Revista Defensa Fiscal 237-marzo-2020

Daniel Guzmán López Magaly Guadalupe Juárez Arellano Juan Velásquez Silvino Vergara Nava Angélica Aceves Arriaga Alfonso Antúnez Fernández de Castro Osiris Cuamatzin Guzmán Luis Alejandro Rodríguez María Guadalupe Guzmán Santander Yuliana Reyes Ordoñez Valeria Manilla Manzola Virginia Cervantes Dávila Fernando Mireles López Carlos Navarro Martínez Shutterstock / Freepik / Unsplash Edén Victoria Jiménez Pérez Brenda Navarrete Guevara Bernardo Hintze Martínez Diana Laura de Jesús Gutiérrez Gaby Angélica Ortega Escalona Jossary López Gabriel Javier de Jesús Gómez Cruz Nayeli Mendoza Cisneros Graciela Minutti Merlo Eulogio Hernández Sánchez Dimna Domínguez Vargas

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defensa fiscal. La Revista Mexicana de Estrategias Fiscales. Publicación mensual editada y publicada por: Grupo Cosanta sa. de cv., Oficinas Generales: Av. Reforma 1716, Primer Piso, Centro Histórico, c.p. 72000, Puebla, Pue., teléfono 242.57.11, fax 232.35.05. Editor responsable Daniel Guzmán López. Certificado de licitud de título núm. 11011, de contenido núm. 7624 ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo ante la sep 04-2008-121817384300-102. Registro ante el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaria de Gobernación Folio n. 005-134. Año 22, Número 237, Marzo de 2020. Correspondencia de segunda clase. Franqueo pagado, permiso de publicación periódica autorizado por sepomex pp21-00010. Suscripción $1,920.00. Impreso en México / Seico Soluciones. Distribuida en toda la República por gbn comercializadora s.a. de c.v., Federico Davalos Núm. 35, Col. San Juan Tlihuaca, Deleg. Azcapotzalco, México, d.f. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Grupo Cosanta sa. de cv. Todos los derechos reservados, prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético, sin el permiso escrito del editor. defensa fiscal, La Revista Mexicana de Estrategias Fiscales es Marca Registrada.

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EDITORIAL

La

dirección económica del presidente López Obrador tiene como máxima la creencia de que el neoliberalismo es culpable de todo, incluso de la violencia que sufre nuestra nación. El Ejecutivo responsabiliza del horror que padecemos al sistema económico que ha estimulado como nunca la creación y la acumulación de capital, gracias a su mínima intervención. La posición obradorista se fundamenta en un análisis superficial de la realidad. Como ejemplo, observa que las mayores tasas de feminicidios se presentan en zonas maquiladoras. ¿Esto quiere decir que la culpa es de la industria? Aún en el supuesto de que todos los frutos del neoliberalismo sean patrones explotadores, destructores del medio ambiente y corruptos, este tipo de correlaciones no pueden inferir causación válida alguna. Si bien celebramos el aumento al salario y todas las políticas que brinden mayor protección social al proletariado, no podemos permitir que las políticas económica, industrial y fiscal tengan como origen los prejuicios sin fundamento del presidente. Las estadísticas a nivel nacional nos muestran que a mayor pobreza extrema o desigualdad son menores los delitos de alto impacto, los robos e incluso los delitos sociofamiliares como lesiones y violación. No hay evidencia de que la pobreza y la desigualdad sean los factores principales de la violencia que vivimos. De hecho, los índices de criminalidad actuales son históricos, cuando es la etapa con mayor gasto social. En 1920 representaba el 8%, en 1930 el 14%; actualmente es el 18%. Los paradigmas de amlo afectarán la urgente reforma fiscal que México requiere. Será inaceptable bajo su mandato asistencialista un sistema recaudatorio que aumente la base de contribuyentes. No se hará responsable a cada mexicano de su contribución al Estado, como debería de ser; sino se cargará aún más a los “empresarios privilegiados” que, según él, tanto han abusado con el neoliberalismo. De toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) somos la nación que menos recauda en razón a su pib con 13%. Brasil 32%, Sudáfrica 28%, el promedio de todos los miembros es 34%. Al analizar cada impuesto, comparativamente, notamos que de toda la ocde somos quienes tienen

el Impuesto sobre la Renta a empresas más alto, pues tenemos que competir con una tasa del 30% de isr, cuando todos promedian 22%. El impuesto que más recauda y redistribuye es el del isr personas físicas, pero es con el que menos captamos en comparación mundial: 3.5% del pib. La recaudación federal en México es mayor que la de Alemania y Estados Unidos; sin embargo, en el ámbito local es la menor: cercana al .9% del pib, mientras que el promedio de la ocde es de 5.1% del pib. Como ejemplo, el impuesto al predial recauda sólo el .2% del pib. La economía mexicana está estancada y con la actual administración, con su seguro universal y su gasto social histórico, jamás se ha visto más urgencia por una reforma fiscal. Lo peor es que la carga excesiva sobre unos pocos seguirá creciendo sin que se combata la informalidad. Después de todo, la moral franciscana que impera en este gobierno sataniza a los empresarios como ventajosos neoliberales que no han hecho más que detonar el crimen; así que seguirá la tendencia que nos ha mantenido en la mediocridad: quitarle a los ricos para darle a los pobres. Justicia es darle a cada quien lo suyo. En ese orden, hacer valer el artículo 31 constitucional en el sistema hacendario por primera vez es la única vía válida. todos los mexicanos deben contribuir de manera proporcional y equitativa. La evasión fiscal existe porque antes hay evasión de los costos políticos. Es encomiable el trabajo que ha hecho este gobierno para combatir las facturas falsas, pero ninguna estrategia recaudatoria tiene sentido sin una reforma fiscal que enfrente el costo más doloroso para amlo, que no es la pobreza, sino el político.

CONTENI DO

MARZO 2020

26

El CFDI 3.3 y la satisfacción del acreedor con la Extinción de Obligaciones. C.P. Juan Carlos Gómez Sánchez

32

Consecuencias jurídicas por incumplimiento ante el Fisco. Dra. Martha Alicia Pacheco

40

Presencia indispensable cuando se cita a “Entrevista” a contribuyentes. Dr. Ernesto Rodríguez Hurtado

48

Doble tributación en el Impuesto al Ahorro Bancario. Dra. Christian Hiliana Cisneros Güereca

18

54

¿Incremento de Impuesto Sobre la Renta para Asalariados en Mexico? Mtro. David Ricardo Moreno Ramos

Entrevista a JESÚS ANLÉN ALEMÁN Magistrado Presidente; del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX

60

Mtro. Adán Pineda Torres

64

Por Lic. Osiris Cuamatzin G.

Inconstitucionalidad de la “Razon de Negocios”. (Última Parte)

Ilegalidad de las multas impuestas por las Secretarías de Finanzas de los Estados, por contravenir el Principio de Tipicidad. Lic. Mario Humberto Milan Silva

Sin Reforma Fiscal no hay “4/a. Transformación”

70

Dr. Silvino Vergara Nava

Historia Fiscal: Benito Juárez o el símbolo del esfuerzo

74

Lic. Osiris Cuamatzin Guzmán

Recomendaciones Fiscales

78

JESÚS ANLÉN ALEMÁN Magistrado Presidente; un gerifalte de vasto vuelo a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Por Osiris Cuamatzin Guzmán

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LA REVISTA MEXICANA DE ESTRATEGIAS FISCALES / 19

I

nmensa satisfacción nos produce entrevistar a un noble dignatario de la salvaguardia del contribuyente; una conversación que escenifica un home-

naje a quien es prototipo y paradigma del foro mexicano, un dilecto correligionario de la defensa fiscal en la plenitud de sus potestades y en medio de una actividad que podríamos calificar como dinámica, y en cierto sentido, enrevesada. Por eso es que no podemos, en las páginas de esta noble publicación, hacer un análisis extenso sobre la carrera y personalidad de tan excelso personaje, sino tan sólo poner las bases para tal partición, una suerte de esbozo que ayude a comprender su alta misión, y al mismo tiempo cumpla como deferencia a tan distinguido genio. Y nada mejor como primera encomienda, que señalar las diversas facetas de Jesús Anlén Alemán. La primera es la de abogado. Un abogado con amplia idea de la justicia y con auténtico fervor cívico, heredero de los juristas que por larga experiencia cursaron un apostolado en la administración pública, iniciando su trayectoria profesional como Gerente Jurídico y Asistente de la Presidencia del Consejo y del Director General en la Unión de Crédito de la Industria y el Comercio.

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«El Magistrado Presidente Doctor Jesús Anlén Alemán, es un abogado con una amplia idea de la justicia y con un auténtico fervor cívico, heredero de los juristas que por larga experiencia cursaron un apostolado en la administración pública» Ese fue el comienzo, el numen que lo trasladó a diversos y honrosos destinos, en forma diaria y batalladora, como lo demuestran los numerosos cargos en los cuales participó, tanto en la defensa y apoyo del sector público, como en las diversas universidades donde ejerció su magisterio. Trabajó en varias dependencias, como Analista de la Dirección General de Desarrollo Político, en la Secretaría de Gobernación; como Secretario Técnico en la Subdirección General de Delegaciones, en el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda (infonavit); Gerente de la Unidad de Información y Consulta, en el infonavit; Subdirector de Apoyo Técnico del Instituto Federal Electoral; Secretario Particular del Procurador Fiscal; así como Subprocurador de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal; de igual forma, fue Subtesorero de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, y Procurador Fiscal de la misma Secretaría; y en unos años, como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Quien nunca ha sido maestro no puede ni remotamente imaginar la intensidad de la experiencia vital que supone dedicar varios años de la primera juventud a preparar las mentes de espabilados estudiantes, cuyo alto nivel de exigencia y dificultad es bien conocido. El universitario que, habitualmente lleno de viveza y denuedo, se dispone a hacerle

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frente a la primera clase, desconoce que está a punto de adentrarse en un cosmos particular en el que todo adquiere una dimensión incomparable y extraña, de matices laxos pero al mismo tiempo rígidos, y es así que encuentra en el profesor, la única guía certera. No hay que olvidar que los grandes abogados, sobre todo los que glorifican a nuestro país, han ejercido siempre la profesión de maestro. Y esto porque la verdadera práctica, el razonamiento jurídico en puridad de rigor, encuentra su vena en la experiencia docente. Supo entonces nuestro laureado, dar prueba de su sentido práctico y también de su fina sensibilidad teórica, impartiendo clases en la Universidad Nacional Autónoma de México; en la Universidad Marista; en la Universidad Latinoamericana; en el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y en la Universidad Anáhuac. Con ello queda claro que Jesús Anlén Alemán, el catedrático, ha sido mucho, muchísimo más que la persona a la que se responde con diligencia en cada asignatura. Al contrario, por las muy especiales características de su talante pedagógico, ha tenido que desempeñar varios papeles distintos y hacerlo con tacto y ecuanimidad. Es, y ha sido al mismo tiempo, un mentor, un instructor, un psicólogo, un confesor y, a veces, hasta un padre, facetas que sus alumnos agradecen afectuosamente. Por otro lado, no es difícil hacer una reseña objetiva de lo que Jesús Anlén Alemán y su trayectoria ha significado en el desempeño fructífero de varias asociaciones. Ello, no sólo por sus extraordinarios talentos, tanto intelectuales, profesionales y personales, que tantos han evidentemente

codiciado; basta conocerlo personalmente para advertirlo y basta oír a tantos asociados que han tenido la oportunidad de percatarse de esos atributos diplomáticos, plenipotenciarios y cordiales que siempre comparte con sus allegados, correligionarios y afiliados de a pie, que hay que decirlo, son con los que más copa afinidades éticas. Por ello se ha avenido provechosamente a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, a la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, a.c., a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, y a la Legión de Honor Nacional de México a.c. Es, desde luego, un placer atender a sus rigurosos informes, conjeturas y decretos, como es una constante catequesis escuchar sus razonamientos cuando debate, media y aporta diversos temas por muy confusos y dificultosos que se antojen, siempre en pos de construir para las corporaciones, su fina alianza y su sentido de pacto. Pero no es la ocasión de sólo hacer el panegírico de su persona, que en todo caso resulta naturalmente taxativo. Lo que sabemos de él hay que decirlo tajantemente: un jurista superdotado, por su erudición y por su solidez metódica; un referente del conocimiento jurídico, de precisa cita y evocación, un garante de las causas justas que simboliza el emblema de la administración de justicia. Y en cuanto a sus estudios, hay que decirlo más concretamente: Licenciado en Derecho con Especialidad en Materia Fiscal, Maestro en Habilidades Directivas y Doctor en Derecho con Mención Honorífica. Es aquí donde resultan obligadas las condecoraciones y galardones a los que se ha hecho acreedor laudabiliter, cual si se tratara, y esto confirma su imperium, de un sapiens

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princeps: “Reconocimiento por valiosas aportaciones a la Ciencia Jurídica Mexicana”, otorgado por la Legión de Honor Nacional de México A.C.; “Legionario”, condecoración concedida por la Legión de Honor Nacional de México; “Huésped Distinguido de la Ciudad de Xalapa”, por el Honorable Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Universidad de dicha ciudad; “Académico Numerario”, acreditación facultada por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal; y, “Visitante Distinguido”, conferido por el H. Ayuntamiento de Toluca. Por todo ello, no es gratuito que al Doctor Anlén, en diciembre de 2011, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy nuestro decoroso Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, lo nombrara Magistrado de Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal, cargo del que fue ratificado en enero de 2012 por la Asamblea Legislativa. Y menos extraño es que el pasado 7 de enero del presente año, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, lo favorecieran por unanimidad de votos para ocupar el cargo de Magistrado Presidente de dicho Tribunal, su Pleno General, Jurisdiccional y de su Junta de Gobierno. Cargo

que representa para él, un gran honor y un compromiso para con los habitantes de la Ciudad de México y con todos los que trabajan denodadamente en esa noble institución. Todo esto es y representa el Magistrado Doctor Jesús Anlén Alemán, un patriota en cuya larga experiencia ha abrevado en cuatro fuentes: la de la abogacía, la de la docencia, la del ateneísmo y la de la magistratura. Por ello su visión es de amplio espectro, porque mira siempre a la justicia civil, en la órbita de cuatro virtudes. Huelga decir que en cuanto a lo humano, estamos frente a un hombre cordial, sincero, noble, entrañable. Pero dejemos, estimados lectores, que estas palabras indignas de un grande, las acompañe su propio sentir y su propia concepción en la siguiente entrevista. COMO NUEVO MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES METAS?

En esta nueva responsabilidad me he fijado como principales metas, la consolidación del Sistema Local Anticorrupción; ya que, en mi opinión, este mal endémico es percibido como un fenómeno social amplio y complejo,

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considero que mi experiencia como servidor público me permitirá contribuir y poner todo mi esfuerzo para combatir a la corrupción y sus efectos negativos. Desde el Tribunal trabajaremos para que las resoluciones se dicten de una manera pronta y expedita, aunque, estoy consciente que todo proceso jurisdiccional tiene que agotar las diversas etapas previstas por la norma, no obstante ello, pondremos nuestro empeño y dedicación para cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Asimismo fortaleceremos la interacción y la proximidad con la ciudadanía, así como el trabajo coordinado con el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia y de manera muy especial con la Jefa de Gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. RESPECTO A LA REALIDAD SOCIAL Y TECNOLÓGICA QUE VIVIMOS, ¿QUÉ PRIORIDADES TENDRÁ SU GESTIÓN A CARGO DEL TJACDMX?

Tenemos como objetivo primordial fortalecer al Tribunal, comenzando desde dentro para, posteriormente, trasladar estos esfuerzos y verlo reflejado al exterior, a través de una línea de comunicación más abierta con nuestro entorno, buscando que nuestras resoluciones adquieran cada día un lenguaje más ciudadano.

Pondremos especial énfasis en posicionar al Tribunal en los medios electrónicos, para ello, habremos de fortalecer nuestro boletín como medio de difusión oficial, en donde, además, incorporemos las notificación electrónica. En este orden de ideas, el fenómeno de la globalización ha generado una serie de transformaciones económicas, sociales y políticas, de las cuales los mexicanos no somos excepción, de este modo se reclaman al Estado nuevas formas para acceder a la justicia. Así, las instituciones que la imparten tienen el compromiso de modernizar el sistema jurídico, implementando los mecanismos que permitan enfrentar las nuevas demandas, con la finalidad de hacer más eficiente la impartición de justicia, ampliando su acceso, simplificado los procedimientos, reduciendo los costos y mejorando su calidad, por ello, es fundamental implementar el juicio en línea. LOS CONTRIBUYENTES, COMO PILAR DE LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁN CADA VEZ MÁS ÁVIDOS DE REIVINDICAR SUS DERECHOS ¿ES POSIBLE UN TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MÁS CERCANA A LA GENTE?

Existimos para la gente y servimos a la gente, sin embargo no solo basta fortalecer nuestra labor jurisdiccional, sino

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trabajar en absoluto apego a los mecanismos de racionalidad del ejercicio, de los recursos que nos sean asignados, de la transparencia y en apego irrestricto a la normatividad; éstos serán elementos imprescindibles en cada acto que este Tribunal lleve a cabo. Seremos muy estrictos en el ejercicio del gasto, y destinaremos los recursos públicos, primordialmente al cumplimiento de nuestro objetivo principal, la impartición de justicia. Nos apegaremos por convicción y compromiso a ejercer un gasto austero y eficiente, dentro de los márgenes que nos ordena la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. Además vigilaremos el correcto actuar de los funcionarios, trabajadores y personal de esta institución, señalando y denunciando cualquier acto de corrupción y nepotismo. Porque como un órgano impartidor de justicia ejemplar, representamos una institución que simboliza permanentemente la equidad, para preservar los equilibrios que son necesarios para mantener una vida social libre y armónica. A ESCASO TIEMPO DE QUE EL TRIBUNAL QUE PRESIDE CUMPLA 50 AÑOS, ¿CUÁL ES SU SENTIR Y LA PROYECCIÓN QUE TENDRÁ EN CUANTO A ESTA CONMEMORACIÓN?

Ciertamente el Tribunal que me honro en presidir cumplirá cincuenta años al servicio de la ciudadanía, motivo por el cual, tenemos la intención de compartir con la gente, con los diferentes órdenes de gobierno de nuestra ciudad, sus órganos autónomos, este importante acontecimiento. Para ello, organizaremos concursos de ensayos y mesas de debate para difundir sus nuevas atribuciones y, por supuesto, a través del Instituto de Especialización de Justicia Administrativa del Tribunal convocaremos a cursos, talle-

res, seminarios, licenciaturas y maestrías. Es una fiesta de la gente porque a ellos servimos, por lo tanto debemos ensalzar este acto con la impronta de que representamos ante todo, la honrosa administración pública. Decían los antiguos griegos que la nombradía del servicio público representa por sí sola la virtud, pues nadie llega a esos círculos sin tener un ápice de dignidad, honradez y nobleza. Nada más natural y lógico que esta alegoría quede perfecta al Magistrado Doctor Jesús Anlén Alemán, pues nadie jamás ha intentado poner en duda su rectitud, su ascetismo y su serio compromiso con la ciudadanía. Basta saber cómo vive – su pasión por su familia, la literatura, el trabajo y el deporte – y cómo se aviene a las instituciones que capitanea, siempre apegado al honor, porque es honor lo que lleva consigo y honor lo que reparte. Por eso un homenaje como este es justiciero, dicho esto sin eufemismos ni complacencias, y por ello dejamos testimonio de nuestra gratitud a quien simboliza la centelleante llama de la justicia, que está ahí para sentirnos seguros y confiados, con su sempiterna luz. También, aprovechamos para desearle la mejor de las suertes en su cotidiana labor, sabedores de que Céfiro, Austrus y Euros, los dioses del buen viento y de la bienandanza, le permitirán planear holgadamente a este gerifalte de vasto vuelo. Gloria, honor y larga vida a Jesús Anlén Alemán.

«Un jurista superdotado, por su erudición y por su solidez metódica; un referente del conocimiento jurídico, de precisa cita y evocación, un garante de las causas justas que simboliza el emblema de la administración de justicia»

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El CFDI 3.3 y la

satisfacción del acreedor con la

Extinción de Obligaciones

“Al momento de expedir una factura si fue satisfecho el interés del acreedor mediante cualquier forma de pago, se deberá señalar pago en una sola exhibicion y detallar la forma de pago correspondiente”

Juan Carlos Gómez Sánchez Contador Público. Presidente de la Asociacion Nacional de Fiscalistas.net ac 2018-2019. Socio Director de Especialistas Tributarios Gómez y Asociados s-c. @cpjcgomez

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LA REVISTA MEXICANA DE ESTRATEGIAS FISCALES / 27

EN EL PRESENTE artículo revisaremos el impacto del cfdi 3.3 y su efecto en la extinción de obligaciones de cobro y pago cuando queda satisfecho el acreedor de la operación. Si bien es cierto el artículo 29-a fracción vii inciso b) del Código Fiscal de la Federación nos señala: b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por Internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior. El cual a partir de su modificación en 2014, ya que anteriormente solo se refería cuando las operaciones se efectuaban en “parcialidades”, situación que se controvertía con la autoridad al argumentar que no es lo mismo el pago diferido, en abonos, al pago en parcialidades el cual se debería entender es aquel que se pacta en diversos pagos a efectuarse en determinado monto y tiempo, por lo que, al sufrir esta modificación y referirse a todo aquella operación que no se ha efectuado en una sola exhibición se convirtió en un problema administrativo con efecto fiscal principalmente a los contribuyentes que

solicitan la devolución de iva, mientras que la gran mayoría de los contribuyentes resultaba omiso con la emisión de esos cfdi posteriores a los posteriores pagos, no obstante, ahora con la versión del cfdi3.3 y el Complemento de Recepción de Pagos, donde cobra relevancia esta disposición, ya que se dispone de un complemento en cual se le indica al contribuyente como debe expedir dicho comprobantes de pago mediante la aplicación del complemento, para lo que la autoridad puede determinar el efecto de cobro y de pago del Impuesto al Valor Agregado, sin necesidad de contar con la información bancaria del contribuyente, por lo que, se logra amarrar lo detallado en el artículo 1-b de la liva: Artículo 1-b. Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.  Por lo que, ahora al momento de expedir una factura si fue satisfecho el interés del acreedor mediante cualquier forma de pago, se deberá señalar pago en una sola exhibicion y detallar la forma de pago correspondiente, o bien cuando este sea posterior es cuando entra la aplicación del Complemento de Recepción de Pago, el cual se debe expedir dentro de los 10 días naturales a que cierre el ejercicio, de tal forma que la autoridad tendrá los elementos para determinar el iva a pagar del contribuyente como sigue:

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facturas expedidas “pago en una sola exhibicion” complementos de recepcion de pagos emitidos

importe

iva

2,700,000.00

432,000.00

685,000.00

109,600.00

total de iva trasladado efectivamente cobrado facturas recibidas “pago en una sola exhibicio” complementos de recepcion de pagos recibidos total de iva acreditable efectivamen pagado iva a pagar del mes

LA REVISTA MEXICANA DE ESTRATEGIAS FISCALES / 29

541,600.00 2,445,000.00

391,200.00

748,000.00

119,680.00 510,880.00 30,720.00

“El contribuyente debe replantear la forma de hacer negocio, de proyectar el impacto impositivo de sus operaciones y realizar las consideraciones necesarias, planeando y proyectando fiscalmente su negocio con la anticipación debida” Para efectos de la determinación de los pagos provisionales de isr, la autoridad está logrando tener los elementos para su determinación, para el caso de los contribuyentes que tributan en base a la acumulación y deducción efectivamente cobrado y efectivamente pagado, como es el caso de los contribuyentes del Título ii, Capítulo vii (coordinados), Capítulo viii (Régimen de actividades primarias), Título vii, Capítulo viii (Opción de acumulación de ingresos personas morales) y las personas físicas, en cuyo caso con los elementos aportados por el cfdi 3.3. y el complemento de recepción de pagos, se tienen los elementos casi en su totalidad pues habría que considerar en estos caso el efecto de la deducción de inversiones, disminución de ptu pagada, en el caso de sector transporte y primario la aplicación de facilidades administrativas, pero sin duda da a la autoridad elementos para mediante determinados cruces de información establecer la congruencia sobre los comprobantes expedidos y los recibidos y el pago de isr determinado, y en su defecto enviar al contribuyente un requerimiento para revisión, mediante la modalidad de auditoría electrónica que ya conocemos mediante el mecanismo previsto en el Código Fiscal de la Federación, teniendo como elemento de contacto esencial el buzón tributario. Otro elemento a observar en el catálogo de formas de pagos, son los medios de extinción de obligaciones, anteriormente teníamos los relativos a las forma de pago en numerario prácticamente, ahora se agregan formas que pueden dar a lugar a la extinción de la obligaciones distinta al numerario como son la que resaltamos a continuación en el catálogo de forma de pago.

01

Efectivo

02

Cheque nominativo

03

Transferencia electrónica de fondos

04

Tarjeta de crédito

05

Monedero electrónico

06

Dinero electrónico

08

Vales de despensa

12

Dación en pago

13

Pago por subrogación

14

Pago por consignación

15

Condonación

17

Compensación

23

Novación

24

Confusión

25

Remisión de deuda

26

Prescripción o caducidad

27

A satisfacción del acreedor

28

Tarjeta de débito

29

Tarjeta de servicios

99

Por definir

Punto importante, ya que estas formas de extinción de obligación muchas veces eran aterrizadas por el contribuyente en fechas posteriores haber cerrado el mes o el ejercicio fiscal, es decir, algunas ocasiones en abril cuando se estaba presentando la decla-

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ración anual, al tener como resultado un impuesto sobre la renta elevado, se analizaban operaciones que se tenían con los diversos proveedores con los cuales dada la naturaleza de negocio (inclusive se tratan de partes relacionadas) se llevaba a cabo un contrato con efecto retroactivo para dar por extinguida la obligación y así lograr la respectiva deducción en el periodo deseado (cierre de mes o cierre de ejercicio) sin necesidad de flujo de efectivo, ya que pues efecto en flujo (cheque, transferencia) imposible hacerlo con efecto retroactivo, en consecuencia eran estrategias que se podían apegar, ¿que pasara ahora? El contribuyente debe analizar el impacto de sus operaciones inmediatamente cerrando el periodo (mes o ejercicio) y en caso de querer aplicar la extinción de obligaciones mediante alguna forma de pago contemplado en estos mecanismos (compensación, novación, condonacióon, confición, etc., etc.), se tendrá que plasmar el acuerdo en el complemento de recepción de pagos,

el cual recordemos se debe emitir dentro de los 10 días cerrado el mes. Aquí lo interesante será también observar si ya con este sistema de complemento de recepción de pagos, el cual es firmado electrónicamente por el emisor, será más que necesario el complemento de recepción de pagos, para que la autoridad considere válidos estos acuerdos (contratos) de extinción de obligaciones, pues actualmente cuando se da el caso, requieren que dichos contratos estén registrados o reconocidos mediante fe pública. Sin duda los puntos aquí planteados, deben llevar al contribuyente a replantear la forma de hacer negocio, de proyectar el impacto impositivo de sus operaciones y realizar las consideraciones necesarias, planeando y proyectando fiscalmente su negocio con la anticipación debida. Dejando la pregunta ¿empresario ya se emitieron los complementos de recepción de pago de todas tus operaciones pagadas o cobradas del ejercicio fiscal 2019?

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Consecuencias jurídicas

POR INCUMPLIMIENTO

ANTE EL FISCO

Martha Alicia Pacheco Vázquez Doctora en Materia Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango. Catedrática en la Universidad Autónoma de Durango nivel Posgrado. Miembro del Colegio De Abogadas Unidad Durango a.c. Subadministrador de Procedimientos Legales, en la Administración Desconcentrada de Durango “1”.

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HA SIDO NOTICIA de primera plana en los diferentes medios de comunicación el sinnúmero de reformas en los diferentes ámbitos del derecho, estrechamente relacionadas con la material fiscal, como los son el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal Contra la Deliencuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley de Seguridad Nacional y el nacimiento de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto de 2019, entrando en vigor el 10 de Agosto de 2019. Es del dominio general que los antecedentes de estas modificaciones, adiciones o creaciones, tienen su nacimiento desde ya hace algunos años como lo es en el 2014, año en el cual nace el artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación, con el cual las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación podrán iniciar un procedimiento a todas aquellas personas que no contaran con personal, infraestructura, activos y que hubieran expedido comprobantes en los cuales se consignaran operaciones inexistentes y como consecuencia de este procedimiento fueran publicados de manera definitiva en medios de mayor difusión como lo son el Diario Oficial de la Federación y en la página del Servicio de Administración Tributaria, teniendo dentro del mismo Código en sus artículos 108, 109 y 113 Bis, sanciones para quien expida, enajene compre o, adquiera estos comprobantes, afinando esta penalidad con la nueva reforma, incluyendo a los terceros, con vigencia a partir de 2020, adicionando una fracción iv al artículo 89, en la cual se señala que se ubica en este supuesto a quien permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes falsas o actos jurídicos simulados. Por otra parte con una profunda relación aunque con una carácter de previsora tenemos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones

con Recursos de procedencia Ilícita, reguladora de actividades vulnerables, misma que está destinada para recabar elementos útiles para prevenir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que sufrió su última reforma el 09 de marzo del 2018, siendo su objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. No obstante su carácter previsor, en su artículo 8, la Unidad de Inteligencia, dentro de sus facultades, encontramos la que se contiene en su fracción ix, que consiste en conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo ii del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, y coadyuvar con la Unidad Especializada prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones vinculadas en la materia, disposición que confirma la conexión entre las diversas leyes reformadas como lo es en este caso la Ley contra la Delincuencia Organizada y a la cual se adiciona una Fracción viii, viii Bis y viii Ter al Artículo 2, el cual reza: “Se considera Delincuencia Organizada cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: señalando dentro de sus fracciones en la viii, que Contrabando y su equiparable, pre-

“Ha sido noticia de primera plana el sinnúmero de reformas en los diferentes ámbitos del derecho, estrechamente relacionadas con la material fiscal, como los son el cff, la lfcdo, el cnpp, el cpf, la lsn y el nacimiento de la lned” 34 / DEFENSA FISCAL / MAR Z O / 2 0 2 0

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vistos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación y viii Bis, Defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, y los supuestos de defraudación fiscal equiparada, previstos en los artículos 109, fracciones i y iv, ambos del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción iii del Artículo 108 del cff. (* Mayor de $2,601,410.00) = $7,804,230 y viii Ter, las conductas previstas en el artículo 113 Bis del cff, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, superen 3 veces lo establecido en la fracción iii del Artículo 108 del cff. *) (* Aprox $2,601,410.00 x 3 = $7,804,230.)” De lo anterior podemos apreciar una red de leyes que se han sido modificadas y creadas con la finalidad que de manera conjunta las autoridades en sus diferentes ámbitos, cuenten las disposiciones legales que les permitan aplicar las sanciones que correspondan acorde al supuesto de hecho en que se ubiquen.

En este orden de ideas es conveniente señalar las reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Nacional consistentes en: Se Reforman las Fracciones xi y xii del Artículo 5 y se adiciona la Fracción xii, para quedar de la siguiente forma: Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: xi.- Actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o Contrainteligencia. xii.- Actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y xiii.- Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este punto sería necesario cuestionar el por qué se incorporan este tipo de delitos Fiscales se incorporó

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a la Ley de Seguridad Nacional, pregunta a la cual podremos responder que es de gran importancia que las autoridades cuenten con el elemento legal para poder perseguir y sancionar todos aquellos delitos que se cometan, relacionados con la salvaguarda de la sociedad. Continuando con nuestra investigación y tejiendo la red, encontramos al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se reforman los artículos: Artículo 167.- (…) Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: i.- Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones i y iv, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones ii o iii, párrafo segundo del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados Se dice del delito simple agravado por la adición de una circunstancia prevista por la ley, que altera la escala penal en relación con el delito simple. Art. 107 cff ii.- Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 109 cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción iii del Artículo 108, exclusivamente cuando sean calificados, y Calificado: Séptimo Párrafo del Art. 108 cff iii.- La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del cff., exclu-

sivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los cfdi, superen 3 veces lo establecido en la fracción iii del artículo 108 del cff. ($2,601,410 x 3) = $7,804,230 Artículo 187.- (…) No procederan los acuerdos reparatorios (…) Tampoco serán procedentes para las hipótesis previstas en las fracciones i, ii y iii del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código. Artículo 256.- (…) No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos (…) Para el caso de delitos fiscales y financieros (…) Un criterio de oportunidad es un supuesto en el cual m.p. decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo. Es decir, la Procuraduría ya determinó que sí existe un delito y además que existe la probable responsabilidad de un individuo, y aún así no presenta el caso ante la autoridad judicial. (que no implicaban mayor impacto para la sociedad). Indispensable también es mencionar al Código Penal Federal, el cual se suma a los demás ordenamientos reformados, en su Artículo 11 bis, el cual señala que para los efectos de lo previsto en el Título x, Capítulo ii del cnpp, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas (…): b. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos: vii. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación;

“La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición”

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viii. Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, del Código Fiscal de la Federación; viii Bis. Del Código Fiscal de la Federación, el delito previsto en el artículo 113 Bis; (Fracción adicionada dof 08-11-2019). Finalmente, la cereza del pastel, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, de la cual ya existía una Ley de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la cpem, publicada en el d.o.f. el 29 de mayo de 2009, teniendo su origen Constitucional hasta el 14 de Marzo de 2019, el Artículo 22 de la Carta Magna, se conformaba por dos párrafos y tres Fracciones, el cual se reformó y se adicionaron cuatro párrafos, publicado en el d.o.f. 14 de Marzo de 2019, quedando de la siguiente forma: La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus

productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. (Tercer Párrafo) Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. (Cuarto Párrafo) A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. (Quinto Párrafo) La Nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio se publicó en el d.o.f. el 9 de Agosto de 2019, vigente a partir del 10 de Agosto de 2019, Dentro de esta Ley, existen tres figuras: 1.- embargo (Posteriormente pasan a ser pro-

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“Es urgente la necesidad que tenemos los mexicanos piedad del Fisco Federal, cff) 2.- decomiso (Del Delito, Art. 40 cpf) 3.- extinción de dominio (Materia de este Tema, lned) Por lo tanto se aplicará esta Nueva Ley ed a los nuevos procedimientos de investigación de delitos, entre ellos la Corrupción, Delincuencia Organizada, Encubrimiento, Recursos de Procedencia Ilícita, Extorsión. Cabe mencionar que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los Bienes a que se refiere la Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados Bienes. Nuestra Ley señala en su Artículo 1.- La presente Ley Nacional es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, acorde con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso, en su vertiente civil que es la materia de esta Ley, vinculatorios para el Estado Mexicano. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular: HECHOS SUSCEPTIBLES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 1.- Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 2.- Secuestro. 3.- Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 4.- Delitos contra la salud. 5.- Trata de personas.

de contar con la seguridad, protección y salvaguarda de nuestros derechos, en todos los ámbitos de legalidad”

6.- Delitos por hechos de corrupción. 7.- Encubrimiento. 8.- Delitos cometidos por servidores públicos. 9.- Robo de vehículos. 10.- Recursos de procedencia ilícita. 11.- Extorsión. Una vez analizado el contenido de todas estas Disposiciones legales, es importante recapitular y valorar si con todos estos cambios y adiciones al universo del derecho, son en beneficio o perjuicio de los ciudadanos, y al final son normas para dar seguridad y protección a la sociedad; lo que si es de conocimiento general, es la urgente necesidad que tenemos los mexicanos de contar con la seguridad, protección y salvaguarda de nuestros derechos, en todos los ámbitos de legalidad.

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a i c n e s e r P ble

a s n e p s i a ind a t i se c

o d n ” c ua a t s i v e r t s n e t “E n e y u b i r t n o ac

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Las autoridades fiscales citan a entrevista a los contribuyentes, dentro de las llamadas “Caídas Recaudatorias”, que no son otra cosa más que reuniones… en donde cuestionan mediante un análisis del comportamiento fiscal del contribuyente”

Ernesto Rodríguez Hurtado Doctor en Derecho, Maestro en Amparo, Licenciado en Derecho, autor de los libros ‘Delitos Fiscales Perseguibles por Querella’ y Evolución Histórica de los Derechos Humanos en México.’ Funcionario público por más de 20 años en las áreas fiscal, penal y de auditoría. Certificado en Disciplina Fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

DESDE HACE ALGUNOS años, las autoridades fiscales citan a entrevista a los contribuyentes, dentro de las llamadas “Caídas Recaudatorias”, que no son otra cosa más que reuniones entre las administraciones de recaudación, auditoría, servicios al contribuyente y jurídica, en donde cuestionan mediante un análisis del comportamiento fiscal del contribuyente, ya sea una persona física o al representante legal de la persona moral, en dichos encuentros, mismos que hacen las propias oficinas del fisco, también pudiera tenerse la presencia de alguna otra persona que acompaña al contribuyente y en muchos de los casos es su contador interno o su contador externo. En el desarrollo del análisis que se le presenta al contribuyente es relativo a las omisiones que se encuentran en ejercicios o periodos pasados, las reuniones por si solas, no son cuestionables, pero si el hecho de que en ningún momento las autoridades fiscales cuando llevan a cabo las invitaciones para entrevista nunca se mencionan que para cumplir con la cita es necesario llevar o ser acompañado por su persona de confianza o por un abogado. Lo anterior pudiera parecer inverosímil, pero no es así ya que, las autoridades fiscales dentro del ámbito de su competencia debieran no

simplemente buscar el sentido recaudatorio a tales entrevistas, sino que, deberían conocer a profundidad sobre los derechos que le asiste a los gobernados y en este caso a los contribuyentes, toda vez de que para cumplir su objetivo deben de llevar el procedimiento de invitación, asistencia, desahogo y conclusión de la entrevista ante un abogado que haya sido designado por el contribuyente para que lo asista en sus derechos como contribuyente, en sus derechos humanos y en el debido procedimiento que se llevara a cabo durante el tiempo que dure la entrevista. Como bien sabemos el debido proceso es un mecanismo jurídico contemplado en nuestra Constitución federal y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde México ha sido parte firmante. Para reafirmar lo anterior basta que señalemos nuestro articulo primero de la constitución que indica: Articulo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá res-

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“Toda persona tiene derecho a una defensa adecuada por un abogado”

tringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece…. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Como se puede advertir de las transcripciones del artículo primero de la Carta Magna, es importante que las autoridades fiscales se adentren al tema de los derechos humanos a fin de que blinden a los contribuyentes la protección mas amplia de sus derechos en todo y cada uno de los procedimientos que se lleven a cabo; sabemos que la sola citación para entrevista pudiera no tener las características de un procedimiento especial, pero desde el momento mismo que las autoridades fiscales firman un oficio o documento para citar a los contribuyentes implica un procedimiento sumario en donde se le dice al contribuyente su diagnostico fiscal, es decir sus fallas, o sus fortalezas y el estatus que guarda su situación fiscal. ¿Qué pretenden las autoridades fiscales al citar a entrevista un contribuyente? Básicamente para las autoridades esto significa autocorrección, ¿Cuál es el impacto de la autocorrección? Sencillamente que el contribuyente pague los impuestos omitidos mediante la elaboración de sus declaraciones de ejercicios anuales omisos o períodos mensuales omisos, resultándole, derivado del diagnóstico que previamente realizó la autoridad, con pago a favor del fisco. Para mejor entendimiento, la autocorrección significa para las autoridades fiscales un importante porcentaje de la recaudación neta del país, no así las revisiones de visita domiciliaria o de gabinete, pero así como es importante la recaudación debiera ser también importante el que los contribuyentes se encuentren representados o apoyados por un abogado, independientemente que la ley expresamente no contemple la figura del asesor legal o jurídico como acompañamiento de los contribuyentes a las citas de entrevistas. Es decir, en atención a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en su artículo 2 fracción viii, nos dice que el contribuyente tiene derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tri-

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butaria. Este apartado si bien es cierto es interesante con respecto al respeto que debe de existir por parte de los funcionarios hacia los contribuyentes, no tiene mayor expresión más que el otorgamiento de un derecho que podría quedar dentro de una sana cortesía. Asimismo, un apartado del Código Fiscal de la Federación, específicamente en su artículo 19, nos dice que ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios, que la representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas dichas firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público. Lo anterior, únicamente significa que ninguna persona puede acudir a un trámite sin que tenga autorización expresa por parte del contribuyente. Las anteriores consideraciones legales, no pueden ser un argumento de las autoridades para dejar sin asistencia jurídica de un abogado a los contribuyentes citados para las entrevistas, en razón de que, existen principios rectores del derecho constitucional como los ya indicados en el artículo primero, asi como también en los artículos 14, 16 y 20 de nuestra Carta Magna, que vale la pena mencionar: Artículo 14… “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.” Si bien es cierto, este apartado del artículo 14 constitucional, nos habla que debe existir un juicio ante los tribunales establecidos y con las formalidades esenciales del procedimiento. Una entrevista no es

un juicio ante un Tribunal, tampoco es un procedimiento administrativo establecido en la ley, pero sí un encuentro formal previamente citado mediante un escrito firmado por los Administradores del Fisco, a lo que mínimamente deben de existir las condiciones para que una persona que acude a una cita con la autoridad fiscal debe de hacerse acompañar de un abogado especializado en materia fiscal para que lo auxilie y lo asesore ante una audiencia en donde se abordarán aspectos técnicosfiscales, es decir, un complicado análisis de la situación fiscal del contribuyente. Asimismo, nuestro artículo 20 de la Constitución, apartado b, en su fracción viii, nos dice que, ‘toda persona tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le asignará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera’. Como se podrá observar, este apartado constitucional es muy claro al señalar que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada por un abogado. Es cierto que la disposición nos habla del derecho penal, pero existen criterios en la doctrina y de jurisprudencia, en donde lo que es aplicable al derecho penal, lo es aplicable al derecho administrativo, muestra de ello es lo que nos indica las siguientes jurisprudencias:

“Es imprescindible que los contribuyentes se hagan acompañar de un abogado especializado en materia fiscal para mejor entendimiento y proveer en la esfera jurídica del propio contribuyente”

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Época: Décima Época Registro: 2015154 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. cxxviii/2017 (10a.) Página: 772 derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. alcance del artículo 17 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con los plazos establecidos por el legislador para la actuación de las autoridades administrativas. El ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas.

Época: Décima Época Registro: 2002649 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro xvi, Enero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 1a./J. 139/2012 (10a.) Página: 437 seguridad jurídica en materia tributaria. en qué consiste. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en “saber a qué atenerse”

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respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de “seguridad a través del Derecho”. Amparo en revisión 820/2011. Estación de Servicios Los Álamos, s.a. de c.v. 8 de febrero de 2012.

Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Amparo directo en revisión 251/2012. Maquilas y Detallistas, s.a. de c.v. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, s.a. de c.v. 25 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Amparo directo en revisión 1073/2012. Gold Medal Construction, s.a. de c.v. 27 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López. Amparo en revisión 416/2012. Teléfonos de México, s.a.b. de c.v. 8 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López. Tesis de jurisprudencia 139/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil doce. En suma, para que las actuaciones de las autoridades fiscales se encuentren apegadas a derecho y no se cometan aribitrariedades preeliminares que a la postre, ya sea en medios de defensa o juicios del orden penal, pudiera derivar en quejas o denuncias en casos de una citación indebida o de un procedimiento no establecido en la ley. Por ello, es imprescindible que los contribuyentes se hagan acompañar de un abogado especializado en materia fiscal para mejor entendimiento y proveer en la esfera jurídica del propio contribuyente, y las autoridades fiscales no podrán negar ese derecho de asistencia o acompañamiento legal.

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Doble tributación en el Impuesto al Ahorro Bancario

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Con

las reformas realizadas en materia fiscal aplicables para 2020, se realizaron múltiples especulaciones, lo que creó dudas entre los contribuyentes, como es el caso de llamado Impuesto al Ahorro Bancario y que no es otra cosa que el aumento a la retención que se aplica al interés sobre el capital que era de 0.46% y que subió a 1.45%. Dicho incremento se estableció en el artículo 21 la Ley de Ingresos de la Federación.

Christian Hiliana Cisneros Güereca Doctora en Materia Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango. Catedrática en la Universidad Autónoma de Durango Nivel licenciatura y postgrado. Maestra en Derecho de Amparo. Encargada de la Dirección de Auditoría de la Subsecretaría de Ingresos del Estado de Durango.

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“La obligación de retener de las instituciones financieras exenta a las cajas de ahorros, las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, asociaciones y partidos políticos, donatarias autorizadas y desde luego, a las instituciones gubernamentales”

Para ser precisos el aumento se establece en los artículos 54 y 135 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. De acuerdo al primer artículo la retención es ejecutada por las instituciones financieras que efectúan pagos por interés, es decir instituciones bancarias, fondos de ahorro para el retiro, las de intermediación bancaria y las dedicadas a los seguros y fianzas, siendo aquí donde nace la obligación pues estas empresas están obligadas a retener y enterar el impuesto establecido en la Ley de Ingresos. Las dudas han surgido sobre si el porcentaje de retención aplicará sobre el interés causado o sobre el capital. Al respecto el artículo 54 de Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente en este ejercicio establece: la obligación a las Instituciones del Sistema Financiero de retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de intereses, como pago provisional; postura confirmada por el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, al establecer que la tasa que aplicaran las instituciones financieras sobre el capital que dé

lugar al pago de intereses, tal y como se venía aplicando en el ejercicio anterior, siendo el único cambio para esta reforma el porcentaje de la tasa a aplicar. La obligación de retener de las instituciones financieras exenta a las cajas de ahorros, las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, asociaciones y partidos políticos, donatarias autorizadas y desde luego, a las instituciones gubernamentales. Esta retención se verá reflejada en la declaración anual por lo que las personas al hacer el balance entre el impuesto retenido y quizá la cantidad a pagar podría resultar un saldo a favor. Sin embargo hay un sector de los contribuyentes que pueden estar pagando una doble tributación y nos referimos a aquellos que podrían comprobar materialmente que el origen del capital ahorrado proviene de su ingreso; aquellos de su cuenta de nómina hacen transferencias a su cuenta de ahorros, por ejemplo, y que dicha cuenta de nómina deriva de una relación de trabajo existente. Lo anterior resulta debido a que si bien es cierto el artículo 31 en su fracción iv de la Constitución Federal nos da la obligación de tributar también es cierto que el artículo 1 de la Ley de Ingresos Sobre la Renta establece que las personas físicas, sobre las que abordaré el tema, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: i. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. ii. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. iii. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. Al respecto entonces tenemos que en el caso particular se daría una doble tributación, toda vez que el ingreso tiene como fuente sueldos y salarios. Quienes

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están en este régimen fiscal de salarios, es decir, los trabajadores y empleados que perciben ingreso por el producto de su trabajo, mismas cantidades que se suman al restos de sus prestaciones, los funcionarios y trabajadores de la Federación, entidades federativas y municipios, miembros de las fuerzas armadas, miembros de sociedad, cooperativas de producción que reciben anticipos y rendimientos, miembros de sociedades y asociaciones civiles que perciben anticipos, miembros de consejos directivos de vigilancia consultivos o de cualquier otro que perciben honorarios, administradores, comisarios y en general quienes perciben honorarios, las personas que prestan servicios, personas físicas que obtengan ingresos por ejercer la opción por su empleador o una parte relacionada del mismo. Existen diferentes conceptos de interés siendo el general que es la cantidad que se genera como producto o rendimiento de otra cantidad principal, en cuyo caso concreto hablamos de la cantidad de sueldo o salario que se ahorra y sobre la que se obtendrá un rendimiento. Lo que si resultaría un ingreso es el interés que genera el capital invertido y que debemos entender por intereses la Ley de Impuesto sobre la Renta en su artículo 8 publicada el 11 de diciembre de 2013, establecía

que son intereses todos los rendimientos de crédito, independientemente del nombre que se les designe. Por un lado, el artículo 90 de Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente establece la obligación de tributar para las personas residentes en México que obtengan ingresos, mientras que en el artículo 94 del mismo ordenamiento legal establece para el caso de salarios se consideran ingresos por la prestación de un servicio de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de su relación laboral. Por su parte, el artículo 93 de la ley multicitada en su fracción xx establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: Los intereses: a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras

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populares, provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de ésta, sin considerar los intereses devengados no pagados. En tal caso realizando una interpretación armónica de la norma la retención, se efectúa sobre el excedente de las cinco veces umas elevadas al año, debiendo considerar que la tasa de rendimiento de los intereses generados por el ahorro en relación con la tasa de inflación podrían generar no solo una falta de obtención de rendimientos en términos reales sino una disminución al capital, lo que estaría gravando con dos tasas distintas la misma base gravable. Los intereses reales se encuentran gravados en el artículo 134 tercer párrafo de la ley en comento

manifiesta: las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales los cuales son el monto en el que los intereses excedan el ajuste por inflación, lo que fortalece la teoría expresada en el párrafo anterior, al no haber un interés real y gravarse el capital se está sujetando al contribuyente a una doble tributación. Dicha doble tributación afecta el derecho al mínimo vital y la capacidad contributiva del contribuyente que son parte del derecho de proporcionalidad, por lo que abordaremos brevemente el concepto de mínimo vital, siendo la cantidad de ingreso básico fundado en la dignidad humana que te permite seguridad económica y la satisfacciones de las necesidades básicas del contribuyente y su familia. Dicho derecho no está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo es parte del principio de proporcionalidad de acuerdo a la interpretación armónica de la citada norma de los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25,27,31 fracción iv, y 123.

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“Estamos también ante la ilegalidad al violar los derechos de proporcionalidad y equidad tributaria, dentro de los principios de proporcionalidad, equidad, igualdad, solidaridad y no confiscatoriedad al vulnerar los derechos de mínimo vital y capacidad contributiva” Este concepto se encuentra interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que: “Se trata de un derecho por virtud del cual el legislador tributario debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, según sea el caso correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas, en el cual le está vedado introducirse, por no estar legitimada constitucionalmente la imposición de gravámenes sobre ese mínimo indispensable”. El Pacto Internacional de derechos Económicos, sociales y culturales en su artículo 11, numeral 1, señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Es decir que después de que el contribuyente cubra sus necesidades básicas que permitan su desarrollo como individuo, tendrá capacidad para poder contribuir con el gasto público. Sin embargo como se observa en el caso de los contribuyentes que acreditan la materialidad de tributar en sueldos y salarios, a cuyo ingreso se le retuvo el Impuesto Sobre la Renta y que fue ya sujeto a un gravamen, que al convertirse en capital para el ahorro del contribuyente vuelve a ser sujeto a la imposición de un tributo. Como se ha comentado, al no tener una utilidad real debido al bajo rendimiento ofrecido por el sistema financiero, la aplicación en el caso específico de la retención al capital que dá origen al pago de intereses, afecta el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 31 fracción iv de nuestra Carta Magna, y también los derechos que consagran el concepto de mínimo vital y la capacidad contributiva. Y al hablar de capacidad contributiva es necesario abordarlo también en forma breve consistiendo en que dicho concepto no se encuentra legislado en la constitución federal. Sin embargo, en una interpretación de la misma, se entiende derivado de los

principios de proporcionalidad, equidad, igualdad, solidaridad y no confiscatoriedad, contenidos en el artículo 31 fracción iv, por lo que podríamos definirlo como la posibilidad de realizar el cumplimiento de la obligación de contribuir al gasto público y que se encuentra protegida en el Pacto de San José de Costa Rica firmado en 1969, en los artículos 1, 2, 8, 9, 10, 21, 24, 25, 26, 29 y 32, en los que en una interpretación armónica al proteger los derechos humanos al establecer que mediante medios de defensa, los contribuyentes tienen derecho a la familia, a la comunidad por la seguridad de los seres humanos, dando la obligación al Estado para el desarrollo progresivo de los principios de igualdad, de propiedad privada, de los derechos económicos, sociales, de educación, científicos y culturales, para cuyo mínimo vital debe incluir. Por lo que en el caso específico de la aplicación de la retención debe aplicarla las instituciones financieras que efectúan pagos por interés, siendo estas instituciones bancarias, fondos de ahorro para el retiro, las de intermediación bancaria y las dedicadas a los seguros y fianzas, ante una ilegalidad no solo al existir una doble tributación para los contribuyentes que tributan en el régimen de sueldos y salarios que no presentan su declaración anual por lo que no pueden acreditar el Impuesto Sobre la Renta Retenido, y que como ya hemos comentado no obtuvieron un ingreso del capital debido a las tasas de interese bajos que están otorgando las instituciones financieras, sino que este estamos también ante la ilegalidad de la misma al violar los derechos de proporcionalidad y equidad tributaria, dentro de los principios de proporcionalidad, equidad, igualdad, solidaridad y no confiscatoriedad al vulnerar los derechos de mínimo vital y capacidad contributiva, por lo que podría ser materia de medios de impugnación y serán los tribunales quienes decidan.

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¿Incremento de

Impuesto Sobre la Renta para

Asalariados en Mexico?

David Ricardo Moreno Ramos Licenciado en Contaduría Pública y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Coahuila. Diplomado en Impuestos por el itam. Diplomado en Investigación e Inteligencia por John E. Reid and Associates, Inc. – Anacapa Sciences, Inc. 22 años en funciones en el sat y actualmente, desempeña el cargo de Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (sates).

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“En materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, salarios es el ingreso que obtienen los trabajadores por la prestación de un servicio personal subordinado, así como cualquier prestación que el trabajador obtenga derivado de la relación laboral” EL IMPUESTO SOBRE la Renta (isr) para asalariados en 2020 no experimentó aumento alguno, inclusive las tarifas que se utilizan para la determinación del cálculo de isr no sufrieron cambios para el 2020. La última actualización fue en el 2018 en términos del artículo 152 de la propia ley de isr. “Articulo 152 lisr Actualización de las cantidades de tarifas Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas en este artículo y en el artículo 96 de esta Ley, exceda del 10%, dichas cantidades se actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de

enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento.” En materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, salarios es el ingreso que obtienen los trabajadores por la prestación de un servicio personal subordinado, así como cualquier prestación que el trabajador obtenga derivado de la relación laboral, tales como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las percepciones recibidas a consecuencia de la terminación laboral, esto según el artículo 94 lisr. “Artículo 94 lisr. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral.” El Impuesto Sobre la Renta, es un impuesto directo sobre la ganancia, es decir la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas; cabe destacar que el asalariado no deduce en su cálculo ya sea semanal, quincenal o mensual, ya que solo puede aplicarlas al presentar su declaración anual, donde sobre la ganancia se le aplica la mecánica establecida en el artículo 96 de la Ley de isr, utilizando la tarifa y al impuesto determinado se le aplica la tabla de subsidio al empleo que tiene como objetivo disminuir el impuesto a pagar. Dicha tarifa se contempla en el citado artículo 96 de la lisr.

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TARIFA MENSUAL

Límite inferior

Límite superior

Cuota Fija

Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior

$

$

$

$

496.07 4.210.41 7.399.42 8.601.50 10,298.35 20,770.29 32,736.83 62,500.00 83,333.00 250,000.00 En adelante

0.00 9.52 247.24 594.21 786.54 1,090.61 3,327.42 6,141.95 15,070.90 21,737.57 78,404.23

0.01 496.08 4,210.42 7,399.43 8,601.51 10,298.36 20,770.30 32,736.84 62,500.01 83,333.34 250,000.01

1.92% 6.40% 10.88% 16.00% 17.92% 21.36% 23.52% 30.00% 32.00% 34.00% 35.00%

Fuente: Artículo 96 de la lisr.

De manera opcional, el trabajador podrá aplicar la tabla de subsidio opcional contemplada en el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado

en el dof el 26 de diciembre de 2013, ya que no obstante que esa tabla no es obligatoria, dicha opción otorga estímulos al trabajador.

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MENSUAL Límite inferior

Límite superior

Subsidio para el empleo

0.01 1,768.97 2,653.39 3,472.85 3,537.88 4,446.16 4,717.19 5,335.43 6,224.68 7,113.91 7,382.34

1,768.96 2,653.38 3,472.84 3,537.87 4,446.15 4,717.18 5,335.42 6,224.67 7,113.90 7,382.33 En adelante

407.02 406.83 406.62 392.77 382.46 354.23 324.87 294.63 253.54 217.61 0.00

Fuente: Artículo 1.12 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado en el dof el 26 de diciembre de 2013.

Ha surgido la incertidumbre en la clase trabajadora de que dependiendo de la forma de pago en que se recibe el salario, ya sea en efectivo o medio bancario (cheque o transferencia) se ve afectado aumentando o disminuyendo el impuesto, lo cual resulta totalmente falso, ya que esto no afecta de ninguna forma.

¿QUIÉN PAGA EL ISR POR SALARIOS? El trabajador, ya que el patrón solo tiene la obligación de realizar el cálculo y en caso de resultarle ISR a pagar, este último deberá retener el impuesto y

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enterarlo al sat, o en su defecto si le resulta subsidio al empleo, dicha cantidad se le pagará al trabajador. Cabe señalar que cuando se les retenga isr a los trabajadores, por parte de su patrón en sus pagos de salarios, dichos trabajadores podrán presentar su declaración anual a más tardar el mes de abril del siguiente año y aplicar deducciones personales conforme al artículo 151 de la lisr, así como estímulos fiscales y si derivado de esto le resulta un saldo a favor, podrán solicitarlo en devolución ante el sat, en términos de las disposiciones fiscales. CONCLUSIÓN Los trabajadores asalariados, en principio, no intervienen en la determinación y pago del ISR a su cargo, puesto que, conforme a la ley, dicha obligación es

del propio patrón. Sin embargo, el trabajador debe por sí mismo determinar el isr anual a su cargo cuando: presta sus servicios a dos o más patrones durante un mismo ejercicio o el monto de sus salarios excede 400 mil pesos anuales. Asimismo, aunque no esté obligado a ello, el trabajador asalariado puede voluntariamente determinar el isr anual a su cargo, mediante declaración anual. Cuando los trabajadores asalariados determinan por sí mismos el isr anual a su cargo, pueden realizar deducciones personales tales como: gastos médicos, dentales y hospitalarios del trabajador y sus dependientes; gastos funerarios del trabajador y sus dependientes; intereses reales por créditos hipotecarios destinados a casa habitación; aportaciones complementarias de retiro; primas de seguros de gastos médicos, entre otros.

“Ha surgido la incertidumbre en la clase trabajadora de que dependiendo de la forma de pago en que se recibe el salario, ya sea en efectivo o medio bancario se ve afectado aumentando o disminuyendo el impuesto”

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Inconstitucionalidad de la “Razon de Negocios” (ÚLTIMA PARTE)

Adán Pineda Torres Licenciado en Derecho con Maestría en Derecho Penal y Juicios Orales, y Maestrante en Derecho Procesal Laboral. Director General de la Firma luyam, s.c.

Siguiendo con este razonamiento, subsiste la inconstitucionalidad del artículo 5-a del Código Fiscal de la Federación por violentar también el derecho humano del debido proceso legal y el derecho fundamental de seguridad jurídica, tutelados por los artículos 14, primero y segundo párrafos y 16, primer párrafo constitucionales respectivamente y que en la parte que interesa dicen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…” "Artículo 16. nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autori-

dad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…” Así, el segundo párrafo del artículo 14 en estudio establece el derecho al debido proceso legal al precisar que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos…” Por su parte, del primer párrafo del artículo 16 se desprende el derecho fundamental de la seguridad jurídica al ordenar que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente…”, lo ha de acontecer que fundando y motivando la causa legal del procedimiento de que se trate. Ahora bien, por derecho al debido proceso legal se entiende como el acceso a la impartición de justicia ante los Tribunales previamente establecidos a través de un proceso legal –Juicio– y este derecho ha sido sometido a una interpretación constante y progresiva en

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la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, logrando definir los elementos que lo integran hasta hoy día, clasificándolos en dos vertientes: La primera.- Que es la que se refiere a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, es decir, 1.Desde quién es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, 2.- Desde quién insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia. La segunda.- La cual se refiere a la que se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, y las posesiones o los derechos.

Para fortalecer lo anterior, conviene analizar el texto de la Tesis Aislada 1a. iv/2014 (10a.), con registro 2005401, sustentada por la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo ii, Página 1112, Materia Constitucional, del rubro “derecho humano al debido proceso. elementos que lo integran”. Luego, deviene la inconstitucionalidad que se denuncia porque el cuestionado artículo 5-a del Código Fiscal de la Federación, permite y faculta a la autoridad administrativa a sustituirse en funciones al determinar una "Simulación de Actos Jurídicos" durante un procedimiento fiscalizador en esa sede, y no mediante el Juicio que procediera ante autoridad jurisdiccional -tribunal- competente. Situación que trastoca lo analizado por nuestro Máximo Tribunal, por cuanto hace al derecho humano del debido proceso legal que busca proteger a ambas partes de que tengan una posibilidad efectiva (sobre todo el justiciable) en igualdad de circunstancias de ofrecer pruebas y defender sus puntos de vista, lo cual en sede administrativa es difícil o casi impen-

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“Sigue la inconstitucionalidad del artículo analizado por violentar el principio de división de poderes, en relación el derecho humano del debido proceso legal y el derecho fundamental de seguridad jurídica” sable que se dé, porque la autoridad fiscalizadora cuenta con la presunción de legalidad que le concede el artículo 68 del Código Ejusdem, así como con la "discrecionalidad administrativa" que las más veces rebasa y avasalla por mucho sobre los procedimientos "reglados" de fiscalización que dicha autoridad ejerce. Siguiendo en ese razonamiento, por derecho fundamental de la seguridad jurídica en materia tributaria debe entenderse como la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado –contribuyente– jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. De allí, que la Ratio Legis o contenido esencial de dicho principio radica en “saber a qué atenerse” respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Esto quiere decir, que en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que la Carta Magna concede al derecho fundamental de la seguridad jurídica, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar su importancia como vehículo generador de certeza y su papel como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; lo que se traduce por una parte en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre jurídica a disposición y en pro del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa. En sustento a lo anterior, invoco el texto de la Tesis de

Jurisprudencia 1a./j. 139/2012 (10a.), con registro 2002649, sustentada por la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro xvi, Enero de 2013, Tomo 1, Página 437, Materias ConstitucionalAdministrativa, del rubro "seguridad jurídica en materia tributaria. en qué consiste." Así las cosas, de la redacción del artículo 5-a del Código Fiscal de la Federación no se desprenden certeza y certidumbre jurídica alguna en los términos que tutela el artículo 16 Constitucional, en relación y armonía con lo dilucidado por nuestra Suprema Corte en la referida Jurisprudencia dejando al –contribuyente– en franco estado de indefensión al no saber a qué atenerse respecto al alcance jurídico del cuestionado artículo y la actuación de la autoridad administrativa fiscalizadora, pues reiteramos, no todos los elementos o figuras jurídicas para ejercer la amplísima facultad de "presunción" allí concedida para declarar "sin efectos fiscales" los actos jurídicos y las operaciones de los causantes por carecer de razón de negocios se encuentran definidos, incluido el propio término "razón de negocios" tal y como temerariamente afirman y reconocen nuestros legisladores en su exposición de motivos, de lo que se sigue la inconstitucionalidad del artículo analizado por violentar el principio de división de poderes, en relación el Derecho Humano del debido proceso legal y el derecho fundamental de seguridad jurídica.

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Ilegalidad de las multas impuestas

por las Secretarías de Finanzas de los Estados, por contravenir el Pincipio de Tipicidad

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ANTECEDENTES DEL CASO: “…En fecha 6 del mes de septiembre del año 2019, se emitió un requerimiento con unas multas por obligaciones incumplidas, emitidas por el C. Director General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. “…El día 25 del mes de septiembre del año 2019 (fecha de notificación), la contribuyente tuvo conocimiento que la autoridad fiscal impuso unas multas por la cantidad total de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), por motivo de unas supuestas obligaciones omitidas en el mes de agosto de ese mismo año...” ¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD? En primer lugar, se debe partir del principio de que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón, por ser de aplicación estricta. Consideraciones contenidas en la Tesis de Jurisprudencia p./j. 100/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xxiv, agosto de 2006, página 1667, cuyo rubro reza: “tipicidad. el principio relativo, normalmente referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas.” LA REVISTA MEXICANA DE ESTRATEGIAS FISCALES / 65

Mario Humberto Milan Silva Licenciado en Derecho y Maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato. Articulista y Titular del despacho JFM Consultoría Legal. Twitter: @MilanSilva17

ILEGALIDAD IDENTIFICADA EN EL CASO CONCRETO: En relación a lo anterior, se le informan los motivos por los cuales se le impone (n) la (s) multa(s), así como el monto de cada una de ellas: MOTIVO POR EL QUE SE IMPONE LA MULTA

INFRACCIÓN

SANCIÓN

MULTA

agosto 2019

Se determinó Multa por no presentar la obligación de pago correspondientes a agosto del 2019

Artículo 81, fracción i del Código Fiscal de la Federación

Artículo 82, fracción i inciso a) del Código Fiscal de la Federación

$1,400.00

agosto 2019

Se determinó Multa por no presentar la obligación de pago correspondientes a agosto del 2019

Artículo 81, fracción i del Código Fiscal de la Federación

Artículo 82, fracción i inciso a) del Código Fiscal de la Federación

$1,400.00

OBLIGACIÓN(ES) PERIODO (S) OMITIDAS O MOTIVOS EJERCICIO (S) Declaración de pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (iva). Agosto 2019 Declaración de pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (isr) por servcios profesionales. Agosto 2019

total: $2,800.00

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“La autoridad fundó indebidamente su actuación, en razón de que la conducta imputada no se ubicó en el supuesto de infracción previsto en esta norma” Se sostiene lo anterior, ya que en los supuestos en que la autoridad fiscalizadora invoque como sustento para imponer multas conforme a lo dispuesto por el numeral 82, fracción i, inciso a), o en su caso, el inciso b), del Código Fiscal de la Federación, no serían ni el inciso a) ni el inciso b) el exactamente aplicable a la sanción de la conducta que se advertida como infracción, pues dicho precepto se refiere a la multa cuando no se presenten declaraciones por medios electrónicos y la conducta que normalmente se advierte y reconoce por parte de la fiscalizadora es que se presentaron las

declaraciones a requerimientos de la autoridad como lo prevé el inciso d), por lo que se colige que ese tipo de infracciones se imponen en contravención al principio de tipicidad que rige la materia de sanciones administrativas, al fundarse en un dispositivo inaplicable al concreto en cuestión. Lo anterior es así, pues para que puedan considerarse debidamente fundadas este tipo de multas, también se debe invocar el artículo 82, fracción i, inciso d), en relación con el diverso inciso a), o en su caso, b) del Código Fiscal de la Federación. Es por ello que, en este caso concreto la resolución determinante referida resulta ilegal, pues la hipótesis no encuadra con el numeral invocado con el cual se impusieron las multas en la resolución, como se desprende del siguiente análisis.

CUADRO 1:

ARTÍCULO CITADO POR LA AUTORIDAD

ARTÍCULO QUE DEBIÓ DE HABER INVOCADO LA AUTORIDAD

Numeral 82, Fracción i, Inciso a), del Código Fiscal de la Federación.

Numeral 82, Fracción i, Inciso d), del Código Fiscal de la Federación.

“De $1,400.00 a $17,370.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.”

“De $12,640.00 a $25,300.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.”

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El derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido Principio de Tipicidad” En efecto, en estos supuestos le asiste la razón a los contribuyentes en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la Tesis de Jurisprudencia que más adelante se invoca, determinó que el requerimiento de la autoridad hacendaria supone la omisión por parte

del contribuyente, y si ésta es subsanada después de la existencia de un requerimiento, no permite que se considere que fue cumplida en tiempo, sino de manera extemporánea, y esa extemporaneidad se encuentra sancionada por lo dispuesto en el artículo 82, fracción i, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, máxime que los incisos a) y b), se refieren lisa y llanamente a declaraciones, solicitudes avisos o constancias, que no deben presentarse por medios electrónicos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 2a./j. 206/2010, emitida por la Segunda Sala, por Contradicción de Tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xxxiii, Febrero de 2011, Novena Época, página 774. Que nos dice: “multa por cumplimiento de obligaciones fiscales en virtud de requerimiento previo de la autoridad fiscal. su fundamentación.”

A T UL

M

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CONCLUSIÓN: Así las cosas, dichas infracciones ameritan su nulidad lisa y llana, toda vez que la autoridad fundó indebidamente su actuación, en razón de que la conducta imputada no se ubicó en el supuesto de infracción previsto en esta norma, de tal modo que no existe adecuación entre el supuesto de sanción y lo previsto por el precepto legal. Robustece lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia en Materia Administrativa número 2a./j. 99/2007, emitida por la Segunda Sala, por contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo xxv, Junio de 2007, Novena Época, página 287. Que aduce: “nulidad. la decretada por insuficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa, debe ser lisa y llana.” Así como la Tesis de Jurisprudencia número 1a./j. 139/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro xvi, Enero de 2013, Tomo 1, Décima Época, página 437. Que a letra nos dice: “seguridad jurídica en materia tributaria. en qué consiste.”.

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Sin Reforma Fiscal no hay “Cuarta Transformación”

“No se buscará ninguna reforma fiscal porque eso obedece a la antigua política neoliberal”. Andrés Manuel López Obrador

Silvino Vergara Nava Doctor en Derecho Fiscal. Director General del despacho Consultoría Contencioso Administrativa, c.c.a.

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“Se están incrementando las penas para quienes cometen delitos fiscales. No hay más: de no haber reforma fiscal, no hay transformación alguna. A eso se le llama continuidad”

TODO GASTO DEBE ser estrictamente indispensable para la procedencia de su deducción; adicionalmente, hay que pagarles a los proveedores con transferencia electrónica o, bien, con cheque nominativo que expresamente indique que es para “abono de la cuenta del beneficiario”, siempre y cuando el monto de esa erogación sea mayor a dos mil pesos. Se deben expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por cada operación que lleve a cabo el contribuyente. Se debe retener el 6% del IVA a las empresas que prestan servicios de subcontratación, cuando alguien recibe una herencia o una donación y ésta sea mayor a 600 mil pesos, a pesar de no ser contribuyente o ser persona física menor de edad; además, se debe presentar una declaración anual informando dicho ingreso, etc., etc. y etc. Estos son simples ejemplos de las reformas fiscales que se han presentado desde el año de 2002, precisamente, cuando gobernaba el partido de mayor inclinación a las políticas de derecha de éste país; asimismo, se siguió otra serie de reformas fiscales hasta la fecha, provocando un desastre en la recaudación y la depredación total sobre los contribuyentes de a pie, sobre esos a los que les corresponde afrontar todos estas formalidades ante las autoridades fiscales en los procedimientos de fiscalización, sobre aquellos a los que el mínimo requisito omitido se convierte en un requerimiento, una orden de visita, un crédito fiscal, un embargo, una orden de aprehensión, etc. Y estas son las disposiciones fiscales que recibe la anhelada Cuarta Transformación, para la cual no resulta necesaria ninguna modificación. Los recursos de revocación deben ser presentados, exclusivamente, por medios electrónicos; no es factible por medio impreso. Todo contribuyente debe contar con cuenta bancaria, firma electrónica avanzada y buzón tributario, a pesar de que éste

país tenga escolaridad promedio de segundo año de secundaria. Incluso con este panorama, sobre estas disposiciones legales, la administración pública actual ha determinado que no será necesaria ninguna reforma fiscal, pues estas son del neoliberalismo y este gobierno —dice— apela por políticas de izquierda. Según las disposiciones vigentes, los productos preparados para su consumo causan el Impuesto al Valor Agregado. Por su parte, una reglamentación sostiene que los productos congelados no causan Impuesto al Valor Agregado. Por tanto: ¿el helado es un producto preparado para su consumo o, bien, es un producto congelado? Estos son los tipos de disposiciones que —se ha sostenido en las últimas noticias de este incipiente principio de 2020— no se reformarán. Entonces, de no haber reforma alguna: ¿dónde está la Cuarta Transformación por la que votaron 30 millones de mexicanos? El plazo para pagar o interponer un recurso o un medio de defensa, anteriormente, era de 45 días; la administración pública del gobierno anterior lo redujo a 30 días. Gobierno del cual vale destacar que es el mismo que implementó, por imposición de un organismo internacional, impuestos que gravaron las bebidas refrescantes y los alimentos no básicos para que las personas dejaran de consumir tales productos, con el argumento de que, por medio de los impuestos, se inhibiría el consumo de esos alimentos. Ahora bien, resulta que las últimas estadísticas han sostenido que estos impuestos son los que mayor incremento porcentual han obtenido. Así, estos impuestos lo que han causado es el incremento de la pobreza. Pero estas medidas son las que, según el partido, ahora mayoritario, no requieren reforma fiscal. De ser así, entonces: ¿dónde quedó la Cuarta Transformación? Es evidente que, sin reforma fiscal, no hay transformación. Lo primero que hicieron los protagonistas de aquellas históricas transformaciones de México fue derogar las cargas impositivas que existían en tiempos del siglo xix y principio del xx. En la denominada Cuarta Transformación no sucede lo mismo; por el contrario, se están incrementando las penas para quienes cometen delitos fiscales. No hay más: de no haber reforma fiscal, no hay transformación alguna. A eso se le llama continuidad.

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HISTORIA FISCAL

Por Osiris Cuamatzin Guzmán Licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica. Poeta, ensayista y narrador. Docente en la Escuela Militarizada de Derecho y en el Colegio Nacional de Sobrecargos. Co-Director de Brazo de Árbol. Editor de la Revista Defensa Fiscal.

De

las figuras retóricas se aviene una en especial

nes desearían borrarla; frente a quienes abo-

en los anales de la historia, del símil sustan-

gan hoy por intentar renacer el anti-juarismo.

cial nos allegamos a lo que constituye el “es-

Por ello, y por otras muchas razones, Juárez y

fuerzo”, que supone una acción del cuerpo o

todo lo que él representa estarán siempre en el

del espíritu para conseguir algo, el empleo

corazón de los mexicanos.

de elementos costosos en la consecución de

El joven pastor oaxaqueño, indio zapo-

un fin; el ánimo, el valor y la fuerza. La pala-

teca puro, que modernizó a México a escasos

bra ejerce un gran poder de seducción; por-

cincuenta años de vida independiente, evoca

que cualquier esfuerzo nos parece encomia-

la epopeya incólume del más célebre abogado

ble, digno de alabanza. El esfuerzo requiere,

que haya ocupado la Presidencia de la Repú-

por tanto, de la voluntad propia. Aun en el

blica. En la tertulia más simplista, en la locu-

caso de que se tratara de unos trabajos forza-

ción callejera, en la charla parlamentaria, en

dos, el esfuerzo para ejecutarlos necesitaría

el aula y en la conversación cotidiana, basta

que el cerebro activase los movimientos. Esa

el nombre de Juárez para que surja en nues-

actividad del ánimo encaminada a conseguir

tra mente su imagen morena, corbata y levita

algo venciendo dificultades, se ha quedado

intactas, mirada serena y visaje inmutable. El

incrustada en el subsuelo de nuestro hipotá-

vasto cosmos de nuestra conciencia, se cue-

lamo como símbolo del esfuerzo en la figura

la en la identidad nacional, y esa cartografía

de Benito Juárez.

contiene pléyades de principios inalienables,

Cuando nos preguntamos por el legado

códigos y normas heredados por generacio-

de Juárez, hay muchas razones por las cuales

nes de ancestros, galaxias enteras de ejem-

siempre regresa al centro de nuestra concien-

plos cívicos, planetas, estrellas y constelacio-

cia: la visión ineludible para la cimentación del

nes de citas célebres, hazañas heroicas y una

Estado, la incorporación de un gobierno laico,

combinación infinita de legado, simbolismo e

la defensa de la Nación, el establecimiento del

historicidad que nos dio Patria.

sistema legal, la austeridad republicana, la in-

En el rincón de nuestros espíritus que-

tegridad de la función pública y la lucha con-

dan igualmente enraizadas vibraciones y

tra los ejércitos extranjeros. El “esfuerzo”, por

querencias, emociones y resabios íntimos y

ello, es la primera asociación que el nombre de

todo lo que nos es entrañable para consumar

Juárez suscita. La visión y la conducta política

la fórmula con eso que llamamos concien-

de Juárez mantienen su vigencia frente a quie-

cia; filiaciones y acomodos de nuestra ima-

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“Benito Juárez simboliza el esfuerzo de una vida dedicada a la virtud, la voluntad inquebrantable fundamentada en la legalidad, la defensa de la soberanía nacional y la grandeza de la historia de México” ginación, fieles a la memoria. Es aquí donde la imagen

pues simboliza la Intervención Francesa, de

apoteósica vuelve a resurgir en la figura de Juárez, que

la que sólo el cernícalo conservadurismo se

encarna conciencia y memoria, memoria consiente o

puede vanagloriar con la guiñolesca figura de

conciencia memorial, sendas facultades que represen-

Maximiliano de Habsburgo. Cuando se allega

tan una verdad absoluta.

a nuestra mente la décima alegoría, estamos

De la matria, es decir el terruño, la primera imagen:

seguros que representa el Gobierno Itinerante

una flauta de carrizo y un rebaño de ovejas. La segunda:

de Juárez, un bizarro y desgastado carruaje, en

el lozano bachiller que abrevó en la filosofía con soltu-

el que viajaba la esperanza, la moralidad y la

ra recibiendo la Excelente nemine discrepante. La tercera:

ley. La decimoprimera imagen es portentosa:

el brillante abogado acreedor del primer título expedido

la Caída del Imperio y la Restauración de la

por la Corte de Justicia del Estado. La cuarta: el agua en

República. Finalmente, como si tratara de una

cresta; rector, regidor, ministro, diputado, secretario y

efigie que sólo los grandes ostentan, en la últi-

gobernador. La quinta imagen pertenece a su destierro

ma imagen hemos de ver a Juárez luchar hasta

en Cuba, impuesto por Antonio López de Santa Anna,

el final de sus días por preservar la legalidad

su llegada a Nueva Orleans y a la ayuda de los francma-

contra intereses mezquinos y antipatriotas. Es

sones de la mano de Melchor Ocampo. La sexta imagen

axiomático que la imagen número trece, que

responde innegablemente a la Revolución de Ayutla, al

según la masonería representa la Transforma-

derrocamiento de Santa Anna y la Presidencia de Juan N.

ción, el paso del hombre a la trascendencia,

Álvarez, que tuvo en Benito Juárez, un eminente Minis-

fuese su muerte. Postrado en la cama le dijo a

tro de Justicia e Instrucción Pública. Quizás la séptima

su médico que recordaba con unción a su tutor

nos traiga a la mente la Guerra de los Tres Años y la Gue-

en el Seminario, el Padre Salanueva, el francis-

rra de Reforma, la batalla imperecedera entre liberales y

cano que lo estimuló a estudiar desde joven.

conservadores y que marcó una diferenciación categóri-

José María Lafragua, Gabino Barreda y Rafael

ca, los que pretendían dotar a la élite de más privilegios,

Lucio estuvieron en su lecho de muerte, así

y los que luchaban por darle al pueblo una vida digna.

como toda su familia y amigos cercanos. No es

Esta misma imagen colora las Leyes de Reforma: la Ley

gratuito que algunos presentes le escucharan

de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos; la Ley

musitar una palabra en zapoteco, “guendaru-

del Matrimonio Civil; y la Ley sobre libertad de cultos.

chábi”, que tiene varias acepciones: esfuerzo,

Marca la octava imagen la Presidencia de Juárez a través

esperanza, autoestima y tenacidad. Allí, en el

de una voluntad inquebrantable por sostener la Repúbli-

metafórico Palacio Nacional, se apagaba una

ca. Baste decir que la novena es sombría e infortunada,

vida para encenderse un mito.

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HISTORIA FISCAL

Lejos de México o en los momentos co-

historia nacional, benefactor de la República.

yunturales en los que la Patria parece implo-

En nuestro México actual, la memorización

rar nuestra meticulosa asistencia, evocamos

de este personaje acude inexorablemente a

con orgullosa confianza la figura del Benemé-

la conciencia colectiva; el ideal de libertad,

rito de las Américas, trayendo a nuestra mente

la aventura de una vida, la virtud de un hom-

su obra y su trascendencia. Con una suerte de

bre, el Estado como garante de los derechos

nostalgia romántica, que llevamos bajo la piel,

universales, pero sobre todo, la resistencia de

acudimos a su retrato límpido al tiempo: sere-

enfrentar al enemigo, el emprendimiento de

no en su andar, ojos insondables, eterno frac,

lo imposible, la ponderación del honor, la de-

cuatro lenguas como excelencia elocucionaria,

fensa de los principios, el esfuerzo de toda una

amigo limítrofe de Abraham Lincoln y ultra-

vida, y por ello, cuando ante las dificultades y

marino de Víctor Hugo, esposo amoroso, padre

obstáculos tenemos fuerza y valor, entereza y

consecuente, procurador de los desprotegidos,

visión, dignidad y honra, solemos decir con es-

aliado de las lumbreras más encomiables de la

pecial orgullo: “lo que el viento a Juárez”.

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Recomendaciones

Fiscales

COMPLIANCE Luis David Coaña Be (Coordinador)

DEFENSA FISCAL CONTRA VISITAS DOMICILIARIAS DEL SAT Y OTRAS FORMAS DE COMPROBACION FISCAL Juan Raúl López Villa Este libro describe, de forma clara y precisa, la gran mayoría de las inconsistencias legales en las que pueden incurrir y han incurrido en estos últimos años las autoridades fiscales federales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, así como señala aquellas tesis de jurisprudencia vigentes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicables a cada caso, también incluye aquellas facultades de la autoridad mediante las cuales presume que el contribuyente ha llevado a cabo operaciones inexistentes (conforme a la última reforma del 25 de junio de 2018 al Código Fiscal de la Federación) y refiere los medios de defensa aplicables. Asimismo, este libro, fruto de un trabajo de muchos años, en sus anexos le proporciona al lector algunos formatos de medios de defensa.

Han pasado 6 años desde que fue publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales en México y, junto con ello, la entrada en vigor de uno de los tópicos más relevantes pero también más inexplorados en nuestro país: el de la posibilidad de atribuir una responsabilidad de corte penal a una empresa, la cual podría generarse a partir de la inobservancia del debido control organizacional en su seno. Por tal razón, muchos empresarios en nuestro país, preocupados frente a la posibilidad de que su patrimonio de años y años de esfuerzos se vea involucrado en procesos de índole penal con sanciones que van desde severas multas hasta la disolución de la empresa, han comenzado a preguntarse ¿qué hacer en caso de que surja una imputación penal hacia una persona jurídica? ¿cómo prevenir y/o evitar que mi empresa incurra en responsabilidad penal? ¿qué implica

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poder acreditar un “debido control organizacional”? Como respuesta a estas interrogantes ha surgido a la discusión pública, de manera por demás relevante, el tema del compliance penal para empresas y la necesidad que éstas tienen de implementar uno en su interior. En este libro que he tenido la fortuna de coordinar por invitación del inacipe y en coedición con la distinguida casa editorial española Tirant lo Blanch, se traza la ruta que, a juicio de los coautores –todos destacados especialistas en la materia a nivel internacional– conforman los retos que deberán afrontarse en México para la adecuada elaboración e implementación den un programa de compliance penal al interior de una empresa, así como las perspectivas que se han generado para la consolidación de un tema que actualmente ocupa gran parte de la discusión en materia penal a escala internacional y que, por ende, debe empezar a discutirse con la misma seriedad en México. Esperemos que este libro logre sembrar esa semilla.

RECONSTRUCCIÓN PRAGMÁTICA DE LA TEORÍA DEL DERECHO Ulises Schmill Ordónez En este libro el autor intenta hacer una reconstrucción, a partir de una hipótesis única, de los conceptos fundamentales de la teoría general del derecho. Para ello se basa en el principio metódico de la pureza kelseniana e intenta encuadrarlo dentro de una perspectiva más amplia. También trata de encontrar solución a problemas tan importantes como el de las normas irregulares y los conflictos normativos, a través de una hipótesis que presenta como forma de crear teóricamente el mundo jurídico.

DESPUÉS APARECIÓ UNA NAVE; RECETAS PARA NUEVOS CUENTISTAS Guillermo Samperio Por Javier Dorantes Samperio hizo una gran carrera como coordinador de talleres de creación literaria, como parte de esa experiencia legó un libro que seguirá sirviendo de guía a nuevos y no tan nuevos escritores. En él nos habla de la génesis de un texto, desde el momento en que el autor siente la necesidad de escribir y hasta su corrección. “La receta para nuevos cuentistas” comienza un “Breve cuento de la historia del cuento”, para después hablarnos de la génesis del texto: la interiorización del cuentista, la prefigura-

ción. El autor continúa con la figuración y la adecuación del cuento. Se analizan elementos importantes como: la tensión, los distractores, la confrontación, el uso de los verbos, el narrador, los personajes, los diálogos y la atmósfera. Además de los cuatro tiempos clásicos en que se divide: planteamiento, conflicto o nudo, desarrollo, clímax y final. También tenemos en el texto la experiencia de otros escritores, diagramas, ejercicios de escritura, una amplia bibliografía de cuentos y libros teóricos, guías y ejemplos de análisis de cuentos, etc. Todo en la obra es valioso, pero me gustaría destacar el momento en que Samperio habla desde su experiencia como autor: Uno de los cuentos más representativos de Guillermo es “La señorita Green”, que va de la mano con “Tiempo libre”. En Después apareció una nave. Recetas para nuevos cuentistas, narra cómo fue la génesis de ambas historias que tienen algo en común: tratar sobre una coloración anormal en el cuerpo; en el caso de Tiempo libre, letras. Sabemos que parte de la riqueza de todo texto literario es su polisemia, el significado externo que la historia pueda tener en “el mundo real inmediato”, el mundo de la vigilia. Así como los cuentos tienen puntos de encuentro también son muy distintos en algunos aspectos. La manera de narrar es muy natural, no tanto coloquial, en “La señorita Green”; incluso nos acercamos a la manera de hilar ideas de un niño. Podemos tomar como antecedentes El guardian entre el centeno de J. D. Salinger y el cuento “Macario” contenido en El llano en llamas de Juan Rulfo. La historia comienza cuando la protagonista es aún una niña, cae del columpio y se raspa una rodilla. En las descripciones que el narrador hace se nota cierta ternura y empatía hacía la protagonista, otro punto de encuentro entre Samperio y Salinger. El espacio es breve para hablar de la riqueza contenida en una obra a la que se le dedicó la vida entera. Eso es Después apareció una nave, un río generoso que desborda con la vitalidad y despreocupación natural que lleva la corriente.

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PARÁSITOS

UN SEGUNDO MTV UNPLUGGED

Bong Joon-ho

Café Tacvba

Toda la familia de Ki-taek está en el paro y se interesa mucho por el tren de vida de la riquísima familia Park. Un día, su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park. Es el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne. Palma de Oro en el Festival de Cannes por unanimidad del jurado, la obra maestra de Bong Joon ho (Memories of Murder, Mother, Snowpiercer) ha sido todo un fenómeno de crítica y público, arrasando en taquilla allí donde se ha estrenado. Ganadora del Globo de Oro a Mejor Película extranjera. Parásitos se convirtió en la película ganadora de los Oscares 2020, tras lograr cuatro galardones, entre ellos, el de mejor película. De esta forma se convierte en el primer filme de habla no inglesa en conquistar esta categoría convirtiéndose en una de las películas más importantes de la década.

En 2019 Café Tacvba cumplió 30 años y lo celebró con una larga gira que incluyó la grabación de su segundo mtv Unplugged, aquel formato acústico que la cadena televisiva popularizó en los noventa. Con este espectáculo, los mexicanos hicieron historia al convertirse en la única banda latinoamericana en volver al programa (el primero fue en 1995). Bajo la producción de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kérpel, Café Tacvba grabó Un segundo mtv Unplugged acompañado de un ensamble musical que incluyó orquesta sinfónica, cuerdas, percusiones, orquesta oaxaqueña, marimba, vibráfono, metales, arpa, saxo, y hasta uno de esos organillos que se ven en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El álbum abre con “La 11”, que traslada a aquel funk psicodélico del disco Revés (1999) a un terreno sinfónico. Además de las hermosas relecturas de “Eres” y “Volver a comenzar” (todas acompañadas de arreglos de cuerdas), el repertorio incluye una divertida versión de “El Outsider” grabada junto a David Byrne, y una tierna mirada de “Enamorada” (con la voz de Catalina García, cantante de Monsieur Periné). Excelente disco.

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