Ambito De Aplicacion De Los Tratados Internacionales

AMBITO DE APLICACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Hay lugar a distinguir tres ámbitos usuales de aplicación: el personal, el espacial y el temporal. De ellos nos ocuparemos, pero digamos en primer lugar, que en lo que el tratado internacional tiene de análogo con el contrato en el Derecho privado, es cuestión importante en él determinar los efectos vinculantes de sus cláusulas por relación a las partes y a los terceros Estados. 1. EFECTO ENTRE LAS PARTES Las reglas convencionales están dirigidas a producir iguales efectos entre las partes vinculadas por el mismo acuerdo, pero este principio sufre notables excepciones en virtud de la voluntad contractual de esos Estados o de la propia naturaleza del acuerdo. Hay que distinguir aquí entre el ámbito territorial y el temporal. Por lo que respecta a la esfera de aplicación espacial de los tratados, la regla general es que sus efectos se extiendan, a los respectivos ámbitos de esas distintas soberanías; cabe que lo sea sólo a un territorio en particular. En este caso debemos distinguir entre la obligación que el Estado asume, y de la que él responde, y el ámbito de aplicación del acuerdo. La aplicación del tratado al «territorio de cada Estado» debe de ser entendida como aquella que se contrae al territorio que, de conformidad con el Derecho internacional, está sometido a la soberanía o jurisdicción de los distintos Estados contratantes. Se incluyen en él los espacios terrestres, marítimos y aéreos, y hoy, aunque a efectos limitados, la zona económica exclusiva. Es el principio que recoge el art. 28 CV. Una aplicación y corolario de esta regla es el llamado principio de las «fronteras movibles». Según el cual, el Estado que sufra pérdida o aumento de soberanía territorial se descarga o aumenta sus responsabilidades en el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden según los tratados concluidos, de forma correlativa a esas mutaciones territoriales. Pero el ámbito espacial así definido no se corresponde necesariamente con el que de modo eventual un Estado pueda tener bajo su control por el ejercicio de una soberanía de hecho: En el antiguo Derecho internacional el caso de los protectorados, y el de la llamada ocupación militar. Es irrelevante en cambio, la ordenación espacial que en el ejercicio concreto de las competencias haya hecho cada Estado; especialmente los de estructura compleja. Cualquiera que sea el órgano competente para adoptar en el plano interno las medidas que exija el cumplimiento de los compromisos internacionales, la obligación afecta al Estado en cuanto tal. En contra de lo que pudiera aparecer a primera vista, los Estados, en su función ordenadora, no se comprometen sólo por sus respectivos territorios. El Derecho internacional les permite también hacerlo para regular su actividad en los denominados espacios libres, alta mar, Antártida, espacio aéreo y ultraatmosférico. En lo que respecta al ámbito de aplicación temporal, el art. 28 CV formula como principio general, el de la irretroactividad : Ninguna norma internacional vincula a las partes en relación con un acto o hecho que tuvo lugar antes de la entrada en vigor para esa parte. Sorprende este rigor que no tiene parigual en la teoría general del Derecho, salvo el caso de las normas penales, tampoco lo tiene en la de las instituciones civiles. En la jurisprudencia de ambos Tribunales de La Haya fue formulada de modo diferente. La explicación hay que buscarla en la connotación anticolonialista que la norma tiene, pero sin dejar de advertir que en otros ámbitos conexos con el de la fijación de la esfera temporal, la propia CV adopto posición diferente. Tal es el caso, del recurso a la práctica ulterior en materia de interpretación (art. 31,3,b) que permite una fijación ex tunc del contenido normativo del acuerdo. 2. EFECTO RESPECTO DE TERCEROS Cuestiones generales El carácter consensual del tratado internacional impide, la extensión de sus efectos vinculantes a Estados que no sean parte en él. Esta regla, ha encontrado sin dificultad amplio reconocimiento en la jurisprudencia internacional. «Un tratado no es ley más que entre los Estados parte en él». Este principio, conocido también como del «efecto relativo de los tratados», es corolario del que afirma el art. 26 CV: «Todo tratado en vigor obliga a las partes» y su complementario del art. 34 CV: «Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.» Ahora bien, la regla pierde fuerza de convicción en el momento en el que entramos en el conocimiento de la práctica internacional y, sobre todo, reflexionemos sobre algunos conceptos

básicos. Así p.ej.: En lo que el tratado sea configurador de sólo derechos y deberes subjetivos es comprensible que sus efectos queden circunscritos a las partes en él. Es el concepto de «tercer Estado» el que muchas veces está en juego, y anticipemos, que en muchas ocasiones el término de tercero, no es usado con propiedad. Después del pronunciamiento del TIJ en el asunto de las Experiencias Nucleares, está abierta una vía explicativa y de análisis en la constitución de determinados efectos vinculantes respecto de contenidos formulados en una declaración que no tiene destinatarios determinados. En el Derecho privado interno, donde el ámbito del acto negocial es mucho mayor que en el Derecho público son bien conocidas situaciones o relaciones que no pueden ser establecidas sin negocio jurídico previo, pero que después escapan ampliamente a esa situación originaria. La vía seguida por la Convención de Viena sin embargo es muy otra. b) Reglas de la Convención de Viena. Art. 35 37 El objeto de su regulación son los derechos y deberes recogidos en los acuerdos internacionales. Sólo el art. 38 habla de normas, pero no los art. 35 37. Otro aspecto debe quedar claro, que el mecanismo por el que estos preceptos articulan el juego de la extensión posible de derechos y obligaciones es un mecanismo consensual. Dentro de él y en un plano abstracto de especulación jurídica, las vías posibles a utilizar por la reglamentación hecha en Viena eran dos: la de la negotiorum gestio (la estipulación en favor de tercero) y la del acuerdo colateral. La CV claramente toma partido en favor de esta segunda, tanto respecto de los derechos como de las obligaciones. Respecto de las obligaciones el art. 35 exige que las partes del acuerdo originario tengan la intención de constituir este deber y que el tercer Estado lo acepte expresamente y por escrito. Para los derechos basta simplemente el asentimiento y éste, si el tratado no dispone otra cosa, se presume a través del silencio. La relación que se establece es pues la siguiente: El derecho o el deber en favor del «tercer Estado» se crea o se ofrece en un acuerdo «originario», que efectúa así una oferta colectiva de esos Estados parte en el acuerdo y dirigida al tercer Estado. Si éste la acepta, concierta con ellos un acuerdo colateral. ¿Hay lugar en esta situación a hablar con propiedad de tercer Estado? Si el tercer Estado es aquel que está ajeno por completo a una relación convencional que otros puedan establecer entre si, ésta no es la situación referida. No hay tercería más que en apariencia. Esta tesis se refuerza si contemplamos el art. 37 CV que regula la revocación o modificación de la oferta, que coloca más en primera línea al acuerdo colateral. Si se trata de un obligación, su revocación o modificación se hará mediante el acuerdo de ambas partes. Si es un derecho, no lo podrán revocar las partes del convenio originario si consta que en el momento de la conclusión de éste se tuvo la intención de que tal derecho fuera irrevocable. c) Casos particulares Algunos casos que la doctrina ha presentado como ejemplos de casos de excepción no lo son, puesto que se explican por el mecanismo consensual .Otros, en cambio, en donde la intervención de un posible acuerdo colateral es menos evidente. Cláusula de la nación más favorecida. Es instrumento utilizado en determinados ámbitos del Derecho internacional, especialmente, en el Derecho económico y comercial o en el Derecho de extranjería. En virtud de ella los Estados contratantes en el acuerdo primero, por ejemplo A y B, estipulan la extensión automática o condicionada, en el marco de sus relaciones convencionales del nivel más ventajoso que cualquiera de ellos pueda estipular en un acuerdo ulterior con otro Estado que era tercero por relación al primer acuerdo en el momento en que este fue concluido. Si es condicionada sólo se produce este efecto en la medida en que el que reclame la ventaja esté en disposición de conceder lo mismo que otorgó este tercero. La excepción es más aparente que real porque la extensión a la relación A = B que genera el tratado A = C o B = C lo es en virtud de un mecanismo de remisión que conecta a un tratado con otro. La relación pues es una relación convencional. Tratados que tienen por objeto regular los problemas que suscita la sucesión entre Estados. La CV sobre tratados no se ocupa de este asunto. Pero lo ha hecho un convenio de 23 de agosto de 1978 que ha situado el problema en dos planos diferentes, con soluciones distintas según que se trate de una sucesión motivada por el fenómeno de la descolonización o fuera de este supuesto particular. Desde el punto estrictamente formal, el Estado nuevo que sucede al anterior, bien porque desaparece bien porque el nuevo se independiza en virtud de una sucesión o fragmentación en el primero, es desde el punto de vista de su personalidad, verdaderamente un tercero respecto de los acuerdos internacionales concluidos por el Estado antecesor con otros Estados y que, por

diversos motivos afectan y se localizan en el territorio del nuevo Estado. Y sin embargo, veamos las soluciones discrepantes. En la sucesión de carácter colonial la solución que se sigue es la de la intransmisibilidad de derechos y obligaciones convencionales hacia el nuevo Estado, salvo que éste en virtud de un procedimiento simple los acepte por estimarlos ventajosos. En este caso el acuerdo internacional no produce efectos sobre terceros. Si la sucesión es ordinaria, el principio seguido es el contrario, el de la continuidad de derechos y obligaciones. La conclusión es evidente: No la regla jurídica, sino las circunstancias políticas o sociales han dictado aquí la solución de Derecho. Por esta misma razón, en el caso de las sucesiones coloniales, y en la materia de trazado de fronteras, sufre fractura el principio de la exclusión de efectos sobre terceros. El art. 11 del mencionado convenio dispone: una sucesión de Estados no afecta... a una frontera establecida por tratado, ni a los derechos y obligaciones relativos al régimen de una frontera establecida por tratado. Gobiernos internacionales de hecho. Hemos aludido a la función ordenadora que en la esfera internacional tiene el Concierto de las Grandes Potencias y que éstas ejercen de modo preferente en los grandes tratados que se establecen después de conflictos bélicos. Los acuerdos que ellas conciertan entre si o con otros Estados presentan ciertos rasgos estatutarios, de modo que sus reglas dejan de ser en su estructura interna normas convencionales. Reforzando este principio estructural de la sociedad internacional, establece en términos generales el articulo 75 de la CV que: «Las disposiciones de la presente convención se entenderán, sin perjuicio de cualquier obligación que pudiera originarse en relación a un tratado para un Estado agresor como consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Carta de las NNUU con respecto a la agresión de tal Estado.» La regla es polivalente y puede ser utilizada en muy diversas direcciones. No es impensable que una medida pueda consistir en un acuerdo, adoptado en determinadas condiciones, y, siempre «conforme a la Carta de las N.U.», que pudiera producir efectos sobre los tratados concertados por un Estado agresor. En estos casos si que se estarte ante verdaderas excepciones a la regla res ínter alias acta. Situaciones estatutarias u objetivas. Según la cita que hicimos de Max Haber y Anzilotti. Los derechos fundados en una regla convencional se derivarían de los nacidos de una situación estatutaria en la que los primeros serían ejercitables a voluntad del titular, en los segundos, por el contrario, el titular estaría en la obligación jurídica de ejercerlo. La norma estatutaria, en su modo de constitución no se diferencia de la convencional; ambas son creadas mediante acuerdo entre Estados. Es decir, la doctrina viene detectando que aunque el vehículo de la creación normativa sea el acuerdo, el resultado va más allá de la mera regla convencional. La Carta de las N.U., tratado internacional en su origen, crea un sujeto de Derecho internacional que se impone como tal a otros Estados no miembros de esa organización. De nuevo aquí hay verdadera excepción a la regla de la que nos ocupamos. Normas que se encuentran en un proceso de consolidación para llegar a ser reglas consuetudinarias (art. 38 CV). Para la adecuada comprensión de estas consideraciones debemos actualizar el caso de la Plataforma del Mar del Norte. La norma del art. 38 tiene una relación singular, está concebida ad cautela»., «Lo dispuesto... no impedirá que...» y lo que se desea que no sea impedido es que una regla en proceso de formación como regla consuetudinaria y recogida en un tratado como regla convencional no sufra impedimento en esa progresión hacia la constitución como regla consuetudinaria a causa de lo establecido en los art. 34 al 37 CV. ¿Qué es entonces lo que los citados artículos tienen en común y por qué podrían ser obstáculo a la formación de esa regla? El mecanismo de los referidos art. es en verdad el convencional, de modo que la excepción a la regla es más aparente que real. Tengamos en cuenta lo dicho en cuanto al carácter autónomo que tienen tratado y costumbre como dos vías de creación normativa diferenciadas, y que la razón de obligar de la norma consuetudinaria no es el consentimiento individualizado del sujeto. En la derivación de la regla convencional hacia la consuetudinaria no hay ni puede haber extensión del efecto vinculante del tratado. No hay pues excepción. d) Conclusiones Después del análisis que precede, no es difícil llegar a determinadas ideas básicas. El principio de la delimitación de los efectos vinculantes de un acuerdo internacional a las partes intervinientes está bien asentado en su afirmación de base. Dentro del juego de la autonomía que

a las partes concede el Derecho positivo y que en el Derecho internacional es muy amplio, éstas son árbitros para configurar sus derechos y obligaciones. Las excepciones que aparenta tener la regla no lo son en realidad y todo se aclara desde el momento en que se precise la noción de «Tercer Estado». Pero hay ámbitos, donde situaciones inicialmente convencionales se transforman en estatutarias o inclusive otras en las que sólo el ropaje jurídico formal permite hablar de un acuerdo cuando en realidad son estatutarias desde el origen. La técnica jurídico internacional es hoy todavía inadecuada para explicarlas.