Declaracion Constitucional Plurinacional 0073/2018: 1.-introduccion.

DECLARACION CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0073/2018

1.- INTRODUCCION.La Declaración Constitucional Plurinacional 0073/2018 librada en sucre el 29 de agosto del 2018 se ha convertido en un tema controversial, donde el rol que jugo el Tribunal Constitucional Plurinacional representada por magistrados de la sala cuarta Especializada. Luego de haber establecido “aplicable” la decisión comunal de “Expulsión sin lugar a compensación alguna” causando disconformidad y alerta a diferentes sectores de interés, como es el sector minero y empresarial convirtiéndose en un tema de relevancia política, económica, social, laboral, etc. Este conflicto se da en La Comunidad JATUN AYLLU SANTA ISABEL del departamento de Potosí, quienes expulsaron a la empresa minera “La Candelaria” y a su propietario Walter Huarachi Veliz conforme a los principios, normas, valores y procedimientos propios de esa comunidad Indígena Originario Campesina. Dentro de la argumentación que sostiene la Comunidad es que, la mina incurrió en supuestos daños a la fauna, contaminación del medio ambiente, discriminación y explotación laboral, como también el desconocimiento del derecho de la autodeterminación y autogobierno, trato injusto respecto a la cancelación de salarios a los miembros de dicha comunidad y otros aspectos. Es por tal motivo que se dispuso el desalojo inmediato del concesionario y su familia, con incautación de sus bienes a favor de la comunidad Jatun Ayllus Santa Isabel en conformidad a una resolución de 02 de marzo del 2018, emitida por el consejo de Autoridades de la Provincia de Sud Lipez de Potosí. Tras haber sido conocida la Declaración Constitucional Plurinacional 0073/2018, la misma que tiene carácter de sentencia y es de cumplimiento obligatorio, no tardaron en llegar las repercusiones y críticas a la misma por parte de diferentes autoridades de Gobierno así también por entendido y especialistas en la materia como ser el

Ministro de Minería y Metalurgia, el Viceministerio de política Minera, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). 2.- DESARROLLO.2.1 ANTECEDENTES.Una vez conocido el Acta de compromiso suscrita entre “Walter Huarachi” con la comunidad Jatun Ayllu Santa Isabel de la provincia Sud Lipes del departamento de Potosí, de 24 de marzo de 1981, mediante el cual ambas partes se comprometieron a realizar tareas en beneficio de dicha comunidad, entre ellas, la conclusión de la construcción de la escuela, la habilitación de camino y el tendido de línea telefónica.

A través de la Resolución de 2 de marzo de 2008, emitida por el Consejo de Autoridades de la provincia Sud Lipes del departamento de Potosí, en la que se consideró que el concesionario de la mina La Candelaria, Walter Huarachi Veliz, ejerció por muchos años un trato injusto respecto a la cancelación de salarios a los miembros de la referida comunidad; por lo que, se dispuso el desalojo inmediato del concesionario y su familia, con incautación de sus bienes en favor de la mencionada comunidad. Mediante Acta de Justicia Originaria de 21 de diciembre de 2017, emergente del Cabildo de la comunidad Jatun Ayllu Santa Isabel de la provincia Sud Lipes del departamento de Potosí; las autoridades indígena originaria campesinas (IOC), luego de varias reuniones y de analizar los antecedentes de los actos de discriminación, explotación laboral, desconocimiento a la libre determinación, a su autogobierno, daño a la fauna y contaminación ambiental, identificaron a Walter Huarachi Veliz ‒ concesionario minero asentado en la zona‒, como persona que divide a la comunidad, además de ejercer acciones de explotación laboral e ilegal aprovechamiento de minerales pertenecientes al Estado, sin contar con la documentación que autorice su actividad; promoviendo a la vez, la caza de vicuñas y la contaminación de tierras y ríos de dicha comunidad. Motivos, por los que, las autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) ‒ahora consultantes‒, dispusieron: a) La expulsión de la concesión minera La Candelaria,

por infringir y negar la libre determinación de autogobierno y provocar daños a la fauna y medio ambiente; decisión asumida con la finalidad de precautelar la vida, integridad y unidad de los miembros de la referida comunidad; b) Expulsar a Walter Huarachi Veliz, propietario y representante de la referida concesión minera, por ejercer además, el desprecio y discriminación contra las autoridades indígenas; c) No reconocer ninguna compensación económica como emergencia; d) Solicitar a las autoridades pertinentes el mejoramiento de las trancas para la protección de las vicuñas; e) Exigir a las autoridades mineras, iniciar los procesos penales correspondientes por explotación ilegal y daño al medio ambiente; y, f) Remitir en calidad de consulta, la Sentencia Judicial IOC ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

2.2 FUNDAMENTACION JURIDICA.El Tribunal Constitucional Plurinacional para establecer como “aplicable” la Expulsión sin lugar a compensación alguna” tarea designada a la sala cuarta Especializada. Considero: el mecanismo de consulta de autoridades de pueblos y naciones indígena originario campesinos para la aplicación de sus normas y procedimientos, en coherencia con los postulados de refundación del Estado; es decir, la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, forma parte de un ámbito del Estado; es decir, la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, forma parte de un ámbito específico y diferente al control previo de constitucionalidad, por cuya consecuencia, no existe para este mecanismo un criterio de temporalidad a ser aplicado, tampoco un plazo de caducidad para su activación, previsión que asegura que se cumpla con la finalidad de la consulta: el restablecimiento de la armonía y el equilibrio comunitario para consolidar así el vivir bien” De cuyo tenor, se extrae que las NPIOC, a la luz del derecho a la libre determinación y de acuerdo a sus valores, prácticas e instituciones, pueden asumir decisiones destinadas a un libre ejercicio de su condición política o a la manifestación de su libre determinación, en relación a su visión de desarrollo económico, social y cultural; así

como también, definir sobre las relaciones jurídicas y conflictos sobre sus miembros, administrando su propia justicia con la finalidad de preservar la armonía y el equilibrio en la comunidad; y en caso de tener duda sobre la aplicabilidad o no de alguna norma de su sistema jurídico, valerse de este mecanismo constitucional, efectuando la consulta correspondiente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. En síntesis, el control de constitucionalidad a través de este mecanismo constitucional, alcanza o abarca sólo a la norma oral o escrita objeto de consulta por la autoridad indígena originaria campesina, siempre que se trate de una cuestión jurisdiccional. Siendo en consecuencia, su finalidad el establecimiento de compatibilidad o concordancia de la norma consultada con los principios, valores y fines contenidos en la Constitución Política del Estado, no pudiendo la justicia constitucional emitir pronunciamiento alguno sobre el caso concreto”

2.3.- ANALISIS.Establecida la aplicabilidad de “La expulsión sin lugar a compensación alguna” del Tribunal Constitucional Plurinacional en base a las consideraciones presentadas por los representantes legales de la Comunidad JATUN AYLLU SANTA ISABEL apoyada bajo una comprensión desde y conforme a la cosmovisión IOC tomando en cuanta varias declaraciones así como el convenio 169, emitido por la organización internacional del trabajo, la ley de deslinde jurisdiccional 073 así como diversas facultades a la jurisdicción indígena originario campesina otorgadas e introducidas a la actual Constitución Política del Estado Plurinacional. No tardaron en ser criticadas y analizadas por autoridades de gobierno en relación a la política minera en nuestro país así como especialistas en el área, quienes a razón de causa se pronunciaron al respecto mostrando su rechazo a la Declaración Constitucional Plurinacional haciendo conocer que no se estaría respetando la primacía de la CPE. Como también se estaría violando leyes con la resolución comunal, así como la declaración del TCP, contraviene el artículo 369 de la Constitución Política del Estado,

La ley 073 del 29 de diciembre de 2010 (Ley de Deslinde Jurisdiccional) en su artículo 10 parágrafo 2, inciso c), donde se establece que la jurisdicción indígena originaria campesina, no alcanza al derecho laboral, al derecho de la seguridad social, al derecho tributario, al derecho administrativo, al derecho minero, al derecho de hidrocarburos, al derecho forestal, al derecho informático, al derecho internacional público y privado agrario.

Finalmente la cámara nacional de mineros ratifica que la falta de conocimiento de los administradores de justicia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre los alcances de la Ley Minera y de la propia Constitución del Estado Plurinacional, no sólo vulnera los derechos de los operadores mineros, sino que delimita la competencia del Estado, ya que con esta Declaración , le quita la responsabilidad que tiene sobre las riquezas mineralógicas que se encuentran en el suelo y subsuelo, cualquiera sea su origen y su aplicación conforme lo establecido en la CPE y la Ley Minera, quitando la potestad del Estado Plurinacional de Bolivia, permitiendo que comunidades denominadas indígena, originaria, campesinas, se atrevan a restringir derechos otorgados por la Constitución, sin que ninguna ley les faculte ejercer jurisdicción y competencia en el caso específico de la actividad minera. El artículo 5 parágrafos III de esa norma establece: “Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina NO sancionarán con la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores o personas en situación de discapacidad, por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos comunales”. Este precedente constitucional vulnera el ámbito de vigencia de la jurisdicción ordinaria y somete la actividad minera y metalúrgica al ámbito de la llamada jurisdicción indígena originaria campesina.

3.-CONCLUSIONES Se llega a la conclusión que esta Declaración Constitucional Plurinacional 0073/2018 desde el punto de vista de los magistrados que establecieron su aplicabilidad en su sana critica se basaron tomando en cuenta la jurisdicción indígena originario campesina en concordancia con la ley de deslinde jurisdiccional y facultades que le da la actual Constitución Política del Estado Plurinacional a la jurisdicción Indígena Originario Campesina conforme a los principios, valores, normas y procedimientos de la justicia originaria. Del cual se presume que habría cierta parcialidad al no haber escuchado a la otra parte, ni haber notificado a las instancias correspondientes ya que se estaría obviando la competencia la ley de minería y metalurgia así como a la AJAM quienes son los que otorgan los derechos mineros en representación del estado, vulnerando la constitucionalidad y la del adulto mayor en ese entendido surgen vacíos legales y contraposiciones respecto a la administración y disposición de los recursos naturales del país por dicha JIOC, afectando a la seguridad jurídica, empresarial a costas de que alerta a los actores productivos mineros, en síntesis la declaración del TCP, fue muy precipitada por obviar a las autoridades correspondientes en materia de minería así como la interpretación de los alcances de varias leyes, artículos y convenios.

4.- BIBLIOGRAFIA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (CPE), 7 DE FEBREO DEL 2009. Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, La paz.



LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL, LEY N°073 29 DE DICIEMBRE, 2010



Ley de Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Ley N° 1257



Ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables, Ley N° 3897, 26 de junio, 2008.



LEY DE MINERIA Y METALURGIA, LEY 535, 2 DE MAYO, 2014

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL (2018). Bolivia. Declaración Constitucional Plurinacional 0073/2018, del 29 de agosto de 2018.

ANEXOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS “UNITEPC” FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

DERECHO PETROLERO DOCENTE:

Dr. Mauricio Villanueva

TEMA: Análisis sobre la declaración Constitucional Plurinacional 0073/2018 ESTUDIANTE:

Álvaro Gutiérrez Garrado

SEMESTRE:

Cuarto

CARRERA:

Derecho

FECHA DE PRESENTACIÓN: 25/03/2019 COCHABAMBA - BOLIVIA