Derecho Administrativo

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” FACULTAD: DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

ESCUELA PROFESIONAL: DERECHO

CENTRO DE ESTUDIOS: ULADECH – PIURA

TÍTULO: EL DERECHO ADMINISTRATIVO

ASIGNATURA: DERECHO ADMINISTRATIVO

CICLO: II

DOCENTE TUTOR: JUAN FRANCISCO TINEO SALVATIERRA

ESTUDIANTES: JUAN LAZO HUAMÁN MERCY PURIZACA JACINTO LEONARDO MACALUPÚ JACINTO CAROL OJEDA JARA

PIURA – 2016 DERECHO ADMINISTRATIVO

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DEDICATORIA

Dedicamos el presente trabajo a Dios Padre Todopoderoso, que nos permite con su infinita bondad la vida y mediante ella podemos lograr la búsqueda de nuestros objetivos profesionales.

También dedicamos este trabajo a nuestras familias, que son el motor que nos impulsa cuando sentimos que las fuerzas nos abandonan en el camino hacia el objetivo trazado en la realización de nuestra formación académica.

Por otro lado va desde luego nuestro agradecimiento a nuestro docente, ya que con su esfuerzo y dedicación genera en nosotros el espíritu investigador que nos llevará a ser mejores profesionales; protagonistas del cambio que el país necesita.

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.............................................................................................................Página 04 I. REFERENCIA HISTÓRICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.........................Página 05 II. EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL PERÚ..................................................Página 06 III. CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO...................................................Página 09 3.1. DEFINICIONES DE ALGUNOS AUTORES SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO......................................................................................................................................Página 10 IV. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO....................................................Página 12 4.1. FUENTES SUPRANACIONALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO...........Página 13 4.2. FUENTES NACIONALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO........................Página 14 CONCLUSIONES.............................................................................................................Página 16 ANEXOS...........................................................................................................................Página 17 BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................Página 18

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INTRODUCCIÓN

Hablar de Derecho Administrativo, nos remonta a tiempos antiguos en donde el hombre descubrió la falta de una organización y administración de sus bienes y de los miembros integrantes de sus tribus en general; así como de delegación de puestos dentro de las mismas, éstos puestos de poder siempre fueron ocupados por los más fuertes.

En el presente trabajo, se hablará de los antecedentes históricos y evolución del Derecho Administrativo. Por lo que se considera fundamental conocer los elementos indispensables para el conocimiento de la materia, no solo desde los antecedentes del Derecho Administrativo, sino abarcando también su evolución, enseñanza dando con ello un enfoque actual, práctico; que nos servirá para nuestro desarrollo profesional.

Los autores.

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I. REFERENCIA HISTÓRICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO El surgimiento del Derecho Administrativo se encuentra en Francia, a partir de la Revolución Francesa, la cual tenía como principal finalidad el terminar con el feudalismo. Si bien pueden considerarse como antecedentes históricos los Tribunales Administrativos franceses; no se puede suponer la existencia del Derecho Administrativo como tal. Puesto que el Derecho Administrativo como conjunto de normas o como disciplina que estudia a éstas, es relativamente nuevo. La historia demuestra que el fenómeno estatal se ha desarrollado con apoyo en las Instituciones administrativas, las cuales han quedado sujetas en su organización y funcionamiento a una regulación jurídica conformada por las órdenes, reglas y disposiciones correspondientes, lo cual pudiera significar que, como conjunto de normas, el derecho administrativo proviene de tiempo inmemorial. Continuando en este mismo orden de ideas, el nacimiento de este Derecho en Francia, encuentra su mayor auge durante la época de la Asamblea Constituyente como producto de la sistematización de los principios racionales que fundan la acción administrativa, las atribuciones del Poder Público, los caracteres esenciales de las instituciones administrativas, así como los intereses y derechos del hombre. Una de las Instituciones jurídicas francesas, que más empuje proporcionó al desarrollo del Derecho Administrativo fue el Consejo de Estado Francés, el cual a través de su evolución logró que el Derecho Administrativo evolucionara junto con él. Cuando surge el Consejo de Estado Francés goza de una facultad de justicia “retenida”, que consistía en el derecho que tenía el Rey de resolver él mismo la última instancia en cualquier proceso. Durante esta primera etapa del Consejo del Estado Francés, conocida como el Antiguo Régimen, se necesitó de la creación de tres instituciones fundamentales: Servidumbre, Parlamento y Estados Generales.

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a. La Servidumbre: Consistía en la adscripción de un ser humano a una extensión de tierra que se veía obligado a cultivar y de la cual no podía ser separado, de modo que era vendido o donado con ella. b. El Parlamento: Se trata de un tribunal de justicia con carácter soberano que conocía no solo de los asuntos que le estaban especialmente atribuidos, sino también de varios casos de apelación. c. Los Estados Generales: Son la asamblea constituida por los tres estamentos u órdenes reconocidos por el Antiguo Régimen: la Nobleza, el Clero y el denominado “Tercer Estado” En la segunda etapa evolutiva del Consejo del Estado Francés, evolución que debe mencionarse fue más por cuestiones históricas que por motivos jurídicos, comienza con la adjudicación a este órgano, de una justicia delegada, la cual consistía en la competencia para decidir en lo contencioso administrativo, lo que le permitió erigirse, en el más importante de los tribunales administrativos franceses y simultáneamente, en consejero del poder central. Aunado a esto se da en Francia la separación de poderes dividido en una jurisdicción o poder judicial y la jurisdicción o poder administrativo.

II. EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL PERÚ En el Perú no hemos estado fuera de las inquietudes regulatorias del Derecho Administrativo, pues por Resolución Suprema del 14 de octubre de 1932 se comisionó al Dr. Felipe Portocarrero, para que elaborase un proyecto de Código de Procedimientos Administrativos, trabajo que fue entregado en 1935, mediante la presentación de un proyecto. En dicho documento se reunieron todos los procedimientos que regían o deberían regir las funciones de la administración pública, conforme se expresa en la Exposición de Motivos. Sin embargo, no llegó a convertirse en ley,

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pese al régimen de facto existente entonces y del orden que requería desde ya la Administración Pública peruana. Durante muchos años, en la Administración Pública, los expedientes administrativos se tramitaban en forma desordenada y empírica. Como no existía una norma procesal del carácter general, en cada repartición pública quedaba librado el criterio a la voluntad y a veces al capricho del funcionario respectivo. No había uniformidad en la manera de proceder con los expedientes, a excepción, por supuesto, de algunas dependencias que tenían establecidos procedimientos especiales. En 1956 se nombró una comisión para elaborar un proyecto de Reglamento de procedimientos administrativos y, a sugerencia de esta comisión ya constituida por disposición de la Resolución Suprema No 266 del 17 de noviembre, se dictó el Decreto Supremo No 183-57, por el cual se disponía el ordenamiento de los trámites y su vigencia entre tanto se dictara el reglamento encargado a la referida comisión. El 23 de septiembre de 1965 se autorizó la designación de una comisión por Decreto Supremo N° 421-SC para formular un proyecto de Reglamento de Procedimientos Administrativos, la comisión trabajó durante meses presidida por el Dr. Zárate Polo, sobre la base de un anteproyecto que formulara el Dr. Valdez Calle siguiendo el modelo de la LPA española de 1958. Esta comisión entregó el proyecto en diciembre de 1966 y se convirtió en el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, Decreto Supremo N°006-67-SC. En la década de los 70 se expidió el Decreto Supremo No 018-70-PCM que disponía el inventario de procedimientos y la formulación de la Guía de Servicios al Ciudadano, de modo que éste pueda orientarse con facilidad en sus trámites ante la Administración Pública, como requeriente

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o requerido. Es más, dentro de estos lineamientos se propicia la mecanización de los trámites con el auxilio de los ordenadores. La inquietud por perfeccionar esta norma ha sido frecuente en el curso de los posteriores años a su dación. En efecto, por Resolución Suprema No 131-81-PCM se integró una comisión para proponer un proyecto de ley de procedimiento administrativo que estuvo integrada por los Drs. Jaime de Althaus, Luis del Prado Paredes, Victor García González y presidida por Renato Lértora Ginetti. La comisión entregó el anteproyecto que se adoptara como proyecto del Ejecutivo y se tramitara al Senado en diciembre de 1982, siendo Ministro de Justicia el Dr. Armando Buendía Gutiérrez. Este proyecto no tuvo fortuna y quedó en los archivos del Congreso. La Justicia Administrativa se abre paso en el Perú, con esperanzas de especificidad propia, con la implantación en la Corte Suprema de la República de la Sala en Derecho Constitucional y en lo Contencioso Administrativo; pero, ajustando su actuación al Código Procesal Civil, pese a la buena intención que se incluyera en la Constitución de la República de 1979 (artículo 2400), ya derogada, y a la visible realidad de una necesidad impostergable de implantar una integral jurisdicción especializada, tendencia marcada con la constitución de las salas especializadas en lo Contencioso Administrativo y en Derecho Público en la Corte Superior de Lima y, en la sugerencia de ésta para constituir los Juzgados Especializados en Derecho Público en Lima, capital del Perú; indicador suficiente de la urgencia de una legislación procesal administrativa específica. No estamos diciendo que la inquietud procesal administrativa recién aparezca en el Perú con estas posibilidades judiciales, en la práctica y en la teoría; sino que nos referimos a unos perfiles de independencia procesal, posible y cercana (Derecho Administrativo Procedimental o Derecho del Procedimiento Administrativo).

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III. CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Para diversos autores ha resultado complejo el tratar de conceptualizar el derecho administrativo, situación que se ha presentado por el carácter filosófico de esta rama del Derecho. El principal problema al que se nos enfrentamos al tratar de definir al Derecho Administrativo es, que él mismo abarca diferentes áreas y funciones. Algunos analistas jurídicos consideran que el Derecho Administrativo regula la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, otros, que únicamente se encarga de la administración Pública y de las personas administrativas que surgen de ella. Un tercer grupo señala que el Derecho Administrativo será aquél que regule las relaciones del Estado con los particulares. Dado que todas forman parte del Derecho Admi-nistrativo se comparte lo expresado por Gabino Fraga que al respecto comenta:”…por una parte incluya el régimen de organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, y por otra comprenda las normas que regulan la actividad del Estado, que se realiza en forma de función administrativa.” Aún y cuando existen esta serie de discrepancias entre los estudiosos del Derecho es indispensable tener un concepto delimitado del Derecho Administrativo para facilitar la comprensión de nuestra materia de estudio. Con la finalidad de englobar todos estos elementos en una sola definición autores como Olivera Toro; y Boquera Oliver entre otros, realizan una sistematización de diversos criterios teóricos que para ellos, determinan el concepto de la multicitada disciplina. De manera ejemplificativa, enunciaremos solo algunas de ellas: a) Criterio orgánico.- Hace hincapié en los entes administrativos. b) Criterio de la Actividad Administrativa. c) Corriente que atiende a las relaciones del Poder Ejecutivo con otros entes públicos y con los particulares.

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d) Criterio del Servicio Público.- Como se puede observar los criterios y corrientes expuestos nos llevan al mismo punto de origen, por lo que a manera de conclusión se permite dar una serie de definiciones provenientes de diversas fuentes, que parecen ser adecuadas y completas para el punto en referencia.

3.1. DEFINICIONES DE ALGUNOS AUTORES SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO Para Gabino Fraga el Derecho Administrativo será aquél que regule: a) La estructura y organización del Poder encargado normalmente de realizar la función administrativa. b) Los medios patrimoniales y financieros de que la Administración necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación. c) El ejercicio de las facultades que el Poder público debe realizar bajo la forma de la función administrativa. d) La situación de los particulares con respecto a la Administración. Rafael I. Martínez Morales expresa: “El derecho Administrativo es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del poder ejecutivo y sus relaciones:” Jorge Fernández Ruiz, da la siguiente definición: El Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización, y funcionamientos de las diversas áreas de la administración pública de las relaciones de éstas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara: Totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y la

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realización de los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la administración y los particulares y de las entidades administrativas entre sí. De lo anterior se desprende que las relaciones jurídicas en que interviene la administración con motivo de su organización y funcionamiento están regidas por las normas del Derecho Administrativo, es decir por Normas del Derecho Público. Entendiéndose por Derecho Público; el sistema normativo que regula la actuación del Estado en su accionar soberano y determina las relaciones e intereses que privan con sus gobernados, mediante la creación de los órganos y procedimientos pertinentes. Así mismo es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas (jurisdiccionales, administrativas, según la natura-leza del órgano que las ejerce) y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y de los órganos de la Administración pública entre sí. La característica del derecho público, tal como lo señala el prestigioso autor jurídico Julio Rivera, es que sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad que pudiesen ejercer las partes (es decir «no» pueden ser modificados por las partes en uso legítimo de su autonomía de la voluntad, como sí ocurre en el Derecho Privado). Son mandatos «irrenunciables y obligatorios», en virtud de ser mandados en una relación de subordinación por el Estado (en ejercicio legítimo de su principio de Imperio). La justificación es que regulan derechos que hacen al orden público y deben ser acatados por toda la población. Se puede finalizar este apartado diciendo que el Derecho Administrativo será una rama del Derecho Público, que regula la actividad del Estado, así como las relaciones de la Administración Pública con las demás instituciones del Estado y con los particulares.

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IV. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Distinguimos pues al Derecho Administrativo en cuanto rama del conocimiento y al Derecho Administrativo como parte del orden jurídico positivo, como conjunto de normas jurídicas. Así como al hablar del derecho civil podemos referirnos tanto al Código Civil y leyes complementarias, como a la disciplina que estudia las normas y principios de ese código y esas leyes, así también al hablar de Derecho Administrativo podemos pensar tanto en el conjunto de normas y principios constitucionales y supraconstitucionales, tratados, leyes administrativas y demás reglas que integran la normatividad positiva, el régimen jurídico positivo de la función administrativa, como en la disciplina que los estudia. Dado que el conjunto de normas y principios que integran el régimen jurídico positivo del caso llega a nuestro conocimiento y valoración a través de su estudio y análisis y que, por lo tanto, nuestro primer contacto cognoscitivo se realiza con la disciplina que efectúa tal investigación, damos preferencia al concepto de rama del conocimiento antes que al de conjunto de normas positivas. El Derecho Administrativo se define pues, en primer lugar, como una disciplina o una rama de la ciencia del derecho. No creemos convenientes, en consecuencia, las definiciones que conceptúan al Derecho Administrativo como un “conjunto de normas y de principios de derecho público,” pues hacen prevalecer el carácter normativo antes que el aspecto cognoscitivo. Definir al Derecho Administrativo como rama del conocimiento no significa que deje de usarse la segunda acepción como “conjunto de normas positivas,” pues la noción de “derecho” recibe casi siempre esa doble significación; ello no quita que al darse la definición metodológica deba efectuarse una opción semántica. Así como nadie definiría al derecho civil como “el conjunto del Código Civil y sus leyes complementarias,” así tampoco es adecuado definir al Derecho Administrativo como un “conjunto de normas y de principios de derecho público”.

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4.1. FUENTES SUPRANACIONALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO La pregunta inmediata es ¿por qué supranacionalidad? ¿No es acaso la Constitución la primera y más importante de las fuentes, la cúspide del ordenamiento jurídico? Es una pregunta que se responde de a poco y satisfará solamente con el correr del tiempo. De acuerdo con la Constitución, la sola aprobación de los tratados internacionales, de acuerdo con el procedimiento que establece la misma Constitución, incorpora a éstos al derecho interno de la Nación.” Lo relativo a determinar si el contenido normativo del tratado pasaba a ser, sin otro requisito que el de la aprobación por el Congreso, legislación interna, había dado lugar a soluciones diversas según las particularidades que presentara la convención e incluso la ley de aprobación. Cuando una ley ratifica un tratado por el cual se establecen reglas de derecho que se refieren exclusivamente a seres humanos individuales (derechos humanos) carecía de asidero pretender que la ratificación valía sólo frente a los demás Estados y no para los habitantes del país respectivo; la ley de ratificación transforma a esas proposiciones en normas jurídicas que también son internas. Pero es más, a partir de allí son ya derecho supranacional o aun orden público internacional, cuyo ámbito de aplicación y contenido se va extendiendo con el correr del tiempo y puede algún día llegar a cubrir el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción, delitos estos que se hallan intervinculados según el preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es el ius cogens superveniens, in statu nascendi. Nuestro país se halla sometido a dos grandes tipos de órdenes jurídicos supranacionales, en razón de su exigibilidad.

A)

JURISDICCIÓN

SUPRANACIONAL,

INTERNACIONAL

O

EXTRANJERA

Por un lado están los tratados que tienen un órgano judicial supranacional de aplicación, como es

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el Pacto de San José de Costa Rica, o que sin tener órgano judicial tienen al menos órganos de aplicación. En parecida situación se encuentran los tratados y convenios que admiten expresamente la jurisdicción extranjera, como la Convención Interamericana contra la Corrupción; el tratado contra la Tortura; los crímenes de lesa humanidad.3 Lo mismo los casos sometidos a una jurisdicción extranjera que el país decide transar.

B) SIN OTRA JURISDICCIÓN —PARA LOS INDIVIDUOS— QUE LA INTERNA Un segundo grupo lo integran los demás tratados incorporados por el mismo texto a la Constitución pero que carecen de tribunal supranacional, internacional o extranjero. Es posible que con el correr del tiempo los tratados de integración tengan tales tribunales, como ya ocurre en Europa, con lo cual podrán ser clasificados junto al de San José como un derecho comunitario más efectivo por la existencia de tribunales de aplicación; esos tribunales seguramente extenderán su competencia en el siglo XXI.

4.2. FUENTES NACIONALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO El orden normativo administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del Derecho. Por ello existen fuentes que son particulares a este sistema y que deben ser aplicadas con preferencia a otras fuentes. Al momento de resolver los temas de su competencia, las autoridades administrativas deben aplicar estas fuentes y, en caso de existir vacíos o deficiencias en las fuentes, podrán recurrir a los principios del procedimiento administrativo y, en su defecto, a otras fuentes supletorias del Derecho Administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. Las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo son las siguientes:

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a. FUENTES FORMALES 1. Las disposiciones constitucionales. 2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional. 3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. 4. Los decretos supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. 5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades de la administración pública, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos. 6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. 7. Los principios del Derecho Administrativo y en general los del derecho que sean compatible. 8. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas. 9. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. 10. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultades expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas. b. FUENTES MATERIALES La aplicación de las normas jurídicas a casos particulares requiere una actividad interpretativa. Aún cuando lo definimos e identificamos algunas veces es materia de debate, podemos concebirlos como las ideas o enunciados básicos o fundamentales sobre los que se edifica el Derecho Administrativo, éstas son la doctrina y la costumbre.

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CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el presente trabajo, podemos determinar que el Derecho Administrativo es el conjunto de normas o de principios de derecho público interno, que tiene por objeto la organización o el funcionamiento de la Administración pública, así como la regulación de las relaciones interorgánicas, interadministrativas o las de las entidades administrativas con los administrados. así mismo este trabajo nos remonta a conocer la referencia histórica de esta rama del Derecho, nos da indicios sobre el Derecho Administrativo en el Perú, cita a su vez algunas definiciones en función de algunos autores, que nos aclaran sobre el alcance del Derecho Administrativo. Finalmente este trabajo nos orienta sobre las clases de fuentes de las que se vale el Derecho Administrativo en función de su actividad a favor de la actividad administrativa que se lleva a cabo en el ámbito del Derecho.

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ANEXOS

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BIBLIOGRAFÍA  Fernández Ruiz Jorge Derecho administrativo y administración pública. Editorial Porrúa. México 2009.  Fraga Gabino, Derecho administrativo, Editorial Porrúa, México, 2001.  Julio Cesar Rivera, Derecho civil.,  Universidad Peruana Los Andes, Módulo de Derecho Administrativo,Perú, 2009

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