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Derecho Penal I PUCV (2017)

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CAPÍTULO V APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL

1.

ÁMBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL

a)

Regla general

El principio general aplicable a todas las ramas del Derecho es que las leyes tienen fuerza obligatoria desde su entrada en vigencia (que normalmente coincide con su publicación) hasta su derogación expresa o tácita. Esto se desprende de los arts. 6º, 7º, 52 y 53 del Código Civil. Haciendo aplicación de este principio, puede afirmarse que la ley penal se aplica a todos los hechos ocurridos entre su publicación y su derogación. De modo que cada delito ha de ser juzgado y sancionado según la ley vigente a la fecha de su perpetración. Si bien ésta es la situación normal, ocurre que el castigo de un delito implica un período que generalmente es prolongado: primero se comete el hecho delictivo; puede pasar un tiempo antes de que se descubra su comisión; el proceso judicial puede demorar varios meses, e incluso años, y el cumplimiento de la condena, en fin, también puede durar un lapso más o menos prolongado. Por este motivo puede presentarse la situación que la doctrina denomina sucesión de leyes penales. Esto quiere decir que en el lapso que va desde la comisión del delito hasta la ejecución completa de la pena, puede variar el tratamiento legislativo del delito de que se trata. Los cambios que puede experimentar la legislación penal se reducen a cuatro: a) eliminar el carácter delictivo del hecho; b) crear un delito que antes no existía; c) disminuir la sanción aplicable, y d) aumentar la sanción aplicable. En las otras ramas del derecho se aplica el principio de irretroactividad consagrado en el art. 9º del Código Civil, en cuanto dispone que la ley rige para el futuro y que no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia. Pero como esta norma sólo tiene consagración legal, en esas otras ramas del derecho nada impide que una ley ordene aplicar retroactivamente sus disposiciones. Se trataría de un conflicto entre dos leyes de la misma jerarquía. La existencia de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes, de 7 de octubre de 1861, demuestra que es posible que en esas ramas las leyes puedan aplicarse en forma retroactiva. En materia penal, en cambio, el principio de irretroactividad tiene consagración constitucional en las disposiciones de la Carta Fundamental que ya conocemos, de modo que no podría una ley disponer que sus preceptos se aplicarán retroactivamente. En suma, la ley penal sólo rige para el futuro, desde que entra en vigencia y mientras no se deroga. No puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia (principio de irretroactividad). Excepcionalmente, sí puede aplicarse en forma retroactiva cuando es más favorable para el imputado, lo cual implica dejar de aplicar una ley a un hecho cometido durante su vigencia normal.

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Por otro lado, la ley penal no puede aplicarse a hechos acaecidos después de la finalización de su vigencia (principio de no ultraactividad). Lo que sí puede ocurrir es que se aplique a hechos ocurridos durante su vigor, a pesar de que ya no se encuentra vigente (principio de preteractividad). Esto último podría suceder si la ley que rige al momento del juzgamiento del hecho fuera más perjudicial para el imputado que la que estaba en vigor al tiempo de su ejecución. b)

Excepción: retroactividad de la ley penal

Ya sabemos que la Constitución Política y el Código Penal contemplan la posibilidad de que la ley penal se aplique retroactivamente, como excepción a la regla general, cuando ello sea más beneficioso para el delincuente. De acuerdo con el art. 19 Nº 3 inc. 8° CPR, en las causas criminales, "ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado". Según el art. 18, inciso 2º CP: "si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento". “El deber de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable no es una concreción del principio de legalidad, sino del principio de proporcionalidad. Su fundamento se encuentra en una exigencia de congruencia entre la reacción punitiva en el momento de la imposición de la pena y la valoración social del merecimiento y necesidad de pena del delito por cuya comisión se condena, expresada en la ley”1. Conforme a lo que dispone el artículo 18 CP, los requisitos para aplicar retroactivamente la ley penal son los siguientes: a) Que con posterioridad al delito se dicte una nueva ley. Esta ley puede ser de cualquier naturaleza, no necesariamente penal. Lo que la ley quiere es que la nueva disposición traiga como consecuencia un trato más benigno para el imputado. Pero esta consecuencia puede producirse en virtud de una nueva ley penal (Ej.: que elimine el carácter delictivo del hecho) o en virtud de una ley ajena al Derecho penal. (Ej.: El código penal castiga el delito de usura, que consiste en pactar intereses superiores al máximo que la ley permite estipular. Si una ley aumenta el máximo de intereses permitidos, pasando a ser lícita la conducta del sujeto, éste debe quedar impune). En todo caso, no siempre es necesario que efectivamente se dicte una ley. Lo relevante es que el tratamiento punitivo de un hecho varíe, lo que podría ocurrir cuando cambia la normativa que sirve de complemento de una ley penal en blanco propiamente tal (por ejemplo, si se modifica el reglamento al que alude el artículo 63 de la Ley Nº 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas). b) Esta nueva ley debe encontrarse promulgada. Jurídicamente, la promulgación es el acto por el cual el Presidente de la República sanciona la ley conforme a la Constitución, mediante la dictación del correspondiente decreto supremo. La publicación, por su parte, es la inserción del BASCUÑAN RODRÍGUEZ, A.: “La ley penal”, en Revista de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Nº 1, 2004, p. 212. 1

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texto de la ley en el Diario Oficial. Pero la vigencia de la ley puede que no coincida con su publicación, porque ella misma puede disponer que entre a regir en una fecha posterior. En Chile, la mayor parte de los autores estima que la retroactividad de una ley penal más benigna que la que estaba vigente al tiempo del hecho, resulta procedente desde su promulgación. Para sostenerlo, se tiene presente el tenor literal del art. 18 CP, el que para aplicar retroactivamente una ley penal más favorable, sólo exige que después de cometido el delito “se promulgare” otra ley más benigna, sin requerir que ésta haya sido publicada ni que se encuentre vigente. En nuestra opinión, se debe dejar de lado esta posición y prescindir de la literalidad en esta materia, por las siguientes razones.2 Según el art. 19 CC, cuando el sentido de la ley es claro, no debe desatenderse su tenor literal. Luego lo importante no es la claridad puramente gramatical o semántica, sino la referida al alcance de la ley. El sentido de una ley no es claro cuando se muestra oscuro (confuso, falto de claridad, poco inteligible), ambiguo (admite distintas interpretaciones) o contradictorio (pugna con el sentido atribuido a otra ley o a otra disposición de la misma ley). Pues bien, el sentido de la expresión “promulgare” en los incisos 2º y 3º del art. 18 CP –en los que se consagra la retroactividad in bonam partem– no es claro, por ser contradictorio con el que se asigna a la expresión “promulgada” en el inciso 1º del mismo artículo. En este inciso se consagra la exigencia de irretroactividad general de toda ley penal, que la doctrina chilena acostumbra explicar como una prohibición de que las leyes penales se apliquen a hechos anteriores a su entrada en vigencia. Si en el primer inciso del citado art. 18 a la palabra promulgar se le da el sentido de entrada en vigor, ¿por qué en los incisos siguientes se le habría de dar un sentido distinto? Es evidente, por razones de seguridad jurídica, que para efectos de la irretroactividad de las leyes penales desfavorables consagrada en el primer inciso de la indicada disposición, la expresión promulgada debe entenderse como sinónimo de entrada en vigencia, y pensamos que en los restantes incisos debe darse a dicha expresión el mismo sentido. Parece absurdo que a una palabra haya que asignarle un significado en un inciso y un alcance distinto en otro inciso de la misma disposición. No debe extrañar que en el citado art. 18 se emplee la palabra “promulgar”. Cuando se elaboró el Código Penal (1873), ya estaba vigente el Código Civil, en cuyo art. 6º originario se señalaba que “la promulgación deberá hacerse en el periódico oficial; y la fecha de la promulgación será, para los efectos legales de ella, la fecha de dicho periódico”. Fue en 1949 cuando, mediante la ley Nº 9.400, se dio a dicha disposición su redacción actual. En consecuencia, el Código Penal quiso aludir a lo que hoy en día conocemos como publicación. Y como la regla general en Chile es que las leyes entran en vigor al momento de su publicación, cabe entender que la retroactividad de la ley más benigna resulta procedente a partir del momento de su entrada en vigencia. Además, si los tribunales aplican retroactivamente una ley más favorable sin esperar que ésta entre en vigor, se corre el peligro de que la ley sea derogada antes de dicho momento, con lo cual se aplicaría un texto que la voluntad soberana del legislador nunca quiso que se aplicara. Por algo los Códigos Penales modernos aluden expresamente a la entrada en OLIVER CALDERÓN, G.: Retroactividad e irretroactividad de las leyes penales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, pp. 31-35. 2

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vigencia de la ley más benigna, como el momento a partir del cual se permite su aplicación retroactiva (por ejemplo, art. 2.2. Código Penal español de 1995, art. 112-1 Código Penal francés de 1992, etc.). La aplicación anticipada de una ley penal más favorable podía explicarse antes de la ley Nº 17.727, de 1972. Hasta antes de esta ley, la cosa juzgada representaba en Chile un obstáculo insalvable para la retroactividad in bonam partem. El art. 18 CP sólo contemplaba la posibilidad de aplicar retroactivamente una ley más benigna si ésta se promulgaba después de cometido el delito y antes de la sentencia de término. Entonces, si el tribunal no podía postergar el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, como ello implicaba una intervención penal que devendría excesiva, se justificaba adelantar la aplicación de la nueva ley, invocando como argumento formal la expresión “promulgare”. Sin embargo, a partir de la ley Nº 17.727 este proceder perdió su justificación, porque la cosa juzgada dejó de ser una valla insalvable. Si la nueva ley más favorable entra en vigor después de la sentencia condenatoria firme, el tribunal que la haya pronunciado debe aplicarla y modificar su sentencia. Se podría objetar nuestra opinión, afirmando que el art. 19 Nº 3 inciso 8º CPR obliga a la aplicación retroactiva de las leyes penales más benignas desde el momento de su promulgación. A dicha objeción replicaríamos, señalando, en primer lugar, que el texto de la citada disposición no impone la retroactividad de la ley más favorable, sino que la permite. Y en segundo lugar, que aun si se estimara que la impone, debe tenerse presente que emplea la palabra “promulgada” sólo para aludir a la irretroactividad general de toda ley penal, “a menos que una nueva ley favorezca al afectado”, sin decir nada acerca de si la nueva ley debe estar promulgada, estar publicada o estar vigente. De este modo, si se quiere seguir manteniendo la tesis tradicional, que entiende la expresión “promulgada” de los incisos 2º y 3º del art. 18 CP en su tenor literal, cada vez que una ley más benigna se fije a sí misma un período de vacancia, se producirá un conflicto entre disposiciones de rango legal (el art. 18 CP y la disposición de la hipotética ley más benigna que establezca un tiempo de vacancia). Sería un conflicto entre una disposición general anterior y una disposición especial posterior, en el que, como es obvio, ésta prevalecería sobre aquélla. Tan absurda nos parece la opinión dominante en esta materia, que no permitiría que una persona que delinca en el período de tiempo que media entre la promulgación y la publicación de una nueva ley más favorable, o entre su publicación y su entrada en vigencia, se beneficiara con su aplicación retroactiva, porque la letra del art. 18 CP exige para ello que después de la comisión del delito se promulgue la ley más beneficiosa. En cambio, si se entendiera la expresión “promulgare” como “entrare en vigencia”, dicha persona sí se beneficiaría con la aplicación retroactiva de la nueva ley cuando entrase en vigor, cualquiera hubiera sido el momento en que haya delinquido (antes de la promulgación de la ley nueva, entre su promulgación y su publicación, o entre su publicación y su entrada en vigencia). c) La nueva ley debe ser más favorable para el delincuente. Ello se produce, según el Código, cuando se exime al hecho de toda pena o cuando se le aplica una menos rigurosa. A estas dos consecuencias puede llegarse por múltiples medios. Por ejemplo, se exime de pena, si se crea

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una causal de exención de responsabilidad penal; si se crea una causal de extinción de responsabilidad penal; si se acortan los plazos de prescripción, etc. En cambio, se aplica una pena menor, por ejemplo, si se rebaja la duración de la pena; si se crea una atenuante; si se suprime una agravante, etc. Existen muchas situaciones en las que puede resultar dudoso si la nueva ley beneficia o no al delincuente. Piénsese, por ejemplo, en una ley que rebaja el mínimo de una pena temporal, pero aumenta su máximo, etc. No hay reglas precisas para determinar en abstracto cuándo una ley es más benigna. Sin embargo, la doctrina ha elaborado ciertas pautas a las cuales debería sujetarse la determinación de la ley más benigna: 

La decisión acerca de cuál es la ley más favorable corresponde al juez y no al imputado. Esta conclusión se basa en que al castigar un delito entran en juego factores de gran trascendencia, como la protección de bienes jurídicos fundamentales, de modo que la decisión del castigo debe quedar entregada al órgano al cual normalmente se le asigna esta misión. No obstante, se acostumbra señalar la conveniencia de consultar el parecer del imputado.



Al efectuar la comparación entre las leyes que entran en juego, no sólo debe considerarse la pena que cada una de ellas contempla. Es preciso considerar todos los factores que determinan y regulan la responsabilidad penal, porque todos ellos pueden tener influencia en que una ley sea más benigna. Ej.: los elementos que integran el tipo, las atenuantes, las agravantes, las características de las penas, las causales de exención o de extinción de responsabilidad criminal, etc.



La comparación debe efectuarse tomando en cuenta el caso concreto que se trata de resolver y no en forma abstracta. El art. 18 CP habla del "hecho" concreto.



Según el mismo art. 18, el tribunal debe decidir la aplicación de una u otra ley, pero no puede combinar los aspectos más favorables de una y de otra, ya que ello erigiría al juez en legislador, al aplicar una tercera ley (lex tertia) que nunca ha existido.

El art. 18, inciso 3º, obliga a aplicar la ley penal más benigna cualquiera que sea el momento, posterior a la comisión del delito, en que se dicte. Si la nueva ley se promulga (entra en vigencia) antes de la sentencia condenatoria, no hay problemas, porque el tribunal debe limitarse a fallar conforme a la nueva ley más benigna. Pero si se promulga después de pronunciada la sentencia, aunque se haya cumplido la condena, deberá modificarse la sentencia conforme a las siguientes pautas: 

Es competente para efectuar la modificación, el tribunal de única o primera instancia que hubiere pronunciado la sentencia



La modificación puede efectuarse de oficio o a petición de parte



La modificación no puede afectar las indemnizaciones pagadas o cumplidas, ni las inhabilidades. Algunos autores consideran que esto último podría estimarse inconstitucional, porque infringiría el art. 19 N° 3 inciso octavo CPR, que obliga a aplicar retroactivamente la nueva ley penal más favorable sin hacer distinción alguna.

Al no señalarse plazo alguno hacia atrás, toda modificación en la ley obligaría a todos los tribunales a revisar de oficio todos los fallos que hubieran dictado aplicando el texto antiguo. Ello

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excedería las posibilidades de cualquier tribunal en Chile. Por eso, algunos autores proponen limitar la aplicación retroactiva de la ley más favorable a aquellos casos en que la sentencia ejecutoriada esté produciendo algún efecto. La regulación chilena de la retroactividad in bonam partem es mucho más amplia que la de algunos otros países. En ciertos Códigos Penales extranjeros (ej: Italia, Portugal) se prevé que si la ley penal más benigna entra en vigor cuando ya se ha dictado sentencia condenatoria firme, el fallo sólo puede modificarse si la razón de la benignidad radica en que el hecho se ha despenalizado, pero no si sólo ha tenido lugar una disminución de la pena. En otros (ej: Alemania), la cosa juzgada constituye un obstáculo insalvable, por lo que si la ley más favorable entra en vigencia después de la sentencia condenatoria firme, no se la puede aplicar retroactivamente, aun cuando haya despenalizado el hecho. c)

Leyes intermedias

Se entiende por ley penal intermedia, aquella que tiene vigencia con posterioridad a la comisión del hecho delictuoso y que es reemplazada por una nueva antes de la dictación de la sentencia definitiva. En este caso se produce una sucesión de tres leyes que podrían eventualmente ser aplicadas: a) la ley vigente al momento de cometerse el delito; b) la ley intermedia, que rigió con posterioridad, pero que ya se encuentra derogada al dictarse el fallo, y c) la ley actual, que es la que rige el caso al momento de dictarse la sentencia. La doctrina mayoritaria postula la aplicabilidad de la ley intermedia, cuando es más favorable que la que regía al tiempo del hecho y que la que rige al momento de la sentencia. Para ello suele argumentar lo siguiente. Por un lado, que no debe perjudicar al imputado la dilación de los procedimientos judiciales. Por otro, que la literalidad del art. 18, inciso 2º CP permite resolver este problema, porque para el juzgamiento del delincuente conforme a una ley posterior al hecho delictivo basta con que antes de la sentencia se haya promulgado una ley que exima a la conducta de toda pena o le aplique una menos rigurosa, sin exigir que tal ley esté vigente al momento de pronunciarse la sentencia. Además, la Constitución se refiere a que "una nueva ley favorezca al afectado", sin distinguir cuántas se hayan dictado. Sin embargo, en una posición minoritaria, hay quienes entienden, a nuestro juicio, con razón, que las leyes intermedias no son aplicables, pese a su favorabilidad. Esta última opinión se basa en que la aplicación de tales leyes no es compatible con el fundamento de la retroactividad in bonam partem. Si la ley intermedia es más favorable porque disminuye la pena de un delito, su aplicación conduce a la imposición de una pena que es ilegítima por ser inútil, ya que conforme a la valoración existente al momento del juzgamiento, su cuantía no se considera adecuada para cumplir los fines de prevención general y especial. d)

Leyes temporales

Son aquellas que se fijan a sí mismas un plazo de vigencia, pasado el cual recobra su imperio el ordenamiento anterior. El término de la vigencia transitoria puede estar determinado por el señalamiento de un plazo, o por el hecho de fijarse una condición (estas últimas se suelen llamar leyes excepcionales). Ejemplo de esta clase de disposiciones es la ley Nº 7401 de 1942, sobre seguridad exterior del Estado, la cual dispuso que ella regiría desde la fecha de su

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publicación en el Diario Oficial y hasta que terminara la participación de países americanos en la Segunda Guerra Mundial. En general, los autores consideran que debe aplicarse la ley temporal aunque ya se encuentre derogada al momento de dictarse el fallo, porque al fijarse a sí misma un plazo de vigencia, la ley temporal ya ha tomado en cuenta que determinados delitos cometidos dentro de ese plazo, no alcanzarán a ser fallados durante su vigencia (por ejemplo, los cometidos el día anterior al término de la vigencia). Esta conclusión guarda perfecta armonía con el art. 18 CP, puesto que éste exige que se apliquen retroactivamente las leyes penales más benignas "promulgadas" con posterioridad al delito. Pero nada dice respecto de aquellas situaciones en que el trato más benigno no es consecuencia de la promulgación de una nueva ley, sino que del hecho de haber recobrado vigencia el sistema legislativo anterior. Como puede advertirse, al aludir a las leyes penales temporales se piensa normalmente en leyes más severas que el régimen ordinario. Sin embargo, excepcionalmente podría suceder que fueran más benignas (por ejemplo, que a modo de experimento, el legislador decidiera rebajar las penas de algún delito por un tiempo determinado). En dicho caso, se plantearía el problema de determinar si la ley temporal podría o no ser aplicada retroactivamente a los hechos realizados antes de su entrada en vigor. Según nuestra opinión, en general, tal aplicación retroactiva no sería procedente, por no guardar relación con el fundamento de la retroactividad in bonam partem. También puede ocurrir que exista una sucesión de leyes temporales, es decir, que tras el término de la vigencia de una ley temporal, no recobre su vigor el régimen penal ordinario, sino que entre en vigencia otra ley temporal, que puede ser más severa o más benigna que la anterior, lo que originaría, en el segundo caso, el problema de determinar si la segunda ley temporal puede aplicarse retroactivamente en el juzgamiento de los hechos acaecidos bajo la vigencia de la primera. A nuestro juicio, la resolución del problema depende de las particularidades de cada caso, a partir del fundamento de la retroactividad de las leyes penales más favorables.

2.

ÁMBITO TERRITORIAL DE LA LEY PENAL

Para determinar cuál es el ámbito de aplicación de la ley penal en cuanto al territorio, las legislaciones suelen basarse en alguno de los siguientes principios: 

Principio de territorialidad: Según este principio, la ley penal sólo rige dentro de los límites territoriales del Estado que la dictó. Este postulado se basa en la circunstancia de que el orden jurídico de un Estado, por lo general, no se ve afectado por hechos ocurridos fuera de su territorio.



Principio de la personalidad: Según este principio, la ley penal de un Estado debiera aplicarse a sus nacionales, cualquiera que sea el lugar en que se hubiere cometido el delito. Existen dos variantes de este principio: según la primera, basta con la nacionalidad del delincuente; de acuerdo con la segunda, en cambio, debería exigirse, además, que el bien jurídico atacado pertenezca también a un nacional o que el delito afecte al Estado a que pertenece el delincuente.

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

Principio real o de defensa: Según este principio, debe aplicarse la ley penal del Estado perjudicado o del Estado a que pertenece el titular del bien jurídico ofendido.



Principio de universalidad: Postula que los delitos vulneran los derechos de todos los hombres y contradicen las ideas jurídicas aceptadas por todas las naciones. Por este motivo, los delitos debieran ser castigados por el Estado donde se encuentra el delincuente y conforme a la legislación de ese país, con la única limitación de que el autor no haya sido castigado antes por el mismo hecho.

No existe ningún país que aplique en forma exclusiva uno solo de los principios antes enunciados. Lo normal es que se acepte como regla general alguno de ellos, pero que las propias legislaciones establezcan excepciones basadas en algunos de los otros tres principios. a)

Regla general: el principio de territorialidad

En Chile rige, como regla general, el principio de territorialidad, consagrado en los arts. 14 CC y 5º CP. El primero de ellos dispone que: "La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros". El segundo, por su parte, prescribe que: "La ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros. Los delitos cometidos dentro del mar territorial o adyacente quedan sometidos a las prescripciones de este Código". El principio de territorialidad tiene dos aspectos: el primero consiste en que la ley penal chilena sólo rige dentro de los límites de nuestro territorio; el segundo, en que dentro de éste sólo rige la ley penal chilena. El territorio nacional comprende: a) la superficie terrestre ubicada dentro de las fronteras nacionales; b) el mar territorial o adyacente a toda la costa chilena; c) el espacio aéreo que cubre el suelo y el mar territorial, y d) el subsuelo existente bajo la superficie terrestre y el mar territorial. Para determinar cuáles son las aguas jurisdiccionales en las que se aplica la ley penal chilena es preciso recurrir al art. 593 CC, el cual dispone: "El mar adyacente, hasta la distancia de doce millas marinas medidas desde las respectivas líneas de base, es mar territorial y de dominio nacional. Pero, para objetos concernientes a la prevención y sanción de las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios, el Estado ejerce jurisdicción sobre un espacio marítimo denominado zona contigua, que se extiende hasta la distancia de veinticuatro millas marinas, medidas de la misma manera". Como podemos apreciar, el Código Civil divide el mar adyacente en dos zonas: una, más inmediata, que se denomina mar territorial y que se prolonga hasta doce millas marinas; y, otra, más extensa, que se prolonga hasta veinticuatro millas marinas. Como el artículo 5º CP sólo hace aplicable las leyes penales chilenas al mar adyacente que es territorial, es preciso concluir que éstas rigen hasta la distancia de doce millas marinas.

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Junto al territorio físico (terrestre, marítimo y aéreo) la ley penal chilena también es aplicable dentro del llamado territorio ficticio. Esta última expresión suele incluir, en primer término, las naves y aeronaves públicas chilenas dondequiera que se encuentren, y las naves y aeronaves privadas chilenas, siempre que se encuentren en alta mar o sobre ella (art. 6º COT) Incluye, también, el territorio extranjero bajo ocupación militar. Antes también se consideraba territorio ficticio de un Estado los terrenos y edificios ocupados por sus representaciones diplomáticas en el extranjero; sin embargo, en la actualidad, al menos en el campo penal, se postula que la inmunidad diplomática es una situación de carácter personal y no territorial. b)

Excepciones al principio de territorialidad

Como ya hemos adelantado, estas excepciones se fundan en alguno de los otros tres principios anteriormente reseñados: Excepciones basadas en el principio de personalidad 

El art. 345 del Código de Derecho Internacional Privado, refiriéndose a la extradición, dispone que: "Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo". Por lo tanto, si un Estado contratante no entrega a un nacional suyo, en su juzgamiento tendrá que aplicar su propia ley penal, pese a que el hecho haya podido tener lugar en el territorio de otro Estado.

Excepciones basadas en el principio real o defensa Se trata de delitos que no obstante haberse perpetrado fuera del territorio de la República, quedan igualmente sometidos a los tribunales chilenos. 

Delitos cometidos por un agente diplomático o consular chileno en el ejercicio de sus funciones (art. 6 Nº 1 COT)



Ciertos delitos ministeriales cometidos por funcionarios públicos chilenos o por extranjeros al servicio de la República (art. 6 Nº 2 COT)



Los delitos que atentan contra la soberanía y la seguridad exterior del Estado y ciertos delitos contra la salud pública (art. 6 Nº 3 COT)



La falsificación del sello del Estado, de moneda nacional o de documentos de crédito del Estado o de organismos públicos (art.6 Nº 5 COT)



Los delitos cometidos por chilenos contra chilenos si el culpable regresa al país sin haber sido juzgado por la autoridad del país en el cual delinquió (art. 6 Nº 6 COT)



Delitos de producción y comercialización de pornografía infantil y de favorecimiento de la prostitución de menores de edad, que afectaren a chilenos (art. 6 Nº 10 COT)

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Excepciones basadas en el principio de universalidad 

3.

Art. 308 Código de Derecho Internacional Privado: "La piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la trata de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole contra el derecho internacional, cometidos en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados aún en Estados, se castigarán por el captor de acuerdo con sus leyes penales".

LA EXTRADICIÓN3

La extradición es el acto por el cual un Estado entrega un individuo a otro Estado que lo reclama para juzgarlo penalmente o para aplicarle una pena ya impuesta. La extradición se denomina activa, desde el punto de vista del Estado requirente; y pasiva, desde el punto de vista del Estado requerido. La extradición es un instrumento de colaboración jurídica internacional, por el cual a un Estado que exhibe títulos para perseguir penalmente a un individuo o para hacer efectiva una condena a su respecto, se le coloca en la posibilidad de hacerlo. a)

Fuentes

A diferencia de lo que ocurre en otros países, Chile no tiene una ley sobre extradición. Y aunque hay disposiciones relativas al tema en el Código Procesal Penal, ellas se refieren exclusivamente a aspectos formales o procesales. También se refiere al tema de la extradición el Código de Derecho Internacional Privado (o Código de Bustamante), que sí contiene disposiciones de fondo y que vincula a nuestro país, pero únicamente en su relación con los otros países que también lo han suscrito y ratificado. A nivel general, la principal fuente jurídica de la extradición son los tratados. Estos pueden ser bilaterales (como los que ha suscrito Chile con España, Alemania, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña y Estados Unidos) o multilaterales (como el Tratado de Montevideo de 1933 y el propio Código de Derecho Internacional Privado). El hecho de que dos países no estén vinculados por un tratado sobre extradición, sin embargo, no es obstáculo para que opere este instrumento de cooperación internacional. En ausencia de aquéllos, la práctica internacional suele recurrir al principio de reciprocidad (es decir, se concede la extradición cuando el país requirente ha dado lugar previamente a solicitudes formuladas por el país requerido o se espera que sí lo haga en el futuro, tomando en consideración sus relaciones con otros países) y a los principios generales reconocidos por el derecho internacional, concepto este último que la jurisprudencia chilena ha utilizado para resolver situaciones no reguladas en forma expresa, declarando, además, la Corte Suprema, que en el ordenamiento jurídico chileno tales principios pueden extraerse de las disposiciones del Código de Derecho Internacional Privado.

Extractado de POLITOFF – MATUS – RAMÍREZ: Lecciones de Derecho Penal, Editorial Jurídica de Chile, 2010, 1, pp. 145-155. 3

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b)

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Requisitos

La doctrina suele agrupar los requisitos necesarios para que sea procedente la extradición en tres categorías: relativos a la calidad del hecho, a la calidad del delincuente y a la punibilidad del hecho. Relativos a la calidad del hecho 

Principio de doble incriminación: el hecho por el cual se solicita la extradición debe estar previsto como delito, tanto en el país requirente como en el país requerido (art. 353 CDIP).



Principio de gravedad mínima: la extradición sólo es admisible respecto de delitos dotados de una cierta gravedad. En el ordenamiento jurídico chileno, el art. 354 CDIP, así como los arts. 431 y 440 CPP, disponen que la pena no debe ser inferior a un año de privación de libertad. Se estima que la apreciación de la gravedad debe efectuarse en abstracto, considerando la pena mayor o el margen superior de la pena asignada al delito. Tratándose de un delito que ya fue objeto de condena, obviamente, ha de tomarse en consideración la pena efectivamente impuesta por el tribunal.



Principio de exclusión de los delitos políticos: Este principio se funda, básicamente, en la idea de que los delincuentes políticos actúan con motivaciones que sólo tienen sentido respecto de un Estado en concreto, y no representan un peligro para otros Estados. El artículo 355 CDIP, junto con establecer la prohibición de extraditar a los delincuentes políticos, dispone que ella se hace extensiva a los delitos conexos, es decir, a aquellos que se cometen, por ejemplo, para favorecer la consumación del delito propiamente político.

Relativos a la calidad del individuo En Chile, a diferencia de otros países, no existe una norma que prohíba la extradición de los nacionales. El artículo 345 CDIP, sin embargo, dispone que los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales, pero que si niegan la extradición estarán obligados a juzgarlos. Relativos a la punibilidad del hecho 

La acción penal o la pena no deben encontrarse prescritas. En otras palabras, el delito debe ser actualmente perseguible; o la pena, aplicable. Según el art. 359 CDIP es preciso que la acción penal o la pena no se encuentren prescritas con arreglo a la ley del Estado requirente o requerido.



La extradición no es procedente si el delincuente ya cumplió una condena o fue absuelto en el Estado requerido por el hecho que motiva la solicitud, o si existe un juicio pendiente en el Estado requerido (art. 358 CDIP).

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c)

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Efectos de la extradición Concedida la extradición:



El Estado requirente no puede juzgar al delincuente por un delito cometido antes de la extradición y que no fuera mencionado en la solicitud respectiva, salvo que solicite una nueva extradición. Tampoco puede ser juzgado por hechos ocurridos con posterioridad al juzgamiento o a la ejecución de la pena por parte del Estado requirente, salvo que el individuo permanezca voluntariamente en el territorio de este último durante tres meses a lo menos (art. 377 CDIP). El Estado requerido puede aplicar al individuo cualquier pena que no sea la de muerte (art. 378 CDIP). Negada la extradición:



4.

El Estado requirente no puede volver a solicitarla por el mismo hecho. En otras palabras, la negativa a conceder la extradición produce lo que en derecho procesal se denomina “efecto de cosa juzgada”.

ÁMBITO PERSONAL DE LA LEY PENAL

Como manifestación del principio de igualdad ante la ley, constitucionalmente garantizado, el artículo 5º CP dispone que la ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República. Esto quiere decir que, en principio, las leyes penales no pueden dejar de aplicarse respecto de ningún individuo que se encuentre en nuestro territorio, cualquiera sea su condición o el cargo que desempeñe. Por excepción, la propia ley contempla situaciones de privilegio para determinadas personas. Estos privilegios pueden revestir el carácter de inviolabilidad o de simple privilegio procesal. La diferencia fundamental radica en que mientras la primera impide que se persiga la responsabilidad penal de una persona por determinados hechos, los privilegios procesales, en cambio, sólo establecen condiciones o requisitos especiales para perseguir la responsabilidad penal, pero no impiden que el beneficiario soporte la aplicación de una pena. a)

Inviolabilidades

Hay, en primer término, una serie de inviolabilidades que provienen del derecho internacional y que se caracterizan por ser absolutas, es decir, se refieren a cualquier delito que cometan ciertas personas. Los favorecidos con estas inviolabilidades son los Jefes de Estado extranjeros y los representantes diplomáticos extranjeros. En el caso de estos últimos, se hacen extensivas a sus familiares y a los empleados extranjeros de la representación diplomática (arts. 297 y 298 C. de Derecho Internacional Privado). Hay, también, un segundo grupo de inviolabilidades, denominadas políticas, que se caracterizan por ser relativas, es decir, se refieren sólo a ciertos delitos que cometan las personas favorecidas con ellas. El artículo 61 de la Constitución, dispone que: "Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión".

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Hay, finalmente, un caso especial de inviolabilidad, comúnmente denominada judicial, que favorece a los miembros de la Corte Suprema en lo relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento, a la denegación y a la torcida administración de justicia, conductas que configuran el delito de prevaricación (art. 324 COT) b)

Privilegios procesales La legislación chilena contempla tres clases de privilegios procesales:



El desafuero, que consiste en una declaración, hecha por la autoridad jurisdiccional, en el sentido de haber lugar a la formación de causa en materia penal respecto de diputados y senadores (arts. 61, incisos 2º, 3º y 4º de la Constitución y 416 a 422 del Código Procesal Penal), intendentes y gobernadores (art. 423 del Código Procesal Penal) por cualquier delito que hayan cometido, aunque no haya sido en el ejercicio de sus funciones.



El juicio político, que consiste en un trámite previo al juzgamiento de ciertas autoridades por delitos (u otros hechos) cometidos en el ejercicio de sus funciones (por ej. Presidente de la República, ministros, magistrados de los tribunales superiores, intendentes, etc.), que es de competencia del Congreso Nacional (arts. 52 Nº 2 y 53 Nº 1 de la Constitución).



La querella de capítulos, que es un trámite previo, similar al desafuero, que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público por hechos ejecutados en el ejercicio de sus funciones (arts. 424 a 430 Código Procesal Penal).

5.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL

El Código Penal no contempla normas sobre interpretación de las leyes. Son aplicables, en consecuencia, las normas que sobre esta materia contiene el Código Civil, en sus artículos 19 a 24. La aplicabilidad de estas disposiciones es un hecho que nadie discute. Tradicionalmente, se ha dicho que interpretar la ley significa determinar su sentido y alcance, con el objeto de aplicarla a los casos concretos de la vida social. Los conceptos de interpretación y aplicación de la ley, en verdad, se confunden, puesto que el juez al aplicarla está obligado a armonizar una disposición de carácter abstracto y general, con un hecho concreto, lo cual implica una labor de interpretación. Por este motivo, actualmente se descarta una antigua corriente de opinión que sostenía que sólo es necesario interpretar las disposiciones oscuras. Se dice que por muy claros que sean los términos de una ley, al determinar el juez que es aplicable a un caso concreto, se está fijando el alcance y sentido de la ley, con lo cual se realiza una labor de interpretación. Dos teorías tratan de explicar cuál es la finalidad que busca el proceso interpretativo. La primera posición estima que la interpretación persigue determinar cuál es la voluntad del legislador (teoría subjetiva). La segunda posición, en cambio, sostiene que lo que debe buscarse es la voluntad de la ley, es decir, su querer actual (teoría objetiva). Este último criterio, que predomina en nuestros días, se funda en las siguientes razones:

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a) La voluntad del legislador es una abstracción carente de realidad y que prácticamente es imposible de determinar. Basta considerar que las leyes generalmente son el fruto del trabajo de muchas personas, las cuales pueden haber tenido intenciones diversas. b) La ley está destinada a regir para el futuro; en consecuencia, no resulta lógico atribuirle a sus expresiones el sentido que éstas tenían al momento de su dictación o en concepto de sus redactores. c) El propio Código Civil, en su art. 19 inciso 2º, se refiere a la "intención o espíritu claramente manifestados en ella misma", con lo cual, indudablemente, alude a la voluntad de la ley y no a la de sus redactores. Todos los autores concuerdan, también, en que el proceso de interpretación de la ley siempre debe efectuarse tomando en consideración el progreso científico y cultural que se ha experimentado entre la fecha en que se dicta y aquella en que se la interpreta. Esto no es más que una consecuencia del criterio según el cual la interpretación ha de buscar el querer actual de la norma. La interpretación que se basa en los principios culturales y científicos actualmente vigentes, suele denominarse progresiva. a)

Fuentes de la interpretación

La interpretación puede emanar de dos fuentes: de un órgano estatal o de un jurista. En el primer caso se habla de interpretación pública u oficial; en el segundo, de interpretación privada o doctrinal. La interpretación pública u oficial puede ser efectuada por el Poder Legislativo (interpretación auténtica o legal) o por los tribunales (interpretación judicial). La interpretación legal, a su vez, puede adoptar dos formas: se denomina contextual, si la norma interpretativa se encuentra contenida en el mismo texto que la norma interpretada; y posterior, si la norma interpretativa se dicta después que la norma interpretada. Cuando la interpretación legal es posterior, según el artículo 9º CC, las disposiciones de la ley interpretativa se tendrán por incorporadas a la ley interpretada, es decir, tendrán efecto retroactivo, pero sin que puedan afectar a las sentencias judiciales dictadas en el período intermedio. Este principio, desde luego, no rige en materia penal, si la norma posterior es desfavorable para el reo. La interpretación legal tiene fuerza obligatoria en virtud de lo que dispone el art. 3º CC: "Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio". La interpretación judicial, en cambio, sólo tiene efecto para el caso concreto respecto del cual se efectúa. Al respecto, el art. 3º inciso 2º CC dispone que: "Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren". La interpretación privada o doctrinal, en fin, no tiene fuerza obligatoria, pero de hecho influye en la interpretación que efectúan los tribunales, y su valor depende únicamente del prestigio del intérprete y de la calidad de sus argumentos.

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b)

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Medios de interpretación La legislación chilena contempla cuatro medios de interpretación:



Interpretación literal: consiste en recurrir a la letra del texto legal, es decir, a las propias palabras que utiliza la ley. Este medio de interpretación aparece mencionado en el art. 19 CC, el cual dispone que "cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu".

El Código Civil ofrece tres reglas concretas para determinar cuál es el tenor literal de una disposición: Según el art. 20, 1ª parte: "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas". Esto quiere decir que el juez debe determinar el significado de las palabras, según el uso que de ellas hace la comunidad en el lenguaje cotidiano, el que no necesariamente coincide con el que señalan los diccionarios. El mismo art. 20, en su parte final, dispone que cuando el legislador haya definido expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. Y agrega que las definiciones sólo rigen para las materias respecto de las cuales se ofrecen. Finalmente, de acuerdo con el art. 21, "las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan esa misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso". Cualquiera que sea la forma que se utilice para fijar el significado de las palabras, la interpretación literal siempre supone que el sentido de la ley sea claro. En caso de que la ley utilice expresiones oscuras, ambiguas o contradictorias, ya no podemos recurrir a la letra misma de la disposición, sino que debemos tratar de buscar la intención de la ley, por alguno de los tres medios siguientes. 

Interpretación teleológica: consiste en determinar cuáles son los fines que persigue la disposición penal que se pretende interpretar. En general, se sostiene que toda interpretación de la ley es teológica, porque la interpretación siempre persigue desentrañar cuál es la intención o propósito de la ley; en otras palabras, cuál es su voluntad. Sin embargo, suele reservarse el nombre de interpretación teológica propiamente tal, para aludir a aquel medio de interpretación que persigue determinar la intención de la ley recurriendo a ella misma. A esto alude el art. 19 inciso 2º CC cuando dispone: "pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma". Teniendo en cuenta que la ley penal tiende a la protección de bienes jurídicos, el medio más adecuado para captar la intención de una disposición es indagar cuál es el interés tutelado por el precepto que se interpreta.



Interpretación histórico-fidedigna: este medio de interpretación aparece consagrado en el art. 19 inciso 2º parte final, CC, el cual permite recurrir a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. En esta labor pueden utilizarse los trabajos preparatorios, las actas de las comisiones redactoras, los informes de las comisiones legislativas, los debates parlamentarios, las exposiciones de motivos, la opinión de los técnicos consultados, las leyes

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extranjeras que se tuvieron a la vista, etc. Como sabemos, para la interpretación de nuestro Código Penal tienen mucha importancia el Código español de 1848-1850 y el Código Penal belga de 1867, en los cuales se basaron nuestros redactores. También pueden consultarse las Actas de la Comisión Redactora, cuyo texto completo se encuentra publicado. 

Interpretación sistemática: este medio de interpretación aparece consagrado en el art. 22 CC, en los siguientes términos: "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido en cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto".

Si, a pesar de haberse utilizado todos los medios de interpretación que aquí hemos reseñado, no hubiere sido posible determinar el sentido de la ley, puede recurrirse a la fórmula que ofrece el art. 24 CC: “En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca con el espíritu general de la legislación y a la equidad natural". c) Efectos de la interpretación Al fijar el sentido y alcance de una disposición pueden presentarse tres situaciones: 

Que a la ley se le asigne un sentido que coincide con las palabras que emplea la disposición. En este caso se habla de interpretación declarativa.



Que a la ley se le asigne un sentido más amplio que aquel que parece fluir de sus palabras. Aquí se habla de interpretación extensiva.



Que a la ley se le asigne un sentido más restringido que aquel que parece fluir de sus palabras. En este caso la interpretación será restrictiva.

La interpretación extensiva y la restrictiva sólo pueden tener lugar cuando la ley emplea términos oscuros, porque si el texto es claro no se puede desatender su tenor literal. La interpretación extensiva no significa atentar contra el principio de legalidad, porque existe una ley a la cual se asigna un sentido más amplio, a través de los medios de interpretación que la propia ley consagra. En ningún caso se entra a resolver situaciones que no están previstas en la ley, sino de aplicar la ley a situaciones que pueden quedar comprendidas dentro de su sentido literal posible. d)

El principio pro-reo

Es común que, ante dos posibilidades interpretativas, se sostenga que debe aplicarse la más favorable al imputado, es decir, aquella que representa un trato penal más benigno. En nuestro país, sin embargo, la doctrina mayoritaria niega vigencia al llamado principio pro-reo, por estimar que en materia de interpretación de las leyes penales rige lo dispuesto por el artículo 23 CC, el cual prescribe que: “lo favorable u odioso de una disposición, no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación".

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En una posición minoritaria, hay quienes sostienen que frente a dos posibilidades interpretativas debidamente fundadas, siempre habrá de preferirse aquella que importe un menor rigor para el imputado, por exigencia del principio de intervención mínima. Pero si el razonamiento interpretativo lleva fundadamente a un resultado extensivo, por muy "odioso" que sea para el imputado, no podríamos dejar de aplicar la norma en ese sentido en virtud del principio pro-reo. Primaría en ese caso lo dispuesto por el artículo 23 CC. En cambio, este principio sí tiene plena vigencia en el derecho penal adjetivo, especialmente considerando que el art. 340 CPP pone, como límite para desvirtuar la presunción de inocencia del imputado y formar la convicción de una sentencia condenatoria, que aquélla vaya “más allá de toda duda razonable”. En este sentido, si el juez tiene dudas acerca de dos o más posibilidades sobre cómo sucedieron los hechos objeto de juzgamiento, debe preferir aquella que resulte más beneficiosa para el acusado. e)

Interpretación analógica

Esta forma de interpretación se presenta cuando la ley penal se refiere a determinados objetos o situaciones, permitiendo expresamente al intérprete incluir otros objetos o situaciones análogos o similares. Se trata así de una especie de analogía intra legem. Supongamos que una norma dispone: "El que vendiere moneda extranjera en calles, plazas u otros sitios públicos será castigado con una pena de...." Si el tribunal sanciona a alguien que fue sorprendido vendiendo moneda en un muelle público, significa que aquél interpretó la norma analógicamente. No debe confundirse la interpretación analógica con la analogía. Esta última, como sabemos, está prohibida en nuestra legislación, porque implica castigar a alguien pese a que su conducta no queda comprendida en ninguna descripción legal, pero se le aplica una ley semejante. En el caso de la interpretación analógica, en cambio, existe una ley a la cual se le atribuye el sentido correcto, de modo que no hay aquí violación del principio de legalidad. EJERCICIOS 1.

Un delito se comete el 30 de agosto de 2005. El 30 de agosto de 2004 se había dictado una ley que castigaba ese hecho con tres años de presidio. El 30 de agosto de 2006 se dicta una ley que eleva la pena a cinco años. La sentencia se dicta el 30 de octubre de 2006. ¿Qué pena tendría que aplicar el tribunal? ¿Qué efecto le estaría dando a la ley que contempla esa pena?

2.

La ley A se dictó el 15 de abril de 2005 y sanciona un delito con tres años de presidio. El 15 de abril de 2006 se dicta la ley B que baja la pena a dos años. El 15 de abril de 2007 se dicta la ley C que vuelve a fijar la pena de tres años. a)

¿Qué ley debe aplicarse si el delito se comete el 30 de abril de 2005 y la sentencia se dicta el 30 de abril de 2006? ¿Qué aplicación daría el tribunal a esa ley?

b)

¿Qué ley debe aplicarse si el delito se comete el 30 de abril de 2005 y la sentencia se dicta el 30 de abril de 2007? ¿Qué aplicación daría el tribunal a esa ley?

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c)

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¿Qué ley debe aplicarse si el delito se comete el 30 de abril de 2007 y la sentencia se dicta el 30 de agosto de 2007?

3.

Inventa un caso, distinto de los señalados en estos apuntes, en el que resulte procedente la retroactividad in bonam partem, a pesar de que no se haya promulgado una nueva ley penal.

4.

Imagina que cuando han pasado veinte años desde que un sujeto terminó de cumplir una pena, entra en vigencia una ley que despenaliza el hecho por el que fue condenado. ¿Sería procedente hacer aplicación retroactiva de la ley? ¿Para qué efectos?

5

¿En qué principio crees que se basan las disposiciones españolas que fundaron el fallido intento por perseguir penalmente en ese país ciertos hechos atribuidos a Augusto Pinochet ejecutados en Chile?

6.

Menciona casos reales en que el Estado chileno haya solicitado la extradición de alguna persona y casos en que otro Estado haya pedido a Chile la extradición de alguien.

7.

¿Por qué existen los llamados privilegios procesales?

8.

Busca en el Código Penal disposiciones que sean susceptibles de una interpretación progresiva.

9.

Efectúa un ejemplo de interpretación extensiva y otro de interpretación restrictiva, frente a la siguiente disposición hipotética: "El loco o demente no será castigado por los hechos ilícitos que ejecutare".

10.

Redacta un ejemplo de ley interpretativa en relación con esa misma ley penal hipotética.

11.

Inventa un ejemplo de precepto penal susceptible de ser interpretado analógicamente.

12.

Busca en el Código Penal disposiciones que permiten una interpretación analógica.

13.

Señala qué elementos podrían utilizarse para efectuar una interpretación históricofidedigna de nuestro Código Penal.

14.

¿Qué ámbito de aplicación tiene la definición de "arma" que contiene el art. 132?

15.

¿Qué razones de orden práctico, a tu juicio, justifican la interpretación analógica de los preceptos penales?

16.

¿Consideras que en nuestro país los jueces se encuentran demasiado limitados por las reglas de interpretación? ¿Serías partidario de otorgarles facultades más amplias en esta materia?

17.

¿Te parece justo que exista una norma que obligue a interpretar las palabras técnicas según el significado que le atribuyen los especialistas?

18.

Supongamos que el Poder Legislativo dicta una ley penal y en ella dispone que su intertación será efectuada por el Presidente de la República, mediante un Decreto Supremo. ¿Esta ley vulneraría el principio de legalidad?