, Editorial Panamericana, 1993, p. 181. 266

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anota Couture, por medio de la transacción las partes deciden por contrato lo que el juez habría de pronunciar por sentencia”. Seguidamente agrega “[…]El fundamento de la excepción de cosa juzgada, como el de la transacción, desistimiento y litispendencia, es la seguridad jurídica. No olvidemos que no solamente es importante actuar el derecho con el mínimo posible de actividad jurisdiccional, sino también con la mayor seguridad jurídica. Porque ‘el derecho no es un valor en sí mismo, ni la justicia su contenido necesario. La prescripción no procura la justicia, sino el orden; la transacción no asegura la justicia, sino la paz; la cosa juzgada no es un instrumento de justicia, sino de autoridad’”25. 25 Cf. Ferrero, Augusto, Derecho procesal civil. Excepciones, 2.ª ed. corregida y aumentada, Lima, s/e, 1974, pp. 142-144. Sobre esto también nos remitimos a lo ya dicho por Couture en su obra citada, pp. 118-119. Otro autor nacional, comentando el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles, decía que esta excepción se justificaba puesto que al tener esta como fin el evitar un litigio y si, a pesar de ello, una de las partes planteara uno nuevo, tenía que otorgarse al demandado un recurso que le permitiera “[…]hacer efectivo el efecto de la transacción[…]”. Cf. Perla Velaochaga, Ernesto, Juicio ordinario, 6.ª ed., Lima, EDDILI, 1986, p. 228. De posición distinta es Pino Carpio, para quien la única transacción que podía dar pie a proponerse como excepción, de acuerdo al artículo 317 del C. de P. C., era la que había “[…]incidido en juicio, porque si este no ha existido, no se podría hablar de las identidades de objeto y de causa (cosa y acción según el Código), por más que el del juicio iniciado después de la transacción se deduzca que tales identidades existen en el convenio transaccional. Por consiguiente, si la transacción se ha llevado a cabo sin que antes hubiera existido juicio, no puede deducirse la excepción; pues lo que cabe en este caso es que el demandado oponga la transacción como un medio de defensa substancial, lo que debe hacer al contestar la demanda”. Cf. Pino Carpio, Remigio, Nociones de derecho procesal y comento del código de procedimientos civiles, t. II, Lima, Tipografía Peruana, 1963, pp. 72-73. Respecto a la inviabilidad de proponer la transacción extrajudicial como excepción bajo las normas de nuestro actual Código Procesal Civil es ilustrativo ver la obra de: Ariano Deho, Eugenia, El proceso de ejecución. INSTITUTO PACÍFICO

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27. Según Raymundo Salvat, para que la excepción de transacción pueda prosperar, es necesario el concurso de dos condiciones, análogas a las que se exige para la cosa juzgada: a) Que la nueva cuestión sea la misma que había sido transigida (identidad de objeto) y b) que la cuestión se plantee entre las mismas personas, actuando en la misma calidad (identidad de personas)26; por ello se dice que la transacción es un instituto con una doble resonancia normativa, fondal y ritual, por cuanto sus efectos extinguen o modifican relaciones jurídicas y son idóneos para terminar anormalmente el proceso, puede argumentarse como pretensión para exigir su cumplimiento (ya que genera un título ejecutivo) o como excepción cuando se pretende demandar por el mismo derecho primigenio que fue objeto de la transacción27. 28. Abundando en argumentos a favor de la viabilidad de proponer la transacción extrajudicial como excepción, Fornaciari considera que la transacción afecta directamente la pretensión, afecta el derecho que se autoatribuye el actor en el proceso: “Cuando se trate de convenio extrajudicial, estaremos en el campo de los derechos simplemente dudosos. Frente a este supuesto, se ha sostenido que, cuando el acuerdo se celebre sin que exista litigio, la transacción no puede oponerse como excepción previa, solo sería viable como ‘defensa de fondo’ ya que es un medio extintivo de obligaciones que guarda similitud con el pago que no está enumerado entre las defensas previas. Los argumentos no nos parecen definitivos; pensamos que para arribar a una solución a este problema, es necesario La tutela ejecutiva en el código procesal civil peruano, Lima, Rodhas, 1996, pp. 216-217 26 Citado por Castillo Freyre et al, ob. cit., p. 491. 27 Cf. Carbone, Carlos Alberto, ob. cit., pp. 179-180. 268

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recurrir al procedimiento de identificación de pretensiones […] Por su valor gráficamente esclarecedor, conviene reproducir la fórmula suministrada por Calamandrei. Según este autor, la identificación subjetiva tiende a establecer quiénes son los litigantes; la objetiva apunta a determinar sobre qué litigan; la atinente al tercer elemento, o sea al título o causa petendi, se dirige a responder por qué litigan”. Líneas más adelante el autor aludido concluye que constatada la triple identidad no advierte impedimento alguno para que la transacción pueda prosperar como defensa previa, por lo que “[…]determinada por el procedimiento de confrontación la identidad de la pretensión deducida con la cuestión que ha sido materia de convenio transaccional, la excepción previa que analizamos es perfectamente viable”28. 29. Concluimos que no existe basamento lógico que sirva de obstáculo para que la Transacción Extrajudicial se oponga como defensa de forma, de lo contrario se estaría desconociendo sus efectos extintivos así como su utilidad como medio eficaz para solucionar futuros litigios, además de instrumento para alcanzar la paz y armonía entre las partes.

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[…] IX. FALLO Por tales razones, el Pleno Casatorio de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con lo normado por el artículo 400 del Código Procesal Civil, por mayoría: a) Declara INFUNDADO el recurso de Casación interpuesto por doña Giovanna Angélica Quiroz Villaty, por derecho propio y en representación de sus hijos Euler Jonathan y José 28 Cf. Fornaciari, ob. cit., pp. 96-97. INSTITUTO PACÍFICO

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Ronny Mendoza Quiroz y Walker Steve Cuenca Quiroz, en consecuencia NO CASARON la resolución de vista, su fecha 27 de diciembre de 2006, expedida por la Sala Civil de Cajamarca; asimismo, b) DECLARA QUE CONSTITUYEN DOCTRINA JURISPRUDENCIAL los siguientes precedentes vinculantes 1. La Transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como Excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446 e inciso 4 del artículo 453 del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la Transacción. Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el juez, se tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener regulación expresa. Ocurriendo lo mismo en cuanto a las transacciones celebradas con relación a derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por el juez competente conforme a ley, (voto en mayoría). 2. La legitimación parar obrar activa, en defensa de los intereses difusos, únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente en el artículo 82 del Código Procesal Civil, (voto por unanimidad). SE ORDENA la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, teniendo efectos vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales de la República a partir del día siguiente de su publicidad. Interviniendo como vocal ponente el señor Vásquez Vejarano. 270

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WALTER VÁSQUEZ VEJARANO ANTONIO PAJARES PAREDES ROGER H. SALAS GAMBOA

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MANUEL SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA HUGO SIVINA HURTADO JAVIER ROMÁN SANTISTEBAN ELCIRA VÁSQUEZ CORTEZ

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VÍCTOR TICONA POSTIGO CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO JAVIER VILLA STEIN

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VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA DUBERLI RODRÍGUEZ TINEO JORGE SOLÍS ESPINOZA JACINTO RODRÍGUEZ MENDOZA

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JOSÉ LECAROS CORNEJO

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índice

Prologo..................................................................................... 9 Introducción.............................................................................. 13

CAPÍTULO I LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 1. Concepto y naturaleza........................................................ 19 2. Contenido........................................................................... 23 3. Manifestaciones de la tutela jurisdiccional efectiva.............. 27 3.1. Tutela de cognición.................................................... 27 3.2. Tutela de ejecución.................................................... 28 3.3. Tutela cautelar............................................................ 29 3.4. Tutela diferenciada en sede civil................................. 30

CAPÍTULO II LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 1. Los presupuestos procesales materiales o de fondo............. 41 1.1. Legitimidad para obrar................................................ 42 1.2. Interés para obrar........................................................ 45 1.3. Posibilidad jurídica..................................................... 50 2. Los presupuestos procesales de forma................................. 51 2.1. Capacidad Procesal..................................................... 52

2.2. Competencia del juez................................................. 53 2.3. Requisitos de la demanda........................................... 56

CAPÍTULO III EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL JUEZ 1. En la calificación de la demanda y de la contestación......... 62 1.1. Por defectos subsanables............................................ 62 1.2. Por defectos insubsanables......................................... 62 2. En el saneamiento procesal................................................. 65 3. Al sentenciar....................................................................... 69 4. Mediante nulidad por vicios insubsanables......................... 71

CAPÍTULO IV EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDADO 1. Las excepciones.................................................................. 84 1.1. Aspectos esenciales.................................................... 84 1.2. Las excepciones en el Código Procesal Civil............... 89 1. Incompetencia.................................................... 90 2. Incapacidad del demandante o de su representante................................................................... 92 3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado........................... 93 4. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda............................................... 94 5. Falta de agotamiento de la vía administrativa...... 95 6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado............................................... 96 7. Litispendencia.................................................... 97

8. Cosa juzgada...................................................... 98 9. Desistimiento de la pretensión............................ 99 10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción......................................................... 100 11. Caducidad.......................................................... 102 12. Prescripción extintiva......................................... 102 13. Convenio arbitral................................................ 103 1.3. La praxis judicial sobre algunas excepciones.............. 104 2. La nulidad procesal como defensa de forma........................ 122 2.1. ¿El pedido de nulidad procesal es un recurso?............ 122 2.1.1. Introducción..................................................... 122 2.1.2. Los medios impugnatorios en el Código Procesal Civil................................................... 123 2.2. Finalidad del recurso de nulidad................................. 128 2.3. Principios que rigen la nulidad procesal..................... 131 1. Principio de legalidad o de especificidad............ 131 2. Principio de trascendencia.................................. 132 3. Principio de convalidación................................. 133 4. Principio de subsanación.................................... 134 5. Principio de integración..................................... 137 6. Principio de protección...................................... 140 2.4. Resoluciones objeto del recurso de nulidad................ 141 2.5. Vicios que motivan el recurso de nulidad................... 144 2.6. La nulidad como defensa de forma ante la falta de excepción................................................................... 145 2.7. Nulidad por vicio insubsanable pese a existir excepción................................................................... 154

CAPÍTULO V EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR EL DEMANDANTE 1. La nulidad procesal............................................................. 161

CAPÍTULO VI EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES POR LOS LITISCONSORTES Y LOS TERCEROS 1. Clases de litisconsorcio en el Código Procesal Civil............ 167 2. Clases de terceros en el Código Procesal Civil..................... 171 3. Mecanismos para el control de los presupuestos procesales a cargo de los litisconsortes........................................ 173 4. Mecanismos para el control de los presupuestos procesales a cargo de los terceros................................................ 173

CAPÍTULO VII PRINCIPALES CONCLUSIONES Principales conclusiones............................................................ 175 Anexos...................................................................................... 181 Bibliografía................................................................................ 273