Principios Del Derecho Administrativo

PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Razonabilidad: Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Imparcialidad: Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Presunción de Veracidad: En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Predictibilidad: La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. Predictibilidad: Son aquellas personas naturales o jurídicas que realizan operaciones de venta de bienes o prestación de servicios de manera habitual o en establecimientos abiertos al público. Simplicidad: Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Uniformidad: La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Conducta procedimental: La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. DERECHO ADMINISTRATIVO: LIBERTAD Y AUTORIDAD o El derecho administrativo es por excelencia la parte del derecho que más agudamente plantea el conflicto permanente entre la autoridad y la libertad. o Estado e individuo, orden y libertad: la tensión encerrada en estas ideas sintéticas es insoluble. o Ese equilibrio primario es equilibrio espiritual y político, es sensibilidad jurídica y también humana; es preocupación constante por llenar no sólo formal sino también sustancialmente los requerimientos de la justicia. o Cuando el que analiza la controversia concreta entre un individuo y el Estado se deja llevar por la comodidad de la solución negativa para el primero; cuando en la duda condena, resolviendo en contra del particular; cuando en la dificultad del problema jurídico se abstiene de ahondarlo y lo resuelve favorablemente al poder público (…) o (…) cuando crea, prohija y desarrolla supuestas “teorías” que sin fundamento ni análisis dan ésos y aquéllos poderes al Estado o sus licenciatarios monopólicos; cuando niega los argumentos que reconocen un ámbito de libertad; cuando se inclina hacia el sol de los poderosos, entonces está destruyendo desde adentro una de las más bellas y esenciales tareas del derecho administrativo: La protección de la libertad humana. o El equilibrio político, la sensibilidad jurídica, no se satisfacen con nuevas palabras sobre la libertad; deben ser el leit motiv de todo lo que se piensa y resuelve sobre derecho administrativo; deben ser la preocupación constante del jurista, no sólo en los grandes problemas institucionales, sino también en los pequeños y a veces tediosos problemas diarios. ANTECEDENTES: o El derecho administrativo en cuanto conjunto de normas que regula las relaciones del Estado con los particulares, puede decirse que ha existido siempre, desde el nacimiento del Estado. o Pero ello no ha sido suficiente ab origene para la creación de una disciplina.

o

En la época monárquica el derecho administrativo se agota en un único precepto: Un derecho ilimitado para administrar. o No se reconocen derechos del individuo frente al soberano; el particular es un objeto del poder estatal, no un sujeto que se relaciona con él. o Esta concepción ha sido denominada Estado de policía. o En él, al reconocerse al soberano un poder ilimitado en cuanto a los fines que podía perseguir y los medios que podía emplear, mal podía desarrollarse un análisis metodológico de ese poder. o Con el nacimiento del constitucionalismo en los EE.UU., con la eclosión de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre, se acelera a fines del siglo XVIII un proceso de cambio en la vida política ya iniciado anteriormente con la Carta Magna y continuado en los fueros juzgos, pero que ahora afectará más aun la relación entre el Estado y los habitantes. o El objetivo de estos cambios no es propiciar la mayor “eficacia” del gobierno, sino a la inversa, frenarlo en tutela de las libertades públicas. De ahí las distintas formas de expresar la misma idea: Que el poder controle al poder, que haya un sistema de frenos y contrapesos, que exista una fractura del poder, que no exista un poder absoluto, que nadie tenga todo el poder. o En este momento se da el germen del moderno derecho administrativo, pues al tomarse conciencia de que existen derechos del individuo frente al Estado y que el primero es un sujeto que está frente a él, no un objeto que éste pueda simplemente mandar, surge automáticamente la necesidad de analizar el contenido de esa relación entre sujetos y de construir los principios con los cuales ella se rige. o No fue ni es fácil, sin embargo, la evolución desde el “Estado de policía” al “Estado de Derecho,” en lo que respecta al derecho administrativo. El cambio institucional no se produjo de un día para otro y en todos los aspectos, ni está todavía terminado. o De tal modo, algunas doctrinas y principios que habían comenzado a nacer con anterioridad ganaron mayor importancia y alcance, sin llegar sin embargo a sustituir del todo a las viejas concepciones. Aún sin considerar el importante retroceso de tantos gobiernos de facto que hemos sufrido en el país, varios ejemplos pueden demostrarlo. LA INDEMANDABILIDAD DEL SOBERANO • El soberano no podía en el antiguo Estado de policía o del Ancien Régime ser llevado ante los tribunales como un litigante común. • El reclamo administrativo previo, todavía subsiste parcialmente como necesidad de agotar previamente la vía administrativa antes de acudir a la judicial, resultando así un injustificado privilegio de la administración frente al particular. Aún superado parcialmente ese aspecto del problema, todavía cuesta entre nosotros demandar al Estado. LA IRRESPONSABILIDAD DEL SOBERANO • El Rey “no podía dañar,” esto es, no cometía daños desde el punto de vista jurídico y por lo tanto era irresponsable por los daños materiales que causara. Hoy, si bien es posible demandar al Estado una indemnización, requiere volver a la máxima del año 1610, que para demandar hace falta bolsillo de banquero, paciencia de ermitaño, tener razón, saberla exponer, encontrar quien se la escuche, y se la quiera dar, y deudor que pueda pagar. FUTURO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO El creciente derecho supranacional. En la medida en que la integración latinoamericana o subregional vaya convirtiéndose en realidad, se producirá igualmente una modificación del derecho administrativo. Por ahora han aumentado sensiblemente las normas administrativas cuya fuente son estos acuerdos regionales. Se trata de un lento proceso que va modificando los ordenamientos jurídico administrativos nacionales, pero cuyo fortalecimiento a mediano plazo parece inevitable en el orden internacional. Cambio social. Los problemas sociales que existen tienen también directa relación con el modo en que funciona la administración pública, que puede mejorarse por reformas en el derecho administrativo. Ya no basta el imperio de la autoridad de quien ejerce ocasionalmente el poder; ya no satisface la voz de mando, sea quien fuere el que manda. Ahora se intenta conseguir una sociedad cada vez más participativa, y la sociedad se queja cuando un gobierno intenta decidir y actuar sin consensuar con nadie, sin consultar, sin acordar ni ceder posiciones. El consenso y la adhesión. Ya no satisface la decisión “unilateral ejecutoria” de la administración, semejante a la relación jerárquica castrense. Ahora se tiende a un liderazgo fundado en el consenso de los liderados, en el cual la ejecución de las decisiones exige cada vez más la adhesión del sujeto al que ella será aplicada, y del funcionario que será su órgano ejecutor. Los gobiernos que se apartan de estos principios elementales de la teoría política y jurídica contemporánea y trabajan desde la hegemonía, caen inexorablemente en el descrédito y terminan por perder el poder a través de las elecciones, o incluso deben abandonar el poder por iniciativa propia al advertir la profundidad de su fracaso.

Motivación. En el pasado fue sólo exigencia jurídica que el acto administrativo contuviera una “motivación” o explicitación de sus fundamentos; hoy es hoy también una exigencia política, un deber jurídico y político, social y cultural, de explicar al particular por qué se le impone una norma y hay que convencerlo; pues si no se le explica satisfactoriamente, faltará su consenso, que es base esencial del concepto democrático actual y futuro del ejercicio del poder y de la eficacia en el cumplimiento de la decisión. Participación Administrativa. La administración no puede ni debe administrar sola: El pueblo administrativo debe participar en la decisión administrativa misma. “El control social permanente, su organización y difusión a nuevos ámbitos podrán asegurar una mayor democratización y una más efectiva satisfacción de las aspiraciones sociales. RELACIONES CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO Con el Derecho Civil • Hay ciertos valores y principios generales del derecho, conceptos de lógica jurídica, etc., que están en el derecho privado y también en el derecho administrativo. • Entre otros: Responsabilidad, el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios o principio de no contradicción, la necesaria motivación de los actos, la desviación de poder y el abuso del derecho. • Por lo general cuando el derecho administrativo toma principios del derecho común no los mantiene con sus caracteres iniciales y por ello aparecen, sea deformados o “publicizados”; es el caso de las obligaciones, extinción de las obligaciones, actos jurídicos de la administración, contratos administrativos, etc., de forma tal que ya no es posible identificarlos positivamente como principios del derecho civil. Con el Derecho Constitucional • De todas las ramas del derecho público, ninguna está más estrechamente ligada al derecho administrativo que el derecho constitucional. • Ningún derecho está más subordinado y conformado a las directivas políticas del Estado que el derecho administrativo” y por ello, “el derecho administrativo tiene el carácter o la fisonomía del derecho constitucional de cada Estado. • Constitución y administración se influyen recíprocamente; pero mientras que la influencia de la primera sobre la segunda es de sistema, la de la administración sobre ella es de eficacia. • La función administrativa es una actividad que se realiza dentro del marco y las directivas básicas fijadas por aquella estructura. En la Constitución predomina lo estático, en la función administrativa lo dinámico; en la primera hay estructuración y establecimiento de límites, en la segunda hay expresión de actividad concreta y choque contra los límites prefijados. • Hay principios generales de derecho que si bien se hallan más fuertemente protegidos por encontrarse en la Constitución, no son exclusivos del derecho constitucional como los derechos humanos básicos. • Hay disposiciones de derecho administrativo que están contenidas en la Constitución. • Hay pues una superposición temática entre ambas disciplinas, lo que se justifica por la necesidad contemporánea de reenfatizar estos problemas. Con el Derecho Penal • Las decisiones de los agentes de seguridad son actos administrativos cuya presunción de legitimidad, ejecutoriedad, etc., son objeto de estudio por el derecho penal y el derecho administrativo; lo mismo ocurre con el derecho penitenciario, la situación material de las cárceles, etc. OBJETO DE STUDIO Un elemento de síntesis que refleja el primer objeto de estudio de esta rama del derecho es “el ejercicio de la función administrativa.” Esta perspectiva de síntesis abarca: – El estudio del sujeto que ejerce dicha función o sea la administración pública. – Las formas jurídicas que dicho ejercicio presenta. – Los límites sustantivos y adjetivos de tales facultades, como contrapartida necesaria al ejercicio del poder en un Estado de Derecho. No sólo estudia las relaciones de la administración pública. No será suficiente con indicar que el derecho administrativo estudia las relaciones “entre los entes públicos y los particulares o entre aquéllos entre sí,” porque también estudia la organización interna de la administración, su estructura orgánica y funcional, los medios de la actividad administrativa y la forma que ella adopta. Por tales razones se prefiere denominar al derecho administrativo en el sentido que abarca “la estructura y el funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa,” o “la organización y la actividad de la administración pública,” o “la organización y el funcionamiento de la administración pública, así como la regulación de las relaciones interorgánicas, interadministrativas y las de las entidades administrativas con los administrados.” Las formas administrativas son los modos de exteriorización la función administrativa. En el Perú son: – Reglamento. – Acto Administrativo.

– Acto de Administración. – Hecho Administrativo. – Contrato Administrativo Los actos jurídicos administrativos son declaraciones de voluntad destinadas a producir efectos jurídicos, es decir, el nacimiento, modificación, regulación o extinción de derechos y obligaciones. Los hechos jurídicos administrativos son actuaciones materiales u operaciones técnicas de la administración que producen efectos jurídicos, generando derechos y deberes. La actividad de la administración está conformada por actos y hechos. DEFINICIÓN: • Es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa. DROMI. • Es el sistema jurídico de principios, normas y categorías derecho público que estudia, promueve y regula la actividad de la administración pública, los servicios públicos, la función y potestades de los órganos y personas que la ejercen, en las relaciones con los administrados; interadministrativas e interorgánicas; y las de derecho administrativo internacional; así como las garantías internas y las de una alta jurisdicción que asegure la justicia administrativa. ELDREDGE RIVERA. • “La rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra ésta”. AGUSTIN GORDILLO. • Debe recordarse aquí que función administrativa es toda la actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos respectivamente los actos y hechos materialmente legislativos y jurisdiccionales, como así también las funciones de poder jurídico o económico ejercidas por particulares merced a una potestad conferida por el Estado. • Y la protección judicial existente contra ésta: una de las notas diferenciales entre el derecho administrativo totalitario y el del Estado de Derecho, consiste en que este último considera esencial la protección judicial del particular frente al ejercicio ilegal o abusivo de la función administrativa, dando una especial protección al individuo para compensar así las amplias atribuciones que se otorgan a la administración, y remarcando el necesario control sobre la actividad administrativa, sin dejar zonas o actos excluidos del mismo. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEFINICIÓN: • Conjunto de órganos encargados de cumplir las múltiples intervenciones del Estado y de prestar los servicios que el Estado atiende. • Por ello la Administración Pública no es representante de la comunidad, sino una organización puesta a su servicio. • Conjunto de organismos, órganos y personas órganos, estatales o no estatales que realizan función administrativa. Órganos: Entidades independientes. Organismos: Unidades dependientes de los órganos. Personas órganos: Personas naturales dotadas de facultades provenientes de la ley. Según la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 2. El Poder Legislativo; 3. El Poder Judicial; 4. Los Gobiernos Regionales; 5. Los Gobiernos Locales; 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen. 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEFINICIÓN • Es el conjunto de normas que regulan las atribuciones, composición y funcionamiento de un aparato administrativo. MARIENHOFF • De este modo la competencia, relaciones jerárquicas, jurídicas y las formas de actuación y control dentro de la Administración Pública, se conjugan en un conjunto de normas que sistematizan la organización administrativa estatal.

PRINCIPIOS • La organización administrativa, se basa, en dos principios jurídicos esenciales: la competencia y la jerarquía, afirmándose en el requisito de la coordinación y unidad de acción. COMPETENCIA • Principio que predetermina, articula y delimita las funciones administrativas que desarrollan los órganos y entidades públicas con personalidad jurídica. CASSAGNE. • Es el conjunto de atribuciones que corresponden a los órganos y sujetos públicos estatales, es decir, la aptitud de obrar de un órgano del Estado. • Conjunto de atribuciones que corresponden a los órganos y sujetos públicos estatales, es decir, la aptitud de obrar de un órgano del Estado. Es -agregamos- el elemento objetivo del órgano que se completa con el subjetivo.DROMI. • Un órgano administrativo siempre es incompetente hasta que sea declarado competente en forma expresa. • La competencia tiene carácter objetivo, es obligatoria, improrrogable -con excepciones- e irrenunciable. Mientras que en el derecho privado la capacidad es la regla y se presume en la medida que una norma expresa no venga a negarla, en derecho público la competencia de los órganos no se presume debe estar otorgada en forma expresa o razonablemente implícita por una norma jurídica para que pueda reputársela legalmente existente. • La improrrogabilidad de la competencia tiene su excepción en la delegación. CLASIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA • Se trata del contenido u objeto del acto, según que se refiera a uno u otro asunto administrativo: son las tareas o actividades que el órgano puede legítimamente realizar. EN RAZON DEL TERRITORIO • Según la organización política de cada país tenemos competencias nacionales, provinciales y municipales; o federales, estatales y comunales, etc. Así cuando un órgano tiene delimitada su competencia a determinada circunscripción territorial, no puede excederse de ella; la incompetencia sería en tal caso absoluta. EN RAZON DEL TIEMPO • En razón del tiempo es también factible distinguir según que la competencia sea permanente, temporaria o accidental. La competencia es, por regla general, permanente, en cuanto el órgano de que se trata puede ejercer en cualquier tiempo las atribuciones que le han sido conferidas. EN RAZON DEL GRADO • Por último, en razón del grado, cabe distinguir según que la competencia haya sido atribuida a los órganos máximos o haya sido distribuida en distintos órganos, diferenciados de los órganos superiores DELEGACIÓN • La delegación de competencia es una decisión del órgano administrativo a quien legalmente aquélla le corresponde, por la cual transfiere el ejercicio de todo o parte de la misma a un órgano inferior. • No es lo mismo delegación que descentralización o desconcentración. DESCONCENTRACIÓN • Es la atribución de porciones de competencia a órganos inferiores, pero siempre dentro de la misma organización o del mismo ente estatal al que nos referimos DESCENTRALIZACIÓN • Opera cuando la competencia se ha atribuido a un nuevo ente, separado de la administración central, dotado de su personalidad jurídica propia y constituida por órganos propios que expresan la voluntad de ese ente. DEFERENCIAS • En la desconcentración o en la descentralización hay una decisión legislativa por la cual, total o parcialmente, se quita la competencia al órgano superior y se la atribuye a un órgano inferior. • En el caso de la desconcentración y descentralización, una vez que ellas han sido dispuestas, la competencia de que se trata pertenece exclusivamente al inferior y el superior sólo tiene facultades de supervisión propias del poder jerárquico o del control administrativo. • En el caso de la delegación el órgano que recibe la competencia delegada es el que en el hecho va a ejercerla, pero no le pertenece a él sino al superior, que es el responsable de cómo se habrá de ejercer. • Cuando se trata de competencia delegada, el órgano superior puede siempre y en cualquier momento retomar la competencia que él ha conferido al órgano inferior y atribuírsela a otro órgano o ejercerla él mismo. • La delegación es nada más que un medio jurídico, concreto e individual, ofrecido al órgano a quien le compete una función determinada, de poder desgravarse temporalmente del peso del ejercicio de esa competencia propia. • Mientras que la descentralización y la desconcentración son tipos de estructura estatal, la delegación es un tipo de dinámica estatal.