Sentencia No 253/2020

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 52 DE MADRID Calle Rosario Pino 5 , Planta 4 - 28020 Tfno: 914937 6 Fax: 914937 8 42020310 NIG: 28.079.00.2-2018/0226625 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 14/2019 Materia: Derecho de la persona Demandante: D./Dña. PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL MAR PORTALES YAGÜE Demandado: D./Dña. FRANCISCO DE ASIS PASTOR PEREZ, D./Dña. MIGUEL ARTURO MORA DIAZ y REVISTA CONTEXTO, S.L. PROCURADOR D./Dña. SERGIO ROYUELA BANIANDRES SENTENCIA Nº 253/2020

En Madrid a 22 de diciembre de 2.020, vistos por Dña. Ana Mercedes Merino Melara, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Madrid1, los autos de juicio ordinario nº 14/2.019 seguidos a instancia de D. representado por la Procuradora. Sra. Portales Yagüe y bajo la dirección letrada del Sr. Higuera Brunner contra D. Miguel Arturo Mora Díaz representado por el Procurador Sr. Royuela Baniandrés y bajo la dirección letrada del Sr. García Espín, contra D. Francisco de Asís Pastor Pérez representado por el Procurador Sr. Royuela Baniandrés y asistido del Letrado Sr. Arroyo Álvarez de Toledo y contra la REVISTA CONTEXTO S.L representada por el Procurador Sr. Royuela Baniandrés y bajo la dirección letrada del Sr. Mediano Cortés. Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO UNICO.La Procuradora de los Tribunales Sra. Portales Yagüe en la representación acreditada en autos presentó con fecha 11 de diciembre de 2.018 demanda de juicio ordinario ejercitando acción de tutela del derecho al honor y resarcimiento de daños y perjuicios, a la que acompañaba documentos justificativos de su pretensión.

Por Decreto de fecha 21 de enero de 2.019, se tuvo por formulada la demanda Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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se

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. ANA MERCEDES MERINO MELARA Lugar: Madrid Fecha: veintidós de diciembre de dos mil veinte

acordándose dar traslado de la misma a la parte demandada y al Ministerio Fiscal. En escrito de fecha 7 de marzo de 2.019 el Procurador Sr. Fortes Ranera (inicial) en representación del codemandado Sr. Francisco de Asís Pastor Pérez contestó la demanda. En escrito de fecha 18 de marzo de 2.019 el Procurador Sr. Fortes Ranera (inicial) en representación del codemandado D. Miguel Arturo Mora Díaz contesto la demanda. En escrito de fecha 18 de marzo de 2.019 el Procurador Sr. Fortes Ranera (inicial) en representación de la revista CONTEXTO S.L presentó escrito de contestación. En escrito de fecha 17 de mayo de 2.019 presentó su escrito de contestación a la demanda el Ministerio Fiscal. Convocadas las partes a la correspondiente audiencia previa ésta tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2.019 solicitándose por todas las partes el recibimiento del pleito a prueba.

El Procurador Sr. Royuela Baniandrés en nombre y representación de la revista CONTEXTO S.L presentó su escrito de conclusiones el día 4 de noviembre de 2.020. El Procurador Sr. Royuela Baniandrés en nombre y representación de D. Miguel Mora Díaz presentó su escrito de conclusiones con fecha 4 de noviembre de 2.020. El Procurador Sr. Royuela Baniandrés en nombre y representación de D. Francisco de Asís Pastor Pérez presentó su escrito de conclusiones con fecha 4 de noviembre de 2.020. El Ministerio Fiscal en escrito de fecha 2 de diciembre de 2.020 formuló escrito de conclusiones. El día 10 de diciembre de 2.020 se pasaron las actuaciones para resolución.

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seguro de

La Procuradora Sra. Portales Yagüe en representación de la parte actora presentó su escrito de conclusiones en escrito con fecha 4 de noviembre de 2.020.

comprobar en

El día 14 de octubre de 2.020 se celebró la correspondiente vista con la práctica de la prueba propuesta y admitida cuyo resultado consta en autos y se da por reproducido. En dicho acto se acordó que las conclusiones se presentarían por escrito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.La parte actora ejercita acción tendente a la tutela del derecho al honor y acción de resarcimiento de daños y perjuicios a fin de que se declare que la noticia publicada el 8 de junio de 2.016 en la revista digital CTXT a través de la página web www.ctxt.es y sus subsiguientes versiones publicadas vulnera el derecho al honor del demandante. Igualmente se declare que los mensajes enviados por el medio de comunicación CTXT los días 9 y 10 de junio de 2.016 a través de las redes sociales con las cuentas de usuario de dicho medio de comunicación vulneraron el derecho del actor. Asimismo se ejercitan acciones de condena derivadas de las intromisiones ilegítimas alegadas por la parte demandante y se solicita una indemnización de daños y perjuicios que se cifra en 70.000 euros.

(conocido en el ) es, un prestigioso y conocido

Además, como es público y notorio, D. , ostentó el cargo de Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (asociación más conocida como Academia de Cine) desde el 9 de mayo de 2015 hasta el 13 de julio de 2016. Por su parte, la codemandada REVISTA CONTEXTO, S.L, con NIF Nº B87147260, y domicilio social en Avda. del Dr. Arce, nº 35, piso 2º A, de Madrid, es una sociedad mercantil constituida en noviembre del año 2014 con carácter indefinido, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja 592294, Sección 8. Se dirige la presente demanda frente a REVISTA CONTEXTO, S.L por ser la sociedad mercantil – como lo era igualmente en el momento de los hechos objeto de la presente demanda- propietaria y editora del medio de comunicación denominado Revista Contexto o “CTXT”. Se trata de un medio de comunicación digital, que publica su información como SEMANARIO a través del sitio WEB www.ctxt.es y bajo dicho dominio de Internet.

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verificación:

El demandante D. ámbito artístico cinematográfico como actor español.

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Por estos hechos se siguió previamente un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid D.P 634/2.017 que concluyó por auto de sobreseimiento provisional ratificado por la Audiencia Provincial de Madrid en resolución de fecha 28 de mayo de 2.018.

El codemandado D. MIGUEL ARTURO MORA DÍAZ, es –y era en el momento de acontecer los hechos- Director del semanario “CTXT” anteriormente aludido, así como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad REVISTA CONTEXTO, S.L. Por su parte el codemandado D. FRANCISCO DE ASÍS PASTOR PÉREZ, fue el redactor/autor y firmante del artículo publicado por el medio de comunicación “CTXT” que resulta vulnerador del honor de D. . Llama la atención, por no decir más, en cuanto a los principios e intenciones “generales” y forma de hacer periodismo por parte de dicho señor, que en la noticia en cuestión, en su firma, aparece y consta, como se apreciará, lo siguiente: “AUTOR: Francisco Pastor: Pienso, luego la lío y, por ello, feliz firmante de esta publicación”.

El 8 de junio de 2016 se publicó en la revista digital www.ctxt.es, en su sección de cultura, la noticia titulada “ PRIVATIZÓ LOS GOYA (Y HAY QUIEN PIDE SU CABEZA POR ELLO)” redactada y firmada por el ahora codemandado, D. FRANCISCO PASTOR, siendo el subtitular de la noticia el siguiente: “UNA EMPRESA ADMINISTRADA POR EL ACTOR Y DESCONOCIDA PARA LA ASAMBLEA DE LA ACADEMIA, MANEJÓ LOS FONDOS ECONÓMICOS DE LA ÚLTIMA GALA DEL CINE ESPAÑOL” En el texto de la citada noticia se podía leer, lo siguiente: “En el discurso de celebración de los Goya, anunció la creación de una fundación vinculada a la Academia de Cine, que él preside. También se enorgulleció de la colección de libros sobre actores de reparto que publicaría esta organización. Lo que el actor no contó es que, pocos días antes, había creado una empresa privada, llamada Premios Goya 2016 AIE, que recabó y gestionó los fondos para la gala, celebrada el pasado febrero. Era la primera entrega de galardones desde que llegó al cargo, en febrero de 2015. Hasta ahora, nunca una sociedad mercantil había organizado esta ceremonia, según cuentan varios miembros de esta asociación sin ánimo de lucro. La mismas fuentes lamentan que la decisión de crear una empresa no fuera consultada, como sería lo esperado, con la asamblea de la Academia de Cine, el principal órgano de deliberación de la asociación, abierto a los 1.400 académicos que la integran. Las entidades que habitualmente colaboran con la gala de los Goya sí supieron que algo pasaba cuando, este año, una carta les pidió que no realizaran su aportación económica en las cuentas de la Academia, sino en las de esta empresa privada. Los estatutos de la Academia indican que los socios pueden consultar las Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Noticia publicada en la Revista Contexto (“CTXT”) el 8 de junio de 2016.-

cuentas de la organización en cualquier momento, y que estas serán sometidas regularmente a una auditoría externa. Esa posibilidad se perdería, en principio, al delegar la gestión de los Goya en una empresa privada. La Academia de Cine recibe una asignación anual cercana a los 180.000 euros del Ministerio de Cultura, más otras ayudas públicas y privadas destinadas a la gala de entrega de los premios. “[ ] debería presentar su dimisión el sábado en la asamblea, en lugar de tratar de justificar lo injustificable”, argumenta uno de los académicos.

El cuarto punto del orden del día de la reunión estudiará el contrato según el cual , también cineasta, continúa siendo el director general de la organización. La redacción del documento logró que, aunque la asamblea celebrada en marzo votara en contra de renovarle en el cargo, este tuviera derecho a permanecer en su puesto, en principio, otro año más. Aquel desencuentro tuvo lugar poco después de que, durante la gala de entrega de los Goya, Enríquez no permitiera entrar al hotel Auditorium, donde se celebró la ceremonia, a destacados académicos; algunos de ellos, nominados al premio en calidad de guionistas. (…) Los llamamientos a la dimisión del presidente llegan antes de una asamblea que los críticos con prevén agitada: “No se evidencian las ventajas de crear una estructura como esta, ni de ocultarlo a la asamblea”. La única publicación en la que la Academia de Cine alude a Premios Goya 2016 AIE, y en la que no se oculta que fue esta sociedad la que organizó la entrega de premios, fue una comunicación corporativa posterior a la gala. Como señalan estos académicos no es la primera vez que la transparencia de la asociación queda en entredicho. El anterior presidente, Enrique González-Macho, está imputado por falsear datos de taquilla y recoger, así, 731.900 euros en subvenciones para sus películas que, en principio, no le correspondían”. El citado artículo fue redactado y publicado infringiendo la obligación de transmitir información veraz y atenta gravemente contra el honor del demandante. Es falso que el demandante privatizara los premios Goya, el demandante no creó la AIE Premios Goya 2.016, sino que esta fue constituida y creada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la designación del demandante como Administrador de la AIE es algo consecuente a su condición de Presidente; es igualmente falso que se estuviera pidiendo la dimisión del Sr. por la creación de Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Los socios de la Academia podrán preguntar por todo esto a su presidente, en persona, el próximo sábado 11 de junio. El tercer punto del orden del día de la asamblea, a la que están convocados 1.400 miembros de la organización, se refiere a la polémica empresa, aunque de forma disimulada: en la convocatoria figura “AIE (agrupación de interés económico). Informe y aprobación”. CTXT ha tratado, sin éxito, de obtener declaraciones de sobre la asamblea. El despacho del presidente de la Academia alegó falta de tiempo.

la AIE, la Asamblea de la Academia que se celebró el 11 de junio de 2.016 aprobó la creación de la AIE, así como seguir adelante con esa estructura jurídica creada para la obtención de financiación externa mediante la captación de terceros inversores, lo contrario justamente de lo que se dice en la noticia.

Siendo la realidad que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España constituyó la agrupación de Interés económico PREMIOS GOYA 2016 AIE a fin de obtener financiación adicional de inversores externos, que se trata de una entidad perfectamente legal (como así viene reconocida en la Ley del Impuesto de Sociedades, la Ley que regula las Agrupaciones de Interés Económico así como la Ley del Cine) y propiedad de la Academia de Cine, de la que el Sr. fue designado Administrador Único por su condición de Presidente de la Academia de Cine; lo que sin embargo dice la noticia objeto de la presente demanda es que el demandante creó una empresa a título particular, de la que él era Administrador (de lo que se deduce claramente que se trataría de una empresa propiedad de él y ajena completamente a la Academia de Cine por cuanto a la par que se cuenta esto NO SE DICE QUE LA ACADEMIA ES LA PROPIETARIA DE LA CITADA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO) a la que se habría desviado, ocultándolo a los miembros de la Academia de Cine, toda la actividad relacionada con la producción y organización de los Goya, así como el manejo de los fondos de los Goya y obviamente todo el tráfico económico relacionado con estos premios. Obviamente cualquiera que haya leído la noticia, tal y como aparece escrita, ha sacado la conclusión de que el Sr. se prevalió de su cargo de Presidente de la Academia de Cine para desviar la actividad consistente en la organización y producción de los Goya, así como, el dinero y fondos generados por la misma hacia su patrimonio personal y en beneficio personal, actuaciones tanto más despreciables en cuanto para colmo era Presidente de la institución a la que vendría “desplumando”. Por tanto la noticia afecta al honor del demandante en cuanto contiene falsedades, omisiones deliberadas, y hechos relevantes que se silencian de manera insidiosa y que transmiten al lector la información de que el Sr. habría desviado a su propio patrimonio personal los fondos de los Goya, así como que habría puesto bajo su exclusivo control todo lo relacionado con la ceremonia de entrega. Se equipara la conducta del demandante con la de una persona imputada en un proceso penal por la comisión de delitos económicos. Tras la publicación de dicha noticia el demandante dirigió al Director de la Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Es falso la afirmación de que la “delegación” de la gestión en dicha figura jurídica afectara al control de los socios o a la transparencia de la institución. Con la constitución de la misma no se infringió ninguna norma legal y mucho menos la Ley 12/1991 que reguló esta figura.

revista una comunicación de fecha 9 de junio de 2.016 con un argumentario de 19 puntos desmintiendo y puntualizando todas las manifestaciones vertidas por la publicación. A pesar de ello la noticia no fue rectificada. Se modificó el titular de fecha 9 de junio, que pasa a redactarse de la siguiente manera: “ NIEGA HABER PRIVATIZADO LOS GOYA (AUNQUE HAY QUIEN PIDE SU CABEZA POR ELLO), obrando a continuación el texto entero de la noticia, y a continuación de la misma se inserta una nota en tamaño sensiblemente inferior, aportando el texto de la carta dirigida al Director.

Estas son las únicas modificaciones/adiciones introducidas por el citado medio de comunicación, junto con el párrafo 5 in fine cuando dice y cito literal: “Aquel desencuentro tuvo lugar poco después de que, durante la gala de entrega de los Goya, Enríquez dejara a destacados académicos fuera del tradicional paseo por la alfombra roja; algunos de ellos, nominados al premio en calidad de guionistas”, siendo el resto del contenido exactamente igual al que se publicó inicialmente. Por último, y con fecha 10 de junio de 2016, D. FRANCISCO PASTOR remitió a la coordinadora de prensa de la Academia correo electrónico dando contestación a la solicitud de D. manifestando este último que la rectificación de la noticia ha de ser publicado antes de la inicial puesto que el titular primeramente publicado era absolutamente falso. El Sr. Pastor contesta al citado correo tajantemente diciendo que lo van a dejar así y que de ningún modo el argumentario figurará antes que el cuerpo de la noticia, SIENDO ASÍ COMO APARECE A DÍA DE HOY. Coincidiendo con todo este cruce de comunicaciones, solicitudes de rectificación y protestas por parte del demandante, los días 9 y 10 de junio de 2016, se publicaron por la revista digital en su perfil de twitter diversos tweets, de la misma índole y línea de la noticia, en los que se decían frases como: “Una empresa administrada por

manejó el presupuesto de los últimos

Goya” “ administraba”

externalizó la Gala de los Goya… hacia la empresa que él mismo

“Malestar en la Academia con

por externalizar la Gala de los Goya”

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Bajo el mismo título de la noticia, aparece como subtitular: “Una empresa administrada por el actor y desconocida para la Asamblea de la Academia manejó los fondos de la última Gala de cine. El actor puntualiza que todo es legal”.

“ antes de la gala”

gestionó los Goya con una empresa creada dos semanas

“ puntualiza que todo es legal. El actor privatizó los Goya (y hay quien pide su cabeza por ello)” “ por ello)”

niega haber privatizado los Goya (aunque hay quien pide su cabeza

Los mencionados tweets tuvieron un efecto multiplicador del eco que pudiera haber tenido por sí sola la noticia, pues claramente su finalidad y consecuencias fueron las de lograr una mayor difusión de la falsa información. A raíz de lo anterior, el 15 de julio de 2016 el usuario @Davellanedar publicó el siguiente tweet, cuyo contenido cito: “El motivo real de la dimisión de : creó una empresa para explotar los Goya. Y los piratas son los internautas”.

• @gelodroxtina: “Todos quieren ser emprendedores, agarrando !!!”. • @OdinFielAmigo: “@ctxt_es aquí el q no corre vuela”. El 16 de Julio de 2016 CTXT publica un tweet junto a una foto del actor junto al siguiente texto: ·

CTXT: “@ cuenta la dimisión de : creó una empresa para explotar los Goya” incluyendo el link de la noticia.

En respuesta del mismo: • Usuario @Pez : “Almodóvar, , Inmanol, nos quedamos sin figuras de referente. Les va más el dinero que el teatro, todo por la pasta”. • Usuario @jiaguirremoro: “Y claro, la culpa de todo es del IVA”. Se trata por tanto, de una noticia que, además de contener información falsa y precisamente por dicha falsedad, lesiona gravemente el honor del demandante, así como su imagen personal y profesional. No se procedió en ningún momento –tras expresar el demandante su absoluta disconformidad poniendo de relieve la inveracidad de la información publicada- a la rectificación de la noticia en cuestión, pues consta cómo se concedió un simple derecho Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Al mismo le respondieron los siguientes usuarios:

de réplica en tamaño e importancia minúscula, intencionadamente cercenado además por la propia revista, que en ningún caso alcanzó los requisitos admisibles para considerarse una verdadera rectificación en los términos recogidos en la LO 2/1984, Reguladora del Derecho de Rectificación (y ello sin perjuicio de que, aun cuando la noticia se hubiera rectificado cumpliendo los requisitos legales de dicha norma, la misma en ningún caso excluiría el ejercicio de acciones civiles como la presente ni tampoco las penales, de conformidad con lo establecido en su art. 6). La información nunca fue contrastada de ninguna manera por el medio de comunicación demandado ni por ninguna de las personas responsables de la noticia publicada -ahora codemandadas- incluido su autor, que no realizaron la más mínima indagación, ni tenían la más mínima intención ni interés en ello.

- Que la dimisión del Sr. como Presidente de la Academia de Cine habría venido motivada por, entre otras, la creación de esta Agrupación de Interés Económico en cuestión, lo cual es de nuevo absolutamente falso, ya que la Asamblea General de la Academia de Cine ratificó el proyecto, la creación y el funcionamiento de dicha Agrupación. - Se ha suprimido el párrafo relativo a la imputación del anterior Presidente de la Academia de Cine, D. Enrique González Macho. - Igualmente, y dato no menor: el titular de la noticia ha sido modificado, suavizándolo. En efecto, si con anterioridad en el titular y subtitular se podía leer ““ PRIVATIZÓ LOS GOYA (Y HAY QUIEN PIDE SU CABEZA POR ELLO)”: “UNA EMPRESA ADMINISTRADA POR EL ACTOR Y DESCONOCIDA PARA LA ASAMBLEA DE LA ACADEMIA, MANEJÓ LOS FONDOS ECONÓMICOS DE LA ÚLTIMA GALA DEL CINE ESPAÑOL, ahora el texto que aparece publicado es el siguiente: “ CREÓ UNA EMPRESA PARA EXPLOTAR LOS GOYA. EL INTÉRPRETE FUNDÓ UNA SOCIEDAD MERCANTIL, CON SEDE EN LA ACADEMIA DE CINE, DOS SEMANAS ANTES DE LA ENTREGA DE PREMIOS. EL ACTOR SOSTIENE QUE TODO ES LEGAL.” Estas dos últimas modificaciones, introducidas tras la interposición de la querella sin contrastar ni consultar con la parte demandante, suponen de alguna manera “echar marcha atrás” parcialmente en lo inicialmente publicado y colgado durante muchos meses en la misma revista, y supone que los ahora demandados conocían perfectamente la ilegalidad y vulneración del derecho al honor del actor.

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La última versión publicada de la noticia en el medio de comunicación demandado, obtenida con fecha 2 de noviembre de 2018, conservando lo esencial, se han introducido determinadas modificaciones y adiciones:

La representación del codemandado Sr. Pastor Pérez se opone a la demanda sobre la base de las siguientes consideraciones: en el ámbito penal el auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción afirma que se trata de “noticia contrastada y sobre un asunto de interés público”. El auto de la Audiencia consideró que se trataba de un titular que carecía de contenido injurioso y atentario contra el honor”. La revista CONTEXTO es un prestigioso medio digital de periodismo de análisis, no es un medio de noticias, sino de información y análisis en profundidad, que no busca primicias ni renueva enteramente su página a diario. El codemandado es un periodista de gran competencia profesional. La noticia publicada y expuesta por la actora esta mutilada, los párrafos omitidos son los siguientes:

Algunos académicos entienden que, al fundar esta empresa, la Academia se habría saltado, incluso, la ley 12/1991, que regula las agrupaciones de interés económico. Según el artículo 4, estas “sólo podrán constituirse por personas físicas o jurídicas que desempeñen actividades empresariales, agrícolas o artesanales, por entidades no lucrativas dedicadas a la investigación y por quienes ejerzan profesiones liberales”. El Derecho mercantil concreta que, al ser la Academia una asociación sin ánimo de lucro, esta no podría constituir una agrupación de interés económico. Con todo, los estatutos de la organización mencionan, entre sus objetivos, el “promover la investigación científica en materia de cinematografía”, lo cual acercaría la creación de la empresa a uno de los supuestos permitidos por la ley. La Academia no publica sus estatutos ni los facilita a la prensa, argumentando que estos están solo a disposición de sus socios. El 1% restante de la sociedad pertenece a a título individual; el actor fue nombrado administrador único de la empresa en el documento de constitución notarial. Pasada la gala de los Goya, el 8 de febrero, el presidente de la Academia delegó sus facultades en Enríquez ante el mismo notario. Según los estatutos, la gestión económica de la Academia reside, de hecho, en él: el mismo director general al que la junta directiva quiso revocar en abril y cuyo contrato volverá a discutirse el sábado. La carta que anunció a los colaboradores de los Goya que sus ingresos debían dirigirse a una empresa lleva su firma.” El texto omitido no solo tiene relevancia para poner en evidencia las Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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“Según el Registro Mercantil, la empresa Premios Goya 2016 AIE nació ante el notario de Madrid Gregorio Javier Sierra el 25 de enero de este año, con un capital social de 0 euros. Su domicilio está en la misma Academia de Cine, que participa en la empresa con el 99% de las acciones.

alegaciones posteriores de la demanda, sino que da cuenta del concienzudo contraste que realizó Don Francisco Pastor de la noticia. El mismo relató el origen de la noticia, los elementos documentales con los que contaba para respaldarla, la consulta de distintas fuentes y sus peticiones (no atendidas) de breve comunicación con el Sr. para conocer su versión de los hechos antes de la publicación.

El director del medio aprobó el contenido de la noticia, conocedor de la escrupulosa diligencia periodística desplegada por el Sr. Pastor. La falta de la versión del afectado, el Sr. quedaba reflejada igualmente en la noticia, por su causa -los problemas de agenda del Presidente de la Academia de Cine. La noticia se publicó el 8 de junio y su texto se modificó posteriormente, en cuatro ocasiones, la primera a las cuarenta y ocho horas de su publicación, para incluir una extensa réplica del Sr. . Todos los hechos relatados en la noticia son ciertos, la demanda no se basa en lo que dice el artículo, sino en lo que el demandante interpreta que la gente va a entender al leer la noticia. Tras la publicación en CONTEXTO de la noticia, en la mañana siguiente del día 9 de junio de 2016, el Sr. se puso en contacto no con el redactor de la noticia, para realizar ningún contraste, sino con el director del medio, Don Miguel Mora. El Sr. exigió la retirada de la noticia o la publicación de una réplica a la misma y concluyó su llamada, diciéndole al Sr. Mora “que le iba a cerrar el chiringuito”, en referencia al medio CONTEXTO. Por medio de los servicios de prensa de la Academia, el Sr. Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

remitió por 11 de 35

La autenticidad mediante el siguiente

El acta refleja, por tanto, la discordia en el seno de la Junta Directiva respecto al modo de proceder del presidente de la Academia de Cine, en la constitución de la AIE, con falta de transparencia tal que hace necesario convocar a un experto que explique a los miembros de la Junta Directiva mediante una presentación “qué es una AIE”, tres meses después de haberla constituido. El descontento de varios miembros de la Junta es patente. El Sr reconoce expresamente su error, al haber constituido la AIE sin conocimiento previo y exacto de la Junta Directiva.

se puede comprobar en www.madrid.org/cove de verificación:

Al Sr. Pastor le fueron facilitados dos documentos, por un lado, la inscripción del acto de constitución de la Agrupación de Interés Económico en el Registro Mercantil, y el segundo documento obtenido por el Sr. Pastor es el Acta 06/16, que recoge la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España celebrada el 6 de abril de 2016.

correo electrónico un extenso argumentario de 19 puntos, fechado el 9 de junio de 2016. La demanda reproduce, tampoco de forma íntegra, este texto, remitido por correo electrónico en la tarde del 9 de junio. Decimos que tampoco de forma íntegra porque el primero de los puntos de la réplica enviada al medio el Sr. precisa que la Academia de Cine es “de utilidad pública”. En la reproducción en la demanda este dato se omite; el texto de la réplica no fue remitido como rectificación sino como una mera carta. En tanto, por la falta de tiempo del día anterior, el Sr. no había manifestado su punto de vista y posición, el medio consideró la publicación del mismo como tal réplica, que no como rectificación, que ni había sido pedida ni procedía por el contenido del argumentario.

“Al dar paso a vuestro texto se mencionará que os damos voz y que esta publicación es una réplica. Sí hay valoraciones y matices que creemos que tenéis derecho a exponer. Y con gusto os damos esa voz que, por teléfono y por correo, ya quisimos daros antes de publicar esta pieza”. Las modificaciones realizadas en la noticia supusieron el cambio del titular de la noticia y la publicación de seis puntos del argumentario remitido por el Sr. en los siguientes términos: “Tras la publicación de esta pieza, la Academia de Cine ha hecho llegar un argumentario a CTXT. Dado que en él no se rebate ni desmiente ninguno de los datos expuestos en el cuerpo de la noticia, su divulgación no supone una rectificación, pero sí un ejercicio de derecho a la réplica. Lo damos a continuación. Estimado director: En relación con la información titulada privatiza los Goya (y hay gente que pide su cabeza por ello), quiero puntualizarte las siguientes cuestiones: 1. no ha privatizado los Premios Goya. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España es una institución privada sin ánimo de lucro y de utilidad pública que coproduce con los PREMIOS GOYA 2016 A.I.E. la ceremonia de entrega de estos galardones. 2. La Academia de Cine creó PREMIOS GOYA 2016 A.I.E. porque estas entidades mercantiles con personalidad jurídica permiten obtener fondos a cambio de incentivos fiscales. Entendimos que éste era el mejor vehículo para que la Academia Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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El Sr. Pastor, en la noche del 9 de junio, trasladó estas consideraciones a la jefe de prensa de la Academia de Cine (consta el correo electrónico como folio PDF 142 del testimonio de las actuaciones penales, documento nº 2 de la demanda) y le indicó que los 19 puntos de la carta quedarán restringidos a seis, a lo que se avino la jefa de prensa de la Academia. Dice expresamente el Sr. Pastor en ese correo:

obtuviese recursos, pudiendo así seguir cumpliendo con el mandato de sus estatutos. 3. A los patrocinadores privados, que no colaboradores como recoge el texto, sí se les comunicó que deberían pagar a través de PREMIOS GOYA 2016 A.I.E. por una cuestión meramente administrativa. 4. No hay ninguna “polémica empresa”, ya que esta entidad no se ha constituido de forma encubierta. En el tercer punto del orden día de la Asamblea General de la Academia que tendrá lugar este sábado no se abordará este tema de forma “disimulada”, porque no hay ningún ánimo de ocultar nada a nadie y sí el de informar sobre PREMIOS GOYA 2016 A.I.E.

6. Quiero recordarte que el cargo de presidente de la Academia no es remunerado y manifestarte mi disgusto por un tweet de vuestro medio en el que se afirma “ externalizó la gala de los Goya… hacia la empresa que él mismo administraba”. ¿Cuál es la finalidad? ¿Hacer daño? A la espera de tus noticias, me despido de ti con el deseo de que se rectifique en tiempo y forma la información publicada por CTXT.” La publicación de la réplica, sin embargo, no satisfizo al demandante: no por el contenido, sino por la forma, pues el sr. exigió que la réplica se publicara delante de la información, lo que es, a todas luces, un contrasentido desde el punto de vista periodístico y lógico. Una réplica debe ir detrás de aquello que se replica. Fue esta cominera formalidad la que determinó al Sr. a iniciar la persecución judicial del codemandado. Así lo acredita el correo electrónico remitido por la jefa de prensa de la Academia, fechado a la 1:01 AM del día 10 de julio, obrante al folio PDF 75 del testimonio de la causa penal (documento nº 2 anejo a la demanda), que nos permitimos reproducir: “Hola Francisco. acaba de leer el documento que habéis publicado y, aunque admite la rectificación reducida, ésta tiene que ir delante de lo que habéis publicado hoy, una información que no es veraz y con un titular falso porque no ha privatizado nada. Espero que el argumentario vaya delante de tu artículo o mañana habrá un problema muy grave, cito textualmente las palabras de .” Tras la dimisión del Sr. de su responsabilidad como presidente de la Academia, el texto de la noticia fue actualizado, de nuevo, para reseñar esta Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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5. No nos hemos saltado ninguna ley. Simplemente estudiamos la viabilidad de la puesta en marcha de una A.I.E. en una institución como la nuestra y percibimos que era un instrumento adecuado para que los posibles inversores tuvieran incentivos fiscales.

circunstancia y así ha quedado definitivamente en el medio. En consecuencia no se ha `producido ningún daño al demandante. A la demanda igualmente se opone el codemandado Sr. Mora Díaz en su condición de director de la publicación sobre la base de los siguientes argumentos: de contrario se afirma sin razón que los hechos expuestos en la noticia son “absolutamente falsos e inveraces”, perjudicando gravemente la dignidad e imagen pública del actor. Ello no es cierto dado que todos los hechos afirmados en la noticia son veraces. AFIRMACION 1.- Que el Sr.

privatizó los Premios Goya.

En cualquier caso, la decisión de “privatizar” la gestión de la Gala de los Goya en este sentido no supone ningún desprestigio para el Sr. . Es una decisión de gestión, que se podrá compartir o se podrá criticar, pero es perfectamente lícita. Así lo declaró la Audiencia Provincial de Madrid en el auto que resuelve el recurso de apelación que confirmó el sobreseimiento de las actuaciones penales, más arriba citado: tal titular no es atentatorio al honor del Sr. , pues la decisión de privatizar la gestión de una institución puede ser controvertida, pero en modo alguno deshonrosa. Pero es que además este titular apenas permaneció cuarenta y ocho horas pues, en la segunda versión de la noticia y, por expresa petición del Sr. , fue modificado suprimiendo la expresión “privatizó. AFIRMACION 2.- El Sr. creó (el mismo) una empresa privada administrada también por el mismo a través de la que se manejaron y canalizaron los fondos de la Gala del Cine Español. Y que los que habitualmente colaboran en la Gala de los Goya sí supieron que “algo” pasaba cuando este año (2016) una carta les pidió que no realizaran su aportación económica en las cuentas de la Academia sino en las de esta empresa privada”. La afirmación del primer inciso no consta en ningún pasaje del artículo, pero es esencialmente cierta, salvo que el paréntesis puesto por el demandante “el mismo” se entienda como “él solo”, lo que no es cierto. La demanda incurre en una muy grosera manipulación al sostener de modo enfático que el artículo no cuenta “el dato más relevante”, a saber, que la Academia de Cine es la entidad fundadora y propietaria de PREMIOS GOYA AIE 2016 en un 99% y el Sr. a título particular ostentaba un 1%. El artículo sí lo cuenta con claridad y Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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La afirmación se refiere al primer titular de la noticia publicada el 8 de junio que era del siguiente tenor: “ privatizó los Goya (y hay quien pide su cabeza por ello)”.

precisión, en el pasaje omitido en la transcripción contenida en el escrito de demanda: Según el Registro Mercantil, la empresa Premios Goya 2016 AIE nació ante el notario de Madrid Gregorio Javier Sierra el 25 de enero de este año, con un capital social de 0 euros. Su domicilio está en la misma Academia de Cine, que participa en la empresa con el 99% de las acciones. (...) El 1% restante de la sociedad pertenece a a título individual; el actor fue nombrado administrador único de la empresa en el documento de constitución notarial. de la AIE

La demanda manipula abiertamente la verdad cuando afirma que estos datos se ocultan en la noticia publicada por “Contexto”. La noticia que reproduce exactamente que la Academia de Cine ostentaba el 99% de las participaciones, como refleja la inscripción del Registro Mercantil no puede trasladar al público ni a nadie con compresión lectora objetiva que el Sr. habría desviado “todo lo relacionado con los Premios Goya a su patrimonio personal”: la noticia que ni sugiere ni, mucho menos, afirma semejante cosa. La manipulación del texto de la noticia en el correlativo no acaba aquí, puesto que después de esa elucubración, enteramente ajena a la publicación de “Contexto”, reproduce los dos primeros párrafos de la noticia, como si estuvieran confirmando el auto-infundio del demandante. No hay en los dos primeros párrafos de la noticia, ni en el titular ni en el antetítulo insinuación ninguna relativa a que el Sr. se haya lucrado personalmente, de forma indebida, de la Gala de los Goya: “AFIRMACION 3.- Que como consecuencia de haber privatizado los Goya “alguien” estaría pidiendo la cabeza del Sr. como Presidente en ese momento de la Academia de Cine. Según consta en el titular de la noticia y puede apreciarse en el texto de la misma se estaría pidiendo la dimisión del Sr. como Presidente de la Academia en ese momento por la creación de la AIE, y en particular en una Asamblea que tuvo lugar el 11 de junio de 2016.” La afirmación es imprecisa, de nuevo. La noticia no señala que en la Asamblea que había de celebrarse tres días después, se fuera a pedir la dimisión del Sr. . La noticia se limita a recoger las manifestaciones de las fuentes, relativas a su malestar y descontento por la forma personalista de obrar del Sr. y las consideraciones de estas sobre la conveniencia de que el Sr. dejase su puesto. Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Por lo que concierne a la condición de administrador del Sr. consta igualmente en el Registro Mercantil.

AFIRMACION 4.- Que al delegar la gestión de los Goya en una empresa privada perdería “en principio” la posibilidad que tienen los socios de la Academia de consultar las cuentas de la organización en cualquier momento y que estas sean sometidas al control de la auditoría externa tal y como prevén los Estatutos; y que la transparencia de la Asociación como consecuencia de lo anterior ha quedado en entredicho, y que no es la primera vez.

Por ello la gestión privatizada de la Gala de los Goya mediante la AIE constituiría un obstáculo al exigente estándar de transparencia fijado en los Estatutos de la Academia. Comoquiera que, en todo caso, ello dependería de los acuerdos posteriores de la AIE, la pieza periodística cautelosamente señala que este obstáculo existiría “en principio”. AFIRMACION 5. “Que algunos académicos entienden que, al fundar esta empresa, la Academia se habría saltado, incluso, las normas legales, y en concreto la Ley 12/1991, que regula las agrupaciones de interés económico”. La información en este caso recoge la opinión de la fuente, respecto a la compatibilidad de la decisión del Sr. con la Ley que regula las Agrupaciones de Interés Económico y expone a continuación que la opinión de la fuente no está justificada, a la vista de los Estatutos de la propia Academia. Conforme a los mismos cabría, por esa finalidad secundaria de investigación, concurrir a la creación de la AIE. Desde luego que esta disquisición sobre el derecho mercantil es enteramente ajena al honor del Sr. . Pero debemos destacar que el texto de la noticia es enteramente contrario al alegado en el escrito de demanda, pues lo que dice la noticia es que, pese a tales reparos, la constitución de la AIE, desde ese punto de vista, sería conforme a dicha Ley. La publicación de la réplica, no satisfizo al demandante: no por el contenido, sino por la forma, pues el sr. exigió que la réplica se publicara delante de la información, lo que es, a todas luces, un contrasentido desde el punto de vista periodístico y lógico. Una réplica debe ir detrás de aquello que se replica. No se ha producido ningún daño para el demandante.

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Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el segundo inciso de la afirmación “y que la transparencia de la Asociación como consecuencia de lo anterior ha quedado en entredicho, y que no es la primea vez” no se corresponde con pasaje alguno de la pieza y es un nuevo intento de mixtificación de la demanda respecto al texto del artículo del Sr. Pastor. La noticia en este punto se limita a una opinión normativa, enteramente fundada, cuya exactitud o inexactitud, por otro lado, en nada puede afectar al honor del Sr. .

La contestación a la demanda de la revista CONTEXTO S.L reproduce prácticamente los mismos argumentos de la anterior contestación a la demanda afirmando la veracidad y certeza de los hechos expuestos en la noticia. Tras la dimisión del Sr. de su responsabilidad como Presidente de la Academia, el texto de la noticia fue actualizado de nuevo. Por lo que se refiere a la difusión en la red social Twitter de la noticia por parte de la editora de CONTEXTO, a los que la entidad demandada es ajena, debe destacarse que los mensajes variaron en función de la réplica del Sr. . Tampoco cabe olvidar la relevancia pública de los hechos referidos en la noticia.

SEGUNDO.-

La resolución del litigio exige partir de unas consideraciones previas. La primera de ellas es que no hay derechos fundamentales absolutos de manera que, siempre y al margen de cualquiera de las circunstancias concurrentes, deban prevalecer necesariamente sobre los demás en un juicio apriorístico o predeterminado. Desde la perspectiva expuesta, cada derecho fundamental contiene su núcleo o ámbito específico de protección, que puede entrar en colisión con derechos fundamentales pertenecientes a otro sujeto de derecho. En tales casos, los tribunales han de llevar a efecto un juicio motivado de ponderación para determinar cuál de ellos ha de prevalecer, inclinando la balanza a favor de uno u otro, según las específicas circunstancias concurrentes y el valor axiológico de los derechos en conflicto. El propio art. 20 de la CE, considerado vulnerado por la entidad recurrente, establece, en su apartado 4, que todas las libertades reconocidas en el precepto "tienen sus límites en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia", que cumplen de esta manera lo que la STC 23/2010, de 27 de abril , FJ 3, ha denominado "función limitadora" en relación con dichas libertades. No obstante, en la ponderación judicial de los derechos fundamentales debe respetarse la posición prevalente, pero no absoluta, que ostenta el derecho a la libertad de información sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, que deriva de que aquel derecho resulta esencial como garantía para la formación de una Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Expuestos los argumentos de las partes sobre la cuestión objeto del litigio, debe partirse de la última doctrina Jurisprudencial del T.S, y así en relación al “juicio de ponderación”, la ST del T.S de fecha 16 de septiembre de 2.020 nº recurso 5329/2019 señala: “Juicio de ponderación entre los derechos fundamentales al honor y los derechos a la libertad de expresión y de difusión de información veraz.

opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático (sentencias del Tribunal Constitucional 134/1999, de 15 de julio ; 154/1999, de 14 de septiembre; y 52/2002, de 25 de febrero, entre otras). Por otra parte, la protección constitucional de las libertades de información y de expresión alcanzan un máximo nivel cuando son ejercitadas por los profesionales de la información, mediante el vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción (sentencias del Tribunal Constitucional 105/1990, de 6 de junio, y 29/20 , de 26 de enero, así como de esta Sala 1ª, 276/2020, de 10 de junio, entre las más recientes).

"i) El artículo 20.1.a) y d) CE, en relación con el artículo 53.2 CE , reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor. La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información (SSTC 104/1986, de 17 de julio, y 139/2007, de 4 de junio), porque no comprende cómo está la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo. No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa (SSTC 29/20 , de 26 de enero, FJ 2, 77/20 , de 23 de marzo, FJ 3). [...]El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos (STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella (STC 216/2006, de 3 de julio, FJ 7)". Por su parte, la sentencia del Tribunal Constitucional 146/2019, de 25 de Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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La sentencia 233/2013, de 25 marzo, cuya doctrina recogen y ratifican las más recientes 51/2020, de 22 de enero y 276/2020, de 10 de junio, resume la doctrina jurisprudencial sobre la ponderación entre la libertad de información, libertad de expresión y derecho al honor:

noviembre , FJ 4, señala, en este afán delimitador, en el mismo sentido, que: "Tal distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene una importancia decisiva para determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues, "mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información" ( SSTC 181/2006, de 19 de junio, FJ 4 ; 56/2008, de 14 de abril, FJ 3 ; 79/2014, de 28 de mayo, FJ 4 ; 38/2017, de 24 de abril, FJ 2 , y 24/2019, de 25 de febrero , FJ 4)".

"A diferencia de la libertad de expresión, respecto de la que no se exige la veracidad -sino que el objeto de crítica y opinión sea de interés o relevancia pública y que no se utilicen para su manifestación expresiones inequívocamente injuriosas-, constituye requisito para que la libertad de información resulte amparada constitucionalmente, que sea veraz - sentencia del Tribunal Constitucional 216/2013 -, debiendo entenderse la veracidad como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador al contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información con el transcurso del tiempo, pueda ser desmentida o no resultar confirmada - sentencias del Tribunal Constitucional 139/2007 y 29/20 , faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones. El TC en ST 25/2019 de 25 de febrero de 2.019 señala: “Como hemos señalado reiteradamente, la especial posición que ostenta el derecho a comunicar libremente información veraz en nuestro ordenamiento reside en que «no sólo se protege un interés individual sino que su tutela entraña el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático» (STC 68/2008, de 23 de junio, FJ 3; en este sentido STC 58/2018, de 4 de junio, FJ 7). No obstante, tal protección especial queda sometida a los límites tanto inmanentes como externos que definen su contenido y que este Tribunal ha ido perfilando progresivamente. Entre los límites inmanentes se encuentran los requisitos de veracidad y de interés general o relevancia pública de la información (SSTC 68/2008, FJ 3, y 129/20 , de 1 de junio, FJ 2); en ausencia de los dos mencionados requisitos decae el respaldo constitucional de la libertad de información. Por otro lado, como límites externos del derecho a la información se sitúan los específicamente enunciados en el artículo 20.4 CE, entre ellos los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen”.

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La ST. TS de 27 de junio de 2.019 nº recurso 372/2.019 refiere: “Según doctrina de la sala (sentencia 71/2015, de 13 de febrero).

El artículo 10 § 2 del Convenio subraya que el ejercicio de la libertad de expresión entraña unos "deberes y responsabilidades" aplicables también a los medios de comunicación social, incluso cuando se trata de cuestiones de un gran interés general. Estos deberes y responsabilidades pueden revestir una importancia especial cuando se corre el riesgo de atentar contra la reputación de una persona citada nominalmente y de perjudicar los "derechos ajenos". Así que deben existir unos motivos específicos para poder eximir a los medios de comunicación social de la obligación que habitualmente les incumbe de comprobar unas declaraciones fácticas difamatorias. A este respecto, entran particularmente en juego la naturaleza y el grado de la imputación en cuestión y el saber hasta qué punto pueden razonablemente considerar los medios de comunicación social, las afirmaciones de sus fuentes como creíbles (Pedersen y Baadsgaard c. Dinamarca [GC], no 49017/99, § 78, CEDH 2004-XI). Además, en el ámbito del artículo 10 del Convenio, los Estados contratantes disponen de un cierto margen de apreciación para considerar la necesidad y la magnitud de una injerencia en la libertad de expresión protegida por esta disposición Tammer c. Estonia, no 41205/98, § 60, CEDH 2001-I, y Pedersen y Baadsgaard, anteriormente citada, § 68). Al examinar la necesidad en una sociedad democrática de una injerencia que tenga por objetivo la "protección de la reputación o de los derechos ajenos", el TEDH puede verse obligado a comprobar si las Autoridades nacionales han ponderado un justo equilibrio en la protección de dos valores garantizados por el Convenio y que pueden revelarse en conflicto en ciertos asuntos: a saber, por una parte, la libertad de expresión según la protege el artículo 10 y, por otra, el derecho al respeto de la vida privada según lo garantizan las disposiciones del artículo 8 (Hachette Filipacchi Associés c. Francia , no 71111/01, § 43, 14 de junio de 2007, ver también Couderc y Hachette Filipacchi Associés c. Francia [GC], no 40454/07, §§ 90-93, ECHR 2015 (extractos), y Bédat , anteriormente citada, § 52).

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La ST TEDH de 14 de junio de 2.016 nº de resolución 53421/2010 respecto a esta ponderación señala: “ La prensa juega ciertamente un papel esencial en una sociedad democrática ; aun no debiendo rebasar ciertos límites, para amparar especialmente la protección de la reputación y los derechos ajenos ; le incumbe, sin embargo, comunicar, en cumplimiento de sus deberes y de sus responsabilidades, informaciones e ideas sobre todas las cuestiones de interés general (De Haes y Gijsels c. Bélgica, 24 de febrero de 1997, § 37, Compendio de sentencias y decisiones 1997-I, Fressoz y Roire c. Francia [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999 -I, y Bédat c. Suiza [GC], no 56925/08, § 50, 29 de marzo de 2016. En razón a esta función de la prensa, la libertad periodística implica también el posible recurso a una cierta dosis de exageración, incluso de provocación (Gawęda c. Polonia , no 26229/95, § 34, CEDH 2002-II).

Si la ponderación de estos derechos, por parte de las Autoridades nacionales, se hace respetando los criterios establecidos por la jurisprudencia del TEDH, se necesitan razones serias para que éste sustituya su juicio al de las jurisdicciones internas ( MGN Limited c. Reino Unido , no 39401/04, §§ 150 y 155, 18 de enero de 2011, y Palomo Sánchez y otros c. España [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 y 28964/03, § 57, 12 de septiembre de 2011)”. Respecto a la veracidad de la información la ST del T.S de 21 de septiembre de 2.020 nº recurso 4.158/2.019 señala: “Decisión de la sala. Libertad de información. Derecho al honor. Ponderación y veracidad. Establece la sentencia 697/2019, de 19 de diciembre que: "La libertad de información, reconocida en el art. 20.1.d) de la Constitución, ampara la actuación del periodista y del medio de comunicación que proporciona información veraz sobre hechos de interés general o personas de relevancia pública.

Pueden entrar en conflicto con otros derechos o bienes jurídicos, y concretamente, como en el supuesto que es objeto de este recurso, pueden entrar en colisión entre sí, en cuyo caso pueden limitarse recíprocamente, siendo necesaria la ponderación entre los derechos en conflicto para determinar cuál debe prevalecer. La exigencia de tutelar el derecho de información no puede significar que se dejen vacíos de contenido los derechos fundamentales, concretamente los reconocidos en el art. 18.1 de la Constitución, de quienes resulten afectados por el ejercicio de aquel, que solo han de sacrificarse en la medida en que resulte necesario para asegurar la información libre en una sociedad democrática, tal como establece el art. 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos ( SSTC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 5 , y 121/2002, de 20 de mayo , FJ 4). La Ley Orgánica 1/1982 regula la protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y establece criterios que son útiles para resolver el conflicto entre estos derechos de la personalidad y las libertades de expresión e información". Sobre la veracidad de la información establece la sentencia 76/2020, de 4 de febrero: "Hay materias que en principio se consideran como de interés general. Entre estas materias están las de naturaleza penal o relacionadas con lo que suele calificarse Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Como todos los derechos fundamentales, el derecho a la propia imagen y la libertad de información no son derechos absolutos.

como crónica de sucesos. Por ello, la información sobre un apuñalamiento acaecido en la vía pública ha de considerarse como de interés general a efectos de valorar la legitimidad del ejercicio del derecho a la libertad de información de los demandados.

En ST del T.S de fecha 28 de septiembre de 2.020 nº recurso 5251/2.019 insiste: “ Es doctrina de la sala, citada en la reciente sentencia 252/2020, de 3 de junio que constituye requisito para que la libertad de información resulte amparada constitucionalmente, que sea veraz - sentencia del Tribunal Constitucional 216/2013, debiendo entenderse la veracidad como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador al contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información con el transcurso del tiempo, pueda ser desmentida o no resultar confirmada - sentencias del Tribunal Constitucional 139/2007 y 29/20 - faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones. Por tanto y como recuerdan la Jurisprudencia - sentencias de 2 de diciembre de 2013, recurso de casación número 547 / 2010 , y 15 de enero de 2014 , recurso de casación número 897 / 2010 entre otras - y la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional - sentencias 6/1988 , 105/1990 , 171/1990 , 172/1990 , 143/1991 , 197/ 1991 , 40 / 1992 , 85/1992 ,240/1 992 y 1/2005 - la veracidad de la información no va dirigida tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud, cuanto a negar la garantía o protección constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable. En todo caso, la diligencia exigible a un profesional de la información no puede precisarse a priori y con carácter general, sino que depende de las características concretas de la comunicación de que se trate y, al fin, de las circunstancias del caso sentencias del Tribunal Constitucional 1/2005 , que cita las 240/1992, de 21 de diciembre, y 136/2004, de 13 de julio-, Constituye doctrina del Tribunal Constitucional la de que, para comprobar si el informador ha actuado con la diligencia que le es constitucionalmente exigible, ha de valorarse cuál es el objeto de la información, pues no es lo mismo "la ordenación y presentación de hechos que el medio asume como propia", que "la transmisión neutra de manifestaciones de otro" - sentencia 28/1996, de Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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El otro requisito para que el ejercicio de la libertad de información sea legítimo y justifique la afectación del derecho al honor es que la información transmitida sea veraz. El concepto de "veracidad" preciso para valorar si el ejercicio de la libertad de información fue legítimo no coincide con el de la "verdad" de lo publicado o difundido. Cuando la Constitución exige que la información sea veraz, no está privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, sino estableciendo un deber de diligencia del informador, a quien se exige que lo que transmite como hechos haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias concurrentes.

26 de febrero -. Tampoco hay que descartar la utilización de otros criterios que pueden ser de utilidad a estos efectos, como "el carácter de hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades efectivas de contrastarla, etc." - sentencia del Tribunal constitucional 21/2000, de 31 de enero”.

En el caso presente, nos hallamos ante un supuesto de colisión del derecho al honor del demandante ( art. 18.1 CE ), en tanto en cuanto las expresiones atribuidas abstractamente consideradas son susceptibles de atentar a su reputación personal, entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero , FJ 12), con respecto al derecho a la libertad de información igualmente de rango constitucional ( art. 20.1 d CE ). El ámbito tuitivo del derecho fundamental al honor impide la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de una persona ( sentencia del Tribunal Constitucional 216/2006, de 3 de julio , FJ 7); mientras que la libertad de información protege el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, el cual, abstractamente considerado, debe respetársele una posición prevalente, pero no absoluta, que deriva de su carácter esencial para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( sentencias del Tribunal Constitucional 134/1999, de 15 de julio ; 154/1999, de 14 de septiembre ; y 52/2002, de 25 de febrero , así como sentencia de esta Sala 471/2020, de 16 de septiembre , entre otras,). En cualquier caso, constituye un requisito para que la libertad de información resulte amparada por la protección constitucional que sea veraz (sentencia del Tribunal Constitucional 216/2013). Por veracidad debe entenderse, en palabras de las sentencias 252/2020, de 3 de junio; 429/2020, de 15 de julio y 491/2020, de 28 de septiembre, el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia o información de acuerdo con pautas profesionales, ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información con el transcurso del tiempo pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada ( sentencias del Tribunal Constitucional 139/2007 y 29/20 , FJ 5). Nos encontramos ante un supuesto paradigmático de ausencia de esa diligencia cuando se transmiten, como hechos verdaderos, simples rumores carentes de Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Por último la ST del T.S de fecha 18 de noviembre de 2.020 nº recurso 196/2.020 refiere: “El propio art. 20 de la CE establece, en su apartado 4, que todas las libertades reconocidas en el precepto "[...] tienen sus límites en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia", que cumplen de esta manera lo que la sentencia del Tribunal Constitucional 23/2010, de 27 de abril , FJ 3, ha denominado "función limitadora" en relación con dichas libertades.

constatación o meras invenciones. Cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria una comprobación mayor que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si esta puede mencionarse en la información misma ( sentencia del Tribunal Constitucional 178/1993 , FJ 5.º, citada con reiteración por las de esta sala, entre las más recientes, 602/2017, de 8 de noviembre, 456/2018, de 18 de julio y 384/2020, de 1 de julio).

La ST de TS de 27 de junio de 2.019 nº recurso 3597/2.018, incide especialmente en la cuestión objeto del litigio y así señala: “ En todo caso, la diligencia exigible a un profesional de la información no puede precisarse a priori y con carácter general, sino que depende de las características concretas de la comunicación de que se trate y, al fin, de las circunstancias del caso - sentencias del Tribunal Constitucional 1/2005 , que cita las 240/1992 , de 21 de diciembre , y 136/2004 , de 13 de julio -. Constituye doctrina del Tribunal Constitucional la de que, para comprobar si el informador ha actuado con la diligencia que le es constitucionalmente exigible, ha de valorarse cuál es el objeto de la información, pues no es lo mismo "la ordenación y presentación de hechos que el medio asume como propia", que "la transmisión neutra de manifestaciones de otro"- sentencia 28/1996, de 26 de febrero-. Tampoco hay que descartar la utilización de otros criterios que pueden ser de utilidad a estos efectos, como "el carácter del hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades efectivas de contrastarla, etc." - sentencia del Tribunal Constitucional 21/2000, de 31 de enero -. iv) Finalmente, no constituye canon de la veracidad la intención de quien informa, sino la diligencia al efecto desplegada, de manera que la forma de narrar y enfocar la noticia no tiene que ver ya propiamente con el juicio sobre la veracidad de la información, por más que deba tenerse en cuenta para examinar si, no obstante ser veraz, su fondo o forma pueden resultar lesivos del honor de una tercera persona - sentencia del Tribunal Constitucional 192/1999, de 25 de octubre -. v) Ni la información ni la opinión o crítica pueden manifestarse con frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con la noticia que se comunique o con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a tales propósitos. La transmisión de la noticia o reportaje y la expresión de la opinión no pueden sobrepasar, respectivamente, el fin informativo o la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, debiendo prevalecer en tales casos la protección del derecho al honor. vi) El requisito de la proporcionalidad no obliga a Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Por tanto, como recuerda la jurisprudencia, la veracidad de la información no va dirigida tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud, cuanto a negar la garantía o protección constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable (sentencia 491/2020, de 28 de septiembre y las citadas en ella)”.

prescindir de la concisión propia de los titulares o de las demás particularidades propias del lenguaje informativo oral o escrito, salvo cuando, más allá de las necesidades de concisión del titular, en éste se contengan expresiones que, sin conexión directa con el resto de la narración, sean susceptibles de crear dudas específicas sobre la honorabilidad de las personas - sentencia del Tribunal Constitucional 29/20 , de 26 de enero -. 3.- La anterior doctrina es escrupulosamente conocida y aceptada por la sentencia recurrida, cuando contiene una exposición sobre la "colisión entre el derecho al honor y libertades de expresión e información".

Ahora bien, como hemos dicho en otras ocasiones y conviene recordar ahora, "la veracidad no va dirigida tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, transmiten como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones, sin comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente, aunque su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado" (STC 320/1994, fundamento jurídico 3º). En conclusión, las resoluciones judiciales frente a las que se pide amparo confunden la exigencia de que los informadores obren con la debida diligencia profesional, que es lo que a efectos constitucionales debe entenderse como veracidad de la información, con que la narración de los hechos que han divulgado sea aséptica, imparcial y completa. Al margen ya de que, como hemos indicado, la Constitución no impone a la información tales requisitos (SSTC 171/1990 y 172/1990, 143/1991, 40/1992), del hecho de que la crítica formulada al hilo de la divulgación de ciertos hechos pueda considerarse incompleta o sesgada no cabe concluir que el periodista obró negligentemente, ni que hacerlo así suponga difundir rumores o insinuaciones carentes de toda razón. En fin, la intención de quien informa no es un canon de la veracidad, sino su diligencia, de manera que la forma de narrar y enfocar la noticia no tiene que ver ya propiamente con el juicio sobre la veracidad de la información, por más que sí deba tenerse en cuenta para examinar si, no obstante ser veraz, su fondo y su forma pueden resultar lesivos del honor de un tercero.

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La ST del TC 192/1999 de 25 de octubre afirma. “En efecto, examinados con detenimiento los alegatos de una y otra parte y las razones de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, no resulta que los periodistas obrasen descuidada o negligentemente en la comprobación de que los hechos narrados se fundaban en datos objetivos, sino, tan sólo, que la forma en la que luego confeccionaron la noticia al hilo de esos hechos habría resultado de tal manera sesgada que podría desacreditar al Sr. V. ante la opinión ajena.

Esto último es lo que corresponde abordar finalmente. Pues, una vez descartada la falta de veracidad de la noticia en cuestión en el sentido del art. 20.1 d) C.E., debemos aún comprobar si, a través y con ocasión de la misma, se ha podido lesionar el derecho al honor del Sr. , en cuyo caso tampoco se podría invocar legítimamente el mencionado precepto constitucional.

El personaje público deberá tolerar, en consecuencia, las críticas dirigidas a su labor como tal, incluso cuando éstas puedan ser especialmente molestas o hirientes, sin que pueda esgrimir frente a esa información género alguno de inmunidad o privilegio, y frente a las que tiene más posibilidades de defenderse públicamente de las que dispondría un simple particular (SSTC 104/1986, 85/1992, 19/1996, 240/1997, 1/1998, y SSTEDH caso Sunday Times, 26 de abril de 1979; caso Lingens, de 8 de julio de 1986; caso Schwabe, de 28 de agosto de 1992; Caso Praeger y Oberschlick, 26 de abril de 1995; caso Tolstoy Miloslavski, de 13 de julio de 1995; caso Worm, de 29 de agosto de 1997; caso Fressoz y Roire, de 21 de junio de 1999). Con ello no se está diciendo que el personaje público carezca de protección constitucional frente a los injustificados ataques a su honor, a su intimidad personal o familiar o a su propia imagen. Como cualquier otro ciudadano, goza de la protección que a estos efectos le dispensa el art. 18.1 C.E. y, naturalmente, podrá hacer valer sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen frente a aquellas opiniones o informaciones que considere lesivas de los mismos. Por tanto, resulta fundamental en estos casos examinar con pormenor tanto el texto como el contexto de la información transmitida, analizando únicamente los datos objetivos que se desprendan de uno y otro. Por lo demás, este análisis debe tener lugar ciñéndolo siempre a la noticia objeto del litigio, evitando desvirtuar su sentido a partir de la recepción que la misma haya podido tener en otros medios de comunicación, o del uso que le hayan podido dar terceros. Pues si esa recepción o uso fuese lesiva de derechos fundamentales del protagonista de la información originaria, semejante menoscabo no puede ser imputado lícitamente, en principio, a quien resultó ser una involuntaria fuente de la información que otros han divulgado. Dicho de otro modo, el que otros medios de difusión, distintos Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Es doctrina reiterada de este Tribunal que los denominados "personajes públicos",.., deben soportar, en su condición de tales, el que sus palabras y hechos se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones sino, incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tengan una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos. Los medios de comunicación social, como ha indicado en tantas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cumplen así una función vital para todo Estado democrático, que no es sino la crítica de quienes tienen atribuida la función de representar a los ciudadanos.

del en su día demandado, se hayan referido al Sr. V. en términos que lógicamente no nos corresponde juzgar aquí, pero frente a los cuales no se dirigió su demanda, no permite imputar la responsabilidad de algunos de tales titulares de prensa al medio que aquí acude en amparo sobre la sola base de que aquéllos declaren apoyarse en la noticia publicada por éste. En el presente caso, aunque en su globalidad la noticia transmite hechos, en este punto concreto, en relación con el Sr. V., la misma contiene a la vez elementos de opinión de los periodistas al interpretar la fuente --el expediente administrativo-- que da lugar a la noticia. La noticia periodística litigiosa, en tanto que encierra una interpretación o perspectiva subjetiva de sus autores, sería también irrefutable desde la perspectiva de la libertad de expresión formulada a partir de unos datos fácticos veraces, pues no emplea expresiones formalmente injuriosas ni innecesarias para lo que se desea transmitir.

En fin, las informaciones vertidas sobre D.V quien siempre es citado en su condición de Alcalde, no inciden en el ámbito privado de su proyección personal, sino en el de su participación, más o menos acertada, en un determinado procedimiento administrativo, afectando así a su actuación como cargo público representativo y primordial en la organización del Ente municipal. No hay, pues, una crítica a su persona sino, a lo sumo, una interpretación desfavorable de su gestión municipal… que no supone, como se ha indicado, una afirmación gratuita o infundada, respondiendo por el contrario a una determinada visión subjetiva y personal de los hechos por parte de los periodistas, derivada del expediente administrativo obrante en los folios sumariales”. En relación al prestigio profesional debe tenerse en cuenta lo establecido en la ST del T.S 22 de septiembre de 2.020 nº recurso 5266/2.019 que concluye: “Asimismo, la Jurisprudencia constitucional y la ordinaria admiten la procedencia de considerar incluido en la protección del honor el prestigio profesional, tanto respecto de las personas físicas como de las personas jurídicas. Pero no cabe identificar sin más el honor en su vertiente de prestigio profesional con la reputación empresarial, comercial, o, en general, el mero prestigio con que se desarrolla la actividad. Para que un ataque al prestigio profesional o empresarial integre además una transgresión del derecho fundamental al honor, no basta la mera crítica de la actividad profesional, sino que es precisa la descalificación injuriosa o innecesaria del comportamiento profesional de una persona, especialmente mediante infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o ética en el desempeño de aquella actividad, lo que deberá apreciarse en función de las circunstancias del caso ( STC 9/2007 sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 429/2020, de 15 de julio , Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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En este contexto, no debe soslayarse la circunstancia de que la noticia cuestionada se refiere, indudablemente, al Sr. V. en su condición de Alcalde. …se someta al escrutinio del conjunto de los ciudadanos lo que dicen y hacen aquéllos que tienen atribuida la administración del poder público, garantía a la que sirve de forma capital el art. 20.1 C.E.

entre otras). La sentencia de esta sala 534/2016, de 14 de septiembre, con cita de la STC 180/1999, de 11 de octubre, ha declarado: "La protección del artículo 18.1 de la Constitución solo limita aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido". TERCERO.-

La Academia según sus Estatutos se define como “una asociación de carácter no lucrativo de profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematógrafica, con personalidad jurídica propia, constituida con carácter indefinido…” La noticia que da lugar al procedimiento se publica el 8 de junio de 2.016 en la revista CONTEXTO S.L, medio digital de periodismo de análisis. Con carácter previo a este procedimiento se siguieron actuaciones penales, concretamente DP nº 634/2.017 del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid. A estos efectos debe tenerse en cuenta la ST de la A.P de Madrid (sección 11) de fecha 12 de febrero de 2.016 nº recurso 330/2.015 cuando señala: “ Ha de recordarse que los tribunales civiles pueden partir de los hechos declarados probados por las resoluciones firmes dictadas por tribunales de la jurisdicción penal, y, en especial, no pueden basar su decisión en la existencia de unos hechos que una sentencia penal haya declarado inexistentes, vinculándoles también la declaración de que el acusado no habría sido el autor del hecho, únicos extremos insoslayables, pero ello no impide que en cada jurisdicción haya de producirse un enjuiciamiento y una calificación en el plano jurídico de forma independiente y con resultados distintos si ello resulta de la aplicación de los criterios de valoración propios de una y otra jurisdicción y de los diferentes principios que informan el proceso civil y el proceso penal, o, más exactamente, el ejercicio privado de los derechos y el ejercicio del ius puniendi”. Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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En las presentes actuaciones el demandante es un conocido actor español y los hechos se enmarcan en el momento en el que el referido ostentó el cargo de Presidente de la Academia de Cine, cargo que desempeño desde el 9 de mayo de 2.015 hasta el 13 de julio de 2.016, momento en el que presentó su dimisión.

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 28 de mayo de 2.018 que confirma el sobreseimiento expone: “...y en este caso sin perjuicio de que se tratara de datos objetivos, se limita a poner en boca de terceros, comentarios y circunstancias relativas al cometido del querellante, , al frente de la Academia de Cine, y la gestión de la Gala de los Goya de 2.016, que sin ser totalmente reales, por inexactos, se entiende que no pueden ser considerados como injurias graves; el titular que transmite la noticia de que “privatiza” sin ser exacto y transmitir la idea de que la Gala o su gestión es pública, cuando es una entidad privada y por ende la gestión de la Gala, carece de contenido injurioso o atentatorio contra el honor, este título puesto en relación con el subtítulo, tampoco se entiende difamatorio o atentatorio contra el honor, es intensamente inexacto, el querellante si es Administrador más no explica que la AIE está participada por la Academia , pero tampoco alcanza la gravedad que el tipo requiere; de la misma naturaleza participa el resto del contenido de la noticia; las consideraciones sobre que no existe prueba de que alguien pidiera la cabeza del querellante, no exceden de meros comentarios insidiosos o maledicentes, sin perjuicio de que la noticia carece de rigor y su presentación está manipulada y por ello alejada de la realidad. Por último el párrafo final de la noticia referido a la actuación del anterior Presidente de la Academia, tampoco es una imputación de delito alguno, sin perjuicio de que con la inclusión de tales circunstancias se critique la falta de transparencia, a su juicio de la Academia y pretenda transmitirse de una forma velada una comparación con situaciones vinculadas a un presidente anterior”. En las presentes actuaciones la demanda se fundamenta en la “exposición de hechos falsos contenidos en la noticia y forma de redactar de manera insidiosa, que atentan gravemente contra el honor y buen nombre del demandante”. Como se ha expuesto anteriormente el concepto de “veracidad” no coincide con el de “verdad” de lo publicado sino con el deber de diligencia del informador, la veracidad a efectos constitucionales consiste en hechos objeto de un previo contraste. En el presente supuesto cabe concluir que la noticia fue contrastada y era una Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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El auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción señala: “la Academia, aun siendo una entidad privada tiene trascendencia pública y está sostenida y amparada por organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Cultura. Ello no significa que se tratara de una noticia contrastada y sobre un asunto de interés público. Cierto que la redacción de la noticia no es amable, ni siquiera precisa y rigurosa, presentándola con un cierto tono de escándalo, en lo que supone un cierto estilo para atraer lectores, pero ello no significa que deba censurarse con el Código Penal esa forma de hacer periodismo. Hubo una rectificación inmediata, acogiendo los puntos y precisiones del querellante, que reconoce el escaso eco que tuvo la noticia en la prensa “seria” y por lo tanto el escaso recorrido de la misma, sin perjuicio de desafortunados comentarios en la red”.

noticia de interés general, no transmite ni rumores ni invenciones. El redactor de la noticia manifiesta en su declaración penal que “una persona se puso en contacto con él, una persona que le dijo que había un cierto revuelo en la Academia de descontento con el Sr , habló con el Director de la publicación y le dio el visto bueno, luego habló nuevamente con su fuente y le comentó lo de la creación de la Agrupación y de que había Académicos que no estaban de acuerdo con el Sr …el declarante habla a continuación con la redactora de la Academia y solicita una declaración del Sr ...logra contactar con dos miembros y confirma la información que le habían facilitado, vuelve a hablar con sus dos primeras fuentes y les pide el acta de constitución de la Agrupación y en la no información previa de la Agrupación y que el Sr reconocía que no había sido correcta. Sigue practicando diligencias de investigación, vuelve a hablar con la redactora para conseguir los Estatutos de la Academia, se lo niega, pero logra conseguirlos...las dos primeras fuentes y las dos con las que contactó después, eran de la Junta Directiva y las cuatro le pidieron anonimato, una de ellas le dijo que las reuniones eran confidenciales...”.

Consta que el redactor tuvo conocimiento del acta 6/16 y comprobó la inscripción del acto de constitución de la Agrupación de Interés Económico en el Registro Mercantil. En el acta referida se refleja el malestar de varios de los reunidos por “el desconocimiento y que no se votó la constitución de la AIE ...el Presidente dice que se habló en dos Juntas y que entendieron que se daba por bueno ...reconoce su error y cree que deberían haber informado mejor a la Junta ...se pide que no pase lo mismo con la gestión de la Fundación ...que en las Juntas se informe mejor y algún miembro pide que conste en acta que él no está de acuerdo en que se haya constituido una AIE, sin el consentimiento expreso de la Junta..”. Por tanto la noticia se contrastó documentalmente y las fuentes eran fiables, en cuanto eran miembros de la propia Academia, quienes filtran el descontento. Hubo una debida y razonable diligencia del informador al contratar una noticia de relevancia pública. Ahora bien, otra cuestión es si la forma en que se redactó la noticia “de manera insidiosa” tal y como señala la demanda pudo suponer un descrédito del demandante. Por “insidioso” se entiende aquello que pese a tener una apariencia inofensiva o benigna, esconde un daño potencial. El comportamiento insidioso es sinónimo de malintencionado, engañoso, avieso, perverso. Y efectivamente tras la lectura de la noticia que expone los hechos de manera sesgada, lo que se traslada al público es que el actor utilizó su cargo para lucrarse personalmente. Esta impresión se recoge en uno de los tweet denunciados “Si fueran tan Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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Dichas declaraciones son ratificadas en el acto del interrogatorio.

artistas delante de las cámaras-o en la tarima- como lo son para meter mano en la caja, serían la hostia”. La noticia no contiene expresiones o mensajes insultantes o vejaciones, pero sí insidias infamantes. La noticia es sesgada, el demandante no creó una empresa privada, sino que fue constituida por la Academia que tenía el 99% de las participaciones y el demandante el 1% por razones legales de exigencia de más de un socio; la utilización de dicha forma no limita el control de los socios, se habla de “manejar los fondos”, verbo que lleva consigo una connotación de “maquinación, intriga”. De hecho la última versión de la noticia expone: “ creó una empresa para explotar los Goya...había creado una empresa privada llamada Premios Goya 2016 AIG que recabó y gestionó los fondos para la Gala…”.

Por lo que se refiere a los tweet debe precisarse que el abanico de responsables fue tempranamente precisado por la Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 20 ST 7684/20 SGAE vs. Asociación de Internautas) cuando estableció “que la responsabilidad por las intromisiones en el honor ,intimidad y propia imagen no se ha de derivar sólo al autor de la información, sino también al intermediario, que selecciona los contenidos y los introduce en la red, poniendo a disposición de los usuarios una determinada información, ya sea en una página Web, una base de datos o una lista de distribución, con la matización de que procede entender responsable al creador y al editor de la información, y a los proveedores de acceso y servicios sobre la base del efectivo conocimiento y la posibilidad técnica de control de la información”. Dice la referida sentencia: “Dos son los presupuestos de la exclusión de responsabilidad con que el artículo 16 de la Ley 34/2.002 - al incorporar al ordenamiento jurídico español el artículo 14 de la Directiva 2.000/31 /CE - favorece a los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, que han sido negados en la sentencia recurrida. El Tribunal de apelación negó que la demandada desconociera el contenido de los datos alojados en sus servidores - claro está, aquellos a que se refiere la demanda, y que son ofensivos para los actores -. También negó que no hubiera vínculos de subordinación, dependencia o control entre aquella y los proveedores de contenidos. Por su parte y en primer término, Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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De todo ello cabe concluir que la forma en la que se expuso la noticia (examinando el texto en su conjunto), pone de manifiesto una intención que afecta al “prestigio profesional” del demandante, prestigio incluido en la protección del honor, que prevalece en este supuesto sobre el derecho a la información, por ello procede estimar la demanda en el punto primero de su suplico.

niega la recurrente que supiera de la ilicitud de las opiniones de "Plataforma " y para ello se sirve del significado que a las palabras "conocimiento efectivo " atribuye el legislador español en el artículo 16, apartado 1, de la Ley 34/2.002 -" se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución " - y añade que, en el caso, ningún órgano competente había declarado previamente a la demanda la ilicitud de los datos almacenados o la lesión de los derechos de los actores y, menos, ordenado la retirada de contenidos.

Además de que el propio artículo 16 permite esa interpretación favorable a la Directiva - al dejar a salvo la posibilidad de " otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse " -, no cabe prescindir de que la misma atribuye igual valor que al " conocimiento efectivo " a aquel que se obtiene por el prestador del servicio a partir de hechos o circunstancias aptos para posibilitar, aunque mediatamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trate. …conforme con la doctrina expuesta y lleva a valorar la falta de diligencia de Asociación de Internautas en el cumplimiento de la carga prevista en la letra b) del repetido artículo 16 de la Ley 34/2.002”. En principio los prestadores de servicios de alojamiento en internet no serán responsables por la información almacenada, siempre que no tengan conocimiento eféctivo de que la actividad o información ilícita lesiona bienes o derechos de un terceros y actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos, diligencia que no se ha acreditado por la publicación demandada. CUARTO.Respecto al importe de la indemnización y teniendo en cuenta lo expuesto en el propio auto de sobreseimiento de las actuaciones penales dictado por el Juzgado de Instrucción, que manifiesta que el querellante reconoce el “escaso eco que tuvo la noticia en la prensa seria”, la rápida rectificación y publicación de los puntos Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid - Procedimiento Ordinario 14/2019

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El motivo se desestima. No es conforme a la Directiva - cuyo objetivo es, al respecto, armonizar los regímenes de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios - una interpretación del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 34/2.002 como la propuesta por la recurrente, ya que reduce injustificadamente las posibilidades de obtención del " conocimiento efectivo" de la ilicitud de los contenidos almacenados y amplía correlativamente el ámbito de la exención, en relación con los términos de la norma armonizadora, que exige un efectivo conocimiento, pero sin restringir los instrumentos aptos para alcanzarlo.

aclaratorios enviados por el demandante y el número de visitas de la página (documento nº 15 de la contestación a la demanda de la revista), procede fijar la misma en 5.000 euros. De la referida indemnización responden los codemandados con carácter solidario, tanto el autor de la noticia, como el Director del semanario que permitió la publicación en los términos expuestos y la revista que la difundió y que no actúo con la diligencia debida en relación a los tweets publicados. QUINTO. De conformidad con el art 394.2 de la LEC cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Portales Yagüe en nombre y representación de D. procede hacer los siguientes pronunciamientos: Debo declarar y declaro que la noticia publicada el 8 de junio de 2.016 en la revista digital CTXT (Revista Contexto) a través de la página WEB www.ctxt.es, y sus subsiguientes versiones publicadas, vulneró el derecho al honor del demandante. Debo declarar y declaro que los mensajes enviados por el medio de comunicación CTXT los días 9 y 10 de junio de 2.016 a través de las redes sociales con las cuentas de usuario de dicho medio de comunicación, vulneraron el derecho al honor del demandante. Como consecuencia de dichas intromisiones ilegitimas debo condenar y condeno a D. Miguel Arturo Mora Díaz, D. Francisco de Asís Pastor Pérez y revista CONTEXTO S.L a que con carácter solidario: Retiren a su costa, completamente la noticia, así como cualquiera de sus versiones posteriores, del semanario CTXT y consecuentemente también de su página web www.ctxt.es, así como igualmente de cualquiera espacio de la red en que la misma aparezca, para lo cual realizaran las actuaciones oportunas.

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FALLO

Debo condenar y condeno a los codemandados a publicar, a su costa, la presente sentencia en la revista digital CTXT, así como en los medios de comunicación “EL MUNDO” y el “EL PAIS” es un espacio y con las características similares a la de la noticia origen del presente procedimiento, para lo cual realizarán las actuaciones oportunas. Debo condenar y condeno a los codemandados a retirar y borrar a su costa la totalidad de los mensajes vertidos en redes sociales por parte del medio de comunicación CTXT anteriormente aludidos, así como cualesquiera otros relativos a la noticia objeto de la presente demanda que hayan realizado hasta la fecha, realizando cuantas acciones sean oportunas hasta su total retirada.

Debo condenar y condeno a los codemandados a abonar solidariamente al demandante la cantidad de 5.000 euros, por los daños y perjuicios causados, incluídos los morales, dicha cantidad devengará los intereses legales correspondientes desde la presentación de la demanda de conciliación. Debo condenar y condeno a los codemandados a abstenerse en la divulgación o publicación de cualquier información relacionada con la noticia que ha dado origen al presente procedimiento y que no sea el cumplimiento estricto de la presente sentencia. Respecto a las costas cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa constitución de un depósito de 50 euros, en la cuenta 2546-0000-04-0014-19 de este Órgano.

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Debo condenar y condeno a los codemandados a publicar la rectificación de la noticia que revista las características exigidas por la LO 2/84 reguladora del Derecho de Rectificación, siempre que la nota sea remitida por el demandante en el plazo de 7 días a contar desde la notificación de la sentencia y en la forma indicada en el art. 2 de la LO 2/1.984.

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 52 de Madrid, y en el campo observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 2546-0000-04-0014-19. Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

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El/la Juez/Magistrado/a Juez

Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia Proc. Ordinario firmado electrónicamente por ANA MERCEDES MERINO MELARA