Berta - Escritos Penales

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Modelo Suspensión de Juicio a prueba Modelo de Escrito aceptando cargo de abogado defensor Modelo de Escrito sobre denuncia penal por robo agravado Modelo de Escrito proponiendo abogado defensor Modelo de Escrito solicitando Eximición de Prisión Modelo de escrito solicitando se dicte la falta de mérito

7.

Modelo SOLICITA EXCARCELACION BAJO CAUCION JURATORIA E IMPOSICIÓN DE MEDIDA CURATIVA.-

8. Modelo solicita excarcelación 9. Texto Recomendado - APELACIÓN DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN PREVENTIVA DE CARLOS MENEM. (10/07/2001

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA (Art. 359 )

Señor Presidente:

................., abogado defensor de ......., Tomo ......., Folio ......., con domicilio procesal en la calle ........ Nº ......, depto ........ de la Ciudad de xxxxxxxxxxxx, a V.S. digo:

I. Pide suspensión Que atento al artículo xxxxxxxxx del Código Procesal para el fuero penal, considero que es tiempo de reiterar el pedido de suspensión del proceso a prueba legislado en el art. xxxxx del citado ordenamiento. Este momento procesal, aun no abierto el debate ni efectuadas las citaciones para el mismo es el que la jurisprudencia y doctrina admiten como último momento ritual para proveer el pedido que ahora efectuó.

Proveerlo, SERA JUSTICIA.-

................... (firma y sello del profesional) Otrosí digo: La causa en tramitación corresponde a los obrados caratulados " ..............c/.......... s/.....", Nº ......, en el Juzgado enviante. Tenerlo presente, También es justicia................... (firma y sello del profesional)

PROBATION (Art. xxxxx)

Señor Juez:

..................., por sí y por derecho propio, con domicilio real en la calle .............. Nº ..., departamento ........... de esta ciudad de xxxxxxx, a V.S. digo:

Que he desigando defensor al Dr. ................, Tomo NÅ ... Fº ......, constituyendo con el mismo domicilio procesal en la calle ............., Nº ....., piso .........., oficina ...., de esta ciudad, en la causa Nº .............., caratulada ".......c/...........s/......" Que tal designación fue aceptada a fs. ...... Que de acuerdo con las estipulaciones de la ley 24.316, solicito la suspensión del proceso a prueba, determinado en el artículo xxx del Código Procesal Penal de xxxxy sus reformas posteriores.

A tal fin vengo a solicitar se fije la audiencia única indicada en tal mandato. Proveerlo así.

SERA JUSTICIA................... (firma)

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nº 3 xxx Imputado: Causa nº .-

SOLICITAMOS SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA.-

Imputado por derecho propio, conjuntamente con su abogado defensor Dr y el distinguido/a Agente Fiscal de Juicio, Titular de la Fiscalía de Juicio Nº en la causa seguida por el delito de en los términos de los arts. a V.E. respetuosamente dicen: PRIMERO.En legal tiempo y forma, y previo acuerdo celebrado entre las partes, de conformidad con el art. 404 de la ley 11.922, y el art. 76 bis a cuater del C.P. SOLICITAMOS EN FORMA CONJUNTA LA APLICACIÓN EN AUTOS DEL INSTITUTO DE LA SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA.-

SEGUNDO: El procesado, posee requerimiento fiscal de elevación a juicio en los presentes actuados en orden al delito de en los términos de los arts. 164 y 42 del C.P.TERCERO.-

A tales efectos, OFREZCO reparar el daño aportando la suma de pesos cincuenta ($50), como así también la realización de trabajos comunitarios, informando a V.E. que el suscripto podría realizar tareas de limpieza en ofreciendo así mismo la realización de dichas tareas mediante cuatro horas semanales en el tiempo y modo que V.E. estime.-

Por lo expuesto es que:

SE SOLICITA:

1º - De conformidad con el art. xxx del Código de Procedimiento Penal, se haga lugar a la solicitud de Suspensión de Juicio a Prueba, de acuerdo con las circunstancias del caso que estimen convenientes.-

2º - Se tenga presente el resarcimiento ofrecido.

3º - Se tenga presente la conformidad prestada por el imputado, su abogado y el Sr. Agente Fiscal.-

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA.-

ADHIERE A SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA:

Señor Juez:

Imputado, por derecho propio, conjuntamente con su abogado defensor Dr. se presentan en la IPP Nro. en trámite por ante el Juzgado Correccional nro. Departamental, y respetuosamente a V.E. dicen:

I.- Que con la facultad que le otorga el art. XXX del Código de Procedimiento Penal incorporado por la ley 11.922, y de conformidad con el art. 76 bis y ter del Código Penal según ley 24.316, vienen a adherir a la solicitud de suspensión de juicio a prueba, requerida por la Sra. Agente Fiscal.

II.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto solicitamos :

1º) Conforme con los arts. 76 bis y ter del código penal, se suspenda el juicio a prueba, y se le imponga a mi asistido, el cumplimiento de las reglas de conducta previstas por el art. 27 bis del Código sustantivo, que de acuerdo con las circunstancias del caso VS estime conveniente.

2º) Mi asistido ofrece como reparación del daño causado la suma de $ 40 (cuarenta) y se compromete a cumplir con toda otra obligación que imponga V.S.. 3º) Oportunamente, de conceder V.S. la suspensión del juicio como se requiere, y transcurrido el plazo de prueba fijado, sin cometer otro delito, conforme el art. 76 ter párrafo 4to. del Código Penal, se declare extinguida la acción penal y se difiera el pago de las costas al finalizar este beneficio.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA.

ACEPTA CARGO DE ABOGADO DEFENSOR

Sr. Juez en lo penal y correccional Nº 3:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, D.N.I. Nº xxxxxxxx, Abogado, tomo Nº xxx, folio Nº xxxxx, del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de XXXXXX, Monotributista, C.U.I.L. N° xxxx, E-mail: XXXXXXXX, Tel. Celular N° XXXX, constituyendo domicilio legal en xxxxxxxxxxxxxxxx, de la localidad de XXXProvincia de XXXXX a V.S. me presento y respetuosamente digo:

Que, habiendo sido propuesto para ejercer la asistencia letrada del Sr. xxxxxxxxxx, de nacionalidad Argentino, D.N.I Nº xxxxxxxx, con domicilio real en xxxxxxxxxxxx, quien se encuentra imputado en la causa "xxxxxxxx, S/ SUP. ROBO SIMPLE", Expte. N° XXXX, que se tramita ante este Juzgado de Instrucción N° 3, vengo a manifestar que acepto el cargo de abogado defensor del mencionado ciudadano, desempeñando mi actuación conforme a las normativas procesales vigentes.

PROVEER DE CONFORMIDAD SERA JUSTICIA

PROPONE ABOGADO DEFENSOR

Sr. Juez: __________, por derecho propio, de nacionalidad argentino, de 41 años de edad, D.N.I. Nº __________, domiciliado en ____________________, de la ciudad de XXXX, Provincia de XXXX imputado en la causa Nº ___, (I.P.P Nº ___ del registro de la U.F.I. Nº ___ departamental), caratulada "____________________ S/ SUPUESTO ROBO SIMPLE" de trámite ante éste juzgado de instrucción N° 3, de la Ciudad de XXX Provincia de XXXX, me presento ante V.S. y respetuosamente digo:

Que vengo por medio del presente, a designar como abogado defensor en las presentes actuaciones, al Dr./a. ____________________, abogado/a, inscripto en tomo N°___, folio N°___, del Colegio Público de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de XXXXX s, Monotributista, C.U.I.T. Nº __________, con domicilio procesal en calle ____________________, de la localidad de Santa Lucía, a quién pido se le dé la intervención que corresponda en la presente causa una vez aceptado el cargo.

PROVEER DE CONFORMIDAD SERÁ JUSTICIA

SOLICITA SE DICTE AUTO DE FALTA DE MÉRITO

Sr. Juez:

........................, abogado, por la defensa de los Sres. ............................... y ............................, en la causa que se les sigue por la presunta comisión del delito de ESTAFA en grado de tentativa, ante V.S. respetuosamente me presento y digo:

Que de acuerdo con lo preceptado por el art. XXX texto vigente del Código Procesal Penal de la Provincia de XXXX vengo mediante el presente escrito a solicitar se dicte auto de FALTA DE MERITO en favor de los imputados en base a los hechos y derecho que seguidamente paso a exponer:

Que ambos encartados niegan el hecho que se les imputa.

Que resulta del careo de la presunta víctima y los imputados, que ambos mantienen su posición original.

Que no se les secuestra a los imputados elemento alguno, a pesar que en el acta de procedimiento se menciona el secuestro de unos papeles que serían los presuntamente utilizados para llevar a cabo el delito.

Que al no encontrarse el elemento mencionado como secuestrado en el juzgado, debe considerarse inexistente el secuestro mencionado, no cabiendo la posibilidad de ningún tipo de que sea remitido el elemento en este estado, pues al ser de un bien fungible, sería fácil para el personal policial remitir un elemento similar al mencionado en el acta de secuestro que en realidad no existió, perjudicando notablemente el derecho de defensa de los imputados.

Por tanto, no existe prueba alguna que avale los dichos de la presunta víctima.

Que es un caso de palabra contra palabra, no pudiendo dársele mayor credibilidad a una que otra parte debiendo V.S. sobreseer a los imputados, pero a fin de que pueda continuar la investigación, solicito se dicte auto de FALTA DE MERITO en favor de los imputados.

Que al tratarse de la palabra de uno contra la del otro, sin otra prueba que avale los dichos de las partes, puede llegar a poner a V.S. en un estado intelectual de duda, pero nunca de certeza acerca de si el delito existió o no.

Que dictar el procesamiento de los imputados implicaría un gasto de jurisdicción innecesario, puesto que elevada la causa a juicio, la misma terminaría con la absolución de los imputados, ya que todas la probanzas fueron realizadas en la instrucción y nada más se podrá descubrir, debiendo el Juez de Crimen resolver con los mismos elementos con que contó el instructor un año antes.

Que la duda solo habilita para emitir un juicio de falta de mérito, que si bien no permite el sobreseimiento, pues habilita la prosecusión de la causa, no teniendo entidad como para vincular al imputado con una acusación sostenida en prueba de idoneidad y valía.

Por lo expuesto, a V.S. solicito: Dicte AUTO DE FALTA DE MÉRITO, previa constitución de domicilio, en favor de los imputados Sres. .........................., y .................................-

Provea V.S. de conformidad POR SER JUSTICIA

Denuncia penal por robo agravado

Señor Fiscal de turno

____________________, identificado con D.N.I. Nº____________________, con dirección domiciliaria en av. ____________________, y con domicilio procesal en del Departamento de notificaciones del colegio de Abogados de ____________________, ante ud. me presento y digo: Que, recurro a su despacho a fin de formular denuncia por la comisión del delito de robo agravado por el concurso de dos o más personas y a manos armada, ilícito penal tipificado en los incisos 3 y 4 del artículo 189, inciso 2 del artículo 166 del Código Penal, contra ____________________ y ____________________, a fin de que su despacho formalice ante el juez, la correspondiente denuncia penal contra dichas personas. Fundamento de hecho y de derecho I.- Que, por motivos de trabajo suelo salir muy temprano, aproximadamente las 06:30Hs, de mi domicilio, ubicado en ____________________, para dirigirme a mí trabajo, ubicado en ____________________. II.- Que, siendo las 06:40Hs, del día ___de ___de 20___, en circunstancias en las que me encontraba esperando en la parada de colectivos, en la esquina de las intersecciones de las calles ____________________ y ____________________, en la localidad de ____________________, para abordar el transporte público para que me lleve a mi centro de labores; 2(dos) individuos a los cuales reconocí inmediatamente como los denunciados, uno de ellos me amenazó mostrándome la navaja que portaba, y el otro me apuntaba con un arma de fuego, ambos intimidándome a darles las pertenencias que llevaba con migo, si no quería sufrir lesiones graves en mi integridad física. III.- Que, en esas circunstancias de inferioridad, ya que en ese momento no había en el lugar otra persona que saliera en mi auxilio debido a lo temprano del día, y temiendo a que éstos delincuentes cumplieran con su amenaza, tuve que acceder al pedido de los denunciados, entregándoles mi reloj __________, valorado en $___ (__________ pesos argentinos), mi billetera que aparte de mis documentos personales, tenía $___ (__________ pesos argentinos). Asimismo cuando pensé que se iban a ir conformes con lo que yo les había entregado, al advertir ellos, que yo portaba un maletín, el cual contenía una computadora personal, me lo arrebataron empleando para ello la violencia, al aplicarme un golpe seco en el estómago. Dicha computadora está valorizada actualmente en US$ ___ (__________ Dólares americanos).

IV.- Que, he reconocido la identidad de mis agresores inmediatamente, debido a que éstos dos, son unos conocidos delincuentes en la localidad en la cual vivo, que desde que salieron del penal en que estaban detenidos, han vuelto a

realizar

actos

delictivos en esta zona de la ciudad. V.- Que, por dichos motivos presento ante Ud. ésta denuncia penal, a fin de que de conformidad con el artículo 2 del CPP, formule la denuncia por la comisión del delito de robo agravado por el concurso de dos o más personas y a manos armadas, ilícito penal tipificado en los artículos 166 y 189 del Código Penal, en contra de ____________________ y ____________________.

Medios Probatorios

modelo Por tanto

Adjunto la factura de compra de mi Laptop marca __________, __________, número de serie __________.

Sírvase Ud. Sr Fiscal de turno, en formalizar la correspondiente denuncia ante el juez penal, a fin de que ésta sea tramitada conforme corresponda. Goya __________ de __________ de 20___.

Proveer de conformidad Será Justicia

SOLICITA EXIMICIÓN DE PRISIÓN

Sr Juez a cargo del

juzgado de instrucción Nº 2:

____________________, Abogado inscripto en tomo ___, folio ___, CUIT Nº __________, IVA Responsable Inscripto, legajo previsional Nº __________, Colegio de abogados de Corrientes, constituyendo domicilio procesal en calle ____________________, de la ciudad de xxxx, en mi carácter de defensor particular, en la causa Nº __________, caratulado "____________________, por delito de robo simple, conforme el artículo 164 del código Penal, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

Que, conforme a lo determinado en el artículo ___ del código procesal penal de Corrientes, el cual establece que el beneficio de eximición de prisión se concederá cuando el o los delitos que se le atribuyan a toda persona procesada estén reprimidos con pena privativa de libertad cuyo máximo no exceda de 8 (ocho) años de reclusión o prisión y no incumpla con las restricciones establecidas en el artículo ___ CPP de xxxxxx Que, atento el delito que se le imputa queda comprendido en dicho precepto, y siendo que mi defendido no cuenta con antecedentes penales, tiene domicilio fijo acreditado en autos, trabaja en relación de dependencia, siendo ésta fuente, el único ingreso familiar, el peligro de fuga y entorpecimiento en la investigación se encuentran soslayados, peticiono a V.S. se haga lugar al presente pedido de eximición de prisión que se impetra, bajo la caución que V.S. estime corresponder.

PROVEER DE CONFORMIDAD SERA JUSTICIA

SOLICITA EXCARCELACION BAJO CAUCION JURATORIA E IMPOSICION DE MEDIDA CURATIVA.-

Sr. Juez de Instrucción:

xxxxxxxxxx Abogado, Inscripto al T° 95 F° 444 del C.A,S,E defensor particular del Sr. Leandro XXXXXXactualmente alojado en la Unidad Penitenciaria de XXXX

Modulo 4 “B”, sector

“Ingreso”, manteniendo el domicilio legal constituido en Moreno 800,” de esta Ciudad Autónoma de XXXXX, –Estudio Penal XXXX– Teléfono XXXXX, correo electrónico xxxxx, ante V.S. se presenta en el causa N° xxxx del Registro del Tribunal a su digno cargo y respetuosamente digo:

I.

OBJETO.-

Que vengo a solicitar a V.S. la excarcelación de mi ahijado procesal bajo la caución juratoria y sometimiento obligatorio a tratamiento médico, conforme el Art. 18 de la Constitución Nacional y los Arts. 316, 317, 319 -a contrario sensu- y 321 del Código adjetivo ( VER CÓDIGO PROCESAL DE LA Pcía que usted actúa )

por las consideraciones de

hecho y de derecho que seguidamente expondré.-

A tal efecto solicito se forme incidente conforme el Art. xxxxx del Código Procesal Penal .II.

FUNDAMENTOS.-

Que el derecho a la libertad de toda persona sometida a proceso, tiene rango constitucional, pues encuentra sustento en el estado de inocencia que el principio de juicio previo nombrado en la primera oración del Art. 18 de la Constitución Nacional garantiza al imputado (FALLOS 306:14492; 307:1615;308:1631). Y Art. 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; Art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Art. 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos últimos fueron ratificados por el Estado Argentino, y su inobservancia violaría directamente el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.-

Que la Corte Suprema, en ejercicio de su función protectora de los derechos y garantías constitucionales, ha dicho que la prisión preventiva tiene como fundamento evitar que su frustre la acción de la Justicia, esto es que se entorpezca la investigación o que se eluda su decisión (condena), por lo que la sola referencia a la pena establecida para el delito por el que se acusa no constituye fundamento válido para su dictado,

debiéndose precisar en cada caso cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permiten presumir fundadamente que el imputado intentará burlar la acción de la Justicia (Fallos 320:2105 y 321:3630). (El subrayado y negrita me pertenece).-

Me propongo demostrar la inconveniencia del encierro carcelario y el afianzamiento del lazo entre mi asistido y la justicia desvirtuando la presunción legal de fuga.-

Humildemente considero, que si se afirma un sistema de presunciones legales de fuga concebidas como ‘iure et de iure’, cuando la situación del justiciable no encuadra en ninguno de los supuestos del párr. 2° del Art. 316,

la prisión preventiva devendría

obligatoria y por tanto reglamentaria. Entiendo que debe desecharse la posibilidad de que las presunciones legales contempladas rijan con tal rigor, siendo únicamente admisibles si operan IURIS TANTUM.-

En tal sentido, debe destacarse que el encierro preventivo solo procede cuando se presume IURIS TANTUM, que el imputado intentará eludir el accionar de la justicia (Art. 319 CPPN). Que como se verá seguidamente, mi defendido NO INTENTARA BURLAR EL ACCIONAR DE LA JUSTICIA.-

II.A.-

MEDIDA CURATIVA.-

Que mi pupilo procesal es droga-dependiente y ya se había internado voluntariamente en el centro de tratamiento y rehabilitación “xxx” con sede en la calle xxx Ciudad xxxx Tel/Fax:(xxxxy era asistido por su Asistente Social, Lic. JUANA PAZ (Cel.XXXX) hasta que por razones ajenas a su voluntad fue retirada del establecimiento por decisión de su madre. Recordemos que mi asistido es menor de edad. Y debo reiterar, que NO SE ESCAPO, simplemente fue retirado.-

No es ocioso destacar, que no puede repararse a posteriori las nefastas consecuencias y efectos que provoca el encierro en un individuo, como ser y sólo a modo de ejemplo puede citarse el alejamiento y desintegración familiar, la pérdida del empleo, el aislamiento y por supuesto no pueden perderse de vista los efectos criminógenos que conlleva el ambiente carcelario.Que mi asistido, no necesita el encierro preventivo y carcelario, sino que necesita una internación médica y controlada que le permita mejorar en su salud mental y física.-

Entiendo, que V.S. podrá de esa forma vislumbrar la evolución de mi ahijado procesal y su sometimiento a las reglas de conducta que le sean impuestas controlando su sujeción a los estrados del tribunal.-

Además no existen elementos que permitan suponer que el imputado se sustraerá al accionar de la justicia, desde que tiene arraigo suficiente en esta ciudad (vive con su familia) y es menor de edad (18 años).-

Por otra parte, pero en el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que el ambiente carcelario elevará aún más sus deseos de consumir estupefacientes y sin duda perseguirá métodos cada vez más delictivos para conseguirla. Circunstancia esta que obviamente no puede controlar debido a la adicción que lo aqueja. Entienda V.S. que nos encontramos ante un chico enfermo.En esa inteligencia, debo también destacar que mi ahijado procesal no es una persona violenta, y ello ha facilitado el padecimiento de diversos robos y golpizas por parte de otros internos y eso que todavía se encuentra en el pabellón de ingreso.

Aún en caso de delitos mucho más graves se ha concedido la libertad ambulatoria demostrando la inexistencia de riesgo de fuga. Un claro ejemplo es el decisorio recaído en el" Incidente de excarcelación solicitada a favor de

B ¨

Causa N° 9760 "

A , y

B

s/contrabando de estupefacientes". - donde a pesar de la gravedad del delito y de lo establecido por el art. XXXX del CPP, de la condición de extranjera de la imputada y de la falta de arraigo, las afirmaciones del solicitante en el sentido

de

que

existen

otras

circunstancias

que

aseguran

su

comparecencia no han sido controvertidas de ninguna manera por el fiscal y por ello se concedió la excarcelación de la imputada. (El subrayado y negrita me pertenece).En el fallo “B ” (ya citado), también se consolido la decisión tomada por el tribunal, al verificar el puntual cumplimiento por parte de la imputada de las obligaciones que le fueran impuestas por el juez, luego de concedida su excarcelación.

En ese orden de ideas, solo solicito que se le dé la oportunidad al Sr. XXXX de someterse a tratamiento médico y demostrarle al Sr. Juzgador su compromiso con la justicia.-

Situación análoga se verificó en la Causa Nro. 7530 - "LÓPEZ, Adrián Félix s/recurso de casación" - CNCP - Sala IV - 31/05/2007 (elDial AA3DE9

), donde se estableció que "...la sanción con que se conmina el delito imputado a Adrián Félix López impediría que la sanción que eventualmente se le imponga fuese de cumplimiento condicional. Ese hecho implicaría, que de prosperar la soltura del nombrado, el posible temor a perder nuevamente la libertad podría resultar motivo suficiente para fugarse...". Dicho argumento no es suficiente para denegar la excarcelación del imputado, en tanto se trata de una afirmación dogmática que no encuentra fundamento en elementos objetivos que permitan presumir el peligro de fuga. En consecuencia, el pronunciamiento no puede ser avalado."

Así también se resolvió que es procedente otorgar la excarcelación bajo caución de tipo real al sujeto imputado por el delito de robo calificado de automotor dejado en la vía pública en grado de tentativa, pues encuadra en las previsiones de los Arts. XXX del CPP la existencia de una sentencia condenatoria anterior y la posibilidad de recaer otra de cumplimiento efectivo en proceso actual no impide dicho proceder, pues de lo contrario se estaría vulnerando el principio de inocencia del cual se goza, mientras tanto no recaiga sentencia definitiva. (CCC Sala de Feria B, Villa, Juan rta 7/1/02 causa 38b Boletín jurisprudencia n° 1/02 pag. 38).-

Tales circunstancias encuentran también sustento en la obra de Cafferata, Nores, José I, Frascaroli, María Susana, La entidad de la amenaza penal emanada del delito atribuido justifica por si sola la imposición del encarcelamiento del imputado durante el proceso?. J.A. 19/5/04, Fascículo n° 7).-

Finalmente es preciso advertir que lo que aquí se solicita no es más que una interpretación analógica (solo en favor del imputado) de las reglas establecidas en el Art. 34, Inc. 1 tercer párrafo, las cuales permiten suplantar el encierro por el sumisión a tratamiento médico adecuado para personas que en estado de inimputabilidad han cometido una acción típicamente antijurídica y resultan peligrosas, incluso para sí mismas, evidenciando así su fin tutelar.

La medida de seguridad curativa debe guardar proporción con la peligrosidad del imputado debidamente constatada. Así, el límite de la duración de la medida se encuentra en relación directa y unívoca con la persistencia del estado de peligro. Que en las SEGUNDAS JORNADAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRÁFICO los días 28 y 29 de Junio de 2004 en el marco del trabajo de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se realizó un encuentro con especialistas y deseo transcribir algunas de las

célebres e ilustres opiniones vertidas que refuerzan las palabras de este humilde abogado defensor.El Dr. Gutiérrez de la Cárcova, Juez del Tribunal Oral N° 2 en lo Penal Económico dijo: “No hay ningún adicto preso. Todos tienen medidas educativas o curativas. Entonces les ha servido como marco de contención y de reinserción, y también de límite en una sociedad que evidentemente no los tiene”. A su turno, el Dr. Otmar Pauluchi, Juez del Tribunal Oral Federal de Rosario dijo: “Si alguien está sometido a una causa se la puede suspender como también el trámite de la instrucción, se lo somete a una medida curativa, y de resultar exitosa, se lo sobresee. Entonces la ley tiene una medida de contención, preventiva, educativa y curativa. No es una ley que reprime al que tiene para consumo sino que le da la posibilidad de recuperarse. El Estado también tiene que aplicar medidas curativas a quien está sometido a procesos, como lo dice actualmente la ley, pero no podemos sacar esa mínima represión”. Finalmente,

la

Lic.

Graciela

Touzé,

Presidenta

“Intercambios Asociación Civil” manifestó que: “El usuario de drogas es simultáneamente categorizado como un delincuente -y por eso es motivo de sanción penal-, y como alguien que está enfermo, que por ello es motivo de la protección tutelar. Esto genera una situación muy paradojal, pues por el mismo hecho simultáneamente un sujeto es considerado delincuente y enfermo. (Información obtenida de la página http://www.intercambios.org.ar/boletin/intercambiando7.htm)

II.B.- CAUCION JURATORIA.-

Que sin perjuicio de la internación en un centro de rehabilitación, existen también otros métodos ‘conjuntos y/o accesorios’ de asegurar que el imputado no intente eludir la pena que eventualmente le sea impuesta o que entorpezca la investigación de la justicia tales como las cauciones.-

Que el Art. XXXXX del Código ritual estable que la Caución juratoria será la regla cuando se conceda la excarcelación.

Considero

que

reglamentación máxime

este

caso

no

deberá

alejarse

de

tal

deviene útil, toda vez que al imponerle las

obligaciones establecidas en el ART. XXdel CPPN, también podrá establecerse la obligación de someterse a tratamiento médico.-

III.- PETITORIO.-

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

Se forme incidente para dar curso a la presente solicitud, se corra vista al Fiscal de acuerdo al Art. XXX del ritual y oportunamente se conceda la excarcelación solicitada bajo caución juratoria, imponiendo la medida curativa impuesta que solamente así;

SERA JUSTICIA.-

SOLICITA EXCARCELACION

Señor JUEZ:

M................F..............., abogado, t..........., f................CASE, defensor del Sr.....................................................en la causa Nro....................en la cual se o procesa por el delito de lesiones, constituyendo domicilio en calle...................................a V.S. digo:

Que vengo a solicitar se conceda la excarcelación de mi defendido bajo la caución que V.S. considere pertinente, en razón de los fundamentos que paso a exponer: Mi defendido fue detenido el día........................., situación en la cual continúa en la actualidad en el penal de...........................................Su prisión preventiva se dictó a fs.................por el delito de lesiones leves en estado de emoción violenta, delito para el cual el Código Penal en el art. 93 establece una pena máxima de seis (6) meses. Dado que mi defendido lleva ya 7 meses detenido y por lo tanto supera el máximo del delito por el cual se lo procesó, vengo a solicitar -confome al art. xxx del C.Procesal Penal de xxxxsu excarcelación.

Provea V.S. de conformidad a lo solicitado que

SERA JUSTICIA.

APELACIÓN DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN PREVENTIVA DE CARLOS MENEM. (10/07/2001)

INTERPONE RECURSO DE APELACION.

Señor Juez:

OSCAR ROGER, abogado de la matrícula, por la defensa del encartado doctor don Carlos Saúl Menem, suscribiendo el presente como patrocinante el doctor Oscar Mario Salvi, en la presente causa número 798/1995, manteniendo el domicilio legal constituido en autos, en calle Talcahuano 833, piso 4° E de Capital Federal, a V.S. respetuosamente comparezco y expongo:

Que conformidad con lo dispuesto en los arts. 449 correlativos y ccdtes. del C.P.P.N., vengo a interponer formalmente recurso de apelación contra el auto de fecha 4 de julio de 2001, por el que V.S. resolvió decretar el procesamiento y prisión preventiva de mi defendido, Dr. Carlos Saúl Menem por considerarlo prima facie penalmente responsable de la comisión de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe -art. 210, segundo párrafo- y por la falsedad ideológica de los decretos PEN nros. 1697/91, 2283/91, 1633/92 y 103/95 -art. 293 de la ley sustantiva (arts. 306 y 312 de la ley ritual penal)-, mandando también mandar a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de tres millones de pesos.

II Sustento dicha impugnación en los siguientes motivos, que serán como dispone y autoriza la ley procesal, ampliados y desarrollados en la debida oportunidad (art. 454 de la ley citada):

1) No hay elementos de convicción suficientes para estimar que existen hechos delictuosos y que Carlos Saúl Menem es responsable como partícipe de éstos. Es decir, no existe violación a tipo penal alguno, y de existir tal situación mi cliente es total y absolutamente ajeno a ella.

A pesar de la gran cantidad de pruebas producidas (según V.S. un millar...), no se encuentra ni remotamente acreditado con el grado de certeza requerido en la etapa instructoria que Carlos Saúl Menem haya participado dolosamente en la supuesta inserción de falsedades en los decretos individualizados "ut supra" los cuales autorizaron legítimamente la venta de material bélico a las Repúblicas de Panamá, Bolivia y Venezuela. Tampoco que haya integrado en carácter socio, y mucho menos como jefe una asociación ilícita que llevó a cabo maniobras ilícitas y relacionadas con tales negociaciones.

2) La valoración de la prueba y los hechos del proceso ha sido deficiente y defectuosa, extraña al espíritu plasmado en la ley procesal.

Dentro del contexto de la sana crítica racional la cual establecería aparentemente para Usía la plena libertad valorativa para sustentar las resoluciones judiciales, V.S. ha violado el único límite a la citada libertad. No ha respetado las reglas que gobiernan la corrección del pensamiento, fundamentalmente las leyes de la lógica y de la experiencia común, es decir, las reglas insuperables de la sana crítica racional. V.S. como bien lo dice: ha formado su íntima convicción, que no es bastante para fundar un legítimo auto de procesamiento.

Las conclusiones a las que V.S. ha arribado las cuales según vuestro entender son producto de la lógica y el sentido común, no son sino "meros juicios apresurados, pensamientos indigentes y creencias apresuradas, quizá producto de agotadoras e ininterrumpidas jornadas laborales", pero que no van más allá de eso, un insuficiente, aunque esforzado trabajo.

La selección y apreciación de los medios de prueba ha sido así en el sublite, caprichosa, aislada, fragmentaria y carente de rigor crítico. V.S. no ha escatimado esfuerzos en perjudicar la situación procesal de mi pupilo al convertir en ilícitos hechos que no lo son. Se han acomodado las conductas probadas, para ajustarlas al tipo penal aplicado... La designación y remoción de funcionarios, la firma de decretos refrendados nada más y nada menos que por tres Ministros y una Comisión Tripartita, son hechos perfectamente lícitos. Ser miembro de una familia, tener determinados amigos y/o coterráneos con normal trato amical no tiene nada de ilegal o genera seguridad de sociedades mafiosas...

Si se examina desapasionadamente la prueba testimonial que el Tribunal estima cargosa para mi defendido, aparece con nitidez que su valoración ha sido realizada desde un punto de vista que ab initio buscaba extraer de dichas declaraciones basamento que sustentara el parcial criterio del Juez que en el subjudice selecciona, dicho esto con todo respeto, lo que considera perjudicial y contrario a las protestas de inocencia formuladas por el prevenido y que V.S. desconoce totalmente. Esto queda evidenciado cuando luego de manifestar que examinará el descargo realizado en la oportunidad de la segunda indagatoria, el Tribunal silencia totalmente el examen que ha sido realizado en dicha oportunidad por el doctor Carlos Menem y que es demostrativo de la falacia, mentira e interesada postura asumida por algunos testigos (Caselli, Calderón) como así también no transcribir ni señalar las claras contradicciones entre otros testimonios (Schaer, Medina). Omite asimismo el correcto examen valorativo del llamamiento en codelincuencia hecho por Sarlenga, declaración incuestionablemente parcial y de la que no se puede extraer con justeza lógica la realidad de que el doctor Menem encabezaba la supuesta asociación ilícita. Es más, V.S. parte de la superada postura técnica de que el dolo se presume y que el Juez no debe acreditarlo.

Obviamente ante el Tribunal de Alzada se examinarán estas declaraciones, mal valoradas y con conclusiones erróneas en su análisis, superponiéndolas con otras testimoniales vinculados a ellas (Lourdes Di Natale, Balza y Emir Yoma).

Inclusive, se atribuye quizás por error involuntario del Juez, la creación de la Secretaría a cargo de Karim Yoma a mi defendido, lo que es absolutamente inexacto por cuanto el origen de la misma data del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín. No poca importancia tiene esto en el desarrollo de la resolución atacada, conforme se advierte de su simple lectura.

Es decir, que a partir del recurso planteado en este acto se tratará de señalar al Tribunal ad quem la equivocada apreciación realizada por el Tribunal de la prueba, malinterpretando testimoniales y teniendo como certeros, indicios meramente contingentes. En síntesis, se han transgredido en este aspecto las reglas que impone el debido proceso penal.

3) Los hechos constitutivos del objeto de este proceso no pueden configurar de forma alguna los tipos previstos y reprimidos por los arts. 210 y 293 del Código sustantivo. En lo que atañe al delito de falsedad ideológica el texto legal circunscribe el objeto de la falsedad a un hecho o circunstancia que el documento deba probar. Un decreto, acto puramente dispositivo que expresa la voluntad política y que se refiere a hechos futuros, no está destinado a probar hecho o circunstancia alguna. Por lo tanto las conductas reprochadas resultan atípicas. El itinerario administrativo es correcto, aunque pueda existir algún vicio en parte de su trayecto, no imputable al Dr. Menem o a su gabinete.

Por otra parte en este sentido V.S. no ha podido "aniquilar la maraña y confusión interpretativa instaurada" al no explicar claramente los motivos por los cuales ha encuadrado la conducta del doctor Menem en dichas normas penales. Ninguna referencia seria puede leerse en el auto en crisis respecto de la probada supuesta responsabilidad dolosa que exige la figura.

En lo que respecta al delito de asociación ilícita resulta inaceptable e inédito considerar a un presidente de la Nación, a varios de sus ministros e integrantes de las Fuerzas Armadas, como miembros de una mafia pensada, armada, estructurada y destinada a cometer delitos (en el caso concreto, negociar armamento irregularmente). Ahora bien, de ese análisis global postulado en el párrafo precedente, reitero que no surge ni siquiera mínimamente que mi asistido hubiera cometido alguna acción u omisión afín a la figura del jefe de una asociación ilícita. Señor Juez, en el marco de la presente causa, no se han colectado probanzas que permitan sostener ni siquiera con el leve grado de certeza requerido por el artículo 306 del ceremonial, que sea sujeto penalmente responsable por los hechos presuntamente criminosos pesquisados en autos, por lo que correspondería -cuanto menos- se adopte el temperamento previsto en el artículo 309 del citado cuerpo legal.

Por ello encontrándose en juego la interpretación y alcance de los artículos precitados formulo protesta de recurrir en casación (art. 456, en sus dos incisos, C.P.P.N.) si fuere del caso.

4) Los decretos cuestionados, repito, se insertaban en el marco de su competencia exclusiva en lo que hacía a las decisiones políticas referentes, entre otros aspectos, al manejo de las relaciones exteriores de la Nación. (art. 86 inciso 14 –en rel. 108 y art. 99 inc. 11 –en rel. Art. 126 CN) Por ende se trata de actos de gobierno que no son judiciables. En este aspecto se ha pasado por alto también, la particular modalidad de este tipo de resoluciones, que nacen desde un acto administrativo inicial, cual es la propuesta originada en D.G.F.M. y que por dos veces luego será examinada por una comisión especial interministerial, llegando recién a la firma del titular del PEN, como requerimiento de una autorización viabilizada luego del prolijo examen hecho dentro de las áreas de los tres ministros que avalan la propuesta.

"Toda discusión sobre el mayor o menor acierto de la política, y sobre la oportunidad y conveniencia de llevarla a cabo, es por completo ajena al debate ante los Tribunales de justicia" (Voto del Dr. Antonio Boggiano). C.S.J.N. (Voto: Fayt, Belluscio, Boggiano, Bossert, Vázquez. Mayoría: Nazareno, Moliné O Connor, López. Disidencia: Petracchi.) Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público. Sentencia del 2 de junio de 2000.

Las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están sujetas al control judicial. C.S.J.N., (Mayoría: Nazareno, Moliné O Connor, López, Vázquez. Votos: Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, Bossert. Disidencia: Abstención:) PRODELCO c/ PEN s/ amparo. Sentencia del 7 de mayo de 1998.

En todo caso los controles judiciales "…deben limitarse al examen de la compatibilidad que las normas impugnadas observen con las disposiciones de la Ley Fundamental". C.S.J.N., (Votos: Vázquez. Mayoría: Nazareno, Moliné O Connor, Boggiano, López. Disidencia: Fayt, Belluscio. Abstención: Petracchi, Bossert.) Universidad Nacional de Córdoba (doctor Eduardo Humberto Staricco- rector) c/ Estado Nacional - declaración de inconstitucionalidad- sumario. Sentencia del 27 de mayo de 1999.

5) La resolución impugnada resulta arbitraria por cuanto se ha violado la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso. (art. 18 C.N.). (irregular indagatoria, inmotivada restricción de la tarea de defensa, ante el adelantamiento de la fecha fijada) Al respecto cabe señalar la evidente e insanable nulidad de la declaración indagatoria celebrada en fecha 7 de junio de 2001, donde el Magistrado ha omitido la descripción de los hechos que daría lugar a la actividad criminal que luego le reprocha (art. 18 de la C.N. y 298, 167 inciso 3° y 168 segundo párrafo del C.P.P..

Es doctrina de nuestra Corte Suprema la exigencia de que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, por ello a través de la doctrina de la arbitrariedad nuestro más alto Tribunal ha descalificado como acto judicial válido los pronunciamientos que no reúnan esas exigencias ( Fallos 311: 2314, cons. 7° y sus citas). Para la admisibilidad de la vía extraordinaria debe tratarse de casos graves de defectos de fundamentación o razonamiento y que priven a la sentencia de su misma naturaleza de acto jurisdiccional, tal como ocurre en la especie. En efecto, se ha dicho que "La garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional requiere, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieren eventualmente asistirle, sino a través de un juicio llevado en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia fundada" (C.S.J.N., Juan José PEREZ c/ Estado Nacional s/ recurso extraordinario, 19 de agosto de 1986) y que "… por medio de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a hacer efectiva la garantía de la defensa en juicio, exigiendo que las sentencias constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa" (C.S.J.N., Erwin Beskow c/ Instituto de Previsión Social Pcia. del Chaco y/o Prov. del Chaco, 19 de junio de 1986), motivo por el cual se deja formulada la reserva del caso federal (art. 14 ley 48), sin perjuicio del recurso a tribunales receptados en Tratados que son ley de la Nación. Sobre el particular, cabe destacar que el auto de procesamiento con prisión preventiva es una resolución asimilable a una sentencia definitiva. (CS Fallos 3012246). En síntesis: en autos se aplica indebidamente, un reproche penal, a una conducta no típica y ni siquiera mínima y legalmente probada.

III Petitorio

Por lo expuesto hasta aquí a V.S. solicito: a) Tenga por interpuesto este recurso de apelación en debido tiempo y forma. b) Conceda el mismo y eleve los autos al Superior. c) Tenga presente la cuestión federal planteada (ley 48 art. 14) y la protesta de recurrir en casación.

Tenga V.S. presente lo expuesto y provea de conformidad, SERÁ JUSTICIA.