Monografia Final De 27444

DERECHO ADMINISTRATIVO

DEDICATORIA: 

A nuestro Docente Dr. PALACIOS MATOS, Nelson, por

brindarnos

sus

conocimientos

Derecho

Administrativa y también a nuestros, Padres por ese apoyo que nos brindan para poder formarnos en nuestra vocación y agradecer a Dios sobre todas las cosas y por brindarnos la vida.

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DERECHO ADMINISTRATIVO

PRESENTACIÓN: 

El siguiente trabajo es fruto de un arduo proceso de Investigación, análisis para determinar en una conclusión fundamental que me ayude a reflexionar sobre el tema “LEY 27444”.



Esperamos recibir la conformidad del área de DERECHO ADMINISTRATIVO que se desarrolla en la

FACULTAD

DE

DERECHO

Y

CIENCIAS

POLITICAS del V SEMESTRE a cargo del docente responsable Dr. PALACIOS MATOS, Nelson.



Recalcando el esfuerzo y la satisfacción de entregar un trabajo completo a las exigencias del área y de mis colegas de clase.



Los Alumnos y colegas de Derecho y Ciencias Políticas y también a Dios sobre todas las cosas.

Los alumnos…

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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un análisis de los actos administrativos, ya que estos están dentro de la administración pública. La administración pública es el conjunto de órganos administrativos que sirven al estado para la elaboración de funciones y actividades destinadas a la producción de obras, bienes y servicios públicos a la sociedad. Este proceso de elaboración de funciones demanda la determinación del objeto para definirlos, lo cual supone la reunión de sus elementos, tratando de introducir una idea más o menos clara de lo que son los actos administrativos sobre todo su importancia que tienen estos adentro de lo que es el ordenamiento jurídico.

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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL PRESENTE CAPÍTULO Artículo 48.- CONTENIDO DEL CONCEPTO 48.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, como entidad rectora, es la máxima autoridad técnico normativa del Sistema de Modernización de la Gestión Pública y tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 48.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las siguientes competencias: 1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos técnico normativos en las materias de su competencia. 2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance e interpretación de las normas de simplificación administrativa incluyendo la presente Ley. En el caso de los Texto Único de Procedimientos Administrativos de los Ministerios y Organismos Públicos, emitir opinión previa favorable a su aprobación. 3. Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar de manera permanente los procesos de simplificación administrativa al interior de las entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información que requiera de éstas.

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4. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley. 5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar sus Texto Único de Procedimientos Administrativos conforme a la normativa aplicable. 6. Supervisar que las entidades cumplan con aplicar los procedimientos estandarizados y actualicen sus Texto Único de Procedimientos Administrativos para incorporarlos en él. 7. Supervisar que las entidades cumplan con las normas de simplificación administrativa en la tramitación de sus procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 8. Detectar los incumplimientos a las normas de la presente Ley y ordenar las modificaciones pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio para la subsanación. 9. En caso de no producirse la subsanación, la Presidencia del Consejo de Ministros entrega un informe a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, a fin de que inicie de oficio un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 239. 10. Realizar las gestiones del caso conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las diversas entidades de la administración pública.

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11. Establecer los mecanismos para la recepción de quejas y otros mecanismos de participación de la ciudadanía. Cuando dichas quejas se refieran a asuntos de la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se inhibirá de conocerlas y las remitirá directamente a ésta. 12. Otras previstas en la presente Ley y las que señalen los dispositivos legales correspondientes.”( Artículo modificado por el Art. 2° del Decreto Legislativo N° 1272, pub. El 21/12/2016. COMENTARIO: 48.1 LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS: Es la máxima entidad rectora que tiene funciones: 

Permanentes Y Ejecutivas De Regulación.



Supervisión



Asesoría

Es la autoridad técnico normativa del Sistema de Modernización de la Gestión Publica ya que se encarga de asegurar el buen cumplimiento de la tipificación establecida en todas las entidades de Administración Pública.

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LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRATICAS DEL INSTITUTO

NACIONAL

DE

DEFENSA

DE

LA

COMPETENCIA

Y

DE

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI): •

Es un Cuerpo colegiado al interior del Indecopi creado con el objeto de controlar posteriormente la legalidad de los actos y disposiciones de las entidades administrativas del estado que constituye barreras burocrático que limitan o restringen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado o que incumplan lo dispuesto en las normas de simplificación.

SIN ALGUN DAÑO A LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRATICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI): Para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes le formulen sobre el tema.

48.2 LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS: Cumplir con cada una de las competencias con respecto a las normas cumplir con el procedimiento administrativo como se establece en el artículo 48.

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PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La importancia del procedimiento administrativo se justifica porque es una de las manifestaciones del ejercicio de poder otorgadas las entidades administrativas, además de constituir la vía que deben seguir los ciudadanos para acceder a determinados derechos necesarios para llevar a cabo determinadas. Por ello, los principios que lo deben guiar el diseño y la ejecución de los procedimientos administrativos están orientados para que estos sean simples, y no se constituya en una exigencia extra legal o extremadamente rígida para los administrados. En ese sentido, el artículo IV del título preliminar de la LPAG 27444 establece los siguientes principios: ARTÍCULO 49° PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por la LPAG responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. No obstante, este principio se encuentra íntimamente ligado al principio de privilegio de controles posteriores, por el cual la administración posee la facultad de poder fiscalizar en vía posterior toda la documentación que el administrado presente. De este modo, se invierte la carga de la prueba en el procedimiento, al ser que el administrado ya no tiene que probar la verdad de las declaraciones y documentos presentados, pues es la propia Administración la llamada a acreditar la falsedad de las mismas.

 PRINCIPIO DE LEGALIDAD Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, a la .Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para

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los que les fueron conferidas. Este principio contiene a su vez otros criterios, no basta con sustentarse en las normas jurídicas; además de ello, ningún ato inferior puede dejar sin efecto lo dispuesto por una instancia superior, la imposibilidad de conceder beneficios y privilegios y negar arbitrariamente derecho a otros. El Tribunal Constitucional hace referencia al principio de legalidad en la sentencia del EXP, N 3741-2004-AA/TC del 14 de noviembre de 2005, en los siguientes términos: “…el deber de respetar y preferir el principio jurídico de supremacía de la Constitución también alcanza, como es evidente, a la administración pública. Esta, al igual que los poderes del Estado y los órganos constitucionales, se encuentran sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera directa y, en segundo lugar, al principio de legalidad, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución .De modo tal que la legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por su vinculación a la Constitución. Esta vinculación de la administración a la Constitución se aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual, si bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como (Principio de legalidad), en el fondo no es otra cosa que la concretización de la supremacía jurídica de la Constitución”…  PRINCIPIO DE CELERIDAD Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o construyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ellos revele a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.

 PRINCIPIO DE EFICACIA

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Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. El objetivo del principio de eficacia en la actuación administrativa, de acuerdo a DROMI, “es hacer más eficiente dicha actuación; asi como, la participación de los ciudadanos. Para tal fin, en virtud de este principio, se impone reglas de celeridad, sencillez y economía procesal”

 PRICIPIO DE VERDAD MATERIAL En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas medidas probatorias por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimiento trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique la sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. El Tribunal de solución de Controversias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, mediante Resolución N* 004-2003-TSC-OSINERG de fecha 11 de noviembre de 2003, indico que “conforme a este principio las actuaciones administrativas deben estar dirigidas a la identificación y esclarecimiento de los administrativas deben estar dirigidas a la identificación y esclarecimiento de los hechos producidos y a constatar la realidad, independientemente de cómo hayan sido alegadas, y , en su caso, probadas por los administrados”. Asimismo, el tribunal citado a JUAN CARLOS MORON, estableció que “la

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Administración tiene el deber de adecuar su accionar a la verdad material, y superar de manera oficiosa, las restricciones que las propias partes puedan plantear, deliberadamente o no”.

 PRINCIPIO DE PARTICIPACION Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión.

 PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Este principio implica dotar de sencillez a los trámites establecidos para llevar a cabo los procedimientos administrativos, a fin de facilitar el acceso y la gestión por parte del administrado, facilitando la organización de los mismos, todo ello en base a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

 PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidas en la

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regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.

 PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada tramite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que obtendrá. Al respecto, MORÓN establece que “cumplir con el principio de predictibilidad en la actuación administrativa, exige que las autoridades entreguen información de cada procedimiento que reúna tres calidad: información cierta, información completa e información confiable, con el objetivo claro de generar en los administrados la expectativa razonablemente fundada sobre cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del derecho y se retire cualquier riesgo de incertidumbre sobre la manera en que será tramitada y resuelta la situación sometida a la decisión gubernativa. El objeto del principio es que los administrados a partir de la información disponible puedan saber a qué atenerse”.

 PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DE CONTROLES POSTERIORES La tramitación de los procedimientos administrativos se sustenta en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicada las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.

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ARTTÍCULO 50° VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Existen documentos públicos y privados, los cuales se hacen referencia tanto a la posibilidad de acceder a ellos como a su validez como prueba. Por regla general, todo documento público puede ser consultado por cualquier persona, a excepción de aquellos documentos que por expresa disposición legal son reservados. En cambio, el documento privado, por su propia naturaleza no puede estar disponible al público, sino en los casos en que una autoridad así lo decida. ¿Qué es un documento público? El código de procedimiento civil, en su artículo 243 define el documento público de la siguiente forma: «Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.» Es claro entonces que cualquier documento que sea elaborado por un funcionario público o que en su elaboración haya intervenido un funcionario público, se considera como un documento público.

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¿Qué es un documento privado? El documento privado es aquel documento que no cumple los requisitos del documento público, es decir, es un documento que no ha sido elaborado por un funcionario público, ni ha habido intervención de éste para su elaboración. Los documentos privados son aquellos que elaboran los particulares en ejercicio de sus actividades. No obstante, un documento privado puede adquirir la connotación de documento público cuando ese documento es presentado ante notario público. Autenticidad de los documentos Respecto a la autenticidad de los documentos, dice el artículo 244 del código de procedimiento civil: «Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento”. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

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Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.» La autenticidad de los documentos públicos y privados es un aspecto de suprema importancia, puesto que el mérito probatorio de cualquier documento está en función de su autenticidad, algo muy necesario en procesos civiles, laborales o tributarios, situaciones muy comunes en cualquier empresa.

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DE LOS ADMINISTRADOS ARTÍCULO 51.- CONTENIDO DEL CONCEPTO ADMINISTRADO Se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto: 1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse. CAPACIDAD PROCESAL Tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las leyes. REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes. LIBERTAD DE ACTUACIÓN PROCESAL El administrado está facultado, en sus relaciones con las entidades, para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. Para los efectos del numeral anterior, se entiende prohibido todo aquello que impida o perturbe los derechos de otros administrados, o el cumplimiento de sus deberes respecto al procedimiento administrativo.

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DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: 1. La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de ingreso. 2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados. 3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley. 4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características. 5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. 6. . Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad.

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7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades. 8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. 9. . Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. 10. . A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible. 11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades. 12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente, y 13. Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes. DEBERES GENERALES DE LOS ADMINISTRADOS EN EL PROCEDIMIENTO Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:  Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental  Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.  Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

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 Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES Los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento. En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la información y documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar la verdad material, conforme a lo dispuesto en el capítulo sobre la instrucción. COMPARECENCIA PERSONAL Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley. Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos. A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada. FORMALIDADES DE LA COMPARECENCIA El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente:

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 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente;  El objeto y asunto de la comparecencia;  Los nombres y apellidos del citado;  El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia;  La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y  El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados. El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los administrados.

TERCEROS ADMINISTRADOS Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento.

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Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley. Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. CAPACIDAD PROCESAL ARTÍCULO 52.- CONTENIDO DEL CONCEPTO ADMINISTRADO Tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de capacidad jurídica conforme a leyes. ANTECEDENTE Arts. 4 ,21 LNGPA CONCORDANCIA INTERNA Art.115

Representación del administrado

COMENTARIO Este artículo de remisión, que implica para el derecho administrativo el reconocer ab initio que la capacidad procesal de aquellos que acuden a su cede no tienen límites en el propio derecho administrativo. La capacidad de goce y para obrar ante la administración publica estará dada por las normas de derecho civil, societario, laboral, etc., mas no por normas administrativas

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La capacidad procesal para ejercer un procedimiento administrativo no es diferente a la capacidad civil, es decir, la capacidad de ejercicio con los requisitos expresados en el código civil que son:

Art 42: Plena capacidad de Ejercicio

Cumplidos los 18 años.

Art 43: Incapacidad absoluta

Menores de 16 años

Los privados de discernimiento Además de esto, debe demostrar una legitimidad o un interés para obrar válidos – capacidad de acción.

Dicha capacidad jurídica debe actuar conforme a ley.

Según el artículo 52 de la ley 27444 llamada Ley del Procedimiento Administrativo General.

REPRESENTACION DE PERSONAS JURIDICAS

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ARTÍCULO 53.- CONTENIDO DEL CONCEPTO ADMINISTRADO Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes. ANTECEDENTE Art. 22

LNGPA

CONCORDANCIA INTERNA Art.41, 1,4

Documentos

Art. 113 .1

Requisitos de los escritos

Art. 115

Representación del administrado

COMENTARIO Al igual que en el caso de la representación de personas naturales, las personas jurídicas para acudir a un procedimiento administrativo Deben seguir las reglas propias de su régimen jurídico y el de sus estatutos para ser representados. Es necesario en el escrito de acreditación hacer mención y acompañar copia de los respectivos

poderes

con

la

habilitación

específica

para representar en

procedimientos administrativos Existen diversas clasificaciones de las personas jurídicas, entre las cuales destaca la que clasifica a las mismas en personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas de derecho público.

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Las personas jurídicas se clasifican en personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas de derecho público, por lo que inicialmente estudiaremos a las personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho privado son las reguladas expresamente y de manera genérica en el Código Civil, Ley General de Sociedades, la Ley General de Cooperativas, la Ley de General de Comunidades Campesinas y de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se rigen por sus estatutos los que son aprobados por sus miembros y la inscripción en el Registro les otorga dicho carácter, se constituyen por Escritura Pública, a excepción del Comité que puede constituirse por documento privado con firmas legalizadas por Notario y las Comunidades Campesinas que no se constituyen por acuerdo de personas, sino que la autoridad administrativa las reconoce. En el Estado Peruano sólo podemos constituir personas Jurídicas que se regulan en las normas indicadas. Las personas jurídicas de derecho privado en el Estado Peruano adquieren personalidad jurídica con su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, salvo disposición distinta de la ley, conforme al primer párrafo del artículo 77 del Código Civil Peruano de 1984. Las personas jurídicas de derecho privado se caracterizan en el Estado Peruano por que pueden constituirse por acuerdo de personas y generalmente por escritura pública (a excepción del comité), lo cual no ocurre con la comunidad campesina por que estas personas jurídicas se constituyen por su reconocimiento oficial de las Direcciones Regionales del Ministerio de Agricultura.

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1. Personas Jurídicas Reguladas en forma específica por el Código Civil.

1. Asociación. 2. Comité. 3. Fundación. 4. Comunidades campesinas

1. Personas Jurídicas Reguladas por la Ley General de Sociedades.

1. Sociedad Anónima. 2. Común. 3. Especiales. 4. Abierta. 5. Cerrada. 6. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 7. Sociedad Colectiva. 8. Sociedad en Comandita. 9. Sociedad en Comandita simple. 10. Sociedad en Comandita por acciones. 11. Sociedad Civil. 12. Sociedad Civil Ordinaria. 13. Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.

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PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO Las personas jurídicas se clasifican en personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas de derecho público, por lo que ahora estudiaremos a las personas jurídicas de derecho público. Para que una persona jurídica tenga el carácter de Persona Jurídica de Derecho Público es necesario que la Ley les otorgue dicho carácter, es decir, son Personas Jurídicas de derecho público: la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Ley 26366, art. 10), el Banco Central de Reserva (Constitución, art. 84), el Jurado Nacional de Elecciones (Ley 26486 art. 1), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Ley 26487 art. 1), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497 art. 1), el Seguro Social de Salud ESSALUD (Ley 27056, art. 1.1), el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SENATI (Ley 26272, art. 1), Superintendencia Nacional de Banca y Seguros (Ley de Bancos, art. 345), Colegios Profesionales (Constitución), Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI (Decreto Ley 25868) entre otras. También son personas jurídicas de derecho público los organismos reguladores que fueron agrupados por la Ley 27332. El segundo párrafo del art. 76 del Código Civil establece que las Personas Jurídicas de Derecho Público interno se rigen por su Ley de creación, es decir, las personas jurídicas de derecho público interno se crean por Ley, y por lo cual no pueden constituirse por escritura pública. No hemos tenido a la vista trabajos de investigación sobre las personas jurídicas de derecho público, no obstante que las fuentes de información consultadas fueron

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nacionales y extranjeras. Lo cual dificulta efectuar esta parte del presente trabajo de investigación. Las personas jurídicas de derecho público interno no se constituyen por escritura público, sino que se constituyen por su ley de creación. 1. De Derecho Público Interno.

1. Municipalidades. 2. Municipalidad Metropolitana de Lima. 3. Municipalidades Provinciales. 4. Municipalidades Distritales. 5. Municipalidad de Centro Poblado Menor. 6. Colegios Profesionales. 7. Universidades Nacionales

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CONCLUSIÓN Los actos administrativos constituyen una parte esencial de la administración pública, para el logro de los objetivos para el logro de los objetivos que esta pretende alcanzar siendo el Derecho Administrativo una rama del Derecho que busca brindar a la sociedad por medio de los servicios públicos para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Los

actos

administrativos,

son

herramientas utilizados

por la

actividad

Administrativa. Los actos administrativos constituyen una parte esencial de la administración pública, para el logro de los objetivos para el logro de los objetivos que esta pretende alcanzar siendo el Derecho Administrativo una rama del Derecho que busca brindar a la sociedad por medio de los servicios públicos para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Los

actos

administrativos,

son

herramientas utilizados

por la

actividad

Administrativa.

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BIBLIOGRAFIA 1. Ley Del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444. Jurista Editores E.I.R.L Lima. 2. Torres, V. J. (2004). Derecho Administrativo (Vol. I). Lima: Punto grafía. 3. Borja, R. B. (1995). Derecho Administrativo (IV ed.). Argentina: Depalma. 4. Gomez, D. M. (2003). Procedimientos Administrativos (1 ed.). 5. Rojas, A. S. (2001). Derecho Administrativo. México: Porrúa.

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ÍNDICE PROCEDIMINETO ADMINISTRATIVO 1. 2. 3. 4.

DEDICATORIA --------------------------------------------------------------------------------------1 PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------2 INTRODUCCIÓN -----------------------------------------------------------------------------------3 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL PRESENTE CAPÍTULO---------------4 4.4.1 Contenido Del Concepto -------------------------------------------------------------4 4.4.2 La Presidencia Del Consejo De Ministros------------------------------------------6 5. PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-----------------------------8 6. PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD----------------------------------------8 6.6.1 Principio de Legalidad-------------------------------------------------------------------9 6.6.2 Principio de Celeridad--------------------------------------------------------------------------9 6.6.3 Principio de Eficacia---------------------------------------------------------------------10 6.6.4 Principio de verdad material-------------------------------------------------------------10 6.6.5 Principio de participación----------------------------------------------------------------10 6.6.6 principio de simplicidad------------------------------------------------------------------11 6.6.7 Principio de privilegio de controles posteriores---------------------------------------11 7. VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS--------------------------------12 8. CONTENIDO DEL CONCEPTO ADMINISTRADO--------------------------------------16 9. DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS--------------------------------------------------17 10. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES-------------------------------19 11. TERCEROS ADMINISTRADOS--------------------------------------------------------------20 12. CONTENIDO DEL CONCEPTO ADMINISTRADO--------------------------------------21 13. CONTENIDO DEL CONCEPTO ADMINISTRADO--------------------------------------23 14. PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO--------------------------------------26 15. CONCLUSIÓN-----------------------------------------------------------------------------------29 16. BIBLIOGRAFIA---------------------------------------------------------------------------------30

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