Resumen De Derecho Civil Para El Examen De Grado De Derecho De La Pontificia Universidad Católica De Chile

RESUMEN DE DERECHO CIVIL PARA EL EXAMEN DE GRADO DE DERECHO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Sebastián Videla Aspe Primer Semestre Año 2018

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Los siguientes apuntes tienen por objeto facilitar el estudio del examen de grado para aquellos que se encuentren preparándolo. Para ello se incluyeron solamente las materias que están incluidas en la cédula de derecho civil, sin perjuicio de agregar algunas materias excluidas en materia de “Teoría de la Ley” por la sostenida costumbre de parte de algunas comisiones de interrogarlas. Este resumen se ha estructurado en base a extractos de diversos manuales de estudio, a los cuales se les han adicionado jurisprudencia y algunos apuntes relativos a materias más modernas, los cuales se encuentran indicados en los pies de página. De los manuales empleados, es necesario destacar que se utilizaron: 1. Teoría de la Ley: Se utilizaron en su mayoría los apuntes de clases del profesor Juan Carlos Dörr Zegers. 2. Teoría del Acto Jurídico: Se utilizó el manual de “Teoría General del Acto Jurídico” del profesor Víctor Vial del Río. 3. Derecho de Bienes: Se utilizaron conjuntamente: a. Los apuntes de clases del profesor Cristián Boetsch Gillet. b. Los apuntes de clases del profesor Ramón Cifuentes Ovalle. 4. Obligaciones: Se utilizó el manual de “Obligaciones” del profesor René Ramos Pazos. 5. Fuentes de las Obligaciones: Se utilizaron conjuntamente: a. Los apuntes de clases del profesor Cristián Boetsch Gillet en “Teoría General del Contrato”, “Fianza”, “Hipoteca” y “Responsabilidad Extracontractual”. b. Los apuntes de clases de los profesores Carlos Pizarro Wilson y Álvaro Vidal Olivares en “Promesa”. c. Los apuntes de clases del profesor Ramón Cifuentes Ovalle en “Compraventa”. d. Los apuntes de clases del profesor Álvaro Vidal Olivares en “Mandato”. 6. Derecho de Personas: Se utilizaron en su mayoría los apuntes de clases del profesor Cristián Boetsch Gillet. 7. Derecho de Familia: Se utilizaron en su mayoría los apuntes de clases del profesor Cristián Boetsch Gillet. 8. Derecho Sucesorio: Se utilizaron conjuntamente: a. Los apuntes de clases del profesor Cristián Boetsch Gillet. b. El manual de “Derecho Sucesorio” del profesor Fabián Elorriaga de Bonis. Todo lo anterior, recordando lo señalado anteriormente, de ir complementando con bibliografía adicional en determinados puntos de los apuntes, los cuales se señalan en los pies de página. Espero sinceramente que estos apuntes puedan ayudar a aquellos que lo requieran,

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RESUMEN TEORÍA DE LA LEY – JUAN CARLOS DÖRR ZEGERS COMPLEMENTADO Y COMENTADO CAPÍTULO I: LAS FUENTES DEL DERECHO I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: Las Fuentes del Derecho, según su clasificación tradicional, son: 1) La Ley. 2) La Costumbre. 3) La Jurisprudencia. 4) La Doctrina. II.

LA LEY.

1. Concepto: El Art. 1 CC define la ley como “una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Esta definición es meramente formal. Una definición de más contenido material la encontramos en el Art. 60 N°20 CPR que la define como “toda otra norma de carácter general y obligatoria que establezca las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”. Planiol, a su vez, la define como “una regla social obligatoria establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza”. Ahora bien, el concepto del Código Civil de ley ha sido criticado por la doctrina por diversas causas: 1) Porque no define la ley por su contenido, sino por su forma: Esta es la critica más profunda, ya no expresa cual es el ser o entidad de la ley. 2) Porque la ley no es una “declaración de voluntad”, sino que de la inteligencia: La voluntad es acción; es la inteligencia la que discurre y declara. 3) Al limitar la ley a aquella norma manifestada en la forma prescrita por la Constitución, está excluyendo a la Constitución misma que es la Ley Fundamental. 4) En último término, al expresar el Código que la ley “manda, prohíbe o permite”, está ampliando el campo de la ley a las “leyes permisivas”, más propias de la Potestad Reglamentaria del Presidente de la República que al imperio de la ley. En virtud de lo anterior, se puede definir la ley según Santo Tomás de Aquino como “ordenación racional encaminada al bien común, dada y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad”. Que sea una ordenación racional excluye la arbitrariedad que se contiene en las leyes injustas. 2. Clasificación de la Ley: Desde el punto de vista de la sanción por su infracción, la doctrina clasifica la ley según los criterios emanados del Art. 1 CC cuando dice que la ley “manda, prohíbe o permite”. Tenemos entonces:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Leyes Imperativas: “Aquella que impone la obligación de hacer algo o el cumplimiento de un determinado requisito”. En el ámbito del derecho civil, son imperativas, por ejemplo, las normas relativas a las obligaciones del vendedor o las que exigen el requisito de la escritura pública para la compraventa de bienes raíces o inmuebles. Para determinar cuál será su sanción, deberá estarse a alguno de los siguientes criterios: a. En primer término, la sanción será la que establezca la propia ley. b. En segundo término, deberá estarse a los principios generales del derecho civil relativos a la ineficacia de los actos jurídicos, esto es, la teoría de las nulidades: i. Si es una norma de orden público y de derecho público: Será la nulidad absoluta. ii. Si es una norma de orden público y de derecho privado: Será la nulidad absoluta o relativa o la inoponibilidad. iii. Si es una norma de orden privado y de derecho privado: Será, a falta de sanción expresa, la responsabilidad, esto es, la obligación de indemnizar los perjuicios. 2) Leyes Prohibitivas: “Aquella que ordena no hacer algo bajo ningún respecto o condición”. El carácter de ley prohibitiva no lo da necesariamente la forma como la ley expresa su mandato. La ley tendrá el carácter de prohibitiva cuando, sea cual sea la forma de su redacción, implique que un determinado acto jurídico no puede hacerse en ninguna circunstancia. La sanción por la infracción de una norma prohibitiva es la nulidad absoluta (Art. 10 CC). Las leyes prohibitivas deben interpretarse restrictivamente. 3) Leyes Permisivas: “Aquella que otorga un derecho que queda al arbitrio de su titular”. Los derechos conferidos por las leyes a los particulares pueden ser libremente renunciados por ellos. El Art. 12 CC así lo reconoce al disponer que: “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia”. Como consecuencia, no puede hablarse propiamente de la infracción de una norma permisiva ni de su sanción. Es importante distinguir la renuncia del “no ejercicio” del derecho. Los derechos no se extinguen por su no ejercicio que es simple inactividad. 2.1. Otra Clasificación de las Leyes: La clasificación de las leyes en imperativas, prohibitivas y permisivas ha sido criticada por parte de la doctrina por estimar que las leyes imperativas siempre envuelven una prohibición y que, en consecuencia, no se justifica hacer de ellas dos categorías distintas de ley. Por su parte, rechazan la posibilidad de hablar de “ley permisiva” toda vez que, en derecho privado, lo que no está ordenado hacer ni está prohibido, cae de lleno en el campo de lo que los particulares pueden libremente hacer. Prefieren clasificar la ley según su naturaleza jurídica en: 1) Leyes Imperativas o Prohibitivas. 2) Leyes Declarativas: “Aquellas que determinan los efectos de los actos jurídicos cuando las partes intervinientes en él no las han previsto”. Estas leyes suplen el silencio de las partes.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Leyes Dispositivas: “Aquellas que resuelven los conflictos de intereses que se presentan entre personas que no han contratado entre sí”. Así, las normas que regulan la responsabilidad extracontractual son dispositivas. En realidad, estas normas no difieren de las normas declarativas. III.

LA COSTUMBRE COMO FUENTE DEL DERECHO.

1. Conceptos Generales: La costumbre puede definirse como “la observancia constante y uniforme de una regla de conducta por los miembros de una comunidad social, acompañada de la convicción de que responde a una necesidad jurídica”. Son así, dos los elementos de la costumbre: (i) un elemento externo constituido por actos uniformes y constantes y (ii) un elemento interno, que es la convicción de que la observancia práctica responde a una necesidad jurídica. 2. Requisitos de la Costumbre: 1) Pluralidad de actos. 2) Repetición de esos actos o conductas constitutivas de la costumbre durante un cierto lapso de tiempo. 3) Uniformidad en los actos constitutivos de la costumbre en términos tales que revelen acatamiento de un mismo principio. 4) Generalidad: Que sean actos ejecutados por la generalidad de los integrantes del cuerpo social o de la localidad o actividad donde la costumbre surja. 5) Convicción de que responde a una necesidad jurídica. 3. Clasificación de la Costumbre: 1) Costumbre praeter legem: “Aquella que rige un asunto para el que no hay ley”. 2) Costumbre secundum legem: “Aquella que consiste en un modo uniforme y constante de interpretar la ley o bien, que no existiendo norma en la ley, es la propia ley la que se remite a la costumbre”. 3) Costumbre contra legem: “Aquella que es contraria a un precepto o norma legal”. 4. Valor de la Costumbre: En Chile el valor de la costumbre depende de la rama del derecho de que se trata: 1) Derecho Civil: El Art. 2 CC señala que “La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella”. En ese sentido, solo vale la costumbre secundum legem. Varias normas del Código Civil se remiten a la costumbre, como los Arts. 1546, 1940, 1944, 1951, 1954 y 2117 CC. El Código, sin embargo, no define lo que es costumbre, ni como debe probarse, por lo que habrá que estar a lo que la doctrina jurídica entiende por tal y los medios de prueba generales establecidos en la ley. 2) Derecho Comercial: El Art. 4 CCom señala que: “Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, y reiterados por un largo espacio de tiempo, que 5

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio”. En ese sentido, vale la costumbre praeter legem y la secundum legem. A su turno, el Art. 5 CCom señala las formas como ha de ser probada la costumbre. 3) Derecho Indígena: El Art. 54 Ley N°19.253 aplica incluso la costumbre contra legem, al decir: “La costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia, constituirá derecho, siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. En lo penal se le considerará cuando ella pudiere servir como antecedente para la aplicación de una eximente o atenuante de responsabilidad”. 4) Derecho Penal: En el derecho penal (salvo lo visto entre indígenas) carece de todo valor. CAPÍTULO II: AUTORIDAD Y EFECTOS DE LA LEY I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: La autoridad de la ley es “el mérito y fuerza obligatoria que posee”. Los efectos son “los derechos y obligaciones que produce”. Los efectos de la ley se refieren al tiempo en que la ley tiene fuerza obligatoria, al territorio o espacio territorial dentro del cual se aplica y a la sanción que produce su incumplimiento. La ley adquiere su autoridad desde que entra a regir y, en principio, esto sucederá una vez que haya cumplido su tramitación en el Congreso, de conformidad con las normas constitucionales aplicables, haya sido “sancionada” por el Presidente de la República; “promulgada” por este y “publicada”. 2. Autoridad de la Ley Promulgada y Publicada: La ley es obligatoria para la propia autoridad, para los gobernados y para el Poder Judicial que debe interpretarla y aplicarla en caso de contienda entre partes. Así, el Art. 8 CC señala que “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia”. Esta última es una ficción legal en virtud de la cual la ley supone que la ley es conocida por todos, aun cuando en el hecho no lo sea. En consecuencia, no acepta la ley que alguien alegue ignorancia de la ley después de su entrada en vigencia. Es más, para el Código Civil, la alegación de ignorancia de la ley, en materia posesoria, constituye mala fe como aparece del Art. 706, inc. final CC. Por su parte, en materia de la teoría de los actos jurídicos, el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento (Art. 1452 CC). Ahora bien, existe una cierta tendencia de la legislación a limitar el efecto del conocimiento pregunto de la ley, como acontece en el Código Tributario que señala en el Art. 107 CT que para la aplicación de las sanciones el Director General del Servicio deberá tener en cuenta “3°. El grado de cultura del infractor. 4°. El conocimiento que hubiere o pudiere haber tenido de la obligación legal infringida”. 3. Derogación de la Ley: “Privación de la fuerza obligatoria de toda una disposición legal o de una parte de ella por mandato expreso o tácito de otra posterior”. La ley no puede ser derogada sino en virtud de otra ley de igual o superior jerarquía. Solo al legislador le compete la función de derogación, no pudiendo hacerlo las partes, sino que tan solo pueden dejar sin efecto normas de carácter supletorio.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Excepcionalmente una ley podría perder su eficacia sin que mediara otra ley, en casos muy particulares, como dice la doctrina “por causas intrínsecas”. Tal sería el caso de las leyes transitorias o las de expropiación una vez cumplidas. 3.1. Clases de Derogación: 1) En cuanto a la forma (Art. 52 CC): a. Expresa: Cuando el legislador en términos formales suprime la fuerza obligatoria de la ley. b. Tácita: Cuando una nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. El Art. 53 CC dice que: “La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”. 2) En cuanto a su extensión: a. Total: Queda sin efecto todo un texto o cuerpo legal, toda una ley. b. Parcial: Cuando solo se derogan uno o más preceptos de un determinado cuerpo legal, o de una ley. c. Orgánica: Esta ha sido aceptada en algunos casos por la legislación chilena y exige, para que se produzca, que la nueva ley reglamente o discipline toda una materia de que se ocupaba una ley anterior, aun cuando entre las disposiciones antiguas y las nueva no exista incompatibilidad. Su existencia se explica en que el legislador ha partido de un nuevo supuesto para regular la materia de que se trata. Un ejemplo es el Art. Final, inc. 1 CC que dice que: “El presente Código comenzará a regir desde el 1.º de enero de 1857, y en esa fecha quedarán derogadas, aun en la parte que no fueren contrarias a él, las leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan. Sin embargo, las leyes preexistentes sobre la prueba de las obligaciones, procedimientos judiciales, confección de instrumentos públicos y deberes de los ministros de fe, sólo se entenderán derogadas en lo que sean contrarias a las disposiciones de este Código”. 3.2. Problemas en relación con la Derogación de la Ley: 1) Derogación de la Ley Derogatoria: Consiste en determinar si por la derogación de una ley derogatoria revive o no la ley primitiva. La doctrina mayoritaria estima que no, salvo que expresamente y en términos formales la ultima ley, que llamamos nueva, así lo estableciera. 2) Falta de Uso Práctico de una Norma: También conocido como desuso de la norma, esta forma de derogación no existe en nuestro ordenamiento jurídico. 3) Contradicción entre una Ley General Posterior y una Especial Anterior: La doctrina al respecto está dividida: a. La ley general no deroga tácitamente a la especial: Doctrina mayoritaria. b. La ley general puede derogar tácitamente a la especial anterior (Ruggiere).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Jerarquía de las Leyes y Derogación: Se ha entendido que las normas jurídicas pueden ser derogadas tanto por normas de la misma jerarquía como por normas de superior jerarquía. Jamás la norma derogatoria puede ser de inferior rango que la derogada. 5) Derogación por Retruque: Se plantea en relación a la situación que se daría en el caso de existir leyes que regulando una materia se remiten a la regulación establecida para otra materia. Lo que se discute es qué ocurriría si se derogara la ley referida, ¿deja de existir la ley referencial? Para muchos ello dependería en gran medida de la posibilidad de la ley referencial en orden a operar autónomamente con las disposiciones de las cuales se apropió. 3.3. Cesación de la Vigencia de una Ley por Causas Intrínsecas: Puede dejar de estar vigente por: 1) Transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley. 2) La consecución del fin que la ley se propuso alcanzar. 3) La desaparición de una institución jurídica. 4) La imposibilidad que se produzca un hecho que era presupuesto necesario de esta. II.

EFECTOS DE LA LEY. A. Sección Primera: “EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TIEMPO”

1. Generalidades: Existen tres periodos relevantes: 1) El que existe entre su entrada en vigencia y su derogación. 2) El anterior a la entrada en vigencia. 3) El posterior a su derogación. 2. Aplicación de la ley desde que entra en vigencia hasta su derogación: La ley regirá respecto de todos los actos y hechos jurídicos ejecutados o acontecidos durante este periodo. 3. Aplicación de la ley a hechos anteriores a su promulgación: Conforme al Art. 9, inc. 1 CC “La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo”. Ahora bien, esta norma es una norma legal; en consecuencia, cualquier ley que establezca una aplicación retroactiva se entenderá que en ese caso primará sobre el Código y tendrá, en principio, tal efecto retroactivo. Esto significa que el Art. 9 CC solo es obligatorio para el juez, quien no podrá aplicar la ley retroactivamente; pero no es un limite a la facultad del legislador de dictar leyes retroactivas. Sin embargo, el legislador tiene limites establecidos en la Constitución Política para dictar leyes retroactivas: 1) El Art. 19 N°2 CPR que señala que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. 2) Tratándose del derecho de propiedad en todas sus especies, que no puede ser afectado por una ley posterior (Art. 19 N°4 CPR): Una ley posterior no puede entrar a regir afectando el derecho de propiedad adquirido bajo la ley antigua, ni privar los atributos esenciales del mismo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) La retroactividad que fije el legislador debe ser expresa porque sino el Art. 9 CC ordena al juez a tenerla por irretroactiva. 3.1. Disposiciones Transitorias: Comúnmente la ley contiene lo que se denomina “disposiciones transitorias” que tienen por objeto regular los efectos de la ley frente a los hechos o situaciones producidas con anterioridad a su vigencia. Así, estas normas transitorias fijan al juez las pautas o principios de aplicación de la ley a esas situaciones anteriores. 3.2. Retroactividad de las Leyes Interpretativas: Ley interpretativa es “aquella ley que aclara o determina el alcance o sentido de otra ley”. No deroga ni reemplaza a la anterior, sino que se limita a aclarar o determinar su sentido, esto es, como debe ser interpretada. El Art. 9, inc. 2 CC señala que “Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio”. Frente a esta norma, la doctrina se pregunta si esto significa que la ley interpretativa es retroactiva o no. En opinión del autor, si se tiene en cuenta que esa ley entra a formar parte de la ley interpretada fijando su sentido y alcance, debemos concluir que no tiene tal efecto retroactivo. 3.3. ¿Cómo determinar si una ley se está aplicando retroactivamente?: Frente a ello existen dos teorías: 1) Teoría de los Derechos Adquiridos y las Meras Expectativas: Esta es la teoría clásica y, en muchos aspectos, seguida por nuestra legislación. Según esta teoría una ley es retroactiva cuando lesiona intereses que para sus titulares constituyen derechos adquiridos en virtud de la ley antigua; pero no lo es cuando solo vulnera meras facultades legales o simples expectativas. De acuerdo con esta teoría los derechos adquiridos son “aquellos que surgen o nacen como consecuencia de un hecho apto para darles nacimiento bajo el imperio de una ley vigente al tiempo en que el hecho se ha producido y que han ingresado al patrimonio de las personas, aun cuando el momento en que se puedan ejercer suceda bajo el imperio de otra ley”. Las facultades legales y las meras expectativas son, en cambio “los supuestos para la adquisición de derechos y la posibilidad de tenerlos o la esperanza de adquirir un derecho futuro”. 2) Teoría de las Situaciones Jurídicas: Establecida por Paul Roubier en 1920, distingue entre: a. Efecto inmediato de la ley: Significa que la ley debe regular todas las situaciones que se produzcan desde que ella entra en vigencia, las que ya habían nacido y que se encuentran pendientes, en curso, y las que van a nacer durante su vigencia. Este es el efecto normal. b. Efecto retroactivo de la ley: Tiene lugar cuando la ley que entra a regir afecta a situaciones que ya se habían producido, sometiéndolas a su imperio. c. Efecto diferido de la ley, ultractivo o de supervigencia: Implica que la ley va a producir efectos después de su derogación. Sostiene Roubier que cuando se produce un cambio de legislación se confunde el efecto inmediato con el retroactivo, señalándose que se produce un efecto retroactivo cuando en realidad, según él, solo es efecto inmediato. La solución al problema la da el efecto diferido, como una excepción al efecto inmediato, pues el efecto jurídico de la situación gestada bajo el imperio de la antigua ley no va a quedar bajo el imperio de la nueva, sino que, bajo el imperio de la derogada, por aplicación del efecto diferido. 9

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Este efecto ultra activo puede provenir de la misma ley o puede tener lugar en todos aquellos casos en que una razón jurídica lo justifica. Es así como nace el concepto de situación jurídica, como “la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho a una institución jurídica determinada”. Para Roubier la situación jurídica puede encontrarse constituida, extinguida o en curso, y para determinar la retroactividad o irretroactividad de una ley habría que distinguir: a. Situación jurídica constituida y extinguida: No se ven afectadas por la nueva ley. Si la nueva ley dispusiera expresamente que estas situaciones quedan bajo su imperio, tal ley tendría carácter retroactivo. b. Situaciones en curso: Ellas van a quedar sometidas a la nueva ley producto del efecto inmediato de la misma. Si la nueva ley ordena que las nuevas situaciones sigan bajo el imperio de la antigua ley, se estaría derogando el efecto inmediato y aplicando el efecto diferido o ultra activo de la ley. Para Roubier esto tiene una excepción en materia de contratos, ya que la nueva ley queda privada de su efecto inmediato respecto de las situaciones en curso al momento de dictarse la nueva ley. Esto no es más que reconocer el efecto diferido en materia de contratos. 3.4. Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes: Tiene por objeto establecer normas generales basadas, fundamentalmente, en la teoría de los derechos adquiridos, esto porque el Art. 7 señala que: “las meras expectativas no constituyen derecho”. Para su análisis hay que distinguir: 1) Estado Civil (Arts. 2 al 7): El estado civil adquirido bajo la vigencia de la ley anterior subsiste bajo la ley posterior. Si la ley posterior exige requisitos distintos a los que antes existían, se aplica desde el momento en que empieza a regir. Los derechos y obligaciones anexos al estado civil se rigen por la nueva ley. 2) Capacidad (Art 7, inc. 2 y 8): La capacidad de goce se rige por la nueva ley. La capacidad de ejercicio, en cambio, adquirida bajo una ley anterior, no se pierde por la ley posterior. 3) Derechos Reales (Arts. 12, 15, 16 y 17): Los derechos reales adquiridos bajo una ley, subsisten bajo la otra. Su goce, sus cargas y su extinción, se rigen por la nueva. 4) Posesión (Art. 13): La posesión, no siendo un derecho sino un hecho, se rige por la nueva ley en plenitud. 5) Sucesiones (Arts. 19, 20 y 21): Los requisitos externos del testamento se rigen por la ley vigente al tiempo de su otorgamiento. Las asignaciones testamentarias, incapacidades o indignidades para suceder, por la nueva ley. 6) Contratos (Arts. 22 y 23): En todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. En lo único que rige la ley nueva es en cuanto a la forma de reclamar en juicio los derechos que el contrato otorga y en materia de penas para el caso de infracción. 7) Procedimientos Judiciales (Arts. 22 N°1 y 24): Las leyes procesales rigen “in actum”, esto es, todos los procedimientos quedan sometidos a la nueva ley. Sin embargo, los términos (plazos) que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias ya iniciadas, se rigen por la ley anterior. 8) Prescripción (Arts. 25 y 26): Tratándose de la prescripción adquisitiva o extintiva se otorga la opción de escoger entre el plazo de la ley antigua que hubiere empezado a correr o el de la ley 10

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe nueva, pero, si se opta por esta última, el plazo no empezará a correr sino desde la vigencia de la nueva ley. Si la nueva ley declara que algo es imprescriptible, no se podrá adquirir la prescripción bajo la nueva ley, sea cual sea el plazo que hubiere corrido bajo el imperio de la ley antigua. 4. Aplicación de la ley a hechos posteriores a su derogación (ultraactividad de la ley): La ley, al ser derogada por otra, pierde su autoridad y, en consecuencia, no podrá ser aplicada. Sin embargo, en materia de derecho privado, a veces la ley tiene “ultraactividad”, esto es, continúa aplicándose después de su derogación. Tal sucede con los contratos en los cuales, como hemos visto, se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su contratación. Entonces, planteada una contienda entre partes en relación a un contrato, el Juez para resolverla deberá aplicar la ley vigente al tiempo de su celebración, aunque esa ley se encuentre derogada. B. Sección Segunda: “EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TERRITORIO” 1. Generalidades: Todo Estado es soberano e independiente para ejercer en o sobre su territorio, la plenitud de las facultades legislativas y jurisdiccional. El territorio chileno está constituido por todo el espacio físico comprendido dentro de sus fronteras, por el espacio aéreo y por el mar adyacente que se extiende por 12 millas marinas desde la costa. De ello deriva que las leyes de un Estado solo son obligatorias en su territorio. Ahora bien, cuando una misma situación jurídica puede verse sometida a las leyes de Estados diferentes habrá un conflicto de legislaciones. 2. La Territorialidad y la Extraterritorialidad de la Ley: Los conflictos de legislaciones giran en torno a dos principios que son contrarios: que son el territorial y el personal o extraterritorial. Aplicándose el principio de territorialidad, cada Estado solo podría pretender que su ley se aplicara solo en su territorio, excluyendo, entonces, la extraterritorialidad de su ley. Aplicándose el principio de extraterritorialidad, todo Estado debería aceptar que en su territorio se aplicara extraterritorialmente la ley de otro Estado. Para solucionar los problemas prácticos de aplicar irrestrictamente estos principios surgió la denominada “teoría de los estatutos”. Esta teoría clasifica las leyes en personales y reales. Las primeras se refieren a las personas y son extraterritoriales, esto es, se aplican a las personas nacidas en un país aun cuando se encuentren en otro. Las segundas se refieren a los bienes y respecto de estos, la ley es territorial: se aplica la ley del lugar donde están ubicados los bienes. Hay también un estatuto mixto que es el aplicable a los actos y contratos en los que se conjugan elementos del estatuto real y personal. 3. La Situación de nuestro Código: Andrés Bello se apartó de la teoría de los estatutos. 1) Territorialidad de la Ley: El Art. 14 CC señala que: “La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros”. Esto implica que la ley chilena se aplica respecto de nacionales y extranjeros tanto desde el punto de vista de su persona, de sus bienes y de sus actos, apartándose así a la teoría de los estatutos. Podemos encontrar este principio de territorialidad, además en:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Los Arts. 120 y 121 CC que señalan que un matrimonio disuelto en el extranjero no habilita a ninguno de los cónyuges a casarse en Chile mientras no se disuelva en Chile. b. El Art. 997 CC que establece que los extranjeros son llamados a las sucesiones ab intestato abiertas en Chile de la misma manera y según las mismas reglas que los chilenos. Este principio de territorialidad tiene excepciones de derecho internacional y dicen relación con los soberanos extranjeros, los agentes diplomáticos y los buques de guerra. 2) Extraterritorialidad de la Ley: Si bien el Código Civil sigue el principio de la territorialidad de la ley y, en consecuencia, no se aplica en el extranjero, nuestro Código regula algunas excepciones a este principio: a. Leyes Personales: De conformidad al Art. 15 CC “A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero: i. En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile: Esta norma regula el caso del chileno que ejecuta un acto en el extranjero que haya de tener efecto en Chile. En este caso, en materia de capacidad y estado de las personas, el chileno se regirá por la ley chilena. ii. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos: En lo que respecta a sus relaciones de familia, los chilenos quedan sometidos a la ley chilena, aunque residan en el extranjero, pero solo respecto de su cónyuge o parientes chilenos. En este contexto, el Art. 998 CC protege a los parientes chilenos de una persona que fallece en el extranjero, reservando preferentemente a estos los bienes situados en Chile, teniendo los derechos hereditarios que la ley chilena les otorga y podrán ejercerlos preferentemente sobre los bienes del causante en Chile. b. Leyes Reales: “Aquellas que dicen relación con los bienes y que solo hacen referencia a las personas en cuanto titulares de esos bienes”. Respecto de ellos, el Art. 16 CC señala que: “Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile”. Esta norma tiene dos excepciones: i. Art. 955 CC que señala que la sucesión de los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, reglamentándose la sucesión por la ley del domicilio en que se abre: Es una excepción en cuanto la sucesión por causa de muerte, que es un modo de adquirir el dominio, se regirá por la ley extranjera si el causante muere en territorio extranjero. Esto tiene por contra excepción lo dicho respecto al Art. 988 CC. ii. Art. 16, inc. 2 que señala: “Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño”: Pero la disposición de este inciso tiene una contra excepción en el inc. 3 12

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe que expresa: “Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas”. c. Leyes relativas a los Actos: Hay que distinguir: i. Requisitos de forma o externos: Dicen relación con la forma del acto o contrato, esto es, con la manera en que habrá de constar su existencia. En este caso, rige el Art. 17 CC que dice: “La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. La forma se refiere a las solemnidades externas, y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese”. Aplicación de este principio, que se conoce como lex locus regit actum, la encontramos en: 1. El Art. 15 de la Ley de Matrimonio Civil que dispone que el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad a las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno. 2. El Art. 1027 CC al disponer que valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero. Este principio tiene dos excepciones: 1. El Art. 2017 CC que solo reconoce fuerza en Chile al testamento escrito otorgado en el extranjero. 2. El Art. 18 CC que dice: “En los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas”. Ahora bien, por último, se pregunta la doctrina que ocurre con los instrumentos privados, ya que el Art. 17 CC solo se refiere a los públicos. Somarriva entiende que debemos aplicar igualmente el Art. 17 CC. La mayoría de las opiniones, por el contrario, encuentran que los instrumentos privados deberán regirse por las normas y principios del derecho internacional privado. Según estas normas, los actores de un instrumento privado son libres de someter la firma del instrumento a las leyes del país donde habrá de producir efecto o del país donde se otorgue. ii. Requisitos de fondo o internos: Dicen relación con la capacidad de las partes para ejecutar el acto o contrato; con el consentimiento, con su causa y con su objeto. Los requisitos internos de un acto se rigen por las leyes del país en que se otorguen, salvo que vayan a producir efectos en Chile, ya que en ese caso los chilenos que intervengan, en cuanto a su capacidad, deberán sujetarse a la ley chilena. En cuanto a los efectos de los actos o contratos, estos se someterán a la ley chilena como lo dice el Art. 16, inc. 3 CC.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe CAPÍTULO III: INTERPETACIÓN DE LA LEY I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: La aplicación de la ley no es un fenómeno mecánico, sino que requiere del ejercicio intelectual de analizar la norma formulada en términos abstractos para encuadrar en ella el caso concreto que se presente. Y en esto consiste, precisamente, la interpretación. Se conjugan, así, dos elementos: uno abstracto que es la labor propiamente de interpretación por la que fijamos el “sentido” o “alcance” de la ley, y otro concreto que es la resolución del caso concreto conforme al sentido de la ley. La aplicación de la ley supone siempre una interpretación previa para ver si el caso concreto de que se trata queda comprendido en la hipótesis de la ley en cuya regulación se pretende someterlo. En este sentido, se suelen señalar como argumentos que confirman lo siguiente: 1) Para determinar si una norma es clara u oscura debe ser interpretada. 2) Las palabras y expresiones claras (univocas y precisas) prácticamente no existen. 3) Una norma debe ser aplicada siempre en relación con el resto del ordenamiento jurídico. 2. Sistemas de Interpretación: Para la realización de la labor interpretativa pueden darse las siguientes alternativas: 1) Sistema Reglado: El proceso de interpretación es regulado por la ley, la cual da las pautas que deben seguirse para interpretar. Este es el sistema chileno. 2) Sistema No Reglado: No se le dan al intérprete pautas a seguir en el desarrollo de su cometido. 3. Diversas Clases de Interpretación: La interpretación, dependiendo de quién emana, puede ser (i) doctrinal o privada, esto es, de los particulares; y de (i) autoridad o pública, que es la que proviene de la autoridad. Esta última puede provenir ya del Poder Legislativo, denominado legal o auténtica, o del Poder Judicial, a través de la decisión de asuntos concretos por las sentencias. El Art. 3 CC reconoce estos dos tipos de interpretación de autoridad al expresar: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. II.

INTERPRETACIÓN DOCTRINAL.

1. Concepto: “Aquella que hacen los estudiosos del derecho”. Es una opinión que no tiene fuerza obligatoria. 2. Métodos de Interpretación: Existen distintos métodos según la escuela: 1) Escuela de la Exégesis: Para ellos todo estaba resuelto en los Códigos y la función del Juez debía limitarse a aplicar directamente la ley con predominio de su tenor literal y enmarcado siempre en la intención del legislador. Esta escuela se critica porque no considera la evolución del mundo, el cambio de costumbres, el progreso social, los que no pueden dejar de estar presentes en la interpretación jurídica. Es indudable que el tenor literal de la ley y la intención del legislador son elementos de gran utilidad para

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe desentrañar el “sentido” de la ley, pero, obviamente, no pueden ser los únicos ni los más importantes. 2) Escuela de la Libre Investigación Científica: Postulan que, frente a la duda en cuanto al sentido de la ley, debe recurrirse no solo a las fuentes formales del precepto, que son la ley y la costumbre, sino también a la fuente real, que es la ciencia del derecho, creando el juez la norma con la cual resolverá el caso. Esta libertad que se asigna al Juez es naturalmente peligrosa por el contenido de inseguridad que esta teoría da al derecho formulado. 3) Escuela Histórica: Sustenta la interpretación de la norma dando preeminencia a la evolución historia de la norma, no como algo estático que responda a la voluntad del legislador al dictarla, sino interpretándola de acuerdo a las condiciones imperantes en el momento en que se aplica. 4) Escuela del Derecho Libre: Sostiene que el Juez no puede ser un esclavo de la norma positiva, ya que junto a la norma estatal existe un derecho libre, ya que la ciencia del derecho tiene fuerza creadora. Atenta esto contra la certeza jurídica. 5) Doctrina Teleológica: Von Ihering pone el acento en la finalidad de la ley como elemento esencial de interpretación, ya que el fin es el creador de todo derecho. 6) Escuela del Derecho Puro: Kelsen entiende que todo derecho proviene de la voluntad del Estado y no hay ideales jurídicos ni finalidades que buscar en la ley. Frente a la indeterminación de la norma, el Juez no debe recurrir a criterios ajenos al derecho positivo; el Juez debe optar por cualquiera dentro del margen de posibilidades que le concede la ley. Para hacerlo, no necesita recurrir a ningún criterio director. III.

INTERPRETACIÓN DE AUTORIDAD O PÚBLICA.

1. Interpretación Legislativa: El Art. 3, inc. 1 CC señala que: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio”. Esto lo hace mediante leyes interpretativas, las que se entenderán incorporadas a la ley interpretada. 2. Interpretación Judicial: El Juez, frente a las contiendas entre partes que se le presentan debe resolver. Para resolver, debe aplicar la ley para lo cual deberá efectuar la función interpretadora; y, si no hay ley que resuelva la materia propuesta, deberá efectuar una labor integradora del vacío legal o laguna de ley, formulando el principio de equidad conforme al cual resolverá. 2.1. Labor Interpretativa: “Conjunto de actividades indispensables para aplicar el derecho a los casos particulares que deben resolverse”. Comprende, entonces, dos fases: una primera de determinar el verdadero sentido de la ley; una posterior, de deducir de la norma general interpretada el derecho particular aplicable a la solución del caso propuesto. 1) Determinación del Verdadero Sentido de la Ley: Para esto los Arts. 19 a 24 CC le señalan al juez los elementos que debe tener en cuenta en su labor interpretativa. Estos son: a. El Elemento Gramatical: Los Arts. 20, 21 y 19, inc. 1 primera parte CC se refieren a este elemento de interpretación. El Art. 20 CC dice que: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”. 15

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Ahora bien, el Art. 21 CC añade que: “Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso”. Es decir, en términos generales, el sentido natural y obvio de una palabra será el que establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; sin embargo, en oportunidades habrá que recurrir al sentido que se da a la palabra en el medio que se emplea. Y, si el legislador ha definido una palabra expresamente, deberá estarse a ese concepto y no otro. Es importante notar que el Art. 19, inc. 1 CC señala que: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”. Lo que se exige no es una claridad de las palabras, sino del sentido, por lo que por muy clara que sea la palabra, no por eso el juez tendrá que atenerse a ella. Pero, una vez conocido el sentido literal de la ley, no podrá desatenderlo. b. El Elemento Histórico: El Art. 19, inc. 2 CC señala que: “Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento”. El recurrir a esta historia tiene por objeto indagar los objetivos de la ley, esto es, su intención o espíritu para llegar a determinar su sentido literal cuando está oscuro; no la voluntad del legislador, esto es, no lo que, al momento de dictarla, tuvo en vista el legislador, sino la intención o espíritu intrínseco de la ley. Por ello es la intención o espíritu de la ley, no del legislador. c. El Elemento Lógico: Busca la correspondencia de la norma interpretada con las diversas partes de la misma ley, porque es lógico que entre las distintas disposiciones de una misma ley exista unidad conceptual y de criterio. Esta consagrada en el Art. 19, inc. 2 CC en cuanto señala: “Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento”; y en el Art. 22, inc. 1 CC que señala: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”. d. El Elemento Sistemático: El elemento sistemático busca su correspondencia más allá de la propia ley, analizando otras leyes, especialmente si versan sobre la misma materia. Así lo expresa el Art. 22, inc. 2 CC: “Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”. e. El Espíritu General de la Legislación: El Art. 24 CC expresa que: “En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural”. El espíritu general de la legislación son los principios generales del derecho que infunden nuestra legislación, los cuáles son “ideas inspiradoras relevantes que explican el fundamento de la generalidad de las normas del Derecho Privado y permiten una adecuada armonía y vinculación entre ellas”. Los más importantes son: 16

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. La Autonomía de la Voluntad: Descansa en que las personas en ámbito del derecho privado gozan de la libertad para crear sus propios actos jurídicos, según la conveniencia de sus propios intereses, siempre que no vayan contra la ley, el orden público y las buenas costumbres. Este principio se manifiesta en: 1. La adquisición de derechos subjetivos patrimoniales: Las personas pueden renunciar a sus propios derechos siempre que miren al propio interés del renunciante (Art. 12 CC). 2. Materia de bienes: Se puede renunciar al derecho de propiedad que se tiene sobre una cosa. 3. Los requisitos del acto jurídico: Al aludir el Art. 1445 CC que, dentro de los requisitos de validez se encuentra el consentimiento libre de vicios. 4. Materia de contratos: El Art. 1444 CC establece la facultad de las partes de modificar las cosas de la naturaleza de un contrato o agregarles las cosas accidentales por medio de clausulas especiales emanadas de su voluntad; y el Art. 1545 CC dispone que el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 5. Las normas de interpretación de los contratos: La voluntad de las partes tiene un rol principal como herramienta al momento de interpretarlos conforme lo que dispone el Art. 1560 CC. Este principio, sin embargo, tiene los siguientes límites: 1. La Ley: En dos sentidos: a. Un acto no puede transgredir la ley. b. Dicho acto no puede hacer dejación de aquellos derechos que la ley declara irrenunciables (Art. 12 CC). 2. La protección del Orden Público y las Buenas Costumbres: c. Orden Público: “La organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad”. d. Buenas Costumbres: “Aquellos usos uniformes que la sociedad considera en un momento dado como normas básicas de convivencia social”. 3. La protección de los derechos legítimos de terceros. ii. La Protección de la Buena Fe: La buena fe tiene dos conceptos: 1. Buena Fe Subjetiva: “Actitud mental que consiste en ignorar que se perjudica ilegítimamente un interés ajeno o no tener conciencia de obrar contra derecho”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Buena Fe Objetiva: “Observar, ejecutar y/o realizar la conducta con miras a cumplir la expectativa ajena o en observar fielmente la palabra empeñada”. Nuestra legislación privada parte del supuesto que los particulares están y actúan de buena fe en sus relaciones jurídicas, es decir, existe una presunción general de buena fe en el derecho privado. iii. La Reparación del Enriquecimiento Sin Causa: “Enriquecimiento que se produce en el patrimonio de una persona en desmedro de otra, sin causa legitima que lo justifique”. iv. La Responsabilidad: “Deber jurídico de reparar los daños o perjuicios que se producen con ocasión del incumplimiento de una obligación”. La obligación es un deber de conducta tipificado en la ley. v. El Respecto por las Personas e Igualdad ante la Ley: En este contexto, el Art. 55 CC señala que: “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y extranjeros”; y el Art. 57 CC dice: “La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código”. vi. La Libre Circulación de los Bienes. f.

La Equidad Natural: Agotados los recursos anteriores, el Juez deberá recurrir a la equidad natural, tal como expresa el Art. 24 CC citado precedentemente. Por equidad natural entendemos “el sentimiento de justicia o sentido instintivo de justicia aplicado al caso concreto, esto es, la justicia del caso particular”.

En cuanto al Orden de Aplicación de los Elementos de Interpretación, no hay un orden determinado, pero pareciera en todo caso que el elemento sistemático se aplicaría en defecto de los otros elementos, mientras que el elemento gramatical sería el primero en aplicarse. En ese sentido, se ha discutido si el elemento gramatical prevalece por sobre los demás, ya que señala el Art. 19 CC que, si el sentido es claro, no se debe desatender el tenor literal. Ante ello se ha dicho que por tenor literal se entiende el sentido de la ley, no el sentido meramente gramatical. 2) Aplicación de la Norma al Caso Propuesto o Lógica Jurídica: Determinado el sentido abstracto de la ley la labor del intérprete no se agota, ya que debe aplicarla al caso particular. Para aplicar la norma en abstracto al caso concreto existen ciertos principios o argumentos clásicos utilizados en la controversia jurídica, algunos de los cuales, incluso, se encuentran incorporados en el Código: a. Primacía de la Norma Especial sobre la General: El Art. 13 CC señala que: “Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición”. b. Sentido Genuino (Art. 23 CC): “Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe precedentes”. Esto tiene una excepción en materia penal, donde se aplica el principio in dubio pro reo, o interpretación más favorable al reo. c. Lo Excepcional es de Derecho Estricto: Las normas que constituyen una regulación excepcional deben ser interpretadas de manera restrictiva y circunscritas exclusivamente, sin ninguna excepción, al caso en que son aplicables. Una norma excepcional no puede extenderse por analogía a otros casos no contemplados en la norma y debe existir una concordancia absoluta entre la excepción de la normal excepcional y el caso o situación a la que se aplica. d. Cuando la Ley no distingue, no es licito al intérprete distinguir. e. Argumento de Analogía o “a pari”: Según este argumento, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Esto significa que un caso no resuelto expresamente por la ley puede resolverse por la ley que rija para un caso análogo o semejante. Este principio está reconocido en cierta forma en el Art. 22, inc. 2 CC cuando expresa como elemento de interpretación que: “Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”. Algunos piensan que la analogía es integración de la ley, esto es, creación de derecho frente a una laguna o ausencia de ley. El autor no esta de acuerdo con esto: la labor integradora de una laguna de ley procederá cuando no haya ni siquiera norma análoga a la que recurrir. f.

Argumento “a contrario sensu”: Incluida una cosa se entienden excluidas las demás.

g. Argumento “a fortiori”: La ley se extiende a aquellos casos en que concurren razones más poderosas para aplicarlas que en el mismo caso previsto. Este argumento se descompone en dos aforismos: i. Quien puede lo más, puede lo menos: Si alguien puede vender, es lógico que pueda gravar. ii. Al que le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más: Si a alguien se le prohíbe hipotecar, con mayor razón le está prohibido vender. h. Argumento del absurdo: Debe rechazarse cualquier interpretación que conduzca al absurdo porque ello implica atentar contra el sentido lógico de la norma. 2.2. Labor Integradora: “La Laguna de la Ley”: Se presenta cuando no hay ley que resuelva la contienda. El juez, por imperativo del Art. 73, inc. 2 CPR y 10 COT tiene la obligación inexcusable de resolver todos los conflictos entre partes que se les someta, aun cuando no haya ley que resuelva la contienda. En estos casos, según aparece del Art. 170 CPC, el Juez deberá fallar conforme a principios de equidad. Es importante que por principios de equidad no entendemos a lo “justo” que el juez pueda tener, sino que remite a un concepto de “equidad constituida” en contraposición a la “equidad “ruda”, es decir, debe ser aquella equidad reflejada por la doctrina del derecho y los textos legales. La equidad ruda es la subjetiva y cordial representación del juez acerca del mejor modo de resolver el problema planteado, lo cual fácilmente puede mudar en una arbitrariedad. 2.3. Clasificación de la Interpretación Judicial por el Resultado:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Interpretación Declarativa o Estricta: Aquella en que se concluye que las situaciones reguladas por la ley son precisamente las que se desprenden de su tenor literal. 2) Interpretación Restrictiva: Aquella en que se concluye que las situaciones regladas por la ley son menores que las que se desprenden o se pudieren desprender de su tenor literal. 3) Interpretación Extensiva: Aquella en que se concluye que las situaciones previstas por la ley son más amplias que las que se desprenden de su tenor literal.

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RESUMEN TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO, VÍCTOR VIAL DEL RÍO COMPLEMENTADO Y COMENTADO CAPÍTULO I: LA TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: Desde tiempos remotos se ha procurado encontrar el elemento vinculante de las diversas instituciones del derecho privado. A primera vista, lo único que relaciona a los actos es que surgen como consecuencia de la voluntad del hombre. Sin embargo, partiendo de dicho elemento común es posible encontrar otros: en primer lugar, tales actos surgen de una manifestación de voluntad hecha con un propósito determinado, propósito que inspira a la parte o partes que intervienen en la manifestación; y, en segundo lugar, dichos actos producen efectos jurídicos, pues crean, modifican o extinguen una relación jurídica. A estos actos voluntarios que realiza el hombre con un propósito definido y característico y que producen efectos de derecho, se da en doctrina la denominación de “actos jurídicos”. 2. Fundamento Histórico de la Teoría General del Acto Jurídico: En el siglo XVIII, y a la luz de los principios filosóficos de la Ilustración, se consagra y reafirma que el hombre es libre en todo el ámbito de su actuar. En el campo jurídico este concepto tan amplio de la libertad personal se manifiesta en el denominado principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual se considera que el hombre se relaciona y se obliga con otros porque tal ha sido su voluntad. Esta facultad de las personas para celebrar los actos jurídicos a través de los cuales puedan crear, modificar o extinguir derechos subjetivos, es la que reconoce el principio de la autonomía de la voluntad o de la libertad contractual, como también se le denomina. 3. La Teoría del Acto Jurídico en el Código Civil Chileno: El Código Civil chileno no acoge ni regula expresamente una figura general del acto jurídico. Desconoce incluso el término. Sin embargo, se puede construir por abstracción una figura unitaria. Hay consenso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que todos los actos jurídicos se rigen por las normas del Libro IV del Código Civil chileno, titulado “De las Obligaciones en General y de los Contratos”, a menos que el tenor de la disposición o la naturaleza de las cosas las limiten solamente a las convenciones o contratos. 4. Los Hechos Jurídicos. Conceptos Generales: El termino hecho, tomado en un sentido amplio, es “cualquier tipo de acontecimientos, actuaciones, sucesos o situaciones”. Es decir, comprende tanto los fenómenos de la naturaleza como todos los actos que realiza el hombre. De ahí que existan: hechos naturales y hechos del hombre. Ahora bien, no todos los hechos interesan al derecho, pues algunos son jurídicamente irrelevantes e indiferentes. De aquí nace una segunda clasificación: hechos jurídicos y hechos no jurídicos, simples o materiales. Se afirma en doctrina que un hecho está dotado de relevancia jurídica cuando su acaecimiento permite cambien una realidad preexistente, creándose nuevas situaciones que van a tener una distinta calificación jurídica. Se define hecho jurídico como “el acontecimiento de la naturaleza o del hombre que produce efectos jurídicos”. Para la doctrina tradicional los efectos jurídicos consisten en la adquisición, modificación o 21

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe extinción de derechos subjetivos. Hay autores que tienen una concepción más amplia: los efectos jurídicos dicen relación con el nacimiento, modificación o extinción de una relación jurídica. 5. Supuesto Jurídico: Para que un hecho jurídico produzca consecuencias de derecho es menester que la ley le haya atribuido tal virtud. En doctrina se da la denominación de supuesto de hecho o supuesto jurídico a “los hechos y circunstancias que la norma legal prevé y a los cuales atribuye la producción de efectos jurídicos”. Los hechos concretos para ser hechos jurídicos deben, en consecuencia, poder ser subsumidos en el tipo construido por la norma. El supuesto puede ser simple o complejo, según si para que se produzca el efecto previsto por la norma basta un solo hecho o se requiere, por el contrario, más de uno. 6. Clasificación de los Hechos Jurídicos: 1) Atendiendo a si consisten en un acontecimiento de la naturaleza o del hombre: a. Hechos Jurídicos Naturales o propiamente tales: “Acontecimiento de la naturaleza”. Entre los hechos jurídicos naturales o propiamente tales merecen destacarse por su relevancia: i. El nacimiento: Con el hecho natural del nacimiento la criatura que estaba en el vientre materno adquiere la calidad de persona que la habilita para ser titular de derechos subjetivos. ii. La muerte: Este hecho pone fin a la existencia de las personas, produciéndose la transmisión de los derechos y obligaciones transmisibles del causante a sus herederos. iii. La demencia: Hecho natural que priva al demente de la capacidad de ejercer por sí mismo los derechos civiles. iv. La mayoría de edad: El solo transcurso del tiempo hace que la persona que cumple dieciocho años adquiera la plena capacidad para ejercer por si misma los derechos civiles. b. Hechos Jurídicos del Hombre o Voluntarios: “Acto del Hombre”. Hay autores que clasifican los hechos del hombre en actos voluntarios y en actos involuntarios, atendiendo para ello a que el sujeto puso o no darse cuenta del acto y apreciar sus consecuencias. Sin embargo, esta distinción carece de trascendencia ya que los actos del hombre tienen la calidad de tales porque el sujeto los ha ejecutado voluntariamente, es decir, dotado de la aptitud para darse cuenta del acto y apreciar sus consecuencias. Sin perjuicio de lo anterior, se pueden clasificar los hechos jurídicos del hombre o actos humanos: i. Atendiendo a que el acto puede o no conformarse con el derecho: 1. Actos Lícitos: “Aquellos que se conforman con el derecho”. Solo estos están protegidos por el derecho y producen los efectos queridos por el autor o por las partes.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Actos Ilícitos: “Aquellos que contravienen al derecho”. El ordenamiento jurídico reacciona en contra de estos actos de alguna de estas dos maneras: a. Impidiendo que el acto produzca los efectos queridos por el autor o por las partes, u b. Ordenando reparar los daños causados. ii. Atendiendo a que los efectos del acto pueden o no surgir como consecuencia inmediata y directa de la manifestación de voluntad: Esta es una distinción generada por la doctrina alemana e italiana que distingue entre: 1. Negocios Jurídicos: “Aquellos en que los efectos por él producidos son los queridos por su autor o por las partes, de tal modo que dichos efectos surgen como consecuencia inmediata y directa de la voluntad”. Por ejemplo, lo sería un contrato de compraventa. 2. Actos Jurídicos: “Aquellos en que los efectos que este produce no van necesariamente adheridos a la voluntad de sus autores y, muchas veces, son independientes de ella”. Por ejemplo, lo sería la construcción de un edificio en terreno ajeno sin consentimiento del dueño, ya que el dueño del terreno se hace dueño del edificio, aun cuando esto no es lo querido por el constructor. Nuestra legislación y doctrina nacional no conocen esta clasificación. Esta última distingue entre: 1. Actos voluntarios realizados con la intención de producir efectos jurídicos (Actos Jurídicos). 2. Actos voluntarios realizados sin la intención de producir efectos jurídicos: Como los delitos o cuasidelitos y los cuasicontratos. Se ha criticado por algunos esta clasificación aduciéndose que existen ciertos hechos en los cuales participa, por una parte, la naturaleza y, por otra, la voluntad del hombre. Como ejemplo de uno de estos “hechos híbridos” se cita la muerte de una persona como consecuencia de un suicidio porque se produjo por un acto voluntario del suicida. El autor no comparte esta crítica, porque si bien es cierto que existen ciertos hechos naturales en los cuales se advierte algún grado de participación de la voluntad del hombre, dicha participación aparece como secundaria o irrelevante, toda vez que se van a producir los efectos del hecho natural, sin que se considere para nada el acto voluntario. En este contexto, Santoro Passarelli dice que el criterio de distinción entre los hechos de la naturaleza y los actos humanos debe “centrarse en la trascendencia de la voluntad humana del hecho”. 2) Hechos Jurídicos Positivos y Hechos Jurídicos Negativos: Los efectos jurídicos pueden producirse como consecuencia de que ocurra algo o como consecuencia de que no ocurra algo. En verdad, tal como se observa en doctrina, cada vez que la ley atribuye consecuencias jurídicas a los hechos negativos es porque estos se encuentran juntos con hechos positivos, integrando un supuesto complejo. Se cita como ejemplo la prescripción extintiva, que supone un hecho negativo: 23

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe la inacción o inactividad del acreedor que no exige el cumplimiento de la obligación. Pero para que la prescripción opere sus efectos es menester que al hecho negativo vaya unido un hecho positivo: el transcurso del tiempo. 3) Hechos Jurídicos Constitutivos, Hechos Jurídicos Extintivos y Hechos Jurídicos Impeditivos: a. Hechos Jurídicos Constitutivos: “Aquellos que tienen como consecuencia la adquisición de un derecho subjetivo”. Por ejemplo, el acuerdo de voluntades que da nacimiento a un contrato. b. Hechos Jurídicos Extintivos: “Aquellos que ponen fin a una relación jurídica”. Por ejemplo, el pago de una obligación. c. Hechos Jurídicos Impeditivos: “Aquellos que obstan a la eficacia de los hechos jurídicos constitutivos”. Su existencia impide que el hecho constitutivo produzca sus efectos o impide que dichos efectos se produzcan en forma estable. Por ejemplo, la existencia de un vicio de nulidad. La clasificación precedente tiene importancia en materia probatoria: quien alega la existencia del hecho jurídico constitutivo, extintivo o impeditivo debe, por regla general, probar el hecho constitutivo. 7. Consecuencias de los Hechos Jurídicos: Los hechos jurídicos producen la adquisición, modificación o extinción de un derecho subjetivo o de una relación jurídica. 1) Adquisición: Se adquiere una relación jurídica cuando la ley la atribuye a un sujeto determinado como consecuencia de un hecho jurídico. En doctrina se prefiere hablar de adquisición de un derecho o relación jurídica más que de nacimiento del mismo, por ser aquella expresión más amplia que esta. En efecto, cuando se dice que para una persona nace un derecho, se está significando que dicho derecho no existía antes. En cambio, cuando se dice que una persona adquirió un derecho se está significando no solo que incorporó para si un derecho que no existía antes, sino también que paso a ser titular de un derecho existente, que antes detentaba otra persona. 2) Modificación: Como consecuencia de ciertos hechos jurídicos es posible que una relación jurídica sufra cambios que, sin hacerla perder su identidad, la hagan sustancialmente diferente de la relación adquirida, ya sea porque cambia su contenido o los sujetos de la relación. Las modificaciones de las relaciones jurídica pueden producirse por disposición de la ley o por la voluntad del hombre. Un ejemplo es la tradición, ya que el dominio sobre una cosa del cual era titular el tradente, se va a traspasar a la persona del adquirente. El dominio, en cuanto potestad o poder sobre una cosa, sigue siendo el mismo que antes existía, se modifica su titular. 3) Extinción: La extinción es “la desaparición del derecho subjetivo”. Se distingue en doctrina entre extinción y pérdida de un derecho. Esta última no conlleva la muerte del derecho, pues este subsiste, cambiándose solo su titular. La extinción de un derecho puede ocurrir por disposición de la ley o por la voluntad del hombre. 8. Desde qué momento se producen los efectos de los hechos jurídicos: Desde el momento en que se cumplen todos los requisitos previstos por el supuesto legal, el hecho jurídico produce los efectos que le son 24

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe propios. Esto es importante, porque si el supuesto es complejo es posible que los hechos por aquel previstos no se realicen en el mismo momento, siendo importante para estos efectos, que el hecho solo produce sus efectos cuando han ocurrido todos los acontecimientos previstos por el supuesto complejo. La doctrina denomina “estado de pendencia” a “la situación de incertidumbre que se produce mientras no se han verificado todos los hechos que configuran al supuesto complejo”. Lo anterior puede advertirse con nitidez en los hechos jurídicos sujetos a condición. Formado el consentimiento de las partes, es decir, realizado el primer hecho previsto, se va a producir un estado de pendencia, caracterizado por la incertidumbre en que se encuentra el acreedor mientras pende la condición. Sin embargo, en este tipo de hechos jurídicos es posible que, aun faltando uno o más de los elementos previstos por el supuesto, se den en el estado de pendencia algunos efectos menores o “prodrómicos”, como los llaman algunos autores. Así el acreedor bajo condición suspensiva, pese a que solo tiene un germen de derecho, podrá impetrar providencias conservativas. 9. Retroactividad de los Efectos de un Hecho Jurídico: Por excepción, los efectos del hecho jurídico pueden producirse retroactivamente. La retroactividad puede tener su fuente en la ley o en la voluntad de las partes. En la retroactividad legal, por una ficción del legislador, se supone que efectos que no habían tenido lugar en un determinado momento se consideran más tarde realizados desde entonces. La retroactividad legal opera, por regla general, en los supuestos complejos. Esto es, realizados todos los hechos previstos por la norma, por una ficción de la ley se supone que la plenitud de los efectos del hecho jurídico se produjo desde que se verificó el primer acontecimiento, y no después de haberse realizado el último. En los supuestos simples puede, también, existir retroactividad legal. Ello ocurre, por regla general, en los hechos jurídicos que solo tienen valor subsidiario en relación con otros hechos, como es el caso, por ejemplo, de la ratificación que hace el dueño de la venta de cosa ajena o de la ratificación que hace el mandante de lo obrado por un mandatario que no tenía poder suficiente. II.

NOCIÓN DEL ACTO JURÍDICO.

1. Concepto del Acto Jurídico: Existen distintas definiciones: 1) Tradicional: “Manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos, y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes, porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad”. 2) Cariota Ferrara 1: “Manifestación de voluntad dirigida a un fin práctico tutelado por el ordenamiento jurídico”. 3) Cariota Ferrara 2: “Manifestación de voluntad que se dirige a un práctico y que el ordenamiento jurídico tutela teniendo en cuenta la responsabilidad del o los autores y la confianza de los demás”. 4) Santoro Passarelli: “Acto de la autonomía privada encaminado a un fin que el ordenamiento considera merecedor de tutela”. 5) Betti: “Acto con el cual el individuo regula por si los intereses propios en las relaciones con otro y al que el derecho enlaza los efectos más conformes a la función económico-social que caracteriza su tipo”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 6) Winscheid: “Declaración de voluntad privada dirigida al nacimiento, extinción o modificación de derechos”. Estas definiciones permiten recoger ciertos aspectos: 1) El Acto Jurídico es una Manifestación de Voluntad: No basta con la existencia de la voluntad interna o psicológica, que es, por esencia, variable, sino que es necesario que la voluntad del autor o de las partes se exteriorice por medio de una declaración o de un comportamiento que permita conocerla. En ese sentido, el acto supone el concurso de dos elementos diversos: (i) uno interno, la voluntad, y (ii) otro externo, su manifestación por medios sensibles que la hagan patente al otro interesado. En efecto, la sola intención de celebrar un acto jurídico que se mantiene oculta en el fuero interno no produce consecuencia alguna para el derecho; como tampoco la produce la mera manifestación que no obedece a una intención, es decir, al propósito real y serio de realizar un acto jurídico. 2) La manifestación de voluntad debe perseguir un propósito específico y determinado: Dicho propósito, en concepto de la doctrina tradicional, debe ser necesariamente jurídico, esto es, crear, modificar o extinguir derechos subjetivos. Sin embargo, para la doctrina moderna la manifestación de voluntad persigue solo un fin práctico, denominado propósito empírico o práctico, ya que las partes realizan estos actos sin conocer, muchas veces, los efectos jurídicos que determina la ley. En opinión del autor ambas posiciones dicen lo mismo, pero con enfoques distintos. Uno corresponde a como el derecho ve el propósito perseguido por la parte o las partes; y otro, a como estas o aquel se representan dicho propósito. El propósito perseguido, tal como lo ven el autor o las partes de un acto jurídico, es eminentemente práctico. El derecho, por su parte, toma en cuenta ese propósito o fin practico para regular los efectos jurídico de la respectiva institución. 3) La manifestación de voluntad produce los efectos queridos por el autor o por las partes, porque el derecho la sanciona: En relación con la causa eficiente la doctrina se encuentra dividida. Para los seguidores del dogma de la voluntad los efectos jurídicos del acto encuentran dicho antecedente en la sola voluntad del autor o de las partes. Para otros, el antecedente generador y único de los efectos del acto jurídico es el ordenamiento jurídico. En opinión del autor, los actos jurídicos producen los efectos que les son propios, porque el autor o las partes así lo han querido y porque el derecho lo permite o autoriza. En otras palabras, los efectos del acto jurídico derivan en forma inmediata de la voluntad del autor o de las partes, y en forma mediata de la ley, que permite la libertad jurídica, cuya expresión es el poder jurídico, esto es, la facultad de los particulares para crear las relaciones jurídicas. 2. Estructura del Acto Jurídico: El Art. 1444 CC señala que: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales”. En ese contexto, se distingue entre: 1) Elementos Esenciales: “Aquellos necesarios y suficientes para la constitución de un acto jurídico”: a. Necesarios: Porque la falta de uno de ellos excluye la existencia del negocio. 26

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Suficientes: Porque ellos se bastan para darle esa existencia y, por consiguiente, su concurrencia constituye el contenido mínimo del acto. El Art. 1444 CC dice que: “son cosas de la esencia de un contrato aquellas sin las cuales no produce efecto alguno o degenera en otro distinto”. Es por ello que uno puede clasificar los elementos de la esencia en: a. Comunes o Generales: “Aquellos que no pueden faltar en ningún acto jurídico, sea cual fuere su especie”. Para algunos son solo dos: la declaración de voluntad y la causa. Para los anti causalistas el único elemento esencial común a todos los actos jurídicos es la declaración de voluntad. La doctrina tradicional señala, en tal carácter, los siguientes: (i) la voluntad, (ii) el objeto y (iii) la causa. Si se omite un elemento esencial común o general, el acto no produce ningún efecto; es la nada o inexistencia jurídica. b. Especiales o Específicos: “Aquellos requeridos para cada acto jurídico en especial, constituyendo los elementos de la esencia propios y característicos del acto jurídico determinado”. Si se omite un elemento esencial especial o específico del acto, si bien impide que se produzcan los efectos de este, no cierra la posibilidad de que se produzcan los efectos de otro acto jurídico. El Art. 1445 CC señala que: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 1º que sea legalmente capaz; 2º que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3º que recaiga sobre un objeto lícito; 4º que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”. En este contexto, enumera los requisitos necesarios para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, sin mencionar cuales son o no esenciales. La doctrina estima son esenciales la voluntad, el objeto y la causa; no siendo esenciales: la capacidad, la voluntad sin vicios, el objeto lícito y la causa licita, pues el acto en que incide la incapacidad, la voluntad viciada, el objeto ilícito o la causa ilícita produce los efectos que le son propios, pero con un vicio que autoriza su declaración de nulidad. 2) Elementos de la Naturaleza o Naturales: “Las consecuencias del acto que tienen lugar por disposición de la ley, en vista del silencio de los interesados; por tanto, no es necesaria la voluntad de estos para que tengan lugar, pero es indispensable para modificarlos o extinguirlos”. El Art. 1444 CC señala respecto a ellos que: “son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial”. La denominación de elementos de la naturaleza es rechazada por un sector de la doctrina que considera que mal pueden las consecuencias de un acto ser elementos del mismo. Lo que si hay son efectos naturales, es decir, aquellos que la ley subentiende y que no requieren, por lo mismo, de una declaración de voluntad para existir.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Es interesante advertir que nuestro Código Civil no habla de elementos de la naturaleza, sino que habla de “cosas”. Efectivamente, en todo acto o contrato existen “cosas” y no “elementos” de la naturaleza. De lo dicho fluye que solamente son elementos del acto jurídico (en el sentido de partes constitutivas de la esencia o forma de una cosa) los esenciales, que son los únicos que jamás pueden faltar. 3) Elementos Accidentales: “Aquellas que las partes pueden, en virtud de la autonomía privada, incorporar a este sin alterar su naturaleza”. El Art. 1444 CC señala que: “son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales”. Generalmente las cosas accidentales se refieren a: a. La existencia de los derechos que emanan del acto: Como, por ejemplo, ocurriría si en un contrato de compraventa de bienes muebles las partes convienen que la venta no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada; o si pactan una condición suspensiva. b. La exigibilidad de los derechos que emanan del acto: Por ejemplo, la estipulación de un plazo para el cumplimiento de la obligación. c. La extinción de los derechos que emanan del acto: Por ejemplo, la estipulación de una condición resolutoria o de un plazo extintivo. 3. Requisitos de los Actos Jurídicos: 1) Requisitos de Existencia: “Aquellos indispensables para que el acto nazca a la vida del derecho, para que exista como tal y produzca efectos”. Si faltan, el acto es jurídicamente inexistente, por lo que no produce efecto alguno. Tienen la calidad de requisitos de existencia: (i) la voluntad, (ii) el objeto, (iii) la causa y (iv) las solemnidades requeridas para la existencia del acto. Algunos omiten las solemnidades, pues consideran que en los actos solemnes la voluntad debe manifestarse a través de la solemnidad, con lo cual quedarían estas comprendidas dentro del requisito voluntad. 2) Requisitos de Validez: “Aquellos necesarios para que el acto tenga una vida sana y produzca sus efectos en forma estable”. La omisión de un requisito de validez no impide que el acto nazca; que produzca sus efectos. Pero nace enfermo, con un vicio que lo expone a morir si es invalidado. Requisitos de validez son: (i) la voluntad no viciada, (ii) el objeto lícito, (iii) la causa licita y (iv) la capacidad. Asimismo, la ley exige en ciertos casos una solemnidad como un requisito de validez del acto jurídico, como es, por ejemplo, la presencia de testigos hábiles en el testamento. 4. Clasificación de los Actos Jurídicos: 1) Atendiendo al número de partes cuya voluntad es necesaria para que el acto jurídico se forme: Es importante destacar que lo que distingue estos actos no es el número de personas, sino que el número de partes. Y ello porque es posible que numerosas personas manifiesten una sola voluntad, con lo cual el acto no deja de ser unilateral.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El término “partes” se reserva para “aquellas personas que, teniendo intereses antagónicos o contrapuestos, se ponen de acuerdo para dar nacimiento a un acto jurídico bilateral”. a. Actos Jurídicos Unilaterales: “Aquellos que para nacer a la vida jurídica requieren solamente la manifestación de voluntad de una parte”. En doctrina se clasifican, a su vez, en: i. Acto Jurídico Unilateral Simple: “Aquel que emana de la voluntad de una sola persona”. ii. Acto Jurídico Unilateral Complejo: “Aquel que procede de varias personas físicas que, no obstante, están manifestando una voluntad común”. Por ejemplo, la oferta que hacen varias personas de venta de una casa, de la cual son propietarios en común. Se llama “autor” a la parte cuya voluntad es necesaria para dar nacimiento al acto jurídico unilateral. No altera el carácter de unilateral de un acto jurídico la circunstancia de que este, para producir la plenitud de sus efectos, pueda requerir, en ciertos casos, la manifestación de voluntad de otra persona que no sea el autor. Por ejemplo, que el heredero acepte la herencia. b. Actos Jurídicos Bilaterales: “Aquellos que para nacer a la vida jurídica requieren la manifestación de voluntad de dos partes”. La doctrina designa al acto jurídico bilateral con el nombre de convención. Se define Convención como “el acuerdo de voluntades de dos partes, con un propósito definido y característico que produce como efectos la adquisición, modificación o extinción de derechos subjetivos”. Esto se puede percibir nítidamente en el modo de adquirir el dominio tradición, que requiere, para nacer, el consentimiento del tradente y del adquirente. La tradición, para el adquirente es una convención que persigue el traspaso del dominio, o si se quiere, la modificación de un derecho, toda vez que a través de ella cambia la persona del titular del dominio; y para el tradente, en cambio, la tradición es equivalente al modo de extinguir las obligaciones denominado pago efectivo o solución, ya que una vez que la efectúa extingue la obligación de dar la cosa, y constituye a su respecto una convención que persigue como propósito la extinción de una obligación. Como ejemplos de convenciones modificatorias encontramos la reputación de deuda y la convención que modifica el lugar de pago. El Código Civil, según se desprende de la sola lectura de los artículos 1437 y 1438, hace sinónimos los términos convención y contrato. El Art. 1437 CC dice que: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos o convenciones…”; mientras que el Art. 1438 CC señala que: “Contrato o convención es un acto…”. La conjunción “o” utilizada en las disposiciones citadas deja en evidencia que para el legislador son una misma cosa.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La doctrina, en cambio, diferencia claramente la convención del contrato, estableciendo entre ambos una relación de género a especie. Todo contrato es una convención; en cambio, no toda convención es un contrato. Los efectos de la convención pueden consistir en la creación, modificación o extinción de un derecho. En cambio, los efectos del contrato son más reducidos: consisten en los derechos y obligaciones que el contrato crea. Por eso se dice que el contrato es: “una convención que crea derechos y obligaciones”. La doctrina moderna agrega a la clasificación clásica otra categoría de actos: los llamados actos jurídicos plurilaterales, que son “aquellos que para nacer requieren la manifestación de voluntad de más de dos partes”. Un ejemplo de acto jurídico plurilateral lo encontramos en la novación por cambio de acreedor, que requiere la manifestación de voluntad de tres partes: del deudor, del tercero que acepta la nueva obligación que contrae en su favor el deudor, y del acreedor que consiente en liberar de la obligación primitiva al deudor. 2) Atendiendo a que la producción de los efectos del acto jurídico puede o no encontrarse subordinada a la muerte del autor o de una de las partes: a. Actos Jurídicos entre vivos: “Aquellos que para producir los efectos que les son propios no requieren por su misma naturaleza la muerte del autor o de una de las partes”. b. Actos Jurídicos por causa de muere o mortis causa: “Aquellos que por su misma naturaleza requieren como supuesto necesario e indispensable para que el acto produzca los efectos que le son propios la muerte del autor o de una de las partes”. El caso más emblemático es el testamento, el cual, en el artículo 999 CC señala que la disposición de bienes que hace el testador tendrá pleno efecto después de sus días. Lo que hace que un acto sea entre vivos o mortis causa es la necesidad que este puede o no tener de que se verifique la muerte del autor o de una de las partes, para lo cual hay que atender a la naturaleza del acto. Ello no obsta a que las partes otorguen el carácter de mortis causa a un acto que por su naturaleza no lo es. 3) Atendiendo a la utilidad o beneficio que reporta el acto jurídico para quienes lo ejecutan: a. Actos Jurídicos a título gratuito: “Aquellos que se celebran en beneficio exclusivo de una persona o de una parte”. b. Actos Jurídicos a título oneroso: “Aquellos que se celebran teniendo en consideración la utilidad o beneficio de ambas partes”. 4) Atendiendo a que el acto jurídico puede o no producir sus efectos de inmediato y sin limitaciones: a. Actos Jurídicos puros y simples: “Aquellos que producen sus efectos de inmediato y sin limitaciones”. b. Actos Jurídicos sujetos a modalidad: “Aquellos cuyos efectos están subordinados a una modalidad”. Se definen las modalidades como “las cláusulas que se incorporan a un acto jurídico con el fin de alterar sus efectos normales”. Las principales modalidades son (i) la condición, (ii) el plazo y (iii) el modo. La doctrina agrega (iv) la representación y (v) la solidaridad. 30

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5) Atendiendo al contenido de los actos jurídicos: a. Actos Jurídicos de Familia: “Aquellos que atañen al estado de las personas o a las relaciones del individuo dentro de la familia”. b. Actos Jurídicos Patrimoniales: “Aquellos que tienen por finalidad la adquisición, modificación o extinción de un derecho pecuniario”. 6) Atendiendo a que el acto jurídico puede o no subsistir por sí mismo: a. Actos Jurídicos Principales: “Aquellos que subsisten por sí mismos, sin necesidad de otro acto que les sirva de sustento o de apoyo”. b. Actos Jurídicos Accesorios: “Aquellos que para poder subsistir necesitan de un acto principal que les sirva de sustento o de apoyo, al cual acceden”. Se clasifican en: i. Actos de Garantía o Cauciones (Art. 46 CC): “Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda”. ii. Actos Dependientes: “Aquellos que, si bien no pueden subsistir sin un acto principal, no persiguen asegurar el cumplimiento de obligación alguna”. Por ejemplo, una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio. Es importante destacar que los actos accesorios pueden tener existencia jurídica con anterior al acto principal. Tal cosa puede ocurrir, por ejemplo, en la hipoteca para garantizar obligaciones futuras (Art. 2413 CC). Pero es imposible que subsista sin el acto principal. Faltando en definitiva el acto principal, el accesorio caduca, muere. 7) Atendiendo a que la ley puede o no exigir formalidades para su celebración: a. Actos Jurídicos Solemnes: “Aquellos que están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales requeridas, sea para la existencia misma del acto, sea para su validez, de tal modo que su omisión trae como consecuencia la inexistencia del acto o su nulidad”. Un ejemplo es la compraventa de un bien raíz, que debe otorgarse por escritura pública (Art. 1801 CC). b. Actos Jurídicos No Solemnes: “Aquellos que no están sujetos a requisitos externos o formales para su existencia o para su validez”. 8) Atendiendo a que el acto puede o no encontrarse regulado por la ley: a. Actos Jurídicos Nominados o Típicos: “Aquellos que por su trascendencia socioeconómica se encuentran regulados por la ley, lo que significa que esta señala el supuesto de hecho al cual atribuye efectos jurídicos y determina estos”. b. Actos Jurídicos Innominados o Atípicos: “Aquellos que, pese a no estar contemplados por el legislador, pueden adquirir existencia jurídica en aplicación del principio de la autonomía privada, que reconoce a los particulares el poder o facultad de crear relaciones jurídicas”. Los actos innominados o atípicos que no atentan contra la ley, el orden público y las buenas costumbres, producen los efectos queridos por las partes; rigiéndose en lo no previsto por ellas por las reglas generales a que se sujetan los actos y declaraciones de voluntad. 31

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Lo importante de esta clasificación es que los actos nominados producen los efectos establecidos por la ley cuando tipifica el acto, aunque las personas que los celebren no los hayan estipulado o, aún más, los ignoren. Los actos innominados, en cambio, producen solamente los efectos que las partes han previsto expresamente o que pudieran desprenderse de la intención que tuvieron las partes para celebrar el acto. CAPÍTULO II: LA VOLUNTAD JURÍDICA I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: El primer requisito de existencia del acto jurídico es la voluntad. Para que la voluntad produzca efectos jurídicos es menester que se cumplan dos requisitos copulativos: 1) La voluntad debe manifestarse, de modo que se pueda conocer: La manifestación de voluntad puede ser de dos clases: a. Manifestación de Voluntad Expresa, Explicita o Directa: Se manifiesta o exterioriza la voluntad en forma expresa a través de una declaración, contenida en palabras o incluso en gestos o indicaciones. Señala Betti que la declaración está destinada a ser conocida por personas distintas del declarante, de lo que fluye que no es posible concebir una declaración sin un destinatario que, tarde o temprano, se entere de su contenido. Solo que el destinatario podrá ser tanto determinado e inmutable como indeterminado y mudable y el conocimiento podrá ser tanto inmediato como retardado. Se afirma en doctrina que sobre el declarante pesa la obligación de hablar claro, sin ficciones ni ambigüedades. La claridad es un deber del declarante, por lo que tiene que soportar las consecuencias de su falta de claridad. Este principio doctrinario encuentra acogida en el Art. 1566, inc. 2 CC, ubicado entre las reglas de interpretación de los contratos, cuando señala que: “Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”. b. Manifestación de Voluntad Tácita: Se manifiesta la voluntad en forma tácita a través de un comportamiento que, a diferencia de la declaración, no va dirigido a un destinatario. Existe, simplemente, una conducta de la cual, a través de un proceso de deducción lógica, se hace posible extraer una conclusión inequívoca, y desprender una manifestación de voluntad implícita o indirecta. A la mencionada conducta se la llama en doctrina conducta concluyente. Un ejemplo claro se da en el modo de adquirir el dominio ocupación, donde el ocupante, concurriendo los requisitos legales, por el solo hecho de aprehender la cosa con ánimo de hacer suya adquiere el dominio, aunque este hecho no sea conocido por otras personas, e inclusive, aunque lo haga en secreto. Para nuestro Código Civil, por regla general, la manifestación expresa y la manifestación tácita tienen el mismo valor. Así: 32

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. El artículo 1241 CC previene que la aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita, y que es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar. b. El artículo 2124 CC dispone que el mandato puede aceptarse expresa o tácitamente, y que aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. c. El artículo 103 CCom dice que la aceptación tácita produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa. Por excepción, en ciertas situaciones previstas por el legislador no basta la manifestación tácita de voluntad; requiriéndose, por el contrario, que la voluntad sea declarada expresamente. Tal ocurre, por ejemplo, en el testamento y en la solidaridad. También las partes en aplicación del principio de la autonomía privada pueden convenir que no sea suficiente para un determinado acto o contrato la manifestación de voluntad tácita. 2) La voluntad debe ser seria, en el sentido de perseguir efectivamente un fin práctico reconocido o tutelado por el derecho: No es voluntad seria, en consecuencia, la que se manifiesta por mera cortesía o complacencia o en broma; y, en general, la que se manifiesta en cualquiera forma de la cual pueda desprenderse, inequívocamente, la falta de seriedad; lo que, en definitiva, apreciará el juez. Según Betti, existen distintas fases en que puede observarse el elemento subjetivo, con connotaciones diferentes: a. Voluntad de la Declaración: En lo que constituye una primera etapa para llegar al acto jurídico, el sujeto, que es libre de vincularse o no con otras personas, se representa la existencia de una necesidad para cuya satisfacción debe relacionarse necesariamente con otros. El elemento volitivo se manifiesta en el querer que el sujeto mantiene en su fuero interno y; como consecuencia de ese querer o sentir interno, el sujeto toma la iniciativa y manifiesta su voluntad a través de una declaración o comportamiento; proyectando hacia el mundo exterior su querer interno y haciéndolo, de este modo, objetivo y perceptible por los demás. Es importante que el sujeto tenga conciencia de la trascendencia que atribuye el medio social a la declaración que emite o al comportamiento que observa; conciencia que sirve, precisamente, de fundamento a la responsabilidad que adquiere. b. Voluntad del Contenido o Negocial: El sujeto “quiere” lograr un fin práctico, reconocido y sancionado por el derecho. Su declaración o comportamiento se encamina precisamente hacia tal fin. c. Voluntad Normativa: Exteriorizada la voluntad, ésta se objetiviza y adquiere vida independiente. Esta consiste en la intención de las partes de quedar vinculadas con el acto jurídico del cual conocen su significación y valor. El proceso descrito podría ilustrarse con el siguiente ejemplo: supongamos que A quiere comprar una cosa que necesita incorporar a su patrimonio y que B está dispuesto a venderla, pues necesita, a cambio de ella, dinero:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. A declara explícitamente a B que quiere comprar la cosa de la cual este es dueño, ofreciendo por la misma un precio determinado. A, junto con manifestar la voluntad de la declaración, está realizando un acto unilateral que se llama oferta de compra. B, por su parte, declara a A que está de acuerdo en vender en el precio propuesto. B, junto con exteriorizar la voluntad de la declaración, está realizando un acto unilateral que se llama aceptación. Concurriendo estos dos elementos se forma el consentimiento y nace el contrato de compraventa. b. Tanto A como B exteriorizan su voluntad, pues quieren logar un fin práctico, reconocido por el derecho. A quiere incorporar la cosa en su patrimonio y B quiere desprenderse de ella para obtener dinero. Este querer de las partes constituye la voluntad negocial. c. Exteriorizada la voluntad de las partes y celebrada la compraventa, aquellas quieren quedar vinculadas por el contrato y aceptan asumir las obligaciones reciprocas que de él emanan. Esta es la llamada voluntad normativa. 2. El Silencio: Puede ocurrir que una persona, enfrentada a un hecho determinado, adopte lo que se llama una conducta omisiva, constituida por hechos negativos. Es decir, no formula una declaración ni ejecuta una conducta concluyente, limitándose a guardar silencio. Por regla general, el silencio de por si no constituye manifestación de voluntad en ningún sentido, pues el silencio, en sí, es siempre equivoco, no traduce voluntad alguna. Sin embargo, por excepción el silencio puede tener el valor de manifestación de voluntad. Ello ocurre cuando así lo señala la ley, lo establecen las partes o lo dispone el juez: 1) La ley puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad: Por ejemplo, el artículo 1233 CC establece que el asignatario que está constituido en mora de declarar si acepta o repudia una herencia, se presume por la ley que repudia; el artículo 2125 CC dice que las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace; y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación. 2) Las partes pueden atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad en un determinado sentido: Por ejemplo, en ciertos contratos como la sociedad o el arrendamiento es frecuente que las partes, junto con estipular el plazo de duración del contrato, agreguen que en el evento de que al vencimiento del plazo nada se diga, deberá entenderse renovado el contrato. 3) El juez puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad en los casos no contemplados expresamente por la ley o por las partes, cuando las circunstancias de hecho del caso sometido a su conocimiento permiten formular una atribución en tal sentido: Tal es el llamado Silencio Circunstanciado, el cual es definido por Avelino León como “aquel que necesariamente debe ir acompañado de antecedentes o circunstancias externas que permitan atribuir al silencio, inequívocamente, el valor de una manifestación de voluntad”. Cabe tener presente que el silencio, en lo que le sea aplicable, está sujeto a las mismas reglas que toda manifestación de voluntad. Por ello si una persona ha sido inducida a callar por engaño o amenazas, podrá sustraerse a las consecuencias del silencio demostrando el dolo o la fuerza; o bien si el silencio ha sido producido como consecuencia de una falsa representación de la realidad, podrá alegar que ha sido víctima de un error. Es importante tener presente que no es jurídicamente lo mismo el silencio del cual puede extraerse una manifestación de voluntad, que el silencio o reticencia de la persona que tenía la carga o la 34

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe responsabilidad de manifestar explícitamente algo por mandato de la ley. En este último sentido puede citarse como ejemplo el silencio del vendedor en relación con los vicios redhibitorios, que produce la obligación de indemnizar los perjuicios al comprador. II.

PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD.

1. Conceptos Generales: Suponiendo que todos los hombres son iguales y libres, debería llegarse a la conclusión de que todo contrato libremente convenido por las partes es necesariamente equitativo; de tal modo que, cualquiera traba o control del legislador comprometería ese equilibrio e implicaría una injusticia. Los conceptos de libertad y voluntad en que coinciden los filósofos y juristas del siglo XVIII dan nacimiento al denominado principio de la autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad hace al hombre arbitro de sí mismo y de lo suyo, de forma que puede hacer todo lo que no esté prohibido. Con tal que se respeten el orden público y las buenas costumbres, la voluntad individual, además de ser soberana en el ámbito de las relaciones humanas, lo es también con respecto al ordenamiento jurídico. Se puede definir Voluntad como: “El libre querer interno de lograr un fin determinado por medio de la acción”. 2. Consecuencias del Principio de la Autonomía de la Voluntad: 1) El hombre es libre para obligarse o no; y si lo hace, es por su propia voluntad: Tal es el alcance de las expresiones “acepta” (Art. 1386 CC); “concurso real de las voluntades de dos o más personas (Art. 1437 CC); “convención” (Art. 1438 CC); “consentimiento” (Art. 1445 CC); “intención” (Art. 1560 CC); “voluntad” (Art. 1563 CC), etc. 2) El hombre es libre para renunciar por su sola voluntad a un derecho establecido en su beneficio, con tal que mire el interés individual del renunciante y que la ley no prohíba su renuncia (Art. 12 CC). 3) El hombre es libre para determinar el contenido de los actos jurídicos que celebre: En este contexto, el Art. 1545 CC señala que: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Esto quiere decir que las convenciones que los particulares celebran para regular sus intereses, que determinan el contenido del contrato, los obligan al igual que los obligaría una ley. 4) Como consecuencia de que tanto la celebración de un acto jurídico como el contenido que se atribuya al mismo son fruto de la voluntad del hombre, cada vez que surjan dudas en torno al significado o a las consecuencias de sus manifestaciones, debe indagarse por la intención o querer real, esto es, lo que efectivamente la parte o partes perseguían: El Art. 1560 CC reproduce esta idea al disponer que: “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. 3. La Autonomía Privada: “Facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento, sean estas ventajosas u onerosas”. Por eso se dice que el acto jurídico es un instrumento de autonomía privada. La autonomía privada supone, en primer término, la libertad del individuo para vincularse o relacionarse con otros con una finalidad socioeconómica. Betti dice que la libertad no consiste en un querer caprichoso 35

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de emprender un juego libre y sin compromiso, sino libertad coordinada y subordinada a una superior finalidad social. Íntimamente vinculado al concento de iniciativa es el de autorresponsabilidad, que coloca al autor de un acto o a las partes de una convención en la obligación de soportar las consecuencias que emanan del acto jurídico. 4. Limitaciones a la Autonomía Privada: 1) La autonomía privada faculta a los particulares para disponer de sus propios intereses y no de los ajenos. 2) Para que el acto o contrato celebrado por los particulares produzca los efectos queridos por su autor o por las partes, es necesario que se ajuste a los requisitos o condiciones establecidos por la ley para su valor jurídico. 3) Hay ciertos límites a la facultad que tienen los particulares para crear actos jurídicos que no correspondan exactamente a la figura típica descrita por el legislador: Tal cosa ocurre en las materias en que está contemplado el interés superior o público o en las materias relativas a las relaciones de familia. 4) La autonomía privada está limitada por el orden público y por las buenas costumbres: El orden público es “la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad”. La noción de buenas costumbres constituye un aspecto particular del orden público. Como dice un autor, sus contornos son imprecisos, ya que comprende la moral sexual -buenas costumbres stricto sensu- pero asimismo las ideas morales admitidas en una época determinada. Corresponde al juez determinar si un acto jurídico es contrario al orden público o a las buenas costumbres. El acto que infringe el orden público o las buenas costumbres se sanciona con la nulidad absoluta. La misma sanción se aplica al acto prohibido por la ley. 5) Las figuras jurídicas no reglamentadas por el legislados, que fueran creadas por la autonomía privada, no deben ser arbitrarias ni caprichosas, en el sentido de no perseguir efectivamente un fin práctico de conveniencia social: Si así ocurriera, el acto innominado no sería merecedor de tutela jurídica. 5. La Autonomía Privada en el Código Civil Chileno: Nuestro código reconoce el valor de ley solo a los contratos que son legalmente celebrado (Art. 1545 CC) y subordina la eficacia de la voluntad al respecto a las leyes, a las buenas costumbres y al orden público (Arts. 1445, 1461 y 1467 CC). 6. Reacciones contra el Principio de la Autonomía de la Voluntad: En el siglo XIX se inicia una reacción contra el principio de la autonomía de la voluntad por parte de quienes piensan que la voluntad individual es impotente para crear obligaciones por sí sola, ya que la sociedad es la única que tiene este poder. Además, señalan que los contratos no son necesariamente justos o equitativos y que, por el contrario, muchas veces constituyen el aplastamiento del más débil por el más fuerte. Las críticas al concepto consideran a la voluntad como un instrumento del bien común, como un medio al servicio del derecho. Esto permite justificar la intervención del legislador en aquellos casos en que la 36

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe voluntad individual no se conforma con el bien común o con los principios de justicia considerados esenciales. Ha surgido, de este modo, el denominado Contrato Dirigido que se define como “la intervención del Estado en los contratos que celebran los particulares, a fin de evitar que una de las partes se aproveche de la inferioridad o debilidad de la otra o de la desigualdad de condiciones en que contratan, por diferencias económicas, sociales y aun psicológicas”. Así, por ejemplo, el contrato de trabajo no queda entregado por completo a la libre determinación de las partes. III.

LA VOLUNTAD EN LOS ACTOS JURÍDICOS BILATERALES.

1. El Consentimiento: La voluntad en los actos jurídicos bilaterales toma el nombre de consentimiento. En lenguaje jurídico se denomina consentimiento al “acuerdo de voluntades de las partes, necesario para dar nacimiento al acto jurídico bilateral”. El Art. 1445 CC contempla expresamente como el primer requisito para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad que consienta en dicho acto o declaración, debiendo dicho consentimiento no adolecer de vicio. 2. Formación del Consentimiento en los Actos Jurídicos Bilaterales: El Código Civil no reglamenta la formación del consentimiento. Se encarga de ello el Código de Comercio en los artículos 97 a 108. A pesar de encontrarse tales disposiciones en el cuerpo legal relativo a los actos de comercio es indiscutible su alcance amplio o general, que justifica su aplicación a todo tipo de convenciones, sean estas civiles o mercantiles. Para la formación del consentimiento en los actos jurídicos bilaterales se requiere la concurrencia de dos actos sucesivos: (i) la oferta y (ii) la aceptación. 3. La Oferta, Policitación o Propuesta: “Acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra celebrar una determinada convención”. Como acto jurídico que es, debe cumplir los requisitos de existencia y de validez que establece la ley. Para que se forme el consentimiento la oferta debe ser completa. Se considera que es completa la oferta “que se formula en términos tales que basta con la simple aquiescencia de la persona a quien la oferta se ha dirigido para que la convención propuesta se perfeccione”. Si el contrato que se propone celebrar es nominado, es completa la oferta que contiene, a lo menos, los elementos esenciales del contrato propuesto. Las “ofertas que no señalan los elementos esenciales de la convención que se propone celebrar, de modo que no basta con la aceptación del destinatario para que la convención se perfeccione”, se llaman ofertas incompletas. Con las ofertas incompletas el proponente pretende establece una negociación o conversación preliminar, de la cual podría derivar una oferta completa. La “respuesta del destinatario de la propuesta primitiva formulando, a su vez una oferta”, se llama contraoferta. Si a la oferta incompleta se responde con una contraoferta completa, que es aceptada por el primitivo oferente, se forma el consentimiento. 4. Clasificación de la Oferta: La oferta puede ser: 1) Expresa o Tácita: a. Oferta Expresa: “Aquella contenida en una declaración en la cual el proponente, en términos explícitos y directos, revela su intención de celebrar una determinada convención”. La oferta expresa puede ser verbal o escrita. 37

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Oferta Verbal: “Es la que se manifiesta por palabras o por gestos que hagan inequívoca la proposición de celebrar una convención”. ii. Oferta Escrita: “Aquella que se hace a través de la escritura”. b. Oferta Tácita: “Aquella que se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la proposición de celebrar una convención”. 2) Según a quien se dirige: a. Oferta hecha a persona determinada: “Aquella que va dirigida a un destinatario que se encuentra individualizado”. b. Oferta hecha a persona indeterminada: “Aquella que no va dirigida a ninguna persona en especial, sino que al público en general”. Respecto a este punto, el Art. 105 CCom dice: “Las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos, o en cualquiera otra especie de anuncios impresos, no son obligatorias para el que las hace. Dirigidos los anuncios a personas determinadas, llevan siempre la condición implícita de que al tiempo de la demanda no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos, de que no hayan sufrido alteración en su precio, y de que existan en el domicilio del oferente”. Esto implica que las ofertas que se dirigen al público en general no engendran obligación alguna para el que las hace. Mientras que las que se hacen a personas determinadas sí. 5. Persona de quien puede emanar la oferta: Es indiferente que la oferta emane del futuro acreedor o del futuro deudor, es decir, de una cualquiera de las personas que, de perfeccionarse la convención, pasaría a tener la calidad de parte. 6. La Aceptación y sus diversas clases: Se define la aceptación como “el acto jurídico unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella”. La aceptación puede ser: 1) Expresa o Tácita: a. Aceptación Expresa: “Aquella que se contiene en una declaración en la cual el destinatario de la propuesta manifiesta en términos explícitos y directos su conformidad con ella”. La aceptación puede ser verbal o escrita: i. Aceptación Verbal: “Aquella que se manifiesta por palabras o por gestos que hagan inequívoca la conformidad con la propuesta”. ii. Aceptación Escrita: “Aquella que se hace por la escritura”. b. Aceptación Tácita: “Aquella que se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la aquiescencia o asentimiento a la oferta”. 2) Pura y simple o Condicionada: a. Aceptación Pura y Simple: “Aquella en que el destinatario de la propuesta manifiesta su conformidad o asentimiento a esta en los mismos términos en que se le formuló”. b. Aceptación Condicionada: “Aquella en que el destinatario de la propuesta introduce a ésta modificaciones, o solo se pronuncia parcialmente con respecto a la misma”. De 38

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe conformidad con lo dispuesto por el Art. 102 CCom: “La aceptación condicional será considerada como una propuesta”. Es decir, constituye una contraoferta del destinatario al proponente, y para que se forme el consentimiento el primitivo oferente debe adherir a las condiciones o modificaciones que constituyen la contraoferta. 7. Aceptación Parcial cuando la Oferta comprende varias cosas: Puede ocurrir que la oferta comprenda varias cosas y que el destinatario se pronuncie solamente con respecto a alguna de estas. Por ejemplo, A ofrece a B vender una mesa de comedor con doce sillas y B acepta comprar la mesa, pero no las sillas. En tal caso, para determinar los efectos que produce la aceptación parcial habría que distinguir dos situaciones: 1) La intención del proponente era formular una oferta divisible: Con lo cual se entiende que ha hecho varias ofertas, formándose el consentimiento con respecto a aquellas que el destinatario ha aceptado. 2) La intención del proponente era formular una oferta indivisible: Con lo cual la aceptación parcial no es idónea para formar el consentimiento y tendría solo el alcance de una contraoferta. 8. Requisitos que debe reunir la Aceptación para que se forme el Consentimiento: Para que se forme el consentimiento la aceptación debe ser pura y simple; oportuna, y mientras se encuentre vigente la oferta. 1) Aceptación Pura y Simple: Para que se forme el consentimiento el destinatario de la oferta debe aceptarla tal como se le formuló, sin introducir a ésta modificaciones o emitir pronunciamientos parciales. De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 101 CCom: “Dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, el contrato queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos legales, a no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente”. Por su parte, el Art. 102 CCom agrega que: “La aceptación condicional será considerada como una propuesta”. 2) Aceptación en Tiempo Oportuno: La aceptación se da en tiempo oportuno cuando se manifiesta dentro del plazo que eventualmente hubiera señalado el oferente para que el destinatario emita su pronunciamiento, o a falta de designación de plazo por el oferente, dentro del espacio de tiempo que establece la ley. Para determinar el plazo en que debe pronunciarse el destinatario, el Código de Comercio distingue: a. Si la oferta es verbal (Art. 97 CCom): “Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirigiere; y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso”. Es decir, solo si el destinatario manifiesta su conformidad tan pronto advierte que las palabras, gestos o señales de la persona con quien se encuentra en comunicación contienen la proposición de celebrar una convención. Esto se aplica cuando la oferta se hace por teléfono o por radio, porque son medios que permiten al destinatario pronunciarse sobre la oferta en el acto mismo de ser conocida. b. Si la oferta es escrita (Art. 98 CCom): Hay que distinguir: i. El destinatario reside en el mismo lugar que el proponente: “La propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada dentro de veinticuatro horas”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. El destinatario reside en un lugar distinto: “La propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada a vuelta de correo”. Determinar qué se entiende por “residir en el mismo lugar” o “a vuelta de correo” es una cuestión de hecho que corresponde al juez. Se denomina Aceptación Extemporánea “la que se da una vez vencido el plazo que eventualmente hubiera designado el oferente, o a falta de dicha designación, el establecido por la ley”. Respecto de ella, el Art. 98 CCom dice que: “Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiere sido aceptada. En caso de aceptación extemporánea, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación”. Cabe agregar finalmente que la aceptación no se presume, correspondiendo en caso de controversia sobre su existencia probarla a la persona que tenga interés en ello. Probado que fuera el hecho de la aceptación, la ley presume que esta se ha dado dentro de plazo, a menos que se acredite lo contrario. 3) Aceptación mientras la oferta se encuentra vigente: Los hechos que acarrean la perdida de la vigencia de la oferta son: a. La Retractación del Oferente: “Arrepentimiento del oferente a su propuesta”. De conformidad con lo dispuesto por el Art. 99 CCom, “El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo. El arrepentimiento no se presume”. El oferente entonces puede arrepentirse válidamente en el tiempo que media entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que: i. Al hacer la oferta se hubiera comprometido a esperar contestación del destinatario. ii. Se hubiera comprometido a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechado o transcurrido un determinado plazo. Ahora bien, para determinar los efectos de la retractación hay que distinguir: i. Retractación Tempestiva: “Aquella que se produce antes que el destinatario acepte la oferta”. En este caso la aceptación del destinatario pasa a ser irrelevante, toda vez que debe entenderse que la oferta jamás se formuló. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente que se retracta tempestivamente debe indemnizar los gastos, daños y perjuicios en general que pudiere haber sufrido el destinatario; obligación que le impone la ley por razones de equidad (Art. 99 CCom). No obstante, el proponente puede eximirse de responsabilidad y liberarse de la obligación de indemnizar si se allana a cumplir el contrato propuesto, o sea, deja sin efecto su retractación (Art. 101 CCom).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. Retractación Intempestiva: “Aquella que se produce con posterioridad a la aceptación”. En este caso pasa a ser jurídicamente irrelevante el hecho de la retractación, que a ley no toma en cuenta atendiendo que la aceptación permitió que se formara el consentimiento y el que el oferente, que ya no tiene la calidad de tal, sino que, de parte en el contrato, no puede exonerarse de cumplir las obligaciones que adquirió en virtud del mismo. b. La Muerte del Oferente. c. La Incapacidad Legal Sobreviniente del Oferente. Es importante destacar, tal como señala Claro Solar, que el contrato tampoco puede perfeccionarse, cuando aquel a quien se propone fallece o se hace incapaz antes de aceptarlo. 9. Momento en que se forma el Consentimiento: Esto es importante: 1) En lo que respecta a la capacidad de las partes: Las partes deben ser capaces al momento de contratar. 2) En lo que respecta al objeto del contrato: El objeto debe ser licito al momento de contratar. 3) En lo que respecta a las leyes que se aplicarán al contrato: De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 22 Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. 4) En lo que respecta a los efectos del contrato: El contrato empieza a producir sus efectos desde el momento en que se perfecciona. 5) En lo que respecta a la retractación del oferente: Una vez formado el consentimiento, el oferente no puede retractarse válidamente, estando obligado a cumplir el contrato. En este contexto, se han formulado distintas teorías para determinar el momento en que se forma el consentimiento: 1) Teoría de la Declaración de Voluntad o de la Aprobación: El consentimiento se forma en el momento en que el destinatario acepta la oferta, da la aceptación, aunque esta sea ignorada por el proponente. 2) Teoría de la Expedición: El consentimiento se forma en el momento en que el destinatario de la oferta envía la correspondencia que contiene su aceptación. 3) Teoría de la Recepción: El consentimiento se forma en el momento en que la aceptación, contenida en una carta o telegrama, llega al domicilio del oferente. 4) Teoría del Conocimiento o de la Información: El consentimiento se forma en el momento en que el oferente toma conocimiento de la aceptación. Nuestro Código de Comercio se inclina por la teoría de la declaración, como se desprende de los Artículos 99 y 101 CCom. El primero de ellos dice que el proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, y no entre el envío de la propuesta y el envío de la aceptación, o la recepción o conocimiento de esta. Y el segundo dice que “dada” la contestación… el contrato queda en el acto perfeccionado.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El criterio inicial de los redactores del Código de Comercio fue acoger la teoría de la expedición, criterio que fue sustituido. Por excepción, en el Código Civil es posible encontrar un caso en que no basta la sola aceptación: en las donaciones entre vivos. El Art. 1412 CC dice que el donante podrá revocar la donación mientras no se ponga en su conocimiento la aceptación del donatario. 10. Lugar en que forma el Consentimiento: Es importante pues el contrato se rige por la ley del lugar. Al mismo tiempo, determina la costumbre que se aplica a ciertos contratos, como en el arrendamiento; y, también, en ciertos casos, el tribunal competente. Dispone el Art. 104 CCom que: “Residiendo los interesados en distintos lugares, se entenderá celebrado el contrato, para todos sus efectos legales, en el de la residencia del que hubiere aceptado la propuesta primitiva o la propuesta modificada”. IV.

LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD.

1. Conceptos Generales: No es lo mismo falta de voluntad o ausencia de voluntad que voluntad viciada. El acto en que falta la voluntad no existe, es la nada. En cambio, el acto en que incide un vicio de la voluntad existe, pero expuesto a ser invalidado. La distinción entre ausencia de voluntad y voluntad viciada implícitamente la formula el Art. 1445 CC cuando requiere, en primer lugar, el consentimiento de la o las partes; agregando que dicho consentimiento no debe adolecer de vicios. De lo anterior se infiere que puede faltar el consentimiento, o bien existir, pero viciado. El Art. 1451 CC dice que: “Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo”. Es importante destacar que, si bien el precepto habla de los vicios del consentimiento, ello no significa que solamente en los actos bilaterales pueda encontrarse viciada la voluntad de una de las partes, ya que cabe también dicha posibilidad en los actos jurídicos unilaterales, como lo reconoce expresamente el Código en el testamento, por ejemplo. A. Sección Primera: “EL ERROR”1 1. Conceptos Generales: Stolfi define el error como: “la falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia, es decir, por no haber tenido la parte conocimiento de todas las circunstancias que influyen en el acto concertado, o por la equivocación, es decir, por no haber valorado exactamente la influencia de dichas circunstancias”. No es necesario que el autor o las partes deben percibir toda la realidad. Basta con que la persona posea una opinión en si suficiente para explicar, como causa, su propia actuación. La manifestación del sujeto no puede, en este caso, producir válidamente los efectos que le son propios, pues se debió a una falsa representación de la realidad. Existe voluntad, pero ella se encuentra viciada. Es interesante destacar que el error como vicio del consentimiento fue incorporado muy tardíamente dentro de la doctrina, ya que en un comienzo el negocio era entendido como pura forma, con desconocimiento de los fenómenos internos que podían afectar a los sujetos.

Complementado con el texto “Acerca del error, su excusabilidad y otros tópicos” de María Dora Martinic Galetovic y Ricardo Reveco Urzúa. 1

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Algunas ideas en torno al análisis económico del error: El error es un problema de información. Por ello, las reglas acerca de los vicios del consentimiento, pero particularmente respecto del error y del dolo, son normas que establecen un sistema de asignación de riesgos entre los contratantes. La información tiene un costo, y la reducción de dicho costo es positivo para el Derecho. Por ello, el sistema debe premiar o incentivar a quien busca y genera información para mejorar el conocimiento y sancionar a quien, estando en la mejor situación de conocer un hecho, no lo hace. Es por ello que la discusión será en base a la diligencia o no del sujeto que comete el error, es decir, en la excusabilidad o no de su equivocación o ignorancia. Si el sujeto erró en la representación de la realidad a causa de su negligencia deberá asumir el costo de su culpa. 3. Equivocación e Ignorancia: En lenguaje corriente no es lo mismo la ignorancia que la equivocación: 1) Ignorancia: “No saber un determinado hecho”. 2) Equivocación: “No valorar apropiadamente un hecho”. La ignorancia o la equivocación conducen a lo mismo: a una falsa representación de la realidad. Y eso es en ciencia jurídica el error. Distinta de la ignorancia o la equivocación es la duda. Se afirma que la duda excluye al error. En la hipótesis de duda el sujeto tiene conciencia de que su representación de la realidad puede ser falsa, sin que ello lo inhiba para actuar. En cambio, en la hipótesis de error no existe esa conciencia; por el contrario, el sujeto cree que su representación de la realidad es acertada. Existen, sin embargo, ciertos actos jurídicos en los cuales subyace una duda objetiva. Tal cosa ocurre, por ejemplo, en las transacciones con obras de arte. Esta duda, llamada objetiva, pues emana de la misma naturaleza del contrato, no excluye el campo de aplicación del error y sus efectos. 4. Hechos que constituyen la realidad: La definición de error como una falsa representación de la realidad obliga a preguntarse si dicha realidad corresponde a hechos presentes, pasados o futuros. En este contexto hay que señalar que no cabe aplicar la teoría del error respecto de cosas que al tiempo del contrato no existen, siendo, en consecuencia, imposible reconocerlas. Para hablar de realidad es necesario, evidentemente, referirse a algo que de hecho exista; mientras que, por otra parte, será difícil hablar de error como vicio del conocimiento, respecto de alguna cosa que todavía no tenga existencia. En ese contexto, el llamado Error de Previsión, el cual se define como: “una equivocación, un yerro de la mente al proyectarse hacia un futuro que, al hacerse realidad, lo pondrá o no de manifiesto”; no vicia la voluntad. 5. El Error es un Vicio del Conocimiento: El error es un vicio del conocimiento, más que del consentimiento. La manifestación de voluntad que supone todo acto jurídico debe motivarse en un conocimiento de la realidad. Si dicho conocimiento es equivocado o errado, se dice que está viciado, privando de eficacia a la manifestación de voluntad. 6. Clases de Error: Hay distintas clasificaciones que se pueden dar en el error: 1) Error de Derecho y Error de Hecho: a. El Error de Derecho: “Falsa o inexacta representación de la realidad jurídica por la ignorancia de una norma o bien por la equivocada interpretación o inexacta aplicación 43

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de la misma a un caso concreto”. Para los romanos, el llamado error iuris o error de derecho era comprensivo tanto de la ignorancia de la ley como del concepto equivocado de la misma. Tanto para los romanos como para el Código Napoleón, siguiendo las enseñanzas de Pothier, el error de derecho no constituye un vicio del consentimiento, lo que significa que no puede alegarse para impedir las consecuencias jurídicas de los actos lícitos ni para exonerarse de responsabilidad por los actos ilícitos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. Sin embargo, contemporáneamente se entiende que no interesa para efectos de la sanción si el error es de derecho o de hecho, basta que este sea determinante y excusable para que se produzca la ineficacia. En nuestro sistema, los tribunales, y salvo alguna moderna doctrina, no han recogido dichos planteamientos. b. El Error de Hecho: “Falsa representación que se tiene de una cosa, de un hecho o de una persona, como consecuencia de ignorancia o de equivocación”. 2) Error Excusable e Inexcusable: El criterio que se aplica es determinar si el error de que se trata proviene de la culpa, imprudencia o supina ignorancia del que lo sufre. a. Error Inexcusable: “Aquel que proviene de la culpa, imprudencia o supina ignorancia del que lo sufre”. b. Error Excusable: “Aquel que no proviene de la culpa, la imprudencia o supina ignorancia del que lo sufre”. La causa del error, desde la perspectiva de la responsabilidad de la víctima del error, será determinante al momento de establecer quién asume los riesgos de dicha falsa noción de la realidad. Generalmente a nivel de doctrina no se trata esta clasificación. Sin embargo, nuestro Código tímidamente se refiere a la materia planteada. Más aun, la jurisprudencia moderna de la Corte Suprema se refiere explícitamente a este elemento. El principio sentado por el Art. 706, inc. final CC, al señalar que el error de derecho es inexcusable, es que quien yerra en forma inexcusable carece de justa causa de error y por lo que no tiene legitimación para demandar la nulidad del negocio. Lo anterior es evidente si se considera que no puede invocar su propio error culposo para anular el negocio. Dicho concepto, aparece insinuado -tímidamente- en el precepto legal recién indicado, ya que el Art. 706, inc. 3 CC señala que: “Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe”, es decir, no impide al sujeto aprovecharse de los efectos de su conducta, siempre y cuando el error sea justo y, a contrariu sensu, no provenga de su propia culpa, imprudencia o supina ignorancia. Mismo principio aparece en el Art. 1683 CC en términos tales que no podrá alegarse la nulidad absoluta por aquella parte que teniendo interés en su declaración haya “sabido o debido saber el vicio que lo invalidaba”, lo cual muestra nuevamente que el error debió haber sido excusable. Criterios de Excusabilidad e Inexcusabilidad: Determinar cuándo un error es excusable o inexcusable es una cuestión de hecho, de modo que serán los jueces del fondo los que deberán establecer a través de los medios probatorios, la existencia de este o no.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Para ello, se deberán considerar y ponderar elementos referidos a la previsión del sujeto, es decir, se deberá analizar si este, al momento de celebrar el negocio jurídico, adoptó las conductas que un sujeto diligente -buen padre de familia- habría adoptado o previsto. En ese contexto, el error es excusable cuando normalmente, y según las circunstancias del caso concreto, no ha podido ser evitado por quien lo sufre, no obstante haber actuado diligentemente. 3) Error Obstáculo, Obstativo u Impeditivo y Error Vicio: Un intento de aproximación hacia un concepto unitario del error relevante o esencial podría encontrarse en el hecho de que en distintas hipótesis de error se advierte una discrepancia entre lo querido y lo declarado. Sin embargo, esto no ocurre en el llamado Error Obstativo u Obstáculo, el cual consiste en dos hipótesis: a. Cuando las partes yerran en el contrato que celebran: Por ejemplo, una entiende vender una cosa y la otra entiende que se la donan. b. Cuando las partes yerran en el objeto del contrato: Por ejemplo, una parte entiende vender un caballo y la otra entiende comprar una vaca. Esto porque en ambos casos lo que cada parte quiere corresponde a lo que declara; no se produce una discrepancia entre lo querido y lo declarado. Lo que ocurre es que los planteamientos o posiciones de las partes son diametralmente opuestas e imposibles de conciliar; existe una discrepancia entre lo querido y declarado por una parte con lo querido y declarado por la otra; no hay acuerdo de voluntades: existen dos voluntades que no se unen y que marchan por caminos separados. Doctrinariamente surge, entonces, dos tipos de error: a. Error Obstáculo u Obstativo: Obsta o impide la formación del consentimiento, por lo que el acto en que incide no logra adquirir existencia jurídica. b. Error Vicio: Constituye un vicio de la voluntad. El acto en que el error incide tiene existencia jurídica; hay acuerdo de voluntades. Ahora bien, para determinar qué error puede considerarse particularmente relevante porque influye de modo decisivo en la voluntad; la doctrina propone dos criterios: a. Criterio Objetivo: Consiste en describir el tipo o hipótesis de error y atribuir los efectos propios de este a toda conducta que pueda encuadrarse en el tipo, con prescindencia de la influencia que el error pudiera haber tenido concretamente en el conocimiento del agente. b. Criterio Subjetivo: Consiste en atribuir los efectos del error a todas las situaciones en que se compruebe una falsa representación de la realidad que hubiera sido determinante para la actuación del agente. 7. La Teoría del Error en el Código Civil Chileno: El Código Civil chileno se ocupa del error en varias disposiciones. Por ejemplo, en los artículos 1451 a 1455 se reglamenta el error como vicio del consentimiento en los actos o declaraciones de voluntad; en el artículo 1057 se señalan los efectos que produce el error en el nombre o calidad de un asignatario testamentario; en el artículo 677 se determinan los efectos del error en la tradición; en el artículo 2455 se reglamenta el error en la transacción. 45

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Al reglamentar el error que vicia el consentimiento el Código distingue entre el error de derecho y el error de hecho. 1) El Error de Derecho: El Art. 1452 CC señala que: “El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”. Esto surge como lógica consecuencia de la ficción de la ley que supone que las normas jurídicas son conocidas por todos, sin que nadie pueda alegar su ignorancia después que hayan entrado en vigencia (Art. 8 CC). A tanto llega la ficción de conocimiento de la ley, que en ciertos casos se considera de mala fe a la persona que alega error de derecho. Así, el Art. 706 CC que define la buena fe en materia posesoria como “la conciencia de haber adquirido la posesión por medios legítimos, exentos de fraude o de cualquier otro vicio”, y que establece que no se opone a la buena fe un justo error en materia de hecho, señala que el error en materia de derecho constituye presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. Sin perjuicio de lo anterior, una nueva posición doctrinaria estima que, cuando una persona alega el error de derecho como vicio del consentimiento no está tratando de vulnerar la ley, de quedar fuera de sus normas. Lo que pretende es que, porque no conocía bien las reglas del derecho, prestó su consentimiento o dio su voluntad, de modo que, de haber sabido cual era la verdadera situación, no habría celebrado el negocio jurídico. En ese sentido, tal como opina De Castro: “la ignorancia de la ley no se opone o no es obstáculo al cumplimiento de la ley”. En ese mismo sentido, Saavedra y Galleguillos sostienen que la distinción entre la ignorancia de la ley y el error de derecho se refieren a ámbitos de principios diversos, en términos de que ambas doctrinas no se confunden y actúan en campos separados, proponiéndose también objetivos distintos, por cuando, una procura obtener que ninguna persona pueda sustraerse al imperio de la ley alegando su ignorancia; en cambio, la otra tiende a determinar en qué situaciones un error de Derecho que vicia efectivamente la voluntad puede acarrear la nulidad del negocio. No obstante, lo expuesto, la doctrina nacional coincide en atribuir el carácter de excepción a la regla general a los artículos 2297 y 2299 CC, ubicados entre las disposiciones que reglamentan el cuasicontrato de pago de lo no debido. El autor estima, sin embargo, que el alcance que corresponde atribuir a dichas disposiciones no es el de que el error de derecho que ellas suponen vicie la voluntad, pues en tal caso la víctima del error podría demandar la nulidad relativa del acto, que es la sanción para los vicios de la voluntad, y en los mencionados artículos el efecto que produce el error no es la nulidad. Lo que ocurre es que la víctima del error de derecho podrá sustraerse legítimamente a las consecuencias jurídicas que emanan de la declaración de voluntad, que no hubiera efectuado si hubiese tenido una acertada representación de la realidad jurídica. a. Situación del Artículo 2297 del Código Civil: Señala este artículo que: “Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente natural”. Esto se daría en el caso en que, por ejemplo, una persona paga en la creencia de que una ley lo obliga a hacerlo, en circunstancias que esa ley no existe. Si interpretáramos rigurosamente el Art. 1452 CC podría conducir a la estimación de que solo el error de hecho y no el de derecho haría posible la acción de repetición. Por eso este articulo viene a crear una solución expresa que permite repetir lo pagado aun por error de derecho. b. Situación del Artículo 2299 del Código Civil: Señala este artículo que: “Del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto 46

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho”. Podría darse el problema de que la persona que recibe de otra lo que no se le debe pretendiera retener la cosa bajo el pretexto de que se le ha donado. En virtud de este artículo la donación que es motivada por un error de derecho no produce los efectos de tal, sino que los propios del pago de lo no debido. Así, si una persona dona a una institución benéfica no por liberalidad, sino que para obtener un beneficio tributario que no existe, puede pedir que se repita lo pagado. En opinión de Martinic y Reveco, podrían existir otros dos casos excepcionales: c. Artículo 2454 CC: “Es nula en todas sus partes la transacción celebrada en consideración a un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título”, en cuanto el error de derecho en la transacción también sería una excepción. No obstante, se ha concluido que no es excepción. Debe entenderse, entonces, que cuando se transige en consideración a un título nulo, la parte que ha ignorado los hechos que dan origen al vicio de nulidad del título, podría pedir la declaración de nulidad por este vicio del consentimiento. Pero si ha conocido esos hechos y ha padecido de error de derecho, como este es inexcusable, no podría accionar de nulidad. d. Recurso de Casación en el Fondo (Art. 767 CPC): Debido a que tiene por fundamento anular las sentencias en aquellos casos en que se ha cometido infracción de ley (error de derecho) que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo que este caso constituye una expresión del error de derecho en el sistema procesal nacional. 2) El Error de Hecho: Se podría pensar que el Código Civil reglamenta el error de hecho bajo un criterio objetivo, pues no existen más hipótesis de error de hecho relevantes que las descritas en él. Sin embargo, en opinión del autor, en las hipótesis de error de hecho relevante el legislador requiere no solo que se den los supuestos previstos en la norma, sino también que el error haya sido determinante para la actuación del sujeto. Esta exigencia aparece implícitamente formulada en la hipótesis de error prevista en el Art. 1454, inc. 1 CC y explícitamente, en las hipótesis de error reglamentadas por los Arts. 1454, inc. 2 y 1455 CC. Para que el error vicie el consentimiento se requiere que sea: a. Inconsciente: No querido. b. Espontaneo: Sin intervención de terceros ya que de contrario habría dolo. c. Excusable: Sin culpa, negligencia o supina ignorancia. d. Determinante: Debe ser el móvil principal al momento de contratar. e. Debe ser padecido por una de las partes del negocio. Además, es importante señalar que el legislador considera que el error que la doctrina denomina obstativo u obstáculo constituye un vicio del consentimiento, lo que se aparta por completo de la tesis que señala que impide que se forme el consentimiento. Las hipótesis que regula el Código son: a. El Error Esencial u Obstáculo (Art. 1453 CC): “El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, 47

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra”. En este contexto, el artículo reglamenta dos supuestos de error: i. El error que recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra: Lo que configura una falsa representación de las partes del contrato que se encuentran celebrando. ii. El error que recae sobre la identidad de la cosa especifica de que se trata: Lo que constituye una falsa representación de la identidad de la cosa objeto del contrato. Puede errarse tanto en especies de un mismo género o bien en especies de distinto género. Sanción del Error Obstáculo: En lo que respecta a su sanción la doctrina nacional se encuentra dividida en tres opiniones: i. Inexistencia Jurídica por falta de consentimiento: Sostenida por aquellos que estiman que el error obstáculo impide el acuerdo de voluntades indispensable para que la convención exista. ii. Nulidad Absoluta: Sostenida por aquellos que estiman que la inexistencia jurídica constituye una sanción de ineficacia del acto que encuentra en sustento solamente doctrinario y no en las disposiciones del Código Civil. Esta postura coincide con la anterior en el sentido que le asignan la máxima sanción porque el error obstáculo impide que se forme el consentimiento. Esta es la posición de la Corte Suprema, la cual ha indicado que procede la nulidad absoluta por la falta o ausencia de voluntad. iii. Nulidad Relativa: Sostenida por aquellos que, si bien coinciden con que la hipótesis del Código coincide con el error obstáculo, señalan que la sanción sería la nulidad relativa y no la absoluta porque el Art. 1682, inc. final CC señala expresamente que “Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato” y el Código trata a este error como vicio de la voluntad. Otro argumento que suele darse para sustentar la nulidad relativa como sanción del error obstáculo es que su presencia solo perjudica al interés particular de los contratantes, al interés privado de los individuos, y no al interés general de la sociedad. b. El Error Sustancial (Art. 1454, inc. 1 CC): “El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante”. En esta hipótesis la víctima del error atribuye a la cosa objeto del acto o contrato una sustancia o calidad esencial que en realidad no tiene. El Código en este artículo hace referencia a dos conceptos relevantes:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Sustancia: Se dice que es la materia especifica que constituye la cosa, lo que supone una apreciación estrictamente objetiva y material. Así, la persona que cree comprar vino y en realidad compra vinagre, sufre un error que recae sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato. ii. Calidad Esencial: Se discute en torno a la objetividad o subjetividad de la calidad esencial respecto de la cual yerra una de las partes: 1. Objetivo: Dichas calidades esenciales se determinan conforme a la opinión general y las circunstancias del negocio, y no por la sola intención particular del que invoca el error. Este criterio premia la seguridad jurídica. 2. Subjetivo: Para la configuración de la calidad esencial basta la sola intención de los contratantes, sin necesidad de recurrir a elementos externos a este. Este criterio valora la autonomía privada, pero arriesga la seguridad de la contratación. 3. Criterio Mixto: En opinión de Martinic y Reveco la solución más apropiada para que la institución en cuestión tenga alguna utilidad práctica es que a la misma debe otorgársele un carácter subjetivo circunstanciado, es decir, debe desprenderse de las circunstancias concretas de la contratación, aquella calidad que la parte pudo tener para celebrar el acto o convención. Si el artículo 1454 se hubiera limitado a hablar de calidad esencial y no se hubiera referido a la sustancia con el alcance material y objetivo que asigna a esta palabra la antigua doctrina, el error en la sustancia-materia solo viciaría el consentimiento en la hipótesis de que dicha sustancia o materia fuera tan relevante para una de las partes, que si hubiera sabido que la cosa tenía una sustancia-materia diferente, no habría celebrado el contrato. Pero Bello, siguiendo al Código Civil francés incorporó este concepto. Sin embargo, apartándose de este, Bello incorpora el concepto de calidad esencial, con lo cual revela que sigue el pensamiento de Pothier, para quien lo relevante es el error sobre una cualidad principal o esencia de una cosa. Puede ser que la sustancia de una cosa resulte indiferente para las partes. Cabe hacer presente que la doctrina moderna no habla de error sustancial, sino que, de error sobre las cualidades relevantes de una cosa, entendiéndose por tales las que son determinantes y atrayentes para las partes; las que inducen a contratar y sin las cuales una de ellas, a lo menos, no habría contratado. En este contexto, a juicio del autor, el error en la sustancia vicia el consentimiento solo cuando una de las partes, que cree que la cosa esta hecha de una determinada materia, atribuye a esta el carácter de cualidad relevante, en términos tales que de saber que la sustancia es diversa de la que cree, se habría abstenido de contratar. Es por ello que el autor sostiene que la expresa mención que hace el artículo 1454 a la sustancia entendido como materia contiene una presunción simplemente legal de que la sustancia-materia es relevante y que la consideración de que la cosa esta hecha de una determinada sustancia normalmente determina a contratar. Por ello el autor cree que, quien alega haber comprado una cosa en la creencia de que era de una materia diferente a la que 49

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe realmente tenia, no está obligado a probar que la materia constituía para él una cualidad esencial de dicha cosa. Sin embargo, como la presunción es simplemente legal admite prueba en contrario, ella puede ser desvirtuada si la otra parte comprueba que la sustanciamateria no era relevante para quien alega haber sufrido error y que su consentimiento, por ende, no se encuentra viciado. Corresponde al juez determinar, atendiendo a las circunstancias del caso concreto sometido a su conocimiento y a lo que, a la luz de dichas circunstancias, deba tenerse objetivamente por calidad esencial. Efectos del Error Sustancial: El error sustancia vicia el consentimiento. El acto en que incide dicho error se sanciona con la nulidad relativa. c. El Error sobre las Calidades Accidentales (Art. 1454, inc. 2 CC): “El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte”. Cualidades accidentales de una cosa son “aquellas que normalmente son irrelevantes, en el sentido de que la consideración de que la cosa las tenga no determina a contratar ni abstiene a hacerlo la consideración de que la cosa carezca de ellas”. Para que el error en una cualidad no esencial de la cosa vicie el consentimiento, es preciso: i. Que la consideración de que la cosa tiene tal cualidad hubiese constituido el motivo determinante que tuvo una de las partes para contratar, y ii. Que ello haya sido conocido por la otra parte. Son típicos casos de error sobre una calidad accidental que no vician el consentimiento los regulados en los Arts. 676 y 2458 CC. El primero de ellos establece que, si se yerra en el solo nombre del tradente, es válida la tradición, y el segundo de ellos establece que un error de cálculo no anula la transacción, solo da derecho a que se rectifique el cálculo. Efectos del Error sobre las Cualidades Accidentales: Por regla general no vicia el consentimiento, a menos que se presente la excepción que antes se mencionaba. En este último caso, el error accidental vicia el consentimiento y el acto en que incide se sanciona con la nulidad relativa. d. El Error en la Persona (Art. 1455, inc. 1 CC): “El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato”. Doctrinariamente el error en la persona es, por regla general, irrelevante. Solo excepcionalmente, cuando el acto o contrato se ha celebrado en consideración a una persona determinada -actos intuitu personae- hasta el punto de que la misma ha sido la razón principal -o exclusiva- de la declaración de voluntad, el error in persona es relevante, reviste carácter esencial, anulando, en consecuencia, el negocio celebrado. La doctrina tradicional considera que el error en la persona es relevante solo en los actos intuitu personae, y señala que tienen tal carácter, por ejemplo, los actos de familia. En lo relativo a los actos patrimoniales y, en especial, a los contratos, la regla general es que no 50

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe tienen tal carácter, pues normalmente se celebran en consideración a las cosas o prestaciones y no en consideración a las personas. Harían excepción a esta regla los contratos gratuitos que se suponen celebrados en consideración a una persona determinada, como la donación, el depósito y el comodato; y los contratos onerosos que importan confianza en una persona específica, como el mandato, la sociedad civil, el arrendamiento de obra o servicios que se celebran en atención a las cualidades de una persona. El concepto de la doctrina moderna es más amplio, en el sentido que en cualquier tipo de negocio podría ser relevante el error en la persona, siempre que se demuestre que el error in persona ha sido esencial y determinante del consentimiento. En lo que respecta al error en las cualidades de una persona, se dice que por cualidades hay que entender “aquellas notas o caracteres objetivos de índole estable o permanente que configuran la personalidad”, y se citan como tales la capacidad laboral, la posesión de ciertos títulos profesiones o grados académicos, etc. El error en la persona presenta particular relieve en el matrimonio. Mucho se ha discutido si el error se restringe a la identidad física, o es extensivo, también, a otras condiciones o cualidades que configuran la identidad de la persona. La opinión dominante estima que la identidad de la persona comprende no solo la física, sino también las condiciones o cualidades relevantes interpretadas, si, con un criterio restrictivo por la misma naturaleza de la institución matrimonial. En ese sentido, son irrelevantes el carácter o temperamento de uno de los contrayentes, si tiene o no profesión, su mayor o menor inteligencia o belleza física, su situación económica. Y son relevantes que la persona tenga condenas penales cuando se creía firmemente lo contrario o si el cónyuge tiene una enfermedad contagiosa transmisible a los descendientes, etc. Efectos del Error en la Persona: Por regla general es irrelevante. Sin embargo, en los contratos en que la consideración de la persona con quien se tiene intención de contratar es la causa principal, el error en la persona vicia el consentimiento, sancionándose el acto en que incide con la nulidad relativa. Es importante tener presente que el Art. 1455, inc. 2 CC señala que: “Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado, tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato”. 8. Error sobre las Calidades de la Cosa y Figuras Afines: 1) Error sobre una Calidad Accidental y el Incumplimiento de Contrato: Esta situación ocurrirá especialmente cuando de las partes cumple su obligación entregando o pagando con una cosa sin la calidad accidental sobre la que se había pactado expresamente, o si, por ejemplo, una parte, para justificar el incumplimiento reiterado de sus obligaciones, alega o demanda la nulidad relativa del contrato por efecto del error en las calidades accidentales que para ella eran el móvil determinante. En este caso la cuestión es clara: el error ocurre al momento de la celebración del negocio, pero en el caso del incumplimiento, el hecho es posterior a su celebración, y puede tratarse de cualquier incumplimiento determinante, el que no dará derecho a la nulidad del negocio jurídico, sino que tan solo al cumplimiento forzado de la obligación y a la indemnización de perjuicios. En caso de que el contrato sea bilateral, también autorizará su resolución. 51

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Error sobre la Calidad Esencial y Vicios Redhibitorios: Un vicio redhibitorio u oculto consiste en “aquellos defectos que afectan a la cosa en términos de que esta no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menos precio”. Un vicio será redhibitorio solo cuando haya existido al momento de la venta; sea grave y oculto. El ámbito de aplicación del error en la calidad esencial puede confundirse con los vicios redhibitorios e incluso superponerse en algunos casos, ya que en ambos casos el legislador atiende a lo que el contratante se ha representado, o se hubiera representado, y que le mueve, finalmente a contratar. Sin embargo, para Ibáñez Gornien estas instituciones son diversas porque: a. Uno es de aplicación amplia y otro más restringido: El error se aplica a todos los contratos y los vicios redhibitorios solo a la compraventa. b. Uno es renunciable en forma anticipada (vicio oculto) y el otro no (error). c. Uno se enraíza en el fuero interno del sujeto (error) y el otro en los datos objetivos de la cosa (vicio oculto). d. Uno tiene como efecto la nulidad relativa del contrato (error) y el otro la resolución de la venta o rebaja del precio (vicio oculto). Pero una cosa es clara: el error en la calidad esencial es un vicio del consentimiento, lo que significa que la falta de adecuación entre lo que el sujeto se representa y lo que la realidad es, radica en su propia mente. En cambio, en el caso del vicio redhibitorio, la cosa que ha sido objeto del contrato de compraventa no sirve por si misma a su uso natural, sin necesidad de recurrir a la mente del comprador. A pesar de lo anteriormente dicho, existen dos casos en que pueden estar ambas instituciones: a. Convivencia: Por ejemplo, se compra un caballo bajo la calidad esencial de que sea de carrera y finalmente no lo es, y además tiene una herida que impide su uso natural. En este caso, el acto podrá dirigirse por ambos defectos. b. Superposición: La calidad esencial de la cosa es diversa de lo que se cree, y ese mismo hecho constituye a su vez un vicio oculto de la cosa que hace que no sirva para su uso natural, o solo sirva imperfectamente, como la compraventa de un candelabro que se cree de plata, pero es de estaño y dicho metal es demasiado frágil, por lo que se dobla bajo el peso de las velas. En este caso la doctrina estima que debe primar la ley especial por sobre la general (aplicación del vicio redhibitorio), pero si el vicio de error se manifestó posteriormente a la fecha de prescripción de la acción redhibitoria, debe aplicarse la institución del error, ya que, de contrario, se deja a la víctima de dicho error en la indefensión jurídica. 9. Indemnización de Perjuicios y el Error como Invalidante del Contrato: El problema se plantea en si la regla de indemnización del error en la persona se aplica a todos los casos de nulidad por causa de error o bien, tan solo al error en la persona. Sobre el particular, la doctrina se ha pronunciado por una aplicación extensiva de la regla, por lo tanto, se aplica a todos los casos de error excusable de que trata el Código, por cuanto se aplica la analogía: “a la misma situación, misma solución legislativa”. 52

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe De este modo, la causal de imputación de responsabilidad para indemnizar los perjuicios en este caso, no se encuentra en la imputación de dolo o culpa (ya que solo vician el consentimiento los errores excusables o padecidos con justa causa de error), sino que en la regla de las prestaciones mutuas del Art. 1687, inc. 1 CC, esto es, el derecho a las partes a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. 10. Labor del Juez cuando se alegare por una de las partes en un contrato que ha sido víctima de error sobre las calidades o cualidades de una cosa: La labor del juez en la configuración de la hipótesis de error sustancial o accidental es la siguiente: 1) Del conjunto de circunstancias de hecho que rodean al contrato, debe ser posible extraer como deducción los atributos o cualidades de la cosa que la mayoría de las personas, en circunstancias análogas o similares, hubiesen considerado esenciales y relevantes para contratar, en términos tales que, de conocer que faltaban, se habrían abstenido de contratar. 2) Si se produjere una coincidencia entre la apreciación que hace la víctima del error de lo que para él constituye calidad esencial y cuya falta lo induce a demandar la nulidad del contrato, y el resultado de la deducción que hace el juez de lo que constituiría calidad esencial de la cosa para la mayoría de las personas que se encontraran en similares condiciones, cabría considerar que el consentimiento prestado por la persona que creyó que la cosa tenía tal cualidad se encontraría viciado y que procede la recisión del contrato, a menos que la otra parte probara que aquella igual habría celebrado el contrato aun en conocimiento de que a la cosa le faltara la cualidad a la que atribuye el carácter de esencial. 3) Del proceso deductivo que realiza el juez para establecer qué calidades o cualidades de la cosa son esenciales, surge por exclusión el concepto de calidad accidental. Y, para que el error sobre ellas vicie el consentimiento, la victima deberá probar que dicha calidad no esencial fue el principal motivo que tuvo para contratar y que la otra conocía dicho motivo determinante. 11. El Error en los Actos Jurídicos Unilaterales: El legislador reconoce expresamente la relevancia del error en ciertos actos jurídicos unilaterales, pues todos los actos jurídicos, sean unilaterales o bilaterales, se hallan regulados en su aspecto subjetivo por reglas sustancialmente inspiradas en un principio unitario: el concepto de volición consciente. Además, se trata el error como vicio de la voluntad en una serie de actos jurídicos unilaterales, como el error en el nombre o calidad del asignatario testamentario (Art. 1057 CC) o en la asignación (Art. 1058 CC); o en la aceptación de una herencia (Art. 1234 CC) donde la lesión supone el error porque el aceptante ignora que por disposiciones testamentarias el valor de la asignación ha disminuido en más de la mitad. B. Sección Segunda: “LA FUERZA” 1. Conceptos Generales: Se define la fuerza como “los apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona destinados a que preste su consentimiento para la celebración de un acto jurídico”. La fuerza es un vicio de la voluntad, porque se opone a la libertad. 2. Fuerza Física o Absoluta: En la fuerza física se pretende obtener una apariencia de consentimiento de la víctima a través de procedimientos violentos o brutales, como cuando el declarante escribe porque a viva fuerza le es conducida la mano. La fuerza física excluye o suprime la voluntad. Por tanto, no es un vicio de la voluntad. En el acto en que dicha fuerza incide no hay voluntad de la víctima; existe solo una apariencia de voluntad. Por faltar la voluntad, el acto es inexistente.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Fuerza Moral: En el acto en que incide la fuerza moral existe una manifestación de voluntad del sujeto. Pero este no ha sido libre; la manifestación le fue impuesta por una amenaza actual de un mal futuro. El sujeto, frente a la amenaza, ha sentido miedo, temor, y prefiere someterse como un mal menor, con tal de evitar el mal amenazado considerado por él como de mayor importancia. Mientras la violencia física excluye la misma voluntad de la declaración, la violencia moral influye sobre la voluntad negocial. La victima de la fuerza moral se representan la posibilidad de elegir entre tres alternativas: ceder a la amenaza, aceptando como un mal menor celebrar el acto a que es inducido; rehusar, aceptando sufrir el mal con que se le amenaza, o rehusar, defendiéndose del mal con que se le amenaza. 4. Requisitos Doctrinarios para que la Fuerza Moral vicie la Voluntad: La doctrina exige: 1) Que la Fuerza Moral sea Importante: Fuerza importante es “aquella que influye de manera significativa en el ánimo de la víctima”. Para determinar dicha influencia se toma en consideración un tipo medio de persona sensata, apreciando la edad, el sexo y otras condiciones. Así se debe excluir la violencia relevante si el mal con que se amenaza habría atemorizado solo a un pusilánime o solo a un necio. 2) Que la Fuerza Moral sea Injusta: Que la fuerza sea injusta significa que “el mal con que se amenaza debe ser ilegitimo, es decir, contrario a derecho; o bien, no siendo en sí mismo ilícito, que se enlace a la consecución de una ventaja desproporcionada e injusta”. La amenaza no es injusta cuando se tiene derecho de ejercerla. Sin embargo, aun cuando se tenga el derecho de ejercer la amenaza, esta sería injusto en cuanto sirva para obtener beneficios injustos; o sea, beneficios a los que no se tiene derecho. 5. De quien puede provenir la Amenaza: La amenaza debe provenir necesariamente de una persona, que puede ser una de las partes en la convención, el destinatario de una declaración unilateral o un tercero, sin que importe en este último caso que la contraparte o el destinatario de la declaración unilateral sean cómplices o estén en conocimiento de la amenaza fraguada por el tercero. No importa tampoco que quien ejerce la amenaza no tenga, en realidad, intención de concretarla y que la amenaza no sea más que un alarde o bravata; ni que con la amenaza se pretenda, en definitiva, un resultado justo o licito. 6. Hechos que no constituyen Fuerza Moral: La doctrina considera que no hay violencia o fuerza cuando la víctima, por error, se autosugestiona con la impresión de una amenaza inexistente, aunque sufra un temor. Tampoco la hay en el Temor Reverencial, es decir, “aquel estado de sujeción en el que nos encontramos por razones de obediencia, gratitud, respecto, admiración o devoción frente a otros”. 7. La Fuerza en el Código Civil Chileno: El Art. 1456, inc. 1 CC establece los requisitos que debe reunir la fuerza para viciar el consentimiento: “La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave”. Esto implica que la fuerza deber ser importante o grave, a lo cual agrega la doctrina nacional que debe ser injusta o ilícita y determinante. 54

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Primer Requisito: Fuerza Grave: De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 1456, inc. 1 CC solo vicia el consentimiento la fuerza “que es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición”. Corresponde al juez, apreciando soberanamente las circunstancias de hecho, determinar si la fuerza cumple o no con este requisito. La victima de la fuerza debe probar, en primer término, la existencia de la amenaza; y, en segundo, la gravedad de la misma, esto es, que fue capaz de producirle una impresión fuerte, tomándose en cuenta su edad, sexo y condición. Por excepción la ley presume la gravedad de la fuerza “cuando la amenaza infunde en la victima un justo temor de verse expuesta ella, su consorte, o alguno de sus ascendientes o descendientes, a un mal irreparable y grave”. Concurriendo estos requisitos, la victima de la fuerza no se encuentra obligada a probar la gravedad de la misma. 2) Segundo Requisito: Fuerza Injusta o Ilícita: El apremio debe ser contrario a la ley o al derecho. 3) Tercer Requisito: Fuerza Determinante: El consentimiento obtenido con la amenaza debe ser consecuencia inmediata y directa de esta, de modo que sin la fuerza la víctima no habría celebrado el acto para el cual se la forzó. Este requisito se desprende del Art. 1457 CC que dice que la fuerza puede provenir de cualquier persona “con el objeto de obtener el consentimiento”, es decir, el consentimiento es consecuencia inmediata y directa de la fuerza. 7.1. De quienes puede provenir la Fuerza (Art. 1457 CC): “Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento”. 7.2. El Temor Reverencial (Art. 1456, inc. 2 CC): “El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no basta para viciar el consentimiento”. 7.3. Efectos de la Fuerza Moral: La sanción para la fuerza moral es la nulidad relativa, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 1682, inc. final CC. 8. El Estado de Necesidad: Consiste en que “el sujeto, que se siente amenazado por un hecho de la naturaleza o por un acto del hombre, para evitar el daño que teme en su persona o en sus bienes adopta un determinado comportamiento, que produce un perjuicio a terceros o resulta perjudicial para los propios intereses del sujeto”. Si bien, por regla general, la persona que causa un daño a terceros está obligada a repararlo, si la persona ha actuado como consecuencia de un estado de necesidad, no queda obligado a reparar los daños que produzca a terceros. Es posible, por otra parte, que el comportamiento del sujeto no lesione los intereses de terceros, sino que afecte los intereses propios. Ello ocurre cuando la persona que se encuentra en situación de peligro, para sustraerse a ella, celebra un acto jurídico que lesiona gravemente sus intereses. Se produce en la hipótesis planteada una situación semejante a la fuerza ya que el sujeto se ve sumido a tres opciones: allanarse al peligro, defenderse de él o prestar su consentimiento para evitarlo. Pero el estado de necesidad y la fuerza se diferencian en que: 1) En el primero, la coacción psicológica puede derivar de un hecho natural o humano; en tanto en la segunda el apremio o amenaza proviene necesariamente del hombre. 55

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) En el primero, el hecho que lo provoca no está encaminado a obtener una manifestación de voluntad en un determinado sentido; en cambio, en la segunda el apremio va directamente dirigido a obtener el consentimiento de la víctima. La doctrina alemana e italiana consideran que el sujeto que celebró un acto jurídico en estado de necesidad queda exento de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones que asumió para evitar el mal que lo amenazaba. En nuestro Código Civil no existe ninguna disposición similar. El contrato que se celebró como consecuencia del estado de necesidad no es, por esta causa, rescindible. Tampoco podría pretenderse la rescisión del contrato por lesión, ya que esta institución, establecida por el legislador con un carácter objetivo, solo tiene cabida en los casos expresamente determinados por la ley, dentro de los cuales no se considera la lesión creada por un estado de necesidad. C. Sección Tercera: “EL DOLO” 1. Conceptos Generales de Dolo: Tanto en el error como en el dolo existe por parte de la víctima una falsa representación de la realidad que impide que la manifestación de voluntad sea eficaz. La diferencia entre uno y otro está en que, en el primero, la falsa representación que se hace el sujeto surge en forma espontánea; en el segundo, en forma no espontánea y si provocada por las maquinaciones fraudulentas fraguadas por otra persona para engañar e inducir a error al sujeto. Se formulan doctrinariamente diversas definiciones del dolo: 1) Definición Tradicional: “Un vicio del consentimiento constituido por la maquinación fraudulenta destinada a que una persona preste su consentimiento para la celebración de un acto o contrato”. 2) Betti: “Toda forma de artificio capaz de inducir a engaño a otros, que excede de aquel género de habilidades que se pueden considerar permitidas a las partes en la lucha de astucia que suele desarrollarse en el curso de las negociaciones de un contrato oneroso”. 3) Stolfi: “Artificio utilizado para engañar a una persona provocando en ella un error o aprovechando el error en que la misma se halla, a fin de inducirla a realizar un negocio jurídico”. 4) Breve: “Error provocado engañando a otro”. 5) Santoro Passarelli: “Aquel que vicia la voluntad negocial actuando sobre la inteligencia mediante el engaño y, por tanto, induciendo a error al autor del negocio”. Si bien el dolo es un engaño provocado, hay que tener presente que el dolo constituye un vicio del consentimiento distinto del error y, por lo mismo, una causa por si relevante para anular un acto. Aun cuando el error provocado por el dolo no sea relevante, el acto en que este incide va a ser ineficaz por haber tenido como causa el dolo. 2. Clasificación del Dolo: 1) Dolo Bueno y Dolo Malo: a. Dolo Bueno: “El comportamiento licito, realizado con astucia, malicia, halagos, jactancias, propaganda, incitaciones e insistencias que se consideran permitidas en la vida de los negocios o, en general, en las relaciones sociales o jurídicas; para el mismo, cualquier sujeto del mundo del derecho está preparado y habituado”. 56

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Dolo Malo: “Comportamiento ilícito constituido por el engaño que una persona hace a otra para inducir a esta última a una manifestación de voluntad que sin el dolo no habría efectuado, o habría efectuado en condiciones menos onerosas”. Según Betti, el criterio de delimitación entre dolo ilícito y picardía licita se deduce de las ideas dominantes para una sociedad como la actual, en la práctica común del tráfico. 2) Dolo Positivo y Dolo Negativo: a. Dolo Positivo: “Aquel en que el engaño se realiza a través de razonamientos o actos tendientes a representar como verdaderas circunstancias falsas o a suprimir o alterar las verdades”. b. Dolo Negativo: “Aquel en que el engaño consiste en ocultar sagazmente hechos verdaderos”. Esto ocurre ya al no desengañar a la parte contraria sobre un error reconocible en que incurre, ya al no suministrar las aclaraciones debidas cuando se está en el deber de hacerlo. 3) Dolo Determinante y Dolo Incidental: a. Dolo Determinante, Principal o Inductivo: “Aquel que induce en forma directa a una persona a realizar una declaración o manifestación de voluntad que, de no mediar el dolo, se habría abstenido de realizar”. b. Dolo Incidental: “Aquel que no es determinante para la manifestación de voluntad, que la víctima hubiera formulado de todas maneras, aunque, de no existir el dolo, la hubiera formulado en condiciones menos onerosas”. 3. Requisitos y Efectos del Dolo: Doctrinariamente, para que el dolo vicie el consentimiento, debe reunir los siguientes requisitos: 1) Existencia de un engaño o artificio. 2) A dicho engaño o artificio se recurre para inducir a una persona a celebrar un acto jurídico. 3) Las maquinaciones engañosas deben tener éxito: La victima celebra el acto a que se la indujo, acto que surge como consecuencia inmediata y directa del error provocado. 4) Si el acto jurídico es bilateral, el dolo debe provenir de la otra parte, o a lo menos, debe ser conocido por esta. El engaño o artificio que no cumpla con el tercer y cuatro requisitos no vicia el consentimiento. Solo otorga a la víctima el derecho a exigir indemnización de perjuicios. En los casos en que el dolo vicia el consentimiento es indiferente que la víctima haya sufrido o no perjuicios. Puede que la víctima del dolo no solo no se haya perjudicado con el acto, sino que haya reportado beneficio del mismo: igual puede demandar la nulidad del acto. En cambio, en los casos en que el dolo no vicia el consentimiento, es esencial la existencia de perjuicios, pues sin ellos no es posible demandar la indemnización. 4. De qué personas puede provenir el Dolo:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) En los Actos Jurídicos Unilaterales: El dolo debe provenir necesariamente de una persona que no es parte en el acto, beneficiado o no con la celebración del acto. 2) En los Actos Jurídicos Bilaterales: El dolo puede provenir de una de las partes o de un tercero. Hay que distinguir: a. Si proviene de una de las partes: Vicia el consentimiento si es determinante. b. Si proviene de un tercero: No vicia el consentimiento, salvo que la parte que haya conocido el dolo del tercero no lo haya puesto en conocimiento de su contraparte; reticencia que, de ser determinante, vicia el consentimiento. 3) En los Actos Jurídicos Plurilaterales: El dolo puede provenir de una de las partes o de un tercero. La nulidad por dolo puede solicitarla solamente la parte directamente engañada, en cuyo caso el acto o contrato plurilateral no se invalida para todas las partes que intervinieron en su celebración, sino solo para aquella que fue víctima del dolo, salvo el caso que la participación de esta en el contrato deba considerarse esencial para las otras. 5. El Dolo en el Código Civil Chileno: El legislador conoce el término dolo con tres acepciones o significados diferentes: 1) Como uno de los vicios de que puede adolecer la voluntad: El Art. 1458, inc. 1 CC señala que: “El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado”. De ello se desprende que el dolo debe reunir dos requisitos copulativos: a. Ser determinante. b. Ser obra de una de las partes. Ello no significa, en modo alguno, que el dolo solo tiene cabida en los actos jurídicos bilaterales, ya que la voluntad también puede encontrarse viciada en los actos jurídicos unilaterales. El Código Civil admite la posibilidad de dolo en actor jurídicos unilaterales, tales como la aceptación o repudiación de una herencia (Arts. 1234 y 1237 CC); la renuncia de los gananciales hecha por la mujer o por sus herederos (Art. 1782 CC) y el testamento (Art. 968 Nº4 CC). Necesariamente en esta hipótesis el dolo debe ser fraguado por un tercero siendo indiferente que dicho tercero resulte beneficiado o no con el acto celebrado como consecuencia de aquel. Es importante recordar que el dolo provoca un error en la víctima, y que, aunque ese error sea irrelevante para la ley, el dolo se sanciona siempre. Precisamente por tener el dolo este alcance amplio, la ley lo excluye en el matrimonio, institución en la cual la voluntad solo puede estar viciada por error, fuerza o rapto. Efectos que atribuye el Código Civil al Dolo: El dolo como vicio de la voluntad se sanciona con la nulidad relativa o rescisión (Art. 1682, inc. final CC). Sin embargo, el dolo que no reúne las condiciones requeridas para viciar la voluntad da derecho a la víctima para exigir indemnización por los perjuicios sufridos como consecuencia del dolo. Para ello tiene dos posibilidades (Art. 1458, inc. 2 CC): a. Demandar a la persona que fraguó el dolo por el total de los perjuicios.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Demandar a la persona que, sin haber fraguado el dolo, ha obtenido provecho por él, pero solo hasta concurrencia de dicho provecho. 2) Como una circunstancia agravante de la responsabilidad del deudor que no cumple la obligación asumida emanada de un contrato (Art. 1558 CC): El deudor que infringe la obligación con dolo, esto es, con la intención de perjudicar al acreedor, debe indemnización por los perjuicios directos, tanto previstos como imprevistos; en cambio, el deudor que infringe la obligación por culpa o negligencia responde solamente por los perjuicios directos previstos. 3) Como uno de los elementos que integran el supuesto de hecho del delito civil, y que consiste en la intención de causar daño (Art. 2284 CC). El dolo está definido en el Art. 44, inc. final CC como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. 6. Prueba del Dolo (Art. 1459 CC): “El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse”. Un caso de presunción se da en el Art. 968 Nº5 CC, que considera indignos para suceder al causante a los que dolosamente han detenido u ocultado el testamento, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. 7. Condonación del Dolo (Art. 1465 CC): “El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale”. Esto implica que el dolo no puede perdonarse o condonarse anticipadamente. La condonación del dolo futuro adolece de objeto ilícito y se sanciona con nulidad absoluta. Nada obsta, en cambio, a que el dolo sea perdonado una vez que se haya cometido y haya sido conocido por la víctima. D. Sección Cuarta: “LA LESIÓN” 1. Conceptos Generales sobre la Lesión: Se define la lesión como “el perjuicio que experimenta una persona cuando ejecuta ciertos actos jurídicos, y que resulta de la desigualdad existente entre la ventaja obtenida y el sacrificio hecho para obtenerla”. En doctrina el campo de aplicación de la lesión se restringe a los contratos onerosos conmutativos, que son aquellos que tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, obligándose ambas partes a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. En consecuencia, esta institución no tiene cabida en los contratos gratuitos, que son aquellos que tienen por objeto la utilidad de una de las partes sufriendo la otra el gravamen, ni en los contratos aleatorios, que son aquellos en que existe una contingencia incierta de ganancia o pérdida de la cual dependerá, en definitiva, que la prestación de una de las partes sea más o menos onerosa. 2. Naturaleza Jurídica de la Lesión: 1) Criterio Subjetivo: Si se aborda la lesión con un criterio estrictamente subjetivo, esta tendría el carácter de vicio del consentimiento. Ahora bien, existen dos opciones: a. Que sea un vicio del consentimiento propio y específico: Para los que sostienen esta postura, la falta de equivalencia de las prestaciones de las partes en el contrato oneroso conmutativo que trae como consecuencia que una da más de lo que recibe, vicia el consentimiento cuando proviene del apremio moral que ha causado a esta ultima la imperiosa necesidad de dinero. Dicho apremio coarta la libertad de decisión de la parte que 59

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe se obliga a dar más de lo que recibe e impide, por lo mismo, que su consentimiento se preste en forma libre y espontánea. Bajo esta perspectiva la lesión es un vicio del consentimiento, que consiste en el apremio moral causado por la imperiosa necesidad de dinero. b. Que sea un vicio del consentimiento accesorio, que resulta del error, fuerza o dolo: Para los que sostienen esta postura la parte que se obliga a dar más de lo que recibe lo ha hecho como consecuencia del error, fuerza o dolo de que ha sido víctima. Ahora bien, el criterio subjetivo ha sido objeto de críticas: a. Si la lesión no es más que una consecuencia del error, la fuerza o el dolo que pudiere haber sufrido la víctima, no se divisan las razones para considerarla un vicio de la voluntad. b. Parece antijuridico que cualquiera persona pudiera pedir la nulidad de un contrato que la coloca en una posición que estima desfavorable para sus intereses, por la sola circunstancia de haber consentido en él por la imperiosa necesidad de dinero: La seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas obligarían a desechar este criterio subjetivo. Si bien la necesidad obliga a contratar en condiciones desfavorables, no se pierde por ello la voluntad de contratar. 2) Criterio Objetivo: Según esta posición la lesión no guarda relación alguna con el consentimiento de la víctima. La lesión opera, lisa y llanamente, cuando el contrato concluido por las partes revela una desigualdad de las prestaciones que supera los márgenes permisibles, sin que se tomen para nada en cuenta las razones subjetivas que hayan producido dicha desigualdad. El legislador, por lo tanto, debe establecer hasta que limites o “quantum” la desigualdad de las prestaciones es tolerada, pasando a ser ilícita la que excede de dicho limite. 3) Criterio Mixto: Para que exista lesión y se produzcan las consecuencias propias de esta es menester que las prestaciones reciprocas de las partes revelen una desigualdad o falta de equivalencia que supere los límites permitidos por la ley. Pero se agrega que la desproporción debe ser consecuencia de la necesidad, miseria, ligereza o inexperiencia de la víctima, que la ha colocado en una situación desmedrada frente a una contraparte astuta o inescrupulosa. Siguiendo este criterio mixto cabria concluir que la lesión que no se funde en la necesidad, miseria, ligereza o inexperiencia de la víctima no sería reprobable, por muy grande que ella sea y aunque supere con creces los márgenes tolerados por la ley. 3. La Lesión en el Código Civil Chileno: El Art. 1451 CC no menciona entre los vicios del consentimiento a la lesión, pese a que el proyecto de 1853 la incluía expresamente como uno de ellos. El Código Civil limita el campo de aplicación de la lesión a determinados actos jurídicos, que no necesariamente son contratos onerosos conmutativos y algunos de ellos ni siquiera contratos, como consecuencia de los cuales una parte sufre un daño patrimonial que la ley estima excesivo; dictando para tales casos normas que tienen a restablecer el equilibrio. Por ello, a juicio del autor, el Código Civil sigue un criterio objetivo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Lesión en el Contrato de Compraventa de Bienes Raíces: El Art. 1888 CC dice que: “El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme”; precisando el Art. 1891 CC que: “No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por el ministerio de la justicia”. En ese contexto, solo cabe la lesión en la compraventa voluntaria de bienes raíces. El Art. 1889 CC dice que: “El vendedor sufre lesión enorme, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato”. Esto implica que hay lesión enorme en dos situaciones: a. Para el vendedor: Cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. b. Para el comprador: Cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Efectos de la Lesión Enorme (Art. 1890 CC): “El comprador contra quien se pronuncia la rescisión, podrá a su arbitrio consentir en ella, o completar el justo precio con deducción de una décima parte; y el vendedor en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión, o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. No se deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el contrato”. Es decir, existen dos grandes opciones: a. Pedir la rescisión o nulidad relativa del contrato de compraventa. b. Que la parte contraria contra quien se pronuncia la rescisión se oponga: i.

Si es el comprador: Completando el justo precio con deducción de una décima parte.

ii.

Si es el vendedor: Restituyendo el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentando en una décima parte.

2) Lesión Enorme en el Contrato de Permuta de Bienes Raíces: El Art. 1900 CC dice que: “Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato”. Entre dichas disposiciones se encuentran las recién analizadas, referentes a la lesión en la compraventa de bienes raíces. Para estos efectos, el Art. 1900 CC continúa y señala que: “cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio”. 3) Lesión en la Cláusula Penal Enorme: La cláusula penal es “una evaluación anticipada que hacen las partes de los perjuicios que deriven del retardo en el cumplimiento de una obligación, o del incumplimiento de la misma”. Se llama clausula penal enorme a “aquella que es excesiva o desmesurada, perdiendo, en consecuencia, su carácter indemnizatorio y convirtiéndose en un lucro para el acreedor”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Si la pena fuera excesiva, lo que ocurre cuando traspasa los márgenes que la ley tolera, se producen los efectos previstos en el Art. 1544 CC que dice: “Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él. La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. En el primero se podrá rebajar la pena en lo que exceda al máximum del interés que es permitido estipular. En las segundas se deja a la prudencia del juez moderarla, cuando atendidas las circunstancias pareciere enorme”. Es decir, la ley manda a distinguir tres situaciones: a. Clausula Penal Enorme en un Contrato Oneroso Conmutativo: Habrá clausula penal enorme cuando el deudor se obliga a pagar por concepto de obligación y de pena, en conjunto, más del doble de la obligación principal. Cabe hacer presente que en este caso el efecto no es la nulidad. Simplemente el deudor puede exigir que se rebaje la pena, de modo tal de pagar, por concepto de obligación principal y de pena, conjuntamente, no más del doble de la obligación principal. b. Clausula Penal Enorme en el Mutuo: La cláusula penal es enorme cuando excede el máximo de interés que es permitido estipular. Dicho máximo es el interés corriente aumentado en un 50%. La estipulación de intereses que exceda el máximo que es permitido estipular se reduce al interés corriente que rija al momento de la convención. c. Clausula Penal Enorme en Obligaciones de Valor Inapreciable o Indeterminado: En este caso se deja a la prudencia del juez moderarla, cuando atendidas las circunstancias pareciere enorme. 4) Lesión en la Aceptación de una Herencia: Dice el Art. 1234 CC: “La aceptación, una vez hecha con los requisitos legales, no podrá rescindirse, sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza o dolo, y en el de lesión grave a virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía noticia al tiempo de aceptarla. […] Se entiende por lesión grave la que disminuyere el valor total de la asignación en más de la mitad”. Nos encontramos aquí con un caso de lesión en un acto jurídico unilateral. La ley se refiere al heredero que al aceptar la herencia creía que esta tenía un determinado valor, ignorando, al tiempo de aceptarla, que existían disposiciones testamentarias del causante, en virtud de las cuales el valor de la herencia disminuye a más de la mitad. En caso de lesión grave el heredero puede solicitar la rescisión o nulidad relativa de la aceptación, la cual una vez declarada judicialmente trae como consecuencia que la aceptación quedará sin efecto.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5) Lesión en la Partición de Bienes: Dice el Art. 1348 CC: “Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota”. Si en la partición un comunero es perjudicado en más de la mitad de su cuota (por ejemplo, su cuota equivale a 100 y en la partición se le adjudican bienes por un valor total de 40), podrá demandar la rescisión o nulidad relativa de la partición para dejarla sin efecto. 6) Lesión en el Mutuo con Intereses Excesivos: El legislador determina el máximo que se puede estipular por intereses en el contrato de mutuo. Este es el denominado interés máximo convencional. Este interés máximo convencional equivale al interés corriente aumentado en un 50%. Se produce, en consecuencia, lesión cuando en el mutuo se estipula un interés superior al convencional máximo. Dicha estipulación no es nula. El interés estipulado se baja al corriente (Arts. 2206 CC y 8 Ley Nº 18.010). 7) Lesión en la Anticresis: La anticresis es “un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos”. De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 2443 CC: “Las partes podrán estipular que los frutos se compensen con los intereses, en su totalidad, o hasta concurrencia de valores. Los intereses que estipularen estarán sujetos en el caso de lesión enorme a la misma reducción que en el caso de mutuo”. 4. Efectos de la Lesión: Del análisis de los casos contemplados en el Código Civil se desprende que la sanción a la lesión no es uniforme, permitiéndose en algunos casos solicitar la nulidad relativa del acto jurídico y en otras simplemente un pago o restitución de lo pagado hasta cierto monto. V.

LA RELACIÓN DEL DOLO Y EL ERROR PRECONTRACTUALES DE INFORMACIÓN2.

CON

LOS

DEBERES

1. Conceptos Generales: Es posible distinguir en los deberes precontractuales de información dos especies: 1) Los Deberes Precontractuales de Información Típicos: “Aquellos deberes de información que el legislador explícitamente, o bien, en forma levemente más oblicua, sanciona su falta de entrega durante el periodo que antecede a la celebración del contrato”. Pueden existir dos modalidades: a. Aquellos supuestos en los que el legislador establece directamente el deber: Como, por ejemplo, el Art. 3 b) Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores donde se considera que uno de los derechos de los consumidores es una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos. b. Aquellos supuestos en que sanciona su incumplimiento: Como, por ejemplo, el tratamiento de los vicios redhibitorios en el Art. 1861 CC donde se debe indemnizar porque la conducta del vendedor es reprochable, ya sea porque actuó dolosamente o bien porque actuó culpablemente. 2) Los Deberes Precontractuales de Información Atípicos: “Aquellos deberes de información en los que, sin establecerse explícitamente el deber o fijar su sanción, el legislador provee el juez de

Según lo señalado en el texto “La distribución del riesgo y la buena fe a propósito del error, el dolo y los deberes precontractuales de información” de Iñigo de la Maza Gazmuri. 2

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe herramientas suficientes para determinar si, en el caso concreto, existe o no un deber de información”. Lo característico de ellos es que carecen de una regulación autónoma, por lo mismo, cuando un contratante estima que no se le ha suministrado información que la otra parte debió proporcionarle, debe canalizar su pretensión a través de una figura que posea su propia regulación. Es a esto a lo que De la Maza denomina incardinación. 2. La Incardinación y la Atipicidad: Los deberes precontractuales de información atípicos se derivan directamente de las exigencias de la buena fe, y puede canalizarse a través de distintos medios, los cuales son: 1) Las figuras del error vicio del consentimiento o dolo in contrahendo. 2) Los remedios del incumplimiento contractual. 3) El régimen general de responsabilidad extracontractual de las reglas del Derecho de Daño: Una parte de la doctrina estima que aquella de las partes que, conociendo, o debiendo conocer, una causa de nulidad no se le informa a la otra parte incurre en responsabilidad precontractual cuyo fundamento se encuentra en el Art. 1902 CC. 3. Error y Dolo: En el ámbito nacional no parece haber duda de que tanto el error como el dolo permiten declarar la nulidad del contrato. Tampoco existen dudas respecto de la acción indemnizatoria que surge al abrigo de la disciplina del dolo in contrahendo. Lo que no parece haberse discutido es si puede aparejarse una acción indemnizatoria a la demanda de nulidad por error. En opinión de De la Maza estima que se puede aplicar la nulidad por error siempre y cuando la otra parte haya incurrido en una conducta reprochable, y esto tendrá lugar cuando conocía o debía conocer el error de la otra parte y no se lo comunicó. 1) La relación entre el dolo y los deberes precontractuales de información atípicos: La especie de dolo que aquí interesa es el dolo por omisión o reticencia. Alessandri Besa señala como caso de dolo negativo el caso del contratante que, debiendo haber dado ciertas informaciones a su contratante y que tenían una importancia decisiva para apreciar las ventajas o desventajas del contrato, guarda silencio al respecto, y debido a este silencio, aquel se celebra. Esto implica que únicamente es posible hablar de dolo por omisión cuando quien, deliberadamente, calla tenía el deber de suministrar información. Tratándose de dolo por omisión lo que sucede es que se incumple dolosamente un deber precontractual de información. Esa determinación pasa por determinar qué es lo que exige la buena fe a las partes durante la negociación de un contrato y eso, bajo cualquier circunstancia, no exige suministrar toda la información que conozcan y que sea relevante para la otra parte. Sino que, solo configura dolo por omisión aquellos en los cuales la buena fe y la lealtad negocial exigen revelar información; y para determinar si se presenta o no esta exigencia deben tomarse en cuenta todas las circunstancias. En este sentido, la buena fe permite al juez ponderar todas las circunstancias relevantes al momento de decidir si se debía informar o no. 2) La relación entre el error y los deberes precontractuales de información atípicos: Es posible establecer su vínculo si se deja de considerar al error simplemente desde la perspectiva del errans

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe y se toma en consideración la posición de ambas partes. En ese sentido, solo admiten dicha vinculación aquellos en que la otra parte conocía o debía conocer el error que padeció la primera. En ese sentido, la función de la excusabilidad como requisito de la trascendencia anulatoria del error no es sancionar a quien se comporta sin el debido cuidado en sus negociaciones, sino proteger a quien de buena fe confía en la declaración. Al momento de considerar la excusabilidad o inexcusabilidad resulta necesario un examen comparativo de la conducta de las partes para determinar quién es más digno de protección. 4. La Distribución del Riesgo de la Defectuosa Información y la Buena Fe como Instrumento de Ponderación: El error y el dolo funcionan como dispositivos para administrar el riesgo de la información defectuosa. Y para hacer esa tarea se sirven de distintos criterios. Uno de ellos, por supuesto, es la protección de la voluntad de las partes, sin embargo, no es el único, ni necesariamente el más importante. Desde el punto de vista de De la Maza, para exista error o dolo es necesario que el consentimiento se haya formado incorrectamente, pero no en todos los casos en que el consentimiento se ha formado incorrectamente existe error o dolo. VI.

DESACUERDO ENTRE VOLUNTAD Y DECLARACIÓN.

1. Voluntad Real y Declaración: Puede ocurrir que la manifestación de voluntad no refleje exactamente la voluntad real. Ello ocurre en dos hipótesis: 1) Cuando el sujeto ha sido víctima de error, fuerza o dolo: Su manifestación no refleja lo que habría querido de no mediar el vicio respectivo. 2) Cuando la disconformidad entre voluntad real y la declaración ha sido deliberadamente buscada: El sujeto quiere en fuero interno una cosa, pero declara otra distinta. Surge en esta hipótesis el problema de establecer cuál es la voluntad que tiene mayor trascendencia jurídica y que prima sobre la otra, en otras palabras, si tiene mayor valor la voluntad real o, por el contrario, la declarada. 2. Teorías sobre el Rol de la Voluntad en los Actos Jurídicos: 1) Teoría de la Voluntad o Dogma de la Voluntad: Savigny y sus seguidores consideran que la esencia del acto jurídico es la voluntad real, es decir, el querer interno del individuo. La declaración no es más que un instrumento para exteriorizar la voluntad. La declaración se requiere solo en interés y garantía de la parte contraria. Para los seguidores de esta teoría el intérprete tiene, como primera misión, la de indagar la voluntad real del sujeto, aunque esta haya permanecido en estado de intención oculta o solo mantenida por una de las partes; y como segunda, la de verificar si la declaración o comportamiento reproduce o no la voluntad real. Como consecuencia, en caso de conflicto entre la voluntad real y la declaración prima necesariamente la primera. 2) Teoría de la Culpa in contrahendo: Ihering coincide en líneas esenciales con los postulados de la teoría de la voluntad, aunque reconoce los posibles abusos o excesos a que podría conducir su aplicación práctica, y plantea como ejemplo el caso de un declarante que culpable o dolosamente encubre su voluntad real y manifiesta algo que no coincide con esta.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Para salvar este defecto el jurista citado incorpora a la teoría de Savigny un elemento nuevo: el de la culpa in contrahendo, y dice que del mismo modo que las partes en una relación jurídica afinada contraen una responsabilidad, también la adquieren en los actos o comportamientos previos o preliminares, cuando la relación se está formando. De esta manera, si una persona culpable o dolosamente formula una declaración que no se ajusta a su voluntad real, contrae una responsabilidad frente a la persona a quien la declaración se dirige por la invalidez o nulidad que pudiere resultar de la discrepancia existente entre la voluntad real y la declaración, responsabilidad que se hace efectiva en la indemnización de perjuicios. Winscheid, precisando el concepto de responsabilidad in contrahendo, señala que el declarante garantiza que su declaración corresponde y se identifica con su voluntad real. Posteriormente modifica su postura inicial y concluye que, en el caso de desacuerdo entre voluntad real y declaración, imputable a culpa o dolo del declarante, no la invalida. 3) Teoría de la Declaración: Esta postula, en síntesis, que la declaración que proviene de una persona capaz produce plenos efectos jurídicos, aunque no corresponda a la voluntad real del declarante; siendo, en consecuencia, intrascendente el desacuerdo entre voluntad y declaración. 4) Pensamiento de Hartmann: Hartmann estima que la solución equitativa del conflicto no debe buscarse en una regla o principio único y de aplicación general. En concepto de este autor corresponde al juez, luego de analizar las circunstancias particulares del caso sometido a su conocimiento y de ponderar la buena o mala fe de las partes sobre la base de la observación de la actitud hipotética que tendría el “hombre ideal” en sus relaciones jurídicas, sentenciar lo que estime más justo y conforme a la equidad. Cuando el proceso deja en evidencia que una de las partes no ha actuado como lo hubiera hecho el “hombre ideal” en circunstancias similares, esta debe soportar todas las consecuencias del acto realizado, aunque su declaración no corresponde con la voluntad real. 5) Conclusión: En general se critican las teorías volitiva y de la declaración en distintos aspectos: a. Teoría Volitiva: Se le critica que: i. Obliga a averiguar o inquirir la intención psicológica, mantenida en el fuero interno del individuo y ajena, por lo mismo, al campo del derecho: Con ello la labor del juez, más que jurídica, seria psicológica. ii. Deja en una situación desmedrada al destinatario de la declaración: Porque el declarante puede pedir la invalidez alegando que no corresponde a su querer real, lo cual atenta contra la seguridad del comercio jurídico. b. Teoría de la Declaración: Se le critica porque atribuye a las meras palabras o declaraciones los efectos jurídicos del acto con absoluta prescindencia de la intención o querer real del autor o de las partes. Si solo tuviera trascendencia la declaración, debería negarse toda relevancia a los vicios de la voluntad o a la simulación. Concluye en este aspecto Ferrara con la Teoría de la Responsabilidad, pues estima que es la que mejor equilibra los intereses de las partes. El juez, por ende, no está obligado a doblegarse frente a las palabras o signos sensibles que constituyen la declaración, sino que, por el contrario, está 66

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe obligado a indagar por la intención de las partes; no la intención que se mantuvo en el fuero interno y que, por lo mismo, es ajena al derecho, sino la intención que se exteriorizó o manifestó de alguna manera. 3. El Problema en el Código Civil Chileno: El Código Civil chileno, dictado en pleno auge de la teoría volitiva, revela en numerosas disposiciones el rol decisivo que atribuye a la voluntad real. En este contexto podemos citar una serie de normas: 1) Art. 1445 CC: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: […] 2º que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio…”. 2) Art. 1437 CC: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas…”. 3) Art. 1069 CC: “Para conocer la voluntad del testador se estará más a la substancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido”. 4) Art. 1560 CC: “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. Algunos piensan que el Código sigue tan fielmente el dogma de la voluntad, que solo tiene para él relevancia la voluntad real, aunque se haya mantenido en la psiquis del declarante, y citan en apoyo de esta afirmación el Art. 1560 CC. En opinión del autor, no es ese el alcance que debe darse a dicho artículo. Efectivamente dicho precepto obliga al intérprete de un contrato a indagar por la intención de las partes, pero siempre que esta sea “conocida”, o sea, se haya manifestado o exteriorizado por algún medio. No corresponde, por tanto, al interprete buscar la voluntad que se mantuvo en el fuero interno del individuo. La voluntad no exteriorizada es irrelevante para el derecho. El Código Civil no resuelve el problema que se produce cuando una de las partes, por negligencia o dolo, formula una declaración que no corresponde a su voluntad real, declaración que la otra parte, de buena fe, cree que refleja el querer o sentir interno de quien lo emite. Para solucionar el conflicto que pudiere presentarse, el autor cree útil la opinión de Ferrara, quien, estima que, si el desacuerdo entre la voluntad y declaración es imputable a culpa o dolo del declarante, este no podría sustraerse de los efectos del acto alegando que su declaración no refleja su querer interno. VII.

LA SIMULACIÓN3.

1. Conceptos Generales: Ferrara distingue entre lo que significa “simular” y “disimular”: 1) Simular: “Hacer aparente lo que no es; mostrar una cosa que realmente no existe”. 2) Disimular: “Ocultar al conocimiento de los demás una situación existente”. En ambos casos existe un elemento común: el engaño. En la simulación se quiere engañar sobre el ser de una situación no verdadera; en el disimulo sobre el no ser de una situación real.

Complementado con el texto “La Simulación y los Terceros: Consideraciones Civiles y Penales” de Enrique Alcalde Rodríguez. 3

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Ahora bien, negocio simulado es “el que tiene una apariencia contraria a la realidad; o porque no existe en absoluto, o porque es distinto que como aparece”. Entre la forma extrínseca y la esencia intima hay un contraste llamativo: el negocio que aparentemente es serio y eficaz es en sí mentiroso y ficticio, o constituye una máscara para ocultar un negocio distinto. Ferrara define la simulación como “la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo”. De esta definición es posible extraer los requisitos que supone toda simulación: 1) Existencia de una declaración que deliberadamente no se conforma con la intención de las partes. 2) Dicha declaración ha sido concertada de común acuerdo entre las partes, y 3) El propósito perseguido por las partes es engañar a terceros. 2. Clasificación de la Simulación: 1) Simulación Lícita e Ilícita: a. Simulación Licita: “Aquella en que las partes no persiguen el perjuicio de terceros”. Por ejemplo, el de una persona que, para sustraerse a las insistencias y amenazas de un aspirante a su herencia, enajena fingidamente sus bienes a un amigo y se reduce a la condición del que no tiene nada. b. Simulación Ilícita: “Aquella que tiene como móvil el perjuicio de terceros o la violación de la ley”. Sin embargo, para que una simulación sea ilícita, no basta que se produzca un perjuicio en terceros, sino que se requiere, además: i. Que se le pueda imputar dolo a los contratantes. ii. Que el perjuicio alegado por el actor se refiera a derechos existentes, o sea, es menester que se alegue la presencia de un daño actual: Es importante que esos derechos existan con anterioridad al acto simulado y no se adquieran con posterioridad. En materia de naturaleza jurídica, la simulación ilícita constituye siempre un delito civil, toda vez que concurren a su respecto todos los elementos de tal. 2) Simulación Absoluta y Relativa: a. Simulación Absoluta: “Aquella que se produce cuando se celebra un acto jurídico que no tiene nada de real y que es ficticio en su totalidad”. Por ejemplo, las partes aparecen celebrando un contrato de compraventa, cuando, en realidad, no han celebrado ni querido celebrar contrato alguno. b. Simulación Relativa: “Aquella que se produce cuando se ha querido realizar un acto diferente del manifestado, sea en su totalidad, como si se disfraza de compraventa una donación, sea solo parcialmente, como si en un contrato se inserta una clausula diferente de la convenida en verdad o se indica un beneficio distinto del real”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En la simulación relativa se advierten con nitidez dos actos jurídicos: el simulado o fingido, que es el acto declarado por las partes, y el disimulado u oculto, que es aquel que refleja la verdadera intención de las partes y que se encuentra encubierto por el primero. Se simula porque se inventa la apariencia de un acto que no es real, y se disimula porque bajo ese acto aparente se esconde u oculta un acto real. Es importante tener presente que no se sanciona la simulación en sí misma, sino que lo que puede estar afecto a sanción es el acto disimulado. El Código Civil no contempla una sanción específica para la simulación, ni tampoco la prohíbe explícitamente. Por el contrario, implícitamente, y dentro de ciertos límites, la ley permite la simulación. 3. Formas de Simulación: Ferrara distingue tres formas principales de simulación: 1) Simulación referida a la Existencia del Acto Jurídico: En ella las partes dan apariencia de realidad a un acto que no existe. 2) Simulación referida a la Naturaleza del Acto Jurídico: Las partes celebran un acto que sirve para esconder o disimular otro, que es el realmente querido por ellas. 3) Simulación referida a las Personas de los Contratantes: Las partes celebran un acto real, en cuanto a su existencia y contenido. Sin embargo, atribuyen la calidad de partes a personas que, realmente, no la tienen. Esta forma constituye una Simulación Relativa por Interposición de Personas. 4. Desde qué momento existe la simulación: Hay autores que estiman consumada la simulación solo una vez que las partes pretendan hacer oponible a terceros el acto simulado. Ferrara no comparte esta opinión, señalando que, en el momento mismo de la celebración del contrato simulado, que produce la situación ilusoria, no se exige más y la simulación queda perfecta. 5. Simulación y Reserva Mental: La reserva mental, que consiste en “no aceptar en el fuero interno lo que se manifiesta como la voluntad real”, se asemeja a la simulación en que ambas suponen una declaración de lo que no se quiere con el propósito de engañar. Se diferencian, sin embargo, en que: 1) La reserva mental solo existe en una de las partes, el declarante; en tanto que la simulación es compartida por ambas partes. 2) La intención de la reserva mental es engañar a la contraparte; en tanto que en la simulación es el engaño de terceros. 3) La reserva mental no atenta contra la validez de los actos jurídicos. En cambio, la simulación si, en ciertos casos y condiciones. 6. La Simulación y el Fraude a la Ley: Con el fraude a la ley se persigue, a través de medios indirectos, burlar un precepto legal, de modo tal que este, en la práctica, resulte ineficaz, frustrándose el espíritu de la disposición. Esto es distinto a la simulación, porque con ella se pretende esconder u ocultar la violación de un precepto legal. La simulación nunca es un medio para eludir la ley, sino para ocultar su violación. 7. Consecuencias de la Simulación: Hay que distinguir: 1) Si la simulación es absoluta: Existen dos posiciones doctrinarias:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Diez Duarte: Establecido el acto como simulado la sanción es la nulidad absoluta del contrato por adolecer de una causa ilícita. En opinión de Enrique Alcalde esta posición parte de una confusión de conceptos constituida por el hecho de no distinguir dos situaciones que, desde el punto de vista jurídico, son claramente diversas entre sí, a saber: la simulación y la nulidad. Es, pues, la simulación -y no el contrato- la que tiene una causa ilícita. Además, si se adhiriera a la tesis que ve en esta especie de simulación el antecedente de una nulidad fundada en la ilicitud de la cusa, ello se traduciría en el hecho que, en la práctica, el tercero que ejerce la acción se hallaría impedido de reivindicar, dado que el deudor a quien puede subrogar carecería de la misma conforme al Art. 1468 CC. b. Alcalde y Vial: Establecido el acto como simulado este desvanece, quedando, en suma, inexistente o nulo absolutamente. 2) Si la simulación es relativa: Se desvanece y queda inexistente el acto simulado. En cambio, queda a la vista el acto disimulado, que puede tener una causa licita o ilícita y se sancionara según los vicios que en él se advierten. El acto disimulado -o verdadero- no es nulo por haberse recurrido a la simulación, sino porque puede existir en él un vicio que lo haga susceptible de anularse. 8. Casos Particulares de Simulación Relativa: 1) Liberalidad Disfrazada bajo la forma de un Contrato Oneroso: Es uno de los casos más frecuentes de simulación relativa. En este caso, comprobada que sea la simulación corresponde establecer si el acto o contrato real o disimulado cumple o no con los requisitos de existencia y de validez, proceso que llevaría a concluir que la donación seria nula, pues se habría omitido un requisito de validez de ella, cual es, la insinuación. Debe tenerse presente, no obstante, que un sector de la doctrina da validez al contrato simulado, aun cuando falte la solemnidad que para él prescribe la ley. 2) Simulación en el Contenido del Contrato: La simulación relativa puede recaer en el objeto del acto cuando se disimula: a. El real objeto de este bajo la apariencia de otro. b. La fecha del acto: Cuando las partes, de común acuerdo, fingen una fecha distinta de la verdadera, ya sea suponiendo que este se ha celebrado en tiempo pasado o en una fecha posterior a la verdadera. c. Las modalidades o pactos accesorios de un contrato: Lo que ocurre cuando las partes simulan, por ejemplo, la existencia de un plazo en circunstancias que la obligación es pura y simple. 3) Simulación en los Sujetos o Interposición Ficticia de Personas4. 9. Efectos de la Simulación:

4

Remitir a punto 2.3) de Simulación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Entre las Partes: Hay que recordar que la simulación es un engaño que urden las partes con el propósito de perjudicar a terceros. Por eso, en las relaciones reciprocas de las partes el acto simulado no existe, rigiéndose estas por su voluntad real. Es frecuente en la práctica que las partes, en forma paralela al documento en que hacen constar el contrato aparente, extiendan otro documento que deja constancia escrita de su voluntad real. A este último se le denomina contraescritura, porque contradice lo expresado en otro documento, y constituye, precisamente, un medio para probar la voluntad real de los contratantes. La afirmación de que entre las partes prima la voluntad real por sobre la declarada, se funda en lo dispuesto por el Art. 1707 CC, que dice: “Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero”. Si bien reglamenta los efectos de las contraescrituras con respecto de terceros, implícitamente está señalando que entre las partes prima siempre su voluntad real, inclusive en el caso de que la voluntad real conste en una contraescritura privada y el acto simulado conste en una escritura pública. Es importante señalar que no es requisito que haya una contraescritura para poder probar la voluntad real, se puede acreditar por otros medios. 2) Respecto de Terceros: Para los terceros solamente existe el acto ostensible, es decir, el contrato simulado que da cuenta de la voluntad declarada por las partes. La voluntad real de estas, que mantuvieron encubierta, no afecta por regla general a terceros. Sin embargo, es posible que los terceros tengan interés en prevalerse de la voluntad real de las partes. Para ello será necesario que acrediten dicha voluntad real y que demuestren que el acto ostensible es simulado en su totalidad o en una parte. a. Terceros que quieren prevalerse de la Voluntad Real: Los terceros a quienes perjudica el contrato simulado pueden solicitar al juez la declaración de que este no coincide con lo que las partes realmente querían, y que puede ser no celebrar contrato alguno o bien celebrar uno distinto. Hay que distinguir: i. Si la simulación es absoluta: La resolución judicial que deja en evidencia que el contrato simulado es ficticio en su totalidad impide que este pueda producir efectos respecto de terceros, con lo que se soluciona el problema que tenían aquellos a quienes tal contrato perjudica. Ahora bien, se produce un problema con la acción reivindicatoria, porque está en principio pertenecería al deudor. Sin embargo, este no tendrá interés alguno en reivindicar toda vez que, recuperado que sea el bien, este “reingresará” a su patrimonio siendo objeto de embargo y ejecución por sus acreedores. Por ello, y a fin de que el derecho que concede la ley, en orden a que la nulidad absoluta pueda alegarse por todo el que tenga interés en ello, no se convierta en letra muerta, postula Alcalde que en estas hipótesis los acreedores podrían reivindicar en lugar y a nombre del deudor. Dicho en otros términos, cree el autor que se trataría de un caso en el cual se admite el ejercicio de la acción oblicua o subrogatoria. 71

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. Si la simulación es relativa: La resolución judicial deja en evidencia el contrato realmente celebrado por las partes, dándose en este caso la posibilidad de que el tercero que solicitó al juez la declaración de la voluntad real de las partes tenga interés en que el contrato antes mencionado produzca a su respecto todos los efectos que está naturalmente destinado a producir; o bien, que no produzca dichos efectos, lo que puede resultar como consecuencia de un vicio que acarrea su ineficacia. b. Terceros que quieren prevalerse de la Voluntad Declarada en el Acto Simulado: En esta situación se pueden encontrar los terceros que haciendo fe del acto ostensible, han adquirido de una de las partes una determinada relación jurídica. La pregunta en particular de este caso es si alguien que hizo manifiesta la simulación puede imponer la voluntad real de las partes al tercero que adquirió un derecho de una de las partes en el contrato simulado. En la hipótesis antes descrita se encuentran en conflicto los intereses de los terceros que quieren prevalerse de la voluntad real con los intereses de los terceros que quieren prevalerse del acto aparente u ostensible. El problema no está resuelto en nuestra legislación. La doctrina en forma unánime señala que las consecuencias de la simulación demandada por terceros no afectan a otros terceros de buena fe, y que, por ende, la voluntad real solo puede oponerse a los terceros que sabían o debían saber sin negligencia de su parte que sus derechos derivaban de un título simulado. Ahora bien, el acto en que interviene el tercero de buena fe debe haber sido a título oneroso, ya que debe haber incurrido en un sacrificio pecuniario a consecuencia de la simulación. En cuanto a la extensión de la buena fe, esta consiste en la ignorancia, pero ignorancia legitima, esto es, de tal naturaleza que no haya podido superarse con el empleo de una diligencia normal u ordinaria. Existen, por último, dos casos especiales: i. Los acreedores del tercero adquirente se enfrentan con los acreedores del deudor que simula el contrato: En este caso, opina Alcalde, debe privilegiarse la protección de los acreedores del tercero adquirente, salvo que, poseyendo estos tal calidad al momento de otorgarse la simulación, los créditos de aquellos hubieren nacido con anterioridad a la adquisición que operó en el tercero. Ello debido a que en tales supuestos el acreedor del tercero consintió en el crédito sin representarse que el respectivo bien formaba parte del patrimonio de su deudor y estaba afecto, por tanto, a su derecho de prenda general. ii. Pluralidad de Terceros Adquirentes: Se da este caso cuando dos terceros distintos, a su vez han adquirido un derecho, de igual naturaleza y sobre la misma cosa, como cuando el que adquiere simuladamente le vende a la cosa a dos o más personas distintas. En este caso, opina Alcalde aplicando la norma del Art. 1817 CC, habrá de preferirse al comprador que hubiere entrado en posesión del bien; si ello ha ocurrido respecto de ambos, a aquel a quien primero se hizo la entrega; y, si no se efectuó entrega a ninguno, prevalecerá el título más antiguo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 10. Acción de Simulación: “Aquella que ejercen los terceros a quienes la simulación perjudica para que el juez declare la voluntad real de las partes”. Para ejercerla se requieren las siguientes condiciones: 1) Solamente la puede entablar aquel tercer al contrato simulado que es titular de un derecho subjetivo o de una posición jurídica amenazada o embarazada por el contrato aparente. 2) El actor debe probar el daño sufrido como consecuencia de la incertidumbre ocasionada por el acto simulado, daño que determina la necesidad de invocar la tutela jurídica. Con respecto a la prescripción de la acción la ley nada dice, por lo que existen distintas posiciones: 1) Es imprescriptible. 2) No prescribe en sí misma, sino que lo que prescribe es el plazo para demandar la nulidad absoluta o relativa del contrato encubierto: Entonces prescribiría en 10 o 4 años, según el caso. El problema, es que esto no soluciona el caso de la simulación absoluta ni cuando el contrato disimulado por las partes no tuviera ningún vicio de nulidad. 3) Prescribe en el plazo general de 5 o 4 años, contados desde la fecha del contrato simulado: Según si se estima que la acción es personal o emana de un delito civil. Esta es la opinión del autor porque es lo adecuado con el espíritu general de la legislación. 11. Consideraciones Penales de la Simulación: El Código Penal contempla un ilícito referido a la simulación, y que se vincula, concretamente, con el otorgamiento de contratos en los cuales se halla presente esta figura, a saber: el Art. 471 N°2 CP que sanciona al que otorga en perjuicio de otro un contrato simulado. Respecto de los requisitos del delito, este son los mismos necesarios para acreditar la simulación en materia civil. CAPÍTULO III: EL OBJETO I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: En general existen dos formas de entender el objeto: 1) Como los derechos y obligaciones que el acto crea, modifica o extingue: En cuyo caso objeto sería “lo querido por el autor o por las partes del acto jurídico”. 2) Como el contenido del derecho y obligación: En cuyo caso objeto sería “la prestación, la cosa que debe darse o entregarse, o el hecho que debe ejecutarse o no ejecutarse”. Objeto de la obligación y objeto del contrato serían lo mismo. Cariota Ferrara define el objeto como “la materia, o las utilidades o las relaciones que caen bajo la voluntad de las partes”. Y señala que los que llevan el objeto al terreno del fin u objetivo, o incluso de los efectos jurídicos que se siguen del negocio, hacen del objeto un doble inútil de otro elemento del negocio, e implica una peligrosa confusión de conceptos. El Código Civil chileno requiere para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, que dicho acto o declaración recaiga en un objeto licito (Art. 1445 CC), y establece que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer, agregando que el mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración (Art. 1460 CC). Según se desprende del Art. 1460 CC, el objeto del acto jurídico es “la cosa que debe darse o entregarse o el hecho que debe ejecutarse o no ejecutarse”, lo que resulta consecuente con la representación de una 73

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe necesidad que impulsa al sujeto a su celebración, ya que la necesidad, entendida en términos amplios, se satisface con una cosa que debe darse o entregarse o con un hecho que debe o no ejecutarse. El legislador identifica el objeto del acto jurídico con el objeto de la obligación, que también es la cosa que en virtud de la relación de obligación debe darse o entregarse o el hecho de que debe o no ejecutarse. Cabe destacar, sin embargo, que en otras disposiciones el Código Civil pareciera coincidente con el concepto que postula la doctrina moderna, que identifica el objeto con la materia sobre la cual versa el acto o el contenido del mismo. En ese sentido puede citarse el Art. 1463 CC, cuando dice que el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de donación o contrato alguno. 2. Requisitos del Objeto: En doctrina el objeto debe reunir tres requisitos: 1) Determinación: El objeto debe determinarse al momento de la conclusión del acto jurídico o, a lo menos debe ser determinable, lo que presupone y exige que se haya establecido desde dicho momento un medio objetivo de determinación, o sea, que exista la posibilidad de una determinación no dejada a la voluntad del declarante o de los declarantes; pues en otro caso el propio negocio o contrato se hallarían en quizá o in fieri. 2) Posibilidad: El objeto debe ser posible, tanto en el hecho como en el derecho: a. Imposibilidad de Hecho, Material o Física: Se tiene, por ejemplo, en la venta de cosas inexistentes. No hay que confundir la imposibilidad de hecho, que es objetiva, con la llamada imposibilidad subjetiva, que es la imposibilidad relativa al sujeto del negocio. Lo que se requiere es que el objeto sea posible al momento de celebrar el acto jurídico. b. Imposibilidad Jurídica: Se debe a razones o causas jurídicas. Por ejemplo, hay imposibilidad jurídica en el contrato de venta que se hace al extranjero de mercaderías para las cuales está prohibida la exportación. Desde el punto de vista de la posibilidad jurídica, no es obstáculo la no existencia actual de las cosas; pueden, en efecto, ser objeto de contrato las cosas futuras; salvo disposiciones excepcionales que contengan prohibiciones, como los pactos relativos a sucesiones futuras. 3) Licitud: Es decir, no debe ser contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Se dice que el objeto que contraviene a la ley o al orden público es ilegal; y que el que contraviene las buenas costumbres es inmoral. Es importante destacar que la licitud es del objeto en sí, no de los motivos detrás del contrato. II.

EL OBJETO PARA EL CÓDIGO CIVIL.

1. Requisitos del Objeto según el Código Civil: El Código distingue si el objeto consiste en una cosa que debe darse o entregarse o en un hecho que debe o no ejecutarse: 1) Si el objeto de la declaración de voluntad es una Cosa que debe darse o entregarse (Art. 1461, inc. 1 CC): “No sólo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género”. Es decir, la cosa debe ser real, comerciable y determinada. a. Cosa Real: Significa que “debe existir al momento de la declaración de voluntad o, a lo menos, esperarse que exista”. Así lo establece el Art. 1461, inc. 1 que dice: “No sólo las 74

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan…”. De conformidad con lo dispuesto por el Art. 1813 CC: “La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte”. Por consiguiente, la venta de cosas futuras es por regla general condicional, hecha bajo la condición de que la cosa exista. Esto, sin embargo, tiene dos excepciones: i. Cuando, por expresa declaración de las partes la compraventa de cosa que no existe no debe entenderse subordinada a la condición de existir. ii. Cuando, por la naturaleza de la compraventa, aparece o se desprende que lo que se compra es la suerte. En esos dos casos, aunque la cosa no llegue a existir se van a producir todos los efectos de la compraventa, lo que hace posible que el comprador nada reciba, pero que igual esté obligado a pagar el precio. Por otra parte, “la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno” (Art. 1814 CC). El contrato de compraventa será inexistente. b. Cosa Comerciable (Art. 1461, inc. 1 CC): “…pero es menester que las unas y las otras sean comerciables…”. Se dice que una cosa es comerciable cuando es susceptible de dominio o posesión por los particulares. O bien, cuando se encuentra en el comercio humano y no excluida de él por su naturaleza, por su destinación o por la ley, como salvaguardia del orden público. Avelino León dice que son incomerciables: i. Aquellas que se encuentran excluidas del comercio humano por su propia naturaleza: Como la alta mar, el aire, y en general, como lo expresa el Art. 585 CC: “Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas”. La incomerciabilidad, en este caso, es absoluta. ii. Aquellas que por su destinación -y mientras la conserven- no son susceptibles de dominio o posesión por los particulares: Como, por ejemplo, los bienes nacionales que son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y su uso a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas (Art. 589 CC). Agrega Avelino León que según un criterio muy generalizado se consideran incomerciables aquellas cosas que se excluyen del comercio humano por razones de orden público, o en resguardo de la moral y de las buenas costumbres. Sin embargo, él discrepa de esta opinión porque respecto de aquellas cosas que para su enajenación se requiere de ciertos requisitos, o cuya enajenación está prohibida, debe entenderse que no están fuera del comercio. Y ello, porque dichas cosas pueden ser objeto de propiedad privada o posesión.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En ese sentido, solo son incomerciables “aquellas que la naturaleza o el destino que se les ha dado han hecho que no sean susceptibles de dominio o posesión por los particulares”. c. Cosa Determinada (Art. 1461, inc. 1 CC): “…y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género”. Una cosa puede encontrarse determinada como especie o cuerpo cierto o como género: i. Especie o Cuerpo Cierto: “Se individualiza determinadamente un individuo de un género también determinado”. ii. Género: “Se indica indeterminadamente un individuo de un género determinado”. Cuando la cosa se encuentra determinada solo en el género, debe conocerse la cantidad. La cantidad puede estar expresamente determinada o, como señala el Art. 1461, inc. 2 CC: “La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla”. 2) Si el objeto de la declaración de voluntad es un Hecho (Art. 1461, inc. 3 CC): “Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible”, a lo cual la doctrina agrega que debe ser determinado. a. Hecho Determinado: Tiene que especificarse de manera tal que evite toda ambigüedad en cuanto a qué es lo que debe hacerse o no hacerse. b. Hecho Física y Moralmente Posible (Art. 1461, inc. 3 CC): “Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público”. 2. Sanción por Falta de Objeto: Doctrinariamente el acto que carece de objeto es inexistente. Así lo da a entender el Art. 1814 CC que dice que la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Debe tenerse presente, sin embargo, que para los autores que no admiten la teoría de la inexistencia en el Código Civil, la sanción por la falta de objeto sería la nulidad absoluta, pues se habría omitido un requisito exigido por la ley para el valor del acto, en consideración a su naturaleza o especie. III.

EL OBJETO ILÍCITO.

1. Conceptos Generales: Para la validez del acto se requiere que el objeto sea licito. Si el acto jurídico tiene objeto, aunque sea ilícito, adquiere existencia jurídica. Sin embargo, el acto jurídico nace con un vicio, la ilicitud del objeto, que lo hace susceptible de ser invalidad por la declaración de nulidad absoluta. Este requisito se haya en el Art. 1445 CC que señala: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: […] 3º que recaiga sobre un objeto lícito”. Respecto a ello la ley se limita a describir ciertas situaciones en las cuales considera que el objeto es ilícito. Respecto a que se entiende este requisito, se han dado las siguientes definiciones: 1) Claro Solar: Entiende por objeto licito “el reconocido por la ley” y objeto ilícito “aquel que no se conforma con la ley; o bien aquel que infringe la ley o contraviene el orden público o las buenas costumbres”. 2) Eugenio Velasco Letelier: Entiende por objeto ilícito “aquel que carece de cualquiera de los requisitos que la ley señala al objeto, tanto cuando este consiste en una cosa como en un hecho”. 76

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Avelino León: Entiende por objeto ilícito “el que versa sobre cosas incomerciables o sobre hechos o contratos prohibidos por las leyes, o sobre hechos contrarios a las buenas costumbres o al orden público”. Para el autor, el concepto de objeto licito como aquel que se conforma con la ley carece de relevancia, siendo lo importante establecer cuando el objeto es ilícito. De la sola lectura del Art. 1445 CC se desprende que el objeto del acto es lo que debe ser licito, no dice que el acto debe ser licito. Ahora bien, si se considera que el objeto del acto consiste en una cosa o en un hecho, solo cuando el acto tiene por objeto un hecho podría formularse un juicio de licitud al hecho objeto del acto, lo que no es posible cuando el acto tiene por objeto una cosa, ya que las cosas, por si mismas, no son licitas ni ilícitas. De esta suerte, cabría concluir que hay objeto ilícito cuando el objeto del acto consiste en la ejecución de un hecho ilícito. El hecho ilícito, tal como su nombre lo indica, es el que contraviene la ley, y dicho concepto coincide con el de hecho moralmente imposible, según lo dispone el Art. 1461, inc. final CC. Ahora bien, hay otras causales que nada tienen que ver con lo anterior, pues la ilicitud del objeto se produce no porque este consiste en un hecho ilícito, sino porque el acto o contrato es considerado reprobable. Tales son, en primer lugar, la causal general de objeto ilícito que establece el Art. 1466 CC en todo contrato que la ley prohíbe, y la causal que contempla el Art. 1464 CC en la enajenación de las cosas que la disposición señala. En resumen, podemos definir objeto ilícito como “aquel que consiste en la ejecución de un hecho que atenta contra la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, lo que contamina, por así decirlo, con el vicio de ilicitud el acto que tiene por objeto tal hecho”. IV.

CASOS QUE ENUMERA LA LEY DE OBJETOS ILÍCITOS.

1. Conceptos Generales: La ley señala cuatro casos de objetos ilícitos: 1) Actos que contravienen el derecho público chileno. 2) Pactos sobre sucesiones futuras. 3) Enajenación de las cosas enumeradas en el Art. 1464 CC. 4) Actos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. A. Sección Primera: “ACTOS QUE CONTRAVIENEN EL DERECHO PÚBLICO CHILENO” 1. Conceptos Generales: Dispone el Art. 1462 CC: “Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, es nula por el vicio del objeto”. Se ha discutido en la doctrina nacional la validez de la sumisión a una jurisdicción extranjera pactada entre particulares. Algunos niegan valor a los pactos a través de los cuales las partes someten el conocimiento y decisión de las controversias que pudieren emanar de un contrato a tribunales extranjeros, en atención a que dicha estipulación desconocería las normas de competencia y jurisdicción que el Código Orgánico de Tribunales da a los tribunales e infringiría, por lo mismo, el derecho público chileno. Así lo ha fallado la Corte Suprema.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Sin embargo, hay quienes piensan que lo que prohíbe el Art. 1462 CC es “someterse a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas”, siendo del caso tener en cuenta que las jurisdicciones extranjeras se encuentran reconocidas por las leyes chilenas, como lo revela el Código de Procedimiento Civil, que contiene normas relativas al cumplimiento de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros. Además, el Art. 318 Código de Bustamante legitima dentro del ámbito del derecho internacional privado estos pactos. Al autor esto le parece discutible, más aún si se considera que el legislador estimó necesaria la dictación de una ley especial para autorizar los pactos de sumisión al derecho extranjero de los contratos internacionales o a las estipulaciones a través de las cuales los diferendos derivados de tales contratos se someten a la jurisdicción de tribunales extranjeros, en que sea parte el Estado de Chile o sus organismos, instituciones o empresas (Decreto Ley Nº 2349 de 1978). B. Sección Segunda: “PACTOS SOBRE SUCESIONES FUTURAS” 1. Conceptos Generales: Dice el Art. 1463 CC: “El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a la misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título De las asignaciones forzosas”. Este artículo permite formular los siguientes comentarios: 1) El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de contrato alguno, sea gratuito u oneroso. 2) La redacción del Art. 1463, inc. 2 CC induce a pensar que la regla general del inciso primero tiene una excepción constituida por las convenciones entre el que debe una legítima y el legitimario relativas a la misma legitima o mejoras, convenciones que serían validas no obstante tener por objeto el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva: Sin embargo, esto no es así, ya que el mismo artículo señala que deben encontrarse autorizadas en el Título de las Asignaciones Forzosas, y la única convención que expresamente autoriza este título es el denominado Pacto de no disponer de la cuarta de mejoras al que se refiere el Art. 1204 CC. 3) Del Art. 1204 CC se desprende que no puede celebrarse válidamente convención alguna entre el que debe una legítima y el legitimario relativa a la misma legitima: En lo que respecta a la cuarta de mejoras, la única convención permitida es la convención de no mejorar, la que se sujeta a la solemnidad de escritura pública. Pese a que el pacto de no disponer de la cuarta de mejoras es la única excepción que se cita al principio de que no puede existir convención válida entre el que debe una legítima y un legitimario, el autor cree que la ley autoriza otra convención relativa a legitimas o a mejoras: la donación irrevocable hecha en razón de legitimas o de mejoras del Art. 1185 CC. 4) Son perfectamente válidas las convenciones relativas a derechos sucesorios ya existentes por haber muerto el causante (Art. 1909 y ss. CC). C. Sección Tercera: “ENAJENACIÓN DE LAS COSAS ENUMERADAS EN EL ART. 1464 CC” 1. Conceptos Generales: Dice el Art. 1464 CC: “Hay un objeto ilícito en la enajenación: 1º. De las cosas que no están en el comercio; 2º. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona;

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3º. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello; 4º. De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el litigio”. Respecto de ello es necesario precisar el sentido y alcance de algunos elementos: 1) Qué se entiende por Enajenación: El acto jurídico por el cual se enajena una cosa es la tradición, la cual es definida por la ley como “un modo de adquirir el dominio de las cosas consistente en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la intención y la facultad de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo”. Se discute en doctrina el alcance de la palabra enajenación contenida en el Art. 1464 CC: a. Sentido Restringido: Tomada en sentido restringido dicha palabra solo designa exclusivamente a la tradición que hace posible la transferencia del dominio. Para los que defienden esta postura señalan que, cuando la ley habla de enajenación por lo general se refiere a la tradición que hace posible la transferencia de dominio y no a la tradición entendida en sentido amplio. Esto se ve, por ejemplo, cuando habla de “enajenar o gravar” o “enajenar y gravar”. b. Sentido Amplio: Tomada en sentido amplio designa a la tradición que sirve para transferir el dominio o para constituir cualquier otro derecho real. Los que defienden esta postura estiman que cuando la ley dice enajenar no necesariamente restringe el alcance de este término a la tradición que permite la transferencia del dominio, y que el Art. 1464 CC es uno de los casos en que dicha palabra debe tomarse en sentido amplio. Además, Carlos Peña sostiene: i. Que tal es el sentido “natural y obvio” en que, a la luz del Art. 20, han de entenderse las palabras de la ley: Enajenación implica tanto pasar o transferir a otro el dominio como desposeerse o privarse de algo. ii. Que así lo entendió Andrés Bello cuando, refiriéndose al actual Art. 23 expresa: “Si, por ejemplo, la ley ordenase que no pueden enajenarse los bienes raíces del pupilo sin autorización de la justicia, debería extenderse esta prohibición a la hipoteca, porque la hipoteca equivale a una enajenación condicional”. Esta última es la posición mayoritaria seguida por el autor. 2) ¿Se pueden vender las cosas cuya enajenación adolece de objeto ilícito según el Art. 1464 CC?: El acto jurídico que el Art. 1464 CC considera reprochable es la tradición que tiene por objeto ciertas cosas, sin que pueda interpretarse la disposición en el sentido de que también adolece del mismo vicio de objeto ilícito la compraventa de las mismas cosas. Ello, en primer lugar, porque la norma es excepcional y solo se aplica en el caso de las enajenaciones; y en segundo, porque la tradición es una convención totalmente diferente de la compraventa. El solo contrato de compraventa no transfiere el dominio de la cosa vendida, sino que constituye el título o antecedente que justifica la adquisición del dominio por el modo de adquirir, que es la tradición. En ese contexto, existen dos grandes tesis para definir la cuestión: a. Tesis Tradicional: La compraventa que tuviera por objeto alguna de las cosas que señala el Art. 1464 CC adolece de objeto ilícito igual que la enajenación de las mismas porque 79

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe constituye un contrato que la ley prohíbe, lo que resulta de concordar el Art. 1810 CC -que señala: “Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por ley”- con el Art. 1464 CC -que menciona las cosas cuya enajenación está prohibida por la ley- y con el Art. 1466 CC -que dice: “Hay asimismo objeto ilícito […] generalmente en todo contrato prohibido por las leyes”. b. Tesis Velasco: Disienten en parte de la interpretación anterior, porque, a su juicio, el Art. 1464 CC no tiene el alcance de norma prohibitiva en relación con la enajenación de todas las cosas que enumera. Hace presente que un acto es prohibido por la ley cuando no es susceptible de ser realizado bajo ningún respecto o circunstancia, lo que induce a estimar que el Art. 1464 CC solo sería prohibitivo en lo referente a la enajenación de las cosas que no están en el comercio y de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas (Nº 1 y 2); y no tendría el carácter de prohibitivo en lo que respecta a la enajenación de las cosas embargadas o de las especies cuya propiedad se litiga (Nº 3 y 4); pues bajo ciertas condiciones o circunstancias la enajenación de dichas cosas es válida y no adolece de ilicitud en el objeto. Cabe hacer presente, en todo caso, que la opinión mayoritaria de la doctrina, que recoge asimismo la jurisprudencia es que el Art. 1464 CC debe interpretarse como norma prohibitiva en relación con la enajenación de todas cosas que menciona. 2. Estudio particular de los casos enumerados por el Art. 1464 CC: 1) Enajenación de las Cosas que no están en el Comercio: Este numeral revela una falta de armonía con el Art. 1461 CC, ya que de acuerdo con el Art. 1464 CC se hace posible desprender que aun cuando la cosa se encuentre fuera del comercio puede constituir el objeto de la enajenación. De esta suerte, a enajenación de cosa incomerciable no sería inexistente, sino que se sancionaría con la nulidad absoluta. Claro Solar considera que este numeral revela una confusión de ideas, consecuencia de que no distingue entre requisitos de existencia y requisitos de validez, opinión a la que adhiere el autor. Llama la atención, además, que los únicos actos relativos a cosas incomerciables que la ley expresamente declara que tienen objeto ilícito son la compraventa y la enajenación, de lo que resulta indiscutible que se sancionan con la nulidad absoluta por haber objeto ilícito; mientras que, cualquier otro acto que se celebre sobre estas cosas se sancionaría con la inexistencia jurídica. 2) Enajenación de los Derechos y Privilegios que no pueden transferirse a otras personas: El Código se refiere en este artículo a los Derechos Personalísimos, que son “aquellos que no pueden transferirse a otras personas”. Hay quienes consideran que esta disposición es redundante, pues los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas estarían fuera del comercio. Esta interpretación es equivocada, porque los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas se encuentran dentro del comercio humano, toda vez que son susceptibles de dominio o de posesión por los particulares. Tienen eso sí, la particularidad de ser inalienables. Todas las cosas incomerciables son, también, inalienables; pero no todas las cosas inalienables son incomerciables. 80

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Enajenación de las Cosas Embargadas por Decreto Judicial: La ley no define el embargo, pero la Corte Suprema dice que el embargo es “acto jurídico procesal que tiene por objeto asegurar e resultado de la pretensión deducida, y que consiste en la aprehensión compulsiva que el juez de la causa hace de determinado bien del deudor, y desde el momento en que se verifica, tales bienes quedan sujetos a la autoridad del referido juez”. La doctrina agrega que se encuentra afectada a embargo también la cosa por una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos o de gravar y enajenar. a. Desde qué momento debe entenderse que una cosa se encuentra embargada: Hay que distinguir: i. Con respecto a las partes litigantes en el juicio en que se ha decretado el embargo: Este existe y produce todos sus efectos desde el momento en que notificada la resolución que ordena requerir de pago al deudor y embargarle bienes suficientes si no paga en el momento del requerimiento, el ministro de fe a quien corresponde efectuar la diligencia del embargo practica este sobre bienes específicos del deudor. ii. Con respecto a terceros: Hay que distinguir: 1. Si recae sobre bienes muebles: Existe con respecto de terceros solo desde el momento que han tenido conocimiento del mismo. 2. Si recae sobre bienes inmuebles (Arts. 297 y 453 CPC): Existe respecto de terceros solo una vez que se ha inscrito en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces. Cabe destacar que la enajenación de un inmueble embargado adolece de objeto ilícito, aunque no se haya inscrito el embargo. Ello, porque el Código Civil no requiere tal inscripción para que el inmueble se considere embargado para el efecto de su enajenación. La inscripción solamente permite hacer oponible la sentencia al tercero. b. Cuando debe existir el embargo o prohibición para que la enajenación adolezca de objeto ilícito: Al momento de la enajenación. c. ¿Hay objeto ilícito en la enajenación forzada de una cosa embargada?: Existen dos posiciones: i. Claro Solar y Avelino León: Es valida porque la ley sanciona la ilicitud que revela la conducta de la persona que transfiere el dominio de la cosa embargada a un tercero, pero a que la ley lo prohíbe, ilícito que solo se aprecia en las enajenaciones que el deudor hacer voluntariamente y no en aquellas que no requieren el consentimiento del deudor y que pueden producirse inclusive contra su voluntad, como son las ordenadas por el juez en el ejercicio de sus facultades. ii. Otros: Como la ley no distingue entre enajenación forzada y voluntaria, cualquier de ellas adolecería de ilicitud en el objeto. Además, esto es más acorde con los fines que persigue la ley, en el sentido de proteger al máximo los intereses de los acreedores. En opinión del autor, es más razonable la primera interpretación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. ¿De qué manera se podría enajenar válidamente una cosa embargada?: El Art. 1464 Nº3 CC establece dos maneras: i. Por autorización judicial: Dicha autorización la debe conceder el mismo juez que decretó la prohibición o embargo; y que, si varios jueces han trabado embargo sobre la misma cosa o han prohibido su enajenación, la autorización debe ser dada por todos ellos. ii. Con Consentimiento del Acreedor: Esto concuerda con el Art. 12 CC, que permite al titular de un derecho renunciarlo siempre que esté establecido en su propio beneficio y que no esté prohibida la renuncia. Si el embargo se hubiera trabado a favor de dos o más acreedores, todos deben consentir en la enajenación de la cosa. Es importante señalar que la autorización judicial o el consentimiento del acreedor deben prestarse con anterioridad al acto de enajenación. Si fuera a posteriori vendría a constituir una forma de saneamiento del vicio de nulidad absoluta que la ley no contempla. 4) Enajenación de las Especies cuya Propiedad se litiga sin permiso del Juez que conoce del litigio: Las especies cuya propiedad se litiga son “aquellos cuerpos ciertos, muebles o inmuebles, cuyo dominio o propiedad se discute en juicio”. No hay que confundir la enajenación de una especie cuya propiedad se litiga con la enajenación de un derecho litigioso; esta última es válida y se encuentra reglamentada por los Arts. 1911 y ss. CC. La diferencia estriba en que en lo primero el objeto de la enajenación es la cosa misma, en tanto que en lo segundo el objeto de esa cesión es el evento incierto de la litis, la suerte o posibilidad de ganar o perder el juicio. La cosa se entiende litigiosa desde que se contesta la demanda en la que se controvierte la propiedad de la cosa, sea que se contestó efectivamente, o, sin hacerlo, transcurrió el plazo establecido para tal efecto, teniéndose, por tanto, contestada en rebeldía. Respecto de este caso es importante destacar lo que señala el Código de Procedimiento Civil. El Art. 296 CPC incorpora como requisito adicional que: el juez debe haber decretado la prohibición de enajenar la especie. Esto viene a modificar al Art. 1464 Nº4 CC, ya que no habría objeto ilícito si no se ha decretado tal hecho. Asimismo, el Art. 297 CPC señala que no producirá efectos sobre terceros le prohibición de enajenar un bien inmueble si no se ha inscrito previamente a la enajenación. Sin embargo, este artículo no implica que en la enajenación de ese bien no haya objeto ilícito, sino que esta situación no les oponible a terceros hasta su inscripción. Por último, el Art. 1464 Nº4 CC dice que se puede enajenar el bien por autorización judicial, pero no menciona el consentimiento de las partes. En opinión del autor, como el beneficiario de la prohibición es el litigante que la solicito al juez, por principios generales, este renuncia tácitamente a la prohibición si autoriza la enajenación. D. Sección Cuarta: “ACTOS CONTRARIOS A LA LEY, A LA MORAL, AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES” 1. Condonación del Dolo Futuro (Art. 1465 CC): “El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale”. 82

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La condonación del dolo futuro es reprobada por la ley porque supone que una de las partes de la convención en que se estipula dicha condonación acepta anticipadamente que la otra lo haga víctima de engaños o que infrinja un contrato con la intención de dañar al acreedor; y porque implica una renuncia a perseguir la responsabilidad de la parte que actuó con dolo, lo que pugna contra principios esenciales del derecho como son la buena fe y la responsabilidad por los actos ilícitos. Lo anterior no obsta a que el dolo pueda ser condonado una vez que se haya ejecutado el engaño o la infracción de obligación dolosa. Pero en estos casos la condonación debe ser expresa por orden legal. 2. Deudas contraídas en Juegos de Azar (Art. 1466 CC): “Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar”. El Código Civil reglamente el juego y la apuesta como contratos aleatorios de los cuales deriva una obligación que afecta a la parte que perdió el juego o la apuesta. Juego es “un ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde” y Apuesta es “ejercicio en que se arriesga cierta cantidad de dinero en la creencia de que alguna cosa tendrá tal o cual resultado; cantidad que en caso de acierto se recupera aumentada a expensas de las que han perdido quienes no aceptaron”. El juego puede ser: 1) Licito: “Aquellos en que predomina la fuerza o destreza corporal, siempre que no se contravenga en las leyes o a los reglamentos de policía, y aquellos en que predomina la destreza o habilidad intelectual”. a. Si es de destreza física: El juego y apuesta engendran obligaciones perfectas, existiendo acción para exigir lo apostado. b. Si es de destreza intelectual: El juego y apuesta no engendran obligaciones perfectas. No hay acción para exigir lo apostado, pero si se hace el pago se puede retener lo pagado, a menos que se haya ganado con dolo. 2) Ilícito o de Azar: “Aquellos en que la contingencia incierta de ganar o perder depende principalmente de la suerte”. Excepcionalmente se autorizan en casinos o loterías específicamente determinados. Si bien el Art. 1466 CC dice que hay objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar, el autor cree que el objeto ilícito existe en el contrato de juego o en el de apuesta que se celebra en relación con un juego de azar, lo que determina que es anulable por el vicio de objeto ilícito el contrato que engendró la deuda, la cual se extingue declarada judicialmente. Sin embargo, si se tratara de un juego de azar legitimado la relación con dicho juego de azar autorizado engendra una obligación perfecta. A pesar de ello, hay sectores de la doctrina que estiman que la autorización produce como único efecto el de impedir la aplicación de las sanciones penales que establece la ley para quienes participan en juegos de azar, pero no modifica lo señalado en el Art. 1466 CC. Esta posición parece para el autor excesivamente rigurosa y sin sentido. 3. Venta de libros cuya circulación se encuentra prohibida o de determinados objetos cuyo tráfico atenta contra la moral o la ley (Art. 1466 CC): “Hay asimismo objeto ilícito en […] la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa”. El objeto ilícito existe en un contrato especifico, el de compraventa, cuando este tiene por objeto: 1) Libros: Siempre que su circulación haya sido prohibida por autoridad competente.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Laminas, pinturas y estatuas: Siempre que estas sean obscenas, concepto que según el uso natural significa ofensiva al pudor u honestidad. 3) Impresos: Siempre que hayan sido condenados como abusivos de la libertad de prensa. 4. Contratos Prohibidos por la Ley (Art. 1466 CC): “Hay asimismo objeto ilícito […] generalmente en todo contrato prohibido por las leyes”. Por ejemplo, la compraventa de cosas cuya enajenación la ley prohíbe, o la compraventa entre cónyuges. CAPÍTULO IV: LA CAUSA I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: La principal dificultad que presenta la causa para los intérpretes y tratadistas, está constituida por el hecho de ser un término que admite diversas y variadas acepciones: 1) Causa Eficiente: Se llama causa eficiente al “elemento generador del efecto”. Se puede afirmar que las fuentes de las obligaciones, esto es, los hechos jurídicos que les dan origen son su causa eficiente. Se dice que el de la causa eficiente era el sentido que los romanos daban a la causa; agregándose, a mayor abundamiento, que nunca estos pretendieron erigir a la causa como un requisito de los actos y contratos. 2) Causa Final: “Fin inmediato o invariable del acto”. En ese sentido, la causa o fin del comprador, en todos los contratos de compraventa, es incorporar a su patrimonio una cosa; y la causa o fin del vendedor, asimismo, en todas las compraventas, es procurarse dinero, a cambio de las cosas que entrega. 3) Causa Ocasional: “Fin lejano y variable de un acto de carácter estrictamente personal y psicológico”. Una misma especie de acto puede tener infinitas causas, según sean los fines que hayan perseguido las partes. Así, la causa ocasional para el vendedor puede ser la necesidad de cumplir una obligación, para lo cual necesita dinero; y causa ocasional para el comprador puede ser la necesidad de hacer un regalo de matrimonio con la cosa comprada. 2. Evolución Histórica de la noción de Causa: Se dice que la teoría de la causa encuentra su origen en el pensamiento de los canonistas medievales, quienes estiman que para que una convención engendre obligaciones es menester que dicha convención encuentre su razón de ser en un motivo licito y moral. Domat construye los elementos o piezas fundamentales de la denominada teoría clásica o tradicional de la causa, para lo cual se centra exclusivamente en la causa de la obligación que contrae una de las partes que celebra un contrato, y descarta por completo la causa del contrato que engendra la obligación. Entre los seguidores de la doctrina causalista hay quienes consideran que la causa debe configurarse con un criterio estrictamente objetivo. Otros la consideran con un criterio eminentemente subjetivo. La concepción anticausalista rechaza la noción de causa por estimarla conceptualmente falsa e inútil, a la vez, en su aplicación práctica. II.

CRITERIOS O DOCTRINAS ELABORADOS EN RELACIÓN CON LA CAUSA.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Doctrina Tradicional o Clásica de la Causa: Surge del pensamiento de Domat y que recoge los agregados que aporta Pothier. Esta requiere que la obligación que nace de un contrato tenga una causa, con lo que se centra en la causa de las obligaciones que emanan de los contratos, descartando así la causal de la obligación que emana de otra fuente de las obligaciones que no sean el contrato y la causa del contrato mismo. Con tal efecto, la teoría clásica agrupa a todos los contratos en tres categorías: los bilaterales o sinalagmáticos; los reales y los gratuitos. 1) Contratos Bilaterales o Sinalagmáticos: “Aquellos que engendran obligación para cada una de las partes”, como la compraventa, el mandato, el arrendamiento, etc. En estos contratos la causa de la obligación de una de las partes es la obligación correlativa de la otra parte. 2) Contratos Reales: “Aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa”, como el deposito, el mutuo, el comodato y la prenda. En estos contratos la causa de la obligación de restitución de la cosa que contrae una de las partes es la entrega que de la misma se le hizo por la parte en virtud de un título que obligaba su restitución. 3) Contratos Gratuitos: “Aquellos que se celebran en consideración a la utilidad o beneficio de una sola de las partes contrayendo la otra un gravamen”, como la donación. En estos contratos la causa de la obligación de una de las partes se encuentra en el motivo racional y justo en que se funda la obligación. Pothier modifica esta concepción de Domat, señalando que la causa de estos contratos es la intención liberal, es decir, el propósito de hacer una liberalidad. 2. Doctrina Italiana: Si bien coinciden con la doctrina clásica en cuanto a que debe existir una causa y que esta debe analizarse con un criterio objetivo, estructuran un concepto totalmente distinto del elaborado por aquella, señalando que la causa es un requisito del acto jurídico y no de la obligación que este puede engendrar. En ese contexto, la causa del negocio o acto jurídico es la función económico-social que caracteriza al tipo de negocio. Por ejemplo, en todos los negocios onerosos su función consiste en producir un cambio de prestación y contraprestación. 3. Doctrina del Móvil o Motivo Determinante: Siguen un concepto de causa con un criterio eminentemente subjetivo y refieren la causa al acto o contrato y no a la obligación. Causa del acto o contrato es el móvil o motivo determinante que impulsó al autor o a las partes a su celebración. En este contexto, no es posible formular un concepto de causa abstracto, aplicable a una misma especie o categoría de actos jurídicos. Para esta doctrina dicho móvil debe conformarse con el derecho, o de lo contrario el acto puede invalidarse. 1) Contratos Gratuitos: Basta que el móvil ilícito exista en el autor de la liberalidad para que pueda anularse el contrato, sin que se requiera que el móvil ilícito sea conocido o compartido por el destinatario. 2) Contratos Onerosos: El móvil ilícito que determinó a una de las partes a contratar debe ser, si no compartido con la otra parte, al menos conocida por esta, ya que el desconocimiento por una de las partes del motivo ilícito de la otra impediría anular el contrato. 85

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Doctrina Anticausalista: Según Planiol, la falsedad de la causa abstracta de la obligación se advierte en cada una de las diversas especies o categorías que distingue Domat. 1) Contratos Sinalagmáticos: Domat olvida que las obligaciones que recíprocamente se sirven de causa nacen al mismo tiempo, por lo que mal puede una de ellas ser causa de la otra si se considera que la causa debe, necesariamente, preceder al efecto. Asimismo, señala que la doctrina tradicional en materia de causa es inútil, por las siguientes razones: lo que constituye la causa de la obligación de una de las partes no es otra cosa que el objeto de la obligación de la otra, de manera que la falta de causa de una de las obligaciones implicaría necesariamente la falta de objeto de la otra. Por eso, por falta de objeto y no por falta de causa, la obligación seria ineficaz. En la compraventa, si el vendedor no quedara obligado a dar la cosa porque esta, que las partes suponen existente, no existe, según dicha teoría la obligación del comprador carece de causa. Para Planiol lo que falta es el objeto. 2) Contratos Reales: Domat no tiene en cuenta que la entrega de la cosa no es causa de la obligación, sino que es un requisito esencial para que el contrato se perfeccione. Decir que la causa de la obligación es la entrega de la cosa es decir que la causa de la obligación es el contrato mismo. Considera Planiol que de nada sirve la consideración de que, si la cosa no ha sido entregada, la obligación de restituirla carece de causa, ya que la ineficacia de tal obligación resulta simplemente del hecho que por faltar la entrega el contrato real no se perfecciona. 3) Contratos Gratuitos: La teoría clásica confunde la causa de la obligación con los motivos que han impulsado al disponente. La falta de intención liberal vendría a constituir, en la práctica, falta de consentimiento, sin que el contrato produzca efectos por esa sola circunstancia. 5. Evolución de la Doctrina y Jurisprudencia en Francia: El Código Napoleón requiere una causa para la obligación. De allí estiman que el acto jurídico o el contrato que engendra la obligación requiere también una causa, de lo que resulta la necesidad de distinguir, por una parte, la causa del contrato o del acto jurídico en general; y, por otra, la causa de la obligación, como dos conceptos diferentes y que deben analizarse con distintos criterios: 1) Causa del Contrato: Debe encontrarse en el móvil individual principal que determina su celebración, es decir, en el motivo psicológico relevante que se tuvo para contratar. 2) Causa de la Obligación: Se mantienen los postulados de la doctrina tradicional. Esto surge de la observación de que la aplicación de la teoría clásica de la causa de la obligación, que se centra exclusivamente en esta, no siempre permite formular el reproche de ilicitud a ciertas obligaciones, a pesar de que estas emanan de un contrato que atenta contra la ley o la moral. Por ejemplo, ¿Qué presenta de ilícito que el arrendador se obligue a entregar el inmueble o que el arrendatario se obligue a pagar la renta de arrendamiento cuando se arrienda para instalar un fumadero de opio? Evidentemente, dicho ilícito se encuentra en el contrato, mas no en las obligaciones que este engendra. Por ello, la doctrina y jurisprudencia en Francia estiman que, si el móvil determinante que impulso a las partes a contratar es ilícito, el contrato tendrá una causa ilícita y será anulable por tal razón. III.

LA TEORÍA DE LA CAUSA EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO. 86

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Disposiciones Legales relativas a la Causa: Dice el Art. 1445 CC: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario… 4° que tenga una causa licita”. Expresa, por su parte, el Art. 1467 CC: “No puede haber obligación sin causa real y licita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa lícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene causa ilícita”. Y agrega el Art. 1468 CC: “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”. 2. ¿Qué es lo que debe tener causa? ¿El Acto o Contrato o la Obligación?: 1) Argumentos de quienes sostienen que la obligación y no el acto del cual esta emana requiere causa: a. Tal sería el sentido que emana del tenor literal del Art. 1445 CC: Que requiere que para una persona se obligue a otra una causa licita y del Art. 1467 CC, cuando dice “no puede haber obligación sin una causa…”. b. Es necesario tener presente que el Código Civil se dictó en pleno auge de la doctrina tradicional o clásica que refiere la causa a la obligación y no al acto mismo. 2) Argumentos de quienes sostienen que el acto o contrato debe tener una causa: a. El Art. 1445 N°4 CC, si bien en apariencia vincula la causa a la obligación, está exigiendo, en realidad, una causa licita para el acto que engendra la obligación: Esto lo hace el Código al decir “para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario… que tenga una causa licita”. b. La redacción del Art. 1467 CC, que define la causa, disipa toda posibilidad de duda: causa es el motivo que induce al acto o contrato; o sea, es el acto o contrato el que requiere una causa. c. Corrobora esta interpretación el Art. 2057 CC, que se refiere a las sociedades nulas por ilicitud de la causa, del cual se desprende que la sociedad, esto es, el contrato es lo que debe tener una causa lícita. 3. ¿Qué criterio adopta el Código en materia de Causa? ¿Uno objetivo u otro subjetivo?: 1) Argumentos de quienes sostienen que el Código sigue el criterio objetivo de la doctrina tradicional: a. Argumento histórico: La doctrina clásica o tradicional era la que imperaba en la época de dictación del Código Civil. Asimismo, el Código Civil francés, que sirve de modelo al nuestro, sigue constantemente los postulados de Domat y Pothier, sin apartarse de ellos en materia de causa.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Si el Art. 1467 CC requiere una causa real y licita, es porque pueden existir obligaciones que no tengan causa: Este hecho revela que el Código sigue la teoría clásica, pues según ella es posible que falte la causa de la obligación. En cambio, si el Código hubiera abordado la causa con un criterio subjetivo, mal podría haber requerido la existencia de causa, pues jamás falta el motivo psicológico que puede inducir a una persona a realizar un acto o contrato, salvo que este sea realizado por una enajenado. c. Los ejemplos que coloca el Código en el Art. 1467, inc. final CC: En efecto, el hecho de que la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa resulta de la aplicación de la teoría clásica, toda vez que la obligación que contrajo el prometiente no tiene como causa la obligación de la otra parte, o la entrega de una cosa que hubiera engendrado la obligación de restituirla, ni menos la intención liberal, porque el prometiente se obligó en la errada creencia de que debía algo. Además, el Código al decir en el Art. 1467 CC que la pura liberalidad es causa suficiente, transcribe textualmente el pensamiento de Pothier en lo relativo a la causa de la obligación en los contratos gratuitos. d. Cuando el legislador define la causa como el motivo que induce al acto o contrato, por una simple omisión que se debe a que seguramente no lo estimó relevante no señala que dicho motivo es abstracto o con exclusión del que pudiera tener el sujeto: Lo que hubiera resultado, por ejemplo, si hubiera dicho que causa es el motivo jurídico que induce el acto o contrato. Sin embargo, tal omisión no constituye un obstáculo para dar a la palabra motivo que emplea la disposición el sentido de motivo abstracto con que esta debe interpretarse y que refleja el espíritu de la ley. 2) Argumentos de quienes sostienen que el Código Civil innovó en materia de causa, apartándose de la doctrina tradicional: a. Si bien es cierto que en la época de dictación del Código Civil estaban en boga los postulados de la teoría clásica, no lo es menos que el concepto de causa-motivo existía desde la Edad Media. b. A diferencia del Código Civil francés, el chileno define la causal y expresa que ella está constituida por los motivos: Término que, en su sentido natural y obvio, se refiere a los móviles psicológicos, individuales y subjetivos. Tal es el alcance de la palabra motivo en los Arts. 1454 y 1455 CC, que hacen sinónimos motivo y causa. c. Efectivamente el Código dice que la mera liberalidad es causa suficiente; pero con ello no está significando que adopta la doctrina tradicional, sino que en las donaciones o demás actos gratuitos basta como motivo la intención de efectuar una liberalidad. d. Al exigir el Código una causa real y licita, está facultando al juez para indagar por el motivo que en realidad determinó a la celebración del acto o contrato, establecido el cual podrá concluir si es licito o no: Realidad de la causa significa que el motivo que se postula como causa sea el que concretamente ha inducido a contratar o a celebrar el acto, imponiéndose a los demás motivos que no serán, realmente, la causa.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe e. En la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, que constituye el ejemplo de falta de causa, no es posible desconocer el motivo que induce a formular la declaración y que está constituido, precisamente, por la creencia de que existe una obligación. 4. Opinión de Víctor Vial: Hay que distinguir: 1) Causa del Acto o Contrato: De acuerdo con la propia definición de la ley, la causa del acto o contrato es el motivo que induce a su celebración. La palabra motivo, según el uso general que esta tiene, es la causa o la razón que induce a algo, y la razón que induce a algo son los móviles psicológicos, individuales y subjetivos que se ha representado el sujeto y que lo inducen a actuar. 2) Causa de la Obligación: Si bien el acto o contrato debe tener una causa, también debe tenerla la obligación que el contrato crea. La interpretación que corresponde dar a la causa de la obligación es la que sustenta la teoría clásica, de índole totalmente objetivo. La tesis que sustenta esta distinción se haya en el Art. 1467 CC que define la causa como aquello que motivo el acto o contrato. IV.

RELACIONES DE LA CAUSA CON OTROS ASPECTOS DEL ACTO JURÍDICO.

1. Relación entre la Causa y el Error: Existe el llamado error sobre los motivos, el cual se traduce en “una inexacta representación de las razones o móviles personales que inducen a contratar”. Por ejemplo, la creencia de que debo dinero a X me induce a prometerle el pago de la supuesta deuda. Aquí el motivo que me determina a la declaración de voluntad es equivocado; en realidad, no debo nada a X; no existe motivo alguno para la declaración, pues no tenia, tampoco, el animus donandi. La regla general es que el error sobre los motivos es irrelevante, salvo en ciertos actos como los gratuitos o de beneficencia, en los cuales el disponente, por un motivo equivocado, se desprende de una cosa de su patrimonio en beneficio de otra persona, sin recibir nada a cambio. Estima el autor, no obstante, que en la mayoría de los actos gratuitos que la doctrina permite impugnar no existe propiamente error sobre los motivos, sino que error sobre la persona. Por ejemplo, A dona a B una cosa porque está convencido de que B le salvó la vida, cuando en realidad no fue B sino C. En estos casos no hay en el donante una falsa representación de los motivos, por el contrario, existe realmente el motivo que induce a donación. El error se ha producido en la persona del donatario, que carece de las condiciones o cualidades que cree ver en él el donante. 2. Relación entre la Causa y la Fuerza o Dolo: Desde el momento que la fuerza y el dolo surgen como el motivo principal o determinante del acto o contrato, quiere decir que constituyen la causa del mismo; causa que por no conformarse con el derecho tiene el carácter de ilícita. Ahora bien, ¿a cuáles normas debe acudir la víctima de la fuerza o del dolo para impugnar el acto? ¿A las relativas a los vicios del consentimiento o a las relativas a la causa ilícita? Esto es importante, pues la sanción por los vicios del consentimiento es la nulidad relativa y la sanción por la causa ilícita es la nulidad absoluta. El autor cree que no puede quedar al arbitrio de la víctima elegir si demanda la nulidad por vicio del consentimiento o por causa ilícita, y estima que en esta hipótesis debe hacerse primar las normas relativas a los vicios del consentimiento, que son especiales, por sobre las relativas a la causa ilícita. V.

CAUSA REAL Y LÍCITA.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Conceptos Generales: La ley señala que no es necesario que el autor de un acto jurídico o las partes de una convención expresen la causa. Y ello porque, a juicio del autor, la ley presume que todo acto o contrato tiene una causa. Asimismo, la ley presume que el motivo que induce a la celebración del acto jurídico es licito. Por ello, la prueba de falta de causa o de ilicitud de la misma corresponde a quien la alega. En opinión del autor falta la causa en dos casos: en los actos jurídicos simulados y en los actos que tienen como único motivo la creencia errada de que existe una obligación, que constituye, por lo mismo, una causa falsa. 1) Falta de causa en los Actos Simulados: El acuerdo de voluntades por el que las partes convienen celebrar un contrato simulado, y ocultar su voluntad real tiene un motivo que le sirve de causa, y que no es otro que el de engañar a terceros. En lo que respecta al contrato simulado la situación no es la misma, ya que si la simulación es absoluta, no existe ningún motivo real que pueda inducir a las partes a su celebración, entendiendo por motivo real “la representación de una necesidad que induzca a una regulación de intereses a través de un determinado contrato”; y si la simulación es relativa, si bien existe motivo real para el contrato disimulado o encubierto que corresponde a lo que realmente las partes quieren, no existe un motivo real para el contrato simulado. En ese contexto, el acto simulado es inexistente por falta de causa. 2) Falta de causa en los Actos que tienen como único motivo la creencia errada de que existe una obligación: De la sola lectura del Art. 1467, inc. final CC se desprende que el Código Civil considera relevante el error sobre los motivos en el caso que dicha disposición describe, consistente en la declaración que formula una persona comprometiéndose a dar, hacer o no hacer algo en beneficio de otra, inducida por la creencia equivocada de que existe una obligación que justifique tal compromiso. La declaración presenta una causa falsa, lo que equivale a decir que carece de causa real, y por faltar este requisito debe considerársela inexistente. 2. Labor del Juez en relación con la Determinación de la Causa Real y Lícita: La causa que la ley presume, constituida por el motivo que generalmente induce a celebrar el acto o contrato específico de que se trata, bien puede no coincidir con el motivo individual, principal y directo que la parte tuvo en consideración para celebrar dicho acto o contrato y que constituye el motivo o causa real. Dicha falta de coincidencia carece, por lo general, de relevancia; para la ley es suficiente como motivo el que es posible de presumir de la naturaleza del contrato, lo que explica que considere innecesario que la causa se exprese en el acto o contrato. Cada vez que se alegue la ilicitud de la cause corresponde al juez indagar por el motivo individual que indujo a celebrar el acto jurídico y que constituye la causa real. El juez debe llegar al motivo real para solo entonces apreciar si este es contrario a la ley, a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. 3. Sanción para la Falta de Causa y para la Causa Ilícita: 1) Falta de Causa: El acto jurídico en que falta la causa es, doctrinariamente, inexistente, pues se ha omitido un requisito esencial para su existencia jurídica. Para los autores nacionales que niegan cabida a la inexistencia jurídica, el acto en que falta la causa se sanciona con nulidad absoluta. 2) Causa Ilícita: El Art. 1682 CC lo sanciona con la nulidad absoluta. VI.

EL ACTO EN FRAUDE A LA LEY.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Conceptos Generales: El fraude a la ley consiste en “procedimientos en sí lícitos, o en maniobras jurídicas a veces ingeniosas, que tienen la apariencia de legalidad y que, sin embargo, permiten realizar lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley ordena”. Los particulares, frente a una norma que prohíbe la realización de un acto jurídico en ciertas circunstancias, pueden adoptar una de estas actitudes: acatar la ley, absteniéndose de celebrar el acto que ella prohíbe; o infringirla, pudiéndola infracción ser abierta o manifiesta, como si celebra a la luz pública el acto prohibido, o bien velada o encubierta. A este último efecto, pueden seguir dos caminos: recurrir a la simulación relativa o servirse no del negocio prohibido, sino de otro, o de un sistema consistente en un complejo de negocios y actos, unos y otros adaptados y plegados en modo de poder conseguir un resultado análogo al del derecho negocio prohibido. Se tiene así un fraude a la ley. El fraude a la ley puede concebirse de dos maneras: 1) Como una derogación indirecta de una regla imperativa o prohibitiva expresa; o 2) Como una violación del espíritu de tal regla al abrigo de una redacción demasiado absoluta. Un ejemplo de fraude a la ley se da en la enajenación que hace de sus bienes una persona, ante la inminencia de la interdicción por disipación o prodigalidad. Este acto es licito, pero persigue el resultado que la ley no quiere que se consiga. En los actos en fraude a la ley existe un aparente respeto a la norma, porque no se la infringe abiertamente; pero, en realidad se elude su aplicación en cuanto se realiza un resultado final que, si no es y no puede ser idéntico, en especial en el terreno estrictamente jurídico, es análogo, particularmente en el terreno práctico. 2. Elementos del Fraude a la Ley: 1) El elemento material u objetivo es el resultado que la ley no quiere: Dicho elemento se encuentra constituido por la similitud o equivalencia práctica del resultado que persigue el acto jurídico en fraude a la ley con el resultado prohibido por la norma. 2) El elemento intencional o subjetivo es la intención de defraudar o burlar la ley: Lo que significa que el sujeto realiza el acto en fraude a la ley con el propósito de burlar la norma y obtener con su realización el resultado que esta no quiere. Esto se llama animo fraudatorio. Para algunos, el elemento intencional no sería de la esencia del fraude a la ley porque se dan casos en que no existe dicha intención. Para otros, de la esencia del fraude a la ley es el ánimo fraudatorio, que es el móvil que induce a adoptar una determinada postura jurídica; vinculándose, de esta manera, el concento de fraude a la ley con el de causa. Según esta interpretación, en el acto en fraude a la ley existe una causa ilícita: la intención fraudulenta. 3. Sanción al Fraude a la Ley: En el acto en fraude a la ley o en el complejo de actos jurídicos que configuran un procedimiento en fraude a la ley, la ilicitud se encuentra no en el acto mismo, que no infringe abiertamente a la ley, sino que, en los motivos perseguidos con la realización del acto o procedimiento en fraude a la ley, que evidencian la intención de burlar una norma jurídica. Esto implica la nulidad absoluta del acto o complejo de actos fraudulentos. CAPÍTULO V: LAS FORMALIDADES

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: Son “ciertos requisitos que exige la ley para la forma o aspecto externo de ciertos actos jurídicos”. Se distinguen cuatro grupos: 1) Formalidades propiamente tales o Solemnidades: La ley puede exigir una solemnidad sea para la existencia misma de un acto o contrato, sea para la validez del mismo: a. Solemnidades requeridas para la existencia de un Acto Jurídico: “Requisitos externos que exige la ley para la celebración de ciertos actos jurídicos, sin los cuales el acto no se perfecciona ni produce efecto alguno”. Estas solemnidades constituyen un requisito esencial para la existencia del acto jurídico. Sin embargo, algunos observan que no constituyen, en verdad, un requisito de existencia independiente de la voluntad, ya que la solemnidad no es más que la manera de manifestar la voluntad en ciertos actos. Las solemnidades no se presumen; requieren para su existencia de un texto expreso de la ley. Sin perjuicio de lo anterior, la autonomía privada hace posible que las partes den el carácter de solemne a un acto meramente consensual. Tal ocurre, por ejemplo, en la compraventa, disponiendo sobre el particular el Art. 1802 CC que señala: “Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso 2.º del artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida”. En cuanto a actos en que la ley requiere dicha solemnidad, podemos citar el contrato de promesa, que debe necesariamente constar por escrito (Art. 1554 Nº1 CC), el contrato de compraventa de bienes raíces, servidumbres, censos y de una sucesión hereditaria, que debe otorgarse por escritura pública (Art. 1801, inc. 2 CC), el contrato de hipoteca que debe otorgarse por escritura pública (Art. 2409 CC) y el usufructo que recaiga sobre inmuebles por acto entre vivos, que requiere instrumento público inscrito (Art. 767), etc. b. Solemnidades requeridas para la validez de los actos jurídicos: La omisión de la solemnidad no impide que el acto se perfeccione ni que produzca sus efectos, los que solo cesan si se declara la nulidad absoluta por la causal de omisión de la solemnidad. Por ejemplo, el testamento solemne requiere, entre otras formalidades, su otorgamiento en presencia del número de testigos hábiles que señala la ley (Arts. 1014 y 1021 CC). Otro ejemplo es la insinuación de las donaciones (Art. 1401 CC), ya que, si la donación entre vivos no se insinuare, tendrá efecto hasta el valor de dos centavos y será nula en el exceso. 2) Formalidades Habilitantes: “Los requisitos exigidos por la ley para completar la voluntad de un incapaz, o para protegerlo”. Por ejemplo, el Art. 253 CC requiere autorización del padre o de la madre o del curador para ciertos actos del hijo de familia, y el Art. 255 CC requiere como formalidad habilitante de protección, autorización judicial con conocimiento de causa para enajenar o hipotecar los bienes raíces del hijo de familia. 3) Formalidades por vía de prueba o ad probationem: “Aquellas en que la ley, para los fines de prueba de un acto no solemne, requiere un documento cuya omisión no impide que el acto nazca ni que produzca válidamente sus efectos, sino que pueda ser probado por testigos”. Con este 92

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe propósito el Art. 1709 CC señala que deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de entrega de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias. Y agrega que: “No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma”. Por su parte, el Art. 1710, inc. 1 CC dice que al que demanda una cosa de más de 2 unidades tributarias de valor no se le admitirá la prueba de testigos, aunque limite a ese valor la demanda. 4) Formas o Medidas de Publicidad: “Aquellas que tienen por objeto proteger a los terceros que pueden verse alcanzados por los efectos del acto jurídico”. Pueden ser: a. De simple noticia: “Aquellas que tienen por objeto poner en conocimiento de terceros las relaciones jurídicas de otras personas, en que pueden tener interés”. Lo es, por ejemplo, la notificación al público por medio de tres avisos publicados en un periódico de los decretos de interdicción provisoria o definitiva del demente y del disipador (Arts. 447 y 461 CC). b. Sustanciales: “Aquellas que tienen por objeto precaver a los terceros interesados, que son aquellos que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes de los actos que estas celebren”. Es, por ejemplo, la notificación que debe hacerse al deudor de la cesión de un crédito (Art. 1902 CC). II.

SANCIÓN POR LA OMISIÓN DE UNA FORMALIDAD.

1. Efectos que produce la Omisión de una Solemnidad: 1) La solemnidad se requiere para la existencia del acto: La omisión de la solemnidad impide que el acto exista, pues faltando la solemnidad no hay voluntad, ya que dicha solemnidad es precisamente el medio establecido por la ley para que la voluntad se manifieste. 2) La solemnidad se requiere para la validez del acto: Dicho acto existe, pero con un vicio que hace posible la declaración de nulidad. 2. Efectos que produce la Omisión de una Formalidad Habilitante: Acarrea, por regla general, la nulidad relativa del acto o contrato. Ello porque se ha omitido una formalidad que las leyes prescriben para el valor del acto jurídico en consideración a la calidad o estado de las personas que lo celebran (Art. 1682 CC). Se ha discutido en la doctrina nacional si cabe aplicar la sanción que resulta de la regla general a la enajenación que hace el tutor de los bienes raíces del pupilo sin autorización judicial previa; o para la venta de dichos bienes que no se haga en pública subasta. En opinión de algunos, tales actos deben sancionarse con la nulidad absoluta y no con la nulidad relativa, porque la formalidad omitida la ley la requiere para el valor del acto en consideración a su especie y no a la calidad o estado de las partes. La mayoría, en cambio, no exceptúa tales actos de la sanción que resulta de la aplicación de la regla general argumentando que la formalidad requerida para la enajenación y venta de los inmuebles de los pupilos es claramente un requisito para el valor de dicha enajenación y venta en consideración a que una de las partes se encuentra sujeta a guarda. 3. Efectos que produce la Omisión de una Formalidad exigida por vía de prueba: No afecta ni a la existencia ni a la validez del acto jurídico. Impide, simplemente, que el acto pueda probarse por testigos. 93

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Efectos que produce la Omisión de una Medida de Publicidad: Hay que distinguir: 1) Si es de simple noticia: Da derecho a la persona a quien dicha omisión ha causado un perjuicio a demandar la correspondiente indemnización. Ello porque el responsable de la omisión ha cometido un delito o cuasidelito civil. 2) Si es sustancial: Es la inoponibilidad, esto es, la ineficacia con respecto de terceros del derecho que ha nacido como consecuencia de la celebración del acto jurídico. CAPÍTULO VI: LA CAPACIDAD5 I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: El Art. 1445 CC contempla entre los requisitos para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad que ella sea legalmente capaz. La capacidad es “la aptitud (o idoneidad) para ser sujeto de derechos subjetivos”. La capacidad así definida se le denomina capacidad de goce o adquisitiva, y constituye un atributo de la personalidad en cuanto toda persona por el hecho de ser tal goza de la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Ahora bien, no resulta posible que puedan existir incapacidades de goce generales. Ello importaría desconocer al sujeto que estuviese en dicha situación el carácter de persona. Esto no obsta que puedan existir incapacidades de goce particulares. En tal caso existen parciales privaciones de la capacidad de goce. La capacidad de goce de las personas naturales comienza con el nacimiento, con la única salvedad de lo dispuesto en el Art. 77 CC, el cual extiende dicha capacidad hasta la época de la concepción. 2. La Capacidad de Ejercicio: Consiste en “la aptitud de una persona de ejercer derechos y contraer obligaciones”. Es precisamente a la capacidad de ejercicio a la cual alude el Código en el Art. 1445, inc. 2 CC, al disponer que “la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra”. Dicha definición ha sido criticada por algunos como Pescio debido a que solo se refiere a la aptitud para contraer obligaciones, en tanto que la capacidad en su sentido amplio comprende la aptitud para adquirir derechos, para ejercitarlos o para realizar o ejecutar diversos actos. Como resulta obvio, la capacidad de ejercicio supone previamente la capacidad de goce. Puede en cambio, existir capacidad de goce sin capacidad de ejercicio tratándose de los casos de incapaces que la ley señala. La regla general es la capacidad y la excepción la incapacidad. La incapacidad deberá requerir de un texto legal que la establezca, no resultando licita la convención en virtud de la cual alguien renuncia en todo o parte a su capacidad. Ello porque las reglas de la capacidad son de orden público. La incapacidad no se presume, quien la invoque deberá probarla. II.

CLASES DE INCAPACIDADES.

1. Conceptos Generales: De conformidad con el Art. 1447 CC las incapacidades son de tres clases: absolutas, relativas y especiales.

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Según lo señalado en el texto “La Capacidad” de Ramón Cifuentes.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Incapacidades Absolutas: De acuerdo con el Art. 1447, inc. 1 CC: “Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente”. 1) Los dementes: “Persona privada de razón o que tenga sus facultades mentales sustancialmente alteradas”. No se entiende a los dementes en el sentido médico, aplicándose lo indicado en el Art. 12 CC en orden a que las palabras técnicas de una ciencia o arte se toman en el sentido que les den los que profesar la misma ciencia o arte a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso. La prueba de la demencia corresponde a quien la invoca. Sin embargo, dicha prueba será innecesaria si el demente ha sido declarado en interdicción con anterioridad a la celebración del acto o contrato. En efecto, el Art. 465 CC establece que: “Los actos y contratos del demente, posteriores al decreto de interdicción, serán nulos; aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente”. Se discute si las personas en situaciones transitorias de privación de discernimiento, como los ebrios, se encuentran comprendidos dentro de la categoría de dementes. Cualquiera sea la posición al respecto, el asunto no presenta mayor interés por cuanto los actos de dichas personas serán nulos absolutamente, ya sea por incapacidad absoluta (de entenderse que caben en la categoría de dementes) o por falta de voluntad. 2) Los impúberes (Art. 26 CC): “El varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce”. 3) Sordos o Sordomudos que no pueden darse a entender claramente: Se ha discutido la extensión de la regla por cuanto se dice que en algunos casos el lenguaje mímico puede ser medio idóneo para expresar la voluntad. Por ello en otras legislaciones se faculta al juez para fijar los límites y extensión de la capacidad del sordomudo. Dicha situación fue resuelta con la Ley Nº 19.904, que legitimó el lenguaje de señas como un código de comunicación universalmente aceptado en nuestro ordenamiento jurídico. De conformidad con el Art. 1447, inc. 2 CC los actos de los absolutamente incapaces no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución. Por otra parte, el Art. 1682, inc. 2 CC dispone que hay nulidad absoluta en los actos y contratos de los absolutamente incapaces. El que no puedan caucionarse las obligaciones de los absolutamente incapaces implica que toda caución otorgada en seguridad de una obligación contraída por un absolutamente incapaz adolece de nulidad absoluta, por efecto consecuencial de la nulidad absoluta de que también sufre el acto del cual emana la obligación asegurada. La circunstancia de ser una persona absolutamente incapaz no implica que este no pueda actuar en la vida jurídica ni ser titular de derechos y obligaciones. El incapaz absoluto puede celebrar actos jurídicos, pero solo representado por su representante legal. En esto existe una diferencia con la actuación de los relativamente incapaces, los cuales no solo pueden actuar representados sino también pueden hacerlo autorizados por su representante legal. 3. Incapacidades Relativas: De conformidad al Art. 1447 CC son relativamente incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Menores Adultos (Art. 26 CC): “Los que han dejado de ser impúberes y no han cumplido 18 años, es decir, los hombres mayores de 14 y las mujeres mayores de 12”. 2) Disipadores en Interdicción: “Personas que dilapidan sus bienes de manera que manifiestan una falta total de prudencia”. Los actos de los pródigos solo serán nulos si este ha sido declarado en interdicción. Todos los actos anteriores a la interdicción son válidos. Existe una parte de la doctrina que estima que los pródigos no debieran ser incapaces. En este contexto, Vélez Sarfiel en una nota al artículo 54 del Código argentino se remite al Código de Luisiana y justifica la no inclusión del pródigo por las siguientes razones: a. La prodigalidad no altera las facultades intelectuales. b. La libertad individual no debe ser restringida sino en casos de interés público inmediato y evidente. c. En la diferente manera de hacer gastos inútiles que concluyen una fortuna, no hay medio para distinguir con certeza el prodigo del que no lo es. d. Debe cesar la tutela de los poderes públicos sobre las acciones de los particulares. Sin embargo, esta posición contraria a considerar incapaz al prodigo es minoritaria en las legislaciones. Los incapaces relativos pueden actuar, ya sea representados o bien autorizados por su representante legal. En algunos casos particulares, los incapaces relativos para actuar válidamente requieren no solo la autorización del representante o actuar representados, sino también cumplir con ciertas formalidades habilitantes, que la ley exige por la importancia del acto, como, por ejemplo, la autorización judicial. Excepcionalmente los incapaces relativos pueden actuar por si solos en determinados actos, como ocurre tratándose de actos personalísimos (testamento, reconocimiento de un hijo, etc.). Cuando un incapaz relativo actúa sin la intervención de su representante legal o sin cumplir con las formalidades habilitantes exigidas por la ley, el acto o contrato celebrado en dichas circunstancias adolece de nulidad relativa. 4. Incapacidades Especiales o Particulares: El Art. 1447, inc. final CC dispone que: “Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. Si bien es cierto que la ley emplea la expresión “prohibición”, el empleo de dicho término no circunscribe las incapacidades particulares a los casos de prohibición absoluta de celebrar un acto sino también a los casos en que el acto se puede celebrar cumpliendo con determinados requisitos. Por lo anterior, a la sanción del acto celebrado en situación de incapacidad particular será diversa, según se trate de un acto prohibido absolutamente o de un acto que puede realizarse cumpliendo con determinados requisitos: 1) Actos Prohibidos Absolutamente: Como es el caso de la compraventa entre cónyuges. La sanción del acto ejecutado será la nulidad absoluta en virtud de haber objeto ilícito al tenor del Art. 1466 CC. 96

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Se entiende que estas son incapacidades de goce por cuanto en tal caso, la prohibición impide adquirir el derecho de que se trata. 2) Actos que pueden realizarse cumpliendo con determinados requisitos: La sanción del acto realizado sin cumplir con dichos requisitos será la nulidad relativa porque se omitió un requisito exigido por la ley en atención al estado o calidad de la persona que lo celebra (Art. 1682 CC). En tal caso no existe una norma prohibitiva, sino una regla imperativa de requisito. La incapacidad deberá entenderse de ejercicio. 3) Casos excepcionales en que la ley señala una sanción diversa para el acto realizado por el incapaz particular: Como el Art. 114 CC que habla del desheredamiento del hijo menor de 18 que contrae matrimonio sin autorización del ascendiente que lo tiene a su cargo. CAPÍTULO VII: EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: En opinión de Betti, corresponden a “la finalidad económico-social del tipo de negocio y son, al mismo tiempo, los que parecen más adecuados a la reglamentación de intereses que las partes normalmente han tenido en cuenta”. Si el fin práctico perseguido por las partes es merecedor de tutela, el ordenamiento jurídico crea una figura típica a través de la cual se puede lograr la satisfacción de la necesidad y determina los efectos que producirá el tipo creado. Los efectos, entonces, no son otra cosa que la visión que tiene el legislador del fin práctico. 2. Clasificación de los Efectos de los Actos Jurídicos: 1) Esenciales, Naturales y Accidentales: a. Efectos Esenciales: “Aquellos que determina la ley, y que se producen como obligada consecuencia de su celebración; de modo tal que las partes no pueden descartarlos ni sustraerse a ellos”. Por ejemplo, en la compraventa son efectos esenciales la obligación que contraer el vendedor de dar la cosa y la obligación que contrae el comprador de pagar el precio. b. Efectos Naturales: “Aquellos que estando establecidos por la ley pueden ser eliminados, siendo, por ende, posible sustraerse a su aplicación, sin que su omisión afecte a la existencia o validez del acto jurídico”. Por ejemplo, efecto natural de la compraventa es la obligación que contrae el vendedor de sanear la evicción y los vicios redhibitorios. c. Efectos Accidentales: “Aquellos que las partes pueden, en virtud de la autonomía privada, incorporar a los actos jurídicos”. Dichos efectos no están previstos por el legislador en el acto tipificado por él, ni tampoco se prohíbe su incorporación. Si las partes los incorporan al acto jurídico, se encuentran obligadas a su cumplimiento. 2) Directos e Indirectos: a. Efectos Directos: “Aquellos que surgen como consecuencia inmediata y directa de la celebración de un acto jurídico”. Por ejemplo, la obligación del comprador de pagar el precio.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Efectos Indirectos: “Aquellos que no surgen como consecuencia inmediata y directa de la celebración de un acto jurídico, sino que resultan de ciertas relaciones o situaciones jurídicas que son producto, a su vez, de un acto jurídico”. Betti cita como ejemplo la relación de alimentos entre cónyuges, la cual no constituye un efecto del matrimonio como acto, sino del estatus de cónyuge, que deriva del matrimonio. II.

PERSONAS CON RESPECTO DE LAS CUALES SE PRODUCEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS JURIDICOS.

1. Efectos de los Actos Jurídicos entre las Partes: Los actos jurídicos producen efectos entre las partes que lo hicieron nacer. Dado que la vinculación, por regla general, alcanza solo a las partes, es lógico que estas puedan determinar el contenido y alcance práctico del acto jurídico y que puedan, asimismo, sustituirlo por otro o, si lo prefieren, dejarlo sin efecto. Consecuencia de la autonomía privada es, entonces, la facultad que tiene el autor de un acto jurídico unilateral o las partes de una convención para revocar el acto jurídico, es decir, para dejarlo sin efecto. La revocación para ser eficaz requiere las siguientes condiciones generales: 1) Que emane del autor o de las partes que dieron vida al acto jurídico, y 2) Que se haga observando las mismas formas y requisitos del acto jurídico que se deja sin efecto. 2. Efecto de los Actos Jurídicos respecto de Terceros: Excepcionalmente, el acto jurídico puede producir efectos respecto de terceros, es decir, de personas que no intervinieron, ni personalmente ni representadas, en su celebración. 1) Actos Jurídicos Unilaterales: Cuando el acto está destinado a crear, modificar o extinguir una relación jurídica, sus efectos no pueden, por lo general, radicarse exclusivamente en la persona del autor; siendo, por el contrario, necesario que alcancen a terceros. 2) Actos Jurídicos Bilaterales: Se citan en doctrina la estipulación a favor de otro y la promesa del hecho ajeno. En la primera no tiene calidad de parte el tercero beneficiario; y en la segunda son partes el promitente del hecho ajeno y el beneficiario, sin que tenga calidad de tal el tercero que puede resultar obligado. Puede ocurrir que el beneficiario de la estipulación a favor de otro acepte detentar tal calidad, pasando así a ser acreedor de la misma, o que el tercero que puede resultar obligado en la promesa del hecho ajeno acepte detentar la calidad de deudor. Pero, para que los terceros pasen a tener calidad de acreedor y deudor, respectivamente, es menester su aceptación; la sola estipulación no les da esa calidad. Otro caso que se cita como ejemplo es la novación que se produce entre el acreedor y uno de los deudores solidarios. 3. Terceros a quienes pueden afectos los Actos Jurídicos: Existen dos clases de terceros: 1) Los Terceros Absolutos: “Aquellos para quienes el acto jurídico que celebran las partes es indiferente, en el sentido de que no los afecta bajo ningún respecto”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Los Terceros Relativos: “Aquellos a los cuales el acto jurídico que celebran las partes presenta un indudable interés o relevancia, por el beneficio o gravamen que pudiera ocasionar para ellos dicho acto o contrato”. Estos son: a. Los herederos, sucesores o causahabientes a título universal: “Quienes suceden al difunto en la totalidad de sus bienes o en una cuota de ellos”. Se benefician cuando los actos jurídicos realizados por el causante incorporan bienes al patrimonio de este y se perjudican cuando dichos actos hicieron salir bienes del patrimonio del causante. Dicho beneficio o perdida solo se hace patente una vez producida la apertura de la sucesión, ya que con anterioridad los herederos no tienen derecho a suceder al causante y solamente poseen una mera expectativa. El tratamiento que da nuestra legislación a los herederos impide considerarlos en la calidad de terceros. En efecto, según el Código Civil representan al causante y son los continuadores de su personalidad, lo que jurídicamente cabe atribuirles la calidad de partes en relación con los actos que celebró el causante. b. Los sucesores o causahabientes a título singular: “Aquellas personas que han adquirido de otra una cosa o una relación jurídica determinada”. Ellos se van a ver afectados por los actos o contratos realizados por su antecesor y que tengan por objeto la cosa o relación jurídica antedicha. c. Los acreedores de las partes: Se pueden ver afectados, por ejemplo, si el deudor dona una cosa, ya que se ven disminuidas las posibilidades de exigir el cobro de sus obligaciones si el deudor incumple o si contrata con alguien y le constituye una hipoteca en su favor, ya que ese acreedor tendrá preferencia sobre los demás por dicha cosa. CAPÍTULO VIII: INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: La reacción del ordenamiento jurídico contra el acto que no cumple los requisitos que aquel establece pueden consistir en una sanción que ora afecte a los sujetos que celebraron el acto que no se conforma con la ley, ora afecte el acto en sí mismo. No existe, pues, el principio general de que toda disconformidad del acto con el ordenamiento jurídico se sanciona con la ineficacia del acto. Cuando el ordenamiento jurídico reacciona en contra del acto disconforme y no en contra de la persona o de las personas que lo celebraron, lo sanciona con la ineficacia. El acto jurídico es ineficaz “cuando no produce efecto alguno, o cuando sus efectos se producen de modo efímero o caduco”. Por tanto, ineficacia, en sentido amplio comprende “todos los casos en que la reacción del ordenamiento jurídico incide sobre la producción de los efectos del acto disconforme; efectos que se eliminan, se reducen o se perturban”. 2. Clases o Especies de Ineficiencia: Un acto jurídico puede ser ineficaz: 1) Por la omisión de un requisito esencial para la existencia del acto jurídico: Esto se denomina inexistencia y dicha omisión impide que el acto nazca a la vida del derecho y que produzca efectos. 2) Por la omisión de un requisito esencial para la validez del acto jurídico: Esto se denomina nulidad. A diferencia de la inexistencia, el acto en el cual se ha omitido un requisito esencial para 99

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe su validez jurídica produce todos los efectos que le son propios, hasta que se declare judicialmente la nulidad. La nulidad elimina la producción de los efectos del acto. 3) Por una circunstancia o evento coetáneo o posterior a la celebración del acto que lo priva de efectos: Entre dichas circunstancias podría citarse el hecho de que falle una condición suspensiva de la cual dependía el nacimiento de un derecho, y que trae como consecuencia que el acto no produzca efectos y que se mire como si nunca hubiera existido; el cumplimiento de una condición resolutoria, que extingue el derecho que una persona había adquirido por un determinado acto jurídico; la omisión de un trámite o diligencia que la ley prescribe para que un acto jurídico produzca efectos con respecto de terceros, con la cual los efectos del acto quedan limitados solamente a las partes e ineficaces con respecto de terceros; y, por último, ciertas causas de impugnación que, hechas valer por el interesado legal, privan al negocio de eficacia, como el derecho que tienen los acreedores a revocar los actos celebrados por el deudor en perjuicio de estos a sabiendas del mal estado de sus negocios. 3. Actos Jurídicos Impugnables: “Aquellos que, incluso reuniendo todos los requisitos de validez, pueden destruirse en sus efectos, en virtud de acción de las partes o de tercero, por circunstancias extrínsecas, a menudo supervinientes, a las que el ordenamiento da relevancia”. Entre dichas circunstancias cabe citar: 1) El incumplimiento de obligaciones en un contrato bilateral: Que da derecho a la resolución del contrato. 2) La ingratitud del donatario: Que da derecho a la revocación de la donación entre vivos. 3) La lesión en los casos previstos por la ley: Que da derecho a la rescisión del acto o la reducción de la prestación enorme o excesiva. 4) El fraude en perjuicio de los acreedores o fraude pauliano: Que puede traer como consecuencia la revocación del acto oneroso o gratuito por medio del cual el deudor enajena bienes de su patrimonio provocando así su insolvencia o agravando una insolvencia anterior. Tal como los actos anulables, producen todos sus efectos hasta que sea declarada su ineficacia por una sentencia judicial. Se diferencian con estos en que la ineficacia de los impugnables se debe a una circunstancia extrínseca del acto y en general no operan con efecto retroactivo. 4. Origen de la Inexistencia: Fue formulada a principios del siglo XIX por el jurisconsulto alemán Zachariae, a propósito del matrimonio. Esto porque entre las causales de nulidad no se consideraba, por ejemplo, la diferencia de sexo entre los contrayentes y de producirse un matrimonio entre personas del mismo sexo, conforme al principio de taxatividad de la nulidad, no podía sostenerse que este matrimonio era nulo. Por esto concluyó que ese matrimonio, más que nulo era inexistente, pues la ley supone necesariamente la diferencia de sexo entre los contrayentes. II.

LA INEFICACIA POR INEXISTENCIA EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO.

1. Conceptos Generales: Se perfilan dos opiniones encontradas que cuentan con decididos partidarios y que encabezan, respectivamente, Luis Claro Solar y Arturo Alessandri Rodríguez. Para el primero, la inexistencia tiene aplicación en el Código Civil chileno. Para el segundo, la teoría de la inexistencia sería aceptable solo en doctrina, ya que el Código Civil no la reconoce como sanción.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Posición de Luis Claro Solar: La teoría de la inexistencia tiene aplicación en el Código Civil Chileno: Señala este autor que la nada y la nulidad son dos conceptos diferentes. La nada es la no existencia; y su sanción es la misma inexistencia que ha hecho imposible el perfeccionamiento del acto y la producción de algún efecto. En cambio, la nulidad es la invalidez; es la sanción del vicio de que el acto adolece. Según Claro Solar, esta distinción aparece formulada por el Código Civil, lo que se desprende de numerosos artículos, entre los cuales cita los siguientes: a. Art. 1444 CC: Según el cual, si falta alguna de las cosas esenciales al perfeccionamiento del contrato como tal, este no produce efecto alguno (en circunstancias que los actos que adolecen de un vicio de nulidad producen todos sus efectos mientras la nulidad no se declare judicialmente). b. Art. 1701 CC: Que señala que la falta de instrumento público en los actos o contratos en que la ley requiera esa solemnidad trae como consecuencia que se miren como no ejecutados o celebrados (es decir, como inexistentes), aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo clausula penal, cláusula que no tendrá efecto alguno. c. Art. 1809 CC: Que establece que, en caso de no convenirse el precio, no habrá venta. 2) Posición de Arturo Alessandri Rodríguez: La teoría de la inexistencia no tiene aplicación en el derecho chileno, por no estar acogida por el Código Civil: Si a un acto le falta algún requisito de aquellos doctrinariamente llamados requisitos de existencia, dicha omisión autoriza para la declaración de nulidad absoluta del referido acto. Sus argumentos son: a. El Código Civil chileno no contempla la inexistencia como sanción, ni menos reglamenta sus consecuencias: En cambio, en el Titulo XX del Libro IV, denominado “De la Nulidad y Rescisión”, el Código determina los efectos que produce la omisión de un requisito exigido por la ley, tanto para existencia como para la validez del acto. b. El Art. 1682 CC sanciona con la nulidad absoluta la omisión de los requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza: Refiriéndose tanto a los que la doctrina exige para la existencia como para la validez de los actos y contratos, ya que los primeros también se exigen para el valor de un acto en consideración a su naturaleza. c. Corrobora lo anterior el Art. 1682 CC, que expresamente sanciona con nulidad absoluta los actos de los absolutamente incapaces: Si el Código hubiera seguido la teoría de la inexistencia, hubiera declarado tales actos inexistentes, pues la demencia del autor o de una de las partes implica falta de voluntad. 3) Réplica de Luis Claro Solar: a. El Código Civil chileno reglamenta la nulidad y rescisión como uno de los modos de extinguir las obligaciones, lo que explica que no se haya referido a la inexistencia si se considera que el acto inexistente, al no producir efecto alguno, no engendra obligaciones: La regulación legal de la nulidad revela que el Código parte del supuesto de que el acto o contrato anulable existe.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Al disponer el Código en el Art. 1681 que es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo, no está significando que es nulo el acto en que se ha omitido un requisito de existencia, toda vez que la disposición se refiere a la omisión de requisitos exigidos para el valor del acto, debiendo entenderse la expresión valor como sinónimo de validez. c. La incapacidad absoluta o natural de los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, proviene de su falta de discernimiento e imposibilidad de tener y manifestar una voluntad consciente: En el hecho, estas clases de personas no consienten en el acto o contrato que ejecutan, o no pueden dar a conocer su verdadera voluntad, y podría decirse que falta en el acto o contrato el consentimiento y no puede perfeccionarse; pero como pueden aparentemente consentir, la ley expresamente declara que adolece de nulidad absoluta el acto o contrato de las personas absolutamente incapaces. 2. Opinión de Víctor Vial: El problema radica en que el legislador chileno no formuló en términos explícitos la distinción entre requisitos de existencia y requisitos de validez de los actos jurídicos, lo que lo lleva en algunos casos a confundir conceptos. Cree el autor, sin embargo, que implícitamente el legislador distingue entre requisitos de existencia y de validez. De no ser así, carecería de sentido el conjunto de artículos que cita Claro Solar, y especialmente el Art. 1444 CC, que aparece como el más significativo. El legislador, cuando en este último artículo se refiere a las cosas de la esencia de un contrato cuya omisión impide que este produzca efectos, piensa naturalmente en la voluntad, en el objeto y en la causa, que son precisamente los requisitos de existencia, lo que explica que no haya dicho que la omisión de una cosa de la esencia se sanciona con la nulidad absoluta, que hubiera sido lo lógico si descartara la inexistencia jurídica como sanción de ineficacia. En cambio, el Art. 1681 CC se refiere a la sanción por la omisión de algún requisito de validez, toda vez que es absolutamente incompatible con la noción que la ley tiene del acto que adolece de un vicio de nulidad la no producción de efectos que contempla el Art. 1444 CC, como asimismo es incompatible con la concepción que se tiene de un acto en que faltare una cosa esencial que este produzca efectos, mientras no sea invalidado. Un antecedente adicional, que resulta a nuestro juicio de interés e importancia como para zanjar definitivamente esta larga controversia, lo encontramos en la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas de 1981. El Art. 6 de la ley citada dice que: “no existe la sociedad en cuya constitución se haya omitido el otorgamiento de la escritura social…”. Y agrega el mismo artículo que las omisiones en la escritura de constitución de la sociedad o en el extracto que señala, se sancionan con nulidad absoluta del pacto social, distinguiéndose claramente entre la inexistencia y la nulidad en la constitución de la sociedad. Sin embargo, la Ley Nº 19.499 de 1997 que modificó el Art. 6 omite la clara referencia a la inexistencia que este contenía y establece, por el contrario, la nulidad absoluta como sanción general por la omisión de los requisitos que la ley exige para la constitución de la sociedad. Si bien de ahí podría desprenderse que el legislador no encuentra reconocimiento a la inexistencia, dicha interpretación debe analizarse teniéndose en cuenta que el Art. 6 establece la nulidad absoluta como sanción general, pero tiene una excepción en el Art. 6 A, y este último precepto señala que “no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la sociedad anónima que no conste de escritura pública, ni de instrumento reducido a escritura pública, ni de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada”. Si bien la ley no dice como antes “no existe la sociedad”, con la clara connotación de inexistencia jurídica que tenían tales palabras, en el artículo modificado establece como sanción la “nulidad de pleno derecho”, 102

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe término que desconoce el Código Civil, sin que dicha especie de nulidad, a diferencia de lo que ocurre con la sanción de inexistencia, ni siquiera puede inferirse o desprenderse de las normas del Código. Sin embargo, los efectos de la nulidad de pleno derecho son diametralmente diferentes a la nulidad que reglamenta el Código Civil. Esta última jamás opera ipso iure o de pleno derecho, requiriendo siempre una sentencia judicial que la declare. Dichas diferencias, en cambio, permiten asimilar la llamada nulidad de pleno derecho a la inexistencia, la cual no requiere una sentencia judicial que la declare. Por tanto, cree el autor que la sanción de nulidad de pleno derecho no es otra cosa más que la inexistencia jurídica. 3. Principales Diferencias entre el Acto Inexistente y el Acto Nulo: 1) El acto inexistente, por no llegar siquiera a formarse o constituirse, no da origen a ningún efecto que sea necesario destruir mediante la adecuada acción. En cambio, el acto que adolece de un vicio de nulidad nace a la vida del derecho y produce los efectos propios del tipo a que pertenece, como si fuera válido. 2) Para que un acto sea inexistente no se requiere una sentencia judicial que así lo declare, esta se produce de pleno derecho; opera ipso iure. En cambio, la anulación de un acto jurídico no puede hacerse sino en virtud de una sentencia judicial. 3) El acto inexistente no puede sanearse, esto es, adquirir existencia. En cambio, el acto que adolece de un vicio de nulidad puede sanearse o validarse. 4. Jurisprudencia de la Inexistencia: La jurisprudencia ha acogido la inexistencia jurídica, en ocasiones, en materia de matrimonio. En el ámbito patrimonial en general ha sido reacia a aceptarla. III.

LA INEFICACIA POR NULIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO.

1. Conceptos Generales: La nulidad es “la sanción para todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad y estado de las partes” (Art. 1681, inc. 1 CC). Es importante destacar que, si bien se trata dentro de los modos de extinguir las obligaciones, la nulidad no extingue la obligación, sino que destruye el acto o declaración de voluntad que engendró la obligación; extinguiéndose esta por consecuencia. 2. Clases de Nulidad: La nulidad puede ser absoluta o relativa (Art. 1681 CC). 3. Principios Aplicables para ambas clases de Nulidad: 1) La nulidad es una sanción de derecho estricto, lo que implica que no puede ser aplicada por analogía: No hay otros casos que los expresamente señalados. El Art. 1681 CC señala que, si se omite un requisito establecido por la ley para el valor del acto según su especie, la nulidad será absoluta; por el contrario, si se omite un requisito establecido por la ley para el valor del acto según la calidad o estado de las partes, la nulidad será relativa. 2) La nulidad no puede renunciarse anticipadamente, porque con ella se protegen los intereses superiores de la colectividad (Art. 1469 CC): “Los actos o contratos que la ley declara inválidos, no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie la acción de nulidad”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras (Art. 1690 CC). 4) La nulidad puede hacerse valer en juicio como acción o como excepción. A. Sección Primera: “LA NULIDAD ABSOLUTA” 1. Concepto de Nulidad Absoluta (Art. 1681 CC): “Sanción a todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie”. 2. Causales de Nulidad Absoluta: De acuerdo con el Art. 1682 CC, las causales de nulidad absoluta son taxativamente: 1) El objeto ilícito. 2) La causa ilícita. 3) La omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de los mismos. 4) La incapacidad absoluta de alguna de las partes. Para quienes no aceptan la teoría de la inexistencia en el derecho civil chileno, a las causales anteriormente mencionadas cabe agregar: 5) La falta de voluntad. 6) La falta de objeto. 7) La falta de causa. 8) El error esencial (sin perjuicio de que algunos creen que hay nulidad relativa). 9) La falta de solemnidades requeridas para la existencia de los actos jurídicos. 3. La Declaración de Nulidad Absoluta6: El Art. 1683 CC dice que: “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de diez años”. Hay que distinguir: 1) Declaración de Nulidad Absoluta a petición de una persona que tiene interés en ello: La doctrina como la jurisprudencia coinciden en que el interés debe ser pecuniario, esto es, susceptible de ser apreciado en dinero, y en que debe existir al momento de solicitarse la declaración de nulidad (interés actual). Ese interés debe existir al momento en que se ejecuta el acto o se celebra, el momento en que se comete la infracción que acarrea su nulidad. Si ese interés se manifiesta posteriormente, como consecuencia de actos ejecutados después de la celebración del acto o contrato nulo, debe rechazarse la petición de nulidad.

Complementado con el texto “Teoría general del negocio jurídico” de Ramón Domínguez y con el texto “Excepción del artículo 1683 del Código Civil relativa a personas que pueden solicitar la nulidad absoluta” de Hernán Larraín. 6

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esta misma solución es la que llega el Art. 97 Código de Minería cuando habla de que el interés es actual cuando este existía al momento en que se produjo el vicio en que se fundamente la acción de nulidad y, además, subsiste a la fecha en que se interpone dicha acción. En ese contexto, surgen naturalmente como titulares de dicho interés el autor del acto jurídico unilateral o cualquiera de las partes de la convención, que son las personas respecto de las cuales el acto anulable produce efectos. Pero dichas personas no son las únicas. Asimismo, pueden tener el interés requerido por la ley cualquier tercero que, aun sin ser parte en el acto o contrato anulable, pudiera extraer de la declaración de nulidad consecuencias que le son patrimonialmente beneficiosas. El interés como presupuesto de la acción es una cuestión de derecho, por lo que cae dentro de las facultades de la Corte Suprema examinarla por casación en el fondo. El Art. 1683 CC contiene una excepción a este principio, ya que señala que carece de tal facultad la persona que ejecutó el acto o celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Esto no se extiende a terceros. La jurisprudencia ha interpretado que “sabiendo” y “debiendo saber” significan: a. Sabiendo: “Conocimiento directo, personal y efectivo del vicio de nulidad absoluta”. b. Debiendo saber: “El autor del acto o la parte en el contrato no puede alegar ignorancia del mismo, en atención a que las circunstancias obligan a presumir lo contrario”. Por sentencia de la Corte Suprema de 1994 se ha dicho que la norma al referirse al “debiendo saber” lo que involucra es la presunción de derecho de conocimiento de la ley que estipula el Art. 8 CC. Sin embargo, esto no corresponde, pues si fuera este el alcance de dicha expresión, jamás el autor o las partes podrían pedir la declaración de nulidad absoluta, ya que siempre la ley los consideraría como sabedores del vicio que afecta al negocio jurídico. Un punto controvertido en nuestra doctrina es el interés en que puede demandar la nulidad absoluta el heredero del causante que fue parte en el acto o contrato anulable, ya que el interés del heredero puede apreciarse bajo dos perspectivas diferentes: como si fuera la propia parte que celebró el acto o contrato anulable, ya que el heredero representa al causante y le sucede en todos los derechos transmisibles de este, uno de los cuales es demandar la nulidad absoluta del contrato en que el causante fue parte; o bien, como si fuera un tercero ajeno al contrato celebrado por el causante, pero que puede tener, sin embargo, un evidente interés en la declaración de nulidad de este. En el primer caso, el interés del heredero seria el mismo que el del causante; en el segundo, el interés del heredero seria uno propio y especifico, distinto que el del causante. Esto es importante en el caso de que el causante que fue parte en el acto o contrato no hubiera podido pedir la declaración de nulidad absoluta porque sabía o debía saber el vicio que lo invalidaba, surgiendo la pregunta de si puede el heredero solicitar tal declaración. En este caso hay dos interpretaciones: a. Que el heredero no puede pedir la nulidad absoluta: Los que siguen esta posición argumentan que, a diferencia de la norma de la nulidad relativa, la norma de la nulidad absoluta no menciona a los herederos entre aquellos que pueden alegar la nulidad absoluta

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe del acto, lo que no es obstáculo para que estos puedan pedir la declaración de nulidad absoluta, pero solo debido a los derechos transmisibles del causante. b. Que el heredero si puede pedir la nulidad absoluta por su propio interés: Los que siguen esta posición hacen presente que el impedimento que afectaba al causante tiene la naturaleza jurídica de una sanción por la mala fe que revela la parte que celebra un contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, y sabido es que las sanciones son estrictamente personales, y esto se vería vulnerado si lo extendemos al heredero. En opinión del autor, es difícil encontrar en el heredero un interés distinto al del causante, por lo que, por regla general, los herederos de la parte que celebró el acto o contrato a sabiendas del vicio que lo invalidaba no pueden pedir la declaración de nulidad absoluta, a menos que el acto en el cual se advierte el vicio de nulidad conocido por el causante hubiera tenido precisamente por objeto el derecho de suceder por causa de muerte a este y se tratara de un testamento. 2) Declaración de Nulidad Absoluta a petición del Ministerio Público: De acuerdo con el Art. 1683 CC, el Ministerio Público puede pedir al juez la declaración de nulidad absoluta en un acto o contrato, en el solo interés de la moral o de la ley. El interés que facultad al ministerio público para solicitar dicha declaración no es un interés pecuniario. La nulidad absoluta es de orden público y mira al interés general de la sociedad. La ley no requiere que el vicio de nulidad absoluta aparezca de manifiesto en el acto o contrato. 3) Declaración de Nulidad Absoluta de Oficio por el Juez: Este es un caso en que excepcionalmente el juez puede actuar de oficio, ya que el Art. 1683 CC faculta al juez para declarar de oficio la nulidad absoluta y, más aun, lo obliga a ello cuando el vicio de nulidad aparece de manifiesto en el acto o contrato. La jurisprudencia ha interpretado que tiene tal calidad el vicio que aparece en forma evidente y clara con la sola lectura del acto o contrato que ha sido acompañado al juicio como fundamento de las acciones o excepciones entabladas por las partes, de modo tal que sin necesidad de recurrir a otras pruebas o antecedentes el juez se encuentra en condiciones de advertir que en dicho acto o contrato se observa inequívocamente un hecho que configura una causal de nulidad absoluta. 4. Saneamiento de la Nulidad Absoluta: Según lo dispone el Art. 1683 CC, la nulidad absoluta no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por el lapso de tiempo que no pase de 10 años. Este plazo se cuenta desde la fecha de celebración del acto o contrato. Una vez transcurrido el plazo, sin que se hubiera pedido la declaración de nulidad absoluta o sin que se hubiera declarado de oficio por el juez, el vicio de nulidad absoluta sea este cual fuere, desaparece. B. Sección Segunda: “LA NULIDAD RELATIVA” 1. Conceptos y Causales de Nulidad Relativa: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1681 CC la nulidad relativa o rescisión es “la sanción a todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según la calidad o estado de las partes”. El Art. 1682 CC, luego de mencionar las causales de nulidad absoluta, dice que “cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato”. En ese sentido, las causales de nulidad relativa son: 1) Los actos de los relativamente incapaces. 106

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) El error sustancial. 3) El error accidental cuando dicha calidad haya sido el motivo principal que tuvo una parte para contratar y dicho motivo haya sido conocido por la otra. 4) El error en la persona, en los casos que es relevante. 5) La fuerza o violencia moral grave, injusta y determinante. 6) El dolo determinante, que en los actos bilaterales es obra de una de las partes. 7) La omisión de algún requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan. 8) La lesión, en ciertos casos previstos por la ley. 9) Algunos agregan el error esencial u obstáculo. 2. Quiénes pueden pedir la declaración de nulidad relativa: De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 1684 CC, la nulidad relativa pueden alegarla solamente aquellos en cuyo beneficio ha establecido la ley, o sus herederos o cesionarios. Esta persona es la víctima del error, fuerza o dolo que vició su consentimiento; el incapaz relativo que celebró el acto o contrato sin la autorización de su representante legal; la persona en consideración a cuya calidad o estado la ley requirió para el valor del acto el requisito o formalidad omitido; y la persona que sufrió la lesión en los casos en que la ley la sanciona con la nulidad relativa. Sin embargo, el Art. 1685 CC contempla una norma excepcional, que priva al incapaz relativo del derecho a pedir la declaración de nulidad relativa de un acto o contrato en que fue parte. Dice la disposición citada que: “Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor edad, o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad”. El Art. 1685 CC supone que la parte que contrató con el relativamente incapaz lo hizo en la creencia de que este era capaz, incurriendo así en un error que fue provocado por las maniobras dolosas del incapaz con el propósito de engañarlo. Cabe hacer presente que la ley no considera constitutivo de dolo el engaño consistente en la simple aserción de mayor edad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad, sancionando implícitamente la falta de diligencia de la persona que no hizo nada por comprobar si afectaba o no a la contraparte alguna causal de incapacidad legal. Así, no hay dolo, por ejemplo, si el sujeto solamente dice tener más de 18 años y hay dolo si además de decirlo acompaña una cédula de identidad falsa que señala tener más de 18 años. 3. Saneamiento de la Nulidad Relativa por el Transcurso del Tiempo: El Art. 1691 CC dice: “El plazo para pedir la rescisión durará cuatro años. Este cuadrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuadrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad. Todo lo cual se entiende en los casos en que leyes especiales no hubieren designado otro plazo”. 107

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esto implica que el acto se sanea dentro del plazo de 4 años sin que se alegue el vicio de nulidad. Ahora bien, para contar desde cuándo se cuenta el plazo hay que distinguir las siguientes situaciones: 1) En el caso de fuerza: El cuadrienio se cuenta desde el día en que hubiera cesado. 2) En el caso de error o dolo: El cuadrienio se cuenta desde la celebración del acto o contrato. 3) En el caso de incapacidad legal: El cuadrienio se empieza a contar desde el día que haya cesado la incapacidad. Es decir: a. Para los menores adultos: Desde que cumplan la mayoría de edad. b. Para los pródigos interdictos por disipación: Desde el día de la rehabilitación en la administración de sus bienes. La ley nada dice para el caso de una incapacidad especial que se sancione con la nulidad relativa. Algunos, que aplican el Art. 1691 CC, piensan que el cuadrienio empezaría a correr desde el día que cesa la incapacidad. Otros estiman, en cambio, que empieza a correr desde la celebración del acto o contrato, teniendo en consideración que, por regla general, la persona protegida con la incapacidad especial no es el propio incapaz, sino que un tercero. 4. Situación que se produce cuando la persona que puede demandar la rescisión muere: El Art. 1692 CC señala que: “Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio entero si no hubiere principiado a correr; y gozarán del residuo en caso contrario. A los herederos menores empieza a correr el cuadrienio o su residuo, desde que hubieren llegado a edad mayor. Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados diez años desde la celebración del acto o contrato”. Es decir, hay que distinguir: 1) Situación de los Herederos Mayores de Edad: a. Si el cuadrienio no ha empezado a correr: Estos disponen del plazo de cuatro años para pedir la declaración de rescisión del acto o contrato rescindible, que se cuenta desde la muerte de este. b. Si el cuadrienio ha empezado a correr: Podrán pedir la rescisión en el tiempo que falte para cumplir los cuatro años. 2) Situación de los Herederos Menores de Edad: Al igual que el caso anterior, se hace necesario distinguir si el cuadrienio había empezado o no a correr, gozando los herederos menores de edad del cuadrienio completo o su residuo a contar del día que lleguen a edad mayor. Cabe destacar que la ley establece la suspensión del plazo para demandar la rescisión del acto o contrato únicamente en beneficio de los herederos menores de edad, para quienes dicho plazo empieza a correr una vez que lleguen a la mayoría de edad. Dicha suspensión no beneficia a los herederos que fueran incapaces por otra causal que no sea la de menor edad. El beneficio de la suspensión opera con un límite en el tiempo, lo que se desprende del Art. 1692, inc. final CC, que dice: “pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe diez años desde la celebración del acto o contrato”. Ahora bien, se ha discutido el alcance de este límite: a. Se refiere solamente al beneficio de la suspensión para los herederos menores. b. Se refiere tanto a esa situación como al plazo que tienen para demandar los herederos mayores de edad: Si se sigue esta posición, no cabría sino considerar que el derecho que tienen los herederos para pedir la declaración de nulidad relativa no puede ejercerse una vez transcurridos 10 años desde la fecha del acto o contrato, sean los herederos mayores o menores de edad. Si bien el autor reconoce que existen argumentos para atribuir al inciso final la aplicación a ambos casos porque el Código Civil reconoce como plazo máximo de prescripción los 10 años. En opinión del autor, dicha interpretación no se conforma con el Art. 1691 CC, que señala que en caso de incapacidad o fuerza el plazo para demandar la rescisión empieza a correr cuando la una o la otra hubiera cesado, sin que establezca como límite máximo el lapso de 10 años, contado desde la celebración del contrato. Además, aun cuando se pueda alegar con posterioridad a los 10 años la nulidad, esta carecería de efectos prácticos, porque la parte que en virtud de tal declaración quedara obligada a restituir la cosa que recibió en virtud del contrato, podrá negarse alegando que adquirió el dominio de la misma por prescripción adquisitiva. 5. Saneamiento por la Ratificación o Confirmación del Acto Rescindible: El acto que adolece de un vicio que autoriza para demandar su rescisión puede sanearse o validarse por la confirmación o ratificación. Si bien la palabra confirmación es ajena a nuestro Código Civil, la palabra ratificación se reserva para los casos en que el mandante aprueba lo obrado por el mandatario que actuó sin poder suficiente o excediéndose de los límites de este. En cambio, la confirmación es “el acto jurídico unilateral por el cual la persona que tenía el derecho de alegar la nulidad relativa renuncia a esta facultad, saneando de esta manera el vicio de que adolece el acto o contrato rescindible”. La confirmación encuentra su fundamento en el Art. 12 CC que permite renunciar los derechos conferidos por las leyes, siempre que miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. 5.1. Clasificación de la Confirmación: Puede ser: 1) Expresa: Se produce cuando en términos explícitos y directos, declaran su voluntad de validar dicho acto, haciendo desaparecer el vicio que lo afecta. 2) Tácita: Consiste en “la ejecución voluntaria de la obligación contratada” (Art. 1695 CC). Respecto a esto se han dado una serie de problemas doctrinarios: a. ¿Qué significa ejecución voluntaria de la obligación?: Dos interpretaciones: i. Es aquella que se hace en forma libre y espontánea; con la voluntad exenta de vicios: Esta interpretación considera que el error de hecho consistente en la ignorancia de que el acto o contrato adolece de un vicio de nulidad relativa impide considerar que la ejecución de la obligación ha sido voluntaria para el efecto de desprender de dicho acto una ratificación o confirmación tácita. 109

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. No solo supe la ausencia de vicios, sino que, además, el conocimiento del confirmante del motivo de anulabilidad: Considera que tanto el error de hecho como el de derecho, consistente en el desconocimiento de la sanción de nulidad relativa que la ley establece para el vicio, se oponen a la voluntariedad de la ejecución que supone la confirmación tácita. En opinión del autor es adecuada la segunda interpretación, porque la voluntariedad de la ejecución requiere, en primer término, una representación fiel y acertada de la realidad o, lo que es lo mismo, un conocimiento cabal de la situación, tanto en el hecho como en el derecho. Necesariamente para lograr ese conocimiento el sujeto debe saber, por una parte, que el acto adolece de un vicio; y por otra, que puede eximirse de responsabilidad por la existencia de dicho vicio y no cumplir la obligación. b. ¿Podría otro hecho, además de la ejecución voluntaria de la obligación, importar confirmación tácita?: Se cita como posible caso de convalidación tácita el hecho de que una persona que tiene derecho a alegar la rescisión, pese a estar en conocimiento del vicio y de sus efectos, solicite a la parte acreedora del contrato rescindible un plazo para pagar la obligación. Es decir, si bien dicha persona no ha ejecutado la obligación porque aún no la ha pagado, ha manifestado, por el hecho de pedir plazo para el pago, que esta llana a ejecutarla. La opinión mayoritaria se inclina por estimar que solo cabe confirmación tácita por la ejecución voluntaria de la obligación contratada, sin que pueda atribuírsele tal carácter a otros comportamientos. Lo anterior no obsta a que la conducta o comportamiento del sujeto permita desprender, si no una confirmación, una renuncia tácita al derecho a alegar la rescisión. Toda confirmación, sea expresa o tácita, involucra la renuncia al derecho a alegar la rescisión de un acto o contrato. Sin embargo, no toda renuncia al derecho a demandar la rescisión confirma o convalida el acto. En tal caso, el acto podrá sanearse por una confirmación expresa o tácita posterior, o lo que será más frecuente, por el transcurso del tiempo. c. ¿Es necesario para que exista confirmación tácita que el acto se ejecute en su totalidad o basta con la ejecución de una parte?: Para nuestro Código Civil, que considera confirmación tácita el cumplimiento o ejecución de la obligación contratada, basta este hecho, sin distinguir si la obligación ejecutada implica cumplimiento del contrato en su totalidad o en una parte. 5.2. Características de la Confirmación: 1) Es un acto jurídico unilateral: Para nacer a la vida del derecho requiere solamente la manifestación de voluntad de una sola parte: el confirmante. 2) Es un acto jurídico accesorio: No puede subsistir sin el acto o contrato que se convalida, que le sirve de sustento o de apoyo. 3) Es irrevocable.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Opera con efecto retroactivo: Confirmado el acto, por una ficción legal se supone que siempre ha sido válido y que nunca tuvo un vicio de nulidad relativa. 5.3. Requisitos de la Confirmación: 1) Solo opera tratándose de un vicio que la ley sanciona con nulidad relativa. 2) Debe necesariamente provenir de la persona que tiene derecho a alegar la nulidad relativa (Art. 1696 CC). 3) El confirmante debe ser capaz de contratar: La confirmación no escapa a la regla general que requiere, para la validez de los actos jurídicos, que estos se realicen por personas capaces. Esto no significa que, si el acto que se confirma fuera rescindible por la relativa incapacidad de una de las partes, esta deba necesariamente esperar que cese la incapacidad para confirmar válidamente, toda vez que el incapaz relativo podrá confirmar por sí solo, una vez que esta cese, o bien podrá hacerlo antes, siempre que actúe representado o autorizado por su representante legal. 4) La confirmación debe hacerse en tiempo oportuno, entendiéndose por tal el que media entre la celebración del acto rescindible y la declaración judicial de la nulidad. 5) La confirmación debe efectuarse después de haber cesado la causa de invalidez: De lo contrario el acto de confirmación estaría afecto al mismo vicio. 6) La confirmación, cuando es expresa, debe cumplir con las mismas solemnidades a que por ley está sujeto el acto o contrato que se confirma (Art. 1694 CC). 6. Diferencias entre la Nulidad Relativa y la Nulidad Absoluta: 1) En relación con las personas que pueden pedir la declaración judicial de nulidad: La nulidad absoluta puede ser pedida por cualquiera persona que tenga interés en ello, con la sola excepción de la que ejecutó el acto o celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede, asimismo, ser pedida por el ministerio público, en el sólo interés de la moral o de la ley. La nulidad relativa, en cambio, solo puede ser pedida por la persona en cuyo beneficio la ha establecido la ley, o por los herederos o cesionarios de esta. 2) En relación con la declaración de nulidad de oficio, por el juez: La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez y este se encuentra obligado a declararla cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. La nulidad relativa, en cambio, no puede ser declarada de oficio por el juez. 3) En relación con el saneamiento por el transcurso del tiempo: La nulidad absoluta se sanea transcurridos 10 años desde la fecha de celebración del acto o contrato. La nulidad relativa, en cambio, se sanea transcurridos 4 años, que se cuentan, en caso de error o dolo, desde la fecha de celebración del acto o contrato; en caso de fuerza o de incapacidad legal, desde que cesa la fuerza o termina la incapacidad. 4) En relación con el saneamiento por confirmación o ratificación: La nulidad absoluta no puede sanearse por voluntad del autor o de las partes. La nulidad relativa, en cambio, puede sanearse a través de la confirmación o ratificación del acto rescindible. 111

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe C. Sección Tercera: “NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL” 1. Invalidez Total y Parcial: Existe nulidad total “cuando el vicio afecta a todas las partes y cláusulas del acto jurídico”. Existe nulidad parcial “cuando el vicio afecta solo a una parte o una cláusula del acto jurídico; o cuando afecta a una parte o a un elemento de una clausula”. Un ejemplo de invalidez parcial ocurre en la venta unitaria o en bloque de muebles con inmuebles, sin cumplirse, en lo relativo a estos últimos, con la solemnidad de la escritura pública. Se discute si la nulidad parcial invalida todo el acto o contrato o solo una parte que puede ser removida. 2. Principios Doctrinarios aplicables a la Nulidad Parcial: La doctrina italiana aplica los siguientes principios en caso de invalidez parcial: 1) La parte o clausula inválida se separa y aparta del acto jurídico, quedando este válido en todo lo no afectado por el vicio de nulidad. 2) La parte o el elemento de la cláusula afectado por la nulidad se tiene por no existente, y la cláusula se reduce: A esta operación se le denomina “reducción interna de la cláusula”. Los principios anteriores no se pueden aplicar si la parte del acto jurídico que no está afectada directamente por la invalidez es por su naturaleza dependiente o accesoria respecto a la invalida, o de cualquiera manera es tal que para el ordenamiento jurídico no puede tener existencia autónoma. Tampoco es posible la aplicación de los antedichos principios si se prueba que sin la parte o clausula inválida, el acto jurídico no se habría realizado; o que sin aquella parte o aquel elemento la cláusula no se habría estipulado. 3. Invalidez Parcial en el Código Civil Chileno: Nuestro Código Civil no contiene una norma que solucione expresamente el problema de la invalidez parcial. Sin embargo, pueden citarse varios casos en que el Código hace aplicación del principio de la no extensión de la invalidez a todo el acto jurídico. Por ejemplo, el Art. 966 CC declara nula disposición a favor de un incapaz y no el testamento en su integridad; el Art. 1058 CC señala que la asignación que pareciere motivada en un error de hecho se tendrá por no escrita; el Art. 1401 CC dispone que la donación entre vivos superior a dos centavos que no se insinuare es nula en lo que excede a dicha suma; el Art. 1409 CC establece que si la donación a título universal comprendiere bienes futuros del donante, será nula solo en lo que respecta a dichos bienes; el Art. 2344 CC señala que cuando el fiador se obliga en términos más onerosos que el deudor principal, la fianza será nula en el exceso; el Art. 770 CC dispone que el usufructo constituido a favor de una corporación o fundación por más de treinta años es nulo en el exceso. D. Sección Cuarta: “EFECTOS DE LA NULIDAD” 1. Conceptos Generales: Tanto la nulidad absoluta como la relativa no producen sus efectos ipso iure o de pleno derecho, esto es, por la sola existencia del vicio de nulidad, sino que es menester la existencia de una sentencia judicial firme o ejecutoriada. Los efectos de ambas nulidades son los mismos. 2. Efectos que produce la nulidad para las partes que celebraron el acto o contrato nulo: El Art. 1687 CC señala que: “La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”. 112

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Fingiendo la ley en virtud del efecto retroactivo con que opera la nulidad que el acto nunca existió y que, por lo mismo, no produjo efecto alguno. Para volver al estado previo al contrato la ley establece dos mecanismos: 1) La extinción de las obligaciones que engendró el acto: Esto debido a que el Art. 1567 N°8 CC enumera a la nulidad como uno de los modos de extinción de las obligaciones. 2) La obligación correlativa de efectuar determinadas prestaciones: Esto porque puede ser que para que las partes vuelvan al estado en que se encontraban con anterioridad al acto o contrato nulo no sea suficiente la extinción de las obligaciones porque alguna de ellas ya cumplió con la suya. En ese caso es necesario hacer restituciones. Como dice el Art. 1687, inc. 2 CC: “En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo”. Lo primero que se debe restituir es la cosa que una o ambas partes recibió con anterioridad a la declaración de nulidad del acto o contrato. Junto con la cosa deben restituirse los frutos naturales y civiles de la misma, aunque en la restitución de los frutos se atiende a la buena o mala fe, en aplicación de los dispuesto por el Art. 907 CC que distingue entre el poseedor de mala fe y el poseedor de buena fe. Para estos efectos, se entiende de mala fe a la parte del acto o contrato nulo que recibió la cosa en conocimiento del vicio que hacía anulable el acto. Esta regla general, sin embargo, tiene excepciones: 1) Declaración de nulidad por objeto o causa ilícita: El Art. 1468 CC señala que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. En consecuencia, declarada la nulidad absoluta de un acto o contrato por objeto o causa ilícita, quien lo celebró a sabiendas de que adolecía de uno de los vicios mencionados no puede exigir la restitución de lo que dio o pago en virtud del contrato, pese a que él puede estar obligado a restituir lo que recibió, a su vez. 2) Situación del poseedor de buena fe en la restitución de frutos: El poseedor de buena fe no está obligado a restituir los frutos naturales y civiles que hubiere percibido antes de la contestación de la demanda. 3) Situación en que se encuentran las partes como consecuencia de la declaración de nulidad de un contrato por la incapacidad de una de ellas: El Art. 1688 CC señala que: “Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Se entenderá haberse hecho ésta más rica, en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, le hubieren sido necesarias; o en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, que no le hubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere retenerlas”. Esto implica que el incapaz no está obligado a restituir las cosas que recibió la otra parte, a menos que este probare que el incapaz se ha hecho más rico. Esto ocurre solo en dos casos: 113

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Cuando las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas le hubiesen sido necesarias. b. Cuando no siéndole necesarias subsistan en poder del incapaz y este quisiera retenerlas. Esta excepción solo aplica cuando la nulidad del acto o contrato se declara, precisamente, por la causal de incapacidad absoluta o relativa de una de las partes, y no por otro vicio. 4) Situación de la persona que adquiere el dominio de la cosa por prescripción: No está obligada a restituir la cosa que recibió en virtud del acto o contrato nulo la parte que, habiendo adquirido la posesión de la misma, ha ganado el dominio de esta por el modo de adquirir prescripción adquisitiva. 3. Efectos de la nulidad judicialmente declarada en relación con terceros: La nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores (Art. 1689 CC). Esto emana del principio de que nadie puede transferir más derechos que los que tiene sobre la cosa. Es importante destacar que la regla del Art. 1689 CC no distingue entre terceros de buena o mala fe, por lo que se puede intentar en contra de ambos. Esta norma general tiene las siguientes excepciones: 1) Caso del poseedor que ha adquirido el dominio por prescripción adquisitiva: Si el poseedor llega a adquirir el dominio por prescripción, quiere decir que el anterior titular ha perdido dicho derecho, por lo que mal puede reivindicar. 2) Caso del heredero indigno que enajena bienes de la herencia: De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 974 CC, declara judicialmente la indignidad del heredero o legatario, este es obligado a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos. Sin embargo, si el indigno ha enajenado los bienes que adquirió, los herederos a quienes beneficia la declaración de indignidad tendrán acción, pero solo contra los terceros de mala fe. 3) Caso del comprador que es condenado a restituir la cosa cuando se ha declarado la rescisión de la compraventa por lesión enorme: Las enajenaciones o gravámenes que hubiera hecho el comprador sobre la cosa adquirida antes de que se pronuncie en su contra la rescisión por lesión enorme, no quedan sin efecto como consecuencia de esta (Art. 1895 CC). E. Sección Quinta: “CONVERSIÓN DEL ACTO NULO” 1. Conceptos Generales sobre la Conversión: La conversión es “el medio jurídico en virtud del cual un negocio se salva de la nulidad convirtiéndose en otro distinto, que sustituye al primero, en la medida de lo posible salvaguardando con ello hasta ese límite el fin perseguido por las partes”. 2. Requisitos para que opere la Conversión: 1) Que el acto nulo cumpla con todos los requisitos que se exigen para el acto diverso en que se transforma. 2) Que las partes tengan conocimiento de la ineficacia del primer acto. 3. La Teoría de la Conversión en el Código Civil Chileno: El Código chileno no contempla ninguna norma que permita que el contrato nulo produzca los efectos de otro diverso.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En el Art. 1444 CC, al señalar el Código los elementos de la esencia de un contrato, dice que su omisión trae como consecuencia que o no produzca efecto alguno o que degenere en otro diferente; disposición de la cual, a primera vista, podría pensarse que constituye una hipótesis de conversión. Pero, en opinión del autor, se trata más bien de un caso de error de derecho, que termina que las partes den una denominación o calificación equivocada a un acto que la ley denomina o califica de otra manera. No hay en verdad una hipótesis de nulidad. Los Arts. 1701 y 1138 CC hacen posible extraer con mayor propiedad el principio de la conversión. El primero dic que el instrumento público defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento privado si estuviera firmado por las partes. En otras palabras, la escritura pública se convierte en instrumento privado. Por su parte, el Art. 1138 CC dice que las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables. Esto significa que una donación entre cónyuges, ineficaz como irrevocable, se convierte en revocable y produce los efectos propios de esta última. En conclusión, la posibilidad de conversión existe, pero se encuentra restringida exclusivamente a los casos particulares en que la ley la permite. F. Sección Sexta: “EL ERROR COMÚN ACERCA DE LA CAUSA DE INVALIDEZ” 1. Conceptos Generales del Error Común: Se observa en doctrina que la aplicación irrestricta de los principios generales en materia de nulidad puede llevar en la práctica a situaciones injustas, y se cita como ejemplo la hipótesis del contrato nulo, celebrado por las partes en la convicción de que no contiene vicio alguno de nulidad y que es plenamente valido. Frente a ello, la doctrina francesa ha estimado que el error común sobre la causa de nulidad valida el acto o contrato en que incidió el vicio, de modo que aquel producirá todos los efectos que le son propios, como si fuera plenamente eficaz. 2. Fundamentos de la Teoría del Error Común: 1) Fundamento Histórico: Se afirma que era aceptado por el derecho romano, como se desprende de la conocida máxima “error communis facit ius”. 2) Fundamento Jurídico: Dos razones: a. Tendencia del legislador de proteger la buena fe, la que se da incluso cuando el error no es común, sino que individual, como ocurre en el matrimonio putativo. b. La nulidad se impone como una sanción a quienes celebran un acto jurídico que no cumple con los requisitos establecidos por la ley para su validez, lo que obliga a suponer culpa o negligencia, aunque sea mínima, en la persona que contrato pese a la existencia del vicio de nulidad. 3. Requisitos del Error para validar un Acto Nulo: 1) Debe ser común: Es decir, debe haber sido compartido por la generalidad de los que se hallen en las mismas circunstancias que las partes en el tiempo y lugar en que el acto ha sido concertado. 2) Debe ser excusable: Debe existir un justo motivo de error. 3) Buena fe de quienes incurren en el error.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Doctrina que rechaza el efecto validante del error común como principio general: Quienes sustentan esta posición refutan los argumentos de la doctrina contraria en los siguientes términos: 1) En relación con el argumento histórico, no es efectivo que los romanos establecieron como principio general el efecto validante del error común: Esto fue una deformación histórica de algunos pasajes del Digesto. 2) En relación con el argumento jurídico, no es efectivo que la nulidad sea una sanción que requiera para la producción de sus efectos culpa o negligencia por parte de quien celebró el acto jurídico, sino que, por el contrario, constituye una sanción de carácter estrictamente objetivo, que prescinde de las circunstancias o estados subjetivos de las personas. 5. La Teoría del Error Común en el Código Civil Chileno: Nuestro Código no contempla ninguna norma que reconozca expresamente y en términos generales el efecto validante del error común. Sin embargo, contiene varias disposiciones que manifiestamente se fundan e inspiran en la teoría del error común, como son, por ejemplo, los Arts. 1013 en relación con el Art. 1012, 704, 40 y 1576 CC. Dice el Art. 1013 CC que, si alguna de las causas de inhabilidades expresadas en el artículo precedente no se manifestara en el aspecto o comportamiento de un testigo, y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidara el testamento por la inhabilidad real del testigo. La doctrina y la jurisprudencia nacionales coinciden en que, no obstante, la falta de una disposición expresa, el efecto validante del error común constituye un principio general aceptado por nuestro derecho, aplicable inclusive a las hipótesis que no estén especialmente previstas por el legislador. IV.

OTRAS FORMAS DE INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO7.

1. Conceptos Generales: Si se entiende la ineficacia de un acto jurídico, para aludir, en general, a la privación de sus efectos, cualquiera que sea la causa, podemos encontrar como formas de ineficacia también: 1) La Resciliación: “Acuerdo de voluntades tendiente a dejar sin efecto un acuerdo anterior”. Se le denomina también “mutuo disenso” o “mutuo consentimiento” (Arts. 1545 y 1567, inc. 1 CC) y es una convención extintiva de obligaciones. Esta forma de ineficacia del acto es aplicación del aforismo de que “las cosas se deshacen como se hacen” y del principio de la autonomía de la voluntad. 2) La Revocación: “Modo de extinción de un acto jurídico en virtud de la voluntad unilateral del autor del acto jurídico, si este es unilateral, o de una de las partes de un acto jurídico bilateral”. En los actos jurídicos bilaterales es excepcional, puesto que la regla general es la resciliación. Sin embargo, se permite, por ejemplo, en el mandato a voluntad del mandante (Art. 2163 Nº3 CC) o del mandatario (Art. 2163 Nº4 CC); la revocación del comodato precario por voluntad del comodante (Art. 2194 CC); la revocación del contrato de arrendamiento a término indefinido a través del desahucio (Art. 1951 CC), de la sociedad civil (Art. 2018 CC), etc. 3) La Resolución: “Efecto de la condición resolutoria cumplida”. Una condición resolutoria es “un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de una obligación” (Art. 1479 CC).

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Según lo señalado en el texto “Ineficacia del Acto Jurídico” de Ramón Cifuentes.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Si la condición se cumple, se produce la resolución del acto o contrato y su derecho se extingue, queda sin efecto, se resuelve. Cuando el hecho del cual depende la extinción del derecho es el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de una de las partes en los contratos bilaterales, pasa a llamarse “condición resolutoria tácita” (Art. 1489 CC). 4) La Terminación: “Resolución en los contratos de tracto sucesivo”. Opera solo hacia el futuro (ex nunc), esto es, sin efecto retroactivo. 5) La Caducidad: “Forma de ineficacia de un acto jurídico que se produce cuando la ley o la voluntad del hombre prefijan un plazo para el ejercicio de un derecho o para la realización de un acto jurídico”. Por ejemplo, los testamentos privilegiados caducan en los casos señalados en los Arts. 1036, 1046 y 1053 CC. Asimismo, si en un contrato de promesa las partes estipulan un plazo dentro del cual deberá celebrarse el contrato prometido y este no se celebra, se producirá la caducidad de la promesa. CAPÍTULO IX: LA REPRESENTACIÓN EN LOS ACTOS JURÍDICOS I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales sobre la Representación: Es posible que el autor del acto jurídico unilateral o una de las partes de la convención se encuentre impedida para concurrir personalmente a su celebración. Tal circunstancia no debiera constituir un obstáculo insalvable para la celebración del acto jurídico, toda vez que la ley hace posible que se encargue a otra persona la gestión de la cual el interesado no puede hacerse cargo personalmente. Las personas que intervienen en un acto jurídico lo pueden hacer de dos maneras: a nombre propio o a nombre ajeno. Cuando actúan a nombre propio regulan personalmente y en forma directa sus intereses; cuando actúan en nombre ajeno, no están regulando sus propios intereses, sino que los de terceros, en virtud de una expresa autorización. En este caso, los efectos del acto no radican en la persona que aparece directamente celebrando, sino que en aquella a nombre de la cual se celebra. Se define la representación como “la institución jurídica en virtud de la cual los efectos de un acto que celebra una persona que actúa a nombre o en lugar de otra, se radican en forma inmediata y directa en esta última, como si ella personalmente lo hubiera celebrado”. En la representación intervienen dos personas: el representante y el representado. El representante es “quien celebra el acto jurídico a nombre o en lugar de otra persona”. El representado es “la persona en quien se radican los efectos del acto ejecutado por el representante”. Nuestro Código Civil se refiere a la representación en el Art. 1448 CC, que dice: “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo”. II.

PODER DE REPRESENTACIÓN.

1. Conceptos Generales: El representante debe tener poder de representación, que es “la autorización que tiene una persona para concertar negocios por cuenta de otra, obligando exclusiva y directamente al representado”. Se habla de poder y no de facultad porque la facultad implica una acción que puede ejecutar una persona en la órbita de sus propios intereses, mientras que el poder se refiere a los intereses de terceros.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Por regla general las personas están facultadas para disponer por si solas de los intereses que se encuentran dentro de su órbita jurídica; de los intereses que le pertenecen y de los cuales tienen la calidad de titular. Por excepción, cuando su capacidad se encuentra restringida no pueden disponer por si solas de dichos intereses, requiriendo autorización de otras personas. Pero nadie está facultado para disponer de los intereses ajenos, a menos que tengan el poder para ello. Este poder puede emanar de la ley o de la voluntad del interesado. Se denomina apoderamiento al “acto por el cual una persona otorga a otra el poder de representarla”. 2. Clases de Representación: 1) Representación Legal o Necesaria: Supone que una persona se encuentra en la imposibilidad jurídica de ejercer por si sola la autonomía privada, careciendo, por lo mismo, de la aptitud para disponer de los intereses que se encuentran dentro de su órbita jurídica. La persona que es representada legalmente carece de libertad para decidir quién la represente. Su representante es, necesariamente, el que determina la ley. Como dice Betti, la representación legal constituye, en realidad, un cargo u oficio de derecho privado. El representante legal debe ser plenamente capaz. Son representantes legales, por ejemplo, el padre o la madre del hijo de familia; el adoptando del adoptado; el tutor o curador del pupilo (Art. 43 CC) y Es importante indicar que no es necesario que el representado sea incapaz para que proceda la representación legal, ya que la ley reconoce dos casos de representación legal de personas capaces: a. La representación que tiene el juez del ejecutado en las ventas forzosas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor (Art. 671, inc. 3 CC). b. La representación que tiene el liquidador del deudor en procedimientos concursales de liquidación. 2) Representación Voluntaria: Surge exclusivamente como consecuencia de un acto voluntario del interesado, que otorga poder a otra persona para que actúe a su nombre. Supone, en consecuencia, la más amplia libertad del interesado para decidir, en primer término, si actúa o no personalmente; y, en caso de optar por actuar representado, para escoger la persona del representante que puede, inclusive, ser una persona incapaz. 3. Mandato y Representación Voluntaria: Para la doctrina tradicional no se concibe la existencia de representación voluntaria sin mandato. Ihering es el primero que rechaza esta aparente ligazón entre el mandato y la representación voluntaria, manifestando que la coexistencia del mandato con la representación es algo puramente casual. En opinión del autor, el mandato y la representación voluntaria son dos cosas muy distintas; no siendo indispensable la existencia de un mandato para que nazca la representación voluntaria. Esto porque: 1) El mandato, como todos los contratos, nace de un acuerdo de las voluntades de ambas partes. En cambio, la representación voluntaria surge de un apoderamiento, que es un acto unilateral. 2) Ambos cumplen roles jurídicos distintos: El mandato, como señala Hupka, expresa una obligación del mandatario y constituye para este una necesidad de obrar; en tanto que el 118

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe apoderamiento como tal no es otra cosa que consentimiento en la representación, y sus efectos un poder jurídico: el poder de representación. 3) La representación voluntaria no supone necesariamente un mandato, toda vez que el poder de representar es distinto e independiente de este y puede existir con anterioridad al perfeccionamiento del mandato: Sin embargo, cree el autor que el apoderamiento que no contiene una oferta expresa de mandato constituida por el encargo de una gestión contiene una oferta tácita de mandato, constituida por la aquiescencia tácita de una persona a que sus negocios sean administrados por otra. 4) Si bien el apoderamiento puede existir antes que el mandato y constituir en relación con este un acto separado e independiente, no se puede concebir el ejercicio del poder de representación desligado del cumplimiento del mandato. 5) La potestad de representar no es de la esencia del mandato, ya que es perfectamente posible que el mandatario no represente al mandante: Ello ocurre cuando el mandatario contrata a su propio nombre, aunque sea en interés del mandante. En ese caso los efectos del acto no se radican en el mandante, sino en el mandatario (Art. 2151 CC). III.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPRESENTACIÓN.

1. Teorías que explican la naturaleza jurídica de la representación: 1) Teoría de la Ficción de la Ley: Pothier explica los efectos de la representación en una ficción, por medio de la cual la ley entiende que la voluntad que fue necesaria para dar vida al acto o contrato no la manifiesta el representante, sino que el propio representado, como si este hubiera concurrido personalmente a la celebración de dicho acto o contrato. 2) Teoría del Nuncio o Mensajero: Savigny considera que el representante no es más que un simple mensajero del representado, lo que explica que el verdadero sujeto del acto o contrato sea el representado y justifica que en este se radiquen los efectos del mismo. Hupka le refuta diciendo que, si se autoriza a alguien a contratar en nombre suyo, no es él quien ofrece y acepta, sino que declara que está conforme con la oferta o aceptación del representante. El apoderamiento es consentimiento para que otro, por su declaración contractual, cree en el representado derechos y obligaciones. 3) Teoría del Doble Contrato de Thol: Según Thol, lo que justifica que los derechos y obligaciones se radiquen directamente en el representado es la consideración de la existencia de dos contratos diferentes: el primero es el que celebra el representante con el tercero, haciendo referencia a la voluntad del representado y al poder de representación; y el segundo es el contrato que se entiende que celebra el representado con el tercero, en virtud de dicha referencia y como consecuencia del contrato anterior. La teoría de Thol se refuta desde un doble punto de vista: a. Parte de la base de que el representante tiene una cierta autonomía para concretar la voluntad general del representado, lo cual no ocurre si se señala estrictamente las condiciones del acto o contrato que debe celebrar. b. Parte del supuesto de que en el poder existe una voluntad dirigida hacia la conclusión inmediata de un acto jurídico concreto, en circunstancias de que el poder, como dice Hupka, 119

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe no es ni la voluntad acabada ni la declaración contractual todavía imperfecta; más bien, lo que hay en él es un acto jurídico, perfecto en sí, con propio contenido volitivo y distinto esencialmente del negocio principal. 4) Teoría de la Cooperación de Voluntades: Para Mitteis es un error atribuir al representante o al representado la manifestación de voluntad. En la representación existe un solo acto jurídico que el representante y el representado celebran conjuntamente. Presenta el inconveniente de que, cuando el apoderamiento se concibe en términos extraordinariamente acabados y precisos, no cabría, prácticamente, al representante ninguna participación en el acto, pasando a convertirse, lisa y llanamente, en un nuncio o mensajero, 5) Teoría que considera relevante la actuación del representante: Para Hupka, la manifestación de voluntad necesaria para la existencia del acto jurídico proviene siempre del representante. Es siempre el representante quien tiene y manifiesta la voluntad dirigida a la inmediata conclusión del negocio. De este modo, los efectos del negocio se hallan, ciertamente, bajo el imperio de dos voluntades, pero estas no se reúnen en un acto jurídico unitario, sino que producen dos actos independientes, psicológica y jurídicamente distintos. 6) Teoría de la Modalidad: Sostienen que quien manifiesta su voluntad en el acto jurídico es directamente el representante; no obstante, lo cual, por ser la representación una modalidad de los actos jurídicos, los efectos del acto celebrado por el representante no se radican en él, como hubiera sido lo normal, sino que en la persona del representado. IV.

INFLUENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL REPRESENTANTE O DEL REPRESENTADO EN EL ACTO JURÍDICO.

1. Conceptos Generales: Saber a quién corresponde atribuir la manifestación de voluntad tiene importancia práctica en lo siguiente: 1) En relación con la Capacidad: Si se sigue la teoría de Savigny basta que el representado sea capaz. Si se sigue la teoría de Hupka lo relevante es que el representante sea capaz. Hay que distinguir: a. Capacidad del Representado: i. En la Representación Legal: El representado es, normalmente, un incapaz absoluto o relativo, quien, precisamente por carecer de voluntad o por no tenerla suficientemente, requiere de un representante legal. ii. En la Representación Voluntaria: El representado es una persona capaz, pues la capacidad es un requisito para la plena eficacia del apoderamiento. b. Capacidad del Representante: i. En la Representación Legal: El representante debe ser una persona capaz. ii. En la Representación Voluntaria: El representante puede ser incapaz, basta con que el mandatario tenga juicio y discernimiento suficiente para que obligue al mandante con respecto de terceros (Art. 2128 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El menor adulto no requiere autorización para representar a una persona capaz, solo la requiere para obligarse con este o con terceros, pero no para obligar a este con terceros. 2) En relación con las Formalidades que exige la ley para los actos de ciertas personas: En estos casos no cabe duda de que la formalidad habilitante de protección constituida por la autorización judicial que requiere la ley para la enajenación de los bienes raíces del hijo de familia es necesaria siempre, sea que la enajenación la realice el hijo autorizado por el padre, sea que la realice el padre, o un tercero como mandatario o representante de este. En cambio, si el hijo de familia, en calidad de mandatario y representante de otra persona, enajena un bien raíz del mandante, no requiere la autorización judicial previa, pues no está enajenando un bien raíz propio. 3) En relación con los Vicios del Consentimiento: Si se sigue la teoría de la ficción o del nuncio llevaría a concluir que el error, la fuerza o el dolo tendrían relevancia solo en el caso que se manifieste en la voluntad del representado. En cambio, para los seguidores de Hupka o de la teoría de la modalidad, el vicio debe presentarse en el representante. Para solucionar el tema hay que hacer una serie de distinciones: a. El error del representante vicia el consentimiento siempre que dicho error sea también relevante para el representado. b. La fuerza o dolo determinante que se ejerciera sobre el representante y que vicia el consentimiento de este, permite que el representado solicite la rescisión del contrato, pues se presume que la fuerza o dolo hubiera, asimismo, viciado su voluntad. c. En cuanto al error del representado o la fuerza o dolo que se hubiera ejercido sobre él, la doctrina considera que el vicio de la voluntad del representado hace anulable el poder y a través de este, socava también el acto representativo. Cuando la víctima de la fuerza o el dolo es la persona que contrata con el representante, en la hipótesis de fuerza es indiferente que esta provenga del representante o del representado, pues si es determinante, vicia el consentimiento del contratante que fue víctima de ella. El problema se da con el dolo, ya que se exige que venga de una parte. En ese sentido, el autor estima que, sea que provenga del representante o del representado, vicia el consentimiento, si para la otra parte es determinante. 4) En relación con la Buena o Mala Fe del Sujeto: Por las mismas razones dadas anteriormente en el dolo del representante o del representado, el autor cree que la mala fe del representado hace imposible que este adquiera posesión regular, aunque se haya valido para dicha adquisición de un representante de buena fe. El problema se presenta con la mala fe del representante, que no es compartida por el representado. La opinión más generalizada es que afecta al representado, aunque este se encuentre de buena fe. Esto porque en el representado se radica la posesión con las mismas calidades y vicios con que la adquirió el representante. 5) En relación con la disposición legal que impide demandar la nulidad absoluta al que sabía o debía saber el vicio que invalidaba al acto y con aquella que impide repetir lo pagado por 121

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe objeto o causa ilícita a sabiendas: Es indudable que el representado que sabía o debía saber el vicio que invalidaba el contrato, o que tuvo la calidad de parte en un contrato a sabiendas del objeto o causa ilícita, no puede alegar la nulidad absoluta o repetir lo pagado, respectivamente. El problema surge cuando es el representante quien sabe o debía saber y no el representado. En general, la doctrina se inclina por restar relevancia a la mala fe del representante, en aplicación del principio que dice que la persona que es parte en un acto jurídico debe sufrir los perjuicios que emanen de su propia ciencia, y no de la de otros. Este criterio sigue un fallo de la Corte Suprema. 6) En relación con las impugnaciones de las enajenaciones del deudor: Para que los acreedores del deudor puedan impugnar las enajenaciones que este ha hecho en perjuicio de aquellos, es menester la existencia del denominado “fraude pauliano”, que consiste en el conocimiento que tiene el deudor del mal estado de sus negocios. Si existe fraude pauliano en el deudor representado, los acreedores podrán deducir la acción pauliana para revocar la enajenación efectuada por el representante del deudor, aunque no exista en dicho representante el conocimiento del mal estado de los negocios de su representado. En relación con la situación inversa, se dice en doctrina que el fraude del representante debe perjudicar al representado, lo mismo que la violencia o el dolo de que el representante hiciera victima a la otra parte contratante. Es más justo proteger a los acreedores. V.

REQUISITOS DE LA REPRESENTACIÓN.

1. Enumeración de los Requisitos: Los requisitos son: 1) Que el representante declare su propia voluntad: Lo anterior se advierte con especial claridad en la representación legal, pues por la misma naturaleza de esta que se ejerce generalmente sobre personas incapaces, el único que puede manifestar la voluntad indispensable para que el acto nazca a la vida del derecho es el representante. Sin embargo, también en la representación voluntaria el representante es quien da vida al acto jurídico con su voluntad. Ello se da, en todo caso, aunque haya de atenerse a las instrucciones recibidas. 2) Que dicha declaración la haga a nombre de otro: Contemplatio Domini: El representante tiene que dar a conocer la denominada contemplatio domini, es decir, tiene que manifestar, de alguna manera, que su declaración se refiere a otra persona, a nombre de la cual está obrando. Si falta la contemplatio domini, el acto jurídico va a surtir efectos para el representante y no para el representado, obligando a aquel y no a este. La manifestación de la contemplatio domini no está sujeta a formalidades especiales, por lo que debe aplicarse, a su respecto, la reglamentación general en lo relativo a la manifestación de voluntad. Stolfi dice que esta intención se manifiesta expresamente cuando se dice o se escribe que “se actúa a nombre de…”, o cuando al firmar un documento a la firma propia preceden las palabras “por medio” o “por mandato de…” o dicciones semejantes. Se manifiesta tácitamente la misma intención cuando se obra de manera tal que se da a entender que uno no quiere obligarse por sí, sino por otro.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Es precisamente la contemplatio domini, que constituye un requisito esencial de la representación, lo que no existe en el mandato sin representación, donde el comisionista, si bien actúa en interés de otra persona, lo hace a nombre propio. 3) Que el representante tenga poder de representación: La autorización para actuar a nombre del representado debe ser anterior a la celebración del acto en que se ejerce dicho poder. Sin embargo, y aunque no exista el poder de representación, es posible que los efectos del acto ejecutado por una persona se radiquen en otra, como si hubiese existido el mencionado poder. Ello ocurre en dos casos: a. Cuando el acto jurídico ha sido celebrado por un agente oficioso o gestor de negocios ajenos, se entiende que, si la gestión realizada ha sido útil para el interesado, este la ha autorizado en el momento mismo en que se realizó. b. Cuando con posterioridad a la celebración del acto el interesado lo ratifica. En cuanto a la extinción del poder de representación, la doctrina señala como causales de extinción: (i) la revocación del poder, (ii) la muerte del representado, (iii) la muerte del representante y (iv) la incapacidad sobreviniente del representante. 2. Exceso o Defecto de Poder de Representación: “Tiene lugar cuando la actividad en nombre de otro no sea conforme al poder de representación, porque, respectivamente, el poder sea más reducido o falte completamente”. En tales casos, el acto no puede producir efectos para aquel en cuyo nombre se ha realizado, porque no está basado en un poder de representación; pero ni siquiera puede, en principio, producir efectos para el agente, porque no lo ha realizado en su nombre. Por eso se ha hecho necesaria una intervención de la ley para proteger al tercero. En ese sentido se han dictado una serie de normas: 1) El Art. 2160 CC dice que el mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato: Esto quiere decir que lo realizado por el representante, en exceso o en defecto del poder de representación, no afecta al representado, no lo obliga. El acto jurídico realizado es inoponible al representado. 2) El Art. 2173 CC dispone que todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que este haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Quedará asimismo obligado el mandante a lo que el mandatario sabedor de la causa que lo ha hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe; pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice. 3) El Art. 2154 CC dice que el mandatario que ha excedido los límites de su mandato es solo responsable al mandante, y no es responsable a terceros, sino, primero, cuando no les ha dado suficiente conocimiento de sus poderes, y, segundo, cuando se ha obligado personalmente. 4) El Art. 2160, inc. final CC establece que será, sin embargo, obligado el mandante si hubiera ratificado expresa o tácitamente cualesquiera obligaciones contraídas a su nombre. 3. La Ratificación: “Acto mediante el cual el interesado por si hace eficaz el acto que ha sido concluido en su nombre, o como se suele decir, se apropia los efectos del acto”. La ratificación es un acto jurídico unilateral que debe emanar del interesado, o después de la muerte de este, de sus herederos. Es, además, irrevocable.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Stolfi opina que ante el silencio de la ley puede deducirse que el destinatario de la ratificación es el tercero contratante, es decir, la única persona interesada en la validez del contrato. El autor no está de acuerdo con esta opinión, ya que la ratificación interesa tanto a la persona que contrató con el falsus procuratur, como a este, ya que si aquel a cuyo nombre contrató no ratifica, adquirirá responsabilidad frente a la contraparte. Ahora bien, en lo que respecta a la forma en que debe exteriorizarse la ratificación, cabe señalar que la ley no la sujeta a ciertas formalidades especiales. En doctrina, la intención de ratificar puede manifestarse en forma expresa, a través de una declaración, o en forma tácita, por medio de un comportamiento que permita desprender dicha intención. Debe hacerse presente, sin embargo, que en opinión de algunos la ratificación del poder para un acto solemne debe cumplir la misma solemnidad de este, lo que guarda concordancia con que el poder para un acto solemne debe ajustarse a la misma solemnidad. Esta interpretación cuenta con el apoyo de la jurisprudencia. Para finalizar, la ratificación opera con efecto retroactivo.

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RESUMEN BIENES: CRISTIÁN BOETSCH GILLET Y RAMÓN CIFUENTES OVALLE COMPLEMENTADO Y COMENTADO CAPÍTULO I: CONCEPTOS GENERALES8 I.

INTRODUCCIÓN.

El Derecho de Bienes tiene por objeto el estudio y análisis de las normas jurídicas que regulas los objetos. En ese sentido, mientras el Derecho de Obligaciones regula el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los individuos, la materia jurídica del Derecho de Bienes o Derechos Reales: 1) Fija o radica los bienes en el patrimonio de cada individuo, y 2) Determina los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre ellos. II.

COSA Y BIEN.

1. Concepto de Cosa: Sobre la materia, buena parte de la doctrina estima que, jurídicamente hablando, cosa es “todo lo que forma parte del mundo exterior y sensible (cosas materiales), y todo aquello que, si bien no tiene una representación exterior ni puede percibirse con los sentidos, puede percibirse con la inteligencia (cosas incorporales”. En ese contexto, Rozas estima que cosa es “todo lo que es relevante o tomado en cuenta por la ley y que pueda ser objeto de relaciones jurídicas”. 2. Características de la Noción Jurídica de Cosa: Son: 1) Debe ser extraña al sujeto: Pues la cosa se contrapone a la persona. 2) Debe tener una relevancia jurídica: Tener la posibilidad de ser objeto de relaciones jurídicas. 3) La noción de cosa es independiente de la noción de apropiabilidad por un sujeto. 4) Puede ser presentes o futuras. 5) Debe proporcionar o poder proporcionar una utilidad al hombre: No es necesario que tenga un valor económico o patrimonial, como el nombre o el domicilio. 3. Concepto de Bien: Para parte de la doctrina el concepto de bien se refiere a “aquellas cosas que efectivamente presentan un interés o utilidad a un sujeto”. Es importante indicar que el Código Civil no define lo que es un bien, el Art. 565 CC se limita a señalar en qué consisten. Debido a lo anterior, para algunos autores la relación entre cosa y bien es de género a especie. Para otros, mientras la noción de cosa es de carácter objetiva, la de bien es subjetiva. La distinción que se hace entre cosa y bien tiene utilidad pues permite explicar la coexistencia de varios derechos subjetivos en una misma cosa. Por ejemplo, un mismo predio – cosa – puede ser objeto de diversos derechos reales – bienes – con distintas utilidades, como el dominio, usufructo, servidumbres, hipotecas, etc. Sin perjuicio de lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico emplea indistintamente estos conceptos. III.

REGULACIÓN.

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Desde acá y hasta tradición inclusive se toma como fuente el apunte de derecho de bienes del profesor Cristián Boetsch Gillet, con complementos y comentarios adicionales de fuentes diversas.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La regulación de los bienes se encuentra en el Art. 19 N°21 a 25 CPR y en el Libro II del Código Civil “De los Bienes, y de su Dominio, Posesión, Uso y Goce”. CAPÍTULO II: CLASIFICACIONES DE LOS BIENES I.

BIENES CORPORALES E INCORPORALES.

1. Concepto: El Art. 565 CC señala que: “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas”. Tal disposición debe ser complementada por el Art. 576 CC que establece que: “Las cosas incorporales son derechos reales o personales”; y por el Art. 583 CC que señala: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”. Adicionalmente, esta clasificación se encuentra expresamente reconocida en el Art. 19 N°24 CPR. 2. Críticas a esta clasificación: La doctrina suele indicar que la clasificación en estudio consagra la denomina “cosificación de los derechos”, esto es, el entendimiento que un derecho está en el mismo plano que una cosa corporal cualquiera, lo que para muchos es un error. Las cosas corporales son el objeto de derechos y entonces no es procedente pretender luego que estos a su vez son cosas. Se posibilita la situación de derechos sobre derechos. Además, muchos autores estiman que entre los derechos considerados como cosas no se puede considerar el derecho de propiedad, ya que este tradicionalmente se identifica con la cosa en que se ejerce. Considerar el derecho de propiedad como cosa crearía una cadena infinita e inútil de derechos sobre derechos. Lo ciertos es que el Código Civil sí reconoce la “propiedad sobre el derecho de propiedad”, pues el Art. 577, inc. 2 CC señala que: “Son derechos reales el de dominio…”, y los derechos reales son cosas incorporales conforme al Art. 576 CC. 3. Importancia y Aplicación Práctica de esta Clasificación: En primer lugar, debido a que la ley atendería a la naturaleza corporal o incorporal de los bienes para dictar las normas relativas a los modos de adquirir. Además, tiene aplicación práctica en dos ámbitos: 1) En la protección de derechos ante agresiones legislativas, que se cometen a través de la irretroactividad: Si una ley dispone que ella se aplicará incluso a situaciones ya producidas, y se detecta que vulnera un derecho ya adquirido de un particular, se indica que la ley priva de la propiedad de ese derecho y que, por tanto, es una ley expropiatoria que, por no reunir los requisitos que la Constitución exige para expropiar, es inconstitucional; y se concluye pidiendo la declaración de inaplicabilidad de esa ley, por inconstitucional. 2) En la protección de derechos ante agresiones de una autoridad o de particulares, que se cometen mediante actos administrativos o materiales, de variada naturaleza, que se estiman ilegales o arbitrarios: Si se afecta un derecho que no está protegido expresamente por el recurso de protección del Art. 20 CPR, se puede alegar que se es dueño de ese derecho y, al agredírsele, se le está agrediendo su derecho de propiedad, que si es uno de los que están protegidos por ese recurso.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Bienes Incorporales9: Si bien el Art. 576 CC señala que “son derechos reales o personales”; lo cierto es que también existen otras cosas no susceptibles de ser percibidas por los sentidos distintas de derechos, como el espacio aéreo o la energía. 1) Los Derechos Reales (Art. 577 CC): “Aquellos que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona”. Se conciben como una relación persona-cosa, inmediata y absoluta. Puede entenderse como un “poder” o “señorío” que tiene un sujeto sobre una cosa. Cuando ese poder es total se está en presencia del derecho real máximo, el dominio; pero puede ser parcial, incompleto, como en los demás derechos reales (usufructo, prenda, hipoteca). El titular es una persona, pero pueden también ser varias. (i) Elementos del Derecho Real: La doctrina suele indicar que los derechos reales están compuestos por dos elementos: a. El sujeto activo o titular del derecho: Quien tiene el poder de aprovecharse de la cosa, en forma total o parcial. b. La cosa objeto del derecho: La cosa siempre debe ser determinada individual o específicamente. Planiol señala que el derecho real tiene siempre por objeto garantizar el hecho de la posesión, que es necesariamente concreto y que solo puede existir tratándose de una cosa determinada. Sin embargo, ciertos autores, en especial Planiol, estiman que es errado concebir una relación entre una persona y una cosa, en circunstancias que en el Derecho las relaciones jurídicas se establecen entre sujetos. Por ello, existiría un tercer elemento, un sujeto pasivo del derecho real, que en este caso sería “todo el mundo” y su obligación (deuda) consistiría en abstenerse de todo lo que podría perturbar el ejercicio de ese derecho. (ii) Clases de Derechos Reales: El contenido de los derechos reales conduce a agruparlos en: a. Derechos Reales de Goce: “Aquellos que permiten la utilización directa de la cosa”. El primero de ellos, el más completo, es el dominio. Junto con él tenemos el usufructo, el uso y la servidumbre. b. Derechos Reales de Garantía: “Aquellos que permiten utilizar la cosa indirectamente, por su valor de cambio; y contienen la facultad de lograr, con el auxilio de la justicia, su enajenación para obtener con el producto una prestación determinada”. Entre ellos tenemos a la prenda y la hipoteca. Sin perjuicio de lo anterior, se puede considerar que están, por un lado, el dominio y, por otro, los demás derechos reales, que se han denominado “derechos reales en cosa ajena” o “derechos reales limitados”. (iii) Reserva Legal en la Creación de Derechos Reales: Los derechos personales son infinitos. En cambio, los derechos reales solo los puede establecer la ley. En ese contexto, el Art. 577, inc. 2 CC establece que: “Son derechos reales (i) el de dominio, (ii) el de herencia, los de (iii) usufructo, (iv) uso o (v) habitación, (vi) los de servidumbres activas, (vii) el de prenda y (viii) el de hipoteca”.

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En cuanto a la discusión respecto al dominio sobre ellos, acúdase a lo indicado en el capítulo III, I, 4.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En todo caso, tal enumeración no es taxativa, pues, por ejemplo, el Art. 579 CC menciona el derecho de censo, al indicar que: “El derecho de censo es personal en cuanto puede dirigirse contra el censuario, aunque no esté en posesión de la finca acensuada, y real en cuanto se persiga ésta”. Además, existen los llamados “derechos reales administrativos”, consagrados en otros textos legales, como el derecho de aprovechamiento de aguas, el del concesionario, el derecho real de protección medioambiental, etc. Nuestra doctrina no acepta la posibilidad de que los particulares puedan crear derechos reales distintos de aquellos establecidos por la ley. La razón es el carácter de orden público que tienen las normas sobre organización de la propiedad. (iv) El Derecho Real de Conservación Medio Ambiental (Ley 20.930)10: Se encuentra inspirado en la institución estadounidense conocida como “conservation easement” o “servidumbre de conservación”, mecanismo donde los privados voluntariamente deciden gravar sus predios o inmuebles permitiendo la conservación del medio ambiente, como al mismo tiempo, la protección de sus intereses como propietarios de bienes raíces. El Art. 2 lo define como “un derecho real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones de éste”. En cuanto a sus características es: (i) un derecho real, (ii) de carácter inmueble, (iii) distinto del dominio del bien raíz gravado, (iv) transferible entre vivos y transmisible por causa de muerte, (v) inembargable, (vi) indivisible e inseparable del inmueble o de la parte de él que se grava y (vii) de duración indefinida (perpetuo), salvo que las partes convengan lo contrario. Para nacer a la vida del derecho, se requiere que sea constituido por escritura pública y, además, que dicha escritura sea inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, produciendo sus efectos solo desde este último momento. Pueden ser titulares del derecho real cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, y puede constituirse sobre cualquier bien inmueble, a título gratuito u oneroso. Por lo tanto, las partes del contrato serán el propietario del inmueble que se obliga a conceder el derecho de conservación y limitar su dominio; y una persona determinada, que será titular de dicho derecho. Conforme a la Ley, las partes deben acordar en el contrato, a lo menos, alguna de las siguientes prohibiciones, restricciones u obligaciones: a. Restricción o prohibición del propietario del inmueble de destinarlo a determinados fines. b. Obligación del propietario del inmueble de hacerse cargo o contratar servicios para la mantención, limpieza, descontaminación, reparación, resguardo, administración o uso y aprovechamiento racionales del bien raíz. c. Obligación del propietario del inmueble de ejecutar o supervisar un plan de manejo con miras al uso y aprovechamiento racionales de los recursos naturales del inmueble.

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Según lo señalado en el texto “El Nuevo Derecho Real de Conservación Medioambiental” de Javiera Zamora.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Respecto a los derechos del propietario del inmueble, seguirán siendo los del dominio, pudiendo usar, gozar y disponer del inmueble, viéndose sólo afectado en cuanto sea necesario para lograr la conservación. En materia de frutos, el derecho real no faculta a su titular a percibir los frutos naturales y civiles que deriven de la conservación del inmueble, salvo que se acuerde lo contrario entre las partes. En cuanto a la prelación de derechos sobre el inmueble gravado se atiende al orden cronológico de los mismos, de manera que el derecho de conservación prefiere a los gravámenes posteriores, y viceversa. Por último, se establecen las causales de término del derecho real de conservación, indicando que se extinguirá por las causales generales de terminación de los derechos reales y, especialmente, por: (i) la transferencia del bien gravado en caso que de ejecución de una hipoteca preferente, salvo que el tercero adquirente manifestare su intención de mantener el derecho real en los términos indicados; (ii) disolución de la persona jurídica titular del derecho, salvo que se haya estipulado lo contrario; y, (iii) expropiación del inmueble gravado. 2) Derechos Personales o Créditos (Art. 578 CC): “Aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas”. “como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales”. Es necesario tener en cuenta que las nociones de derecho personal o crédito y obligación son correlativas. La relación de obligación faculta a una de las partes para reclamar de la otra la prestación debida, y esta facultad es lo que constituye un derecho personal o crédito. (i) Elementos del Derecho Personal: a. Los sujetos de la obligación, tanto activo (acreedor) como pasivo (deudor). b. El objeto del crédito, que es la prestación a que se obliga el deudor: Consiste en un determinado comportamiento, positivo o negativo, que este asume en favor del acreedor. Según el Art. 1438 CC es: “lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer”. c. El vínculo jurídico: Lo que significa que nos encontramos ante una relación protegida por el derecho objetivo. (ii) Carácter Ilimitado de los Derechos Personales: Los derechos personales son ilimitados, pues pueden originarse libremente en la voluntad de los contratantes, sin perjuicio del respecto a la ley, a la moral, el orden público y las buenas costumbres. 4.1. Paralelo entre los Derechos Reales y Personales: 1) En los derechos reales existe una relación directa de persona a cosa. En cambio, en los personales, la relación es entre dos sujetos determinados: acreedor y deudor. 2) En cuando al contenido: Los derechos reales confieren un poder jurídico inmediato y directo sobre la cosa. En cambio, en los derechos personales, el titular (acreedor) solo puede obtener el beneficio correspondiente mediante un acto del obligado (deudor). 3) En cuanto a la forma de adquirir ambos tipos de derecho: Los reales se adquieren por la concurrencia de un título y un modo de adquirir. En cambio, en los derechos personales basta el título. 129

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Los derechos reales son derechos absolutos en cuanto al titular le corresponde una acción persecutoria y restitutoria, dirigida al reintegro de la cosa y ejercitable a terceros. Los derechos personales, en tanto, son derechos relativos porque solo se pueden exigir del deudor. 5) En lo que se refiere a su contravención: Los derechos reales pueden ser violados por cualquiera, no así los personales, que solo pueden serlo por el deudor. 6) De los derechos reales nacen las acciones reales, que son “aquellas que tiene el titular de un derecho real para perseguir la cosa sobre la cual ejerce dicho derecho de manos de quien lo tuviera en su poder”. En cambio, de los derechos personales surgen acciones personales, en cuya virtud “el titular del crédito puede reclamar al deudor el cumplimiento de la prestación debida”. 7) Los derechos reales solo los puede crear la ley, mientras que los derechos personales pueden ser generados por la voluntad de las partes, siempre que no sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. 4.2. Las Acciones: El Código señala que, de los derechos reales y personales, nacen, respectivamente, las acciones reales y las acciones personales (Arts. 577 y 578 CC). Acción tiene distintas acepciones: 1) Desde el punto de vista del Derecho Civil: La acción es “el derecho que se hace valer en juicio para obtener que sea reconocido, satisfecho o respetado”. 2) Desde el punto de vista del Derecho Procesal: La acción tiene al menos tres acepciones: a. Como sinónimo de derecho: En este sentido se señala que “el demandante carece de acción”. b. Como sinónimo de pretensión de que se tiene un derecho válido: En este sentido se señala que “la acción es fundada o infundada”. c. Como la facultad de provocar la actividad jurisdiccional. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos definir las acciones como: 1) Acción Real: “Aquella que tutela un derecho real, y por ende puede interponerse en contra de cualquier persona que no hubiese respetado tal derecho”. 2) Acción Personal: “Aquella que tutela un derecho personal, y por ende solo puede ejercerse en contra de la persona (deudor) que hubiese contraído la obligación correlativa”. 5. Bienes Corporales: Según el Art. 565 CC son “aquellos que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa o un libro”. Acto seguido, el Art. 566 CC establece que: “Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles”. Sin perjuicio de lo anterior, el Código también aplica a los derechos y acciones la clasificación de los bienes corporales en muebles e inmuebles según lo sea la cosa en que han de ejercerse (derechos reales) o que se debe (derechos personales) (Art. 580 CC), agregando que los hechos que se deben se reputan muebles (Art. 581 CC). 5.1. Las Energías: La mayoría de los autores, ha opinado, hasta ahora, que las energías, entre ellas, la energía eléctrica, no cabe en esta clasificación del Código, porque no puede ser percibida por los sentidos y no consiste en “meros derechos”, que es la definición que da el Código a las cosas incorporales. 130

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Sin embargo, la energía, cualquiera sea su fuente, es un atributo de la cosa, es un accidente de la cosa, de una sustancia de la cosa. Siendo entonces, la sustancia una cosa corporal, el accidente de la sustancia no puede tener otra naturaleza, es decir, no puede ser sino una cosa corporal. Por ejemplo, en el caso del carbón, este es el agente; su energía es su capacidad de trabajo, es decir, de entrar en combustión; y finalmente, la combustión es el trabajo propio de la energía térmica que tiene el carbón. Además, la expresión “tienen un ser real” se refiere a que tienen una existencia material que puede ser percibida por los sentidos. Por lo anterior, una descarga eléctrica es una cosa corporal (puede ser percibida por los sentidos). II.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

1. Conceptos Generales: Esta clasificación se fundamenta en la “fijeza”, esto es en “la posibilidad o imposibilidad que tienen las cosas de transportarse de un lugar a otro, sea por fuerza propia o por una fuerza externa”. Sin embargo, la ley admite que una cosa mueble por naturaleza sea considerada inmueble y, a la inversa, que una cosa inmueble, se repute mueble. 2. Importancia de la Clasificación: En general hay una mayor protección de los bienes inmuebles: 1) La compraventa de bienes raíces es solemne, requiere de escritura pública, mientras que la de muebles es simplemente consensual (Art. 1801 CC). 2) La tradición de los inmuebles se efectúa por la inscripción del título en el Registro del Conservador de Bienes Raíces (Art. 686 CC); la de los muebles se efectúa por la entrega material o simbólica (Art. 684 CC). 3) Para ganar por prescripción adquisitiva ordinaria el dominio de inmuebles es necesario poseerlos por un plazo mayor que el exigido para los muebles (Art. 2508 CC). 4) Cuando se transmiten inmuebles por sucesión por causa de muerte, para que los herederos puedan disponer de ellos es necesario cumplir ciertas diligencias que no se exigen tratándose de muebles (art. 688 CC). 5) En las reglas de la sociedad conyugal se establece que los inmuebles que se hayan aportado o que los cónyuges adquieren durante el matrimonio a título gratuito, pertenecen al haber del respectivo cónyuge, en tanto que los muebles que los cónyuges aportan o adquieren a cualquier título durante el matrimonio, forman parte del haber social (Art. 1725 y ss. CC). 6) La acción rescisoria por lesión enorme procede solo en la venta o permuta de inmuebles (Art. 1891 CC). 7) La enajenación de inmuebles del hijo o pupilo debe efectuarse con ciertas formalidades, previo decreto judicial y en el caso del pupilo se requiere además pública subasta (Arts. 254, 393 y 394 CC). 8) Tratándose de cauciones reales, se establecen dos instituciones diferentes, la prenda y la hipoteca, según la garantía sea un mueble o un inmueble (Arts. 2348 y 2407 CC). 9) La competencia de los tribunales es distinta según sea mueble o inmueble la acción intentada (Arts. 135 y 138 COT).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Bienes Corporales Muebles (Art. 567 CC): “Las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas”. Los bienes muebles se pueden clasificar en: 1) Muebles por Naturaleza: Son las cosas muebles propiamente tales. Pueden ser: a. Semovientes: “Aquellas que pueden trasladarse de un lugar a otro moviéndose por sí mismas”. Como los animales. b. Cosas Inanimadas: “Las que solo se mueven por una fuerza externa”. 2) Muebles por Anticipación: El Art. 571 CC establece que: “Los productos de los inmuebles, y las cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina, y a las piedras de una cantera”. En ese contexto, son muebles por anticipación “ciertos bienes inmuebles por naturaleza, por adherencia o por destinación que, para el efecto de constituir un derecho sobre ellos en favor de otra persona que el dueño, se reputan muebles antes de su separación del inmueble al que pertenecen”. 3.1. Reglas de Interpretación relativas a los Bienes Muebles: El Código establece, en forma dispersa, ciertas reglas de interpretación del término mueble: 1) Art. 574 CC: “Cuando por la ley o el hombre se usa de la expresión bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles, según el artículo 567”. Esto es, los muebles por naturaleza. Por su parte, el inc. 2 de dicha disposición señala que: “En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni en general otras cosas que las que forman el ajuar de una casa”. Por su parte, la RAE define “ajuar” como “el conjunto de muebles, enseres y ropas de uso común en la casa”. 2) Art. 1121, inc. 1 CC: “Si se lega una casa con sus muebles o con todo lo que se encuentre en ella, no se entenderán comprendidas en el legado las cosas enumeradas en el inciso 2º del artículo 574, sino sólo las que forman el ajuar de la casa y se encuentran en ella”. En síntesis: (i) el término “mueble”, sin ningún calificativo, se refiere a los muebles por naturaleza; y (ii) los “muebles de una casa” son los que forman su ajuar. 4. Bienes Corporales Inmuebles (Art. 568 CC): “Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los arboles”. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Los bienes inmuebles se pueden clasificar en:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Inmuebles por Naturaleza: Corresponden al contenido de la disposición referida. Existen una serie de términos que aluden a los inmuebles por naturaleza: a. Casa: “Todo edificio en que se puede vivir o morar, aunque no esté destinado a la habitación hogareña”. Alude fundamentalmente a un inmueble urbano, o a la construcción destinada a la vivienda, que se levante en un predio rustico. b. Heredad: “Una porción de terreno cultivado y perteneciente a un mismo dueño”. Con esta expresión se designa a los predios rústicos. c. Finca: Lo cual refiere tanto a predios urbanos como rústicos, aunque en su acepción natural, alude más bien a los últimos. La distinción entre predio urbano y predio rústico importa por lo siguiente: a. En materia de compraventa, las reglas relativas a la cabida de los predios solo se aplican a la venta de predios rústicos (Arts. 1831 y ss. CC). b. En materia de arrendamiento los predios urbanos y rústicos tienen diferentes normas (Ley 18.101 y DL 993). c. La Ley General de Urbanismo y Construcciones exige, para la subdivisión de un predio urbano, la aprobación por la respectiva Dirección de Obras Municipales, la que mediante la respectiva resolución, autorizará además para enajenar los lotes por separado, archivando el respectivo plano en el Conservador de Bienes Raíces competente; en cambio, tratándose de los predios rústicos, el DL 3516 solo exige archivar un plano hecho a determinada escala, en el Conservador de Bienes Raíces, previa certificación hecha por el Servicio Agrícola y Ganadero, acerca de que la subdivisión se ajusta a la ley. d. En materia de sociedad conyugal, el arrendamiento de los predios urbanos y rústicos de la sociedad o de la mujer, requiere autorización de esta, si se exceden los plazos consignados en los Arts. 1749, 1754 y 1756 CC. e. Similar cosa ocurre con el arrendamiento de los bienes del hijo sujeto a patria potestad (Arts. 255 y 407 CC). 2) Inmuebles por Adherencia: Del Art. 568 CC se desprende que son “ciertos bienes que, siendo muebles, se reputan inmuebles por estar adheridos permanentemente a un inmueble”. El Art. 569 CC indica, a modo de ejemplo, que: “Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones, que puedan transportarse de un lugar a otro”. Es importante tener en cuenta que los productos de la tierra y los frutos de los árboles, mientras permanecen adheridos a su fuente de origen, son inmuebles pues forman con ella un solo todo; separados permanentemente, son muebles; y se reputan muebles, según se ha dicho, aun antes de su separación, para los efectos de constituir derechos sobre ellos en favor de otra persona que el dueño (muebles por anticipación). Para que un bien sea calificado como inmueble por adherencia es necesaria la concurrencia copulativa de dos requisitos:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Que la cosa adhiera a un inmueble por naturaleza o bien a otro bien inmueble por adherencia; y b. Que la cosa adhiera permanentemente a un inmueble: Debe haber una incorporación estable, íntima y fija y no una mera adherencia exterior. Se debe notar que “permanencia” no es lo mismo que “perpetuidad”, y por ello son inmuebles las construcciones levantadas para una exposición, aunque luego de cierto tiempo deban ser demolidas. 3) Inmuebles por Destinación: El Art. 570 CC señala que: “Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento”. En ese contexto, son inmuebles por destinación “ciertos bienes muebles que la ley reputa inmuebles por estar permanentemente destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble”. Por ende, los inmuebles por destinación conservan su naturaleza mueble y difieren de los inmuebles por adherencia en que su inmovilización es solo ficticia y jurídica. Los motivos de la ficción son de orden práctico: se trata de evitar el menoscabo de la separación de ciertos bienes que para su mejor aprovechamiento requiere de otros elementos complementarios. Por ende, celebrado un acto jurídico sobre un inmueble sin especificar la suerte de tales objetos, ellos se entienden incluidos; pero la voluntad de las partes puede excluirlos. Ejemplos señalados en el Art. 570 CC: a. Las losas de un pavimento. b. Los tubos de las cañerías. c. Los utensilios de labranza o minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca. d. Los abonos existentes en ella, y destinados por el dueño de la finca a mejorarla. e. Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo, y pertenecen al dueño de éste. f.

Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas, y cualesquiera otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo, o de un edificio.

Elementos de los Inmuebles por Destinación: Tres requisitos: a. Que la cosa mueble se haya colocado en un inmueble. b. Que hayan sido colocados en interés del inmueble mismo. c. Que la destinación tenga carácter permanente: No es lo mismo que perpetuidad. Cesación de la Calidad de Inmueble por Destinación: Conforme al Art. 573 CC “Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea; por ejemplo, los bulbos o cebollas que se arrancan para volverlas a plantar, y las losas o piedras que se desencajan de su lugar, para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo de volverlas a él. Pero desde que se separan con el objeto de darles diferente destino, dejan de ser inmuebles”. En armonía con lo anterior, el Art. 2420 CC establece que: “La hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta los muebles que por accesión a ellos se reputan inmuebles 134

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe según el artículo 570, pero deja de afectarlos desde que pertenecen a terceros”, reconociendo el derecho del deudor para enajenar aquellos bienes. 5. Bienes Incorporales o Derechos Muebles e Inmuebles: El Art. 580 CC establece que: “Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse, o que se debe. Así el derecho de usufructo sobre un inmueble, es inmueble. Así la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada, es inmueble; y la acción del que ha prestado dinero, para que se le pague, es mueble.”. Cuando el artículo hace alusión a “la cosa en que han de ejercerse”, se refiere evidentemente a los derechos reales, porque son estos derechos los que se ejercen “en” las cosas. Y al expresar el mismo precepto que los derechos se reputan muebles o inmuebles según sea la cosa “que se debe”, alude indudablemente a los derechos personales, porque en virtud de estos derechos se deben las cosas. 1) Derechos Reales: a. Que son siempre inmuebles: Las servidumbres activas, la hipoteca, el derecho de habitación y el censo. b. Que son siempre muebles: El derecho real de prenda. c. Que pueden ser muebles o inmuebles: El derecho real de usufructo y el derecho real de uso, según la naturaleza de la cosa corporal sobre la que recaen. 2) Derechos Personales: a. Si la obligación es de dar: El derecho será mueble o inmueble según la cosa sobre la que recaiga. b. Si la obligación es de hacer o no hacer (Art. 581 CC): “Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que un artífice ejecute la obra convenida, o resarza los perjuicios causados por la inejecución del convenio, entra por consiguiente en la clase de los bienes muebles”. De ello se desprende que las obligaciones de hacer y no hacer siempre serán muebles. Respecto al Derecho Real de Herencia se discute si es mueble o inmueble. Mientras algunos autores estiman que será mueble o inmueble, dependiendo de los bienes que conformen la herencia, para otros, por ser la herencia una universalidad jurídica sin regulación especial, se le aplica la regla general, y por tanto se estima que es de naturaleza mueble. III.

BIENES CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES.

1. Conceptos Generales: Esta clasificación es aplicable solo a los bienes muebles. Se encuentra contenida, en forma confusa, en el Art. 575 CC que dice: “Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas fungibles”; esto porque según los autores el Código confundiría consumibilidad con fungibilidad. En efecto, mientras lo “consumible” es aquello que, usándose conforme a su destino, se destruye; lo “fungible” es aquello que tiene igual poder liberatorio. 2. Clases de Consumibilidad: 1) Desde un punto de vista objetivo:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Bienes Objetivamente Consumibles: “Aquellos que, por sus propias características, se destruyen naturalmente, si desaparecen físicamente o sufren una alteración substancial, o civilmente, si el uso implica enajenación del bien; por el primer uso”. Así, un alimento cualquiera es naturalmente consumible y las monedas son civilmente consumibles. b. Bienes Objetivamente No Consumibles: “Aquellos que, por sus propias características, no se destruyen ni natural ni civilmente por el primer uso”. 2) Desde un punto de vista subjetivo: a. Bienes Subjetivamente Consumibles: “Aquellos que, atendido el destino que tienen para su actual titular, su primer uso importa enajenarlos o destruirlos”. Así, por ejemplo, el empleo de un automóvil para rodar una escena de una película, en la cual dicho automóvil será arrojado a un precipicio. b. Bienes Subjetivamente No Consumibles: “Aquellos que, atendido el destino que tienen para su actual titular, su primer uso no importa enajenarlos o destruirlos”. Por ejemplo, las monedas que constituyen piezas de una colección numismática. Combinando ambas clases de consumibilidad, puede haber bienes que pertenecen a una de las consumibilidades y no a la otra; o puede ser consumible desde ambos puntos de vista. 3. Bienes Deteriorables y Corruptibles: El carácter de no consumible de un bien no se opone al paulatino deterioro ocasionado por el uso. Algunos autores llegan a configurar una categoría especial, la de los Bienes Deteriorables, intermedia entre los consumibles y no consumibles, llamados también “gradualmente consumibles”. Con todo, se trata siempre de cosas no consumibles, pues la idea es que se consuman no al primer uso, sino en forma gradual. Por otra parte, dentro de los bienes consumibles hay una categoría especial, la de los llamados Bienes Corruptibles, que son “aquellos que deben consumirse en breve tiempo, pues rápidamente pierden su aptitud para el consumo”, como algunas frutas, medicamentos, etc. (Art. 488 CC y 483 CPC). IV.

BIENES FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES.

1. Concepto: La Fungibilidad se puede entender de dos formas: 1) Fungibilidad Objetiva: Según está posición, puede decirse que son Bienes Fungibles “las cosas que por presentar entre si una igualdad de hecho, se les considera como de igual poder liberatorio”; o también son “los que pertenecen a un mismo género y se encuentran en el mismo estado, y que por ende son sustituibles”. 2) Fungibilidad Subjetiva: Según esta posición, son Bienes Fungibles “dos o más cosas cuando el interesado les atribuye igual poder liberatorio”. Así, hay cosas que, siendo objetivamente fungibles, subjetivamente pueden no serlo, sobre todo cuando está presente el poder afección, como ocurre, por ejemplo, con un reloj corriente que por ser un antiguo recuerdo familiar puede ser no fungible para su actual propietario. 2. Consumibilidad y Fungibilidad: Generalmente, las cosas consumibles son al mismo tiempo fungibles; pero ambos caracteres no van necesariamente unidos. Hay bienes consumibles no fungibles (como una bebida exclusiva y cuidadosamente preparada); mientras que hay bienes fungibles no consumibles objetivamente (como los libros de una misma edición).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Cosas Genéricas y Fungibilidad: El criterio para determinar las cosas genéricas de las fungibles es distinto. Tratándose de cosas genéricas, se atiende a la determinación de las cosas; por su parte, en las fungibles se atiende a la similitud o disimilitud de dos o más cosas, a las que se les confiere o no idéntico poder liberatorio. No puede sostenerse que las cosas fungibles sean necesariamente genéricas y las no fungibles especificas o cuerpos ciertos. Una cosa puede ser fungible y al mismo tiempo un cuerpo cierto, como por ejemplo tratándose de una pistola “magnum” de tal calibre (cosa genérica) o la misma pistola, pero identificándoselo con un número de serie (cuerpo cierto). 4. Importancia de esta clasificación: Esta clasificación es importante por: 1) El mutuo recae en cosas fungibles (Art. 2196 CC); por el contrario, el comodato, por regla general, recae en cosas no fungibles. 2) La compensación legal solo es posible entre dos deudas que tienen por objeto cosas fungibles (Art. 1656 N°1 CC). V.

BIENES PRINCIPALES Y ACCESORIOS.

1. Conceptos: 1) Bienes Principales: “Aquellos que tienen existencia independiente, sin necesidad de otros”, como el suelo. 2) Bienes Accesorios: “Aquellos que están subordinados a otros sin los cuales no pueden subsistir”, como los árboles. Si bien el Código no formula está clasificación, la reconoce implícitamente en muchas disposiciones. Por ejemplo, el Art. 587 CC dice: “El uso y goce de las capillas y cementerios, situados en posesiones de particulares y accesorios a ellas…” y el Art. 1122 CC dice: “Si se lega un carruaje de cualquiera clase, se entenderán legados los arneses y las bestias de que el testador solía servirse para usarlo, y que al tiempo de su muerte existan con él”, entre otras disposiciones. La clasificación se aplica tanto a bienes corporales como incorporales. Así, una servidumbre es accesoria al derecho de dominio del predio sobre el que la servidumbre se ejerce. 2. Factores para determinar lo principal y lo accesorio: Son varios factores: 1) La subsistencia: Esto es la posibilidad que tiene la cosa de existir por sí misma. Se considera principal la cosa que puede subsistir por sí misma, y accesoria la que necesita de otra para subsistir. 2) La finalidad de los objetos: Es accesoria la cosa destinada al uso, cultivo, beneficio, adorno o complemento de otra. 3) El valor de las cosas: En la adjunción, si de las dos cosas unidas, la una es de mucho más valor que la otra, la primera es la principal (Art. 659 CC). 4) El volumen de las cosas: En este sentido, en la adjunción, cuando no se pueden aplicar los criterios de la mayor estimación y de la finalidad, se mira como principal la de mayor volumen (Art. 661 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Importancia de la Clasificación: Se debe a la existencia del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Así, traspasado un derecho sobre una cosa principal, se traspasa el derecho sobre las accesorias; extinguido un derecho sobre una cosa principal, se extingue el derecho sobre las accesorias. VI.

BIENES DIVISIBLES E INDIVISIBLES.

1. Concepto: Desde un punto de vista físico, todas las cosas corporales son divisibles, pues en último término, todas pueden fraccionarse, aunque ello suponga su destrucción. En cambio, desde un punto de vista jurídico, hay dos conceptos de divisibilidad: uno material y otro intelectual: 1) Jurídica y Materialmente Divisibles: Son los bienes “que pueden fraccionarse sin que se destruyan en su estado normal, ni pierdan notoriamente su valor al considerarse las partes en conjunto”. Un líquido es divisible; pero un animal es indivisible. También un diamante normalmente será indivisible, porque al fraccionarlo disminuye apreciablemente su valor (las partes, en conjunto, tendrán un valor considerablemente inferior al todo primitivo). 2) Jurídica e Intelectualmente Divisibles: Son las cosas “que pueden fraccionarse en partes ideales, imaginarias, aunque no puedan serlo materialmente”. Todos los bienes, corporales e incorporales, son divisibles. Lo interesante es que los bienes incorporales, al no tener consistencia física, solo son intelectualmente divisibles; y por disposición legal, hay ciertos derechos que no pueden dividirse ni siquiera intelectualmente. Tal es el caso del derecho de servidumbre (Arts. 1524, 826 y 827 CC). 2. Divisibilidad de los Derechos: Hay que distinguir: 1) Derechos Personales: Son divisibles o indivisibles, siguiendo la divisibilidad o indivisibilidad de la obligación que es su contrapartida. Así, la obligación de construir una casa, y la de conceder una servidumbre, son indivisibles y asimismo lo será el correlativo derecho. La obligación de pagar una suma de dinero es divisible (Art. 1524 CC). 2) Derechos Reales: En este caso hay que atender al derecho positivo, señalando expresamente que los derechos reales de servidumbre, prenda e hipoteca son indivisibles. Respecto al derecho (real) de dominio, este es divisible desde un doble punto de vista: a. Admite desmembraciones: Cuando el propietario mantiene la nuda propiedad y confiere a un tercero las facultades de uso y goce, con lo que el derecho real de dominio origina otro derecho real, el de usufructo. b. Sobre un mismo objeto varias personas pueden ejercer el derecho de dominio (copropiedad o comunidad). VII.

BIENES SINGULARES Y BIENES UNIVERSALES.

1. Conceptos: 1) Bienes Singulares: “Los que constituyen una unidad, natural o artificial”. 2) Bienes Universales: “Las agrupaciones de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero que forman un todo funcional y están relacionados por un vínculo determinado”. 2. Las Universalidades: Se distinguen dos tipos de universalidades:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Universalidades de Hecho (universitas facti): “Conjunto de bienes que, no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidos por un vínculo de igual destino, generalmente económico”. Si bien tradicionalmente se indicaba que la universalidad de hecho solo podía estar compuesta por muebles, en la actualidad la doctrina indica que tales universalidades pueden estar compuestas tanto por muebles como por inmuebles. Las universalidades de hecho poseen las siguientes notas distintivas: a. Los bienes que la componen pueden ser de la misma naturaleza o de naturaleza diferente: Esto permite distinguir dos tipos de universalidades de hecho: i. Las Colecciones: Las compuestas por bienes de una misma naturaleza, como los animales de un rebaño. ii. Las Explotaciones: Las compuestas por bienes de distinta naturaleza, como el conjunto de bienes corporales e incorporales que componen el “establecimiento de comercio”. b. Los bienes que la componen mantienen su propia individualidad, función y valor, por lo que no se consideran universalidades de hecho las meras partes o fracciones de un bien singular. c. El vínculo que une a las cosas singulares para formar la universalidad de hecho es el de un común destino o finalidad, que generalmente es económica. d. La doctrina entiende que la universalidad de hecho solo comprende bienes, es decir, solo elementos activos y no pasivos o deudas: Que serían aceptables únicamente en las universalidades jurídicas o de derecho. 2) Universalidades de Derecho o Jurídicas (universitas juris): “Conjunto de bienes y relaciones activas y pasivas consideradas jurídicamente como formando un todo indivisible”. Estas universalidades se caracterizan por lo siguiente: a. Estas universalidades contienen tanto elementos pasivos como activos: El activo esta precisamente para responder del pasivo existente o eventual. b. Dentro del conjunto de bienes que componen la universalidad funciona también, como norma general, el principio de la subrogación real, por el cual los bienes que ingresan al continente universalidad a costa de otros que salen, pasan a ocupar la posición jurídica de estos. En el derecho chileno, la universalidad jurídica típica es la herencia; la doctrina señala, discutiblemente, también otras, como la sociedad conyugal, el patrimonio del fallido, el patrimonio reservado de la mujer casada y aun, según algunos, el patrimonio general de toda persona. 3. Diferencias entre la Universalidad de Hecho y la Universalidad de Derecho: 1) Mientras la unidad de la universalidad de hecho es configurada por el hombre, la universalidad de derecho es impuesta por la ley: En la universalidad de hecho existe un conjunto de bienes afectos a un destino o fin específico, cuestión que no necesariamente ocurre en la

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe universalidad de derecho, donde existe una masa de bienes que, por un elemento externo al conjunto, resulta aconsejable conferirles un tratamiento único para ciertos efectos. 2) Las universalidades de hecho solo comprenden activos; las de derecho, activos y pasivos. 3) Las universalidades de hecho, por regla general, no tienen una regulación jurídica especial; las universalidades de derecho si tienen una regulación jurídica especial. Finalmente, cabe destacar que en nuestro Derecho positivo no existe una reglamentación de las universalidades. Sin embargo, el Código supone está clasificación (Arts. 1317 y 1340 CC distinguen entre bienes singulares y universales; el Art. 951 CC se refiere a la herencia como una universalidad de derecho y el Art. 768 CC implica un caso de universalidad de hecho). VIII.

BIENES PRESENTES Y FUTUROS.

Se clasifican en atención a la existencia real de los bienes al momento de crearse una relación jurídica; y pueden ser: 1) Bienes Presentes: “Los que a un momento determinado (al celebrarse una relación jurídica) tienen una existencia real”. 2) Bienes Futuros: “Los que, a la época de celebrarse una relación jurídica, no existen y tan solo se espera que existan”. Si bien el Código Civil no formula esta clasificación, la reconoce en diversas disposiciones. Así, por ejemplo, los Arts. 1461 y 1813 CC se refieren a cosas futuras como objeto de un acto jurídico o de una compraventa, respectivamente. IX.

BIENES COMERCIABLES E INCOMERCIABLES.

1. Concepto: 1) Bienes Comerciables (Arts. 1461 y 2498 CC): “Aquellos que pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas, de manera que sobre ellos puede recaer un derecho real o puede constituirse a su respecto un derecho personal”. 2) Bienes Incomerciables o No Comerciables: “Aquellos que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas por los particulares”. Los bienes incomerciables se pueden clasificar: a. Bienes Incomerciables debido a su Naturaleza: En realidad, estas cosas, llamadas en el Art. 585 CC “cosas comunes a todos los hombres”, son las únicas que no son objeto de las relaciones jurídicas en general y a las únicas a las que se puede aplicar la expresión de cosas que están fuera del comercio humano. b. Bienes Incomerciables debido a su Destino: Las que, siendo naturalmente comerciables, se han sustraído del comercio jurídico para dedicarlas a un fin público. Son los llamados bienes nacionales de uso público (Art. 589 CC). Estos bienes, sin embargo, pueden ser objeto de ciertas relaciones jurídicas, aunque de carácter público, como es el caso de las concesiones. En cuanto a las llamadas cosas consagradas al culto divino, el Código Civil, en su Art. 586 CC se remite al Derecho Canónico. Se entiende por tales “los bienes muebles e inmuebles que mediante la consagración o bendición han sido dedicadas al culto público”. El Art. 587 CC, por su parte, deja claro que estos bienes son comerciables. 140

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Importancia de la Clasificación: Esta clasificación es de gran importancia porque el objeto de los actos jurídicos que se refieren a una cosa debe ser comerciable (Art. 1461 CC), estableciéndose que hay objeto ilícito en la enajenación de bienes no comerciables (Art. 1464 Nº1 CC). X.

BIENES APROPIABLES E INAPROPIABLES.

1. Conceptos: Se clasifican según sean o no susceptibles de propiedad (pública o privada). En ese sentido, se puede entender como inapropiable “las cosas comunes a todos los hombres”. 2. Clasificación de los Bienes Apropiables: 1) Bienes Apropiados e Inapropiados: a. Bienes Apropiados: “Aquellos que son susceptibles de apropiación y actualmente poseen un dueño”. b. Bienes Inapropiados: “Aquellos que, siendo susceptibles de apropiación, carecen actualmente de dueños”. Pueden ser de dos clases: i. Res Nullius: “Aquellos que nunca han tenido propietario”. ii. Res Derelictae: “Aquellos que han tenido dueño, pero este los abandono con intención de desprenderse del dominio”. En el derecho chileno, la existencia de bienes inapropiados (llamados “mostrencos” cuando son muebles y “vacantes” cuando son inmuebles) queda limitada solo a los muebles, debido a que el Art. 590 CC dispone que son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de dueño. 2) Bienes susceptibles de Apropiación por los Particulares y no susceptibles de Apropiación por los Particulares: El Art. 19 Nº23 CPR garantiza a todas las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deben pertenecer a la Nación toda y la ley así lo declare. Lo anterior es sin perjuicio de otros preceptos de la Constitución, a saber: a. El Art. 19 Nº12, inc. 5 CPR: Que dispone que no cualquiera puede operar y establecer canales de televisión. b. El Art. 19 Nº24, inc. 6 CPR: Que indica que el Estado es dueño de las minas. c. El Art. 19 Nº34, inc. final CPR: Que indica que las aguas no se pueden apropiar libremente. Por último, el Art. 19 Nº23 CPR agrega que una ley de quorum calificado puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. XI.

BIENES PRIVADOS Y PÚBLICOS (O NACIONALES).

1. Concepto: 1) Bienes Privados: “Aquellos que pertenecen a los privados o particulares”. 2) Bienes Públicos o Nacionales (Art. 589 CC): “Aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda”. Pueden ser: 141

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Bienes Nacionales de Uso Público. b. Bienes del Estado o Fiscales. CAPÍTULO III: EL DERECHO DE PROPIEDAD I.

EL DOMINIO.

1. Consideraciones Preliminares: El dominio o propiedad se encuentra en los Arts. 19 Nº21 a 25 CPR y en el Libro II (Arts. 582 y ss. CC) del Código Civil, que resulta que se entiende por propiedad, los modos de adquirirla, sus restricciones por existencia de derechos reales limitados y su protección. 2. Concepto Legal del Dominio: El Art. 582, inc. 1 CC dispone: “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno”. Por su parte, el Art. 583 CC agrega que: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”. Para el Código los términos “propiedad” y “dominio” son sinónimos. Sin embargo, hay quienes le atribuyen distintos significados: así, ciertos autores aplican la expresión dominio solo al derecho real que recae sobre cosas materiales, y al término propiedad lo emplean respecto de todo género de derechos susceptible de apreciación pecuniaria. Para otros la diferencia solo es de punto de vista: mientras el dominio es de carácter subjetivo (se referiría al poder del sujeto), la propiedad tendría un sentido objetivo (pertenencia de la cosa al sujeto). La definición legal de dominio tiene cuatro componentes: 1) La calificación de “derecho”, con la derivada calificación de “real”. 2) La consignación de los atributos: uso (implícito en el goce), goce y disposición. 3) Las inmediatas restricciones genéricas: la ley y el derecho ajeno. 4) Un campo de aplicación, las cosas corporales, que, a continuación (Art. 583 CC), es ampliado a las cosas incorporales: Pero en este último caso se habla de una “especie” de propiedad. 3. Bases Constitucionales del Dominio: Si bien la Constitución no define que es la propiedad, en los Arts. 19 Nº21 a 25 CPR consagra una serie de principios: 1) Garantía: La Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. 2) Protección y Reserva Legal: Se consagra una reserva legal para el establecimiento de los modos de adquirir el dominio y para imponer restricciones, obligaciones y privaciones. La protección de la propiedad se ve reafirmada por el Art. 19 Nº26 CPR, que prohíbe afectar el dominio en su contenido esencial. Finalmente, el Art. 20 CPR incluye el dominio como uno de los derechos fundamentales protegidos por el Recurso de Protección. 3) Función Social: Solo la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad. Esta función social comprende cuanto exijan: a. Los intereses generales de la nación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. La seguridad nacional. c. La utilidad pública. d. La salubridad pública. e. La conservación del patrimonio ambiental. 4) Regulación de la Expropiación: Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino: a. En virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación. b. Que dicha expropiación tenga por causa la utilidad pública o el interés nacional. c. Que dicha causa haya sido calificada por el legislador. En cuanto a la indemnización a pagar al afectado por la expropiación, se establece que: a. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonio efectivamente causado. b. La indemnización se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. c. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. d. El Fisco no puede proceder a la toma de posesión material del bien expropiado, mientras no se realice previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. e. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. 4. El Dominio sobre Cosas Incorporales: El Art. 583 CC dice que: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”. Respecto a ello se ha discutido si sobre las cosas incorporales puede o no haber dominio. En este contexto, ha habido dos interpretaciones de que se entiende por “especie de propiedad”: 1) Teoría de la Cuasipropiedad: La especie de propiedad consiste en postular que el vocablo especie de propiedad, está tomado en sentido de semejanza. Sobre cosas incorporales, así, hay algo semejante a la propiedad. 2) Teoría de los Tipos de Propiedad (Alessandri Rodríguez): Estima que del vocablo especie de propiedad de los Arts. 583 y 584 CC con relación al Art. 582 CC, es que habría tres tipos o clases de propiedad. No como idea de semejanza porque no hay algo parecido a la propiedad, sino que es un tipo de propiedad. Así habría propiedad sobre cosa corporal, propiedad sobre cosa incorporal y propiedad intelectual. Esta es la tesis que se sigue en la Constitución (Art. 19 Nº24 CPR). 5. Caracteres: La doctrina le asigna a la propiedad cuatro caracteres: 1) Derecho Real: El dominio es el derecho real por excelencia; se ejerce sobre una cosa sin respecto de determinada persona (Arts. 577 y 582 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Absoluto: Confiere al titular la posibilidad de ejercitar sobre el objeto las más amplias facultades, de manera soberana e independiente. El Código en esta materia dice que el dueño puede gozar y disponer de la cosa “arbitrariamente”. Por este último término se ha criticado que la definición da a entender un poder absoluto, individualista y desprovisto de preocupación social. Sin embargo, la misma arbitrariedad encuentra su límite en “la ley y el derecho ajeno”, tal como dice el Código, lo que morigera notablemente cualquier posible abuso, y se coordina con la Constitución. 3) Exclusivo: Se radica en un solo titular, y no puede haber dos o más propietarios, independientes uno del otro, sobre la misma cosa con iguales poderes sobre ella. La demarcación y el cerramiento son manifestaciones de la exclusividad del dominio (Arts. 842 a 846; 876 y 878; 942 CC). Es importante señalar que la comunidad no constituye excepción a esta característica, atendido que hay un solo dominio (no dos independientes), y cada uno de los comuneros tiene una parte del derecho y no el total. Asimismo, la exclusividad del dominio no obsta a que puedan existir sobre la cosa otros derechos reales junto al primero, sin que este, por tal circunstancia se desnaturalice. Una concreción de la exclusividad del dominio se encuentra en la Facultad de Excluir, consistente en el poder del dueño por el cual puede impedir a los demás el uso y goce de la cosa de que es propietario. Esta facultad tiene excepciones: a. El derecho de uso inocuo o inocente: Es el que se tiene en la cosa propiedad de otro para obtener un provecho sin causar al dueño perjuicio alguno o causándolo en medida insignificante. b. El derecho de acceso forzoso (o coactivo): Es el que se le reconoce al dueño o administrador de una cosa para entrar, transitoriamente, a una propiedad ajena, a ejecutar alguno acto relativo a la utilización de aquel objeto. Por ejemplo, para recoger los frutos caídos en el predio vecino, para reparar un muro, etc. (Arts. 620 y 943 CC). c. El principio del mal menor: Cualquier persona puede aprovecharse de una cosa ajena para salvar otra cosa o un bien jurídico de mayor valor que el daño que pueda causar. Nuestro Código Civil rechaza este principio en el comodato, pues el Art. 2178 CC advierte que el comodatario responderá aun del caso fortuito. Sin embargo, si lo reconoce el Art. 36 Ley de Copropiedad Inmobiliaria. 4) Perpetuo: El dominio sobre una cosa persiste mientras subsiste la cosa misma, y por ende no se extingue por el solo transcurso del tiempo o por el no ejercicio del derecho; por lo mismo, su acción protectora, la reivindicatoria, no se extingue por el solo transcurso del tiempo. El titular puede perder el derecho y la acción cuando un tercero posee la cosa y llega a ganarla por prescripción. 5) Abstracto: La doctrina moderna señala que el dominio es abstracto en el sentido que tiene una existencia distinta e independiente de las facultades que contiene y otorga. Por eso, aunque el ejercicio de una de las facultades del dominio se sustraiga del propietario, como aquel que otorga un usufructo sobre una cosa, el dominio permanece igual, no se desnaturaliza, y la facultad misma queda potencialmente dentro del derecho de propiedad: sólo su ejercicio pasa a manos de otro o, sin pasar a manos de otro, simplemente no se puede ejercitar por el propietario.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 6) Elástico: La doctrina moderna también indica que el dominio es elástico porque puede reducirse, en mayor o menor grado, por la concurrencia de otros derechos, y de expandirse de nuevo en toda su plenitud, automáticamente, en cuanto cesa de existir el derecho concurrente que lo comprimía. Así, si se otorga usufructo a un tercero el derecho de propiedad se desprende del ejercicio del uso y el goce, y tan pronto se extingue dicho usufructo sin necesidad de otra operación el derecho de propiedad recupera dicho ejercicio. 6. Facultades (o Atributos): 1) Facultad de Uso: Significa que el propietario puede utilizar o servirse de la cosa. El Código no menciona este atributo, pero la doctrina lo entiende incluido en la facultad de goce. Así aparece también en las definiciones usufructo (Art. 764 CC) y arrendamiento (Art. 1915 CC), en que la facultad de uso es evidente, y con más evidencia aparece en la definición del derecho real de uso (Art. 811 CC). 2) Facultad de Goce: Significa que el dueño puede beneficiarse con los frutos y productos de la cosa. No obstante que el Art. 643 CC los llama productos, la doctrina siempre ha distinguido los productos de los frutos. a. Frutos: “Aquellos que la cosa da periódicamente, ayudada o no de la industria humana y sin detrimento de la cosa fructuaria”. b. Productos: “Aquellos que la cosa da sin periodicidad con detrimento o disminución de la cosa”. Este concepto proviene del Art. 537 CC que dice que no son frutos “aquellas cuya separación deteriora el fundo o disminuye su valor”. 3) Facultad de Disposición: Significa que el dueño puede disponer de la cosa según su voluntad y arbitrariamente, no siendo contra la ley o derecho ajeno. Esta facultad tiene dos manifestaciones: a. Disposición Material: El dueño puede disponer materialmente de la cosa, modificándola o destruyéndola. b. Disposición Jurídica: El dueño puede disponer jurídicamente de la cosa, celebrando negociaciones con terceros respecto de ella, gravándola con prendas, hipotecas u otras limitaciones y, en fin, enajenándola. 7. Estipulaciones Limitativas de la Facultad de Disposición: “Las Cláusulas de No Enajenar”: “Convenciones por las que el propietario de un objeto se obliga a no disponer de él, sea material o jurídicamente”. Respecto de ello hay que distinguir: 1) Cláusula de no disponer materialmente: No presenta mayores dificultades, sin perjuicio de que es de rara ocurrencia. 2) Cláusula de no disponer jurídicamente: Ha sido objeto de arduo debate, encontrándose tres posiciones: a. Que la cláusula es válida: Para ello han argumentado que: i. No hay prohibición expresa de carácter general: Y es principio establecido el que en derecho privado se puede efectuar todo lo que no está expresamente prohibido por la ley.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. Hay ocasiones en que la ley prohíbe expresamente esta cláusula, de donde se desprende que por lo general es posible convenirlas: Esto lo hace, por ejemplo, en el legado (Art. 1126 CC), arrendamiento (Art. 1964 CC), censo (Art. 2031 CC) e hipoteca (Art. 2415 CC). iii. Si el propietario puede desprenderse del uso, goce y disposición, caso en el que enajena la cosa, más bien podría desprenderse de solo esta última facultad. iv. El Art. 53 Nº3 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces permite precisamente inscribir, en el Registro correspondiente, “todo impedimento o prohibición referente a inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que embarace o límite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar”. b. Que la cláusula es invalida o nula: Para ello han argumentado que: i. Atentarían contra la libre circulación de la riqueza: En ese contexto, la proscripción de trabas más bien propias de la época feudal está establecida en diferentes disposiciones del Código y en el Mensaje, siendo un principio fundamental del ordenamiento jurídico, que puede tenerse como una norma de orden público. ii. Si en determinados casos las cláusulas de no enajenar están expresamente permitidas, de ello se puede concluir que generalmente no se tienen por válidas: Esto lo hace, por ejemplo, en la propiedad fiduciaria (Art. 751 CC), la cesión (Art. 793 CC) y en la donación (Art. 1432 CC). iii. El Art. 1810 CC, dando a entender también que solo la ley puede prohibir enajenar, dispone que pueden venderse todas las cosas cuya enajenación no está prohibida por ley. iv. En cuanto a la disposición del Art. 53 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, como se trata de una norma reglamentaria no puede dársele eficacia en lo que no se acomode a la ley, y rechazándose estas cláusulas por la ley (el Código), el Reglamento no podría establecerlas: Respecto de esto, se ha contestado que habiéndose dictado el Reglamento en virtud de una disposición del Código (Art. 695 CC), tendría fuerza de ley. Según esta teoría, las cláusulas voluntarias de no enajenar adolecerían de nulidad absoluta por objeto ilícito. c. Que la cláusula es válida, pero solo si se establecen por un tiempo no prolongado, y existiendo alguna justificación: Se señala como importante para ello el Art. 1126 CC que señala que: “Si se lega una cosa con calidad de no enajenarla, y la enajenación no comprometiere ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenar se tendrá por no escrita”, la cual se interpreta a contrariu sensu de que si hubiera un derecho comprometido sería válida la cláusula. Esta es la posición que en general ha seguido la jurisprudencia. En cuanto al contenido de la estipulación, se trata de una obligación de no hacer. Si el deudor la infringe, es decir, enajena el bien de que se trata, será aplicable lo señalado por el Art. 1555 CC que ordena la 146

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe indemnización de los perjuicios al acreedor. Respecto del tercero adquirente, le alcanzaran o no sus efectos dependiendo si estaba o no de buena fe, conforme a los Arts. 1490 y 1491 CC. 8. Clasificaciones del Derecho de Propiedad: 1) En razón a la titularidad: La propiedad puede ser: a. Individual: Cuando pertenece a un particular. b. Asociativa: Cuando pertenece a un grupo de individuos. c. Colectiva: Cuando pertenece al Estado. 2) En razón a la naturaleza del objeto sobre el que el dominio recae: Puede ser propiedad civil o común, agraria, urbana, intelectual, minera, horizontal, etc. 3) En cuando a la integridad de las facultades de propiedad: Puede haber: a. Propiedad Plena: “Aquella provista de los atributos de uso, goce y disposición”. b. Propiedad Nuda (Art. 582, inc. 2 CC): “Aquella que solo contiene el derecho de disposición jurídica del objeto en el que recae, perteneciendo a otro las facultades de uso y goce, configurándose en este un derecho de usufructo”. 4) En cuanto a su duración: a. Propiedad Absoluta: “Aquella que no está sometida a duración o término”. b. Propiedad Fiduciaria (Art. 733 CC): “Aquella que está sometida al evento de traspasarse a otro si se cumple una condición”. 9. Aspectos Pasivos del Derecho de Propiedad: 1) Las Obligaciones Reales o propter rem: “Aquellas que incumben al propietario o al poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo”. Presentan dos particularidades fundamentales: a. El deudor se determina atendiendo a la persona que es propietaria o poseedora de la cosa. b. La obligación se traspasa al sucesor particular en forma automática: Cambia el titular de la posesión o del dominio y cambie también, al mismo tiempo, el sujeto pasivo de la obligación, sin necesidad de otra estipulación especial. Esta obligación sigue la cosa y grava a los adquirentes sucesivos, desvinculándose por lo general del enajenante. Por ello, la obligación real es una especie de obligación ambulatoria. Ejemplos de este tipo de obligaciones son la del Art. 858 CC que señala la obligación de contribuir, a prorrata de sus derechos, en las expensas de construcción, conservación y reparación del cerramiento; la del Art. 859 CC que se refiere a los arboles medianeros; la del Art. 942 CC respecto a las acciones posesorias especiales, y la del Art. 1962 CC que se refiere a la obligación de respetar el contrato de arrendamiento. A estas se suman la obligación de cada comunero de contribuir al mantenimiento de la cosa común en proporción a su cuota (Art. 2309 CC) y la obligación del usufructuario de pagar al dueño el interés por el dinero invertido en la mantención de la cosa objeto de usufructo (Art. 797, inc. 1 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Las Cargas Reales: “Aquellos gravámenes que, con carácter periódico o intermitente, pero en todo caso reiterado, nacen de la ley o de un contrato y que pesan sobre el que es dueño o poseedor de una cosa, precisamente por tal razón, y pueden consistir en entregar cualquier cosa, o en realizar prestaciones de naturaleza personal”. Ejemplos son las contribuciones o impuesto territorial sobre bienes raíces, los derechos de pavimentación, el censo o canon que debe pagar el censuario (Art. 2032 CC), la obligación de pagar los gastos comunes que tiene el dueño de un departamento, etc. Hay algunos que no la consideran una categoría diversa a la obligación real y consecuencialmente, entienden que los casos que de ella se citan, no son más que otras especies de la categoría de obligación real. 3) Responsabilidad por la Propiedad: Aparte de las obligaciones reales, la ley impone una responsabilidad especifica al propietario de una cosa, a lo menos en dos casos: a. Responsabilidad del dueño por el daño causado por un animal del que es propietario (Arts. 2326 y 2327 CC). b. Responsabilidad del dueño de un edificio por los daños que ocasione su ruina (Arts. 2323, inc. 1 y 934 CC). Estos son casos de responsabilidad extracontractual, específicamente de presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas. 9.1. Presuntas Diferencias entre las Obligaciones Reales y las Cargas Reales: 1) El afectado por la carga real responde no solo de las deudas que se generan desde el momento en que entra en la titularidad de la cosa, sino también de aquellas devengadas con anterioridad y que su antecesor no cumplió. El deudor de una obligación real solo responde por las deudas devengadas desde que es titular de la cosa. 2) El afectado por la carga real responde solo hasta el valor de la cosa sobre la cual pesa la carga, mientras que el deudor de una obligación real responde con todo su patrimonio como cualquier deudor: Esto es controvertido pues algunos sostienen que en el caso de cargas reales también se responde con todo el patrimonio, y la cosa afecta a la carga desempeña el papel de garantía real a favor del acreedor. 10. Las Limitaciones del Dominio: El dominio puede limitarse por: 1) Las Obligaciones Reales: Las cuales fueron tratadas previamente. 2) El Abuso del Derecho11: Hay abuso del derecho cuando los actos que importan su ejercicio son contrarios a los fines económicos o sociales del mismo, o cuando, sin utilidad para su titular, se realizan principalmente para causar mal a otro. Su sanción es la indemnización de perjuicios. Respecto del abuso del derecho existen tres grandes aproximaciones: a. Fernando Fueyo: Señala que, si bien el Código Civil no utiliza esta expresión, no hay dudas de que acoge esta teoría. Además, estaría recogido en el Art. 56 del Código de Aguas que señala que toda persona tiene derecho a cavar en suelo propio un pozo, aunque de ello se siga perjuicio a pozos ajenos, pero sí de ello no se reporta utilidad alguna o el daño 11

Según lo señalado en el texto “Abuso del Derecho” de Gonzalo Fernández.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe provocado fuera más que lo aportado deberá cegarlo. También lo recogería el Código Civil en los Arts. 2110 al 2112 CC donde señala que la renuncia del socio al contrato de sociedad no puede ser de mala fe ni intempestiva. Por último, señala que se encuentra también en el Art. 7 Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria que dice que cualquier copropietario tiene derecho a usar de la unidad que le corresponde, pero al hacerlo no puede perturbar el uso y goce del resto de las unidades de la copropiedad. Sostiene que, si bien tiene acogida a nivel jurisprudencial para atenuar el extremo positivismo, debería incorporarse en el Código Civil. Para él, la única facultad que en nuestro ordenamiento no está sujeta al abuso del derecho es la facultad de testar. b. Enrique Barros: Sostiene que el derecho subjetivo, que consiste en el poder que el ordenamiento jurídico otorga al titular del mismo para inclinar a su favor el respectivo conflicto de intereses tienen dos límites: i. El Contenido del Derecho: Por ejemplo, respecto del derecho de propiedad son usar, gozar y disponer. Quien actúa fuera de esos límites no está ejerciendo el derecho ya que está afuera del ámbito del mismo. ii. El Abuso del Derecho: Señala que puede producirse incluso cuando el titular actúe dentro de las facultades o atributos que le confiera el ordenamiento jurídico o la fuente respectiva. En este contexto, destaca que existen tres posiciones respecto al abuso del derecho: 1. Que el contenido del derecho es el único límite, ya que un solo y mismo acto no puede ser conforme a derecho y contrario a derecho. 2. Que el abuso del derecho es el ejercicio contrario a los fines del derecho subjetivo: El ejercicio especifico de ese derecho tiene que ser coherente con esos fines sociales. 3. Que el abuso del derecho es un correctivo al ejercicio excesivo o anormal del mismo: El ejercicio del derecho puede estar dentro de los limites externos, pero puede resultar excesivo o anormal porque solo sigue la intención de dañar. Esta tercera posición agrupa tipos de conducta que se engloban dentro de lo que se considera abuso de derecho: a. Ejercicio de un derecho con el único propósito de causar daño a otro. b. Actos propios cuando se genera una legítima confianza de que no se va a actuar contra una conducta previa. c. Extrema desproporción entre el interés del titular del derecho y el efecto negativo que produce en otra persona el ejercicio del mismo. d. Ejercicio de un derecho adquirido de mala fe: Esto se encuentra en el Art. 1683 CC cuando impide ejercer la acción de nulidad si ha sabido o debido saber el vicio. e. Desviación del fin de un derecho potestativo. 149

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe f.

Terminación unilateral tempestiva en los contratos de larga duración o indefinidos.

g. Abuso de formas o fraude a la ley. En opinión de Barros, el Abuso del Derecho produce los siguientes efectos: i. Si recae sobre el ejercicio de una acción civil, el titular queda privado de la pretensión respectiva. ii. Si el abuso rece sobre el ejercicio de un derecho potestativo el efecto será la ineficacia del acto por inexistencia, nulidad o inoponibilidad. iii. Si los efectos del abuso del derecho se mantienen en el tiempo debe interponerse una acción civil tendiente a evitar o a terminar el daño. iv. Puede dar lugar a responsabilidad civil extracontractual: Siempre que haya un perjuicio y que el hecho sea imputable a dolo o culpa. c. Pablo Rodríguez: Para él, hay un acto abusivo cuando: i. Existe un derecho subjetivo, ii. Existe una pretensión fundada en el ejercicio del respectivo derecho subjetivo, iii. La pretensión que se reclama no corresponde con la satisfacción de un interés jurídicamente protegido o bien lo excede o sobrepasa, iv. No se trate de aquellos casos en que el interés jurídicamente protegido esta dimensionado en la norma (como en la lesión enorme), y v. La satisfacción de la prestación causa un daño o perjuicio al obligado o sujeto pasivo. En ese contexto, el acto abusivo puede tomar dos formas: i. Abuso del Derecho: Implica ejercer un derecho subjetivo al margen del interés jurídicamente protegido por el derecho objetivo. Según él, en este caso no habría verdadero abuso de derecho, el cual, por tanto, no existe, ya que esto no corresponde al ejercicio de un derecho sino a una falsa invocación de tal. Las únicas limitaciones que reconoce el ejercicio de un derecho subjetivo son aquellas que surgen del contenido y naturaleza del interés jurídicamente protegido. Si un derecho se ejerce con ánimo de causar daño o sin cuidado debido, con dolo y culpa no se incurre en responsabilidad alguna cuando con él se obtiene el provecho que la norma que lo crea ha previsto a favor de su titular. Determinar la función de cada derecho subjetivo es difícil ya que se deben incorporar elementos extrajurídicos y esto implicaría darle al juez una facultad política que no le corresponde. ii. Abuso Circunstancial: Implica obtener un derecho que sobrepasa el interés jurídico, ya sea intencionalmente o no, como consecuencia de romperse el equilibrio original que prevalecía entre el sujeto activo o pasivo al momento de 150

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe gestarse la relación jurídica intersubjetiva en la cual se fundan los derechos y obligaciones en que ella se resuelve. Estima que para poder aplicar el abuso circunstancial: 1. Hay que estar en presencia de la extinción o modificación de una situación jurídica intersubjetiva. 2. Deben existir efectos jurídicos irreversibles que alteren la valoración económica de las cosas que fueron objeto de la relación jurídica intersubjetiva. 3. Tiene que haber responsabilidad respecto de aquel que va a pretender la extinción o modificación de la situación jurídica intersubjetiva. 4. Tiene que existir una vinculación jurídica entre el sujeto que sufre el perjuicio y el que procura el beneficio. 5. Debe existir una relación causal entre el ejercicio del derecho subjetivo y el aprovechamiento de los efectos irreversibles que subsisten después de la modificación o extinción de la situación jurídica intersubjetiva. Por último, estima que la mala fe de la víctima en el abuso circunstancial lo excluye. 3) Las Limitaciones del Art. 732 CC: Estos son los llamados “derechos reales limitados”, que consisten en “aquellos que, comparados con el dominio, presentan un contenido más limitado o reducido”. La constitución de estos derechos reales puede ser por disposición de la ley (como el usufructo o derecho legal de goce del padre o madre sobre los bienes del hijo o las servidumbres legales) o voluntarias, cuando han sido establecidas por un hecho del hombre en virtud de un acto jurídico. Se les conoce como derechos reales limitados por dos motivos: a. Porque estos derechos limitan el dominio, y b. Porque considerados en sí mismo, estos derechos confieren sobre la cosa en que recaen, facultades más limitadas para aquellas que otorga el dominio. Estos derechos reales limitados son: a. La Propiedad Fiduciaria. b. El Usufructo, el Uso y la Habitación. c. Las Servidumbres. 11. Protección del Derecho de Dominio: El derecho de dominio se encuentra protegido por: 1) La acción real que emana del derecho real de dominio: Acción Reivindicatoria. 2) El Recurso de Protección, que protege la garantía constitucional consagrada en el Art. 19 Nº24 CPR. 12. La Extinción del Dominio: El dominio puede extinguirse por dos tipos de causas:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Modos de Extinción Absolutos: Por ellos desaparece el derecho. Por ello, si posteriormente la cosa llega a adquirirse por un nuevo titular, la adquisición será originaria. a. Destrucción Voluntaria o Involuntaria de la Cosa: “Acaece cuando la cosa pierde su función o rol económico”. Si la cosa se destruye parcialmente, o bien quedan restos de la misma, se entiende que el titular sigue siendo dueño, pero ahora de la cosa reducida o transformada. b. Recuperación Voluntaria o Involuntaria de la Libertad de los Animales Cautivos o Domesticados. c. Incomerciabilidad Involuntaria Sobreviniente: Como ocurre, por ejemplo, si la cosa pasa a ser un bien nacional de uso público. d. Abandono Voluntario (Arts. 12 y 624 CC): Hay que distinguir: i. Si se abandona un inmueble: El Fisco adquiere el dominio originariamente y de pleno derecho por el modo de adquirir ley (Art. 590 CC). ii. Si se abandona un mueble: El eventual posterior adquirente adquiere el dominio originariamente por ocupación. 2) Modos de Extinción Relativos: Por ellos solo cambia el titular del derecho, por lo que para el adquirente dicha adquisición será derivativa. Puede ser: a. Transferencia Voluntaria: En ella se incluye la tradición con todos los títulos traslaticios de dominio. b. Transferencia No Voluntaria: Habitualmente se incluyen diversas figuras de accesión, la expropiación y la prescripción. II.

LA COPROPIEDAD.

1. Terminología: En general se hace uso de cuatro conceptos íntimamente relacionados: indivisión, comunidad, condominio y copropiedad. Respecto al concepto de indivisión, este parece ser el más comprensivo y puede utilizarse para referirse a todos ellos. En cuanto a la diferencia entre comunidad y condominio/copropiedad, se han planteado dos opciones: 1) Primera Teoría: a. Comunidad: “Indivisión sobre una universalidad jurídica”. Como la herencia. b. Copropiedad o Condominio: “Indivisión que recae sobre especies o cuerpos ciertos”. 2) Segunda Teoría: a. Comunidad: “Existencia de dos o más sujetos que tienen un derecho de idéntica naturaleza jurídica sobre la totalidad de un mismo objeto”. b. Copropiedad o Condominio: “Existencia de dos o más sujetos que tienen el dominio sobre la totalidad de un mismo objeto”. 2. Naturaleza Jurídica: Se han planteado dos grandes concepciones:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Doctrina Romana: Considera la comunidad una modalidad del dominio, en la cual cada comunero tiene una cuota-parte ideal o abstracta en la cosa común, y, además, tiene derecho a la cosa en su totalidad; pero ese derecho está limitado necesariamente por el concurso de los demás, de modo que ninguno puede ejercitar actos materiales o jurídicos sobre ella sin el consentimiento de todos los otros. Esta doctrina da primacía al derecho del individuo, y estima a la comunidad nada más que como una modalidad del dominio. Se critica esta teoría por las contradicciones conceptuales que presenta, como la de concebir la comunidad como una forma de propiedad, siendo el dominio un derecho exclusivo. Además, el derecho de propiedad permite al titular obtener del bien el máximo de utilidades, usar, gozar y disponer de él aun arbitrariamente y semejantes características no pueden encontrarse en la copropiedad, donde el derecho de cada comunero sobre la cosa común está limitado por el derecho que también corresponde a los demás coparticipes. A eso se suma una crítica de orden económico: la copropiedad romanista, al ser esencialmente individualista, permite a cada cual disponer de su cuota; y, por otra parte, entrabar en los demás la utilización de la cosa. Con ambas facultades, disminuye ostensiblemente la productividad de los bienes comunes. 2) Doctrina Germánica: Según esta concepción, la comunidad es una propiedad colectiva, llamada también “de manos juntas”, en que el objeto pertenece a todos los comuneros considerados colectivamente, como un solo titular. Así, no se tienen derechos sobre cuota; todos tienen derecho de goce sobre el objeto, cualitativamente igual, pero parcial, porque está limitado por el derecho de los demás; se llega a negar a los comuneros, incluso, la acción para pedir la partición de la cosa común. 3. La Comunidad en el Código Civil Chileno: 3.1. Naturaleza Jurídica de la Comunidad: La doctrina nacional estima que el Código Civil Chileno adopta, fundamentalmente, la doctrina romana. 3.2. Regulación: El Código chileno dedica un título especial a la comunidad, a la que trata de cuasicontrato (Arts. 2304 y ss. CC). Hay, además, muchas disposiciones relativas a ella, diseminadas a través del Código. Deben tenerse presentes, asimismo, las reglas sobre la partición de bienes hereditarios (Arts. 1317 y ss. CC) que tienen aplicación general. Es importante destacar que el legislador no favorece el estado de indivisión porque constituye fuente permanente de discordia entre los comuneros en el aprovechamiento de la cosa común; inhibe las posibilidades de inversiones y mejoras, por la incertidumbre sobre la suerte definitiva del objeto; impide, en fin, la libre circulación de esos bienes comunes. Por eso el Código dispone que la partición de la cosa común “podrá siempre pedirse” (Art. 1317 CC). 3.3. Administración de la Cosa Común: El Código guardó silencio sobre la administración de la cosa común. Sin embargo, se entiende que en el derecho chileno rige el llamado “derecho a veto” o “ius prohibendi”: como la concepción romana de la comunidad postula que cada comunero es dueño de su cuota, resulta que ninguno, ni la mayoría, puede adoptar decisiones sobre la administración de la cosa común, sino que tan solo la unanimidad de los comuneros. Así, el ius prohibendi consiste en “la facultad que cada comunero tiene de impedir las actuaciones de otros en la cosa común”. Dicho derecho estaría reconocido por el Art. 2081 Nº1 CC. 153

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Ahora bien, debido a lo fuerte que esto parece, la doctrina ha acudido a diversos mecanismos para morigerar dicho derecho, entre lo que pueden mencionarse: 1) Considerar al comunero que actúa, como un agente oficioso de los demás (Art. 2286 CC). 2) La doctrina del mandato tácito y reciproco: Se entiende que entre los comuneros existe un mandato que es tácito, con el cual cualquiera puede efectuar actos de administración de la cosa común. La jurisprudencia ha manifestado que esto tiene soporte legal en los Arts. 2305 y 2081 CC, ya que el primero sostiene que: “El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social”, y el segundo habla sobre el mandato tácito que existe en la sociedad entre los socios. 4. Fuentes de la Indivisión: La comunidad puede tener por causa: 1) Un hecho: El hecho más frecuente que da nacimiento a una comunidad es la muerte del causante, que origina la comunidad hereditaria. 2) Un contrato: Si dos o más personas adquieren en común una cosa por cualquier título de dominio seguido de la tradición o si el dueño exclusivo de un bien se desprende de una cuota de su dominio cediéndosela a una o más personas. 3) La ley: Por ejemplo, el de los bienes afectos al uso común en los edificios o conjuntos habitacionales acogidos a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria; la medianería; las servidumbres, etc. 5. Clases de Indivisión: 1) Según el objeto sobre el que recae: Puede ser sobre una universalidad o sobre una cosa singular. Si bien esta es la única clasificación que reconoce el Código (Arts. 1317 y 2304 CC), esta ha dado lugar a intensos debates doctrinarios: a. En cuanto a la clase de universalidades sobre las que puede haber comunidad: Hay quienes entienden que puede haber comunidad tanto en universalidades de hecho como en universalidades de derecho. Y en estas últimas señalan, como ejemplos, la herencia. En contrario se ha sostenido que siendo un rasgo distintivo de las universalidades jurídicas el que tengan un pasivo, en Chile no puede haber comunidad sobre universalidades jurídicas, porque, en virtud de lo dispuesto en los Arts. 1354 y 2306 CC, habiendo dos o más comuneros, el pasivo esta siempre, por el solo ministerio de la ley, dividido entre los coparticipes. Esto porque el primero de ellos sostiene que: “Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas”. b. En cuanto a los efectos de la adjudicación: La adjudicación es “el acto por el cual el comunero recibe un bien determinado de la comunidad en pago de su cuota”. Se discute que efecto tiene esta: i. Efecto Atributivo: Esta es la teoría romana y señala que aquel a quien se adjudica una cosa se hace dueño de ese objeto desde el día de la adjudicación. Por ello la adjudicación sería un título traslaticio de dominio. ii. Efecto Declarativo: Considera que el adjudicatario es dueño del objeto adjudicado desde el día en que se originó la comunidad y que nunca tuvo derechos en los demás bienes, que se adjudican a otros comuneros. En este caso la adjudicación no es título traslaticio ni constituye enajenación. 154

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esto es importante porque, si, por ejemplo, el comunero constituyó usufructo sobre la cosa mientras había comunidad y luego se le adjudica, si seguimos la tesis atributiva, el usufructo se constituyó por un no dueño. En este punto el Código se apartó de la concepción romana y consagró en el Art. 718 CC que: “Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía proindiviso, se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión.”. c. En cuanto a la comunicación entre la cuota y el bien común: i. Si la cosa es una universalidad: 1. Concepción Romana: La cuota y los bienes que integran la universalidad están comunicados. Esta comunicación existe en dos sentidos: a. La cuota en la universalidad se aplica o imprime en cada uno de los bienes que la integran y en cada parte de ellos: Así, si en la comunidad existen un automóvil, una casa y un fundo, cada comunero tiene una cuota en el automóvil, en la casa y en el fundo. b. La naturaleza de los bienes queda impresa, o se refleja, en la cuota, de modo que la naturaleza de esta será la que tengan aquellos: Si en la comunidad solo hay muebles, la cuota es muebles; si solo hay inmuebles, es inmueble; y si hay de ambas clases, es mixta. 2. Doctrina Nacional: Sostiene que no se produce la comunicación de la cuota a los distintos bienes; el derecho de cada comunero recae sobre el bien común, abstractamente considerado, no sobre las cosas o partes materiales del mismo. Por ejemplo, si A y B son únicos herederos de una persona que dejó un fundo y una casa, cada heredero es dueño de la mitad de la herencia, pero no es dueño de la mitad del fundo ni de la mitad de la casa. Se señalan como argumentos: a. El Art. 1909 CC: “El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o de legatario”. Esto porque su derecho recae nada más que sobre la universalidad, no recae en ningún bien en particular. b. El Art. 686 CC que ordena la inscripción del dominio y de otros derechos reales cuando recaen sobre inmuebles, no menciona el derecho real de herencia, lo que se debe a que, por recaer sobre una abstracción, no es inmueble ni mueble. c. El efecto declarativo de la adjudicación, establecido expresamente en el Código, opuesto al efecto atributivo que tenía en Roma, sería también contrario a la comunicación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Como consecuencia de esta posición está que la cuota no participa del carácter de los bienes que componen la comunidad. Con ello escapa de la clasificación de los bienes muebles e inmuebles. Esto trae como consecuencias: a. Aunque haya inmuebles en la indivisión, la tradición de la cuota de la indivisión no requiere inscripción. b. Si el indivisario es incapaz, para enajenar su cuota no se requiere de las formalidades habilitantes prescritas para enajenar bienes raíces suyos. ii. Si la cosa es una cosa singular: No hay duda de que la cuota de cada uno se radica en el único objeto de la comunidad y, por tanto, participa de su carácter (Art. 580 CC). En consecuencia, los actos sobre la cuota estarán sometidos a las reglas de los actos sobre el respectivo objeto. 2) Según su origen: Puede derivar de un hecho, de la voluntad del titular o de la ley. 3) Según su duración: a. Comunidad Temporal: Por regla general son indeterminadas en el tiempo, pero pueden tener duración determinada en virtud del denominado “pacto de indivisión”, el cual, por la adversidad legal a la comunidad, solo puede pactarse por un plazo máximo de 5 años, sin perjuicio de poder renovar el pacto (Art. 1317 CC). Si no se ha celebrado el pacto, la regla general es que la partición se puede pedir en cualquier tiempo (Art. 1317 CC). b. Comunidad Perpetua: Las establece la ley, aunque en el fondo derivan más bien de la naturaleza misma de las cosas, como es el caso de la comunidad que tiene lugar en la propiedad horizontal, la medianería, etc. 6. La Cuota: “Porción ideal, determinada o determinable, que cada comunero tiene en el objeto de la comunidad”. Estas cuotas pueden ser iguales o desiguales; a falta de prueba en contrario han de entenderse iguales (Arts. 1098 y 2307 CC). El comunero puede vender o ceder libremente su cuota, por acto entre vivos o por causa de muerte; puede reivindicarla; puede hipotecarla; puede ser embargada. Ello sin perjuicio de los actos materiales que los comuneros pueden ejecutar en la cosa común, pudiendo cualquiera pedir el cese del goce gratuito que de la cosa común hace otro comunero. 7. La Coposesión: “Tiene lugar cuando dos o más personas detentan con ánimo de dueño un mismo objeto”. El Código Civil admite la posibilidad en a lo menos dos normas: 1) Art. 687 CC: “Si por un acto de partición se adjudican a varias personas los inmuebles o parte de los inmuebles que antes se poseían proindiviso, el acto de partición relativo a cada inmueble o cada parte adjudicada se inscribirá en el Registro Conservatorio en cuyo territorio esté ubicado el inmueble”. 2) Art. 718 CC: “Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía proindiviso, se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Siguiendo los principios posesorios, el ánimo de dueño debe inspirar a todos los coposeedores, aunque algunos no detenten materialmente la cosa que en común se posee; basta con que uno de ellos la posea a nombre de otros. La coposesión puede o no ir acompañada del dominio. Se ha discutido si entre los comuneros coposeedores puede haber prescripción. 8. La Copropiedad Inmobiliaria o Propiedad Horizontal: “Régimen de propiedad en el cual se es titular del dominio exclusivo sobre determinada unidad de un edificio o sector del suelo, y codueño de modo permanente y en principio irrenunciable de elementos comunes, indispensables a la existencia y disfrute de aquella”. Se regula en la Ley Nº 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria. Una síntesis de su regulación puede formularse en los siguientes términos: 1) Los diversos pisos de un edificio y los diversos departamentos de un piso pueden pertenecer a distintos propietarios; el régimen es posible incluso respecto de construcciones de un solo piso. 2) Se entiende que cada propietario es dueño exclusivo de su piso o departamento y comunero de los llamados bienes comunes. 3) Son bienes comunes los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del edificio y los que permiten el uso y goce de la propiedad exclusiva: El propietario más bien tiene derecho a la exclusividad o privacidad del uso y goce de lo que encierra su piso o departamento. 4) El derecho del comunero sobre los bienes comunes es proporcional al valor del piso o departamento; y en la misma proporción debe contribuir en los gastos, salvo acuerdo distinto. 5) Los derechos sobre los bienes comunes son inseparables del dominio, uso y goce del respectivo piso o departamento; cualquier negociación sobre estos alcanza a aquellos. 6) Se puede hipotecar o gravar el piso o departamento libremente, sin consentimiento de los demás copropietarios. 7) Se señalan normas sobre la administración del edificio y de relaciones de vecindad. Se establece que la indivisibilidad es perpetua. Mientras existe el edificio, ninguno de los copropietarios podrá pedir la división del suelo y demás bienes comunes. 9. Extinción de la Comunidad: El Art. 2312 CC señala que la comunidad se puede extinguir por: 1) La reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona. 2) La destrucción de la cosa común. 3) La división del haber común: Esto se conoce como “partición”, la cual se define como “el conjunto de actos tendientes a distribuir los bienes comunes entre los comuneros en proporción a sus cuotas”, y puede ser por acuerdo entre los comuneros; por juez partidor, o por decisión del causante. El Art. 1317 CC autoriza a los comuneros a solicitar la partición en cualquier momento; es decir, nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Por eso la acción de partición es imprescriptible. Esto tiene dos excepciones:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Cuando se ha pactado la indivisión por un plazo que no puede exceder de los 5 años, sin perjuicio de renovarlo si así consienten todos los comuneros. b. Los casos de indivisión forzada: Como en la copropiedad inmobiliaria, o tratándose de las tumbas o mausoleos, o el terreno contiguo a una finca propia de uno de los cónyuges casados en sociedad conyugal, y adquirido por él durante el matrimonio que con la antigua finca se haya formado una heredad o edificio de que el terreno últimamente adquirido no pueda desmembrarse sin daño, o la propiedad fiduciaria, mientras penda la condición. CAPÍTULO IV: LOS MODOS DE ADQUIRIR I.

ASPECTOS GENERALES.

1. Sistemas de Adquisición del Dominio: 1) Sistema de la Dualidad Título-Modo: Para transferir el dominio se exige la concurrencia de dos elementos jurídicos: un título y un modo de adquirir. a. Título: “Hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio”. b. Modo de Adquirir: “Hecho o acto jurídico al cual la ley le da la facultad de producir efectivamente la adquisición del dominio”. Con el solo título no se adquiere el dominio de las cosas, de él nace solamente un derecho personal, el derecho de exigir que posteriormente se transfiera el dominio por el obligado, mediante el correspondiente modo de adquirir. 2) Sistema Consensual o del Efecto Real del Contrato: El solo título es suficiente para producir la transferencia del dominio, sin necesidad de recurrir al modo. El Código Civil francés sigue esta tendencia y establece que la propiedad se transfiere y adquiere por el solo efecto del contrato. La tradición solo representa la ejecución de la obligación del vendedor de poner la cosa a disposición del comprador. 1.1. Sistema del Código Civil Chileno: Nuestro Código adopto el sistema romano del título y el modo. Esto es reafirmado por el Art. 588 CC, que enumera los “modos de adquirir”, y los Arts. 670 y 675 CC. El primero indica que: “La tradición es un modo de adquirir el dominio”, y en el segundo se agrega que: “Para que valga la tradición se requiere un título translaticio de dominio”. Sin perjuicio de lo anterior, hay casos en que se le da un efecto real al contrato, como ocurre con la transferencia de bienes incorporales. 2. Reserva Legal y Enumeración: Conforme al Art. 19 Nº24 CPR, solo la ley puede establecer los modos de adquirir el dominio. Sobre la materia, el Art. 588 CC señala que: “Los modos de adquirir el dominio son (i) la ocupación, (ii) la accesión, (iii) la tradición, (iv) la sucesión por causa de muerte, y (v) la prescripción”. A ellos hay que agregar (vi) la ley, pues en ciertos casos opera como tal: por ejemplo, el usufructo legal del padre o madre sobre los bienes del hijo no emancipado y el de marido sobre los bienes de la mujer (Art. 810 CC); de la misma forma, la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que una ley de expropiación sirve de título y modo de adquirir el bien expropiado. 3. Clasificaciones: 1) Originarios y Derivativos: 158

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Modos de Adquirir Originarios: “Aquellos que permiten adquirir la propiedad independientemente del derecho de un antecesor”. Entre ellos tenemos: i. La Ocupación: “Modo de adquirir el dominio de las cosas corporales muebles que no pertenecen a nadie, mediante la aprehensión material de ellas, acompañada de la intención de adquirirlas, supuesto que la adquisición de esas cosas no está prohibida por las leyes patrias ni por el Derecho Internacional”. ii. La Accesión: “Modos de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella”. iii. La Prescripción. b. Modos de Adquirir Derivativos: “Aquellos en que se adquiere el dominio que es traspasado de otro titular que por ello es el antecesor”. i. La Tradición. ii. La Sucesión por causa de Muerte. La distinción tiene importancia para determinar el alcance y características del derecho del adquirente. Si se adquirió por un modo originario, bastara examinar el acto o hecho que configura el modo y la cosa sobre que recae. Si se ha adquirido, en cambio, por un modo derivativo, será preciso examinar además los derechos que tenía el antecesor, pues “nadie puede transferir más derechos de los que tiene”. 2) A título universal y a título singular: Según si se pueden adquirir con ellos universalidades jurídicas o bienes determinados. La ocupación y la accesión permiten adquirir solo bienes específicos; son modos de adquirir a título singular. Por la sucesión por causa de muerte se pueden adquirir bienes determinados (legados de especie o cuerpo cierto) y universalidades (herencias). La tradición y la prescripción son modos de adquirir generalmente a título singular, pero excepcionalmente lo son también a título universal. 3) Por acto entre vivos y por causa de muerte: Según presuponga o no la muerte del titular del derecho para que el modo opere. Solo la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir por causa de muerte. 4) A título gratuito y a título oneroso: Según signifiquen o no una contraprestación pecuniaria para el adquirente. Pertenecen a la primera clase la ocupación, la accesión, la prescripción y la sucesión por causa de muerte. La tradición puede revestir uno u otro carácter según el título que le sirve de antecedente. 4. Ámbito de Aplicación: Si bien se habla de modos de adquirir el dominio, mediante ellos también se pueden adquirir otros derechos reales y aun derechos personales. 1) Ocupación: No sirve para adquirir derechos personales, y respecto a los derechos reales, solo sirve para adquirir el dominio. Por medio de ella se pueden adquirir las cosas corporales muebles, ya que los inmuebles que carecen de dueño pasan a poder del Estado (Art. 590 CC). 2) Accesión: No sirve para adquirir derechos personales, y respecto a los derechos reales, solo sirve para adquirir el dominio. Permite adquirir cosas corporales muebles e inmuebles. 159

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Prescripción: Permite adquirir cosas corporales, tanto muebles como inmuebles, e incorporales. Respecto de estas últimas, no sirve para adquirir derechos personales, y respecto a los derechos reales, sirve para adquirir todos menos las servidumbres discontinuas y las continuas inaparentes. Excepcionalmente, también es posible adquirir universalidades jurídicas, como el derecho de herencia. 4) Tradición: Permite adquirir todas las cosas corporales, muebles e inmuebles, y todas las incorporales, sean derechos reales o personales. Excepcionalmente, no pueden adquirirse por tradición los derechos personalísimos porque tales derechos son inalienables. Sin embargo, si pueden adquirirse por tradición, cuando se constituya un derecho real de uso o de habitación. Es decir, cuando nace el derecho real opera la tradición. Después ya no puede operar, pues el derecho es personalísimo. Excepcionalmente, también es posible adquirir universalidades jurídicas, como el derecho de herencia. 5) Sucesión por Causa de Muerte: Se pueden adquirir no solo las cosas corporales e incorporales, sino también las universalidades jurídicas. Excepcionalmente, no pueden adquirirse por este modo los derechos intransmisibles. 5. Se puede adquirir por un solo modo: No es posible adquirir un bien por dos o más modos. Tal como lo ha señalado la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones: “si bien se puede poseer una cosa por varios títulos, el dominio se adquiere por uno solo, basta un modo de adquirir; no pueden concurrir varios respecto de unos mismos bienes”. 6. La Exigencia del Título en todos los Modos de Adquirir: En doctrina se debate si es necesaria la concurrencia de un título en todos los modos de adquirir o solo en algunos. Es claro que cuando de la tradición se trate, se exige un título traslaticio de dominio para que opere (Art. 675 CC). Respecto de los demás, existen dos posturas: 1) En todos los modos se requiere un título: Se fundan en varias disposiciones legales de las cuales desprenden esta exigencia. Así, el Art. 703 CC señala que: “El justo título es constitutivo o translaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción”; y el Art. 952 CC señala que: “Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o abintestato”, de lo cual se desprender que en la sucesión por causa de muerte el título es el testamento o la ley, según si la sucesión es testamentaria o intestada. En los modos de ocupación, accesión y prescripción, el titulo se confundiría con el modo. 2) El título solo se exige cuando opera la tradición: Señalan que cuando el Art. 703 CC menciona los títulos constitutivos, calificando de tales a los tres modos de adquirir señalados, los está refiriendo no al dominio, sino a la posesión; allí son títulos para poseer. Si se rechazara la existencia de estas dos funciones diferentes sosteniendo que siempre la ocupación, accesión y prescripción son título y modo, se llegaría a la incongruencia de que quien empieza a poseer seria ya dueño. II.

LA TRADICIÓN. A. Sección Primera: “DESCRIPCIÓN GENERAL”

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Concepto: El Art. 670 CC define la tradición como: “un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo”. Las reglas se contienen en los Arts. 670 a 699 CC. Además, deben considerarse: (i) las disposiciones del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, para la tradición de inmuebles; (ii) los Arts. 1901 y ss. CC para la tradición de derechos personales; y (iii) las disposiciones del Código de Comercio, para la tradición de créditos mercantiles. Es importante señalar que es un acto jurídico de disposición, ya que importa una inmediata disminución del patrimonio del tradente, porque de él sale el derecho que se transfiere al adquirente. Es por eso por lo que también es un acto de atribución patrimonial, es decir, un acto que desplaza un derecho del patrimonio de una persona al patrimonio de otra. 2. Caracteres: 1) Es un modo de adquirir derivativo: El adquirente deriva su dominio de otro sujeto, el tradente. Este modo no transfiere al adquirente más derechos que los que tenía el tradente. 2) Es una convención: Con ella no se crean obligaciones, sino que precisamente con ella se extinguen obligaciones contraídas en el título que le antecede. Es por eso por lo que es el modo de extinguir las obligaciones conocido como pago. 3) Es consecuencia de un título. 4) Por regla general, es un modo de adquirir a título singular: Excepcionalmente, lo es a título universal, en el caso de la tradición del derecho de herencia. Respecto a ello, hay que realizar dos precisiones: a. No se transfiere el patrimonio del tradente, sino del causante; tratándose del patrimonio del tradente, jamás la tradición puede ser a título universal. b. Hay tradición del derecho de herencia, cuando el heredero, habiendo fallecido el causante, cede su derecho: El traspaso de los bienes del difunto al heredero opera por la sucesión por causa de muerte y no por la tradición. 5) Es un modo de adquirir que puede ser a título gratuito o a título oneroso: Según si el antecedente de la tradición es un título gratuito como la donación, u oneroso como la compraventa. 6) Es un modo de adquirir entre vivos. 7) Sirve de justo título para prescribir: Cuando el tradente no es dueño de la cosa que entrega, la tradición no es un modo de adquirir, sino que sirve de justo título para que el adquirente gane con posterioridad la cosa por prescripción. 3. Aplicación: Mediante este modo se pueden adquirir tanto el dominio como los otros derechos reales (Art. 670, inc. 2 CC) y los derechos personales (Art. 699 CC), con excepción de los personalísimos cuando el tradente sea el titular de los mismos, porque tales derechos son inalienables. Además, la tradición puede ser utilizada, no ya como modo de adquirir el dominio, sino como requisito para poseer una cosa. Ello ocurre cuando el tradente no es el verdadero dueño. 4. Entrega y Tradición: El Código Civil en el Art. 670 CC prescribe que la tradición consiste en “entrega”. Pero también pueden darse situaciones de entrega material de una cosa sin que se llegue a configurar la 161

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe tradición. Cuando la entrega se efectúa con intención de transferir el dominio u otro derecho real, queda configurada la tradición. Esa intención que concurre en la tradición se manifiesta también en el título del que la tradición es consecuencia: el título es llamado “título traslaticio de dominio”. De lo expuesto se siguen las siguientes diferencias entre la tradición y la entrega: 1) En la tradición, al efectuarse la entrega, existe de parte del tradente y del adquirente la intención de transferir y de adquirir el dominio, intención que no existe en la entrega propiamente tal. 2) Esta intención se manifiesta en la tradición por la existencia de un título traslaticio de dominio. 3) En virtud de la tradición, se adquiere el dominio o la posesión. En el caso de la entrega propiamente tal, se obtiene solo la mera tenencia. B. Sección Segunda: “REQUISITOS” 1. Presencia de Dos Personas: Tradente y Adquirente: El Art. 671 CC hace referencia a ambos, indicando que el tradente es “la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre” y adquirente es “la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre”. 1.1. Facultad y Capacidad de las Partes: 1) El Tradente: Si bien el Art. 670 CC exige para el tradente “facultad” para transferir y para el adquirente “capacidad” para adquirir, con lo cual pudiere entenderse que no se le exige capacidad al tradente; siendo una convención, el tradente debe ser plenamente capaz; si no lo es, la sanción al acto es la que ordinariamente se establece para los actos de los incapaces. Se precisa que debe tener la facultad de transferir el dominio, requiere el denominado poder de disposición, esto es, que este facultado o legitimado para transferir, lo cual no ocurriría, por ejemplo, en el caso que dos cónyuges no separados judicialmente celebren entre si un contrato de compraventa. Si el dueño de la cosa tiene facultad de transferir, pero el representante legal o el mandatario no tienen poder para ejercer dicha facultad, la falta de legitimación del representante legal o mandatario no acarrea la nulidad de la tradición; esta es válida, pero inoponible al dueño de la cosa entregada y permite iniciar posesión al adquirente. El tradente debe ser también dueño de la cosa que transfiere. Si no lo es, transfiere los derechos que sobre la cosa tenía al tiempo de efectuar la tradición (Arts. 682 y 683 CC). 2) El Adquirente: El Art. 670 CC deja claro que el adquirente debe ser plenamente capaz. Se ha discutido en doctrina si el adquirente requiere capacidad de ejercicio o si basta que tenga capacidad de goce. Otros indican que la capacidad que la ley requiere en el adquirente es la capacidad de administración, y en el tradente, la de disposición; la plena capacidad de ejercicio de ambos entonces, lo que se vería corroborado por los artículos relativos al pago: a. El Art. 1575, inc. 2 CC: “Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar”. Esto porque el pago no es otra cosa que la tradición, y la facultad de enajenar supone la de disponer. 162

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. El Art. 1578 Nº1 CC: “El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes: 1º. Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes”. 1.2. Tradición y Pago: Se ha dicho que la tradición constituye un verdadero pago, pues el tradente la efectúa porque se obligó a ello en un título precedente. En este contexto, en materia de requisitos que deben concurrir en quienes celebran la convención, deben tenerse presentes los Arts. 1575 y 1578 Nº1 CC. El Art. 1575 CC señala que: “El pago en que se debe transferir la propiedad no es válido, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada, o la paga con el consentimiento del dueño”. Esto genera una discusión, ya que señala que si paga quien no es dueño de la cosa pagada, el pago no es válido, y antes se ha dicho que la tradición hecha por quien no es dueño es válida, solo que no produce su normal efecto de transferir el dominio, pero origina otros efectos jurídicos. En este sentido, puede concluirse que el acto por el que el deudor entrega al acreedor una cosa ajena en pago de la deuda es válido en cuanto tradición y al entrar en posesión del objeto puede el acreedor llegar a ganarlo por prescripción; pero es nulo en cuanto pago, pudiendo por tanto pedir su nulidad, restituir lo recibido y continuar demandando el pago al deudor. 2. Consentimiento de Ambas Partes: Este consentimiento ha de implicar la intención determinada de ambas partes de transferir y adquirir, respectivamente, el dominio (Arts. 670, 672 y 673 CC). 2.1. Reglas sobre el Error: El Código ha señalado para la tradición algunas reglas especiales relativas al vicio de error. Este puede recaer en la cosa tradida (Art. 676 CC), en la persona (Art. 676 CC) o el título (Art. 677 CC). 1) Error en la Cosa Tradida (Art. 676 CC): “Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse”. Debe notarse que el error recae en la tradición y no en el título porque se entregó o recibió una cosa creyéndose que se entregaba o recibía una cosa distinta. Ya que está en sintonía con el error obstáculo se discute si su sanción es la inexistencia, nulidad absoluta o nulidad relativa. 2) Error en la Persona (Art. 676 CC): “Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto […] la persona a quien se le hace la entrega, ni en cuanto al título”. En este caso hay una excepción a los principios generales ya que, a diferencia del error en la persona común, este no requiere para viciar la tradición que la persona sea el motivo determinante del acto o contrato. Ello se explica porque la tradición no es sino el cumplimiento de la obligación que nace del contrato y el pago debe ser siempre hecho al acreedor, y de lo contrario es nulo o ineficaz para extinguir la obligación (Art. 1576 CC). El autor estima que más lógico que hablar de nulidad, sería decir que en este caso hay pago de lo no debido, y, por lo tanto, podría repetirse lo pagado. Si el error no recae en la persona sino solo sobre el nombre, la tradición es válida. 3) Error en el Título (Art. 677 CC): “El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título translaticio de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato, y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación, o sea cuando por las dos partes se suponen títulos translaticios de dominio, pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo, y por otra donación”. En ese sentido, se presentan dos hipótesis: a. Ambas partes entienden que hay un título traslaticio de dominio, pero el error consiste en que se equivocan en cuanto a la naturaleza del título. 163

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Una parte entiende que hay título traslaticio de dominio y la otra entiende que hay solo un título de mera tenencia. Finalmente, el Art. 678 CC señala que: “Si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error de éstos invalida la tradición”. 2.2. Validación de la Tradición: Dice el Art. 672 CC: “Para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño”. Asimismo, el Art. 673 CC dice: “La tradición, para que sea válida, requiere también el consentimiento del adquirente o de su representante. Pero la tradición que en su principio fue inválida por haber faltado este consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación”. De ambos artículos se desprende que, si falta la voluntad de una de las partes, la tradición es inválida, pero se puede validar retroactivamente por la ratificación de la parte que no hubiere prestado el consentimiento. 2.3. Tradición por Representantes: La tradición también se puede efectuar a través de representantes, legales o voluntarios. Esto lo señala el Art. 671, inc. 2 CC: “Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios, o sus representantes legales”. Pero, el Art. 674 CC dispone: “Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además que éstos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal”. 2.4. Consentimiento en las Ventas Forzadas: El Art. 671, inc. 3 CC señala que: “En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante legal”. Así, el consentimiento lo otorga en nombre del tradente el juez. Se ha planteado que el precepto referido no soluciona definitivamente un problema de fondo en estos casos de ventas forzadas, cual es el de la falta de consentimiento del deudor cuyo dominio transfiere el juez, porque hay una manifiesta negativa del representado. El problema se puede solucionar aceptando la teoría de la representación modalidad de los actos jurídicos, que entiende que no es la voluntad del representado la que contrata, sino la del representante. Se ha dado solución también a esta cuestión teórica, recordando el llamado derecho de prenda general de los acreedores, con el cual el deudor, al contraer una obligación, sabe que ha de responder de ella con todos sus bienes, actuales y futuros, y entonces al contraerla estaría consintiendo en una eventual enajenación forzada posterior para pagar su deuda. Esta última explicación, sin embargo, sería insuficiente para las que resultan de obligaciones no contractuales. 3. Título Traslaticio de Dominio: El Art. 675 CC dispone que: “Para que valga la tradición se requiere un título translaticio de dominio”. El título es la causa de la tradición. La expresión “título” se utiliza usualmente en dos acepciones diversas: 1) Acepción Jurídica: “Acto jurídico que sirve de antecedente más o menos próximo a la adquisición del dominio o a la causa inmediata de un derecho”. 2) Acepción Material: “Documento que contiene o da constancia de alguno de los actos jurídicos denominados títulos en la acepción anterior”. Si bien el Código emplea la expresión en ambos sentidos, en materia de tradición lo emplea en la primera acepción, ya que el Art. 703 CC define título traslaticio de dominio como “los que por su naturaleza sirven para transferirlo”. 164

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Entre los títulos traslaticios de dominio de aplicación más frecuente pueden mencionarse: la compraventa, la permuta, la donación, el aporte en propiedad a una sociedad, la novación y la dación en pago. Esto debe aplicarse también a la tradición de todos los demás derechos reales. 3.1. El Título debe ser Válido: El Art. 675, inc. 2 CC señala que: “Se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere”. Por ende, en términos teóricos, la tradición que se efectúa sin título o con título que resulta ser nulo, puede ser calificada de nula o válida: 1) Tradición como Acto Causado: Concluir que la tradición es nula debido a que el título lo es da a entender que la tradición es un acto causado y es lo que se denomina influencia del título en la tradición. 2) Tradición como Acto Abstracto: Concluir, en cambio, que es válida, equivale a concebirla como un acto abstracto, independiente del título que le antecede, de manera que, si se configura, es decir si hay entrega con intención de transferir el dominio, por una parte, y de adquirirlo, por la otra, el dominio se transfiere, aunque luego se descubra que no había título, o que lo había, pero nulo. Del análisis literal del Art. 675 CC se puede concluir que la tradición es un acto causado. Sin embargo, el alcance de esa nulidad no queda perfectamente definido. Esta indefinición se advierte en relación con el efecto posesorio de la tradición. La tradición deja al adquirente en posesión de la cosa tradida. Y si el tradente era dueño, el adquirente adquirirá también el dominio. Ahora bien, cuando del Art. 675 CC se desprende que la falta de título o la nulidad de este anula la tradición, no deja claro: 1) Si esa nulidad lo priva de todo efecto, hasta el punto de estimar que no solo no transfirió el dominio, sino que; además, nunca el adquirente recibió la cosa con ánimo de dueño, es decir, que nunca entró en posesión; o: Esta posición se apoyaría en el efecto retroactivo categórico de la nulidad, que elimina todo efecto o consecuencia del acto declarado nulo. 2) Que es nula en cuanto mecanismo que traslada el dominio, pero que, en el hecho, si dejó al adquirente en posesión: Esto se funda en: a. La parte final del Art. 675 CC que muestra que la regla parece estar dirigida más bien al traslado del dominio, sin referirse al punto de la posesión: “Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges”. b. El Art. 704 CC tiene por títulos injustos para poseer, al nulo (Nº3) y al aparente (Nº4), de modo que allí se considera que el que recibió por un título nulo, o en virtud de una apariencia de título, tiene título, pero injusto, con lo cual es poseedor, aunque irregular, pudiendo llegar al dominio por la prescripción extraordinaria. c. El Código considera “título” para poseer a la ocupación, lo que equivale a admitir la posesión sin título, porque el que entra a poseer por ocupación no da justificación de su posesión: Si está admitido poseer por ocupación, no parece coherente impedir la posesión si existe título, pero nulo. En suma, si después de efectuada la tradición se descubre que no hay título o que es nulo, no se transfiere el dominio, pero el adquirente habrá entrado en posesión. 3.2. El Conflicto Teórico con la noción de Contrato Real: La técnica del contrato real ocasiona un problema con el sistema antes descrito. Estos contratos se perfeccionan con la entrega de la cosa (Art. 1443 CC), y en algunos de ellos, como en el mutuo, esa entrega es tradición, porque transfiere el dominio de lo 165

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe entregado (Art. 2197 CC). Respecto de este caso surge la interrogante de saber cuál es el título de esa tradición, toda vez que antes de la entrega no hay contrato. Las dos posibles alternativas son igualmente insatisfactorias: 1) Entender que hay aquí una tradición que no requiere de título. 2) Entender que el título y el modo se confunden, nacen simultáneamente. 4. Entrega: Mas que un requisito, la entrega es en realidad el elemento substantivo de la tradición, alrededor del cual han de cumplirse las demás exigencias. C. Sección Tercera: “EFECTOS” 1. Efectos Generales: Hay que distinguir: 1) Si el tradente es dueño de la cosa que se entrega: En este caso se produce el efecto normal y propio de la tradición: transferir el dominio del tradente al adquirente (Arts. 670, 671 y 1575 CC). Es necesario precisar algunos puntos: a. Si el tradente tenía el objeto sometido a gravámenes reales, el adquirente lo adquirirá con las mismas cargas. b. Deja al adquirente en posesión de la cosa: Esto porque ambas partes tienen la intención de que el adquirente quede como dueño; por lo que se reúnen los requisitos de la posesión exigidos en el Art. 700 CC: tiene una cosa con ánimo de dueño. Este efecto tiene lugar cuando el tradente es dueño, cuando es solo poseedor y, aun, cuando es mero tenedor (Art. 730 CC). Por esto es que bien puede decirse que el primer efecto de la tradición es dejar al adquirente en posesión, y que produce el otro, el de transferir el dominio, cuando el tradente era dueño. c. Generalmente quedara la cosa a su disposición: Esto porque mediante las tradiciones simbólicas pudiera darse el excepcional caso de que alguien efectúe a otro la tradición de una cosa que, además de no pertenecerle, nunca la haya tenido a su disposición. En este caso el adquirente si bien tiene el ánimo de dueño (animus), porque recibió en tradición, no tendrá posesión, porque le faltará el elemento tenencia (corpus). 2) Si el tradente no es dueño de la cosa que se entrega, pero tiene otros derechos: Si el tradente carecía del dominio sobre la cosa que entrega, pero tenía sobre ella otro u otros derechos transferibles, como un usufructo, por ejemplo, los transfiere con la tradición (Art. 682 CC). Así el adquirente queda como poseedor de la cosa y dueño y poseedor de los derechos que el tradente tenía. Esta solución es discutible. La tradición se efectuó para trasladar el dominio; esa fue la intención del tradente y, sobre todo, del adquirente. Él manifestó voluntad para adquirir el dominio, no derechos de inferior categoría o menor envergadura. 3) Si el tradente no es dueño de la cosa que se entrega: Si el tradente no es dueño de la cosa que entrega, el adquirente ciertamente no adquirirá dominio alguno. Pero entonces la tradición desempeña otra función: confiere posesión al que recibe la cosa, y, por lo mismo, lo pone en vías de ganar el dominio por prescripción, ya que el Art. 683 CC dispone que: “La tradición da al adquirente, en los casos y del modo que las leyes señalan, el derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el tradente carecía, aunque el tradente no haya tenido ese derecho”. 166

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El precepto citado pudiera inducir a pensar que la tradición sería título para poseer, al disponer que da derecho a ganar por prescripción. En materia posesoria se menciona como título a otros modos de adquirir el dominio, mas no a la tradición, puesto que la tradición es consecuencia de un título. Al examinar la tradición decimos que ella requiere de un título; y al estudiar la posesión, diremos también que ella requiere de un título; es el mismo (por ejemplo, la compraventa). Es importante señalar que esto ocurre sin importar si el tradente es poseedor regular, poseedor irregular o mero tenedor de la cosa; esto porque la posesión no se transfiere ni se transmite y solo requiere buena fe del adquirente y que este reciba la cosa con ánimo de dueño. 2. Efectos Particulares: 1) Retroactividad: El Art. 682 CC señala que: “Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse éste transferido desde el momento de la tradición”. Este efecto genera un problema de lógica, ya que implica que durante el lapso en que el tradente no fue dueño hubo dos dueños de la cosa: el verdadero dueño y el adquirente (por la retroactividad del dominio); lo cual genera una superposición de dominios. Se ha debatido acerca de si los efectos de la tradición se producen con o sin retroactividad del título. Art. 682, inc. 2 CC parece suponer que no hay retroactividad; en la situación que regula, la consagra solo hasta la tradición; con todo, es discutible. 2) Época para exigir la Tradición: Hay que recurrir al título respectivo, del cual la tradición es consecuencia. Puede ocurrir que, exigible ya la tradición, se le notifique a quien debe efectuarla una resolución judicial por la que se le ordene la retención, embargo o prohibición de celebrar actos y contratos respecto de lo debido, antes que entregue el objeto al acreedor (Art. 681 CC). En este último caso, el obligado a efectuar la tradición se debe abstener de hacerla. 3) Tradición sujeta a Modalidades: Mas propiamente que la tradición, los efectos de la tradición pueden someterse a modalidades, según lo permite el Art. 680 CC: “La tradición puede transferir el dominio bajo condición suspensiva o resolutoria, con tal que se exprese”. a. La tradición puede someterse a una condición suspensiva: Por ejemplo, A dona a B un automóvil que se lo entrega desde luego, para que B lo haga efectivamente suyo cuando obtenga un título universitario. Se trata de una tradición anticipada. El pacto mencionado constituye una aplicación de la denominada “cláusula de reserva de dominio”, que es el “pacto por el que el tradente mantiene el dominio de la cosa tradida hasta el cumplimiento de una condición o plazo”. Esta cláusula genera los efectos normales, pero hay un caso especial que resulta controvertido. El Art. 680, inc. 2 CC señala que: “Verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago, o hasta el cumplimiento de una condición”. Pero, el Art. 1874 CC señala que: “La cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud 167

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de la paga del precio, no producirá otro efecto que el de [poder demandar el cumplimiento o la resolución del contrato]”. Respecto a esta pugna que se produce se ha sostenido por Alessandri, Somarriva, Vodanovic y Rosende que en la pugna ha de prevalecer el Art. 1874 CC por ser de carácter particular, aplicable precisamente a la compraventa. Claro Solar estima que este argumento no es decisivo por cuanto el precepto del Art. 680 CC, no obstante su ubicación, está dada para la compraventa (habla de vendedor, precio, etc.). Con todo, parece adecuado solucionar el conflicto en favor del Art. 1874 CC, por las dificultades que puede traer consigo la reserva de dominio, que podría establecerse con frecuencia en las compraventas con pago a plazo, con la consiguiente confusión de propietarios, especialmente respecto de terceros, reservándose el dominio, además, el vendedor podría en el intertanto gravar con derechos reales la cosa, que afectarían al comprador aun luego de pagar todo el precio. b. La tradición puede someterse a una condición resolutoria: Por ejemplo, A dona a B un automóvil y se lo entrega, estableciéndose en el acto de la donación que lo restituirá cuando obtenga un título universitario. En este caso no habría ningún inconveniente aun cuando opere una condición resolutoria tácita (Art. 1489 CC), toda vez que, por ella, mediante sentencia judicial, se obtiene la resolución del contrato, quedando sin efecto la tradición y debiendo restituirse lo que se recibió en virtud del título resuelto. Se aplique o no el Art. 680 CC se llegará a ello por los efectos de la resolución. c. La tradición puede someterse a un plazo: Si bien no lo precisa el Art. 680 CC se entiende que es admisible. Puede ser con plazo suspensivo y se trataría aquí de una tradición anticipada, valiendo lo dicho para la cláusula de reserva de dominio. También puede ser con plazo extintivo. D. Sección Cuarta: “FORMAS DE EFECTUAR LA TRADICIÓN” 1. Generalidades: Para estudiar las distintas formas de efectuar la tradición conviene proceder a las siguientes distinciones: (i) tradición de derechos reales sobre bienes muebles, (ii) tradición de derechos reales sobre bienes inmuebles, (iii) tradición del derecho real de herencia, (iv) tradición de derechos personales y (v) tradición de las servidumbres. 2. Tradición de Derechos Reales sobre Bienes Muebles (Arts. 684 y 685 CC): Hay que distinguir dos tipos de tradición: 1) Tradición Real: Esta es la expresión natural o autentica de la tradición y es la que se efectúa por una entrega real, o como la llama la doctrina antigua, tradición “de mano a mano”; en ella “la cosa tradida es materialmente entregada por el tradens al accipiens, cumpliéndose los demás requisitos”. Esta tradición real no es directa o, al menos, claramente mencionada en el Código, pero no queda duda que es la primera forma de efectuarla. Una buena parte de la doctrina nacional y extranjera considera también como tradición real las señaladas en el Art. 684 Nº1, Nº2 y Nº3 CC. Solo Barros Errazuriz niega esto, entendiendo que todas las formas señalas en el Art. 684 son fictas. 2) Tradición Ficta (Art. 684 CC): “La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes”: 168

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente (Nº1): Se exige aquí, según la doctrina, la presencia simultánea de tradente y adquirente, la presencia de la cosa a la vista y alcance de ambos y la aprehensión de ella por el adquirente, sin oposición del tradente, asiéndola físicamente. b. Mostrándosela (Nº2): Supone también la presencia de ambos ante la cosa tradida. Es la forma llamada asimismo “tradición de larga mano” (longa manu), por suponerse que el adquirente la aprehende ficticiamente extendiendo sobre ella una larga mano suya. c. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa (Nº3): Mientras para algunos autores es esta la forma de tradición simbólica por excelencia, en que las llaves constituyen el símbolo de la entrega, otros, en cambio, han entendido que también es esta una forma de tradición real, al permitir las llaves la posibilidad de la toma inmediata de posesión por parte del adquirente. El precepto no exige que el almacén, cofre, etc., esté a la vista de las partes; la entrega de las llaves, propiamente, debe ser real. d. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido (Nº4): Se trata de un verdadero mandato por el que el tradente se encarga de poner la cosa a disposición del adquirente en algún lado. Como no se exige que se cumpla el encargo la tradición queda efectuada desde luego, hay una especie de tradición por el solo contrato, quedando desde entonces el tradente con la cosa como mero tenedor. e. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, o a cualquier otro título no traslaticio de dominio (Nº5, primera parte): Es la llamada tradición por “breve mano” (brevi manu). Se ha concebido esta forma para evitar un movimiento material, que significaría en estas situaciones que el arrendatario u otro tenedor debiera restituir la cosa al dueño y luego este nuevamente entregársela, ahora, como tradición. Se entiende que la tradición aquí está representada por la entrega que antes se efectuó por el dueño al mero tenedor, evitando reconocer que simplemente se está en presencia de una trasferencia de dominio por el solo contrato. f.

Y recíprocamente por el mero contrato en que al dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. (Nº5, segunda parte): Esta forma, inversa a la anterior, es la denominada “constitutum possessorium”. Se evita con esta forma una doble entrega, en que el tradente primero entregara la cosa que transfiere y luego el adquirente se la entregara a su vez, ahora cumpliendo el contrato de arrendamiento u otro que celebren. Al igual que en la anterior, al menos prácticamente, se está en presencia de una transferencia de dominio “por el mero contrato”.

g. Otras formas de tradición ficta: En normas especiales. 2.1. Principio que rige las diversas tradiciones fictas: En todas ellas el adquirente queda en la posibilidad de disponer inmediatamente de la cosa tradida como poseedor. Aun en el caso de que quede materialmente en poder del tradente, como en el constituto posesorio, debe recordarse que este queda solo como mero tenedor, y si el adquirente no puede aún disponer de la cosa materialmente, jurídicamente dispuso, en el acto mismo, al aceptar que quedara la cosa en poder del tradente, por un acto voluntario suyo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2.2. Prueba de la Tradición: Si bien la tradición no exige formas documentales, conviene dejar constancia escrita de su realización. Sin embargo, es importante tener en cuenta la presunción del Art. 702, inc. final CC: “La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición; a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título”. 2.3. Tradición de Muebles por Anticipación (Art. 685 CC): “Cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él piedras, frutos pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos”. Para que valga como tradición es necesario que esa separación se efectúe “con permiso del dueño”, pues ahí está, precisamente, la voluntad del tradente. Ha dado lugar a controversia la cuestión de si la tradición de estos bienes se puede efectuar por alguna de las formas de tradición fictas del Art. 684 CC. En opinión del autor, como no se viola claramente ninguna norma, la conveniencia práctica aconseja la afirmativa. 2.4. Taxatividad de la Formas Fictas: Se ha discutido si es o no posible que la tradición ficta se pueda efectuar por formas distintas de las señaladas en el Art. 684 CC, aparte, ciertamente, de los casos en que leyes especiales disponen otras formas: 1) Claro Solar: No ve inconvenientes en esto. 2) Pescio y Victorio: Niegan tal posibilidad. Las formas fictas son creaciones de la ley, siempre excepcionales. Además, el Art. 723 CC dispone que la posesión, la cual también se adquiere de la tradición, solo se adquiere por la aprehensión material o legal, y no puede haber aprehensión legal donde la ley no la establece. 2.5. Valor Comparativo: Se ha discutido el igual o diferente valor que se les ha de atribuir a estas dos posibilidades de efectuar la tradición: real o simbólica; ya que puede ocurrir que un tradente efectúe una tradición ficta y luego una real, de la misma cosa, a diferentes personas. En principio, el Art. 1817 CC soluciona el problema para la venta. Se dispone ahí que, en tal situación, el comprador que primero haya entrado en posesión de la cosa será preferido; en el caso propuesto, como la posesión se adquiere al cambiar el ánimo, aun con la tradición dicta, habría que concluir que el primer adquirente es el preferido. Autores extranjeros estiman que debe atribuirse, en la colisión, mayor valor a la tradición real, particularmente por un principio protector del tercero: la tradición ficta, al efectuarse por actos representativos, no da noticia a los terceros del cambio de situación de la cosa. Esa publicidad solo aparece en la tradición real, en que los terceros pueden darse cuenta de la mutación ocurrida. Entre nosotros, el problema puede presentarse con más dudas en contratos distintos de la compraventa, en que no se dispone del Art. 1817 CC. 2.6. Tradición de Muebles Registrables: Al exigirse su inscripción en un Registro especial y dejarse constancia en dicho Registro de cada transferencia de su dominio, se ha discutido, en casos de textos insuficientes, si la inscripción registral desempeña o no la función de tradición. En cuanto a los vehículos motorizados terrestres, la legislación especial vigente somete la constitución de su dominio, transmisión, transferencia y gravámenes, a las normas que el Derecho común establece para los bienes muebles. Por tanto, estas inscripciones no son requisito de los respectivos actos. Pero se presume propietario de un vehículo motorizado a la persona a cuyo nombre fuere inscrito en el Registro, salvo prueba en contrario. 170

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Tradición de Derechos Reales sobre Bienes Inmuebles (Arts. 686 y ss. CC): El Art. 686 CC dispone: “Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el Registro del Conservador. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca. Acerca de la tradición de las minas se estará a lo prevenido en el Código de Minería”. En ese sentido, puede concluirse que la tradición del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles se efectúa por la inscripción del título en el Registro del Conservador de Bienes Raíces (Art. 686 CC), con excepción de la tradición del derecho real de servidumbre, que se efectúa por escritura pública (Art. 698 CC), con excepción de la tradición del derecho real de servidumbre de alcantarillado en predios urbanos, en que se vuelve a la regla del Art. 686 CC, efectuándose por inscripción en el Registro del Conservador. En ese contexto, la inscripción cumple las siguientes funciones: 1) Constituye la tradición del dominio y de otros derechos reales inmuebles. 2) Conforma la historia de las mutaciones o cambios, gravámenes y restricciones de la titularidad real de los inmuebles. 3) Confiere publicidad a esas las mutaciones o cambios, gravámenes y restricciones de la titularidad. 4) Discutiblemente, constituye requisito para adquirir la posesión de los bienes raíces (Art. 724 CC), de prueba de esa misma posesión (Art. 924 CC) y garantía de ella (Art. 728 y 2505 CC). 5) Discutiblemente, constituye solemnidad de ciertos actos o contratos sobre inmuebles: Como el usufructo por acto entre vivos (Art. 767 CC), uso (Art. 812 CC), fideicomiso (Art. 735 CC), censo (Art. 2409 CC) y donación irrevocable (Art. 1400 CC). Sin embargo, Somarriva afirma que, por ejemplo, el contrato de hipoteca es perfecto desde que se otorga la escritura pública y que la inscripción que la ley exige no es elemento del contrato, sino que importa únicamente la tradición del derecho real de hipoteca al acreedor hipotecario. Lo mismo opina respecto a las donaciones irrevocables y la constitución del censo. 3.1. Aspectos Generales del Sistema Registral: En términos generales, otorga publicidad a las mutaciones jurídicas de los inmuebles con ventajas en la circulación de la propiedad inmueble, evitando la clandestinidad de las transferencias, y facilitando con ello el crédito con garantía territorial. Respecto a esto hay que hacer una serie de precisiones: 1) Sistemas de Registros: Existen distintos sistemas de registros: a. Registro Personal: “Aquel que organiza tomando como pauta los nombres de las personas a quienes afecta cada anotación o inscripción”. Este es el sistema que opera en Chile. Este sistema obliga, para conocer la historia de cada predio, a encontrar el nombre de todos los propietarios anteriores al actual y revisar largos índices remontándose en muchos años. b. Registro Real: “Aquel que se lleva por predios”. Cada uno de estos se matricula con un numero de orden y le corresponde una hoja especial, que constituye su registro. Permite conocer de un solo golpe de vista todas las mutaciones y gravámenes de una propiedad. 171

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Acta Torrens: Es el sistema australiano. En él la inscripción también es prueba de dominio. Al inscribirse un título, el propietario presenta los antecedentes del mismo y un plano del predio. El Estado los examina y si están conformes, efectúa la inscripción. Se redactan dos certificados idénticos, uno de los cuales se entrega al propietario y el otro se inserta en el Registro. Este es llevado por propiedades (registro real). Cuando un propietario quiere vender, envía al Conservador el contrato respectivo y su certificado, el que se deja sin efecto, entregándose al comprador uno nuevo. El certificado contiene un plazo de la propiedad y la indicación de las obligaciones que la gravan. 2) Inscripciones o Transcripciones: Las constancias a que se ha hecho referencia provienen de títulos en que están contenidos los actos o contratos celebrados por los particulares relativos a la propiedad registrable, y son esos títulos los que se presentan o exhiben al funcionario correspondiente, para registrarlos. Estas constancias pueden consistir en: a. Inscripciones: “Extractos o resúmenes de los títulos exhibidos”. Este es el sistema chileno. Tiene por beneficios ser más expedito. b. Transcripciones: “Copia íntegra de dichos títulos”. Ofrece la ventaja de la exactitud, pero es más engorroso. 3) Legalidad Registral: Se entiende por legalidad registral “el carácter de seguridad absoluta, eventualmente con garantía del Estado, de que los titulares de derechos incorporados al Registro efectivamente lo son”. Si se entiende que existe legalidad registral, aceptado un inmueble en el Registro, como perteneciente a una persona queda así de modo indiscutible, y las transferencias o gravámenes futuros se irán haciendo constar estableciendo también mecanismos que aseguren el carácter indubitable del sistema. Por ello, en estos casos el uno medio que existe para reparar a quien sea perjudicado es el dinero, lo registrado se mantiene. Este es el sistema alemán o prusiano y del Acta Torrens. 3.2. Registro Conservatorio de Bienes Raíces en Chile: De acuerdo con el Art. 695 CC se dictó un reglamento que tiene el carácter de decreto con fuerza de ley, reconocido de esa forma por la Corte Suprema, que es el Reglamento del Registro Conservador de Bienes Raíces. 3.3. La Inscripción como Tradición: Como la inscripción no es más que una tradición simbólica a la inscripción debe seguir la entrega material. Como el dominio se puede adquirir por un solo modo, cuando opera uno distinto de la tradición, la inscripción es innecesaria para el fin de transferir el dominio, aunque puede ser útil para otros roles que también cumple. Así se ha fallado respecto de la expropiación, en que el dominio lo adquiere el expropiante por el título y modo ley. 3.4. La Inscripción no es prueba de dominio: La inscripción solo acredita posesión. La única manera de acreditar el dominio es mediante la prescripción. Para que la inscripción fuera prueba de dominio, habría sido necesario que la inscripción fuera obligatoria, cosa que Andrés Bello no quiso imponer, creyendo que, andando el tiempo, todos los inmuebles estarían inscritos, confundiéndose entonces dominio e inscripción. 3.5. Tradición de Cuotas: 1) Si se trata de una cuota en cosa singular: La doctrina y la jurisprudencia entienden que la cuota participa del carácter muebles o inmueble de la cosa. Entonces, se concluye que, si se trata de la tradición de una cuota de un mueble, ella se efectuará por cualquiera de las formas establecidas para estos, y si se trata de la tradición de una cuota de un inmueble ha de efectuarse por inscripción.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Cuando se transfiere cuota de cosa singular, aunque esta pertenezca a una universalidad, la tradición se efectuará por el Art. 684 CC o por inscripción conservatoria, según la cosa sea mueble o inmueble. 2) Si se trata de una cuota en cosa universal: Se discute: a. Si se estima que puede haber universalidades jurídicas y que no hay comunicación entre la cuota y los bienes que la componen: La tradición debe hacerse por cualquier forma simbólica de las indicadas en el Art. 684 CC y no requiere de inscripción conservatoria, aunque haya inmuebles en su contenido. b. Si se estima que no puede haber universalidades jurídicas y que hay comunicación entre la cuota y los bienes que componen la universidad de hecho: Se concluye que la tradición de una cuota en cosa universal se efectúa siguiendo la naturaleza de los bienes de que se compone. Si la universalidad es claramente de hecho, la tradición de una cuota, como de su totalidad, habrá de efectuarse siguiendo la naturaleza mueble o inmueble de los bienes que la constituyen. 3.6. Inscripciones a que da lugar la Sucesión por Causa de Muerte: Hay que distinguir: 1) Si el heredero quiere disponer de un mueble hereditario: Para ajustarse a la ley de impuesto de herencias, debe obtener la posesión efectiva e inscribirla (Art. 25 Ley de Impuesto a la Herencia). 2) Si el heredero quiere disponer de un inmueble hereditario: Es necesario que obtenga la posesión efectiva de la herencia y que practique las inscripciones que señala el Art. 688 CC, a saber: a. La inscripción del decreto judicial o de la resolución administrativa que otorga la posesión efectiva: El decreto judicial se inscribirá en el Registro de Propiedad del Conservador de la comuna o agrupación de comunas, en que se encuentre el tribunal que lo dictó; la resolución administrativa se inscribirá en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas, que depende del Registro Civil; asimismo, el Director Regional del Registro Civil correspondiente, emitirá un certificado, dando cuenta de haberse otorgado la posesión efectiva de la herencia intestada, certificado que debe acompañarse al Conservador de Bienes Raíces del ultimo domicilio del causante, para inscribir también la resolución administrativa en el Registro de Propiedad. El decreto judicial también se inscribirá en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Si la sucesión es testamentaria, se inscribirá también el testamento en el Registro de Propiedad del mismo Conservador de Bienes Raíces en que se hubiere inscrito el auto de posesión efectiva. En virtud de la inscripción del decreto que concede la posesión efectiva y del testamento, los herederos pueden disponer de los bienes muebles hereditarios. b. La inscripción especial de herencia: Consiste en inscribir los inmuebles de la sucesión a nombre de todos los herederos. Se practican tantas inscripciones de esta clase como inmuebles haya, y se practicarán en el Registro del departamento en que los inmuebles se encuentren ubicados. Con esta inscripción pueden los herederos disponer de consuno de los inmuebles hereditarios. c. La inscripción de la adjudicación: Por último, cuando la partición de la comunidad hereditaria se efectúa, con el instrumento en que consta la partición se practica la inscripción 173

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de la adjudicación, por la cual cada inmueble, que hasta entonces estaba inscrito a nombre de los herederos, queda ahora inscrito a nombre del respectivo heredero a quien se le adjudicó en dicha partición. Y desde ahora puede ese heredero disponer por si solo de ese inmueble. Las exigencias indicadas no impiden si, como se ha resuelto, que los comuneros se adjudiquen, entre ellos, inmuebles en pago de sus cuotas, desde que esas adjudicaciones no implican “disposición”, sino solamente radicación de los derechos cuotativos en bienes determinados. Se discute en doctrina cuál es la sanción por la infracción del Art. 688 CC. Es así como la Corte Suprema ha llegado a soluciones diversas a lo largo de los años: 1) Primeramente, que la sanción recaía sobre el contrato o título traslaticio de dominio otorgado por el heredero al tercero y que esta sanción era la nulidad absoluta: Porque se infringían las normas de organización del Registro Conservatorio, que son de orden público. La prohibición de disponer del Art. 688 CC es general y absoluta, comprendiéndose no solo las enajenaciones voluntarias, sino también las ventas forzadas. 2) En una segunda interpretación, señaló que la prohibición del Art. 688 solo se refiere a los actos voluntarios celebrados por los herederos o sus causahabientes y no a las enajenaciones forzadas: Puesto que el artículo expresa con claridad que “los herederos” son los que no pueden disponer, limitación que no puede hacerse extensiva a la justicia. 3) En una tercera interpretación, señaló que el contrato celebrado por el heredero sin haberse cumplido previamente con las inscripciones del Art. 688 CC es válido. Lo que es nulo sería la tradición subsecuente, si se efectúa: Esto porque la Corte Suprema declaró que la palabra “disponer” está tomada en el Art. 688 CC en su sentido natural y obvio de enajenar, esto es, de transferir el dominio de una persona a otra. Se podría argumentar en contra de este fallo, que el Art. 1810 CC prohíbe la venta de las cosas cuya enajenación a su vez está prohibida por la ley, pero en respuesta se podría contraargumentar que el Art. 688 no es una norma prohibitiva, sino imperativa de requisito. 4) Una nueva sentencia reafirmó la posición anterior al indicar que, como el Art. 688 CC se encuentra en el párrafo de la tradición, no puede aplicarse, sino que solamente a ella. 5) Una quinta interpretación estima que la norma del Art. 688 CC no es prohibitiva, sino que imperativa de requisito. La sanción, por tanto, no es la nulidad absoluta, sino que la establecida en el Art. 696 CC que señala que los títulos cuya inscripción se prescribe dichos artículos, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe: Esto implica que, si se omiten las inscripciones ordenadas en el Art. 688 CC, la inscripción que obtenga quien adquirió del heredero, adolecerá de una transitoria ineficacia. No conferirá a dicho adquirente la posesión sobre su derecho, mientras no se efectúen las inscripciones omitidas. En ningún caso la sanción podría ser la nulidad absoluta, porque esta excluye la ratificación. Se señalan dos objeciones contra esta solución: a. El Art. 696 CC no se refiere al Art. 688 CC pues se está refiriendo solo a las inscripciones que transfieren el dominio, a las que son tradición, objetivo que no persiguen las inscripciones del Art. 688 CC.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. La solución de la jurisprudencia asegura que mientras las inscripciones no se efectúen queda en suspenso la transferencia del derecho, con lo que el tercero no adquiría el dominio ni la posesión, sería un mero tenedor: Esto se traduce en la necesidad de reinscribir el título traslaticio, una vez que el heredero haya obtenido la posesión efectiva y practicado las inscripciones del caso. Y este procedimiento de reinscripción carece de base legal y puede dar origen a una cadena paralela de inscripciones. Sin embargo, se sostiene que desde el momento en que el Art. 696 CC alude a la “posesión efectiva del respectivo derecho”, es decir del derecho de dominio, no se excluye la posibilidad que se adquiera la posesión de la cosa, con lo que podría adquirirse por prescripción si pasa el tiempo y los herederos no practican las inscripciones. 6) Otra interpretación doctrinaria no jurisprudencial: Estima que la enajenación del heredero en favor del adquirente estaría viciada de nulidad relativa, porque se habrían omitido ciertos requisitos prescritos por la ley en consideración a la calidad de heredero de quien enajena. Esta nulidad se sanearía con la confirmación o ratificación del heredero mediante el cumplimiento de las inscripciones del Art. 688 CC. Para el orden del registro, bastaría una simple anotación marginal que aluda a la ratificación, hecha en la inscripción confirmada. Pero la tesis de la nulidad relativa como sanción a la infracción del Art. 688 CC ha sido impugnada, ya que dicha nulidad se sanea a los 4 años, mientras que del tenor del Art. 688 CC se desprende que la falta de inscripciones hereditarias jamás se sanea, pues el precepto señala que el heredero no puede disponer en manera alguna de los inmuebles hereditarios, mientras no procedan las inscripciones hereditarias. 7) En la práctica: No queda otra vía que proceder a resciliar el contrato, y celebrar uno nuevo, pero solo después de haber practicado las inscripciones hereditarias. 3.7. La Inscripción en la Prescripción: Los Arts. 689 y 2513 CC y el Art. 52 Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, requieren que la sentencia que declara la prescripción adquisitiva relativa a inmuebles se inscriba en el Registro del Conservador. Siendo la prescripción un modo de adquirir, es evidente que la inscripción no desempeña en este caso rol de tradición, funciona aquí para mantener la historia de la propiedad raíz, dar publicidad y así hacer oponible a terceros los efectos del fallo. 3.8. La Tradición de Fincas No Inscritas (Art. 693 CC): “Para la transferencia, por donación o contrato entre vivos, del dominio de una finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el Conservador, constancia de haberse dado aviso de dicha transferencia al público por medio de tres avisos publicados en un diario de la comuna o de la capital de provincia o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubiere, y por un cartel fijado, durante quince días por lo menos, en la oficina del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Se sujetarán a la misma regla la constitución o transferencia por acto entre vivos de los otros derechos reales mencionados en los artículos precedentes, y que se refieren a inmuebles no inscritos”. El Art. 58 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces señala, a su vez: “Para inscribir la transferencia por donación o contrato entre vivos de una finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el Conservador constancia de haberse dado aviso de dicha transferencia al público por medio de tres avisos publicados en un periódico del departamento o de la capital de la provincia, si en aquél no lo hubiere, y por un cartel fijado durante quince días por lo menos en la oficina del mismo Conservador, con las designaciones relativas a las personas que transfieren y a los límites y nombre de la propiedad, materia del contrato. 175

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El Conservador certificará el cumplimiento de los requisitos indicados en el inciso anterior al pie del cartel y procederá a protocolizar éste. Se sujetarán a la misma regla la inscripción o registro de la constitución o transferencia por acto entre vivos de los derechos de usufructo, uso, habitación, censo e hipoteca que se refieran a inmuebles no inscritos. La inscripción no podrá efectuarse sino una vez transcurridos treinta días contados desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso segundo”. 4. Tradición del Derecho Real de Herencia: Una vez fallecido el causante, el heredero puede disponer, enajenar su derecho de herencia. Es imposible la enajenación antes de la muerte del causante, pues en nuestro Derecho, están proscritos los pactos sobre sucesión futura, adoleciendo de objeto ilícito y por ende de nulidad absoluta (Art. 1463 CC). 1) Tradición del Derecho de Herencia: El Código, dentro del Título “De la cesión de derechos”, destina un párrafo a la cesión del derecho de herencia (Arts. 1909 y 1910 CC). Señala allí solamente algunos efectos de esta cesión, mas no la forma como ha de efectuarse la tradición. De ahí que se dan dos posibles soluciones: a. La herencia es clasificable como mueble o inmueble, según los bienes que la integran (José Ramón Gutiérrez): Así, si la herencia de que se trata se compone solo de muebles, su tradición se someterá a las reglas de estos; si se compone de muebles e inmuebles, será mixta, y si solo de inmuebles será bien inmueble, y, como consecuencia, en estas dos últimas situaciones, su tradición se someterá a las reglas de los inmuebles, requiriéndose, por tanto, de inscripción conservatoria. b. La herencia es una universalidad jurídica, distinta de los bienes específicos que la integran, es un bien abstracto y sui generis (Leopoldo Urrutia): Estima que ella escapa de la clasificación de bienes en muebles e inmuebles, y que siendo la inscripción una manera excepcional de efectuar la tradición, establecida tan solo para los inmuebles. Por ello, la tradición del derecho de herencia no requiere de inscripción, y basta para efectuarla cualquier manifestación en que conste la intención de transferir el dominio. Esta es la postura de la jurisprudencia. 2) Tradición del Derecho a un Legado: Según se dispone en el Art. 1909 CC, se puede transferir no solo el derecho a una herencia, sino también el derecho a un legado. Según una doctrina, al parecer mayoritaria, el legatario de especie o cuerpo cierto adquiere el dominio de la cosa legada por sucesión por causa de muerte, al fallecimiento del causante, y el de genero adquiere un crédito contra la sucesión. a. Legado de Especie o Cuerpo Cierto: Cuando el legatario pretende transferir su derecho al legado estaría transfiriendo el dominio de la cosa legada, que ya ha adquirido, por lo que la tradición se efectuará como lo imponga la naturaleza mueble o inmueble de la cosa. b. Legado de Genero: Él si tiene, y, por lo tanto, puede transferir, su “derecho al legado”. Y para determinar cómo se efectúa la tradición, hay que remitirse a las reglas de tradición de los derechos personales o créditos. 4.1. El Art. 688 CC y la Tradición de los Derechos de Herencia y Legado: Si en la herencia existen bienes raíces, cuando el heredero pretende enajenar su herencia, ¿deben practicarse previamente las 176

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe inscripciones señaladas en el Art. 688 CC? Si el legado es de inmueble, cuando el legatario pretende enajenar su derecho al legado ¿deben practicarse previamente aquellas inscripciones? 1) En cuanto a la herencia: Para la tesis de la abstracción, que ve en la herencia solo una universalidad jurídica, distinta de los bienes que la integran, por cierto, el heredero puede enajenar su herencia (o cuota) sin esas inscripciones, precisamente porque están exigidas para disponer de un inmueble hereditario y aquella escapa a la clasificación de bienes en muebles e inmuebles. En cambio, con el otro planteamiento si en la herencia hay inmuebles es necesaria posesión efectiva y su inscripción. La jurisprudencia ha establecido que debe prevalecer la primera posición. 2) En cuanto al legado: Por regla general el legatario puede disponer de su derecho al legado o a la cosa legada prescindiendo de las inscripciones del Art. 688 CC, pues ellas están exigidas para que el “heredero” pueda disponer de inmuebles hereditarios. Sin perjuicio de lo anterior, hay que distinguir: a. Legatario de Género: Puede disponer de su crédito sin esperar a que se efectúe inscripción alguna, aunque lo legado sea un inmueble indeterminado y de acuerdo con el Art. 580 CC sea un crédito inmueble. Ello, porque las inscripciones del Art. 688 CC solo se exigen a los herederos. b. Legatario de Especie o Cuerpo Cierto: Si la especie es un inmueble hay que distinguir: i. Para adquirir el dominio: El legatario de especie no requiere inscripción, sin perjuicio de la conveniencia de la misma. Ahora la cuestión es cómo proceder a esta inscripción. La doctrina está dividida: 1. El legatario puede requerir la inscripción comprobando el fallecimiento del testador y acreditando el pago del impuesto que grava su asignación y exhibiendo copia del testamento judicialmente reconocido: Esto podría hacerse, aunque el testamento no estuviere previamente inscrito; pero estaría más conforme con el espíritu del Registro Conservatorio que primero se haga la inscripción del testamento y después la del inmueble legado a nombre del legatario. 2. Los legatarios de bienes raíces no pueden inscribir a su favor el inmueble legado con la sola presentación del testamento judicialmente reconocido: Esto porque: a. Por lo general, el testador señala el inmueble legado con designaciones insuficientes para inscribir el dominio exhibiendo solo el testamento. b. El testamento no es un título indiscutible del derecho del legatario de un inmueble, porque el legado está sujeto a contingencias. c. Los Arts. 1374 (las asignaciones hereditarias se pagan antes que los legados) y 959 CC (deducción de las bajas generales de la herencia, antes de pagar las asignaciones) vienen a confirmar que el legado no es inmediatamente exigible. 177

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. Los Arts. 1290 y 1292 CC se refieren al “pago” de los legados, como un acto que debe efectuar el albacea. e. La Ley de Impuesto a las Herencias (Art. 54) dispone que los Conservadores no podrán inscribir adjudicaciones de bienes raíces hereditarios sin que se hubiere pagado el impuesto o asegurado el pago. Si se sigue esta tesis, a la que se ha inclinado la jurisprudencia, para otorgar la escritura pública bastara inscribir el auto de posesión efectiva, sin que se justifique practicar la especial de herencia, porque el bien legado como especie o cuerpo cierto no pertenece a los herederos. ii. Para disponer por el legatario del inmueble legado: 1. Se ha sostenido que el titulo legado es el testamento y que la obligación de inscribir el legado es un requisito previo para disponer de la especie: Esta obligación estaría implícita en la siguiente relación de disposiciones: según los Arts. 688 CC y 55 Reglamento del Conservador, deben inscribirse la posesión efectiva y el testamento, si la sucesión fuere testada; y conforme a los Arts. 691 CC y 79 Reglamento, la inscripción del testamento debe incluir la fecha del otorgamiento, la individualización del testados y de los herederos o legatarios que solicitaren la inscripción, expresando sus cuotas o los legados. 2. No es necesaria la inscripción: Esto porque no lo exige ningún precepto. Además, el Art. 691 CC solo dispone qué menciones tendrá la inscripción testamentaria, pero no exige que el legatario tenga que inscribir para disponer de la cosa legada. En la práctica deberá haberse inscrito previamente porque el Conservador podrá negarse a inscribir a nombre del que adquirió del legatario, amparándose en su negativa en el Art. 14 Reglamento (puesto que se trataría de inscribir un título que no emana de quien aparece como dueño o actual poseedor). 5. Tradición de los Derechos Personales: Hay que distinguir: 1) Tradición de Créditos Personales (Art. 699 CC): “La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario”. Ha de entenderse título aquí el instrumento en que el crédito consta, donde se encuentra escriturado. Para que la transferencia produzca efectos respecto del deudor y de terceros, es necesario notificar de dicho traspaso a aquel, o que él acepte (Arts. 1902 y ss. CC). Antes de eso les inoponible. La jurisprudencia ha sentado que la entrega del título en que el crédito consta puede ser real o simbólica, lo que es posible respecto de las cosas corporales muebles. En cuanto a los créditos que no constan por escrito, bien podría concluirse que no pueden transferirse, porque no habría manera de cumplir a su respecto con el Art. 1901 CC, que dice: “La cesión de un crédito personal, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título”. La jurisprudencia y la doctrina han estimado que es posible transferirlos y en esos casos habrá que entenderla efectuada por una especial declaración 178

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe en el sentido de que se transfiere el dominio del respectivo crédito, declaración que podrá expresarse en el mismo acto o contrato. Ello implica prácticamente darle un efecto real al contrato. 2) Tradición de Derechos Litigiosos: El Art. 1911 CC señala que: “Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente”. Se discute como debe hacerse la tradición: a. Se ha propuesto que la circunstancia de ser litigioso el derecho no impide calificarlo de derecho real o personal: En ese sentido hay que distinguir: i. Si es real: Hay que distinguir si recae sobre mueble o inmueble para determinar si requiere inscripción conservatoria o no. ii. Si es personal: Se aplican las reglas vistas para la tradición de los derechos personales. Como estos preceptos exigen entrega del título, se admite, siguiendo a la jurisprudencia, que la actuación en el litigio, por parte del cesionario, en reemplazo del cedente, con su consentimiento expreso o tácito, podría constituir tradición del derecho litigioso equivalente a las simbólicas del Art. 684 CC. b. Se ha objetado ese planteamiento: Se postula que lo cedido es siempre “el evento incierto de la litis”, y siendo siempre esa pretensión lo cedido, la forma de efectuar la tradición ha de ser también una sola; como la ley no lo señala, tendrá que ser una manifestación de voluntad en tal sentido, concretamente una actuación realizada en el litigio por el cesionario, con consentimiento expreso o tácito del cedente y conocimiento de las demás partes del juicio, por la que el cesionario substituye en la posición que este tenía en la controversia. 6. Tradición del Derecho Real de Servidumbre: Se efectúa por escritura pública (Art. 698 CC) donde “el tradente exprese constituirlo, y el adquirente aceptarlo”, con excepción de la tradición del derecho real de servidumbre de alcantarillado en predios urbanos, en que se vuelve a la regla del Art. 686 CC, efectuándose por inscripción en el Registro del Conservador. CAPÍTULO V: LA POSESIÓN12 I.

CONSIDERACIONES PREVIAS.

La posesión pasa por ser una de las materias más oscuras del derecho civil. Se trata de una materia en la cual no abundan las certezas, lo cual implica que su enseñanza adecuada pase por explicar en cada caso las distintas posiciones existentes frente a un determinado problema. II.

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE POSESIÓN.

En general se pueden plantear una serie de conceptos: 1) Etimológicamente: “Poder de hecho sobre una cosa”. 2) Valdecasas: “Hecho mismo del poder sobre una cosa, independientemente de que se ajuste o no a derecho”. Así pues, la posesión es ante todo un hecho.

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Desde acá y hasta prescripción inclusive se toma como fuente el apunte de derecho de bienes del profesor Ramón Cifuentes Ovalle, con complementos y comentarios adicionales de fuentes diversas.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Otro concepto: “Poderío de hecho que una persona ostenta sobre una cosa, con total prescindencia, de si dicho poder se encuentra o no ajustado a derecho”. Tratándose de la situación del propietario, el poderío de hecho que él ejerce sobre la cosa pasa a ser consecuencia de su derecho de propiedad, en tanto este implica una serie de facultades cuyo ejercicio supone que la cosa objeto del dominio se encuentre a disposición del dueño. Tal es el denominado Derecho a la Posesión o “Ius Possidendi”, el cual consiste en el “derecho del dueño de tener la cosa a su disposición, bajo su dependencia o señorío, lo que en la materialidad de los acontecimientos implica tenerla en su poder”. Como expresa Ihering, la utilización económica de la propiedad tiene por condición la posesión. Así, el ius possidendi aparece como esencial a la propiedad. Propiedad y posesión coinciden, aludiéndose a que la segunda no es más que consecuencia de la primera, en tanto el poder de hecho sobre la cosa esta ajustado a derecho. Pero, puede darse el caso, según se dijo, que exista posesión, pero, ella no se ajuste a derecho, como, por ejemplo, cuando el comprador ha recibido la cosa de su vendedor que no era dueño de la misma, o cuando alguien ocupa una cosa creyéndola res derelictae y no era tal, etc. Ahora bien, la posesión en su concepto jurídico no coincide plenamente con el sentido natural del término. En su sentido natural poseer es detentar una cosa, lo cual no es plenamente coincidente con el concepto jurídico. La detentación de algo, esto es, el asir físicamente una cosa, se encuentra en el origen histórico del concepto jurídico de posesión, pero hoy en día se extiende a casos en que dicha inmediatez no se divisa. Es así como, existe posesión jurídicamente hablando, no obstante no existir inmediatez y aprehensión física de la cosa por quien posee. III.

CONCEPTO DE POSESIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO.

1. Concepto (Art. 700 CC): “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo”. 2. Elementos de la Posesión: Dos constituyen los elementos de la posesión: (i) la tenencia de cosa determinada y (ii) el ánimo de señor y dueño. Estos elementos se conocen como “corpus” y “animus”. En principio ambos elementos deben concurrir copulativamente a efectos de iniciar posesión no obstante que en el transcurso de ella puede faltar el corpus y no obstante ello, la posesión subsistir. 1) Corpus: “Poder material o legal que tiene una persona sobre la cosa objeto de posesión”. Ello implica que al iniciar la posesión existe apoderamiento físico o ficto de la cosa objeto de posesión y mientras ella perdura, dicho elemento se exterioriza teniéndose la cosa bajo el poder o a disposición del poseedor. Basta al efecto la posibilidad de disponer de la cosa, aunque no se tenga un contacto físico con ella. 2) Animus: “Voluntad del que posee de obrar como dueño de lo poseído, esto es, sin reconocer la propiedad de otro”. No implica la creencia del que posee de ser dueño de lo poseído pues, es tan poseedor el que se cree dueño como el que tiene conciencia de no serlo, pero actúa como tal. Así, el animus se configura por la voluntad o intención de comportarse como dueño.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Este darse por dueño se determina en función del título posesorio. Así, si nos preguntamos frente a alguien que detenta algo, porque detenta, y resulta que ello hace en virtud de un título que no supone reconocer el dominio de otro, estaremos en presencia de posesión. IV.

CALIDADES EN QUE SE PUEDE DETENTAR LA COSA.

La detentación de una cosa puede obedecer a tres hipótesis jurídicas diversas. Así, puede tenerse la cosa: (i) porque se es dueño de ella, (ii) porque se es poseedor de la misma o (iii) porque se es mero tenedor. 1. Antecedentes de la Mera Tenencia: La mera tenencia sirve para designar “la situación de aquel que teniendo una cosa no la tiene como dueño, sino a nombre del dueño, o del que se da por tal”. Por eso las palabras del mensa: “El que a nombre ajeno posee, no es más que un representante del verdadero poseedor, ni inviste más que la simple tenencia” “…la posesión es a nombre propio la tenencia a nombre ajeno”. Por eso se acostumbra a designar como un error, la expresión utilizada en el Art. 719, inc. 2 CC cuando alude a “poseer a nombre ajeno”, pues nadie puede, en el lenguaje de la ley, poseer una cosa a nombre ajeno: la posesión supone esencialmente el ánimo de señor y dueño. Una segunda cuestión a destacar es que existiendo mera tenencia la posesión no es perdida por el poseedor, no obstante entregar la detentación de la cosa. Ello porque, según el sistema del Código Civil, el mero tenedor es representante del poseedor. El poseedor continúa teniendo la cosa en él a través del tenedor que le representa. 2. Definición Legal de la Mera Tenencia (Art. 714 CC): “Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada, o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno”. De los ejemplos que da el Código se revela que la mera tenencia puede derivar de un derecho personal o de un derecho real. Así, el arrendatario es tenedor de la cosa arrendada, la cual detenta en virtud de un derecho personal que emana del contrato de arrendamiento. El acreedor prendario, el usufructuario son también meros tenedores de las cosas objeto de derechos reales. Por último, de lo dicho en el Art. 714, inc. final CC se tiene que la mera tenencia se caracteriza por la detentación reconociendo dominio ajeno, reconocimiento que viene expresado en el título en cuya virtud se detenta. 3. Características de la Mera Tenencia: 1) Implica la obligación de restituir: Siendo la mera tenencia temporal, una vez expirado el lapso en que el tenedor está autorizado a detentas la cosa debe proceder a restituirla. 2) Es indeleble (Art. 716 CC): “El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión; salvo el caso del artículo 2510, regla 3ª”. No se puede transformar la mera tenencia en posesión. Según se verá después, resulta dudoso que el Art. 2510, regla 3º consagre una excepción al carácter indeleble de la mera tenencia. 3) Es absoluta: El mero tenedor tiene tal carácter respecto de todos, tanto respecto del dueño o poseedor, como de cualquier tercero.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Consecuencias Jurídicas de la Mera Tenencia: Todo mero tenedor tiene en tanto tal los derechos y obligaciones que a continuación se enumeran, además de las que emanen del título en cuya virtud detenta: 1) Deber de informar (Art. 896 CC): El mero tenedor de la cosa reivindicada es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. Esto porque el mero tenedor no es el legitimado pasivo de la acción reivindicatoria. 2) Facultad de repeler por si las perturbaciones de que sea víctima: El mero tenedor está facultado para ampararse de las turbaciones a su tenencia. Por ello el Art. 1930 CC legitima al arrendatario a perseguir por si la reparación del daño derivado de habérsele perturbado en el goce de la cosa arrendada, esto es, en su mera tenencia. 3) Titularidad de la acción de restablecimiento por el mero tenedor de un inmueble (Art. 928 CC): “Todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la posesión, sea de la mera tenencia, y que por poseer a nombre de otro, o por no haber poseído bastante tiempo, o por otra causa cualquiera, no pudiere instaurar acción posesoria, tendrá sin embargo derecho para que se restablezcan las cosas en el estado que antes se hallaban, sin que para esto necesite probar más que el despojo violento, ni se le pueda objetar clandestinidad o despojo anterior. Este derecho prescribe en seis meses”. 4) Derecho a ser resarcido por los daños de la cosa objeto de mera tenencia (Art. 2315 CC): En los casos de responsabilidad aquiliana puede pedir indemnización de los daños sufridos por la cosa, el usufructuario, el habitador o el usuario, todos los cuales revisten la calidad de meros tenedores de las cosas objeto de dichos derechos. Además, en ausencia del dueño puede también pedir la indemnización quien la detenta con la obligación de responder de ella. 5) Facultad de ejercer acciones posesorias (Art. 922 CC): “El usufructuario, el usuario, y el que tiene derecho de habitación, son hábiles para ejercer por sí las acciones y excepciones posesorias, dirigidas a conservar o recuperar el goce de sus respectivos derechos, aun contra el propietario mismo. El propietario es obligado a auxiliarlos contra todo turbador o usurpador extraño, siendo requerido al efecto”. V.

VENTAJAS DE LA POSESIÓN.

El Código entrega al titular de la posesión una serie de ventajas: 1) El Poseedor es reputado Dueño (Art. 700, inc. 2 CC): “El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo”. Esto implica consagrar una presunción legal a favor del poseedor, en términos tales que quien impugne su condición de dueño de lo poseído deberá probar el serlo. Dicha presunción permite que a quien invoca la calidad de dueño le baste probar la posesión, ya que probada ella se le tendrá por dueño. 2) Puede llegar a ganar el dominio de la cosa por prescripción: La posesión constituye el supuesto del modo de adquirir denominado prescripción adquisitiva o usucapión. 3) El poseedor es protegido por las acciones posesorias: La posesión se encuentra amparada por las acciones posesorias del Título XII del Libro II del Código Civil. 4) El poseedor regular puede entablar la acción reivindicatoria: De conformidad con el Art. 894 CC el poseedor regular puede ejercer la acción reivindicatoria, la cual recibe en ese caso la denominación de publiciana. 182

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5) El poseedor puede hacerse dueño de los frutos en ciertos casos (Art. 907, inc. 3 CC): “El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda”. VI.

COSAS SUSCEPTIBLES DE POSESIÓN.

La posesión solo es susceptible de darse respecto de cosas susceptibles de propiedad privada. Además, solo puede recaer sobre cosa determinada al tenor del Art. 700 CC, lo cual excluye la posesión sobre cosas inciertas o designadas por su género. Ello se explica porque la posesión exige actos concretos con relación a una cosa; no puede, por consiguiente, ejercerse sobre cosas indeterminadas. 1. Posesión de las Cosas Incorporales (Art. 715 CC): “La posesión de las cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal”. Para designar a esta última se utiliza la expresión cuasi-posesión. 1) Posesión de los Derechos Reales: El Mensaje es bastante explícito en cuanto a que dicha posibilidad es admitida por el Código y como señala Peñailillo se configura por el goce o disfrute del derecho respectivo. Entre nosotros y a la luz de las disposiciones legales resulta evidente que todos los derechos reales son susceptibles de posesión, con la única salvedad de los derechos reales de servidumbre discontinua de cualquier clase y continua inaparente, los cuales no son susceptibles de ganarse por prescripción adquisitiva, en tanto no son susceptibles de posesión (Arts. 882 y 917 CC). 2) Posesión de los Derechos Personales13: La generalidad de nuestra doctrina estima posible la posesión de los derechos reales exclusivamente, negándose la posibilidad de posesión sobre los derechos personales. Este criterio se funda en que los derechos personales, por su propia naturaleza, no admiten un uso o ejercicio continuo en el tiempo, desde el momento que su ejercicio implica su extinción. Confirma dicho criterio la tradición romana que solo admitía la cuasi posesión respecto de los derechos reales, además que el Mensaje del Código señala que “el arrendatario de una finca nada posee, no goza más que de una acción personal para la conservación de los derechos que le ha conferido el contrato”, lo cual revela que no se admite la posesión de los derechos personales. No obstante ello, hay quienes estiman admisible la posesión de los derechos personales, entre ellos Rozas, quienes fundamentan su opinión en los siguientes argumentos: a. El Art. 715 CC no hace distingo alguno entre derechos reales y derechos personales, de modo que ambos están comprendidos en esta disposición. b. El Código Civil habla de posesión de derechos personales en el Art. 1576 CC a propósito del pago, cuando dice en su inciso segundo: “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. c. Estima factible ganar la titularidad de un derecho personal por prescripción adquisitiva, como ocurriría, por ejemplo, si una persona actuando como mandatario

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Complementado con el texto “La Posesión de las Cosas Incorporales” de Pablo Rodríguez Grez.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de otra sin serlo, cede un crédito de que esa es titular, en cuyo caso el cesionario adquiriría la posesión del crédito y podría ganarlo por prescripción. d. Como no prosperó la idea de la cuasi posesión de derechos se puede pensar que el concepto unificado de posesión comprende todas las cosas. Ahora bien, ninguna de las razones anteriores parece convincente, y en ese sentido, Pablo Rodríguez estima que: a. La tradición romana, según la cual la cuasi-posesión abarco solo los derechos reales. b. El Mensaje del Código Civil señala textualmente: “El usufructuario no posee la cosa fructuaria, es decir, no inviste ni real ni ostensiblemente el dominio de ella; posee solo el usufructo de ella, que es un derecho real y por consiguiente susceptible de posesión. Pero el arrendatario de una finca nada posee, no goza más que de una acción personal para la conservación de los derechos que le ha conferido el contrato”. c. En cuanto al Art. 1576, inc. 2 CC corresponde a la situación que se origina cuando una persona es la detentadora de la materialidad del título. d. Arturo Alessandri Rodríguez sostiene, además, que el espíritu de nuestro Código queda patente en otra parte del Mensaje que señala “Pero como los derechos reales son varios, el que no es poseedor de dominio, puede serlo de un derecho de usufructo…”. e. El ejemplo de Rozas no es adecuado pues, si alguien cede un crédito diciéndose mandatario del acreedor sin serlo, el acto es inoponible a este, con lo cual el tercero cesionario nada adquiere. f.

No se concibe como puede una persona terminar obligada para con otra en razón de una apariencia que se consolida a través del tiempo: Las obligaciones tienen fuentes precisas que expresa la ley. En estas fuentes no cabe la prescripción del derecho personal. Ello significaría obligar al deudor convirtiendo la apariencia en realidad por el solo efecto del tiempo, hecho inaceptable como fuente de las obligaciones.

g. Si existiese posesión sobre derechos personales, forzoso seria concluir que cuando una persona concede una renta o pensión voluntaria sin existir obligación legal o convencional de proporcionarla, el beneficiario sería poseedor de ella y, por consiguiente, podría adquirir por prescripción adquisitiva: Esto contradeciría con las normas del pago de lo no debido hecho por error, ya que el Art. 2295 CC no establece plazos para exigir la restitución de lo pagado. h. El Art. 2498 CC señala expresamente que “Se gana de la misma manera los otros derechos reales que no están expresamente exceptuados”: De esto se desprende que la prescripción adquisitiva solo se puede producir respecto de derechos reales. i.

El Art. 2512 CC del Código Civil vuelve sobre la prescripción de las cosas incorporales, pero siempre con referencia a los derechos reales.

j.

Además, quedan serias dudas sobre la posibilidad de interrumpir civilmente la prescripción de los derechos personales: No cabe una acción o recurso judicial antes de que se exija su cumplimiento, salvo que se intente una acción de mera certeza o una acción de jactancia. En este último caso ni siquiera podría accionarse si la jactancia no conta por 184

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe escrito o no se ha hecho de viva voz, a lo menos, ante dos personas hábiles para testificar. Además, ella prescribe en el plazo de 6 meses desde los hechos en que se funda. k. Por último, la prescripción tiene por objeto transformar las situaciones de hecho, que son públicas, ostensibles y socialmente objetivas, en situaciones de derecho: Este fundamento no se presenta en la posesión de derechos personales, porque ellos no son socialmente ostensibles ni tienen existencia objetiva. Así además lo ha resuelto la Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia de mayo de 2010. VII.

PARALELO ENTRE PROPIEDAD Y POSESIÓN.

Podemos encontrar tres grandes diferencias: 1) La propiedad es un derecho mientras que la posesión una situación de hecho: El no estar concebida la posesión como un derecho en nuestro sistema, resulta evidente de considerar lo siguiente: de ser un derecho tendría carácter de real y el Art. 577 CC no lo menciona entre ellos. Además, siempre que el Código define un derecho se refiere a “la facultad” o “el derecho”, mientras que la posesión la define como “la tenencia”. Sin embargo, si bien la posesión constituye un estado de hecho, a dicha situación fáctica el ordenamiento jurídico atribuye importantes consecuencias jurídicas. 2) La propiedad solo se puede adquirir por un modo mientras que se puede poseer por varios títulos: Resulta imposible adquirir por más de un modo pues, ello supondría volver a adquirir lo ya adquirido. Pero, en materia posesoria ocurre algo distinto, desde el momento que el Art. 701 CC señala que: “Se puede poseer una cosa por varios títulos”. 3) La propiedad se ampara por la acción reivindicatoria y la posesión por las acciones posesorias. VIII.

POSESIÓN REGULAR E IRREGULAR.

1. Importancia de la Distinción: Una da origen a la prescripción adquisitiva ordinaria, mientras que la otra a la prescripción adquisitiva extraordinaria. El poseedor regular requiere para prescribir de 2 años de posesión para los muebles y 5 para los inmuebles, mientras que el poseedor regular requiere de 10 años tanto para los muebles como los inmuebles (Arts. 2507, 2508 y 2511 CC). 2. Requisitos de la Posesión Regular (Art. 702, inc. 2 y 3 CC): “Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe; aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es translaticio de dominio, es también necesaria la tradición”. Por tanto, posesión irregular es “la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el artículo 702”. 2.1. Justo Título: Pothier define título posesorio como “el acto o contrato que sirve de antecedente a la posesión, o en virtud del cual una persona ha adquirido posesión de una cosa”. En consecuencia, para el Código el título posesorio viene a ser el antecedente o causa en cuya virtud se posee. El sistema establecido por el Código a este respecto consiste en exigir la intervención de un título o causa que produzca la adquisición de la posesión. Esa causa debe ser justa y, siéndolo, se denomina “justo 185

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe título”. Esa causa justa puede consistir en: (i) un modo originario de adquirir el dominio, o (ii) en un título traslaticio de dominio. El Art. 703 CC señala que: “El justo título es constitutivo o translaticio de dominio”; sin embargo, lo que verdaderamente se clasifica son los títulos posesorios, ya que ellos pueden ser justos o injustos. 1) Títulos Declarativos: No obstante que el Art. 703 CC se refiere a hipótesis de ellos como las sentencias judiciales sobre derechos judiciales y las transacciones en cuanto reconocen derechos, omitió conceptuar a los títulos declarativos. Estos son “aquellos que se limitan a reconocer, declarar o aclarar una situación preexistente”. No pueden ser títulos posesorios, ya que ellos no hacen nacer posesión ni dominio, y para determinar cuando el poseedor o dueño fue tal hay que remontarse a algún título de posesión o dominio anterior. Respecto a las Sentencias Judiciales sobre Derechos Litigiosos, señala que el Art. 703, inc. 4 CC: “Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo título para legitimar la posesión”. Esto resulta congruente con el carácter declarativo de las sentencias judiciales, las cuales, por regla general, se limitan a reconocer derechos preexistentes, pero sin crear derechos nuevos. 2) Títulos Constitutivos: El Art. 703, inc. 2 CC señala como títulos constitutivos a la ocupación, a la accesión y a la prescripción. Los tres reúnen la característica de ser modos originarios de adquirir el dominio. a. La Ocupación: De ordinario la ocupación servirá como modo de adquirir el dominio y la posesión, pero será título posesorio solamente cuando la cosa objeto de aprehensión tenga dueño. Esto es congruente con el Art. 726 CC que señala: “Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya; menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan”. Se ha criticado el considerar la ocupación como título posesorio, ya que ello importaría en el hecho prescindir de título. Admitir a la ocupación como título importa admitir su falta, ya que en definitiva significa entender como antecedente de la posesión a la posesión misma. Al respecto debe recordarse que la ocupación viene configurada por la aprehensión de algo como ánimo de dueño, y, por lo tanto, se configura como tal una vez que ya ha operado una situación de posesión al concurrir corpus y animus, y dicha posesión se produce por el simple hecho de la aprehensión sin más título que ese. b. La Accesión: Importa título posesorio respecto de los frutos de la cosa fructífera, ya que la posesión de lo principal se extiende a las acciones de ella. No opera como modo de adquirir cuando no se es dueño de la cosa fructífera sino solo poseedor. c. La Prescripción: La inclusión de la prescripción adquisitiva como título posesorio resulta a todas luces equivocado, ya que es precisamente la posesión durante un lapso de tiempo, la que constituye el antecedente necesario para prescribir, por lo que no puede ser título posesorio. Hay quienes han pretendido justificar el texto legal aduciendo que la referencia a la prescripción debe entenderse en el sentido de que una vez cumplida, justifica la posesión subsiguiente a la que el prescribiente tiene derecho como dueño. Ello tampoco resulta lógico pues, la problemática del título posesorio tiene lugar cuando existe solo posesión y no dominio. 186

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Títulos Traslaticios: El Art. 703, inc. 3 CC señala que: “Son translaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos”. Se critica haber entendido a los contratos como títulos posesorios, en circunstancias que en rigor lo sería la tradición. a. Actos Legales de Partición (Art. 703, inc. 4 CC): “Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios, y los actos legales de partición”. Es sabido que la adjudicación tiene carácter declarativo. Así lo establece el Art. 718 CC que señala: “Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía proindiviso, se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión”. Por ello resulta equivocado que la regla referida los considere títulos traslaticios, ya que resulta evidente que pertenecen al género de los títulos declarativos. Algunos han pretendido explicar la incongruencia, refiriendo que la expresión adjudicación no estaría tomada en su sentido propio, sino en una acepción impropia para designar la venta forzada, lo cual se vería ratificado por el texto de artículo en los proyectos en los cuales se hablaba de adjudicación judicial. De ser así nada aportaría la regla pues, la venta forzada es tan venta como cualquier otra, y por lo tanto constituye un título traslaticio de dominio. Otros han dicho que el Código al decir “pertenecen a esta clase” ha querido decir que tiene el carácter de declarativo, pues ello habría querido designar con la expresión “traslaticio”. Se ha dicho también que la expresión adjudicación está tomada en un sentido impropio, para aludir al supuesto en que la cosa objeto de comunidad es “adjudicada” a un tercero extraño y no a uno de los comuneros. En ese caso es traslaticio. Existen, por último, quienes pretenden justificar al Código aduciendo que la adjudicación, tomada en su sentido propio, sería título declarativo en cuanto al dominio, pero traslaticio respecto de la posesión, ya que desde la adjudicación empieza el comunero a poseer en exclusiva. b. Transacción (Art. 703, inc. final CC): “Las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes, no forman nuevo título; pero en cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputado, constituyen un título nuevo”. En el primer caso se entiende que la transacción constituye título declarativo, y en el segundo traslaticio. 2.1.1. La Sucesión por Causa de Muerte en materia posesoria: La omisión del Art. 703 CC plantea la necesidad de precisar qué papel le cabe en dicho ámbito: 1) Posesión Legal, Efectiva y Material o Real de la Herencia: Según los Arts. 688 y 722 CC el heredero, por la sola circunstancia de serlo, tiene la denominada posesión legal de la herencia, esto es, de la universalidad de derecho en que ella consiste. En ese contexto, podemos distinguir tres clases de posesión de la herencia: a. Posesión Legal: “La que se otorga por el solo ministerio de la ley, no requiriendo, por tanto, ni el corpus ni el animus”. b. Posesión Efectiva: “Decreto judicial o resolución administrativa del Director Regional del Servicio de Registro Civil, que reconoce la calidad de heredero”. Esta posesión cumple diversas funciones; así permite a los terceros certeza en cuanto a la identidad de los 187

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe continuadores hereditarios de un fallecido, permite asimismo mantener la historia de la propiedad raíz y tiene efectos en materia de prescripción adquisitiva de la herencia por parte del falso heredero. c. Posesión Material o Real: “La que tiene aquel que se presenta ejecutando actos de heredero: aceptando la herencia, vendiendo bienes, cobrando créditos, etc.”. Es indispensable que invoque la calidad de heredero, pues de lo contrario, sería un mero tenedor. 2) Distintos Objetos de Posesión en la Herencia: Es necesario distinguir: a. Posesión de la Herencia misma: En este caso, si un falso heredero entra a poseer la herencia puede llegar a ganarla por prescripción adquisitiva de 10 años. Pero, si se trata de un falso heredero en cuyo favor se ha dictado la posesión efectiva de la herencia, pasa a ganarla por prescripción de 5 años (Arts. 704 Nº4 y 2512 CC). b. Posesión de los Bienes que integran la Herencia: Una vez fallecido el causante, cualquiera puede entrar a poseer los bienes que integraban el caudal hereditario, sirviendo de título posesorio cualquiera de los reconocidos como tales por la ley de acuerdo a las reglas generales. Ahora bien, la situación del heredero poseedor de bienes del causante merece algunas precisiones: i. Si el causante era dueño de los bienes: El heredero pasa a tener la condición de dueño y poseedor de dichos bienes. ii. Si el causante era poseedor de los bienes: El heredero podrá entrar en posesión del bien en cuyo caso la sucesión por causa de muerte será un título posesorio. iii. Si el causante era mero tenedor de los bienes: El heredero podrá entrar en posesión de él, de concurrir los supuestos posesorios, en cuyo caso la sucesión por causa de muere será título posesorio. Tratándose del falso heredero, este podrá invocar como título posesorio la sucesión por causa de muerte, solo en el caso de apariencia de heredero, al tenor del Art. 704 Nº4 CC, en cuyo caso será un título injusto, a menos que cuente con la posesión efectiva en su favor. 2.1.2. Título Injusto: Para Pothier la justicia del título aparecía estructurada en función de su idoneidad para transferir el dominio. Nuestro Código no siguió dichos conceptos, limitándose a señalar cuatro supuestos de títulos injustos en el Art. 704 CC, lista que es taxativa. Hay quienes han pretendido buscar un elemento común a los cuatro supuestos legales de títulos injustos. Así, alguien lo ha creído encontrar en la existencia de vicios o defectos que impiden la transferencia del dominio, por causas que miran a la regularidad del acto mismo y no a la calidad de dueño que invista o pueda investir el otorgante. Otros han entendido que todos los casos de títulos injustos consagrados por la ley presentan en común el hecho de fundarse en una mera apariencia porque realmente no existen en la forma o de la manera con que se presentan. Ahora bien, dice el Art. 704 CC: “No es justo título: 1) El falsificado: “Esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende”. La falsificación puede referirse tanto a las personas que aparecen interviniendo, al funcionario autorizante o a la 188

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe sustancia del acto. Cabe resaltar que la condición de falsificado del título nada tiene que ver con la circunstancia de consignarse en él declaraciones falsas. 2) El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo: Se ha entendido que dicho supuesto concurre, no solo en el caso de quien no es representante o mandatario de aquel por quien dice actuar, sino también en el caso del mandatario o representante que se extralimita en sus funciones pues, allí su actuación es equivalente a la de un tercero desprovisto de título de representación o mandato. 3) El que adolece de un vicio de nulidad: “Como la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido”. Se sostiene que la injusticia del título se configura por la declaración judicial de su nulidad, con la salvedad del caso en que inste por la nulidad relativa quien no sea titular de la acción para declararla, y solo tenga interés en ella a efectos de configurar la injusticia del título. Se debe permitir invocar la nulidad relativa al solo efecto de configurar la injusticia del título, pero sin que se proceda a su declaración, debido a que él no tiene la facultad de instar por su declaración judicial. 4) El meramente putativo: “Como el del heredero aparente que no es en realidad heredero; el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc.”. Por título putativo se entiende “el que sin existir presenta una apariencia de tal”. Aparte de los dos casos previstos por la ley, la jurisprudencia ha entendido también como casos de títulos putativos, el supuesto de actos simulados y los afectados por una condición resolutoria cumplida. El Art. 704, inc. 2 CC concede a favor del heredero y legatario aparente, el beneficio de servirles de justo titulo la posesión efectiva y el acto testamentario judicialmente reconocido (legalmente ejecutado). Tratándose del heredero putativo en cuyo favor se concede la posesión efectiva, ello importa que este puede oponer al verdadero heredero la prescripción adquisitiva de 5 años (Art. 1269 CC). En cambio, aquel que no tiene posesión efectiva gana la herencia por prescripción de 10 años. 2.2. La Buena Fe: 2.2.1. La Buena Fe en General: Se acostumbra distinguir entre buena fe objetiva y subjetiva: 1) Buena Fe Objetiva: “Actitud de comportamiento acorde a un paradigma objetivo de corrección, fijado en función de cuál es la conducta media de un hombre corriente a ese respecto”. 2) Buena Fe Subjetiva: “Convicción interna, o persuasión interna, de actuar correcta y lícitamente”. 2.2.2. La Buena Fe Posesoria: El Art. 706 CC la define como: “la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio”. Al tenor de la definición resulta evidente que la buena fe posesoria consiste en una conciencia o un estado de conciencia, esto es, la denominada buena fe subjetiva. Dicha conciencia se refiere a cuatro circunstancias diversas, a saber: 1) Haber adquirido el dominio de la cosa. 2) Haberlo adquirido por medios legítimos. 3) Haberlo adquirido exento de fraude. 4) Haberlo adquirido exento de todo otro vicio. 189

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Como se trata de una conciencia ninguna de dichas circunstancias necesitan ser reales a efectos de configurar buena fe, basta al efecto la conciencia, aunque sea errónea. Es importante advertir que la noción de buena fe se formula en función de la adquisición del dominio y no de la posesión. Dado que la buena fe es la consciencia de adquirirse el dominio, aunque de hecho ello no ocurra, supone al menos la concurrencia de un modo de adquirir que no fue idóneo para ello. Esto último es congruente con el pensamiento de la época, ya que Pothier sostenía que la buena fe en materia posesoria es “la justa opinión que tiene el poseedor que él ha adquirido la propiedad de la cosa”, y Troplong decía que era “la creencia firme e intacta de que se es propietario”. El Art. 706, inc. 2 CC demuestra la vinculación de la buena fe y el titulo posesorio al indicar que: “Así en los títulos translaticios de dominio la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato”. Cabe señalar también que la buena fe posesoria: 1) Es un concepto absoluto: En tanto no puede haber un estado intermedio; o se está de mala o se está de buena fe. 2) No es una simple impresión del espíritu, es una convicción en orden a haberse adquirido el dominio por medios exentos de fraudes y vicios: Por ello la búsqueda de si existe buena o mala fe no es una búsqueda del proceso psíquico del poseedor, sino que se determina analizando los medios de que se valió este para adquirir la cosa. Así, quien adquiere la posesión por hurto, no puede estimarse de buena fe ya que el hurto no es un modo de adquirir dominio. 2.2.3. Error de Hecho y Derecho: Dice el Art 706, inc. 3 CC “Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe”. El carácter justo del error implica que él sea razonable, excusable, que no haya negligencia en quien lo padece. En cambio, respecto al error de derecho, dice el Art. 706, inc. final CC: “Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”. Así, si alguien ocupa un inmueble no inscrito será siempre poseedor de mala fe, pues la condición de tener siempre dueño el inmueble ocupado viene dada por la ley (Art. 590 CC). 2.2.4. Momento en que se determina la Buena Fe: Al respecto existen dos principios opuestos, el que exige solo buena fe al momento de adquirirse posesión, o el otro, consistente en que ella debe subsistir durante todo el plazo de prescripción. Nuestro Código se inclinó por exigir solo buena fe inicial, ya que el Art. 702, inc. 2 CC señala que: “…y ha sido adquirida de buena fe; aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión…”. Sin embargo, ello no obsta a que la pérdida de la buena produzca otras consecuencias jurídicas. Así, en materia de prestaciones mutuas tendrá importancia la pérdida de la buena fe inicial (Arts. 902, 906 y 913 CC). 2.2.5. Prueba de la Buena Fe: Dice el Art. 707 CC “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse”. 2.3. Tradición: Dice el Art. 702, inc. 3 CC “Si el título es translaticio de dominio, es también necesaria la tradición”. Dado que existen diversas maneras de hacer tradición, algunas que pueden ofrecer dificultades probatorias, el Art. 702, inc. 4 estableció una presunción de tradición, al señalar que: “La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición; a menos que ésta haya 190

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe debido efectuarse por la inscripción del título”. Esta presunción ha quedado circunscrita a los bienes muebles y a las servidumbres, ya que solo en el caso de ellas es posible la tradición sin inscripción. Por último, cabe consignar que la exigencia de tradición como requisito de posesión regular parece equivocada pues, de no haber tradición, no habrá ni siquiera posesión, desde el momento en que ella supone la tenencia de la cosa, la cual se obtiene, en el caso de los títulos traslaticios, con la tradición de la cosa exclusivamente. 3. Ventajas de la Posesión Regular: La posesión regular, aparte de la ventaja consistente en los menores plazos de prescripción, presenta como beneficio la llamada Acción Publiciana. En ese sentido, el Art. 894 CC permite al poseedor regular la interposición de la acción reivindicatoria en términos análogos que el dueño. Tal es la denominada acción Publiciana. Como resulta obvio, no tiene el poseedor regular dicha acción en contra del verdadero dueño, o en contra de un poseedor de mejor derecho. 4. Ventajas Comunes a Ambos Tipos de Posesión: 1) Presunción de Dominio: La presunción consistente en que el poseedor es reputado dueño mientras otro no justifique serlo, beneficia por igual, tanto al poseedor regular como irregular. 2) Acciones Posesorias: Tanto el poseedor regular como irregular son titulares de acciones posesorias. IX.

POSESIONES VICIOSAS Y NO VICIOSAS.

El Art. 709 CC señala que: “Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina”. 1. Posesión Violenta (Art. 710 CC): “Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. La fuerza puede ser actual o inminente”. De conformidad con el Art. 710 CC ella se configura por el empleo de fuerza en su adquisición. Por lo tanto, si la violencia es empleada con posterioridad a haberse adquirido la posesión, no por ello la posesión se convierte en violenta y continúa siendo pacífica. Esto tiene una excepción, ya que el Art. 711 CC señala que: “El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa, y volviendo el dueño le repele, es también poseedor violento”. Cabe precisar que la ley debió emplear la expresión “poseedor” en vez de dueño. Pothier entendía este último caso como un caso de violencia ejercida al adquirir la posesión y no con posterioridad. Ello por cuanto, el poseedor que se ausenta conserva la posesión en virtud de su voluntad de regresar. El nuevo poseedor adquiere, en verdad, la posesión solamente cuando regresa el ausente y como en ese momento de iniciar posesión ha empleado la violencia, tiene que ser considerado poseedor vicioso. En todo caso, esta interpretación de Pothier resulta equivocada e insostenible en nuestro derecho. En efecto, de conformidad a la regla del Art. 726 CC “Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya”, con lo cual en el supuesto de hecho del Art. 711 CC, la posesión se pierde al momento del apoderamiento y no cuando volviendo el antiguo poseedor el nuevo le repele. Respecto al alcance de la voz “repeler”, la Corte Suprema entiende que “se repele al dueño (poseedor) cuando simplemente se le niega la devolución de la cosa”. Este criterio es muy dudoso. Cabe destacar que la regla del Art. 711 CC solo se aplica a la posesión de los bienes muebles e inmuebles no inscritos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1.1. Actualidad e Inminencia de la Fuerza: De conformidad con el Art. 710, inc. 2 CC la fuerza puede ser actual o inminente. 1) Fuerza Actual: “Apoderamiento de la cosa arrebatándola al que la tiene en su poder utilizando medios compulsivos, que suponen procedimientos violentos o brutales”. 2) Fuerza Inminente: “Apoderamiento de la cosa amenazando a quien la tiene en su poder con un mal o daño susceptible de producirle temor”. Existen autores que estiman aplicables a la fuerza posesoria las disposiciones de la fuerza como vicio del consentimiento. 1.2. Autores y Víctimas de la Fuerza (Art. 712 CC): “Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lugar o a nombre de otro. Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, y que se ejecute con su consentimiento o que después de ejecutada se ratifique expresa o tácitamente”. 1.3. Temporalidad y Relatividad de la Violencia: Se acostumbra a decir que la violencia en materia posesoria reviste carácter temporal y relativo: 1) Temporalidad: “El carácter vicioso de la posesión desaparece desde que la violencia cesa”. Una posesión violenta no puede constituir un estado permanente. Se señala como demostración de ello, el contenido de los Arts. 918 y 920, inc. 3 CC, ya que este último señala que: “Si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se contará este año desde el último acto de violencia, o desde que haya cesado la clandestinidad”, de lo cual se deduce que una vez cesada la violencia la posesión deja de tener tal carácter y por ello puede entablar el poseedor acciones posesorias. Ahora bien, el carácter temporal de la violencia ha sido discutido en función de los siguientes argumentos: a. Al tenor del Art. 710 CC la ley atiendo exclusivamente a la fuerza ejercida al momento de adquirir la posesión, a efectos de considerar violenta a la posesión, no importando a dicho efecto que la violencia cese después. b. El carácter temporal de la violencia posesoria, y que aparece recogido en los artículos pertinentes relativos a las acciones posesorias, es de exclusiva aplicación en dicho ámbito y se explica para evitar incentivos a la autodefensa. Si se privase a todo poseedor violento de acciones posesorias por el sólo hecho de ser tal, ello resultaría en el hecho un llamado al ejercicio de la fuerza. Por lo anterior, y según quienes así opinan, la posesión violenta es perenne. 2) Relatividad: “Solo configura como violenta la posesión respecto de la víctima de la fuerza y no frente a terceros”. Solo podría invocar el carácter de violento de la posesión aquel que ha sido víctima de ella, y no un tercero diverso. Hay quienes discuten también el carácter relativo de la violencia, aduciendo que el carácter contrario a derecho de esta, la hace un vicio absoluto y “erga omnes”. 2. Posesión Clandestina (Art. 713 CC): “La que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella”. Es importante señalar que el Art. 851 del Proyecto de 1853 establecía que posesión 192

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe clandestina es la que se ha adquirido por vías clandestinas. El referido criterio no se mantuvo, considerándose solamente a efectos de la clandestinidad de la posesión como ella se “ejerce”. La posesión clandestina se opone a la posesión pública y atendido lo dicho puede darse en cualquier momento de la posesión y no solo al adquirirse esta. El carácter clandestino de la posesión se da exclusivamente por el ocultamiento de ella ante el interesado en oponerse, de ordinario el dueño, no obstante que se exhiba frente a todos los restantes terceros. Por ello, no es necesario que el ocultamiento de la posesión se haga respecto de todo el mundo. 2.1. Relatividad y Temporalidad de la Clandestinidad: La clandestinidad es relativa, por cuando solo puede invocarla aquel que teniendo derecho a oponerse a la posesión le ha sido ocultada. Asimismo, es temporal pues, desde que termina el ocultamiento deja la posesión de ser clandestina y viciosa. 2.2. La Clandestinidad se concibe más fácilmente respecto de los muebles: Esto resulta evidente. Se acostumbra colocar como un caso de posesión clandestina de un inmueble la de aquel que construye y utiliza subterráneos de él, hipótesis en verdad teórica y difícil de concebir. 3. Utilidad de las Posesiones Viciosas: Esto alude a si mediante ella puede el poseedor llegar a hacerse dueño de lo poseído. Si ello es posible, la posesión será útil, mientras que en el caso contrario inútil. Existen dos tesis: 1) Tesis de la Utilidad de las Posesiones Viciosas: Para concluir así dan los siguientes argumentos: a. No existe regla alguna que establezca la imposibilidad de ganar por prescripción las cosas poseídas en forma viciosa. b. Los vicios de la posesión pueden acompañar tanto a una posesión regular como irregular: Ello por cuanto, el ocultamiento posterior importa mala fe sobreviniente que no afecta la regularidad de la posesión, ya que ella se configura por la buena fe inicial, esto es, al momento de adquirir. Cabe señalar eso sí, que una posesión violenta o clandestina en su inicio, serán siempre irregulares, ya que dichas circunstancias se oponen a la buena fe inicial. c. La ley permite que el poseedor violento llegue a adquirir por prescripción, dado que el Art. 2510 CC permite la prescripción extraordinaria incluso sin título, cuál sería el caso del poseedor violento: La referencia del Nº3 de dicho artículo en su Nº2 a que la posesión no ha debido ser violenta, solo se refiere al supuesto excepcional en que se invoque un título de mera tenencia, pero no puede extenderse su alcance a otros casos. En suma, los partidarios de esta teoría entienden que el poseedor violento puede ganar por prescripción extraordinaria a falta de título, mientras que el poseedor clandestino podrá adquirir por prescripción extraordinaria si carece de título, o es poseedor irregular, o por prescripción ordinaria si es poseedor regular, todo ello conforme a las reglas generales. 2) Tesis de la Inutilidad de las Posesiones Viciosas: Señalan que solo conduce a la prescripción la posesión no viciosa, la cual podrá ser regular o irregular, pero existiendo vicios de la posesión, ella deja de ser calificada como regular o irregular y se transforma en posesión del todo inútil para prescribir. Se fundan en los siguientes argumentos: a. De ser útiles las posesiones viciosas toda la regulación que la ley hico de ellas sería inconducente y no tendría justificación práctica alguna. 193

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. En el Mensaje del Código Civil Bello expresó que la posesión regular era aquella adquirida sin violencia ni clandestinidad, y era la única que conducía a la prescripción: Si bien los términos y alcances son errados por el cambio de la nomenclatura que distinguía entre posesión natural y civil, sirve para explicar que la posesión violenta y clandestina nunca llevan a la prescripción. c. Los Arts. 2498 y 2492 CC confirman que no es la posesión el único supuesto de la prescripción, sino que ella supone además otras “condiciones legales”, dentro de las cuales se comprende la exigencia de carecer de vicios la posesión. d. El Art. 717 CC alude separadamente a las “calidades” y “vicios” de la posesión, con lo cual deja en claro que discurren en ámbitos distintos y son conceptos diversos su regularidad o irregularidad, y sus eventuales vicios. e. El Art. 894 CC alude al poseedor regular que está en condiciones de ganar la cosa por prescripción, con lo cual se reconoce implícitamente que existen poseedores regulares que no pueden ganar la cosa por prescripción, el cual no puede ser otro que el poseedor regular vicioso. f. X.

El derecho en general y el Código en particular, repugnan de la violencia y el dolo a las cuales privan de eficacia jurídica, como lo demuestran innumerables reglas.

LA POSESIÓN NO SE TRANSMITE NI TRANSFIERE.

La posesión es un hecho. Congruente con ello se acostumbra a referir que ella no se transmite ni transfiere. 1. No se transmite: La expresión “transmitir” designa entre nosotros al cambio de titularidad en un derecho por causa de muerte, mientras que la expresión “transferencia” designa el cambio de titular por acto entre vivos. La posesión es un hecho que no se pasa del causante a su heredero, sino, que nace originariamente en este último. Ello se funda básicamente en el Art. 717 CC, a los cuales se acostumbra a agregar los Arts. 688 y 722 CC. El primero de ellos es claro en señalar que, en caso de sucesión a título universal, la cual solo puede darse en el caso de la sucesión por causa de muerte, la posesión del sucesor principia en él. 2. No se transfiere: En virtud del ya mencionado Art. 717 CC, el cual refiere indistintamente a la sucesión a título universal y singular, resulta claro que, en caso de sucesión entre vivos, tampoco el sucesor adquiere la posesión de que gozaba su antecesor. Es decir, la posesión tampoco es objeto de transferencia entre vivos. XI.

AGREGACIÓN O ACCESIÓN DE POSESIONES.

El Art. 717 CC recoge la posibilidad de la denominada agregación o accesión de posesiones, ya que señala que: “Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor, principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores”. 1. La Posesiones deben ser Contiguas: Para que proceda la accesión de posesiones es menester que todas las posesiones que se agregan sean contiguas sin solución de continuidad. Así, si una misma cosa ha sido poseída por Pedro, Juan y Diego sucesivamente, Diego podrá agregar la posesión de Juan exclusivamente, o bien la de Juan y la de Pedro, pero no podrá agregar exclusivamente la de Pedro, al no ser contigua a la suya. 194

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe De la misma manera, no procede la accesión de posesiones si en la cadena de posesiones ha operado la interrupción, ya sea civil o natural. 2. Solo el sucesor puede agregar posesiones: El sucesor es “aquel que aparece vinculado jurídicamente con su antecesor y respecto del cual ocupa su lugar jurídico”. Por ello, y, por ejemplo, el usurpador y el ladrón no pueden agregar la posesión de sus víctimas pues, no revisten la calidad de sucesores de ellas. Respecto a ello hay dos casos relevantes: 1) Ineficacia del Título que vincula a las Posesiones Contiguas: Tal como se señaló, debe haber entre el que agrega posesión y aquel cuya posesión se agrega, un título que puede consistir en cualquier negocio jurídico que sirva de nexo de unión entre las posesiones que se añaden o fusionan. Lo anterior plantea el problema de determinar qué ocurre cuando el título que sirve de nexo a ambas posesiones deviene en ineficaz, como ocurriría, si es declarado nulo o resuelto. Al respecto existe división en la doctrina. 2) Caso de la Adjudicación: De conformidad con el Art. 718 CC, el comunero adjudicatario se encuentra facultado para agregar a la posesión propia que se inicia con la adjudicación, la posesión habida durante el periodo de indivisión. Como expresa Peñailillo, la solución legal descrita y en tanto facultativa la agregación de posesión resulta contradicha con el carácter declarativo de la adjudicación, el cual impondría forzosamente esa extensión. 3. Efectos de la Agregación de Posesiones: El tiempo de posesión del sucesor se ve incrementado con el tiempo de posesión de aquellos antecesores, cuya posesión o posesiones decidió agregar. Ahora bien, el Art. 717, inc. 1 CC supone necesariamente que el sucesor hace suyas en tanto poseedor, las calidades y vicios de que eventualmente pudieren padecer las anteriores posesiones objeto de agregación. Esto implica dos casos: 1) Agregación de una posesión irregular a una regular: Por el hecho de la agregación la posesión de este último se hace también irregular. 2) Agregación de una posesión regular a una irregular: Si a una posesión defectuosa se agrega una de buena calidad, no por ello se va a purificar la primera. Ahora bien, resulta interesante referir a una discusión en Colombia que se da respecto a este mismo hecho a la luz de un articulado idéntico al nuestro. Allí se distinguen tres situaciones posibles: a. El poseedor irregular que agrega la posesión regular anterior, lo es en razón de mala fe: Al agregar la posesión anterior mejoraría su calidad y se convertiría en poseedor regular porque la buena fe se exige solo al momento de la iniciación de la posesión y como la del poseedor actual es sobreviniente, no afecta para nada su posesión. b. El poseedor irregular actual tiene tal calidad por faltarle el justo título: En tal caso no podría hacer la agregación al carecer de un vínculo jurídico con el antecesor. c. El poseedor es irregular por falta de justo título y buena fe: Tampoco podría hacer agregación, pues en tal caso falta el vínculo jurídico que lo une al antecesor en la posesión. Si bien la doctrina nacional no se ha ocupado de dichos distingos, el autor de todos modos estima que la anterior distinción resulta discutible. En la hipótesis de la letra a resulta discutible que el carácter inicial de la buena fe permita la conversión de la posesión irregular en regular. Ello importa 195

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe darle un alcance que no tienen a la característica de juzgarse la buena fe al momento de adquirirse la posesión. Las hipótesis de las letras b y c son discutibles también pues, importa entender que no se es sucesor si el título es injusto, lo cual también importa dar al requisito de justicia del título un alcance que no tiene. El único distingo que formula la doctrina nacional a ese respecto dice relación con el caso del poseedor irregular que agrega la posesión de su antecesor que era regular y además había completado el plazo de prescripción ordinaria. En tal caso podría, agregando dicha posesión anterior, disociarla de su propia posesión, y alegar la prescripción invocando exclusivamente el plazo posesorio del antecesor. XII.

ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN.

1. Capacidad para Adquirir la Posesión de los Bienes Muebles: El Art. 723 CC señala que: “Los que no pueden administrar libremente lo suyo, no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprensión material o legal; pero no pueden ejercer los derechos de poseedores, sino con la autorización que competa. Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros”. Esto implica una diferencia con la regla general, ya que son aptas para adquirir posesión toda persona, con la sola excepción de los dementes y los infantes, quienes carecen de voluntad. Eso se justifica por cuanto la adquisición posesoria solo supone el apoderamiento y la voluntad de hacer suyo lo aprehendido por parte de quien aprehende. Es un acto en extremo sencillo. Ahora bien, es importante destacar que, para el ejercicio de los derechos de poseedores, esto es, para la celebración de actos jurídicos sobre las cosas poseídas, habrá que estarse a las reglas generales. Ello porque son cosas diversas la capacidad para adquirir posesión y el ejercicio de derechos nacidos de ella. 2. Adquisición de la Posesión por Representantes (Art. 720 CC): “La posesión puede tomarse no sólo por el que trata de adquirirla para sí, sino por su mandatario, o por sus representantes legales”. A este respecto pueden plantearse dos situaciones: 1) Adquisición de la Posesión por Mandatario o Representante (Art. 721, inc. 1 CC): En tal caso la adquisición posesoria a favor del representado o mandante se produce al momento en que la posesión es tomada, no obstante que el representado tome conocimiento de ello después. Al tenor del Art. 712, inc. 2 CC si en la adquisición posesoria del representante ha mediado violencia, la posesión del representado es violenta. Es importante señalar que los dementes y los infantes no pueden adquirir posesión ni aun con mandatarios o representantes por expresa disposición del Art. 723, inc. 2 CC. 2) Adquisición de la Posesión por Agentes Oficiosos (Art. 721, inc. 2 CC): “Si el que toma la posesión a nombre de otra persona, no es su mandatario ni representante, no poseerá ésta sino en virtud de su conocimiento y aceptación; pero se retrotraerá su posesión al momento en que fue tomada a su nombre”. A. Sección Primera: “ADQUISICIÓN, CONVERSACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES MUEBLES”

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Adquisición de la Posesión de los Bienes Muebles: Del Art. 723, inc. 1 CC se desprende que la posesión se adquiere respecto de los bienes muebles cuando concurren voluntad y aprehensión material o legal. El Código habla de “aprehensión material o legal” debido a que el corpus implica que la cosa objeto de posesión sea objeto de aprehensión real o bien ficta, como ocurre en las formas de tradición que revisten tal carácter. El animus se configura en virtud de concurrir un título de detentación que implique ánimo de señor y dueño. 2. Conservación de la Posesión de los Bienes Muebles: La posesión se conserva mientras se mantengan el corpus y el animus. Ahora bien, pueden darse casos en que se pierda el corpus, pero no la posesión. Estos son: 1) Ignorancia del Paradero de la Cosa (Art. 727 CC): “La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero”. Debe aclararse eso sí, que en aplicación de la regla del Art. 727 CC, si otra persona gana la posesión de la cosa cuyo paradero se ignora, en tal caso el antiguo poseedor pierde la posesión. 2) Entrega de lo poseído en virtud de un título de mera tenencia (Art. 725 CC): “El poseedor conserva la posesión, aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o a cualquiera otro título no translaticio de dominio”. Parece dudoso en términos de sistemática considerar este caso como una hipótesis de pérdida de corpus. Ello porque en la sistemática del Código el mero tenedor tiene la cosa en nombre del poseedor, con lo cual debe entenderse que este último no ha perdido el corpus, ya que el mero tenedor detenta en representación del poseedor. 3. Pérdida de la Posesión de un Bien Mueble: Se puede perder en dos situaciones: 1) Pérdida del Corpus y el Animus: Así ocurre, por ejemplo, cuando se enajena la cosa, o bien se abandona. 2) Pérdida del Corpus: Esto se da en los siguientes casos: a. Apoderamiento de la Cosa por otro (Art. 726 CC): “Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya; menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan”. b. Imposibilidad de Ejecutar Actos Posesorios: Lo característico de este supuesto es que se pierde la posesión al perderse el corpus y sin que otro entre en posesión de la cosa. Tal sería el caso de que la cosa cayere a un rio o mar. La situación descrita está reconocida a contrario sensu por el Art. 727 CC, ya que al aludir a que la posesión no se pierde mientras la cosa “se halla bajo el poder del poseedor”, revela que contrariamente, si se pierde si deja de estar en poder del poseedor. c. Enajenación de la Cosa por el Mero Tenedor (Art. 730, inc. 1 CC): “Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra; a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa, y pone fin a la posesión anterior”. La expresión “enajene a su propio nombre” utilizada por la ley, alude a que el mero tenedor enajene por si la cosa, y no actuando por el poseedor. Si el mero tenedor dice actuar a 197

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe nombre del poseedor, no estando facultado para ello, y procede en tal calidad a enajenar la cosa, el tercero adquirente adquirirá también la posesión de la cosa, la cual será irregular por injusticia del título al tenor del Art. 704 Nº2 CC. 3) Pérdida del Animus: Como ocurre en el caso de la constituto posesorio. B. Sección Segunda: “ADQUISICIÓN, CONVERSACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES NO INSCRITOS” 1. Adquisición de la Posesión de Inmuebles No Inscritos: 1) Por Ocupación o Simple Apoderamiento: Ha discutido la doctrina si sirve o no de título posesorio respecto de los inmuebles no inscritos: a. No se admite como título: Los que sostienen esta posición se basan en el Art. 724 CC, el cual muy categóricamente señala que: “Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el Registro del Conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio”. Esto se reafirmaría por los Arts. 696 y 2505 CC. El primero señala que: “Los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de la manera que en dichos artículos se ordena”. El segundo dice: “Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito; ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo”. Sin embargo, y por muy generales que aparezcan los términos del Art. 724 CC, la interpretación anterior choca con el Art. 729 CC, ya que este señala que: “Si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde”. Si ello es así, con mucha mayor razón el que se apodera de un inmueble no inscrito sin violencia pasa a ganar la posesión de él. Los partidarios de negar la posibilidad de ganar posesión de un inmueble no inscrito sin inscripción arguyen que el Art. 729 CC solo establece que en tal supuesto quien se apodera del inmueble hace perder la posesión del que la tenía, pero, sin ganarla para él. Ello resulta disparatado pues no se concibe que en tal caso el bien quede sin poseedor. b. Si se admite como título: Entienden que el Art. 724 CC debe entenderse aplicable solo al caso de los inmuebles inscritos, o bien, al caso de inmuebles no inscritos, pero solo cuando el título posesorio sea un título traslaticio de dominio. Confirma esta interpretación lo señalado en el Art. 728, inc. 2 CC el cual dice: “Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente”, lo cual, a contrario sensu implica que si el apoderamiento recae en un inmueble no inscrito se pone fin a la posesión la cual es ganada por el que se apodera del bien. Ahora bien, respecto al carácter de la posesión adquirida por ocupación respecto a un inmueble no inscrito, resulta evidente que la posesión a ese respecto será siempre irregular. Ello por cuanto la buena fe posesoria supone en el que adquiere la posesión la creencia de que adquirirá el dominio del inmueble, lo cual resulta imposible, pues, la ocupación supone una cosa sin dueño y no existen inmuebles sin dueño al tenor del Art. 590 CC. En consecuencia, el ocupante del inmueble de creer 198

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe que gana el dominio incurre en un grueso error de derecho, ignorar el Art. 590 CC, lo cual constituye al tenor del Art. 706, inc. final CC una presunción de derecho de mala fe. 2) Por Sucesión por Causa de Muerte: Resulta evidente que, si se invoca como título posesorio del bien raíz no inscrito, la calidad de heredero no es menester inscripción alguna a efectos de adquirir la posesión. Según es sabido las inscripciones exigidas por el Art. 688 CC no lo son a efectos de adquirir posesión, sino como presupuesto para disponer de los inmuebles hereditarios, y se fundan en la necesidad de mantener la historia de la propiedad raíz. Además, los Arts. 688 y 722 CC que consagran la denominada posesión legal de la herencia, la confieren al momento de la delación, por esa sola circunstancia y sin necesidad de inscripción alguna, no obstante existir inmuebles en la sucesión. 3) Por Accesión: Es este el caso del poseedor de un inmueble no inscrito al cual se ha junto otro inmueble. En tal caso, el poseedor del inmueble no inscrito se hace poseedor del terreno que ha accedido a él sin necesidad de inscripción alguna. Dicha posesión será regular o irregular según lo sea la posesión de la cosa principal. 4) Por un Título Traslaticio de Dominio: Hay que distinguir: a. Para adquirir la posesión regular: Si se invoca un título traslaticio de dominio, resulta obvio que la adquisición de la posesión regular pasa por la inscripción del título en el respectivo registro conservatorio. Lo anterior por una razón muy simple. Es sabido que uno de los requisitos de la posesión regular es la tradición (Art. 702, inc. 3 CC), y es sabido también que la tradición de derechos inmuebles solo puede hacerse por inscripción (Art. 686 CC). En consecuencia, si se omite la inscripción falta la tradición, que constituye uno de los requisitos de la posesión regular. Para practicar la inscripción del título traslaticio en el respectivo registro conservatorio, habrá que estar a lo dispuesto en el Art. 693 CC y el Art. 58 Reglamento del Registro Conservatorio, ya que se trata de la primera inscripción del inmueble. b. Para adquirir la posesión irregular: Hay una controversia: i. Es necesaria la inscripción para adquirir la posesión irregular (Claro Solar y Víctor Vial): Argumentan que: 1. El Art. 724 CC así lo consagra, y sin distinguir entre inmuebles inscritos o no inscritos. 2. Suponer que se puede adquirir la posesión irregular sin inscripción, importaría que el legislador, que deseaba innovar radicalmente en materia de posesión de inmuebles, admitió dejar subsistentes dos modos de adquirir la posesión de los bienes raíces, uno para los bienes no inscritos y otro para los inscritos: Esto se vería confirmado por las palabras del Mensaje: “La inscripción es la que la posesión real”. 3. Esto es congruente con el deseo del legislador, expresado también en el Mensaje, en orden a que llegaría el día en que todos los inmuebles se encontrarían inscritos. 199

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. El Art. 729 CC confirmaría lo anterior pues, sería una sanción al que no inscribe el inmueble, lo cual confirmaría el deseo del legislador de incentivar la inscripción, lo cual es incompatible con permitir adquisición posesoria, incluso la irregular, sin inscripción. ii. No es necesaria la inscripción para adquirir la posesión irregular: Fundan en: 1. El Art. 724 CC solo se refiere a los inmuebles inscritos, como lo demuestra el contenido del Art. 729 y 728, inc. 2 CC. 2. El Art. 724 CC solo puede referirse a la posesión regular, pues, solo respecto de ella se exige tradición. 3. El Art. 730 CC confirmaría los criterios anteriores: Dicha regla, que se refiere al caso de adquisición de la posesión de un bien raíz en virtud de un título traslaticio de dominio, otorgado por el usurpador, no hace en su primer inciso diferencia alguna entre muebles e inmuebles. Y en el segundo inciso, donde viene a exigir la inscripción del tercero adquirente, lo hace solo en el caso que el usurpador tenía la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito. En ese sentido, este inciso es una excepción que fija el alcance de la disposición, y que hace exigible la inscripción solo para los bienes inscritos. 2. Conservación de la Posesión de un Inmueble No Inscrito: Resulta evidente que la posesión de la finca no inscrita se conserva mientras subsistan la tenencia y el ánimo de señor y dueño. La ausencia temporal del poseedor no pone término a la posesión del inmueble no inscrito, siempre que se encuentre en situación de ejercitar cuando le plazca, el señorío de hecho que se le atribuye. 3. Pérdida de la Posesión de los Inmuebles No Inscritos: Puede ser por voluntad del poseedor o contra la voluntad de este. Al efecto se pueden diferencias las siguientes hipótesis: 1) Pérdida por Abandono: No implica abandono la simple abstención, por parte del poseedor, de actos posesorios sobre la cosa cuando no hay nada que se lo impida. El no uso constituye una forma de usar. 2) Pérdida por Enajenación: Debe recordarse la controversia existente de si en tal supuesto, la adquisición de la posesión por el adquirente requiere o no de la inscripción conservatoria del título. Para quienes no admiten adquisición posesoria sin inscripción, si se enajena el inmueble no inscrito puede que se pierda la posesión del inmueble por quien enajena, pero ella no es ganada por el adquirente mientras no practique la respectiva inscripción. 3) Pérdida por Apoderamiento: Debe recordarse a este respecto las controversias existentes en cuanto a si es o no necesaria la inscripción, a efectos de ganar posesión por apoderamiento de un inmueble no inscrito. Es importante señalar que, si el poseedor anterior recupera legalmente la posesión perdida, por haber otro entrado en ella merced al apoderamiento, se entenderá no haberla perdido nunca (Art. 731 CC). 4) Pérdida por la Enajenación del Inmueble efectuada por el Mero Tenedor Usurpador: De acuerdo con el Art. 730, inc. 1 CC la sola circunstancia de usurpar el mero tenedor el inmueble no hace perder posesión ni ganarla correlativamente por el usurpador. 200

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Para que la posesión cese, es menester que el mero tenedor enajene el inmueble no inscrito a su propio nombre, en cuyo caso la posesión es perdida por el poseedor y ganada por el adquirente. Se plantea a este respecto también controversia. Resulta evidente que el adquirente a quien le enajene el inmueble no inscrito el mero tenedor usurpador requerirá de inscripción a efectos de adquirir la posesión regular del inmueble. La controversia se plantea en torno a si es necesaria la inscripción a efectos de adquirir posesión irregular. 5) Enajenación del inmueble no inscrito en virtud de un título no otorgado por el poseedor del mismo: El problema que se plantea considera en dilucidad si la inscripción del título es o no idónea a efectos de hacer cesar la posesión anterior. Para quienes conciben a la inscripción como una ficción legal de posesión, en tal caso la inscripción hará nacer posesión en el adquirente y le pondrá término a la posesión del poseedor original. Para todos aquellos que conciben la inscripción solo como garantía de posesión cuando da cuenta de una realidad posesión, la inscripción no permitirá adquirir posesión al adquirente, ni hacer perder la suya al verdadero poseedor. En tal caso la inscripción será una mera “inscripción de papel”. C. Sección Tercera: “ADQUISICIÓN, CONVERSACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES INSCRITOS” 1. Adquisición de la Posesión de los Inmuebles Inscritos: 1) Por Sucesión por Causa de Muerte: No se requiere de inscripción alguna para adquirir la posesión de un inmueble inscrito, si se invoca como título posesión a la sucesión por causa de muerte. A este respecto debe recordarse que las inscripciones conservatorias mandadas por el Art. 688 CC lo son para el solo efecto de poder disponer de los inmuebles hereditarios, y por lo tanto no constituyen requisito para adquirir posesión. 2) Por Accesión: Aquí tampoco se requerirá de inscripción para adquirir la posesión del inmueble que se junta a otro inmueble ya inscrito. 3) Por Simple Apoderamiento u Ocupación: La gran mayoría de la doctrina estima imposible que la ocupación, o bien el simple apoderamiento, pueda servir de título para ganar la posesión de un inmueble inscrito. Esto se funda por dos motivos: a. El Art. 729 CC a contrario sensu: Al disponer dicha regla que el apoderamiento violento y clandestino de un inmueble no inscrito, pone término a la posesión del que la tenía, está demostrando que, al contrario, si el apoderamiento es de un inmueble inscrito, en tal caso no se pone término a la posesión anterior. b. El Art. 728, inc. 2 CC, que prescribe que mientras subsista la inscripción, el que se apodera del inmueble no gana posesión, ni pone fin a la existente. 4) Por un Título Traslaticio de Dominio: Resulta evidente que la adquisición de la posesión regular supone la inscripción del título, pues es la única forma de hacer la tradición. La controversia radica en relación a la adquisición de la posesión irregular, pues existen quienes sostienen que para ello no es necesaria la inscripción: a. Argumentos de quienes sostienen la posibilidad de adquirir posesión irregular sin necesidad de inscripción: Se funda en que el Art. 724 CC solo puede referirse a la posesión regular, porque solo en ella se requiere especialmente la tradición; la posesión 201

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe irregular, la violenta y la clandestina no necesitan de la tradición o bien pueden existir sin la inscripción, como se deduce de los Arts. 702, 708, 729 y 730 CC. Esta posición es marcadamente minoritaria. b. Argumentos de quienes sostienen que la inscripción del título traslaticio es necesaria también para adquirir la posesión irregular: i. Es cierto que la posesión irregular no necesitaría de tradición, pero ello no puede hacer olvidar que la ley en reiterados preceptos ha consignado que la posesión subsiste, mientras la inscripción subsista y no se cancele: De admitirse la opinión contraria, se produciría una coexistencia de posesiones, lo cual no es tolerado por la ley. ii. El Art. 2505 CC en cuanto impide la prescripción adquisitiva en contra de título inscrito, sino es en virtud de otro título inscrito, demuestra que sin inscripción no puede adquirirse posesión alguna, ni siquiera irregular. iii. El Mensaje del Código Civil es claro al decir “la inscripción es la que da la posesión real efectiva; y mientras ella no se ha cancelado, el que no ha inscrito su título no posee, es un mero tenedor”. iv. El deseo del legislador es que todos los bienes raíces entren al sistema de la propiedad inscrita, lo cual no se condice con admitir la adquisición de la posesión irregular sin inscripción. 2. Conservación y Pérdida de la Posesión de los Inmuebles Inscritos: La mayoría de la doctrina entiende que la posesión inscrita se conserva mientras subsista la inscripción y ella no sea cancelada. Esto es lo que se conoce como “la inscripción como garantía de posesión” y estaría consagrada en el Art. 728 CC que señala que: “Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente”. En ese contexto, la mayoría de la doctrina considera que tratándose de un inmueble inscrito ningún acto material de apoderamiento permite ganar posesión y poner fin a la existente. No obstante ello, existe alguna opinión mayoritaria que estima procedente ganar posesión irregular de un inmueble merced a actos materiales de detentación del inmueble. Sin embargo, la posición descrita va en contra de la letra del Art. 728 CC y contra el claro texto del Art. 2505 que señala que: “Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito; ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo”. Además, importaría admitir coexistencia de posesiones, lo cual no es posible. 2.1. La Cancelación de Inscripciones: Al tenor del Art. 728 CC la única manera de poner fin a la posesión inscrita es a través de la cancelación. Esta debe entenderse como “dejar sin efecto una inscripción en el Registro por alguno de los tres medios que el Art. 728 CC señala”. 1) Cancelación de la Inscripción por Voluntad de las Partes: Esta opera destruyendo los efectos de la inscripción que se cancela y haciendo renacer la inscripción anterior. 202

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esta cancelación es material, esto es, el Conservador debe materialmente efectuar la cancelación en el Registro. Por ello, llamó profundamente la atención una sentencia de 1930 que admitió la cancelación virtual de una inscripción, por acuerdo de las partes, entendiendo que este se producía tácitamente, a resultad de la tolerancia del titular de la inscripción ante actos de dueño ejecutados por poseedores materiales del predio. 2) Cancelación de la Inscripción por Decreto Judicial: Una sentencia puede ordenar la cancelación de la inscripción cuando así haya sido solicitado por quien ejerce la correspondiente acción. En este caso también nos encontramos frente a una cancelación material de la inscripción que al igual que en el caso anterior, destruye los efectos de la misma. 3) Cancelación por Transferencia hecha por el Poseedor Inscrito: Se da cuando el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro en virtud de un título traslaticio, el cual es inscrito en el registro conservatorio a fin de efectuar la subsecuente tradición. En el supuesto descrito, y a diferencia de los dos casos anteriores, la cancelación es virtual y no material, pues se produce de forma automática por el hecho que el poseedor inscrito transfiera a otra persona su derecho: simultáneamente con efectuarse la tradición, mediante la inscripción a favor del comprador queda cancelada la inscripción anterior. Aquí no renace una inscripción anterior. De conformidad al Art. 692 CC “Siempre que se transfiera un derecho que ha sido antes inscrito, se mencionará la precedente inscripción en la nueva”, todo ello a fin de mantener la historia de la propiedad raíz. Ahora bien, se han producido algunos problemas sobre esta cancelación: a. Cancelación en virtud de un Título Injusto: La jurisprudencia en un principio estableció que, dado que el Art. 728 CC aludía a que “el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro”, dicha situación se daba solo en el caso de los títulos justos, razón por la cual un título sin esa calidad no producía el efecto de cancelar la inscripción anterior. El criterio fue posteriormente abandonado, existiendo fallos que reconocen al título injusto la aptitud de cancelar la inscripción anterior, en la medida que exista cierta continuidad, aunque aparente, entre ambas inscripciones. Los argumentos para ello son los siguientes: i. El Art. 703, inc. 2 CC reconoce expresamente a un título particularmente injusto, como lo es el del usurpador, la aptitud de poner de fin a la posesión anterior: Se podría rebatir el carácter injusto de dicho título, pues la venta de cosa ajena no es título injusto al tenor del Art. 704 CC. ii. El Art. 2510 Nº1 CC reconoce la posibilidad de prescribir sin título alguno, lo cual revela que con mayor razón se puede prescribir con título injusto. iii. Los Arts. 728 y 2505 CC, ambos referidos a la cancelación de la inscripción anterior por la inscripción de un título traslaticio, no distinguen entre títulos justos e injustos. b. Cancelación por una nueva inscripción desligada de la anterior: De conformidad con el Art. 730, inc. 2 CC “Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito, se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se 203

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe adquiere por otra, sin la competente inscripción”. Frente a ello se ha cuestionado la doctrina cuál es el alcance de la voz “competente inscripción”: i. Competente inscripción es solo aquella que importa inscripción de un título emanado real o aparentemente del poseedor inscrito: La inscripción emanada de quien no es poseedor inscrito del inmueble es ineficaz para conferir posesión y poner término a la anterior. Arguyen que el Art. 728 CC es claro en disponer que la cancelación de la posesión inscrita, merced a la inscripción de un nuevo título, se da solo en el caso que el poseedor transfiera su derecho, lo que ocurre exclusivamente cuando el nuevo título inscrito emana de él. Esto parece, al menos aparentemente, en contradicción con el Art. 730, inc. 2 CC que expresamente atribuye a la inscripción del título consistente en la enajenación a un tercer por el mero tenedor usurpador, esto es, de un título que no emana del poseedor, la aptitud de cancelar la inscripción anterior, siempre claro está, que sea competente. A fin de sortear dicha aparente contradicción, los sostenedores de esta doctrina arguyen que el Art. 730, inc. 2 CC se aplica exclusivamente a los casos de ratificación por parte del poseedor inscrito de la venta efectuada por el usurpador, del usurpador que con posterioridad a la venta adquiere el inmueble vendido y, por último, al caso del usurpador que suplanta en la venta al verdadero dueño del inmueble usurpado inscrito. En suma, para estos autores “competente inscripción” es la que emana del poseedor inscrito, aunque sea en forma solo aparente. ii. La calificación de competente inscripción se hace exclusivamente en función del cumplimiento de las normas legales en lo tocante al registro en que se practica, según la ubicación del inmueble y a las solemnidades legales de la inscripción: Los sostenedores de esta opinión consideran que el Art. 730, inc. 2 CC constituye una excepción al Art. 728 CC. Lo demostraría la circunstancia de admitir dicha regla, que el poseedor inscrito puede perder la posesión a resultas de la enajenación de la cosa por el usurpador, seguido de la competente inscripción. Resultaría evidente que la regla del Art. 730 CC se refiere a la inscripción del título que emana del usurpador, pues de entenderse que se alude al título emanado del poseedor inscrito, estaría la norma demás ya que ese supuesto está contemplado en el Art. 728 CC. Por último, los partidarios de esta doctrina contradicen las explicaciones dadas en orden a cuáles casos se aplicaría el Art. 730 CC, según los sostenedores de la opinión opuesta. Aducen que los casos de ratificación o bien, de adquisición posterior del inmueble por parte del usurpador, no son los casos referidos en el Art. 730, inc. 2 CC, ya que de lo contrario dicha regla no prestaría utilidad alguna, ya que los casos señalados son casos en que quien en definitiva ha actuado es el verdadero poseedor, y caben por lo tanto en el Art. 728 CC. La jurisprudencia ha oscilado entre las dos posiciones descritas. 204

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe D. Sección Cuarta: “OTROS TEMAS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN, CONVERSACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN” 1. La Superposición de Inscripciones y las Inscripciones de Papel: 1) Las Inscripciones de Papel: “Inscripciones registrales que no dan cuenta de realidad posesoria alguna y solo tienen existencia en el papel”. La necesidad de evitar situaciones de injusticia ha llevado a nuestros tribunales a privar de valor posesorio a las denominadas inscripciones de papel. Así, por ejemplo, se ha dicho que la inscripción por sí misma, sin ir acompañada de la posesión material del corpus nada significa. En opinión del autor, el criterio de los tribunales debiera ser en extremo restrictivo y admitir la existencia de inscripciones de papel, solo cuando la prueba de la inexistencia de realidad posesoria sea indesmentible e irrefutable. 2) Superposición de Inscripciones: “Se produce cuando un mismo inmueble, de manera total o parcial, es objeto de dos o más inscripciones conservatorias”. Ello puede obedecer a varias razones, todas las cuales tienen de común el error, o bien, el abierto fraude. La circunstancia descrita, la cual no fue prevista como tal por Bello al instaurar su sistema plantea la cuestión acerca de que inscripción ha de preferirse, con las consecuencias posesorias que de ello se derivan. La única norma que se refiere expresamente a una situación semejante está constituida por el Art. 1817 CC, que regula la venta de la misma cosa a dos personas, estableciendo los criterios que permitan preferir un comprador a otro. Aplicando dicho criterio, debiera preferirse al poseedor que inscribió con antelación al otro. Para Arturo Alessandri Rodríguez se pueden dar tres soluciones: (i) las inscripciones se neutralizan entre sí y se estima como poseedor a aquel que lo pruebe con hechos positivos, (ii) el titular de la primera inscripción es el único poseedor o (iii) lo sería el titular de la última inscripción. Sin embargo, los criterios doctrinales y jurisprudenciales son erráticos. Algunas veces se ha preferido al que inscribió primero, en otros casos al que entró en posesión material primero y tiene un título más antiguo. En ese sentido, la Corte de Apelaciones de Concepción en rol 1031-2007 (Juan Villarroel y otros con Importadora IMCO Limitada) ha sostenido que se debe preferir “a aquel que además de la inscripción tenga la posesión material, toda vez que la inscripción por sí sola no confiere posesión, sino cuando va unida a la tenencia y al ánimo de señor, elementos fundamentales de la posesión”. 2. Criterios Opuestos en cuanto al Papel de la Inscripción en materia posesoria: Existen dos concepciones distintas: 1) Inscripción Ficción: En el sistema del Código la inscripción cumple dos funciones bien definidas. Constituye símbolo de tradición y símbolo de posesión. La inscripción constituye una ficción legal de que el poseedor inscrito goza de la tenencia de la cosa con ánimo de señor, elementos que, por la definición del Art. 700 CC constituyen la esencia de la posesión.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Inscripción Garantía: La calidad de inmueble de la cosa no altera la naturaleza del fenómeno jurídico denominado posesión, y que, conforme al Art. 700 CC consiste en el corpus y animus. La inscripción conservatoria no puede tener otro alcance que los de favorecer y proteger ese estado de hecho que no puede ser reemplazado por ninguna ficción. La inscripción cumple una función protectora y de garantía de realidades posesorias y solo en la medida que dé cuenta de una situación real. XIII.

PRUEBA DE LA POSESIÓN.

1. Prueba de la Posesión de los Bienes Muebles: El Código no establece una norma especial al respecto, y, por consiguiente, siendo la posesión un hecho, el que alegue tener la calidad de poseedor sobre una cosa mueble deberá probar los elementos constitutivos de la misma, es decir, el corpus y el animus. El corpus se probará acreditando al tribunal que la cosa objeto de la posesión se encuentra bajo su poder. Para acreditar el animus, basta demostrar la existencia del título posesorio, o, mejor dicho, que la tenencia de la cosa mueble se justifica en un título posesorio, lo que implica no reconocer dominio ajeno. 2. Prueba de la Posesión de los Bienes Inmuebles: Ella es objeto de amplia discusión doctrinaria. De conformidad al Art. 924 CC “La posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla”. Por su parte, el Art. 925 CC dispone que: “Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión”. Estas disposiciones han dado lugar a dos grandes interpretaciones: 1) El Art. 924 CC se aplica a todos los derechos reales inmuebles, a excepción del dominio, la cual debe probarse según la norma del Art. 925 CC: Su argumento central está en que el Código en varias disposiciones distingue entre la posesión de los derechos reales y la posesión del dominio que se confunde con la cosa. Esa sería la explicación del Art. 916 CC: “posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos”. Se ha criticado por cuanto carece de todo sentido y va en contra de toda teoría de la posesión inscrita que contiene el Código. 2) El Art. 924 CC sería aplicable a los inmuebles inscritos y el Art. 925 CC a los no inscritos: Esta parece ser la posición más correcta. Así las cosas, el Art. 925 CC se refiere a los inmuebles: 1) No inscritos: Vial sostiene que, si la posesión sobre el inmueble se justifica en un título traslaticio de dominio, sea que el inmueble se encuentre o no inscrito, debe probar la posesión por medio del Art. 924 CC. 2) Inscritos: En los siguientes casos excepcionales: a. Inmuebles con Inscripciones Paralelas. b. Inscripciones de Papel. c. Inmuebles cuyos deslindes aparecen confundidos o imperfectamente determinados.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. Si la posesión no emana de un título traslaticio de dominio ya que la inscripción es prueba de posesión cuando ella es constitutiva de tradición: Esto es discutible porque: i. En la sucesión por causa de muerte, conforme al Art. 919 CC, al heredero le basta probar la inscripción del causante para tener acción posesoria. ii. En la accesión el inmueble que accede queda cubierto con la inscripción del bien al que accede. iii. La prescripción no es título de posesión, sino de dominio y la posesión, que es supuesto de la prescripción, se probará según corresponda. e. Inscripción que no ha durado un año completo: La inscripción de menos de un año, aunque es prueba de la posesión no es de por si suficiente, debiendo complementarse con la exigida por el Art. 925 CC. Por último, se discute si la presunción del Art. 924 CC es o no de derecho. 1) Es de derecho y absoluta: Habida consideración de que según su tenor literal se rechaza la prueba de toda posesión con que se pretenda impugnarla. 2) Es de derecho, pero no absoluta: Si bien no puede destruirse la prueba de la inscripción por actos positivos, si hay dos inscripciones sobre un bien raíz, probará posesión aquel que lo haga conforme al Art. 925 CC. Para terminar, debe recalcarse que el Art. 924 CC, en cuanto se refiere a otros derechos reales, debe entenderse que lo hace a aquellos otros derechos reales cuya transferencia se hace por inscripción y no, como en la servidumbre, en que la inscripción es solo voluntaria. 3. Presunciones y Ficciones en Materia Posesoria: Presunción es “un razonamiento lógico que permite establecer, a partir de un hecho conocido, uno desconocido (Art. 47 CC). Ficción es “suponer hechos o circunstancias distintas a la realidad con propósito de lograr un efecto práctico sancionado por el derecho”. En materia de prueba de posesión, la ley ha establecido una serie de presunciones, todas las cuales revisten el carácter de presunciones simplemente legales. En ese sentido, el Art. 719 CC dice que: 1) Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. 2) Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas. 3) Si alguien prueba haber poseído anteriormente, y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio. Respecto a la ficción, el Art. 731 CC establece una ficción para el caso de recuperación de la posesión, consistente en considerar, contra la realidad, que se ha poseído en el tiempo intermedio entre la perdida y la recuperación de la posesión. Esto siempre que la recuperación de la posesión sea por vías legales. XIV.

TEORÍA DE LA POSESIÓN INSCRITA.

La teoría de la posesión inscrita implica que la inscripción es requisito de adquisición, requisito de conservación, requisito de pérdida, garantía y prueba de la posesión sobre bienes inmuebles. 207

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Es requisito para adquirir, conservar y perder la posesión de un bien raíz: Cuando el título en que se fundamenta la posesión es la tradición, y lo mismo ocurre tratándose de la posesión de los derechos reales distintos del dominio ejercidos sobre inmuebles, con excepción de las servidumbres que no son de alcantarillado sobre bienes raíces urbanos (Arts. 686, 696, 698, 702, 724, 730 y 2505 CC). Esto no es pacífico en doctrina, por cuanto se discute si, tratándose de bienes inmuebles no inscritos, es necesaria o no la inscripción cuando el título es la tradición, para efectos de adquirir la posesión irregular. 2) Es garantía de la posesión sobre bienes raíces: Por cuanto, para que cese la posesión inscrita es necesaria que la inscripción se cancele. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere no adquiere posesión ni pone fin a la existente (Arts. 724 y 730, inc. 2 y 2505 CC). 3) Es prueba de la posesión sobre bienes raíces: Por los términos del Art. 924 CC, con el alcance ya referido. CAPÍTULO VI: LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA I.

CONCEPTOS GENERALES.

El Art. 2492 CC define la Prescripción como: “un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”. En ese sentido, Prescripción Adquisitiva o Usucapión se define como: “un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”. II.

REGLAS COMUNES A TODA PRESCRIPCIÓN.

1. Necesidad de Alegar la Prescripción en Juicio (Art. 2493 CC): “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”. Existen autores y fallos que admiten la alegación de la prescripción solo por la vía de acción o reconvención, mientras otros la admiten como excepción. La jurisprudencia se inclina mayoritariamente por excluir la posibilidad de alegarla como excepción. En ese sentido, la Corte de Apelaciones de Concepción en rol 1031-2007 (Juan Villarroel y otros con Importadora IMCO Limitada) ha sostenido que “la prescripción adquisitiva solo puede hacerse valer por vía de acción y no de excepción puesto que mediante ella el demandado no solo se limita a enervar o rechazar la acción dirigida en su contra, sino que pretende obtener una declaración en su favor con el objeto de que se le reconozca un derecho. Por ello es necesario, para que prospere que se sea formulada por vía de reconvención y no como una simple excepción de la demanda”. Hay quienes, como Rozas, y no obstante la necesidad de alegarla, estiman que la prescripción opera de pleno derecho y no por sentencia judicial. Dicha opinión la fundan en las siguientes razones: 1) El tenor del Art. 2514 que exige para la prescripción extintiva solamente “cierto lapso de tiempo”. 2) El propio Art. 2493 CC que señala que el que quiere aprovecharse de la prescripción debe alegarla, demostraría que ella se produce una vez transcurrido el plazo. 3) Si la prescripción operara en virtud de sentencia judicial, su fecha sería la de la notificación de la sentencia, y la verdad es que esto se limita a reconocer un hecho, a reconocer que al vencerse el plazo de prescripción en ese momento se consumó esta. 208

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe De ser verdadera la doctrina descrita, resultaría entonces que el prescribiente en cuyo favor trascurrió el tiempo de posesión, podría sin necesidad de declaración ejercer la acción reivindicatoria que la calidad de dueño le confiere. Además de lo anterior, es importante señalar que el juez podrá declarar de oficio la prescripción en los siguientes casos: 1) Tratándose de la prescripción de un título ejecutivo. 2) Tratándose de la prescripción de la acción penal. 3) Tratándose de la prescripción de la pena. 2. Renuncia de la Prescripción (Art. 2494 CC): “La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida. Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazo”. Solo se admite la renuncia después de cumplida porque solo una vez cumplida la prescripción su renuncia deja de comprometer el interés público para transformarse en un derecho de interés privado del renunciante. 2.1. Capacidad y Poder para Renunciar a la Prescripción (Art. 2494 CC): “No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar”. Es decir, se exige capacidad de ejercicio. Los incapaces pueden renunciar por medio de sus representantes legales. 2.2. La Renuncia a la Prescripción solo perjudica a quien la hace: El Art. 2496 CC señala que: “El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor”. Esto se explica por el carácter relativo de la renuncia, la cual solo afecta al que la hace, lo cual pasa a tener relevancia en el caso de las relaciones jurídica conexas, como la señalada en el artículo indicado. 3. La Prescripción opera a favor y en contra de todas las personas (Art. 2497 CC): “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”. III.

CARACTERÍSTICAS DE LA USUCAPIÓN COMO MODO DE ADQUIRIR.

1. Es un Modo de Adquirir Originario: Si bien la cosa tenía antes dueño, el dominio del prescribiente principia originalmente en él con total prescindencia del derecho del anterior propietario. De allí que la prescripción presta a efectos de probar el dominio, dispensando de la “prueba diabólica”. 2. Permite adquirir el Dominio y los demás derechos reales no exceptuados expresamente (Art. 2498 CC): “Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados”. La prescripción permite adquirir la generalidad de los derechos reales, con la única salvedad de las servidumbres discontinuas y continuas inaparentes (Arts. 882 y 917 CC). Asimismo, los derechos personales no se pueden ganar por prescripción desde que no son susceptibles de posesión. 209

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Es por regla general un modo de adquirir a título singular: Salvo el caso de prescripción del derecho real de herencia. 4. Es un modo de adquirir a título gratuito. 5. Es un modo de adquirir entre vivos. IV.

REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.

Según la sistematización más usual de ellos son tres, a saber: (i) una cosa susceptible de ser ganada por usucapión, (ii) existencia de posesión y (iii) transcurso del plazo. 1. Cosas Susceptibles de Prescripción: Se puede ganar por prescripción todo aquello que este ajeno a dicha posibilidad. Así, no pueden ganarse por prescripción los derechos personales, los derechos reales expresamente exceptuados (servidumbres discontinuas de cualquier clase y las continuas inaparentes), y las cosas inapropiables y fuera del comercio humano. 1.1. Prescripción entre Comuneros: Se pregunta la doctrina si entre comuneros puede haber prescripción en favor de uno de ellos: 1) Argumentos de quienes niegan esa posibilidad: a. La acción de partición es imprescriptible (Art. 1317 CC), lo cual no sería compatible con la prescripción operada en favor de un comunero pues, siempre podrán los restantes pedir la partición de la cosa. b. La prescripción supone exclusividad en la posesión, la cual no podría darse en el caso de la comunidad, pues cada comunero posee el total de la cosa común y la posesión ejercida por un comunero es a nombre propio en su cuota, pero a nombre de los demás en las restantes. c. En los primeros proyectos de Bello admitía expresamente dicha posibilidad, lo cual en definitiva no quedó consagrado, revelándose de tal manera su imposibilidad. 2) Argumentos de quienes afirman esa posibilidad: a. La imprescriptibilidad de la acción de partición se da solo mientras la comunidad subsiste y ella termina cuando un comunero gana por prescripción el dominio del total de la cosa. b. La existencia de la comunidad no está reñida con la posesión exclusiva, como ocurrirá cuando un comunero se desentiende de la comunidad y pasa a actuar como propietario exclusivo. c. Se debe proteger al comunero que trabaja y mejora la cosa en desmedro de los que no se ocupan de ella, lo cual no ocurrirá de negarse la posibilidad de operar la usucapión entre comuneros. La jurisprudencia se ha inclinado mayoritariamente por la opinión negativa. 2. Posesión: La ley en el Art. 2499, inc. 1 CC señala que: “La omisión de actos de mera facultad, y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesión, ni dan fundamento a prescripción alguna”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Actos de Mera Facultad (Art. 2499, inc. 2 y final CC): El Código los define como “los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro”, ejemplificando “Así el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique”. Al respecto la ley prescribe que la omisión de ellos, esto es, el no ejecutar lo que se tiene derecho exclusivo a hacer, nada puede envolver a favor de un extraño. 2) Actos de Mera Tolerancia (Art. 2499, inc. 3 CC): La ley no los define, pero, están constituido por “aquello que cada cual puede permitir a un extraño sin que importen derechos a favor de este”. Así, la ley ejemplifica “Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras eriales o paste en ellas, no por eso se impone la servidumbre de este tránsito o pasto”. Desde el punto de vista del tercero, son actos que ejecuta, no en ejercicio de un derecho, sino por benevolencia o generosidad de otro. 3. Transcurso del Tiempo: El fundamento de la usucapión viene dado por la inactividad o desidia del propietario en cuanto a ejercer sus derechos de tal en contra del que posee sin ser dueño. 3.1. Interrupción de la Prescripción: La prescripción supone la posesión, por un lado, y la inactividad del dueño por otra. La pérdida de alguno de estos elementos da origen a la interrupción de la prescripción, ya sea natural o bien civil. Por interrupción de la prescripción se entiende “la pérdida del tiempo corrido para ganar por prescripción, en virtud de un hecho al que la ley le atribuye ese mérito, acaecido antes que el lapso para prescribir se cumpla”. Una vez terminada la causa de la interrupción, si el prescribiente continúa en posesión de la cosa, debe comenzar una nueva prescripción. El Art. 2501 CC señala que: “Posesión no interrumpida es la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o civil”. De ahí se distinguen dos tipos de interrupción: 1) Interrupción Natural: “Todo hecho de la naturaleza o del hombre que impide al poseedor realizar actos posesorios”. El Art. 2502 CC incluye dos casos de interrupción natural: a. Imposibilidad de ejercer actos posesorios: “La interrupción es natural: 1º. Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada”. El ejemplo de la heredad inundada debe concordarse con el Art. 633 CC que ilustra los efectos de la inundación en función del tiempo de ella. Se discute la posibilidad de interrupción natural de esta especie respecto a los inmuebles inscritos. Aquellos que estiman la inscripción una ficción de posesión, comprensiva de corpus y animus, desechan la posibilidad de que esta pudiera perderse por hechos naturales. Otros, que privilegian la realidad posesoria estiman que, si una propiedad se inunda, es imposible ejercer actos posesorios, aunque esté inscrita, y por lo tanto operaria la interrupción. b. Pérdida de posesión por entrar en ella otra persona: “La interrupción es natural: 2º. Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona”. En este caso el prescribiente pierde la posesión a consecuencia de ser adquirida por otro.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Efectos de la Interrupción Natural: La regla general es que la interrupción hace perder todo el tiempo que se llevaba en posesión. Esta regla tiene dos importantes excepciones al tenor del Art. 2502, inc. final CC: a. Cuando no se pueden ejercer actos posesorios: “La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duración”. Es decir, solo se descuenta el tiempo durante el cual no se han podido ejercer actos posesorios, sin perder el tiempo de posesión anterior. Esto coincide con los efectos de la suspensión de la prescripción. b. Cuando se ha perdido la posesión por entrar en ella otra persona, pero esta se recupera por medios legales: “pero la interrupción natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de la posesión anterior; a menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el título De las acciones posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el desposeído”. En tal caso se entiende que no ha habido interrupción, lo cual guarda perfecta armonía con el Art. 731. Quienes pueden alegar la interrupción natural: Puede ser alegada por cualquiera que tenga interés en ella. 2) Interrupción Civil (Art. 2503 CC): “Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor”. De la definición legal queda en evidencia que la gestión del que se pretende dueño ha de ser necesariamente judicial, no bastando al efecto gestiones de otro orden. De ordinario, la gestión judicial consistirá en el ejercicio de la acción reivindicatoria. Ahora bien, queda en evidencia del Art. 2503 N°1 CC, que impide alegar la interrupción si la notificación no ha sido hecha en forma legal, que la interrupción se produce al momento de notificarse la demanda, siendo un requisito de su esencia. La Corte de Apelaciones de Santiago en rol 4898-2009 (PUC con Andrés Prieto) ha sostenido que el concepto de demanda judicial que tiene la virtud de interrumpir la prescripción equivale a todo recurso judicial, quedando comprendido en tal concepto la demanda en que se solicita la notificación judicial del protesto de un cheque para los efectos de preparar la vía ejecutiva. El Art. 2503, inc. 2 CC señala ciertos casos en que la acción judicial no produce interrupción civil de la prescripción, no obstante su interposición: “Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aun él en los casos siguientes: a. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal: La regla es criticada pues, no resulta congruente con que la demanda ante tribunal incompetente interrumpa la prescripción, según lo ha dicho nuestra jurisprudencia, dado que lo relevante al efecto es la manifestación de voluntad del dueño. Si ello es así, debiera resultar irrelevante que la notificación no se haga en forma legal. b. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia: Esto es congruente con que se pierde el procedimiento. c. Si el demandado obtuvo sentencia de absolución: Dicha situación viene a revelar que el pretendido dueño que inició la acción no era tal. “En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda”. 212

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Efectos de la Interrupción Civil: Ellos son los propios de la interrupción. Quienes pueden alegar la interrupción civil: Queda claro de la lectura del Art. 2503, inc. 2 CC que solo puede alegarla aquel que interpuso la acción. 3.1.1. Interrupción con respecto a los Comuneros (Art. 2504 CC): “Si la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo que interrumpe la prescripción respecto de una de ellas, la interrumpe también respecto de las otras”. 3.1.2. La Interrupción opera en la Prescripción Ordinaria y Extraordinaria: Lo revela la circunstancia de ser tratada la interrupción antes de las dos especies de prescripción, contrariamente a lo ocurrido con la suspensión, que fue tratada solo a propósito de la prescripción ordinaria. Además, el Art. 2510 regla 3ª N°2 CC predica la exigencia de no interrupción de la posesión respecto de la prescripción extraordinaria. Por último, al tratarse de la suspensión (Art. 2509 CC) la ley aludió expresamente a que ella operaba solo en la prescripción ordinaria, distinción que no hizo tratándose de la interrupción. V.

DIVERSAS ESPECIES DE PRESCRIPCIÓN.

Según el Art. 2506 CC “La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria”. La primera tiene como elementos la posesión regular y el tiempo requerido es menor. La segunda tiene por fundamentos la posesión irregular y, en consecuencia, el plazo de posesión exigido es más largo. Ambos tipos de prescripción tienen como elementos comunes: 1) La Inactividad del Dueño. 2) El Transcurso del Tiempo. 1. La Prescripción Adquisitiva Ordinaria (Art. 2507 CC): “Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren”. De conformidad al Art. 2508 CC “El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de dos años para los muebles y de cinco años para los bienes raíces”. 1.1. Suspensión de la Prescripción: “Beneficio legal establecido en favor de ciertas personas, para que en su contra no corra la prescripción ordinaria, mientras subsiste el motivo que justifica dicho beneficio”. A su respecto, el Art. 2509 CC señala que: “La prescripción ordinaria puede suspenderse, sin extinguirse: en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo”. Es por ello que el efecto de la suspensión es detener, sin extinguir, el cómputo del plazo de prescripción ordinaria. Su fundamento es evitar la injusticia que supone hacer corres prescripción en contra de quienes están imposibilitados de hacer valer sus derechos de dueño. Ello en principio de que “al legítimamente impedido no le corre plazo”. El Art. 2509, inc. 2 CC enumera los casos de suspensión: “Se suspende la prescripción ordinaria, en favor de las personas siguientes: 1) Los menores; los dementes; los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente; y todos los que estén bajo potestad paterna, o bajo tutela o curaduría: Se trata aquí de incapaces de ejercicio, tanto absolutos como relativos. La razón de haberse omitido al pródigo resulta evidente, desde el momento que su incapacidad se produce, no por ser pródigo, sino por estar interdicto como tal. Dado que la interdicción genera nombramiento de curador para el 213

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe pródigo, este, una vez interdicto, cabrá en la categoría de aquellos sujetos a curaduría, y operará en su favor la suspensión. 2) La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta: Dicha suspensión constituye una excepción al principio de que solo se suspende la prescripción en beneficio de las personas que no pueden administrar libremente lo suyo, toda vez que la mujer casada en régimen de sociedad conyugal es plenamente capaz. Ahora bien, la referida suspensión solo opera tratándose de los bienes regidos por el régimen de sociedad conyugal. Y el Art. 2509, inc. 3 CC señala que: “No se suspende la prescripción en favor de la mujer separada judicialmente de su marido, ni de la sujeta al régimen de separación de bienes, respecto de aquellos que administra”. 3) La herencia yacente: La herencia esta yacente durante todo el periodo que media entre la apertura y la aceptación, periodo en que el patrimonio del difunto privado de su antiguo titular espera uno nuevo. Con el objeto de evitar la inseguridad respecto de terceros titular de un interés que puedan hacer valer contra el heredero o el deterioro que se puede producir de los bienes, la ley permite la declaración de yacente de la herencia y el nombramiento de un curador de la misma. En cuanto a la suspensión, ella se explica por el temor a la negligencia del curador en interrumpir la prescripción. Cabe consignar que el Art. 2509 CC según algunos es lo que permite sostener el carácter de persona de la herencia yacente pues, la regla en cuestión a designa como tal. Otros en cambio, consideran lo anterior como un error del legislador sin relevancia. 4) La prescripción se suspende siempre entre cónyuges: Las razones de ello son evidentes. De no suspenderse la prescripción, la concordia y armonía que es deseable esperar entre marido y mujer se vería gravemente perturbada. Además, de no admitirse la suspensión entre marido y mujer, ello podría prestarse para burlar simuladamente las restricciones legales existentes en cuando a los actos patrimoniales entre ellos, como la prohibición de celebrar donaciones irrevocables entre cónyuges. 1.1.1. Solo se suspende la prescripción ordinaria: Del Art. 2509 CC resulta claro que solo la prescripción ordinaria se suspende. Confirma lo anterior el Art. 2511 CC que señala, respecto a la prescripción extraordinaria que: “El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de diez años contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2509”. Sin embargo, el adverbio “siempre” utilizado por la ley para referirse a la suspensión de la prescripción entre cónyuges, ha dado pábulo para sostener por algunos que la suspensión en tal caso, y de manera excepcional, operaria también en la prescripción extraordinaria. Aparte de ello, agregan como argumentos que confirmarían la procedencia de la suspensión entre cónyuges respecto de ambos tipos de prescripción, los siguientes: 1) Las razones tenidas en vista por el legislador para suspender la prescripción entre cónyuges concurren tanto para la prescripción ordinaria como extraordinaria.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) El texto del Art. 2511 CC no sirve a efectos de fundar la opinión contraria pues, alude a que la prescripción extraordinaria no se suspende “a favor de las personas enumeradas en el Art. 2509 CC”, y los cónyuges no están “enumerados” en dicho artículo, sino aludidos en el inciso final y después de la enumeración. Por el contrario, quienes estiman que la suspensión entre cónyuges solo opera en la prescripción ordinaria, arguyen los siguientes argumentos: 1) El Art. 2509 CC constituye una regla excepcional que otorga un beneficio para las personas que allí menciona y en las condiciones que se señala: Siendo así, no admite aplicación analógica. 2) La expresión “siempre” usada por la ley alude, no a ambos tipos de prescripción, sino a que los cónyuges estén o no separados de bienes o divorciados: Lo que quiere significar la ley es que opera la suspensión de la prescripción ordinaria entre cónyuges, con tal prescindencia de la calidad de divorciados y del régimen patrimonial al cual están sujetos. 3) La expresión “enumeradas” del Art. 2511 CC está tomada en el sentido de “indicadas” y no de referirse con números. La discusión no parece zanjada en la jurisprudencia. 1.1.2. Las Causales de Suspensión son Taxativas. 1.1.3. Quienes pueden alegar la suspensión: La suspensión solo puede ser alegada por aquel en cuyo favor se encuentra establecida. 1.2. Paralelo entre Interrupción y Suspensión: 1) La interrupción tiene por fuente un hecho de la naturaleza o del hombre, mientras que la suspensión tiene por fuente la ley. 2) La interrupción puede alegarla cualquiera persona interesada, si es natural, o el que interpuso la acción, si es civil. La suspensión en cambio solo puede alegarla aquel en cuyo favor se encuentra establecida. 3) La interrupción hace perder el tiempo transcurrido, mientras que la suspensión solo produce el efecto de descontar el tiempo que ha durado la causa de suspensión. 4) La interrupción tiene lugar en ambas especies de prescripción, mientras que la suspensión solo en la extraordinaria. 2. La Prescripción Adquisitiva Extraordinaria: Para ella basta la posesión irregular y se exige la posesión de 10 años, sin diferenciar la naturaleza mueble o inmueble de lo poseído. En ese sentido el Art. 2511 CC señala: “El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de diez años contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2509”. Ahora bien, el Art. 2510 CC que se refiere a los elementos de la posesión irregular para prescribir extraordinariamente no resulta totalmente congruente con esta, lo cual ha planteado diversos problemas de interpretación. El Art. 2510 CC señala: “El dominio de cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno: Entendida esta regla en su tenor literal entra en colisión con los Arts. 702, 704 y 708 CC, y con la estructura del sistema posesorio, el cual supone que, para adquirir toda posesión, incluso la irregular, se requiere de título posesorio. Para conciliar la contradicción anterior hay autores como Vial que interpretan la falta de necesidad de título como una referencia exclusiva a la falta de título justo, ya que, en tal caso, en rigor no hay título pues, hay mera apariencia de título. Es decir, lo que la ley estaría diciendo es que para la prescripción extraordinaria no se requiere de justo título, lo cual es congruente con el sistema, y no que no se requiera de título alguno. 2) Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio: A primera vista la regla aparece abiertamente disparatada, ya que para la prescripción extraordinaria no se requiere buena fe, amén de justo título, y en esta clase de prescripción lo normal y corriente será la mala fe del prescribiente. Tratando de explicar el dislate, algunos dan a la regla un carácter exclusivamente probatorio y aducen que lo pretendido por la regla fue dar carácter de presunción de derecho a la buena fe del poseedor que ha cumplido 10 años de posesión no interrumpida. Esta interpretación en todo caso parece artificial, y resulta más propio reconocer abiertamente que el legislador se equivocó. 3) Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: a. Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción: La carga de la prueba en este caso es de aquel en cuya contra se invoca la prescripción por el que detenta la cosa. b. Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo: La carga de la prueba es del prescribiente. La regla en cuestión es también defectuosa y entra en colisión con aspectos estructurales del sistema posesorio. Por de pronto, no resulta exacta la redacción al dar a entender que la mala fe impediría ganar por prescripción, en circunstancias, que la mala fe no impide ganar por prescripción extraordinaria, desde el momento en que da lugar a posesión irregular, fundamento de esta especie de usucapión. Sin embargo, el error más grave se da en cuando excepcionalmente permitiría al mero tenedor, según su tenor literal, ganar por prescripción. Esto entra en contradicción con el carácter indeleble de la mera tenencia, ya que el Art. 730 CC señala que el mero tenedor nunca puede hacer perder la posesión. Ante ello se han planteado diversas teorías: a. Entender que el Art. 2510 CC regla 3ª no es excepción al carácter indeleble de la mera tenencia: i.

Vodanovic: Entiende que la regla en cuestión permite que la mera tenencia mude en posesión, pero no por el simple lapso de tiempo, sino con la concurrencia de otros hechos que no dependen de la sola voluntad del tenedor. Si tal cambio opera, es porque se han realizado actos de parte del mero tenedor, como también de parte del propietario, que alteran por completo la situación de ambos, lo cual se desprendería de las dos circunstancias que se plantean como requisitos. 216

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii.

Rozas: Cree que la regla se refiere al caso del mero tenedor que deja de serlo por intervenir un título de posesión.

iii.

Pescio: Existen también autores, que viendo contradicción entre el Art. 730 y 2510 regla 3ª CC, hacen primar al primero. Para Pescio todo el equívoco se origina en el pésimo tratamiento que el Código dio a la denominada interversión de la posesión, esto es, la transformación del poseedor en mero tenedor o, a la inversa, en la transformación del mero tenedor en poseedor.

b. Entender que la regla del Art. 2510 N°3 CC si constituye excepción al carácter indeleble de la mera tenencia: En opinión de estos autores, el texto de la regla seria claro en orden a que el mero tenedor por si, y sin necesidad de otro título se convierte en poseedor y llega a prescribir. VI.

PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS REALES DIVERSOS AL DOMINIO.

El Art. 2498, inc. 2 CC señala expresamente que: “Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados”. De acuerdo al Art. 2512 CC “Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que el dominio, y están sujetos a las mismas reglas, salvas las excepciones siguientes: 1) El derecho de herencia y el de censo se adquieren por la prescripción extraordinaria de diez años: Recordar que la herencia se puede adquirir por la prescripción ordinaria de 5 años, tratándose del heredero putativo a quien se ha dado posesión efectiva de la herencia (Art. 704 y 1269 CC). 2) El derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 882: Es decir, que las servidumbres discontinuas de toda clase y las continuas inaparentes no se pueden adquirir por prescripción, sino solo en virtud de un título. VII.

INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE UN BIEN RAÍZ.

De conformidad con los Arts. 698 y 2513 CC la sentencia que declare la prescripción adquisitiva sobre bienes raíces debe inscribirse en el registro conservatorio. Dicha inscripción no desempeña el papel de tradición, como resulta obvio de considerar que el modo de adquirir operado es la prescripción. Se exige solo a efectos de mantener la historia de la propiedad raíz, y constituye una medida de publicidad. Por ello la sanción a la falta de inscripción es la inoponibilidad. VIII.

PRESCRIPCIÓN CONTRA TÍTULO INSCRITO.

Señala el Art. 2505 CC: “Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito; ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo”. Frente a esto se han dado ciertos problemas de interpretación: 1) El titulo inscrito que habilita para prescribir, ¿debe emanar necesariamente del anterior poseedor inscrito?: Respecto a este punto atendemos a la discusión ya referida respecto a la manera de cancelar la posesión inscrita, y que debe entenderse por competente inscripción. 2) Aplicabilidad del Art. 2505 CC a la Prescripción Extraordinaria: Existen autores que creen aplicable la referida regla solo a la prescripción ordinaria, y, en consecuencia, consideran posible prescripción extraordinaria contra título inscrito sin necesidad de una nueva inscripción.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Argumentos para sostener que la regla se aplica solo a la prescripción ordinaria: i. El mensaje es claro en expresar que el lapso de la prescripción extraordinaria consolida todos los derechos y extingue todas las obligaciones, de tal manera que nadie podría reclamar después de ese lapso un derecho no ejercido. ii. El Art. 2510 CC dice expresamente que para la prescripción extraordinaria no se requiere título alguno. iii. La falta de inscripción solo importa falta de tradición, y de faltar esta la posesión será irregular y apta para prescribir extraordinariamente. iv. De entenderse lo contrario, jamás habría prescripción extraordinaria de un inmueble inscrito, lo cual sería en algunos casos totalmente absurdo. b. Argumentos para sostener que la regla se aplica a ambas clases de prescripción: Tal es la tesis mayoritaria. i. El Art. 2505 CC es claro y no distingue entre ambos tipos de prescripción. ii. El articulo está ubicado en las reglas generales de ambos tipos de prescripción, lo cual importa una modificación del proyecto que la consideraba a propósito de las reglas aplicables solo a la prescripción ordinaria. iii. La aplicación a ambos tipos de prescripción es perfectamente armónica con el sistema de posesión inscrita ideado por el legislador. iv. No es cierto que esta opinión lleve a desechar la posibilidad de operar la prescripción extraordinaria respecto de un inmueble inscrito: Ella operara cada vez que el poseedor inscrito tenga posesión irregular, a resultas de la injusticia del título o la mala fe. CAPÍTULO VII: LAS FORMAS DE PROTECCIÓN14 I.

CONCEPTOS GENERALES.

El dominio y los demás derechos reales necesitan de protección jurídica para cuando un tercero pretende vulnerarlos o efectivamente los vulnera. 1. Medidas Generales de Protección al Dominio: Dentro de las medidas generales de protección al dominio podemos destacar: 1) La Legitima Defensa (Art. 10 N°4 CP): Cubre no solo a la persona, sino también a los bienes. Está establecida en forma de eximente de responsabilidad penal, por la que el individuo no respecto si obra en defensa de su persona o derechos, ante una agresión injusta y no provocada, cumpliéndose otros requisitos que establece la ley penal. 2) La Garantía Constitucional de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: Por una parte, se protege así al propietario de una eventual agresión legislativa y por otra, obliga al legislador a dictar la normativa que haga operable esa protección, y a la autoridad administrativa que la mantenga en vigencia práctica.

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Según lo señalado en el texto “Los bienes, la propiedad y otros derechos reales” de Daniel Peñailillo.

218

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La gran excepción a esa inviolabilidad sería la expropiación por causa de utilidad pública, la cual se encuentra circunscrita a los requisitos constitucionales. Esta garantía constitucional queda concretizada en el Recurso de Protección, que significa un acceso expedito a los tribunales, ante ataques al derecho de propiedad. 3) Los Delitos contra la Propiedad. 2. Protección en el Derecho Privado: La doctrina las ha clasificado en: 1) Acciones que protegen al dominio directamente: Se subclasifican: a. Aquellas destinadas a eliminar perturbaciones al dominio ya consumadas: Dentro de ellas encontramos: i. La Acción Reivindicatoria. ii. La Acción Confesoria: Aquella por la que se pretende que se declare a favor del demandante la existencia de un derecho real limitado sobre una cosa de propiedad del demandado. iii. La Acción Negatoria: Aquella con la que se pretende obtener una declaración de que una cosa no está gravada con un derecho real que el demandado pretende o que esa carga tiene otra (inferior) entidad que la que se pretende. El Código Civil no menciona a la acción confesoria ni a la negatoria, pero pueden entenderse incluidas en el Art. 891 CC que consagra la reivindicación de los demás derechos reales. b. Aquellas destinadas a prevenir un daño que se teme, evitando que se consume: Entre ellas encontramos: i. Las Acciones Posesorias de Obra Nueva y Obra Ruinosa. ii. Las Acciones de Demarcación y Cerramiento: Evitan conflictos respecto de la determinación del objeto del dominio en los predios colindantes, sin perjuicio de solucionar otras dificultades entre los vecinos, y tienden en definitiva asimismo a la conservación de la cosa. 2) Acciones que protegen al dominio solo indirectamente: Estas acciones están destinadas a proteger la posesión, pero cuando el poseedor lo es como consecuencia de ser dueño al protegerse la posesión se está protegiendo el dominio. a. Las Acciones Posesorias. b. La Acción Publiciana. 3. Acciones Personales: Si la turbación del dominio resulta ser una derivación de una relación contractual, también puede protegerse mediante una acción personal emanada del respectivo contrato. Si el contrato es nulo, las reglas de la nulidad conceden acción restitutoria y si resuelto, acontece otro tanto. II.

LA ACCIÓN REIVINDICATORIA.

1. Concepto: “La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela”. 219

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Requisitos: De la definición se desprende que para reivindicar es necesario: 1) Que se trate de una cosa susceptible de ser reivindicada: Son muchos los ordenamientos que niegan la reivindicatoria para todo un género de cosas: los muebles, en determinadas circunstancias (generalmente adquiridos de buena fe de manos de quien aparecía como dueño y que los tenía por un título de mera tenencia emitido por el dueño). Es uno de los resultados de la lucha entre el derecho de dominio y la seguridad del tráfico fundado en la apariencia, que ellos en este punto dirimen a favor de esta. Bello impuso la otra opción. Pueden reivindicarse todas las cosas corporales, sean muebles o inmuebles. Solo algunas excepciones han sido incluidas como: a. Casos en que no es posible reivindicar: i. Art. 2303 CC: “El que pagó lo que no debía, no puede perseguir la especie poseída, por un tercero de buena fe, a título oneroso”. ii. Art. 1739, inc. 4 CC: “Tratándose de bienes muebles, los terceros que contraten a título oneroso con cualquiera de los cónyuges quedarán a cubierto de toda reclamación que éstos pudieren intentar fundada en que el bien es social o del otro cónyuge, siempre que el cónyuge contratante haya hecho al tercero de buena fe la entrega o la tradición del bien respectivo”. b. Casos donde se puede reivindicar solo reembolsando el valor de la cosa (Art. 890 CC): “Pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles. Exceptúanse las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén, u otro establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase. Justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a restituir la cosa, si no se le reembolsa lo que haya dado por ella y lo que haya gastado en repararla y mejorarla”. Respecto de la cosa, esta debe tener dos características: a. Singularidad: La cosa a reivindicarse ha de ser singular. El Art. 889 CC destina la acción a las cosas singulares y el Art. 892 CC a propósito de la reivindicación de cuota vuelve a emplear el adjetivo cuando dice: “Se puede reivindicar una cuota determinada proindiviso, de una cosa singular”. En virtud de lo anterior, quedarían excluidas las universalidades, sean jurídicas o de hecho. Ahora bien, dicha afirmación debe ser matizada debido a las universalidades de hecho; si se estima que ellas pueden poseerse. De no ser así, el poseedor podría llegar a ganar por prescripción sin que el dueño pudiera interrumpir, lo que es inaceptable. Por ello, la singularidad parece estar más dirigida a excluir a las universalidades jurídicas y, sobre todo, a la individualización de la cosa, de modo que, no obstante el término empleado, no parece justificado excluir a las universalidades de hecho, estando suficientemente individualizado el conjunto. El Art. 891 CC anuncia una acción especial para una particular universalidad jurídica, la herencia: tal es la acción de petición de herencia, ya que señala que: “Los otros derechos

220

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe reales pueden reivindicarse como el dominio; excepto el derecho de herencia. Este derecho produce la acción de petición de herencia, de que se trata en el Libro III”. b. Individualización: La cosa ha de estar claramente individualizada. En los inmuebles la determinación suele presentar dificultades. Desde luego, aunque a veces la individualización es bien posible, la falta de cuidado en la presentación de los hechos conduce al resultado adverso; el tribunal observa el defecto, rechazando la demanda. Esta objetiva dificultad, es explicable principalmente por: i. Defectos de descripción en los títulos: Posibilidad que, a su vez, es facilitada por algunas inconvenientes características del registro. ii. La continuidad natural del suelo: Que impone que la división en porciones para la propiedad privada se establezca en la realidad solo mediante el artificio de hitos, cercos y otras marcas, frecuentemente imperfectas, movible y extinguibles. La jurisprudencia ha insistido siempre en la necesidad de individualizar la cosa de que se trata. La reivindicatoria emerge del dominio y el derecho de propiedad recae sobre cosa determinada; y solo así podrá más tarde ejecutarse el fallo que la acoge. Otras cosas que pueden reivindicarse: a. Otros Derechos Reales (Art. 891 CC): “Los otros derechos reales pueden reivindicarse como el dominio; excepto el derecho de herencia”. Respecto a los derechos personales, la ley nada dispone. Para estos efectos debe recordarse lo dicho respecto de la posesión sobre cosas incorporales. Si se admite la posesión de derechos personales, entonces debe admitirse la acción reivindicatoria; porque podría presentarse la situación del dueño de un crédito que se percata que otro lo está poseyendo, y sería inaceptable que por una parte se permita que se le posea y por otra se impida que el dueño lo reivindique. En todo caso, se ha resuelto que el título o instrumento en que consta un derecho personal es reivindicable. b. Reivindicación de Cuota (Art. 892 CC): “Se puede reivindicar una cuota determinada proindiviso, de una cosa singular”. i. La cuota ha de estar determinada: Expresada en fracción o porcentaje, debe consignarse en la demanda a cuánto asciende. ii. La cosa ha de ser singular: Se han planteado a este respecto dos cuestiones: 1. Universalidades de Hecho: Si la reivindicación se estima aplicable también a la universalidad de hecho entonces será admisible la reivindicación de una cuota de esa universalidad y de una cuota de cada cosa perteneciente a esa universalidad. 2. Universalidades Jurídicas: Si se acepta que la naturaleza jurídica de la cosa que incluye la universalidad se comunica a la cuota debe concederse la posibilidad de que el comunero pueda reivindicar su cuota en una cosa singular de la comunidad universal. En este contexto, el Art. 1268 CC concede también al heredero la acción reivindicatoria para perseguir un 221

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe objeto de la herencia; pero no afirma que puede reivindicar una cuota del objeto. Se ha planteado la duda de si un comunero puede, él solo, reivindicar toda la cosa para todos los comuneros: i. Si puede: Argumentan que cuando en la sociedad no se ha conferido la administración a uno de los socios, se entiende que entre los socios existe un mandato tácito y reciproco para administrar (Art. 2081 CC); se añade que al administrador corresponde cuidar de la conservación del objeto social (Art. 2078 CC); por otra parte, corresponde al administrador “interrumpir las prescripciones” (Art. 2132 CC); y, finalmente, se dispone que el derecho de cada comunero sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social (Art. 2305 CC). ii. No puede: Argumentan que, desde luego, es bien discutible la aplicación a la comunidad de la doctrina del mandato tácito y recíproco establecida para la sociedad; por otra parte, la aplicación de ese mandato es especialmente reprobable para esta actuación, de reivindicar, ya que esos textos se refieren más bien a la ejecución de actos de administración, en los que no parece apropiado incluir a esta acción tan trascendental, que difícilmente puede considerarse una medida conservativa. Lo natural es que cualquier comunero con iniciativa incite a todos a actuar, y si no lo logra porque no puede conectarse con todos o porque otros no quieren actuar, puede entonces reivindicar su cuota. 2) Que el reivindicante sea dueño de ella (Art. 893 CC): “La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa”. El reivindicante debe probar su dominio, pues al reivindicar reconoce en el demandado la calidad de poseedor, con lo que le está concediendo la presunción de dominio (Art. 700, inc. 2 CC) que, entonces, el reivindicante queda obligado a destruir. Por otra parte, su situación es peligrosa porque, reconociendo al demandado como poseedor, queda a merced de la posibilidad de que este demuestre el cumplimiento del respectivo plazo de prescripción. La prueba de su dominio debe estar referida al tiempo de la notificación de la demanda; debe demostrar que a ese tiempo es dueño, porque la acción la tiene el dueño, no el que podía llegar a serlo. La situación se altera cuando el que reivindica es el Fisco, por el Art. 590 CC. Como por ley el Fisco es propietario de los inmuebles que carecen de otro dueño, si se mantuviere para él la regla de que debe probar su dominio se le estaría imponiendo la carga de la prueba de una negación indeterminada -que el inmueble no tiene otro dueño- y conforme a los principios del Derecho probatorio, las negaciones indeterminadas son de prueba imposible, de modo que quien proponga la afirmación contraria debe probarla; así, aquel a quien el Fisco demanda de reivindicación tendría que probar que él es el dueño. Aquí aparece una importante dificultad de la acción reivindicatoria: la prueba del dominio (conocida como probatio diabólica). Para acreditarlo, tiene importancia determinar si el reivindicante adquirió la cosa por un modo originario o derivativo. En la primera situación, le bastara probar los hechos que constituyeron ese modo originario. Pero si adquirió por un modo derivativo, como la tradición, no basta con probar que ese modo se configuró a favor del que se pretende dueño, porque quedará la interrogante de si el antecesor, a su vez, tenía o no el dominio. 222

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Así, el retroceso en el examen debe llegar hasta una adquisición por medio originario; generalmente será la prescripción adquisitiva, con más seguridad la extraordinaria. Además, hay que recordar que la inscripción no prueba dominio; con frecuencia no hay coincidencia entre la descripción del predio en el Registro y sus caracteres reales; suele ocurrir que ambos litigantes presentan inscripción a su respectivo nombre; y cuando el reivindicante acompaña inscripciones a su nombre, se expone al congénito debate del valor de la inscripción en cuanto símbolo de posesión, que permanece con resultado impredecible, y que aquí se traduce en una capital disyuntiva: ¿no será un dueño o poseedor, cuya demanda, por tanto, debe ser rechazada? El Art. 894 CC señala que: “Se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho”. Se ha sostenido que es necesario haber completado el plazo porque al apoderarse otro de la cosa se produce la interrupción natural de la prescripción del primero que hace perder todo el tiempo anterior, con lo que ya no queda “en vías de ganar por prescripción”. Pero esto no parece necesario; si ya está cumplido no es necesaria la acción publiciana, pues bastaría alegar la prescripción, con lo que se podría reivindicar como dueño. Se ha llegado a resolver que cuando el reivindicante no ha logrado probar el dominio, pero si ha demostrado mejor derecho que el demandado, la demanda debe ser acogida sobre el supuesto de que implícitamente el actor ha ejercido acción publiciana. 3) Que el reivindicante esté privado de su posesión: En los inmuebles surge el problema de si corresponde acción reivindicatoria a un propietario que, teniendo inscrito a su nombre un predio, le es arrebatado materialmente. Si se postula que la inscripción conservatoria es única y suficiente prueba de posesión, no procedería hablar en tal situación de pérdida de la posesión, por lo que no competería al perjudicado la acción reivindicatoria. Con la posición opuesta, que atribuye importancia fundamental a la posesión material, se sostendrá que en tal situación simplemente se ha perdido la posesión y procede, por tanto, la reivindicación. En una actitud intermedia, se ha planteado que no obstante tener posesión inscrita, al privarse al dueño de la tenencia material, se lo ha privado de una parte integrante de la posesión, su fase material, y que en tal caso procede reivindicar, al no ser integralmente poseedor. 3. Contra quién se dirige la acción reivindicatoria (Art. 895 CC): “La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor”. Ante ello se pueden plantear una serie de cuestiones: 1) Si se tienen dudas de la identidad de la persona que está realmente poseyendo: El Art. 896 CC señala que: “El mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene”; y, asimismo, el Art. 897 CC dice que: “Si alguien, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado al actor”. 2) Fallecimiento del Poseedor (Art. 899 CC): “La acción de dominio no se dirige contra un heredero sino por la parte que posea en la cosa; pero las prestaciones a que estaba obligado el poseedor por razón de los frutos o de los deterioros que le eran imputables, pasan a los herederos de éste a prorrata de sus cuotas hereditarias”. Así, mientras la acción para obtener la entrega de la cosa es indivisible, la de indemnizar es divisible. 223

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Modalidades Especiales de la Acción Reivindicatoria en atención al Sujeto Pasivo: a. Se puede dirigir la acción en contra del que dejó de poseer enajenando la cosa, para que restituya lo que recibió por ella (Art. 898 CC): “La acción de dominio tendrá también lugar contra el que enajenó la cosa, para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución; y si la enajenó a sabiendas de que era ajena, para la indemnización de todo perjuicio. El reivindicador que recibe del enajenador lo que se ha dado a éste por la cosa, confirma por el mismo hecho la enajenación”. b. Se puede dirigir la acción en contra del que poseía de mala fe y por hecho o culpa suya dejó de poseer, para que restituya su valor (Art. 900 CC). c. Las reglas de este título se aplican también contra el que poseyendo a nombre ajeno retenga la cosa indebidamente, aunque lo haga sin ánimo de dueño (Art. 915 CC): Ha surgido controversia sobre esta acción. Por una parte, se la ha estimado simplemente como la acción reivindicatoria que, excepcionalmente, se permite contra el mero tenedor. En contra, se la ha considerado como una acción distinta, como puramente restitutoria contra el mero tenedor, a la cual el Código hace aplicables las reglas de la reivindicatoria. En ese contexto, en cuanto a su alcance se han dado las siguientes posiciones: i. Corresponde al que entregó a otro la mera tenencia de una cosa, por un contrato que produce ese efecto y que, al terminar la vigencia de esa relación, el tenedor se niega a restituir: Con este alcance, seria dudoso que pudiera intentarla el adquirente del dueño, por cuanto él no es contratante del tenedor. Y tampoco podría intentarse contra el que detenta la cosa sin una relación jurídica inicial; es decir, contra el que desde un comienza detenta sin justificación jurídica. ii. Aplicable solo a aquellos tenedores que no tienen, y nunca tuvieron, un título que justifique la detentación: iii. Aplicable tanto contra el detentador que desde un comienzo carece de antecedente que lo justifique o que haya empezado a detener con un título justificante, pero mientras detentaba quedó sin justificación. 3.1. Existencia de una Acción General Restitutoria: Ahora bien, sin perjuicio de la discusión precedente; es claro que el Código no ha consagrado, al menos formalmente, una acción general restitutoria. Sin embargo, en la práctica, la doctrina ha intentado generarla mediante las siguientes formulas: 1) Acción de Precario (Art. 2195 CC): Sin embargo, su aplicación se ha enfrentado al obstáculo de que supone ausencia de contrato, lo que la deja en dudosa aplicación en todos los casos de contratos nulos, resueltos, revocados, con plazo de duración ya cumplido, emanados de persona distinta del dueño, etc. 2) Acción contra el injusto detentador (Art. 915 CC): En ese cometido es convincente conferir al precepto un alcance extenso, como el de la tercera alternativa antes descrita. 3) Sosteniendo que el ordenamiento jurídico no exige encuadrar toda pretensión en una determinada acción, nominada, regulada por la ley. Basta que tenga arraigo en un derecho del reclamante que merezca ser tutelado. 224

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3.2. Actitudes que podría adoptar el demandado de reivindicación y que dejarían la situación en reñido debate: 1) Sostener que el demandante no es dueño. 2) Que él (el demandado) no es el poseedor de la cosa: En ese caso el actor tendría que intentar probar que si lo es. 3) Que él (el demandado) es el dueño. 4. Extinción de la Acción por Prescripción: Extinguido el dominio se extingue la protección; por eso es que si quien privó de la posesión a otro logra usucapir, evidentemente junto con perder el dominio el primer titular, ve también extinguida su acción reivindicatoria (Art. 2517 CC). Ahora bien, es admisible la duda de si la acción es prescriptible extintivamente cuando el dueño es privado de su posesión (y aun no logra el poseedor adquirir por usucapión). En la doctrina extranjera, con la perpetuidad del dominio, predomina la conclusión de que no se extingue en prescripción extintiva. Entre nosotros, sin distinguirse entre el dominio y la acción ni delimitar la situación conflictiva, se da por establecida la misma solución, con base en el Art. 2517 CC que señala que: “Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho”. En materia de saneamiento de títulos la ley ha impuesto una excepción, ya que en ese caso la acción de dominio allí conferida prescribe en 1 año. 5. Algunas Normas Procesales: La acción reivindicatoria está sometida a juicio ordinario, siendo un juicio de detenido o lato conocimiento. Es importante señalar que con la retroactividad que se impone a la nulidad, el Art. 1689 CC confiere acción reivindicatoria contra terceros poseedores. Por último, se ha resuelto que la acción reivindicatoria es compatible con la acción posesoria de restitución, que tiene análogo fin jurídico. 6. Prestaciones Mutuas: “Devoluciones e indemnizaciones que recíprocamente se deben el reivindicante y el poseedor cuando este es vencido en la reivindicación”. Tienen también aplicación en la acción de petición de herencia y en la acción de nulidad. Estas pueden agruparse así: 1) Prestaciones del poseedor vencido al reivindicante: a. Restitución de la cosa (Art. 904 y 905 CC): El primero señala que: “Si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo que el juez señalare”. El segundo señala que: “En la restitución de una heredad se comprenden las cosas que forman parte de ella, o que se reputan como inmuebles por su conexión con ella, según lo dicho en el título De las varias clases de bienes. Las otras no serán comprendidas en la restitución, si no lo hubieren sido en la demanda y sentencia; pero podrán reivindicarse separadamente. En la restitución de un edificio se comprende la de sus llaves. En la restitución de toda cosa, se comprende la de los títulos que conciernen a ella, si se hallan en manos del poseedor”. b. Indemnización de los deterioros sufridos por la cosa (Art. 906 CC): Hay que distinguir: 225

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Poseedor de mala fe: “Es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa ha sufrido la cosa”. ii. Poseedor de buena fe: “Mientras permanece en ella, no es responsable de estos deterioros, sino en cuanto se hubiere aprovechado de ellos; por ejemplo, destruyendo un bosque o arbolado, y vendiendo la madera o la leña, o empleándola en beneficio suyo”. c. Restitución de los frutos (Arts. 907 y 913 CC): Hay que distinguir: i. Poseedor de mala fe: “Es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción: se considerarán como no existentes los que se hayan deteriorado en su poder”. ii. Poseedor de buena fe: “No es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda: en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas [del poseedor de mala fe]”. El Art. 913 CC señala que: “La buena o mala fe del poseedor se refiere, relativamente a los frutos, al tiempo de la percepción”. d. Indemnización de gastos de custodia y conservación de la cosa durante el juicio reivindicatorio si es poseedor de mala fe (Art. 904 CC): “Si es vencido el poseedor […]; y si la cosa fue secuestrada, pagará el actor al secuestre los gastos de custodia y conservación, y tendrá derecho para que el poseedor de mala fe se los reembolse”. 2) Prestaciones del reivindicante al poseedor vencido: a. Indemnización de los gastos ordinarios por la producción de los frutos (Art. 907, inc. final CC): “En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que ha invertido en producirlos”. b. Indemnización por las mejoras sufridas en la cosa: Se entiende por mejora “toda obra ejecutada para la conservación de una cosa, para aumentar su valor o para fines de ornato o recreo”. El Código distingue tres tipos de mejoras: i. Mejoras Necesarias (Art. 908 CC): “El poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, según las reglas siguientes: 1. Si se invirtieron en obras permanentes: Como una cerca para impedir las depredaciones, o un dique para atajar las avenidas, o las reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto, se abonarán al poseedor dichas expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesarias; pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución. 2. Si no se invirtieron en obras permanentes: Como la defensa judicial de la finca, serán abonadas al poseedor en cuanto aprovecharen al

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe reivindicador, y se hubieren ejecutado con mediana inteligencia y economía”. ii. Mejoras Útiles (Arts. 909, 910, 912 y 913 CC): El Art. 909, inc. 2 CC señala que son: “las que hayan aumentado el valor venal de la cosa”. Hay que distinguir: 1. Poseedor de Buena Fe (Art. 909 CC): “El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda”. El inc. 3 da opciones al reivindicador: “El reivindicador elegirá entre: a. El pago de lo que valgan al tiempo de la restitución las obras en que consisten las mejoras, o b. El pago de lo que en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo. En cuanto a las obras hechas después de contestada la demanda, el poseedor de buena fe tendrá solamente los derechos se conceden al poseedor de mala fe”. 2. Poseedor de Mala Fe (Art. 910 CC): “No tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles. Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados”. Respecto a este derecho a llevarse los materiales, el Art. 912 CC señala que: “Se entenderá que la separación de los materiales es en detrimento de la cosa reivindicada, cuando hubiere de dejarla en peor estado que antes de ejecutarse las mejoras; salvo en cuanto el poseedor vencido pudiere reponerla inmediatamente en su estado anterior, y se allanare a ello”. iii. Mejoras Voluptuarias (Art. 911 CC): “En cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que sólo tendrán con respecto a ellas el derecho que se concede al poseedor de mala fe respecto de las mejoras útiles. Se entienden por mejoras voluptuarias las que sólo consisten en objetos de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales, y generalmente aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa, en el mercado general, o sólo lo aumentan en una proporción insignificante”. Respecto a la buena o mala para las mejoras, el Art. 913 CC dice que: “La buena o mala fe del poseedor se refiere, […] relativamente a las expensas y mejoras, al tiempo en que fueron hechas”. Para asegurar el pago de estas indemnizaciones, se confiere al poseedor vencido un derecho de retención (Art. 914 CC). 227

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe III.

LA ACCIÓN DE PRECARIO15.

1. Conceptos Generales: El Art. 2195, inc. 2 CC dice que: “Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño”. 2. Comodato, Comodato Precario y Precario: El Art. 2174 CC define el comodato o préstamo de uso como: “un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso”. El comodato precario es una especie o modalidad del contrato de comodato. De acuerdo a los Arts. 2194 y 2195 CC, el comodato toma el título de comodato precario en los siguientes casos: (i) si el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo; y (ii) cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución. Muy diferente a todo lo anterior es la situación del precario, contemplado en el Art. 2195, inc. 2 CC. En el precario que contempla esta disposición no estamos frente a una situación contractual. No hay aquí, como en el comodato precario, una forma, modalidad o tipo del contrato de comodato. 3. Diferencias entre el Contrato de Comodato (Simple o Precario) y el Precario: 1) En el Comodato hay contrato y en el Precario hay una situación de hecho no contractual. 2) La acción que tiene el comodante para pedir la restitución de la cosa prestada es una acción personal, porque deriva del derecho personal generado por el contrato de comodato; mientras que en el precario la acción es real, porque deriva de su derecho de dominio: Sin embargo, Pablo Saavedra estima que la acción del precario no puede ser real porque, si bien nace de un derecho real, no está destinada a proteger o a recuperar su ejercicio. También descarta que sea personal, concluyendo que escapa de la distinción de acción real y personal. Ramos Pazos niega esta idea, señalando que es real porque deriva del derecho de dominio y porque puede ejercerse en contra de quien se encuentre detentando la cosa. 3) La acción que tiene el comodante para pedir la restitución de la cosa prestada prescribe de acuerdo con el Art. 2515 CC en 3 o 5 años, según se intente la acción ejecutiva u ordinaria; mientras que la acción de precario no prescribe mientras el actor conserve su condición de dueño. 4) Puede darse en comodato una cosa ajena; mientras que no hay precario o mejor, acción de precario, cuando la cosa es ajena: Esto porque el precario implica que la persona tenga la cosa por ignorancia o mera tolerancia del dueño. 5) Entre el comodato y el precario hay también diferencias fundamentales en materia probatoria: Cuando se demanda la restitución de la cosa prestada, el demandante deberá probar la existencia del contrato de comodato, que es la fuente de donde deriva su derecho a exigir la restitución. En cambio, cuando se interpone la acción de precario, el actor únicamente deberá probar que es dueño de la cosa cuya restitución pide y que esta cosa se encuentra en poder del demandado. 6) Cuando se trate de un comodato simple el procedimiento será el ordinario o simple; y en el caso del comodato precario, el juicio sumario por el Art. 680 Nº6 CPC. Sobre el precario la

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Según lo señalado en el texto “Del Precario” de René Ramos Pazos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ley no ha señalado el procedimiento, pero parece incuestionable aplicar el juicio sumario por aplicación del Art. 680, inc. 1 CPC. 4. Elementos del Precario: 1) El actor debe ser dueño de la cosa cuya restitución reclama: La cosa puede ser mueble o inmueble, pero debe ser una cosa singular, determinada. Esto porque para exigir su restitución es preciso que el acto la singularice y determine suficientemente. En ese sentido, hay que tener cuidado cuando: (i) el demandado ocupa una parte del precio y (ii) cuando son varios los demandados, sea que ocupen una parte del predio o la totalidad. En cualquiera de los dos supuestos deberá individualizarse cuidadosamente la porción del terreno que ocupa el demandado o cada uno de los demandados, cuando sean varios. Ahora bien, existen ciertos casos particulares: a. Demanda de precario del usufructuario: Se pregunta la doctrina si el usufructuario puede o no demandar de precario a aquel que sin contrato ocupa el bien. La Corte Suprema ha sostenido que no puede, ya que solo puede demandar el dueño de la cosa. Sin embargo, Ramos Pazos estima que si puede ya que solo al usufructuario le interesa la restitución de la cosa porque mirado el problema desde el punto de vista del nudo propietario, lo mismo le da que la cosa la goce un tercero o el usufructuario. Desde otro ángulo, parece injusto sostener que el nudo propietario vaya a estar en mejor situación que quien tiene las otras dos facultades del dominio (uso y goce). b. Precario en el caso de los comuneros: En este caso hay que hacer algunas distinciones: i. Que la demanda la interponga un comunero como si fuera dueño exclusivo: No hay dudas que la demanda es improcedente, porque el demandante no es dueño y, por ello, no cumple con el requisito establecido en el Art. 2195, inc. 2 CC. ii. Que el comunero demande por la comunidad: Si tiene poder suficiente de los demás comuneros, es obvio que no hay problemas, pues en el fondo no es él quien está demandando sino todos. El problema se crea cuando uno solo, sin poder, demanda por la comunidad. Para legitimar esta acción podría recurrirse a la idea del mandato tácito y reciproco, pero esta noción ha comenzado a ser rechazada por la Corte Suprema. No obstante lo anterior Ramos Pazos cree que si puede demandar por la comunidad y sustenta su posición estimando que si bien puede ser discutida la existencia en nuestra legislación de un mandato reciproco de administración entre los comuneros, en virtud del cual cualquiera de ellos podría realizar actos o gestiones en beneficio de la comunidad, la verdad es que sin entrar a la justificación de tal doctrina, el jus prohibendi o derecho de veto no impide a un copropietario realizar actos meramente conservativos, puesto que con ello trata de obtener la protección de su propio derecho. Y la acción de precario seria justamente un acto conservativo. iii. Que se demande a otro de los comuneros: No hay dudas que la demanda es improcedente, porque el resto de los comuneros que demande no son propietarios exclusivos. Además, el comunero que tiene la cosa tiene un título que lo habilita para usar de la cosa en los términos y con las limitaciones que indica el Art. 2081 Nº2 CC. 229

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) El demandado debe tener la cosa en su poder sin contrato: Respecto de esto existen una serie de cuestiones que es necesario dilucidar: a. Naturaleza del Contrato en virtud del cual se tiene la Cosa16: Respecto al concepto “previo contrato” se han planteado dos problemas: i. Si la expresión está o no utilizada en el sentido técnico del Art. 1438 CC: En este problema, la Corte Suprema ha indicado que el concepto utilizado es extensivo. En ese sentido, para que la tenencia de la cosa ajena, no se entienda precario, debe al menos sustentarse en un título, en un antecedente jurídico al que la ley le reconozca la virtud de justificarla, aun cuando no sea de origen convencional o contractual. ii. Si la expresión se refiere a cualquier contrato que justifique la detentación material de la cosa o, bien, debe conferírsele una interpretación restrictiva, limitada a aquellos contratos que, justificando de alguna manera la detentación material, resultan oponibles al verdadero dueño: En este problema, la Corte Suprema ha indicado que el concepto utilizado es restrictivo. En ese sentido ha dicho que lo relevante es que el título resulte oponible al propietario, de forma tal que la misma ley lo ponga en situación de tener que respetarlo y, como consecuencia de lo anterior, de tolerar o aceptar la ocupación de una cosa de que es dueño por otra persona. En ese sentido, no basta el título, sino que debe tratarse de uno oponible y no basta cualquier título oponible, sino que es necesario que dicho título justifique la tenencia material de la cosa. Tendrían este carácter, por ejemplo, un contrato de comodato, un contrato de arriendo. En cambio, no tendría ese carácter el contrato de promesa de compraventa que puede haber celebrado el actor con el demandado, ya que señala este solo genera una obligación de hacer. b. ¿De quién debe emanar el contrato en virtud del cual el demandado tiene la cosa?: El problema es resolver si el título tiene que emanar del actor o si podría derivar de un tercero. En opinión de Ramos Pazos el tercero para enervar la acción tiene que tener un título que obligue al propietario (no que derive de él). Esto con una salvedad tratándose del contrato de arriendo, cuando el arrendador enajena el bien. En ese supuesto, sea que el contrato de arriendo le sea oponible al comprador o no, de todas formas, no podrá demandar de precario el arrendatario. Deberá usar la acción respectiva que en el caso de los bienes raíces urbanos contempla el Art. 7 Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos. No podrá intentar esta acción el comprador que está obligado a respetar el arriendo en los términos del Art. 1962 CC. c. Situación que se produce cuando el demandado tiene la cosa en virtud de un título que ha quedado sin efecto: Pueden presentarse distintas situaciones:

Complementado con el texto “Contrato de promesa como título frente a demanda de precario, Corte de Apelaciones de San Miguel, 3 de diciembre de 2007, Corte Suprema, 21 de octubre de 2009, rol Nº 7808-2007, Nº Legal Publishing 43036 y Corte de Apelaciones de Temuco 6 de octubre de 2008 y Corte Suprema 10 de noviembre de 2009, rol Nº 6747-08, Nº Legal Publishing 42907” de Iñigo de la Maza Gazmuri. 16

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Que el demandado haya entrado a ocupar la cosa en virtud de un contrato que se declaró nulo: En virtud del efecto propio de la sentencia que declara la nulidad, las partes deben volver al estado que tenían al momento de celebrarse el contrato. Ello viene a significar que el titulo desaparece con efecto retroactivo, de modo que la cosa la pasa a tener sin título alguno. ii. Que la haya entrado a ocupar en virtud de un contrato que ha sido resuelto: Debido a que la resolución opera retroactivamente, en este caso tampoco habría título para ocupar la cosa. iii. Que la cosa la tenga en virtud de un contrato que las partes resciliaron: En opinión de Ramos Pazos, y siguiendo a David Stitchkin, hay que estar a los términos en que las partes hayan acordado la resciliación. Es decir, para saber si hay o no título habrá que ver si las partes le dieron o no efecto retroactivo a la resciliación. d. Situación del Adjudicatario: Se refiere al caso en que el adjudicatario interpone acción de precario contra alguno de los otros ex comuneros. La Corte Suprema resolvió que, aun cuando concluyó el condominio del demandado, tal circunstancia no tuvo la virtud de transformar la antigua tenencia del demandado, amparada mediante título de dominio, en comodato por mera tolerancia o ignorancia. e. Precario en el caso de existir Matrimonio entre las partes: Se refiere al caso en que uno de los cónyuges demanda al otro por precario para que abandone el bien inmueble del que es dueño. En opinión de Ramos Pazos la circunstancia de haber vivido un tiempo marido y mujer en la casa de esta última no constituye para el marido el título de tenencia, sino que configura únicamente una situación de hecho que se ha prolongado para el demandado en una ocupación de esa propiedad por la mera tolerancia de la mujer. De aceptar la tesis contraria, se llegaría al absurdo de conferir al marido un título de tenencia sobre un bien raíz de su mujer, que no vive con él, con el carácter de gratuito e irrevocable, lo que resulta evidentemente contrario a derecho y a la más elemental equidad. f.

Precario en el caso del Matrimonio Nulo: En este caso la Corte Suprema ha señalado que tampoco hay título para aquel de los cónyuges que se apodera de la cosa que se le ha asignado al otro.

g. Caso del Concubinato: El concubinato por sí solo no es un título que justifique la tenencia, mientras no se declare la existencia de una comunidad o de una sociedad de hecho con el concubino. 3) El demandado debe tener la cosa por mera tolerancia o ignorancia del dueño: Respecto de este elemento, se pregunta el autor si este es un elemento distinto o no de la falta de título. En ese contexto, Emilio Rioseco estima que la ignorancia o mera tolerancia del dueño no son elementos constitutivos sino motivaciones del precario, que comportan una actitud normal del dueño no detentador y que por eso mismo él no está obligado a probar para hacer precedente la acción. Ramos Pazos tiene dudas de que la falta de título del demandado suponga necesariamente la mera tolerancia o ignorancia porque pueden imaginarse situaciones en que no hay título de ocupación y que difícilmente podría afirmarse que tenga la cosa por mera tolerancia o ignorancia del dueño. Así, 231

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe en el caso en que se tenía un título que ha quedado sin efecto por nulidad o resolución; cuando el demandado ocupa la cosa contra la voluntad del dueño. Sin perjuicio de ello, Ramos Pazos de todos modos adopta la otra posición porque parece más ajustada a la equidad. En cuanto a los conceptos “mera tolerancia” e “ignorancia”, estas no son sinónimas, sino incompatibles, de manera que no se puede demandar alegando a la vez mera tolerancia e ignorancia. Por último, Ramos Pazos estima que, si una propiedad se enajena, estando ocupada por un tercero que la detenta por mera tolerancia o ignorancia del vendedor, el comprador o adquirente puede demandar de precario. Esto porque el Art. 2195, inc. 2 CC señala únicamente que debe existir mera tolerancia “del dueño”. Y debemos entender que, si el dueño la enajena, el adquirente pasa a ocupar la misma situación jurídica de aquel. Además, si el tradente es dueño está transfiriendo el dominio, lo que implica todas las acciones que derivan de ese derecho, entre otras la de precario. Finalmente, si no entendemos las cosas de este modo, podría darse el caso absolutamente inaceptable de que el comprador no tuviera ninguna acción en contra del ocupante. 5. No cabe la Acción de Precario en contra del Poseedor: Si quien se encuentra ocupando el bien tiene la condición de poseedor, no tiene cabida la acción de precario. En este contexto la pregunta es ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el dueño del inmueble demanda de precario y el demandado, para enervar la acción, afirma encontrarse en el predio en calidad de poseedor?: 1) Que el demandado exhiba una inscripción de dominio respecto del bien objeto del juicio: En este caso, dado el carácter de sumario del juicio de precario no es adecuado para resolver a quien pertenece un bien raíz cuando ambas partes tienen o invocan un título de dominio inscrito sobre él, por lo cual debe acudirse por reivindicatoria. 2) Que el demandado afirme ser poseedor no inscrito: Si se piensa que la posesión solo se adquiere y prueba con la inscripción, habrá que entender que el demandado no es poseedor. Podría, en consecuencia, intentarse en su contra la acción de precario. En cambio, si se estima que la inscripción no constituye por si sola posesión de un bien raíz, sino una garantía del hecho posesorio viene a resultar que se puede ser poseedor, aunque no se tenga inscripción. En este supuesto, no cabe la acción de precario. 6. Onus probandi en los Juicios de Precario: 1) Prueba del Dominio: Corresponde al actor probarlo, por ser el dominio el fundamento de su acción: la causa de pedir. Cuando se trata de bienes raíces inscritos, el demandante probará su dominio, con la correspondiente inscripción en aplicación de la presunción del Art. 700, inc. 2 CC. Si el inmueble no está inscrito, deberá el actor probar la posesión de hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, plantaciones o sementeras, y otras de igual significación (Art. 925 CC). Tratándose del precario, no se es tan exigente en la prueba del dominio, como en la acción reivindicatoria. La explicación es simple: en el juicio reivindicatorio el demandado es poseedor y por esa razón está amparado por la presunción del Art. 700, inc. 2 CC, en cambio en el precario es un simple detentador sin título alguno. 2) Prueba de los demás elementos del Precario: Respecto de ellos hubo un tiempo en que en forma muy sostenida se falló que concernía al actor probar los hechos constitutivos de su acción de 232

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe precario, por lo que a él correspondía probar no solo su dominio, sino además que el demandado tenía la cosa sin título alguno por mera tolerancia o ignorancia suya. Hoy día tanto la doctrina como la jurisprudencia han dejado establecido que en el precario el actor solo prueba su dominio y que compete al demandado la prueba del título en cuya virtud tiene la cosa. Y si no puede probar ese título se entiende que la tiene por mera tolerancia o ignorancia del dueño. En caso contrario, se ha dicho, se exigiría al acto una prueba imposible. Respecto a la mera tolerancia o ignorancia, Emilio Rioseco estima que por ser motivaciones del precario y no elementos constitutivos, no está el dueño obligado a probarlos.

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RESUMEN OBLIGACIONES: RENÉ RAMOS PAZOS COMPLEMENTADO Y COMENTADO CAPÍTULO I: CONCEPTOS GENERALES17 I.

PRIMERA PARTE.

1. Derechos Reales y Derechos Personales o Créditos: El Art. 576 CC expresa que las cosas incorporales son derechos reales o personales y, en las disposiciones siguientes, define el derecho real como “aquel que tenemos sobre una cosa corporal sin respecto a determinada persona” (Art. 577 CC), y el derecho personal como “el que solo puede reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas” (Art. 578 CC). 2. Las nociones de Derecho Personal o Crédito y Obligación son Correlativas: Se hablará de derecho personal o de obligación, según la relación entre los sujetos se mire desde el punto de vista del acreedor (titular de un crédito) o del deudor (obligado en esa relación). 3. Diferencias entre Derechos Reales y Personales: 1) En los derechos reales existe una relación de persona a cosa; en cambio, en los personales, la relación es entre dos sujetos determinados: acreedor y deudor. 2) En cuanto al contenido: Los derechos reales confieren un poder jurídico inmediato sobre la cosa; en cambio, en los derechos personales, el titular (acreedor) solo puede obtener el beneficio correspondiente mediante un acto del obligado (deudor). 3) En cuanto a la forma de adquirir ambos tipos de derechos: Los reales se adquieren por la concurrencia de un título y de un modo de adquirir. En cambio, en los derechos personales basta el título. 4) Los derechos reales son derechos absolutos en cuanto al titular le corresponde una acción persecutoria y restitutoria, dirigida al reintegro de la cosa y ejercitable frente a terceros. Los derechos personales, en tanto, son derechos relativos porque solo se pueden exigir del deudor. 5) En lo relativo a su ejercicio: La diferencia se presenta en un doble aspecto: a. En los derechos reales, el hecho de recaer directamente sobre cosas hace que permitan una ilimitación que no puede darse en los derechos de obligaciones, habida cuenta de la presencia de la persona del deudor. b. Los derechos reales se consolidan o reafirman a través de su ejercicio, en contraste con los de obligaciones, en los que el ejercicio, mediante el cumplimiento o pago, lleva aparejada la extinción. 6) En lo que se refiere a su contravención: Los derechos reales pueden ser violados por cualquiera, no así los personales, que solo pueden serlo por el deudor. 7) Los derechos reales solo los puede crear la ley (numerus clausus), quedando inhibidas las partes de establecerlos, situación totalmente distinta a la de los derechos personales en que las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad pueden generar cualquier tipo 17

Complementado con el texto “Concepto, Elementos y Características de la Obligación” de René Abeliuk.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de derecho personal sin más limitación que la ley, el orden público o la moral (numerus apertus). 4. Críticas a la Concepción Clásica: No es cierto, se argumenta, que en los derechos reales exista un solo sujeto, su titular, pues también hay un sujeto pasivo constituido por la colectividad toda, en cuanto sus integrantes tienen la obligación de abstenerse de ejecutar cualquier acto que perturbe o impida el ejercicio del derecho. La situación es todavía más clara, se agrega, en los derechos reales limitados que constituyen desmembración del dominio, pues estos derechos deben ejecutarse sin perturbar el derecho de propiedad. Tampoco es efectivo que en los derechos reales exista una relación de persona a cosa, pues siempre las relaciones jurídicas se dan entre personas. Las cosas solo integran el objeto de las obligaciones de dar. En cuanto a que los derechos reales sean perpetuos y los personales eminentemente transitorios, no constituye una diferencia esencial, desde que ello solo sería así en el derecho de propiedad, pero no lo es en algunos derechos reales, como el caso del usufructo, que siempre está sujeto a un plazo. 5. Concepto de Obligación: 1) Tradicional: “El vínculo jurídico entre dos personas determinadas -deudor y acreedor- en virtud del cual el primero se encuentra en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo en favor del segundo”. 2) Von Tuhr: “La relación jurídica establecida entre dos o más personas, por virtud de la cual una de ellas -el deudor, debitor- se constituye en el deber de entregar a la otra -acreedor, creditoruna prestación”. Que se trate de un vínculo jurídico significa que nos encontramos ante una relación protegida por el derecho objetivo, lo que hace la diferencia entre obligación y otros deberes, como los morales. Si el deudor no cumple con su prestación puede ser compelido a hacerlo, respondiendo no con su persona sino con su patrimonio. En este contexto, el Art. 2465 CC señala: “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo1618”. De manera que cuando se contrae una obligación el deudor está respondiendo de su cumplimiento con todo su patrimonio, lo que se denomina “Derecho de Prenda General”, denominación inadecuada, pues no hay propiamente un derecho de prenda, que es un derecho real. Fueyo observa que tradicionalmente las definiciones que la doctrina ha dado de la voz obligación tienen en común la subordinación del deudor hacia el acreedor, en un plano inclinado en que los derechos son todos del acreedor; y los deberes corresponden todos al deudor. Agrega que la tendencia actual es a corregir este criterio absolutista, reconociéndose derechos al deudor y la imposición de deberes al acreedor. Así, Fueyo define obligación como “una relación de derecho entre dos o más personas, en cuya virtud una parte tiene el deber jurídico de satisfacer una prestación determinada en favor de otra, a la vez que el derecho a que el poder del acreedor no se exceda en sus límites, y a ser liberada al tiempo del cumplimiento, y la otra parte la facultad de exigir tal prestación, aun coercitivamente, a la vez que el deber de no excederse en su pretensión”. 6. Deber Moral, Deber de Conducta, Deber Jurídico y Obligación: Los deberes morales y los deberes jurídicos se diferencian fundamentalmente en que: (i) no son amparados coactivamente por el legislador, y

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe (ii) no requieren una determinación en los sujetos de los mismos que es una característica en las obligaciones propiamente tales, salvo contadas excepciones. Dentro de los deberes jurídicos podemos distinguir tres categorías: 1) Los deberes generales de conducta: Es actuar conforme a derecho, cumpliendo sus prescripciones imperativas y absteniéndose de lo prohibido. Igualmente, es deber general de conducta abstenerse de cometer actos ilícitos, so pena de indemnizar los daños causados, o de ser sancionado penalmente si se cae en alguna de las figuras castigadas criminalmente. 2) Los deberes específicos de conducta: Tales son la mayor parte de los deberes de familia que rigen las relaciones no pecuniarias entre padres e hijos. Se diferencian de las obligaciones propiamente tales, en que por el contenido moral y afectivo que suponen, no son susceptibles ni de ejecución forzada ni de indemnización de perjuicios en caso de infracción. 3) Las obligaciones en su sentido técnico estricto. 7. Elementos Constitutivos de la Obligación: Se discute doctrina sobre lo que en esencia constituye la obligación: 1) Deber del deudor de observar un determinado comportamiento frente al acreedor: Para los que siguen esta posición toda obligación importa una restricción de la libertad del deudor y una extensión de la libertad del acreedor, situación a la que se pondrá fin con el cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la obligación genera un ilícito que hace nacer una nueva obligación: la de indemnizar. 2) Responsabilidad del deudor: Los que siguen esta postura estiman que lo que en esencia constituye la obligación es el hecho que el patrimonio del deudor quede afecto a su cumplimiento. No es el deber lo esencial en la obligación pues es posible su incumplimiento. Según esta tesis, el derecho de crédito recae sobre el patrimonio. Se puede observar que ambas concepciones se fundan en forma diferente. La primera, la del deber, se apoya en una base ética -persona, conducta-, en tanto la segunda, la de la responsabilidad, es una tesis elaborada sobre una base económica -patrimonio, resultado-. Hernández Gil estima que ambas posiciones pueden aunarse a través de otras fórmulas: 1) Sosteniendo que el concepto de obligación, unitariamente entendido, comprende tanto el deber de prestación (deuda) como el sometimiento del patrimonio del deudor al derecho del acreedor (responsabilidad). 2) Rompiendo con la unidad conceptual de la obligación, proclama la existencia autónoma de la deuda y de la responsabilidad, las cuales puede, si, yuxtaponerse, pero también presentarse independientemente. Desde un punto de vista práctico puede ser importante la diferencia conceptual para explicar, por ejemplo, la naturaleza de las obligaciones naturales. En ellas habría una deuda (deber), pero faltaría el elemento responsabilidad, desde que el acreedor no podría obtener el cumplimiento coactivo de ese deber en el patrimonio del deudor. 8. Sujetos de la Obligación: Acreedor y Deudor: El acreedor es “el titular del derecho personal o crédito en virtud del cual puede exigir del deudor una determinada prestación”. El deudor es “quien debe dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor”. 236

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En los contratos bilaterales (Art. 1439 CC) ambas partes tendrán el carácter de acreedoras y deudoras, de sus respectivos derechos y obligaciones. Respecto de los sujetos se dan dos aspectos interesantes: 1) La obligación como relación entre patrimonios: Frente a la concepción clásica que entiende la obligación como una relación de dos partes, acreedor y deudor, surgen doctrinas nuevas, que ven más bien una relación de patrimonios. Así, para algunos, la relación existe entre el acreedor y el patrimonio del deudor, ya que con este responde hoy en día el obligado al cumplimiento, en virtud del ya citado derecho de garantía general que tienen los acreedores, y no con su persona. Se dice incluso que el crédito no sería sino un derecho real, pues se ejercería directamente sobre una cosa, con la única diferencia que el objeto no sería un bien singular, sino una universalidad: el patrimonio. 2) La posible indeterminación de los sujetos: Los dos sujetos tienen que ser personas determinadas o a lo menos determinables. En doctrina se discute si es indispensable para el nacimiento del derecho y de la correlativa obligación que el sujeto exista con anterioridad. Hernández Gil estima que es muy posible que en ciertas fases del desarrollo de la obligación haya un sujeto no plenamente determinado. Es lo que ocurre en las obligaciones propter rem. También, estaría indeterminado en todos aquellos casos que se consideran como una declaración unilateral de voluntad, como, por ejemplo, en el caso de la oferta del pago de una recompensa al que hallare una especie extraviada, o en el caso de los títulos al portador, en que de antemano se sabe quién es el deudor, pero el acreedor se determinará por la posesión del título. Tanto el deudor como el acreedor pueden ser una o varias personas, ya que, según el Art. 1438 CC, cada parte de un contrato puede ser una o muchas personas. 9. El Objeto de la Obligación: La Prestación: “Determinado comportamiento, positivo o negativo, que el deudor asume en favor del acreedor”. El Art. 1438 CC señala que es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. En las obligaciones de dar y en las de entregar, la cosa que debe darse o entregarse de incorpora al objeto de la obligación, de tal suerte que, si el deudor no cumple, el acreedor va a perseguir justamente esa cosa. La prestación es el elemento objeto de la obligación, pero ella a su vez tiene su objeto. Ello nos lleva a examinar: 1) Objeto de la Obligación y de la Prestación: Hay autores que distinguen en la obligación un objeto “inmediato”, que es la prestación, y uno “mediato”, que sería el hecho, abstención o cosa en que esta consiste. Es así como hay que distinguir: a. Respecto a la prestación misma: i. Debe ser Física y Jurídicamente Posible: Se debe poder realizar. La imposibilidad de la prestación puede ser absoluta, cuando la prestación no puede cumplirse bajo ningún respecto, o relativa, cuando objetivamente no hay imposibilidad, pero para el deudor no es realizable la prestación. ii. Debe ser Licita: No debe estar prohibida por la ley ni ser contraria a las buenas costumbres o al orden público (Art. 1461, inc. 3 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe iii. Debe ser Determinada o a lo menos Determinable: La prestación tiene que estar precisada, identificada, y que sea determinable significa que pueda llegar a definirse sin necesidad de un nuevo acuerdo de las partes. b. Respecto a la cosa objeto de la prestación: i. Si la obligación es de dar una cosa: Esta cosa (Art. 1461 CC): 1. Debe existir, o por lo menos esperarse que exista. 2. Debe ser comerciable. 3. Debe estar determinada o ser determinable. 4. Debe ser licito. ii. Si la obligación es de hacer o no hacer un hecho: 1. Debe ser determinado o determinable. 2. Debe ser física y moralmente posible. 2) Patrimonialidad de la Prestación: Si bien no se desconoce este carácter esencialmente patrimonial de la obligación, se ha discutido, en cambio, si es requisito de ella, o si puede ser objeto de la obligación un hecho no pecuniario, no avaluable en dinero. Al respecto hay tres corrientes: a. Doctrina Clásica: Seguida por el derecho romano, Savigny y algunos juristas pertenecientes a la escuela histórica, entiende que la obligación debe tener siempre un contenido estrictamente económico, y solo puede no tenerlo por excepción si es condición o modo de una obligación pecuniaria, o va acompañada de una pena para el caso de infracción. Así, como ejemplo de lo primero, señala Pothier la promesa de pagarle una suma de dinero a una persona si estudia derecho durante un año; y de lo segundo, la promesa de una persona de no dedicarse nunca más a los juegos de azar, sujetándose a una multa. b. Ihering: Para que exista obligación basta un interés del acreedor, aunque no sea de carácter patrimonial, porque el derecho no ampara solo los intereses materiales, sino también los morales de la persona. En cuanto a la sanción por incumplimiento de estas obligaciones, esta doctrina lleva necesariamente a la indemnización del daño moral. c. Posición Intermedia: A partir de mediados del s. XIX, algunos autores comienzan a distinguir entre la prestación en sí y el interés del acreedor. La primera debe tener siempre un contenido patrimonial, pues, en caso contrario, no se podría ejecutar la obligación en el patrimonio del deudor; no así el interés del acreedor que puede ser patrimonial, moral, humanitario, científico o artístico. 3) Causa de la Obligación: La doctrina clásica de Domat distingue tres clases de obligaciones: a. Las derivadas de los contratos bilaterales: En que la causa de la obligación de una de las partes es la que asume la contraparte. b. Las derivadas de los contratos reales: En que la obligación que contrae el que recibe la cosa, único obligado, es causada precisamente por la entrega que ha recibido.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Las derivadas de los contratos gratuitos: En que la causa de la obligación es el mero espíritu de liberalidad. No obstante las dudas y críticas en torno a la doctrina de la causa, ella aún conserva importancia: a. Porque realmente en los contratos bilaterales hay una íntima relación, una interdependencia de las obligaciones de las partes. b. Porque en su concurrencia o no, se funda una clasificación de las obligaciones en causadas y abstractas o formales, y c. Porque la causa del contrato ha sido utilizada por los autores y jurisprudencia para moralizar las relaciones jurídicas. 10. El Vínculo Jurídico: El vínculo es jurídico, en lo cual la obligación difiere de los deberes morales y sociales, pues el ordenamiento jurídico otorga al acreedor medios para forzar al deudor al cumplimiento. Estos derechos del acreedor son principalmente tres: (i) si es ello posible, con el auxilio de la autoridad, obligar al deudor a cumplir; (ii) en subsidio, si no es ya posible el cumplimiento de la obligación misma, que se le indemnicen los perjuicios, y (iii) finalmente, el acreedor goza de los llamados derechos auxiliares para mantener la integridad del patrimonio del deudor. Finalmente, el vínculo obligacional tiene dos caracteres: 1) Excepcionalidad: Porque no es normal que dos personas estén ligadas por vínculos jurídicos, dado que el radio económico de acción del individuo es por esencia limitado. De ahí que la obligación sea excepcional y que corresponda probarla al que la alega. 2) Temporalidad: Pues la obligación se contrae para cumplirse, esto es, para extinguirse. CAPÍTULO II: FUENTES DE LAS OBLIGACIONES I.

GENERALIDADES.

1. Concepto: “Hechos jurídicos que dan nacimiento, modifican o extinguen las relaciones de derecho y las obligaciones”. 2. Clasificación: En virtud del Art. 578 CC las fuentes serían: un hecho del deudor y la ley. Sin embargo, el Art. 1437 CC ha precisado que: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad”. En resumen, para nuestro Código Civil, las fuentes de las obligaciones son: 1) El Contrato. 2) El Cuasicontrato. 3) El Delito. 4) El Cuasidelito. 5) La Ley. 239

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Críticas a la Clasificación Anterior: Por una parte, la noción de cuasicontrato tiene detractores, pues o hay acuerdo de voluntades y en ese caso hay contrato, o no lo hay y, en tal supuesto, la obligación solo puede tener su origen en la ley. Según una opinión muy generalizada, solo la voluntad y la ley pueden generar obligaciones. En los cuasicontratos, los delitos o cuasidelitos, las obligaciones nacen porque así lo establece la ley. Sin embargo, siguiendo la misma lógica, habría que concluir que también en el caso de los contratos, estos generarían obligaciones porque así lo establece la ley, con lo que esta sería la única fuente. 4. La Voluntad Unilateral como Fuente de la Obligación: A mediados del s. XIX surgió en la doctrina alemana la idea de que una persona pudiera resultar obligada por su sola manifestación de voluntad. En opinión de Lacruz Berdejo es “la que contrae un sujeto mediante su mera manifestación de querer obligarse” y no debe confundirse, por tanto, con las obligaciones que nacen de otras actuaciones personales y voluntarias, no dirigidas exclusivamente a la creación de una deuda, como la del gestor o la de quien causa daño culpable a otro. Ni tampoco con los actos unilaterales encaminados a la conclusión de un contrato, como la oferta. Los autores franceses se resistieron en un comienzo a aceptar que la manifestación unilateral de voluntad pudiera ser fuente de las obligaciones, pues estimaban indispensable un acuerdo de voluntades, pero, finalmente, terminaron aceptando la innovación, en razón de que en los textos positivos se encuentran casos de obligaciones generadas por la sola voluntad del deudor. Así ocurre, entre nosotros, con el Art. 632, inc. 2 CC (promesa de recompensa al que denuncie el hallazgo de una especie al parecer perdida) y con el Art. 99 CCom (caso del oferente que se obliga a no disponer de la cosa sino pasado cierto tiempo o de desechada la oferta). Si bien se puede admitir que la voluntad unilateral sea fuente de obligaciones, debe entenderse naturalmente que esa obligación llegará a ser eficaz cuando alguien adquiera la calidad de acreedor, para lo cual será necesaria también su voluntad, desde que nadie puede adquirir derechos contra y, ni siquiera, sin su voluntad. 5. En Chile, ¿se acepta la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones?: La idea dominante es que el Código Civil – salvo la situación excepcional del Art. 632, inc. 2 CC – no acepta la voluntad unilateral, como fuente de obligaciones. Se fundamenta esta opinión en el hecho que Bello siguió la doctrina de Pothier recogida en el Código de Napoleón, quien manifestó con claridad que no puede una promesa conceder a alguno un derecho contra el promitente hasta que su voluntad concurra para adquirirlo por la aceptación que haga de la promesa. Sin embargo, Enrique Rodríguez afirma que el Art. 1437 CC no dice que los únicos hechos voluntarios de la persona que se obliga son los cuasicontratos y la aceptación de una herencia o legado, sino que expresa que tales actos son especies del hecho voluntario de la persona que se obliga y del cual pueden nacer obligaciones. La palabra “como” equivale a “por ejemplo”; luego, la declaración unilateral de voluntad podría tener cabida en esa disposición, puesto que aquella es precisamente un hecho voluntario de la persona que se obliga. Nótese que algunos autores dan como una de las hipótesis de obligación unilateral el ejemplo que pone nuestro Código de la aceptación de una herencia. La jurisprudencia nacional en forma reiterada ha sostenido que no hay más fuentes de obligaciones que las que indica el Art. 1437 CC. No obstante, hay fallos relativamente recientes que aceptan que la sola voluntad del deudor pueda ser fuente de obligaciones. 6. Otras Fuentes Doctrinarias: Se señala por algunos autores que también se pueden considerar como fuentes de las obligaciones al enriquecimiento sin causa, la protección de la apariencia, el respecto de la 240

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe buena fe, etc. Ramos Pazos no lo piensa así porque cree que se trata únicamente de principios orientadores de la legislación. En esos casos la fuente es la ley. CAPÍTULO III: CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES I.

GENERALIDADES.

Las obligaciones admiten diferentes clasificaciones: 1) Atendiendo a su eficacia: Obligaciones Civiles y Naturales. 2) Atendiendo al objeto o prestación: a. Según la forma: Positivas y Negativas. b. Según la determinación del objeto: De especie o cuerpo cierto y de género. c. Según el contenido de la prestación: De dar, hacer y no hacer. d. Obligaciones de dinero y obligaciones de valor. e. Según el número de cosas que integran la prestación: De objeto singular y de objeto plural (de simple objeto múltiple, alternativas y facultativas). 3) Atendiendo al sujeto: De unidad de sujetos y de pluralidad de sujetos (simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias e indivisibles). 4) Atendiendo a la forma de existir: Principales y Accesorias. 5) Atendiendo a sus efectos: Puras y simples; sujetas a modalidad; de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. II.

NUEVAS CATEGORÍAS DE OBLIGACIONES.

1. Obligaciones de Medio y de Resultado: 1) Obligaciones de Medio: “Aquellas en que el deudor se compromete únicamente a hacer todo lo posible y necesario, poniendo para ello la suficiente diligencia, para alcanzar un resultado determinado”. Por ejemplo, la obligación de un abogado o un médico. 2) Obligaciones de Resultado: “Aquellas en que el deudor para cumplir debe alcanzar el resultado propuesto”. Por ejemplo, la que contrae el contratista que se obliga a construir una casa. La distinción cobra importancia para saber cuándo la obligación se va a entender cumplida o incumplida. La de resultado esta incumplida cuando el deudor no ha proporcionado al acreedor el resultado al que se comprometió. En cambio, en la de medio el deudor la incumple cuando no actúa con la diligencia debida. Según Peñailillo en ambas obligaciones corresponde al deudor probar el cumplimiento. Sin embargo, el contenido de la prueba en ambos es distinto: en las de medio solo se debe probar que se actuó con diligencia, en cambio, en las de resultado, es dudoso que la sola ausencia de culpa libere al deudor. Nuestro Código Civil, al igual que la mayoría de los códigos no contempla esta distinción y Alessandri y Abeliuk entienden que no se acepta por cuando la disposición del Art. 1547 CC presume la culpa contractual sin hacer diferencias. Alejandro García González acepta esta clasificación y concluye: 241

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Que a las obligaciones de medios y de resultado se aplican las mismas normas de la carga de la prueba, cuyos principios se extraen del Art. 1698 CC. 2) Que la presunción de culpa establecida en el Art. 1547 CC no es ningún obstáculo para el reconocimiento de la distinción, porque el presupuesto normativo para su aplicación es la existencia del incumplimiento, que, en caso del cumplimiento imperfecto de las obligaciones de medios, se identifica con la culpa. 3) Que la prueba del incumplimiento de una obligación siempre corresponde al acreedor que demanda indemnización de perjuicios, cualquiera sea la clase de obligación y cualquiera sea el tipo de infracción. 4) La prueba del imperfecto cumplimiento en una obligación de medios no escapa a esta regla general y, debido a ello, es que corresponde al acreedor que pretende el cumplimiento por equivalencia, acreditar la culpa del deudor, como forma específica de una infracción de medios. 5) La prueba de la diligencia solo es relevante en las obligaciones de medio como prueba de pago, y no como causal de exoneración de responsabilidad. 2. Obligaciones Reales, Ambulatorias o propter rem: “Aquellas que incumben al propietario o al poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo”. Presentan dos particularidades fundamentales: 1) El deudor se determina atendiendo a la persona que es propietaria o poseedora de la cosa. 2) La obligación se traspasa al sucesor particular en forma automática: Cambia el titular de la posesión o del dominio y cambie también, al mismo tiempo, el sujeto pasivo de la obligación, sin necesidad de otra estipulación especial. Esta obligación sigue la cosa y grava a los adquirentes sucesivos, desvinculándose por lo general del enajenante. Por ello, la obligación real es una especie de obligación ambulatoria. Ejemplos de este tipo de obligaciones son la del Art. 858 CC que señala la obligación de contribuir, a prorrata de sus derechos, en las expensas de construcción, conservación y reparación del cerramiento; la del Art. 859 CC que se refiere a los arboles medianeros; la del Art. 942 CC respecto a las acciones posesorias especiales, y la del Art. 1962 CC que se refiere a la obligación de respetar el contrato de arrendamiento. A estas se suman la obligación de cada comunero de contribuir al mantenimiento de la cosa común en proporción a su cuota (Art. 2309 CC) y la obligación del usufructuario de pagar al dueño el interés por el dinero invertido en la mantención de la cosa objeto de usufructo (Art. 797, inc. 1 CC). Tres observaciones parecen de interés: 1) Como toda obligación, se puede hacer efectiva no solo en la cosa que la motiva, sino en todo el patrimonio del deudor. 2) El deudor puede liberarse abandonando o renunciando la cosa, siempre que ello lo haga antes del incumplimiento. 3) Aunque se ha discutido, por la relación que tienen con los derechos reales, no pueden ser creadas por las partes, siendo su única fuente la ley. 3. Obligaciones Causadas y Obligaciones Abstractas: Toda obligación debe tener una causa real y licita, aunque no es necesario expresarla (Art. 1467 CC). Lo que ocurre es que, en las obligaciones abstractas o 242

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe formales, se produce una separación entre la relación subyacente y la obligación. Así cuando una persona suscribe un pagaré o acepta una letra de cambio, la obligación de pagar las cantidades que en estos documentos se indica, tienen una causa, que no aparece en el mismo, y que provienen de un contrato diferente (mutuo, por ejemplo). Con el objeto de que esa letra o pagaré pueda circular, se ha creado esta categoría de documentos abstractos, en que el deudor no puede oponer al tercero la excepción de falta de causa (Art. 28 Ley Nº 18.092). III.

OBLIGACIONES CIVILES Y NATURALES18.

1. Concepto: El Art. 1470 CC señala que: “Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas”. 2. Características de las Obligaciones Naturales: 1) No dan o no confieren derecho para exigir su cumplimiento: Fernando Rozas y Raúl Lecaros estiman que si dan acción para exigir su cumplimiento, pero la acción es enervable. Lo anterior viene a ser confirmado según ellos por lo dispuesto en el Art. 1471 CC que señala que: “La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado, no extingue la obligación natural”. Si la acción no es enervada con la correspondiente excepción, la sentencia definitiva deberá acoger la demanda en virtud de lo dispuesto en los Arts. 160 y 768 Nº4 CPC. 2) Dan derecho para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas: La obligación es causa suficiente para el pago, y quien paga no puede repetir lo pagado, porque ha pagado bien. 3. Origen y Fundamento de las Obligaciones Naturales: Su origen está en Roma, y si bien las legislaciones han conservado la institución, hoy en día sus fundamentos son eminentemente éticos. 4. Naturaleza de la Obligación Natural: Existen cuatro grandes posiciones: 1) Es una obligación no jurídica, sino moral o de conciencia, o social, etc., que solo produce un efecto jurídico: Que no se puede repetir lo pagado. 2) Solo se convierte en una obligación jurídica con el pago. 3) La obligación natural, aparte de que desde un punto de vista no jurídico pueda ser calificada de “deber” o de “obligación”, jurídicamente no es una obligación, no es un vínculo jurídico entre dos personas, ni antes ni después del pago. Jurídicamente es un hecho que justifica la atribución patrimonial que se hizo al acreedor, es decir, es solo una justa causa de tal atribución (Albaladejo). 4) Es una obligación jurídica: Por cuanto constituyen un vínculo jurídico entre personas determinadas que produce efectos jurídicos. No son simples deberes morales. Quien cumple una obligación natural está pagando lo que debe. En cambio, quien cumple un deber moral está realizando una liberalidad. Esta es la postura del autor. 5. Las Obligaciones Naturales en el Derecho Chileno: El Art. 1470, inc. 3 y 4 CC señalan: “Tales son:

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Complementado con el texto “Las Obligaciones Naturales” de Raúl Lecaros.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1º. Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos; 2º. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción; 3º. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida; 4º. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes”. 6. Las Obligaciones Naturales ¿son taxativas en Chile?: Siendo las obligaciones naturales excepcionales, no hay más que las que la ley contempla. Respecto a la taxatividad de este artículo, se ha señalado: 1) Que el Art. 1470 CC es taxativo (Claro Solar, Rozas y Lecaros): Porque: a. El articulo antes de hacer la enumeración emplea la frase “tales son”, frase que importa taxatividad, significa lo mismo que “estas son”, o la expresión “a saber”. b. El Art. 1470, inc. final CC dice que para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas “cuatro clases de obligaciones” es necesario… c. El pensamiento del autor del Código es claro en el sentido de determinar y señalar las obligaciones que calificaba como naturales, y d. El Art. 2296 CC hace una referencia a las obligaciones naturales mencionándolas como “las enumeradas en el artículo 1470”, demostrando con ello que no hay otras. 2) Que el Art. 1470 CC no es taxativo (Vodanovic, Tapia, Stitchkin, Ramos Pazos y Fueyo): Porque: a. El Art. 1470 CC las define, por lo que siempre que nos encontremos frente a una situación que corresponda a esa definición estaremos ante una obligación natural, y b. Porque la expresión “tales son” no significa taxatividad, sino ejemplificación. Ahora, si bien la mayoría de la doctrina está de acuerdo con que el Art. 1470 CC no es taxativo, no hay unanimidad sobre cuáles serían los otros casos no comprendidos en él. Se mencionan: 1) La multa de los esponsales (Art. 99 CC): “Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se hubiere estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse lo prometido. Pero si se hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su devolución”. La mayor parte de la doctrina es de opinión que este no es un caso de obligación natural. Ello porque, en conformidad al Art. 98 CC, los esponsales: “no produce obligación alguna ante la ley civil”. En cambio, Fueyo opina que en este caso hay una obligación natural. 2) Lo dado por un objeto o causa ilícita a sabiendas (Art. 1468 CC): “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”. No parece haber en este caso una obligación natural. Se trata simplemente de una sanción para un acto ilícito que se funda en el principio de que nadie puede alegar su propio dolo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Situación del deudor que paga más allá de lo que debe por gozar del Beneficio de Inventario (Art. 1247 CC) o del Beneficio de Competencia (Art. 1625 CC): El Código señala que en este caso si el que tiene dichos beneficios paga más allá del límite, no tiene derecho a obtener devolución de lo indebidamente pagado. En general, la doctrina opina que en estos casos no hay obligación natural sino renuncia al respectivo beneficio, por lo que si el deudor paga está pagando una obligación civil. 4) Pago de intereses no estipulados (Art. 2208 CC y 15 Ley Nº 18.010): En opinión de Ramos Pazos no parece que en este caso haya obligación natural. Lo que ocurre es que la gratuidad no se presume, por lo que si no se ha convenido intereses y estos se pagan se está pagando una obligación civil. Tanto es así que si el deudor no los pagare podría el acreedor demandarlos, ya que el préstamo se presume oneroso. 5) Pago de una deuda de juego o apuesta en que predomina la inteligencia (Art. 2260 CC): “El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. El que gana no puede exigir el pago. Pero si el que pierde, paga, no puede repetir lo pagado, a menos que se haya ganado con dolo”. Según Stitchkin aquí nos encontramos frente a una autentica obligación natural. Raúl Lecaros estima que en estos casos no hay obligaciones naturales, sino que hay Obligaciones Civiles Imperfectas, salvo las hipótesis de no repetición por causa u objeto ilícito a sabiendas y la de renuncia del beneficio de inventario y competencia, ya que la primera es una sanción y la segunda es una renuncia de un beneficio. Estas obligaciones se caracterizan por: 1) No dan acción y por tanto si el demandado no se defiende el juez no puede condenarlo porque no podría cercarles una acción. 2) Las cauciones constituidas por terceros para seguridad de estas obligaciones pasan a tener la naturaleza de la obligación principal, porque no rige el Art. 1472 CC y, en consecuencia, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 3) Estas obligaciones tampoco pueden ser novadas porque el Art. 1630 dice que para que las obligaciones sean novadas deben valer a lo menos naturalmente y estas obligaciones no son civiles propiamente, ni tampoco naturales. 7. Obligaciones Naturales contempladas en el Art. 1470 CC: Se establecen dos tipos: 1) Obligaciones provenientes de obligaciones civiles nulas y rescindibles (Nº1 y 3): a. Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos (Nº1): Esta disposición está referida a los incapaces relativos, jamás a los absolutos porque estos no tienen suficiente juicio y discernimiento y además porque de acuerdo al Art. 1447, inc. 2 CC “Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución”. Respecto de los menores adultos no hay dudas que quedan comprendidos. El caso controvertido es el de los disipadores. Vodanovic, Abeliuk, Tapia y Alessandri creen que no se les aplica la norma porque están interdictos justamente por no tener suficiente juicio y discernimiento. Claro Solar, Lecaros y Stitchkin sostienen que si se les aplica porque el disipador no es un enajenado mental sino un individuo que administra sus bienes en forma imprudente.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Cabe señalar que si la obligación es nula por otras razones no hay obligación natural, sino una obligación civil nula, por lo que declarada la nulidad deberá restituirse lo dado o pagado en virtud de ella, de acuerdo a las reglas generales (Art. 1687 CC). Por último, se cuestiona la doctrina desde cuando la obligación es natural: i. Desde que se declara la nulidad (Alessandri, Fueyo y Stitchkin): Pues antes la obligación es válida y produce todos sus efectos. Alessandri funda su opinión en que con arreglo a los Arts. 1684 y 1687 CC, la nulidad no produce efectos jurídicos entre las partes ni respecto de terceros, sino en virtud de sentencia judicial que la declare. Mientras la sentencia no sea dictada, el acto goza de la presunción legal de que es válido y que se ha ajustado a la ley en su celebración. ii. Desde que nace (Abeliuk, Claro Solar, Somarriva, Rozas, Lecaros y Vodanovic): Porque: 1. El Art. 1470 Nº1 CC dice “las contraídas”, lo que demuestra que la obligación se contrajo como natural. 2. El Art. 1471 dice: La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado, no extingue la obligación natural: Por lo tanto, si dice que la sentencia que rechaza la acción no extingue la obligación natural, esta tiene que haber existido desde antes. 3. El Art. 2375 Nº1 CC niega la acción de reembolso al fiador que ha pagado al acreedor cuando la obligación del deudor principal es puramente natural y no se ha validado por la ratificación o por el lapso de tiempo: Y solo pueden validarse las obligaciones antes de que se declare la nulidad. Una vez declarada, no cabe validarlas sino contraerlas de nuevo. Por estas razones y porque el Art. 1470 Nº1 CC no habla de obligaciones nulas, Ramos Pazos se pronuncia por esta opción. b. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida (Nº3): Esta norma presenta dos problemas: i. Determinar a qué clase de actos se refiere: 1. Solo actos unilaterales (Abeliuk, Alessandri, Somarriva, Fueyo y Tapia): Esto porque: a. Normalmente la expresión “actos” se emplea para referirse a los actos unilaterales. b. El ejemplo que pone el Código también corresponde a un acto unilateral y según el Mensaje los ejemplos “ponen a la vista el verdadero sentido y espíritu de una ley en sus aplicaciones”. c. Por una razón histórica, ya que la norma fue tomada de Pothier quien, a su vez, la había tomado de la tradición romana 246

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe y del proyecto de García Goyena, los que lo entendían referido solo a los actos unilaterales. d. Sería injusto aplicar la norma a los actos bilaterales: Por ejemplo, si se vende un bien raíz por un instrumento privado, el comprador no podría obtener la tradición de la cosa, porque el Conservador no inscribiría el título y tampoco podría obtener la restitución del precio (por ser una obligación natural). 2. Tanto actos unilaterales como bilaterales (Claro Solar, Rozas, Lecaros y Vodanovic): Señalan que la palabra “actos” es genérica, que la referencia al testamento es meramente ejemplar, y que el problema de la inscripción del inmueble en el Conservador es un problema del Reglamento del Conservador y no del Código y, por último, que hay otros contratos que podrían cumplirse en esta situación, como cuando falta la insinuación en las donaciones entre vivos. ii. Precisar desde qué momento existe la obligación natural: La situación es igual a la ya estudiada para el caso del Art. 1470 Nº1 CC, con las salvedades que aquí en vez de decir “las contraídas”, dice las que “proceden” (del acto nulo); y que no juega en este caso el argumento del Art. 2375 Nº1 CC, pues tratándose de una nulidad absoluta no cabe la tradición. De esto desprende Lecaros que la obligación es natural ab initio. Además, Claro Solar agrega que esta y la hipótesis anterior son naturales hasta la declaración de nulidad, puesto que declarada judicialmente la nulidad, esta opera con efecto retroactivo y se mirará como si las partes nunca hubieren celebrado el acto o contrato, y por lo mismo, si con posterioridad a la declaración de nulidad el deudor paga, su pago carece de causa y podrá repetir lo pagado. 2) Obligaciones provenientes de obligaciones civiles degeneradas o desvirtuadas (Nº2 y 4): a. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción (Nº2): Si bien el Art. 1567 Nº10 CC contempla a la prescripción como uno de los modos de extinguir las obligaciones, esto no es efectivo, porque, atendido lo que dispone el Art. 1470 Nº2 CC, prescrita una obligación civil, esta se transforma en natural. Así, lo que se extingue no es la obligación, sino la acción para exigir su cumplimiento. Se cuestiona la doctrina desde cuándo la obligación es natural: i. Desde que se declara la nulidad: Porque: 1. Antes de que se declare existe una obligación civil, aunque haya transcurrido el plazo de prescripción. 2. De seguirse la tesis contraria se confunden dos instituciones: la renuncia de la prescripción y el cumplimiento de una obligación natural: Alguien que paga antes que se declare la prescripción no está pagando una obligación natural, está renunciando a la prescripción. Si bien Raúl Lecaros sigue esta posición, adopta una posición intermedia. Esto debido a que la expresión “el que quiere aprovecharse de la prescripción debe 247

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe alegarla” radica en que siendo un beneficio, como todo beneficio debe invocarse y, por lo mismo, es renunciable. Además, entiende que, si la ley prohíbe la renuncia antes de cumplida, y para Alessandri ella no estaría cumplida hasta la sentencia, no tendría forma de distinguir el cumplimiento voluntario de la obligación natural y la renuncia de la prescripción. Es por ello que él entiende que la prescripción opera de pleno derecho, pero hay que distinguir tres situaciones respecto a la obligación natural: 1. El lapso de tiempo de la prescripción no se ha cumplido: En este caso si el deudor paga, soluciona una obligación civil. 2. El lapso de tiempo de la prescripción ha transcurrido, pero no ha sido declarado judicialmente: La prescripción se ha cumplido, siempre que concurran los demás requisitos legales, y ya puede renunciarse. Si el deudor paga ha renunciado tácitamente a la prescripción, y entonces, la obligación sigue siendo civil. 3. El lapso de tiempo de la prescripción ha transcurrido, se alegó la prescripción y ella ha sido declarada judicialmente: En este caso, se ha solucionado una obligación natural. ii. Desde que transcurre el tiempo para alegar la prescripción (Claro Solar). b. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba (Nº4): Para que nos encontremos en este caso deben cumplirse los siguientes requisitos: i. Que haya habido un pleito demandándose el pago de la obligación. ii. Que el deudor haya ganado el pleito. iii. Que la absolución se deba a que el acreedor no pudo probar la existencia de la obligación: Si el pleito se perdió por otra razón, no hay obligación natural. 8. Efectos de la Obligación Natural: 1) Pagadas, dan excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas (Art. 1470, inc. 3 CC): Para ello se deben reunir los siguientes requisitos: a. Que cumpla las exigencias generales de todo pago. b. Que sea hecho voluntariamente por el deudor, y: No existe uniformidad en la doctrina sobre lo que ello significa. Un sector entiende que “voluntariamente” implica que el deudor pague sabiendo que soluciona una obligación natural (Barros Errazuriz). Hugo Tapia, Rozas y Lecaros, en cambio, sostienen que voluntariamente quiere decir, en forma espontánea, sin coacción. c. Que quien paga tenga la libre administración de sus bienes: Debe ser entendida por “libre disposición de sus bienes”, pues todo pago supone transferir la propiedad del objeto pagado.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En opinión de Lecaros este requisito está demás porque no es así. Pagar no siempre envuelve transferir el dominio, es decir, no requiere necesariamente capacidad de enajenar. El pago es la prestación de lo que se debe y ello no siempre envuelve enajenación. Por ejemplo, el comodatario que restituye la cosa prestada paga, presta lo que debe, pero no transfiere el dominio. 2) Pueden ser novadas (Art. 1630 CC): “Para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos, a lo menos naturalmente”. 3) Pueden ser caucionadas por terceros (Art. 1472 CC): “Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de estas obligaciones, valdrán”. Para Lecaros este asunto no deja de ser curioso, porque la obligación accesoria debería seguir la suerte de la principal. El Art. 1472 CC rompe este principio cuando la caución la otorga un tercero. Si la caución la otorga el mismo deudor principal se aplica el principio general y la obligación accesoria es natural porque la principal también lo es. Ahora bien, Lecaros distingue las distintas hipótesis: a. Art. 1470 Nº1 CC: i. Si la caución la otorga un tercero capaz: La obligación es civil. ii. Si la caución la otorga el mismo deudor: La obligación es natural. b. Art. 1470 Nº2 CC: i. Si la caución la otorga un tercero capaz: La obligación es civil. ii. Si la caución la otorga el mismo deudor: Hay que distinguir: 1. Si se otorga una vez cumplida la prescripción, pero antes que esta sea declarada judicialmente: La obligación es civil porque renunció a la prescripción. 2. Si se otorga una vez declarada judicialmente la prescripción: La obligación es natural. c. Art. 1470 Nº3 CC: i. Si la caución la otorga un tercero capaz: La obligación es civil. ii. Si la caución la otorga el mismo deudor: La obligación es natural, porque no se puede renunciar a la nulidad absoluta. d. Art. 1470 Nº4 CC: i. Si la caución la otorga un tercero capaz: La obligación es civil. ii. Si la caución la otorga el mismo deudor: La obligación es civil porque estará reconociendo una deuda, y la obligación principal se convierte en civil. e. La Fianza en las Obligaciones Naturales: Se permite la fianza que preste un tercero a una obligación natural, y esta tiene dos características especiales: i. El fiador no tiene beneficio de excusión (Art. 2358 Nº3 CC). ii. El fiador no tiene acción de reembolso (Art. 2375 Nº1 CC). 249

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) No producen la excepción de cosa juzgada (Art. 1471 CC): “La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado, no extingue la obligación natural”. 5) No pueden compensarse legalmente (Art. 1656 Nº3 CC): Ello por no ser actualmente exigibles. Pero en opinión de Lecaros, nada impide que pueda producirse una compensación voluntaria. 6) Es una excepción a los efectos retroactivos de la nulidad (Raúl Lecaros y Claro Solar): Para estos autores, una vez declarada la nulidad, la obligación se mira como si nunca hubieres existido, y, por tanto, si el deudor paga, su pago carece de causa y podrá repetirlo de conformidad con el Art. 2297 CC. Pero, si el naturalmente obligado paga y con posterioridad es declara la nulidad, el deudor habría pagado una obligación natural, y el acreedor tendrá en consecuencia una excepción para retener lo pagado de conformidad con el Art. 1470 CC, haciendo excepción al efecto retroactivo de la nulidad. IV.

OBLIGACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS.

1. Concepto: 1) Obligación Positiva: “Aquella en que el deudor se obliga a una determinada acción (dar o hacer)”. 2) Obligación Negativa: “Aquella en que debe abstenerse de realizar algo que de no mediar la obligación podría efectuar (abstenerse de dar o de hacer)”. 2. Importancia de la Clasificación: Tiene importancia para el caso de incumplimiento, pues en las obligaciones de no hacer se siguen los efectos contemplados en el Art. 1555 CC que distingue: 1) Si no puede deshacerse lo hecho: Se resuelve en la indemnización de perjuicios. 2) Si puede deshacerse lo hecho: a. Si es necesaria la destrucción de la cosa para el objeto de la obligación: Será el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. b. Si el objeto de la obligación puede cumplirse por otros medios: En este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo. También presenta interés para los efectos de la indemnización de perjuicios pues esta se debe, en el caso de las obligaciones positivas, desde que el deudor se ha constituido en mora; y en el caso de las negativas, desde el momento de la contravención (Art. 1557 CC). V.

OBLIGACIONES DE ESPECIE O CUERPO CIERTO Y DE GÉNERO.

1. Concepto: Las obligaciones de dar o entregar pueden ser de especie o cuerpo cierto y de género. 1) Obligaciones de Especie o Cuerpo Cierto: “Aquellas en que la cosa debida está perfectamente especificada e individualizada”. Se debe un individuo determinado de un género determinado. 2) Obligaciones de Género (Art. 1508 CC): “Aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o genero determinado”. 2. Importancia de la Clasificación:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Si la obligación es de especie o cuerpo cierto, solo se cumplirá pagando con la especie debida y no con otra aun cuando sea de un valor superior (Art. 1569, inc. 2 CC). Si la obligación es de género, el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo del género con tal que sea de una calidad a lo menos mediana (Art. 1509 CC). 2) Si la obligación es de dar o entregar una especie o cuerpo cierto, el deudor tiene una obligación adicional, el cuidar de la cosa (Art. 1548 CC). Si lo debido es un género, no existe esta obligación de cuidado, pues el género no perece (Art. 1510 CC). 3) La Teoría de los Riesgos opera exclusivamente en las obligaciones de especie o cuerpo cierto porque el género no perece. 4) La obligación de especie o cuerpo cierto se extingue por el modo de extinguir pérdida de la cosa debida (Art. 1567 N°7 CC): Y eso solo si la pérdida ha sido fortuita, pues si es culpable, la obligación subsiste, pero varía de objeto, pudiendo el acreedor demandar el precio de la cosa e indemnización de perjuicios (Art. 1672, inc. 1 CC). VI.

OBLIGACIONES DE DAR, HACER O NO HACER.

1. Generalidades: Esta clasificación se desprender de los Arts. 1438 y 1460 CC. El primero al definir el contrato o convención señala que: “es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”; y en el segundo, expresa que “toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer…”. 2. Obligaciones de Dar: “Aquella en que el deudor se obliga a transferir el dominio o a constituir un derecho real sobre la cosa en favor del acreedor”. El Art. 1548 CC expresa que: “La obligación de dar contiene la de entregar la cosa…”. Esto implica que la obligación de dar y la de entregar no son lo mismo, pues en la de entregar no hay obligación del deudor de transferir el dominio o constituir un derecho real, sino simplemente de poner materialmente la cosa en manos del acreedor. Así, del contrato de compraventa surge para el vendedor la obligación de transferir la cosa vendida; en cambio, en el contrato de arrendamiento, el arrendador tiene la obligación de entregar al arrendatario la cosa arrendada. 2.1. Naturaleza de la Obligación de Entregar: En doctrina, la obligación de entregar es una obligación de hacer. Sin embargo, en Chile se aplican a estas obligaciones las mismas reglas de las obligaciones de dar porque: 1) El Art. 1548 CC señala que “la obligación de dar contiene la de entregar”. 2) Así fluye de los Arts. 1438 y 1460, que contraponen las obligaciones de dar a las de hacer y no hacer: Al no referirse a las de entregar, resulta evidente que las engloba en las primeras. 3) Así resulta también de los Arts. 580 y 581: Relacionando ambas disposiciones resulta que, si el arrendador demanda la restitución de la finca arrendada, su acción, es inmueble (Art. 580 CC); en cambio, si la obligación de entregar fuera una obligación de hacer la acción de restitución seria siempre mueble, porque los hechos que se deben se reputan muebles (Art. 581 CC). 4) En todo caso, cualquier duda queda disipada con un argumento de historia fidedigna: Al discutirse el Código de Procedimiento Civil, se dejó constancia que para obtener el cumplimiento forzado de una obligación de entregar, se aplicarían las normas dadas para las obligaciones de dar.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Obligaciones de Hacer: “Aquella en que el deudor se obliga a realizar un hecho”. Este hecho no podrá ser la entrega de una cosa, pues ya hemos dicho que, en ese caso, se aplican las reglas de las obligaciones de dar. La obligación de hacer puede ser: 1) Fungible: Si es indiferente la persona del deudor, pudiendo ser realizada por un tercero la obra convenida. Esto se desprende del Art. 1553 N°2 CC que permite que el acreedor pueda hacer ejecutar el hecho por un tercero a expensas del deudor. 2) No Fungible: Si tiene que ser realizada personalmente por el deudor, como, por ejemplo, si se encomienda un cuadro a un pintor famoso. 4. Obligaciones de No Hacer: “Aquella en que el deudor debe abstenerse de efectuar un hecho que de no existir la obligación podría realizar”. En doctrina se afirma por algunos que dentro de las obligaciones de no hacer debe hacerse una diferenciación entre: 1) Aquellas en que el deudor se obliga a abstenerse de desarrollar determinados actos: Lo que se reflejaría en la prohibición de hacer algo. 2) Aquellas en que el deudor debe dejar hacer alguna cosa o tolerar una determinada actuación del acreedor, absteniéndose a perturbarla. Para Santiago Epiau esta distinción es indiferente. 5. Importancia de la Distinción entre Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer: 1) Para determinar la naturaleza, mueble o inmueble, de la acción destinada a exigir el cumplimiento: Si la obligación es de hacer o no hacer, la acción siempre será mueble (Art. 581 CC); en tanto, si la obligación es de dar será mueble o inmueble según sea la cosa en que ha de ejercerse o que se deba (Art. 580 CC). 2) El procedimiento ejecutivo para obtener el cumplimiento forzado está sujeto a reglas diferentes. 3) El modo de extinguir pérdida de la cosa debida solo se aplica a las obligaciones de dar; para las obligaciones de hacer o no hacer se contempla el modo de extinguir “imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida” del Art. 534 CPC. 4) En los contratos bilaterales, en caso de incumplimiento de una obligación de dar, el contratante cumplidor no puede demandar derechamente el pago de la indemnización de perjuicios, por cuanto tal indemnización es accesoria a las acciones de cumplimiento o de resolución del contrato (Art. 1489 CC). En cambio, si la obligación es de hacer, el acreedor puede demandar directamente la indemnización de perjuicios (Art. 1553 N°3 CC). VII.

OBLIGACIONES DE DINERO Y OBLIGACIONES DE VALOR.

1. Concepto: 1) Obligaciones de Dinero: “Aquellas en que el objeto debido es una suma de dinero”. Sus principales características son: a. Son obligaciones de dar. b. Son obligaciones de género (Art. 1508 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Son obligaciones muebles, porque recaen sobre un objeto mueble (Art. 580 CC). d. Son obligaciones divisibles, porque tienen por objeto una cosa susceptible de división (Art. 1524 CC). 2) Obligaciones de Valor o Restitutorias: “Aquellas en que lo adeudado no es dinero, sino una prestación diferente que se expresa en una determinada suma de dinero, en atención a ser este una común medida de valores”. 2. El Dinero: 2.1. Funciones Económicas: El dinero cumple tres funciones económicas muy claras: 1) Servir como instrumento de cambio: Lo que significa que mediante él se pueden adquirir los bienes que se necesitan para satisfacer las demás necesidades. En este sentido el dinero en si no cuenta sino en razón de las posibilidades de adquisición que confiere. 2) Servir como medida común de valores: Por cuanto es el metro que se usa para apreciar el valor de los demás bienes. 3) Servir de medio de pago: Sin perjuicio que uno podría incluir esta función en la primera. 2.2. Concepto y Características del Dinero: El dinero es “aquella cosa mueble, fungible y divisible metal o papel- que el comercio utiliza como medio de cambio e instrumento de pago y que constituye el medio de determinar el valor de los demás bienes”. Bajo la denominación de dinero entendemos no solo la moneda en si sino también los instrumentos representativos de dinero. El dinero tiene las siguientes características: 1) Constituye un género. 2) Es un bien mueble. 3) Es fungible: En cuanto cosa fungible, puede, materialmente, contarse, pesarse y medirse. Sin embargo, el dinero, a diferencia de los demás bienes fungibles, únicamente se cuenta -ni se pesa ni se mida- se cuenta con arreglo al dato que, dentro de cada sistema monetario encarna la unidad; y se entrega y recibe como suma o fracción de unidad. 4) Es consumible. 5) Es divisible. 2.3. Función que cumple el Dinero en las Obligaciones: El dinero actúa de varias formas en las obligaciones: 1) Como precio: Por ejemplo, en la compraventa el Art. 1793 CC define al precio como “el dinero que el comprador da por la cosa vendida”. 2) Como renta o fruto civil: Desde ese ángulo, el Art. 790 CC señala que se devenga día a día. 3) Como capital en el contrato de sociedad (Art. 2055 CC). 4) Como retribución en ciertos contratos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5) Como bien de reemplazo de la prestación de una obligación que no puede cumplirse en especie: Como ocurre con la persona que tiene una obligación de dar una especie o cuerpo cierto y esta perece por su culpa. En ese sentido, en las obligaciones, el dinero constituye el medio forzoso de pago. 3. Efectos de la Mora en las Obligaciones de Dinero: Dada las características especiales de las obligaciones de dinero, el Código ha dado normas especiales para avaluar los perjuicios en el caso de su incumplimiento, señalando en el Art. 1559 CC que: “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1ª. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. 2ª. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo. 3ª. Los intereses atrasados no producen interés. 4ª. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”. 4. Diferencia entre Deudas de Dinero y Deudas de Valor: En la primera el deudor está obligado a entregar o restituir una suma de dinero. En las segundas se debe algo que no es dinero pero que para su pago se avalúa en dinero, por ser este una común medida de valores. Así, la obligación de indemnizar perjuicios es una obligación de valor. En las obligaciones de dinero el objeto es un quantum, la prestación debida es cierta suma de dinero y el deudor cumple si paga la suma debida, en las obligaciones de valor, en cambio, el objeto es un quid, la prestación debida es un valor y el deudor cumple si paga la suma de dinero que represente el valor de lo debido. 5. Cumplimiento de una Obligación de Valor: Cuando lo que se debe es un valor, para proceder a su pago será previo proceder a transformar esa obligación en una obligación de dinero, lo que se hará mediante la correspondiente liquidación de la deuda. Con ello se está transformando una obligación de valor en una obligación de dinero. 6. Cumplimiento de las Obligaciones de Dinero: En teoría hay dos formas posibles de cumplir una obligación de dinero: 1) Entregando la suma numérica debida (Criterio Nominalista): Así, si una persona se obligó a pagar 1.000.000 en 1986 y la deuda la paga en 1990, se deberá pagar la misma suma: 1.000.000. 2) Pagando una suma de dinero que represente un determinado valor (Criterio Valorista o Realista): Siguiendo el ejemplo anterior, se deberá pagar lo que ese 1.000.000 representa hoy en día, así, si representaba en 1986 un departamento de 100 metros cuadrados, se deberá pagar en 1990 el valor que tiene un departamento de esas mismas características a esa fecha. En Chile se sigue el criterio nominalista. Esto se debe a que el derogado Art. 2199 CC señalaba que: “si se ha prestado dinero, solo se deberá la suma numérica enunciada en el contrato”. Si bien el DL N°455 derogó esta norma, ello no ha significado que se pase del sistema nominalista al sistema valorista. Seguimos en el primero, si bien se han dictado normas que para ciertas deudas han establecido la reajustabilidad, atenuándose, de esa forma, los inconvenientes del nominalismo. 254

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En ese contexto, Abeliuk resume la situación actual señalando que el principio nominalista sigue siendo la regla general en materia de obligaciones, aplicándose algún sistema de reajuste cuando la ley, la convención o la resolución judicial así lo establecen. Es importante consignar que, en materia extracontractual, fue una de las primeras materias en que las decisiones judiciales acogieron la tesis valorista. Para ello, se fundaron en el Art. 2329 CC, según el cual debe indemnizarse “todo daño”, lo que implica que para que la indemnización sea completa debe pagarse en moneda de valor reajustado. 7. Las Obligaciones de Crédito en Dinero: Dentro de las obligaciones de dinero encontramos este tipo de obligaciones regulado en la Ley N° 18.010 y que se definen como “aquellas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención”. En sentido, tiene tres elementos: 1) Que una parte entregue o se obligue a entregar una cantidad de dinero: Constituye también operación de crédito en dinero el descuento de documentos representativos de dinero sea que lleve o no envuelta la responsabilidad del cedente y se asimilan al dinero los documentos representativos de obligaciones de dinero pagaderos a la vista, a un plazo contado desde la vista o a un plazo determinado. 2) Que la otra restituya dinero. 3) Que el pago se haga en momentos distintos. No se aplican las normas de la Ley N° 18.010 a los contratos aleatorios, arbitrajes de monedas a futuro, préstamo marítimo o avío minero. 8. Algunos Elementos Especiales de las Obligaciones de Dinero: Respecto a las obligaciones de dinero es importante referirse a una serie de elementos especiales en ellas: la reajustabilidad, el pago anticipado, el saldo de precios de la compraventa, la liquidación de la deuda y los intereses. 8.1. La Reajustabilidad: Si bien señalábamos que en Chile se aplica el sistema nominativo, la ley no ha prohibido ni tampoco autorizado en forma general la reajustabilidad de las obligaciones de dinero. Es por ello que las partes pueden acordar cláusulas de reajustabilidad. Ahora bien, tratándose de operaciones de crédito de dinero, la Ley N°18.010 deja entregado esto a lo que acuerden las partes, otorgándoles amplias facultades. Pero, respecto de la reajustabilidad de las deudas provenientes de las operaciones de crédito en que interviene un banco, una institución financiera o una cooperativa de ahorro y crédito, el sistema de reajuste tiene que autorizarlo el Banco Central. 8.2. El Pago Anticipado o Prepago: El Art. 10 Ley N°18.010 admite el prepago en las obligaciones de crédito de dinero, lo que es una excepción a la regla general del Art. 2204 CC que solo lo permite cuando no se han convenido intereses. En ese contexto hay que distinguir: 1) Operaciones No Reajustables: Se debe pagar el capital y los intereses pactados calculados hasta la fecha de pago efectivo más la comisión de prepago que no puede exceder de un mes de intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga. 2) Operaciones Reajustables: Se debe pagar el capital que se anticipa y los intereses pactados calculados hasta la fecha de pago efectivo, más la comisión de prepago, que no puede exceder de un mes y medio de intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Los pagos anticipados inferiores al 25% del saldo de la obligación requerirán siempre el consentimiento del acreedor. La facultad de prepagar es irrenunciable (Art. 10, inc. final Ley N°18.010). 8.3. El Saldo de Precios de la Compraventa: Los saldos de precios provienen del contrato de compraventa, la cual no es una operación de crédito de dinero. Sin embargo, por excepción, se rigen por la Ley N°18.010, lo que significa: 1) Que se entiende por interés, en las operaciones no reajustables, toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a cualquier título sobre el capital; y en las obligaciones reajustables toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor por sobre el capital reajustado (Art. 2 Ley N°18.010). 2) Que se tendrá por no escrito todo pacto de intereses que exceda el máximo convención, y en tal caso los intereses se reducirán al interés corriente que rija al momento de la convención (Art. 8 Ley N°18.010). 3) Que cuando los saldos de precio tengan fecha de vencimiento en dos o más cuotas y contengan cláusula de aceleración, deberán liquidarse al momento del pago voluntario o forzado o de su reprogramación con o sin efecto novatorio conforme a las siguientes reglas: a. Las obligaciones no reajustables: Consideraran el capital inicial o el remanente al cual se añadirán los intereses corrientes o convencionales según sea el caso y las costas hasta el instante del pago o de la reprogramación. b. Las obligaciones reajustables: Considerarán el capital al momento de contraer la obligación y este o su remanente se pagará debidamente actualizado según la reajustabilidad pactada en su equivalente en moneda corriente al instante del pago o reprogramación, más los intereses y costas. 4) Que se puede prepagar. 5) Que los derechos que el Art. 30 Ley N°18.010 establece a favor del deudor son irrenunciables. 8.4. Liquidación de la Deuda: 1) Deuda Reajustable cobrada judicialmente: El pago se hace en moneda corriente, liquidándose el crédito a esa fecha, por el valor que tenga el capital reajustado según el índice pactado o la UF, según corresponda. Si el juicio fuera ejecutivo, no será necesaria avaluación previa. 2) Deuda convenida en moneda extranjera: Serán solucionadas por su equivalente en moneda chilena según el tipo de cambio vendedor del día del pago. En caso de obligaciones vencidas se aplicará el tipo de cambio del día del vencimiento si fuere superior al del día del pago. Para estos efectos se estará al tipo de cambio vendedor que certifique un banco de la plaza. En caso de obligaciones cuyo pago se ha pactado en moneda extranjera en virtud de autorización del Banco Central de Chile, el acreedor podrá exigir su cumplimiento en la moneda estipulada, o ejercer los derechos que para el deudor se originan de la correspondiente autorización. 8.5. Los Intereses: Según el Art. 2205 CC se pueden estipular en dinero o en cosas fungibles. En las operaciones de crédito en dinero solo se pueden pactar en dinero.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Constituyen la renta que produce un capital. Son frutos civiles (Art. 647 CC) y, como tales, se devengan día a día (Art. 790 CC). Pueden encontrarse pendientes, mientras se deben, y percibidos una vez que se cobran (Art. 647 CC). Las simples obligaciones de dinero solo generan interés cuando las partes lo convienen o la ley así lo establece. Y en el caso de que sin estipularse fueren pagados, no pueden repetirse ni imputarse al capital (Art. 2209 CC). En las operaciones de crédito de dinero la regla se invierte, pues no se presume la gratuidad, y salvo disposición de ley o pacto en contrario, devengan interés corriente, que se calcula sobre el capital o el capital reajustad (Art. 12 Ley 18.010). 8.5.1. Clases de Intereses: Los intereses se pueden clasificar en: 1) Estipulados por las partes o fijados por ley. 2) Legales, corrientes y convencionales: Hoy en día el interés corriente y el legal se confunden. a. Interés Legal: El Art. 19 Ley 18.010 señala que se debe aplicar el interés corriente en todos los casos en que las leyes u otras disposiciones se refieran al interés legal o al máximo bancario, por lo que el interés legal es el interés corriente. b. Interés Corriente: “Aquel que se cobra habitualmente en una plaza determinada”. Corresponde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinar dicho interés corriente, el cual asciende a: i. Para operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días: 1. Inferiores o iguales a 5.000 UF: 23,34%. 2. Superiores a 5.000 UF: 3,97%. ii. Para operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más: 1. Inferiores o iguales a 50 UF: 33,46%. 2. Inferiores o iguales a 200 UF y superiores a 50 UF: 24,94%. 3. Inferiores o iguales a 5.000 UF y superiores a 200 UF: 14,9%. 4. Superiores a 5.000 UF: 5,18%. iii. Para operaciones reajustables en moneda nacional: 1. Menores a 1 año: 2,45%. 2. De 1 año o más inferiores o iguales a 2.000 UF: 3,55%. 3. De 1 año o más superiores a 2.000 UF: 3,09%. iv. Para operaciones en moneda extranjera: 1. Inferiores o iguales a 2.000 UF: 5,76%. 2. Superiores a 2.000 UF: 3,47%.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Se ha fallado que es improcedente otorgar a una obligación pactada en UF el interés corriente para operaciones no reajustables. También se ha fallado que, si se condena en intereses corrientes, ellos se devengarán desde que el fallo quede ejecutoriado. c. Interés Convencional: “Aquel que las partes contratantes acuerdan”. Lo importante es que tiene un límite máximo: el máximo permitido estipular asciende al interés corriente más un 50%. Para los efectos del cálculo se atiende al interés corriente al momento en que se celebró el contrato. La sanción si se pacta más allá del máximo convencional según el Art. 2206 CC es que se rebajan por el juez al interés corriente al tiempo de la convención. Esta sanción se aplica también al interés penal convenido si es superior al 50% por sobre el interés corriente. 3) Interés por el uso del dinero e interés penal. 8.5.2. Anatocismo: “Capitalización de intereses”. El Art. 2210 CC lo prohibía terminantemente para el contrato de mutuo. No obstante, el Código de Comercio lo aceptaba para la cuenta corriente mercantil. El Art. 28 Ley 18.010 derogo el Art. 2210 CC, de donde se infiere que en la actualidad no está prohibido el anatocismo, ni en el mutuo ni en ningún otro contrato. Sin embargo, las partes deben pactar el anatocismo, este no se presume. VIII.

OBLIGACIONES DE OBJETO SINGULAR Y CON OBJETO PLURAL.

1. Concepto: 1) Obligaciones de Objeto Singular: “Aquellas en que se debe una sola cosa, un hecho o una abstención”. Dentro de estas obligaciones comprendemos aun aquellas en que lo debido es una universalidad jurídica o de hecho. En estas obligaciones el acreedor solo podrá exigir la única cosa debida (Art. 1569, inc. 1 CC) y el deudor cumplirá pagándola en su integridad (Art. 1591 CC). Si la obligación es de dar una especie o cuerpo cierto y la cosa se pierde, los efectos serán distintos según la pérdida sea fortuita o culpable. a. Pérdida fortuita: En este caso la obligación se extingue por el modo “perdida de la cosa debida” (Art. 1567 N°7 y 1670 CC). b. Pérdida culpable: El deudor queda obligado a pagar el precio más indemnización de perjuicios (Art. 1672 CC). Si la obligación incide en un contrato bilateral, y la especie o cuerpo cierto se pierde fortuitamente, entrará a operar la teoría de los riesgos (Art. 1550 CC). 2) Obligaciones de Objeto Plural o Compuesta: “Aquellas en que se deben varias cosas”. Admiten tres categorías: a. Obligaciones de simple objeto múltiple o conjuntivas. b. Obligaciones alternativas o disyuntivas. c. Obligaciones facultativas.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Obligaciones de Simple Objeto Múltiple o Conjuntivas (Art. 1591 CC): “Aquellas en que el deudor debe la totalidad de las cosas y cumplirá pagándolas todas, pues el pago tiene que ser completo”. Se caracterizan por la conjunción copulativa “y”. Es la regla general. 3. Obligaciones Alternativas (Arts. 1499 y ss. CC): “Aquella por la cual se deben varias coas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras”. En este caso las cosas debidas son varias, pero se cumple pagando en su totalidad una sola de ellas (Art. 1500, inc. 1 CC). Sus características son: 1) Hay varias cosas debidas, pero se cumple pagando totalmente con una sola, elegida por quien tiene la alternativa (Art. 1500, inc. 1 CC). 2) La acción para demandar el cumplimiento será mueble o inmueble, según lo sea la cosa con que se pague y en la alternativa en que se cobre. 3) El acreedor solo puede demandar la cosa en la alternativa en que se la deban, salvo que la elección sea suya (Art. 1501 CC). 4) Si los deudores o los acreedores son varios, se aplican la regla del Art. 1526 N°6 CC, esto es, deben hacer la elección de consuno. 3.1. Elección en las Obligaciones Alternativas: El Art. 1500, inc. 2 CC señala que: “La elección es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario”. Tiene importancia saber a quién corresponde la elección, para los siguientes efectos: 1) Si la elección es del deudor: a. El acreedor no puede exigir determinadamente una de las cosas debidas (Art. 1501 CC). b. Puede el deudor “a su arbitrio enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas” (Art. 1502, inc. 2 CC). 2) Si la elección es del acreedor: a. Podrá demandar cualquiera de las cosas debidas (Art. 1501 CC a contrario sensu). b. Si entre las cosas debidas hay especies o cuerpos ciertos, el deudor tiene a su respecto la obligación de cuidado, ya que el acreedor puede exigir cualquiera de ellas (Art. 1548 CC). Se ha fallado que, en las obligaciones de vencimiento sucesivo, cuando hay pacto de aceleración, el acreedor tiene la facultad de optar entre la fecha de exigibilidad anticipada y acelerada de la deuda o por el vencimiento de la última cuota, pero no es admisible que se pretenda ejercer ambas facultades en forma sucesiva, ya que, tratándose de una facultad, de una opción entre alternativas solo puede ejercer una, extinguiendo el derecho de ejercer la otra. 3.2. Pérdida de las Cosas Debidas Alternativamente: Hay que distinguir: 1) Pérdida Total: a. Pérdida Fortuita (Art. 1504, inc. 1 CC): “Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa, sin culpa del deudor, se extingue la obligación”. 259

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Pérdida Culpable (Art. 1504, inc. 2 CC): “Si con culpa del deudor, estará obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija, cuando la elección es suya; o al precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija, cuando es del acreedor la elección”. A esto hay que sumar la respectiva indemnización de perjuicios. (Art. 1672 CC). 2) Pérdida Parcial: a. Pérdida Fortuita (Art. 1503 CC): Subsiste la obligación alternativa en las otras cosas; y si resta una sola, el deudor es obligado a ella. b. Pérdida Culpable: Debe distinguirse a quien compete la elección: i. Si corresponde al deudor (Art. 1502, inc. 1 CC): Este podrá elegir cualquiera de las cosas que restan. ii. Si corresponde al acreedor (Art. 1502, inc. 2 CC): Este puede optar entre elegir alguna de las cosas que subsistan o demandar el precio de la cosa destruida, más indemnización de perjuicios. Si la cosa se deteriora se aplica el Art. 1590 CC que distingue: 1) El deterioro es anterior a que el deudor se haya constituido en mora: a. Es imputable a hecho o culpa del deudor o de las personas por quienes este es responsable: i. El deterioro pareciere de importancia: El acreedor tiene dos opciones: 1. Pedir la rescisión (resolución) del contrato y la indemnización de perjuicios. 2. Llevarse la especie con indemnización de perjuicios. ii. El deterioro no pareciere de importancia: El acreedor debe llevarse la especie con indemnización de perjuicios. b. No es imputable a hecho o culpa del deudor o de las personas por quienes este es responsable: i. El deterioro no proviene de un tercero: Debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle. ii. El deterioro proviene de un tercero: Debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle, pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero, autor del daño. 2) El deterioro es posterior a que el deudor se haya constituido en mora: a. El deterioro hubiere provenido de caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor: Debe el acreedor recibirlo en el estado en que halle. b. El deterioro no proviene de caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor: El acreedor tiene dos opciones: 260

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. El deterioro pareciere de importancia: El acreedor tiene dos opciones: 1. Pedir la rescisión (resolución) del contrato y la indemnización de perjuicios. 2. Llevarse la especie con indemnización de perjuicios. ii. El deterioro no pareciere de importancia: El acreedor debe llevarse la especie con indemnización de perjuicios. 4. Obligaciones Facultativas (Arts. 1505 a 1507 CC): “La que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa”. Ejemplo: se celebra un contrato de compraventa y se queda adeudando un saldo de precio ascendente a 1.000.000, que se pagará a 6 meses, quedando facultado el deudor para poder pagar con un automóvil marca Ford. Los elementos de la obligación facultativa son: 1) La cosa debida es una sola: Y, por la misma razón, si el deudor no cumple, solo se podrá demandar esa cosa (Art. 1506 CC). La acción para demandar el cumplimiento será mueble o inmueble según lo sea la cosa debida. 2) El deudor queda facultado para pagar con lo debido o con una cosa distinta, que se designa: Hay que notar que la facultad corresponde solo al deudor (no al acreedor). 3) Esta facultad le debe ser otorgada al deudor al momento de contratar: Si se acuerda al momento del pago no hay obligación facultativa, sino dación en pago; y si se acuerda después de celebrado el contrato y antes del pago, existe una novación por cambio de objeto. 4.1. Pérdida de la Cosa Debida en la Obligación Facultativa: Hay que distinguir: 1) Se destruye la cosa debida: a. Fortuitamente (Art. 1506 CC): La cosa debida es una sola, por lo que, si se destruye antes de haberse constituido el deudor en mora, no puede el acreedor demandar cosa alguna. b. Culpablemente: Rige la regla del Art. 1672 CC, es decir, la obligación del deudor subsiste, pero varia de objeto: el deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. 2) Se destruye la cosa facultativamente debida: Carece de trascendencia para el acreedor, significa únicamente que desaparece la facultad del deudor de pagar con una cosa diferente a la debida. 4.2. Las Obligaciones Facultativas no se presumen (Art. 1507 CC): “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa”. 5. Algunas Diferencias entre Obligaciones Alternativas y Facultativas: 1) En las obligaciones alternativas las cosas debidas son varias; en la facultativa una sola. 2) En las obligaciones alternativas la elección puede ser del deudor o del acreedor; en las facultativas, solo del deudor. 3) En las obligaciones alternativas, cuando la elección es del acreedor, este puede elegir cualquiera; en las facultativas el acreedor solo puede demandar la única cosa debida. 4) Hay diferencias en cuanto a los efectos de la pérdida de la cosa debida. 261

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe IX.

OBLIGACIONES CON UNIDAD Y CON PLURALIDAD DE SUJETOS.

1. Concepto: 1) Obligaciones con Unidad de Sujeto: “Aquellas en que existe un deudor y un acreedor”. 2) Obligaciones con Pluralidad de Sujetos: “Aquellas en que hay un acreedor y varios deudores (pluralidad pasiva); varios acreedores y un deudor (pluralidad activa); o varios acreedores y varios deudores (pluralidad mixta)”. Están autorizadas por el Art. 1438 CC que dice que “cada parte puede ser una o muchas personas”. La pluralidad puede ser: a. Originaria: Cuando la obligación nace con pluralidad de sujetos. b. Derivativa: Cuando la obligación nace con unidad de sujetos y durante su vida se transforma en obligación plural. Por ejemplo, cuando fallece una de las partes y sus herederos son varios. Las Obligaciones con Pluralidad de Sujetos pueden ser de tres tipos: a. Obligaciones Simplemente Conjuntas o Mancomunadas. b. Obligaciones Solidarias. c. Obligaciones Indivisibles. A. Sección Primera: “OBLIGACIONES SIMPLEMENTE CONJUNTAS O MANCOMUNADAS” 1. Concepto: “Aquellas en que existiendo pluralidad de acreedores o de deudores y recayendo sobre una cosa divisible, cada acreedor solo puede exigir su cuota a cada deudor, que solo está obligada a la suya”. De manera que cada acreedor solo es titular de su cuota en el crédito; y cada deudor es obligado únicamente a pagar la cuota que le corresponde. Constituyen la regla general (Art. 1511 y 1526 CC). 2. Características de las Obligaciones Simplemente Conjuntas: 1) Constituyen la regla general (Arts. 1511 y 1526 CC). 2) Pluralidad de prestaciones y pluralidad de vínculos: Es decir, independencia absoluta entre los distintos vínculos, se trata de diferentes obligaciones. 3) Deben recaer las obligaciones sobre un objeto divisible pues, en caso contrario, nos encontraríamos frente a las llamadas obligaciones indivisibles. 4) La regla general es que la división se haga por partes viriles, o sea por partes iguales, a menos que la ley o el hombre establezcan otra proporcionalidad (Art. 2307, inc. 2 CC): Una excepción la encontramos en el Art. 1354 CC, en el caso de los herederos que dividen las deudas hereditarias a prorrata de sus cuotas, no en partes iguales. 3. Efectos de las Obligaciones Simplemente Conjuntas: 1) Cada acreedor puede cobrar su cuota; cada deudor solo se obliga a la suya (Arts. 1511, inc. 1 y 1526, inc. 1 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) La extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue la obligación respecto de los otros. 3) La cuota del deudor insolvente no grava a los demás (Art. 1526, inc. 1 CC). 4) La interrupción de la prescripción que opera en favor de un acreedor no favorece a los otros acreedores; y recíprocamente, la interrupción que afecta a un deudor no perjudica a los otros (Art. 2519 CC). 5) Si se declara la nulidad de la obligación respecto de uno de los obligados o de uno de los acreedores, este efecto no alcanza a los otros, porque la nulidad es de efectos relativos (Art. 1690 CC). 6) La mora de un deudor no coloca en mora a los otros. 7) Si uno de los deudores incumple su obligación y de ello se genera responsabilidad contractual, esta solo afecta al incumplidor, no a los otros (Art. 1526 N°3 y 1540 CC). 8) Cada deudor puede oponer a la demanda las excepciones reales, o sea “aquellas que emanan de la naturaleza del contrato”, como el pago, nulidad absoluta, remisión, etc., y únicamente las excepciones personales suyas. 9) La prórroga de la competencia que opere en favor de uno de los deudores no afecta a los demás. 10) El contratante cumplidor puede pedir por sí solo, sin necesidad de ponerse de acuerdo con los demás, la resolución del contrato bilateral de objeto único: Este punto ha sido discutido, pues generalmente se estima que, si hay varios acreedores, tienen que ponerse de acuerdo para elegir entre la acción de cumplimiento o la resolución. B. Sección Segunda: “OBLIGACIONES SOLIDARIAS O IN SOLIDUM” 1. Concepto (Art. 1511 CC): “Aquellas en que debiéndose un objeto divisible y habiendo pluralidad de acreedores o de deudores, o pluralidad de ambos, cada acreedor puede exigir la totalidad de la obligación a cualquiera de los codeudores y cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda, de moda que cumplida así la obligación ella se extingue”. 2. La Solidaridad es Excepcional y no se presume: El Art. 1511, inc. 2 y 3 CC señalan que “Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o insólidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley”. Del hecho que sea excepcional fluyen varias consecuencias: 1) Para que haya solidaridad tiene que haber una fuente de solidaridad: convención, testamento o ley. No cabe que se declare la solidaridad por sentencia judicial: Hasta antes de la Ley 19.585 había una excepción que se encontraba en el Art. 280 N°5, inc. 3 CC, que esa ley derogo y que establecía que “si varias personas hubieran consumado la violación de la madre, deberá el juez determinar cuál es el presunto padre del hijo que reclame alimentos. Si ello no fuere posible, podrá condenar solidariamente al pago de dichos alimentos a todos los autores de la violación”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) La solidaridad es de derecho estricto y de interpretación restringida: Por ello, si en un contrato bilateral hay solidaridad para una de las partes, no puede entenderse que también la haya para la contraparte. 3) La solidaridad no se presume. 4) Quien alegue la solidaridad debe probarla. 3. Clases de Solidaridad: 1) Según haya pluralidad de acreedores, deudores o ambos: Puede ser activa, pasiva o mixta. 2) Según su fuente: Puede ser legal o voluntaria (convención o testamento). Ejemplos de solidaridad legal los encontramos en el Art. 2317 CC que señala que: “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvas las excepciones de los artículos 2323 y 2328”. Otro caso es el Art. 174 Ley del Tránsito según el cual el dueño del vehículo es solidariamente responsable de los daños que causare el conductor, a menos que pruebe que le ha sido tomado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita. 3) Según los efectos que genera: Puede ser perfecta si genera todos los efectos propios de la solidaridad o imperfecta si solo genera algunos efectos. En Chile esta clasificación no tiene cabida. Fue creada en Francia para subsanar la ausencia de norma que estableciera la responsabilidad solidaria por los ilícitos civiles. Para suplir este vacío, la doctrina supone que en los delitos civiles cometidos por varias personas existe una solidaridad, que solo produce el efecto de que cualquiera de los deudores está obligado al pago del total; pero sin que se apliquen los demás efectos propios de la solidaridad pasiva. 4. Elementos de la Solidaridad: 1) Pluralidad de Acreedores o de Deudores (Arts. 1511 y 1512 CC): Se ha fallado que no existe inconveniente en que la solidaridad convencional se encuentre referida a una parte de la obligación respecto de un deudor solidario y a la totalidad de la obligación respecto de otro. 2) La cosa debida debe ser divisible pues, en caso contrario, la obligación será indivisible (Art. 1524 CC). 3) La cosa debida debe ser la misma (Art. 1512 CC). 4) Fuente de la solidaridad: Puede ser la convención, el testamento o la ley. 5. La Solidaridad Convencional, en principio, debe establecerse en un solo instrumento: Sin embargo, la doctrina estima que no habría impedimento para que pudiera pactarse con posterioridad siempre que en el segundo instrumento se haga referencia expresa al primero. 6. Unidad de Prestación y Pluralidad de Vínculos: El Art. 1512 CC señala que: “La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, ha de ser una misma, aunque se deba de diversos modos; por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición o a plazo respecto de otros”. De este principio derivan importantes consecuencias: 1) Algunos de los vínculos pueden estar sujetos a modalidades.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) La causa de las obligaciones puede ser diversa: Así, para algunos puede ser un mutuo, para otros la mera liberalidad. 3) Los plazos de prescripción pueden ser diversos, según la naturaleza del vínculo. 4) Respecto de uno de los deudores puede existir título ejecutivo no respecto de los otros. 5) El acreedor que tiene un crédito que goza de privilegio respecto de un deudor no puede invocarlo respecto a los bienes de un codeudor solidario. 7. Solidaridad Activa: “Aquella en que, junto con existir varios acreedores de una obligación con objeto divisible, cualquiera de ellos puede exigir su pago total, de manera que, cumplida en esa forma, se extingue la obligación”. Los elementos de la solidaridad activa son: 1) Pluralidad de Acreedores. 2) Cualquier acreedor puede demandar la totalidad de la obligación. 3) Extinguida la obligación por un acreedor, se extingue respecto de todos (Art. 1513, inc. 1 CC): “El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante”. Esto no ocurre solamente cuando la obligación se extingue por pago, sino cualquiera sea el modo de extinguir la obligación. Así señala que el Art. 1513, inc. 2 CC: “La condonación de la deuda, la compensación, la novación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios, extingue la deuda con respecto a los otros, de la misma manera que el pago lo haría; con tal que uno de éstos no haya demandado ya al deudor”. 7.1. Naturaleza Jurídica de la Solidaridad: 1) Teoría Romana: De acuerdo a ella, cada acreedor es mirado como propietario exclusivo de la totalidad del crédito. Si se adopta esta posición, cada acreedor puede no solo cobrar la deuda, sino también perdonarla. 2) Teoría Francesa o del Mandato Tácito y Recíproco: Según ella, cada acreedor es dueño solo de su cuota en el crédito, y respecto de las otras actúa como mandatario de los demás acreedores. El mandato es tácito, porque no lo establecen las partes y reciproco porque cada acreedor tiene un mandato de cada uno de los demás. Si se sigue esta teoría, el acreedor solo puede cobrar la deuda, no hay mandato tácito para condonarla. En Chile se sigue la tesis romana. Esto porque: 1) El Art. 1513, inc. 2 CC señala que la condonación de la deuda de uno de los coacreedores extingue la deuda respecto de los otros de la misma manera que el pago lo haría. 2) Andrés Bello señaló en una de sus notas que “El proyecto se separa aquí del código francés y sigue al Derecho Romano”. Somarriva, dice que siendo cierto lo anterior, lo es únicamente en el caso de la solidaridad activa, no en la pasiva, respecto de la cual se ha seguido la teoría francesa. Esto porque las notas dicen que “se separa aquí”. Y el punto que se estaba tratando era el de la solidaridad activa exclusivamente. En conclusión, nuestro legislador sigue en materia de solidaridad activa la doctrina romana y en materia de solidaridad pasiva la del mandato tácito y recíproco. No obstante lo anterior, produce dudas 265

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe el Art. 1521 CC según el cual: “Si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, salva la acción de los codeudores contra el culpable o moroso”. Alessandri, en cambio, cree que rige la teoría francesa tanto para la solidaridad activa como para la pasiva. Tiene importancia que en materia de solidaridad pasiva se siga la teoría del mandato tácito porque si se demanda a un deudor y el acreedor pierde el juicio no podría demandar a otro, pues habría identidad legal de personas. También tendría utilidad en el caso de la prórroga de la competencia, pues producida la prorroga respecto de un deudor, operaria respecto de todos, porque este actuaria por sí y como mandatario de los otros aceptando la prórroga. 7.2. No hay solidaridad activa legal: Para algunos habría en el caso del Art. 290 CCom que señala: “La comisión colectivamente conferida por muchos comitentes produce en ellos obligaciones solidarias a favor del comisionista, del mismo modo que la aceptación colectiva de varios comisionistas produce obligación solidaria a favor del comitente”. Al autor esto no le parece, cree que es un caso de solidaridad pasiva porque “comitentes”, en la primera parte, y “comisionistas” en la segunda, son los deudores. 7.3. Ventajas y Desventajas de la Solidaridad Activa: 1) Desventajas: Que el acreedor cobre y después caiga en insolvencia. 2) Ventajas: Facilitad el cobro de un crédito y facilitar al deudor el pago. 7.4. Efectos de la Solidaridad Activa: Hay que distinguir: 1) Relaciones Externas: Son las existentes entre los coacreedores y el deudor: a. Cada acreedor puede demandar el total de la obligación (Art. 1511, inc. 2 CC). b. El deudor puede hacer el pago al acreedor que elija, a menos que ya estuviere demandado, pues en tal caso solo puede pagar al demandante (Art. 1513, inc. 1 CC). c. Los otros modos de extinguir obligaciones que operen entre un acreedor y el deudor extinguen la obligación respecto de todos a menos que ya el deudor estuviere demandado por uno de ellos (Art. 1513, inc. 2 CC). d. La interrupción de la prescripción natural o civil que aprovecha a un acreedor solidario beneficia a los otros (Art. 2519 CC): Con respecto a la suspensión de la prescripción regiría la regla general que no aprovecha a los otros, por no haber dicho nada la ley. e. La constitución en mora que hace un acreedor constituye en mora al deudor respecto de todos los acreedores. f.

Las medidas precautorias en favor de un acreedor favorecen a los otros.

2) Relaciones Internas: Extinguida la obligación, surgen las relaciones internas entre los coacreedores. El acreedor que cobro el total deberá reembolsar a los demás su respectiva cuota, a menos que haya algunos no interesados, caso en que nada les corresponde. En el caso en que la obligación se haya declarado nula respecto a uno de los acreedores solidarios, cualquiera de los otros acreedores podría demandar el total deducida la cuota correspondiente a esa parte de la obligación. 266

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 8. Solidaridad Pasiva: “Aquella que, recayendo sobre una cosa divisible, y en que hay varios deudores, el acreedor puede demandar la totalidad de su crédito a cualquiera de los deudores, extinguiéndose la obligación respecto de todos”. Las principales características de la solidaridad pasiva son: 1) Es una garantía para el acreedor en cuanto pude dirigir su acción en contra del deudor que le parezca más solvente: Es importante distinguir entre el fiador y codeudor solidario con el fiador solidario. Se habla de fiador solidario para referirse al caso en que habiendo varios fiadores estos se han obligado solidariamente entre sí. Cada uno de ellos responde por el total, pero como fiador, esto es, subsidiariamente, con beneficio de división y de excusión. 2) Tiene mucha aplicación en derecho mercantil. 3) Presenta todos los caracteres que hemos visto para la solidaridad. 4) Se acepta que respecto de esta solidaridad se sigue la teoría francesa o del mandato tácito reciproco. 8.1. Efectos de la Solidaridad Pasiva: 1) Relaciones Externas: a. El acreedor puede dirigirse en contra de todos los deudores conjuntamente, o en contra de cualquiera de ellos por el total de la deuda sin que este le pueda oponer el beneficio de división (Art. 1514 CC): Dos cosas importantes: i. Si el juicio se sigue en contra de un deudor no se pueden embargar bienes a otro. ii. El hecho de demandar a un codeudor no significa que no se pueda demandar a otro en juicio aparte: Esto porque el Art. 1514 CC dice que el acreedor puede dirigirse en contra de todos los deudores solidarios “conjuntamente”, no dice que tengan que serlo en un mismo expediente, o por una misma cuerda y, además, por el Art. 1515 CC señala que la demanda intentada en contra de uno no extingue la acción solidaria en contra de los otros. b. Si el deudor demandado paga el total de la obligación o la extingue por cualquier modo, tal extinción opera respecto de todos los codeudores solidarios, sin perjuicio de sus relaciones internas. c. Si el acreedor demanda a un deudor y no obtiene el pago total, podrá dirigirse en contra cualquiera de los otros, por el saldo (Art. 1515 CC): “La demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte en que hubiere sido satisfecha por el demandado”. d. El titulo ejecutivo contra el deudor principal, lo es también en contra del fiador y codeudor solidario. e. La sentencia dictada en contra de un codeudor produce cosa juzgada respecto de los otros: Las razones que se dan son: i. Hay identidad legal de personas por la teoría del mandato tácito.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. La cosa juzgada es una excepción real, que mira a la naturaleza de la obligación y tal obligación compete a todos los codeudores. f.

La interrupción de la prescripción que opera en contra de uno de los deudores solidarias perjudica a los otros (Art. 2519 CC): Se ha fallado que hace excepción a esta regla el Art. 100 Ley N°18.092 puesto que en este caso la interrupción de la prescripción que opera respecto de un codeudor solidario en un pagaré no perjudica ni afecta a los restantes. En virtud del principio de la pluralidad de vínculos, puede la prescripción empezar a correr en momento distintos, y la prescripción se contará, respecto de cada deudor, desde que su obligación se haga exigible. En cuanto a la suspensión de la prescripción, esta no tiene relevancia, porque este es un beneficio en favor del acreedor que aquí es uno solo.

g. Producida la mora respecto de un deudor, quedan también constituidos en mora los otros. h. La pérdida de la especie o cuerpo cierto debida por culpa de uno de los codeudores genera responsabilidad para todos, respecto del pago del precio, pero no respecto de la indemnización de perjuicios que solo debe pagar el culpable (Art. 1521 CC): Se ha preguntado la doctrina qué ocurre si son dos o más los culpables. i. Somarriva: Estima que cada deudor responderá de los perjuicios solo por su cuota (a menos que haya habido dolo o culpa grave, pues entonces, en conformidad al Art. 2317, inc. 2 CC, habría responsabilidad solidaria). ii. Stitchkin: Estima que los deudores culpables responden solidariamente, y esto porque el Art. 1526 N°3 CC señala que: “Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación, es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor”. Si hay clausula penal no se aplica la regla del Art. 1521 CC, la cual se puede perseguir solidariamente. Si bien esto parece correcto por el principio de que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, si se piensa que la cláusula penal es una avaluación de perjuicios anticipada, y que el Art. 1521 CC dice que respecto de los perjuicios no hay solidaridad, la situación no se ve tan clara. i.

La prórroga de la competencia respecto de un deudor afecta a todos.

j.

Si el acreedor cede su crédito a un tercero, no es necesario que notifique la cesión a todos o que todos tengan que aceptarla (Art. 1902 CC).

2) Relaciones Internas: Las relaciones internas o contribución a las deudas solo se van a generar si el deudor extinguió la obligación por pago o por un modo equivalente al pago, esto es, que implique un sacrificio económico (Art. 1522 CC). Hay que distinguir: a. Si todos los codeudores tienen interés en la obligación (Art. 1522, inc. 1 CC): El deudor que paga se subroga en el crédito, con todos su privilegios y seguridades, y puede dirigirse en contra los demás codeudores, pero solo por su cuota. No se subroga entonces en la solidaridad. 268

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El deudor que paga tiene además de la acción subrogatoria una acción personal de reembolso, que emana del mandato tácito y reciproco, que le permitirá dirigirse en contra de los demás codeudores para que le reembolsen lo que pagó en representación de ellos. Y se afirma que esta acción de reembolso le puede convenir más porque le permite cobrar intereses corrientes (Art. 2158 N°4 CC). b. Si solo alguno de ellos tiene interés en la obligación (Art. 1522, inc. 2 CC): i. Si paga quien tiene interés: Se subroga en la acción del acreedor a quien pagó y puede dirigirse en contra de cada uno de los demás codeudores interesados por su correspondiente cuota. No puede dirigirse en contra de los no interesados porque solo tienen la calidad de fiadores. ii. Si paga quien no tiene interés: El Art. 1522 CC lo considera como fiador y, consecuencia de ello, es que se subroga en la acción del acreedor, incluso en la solidaridad, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 2372 CC, pudiendo demandar intereses y gastos, ya que señala que: “Si hubiere muchos deudores principales y solidarios, el que los ha afianzado a todos podrá demandar a cada uno de ellos el total de la deuda”. Por último, es importante señalar que el Art. 1522, inc. final CC señala que: “La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos aun aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad”. 8.2. Excepciones que puede oponer el deudor demandado: En conformidad al Art. 1514 CC, demandado un deudor no tiene beneficio de división. El Art. 1520, inc. 1 CC señala que: “El deudor solidario demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además todas las personales suyas”. 1) Excepciones Reales (rei coherentes): “Aquellas que miran a la naturaleza de la obligación”. Generalmente están referidas a los vicios de que adolece la fuente de la obligación solidaria y que generan nulidad absoluta. Lo son, por ejemplo, la falta de consentimiento, la falta de objeto, la falta de causa, el objeto ilícito, la causa ilícita, la cosa juzgada, etc. 2) Excepciones Personales (personae coherentes): “Aquellas que solo las puede oponer el deudor o deudores respecto de los cuales se reúnen las causas o circunstancias en que se funda”. Lo son, por ejemplo, la nulidad relativa, la incapacidad relativa; la existencia a su respecto de un plazo pendiente o de condición suspensiva pendiente, etc. 3) Excepciones Mixtas: “Aquellas que reúnen características tanto de las reales como de las personales”. Estas son: a. La Compensación: En razón de que en conformidad a los Arts. 1520 y 1657, inc. final CC, el deudor solo puede oponer en compensación su propio crédito, pero opuesta por el codeudor interesado, extingue la deuda respecto de todos. b. La Remisión Parcial de la Deuda: Porque si el acreedor remite la deuda a uno de los codeudores, los otros deudores pueden plantear como excepción que se rebaje de la deuda la cuota remitida (Art. 1518 CC). 8.3. Entablado un juicio en contra de uno de los codeudores solidarios, ¿podría otro intervenir en este juicio?: La afirmativa parece evidente, pues si hemos aceptado que la sentencia que se dicte en ese juicio 269

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe va a producir cosa juzgada respecto de todos, no puede merecer duda que cada uno de ellos tiene un legítimo interés en el resultado del juicio, cumpliéndose de ese modo con la exigencia del Art. 23 CPC para intervenir como tercero coadyuvante. 8.4. Extinción de la Solidaridad Pasiva: Puede extinguirse: 1) Conjuntamente con la obligación solidaria. 2) Extinguirse solo la solidaridad: Esto último ocurre en dos casos: a. Muerte del Deudor Solidario: Cuando muere el deudor solidario los herederos suceden en la obligación, pero no en la solidaridad. Esto lo señala el Art. 1523 CC cuando dice que: “Los herederos de cada uno de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porción hereditaria”. Sin embargo, la muerte del causante no extingue la solidaridad cuando se ha convenido lo contrario. Esto se desprende de dos disposiciones: i. Art. 1526 N°4, inc. 2 CC: “Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni aun por los herederos del deudor, cada uno de éstos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla él mismo, salva su acción de saneamiento”. ii. Art. 549 CC: “Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente”. b. Renuncia de la Solidaridad: La renuncia consiste en “el acto en cuya virtud el acreedor prescinde de su derecho a cobrar el total de la obligación sea respecto de todos los deudores (renuncia absoluta), sea respecto de alguno o algunos de los deudores (renuncia relativa)”. Respecto a ella, el Art. 1516 CC señala que: “El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos. i. Renuncia Expresa: Cuando se hace en términos formales y explícitos. ii. Renuncia Tácita: La jurisprudencia ha dicho que la acción judicial dirigida conjuntamente contra todos los deudores no hace presumir por si sola la renuncia de la solidaridad. El Código dice que: 1. Relativa: La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos, cuando le ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad, o sin la reserva general de sus derechos. 2. Absoluta: Se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios, cuando el acreedor consiente en la división de la deuda”. Los efectos de la renuncia son: i. Si la renuncia es parcial (Art. 1516, inc. 3 CC): El deudor liberado de la solidaridad solo está obligado a pagar su cuota o parte en la deuda, continuando los demás obligados solidariamente al pago en la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad. 270

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Si el deudor liberado nada paga, los demás deudores cargan por entero con la deuda, sin perjuicio de sus relaciones internas. ii. Si la renuncia es total: Se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios. En este caso se convierte a la obligación en simplemente conjunta. Es importante señalar que se puede renunciar a la solidaridad cualquiera que sea su fuente, porque la ley no hace distinción alguna. Renuncia de una Pensión Periódica (Art. 1517 CC): “La renuncia expresa o tácita de la solidaridad de una pensión periódica se limita a los pagos devengados, y sólo se extiende a los futuros cuando el acreedor lo expresa”. No hay renuncia futura tácita. C. Sección Tercera: “OBLIGACIONES INDIVISIBLES” 1. Concepto: “Aquellas en que el objeto de la prestación (cosa o hecho) debe cumplirse por el todo y no por partes, sea por la naturaleza misma del objeto sea por el modo que han tenido las partes para considerarlo”. La indivisibilidad de una obligación puede darse en obligaciones con sujetos únicos o plurales. Esto porque no mira a los sujetos sino al objeto de la prestación. Así señala el Art. 1524 CC que: “La obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota”. Lo que ocurre es que en las obligaciones en que hay sujetos únicos no tiene importancia la indivisibilidad porque el deudor tiene que pagar la totalidad al acreedor. 2. La Indivisibilidad en el Código Civil: El Código Civil trata la indivisibilidad en el Art. 1524 CC que dice que: “La obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Así la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son indivisibles; la de pagar una suma de dinero, divisible”. 3. Indivisibilidad Física e Indivisibilidad Intelectual o de Cuota: 1) Divisibilidad Física o Material: Una cosa es físicamente divisible cuando, sin destruirse, puede fraccionarse en partes homogéneas entre sí y con respecto al todo primitivo, no sufriendo menoscabo considerable el valor del conjunto de aquella en relación con el valor de este. 2) Divisibilidad Intelectual o de Cuota: Una cosa es intelectualmente divisible cuando puede fraccionarse en partes ideales, abstractas, imaginarias, aunque no lo pueda ser materialmente. Todas las cosas y derechos admiten este tipo de división, salvo que la ley lo impida, como ocurre con los derechos de servidumbre o con la propiedad fiduciaria. 4. Fuente de la Indivisibilidad: 1) Indivisibilidad Natural: Aquella que proviene de que la cosa debida, por su propia naturaleza, no puede dividirse. a. Indivisibilidad Absoluta o Necesaria: Existe cuando el objeto de la obligación, la prestación, por su propia naturaleza, no se pueda cumplir por partes, como, por ejemplo, la servidumbre de tránsito, ya que o se permite o no se permite el paso. 271

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Indivisibilidad Relativa: Se habla de indivisibilidad relativa cuando esta proviene del fin que las partes se propusieron al momento de contratar la obligación. Así, cuando varias personas se obligaron a construir una casa, si bien cada uno de ellos podría cumplir una parte, de hacerse así se desvirtuaría el fin que ha perseguido el acreedor al contratar, que consiste en que se le entregue totalmente la construcción estipulada. 2) Indivisibilidad Convencional o de Pago: En este caso, la indivisibilidad no proviene del objeto de la prestación, sino del acuerdo expreso de los contratantes en orden a que no se pueda cumplir por partes. Ofrece ventajas sobre la solidaridad, ya que la indivisibilidad se transmite a los herederos. En definitiva, se pueden definir como “aquellas cuyo objeto es perfectamente divisible, física o intelectualmente, pero que no pueden ejecutarse por parcialidades en virtud de la voluntad de las partes o de la ley que presume esa voluntad”. El Art. 1526 CC señala seis casos de indivisibilidad de pago. 5. La Divisibilidad en las Obligaciones de Dar, Entregar, Hacer y No Hacer: 1) Obligaciones de Dar: Son por regla general, divisibles. Por excepción, algunos derechos son indivisibles por expresa disposición legal, como las servidumbres. 2) Obligación de Entregar: Sera divisible si la cosa que se debe entregar admite división física (como entregar 40 sacos de trigo), y será indivisible si se debe entregar una especie o cuerpo cierto. 3) Obligación de Hacer: Es divisible o indivisible, según pueda o no cumplirse por partes el hecho debido. 4) Obligación de No Hacer: Puede ser divisible o indivisible según lo sea la cosa que no debe hacerse. En doctrina, hay quienes piensan que la teoría de la indivisibilidad no tiene cabida en estas obligaciones o la tiene en forma muy limitada, pus en caso de contravención, el acreedor solo puede demandar indemnización de perjuicios. Sin embargo, la generalidad de los autores afirma que las obligaciones de no hacer pueden ser divisibles o no, según la naturaleza de la abstención. 6. Efectos de la Indivisibilidad: 1) Indivisibilidad Activa: a. Cada acreedor puede exigir el total (Art. 1527 CC): Y puede exigirlo, no porque sea dueño de todo el crédito (como pasa en la solidaridad activa) sino por la naturaleza de la prestación que se debe. Por la misma razón, la indivisibilidad se transmite a cada uno de los herederos del acreedor (Art. 1528 CC). b. El pago efectuado por el deudor a cualquier acreedor extingue la obligación respecto de todos. c. Ninguno de los coacreedores puede, sin el consentimiento de los demás, “remitir la deuda o recibir el precio de la cosa debida”, y si lo hiciere “sus coacreedores podrán todavía demandar la cosa misma abonando al deudor la parte o cuota del acreedor que haya remitido la deuda o recibido el precio de la cosa” (Art. 1532 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. La interrupción de la prescripción operada por uno de los acreedores aprovecha a los demás: Respecto de la suspensión de la prescripción, es un beneficio personal que solo debe aprovechar el acreedor en cuyo favor lo establece la ley. Sin embargo, Abeliuk señala que en un caso (Art. 886 CC: “y si contra uno de ellos no puede correr la prescripción, no puede correr contra ninguno”) el legislador aplica el principio contrario, por lo que resulta dudosa la respuesta. e. El acreedor que recibe el pago de la obligación indivisible debe dar a los otros la parte que le corresponde. 2) Indivisibilidad Pasiva: a. Relaciones Externas: i. Cada uno de los deudores es obligado a cumplirla en el todo, aunque no se haya convenido solidaridad (Art. 1527 CC): Se ha fallado que la obligación de cada uno de los vendedores de sanear al comprador en el dominio y posesión pacifica de la cosa vendida es indivisible, pues el objeto de ella no admite división, por lo que cada uno de los herederos del vendedor responde del saneamiento por el todo. ii. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores, lo es igualmente respecto de los otros (Art. 1529 CC). iii. El cumplimiento de la obligación indivisible por cualquiera de los obligados la extingue respecto de todos (Art. 1531 CC). iv. Demandado uno de los deudores puede pedir un plazo para entenderse con los demás codeudores, a fin de cumplir entre todos (Art. 1530 CC): Es una excepción dilatoria, que no cabe si la obligación es de tal naturaleza que él solo pueda cumplirla pues, en tal caso, puede ser condenado desde luego al total cumplimiento, quedándole a salvo su acción contra los demás deudores, para la indemnización que le deban. b. Relaciones Internas (Contribución a la Deuda): El que pagó tiene derecho a que los demás le paguen la indemnización correspondiente. Hay que notar que el Art. 1530 CC dice que solo puede reclamar la indemnización, pues como pagó una cosa indivisible no puede pretender que le devuelvan una parte de esa cosa. 7. Las Invisibilidades de Pago del Art. 1526 CC: Dos prevenciones importantes: 1) Todos estos casos corresponden a indivisibilidades de pago pasivas. 2) Estos casos no son ejemplares, son taxativos por ser excepcionales. 7.1. La Acción Hipotecaria o Prendaria (Art. 1526 N°1 CC): Dice este artículo que: “La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posea, en todo o parte, la cosa hipotecada o empeñada”. Esto es consecuencia del hecho de que la prenda e hipoteca son indivisible desde distintos puntos de vista: 1) En cuanto al objeto: Pues la hipoteca o prenda grava toda la cosa, por lo que, si esta se divide, la hipoteca o prenda queda gravando cada una de las partes. Así lo dice el Art. 2408 CC: “la hipoteca es indivisible”. 273

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) En cuanto al crédito garantizado: Mientras no se satisfaga íntegramente el crédito, no puede pedirse el alzamiento de parte de la hipoteca o devolución de parte de la prenda. Esto lo dice el Art. 1526 N°1, inc. 2 CC “El codeudor que ha pagado su parte de la deuda, no puede recobrar la prenda u obtener la cancelación de la hipoteca, ni aun en parte, mientras no se extinga el total de la deuda; y el acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito, no puede remitir la prenda o cancelar la hipoteca, ni aun en parte, mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores”. 3) En cuanto al legitimado pasivo de la acción de prenda o hipoteca. Es importante tener en cuenta que cuando existe una obligación caucionada con prenda o hipoteca, el acreedor tiene dos acciones: 1) Una personal para hacer efectivo su crédito en el patrimonio del deudor, y 2) Una acción real, la hipotecaria o prendaria, destinada a hacer efectivo el crédito en la cosa dada en prenda o hipoteca, quienquiera sea el dueño: Es esta la acción que es indivisible. Si la cosa dada en prenda o hipoteca se encuentra en poder de varios de los deudores, la acción real debe dirigirse en contra de todos ellos. 7.2. Deuda de una Especie o Cuerpo Cierto (Art. 1526 N°2 CC): “Si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posee es obligado a entregarlo”. Cuando esta norma habla de la “entrega”, se refiere a la entrega material de la cosa, no a la jurídica que importa transferencia de dominio o constitución de un derecho real y que es divisible. 7.3. Indemnización de Perjuicios por Incumplimiento de un Codeudor (Art. 1526 N°3 CC): “Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación, es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor”. La voz “solidariamente” no está tomada en sentido técnico, sino para significar que responde el solo por la totalidad de los perjuicios. 7.4. Pago Total de una Deuda impuesta a un Heredero e Indivisibilidad estipulada por el Causante (Art. 1526 N°4 CC): Esta norma trata dos situaciones diferentes: 1) Pago de una Deuda Impuesta a un Heredero (Art. 1526 N°4, inc. 1 CC): “Cuando por testamento o por convención entre los herederos, o por la partición de la herencia, se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda, el acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda, o contra cada uno de los herederos por la parte que le corresponda a prorrata”. Las deudas del causante se reparten entre los herederos a prorrata de su interés en la herencia (Art. 1354 CC). Lo dispuesto por el causante o lo acordado por los herederos en el sentido de hacer una división diferente, no obliga a los acreedores, por lo que estos pueden, a su elección, dirigirse por el total en contra de la persona que señaló el causante o bien, hacerlo en contra de cada heredero por la cuota que le corresponde. 2) Indivisibilidad estipulada por el Causante (Art. 1526 N°4, inc. 2 CC): “Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni aun por los herederos del deudor, cada uno de éstos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla él mismo, salva su acción de saneamiento”. El Art. 1526 N°4, inc. 3 CC deja en claro que no cabe la indivisibilidad de pago activa: “Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda, sino a prorrata 274

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de sus cuotas”. Esta última disposición, si se interpreta a contrario sensu, nos está diciendo que cada heredero podría cobrar cuota en el crédito, esto es, como si hubieren adquirido el dominio de esa cuota en el crédito al momento de la delación de la herencia, lo cual está en abierta contradicción con el Art. 1344 CC que señala que el heredero no es dueño del crédito ni de la cuota sino hasta la partición. Alessandri sostiene que no es posible que un heredero pueda demandar su cuota en el crédito antes de la partición. Se funda en el efecto declarativo de la partición (Art. 1344 CC). En cambio, Claro Solar y Somarriva sostienen que los herederos pueden demandar desde la delación de la herencia, su cuota en el crédito, sin esperar la partición, pues la división de los créditos se produce de pleno derecho. En ese sentido, el heredero puede cobrar su cuota del crédito, pero si posteriormente, al hacerse la partición, no se le adjudica el crédito, deberá reembolsar lo percibido al respectivo adjudicatario. 7.5. Pago de una Cosa Indeterminada (Art. 1526 N°5 CC): “Si se debe un terreno, o cualquiera otra cosa indeterminada, cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera, o a pagarla él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los otros”. El inc. 2 reitera el principio de que no hay indivisibilidad activa de pago: “Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera sino intentando conjuntamente su acción”. La Corte Suprema ha aclarado que este N°5 y el N°2 de este artículo se refieren a cosas corporales, no a cosas incorporales. 7.6. Obligaciones Alternativas (Art. 1526 N°6 CC): “Cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acreedores, deben hacerla todos de consuno; y si de los deudores, deben hacerla de consuno todos éstos”. En relación con este último caso se presenta un problema muy interesante en el caso del Art. 1489 CC, que da al contratante que cumple un contrato bilateral, acción para pedir el cumplimiento o la resolución de un contrato, con indemnización de perjuicios. Algunos dicen que en ese caso habría una obligación alternativa, y aplicando el Art. 1526 N°6 CC, concluyen que si los acreedores son varios tienen que ponerse de acuerdo si piden el cumplimiento o la resolución. 8. Paralelo entre Solidaridad e Indivisibilidad: 1) Semejanzas: a. Ambos casos constituyen excepción al principio de la división de las deudas cuando hay pluralidad de sujetos. b. En ambos cada acreedor puede exigir el total y cada deudor está obligado a cumplir íntegramente la obligación. c. En ambos casos, el pago hecho por un deudor extingue la obligación respecto de todos. 2) Diferencias: a. La indivisibilidad se explica porque el objeto es indivisible. En cambio, es requisito de la solidaridad que la cosa debida sea divisible. b. La solidaridad puede renunciarse, la indivisibilidad no.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. En las obligaciones solidarias, el acreedor puede exigir el pago total a cualquier deudor, que está obligado a pagar la totalidad; en las indivisibles el deudor puede pedir plazo para entenderse con sus acreedores. d. La solidaridad no se transmite a los herederos (Art. 1523 CC); la indivisibilidad es transmisible (Art. 1528 CC). 9. El ser solidaria una obligación no le da el carácter de indivisible (Art. 1525 CC): “El ser solidaria una obligación no le da el carácter de indivisible”. X.

OBLIGACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS.

1. Concepto: Del Art. 1442 CC que clasifica los contratos en principales y accesorios se desprende que: 1) Obligaciones Principales: “Aquellas que pueden subsistir por si solas, sin necesidad de otras”. 2) Obligaciones Accesorias: “Aquellas que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no puede subsistir sin ella”. 2. Importancia de la Distinción: Tiene importancia porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esto implica que, si se extingue la obligación principal, se extingue la obligación accesoria por vía de consecuencia (Art. 1536 CC). Asimismo, para los efectos de la prescripción, la obligación accesoria prescribe junto con la obligación principal (Art. 2516 CC). XI.

OBLIGACIONES PURAS Y SIMPLES O SUJETAS A MODALIDAD.

1. Introducción y Concepto de Modalidad: Que una obligación produzca sus efectos normales significa que: 1) El derecho y la correlativa obligación nacen coetáneamente con el acto mismo que los crea. 2) Que, generada la obligación, el acreedor puede ejercer sus derechos de inmediato. 3) Que la obligación va a subsistir en el tiempo hasta su extinción normal, sin que deban volver las partes al estado anterior al acto de su creación. 4) Que el deudor debe cumplir su obligación, sin que se le impongan cargas al acreedor, para que pueda tener por suyo el contenido de la prestación. Estos efectos normales se alteran cuando se incorpora una modalidad. En ese contexto, se pueden definir las modalidades como “elementos establecidos por la ley, el testamento o la voluntad de las partes con el objeto de alterar los efectos normales de un negocio jurídico”. Si bien las modalidades más típicas son la condición el plazo y el modo, estas no son las únicas. Cualquiera alteración constituye una modalidad, de manera que también tienen este carácter la solidaridad, pues el efecto normal es que, habiendo varios deudores y acreedores, cada acreedor solo pueda exigir su cuota en el crédito y cada deudor quede obligado a su parte en la prestación, lo que se altera con la solidaridad. También constituyen modalidades las obligaciones alternativas o facultativas, en cuanto se separan de la normalidad, y la representación. 2. Características de las Modalidades: 1) Son elementos accidentales de los actos jurídicos, porque ni esencial ni naturalmente le pertenecen, sino que se le agregan mediante clausulas especiales (Art. 1444 CC): En forma 276

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe excepcional, las modalidades pueden no ser elementos accidentales, sino de la naturaleza del acto o incluso esenciales. Así, la condición resolutoria tácita es un elemento de la naturaleza, y en el contrato de promesa, la condición pasa a ser un elemento de la esencia del mismo. 2) Son excepcionales, pues la regla general es que los actos sean puros y simples: Consecuencia de ello es que quien las alegue deberá probarlas; son de interpretación restringida; y no se presumen. Excepcionalmente en el caso de la condición resolutoria tacita el legislador la presume. 3) Requieren de una fuente que las cree, que puede ser el testamento, la convención o la ley: La sentencia judicial normalmente no es fuente de modalidades, salvo que la ley lo autorice expresamente, como ocurre en el Art. 904 CC que faculta al juez para fijar un plazo al poseedor vencido para que restituya la cosa reivindicada. 4) La regla general es que, en el ámbito patrimonial, cualquier acto jurídico pueda ser objeto de modalidades: Por excepción, hay casos en que la ley no lo permite respecto de ciertos negocios, así, por ejemplo, no se puede constituir un usufructo bajo una condición o un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio (Art. 768 CC); la legitima rigorosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno (Art. 1192 CC). Lo contrario ocurre en el derecho de familia, pues en él no se aceptan las modalidades. A. Sección Primera: “OBLIGACIONES CONDICIONALES” 1. Concepto: El Art. 1473 CC las define como “Aquellas que dependen de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no”. En ese contexto podemos definir condición como “un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y su correlativa obligación”. 2. Elementos de la Condición: 1) Hecho Futuro: Esto quiere decir que el acontecimiento que la constituye debe ocurrir con posterioridad a la celebración del acto. En este contexto, hay una serie de situaciones: a. Si consiste en un hecho presente o pasado (Art. 1071 CC): No suspende el cumplimiento de la disposición, pero hay que distinguir: i. Si existe o ha existido: Se mira como no escrita. ii. Si no existe o no ha existido: No vale la disposición. b. Si se impone como para tiempo futuro, pero consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador (Art. 1072 CC): i. Si lo supo y el hecho puede repetirse: Se presumirá que el testador exige su repetición. ii. Si lo supo y su repetición es imposible: Se mirará la condición como cumplida. iii. Si no lo supo: Se mirará la condición como cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho. 2) Hecho Incierto: Esto quiere decir que puede acontecer o no. Este elemento es el que permite diferencia a la condición del plazo, pues, en este último, el hecho necesariamente va a ocurrir, aunque no se sepa cuando. 277

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La incertidumbre debe ser objetiva, es decir, no la determinan las partes. 3. Clasificación de las Condiciones: 1) Expresas y Tácitas: a. Condición Expresa: “Aquella que se establece en términos formales y explícitos”. b. Condición Tácita: “Aquella que la ley da por establecida”, como ocurre con la condición resolutoria tácita del Art. 1489 CC. 2) Suspensivas y Resolutorias (Art. 1479 CC): “La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho”. Es decir: a. Condición Suspensiva: “Hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho y su correlativa obligación”. b. Condición Resolutoria: “Hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho y de la correlativa obligación”. Bien miradas las cosas, un mismo hecho va a constituir una condición suspensiva o resolutoria, según el lugar que ocupen las partes. Lo importante de la distinción es que si la condición es suspensiva el derecho no nace, en cambio, cuando es resolutoria el derecho nace, pero está expuesto a extinguirse si la condición se cumple. 3) Positivas y Negativas (Art. 1474 CC): “La condición es positiva o negativa. La positiva consiste en acontecer una cosa; la negativa, en que una cosa no acontezca”. Esta distinción adquiere importancia para determinar cuando la condición debe entenderse cumplida o fallida, pues según el Art. 1482 CC: “Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa, cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse, y no se ha verificado”. También es importante para los efectos contemplados en los Arts. 1475 y 1476 CC, pues el primero establece que: “La condición positiva debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física; y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes, o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles”. A su turno, el Ar. 1476 CC dice que: “Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple; si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido, vicia la disposición”. 4) Posibles e Imposibles, Licitas e Ilícitas (Arts. 1475, 1476 y 1480 CC): Dice el Art. 1475 CC que la condición positiva debe ser física y moralmente posible. Y, en seguida, define a la físicamente imposible como “la que es contraria a las leyes de la naturaleza”. La condición es moralmente imposible “cuando el hecho que la constituye es prohibido por la ley, o es opuesto a las buenas costumbres o al orden público”. En cuanto a los efectos que producen estas condiciones, hay que distinguir: a. Si la condición es positiva, imposible o ilícita: 278

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Y es suspensiva: La condición se tiene por fallida, lo que significa que el derecho no llegara a nacer (Art. 1480, inc. 1 CC). ii. Y es resolutoria: La condición se tiene por no escrita (Art 1080, inc. final CC), lo que significa que el derecho nace puro y simple. b. Si la condición es negativa (Art. 1476 CC): i. De una cosa físicamente imposible: La obligación es pura y simple. ii. De un hecho ilícito: Vicia la disposición. Esto quiere decir que el acreedor condicional no va a poder exigir el pago. La sanción se explica porque se estima inmoral que se reciba un pago por no cometer un hecho ilícito. 5) Determinadas e Indeterminadas: a. Condición Determinada: “Aquella en que el hecho que la constituye debe ocurrir en una época prefijada”. b. Condición Indeterminada: “Aquella en que no se fija una época para la ocurrencia del hecho”. Este tipo de condición plantea el problema de saber cuánto tiempo habrá que esperar para saber si se cumple o no la condición. O, dicho de otra manera, cuando la condición se tendrá por fallida. En ese contexto, hasta antes de la dictación de la Ley 16.952 de 1968 se estimaba que las condiciones indeterminadas tenían que cumplirse dentro del plazo que el Art. 739 CC establecía para el cumplimiento de la condición en el fideicomiso. En ese entonces era de 15 años (antes era de 30 años). Se fundaba esta opinión en que el Mensaje del Código señalaba que “…Otra que tiene al mismo fin es la que limita la duración de las condiciones suspensivas y resolutorias, en general, se reputan fallidas si tardan más de 30 años en cumplirse”. No había problemas, pues el plazo establecido en el Art. 739 CC correspondía también al de la prescripción extraordinaria, lo que llevaba a concluir que ese era el plazo máximo de incertidumbre, transcurrido el cual se consolidaban y estabilizaban todos los derechos. Sin embargo, toda esta armonía del código se destruyó con la Ley 16.952, pues acortó el plazo de prescripción extraordinaria de 15 a 10 años, pero rebajando el plazo del Art. 739 a 5 años, con lo que el sistema se rompió. Frente a ello, se plantea la duda de si se debe seguir aplicando el Art. 739 y decimos que el plazo de prescripción es de 5 años; o, por el contrario, aplicamos la norma de la prescripción extraordinaria y concluimos que debe esperarse 10 años. En opinión del autor, debe aplicarse el plazo de 10 años, pues ese es el máximo tiempo establecido por el Código para dar estabilidad a todas las situaciones jurídicas. 6) Potestativas, Causales y Mixtas (Art. 1477 CC): “Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor; casual la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso; mixta la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso”. Hay una omisión del Código, en cuanto a que también es condición mixta la que en parte depende de la voluntad del deudor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. 279

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Las condiciones potestativas se pueden clasificar en: a. Condiciones Simplemente Potestativas: “Aquellas que dependen de un hecho voluntario, causado, del acreedor o del deudor”. Por ejemplo, te doy 1.000.000 si te casas con María. b. Condiciones Meramente Potestativas: “Aquellas que dependen del mero arbitrio de las partes”. Por ejemplo, te doy 1.000.000 si quiero; te doy 1.000.00 si quieres. Se ha fallado que no constituye condición meramente potestativa de la voluntad del deudor la cláusula según la cual el deudor pagará el saldo de precio cuando tenga disponibilidad de dinero. Esta clasificación se desprende del Art. 1478 CC que dice que: “Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga”. Esta norma merece los siguientes comentarios: a. Es importante entender que lo que se anula es la obligación, no la condición. b. Es importante también tener en cuenta que las únicas condiciones que anulan la obligación son las meramente potestativas de la voluntad del deudor, porque en ellas no hay voluntad seria de obligarse. Las meramente potestativas de la voluntad del acreedor son válidas: Lo prueban el mismo texto del Art. 1478 CC y el que el legislador la acepte en algunos casos, como en el Art. 1823 CC que se refiere a la venta a prueba, sujeta a la condición que acepte el acreedor. c. Para Alessandri, Fueyo y Claro Solar las únicas condiciones meramente potestativas que producirían la nulidad de la obligación serían las suspensivas. Las resolutorias serian válidas: Esto por las siguientes razones: i.

En las condiciones resolutorias la obligación ha podido formarse y producir todos sus efectos, ya que la condición resolutoria no afecta a la existencia de la obligación, sino únicamente su extinción, y

ii.

El mismo Código las acepta, como ocurre en las donaciones revocables, en que el donante se reserva la facultad de recobrar la cosa donada cuando quiera (Art. 1136 CC) y en el pacto de retroventa (Art. 1881 CC).

En contra de esta opinión Abeliuk argumenta que: i.

Nada autoriza para hacer esta distinción, en circunstancias que el Art. 1478 CC no la establece.

ii.

Porque el Art. 1478 CC está ubicado antes del Art. 1489, que es el que hace la distinción entre condiciones suspensivas y resolutorias, lo que demuestra que es aplicable a ambas.

iii.

Porque el fundamento de la nulidad de la obligación es el mismo en ambas condiciones: Así, por ejemplo, si digo que te presto mi casa y me la devuelves si quieres, no habría obligación seria del comodatario.

iv.

Porque, finalmente, en los casos de las disposiciones señaladas (Arts. 1136 y 1881 CC) si se observa con cuidado, se verá que se trata de casos en que las condiciones dependen de la sola voluntad del acreedor (y no del deudor). 280

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Reglas Comunes a las Condiciones: 4.1. Estados en que se puede encontrar la Condición: Las condiciones pueden encontrarse: 1) Pendientes: Significa que aún no ocurre, pero puede ocurrir, el hecho que la constituye. Los efectos van a ser diferentes según se trate de una condición suspensiva o resolutoria. 2) Fallidas: El Art. 1482 CC señala que: “Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa, cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse, y no se ha verificado”. En ese sentido: a. Si la condición es positiva: Falla cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse, y no se ha verificado. b. Si la condición es negativa: Falla si se realiza el acontecimiento contemplado en ella. 3) Cumplidas: Hay que distinguir: a. Si la condición es positiva: Se cumple cuando se verifica el hecho que la constituye. b. Si la condición es negativa: Habrá que ver si es determinada o indeterminadas: i. Si es determinada: Se cumple cuando expira el plazo dentro del cual no debía realizarse el hecho, sin que se realizara o ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella (Art. 1482 CC). ii. Si es indeterminada: Se cumple cuando expira el plazo de 10 años sin que se realice el acontecimiento contemplado en ella. 4.2. Forma cómo deben cumplirse: Tratan esta materia los Arts. 1483 y 1484 CC, normas que para algunos serían contradictorias. El autor no ve contradicción en estas normas, ya que primero se aplicaría la regla del Art. 1483 CC que señala que: “La condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes. Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de dinero a una persona que está bajo tutela o curaduría, no se tendrá por cumplida la condición, si se entrega a la misma persona, y ésta lo disipa”. Esta regla guarda perfecta concordancia con la norma del Art. 1560 CC que señala que conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Precisado lo anterior, entra a operar el Art. 1484 CC que dice: “Las condiciones deben cumplirse literalmente, en la forma convenida”. O sea, determinada la forma cómo las partes querían que se cumpliera, tiene que cumplirse de esa manera y no de otra. No pueden cumplirse por equivalencia. Hay una excepción a esta regla en el Art. 1093, inc. 2 CC que señala que: “Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, es solamente imposible en la forma especial prescrita por el testador, podrá cumplirse en otra análoga que no altere la substancia de la disposición, y que en este concepto sea aprobada por el juez con citación de los interesados”. 4.2.1. El Cumplimiento Ficto de la Condición (Art. 1481, inc. 2 CC): “Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la 281

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, se tendrá por cumplida”. Esta regla se trata de que la persona que debe dar la prestación si se cumple la condición (deudor condicional), se vale de medios ilícitos para que esta no se cumpla. La ley lo sanciona, teniendo por cumplida la condición, siendo aplicación del principio de que nadie se puede favorecer con su propio dolo. Algunos autores sostienen que no cabe el cumplimiento ficto si la obligación es potestativa de la voluntad del deudor, pues en tal caso, él es dueño de la condición y, en tal carácter, puede impedir el cumplimiento de la condición que depende de su sola voluntad, sin hacerse acreedor a ninguna sanción. Peñailillo es de la opinión que esta norma debe aplicarse aunque se trate de una condición simplemente potestativa de la voluntad del deudor, si el deudor impidió el cumplimiento para sustraerse del mismo, porque al ser ilícito el fin, el medio también lo es. Él además plantea una serie de otros problemas en relación al cumplimiento ficto de la condición: 1) Esta institución la establece el Art. 1481, inc. 2 CC, pero la norma está consagrada en los términos más propios de las asignaciones condicionales: Esto porque habla de “la persona que debe prestar la asignación” y habla de “asignatarios”. Esto ha generado una discusión: a. No tiene aplicación en las obligaciones condicionales (Peñailillo): Esto por: i. El texto del Art. 1481 CC ya explicado. ii. Es una sanción y además constituye una excepción pues la regla es que las condiciones tienen que cumplirse en forma efectiva y, por lo mismo, debe darse una interpretación restrictiva, y iii. No cabe aplicar a este caso la norma del Art. 1498 CC: Esta norma dice que: “Lo dicho en el Título IV del Libro III sobre las asignaciones testamentarias a día, se aplica a las convenciones”. No se podría aplicar dicho artículo porque la norma del Art. 1481 CC no está en dicho título. b. Si tiene aplicación en las obligaciones condicionales (Abeliuk, Alessandri y Claro Solar): Esto por: i. Historia de la disposición que demuestra que en los proyectos 41-45 y 46-47, aparecía dentro de las obligaciones condicionales: Ello permite pensar que Bello trató el tema únicamente en el Libro IV, para evitar lo que, seguramente, se estimó una repetición inútil. ii. Que la norma se justifica plenamente tanto para las asignaciones condicionales como para las obligaciones condicionales lo que lleva a pensar que, de no estar establecida expresamente en la ley para el último caso, se trataría de un vacío legal, que debería ser integrado con la misma solución dada para el primero. 2) ¿Cuál es el fundamento de la institución?: Dos soluciones: a. Se pretende sancionar la mala fe del deudor, aplicando el principio de que nadie se puede aprovechar de su propio dolo: Si se sigue esta posición, la condición debe tenerse por cumplida, pues de todas formas el deudor actuó de mala fe.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Es una forma especial de indemnizar a la víctima de un hecho ilícito: Si se sigue esta posición la conclusión debiera ser la contraria, porque la actitud del deudor no es la que produjo el daño, que solo vino a resultar de un hecho extraño. 3) ¿Qué entiende el Art. 1481 CC por “medios ilícitos” ?: Dos posiciones: a. Se entiende como ilicitud general: Como, por ejemplo, si para evitar que se pueda entregar la cosa debida bajo condición, la hurta o la roba. b. Considera como ilícito a cualquier hecho -que en abstracto pudiera no ser reprobablepero que dada la finalidad con que se realiza debe estimarse ilícito: Esta es la posición de Peñailillo, pues no merece duda que lo que pretende la ley es sancionar el fraude, y la realización de un hecho aparentemente inofensivo para obtener un resultado indebido constituye en el entendimiento del autor una forma de fraude civil. 4) ¿Tiene que existir dolo del deudor o basta una actitud culpable o negligente?: Peñailillo cree que si solo hubo culpa del deudor, no rige la norma puesto que lo que se persigue con ella es frustrar la pretensión maliciosa del deudor que actúa con el propósito o finalidad de impedir el cumplimiento de la condición. 5) En el supuesto que la condición establecida por las partes constituya al mismo tiempo un requisito establecido por la ley, para que se pueda cumplir la obligación o ejecutar el negocio, ¿cabe también el cumplimiento ficto de la obligación?: Por ejemplo, se celebra un contrato de compraventa en que el promitente vendedor se obliga a vender un sitio una vez que la autoridad competente autorice el loteo correspondiente. La pregunta es si procede o no en este caso el cumplimiento ficto si el promitente vendedor, por ejemplo, hace todo lo posible porque no se le conceda dicha autorización. Hay dos posiciones: a. No procede aplicarlo: Porque una parte no puede llevar a la otra a una contravención de la ley, además, de que en la práctica la autoridad correspondiente no autorizaría esa operación. b. Si procede aplicarlo: Peñailillo dice que hay que distinguir dos etapas distintas: la contratación, que da nacimiento a la obligación; y el cumplimiento o ejecución efectiva de esta. Partiendo de este punto, es sostenible que si se cumplen las exigencias para la aplicación de la regla ella debe aplicarse. Ello aun cuando la obligación, por imposibilidad legal o administrativa, no pueda cumplirse, caso en que el acreedor no podrá exigir el cumplimiento de la obligación en especie, pero si el cumplimiento por equivalencia, demandando la correspondiente indemnización. 6) ¿Procede aplicarlo cuando el deudor condicional ha adoptado una actitud pasiva, es decir, no despliega ninguna actividad?: Aparentemente la respuesta debería ser negativa. Sin embargo, si esta inactividad tiene por objeto justamente que la condición no se cumpla, no hay inconveniente en la aplicación de esta institución. 7) ¿Qué ocurre en el caso en que sea el acreedor quien despliegue los medios para que la condición se cumpla, con el objeto de que nazca su derecho y demandarlo?: Peñailillo es de la opinión que se aplica la regla, no por el texto del Art. 1481 CC, que claramente se refiere al deudor, sino porque se está frente a una situación no tratada, de un vacío legal, que debe ser integrado, aplicándose la misma solución dada para el caso del deudor.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4.2.2. Principio de la Indivisibilidad de las Condiciones (Art. 1485, inc. 1 CC): “No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional, sino verificada la condición totalmente”. 4.3. Caducidad de las Condiciones: El efecto de la caducidad es el siguiente: 1) Si es suspensiva y falla: El acreedor condicional no va a llegar a adquirir el derecho condicional. 2) Si es resolutoria y falla: Se consolida el derecho en poder del deudor condicional, que ya nada deberá restituir. 4.4. Retroactividad de las Condiciones Cumplidas: Significa que, una vez cumplida la condición, los efectos del acto o contrato se retrotraigan al momento en que dicho acto se celebró. Si la condición es suspensiva, se considera que el acto jurídico ha tenido siempre el carácter de puro y simple. Si la condición es resolutoria, y se cumple, se extingue o se resuelve el derecho. Las partes queda, al operar la retroactividad como si jamás hubieran estado vinculadas entre sí. La retroactividad es una ficción destinada a proteger al acreedor condicional, de los actos o gravámenes que pudiera haber realizado el deudor condicional, mientras la condición estuvo pendiente. Se ha discutido sobre si en Chile rige o no el principio de retroactividad. Mientras en Francia existe una norma expresa que resuelve esta situación, en Chile encontramos: 1) Casos en que se acepta el efecto retroactivo: a. Aumentos y mejoras de la cosa (Art. 1486 CC): Este artículo señala que el acreedor tiene derecho a los aumentos y mejoras de la cosa, ocurrido cuando estaba pendiente la condición. b. Hipoteca hecha bajo condición suspensiva (Art. 2413 CC): Esta norma da pleno valor a la hipoteca desde la fecha de su inscripción en el conservador de Bienes Raíces una vez cumplida la condición suspensiva bajo la cual se otorgó. c. Restitución de lo recibido por el deudor por una cosa cumplida una condición resolutoria (Art. 1487 CC): Porque cuando se cumple la condición resolutoria el deudor debe restituir todo lo que hubiere recibido con tal motivo. d. Enajenaciones hechas por el deudor en el tiempo intermedio (Arts. 1490 y 1491 CC): En cuanto se privan de valor a las enajenaciones hechas por el deudor en el tiempo intermedio, a menos que se cumplan determinados requisitos. 2) Casos en que se rechaza el efecto retroactivo: a. Frutos producidos por la cosa mientras estuvo pendiente la condición (Arts. 1488 y Art. 1078, inc. 3 CC): De acuerdo a esta disposición, cumplida una condición resolutoria, no se deben restituir los frutos producidos por la cosa mientras estuvo pendiente la condición. b. Autorización al propietario fiduciario para mudar la forma de la propiedad fiduciaria (Art. 758 CC): También se acepta universalmente que, cumplida la condición, y operada la restitución al fideicomisario, subsisten los arrendamientos hechos por el fiduciario. c. Enajenaciones hechas por el deudor en el tiempo intermedio (Arts. 1490 y 1491 CC): De acuerdo a estas disposiciones, los actos de enajenación realizados por el deudor estando

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe pendiente la condición, generalmente valen, lo que no sería posible si la condición operara con efecto retroactivo. En virtud de lo anterior, hay quienes sostienen que el Código Civil acoge en general la retroactividad y que aquellas disposiciones de excepción son meras limitaciones al principio habitual, de manera que conforme a él deben resolverse las situaciones previstas por la ley. Somarriva sostiene que la situación es al revés. Luis Cousiño Mac Iver después de analizar el problema concluye que no se puede decir en términos generales si la condición tiene o no efecto retroactivo, sino que en cada caso particular habrá que analizar qué efecto se genera. 4.5. Riesgos de la Cosa debida bajo Condición (Art. 1486 CC): Según esta norma hay que distinguir: 1) Si la destrucción es fortuita: a. Es total (Art. 1486, inc. 1 CC): “Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación”. Cousiño Mac Iver estima que la norma es defectuosa, porque lo que se extingue no es la obligación, lo que se extingue es el contrato, porque la obligación no llega a nacer por la existencia de la condición. Esto significa que el riesgo es del deudor condicional porque no va a poder exigir al acreedor el cumplimiento de la obligación (que pague el precio), pues tal obligación carecería de causa. En esta materia el Código se separó de la regla general del Art. 1550 CC según el cual es riesgo es del acreedor. Y es justo que sea así, pues pendiente la condición, la cosa es del deudor y las cosas se pierden para su dueño. b. Es parcial (Art. 1486, inc. 2 CC): “Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición, se debe en el estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de los aumentos o mejoras que haya recibido la cosa, sin estar obligado a dar más por ella, y sufriendo su deterioro o disminución, sin derecho alguno a que se le rebaje el precio”. 2) Si la destrucción es culpable (Art. 1486, inc. 1 CC): a. Es total (Art. 1486, inc. 1 CC): “Y por culpa del deudor, el deudor es obligado al precio, y a la indemnización de perjuicios”. b. Es parcial (Art. 1486, inc. 2 CC): “Salvo que el deterioro o disminución proceda de culpa del deudor; en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se rescinda el contrato o que se le entregue la cosa, y además de lo uno o lo otro tendrá derecho a indemnización de perjuicios”. Finalmente, el Art. 1486, inc. 3 CC dice que: “Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza o según la convención se destina, se entiende destruir la cosa”. 5. Efecto de las Condiciones: 5.1. Efecto de la Condición Suspensiva: 1) Pendiente: a. No nace el derecho ni la obligación correspondiente: Por definición la condición suspensiva obsta el nacimiento del derecho. Esto tiene las siguientes consecuencias: 285

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. El acreedor no puede exigir su cumplimiento (Art. 1485, inc. 1 CC): “No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional, sino verificada la condición totalmente”. ii. Si el deudor paga antes del cumplimiento, paga lo no debido y puede restituir (Art. 1485, inc. 2 CC): “Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido”. iii. El acreedor condicional no puede ejercer la acción pauliana pues tal acción corresponde a los acreedores, calidad que todavía no tiene porque no se ha cumplido la condición. iv. No hay obligación actualmente exigible: Por ello: 1. La prescripción no está corriendo: Pues ello solo va a ocurrir desde que la obligación se hace exigible (Art. 2514, inc. 2 CC). 2. No se puede novar esa obligación (Art. 1633). 3. No puede operar la compensación (Art. 1656 N°3 CC). 4. El deudor no está en mora. b. El vínculo jurídico existe: El acto o contrato se generó, si bien el derecho y la correlativa obligación no han nacido. Esto tiene las siguientes consecuencias: i. Al contratarse la obligación deben reunirse todos los requisitos de existencia y validez del acto o contrato. ii. El deudor no puede retractarse, pues no puede desvincularse por su propia voluntad: Vulneraria con ello el principio contenido en el Art. 1545 CC de que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. iii. La obligación condicional se rige por la ley vigente al momento de otorgarse el contrato, en conformidad al Art. 22 Ley de Efecto Retroactivo. c. El acreedor tiene una simple expectativa: Algunos dicen que hay un germen de derecho, o derecho en potencia o latente. Sus consecuencias son: i. El acreedor condicional puede impetrar providencias conservativas, mientras está pendiente la condición (Art. 1492, inc. 3 CC): La ley no ha dicho en qué consisten estas providencias conservativas, por lo cual, en opinión de Abeliuk, depende del juez determinarlas, pudiendo ser una caución, un nombramiento de depositario, etc. ii. Este germen de derecho lo transmite el acreedor condicional a sus herederos (Art. 1492, inc. 1 CC): “El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición, se transmite a sus herederos; y lo mismo sucede con la obligación del deudor”. Esto tiene dos excepciones:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. En las asignaciones testamentarias condicionales (Art. 1492, inc. 2 CC): Esto se explica porque el asignatario tiene que existir al momento en que fallece el causante, según el Art. 962 CC. 2. En las donaciones condicionales entre vivos (Art. 1492, inc. 2 CC): Por ser la donación un contrato in tuito personae, de donde se sigue que tiene que estar vivo para adquirir lo donado. 2) Fallida: Si la condición falla, quiere decir que el derecho y la correlativa obligación no van a nacer, desapareciendo, de esa manera, la expectativa del acreedor condicional. Por esta razón, si había medidas conservativas, estas quedan sin efecto. 3) Cumplida: a. Nace el derecho y la obligación correspondiente. b. El acreedor puede exigir su cumplimiento. c. Si el deudor paga, el pago es válido y no puede repetir (Art. 1485, inc. 2 CC). d. Según algunos (Alessandri), se produce el efecto retroactivo. e. Debe el deudor entregar la cosa debida condicionalmente en el estado en que se halle, favoreciendo al acreedor los aumentos y soportando las pérdidas (Art. 1486 CC) siempre que estas últimas sean fortuitas. f.

Por regla general no se entregan los frutos que la cosa produjo en el tiempo intermedio (Art. 1078, inc. 3 y 1488 CC).

g. Los actos de administración (por ejemplo, arrendamientos) celebrados por el deudor se mantienen, sin perjuicio de que el cumplimiento de la condición importe una causal de extinción del contrato. 5.2. Efecto de la Condición Resolutoria: Para ello hay que distinguir las tres modalidades que puede revestir la condición resolutoria: (i) condición resolutoria ordinaria, (ii) condición resolutoria tácita y (iii) pacto comisorio. 5.2.1. La Condición Resolutoria Ordinaria: “Hecho futuro e incierto, que no sea el incumplimiento de una obligación contraída, verificado el cual se extingue un derecho y la correlativa obligación”. En cuanto a sus efectos, hay que distinguir: 1) Si está Pendiente: Mientas está pendiente la condición el acto o contrato produce todos sus efectos, igual que si fuera puro y simple. Debido a que su derecho está expuesto a extinguirse si se cumple la condición, el deudor condicional resolutorio tiene la obligación de cuidar la cosa y conservarla como un buen padre de familia, para restituirla al acreedor si se cumple la condición (Art. 1486 CC). Por su parte, el acreedor condicional podrá impetrar providencias conservativas (Art. 1492, inc. final CC). 2) Si esta Fallida: Si la condición resolutoria falla el derecho del deudor condicional se consolida. Si se habían solicitado medidas conservativas por el acreedor condicional, estas se extinguen. 3) Si está Cumplida:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Quien adquirió derechos sujetos a ella, se extinguen (Art. 1487 CC): “Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla; pero será obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere”. Por regla general, no se aplican a estas restituciones las normas sobre prestaciones mutuas porque el Código da reglas propias en los Arts. 1486 y ss. CC. Así, por ejemplo, el Art. 1488 CC establece que: “Verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo contrario”. La ley ordena restituir los frutos, por ejemplo, en la compraventa por no pago del precio (Art. 1875 CC); en las donaciones, cuando el donatario no cumple con lo que se obligó (Art. 1426, inc. 2 CC); en las asignaciones modales, cuando opera la cláusula resolutoria (Art. 1090 CC). En materia de deterioros rige el Art. 1486 CC: el acreedor se aprovecha de las mejoras y sufre los deterioros producidos por caso fortuito. b. Respecto a los actos de administración que pueda haber realizado el deudor condicional, caducan y se extinguen. 5.2.1.1. Forma de Operar la Condición Resolutoria Ordinaria: Es importante señalar que la condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho, no requiere declaración judicial. Esto porque el Art. 1487 CC dice: “cumplida la condición”, no dice declarada la condición. Además, el Art. 1479 CC define la condición resolutoria como “la que por su cumplimiento extingue un derecho” y no como la que da el derecho al acreedor para que se declare extinguido un derecho. Es importante que opere de pleno derecho, porque produce efectos universales, pudiendo oponerse la resolución a cualquier persona que pretenda hacer valer derechos emanados del contrato respectivo. 5.2.2. La Condición Resolutoria Tácita (Art. 1489 CC)19: “La que va envuelta en todo contrato bilateral para el caso de no cumplirse por la otra parte lo pactado”. Cualquier otro evento futuro e incierto, aun cuando él constituya la falta de cumplimiento de un hecho se atribuya a un tercero, debe ser calificado como constitutivo de una condición resolutoria ordinaria. El incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral da a la otra parte un derecho alternativo para solicitar o el cumplimiento o la resolución, y en ambos casos, con indemnización de perjuicios. 5.2.2.1. Fundamento de la Condición Resolutoria Tácita: 1) Alessandri: Estima que el fundamento son razones de equidad y justicia. 2) Giorgi: Estima que su fundamento está en la voluntad presunta de las partes. 3) Mera y Capitant: Estiman que su fundamento estaría en el hecho de que, si en un contrato bilateral una de las partes no cumple con sus obligaciones, la obligación del otro contratante carecería de causa.

Complementado con el texto “El Incumplimiento Resolutorio en el Código Civil, Condiciones de Procedencia de la Resolución por Incumplimiento” de Álvaro Vidal Olivares. 19

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Sin embargo, se argumentó en contra de esta opinión señalándose que, de faltar la causa, el contrato seria nulo, por lo que el contratante diligente no podría pedir el cumplimiento. Además, el requisito de la causa debe verse al momento en que el contrato se celebró, y a ese momento la causa existía, pues ambas partes contrajeron obligaciones reciprocas. El incumplimiento posterior no hace desaparecer la causa. 4) Otros: La resolución sería una consecuencia de la interdependencia de las obligaciones nacidas del contrato sinalagmático. 5) Hermanos Mazeaud: En realidad, la resolución judicial es un modo de reparación del perjuicio que causa al acreedor el incumplimiento de la obligación del deudor. 6) Elgueta Ortiz: Estima que el fundamenta está en que cada parte ha contratado bajo una presuposición real, efectiva, de que su contraparte habrá de cumplir con su obligación y así aquella podrá obtener la ventaja que se propuso y en consideración de la cual consintió en obligarse. Si la contraparte no cumple, esta presuposición, que es supuesto del contrato, falla, y es por esto que la ley autoriza a pedir la resolución. 7) Álvaro Vidal: Estima que el objeto de la resolución se traduce en permitir al acreedor obtener la satisfacción de su interés, ya no del deudor incumplidor, sino del mercado. 5.2.2.2. Características de la Condición Resolutoria Tácita: 1) Es un tipo de condición resolutoria: Sin embargo, para Álvaro Vidal la norma del Art. 1489 CC no prevé una auténtica condición. Indica él que las condiciones son eventos futuros e inciertos establecidas por las partes expresamente en los contratos con el fin de hacer depender de su concurrencia la eficacia del negocio. El incumplimiento no puede ser considerado como un evento condicional, pues el cumplimiento es un acto debido y los efectos del incumplimiento no se ponen en movimiento por efecto de una condición, sino por aplicación del contrato o de la ley dispositiva. 2) Es tácita: Puesto que el legislador la sobreentiende en todo contrato bilateral. Por ello es un elemento de la naturaleza y, por lo mismo, renunciable. 3) Es negativa: Consiste en que no ocurra un hecho: que una de las partes no cumpla su obligación. 4) Es simplemente potestativa: Pues depende de un hecho voluntario del deudor. 5) No opera de pleno derecho: Sino que requiere de declaración judicial. 5.2.2.3. Requisitos de la Condición Resolutoria Tácita: 1) Que se trate de un contrato bilateral: Respecto a este punto existe una discusión doctrinaria: a. Claro Solar: Estima que puede operar aun en contratos unilaterales. Esto porque: i. El Art. 1489 CC solo dice que la condición resolutoria tacita va envuelta en los contratos bilaterales, pero no excluye la posibilidad de que también pueda darse en los unilaterales. ii. Varias disposiciones demuestran que el Código Civil no ha entendido restringida la condición resolutoria tácita exclusivamente a los contratos bilaterales: Así, por ejemplo, en el comodato se otorga al comodante la facultad de solicitar la restitución de la cosa prestada aun antes del vencimiento del plazo, 289

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe cuando el comodatario no la destina al uso convenido (Art. 2177 CC). En el contrato de renta vitalicia la ley ha tenido que señalar en forma expresa que el acreedor no podrá pedir la rescisión del contrato en caso de no pagársele la pensión. En el contrato de prenda el deudor puede pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada si el acreedor abusa de ella. b. Stitchkin, Alessandri y Abeliuk: Estiman que solo opera en contratos bilaterales porque: i. El propio tenor literal del Art. 1489 CC, que habla de “contratos bilaterales”. ii. Tratándose de los contratos unilaterales, el Código ha ido resolviendo en cada caso particular lo que ocurre cuando el deudor no cumple: Solo no ha dicho nada respecto del mutuo. iii. El fundamento de la condición resolutoria tácita radicaría, según algunos, en la interdependencia de las prestaciones, lo que solo puede ocurrir en los contratos bilaterales. La jurisprudencia se ha inclinado definitivamente por la tesis de que solo procede la acción resolutoria en los contratos bilaterales. Existen ciertos temas especiales a tratar: a. La resolución en los contratos de tracto sucesivo: La resolución también opera en los contratos de tracto sucesivo, pero pasa a llamarse terminación, porque sus efectos no operan retroactivamente sino solo para el futuro en razón de que las prestaciones de una de las partes no se pueden devolver. b. La resolución no tiene lugar en la partición: Así lo afirma en forma unánime la doctrina nacional. Sus razones son: i. Porque no es contrato bilateral. ii. Porque se opone a ello el efecto declarativo de la partición (Art. 1344 CC). iii. El Art. 1489 CC es doblemente excepcional: Primero porque da al acto el carácter de condicional; y, en seguida, porque presume la condición. iv. El Art. 1348 CC hace aplicables a la partición acciones propias de los contratos, como la nulidad y la rescisión, pero nada dice de la resolución, lo que demuestra claramente su intención de excluir a esta acción, y v. El Art. 662 CPC estableció una hipoteca legal cuando en las particiones se adjudica un inmueble a un comunero, y se producen alcances en su contra que superan el exceso a que se refiere el Art. 660 CPC: Se afirma por algunos que esta hipoteca la estableció el legislador justamente porque los comuneros carecían de acción resolutoria para el caso de que el comunero adjudicatario no pagare la diferencia adeudada. 2) Incumplimiento imputable de una de las partes: El incumplimiento tiene que ser imputable al deudor, esto es, debido a su dolo o culpa. Este requisito se desprende del propio Art. 1489 CC que establece que producido el incumplimiento la otra parte puede pedir el cumplimiento o la resolución, en ambos casos, con indemnización de perjuicios, y precisamente uno de los requisitos para que 290

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe opere la indemnización de perjuicios es que el deudor esté en mora (Art. 1557 CC) y uno de los requisitos de la mora es el dolo o culpa. Se da también como argumento que el Art. 1546 CC, según el cual los contratos deben cumplirse de buena fe, de donde se sigue que, si el deudor no puede cumplir por un hecho ajeno a su voluntad, seria contrario a la equidad sancionarlo con la resolución del contrato. Elgueta Ortiz sustenta una opinión en alguna medida diferente. Distingue entre las obligaciones de entregar una especie o cuerpo cierto, de entregar un género y de hacer: a. De entregar una especie o cuerpo cierto: Partiendo del principio de que el riesgo es del acreedor (Art. 1550 CC), concluye que no cabe la resolución, ya que de otro modo se autorizaría al acreedor para repetir un pago legítimo y debido. Pero, en cambio, en los casos en que riesgo es del deudor debe admitirse la resolución. b. De entregar un género: No habría problemas porque el género no perece, por lo que el deudor siempre está en condiciones de cumplir. c. De hacer: Si el deudor no puede cumplir por razones enteramente ajenas, debe buscarse la solución fuera de la teoría de los riesgos. Si no puede cumplir por una causa sobreviniente al contrato, se extingue su obligación, pero no el contrato. Sin embargo, en este caso procedería la resolución, porque la obligación de la contraparte carecería de causa. Álvaro Vidal estima que en la resolución por inejecución no existe razón para restringir su procedencia a la culpa y, correlativamente, para rechazarla cuando el incumplimiento tuviese su causa en un caso fortuito o de fuerza mayor. Si bien la resolución y la indemnización de daños pueden pedirse conjuntamente -por ser compatibles- cada remedio tiene su propio supuesto que le diferencia y determina su propia y separada funcionalidad. Si bien uno podría contestarle a Vidal que el legislador en el Art. 1820 CC prescribe especialmente sobre el efecto de una concreta manifestación de incumplimiento no imputable: la imposibilidad sobrevenida de la prestación o perdida de la cosa que se debe; Vidal señala que el efecto natural del caso fortuito es la exoneración de responsabilidad, esto es, liberar al deudor incumplidor del deber de indemnizar. Vidal señala que el Art. 1489 CC simplemente requiere “no cumplirse lo pactado”, sin valorar la conducta del deudor: siendo suficiente el incumplimiento como hecho objetivo, siempre y cuando este tenga el carácter de esencial. La valoración de la conducta incide en la procedencia de la resolución solo en el sentido que si el incumplimiento es doloso o el deudor incurre en culpa grave, el incumplimiento se estimará esencial porque da motivos suficientes al acreedor para dejar de confiar en el cumplimiento futuro de su deudor. Ahora bien, respecto a este punto se han dado otras cuestiones relevantes: a. ¿Procede la resolución por incumplimiento de poca monta?: Tradicionalmente se ha enseñado que, al no distinguir la ley, cualquier incumplimiento sería suficiente. El primero que entre nosotros plantea una opinión distinta es Claro Solar, quien piensa que el incumplimiento de una obligación secundaria no es suficiente para pedir la resolución. Funda su opinión en la equidad. Álvaro Vidal está de acuerdo con la posición de Claro Solar en el sentido que es inaceptable sostener que cualquier incumplimiento, por insignificante que sea, sea apto para 291

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe desencadenar el remedio de la resolución, pero a diferencia de este, no cree que el criterio para determinar si procede o no la resolución sea atender a si la obligación es principal o secundaria, sino que entiende que aquello que se debe considerar es el incumplimiento en sí mismo y su impacto en el interés del acreedor. En ese sentido, solo procedería la resolución si el incumplimiento contractual es esencial, y esto ocurre según el autor y la jurisprudencia más actual por tres motivos: i. Aquel que priva al acreedor de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato siempre que tal resultado hubiere sido previsible para el deudor al tiempo del contrato. ii. Los incumplimientos dolosos o con culpa grave y todo caso en el que se concluya inequívocamente que el acreedor no tiene razones para confiar en el cumplimiento posterior del deudor. iii. Cuando las partes así lo hubieren estipulado específica y claramente. El fundamento de esta tesis la encuentra Vidal en el Art. 1926 CC que señala que: “Si por el retardo se disminuyere notablemente para el arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las circunstancias que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole a salvo la indemnización de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito”. Para Vidal este artículo si bien trata de arrendamiento, debiera integrar al Art. 1489 CC, llenando el vacío que este artículo tiene. Esta tesis de Álvaro Vidal es seguida por la Corte Suprema el 2007 en la sentencia Alberto Raab c/ Comercial Automotriz Expo Autos Ltda., donde rechaza la resolución por no tener el incumplimiento parcial una envergadura que amerite la resolución del contrato. En ese contexto, sostiene la Corte que la valoración de la gravedad del incumplimiento o retardo en el mismo, debe ser hecha sobre la base de un criterio relativo que intente coordinar tanto la ponderación del elemento objeto de la prestación que falta o que es tardía en el cuadro de la economía general del contrato, como el elemento subjetivo, esto es, el comportamiento de la contraparte y, en particular, los intereses que sostiene esta última en relación con el exacto y oportuno cumplimiento. b. ¿Procede la resolución si el incumplimiento es parcial?: En opinión del autor no hay duda que sí. Tanto es así que el Código lo permite expresamente en el Art. 1875, inc. 2 CC que dice que: “El comprador a su vez tendrá derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio”. c. ¿Qué pasa cuando ambos contratantes incumplen?: En rigor, no cabe resolución. Sin embargo, en algunos casos, se ha dado lugar a la resolución, pero sin indemnización de perjuicios (por faltar el requisito de la mora), con el objeto de no dejar amarradas a las partes a un contrato que ninguno ha demostrado interés en cumplir. Esta es la opinión que manifestó la Corte Suprema en 2003 en el caso Centro Médico Dental Santa Marta c/ Manuel Verdugo, ya que en su concepto la resolución es precisamente el medio que la ley otorga para romper un contrato que nació a la vida del derecho, pero que no está llamado a producir sus naturales consecuencias en razón de que las partes se niegan a respetarlo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Que quien la invoca haya a su vez cumplido o esté llano a cumplir su propia obligación20: Este requisito no aparece del Art. 1489 CC, sino que derivaría del Art. 1552 CC que señala que: “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. Por consiguiente, si quien demanda la resolución no ha cumplido con su propia obligación, se le opondrá por el demandado la excepción de contrato no cumplido. Una opinión distinta encontramos en Elgueta Anguita, discrepancia que se explica porque él no participa de la idea de que para que opere la resolución se requiera de la mora del deudor. En opinión de Alejandra Aguad la inejecución reciproca de la obligaciones sinalagmáticas, si bien impide o suspende el cumplimiento forzado y la indemnización de perjuicios, no tiene, en cambio, la virtualidad de enervar la acción resolutoria. Ello se fundaría en los siguientes argumentos: a. El acreedor puede requerir el cumplimiento de la obligación del deudor sin necesidad de constituirlo en mora: La mora del deudor no es un requisito para el ejercicio de la acción de cumplimiento, bastando que la obligación sea actualmente exigible (Art. 1537 CC). De lo anterior se sigue que si el acreedor puede demandar el cumplimiento, sin necesidad de que el deudor este en mora y a su turno la norma del Art. 1489 CC otorga al acreedor la elección de acciones (cumplimiento o resolución), forzoso es concluir que la mora del deudor tampoco es requisito de la acción resolutoria. b. La mora no es un elemento de la acción de cumplimiento o de la acción resolutoria, pero si es presupuesto necesario de la acción indemnizatoria: El retardo culpable se impone exclusivamente como un requisito de la responsabilidad contractual. c. La exigencia de la imputabilidad en el incumplimiento del deudor demandado no está expresamente prevista en el Art. 1489 CC: Sin embargo, la doctrina nacional suele deducirla de la misma norma que permite cobrar perjuicios. Esta interpretación es errada porque la acción de indemnización de perjuicios no va necesariamente junta a la de cumplimiento o la resolutoria, sino que es una acción dependiente de estas. En ese sentido, se puede intentar directamente la acción de ejecución forzada o la resolución del contrato sin interponer la acción de indemnización de perjuicios. d. La imputabilidad de la inejecución de la obligación deviene en un requisito inocuo: Si se entiende que el fundamento de la resolución se funda en parte en la necesidad de evitar al acreedor los perjuicios que la inutilidad de una prestación cumplida tardíamente le significa, es natural que la oportunidad para ejercer la facultad resolutoria sea, no solamente cuando haya transcurrido el término sin que haya verificado el cumplimiento sino, también cuando antes del transcurso del plazo se tiene la certeza de que el deudor no cumplirá. En opinión de Alejandra Aguad, este requisito solo sería exigido en el caso de la acción de cumplimiento forzado y en la indemnización de perjuicios. 4) Que sea declarada judicialmente: Nuestro Código no lo dice en forma expresa. Sin embargo, fluye con absoluta claridad del propio tenor literal del Art. 1489, inc. 2 CC que dice: “Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, Complementado con el texto “Algunas reflexiones sobre los efectos del incumplimiento recíproco frente a la acción resolutoria” de Alejandra Aguad Deik. 20

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe con indemnización de perjuicios”, ya que al decir “en tal caso” está dando a entender que en este caso no ocurre lo mismo que en el de la condición resolutoria tácita. Además, el mismo inciso utiliza la expresión “pedir a su arbitrio”, lo que implica demandarlo a un tribunal, que naturalmente deberá resolverlo. Se suele dar también como argumento el que, de operar la resolución de pleno derecho, no se ve cómo podría el acreedor usar la opción de pedir el cumplimiento forzado. No parece lógico que pueda pedir el cumplimiento de una obligación ya extinguida. Abeliuk no le parece que este razonamiento sea convincente desde que el Art. 1487 CC permite al acreedor renunciar a la resolución. Por último, respecto a este punto existe una cuestión relevantes: a. ¿Puede el deudor enervar la acción pagando?21: Se suele señalar que, como la resolución, en el caso de la condición resolutoria tácita, requiere de sentencia judicial, viene a resultar que el deudor podría enervar la acción de resolución, pagando hasta antes de la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Así se ha sostenido casi invariablemente por los autores fundando su opinión en el Art. 310 CPC que permite oponer la excepción de pago en cualquier estado de la causa hasta el cítese a oír sentencia en primera instancia y la vista de la causa en segunda. Sin embargo, Ramos Pazos y Álvaro Vidal no comparten esta posición por las siguientes razones: i. De aceptarse que el deudor pueda cumplir con su obligación durante la secuela del juicio, se vulnera el Art. 1489 CC que otorga la opción exclusivamente al contratante cumplidor y al aceptarse que el deudor pudiere pagar durante el juicio, se le está entregando a él la elección, pues por el hecho de pagar está optando por el cumplimiento del contrato. ii. El argumento del Art. 310 CPC no tiene el alcance que quienes están por la opinión contraria le dan: Cierto es que autoriza para oponer la excepción de pago, cuando se funde en un antecedente escrito, en cualquier estado de la causa, pero una cosa es “oponer la excepción de pago”; y otra muy distinta que pueda “pagar” en cualquier estado de la causa. iii. Todo contrato es ley para las partes contratantes (Art. 1545 CC): Por ello, las partes deben cumplir sus obligaciones en la forma y oportunidad convenidas. iv. Álvaro Vidal añade que los efectos del pago no dependen de la norma procesal, sino de la norma del derecho civil, es ella la que reconoce eficacia al pago, que en este caso carecería de ella. Hay un solo flanco que preocupa en la tesis defendida por el autor y es el Art. 1879 CC. Ello porque esta disposición referida al pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio, permite al comprador enervar la acción de resolución pagando el precio a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda. En virtud de ello podría sostenerse entones que, si en el pacto comisorio Complementado con el texto “¿Puede el deudor enervar la acción resolutoria pagando durante el juicio?” de Hernán Corral. 21

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe calificado la ley todavía da al deudor la oportunidad de pagar, con buena lógica debería entenderse, a fortiori, que en el caso de la simple condición resolutoria tácita, también puede pagar fuera de plazo. Con todo lo señalado precedentemente sobre la posición de Álvaro Vidal y la doctrina más moderna, se puede concluir que para él, el único requisito o condición necesaria para la resolución es el incumplimiento esencial del deudor, y procede independientemente de si el acreedor que la pide ha cumplido o está llano a cumplir. 5.2.2.4. Derechos que confiere la Condición Resolutoria Tácita: El Art. 1489 CC confiere al contratante diligente la opción para demandar o el cumplimiento del contrato o su resolución, en ambos casos con indemnización de perjuicios. Si demanda el cumplimiento podrá hacerlo por la vía ordinaria o por la vía ejecutiva, según la naturaleza del título que invoque. En todo caso, si lo que se demanda es el cumplimiento de un contrato bilateral, para que pueda prosperar la acción es necesario que el ejecutante compruebe, al iniciar la demanda, haber cumplido las obligaciones por él contraídas. Para el caso que se demande la resolución, la vía tendrá que ser necesariamente la ordinaria ya que del solo título no consta el incumplimiento del contrato. En este punto hay dos cuestiones relevantes a tratar: 1) Las Acciones de Cumplimiento y de Resolución son incompatibles, pero pueden interponerse sucesivamente: Por ello no pueden demandarse conjuntamente, a menos que lo sea en forma subsidiaria, pero nada obsta a que ejercida una se pueda ejercer posteriormente la otra si no se obtuvo (Art. 17 CPC). Si el contratante diligente demanda el cumplimiento y no lo obtiene, mantiene su opción para demandar la resolución, y viceversa. 2) La Acción de Indemnización de Perjuicios es Accesoria a la de Resolución o Cumplimiento: No se puede demandar derechamente indemnización de perjuicios, sino que solo como consecuencia de demandar el cumplimiento o la resolución del contrato. Sin embargo, esta regla tiene una excepción importante en el caso que la obligación incumplida sea de hacer, pues respecto de ellas, si el deudor se constituye en mora el acreedor puede demandar, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya: que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercer a expensas del deudor; y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato (Art. 1553 CC). Los perjuicios tendrán que probarse, de acuerdo a las reglas generales. 5.2.2.5. Diferencias entre la Condición Resolutoria Ordinaria y la Condición Resolutoria Tácita: 1) En la condición resolutoria tácita el hecho futuro e incierto es el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral; en la condición resolutoria ordinaria es cualquier hecho futuro e incierto que no sea el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral. 2) La condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho; la tácita requiere de declaración judicial. 3) La condición resolutoria ordinaria requiere de una manifestación expresa de voluntad; la tácita es sobrentendida por la ley en todo contrato bilateral. 295

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) La condición resolutoria tácita solo opera en los contratos bilaterales (opinión mayoritaria); la ordinaria se puede establecer en cualquier negocio jurídico. 5) Cumplida la condición resolutoria ordinaria se produce necesariamente la resolución; en cambio en la condición resolutoria tácita el acreedor condicional tiene un derecho optativo para demandar el cumplimiento o la resolución del contrato. 6) Como la condición resolutoria tácita requiere de sentencia judicial que la declare, sus efectos son relativos. La situación es totalmente diferente en la ordinaria ya que, al operar por el solo ministerio de la ley, aprovecha a cualquier interesado. 7) En la condición resolutoria tácita el acreedor tiene derecho a indemnización de perjuicios, lo que no ocurre en la ordinaria. 5.2.3. El Pacto Comisorio: “Estipulación expresa de la condición resolutoria tácita”. Se encuentra en el Art. 1877 CC que señala que: “Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta; y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio, y produce los efectos que van a indicarse”. Sin perjuicio de que se trata a propósito de la compraventa por el incumplimiento de la obligación de pagar el precio, hoy en día está absolutamente claro que su alcance es general, pudiendo establecerse en cualquier contrato (incluso contratos unilaterales) y por el incumplimiento de cualquier obligación. Esta opinión se funda en los siguientes argumentos: 1) El pacto comisorio no es otra cosa que la condición resolutoria expresada, convenida. 2) En virtud del principio de la autonomía de la voluntad. 3) Únicamente por una razón histórica el pacto comisorio se ha ubicado dentro de los pactos accesorios al contrato de compraventa: Tiene su origen en la Lex Commissoria del Derecho Romano porque no existía la condición resolutoria tácita. 5.2.3.1. Clasificación del Pacto Comisorio: El Art. 1879 CC establece: “Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda”. De este artículo se infiere que existen dos modalidades del pacto comisorio: 1) Pacto Comisorio Simple: “Aquel que no viene a ser más que la condición resolutoria tácita expresada”. Por ejemplo, en un contrato de compraventa se establece que si el comprador no paga el precio se resolverá el contrato. 2) Pacto Comisorio Calificado: “Acuerdo de las partes en orden a dejar sin efecto el contrato, de inmediato, ipso facto, si el deudor incumple sus obligaciones”. No es necesario emplear palabras sacramentales, basta dar a entender por los términos empleados que las partes querían poner término inmediato y automática al contrato frente al incumplimiento del deudor. 5.2.3.2. Efectos del Pacto Comisorio: Hay que hacer una serie de distinciones: 1) Pacto Comisorio Simple:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. En el contrato de compraventa por no pago del precio (Art. 1878 CC): “Por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1873”. En definitiva, estos efectos son idénticos a los de la condición resolutoria tácita: el comprador puede pedir el cumplimiento o la resolución con indemnización de perjuicios. Y por la misma razón, para que opere se requiere de una resolución judicial, igual que ocurre en la condición resolutoria tácita. b. En el contrato de compraventa por obligaciones distintas a la de pagar el precio, o en los demás contratos por incumplimiento de cualquier obligación: Por ser simplemente la condición resolutoria tácita expresada, sus efectos son los mismos de aquella, es decir, se otorga al contratante cumplidor la opción para pedir el cumplimiento o la resolución más la indemnización de perjuicios. También se requiere de sentencia judicial que declare la resolución. 2) Pacto Comisorio Calificado: a. En el contrato de compraventa por no pago del precio (Art. 1879 CC): “Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda”. Como puede observarse, pese a que las partes convinieron que la compraventa se resolviera ipso facto, es decir, por el solo hecho del incumplimiento, no ocurre de esta forma, puesto que se otorga al comprador un plazo de 24 horas que se cuentan desde la notificación de la demanda, para enervar la acción de resolución, pagando el precio adeudado. La razón detrás es un interés social en la estabilidad de las transferencias de dominio que sigue a los títulos traslaticios de propiedad, como lo es la compraventa. Si el vendedor no quiere aceptar el pago podrá pagar por consignación, lo que hará depositando la suma adeudada con los intereses vencidos, si los hay, y los demás cargos líquidos, en la cuenta corriente del tribunal que conoce del juicio de resolución. No hay duda que la resolución requiere de sentencia judicial, esto porque: i. Argumento histórico: En los proyectos de Código Civil aparece claro que Bello se quiso separar en esta materia del Código francés. ii. El Art. 1878 CC no priva al vendedor de la elección de acciones, pudiendo este pedir el cumplimiento o la resolución: Si el contrato se resolviera ipso facto, no se ve como podría solicitarse el cumplimiento, pues el contrato ya está terminado. iii. Si el comprador puede enervar la resolución pagando dentro de 24 horas, desde que le notifica la demanda, es porque la resolución no opera por el solo hecho del incumplimiento, y iv. El Art. 1879 CC exige demanda judicial, lo que implica juicio y sentencia. Ahora bien, existen dos cuestiones relevantes que tratar en este punto: i. ¿En qué momento se produce la resolución?: Dos opiniones:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. La resolución se produce al momento en que se acoge la demanda: Si se sigue esta tesis el vendedor podría recibir el pago después de las 24 horas, pues aún no está resuelto el contrato. b. La resolución se produce al momento en que se extingue el plazo de 24 horas para enervar la acción pagando: Si se sigue esta tesis el vendedor no puede recibir el pago después de las 24 horas, pues, aunque la resolución se produce con la sentencia, sus efectos operan retroactivamente al vencimiento de las 24 horas. ii. Condiciones que debe reunir el pago para enervar la acción de resolución: a. Debe pagarse dentro de las 24 horas desde que se notifica la demanda: Es importante indicar que el plazo es en horas, no en días, por ello se empieza a contar a partir del momento mismo en que se notifica la demanda. b. El pago debe ser íntegro, esto es, pagarse todo lo que al momento de la notificación de la demanda sea actualmente exigible. c. Debe cumplir los requisitos generales del pago. b. En el contrato de compraventa por obligaciones distintas a la de pagar el precio, o en los demás contratos por incumplimiento de cualquier obligación: En opinión del autor en este caso el pacto opera de pleno derecho porque es eso lo que las partes pretendieron al estipularlo. Además, no estamos frente al pacto comisorio del Art. 1879 CC, por lo que no hay razón para aplicar sus reglas, sino ante un pacto creado por las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, se ha fallado que no tendría valor el pacto comisorio calificado por no pago de rentas en el contrato de arrendamiento, en razón de que el Art. 1977 CC (“La mora de un período entero en el pago de la renta, dará derecho al arrendador, después de dos reconvenciones, entre las cuales medien a lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable, que no bajará de treinta días”) sería una norma de orden público. El autor no está de acuerdo con ello, indicando que las partes pueden renunciar a esta norma mediante un paco comisorio calificado. 5.2.3.3. Prescripción del Pacto Comisorio (Art. 1880 CC): “El pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partes, si no pasare de cuatro años, contados desde la fecha del contrato. Transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno”. Respecto de esta norma es necesario precisar lo siguiente: 1) El plazo de prescripción que ella establece rige únicamente para el pacto comisorio que reglamenta el Código Civil, es decir, para el contrato de compraventa por no pago del precio: En el caso del pacto comisorio establecido en otros contratos, o en la compraventa por una obligación diferente a la de pagar el precio no se aplica la regla del Art. 1880 CC.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) El Art. 1880 CC no dice que el pacto comisorio prescriba en 4 años, sino en el plazo que las partes acordaren si no pasare de 4 años. 3) El plazo de prescripción que esta disposición establece no empieza a correr desde que la obligación se hace exigible, sino desde la fecha del contrato: Esto significa que, al establecerse el pacto, no podrá ser por obligaciones que demoren más de 4 años en cumplirse, pues de ocurrir así, cuando se demandare la resolución, el pacto ya se encontraría prescrito. Un último tema a dilucidar es saber si prescrita la acción del pacto comisorio, ¿podría demandarse la resolución fundada en el Art. 1489 CC? Vio Vásquez afirma que, transcurridos los 4 años, la acción resolutoria se extingue irremediablemente, sin que pueda aducirse que todavía le queda al vendedor, por ejercitar, la que nace de todo contrato bilateral, esto es, la de la condición resolutoria tácita. Si se estipuló pacto comisorio, es porque las partes quisieron someterse a esas reglas y no a las de la condición resolutoria tácita, por lo que su renuncia a la acción que concede esta condición se presume tácitamente. En este caso el vendedor solo podría solicitar el pago del precio, pues el Art. 1880 CC no se refiere a la acción de cumplimiento. La Corte Suprema admitió la tesis contraria. 6. La Acción Resolutoria: Abeliuk la define como “la que emana de la condición resolutoria en los casos que ella requiere sentencia judicial, y en cuya virtud el contratante diligente solicita que se deje sin efecto el contrato por no haber cumplido la contraparte alguna de las obligaciones emanadas de él”. Pues bien, ello se produce en las siguientes situaciones: 1) En la condición resolutoria tácita. 2) En el pacto comisorio simple. 3) En el pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio. 6.1. Características de la Acción Resolutoria: 1) Es personal: Porque la acción deriva del contrato y estos generan derechos personales. Por ser personal, solo se puede entablar en contra de quien celebró el contrato, no en contra de terceros. En el caso en que los deudores incumplidores se hubieren obligado solidariamente, la acción puede intentarse en contra de cualquiera de ellos. 2) Es patrimonial: Su objetivo es dejar sin efecto un contrato patrimonial. Esto tiene consecuencias: a. Es renunciable (Art. 1487 y 12 CC): Se puede renunciar en el mismo contrato, o posteriormente antes del incumplimiento. Puede la renuncia ser expresa o tácita. El solo hecho de demandar el cumplimiento no supone la renuncia a la acción resolutoria. b. Es transferible y transmisible: En cuanto a la transferibilidad, algunos autores consideran que, si se cede un crédito, esta cesión no importa la transferencia de la acción resolutoria. Esta opinión se funda en que la resolución sería una excepción personal, que no queda comprendida en la cesión, según el Art. 1906 CC. Una opinión distinta encontramos en Alessandri.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Es prescriptible: Su plazo de prescripción será normalmente de 5 años, que se cuentan desde que la obligación se hace exigible. Sin embargo, en la condición resolutoria que emana del pacto comisorio establecido en un contrato de compraventa por no pago del precio, rige la regla especial del Art. 1880 CC. Este último plazo especial tiene la particularidad de que no se suspende. 3) Es mueble o inmueble, según el objeto de que se trate. 4) Es indivisible: Esta indivisibilidad es subjetiva y objetiva: a. Subjetiva: Porque si son varios los acreedores, deben ejercitar la acción conjuntamente y si hay pluralidad de deudores, debe demandarse a todos ellos. Esto se fundaría en que la obligación sería alternativa en conformidad al Art. 1526 N°6 CC. Victorio Pescio está en contra de esta posición doctrinaria, señalando que no hay detrás de la acción restitutoria una obligación alternativa, ya que la única obligación que nace es la de pagar el precio para el comprador, y puesto que este consiste en una suma de dinero, el objeto es divisible. b. Objetiva: Porque no se puede demandar en parte el cumplimiento y en parte la resolución. Ello porque el Art. 1489 CC da una alternativa de demandar cumplimiento o resolución. 6.2. Relación de la Resolución y otras formas de ineficacia de las obligaciones: 1) Resolución y Nulidad de un Contrato: Son muy diferentes la acción de nulidad y la acción de resolución. Hay nulidad cuando existe un vicio originario en el contrato. En cambio, la resolución deriva del hecho de que en un contrato bilateral una parte no cumple lo pactado. En cuanto a los efectos que produce la nulidad y la resolución son también diversos. La nulidad da acción reivindicatoria contra terceros. En cambio, la acción resolutoria solo da acción contra los terceros de mala fe. Solo cabe la resolución respecto de un contrato valido, pues la acción de resolución deriva del incumplimiento del contrato. 2) Resolución y Resciliación: La resolución procede cuando en un contrato bilateral una de las partes no cumple sus obligaciones. La resciliación, en cambio, es un modo de extinguir las obligaciones que se produce cuando las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, acuerdan dejar sin efecto el contrato de donde emana la obligación. 6.3. Efectos de la Resolución: 1) Efectos entre las partes: Los efectos entre las partes son los propios de toda condición resolutoria, es decir, volver a las partes al estado anterior a la celebración el contrato, como si nunca hubieren contratado. En virtud del efecto retroactivo, cumplida la condición, el deudor condicional debe restituir lo que había adquirido bajo esa condición. Hay que recordar que el deudor condicional, por regla general, no restituye los frutos percibidos en el tiempo intermedio (Art. 1488 CC); que entrega la cosa en el estado en que se encuentre, con sus aumentos y mejoras, y sufriendo el acreedor los deterioros fortuitos que haya experimentado la especie, no así los culpables, de los que responde el deudor (Art. 1486 CC); que los actos de 300

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe administración realizados por el deudor quedan firmes sin perjuicio de que, producida la resolución, esta opere como modo de extinguir esos contratos. Conviene precisar que, si el deudor había cumplido en parte sus obligaciones, debe restituírsele lo que él hubiere pagado, pues en caso contrario habría enriquecimiento sin causa (Art. 1875 CC). 2) Efectos respecto de terceros: Para conciliar los intereses del acreedor con los de los terceros, el código ha dado reglas especiales en los Arts. 1490 y 1491 CC, en cuya virtud la resolución no afecta a los terceros de buena fe. El Art. 1490 CC rige para los bienes muebles y el Art. 1491 CC para los inmuebles. a. Art. 1490 CC: “Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe”. Es importante señalar que puede tratarse de cosas corporales o incorporales. Respecto a esta norma hay que referirse a dos cuestiones: i. Imprecisiones del articulo: 1. Dice “si el que debe una cosa mueble”: Debemos entender que lo que se quiere expresar es “si se posee una cosa mueble”, pues pendiente la condición no se puede decir que se deba la cosa. 2. La disposición se pone en tres supuestos: a. Que se tenga una cosa debida a plazo: Nada tiene que ver con la resolución, pues quien debe una cosa a plazo no es propietaria sino usufructuaria de la misma (Art. 1087, inc. 1 CC) y, por consiguiente, solo le está permitido ceder y gravar su derecho de usufructo. Si enajena la cosa se aplican las normas generales sobre enajenación o gravamen de cosa ajena, es decir, tales enajenaciones serían inoponibles al verdadero dueño. b. Que se tenga una cosa debida bajo condición suspensiva: Es también imposible porque nadie puede poseer una cosa sujeta a condición suspensiva. Si tiene la cosa y su posesión es condicional, será deudor condicional resolutorio, no suspensivo. c. Que se tenga una cosa debida bajo condición resolutoria. ii. Requisitos para que la condición resolutoria afecte al tercero adquirente: 1. Que el deudor condicional la haya enajenado o gravado, y 2. Que el tercero este de mala fe: Es decir, que al momento de contratar con el deudor condicional supiera que el derecho de este estaba sujeto a extinguirse de cumplirse la condición. De acuerdo a las reglas generales (Art. 707 CC), la buena fe se presume, por lo que será el acreedor condicional quien deberá probar la mala fe del tercero. b. Art. 1491 CC: “Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena, o lo grava con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino 301

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública”. Esta norma también comprende tanto las cosas corporales como las incorporales. No se comprende a los inmuebles por adherencia porque ellos son considerados muebles por anticipación para los efectos de su enajenación (Art. 571 CC). i. Requisitos para que los terceros se vean afectados por la condición: Según el Art. 1491 CC un solo requisito es necesario: que la condición conste en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública. Esta norma crea algunos problemas: 1. ¿Qué se entiende porque el título conste?: Es indudable que en el caso de la condición resolutoria ordinaria o del pacto comisorio, ellos constan en el título. El problema ocurre con la condición resolutoria tácita. Se ha entendido casi invariablemente por la doctrina que cuando se exige que la condición “conste” en el título, no quiere significar que debe estar expresada, de modo que debe entenderse que consta también la condición si del título aparece que existe una obligación incumplida, pues con ello quien va a contratar sabe que si tal obligación no se cumple operará la condición resolutoria tácita. Una opinión distinta tenía Ruperto Bahamonde, para quien solo constaría la condición resolutoria expresa. 2. ¿Cuál es el título respectivo?: Título respectivo es aquel en cuya virtud adquirió la cosa la persona que ahora pretende enajenar. Hay que notar que la ley no dice que para que opere la resolución la condición tiene que encontrarse inscrita. Lo que se inscribe es el título no la condición. La ley habla de que debe encontrarse en escritura pública porque no todos los títulos se inscriben. En el caso de actos que deben inscribirse para que opere el Art. 1491 CC, tiene que encontrarse el título inscrito. No basta la simple escritura pública. 3. ¿El hecho de que la condición conste en el título, transforma al tercero en poseedor de mala fe?: Aunque la condición conste en el título inscrito u otorgado por escritura pública, ese hecho no lo transforma en poseedor de mala fe, y tendrá esa calidad si tiene la conciencia de haber adquirido la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio, tal como señala el Art. 706, inc. 1 CC. ii. Gravámenes que caducan: El Art. 1491 CC plantea todavía otro problema, pues al hacer referencia únicamente a tres gravámenes (hipoteca, censo o servidumbre), se plantea la duda de lo que ocurre si el gravamen es otro, como un usufructo. Arturo Alessandri dice que el Art. 1491 CC no es taxativo, sino ejemplificativo, por lo que en el caso de los otros gravámenes también regiría este artículo. Jorge Von Mares cree que la norma es taxativa, argumentando que por ser excepcional debe interpretarse en forma restrictiva. Además, sostiene que en los derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbres y prendas, el Código señala que se 302

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe extinguen por la resolución del derecho de su autor, sin distinguir si los terceros adquirentes de estos derechos estaban de buena o mala fe. iii. No se aplica el Art. 1491 CC a los arrendamientos celebrados por el deudor condicional: Esto por tres razones: 1. Porque no constituyen actos de enajenación o gravamen. 2. El deudor condicional tiene facultades para dar en arrendamiento las cosas debidas bajo condición. 3. Porque el Código ha reglamentado expresamente esta situación al establecer que el arrendamiento termina en este caso por el Art. 1950 N°3 CC, obligándose el arrendador (deudor condicional) a pagar al arrendatario una indemnización por la extinción del arriendo. Cumpliéndose los requisitos de los Arts. 1490 y 1491 CC los acreedores condicionales tienen acción reivindicatoria contra los terceros poseedores. Como toda acción reivindicatoria, por ser real se va a dirigir en contra del actual poseedor de la cosa. Las prestaciones mutuas que se generen en este caso se rigen por las reglas de los Arts. 904 y ss. CC. Los Arts. 1490 y 1491 CC se aplican tanto a las enajenaciones voluntarias como a las forzadas. Finalmente, el acreedor condicional, al momento de demandar puede intentar en la misma demanda la acción resolutoria en contra del contratante incumplidor y la acción reivindicatoria en contra del tercero poseedor por emanar ambas acciones de un mismo hecho. 6.3.1. Ámbito de Aplicación de los Arts. 1490 y 1491 CC: Se aplican: 1) A la resolución del contrato de compraventa, cuando el deudor no ha cumplido con la obligación de pagar el precio o cualesquiera otra que se le impongan por la ley o por voluntad de las partes. 2) A la resolución de un contrato de permuta (Art. 1900 CC). 3) Al pacto de retroventa (Art. 1882 CC). No se aplican estos artículos al que sujeta su dominio al evento de una condición. 6.3.2. Efectos de la cláusula de encontrarse pagado el precio (Art. 1876, inc. 2 CC): “Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la de nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores”. Una sentencia estableció que se aplica no solo cuando la cuestión controvertida es entre los terceros, sino también cuando lo es entre las partes. Sin embargo, en opinión del autor esta dado exclusivamente en beneficio de los terceros adquirentes por los siguientes antecedentes: 1) El inc. 2 debe interpretarse en armonía con el inc. 1 que está tratando la situación de los terceros poseedores. 2) Porque si en la escritura se dice que el precio se pagó, sin que ello sea cierto, existe simulación, y en este caso no hay ninguna razón para impedir al vendedor que pruebe la simulación. 3) Porque en conformidad con el Art. 1700 CC, lo declarado por las partes en una escritura pública solo constituye presunción de verdad, que admite prueba en contrario. 303

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe B. Sección Segunda: “OBLIGACIONES A PLAZO” 1. Conceptos Generales: Toda obligación puede estar sujeta a plazo. Podrían señalarse como excepciones, entre otras, el Art. 1192 CC, que prohíbe las modalidades respecto de la legitima rigorosa. El Art. 1494 CC dice que: “El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo”. Sin embargo, esta definición omite el plazo extintivo, porque lo que puede definirse como “un acontecimiento futuro y cierto que suspende la exigibilidad o la extinción de un derecho y que produce sus efectos sin retroactividad”. 2. Elementos del Plazo: Es un hecho futuro y cierto. De manera que cuando una obligación está sujeta a plazo el hecho necesariamente va a ocurrir, por lo que no existen plazos fallidos, como ocurre con la condición. Y por la misma razón, el plazo suspende la exigibilidad, no el nacimiento del derecho. El Art. 1081 CC define lo que entiende por día cierto, determinado, incierto e indeterminado: 1) El día es cierto y determinado: Si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo, como el día tantos de tal mes y año, o tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. 2) Es cierto, pero indeterminado: Si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona. 3) Es incierto, pero determinado: Si puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegar, se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla veinticinco años. Esta es una condición y se ajusta a sus reglas, a menos que se trate de una asignación “hasta” (Art. 1086 CC). 4) Es incierto e indeterminado: Si no se sabe si ha de llegar, ni cuándo, como el día en que una persona se case. Este es una verdadera condición y se ajusta a sus reglas (Art. 1083 CC). 3. Clasificación de los Plazos: 1) Determinado e Indeterminado: a. Plazo Determinado: “Aquel en que se sabe cuándo va a ocurrir el hecho que lo constituye”, como una fecha del calendario. b. Plazo Indeterminado: “Aquel en que se sabe que el hecho va a ocurrir, pero no se sabe cuándo”, como el día de la muerte de una persona. 2) Fatal y No Fatal: a. Plazo Fatal: “Aquel que por su solo cumplimiento se extingue irrevocablemente un derecho”. b. Plazo No Fatal: “Aquel que, no obstante estar vencido el plazo, puede ejercerse todavía válida y eficazmente el derecho, hasta mientras no se acuse la rebeldía correspondiente”. El Art. 49 CC señala que: “Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día del plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la medianoche en que termine el último día de dicho espacio de tiempo”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Sobe el particular, el Art. 64 CPC señala que los plazos que expresa ese código son fatales, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. No es lo mismo “plazo fatal” que “plazo no prorrogable”, pues hay plazos que son fatales, pero que el juez puede prorrogar. 3) Expreso o Tácito (Art. 1494 CC): a. Plazo Expreso: “Aquel que estipulan las partes”. b. Plazo Tácito: “El indispensable para cumplirlo”. Tiene importancia esta clasificación para los efectos de constituir al deudor en mora, pues el Art. 1551 CC señala que: “El deudor está en mora, 2º. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla”. 4) Convencional, Legal y Judicial: La regla general es que los plazos sean convencionales. Los legales son excepcionales en materia civil (ejemplo: plazo de prescripción, plazo de 24 horas del pacto comisorio, etc.), pero abundan en derecho procesal. Los plazos judiciales son excepcionales, pues según el Art. 1494, inc. 2 CC “No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación: sólo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes”. 5) Continuo y Discontinuo: a. Plazo Continuo o Corrido: “Aquel que no se suspende durante los días feriados”. b. Plazo Discontinuo o de Días Hábiles: “Aquel que se suspende durante los feriados”. Según el Art. 50 CC la regla es que los plazos sean continuos o corridos. La excepción más importante la encontramos en el Art. 66 CPC, según el cual los plazos de días que establece dicho código se entenderán suspendidos durante los feriados, salvo que el tribunal por motivos fundados haya dispuesto expresamente lo contrario. 6) Suspensivo y Extintivo: a. Plazo Suspensivo, Primordial o Inicial: “Aquel que marca el momento desde el cual empezara el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación”. Se caracteriza por la expresión “desde”. b. Plazo Extintivo, Resolutorio o Final: “Aquel que por su cumplimiento extingue un derecho y la correlativa obligación”. 4. El Plazo de Gracia (Art. 1656, inc. final CC): “Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor”. Lo que este articulo llama “plazo de gracia”, no es más que una espera o prorroga, que otorga el acreedor. No es el plazo que otorga el juez al deudor para que pueda cumplir la obligación más allá del plazo convencional, como ocurre en el derecho comparado. 5. Efectos del Plazo:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Plazo Suspensivo: a. Pendiente: Pendiente el plazo, el derecho ha nacido, pero no es exigible. Por ello: i. El acreedor no puede demandar el cumplimiento de la obligación, por no ser actualmente exigible: De ello es que no corre prescripción en contra del acreedor (Art. 2514, inc. 2 CC); y no opera la compensación legal (Art. 1656 N°3 CC). ii. Si el deudor paga antes, paga lo debido y, por lo mismo, no puede pedir restitución (Art. 1495 CC): “Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones”. Esto se debe a que el plazo está establecido en favor del deudor y este puede renunciar al mismo. En cuanto al inciso segundo, la regla está mal redactada porque no hay plazos que tengan el valor de condiciones. Lo que la disposición quiere decir es que no se aplica al caso del Art. 1085 CC, esto es, de las asignaciones desde día cierto pero indeterminado, que se consideran condicionales, siendo la condición que el asignatario esté vivo el día en que se cumple el plazo. iii. El acreedor a plazo puede impetrar medidas conservativas. iv. El derecho y la obligación a plazo se transmiten (Art. 1084 CC). b. Vencido: Vencido el plazo, la obligación del deudor pasa a ser actualmente exigible, por lo que empieza a partir de ese momento a correr la prescripción; y la obligación puede extinguirse por compensación legal. Además, si el plazo es convencional, su solo cumplimiento constituye en mora al deudor (Art. 1551 N°1 CC). 2) Plazo Extintivo: a. Pendiente: El acto o contrato produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple. b. Vencido: Se extingue el derecho, por el solo ministerio de la ley, pero sin efecto retroactivo. En los contratos de tracto sucesivo, cumplido el plazo se extingue el contrato. 6. Extinción el Plazo: 1) Por su cumplimiento. 2) Por la renuncia del plazo: Puede renunciar el plazo únicamente aquel en cuyo beneficio está establecido, a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo propuso manifiestamente evitar. En el caso del mutuo, el Art. 2204 CC señala que, si el mutuo es con interés, el mutuario no puede pagar antes, es decir, no puede renunciar al plazo, porque no está establecido en su exclusivo beneficio, sino en beneficio de ambas partes. Esta norma tiene una excepción en el Art. 10 Ley N°18.010 que señala que, si se trata de una operación de crédito en dinero, la facultad de prepagar es irrenunciable, siempre que pague los intereses hasta la fecha del vencimiento pactado. 3) Por caducidad del plazo (Art. 1496 CC): “El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es: 306

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación, o se encuentre en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización: b. Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor: Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones. Los requisitos son: i. Que haya un crédito caucionado. ii. Que las cauciones se hayan extinguido o disminuido considerablemente de valor. iii. Que ello se deba a un hecho o culpa del deudor: Si la disminución se debe a un caso fortuito no caduca el plazo, salvo en el caso de la hipoteca, pues el Art. 2427 CC no exige este requisito. 6.1. Caducidad Convencional o Clausula de Aceleración22: Se produce cuando las partes en forma expresa acuerdan que el acreedor pueda exigir el cumplimiento inmediato y total de la obligación, si el deudor incumple. En ese sentido, la podemos definir como “aquella contenida en cualquier contrato o título de crédito que contenga una obligación a pagar en cuotas, consistente en que la ocurrencia de ciertas circunstancias previstas permitirá al acreedor demandar el saldo de la deuda anticipadamente”. Lo primero que hay indicar es que, en una obligación dividida en diferentes cuotas con sucesivos vencimientos, cada cuota vence, es decir, se hace exigible su cobro, independientemente y, por lo tanto, cada cuota tiene una fecha propia de inicio de la prescripción para su cobro (Art. 2514 CC). Esta cláusula ha creado numerosos problemas relativos al momento en que debe empezar a correr el plazo de prescripción, cuando se ha estipulado dicha cláusula. La jurisprudencia ha dicho hay que distinguir: 1) Si se ha convenido que la cláusula es imperativa u opera ipso facto: La prescripción debe comenzar a correr desde que se produjo el incumplimiento, porque a ese momento se hizo exigible la totalidad de lo adeudado. La obligación se transformó en una obligación pura y simple. Sin embargo, hay fallos que han sostenido que la cláusula de aceleración está establecida en beneficio el acreedor, y, por consiguiente, aunque se trate de una clausula ipso facto, es necesario para que la deuda se haga exigible que exista una manifestación expresa del acreedor y, por consiguiente, mientras aquello no ocurra cada cuota será exigible desde la respectiva fecha de vencimiento. 2) Si se ha convenido que la cláusula es facultativa: Es facultativa aquella que reconoce solo como una facultad del acreedor exigir el pago de la totalidad del saldo de la deuda en caso de que el deudor incurra en mora en el pago de algunas de las cuotas a su respectivo vencimiento. En este caso el inicio de la prescripción para el cobro de la totalidad del saldo de la deuda hay que fijarlo en el momento en que el acreedor ejerce la facultad que la cláusula le ha reconocido. La pregunta que cabe es ¿cuándo debe entenderse que el acreedor ejerce la facultad?: a. Cuando el presenta, para distribución, la demanda en la Corte de Apelaciones: Esta fue la tesis seguida por la Corte Suprema en 1991. 22

Complementado con el texto “La Cláusula de Aceleración” de José Miguel Lecaros.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Cuando se notifica la demanda: Pues recién ahí se evidencia el propósito de hacerla efectiva, porque mientras no la haya notificado puede el actor retirarla. c. Cuando se ingresa la demanda al tribunal, pero condicionando a que ella sea notificada: Esta es la opinión de José Miguel Lecaros porque: i. La exigibilidad del saldo de la deuda supone ejercer la cláusula, lo que se manifiesta al ingresar la demanda: El actor puede retirarla y se mira como no presentada. Pero si la hace notificar debe entenderse que la exigibilidad se produjo al momento de ingresarla. ii. Entender que la exigibilidad del saldo de la obligación se produce en la fecha de la notificación, porque es la notificación la que revela la intención de hacer efectiva la cláusula, no se ajusta a la realidad: El demandado puede notificarse de una demanda presentada sin que el actor haya querido notificarla. iii. Entender que el inicio de la prescripción del saldo de la deuda se produce en el momento de notificación de la demanda es un criterio que rompe toda lógica: En efecto, la notificación de la demanda no es solo un requisito para interrumpir civilmente la prescripción, sino que además determina la fecha de la interrupción civil de la prescripción. Sería extraño que ella también represente el inicio de la prescripción. iv. Puede suceder que el demandado deduzca un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento habiendo transcurrido con creces los plazos de prescripción desde la fecha de notificación de la demanda: Si se acoge el incidente y se declara la nulidad de todo lo obrado se produce la notificación de la demanda en el acto en que resuelve la incidencia de nulidad. Eso llevaría al absurdo que el inicio de la prescripción se contaría en una fecha en que pudiere haber transcurrido incluso la prescripción de la última cuota. Ahora bien, es importante señalar que sea como fuere que esté redactada la cláusula, si ha transcurrido el plazo de prescripción respecto de cada cuota vencida y no pagada, deben entenderse prescritas, aunque el acreedor no haya decidido invocar la cláusula de aceleración (imperativa) o ejercer la facultad de demandar el saldo en virtud de la misma (facultativa). Lo anterior se traduce en que el ejercicio tardío por parte del acreedor de su facultad de acelerar el pagaré, lo obliga a aceptar la extinción por prescripción de todas aquellas cuotas impagas cuya exigibilidad presente más de un año contado hacia atrás desde la fecha de la notificación de la demanda. 6.2. La Cláusula de Aceleración frente al Abandono del Procedimiento: El Código Civil es claro en orden a que cuando se ha interrumpido civilmente la prescripción por la notificación de la demanda, y con posterioridad se declara el abandono del procedimiento, no podrá alegarse la interrupción de la prescripción por esa notificación. De esto se infiere que, abandonado el procedimiento, el acreedor puede volver a demandar al deudor incluso por cuotas que ya había demandado en el procedimiento anterior, sin que pueda el demandado, en este segundo juicio, alegar prescripción de las cuotas no vencidas invocando la exigibilidad anticipada generada por el uso de la cláusula de aceleración en el primer juicio. Ello, por cuanto dicha exigibilidad anticipada finalmente no produjo consecuencias desde el momento en que precisamente la controversia no se resolvió.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Lo anterior, eso sí, sin perjuicio que en este nuevo juicio las cuotas que hayan prescrito por haber transcurrido el plazo de prescripción desde sus respectivos vencimientos no podrán quedar incluidas en la nueva demanda. 6.3. La Cláusula de Aceleración en el Procedimiento Hipotecario de la Ley de Bancos: El Art. 103 Ley de Bancos establece que el juez decretará el remate solicitado “cuando los deudores no hubieren satisfecho las cuotas o dividendos en el plazo estipulado y requeridos judicialmente no los pagaren en el término de 10 días”. Frente a ello se han dado las siguientes teorías: 1) Si el deudor se atrasó en el pago de uno o más dividendos, el acreedor puede ejercer la facultad de exigir anticipadamente la totalidad de la deuda: Según esta posición, la exigibilidad se producirá por el hecho de demandar ese saldo. Si el deudor no paga en 10 días, continua el proceso. 2) Si el deudor se atrasó en el pago de uno o más dividendos, el acreedor solo puede requerirlo para que en el plazo de 10 días pague los dividendos o cuotas vencidas, o sea, solo aquellos no pagados en el plazo estipulado. Solo si en el plazo de 10 días no paga esos dividendos, puede seguir adelante la ejecución considerándose todo el saldo de la deuda. 3) El acreedor puede elegir: Si utiliza el procedimiento de la ley de bancos solo puede requerir y demandar por los dividendos vencidos. Para que el acreedor pudiera demandar anticipadamente la totalidad del saldo de la deuda, tendría que optar por entablar una demanda ejecutiva de acuerdo al procedimiento ejecutivo común. 6.4. Forma de liquidar las operaciones de crédito de dinero que tengan vencimiento en dos o más cuotas y contengan cláusula de aceleración: El Art. 30 Ley N°18.010 señala que: “Deberán liquidarse al momento del pago voluntario o forzado o de su reprogramación con o sin efecto novatorio, conforme a las siguientes reglas: 1) Obligaciones no reajustables: Considerarán el capital inicial o el remanente al cual se añadirán los intereses corrientes o convencionales según sea el caso y las costas hasta el instante del pago o de la reprogramación. 2) Obligaciones reajustables: Considerarán el capital al momento de contraer la obligación y éste o su remanente se pagará debidamente actualizado según la reajustabilidad pactada en su equivalente en moneda corriente al instante del pago o reprogramación, más los intereses y costas a que se refiere el número anterior. Agrega esta disposición que “En caso de prepago, éste se ajustará a lo previsto en el artículo 10”. Además, termina indicando que: “Los derechos que en este artículo se establecen en favor del deudor, son irrenunciables”. CAPÍTULO IV: EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES I.

GENERALIDADES.

1. Explicaciones Previas: Tradicionalmente se ha enseñado que los efectos de las obligaciones son “los derechos que la ley confiere al acreedor, para exigir del deudor el cumplimiento exacto, integro y oportuno de la obligación, cuando este no la cumpla en todo o en parte o está en mora de cumplirla”. Pero, desde hace algunos años se viene diciendo que lo anterior es inexacto porque constituye solo una parte de los efectos de las obligaciones, los que se producen cuando el deudor incumple, pero no cubre la situación normal que se da cuando el deudor cumple lo convenido.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Como dice Hernán Troncoso, la doctrina moderna entiende que el efecto de la obligación es “el deber de prestación que compete al deudor”. A este deber de prestación corresponde el derecho del acreedor a la prestación. Según eso, el primer efecto de una obligación será el pago voluntario, pero si no hay pago voluntario la ley confiere ciertos derechos al acreedor para obtener el cumplimiento forzado de la obligación. 2. Efectos del Contrato y Efectos de la Obligación: El Código Civil regula esta materia en el Titulo XII del Libro Cuarto, tratando a la vez los efectos de los contratos y los efectos de las obligaciones, que son cosas diferentes. En ese sentido, hay que tener claro que los efectos del contrato son los derechos y las obligaciones que genera. El contrato es una fuente de las obligaciones. En cambio, el efecto de la obligación, mirado desde el punto de vista del deudor, viene a ser la necesidad jurídica en que este se encuentra de tener que dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor. Y mirado, desde el punto de vista de este último, son los medios que la ley le otorga para obtener del deudor el pago íntegro y oportuno de la prestación debida. 3. Efecto de las Obligaciones frente al Incumplimiento del Deudor: La ley le otorga al acreedor tres derechos: 1) El derecho principal, a la ejecución forzosa de la obligación. 2) Un derecho subsidiario, para obtener el pago de una indemnización de perjuicios, que es una forma de cumplir por equivalencia, y 3) Derechos auxiliares, destinados a mantener la integridad patrimonial del deudor. Conviene tener presente que el incumplimiento de las obligaciones naturales no produce estos efectos, por cuanto su característica es justamente que no otorgan acción para exigir su cumplimiento (Art. 1470 CC). II.

CUMPLIMIENTO FORZADO DE LA OBLIGACIÓN.

1. Derecho Principal: Cumplimiento Forzado de la Obligación: De acuerdo al Art. 2465 CC “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618”. Es lo que la doctrina denomina impropiamente “derecho de prenda general del acreedor”. 2. Cumplimiento Forzado en los Distintos Tipos de Obligación: Lo que se va a exigir forzadamente no es de una misma naturaleza, pues va a depender del tipo de obligación, debiendo distinguirse entre: 1) Obligaciones de Dinero: El acreedor se dirigirá directamente sobre el dinero para hacerse pago con él, o bien sobre los bienes del deudor, para realizarlos y pagarse con el producto de la venta. 2) Obligaciones de Dar una Especie o Cuerpo Cierto que está en poder del deudor: La ejecución forzada se dirigirá a obtener la entrega de esa especie, o al pago de la indemnización si ello no es posible. 3) Obligaciones de Hacer: En conformidad al Art. 1553 CC, si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, el acreedor podrá pedir, junto con la indemnización de perjuicios por la mora, cualquiera de estas tres cosas a elección suya: a. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, y c. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. El apremio se hace en conformidad a lo establecido en el Art. 543 CPC, que establece que “podrá el tribunal imponer arresto hasta por 15 días o multa proporcional y repetir estas medidas para obtener el cumplimiento de la obligación”. 4) Obligaciones de No Hacer: La ejecución tendrá por objeto deshacer lo hecho, si ello es posible y necesario para los fines que se tuvo en vista al contratar o, en caso contrario, que se transforme en obligación de dinero para cobrar la indemnización. 3. Requisitos de la Ejecución Forzada: 1) Obligaciones de Dar y Entregar: Sus requisitos son los siguientes: a. Que la obligación conste en un título ejecutivo. b. Que la obligación sea actualmente exigible: No lo es si está sujeta a un plazo o condición suspensiva. Tampoco en el caso que la obligación emane de un contrato bilateral, y el acreedor no ha cumplido con su propia obligación o no se ha allanado a cumplirla en la forma y tiempo debido (Art. 1552 CC). c. Que la obligación sea liquida o que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas, solo con los datos que el mismo título ejecutivo suministre (Art. 438, inc. 2 CPC). d. Que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita: Por regla general, prescribe en el plazo de 3 años contados desde que la obligación se hace actualmente exigible (Arts. 2514, inc. 2 y 2515 CC). Con más propiedad, se dice que la acción ejecutiva caduca, más que prescribe, pues el juez no debe dar lugar a ejecución si el titulo tiene más de 3 años desde que la obligación se hizo exigible, de oficio (Art. 442 CPC). Si no se reúnen estos requisitos, se deberá demandar en juicio declarativo y obtener una sentencia que una vez firme servirá de título ejecutivo (Art. 434 N°1 CPC). 2) Obligaciones de Hacer: Para que proceda es necesario: a. Que la obligación conste en un título ejecutivo. b. Que la obligación esté determinada. c. Que la obligación sea actualmente exigible. d. Que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita. Será distinto el procedimiento ejecutivo según: a. Si el hecho debido consiste en la suscripción de un instrumento o en la constitución de una obligación por parte del deudor: Caso en que podrá proceder el juez que conozca del litigio, si requerido el deudor, no lo hace dentro del plazo que le señale el tribunal (Art. 532 CPC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Si la obligación consiste en la ejecución de una obra material: En este caso el mandamiento contendrá la orden de requerir al deudor para que cumpla la obligación; y se le dará un plazo prudente para que dé principio al trabajo (Art. 533 CC). Si el acreedor demanda indemnización de perjuicios tendrá que hacerlo en juicio declarativo, pues el valor de lo demandado no puede constar en el título. 3) Obligaciones de No Hacer: Se siguen las reglas del procedimiento ejecutivo de obligaciones de hacer con una diferencia: si el deudor sostiene en juicio que el objeto de la obligación de no hacer puede obtener cumplidamente por otros medios, se trabará una discusión que se tramitará incidentalmente. 4. Cuadro resumen de casos en que es posible la ejecución forzada de la obligación: Sergio Gatica resume los casos en que es posible la ejecución forzada: 1) En las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto que se encuentre en poder del deudor (Art. 438 N°1 CPC). 2) En las obligaciones de dar un género porque como el género no perece, siempre el deudor puede encontrar una cosa con qué pagar (Art. 438 N°3 CPC). 3) En las obligaciones de hacer que puedan ser ejecutadas por terceros a expensas del deudor (Art. 1553 CC y 530 CPC). 4) En las obligaciones de no hacer, si puede destruirse lo hecho y siempre que sea necesaria dicha destrucción para el objeto que se tuvo a la vista al contratar (Art. 1555 CC y 544 CPC). En las obligaciones de dar el acreedor debe exigir el cumplimiento por naturaleza de la obligación; solo en forma subsidiaria puede demandar la indemnización de perjuicios. En las obligaciones de hacer y de no hacer puede demandar directamente el pago de la indemnización de perjuicios (Arts. 1553 y 1555 CC). III.

CUMPLIMIENTO POR EQUIVALENCIA: INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.

1. Cumplimiento Subsidiario por Equivalencia: Indemnización de Perjuicios: Consiste en “el derecho que la ley otorga al acreedor para obtener del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente al beneficio pecuniario que le habría reportado el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación”. La indemnización de perjuicios cumple una doble función: 1) Es una sanción para el deudor que incumple con dolo o culpa. 2) En un medio dado al acreedor para que pueda obtener el cumplimiento de la obligación por equivalencia. Cabe indicar que la indemnización de perjuicios no es la única forma de resarcir al acreedor en caso de incumplimiento. También sirven esa función la resolución del contrato y la nulidad. 2. La Indemnización de Perjuicios como Derecho Subsidiario23: Hay que distinguir:

Complementado con el texto “La Indemnización Compensatoria por Incumplimiento de los Contratos Bilaterales como Remedio Autónomo en el Derecho Civil Chileno” de Patricia López. 23

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Si la obligación es de dar o entregar: La indemnización de perjuicios es subsidiaria porque, en principio, el deudor debe cumplir en la forma convenida, no pudiendo por la misma razón el acreedor solicitar la indemnización de perjuicios sino subsidiariamente, demandando como petición principal el cumplimiento de la prestación estipulada. 2) Si la obligación es de hacer o no hacer: Los Arts. 1553 y 1555 CC permiten al acreedor demandar directamente el pago de la indemnización de perjuicios, en caso de incumplimiento, por lo cual no sería subsidiaria. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se ha discutido en doctrina si es posible o no alegar la indemnización de perjuicios de manera independiente en las obligaciones de dar o entregar. Hay dos posiciones: 1) No es posible demandar directamente la indemnización de los perjuicios en las obligaciones de dar: Arturo Alessandri es de la opinión que el acreedor debe exigir el cumplimiento forzado de la obligación y solo cuando este no fuere posible puede reclamar la indemnización de perjuicios compensatoria. Se funda esta posición en: a. La interpretación gramatical del Art. 1489 CC: Esto porque la disposición habla de “con indemnización de perjuicios”, resultando evidente que la preposición “con” significa “conjuntamente” o “junto a”, de modo que, siguiendo esta interpretación, la indemnización de perjuicios solo procedería en la medida que el acreedor demandara conjuntamente el cumplimiento forzado o resolución del contrato. Contra esta posición se contesta que esto no resulta tan claro, atendido a lo dispuesto en el Art. 1553 y 1555 CC, dado que este precepto restringiría el derecho que el legislador reconoce al acreedor para optar entre un remedio u otro frente al incumplimiento del deudor. b. La ubicación del Art. 1489 en el Código Civil: Se sostiene que la incorrecta ubicación de este articulo entre las obligaciones condicionales incide en la interpretación de la expresión “con indemnización de perjuicios” y, atendido que ella impide concebir a la indemnización de perjuicios como remedio autónomo por incumplimiento, la única posible interpretación es que la indemnización sea complementaria. c. La opción restringida del acreedor respecto de los remedios por incumplimiento contractual en el Código Civil chileno: El Código Civil faculta al acreedor para optar por ciertos remedios frente al incumplimiento del deudor, sin que pueda escoger otro remedio diverso al contemplado expresamente por el legislador para satisfacer su interés contractual. d. El fundamento de la indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual: El sustento de la indemnización de perjuicios sería precisamente la resolución o el cumplimiento forzado del contrato, dependiendo del caso, lo que determinaría una indisolubilidad entre aquella y estos, circunstancia que explicaría que solo pueda demandarse indemnización de perjuicios en la medida que se solicite conjuntamente la resolución o el cumplimiento forzado del contrato. e. En que los Arts. 1553, 1555 y 1537 CC son normas de excepción, pues en caso contrario no se justificaría que el Código las hubiere establecido.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe f.

En caso de aceptarse la tesis contraria, la obligación se transformaría en alternativa cuya elección correspondería al acreedor, situación que por ser excepcional tendría que consignarla expresamente la ley.

2) Al igual que en las obligaciones hacer y no hacer, en las obligaciones de dar también se puede demandar directamente la indemnización de perjuicios: Quienes sostienen esta postura señalan que, en las obligaciones de dar, lo mismo que en las de hacer, producido el incumplimiento, el acreedor tendría derecho a demandar a su elección, o el cumplimiento de la obligación o la indemnización de perjuicios. Se argumenta en base a: a. Que si bien los Arts. 1553 y 1555 CC, establecen esa opción únicamente para las obligaciones de hacer y no hacer, contienen un principio que es general y que, por lo mismo, se debe extender a las obligaciones de dar: En ese sentido, sostienen que el Art. 1489 CC tiene un vacío legal que debe llenarse integrando lo señalado en estas normas, las cuales además primarían por un principio de especialidad por sobre ella. Además, sostienen la existencia de una serie de normativas que acogerían este principio: las normas frente a deterioros no importantes (Art. 1590 CC), la cláusula penal (Art. 1537 CC), normas de la Convención de Viena de Intercambio Internacional de Mercadería, etc. b. Que existen casos en que la indemnización de perjuicios es el único remedio posible: Puede ocurrir que no se ejecute la prestación en el plazo estipulado y ese sea el principal interés del acreedor, de modo que será irrelevante para el acreedor exigir el cumplimiento forzado del contrato extinguido el plazo. Del mismo modo, es posible que existiendo incumplimiento del contrato este no revista un carácter esencial o resolutorio y, por lo mismo, no proceda la resolución. c. El derecho de opción del acreedor entre los distintos remedios por incumplimiento en el Código Civil chileno: El cual se sustenta en los Arts. 1553, 1555 y 1537 CC que le dan la opción al acreedor de elegir por la indemnización de perjuicios. d. El fundamento de la indemnización por incumplimiento contractual: El fundamento de la indemnización de perjuicios no es el cumplimiento forzado o la resolución del contrato, sino que finalmente el fundamento es el incumplimiento del contrato, porque es precisamente, como consecuencia de este, que el acreedor ve frustrado su interés contractual. e. La finalidad de la indemnización por incumplimiento contractual es la reparación integral: La reparación integral solo se alcanza otorgando a la indemnización por incumplimiento de un contrato bilateral un carácter autónomo, dado que el resarcimiento así concebido permite indemnizar integra y totalmente al acreedor el perjuicio ocasionado por el deudor incumplidor. Y es que las partidas que deben resarcirse por concepto de indemnización de perjuicios son distintas, según se trate de una indemnización complementario o de una indemnización autónoma, ya que la extensión de los perjuicios a reparar está determinada directamente por el carácter de la indemnización. Si es complementario, esta cubrirá los perjuicios que el cumplimiento forzado o la resolución del contrato no lograron cubrir. 3. Clases de Indemnización: La indemnización de perjuicios puede ser:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Compensatoria: “La cantidad de dinero a que tiene derecho el acreedor para repararle el perjuicio que le reportó el incumplimiento total o parcial de la obligación”. Su monto debe regularse considerando el valor de la cosa debida. Y si la obligación es de hacer, para determinar su monto se atenderá a lo que representaría económicamente la ejecución del hecho. 2) Moratoria: “Aquella que tiene por objeto reparar al acreedor el perjuicio sufrido por el incumplimiento tardío de la obligación”. No es otra cosa que la avaluación en dinero del interés que el acreedor tenía en que la obligación fuera ejecutada en la época en que debía serlo. En ambos casos la indemnización se paga en dinero. 4. Acumulación de Cumplimiento e Indemnizaciones: Para determinar si es posible o no acumular el cumplimiento de la obligación con la indemnización hay que distinguir: 1) Cumplimiento e Indemnización Compensatoria: Como la indemnización compensatoria equivale al cumplimiento de la obligación no se puede demandar conjuntamente el cumplimiento más indemnización compensatoria, porque importaría un doble pago. Por excepción, en la cláusula penal se pueden acumular el cumplimiento de la obligación y la pena (Art. 1537 CC). 2) Cumplimiento e Indemnización Moratoria: Si se puede pedir cumplimiento e indemnización moratoria porque esta última solo resarce los perjuicios provenientes del atraso (Arts. 1553, 1502, 1555 y 1672 CC). 3) Indemnización Compensatoria e Indemnización Moratoria: Se pueden demandar ambas indemnizaciones porque se refieren a perjuicios diferentes. 5. Requisitos de la Indemnización de Perjuicios: Estos requisitos rigen para ambos tipos de indemnización y son: (i) incumplimiento del deudor, (ii) perjuicio del acreedor, (iii) relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el perjuicio del acreedor, (iv) que el incumplimiento le sea imputable al deudor, es decir, fruto de su culpa o dolo, (v) que no concurra una causal de exención de responsabilidad y (vi) que se constituya en mora al deudor. 1) Incumplimiento del Deudor: El deudor debe incumplir una obligación derivada de un contrato. En ese contexto: a. Debe existir un contrato previo entre las partes: Sino no puede existir responsabilidad contractual. b. El contrato debe ser válido: En caso contrario, y en virtud del efecto retroactivo de la nulidad, declara esta las partes vuelven al estado anterior, es decir, desaparece el contrato y como consecuencia de ello no puede haber responsabilidad contractual por el incumplimiento de un contrato inexistente. En ese contexto, es importante señalar que las reglas que se están analizando constituyen el derecho común en materia de indemnización de perjuicios, aplicable a todo tipo obligaciones incumplidas. Sin embargo, no rigen en los siguientes casos: a. Cuando la ley ha dado reglas distintas, como ocurre con la responsabilidad extracontractual, proveniente de los delitos o cuasidelitos civiles.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Cuando las pares se han dado reglas especiales, haciendo uso del principio de la autonomía de la voluntad: Esto con algunas limitaciones, como la que les impide renunciar anticipadamente al dolo o a la culpa grave. Una opinión contraria encontramos en Orlando Tapia para quien la indemnización de perjuicios por incumplimiento de una ley o de un cuasicontrato se rige por las normas de la responsabilidad extracontractual, que sería entonces, el derecho común. 2) Perjuicio del Acreedor: Este es un requisito obvio que emana del principio de que no puede repararse lo que no existe. El perjuicio o daño se define como “el detrimento, menoscabo o lesión que sufre una persona tanto en su persona como en sus bienes”. Si se produce el incumplimiento de un contrato, pero este no genera perjuicios al acreedor, no hay lugar a la indemnización de perjuicios. Frente a este tema, es necesario analizar dos cuestiones: a. Prueba de los Perjuicios: La prueba de los perjuicios corresponde al actor (Art. 1698 CC). Por excepción, en algunos casos no es necesario probarlos: i. Cuando existe una clausula penal (Art. 1542 CC): “Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio”. ii. Tratándose de la indemnización moratoria en el incumplimiento de una obligación de dinero (Art. 1559 N°2 CC): “El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo”. Es importante señalar que, en conformidad al Art. 173 CPC, el acreedor que ha sufrido un perjuicio proveniente del incumplimiento de un contrato puede adoptar dos mecanismos: i. Demandar su pago, litigando inmediatamente sobre su especie y monto: Si se elige esta opción, la sentencia no puede reservar a las partes el derecho de discutir la especie y monto de los perjuicios en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso; y si lo hace, la sentencia debe anularse por no contener la decisión del asunto controvertido. Se ha fallado que no se necesita señalar en la demanda una suma determinada como indemnización, basta con solicitar que se paguen los perjuicios experimentados, cuyo monto queda entregado a la apreciación del tribunal. También se ha fallado que cuando se litiga sobre la especie y monto de los perjuicios, el tribunal puede ordenar pagar una cantidad diferente, menor que la demandada. ii. Solicitar únicamente que se declare su derecho a cobrar perjuicios y se le reserve el derecho para discutir la especie y monto de ellos en juicio aparte o en la ejecución del fallo. Conviene precisar que en materia de responsabilidad contractual, las facultades del tribunal para regular los perjuicios son más restringidas que en el caso de la responsabilidad extracontractual, pues en esta última goza de facultades discrecionales al no tener los límites del Art. 173 CPC que señala que: “Cuando una de las partes haya de ser condenada a la devolución de frutos o a la indemnización de perjuicios, y se ha litigado sobre su especie y 316

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe monto, la sentencia determinará la cantidad líquida que por esta causa deba abonarse, o declarará sin lugar el pago, si no resultan probados la especie y el monto de lo que se cobra, o, por lo menos, las bases que deban servir para su liquidación al ejecutarse la sentencia”. Este artículo no se aplica cuando se demanden perjuicios provenientes de un delito o cuasidelito civil. b. Clases de Perjuicios: Los perjuicios se pueden clasificar en: i. Daño Moral y Daño Material: 1. Daño Material: “El menoscabo que directa o indirectamente experimenta el patrimonio del acreedor como consecuencia del incumplimiento del contrato”. 2. Daño Moral: “Aquel que produce una perturbación injusta en el espíritu del acreedor, sin afectar su patrimonio”. Respecto a este ha habido distintas posiciones sobre lo que se debe entender por daño moral, pudiendo encontrar distintas posiciones: a. Tradicional: Consiste y encuentra su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que se causa a una persona en su sensibilidad física o en los sentimientos o afectos. b. Daño Moral como Lesión de un Derecho Extrapatrimonial: Según este criterio, el daño moral importa la lesión de un derecho extrapatrimonial de la víctima. c. Daño Moral como Lesión de un Interés Extrapatrimonial: Según esta posición, existen intereses que, aun cuando no conformen derechos subjetivos, por representar preferencias, proyectos, expectativas o deseos de la persona humana y no contradecir el sistema jurídico positivo, pueden provocar un daño cuando son negados o conculcados por un hecho imputable a otro sujeto. Si se sigue el concepto tradicional no procedería respecto de las personas jurídicas, por ser incapaces de sufrir. Lo mismo podría predicarse de una criatura pequeña, incapaz todavía de captar el dolor. Si se estima que el daño moral se produce por la sola lesión de un derecho o un interés extrapatrimonial, la reparación debe hacerse preferentemente en forma no pecuniaria. ii. Directos e Indirectos: Los directos pueden ser previstos o imprevistos. iii. Daño Emergente y Lucro Cesante. 3) Relación de Causalidad (Nexo Causal) entre el Incumplimiento y los Perjuicios: Los perjuicios que se indemnizan son los que provienen del incumplimiento. En el Código Civil esta exigencia se desprende del Art. 1556 CC que señala que: “La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”, y del Art. 1558 CC que indica: “pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia 317

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento”. Consecuencia importante de esto es que no se indemnizan los perjuicios indirectos ni aun en el caso de haberse incumplido con dolo. Ahora bien, respecto a este tema es importante referirnos a: a. Pluralidad de Causas o el Problema de las Concausas: Para resolver esta situación se han elaborado distintas teorías: i. Teoría de la Equivalencia de las Condiciones: Según esta teoría todo efecto es el resultado de la conjugación de todas las condiciones, que deben ser consideradas equivalentes en lo causal y en lo jurídico, de manera que constituyen condictio sine qua non del resultado final. ii. Teoría de la Causa Próxima: Según esta teoría solo constituyen causa aquellas condiciones necesarias de un resultado que se halla temporalmente más próxima a este; las otras son simplemente condiciones. iii. Teoría de la Causa Eficiente: Afirma que todas las condiciones no tienen la misma eficacia en la producción del resultado, por lo que no son equivalentes, y debe estarse entonces a la más activa o eficaz. iv. Teoría de la Causa Adecuada: Se consideran causalmente conectados con el hecho los daños que responden a un juicio de regularidad causal conforme a lo que era previsible para el agente. 4) Imputabilidad del Deudor (Dolo o Culpa del Deudor): El incumplimiento debe ser imputable al deudor, es decir, provenir de su dolo o culpa. a. El Dolo Contractual: El Art. 44 CC lo define como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Si se atiende al tenor literal de esta definición el dolo solo existiría cuando la acción u omisión del deudor se realiza con la intención premeditada de causar un daño a la persona o propiedad de otro. De esta forma quedaría descartado que pueda estimarse como dolosa la conducta del sujeto que, si bien no tuvo intención de causar daño, pudo representarse que su actuar si podía producirlos (dolo eventual). En ese contexto, Pablo Rodríguez define el dolo como “la representación del efecto dañoso de nuestro actuar (acción u omisión), unida a la certeza (dolo directo o mediato) o la mera probabilidad admitida (dolo eventual) de que el efecto se produzca y siempre que el daño en el patrimonio o la persona ajena se consume”. Afirma Pablo Rodríguez que de entender que solo hay dolo cuando existe una intención maliciosa, hace imposible su prueba. Y agrega que, en la vida real, salvo que se trate de una personalidad perversa, el deudor no deja de cumplir por perjudicar al acreedor. Respecto al dolo contractual es importante referir a las siguientes cuestiones: i. La Teoría Unitaria del Dolo y los campos en que incide: El dolo en materia civil incide en tres campos distintos: 1. En la fase de formación del consentimiento, como vicio del mismo (Arts. 1458 y 1459 CC). 318

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. En la fase de cumplimiento de los contratos, cuando el deudor deja de cumplir una obligación contractual con la intención positiva de causar un perjuicio al acreedor. 3. En la responsabilidad extracontractual, como elemento de esa responsabilidad, alternativo a la culpa (Arts. 2314 y ss. CC). Sin perjuicio de lo anterior, el concepto de dolo en todos ellos es el mismo. Por eso se habla de un “concepto unitario del dolo”. Ello se colige de los siguientes antecedentes: 1. Está definido en el Título Preliminar, de donde se sigue que su aplicación es de alcance general. 2. Siempre importa una intención dirigida a perjudicar a otro. 3. El efecto del dolo en cualquier campo tiende a restablecer la situación anterior a él. 4. Las reglas que gobiernan al dolo son las mismas. ii. Prueba del Dolo: El Art. 1459 CC dice que: “El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse”. Esta norma si bien está establecida al tratar del dolo vicio del consentimiento, es de aplicación general. Ello resulta concordante con el principio de que la buena se presume. En ese contexto, el dolo se puede probar por cualquier medio probatorio. Excepcionalmente el dolo se presume en los siguientes casos: 1. Albacea que lleva a efecto disposiciones del testador contrarias a las leyes (Art. 1301 CC). 2. Ocultación de un Testamento (Art. 968 regla 5° CC). 3. En la apuesta, cuando se sabe que se va a verificar o se ha verificado el hecho de que se trata (Art. 2261 CC). 4. En la muerte presunta cuando se ha sabido y ocultado la verdadera muerte del desparecido o su existencia (Art. 94 N°6 CC). 5. Cuando se solicita una medida precautoria prejudicial y no se demanda en el plazo fijado por ley (Art. 280 CC). iii. Efectos del Dolo en el Incumplimiento de las Obligaciones: El efecto del dolo en el incumplimiento de las obligaciones es agravar la responsabilidad del deudor. En ese sentido, lo normal es que el deudor responda solo de los perjuicios directos previstos (o que pudieron preverse) al tiempo del contrato. Pero, si hay dolo, se responderá además de los perjuicios directos imprevistos (Art. 1558 CC). Además, si la especie debida se destruye en poder del deudor después que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de este en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo (Art. 1680 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Se ha entendido también que si son varios los deudores que incumplen con dolo, su responsabilidad sería solidaria (Art. 2317, inc. 2 CC). iv. El Dolo no se puede renunciar anticipadamente (Art. 1465 CC): Puede, no obstante, renunciarse el dolo pasado, siempre que se haga en forma expresa. v. El Dolo se aprecia en Concreto, no en abstracto, como la culpa: Lo anterior significa que en cada caso deberá el tribunal resolver si la conducta del hechor resulta o no dolosa. En cambio, en la culpa se aprecia en abstracto, esto es, comparándola con un modelo ideal definido en la ley. b. La Culpa Contractual: En términos generales se entiende culpa como “la omisión de la diligencia que se debe emplear en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho”, y por culpa contractual “la falta del cuidado debido en el cumplimiento de un contrato”. Se ha discutido en doctrina si la culpa es una sola o si es diferente la culpa contractual de la extracontractual. Los que piensan que es una sola argumentan que cualquiera que sea el campo en que juegue, implica una actitud descuidada, negligente, falta de cuidado, que conduce a un mismo resultado (indemnización de perjuicios). Es cierto, dicen, que hay algunas diferencias, como que en la contractual hay una gradación de la culpa; lo que no ocurre en materia extracontractual, en que es una sola. Pero, agregan, ello se explica porque el existir en la responsabilidad contractual un vínculo jurídico entre las partes, ello hace que el deber de cuidado pueda ser diferente atendida la naturaleza de cada contrato. Respecto a la culpa contractual es importante referirse a las siguientes cuestiones: i. Diferencias entre la Culpa Contractual y Extracontractual: 1. La culpa contractual supone un vínculo jurídico previo entre las partes. La extracontractual no. 2. La culpa en la responsabilidad contractual admite grados: grave, leve y levísima. En materia de responsabilidad extracontractual la culpa es una sola. 3. La culpa contractual se presume. La extracontractual debe probarse. 4. Para que la culpa contractual de origen a la indemnización de perjuicios -según Alessandri- es menester que el deudor se haya constituido en mora. Tratándose de la culpa delictual, no es necesario constituir en mora al deudor, basta la ejecución del simple hecho ilícito para que el acreedor tenga acción por los perjuicios contra el deudor. ii. Gradación de la Culpa (Art. 44 CC): Dice esta norma: “La ley distingue tres especies de culpa o descuido: 1. Culpa Grave, Negligencia Grave o Culpa Lata: “Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Culpa Leve, Descuido Leve o Descuido Ligero: “Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. 3. Culpa o Descuido Levísimo: “Es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado”. Como se puede observar, la culpa contractual se aprecia en abstracto, pues la ley compara la conducta del sujeto con un modelo ideal “padre de familia”, “personas negligentes y de poca prudencia”, “esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”. Se debe comparar el actuar del sujeto con el que habría tenido el arquetipo respectivo. iii. La Culpa Grave equivale al Dolo: Se ha discutido cuál es el alcance de esta afirmación para efectos probatorios debido a que la culpa se presume: 1. La culpa al ser asimilada al dolo debe probarse (Somarriva): a. Porque el Art. 44 CC no hace distinciones, sino que equipara en una forma absoluta ambos conceptos. b. Porque la norma viene de Pothier, que le daba al principio un alcance amplio, y c. Porque no parece lógico presumir la culpa grave contractual en circunstancias que ni el dolo ni la mala fe se presumen por expresa disposición del legislador. 2. La asimilación no implica que la culpa deba probarse: Esta es la posición de la mayoría de la doctrina. De consiguiente, tratándose de culpa, cualquiera que ella sea, incluso la grave, se presume siempre, por lo que corresponde al deudor probar el descargo, acreditando que ha empleado la diligencia debida; en cambio en el dolo, la prueba corresponde al deudor. En ese sentido, para esta parte de la doctrina el alcance de la asimilación implica simplemente que cuando el deudor incumple con culpa grave, su responsabilidad se agrava, igual que en el dolo, respondiendo de todos los perjuicios directos, previstos e imprevistos. Además, no podría renunciarse anticipadamente la culpa grave; y si hay culpa grave de varios deudores, su responsabilidad sería solidaria. iv. De qué culpa responde el deudor: Hay que distinguir: 1. Primeramente, el deudor responde de la culpa a que se haya obligado: Ello porque esta es una materia en que las partes, en virtud del principio de 321

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe la autonomía de la voluntad, pueden alterar las reglas de responsabilidad establecidas en la ley con algunas limitaciones (Art. 1547, inc. final CC). 2. Si las partes nada han acordado: Hay que distinguir según el tipo de contrato de que se trata (Art. 1547 CC): a. Si el contrato solo es útil al acreedor: El deudor no es responsable sino de la culpa lata o grave. Este es el que tiene menor grado de responsabilidad. b. Si el contrato se hace para beneficio reciproco de las partes: El deudor es responsable de la culpa leve. c. Si el contrato solo reporta beneficio para el deudor: El deudor es responsable de la culpa levísima. Este es el que tiene mayor obligación de cuidado. v. Cláusulas para Alterar la Responsabilidad de las Partes: Las partes pueden celebrar distintos pactos para modificar su responsabilidad: 1. Pueden convenido que el deudor responda de un grado mayor o menor de culpa que el que le corresponde en conformidad al Art. 1558 CC. 2. Puede establecerse que el deudor responda del caso fortuito. 3. Pueden acordar que el deudor responda en todo caso de los perjuicios imprevistos. 4. Puede limitarse el monto de la indemnización a pagar: Este pacto se asemeja a la cláusula penal, pero es diferente, porque se debe probar el perjuicio. 5. Puede limitarse los plazos de prescripción: Se estima que ello es factible, pues no sería contrario al orden público, ya que el propio código lo permite en el pacto comisorio (Art. 1880 CC) y en el pacto de retroventa (Art. 1885 CC). 6. Pueden las partes alterar las reglas del onus probandi: Este punto es discutible y, de hecho, en una oportunidad la Corte Suprema estimó nulo por objeto ilícito, un pacto que tenía este propósito. Abeliuk defiende su validez, fundado en que el Art. 1547, inc. final CC permite a las partes modificar lo dicho en los incisos anteriores y, justamente, en el inciso inmediatamente anterior, se consigna la regla de que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo y la prueba del caso fortuito al que lo alega. Ahora bien, estas cláusulas modificatorias de responsabilidad tienen ciertos límites, ya que las partes no pueden: 1. Renunciar al dolo futuro (Art. 1465 CC) o a la culpa grave, porque esta equivale al dolo (Art. 44 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Contravenir el orden público o la ley, porque habría objeto ilícito: Así ocurriría, por ejemplo, si las partes ampliaran los plazos de prescripción. vi. La Culpa Contractual se Presume: El principio se desprende del Art. 1547, inc. 3 CC que señala que: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”. Si corresponde al deudor probar que ha empleado el debido cuidado, es porque la ley está presumiendo que si incumple es porque no empleo el cuidado a que estaba obligado, que actuó con culpa. En el Art. 2158 CC se encuentra una excepción a esta regla, en cuanto permite que el mandante se pueda liberar de sus obligaciones alegando que “el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito, o que pudo desempeñarse a menos costo; salvo que le pruebe culpa”. vii. Culpa del Deudor por el Hecho de Personas que dependen de él: Los Arts. 1679 y 1590, inc. 1 y 3 CC hacen responsable al deudor por el hecho de terceros que dependen de él. La primera de estas normas expresa que: “En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable”; y la segunda reitera la misma idea. En el caso de hechos de terceros por quienes no responde el deudor, el acreedor solo podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero autor del daño (Arts. 1590, inc. final y 1677 CC). 5) Que no concurra una Causal de Exención de Responsabilidad: Se pueden mencionar como causales de exención de responsabilidad las siguientes, no todas aceptadas: a. Fuerza Mayor o Caso Fortuito: El Art. 45 CC lo define como “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. Se ha señalado que la definición es incompleta por faltarle el requisito de la inimputabilidad, que es indispensable si se considera que nuestro Código sigue el sistema de la responsabilidad subjetiva. Pero se agrega que esta omisión aparece suplida por el Art. 1547, inc. 2 CC que dispone: “El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos […] o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa”. Nuestro Código hace sinónimas las expresiones “fuerza mayor” y “caso fortuito”. Generalmente se afirma que en la fuerza mayor el hecho imprevisto, imposible de resistir, proviene de un hecho de la naturaleza, como un terremoto o una inundación, en cambio, en el caso fortuito proviene de un hecho del hombre, como sería un acto de autoridad. i. Elementos del Caso Fortuito: Debe ser un hecho: 1. Inimputable: Quiere decir que debe ser ajeno al deudor; no debe provenir de su hecho o culpa o del hecho o culpa de las personas por quien él responde. 2. Imprevisto: Significa que, dentro de los cálculos ordinarios de un hombre normal, no era dable esperar su ocurrencia. Lorenzo de la Maza define los acontecimientos imprevistos como “aquellos poco frecuentes, que por 323

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe excepción suelen sobrevenir, y que no han sido tomados en cuenta por las partes al momento de contratar”. 3. Irresistible: Significa que impide al deudor, bajo todo respecto o circunstancia, poder cumplir. Si puede hacerlo en forma más difícil o más onerosa, no estamos frente a un caso fortuito. La Corte Suprema ha dicho que es irresistible cuando no es posible evitar sus consecuencias, en términos que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias habría podido preverlo ni evitarlo. ii. Efectos del Caso Fortuito: El efecto propio del caso fortuito es liberar de responsabilidad al deudor (Art. 1547, inc. 2 CC). Esto tiene las siguientes excepciones: 1. Cuando el caso fortuito sobreviene por culpa del deudor (Art. 1547, inc. 2 CC): En verdad, si el hecho proviene por culpa del deudor, resulta que es impropio hablar de caso fortuito, pues el hecho le sería imputable. 2. Cuando sobreviene durante la mora del deudor (Art. 1547, inc. 2, 1672 y 1590, inc. 1 CC): Esta excepción no rige si el caso fortuito igualmente hubiere sobrevenido si el acreedor hubiere tenido en su poder la cosa debida. 3. Cuando se ha convenido que el deudor responda del caso fortuito. 4. Cuando la ley pone el caso fortuito de cargo del deudor (Art. 1547, inc. final CC): Así ocurre, por ejemplo, respecto del que ha hurtado o robado una cosa (Art. 1676 CC), así como en el caso del colono en el arrendamiento de predio rústico (Art. 1983, inc. 1 CC). iii. Prueba del Caso Fortuito: Los Arts. 1547, inc. 3 y 1674 CC establecen que incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alega. La prueba del caso fortuito dice Fueyo, debe comprender los siguientes aspectos: 1. Efectividad del suceso al cual se le atribuye esa calidad. 2. Relación de causa a efecto entre el suceso y los resultados (nexo de causalidad). 3. Concurrencia de los requisitos que caracterizan al suceso como caso fortuito. 4. La diligencia o cuidado que ha debido emplear el deudor, especialmente el de especie o cuerpo cierto. iv. La Teoría de los Riesgos24: El riesgo se puede definir como “contingencia o proximidad de un daño”. Esta teoría trata de resolver quién debe en los contratos bilaterales soportar la pérdida de la especie o cuerpo cierto debido si el deudor no puede cumplir con su obligación de entregar esta cosa, por haberse destruido por un caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose que el riesgo lo soporta el deudor 24

Complementado con el texto “Las Obligaciones” de René Abeliuk.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe si, en este supuesto, no puede exigir a la contraparte que cumpla su propia obligación; y, por el contrario, lo soporta el acreedor, si este, aunque no va a lograr la entrega de la cosa, debe, de todas formas, cumplir su propia obligación. 1. Posibles soluciones al problema de los riesgos en el contrato bilateral: Existen dos posibles soluciones: a. Riesgo del deudor (res perit debitori): El riesgo es de cargo del deudor cuya prestación se ha hecho imposible por caso fortuito, si no puede exigir a la contraparte el cumplimiento de la obligación de esta. b. Riesgo del acreedor (res perit creditori): El riesgo es de cargo del acreedor cuando este, no obstante que la obligación del deudor se ha extinguido por caso fortuito, está obligado a cumplir con su obligación, y si ya lo hizo, nada puede reclamar. c. Riesgo del dueño (res perit domino): El riesgo es de cargo del dueño de la cosa, sea este deudor o acreedor. 2. Requisitos para que opere la teoría de los riesgos: a. Existencia de un contrato bilateral: Sin embargo, opina Abeliuk, si el contrato unilateral deriva en sinalagmático imperfecto, no hay inconveniente alguno en aplicar la teoría del riesgo. b. Que una de las partes deje de cumplir su obligación por imposibilidad: Según Abeliuk, esta obligación puede ser de cualquier naturaleza, solo es necesario que la obligación sea determinada, esto es, en principio si es de dar, de especie o cuerpo cierto, y de hacer o no hacer, infungibles. c. Que el incumplimiento por imposibilidad sea inimputable. 3. Principio contenido en el Código en materia de riesgos: El Art. 1550 CC señala que: “El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor; salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas; en cualquiera de estos casos, será a cargo del deudor el riesgo de la cosa, hasta su entrega”. En ese sentido, la regla es que el riesgo es siempre a cargo del acreedor. Esta regla es manifiestamente injusta, pues contradice el principio de que las cosas perecen para su dueño. La explicación de esta situación tan poco equitativa radica en que Bello habría copiado esta disposición del código francés, sin reparar que como allí no se exige la dualidad título modo, bastando el solo contrato para transferir la propiedad la regla era justa pues el deudor, celebrado el contrato, ya había transferido la cosa al acreedor, debiendo por ello este acreedor soportar su pérdida. Sin embargo, el problema no es tan grave porque su ámbito de aplicación es bastante más reducido del que a primera vista aparece. En efecto, solo 325

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe viene a regir para las compraventas y permutas no condicionales. Esto porque el Art. 1820 CC prescribe que: “La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa; salvo que se venda bajo condición suspensiva, y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la condición la pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro pertenecerá al comprador”. Y el Art. 1900 CC señala que las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Además, este principio tiene excepciones donde el riesgo de la especie o cuerpo cierto debido es del deudor: a. Cuando el deudor se constituye en mora de entregar la especie o cuerpo cierto (Art. 1550 CC). b. Cuando el deudor se ha comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas (Art. 1550). c. Cuando las partes convienen que el riesgo sea del deudor. d. Cuando la ley lo establece: Así ocurre en los siguientes casos: i. En el arrendamiento, que se extingue por la destrucción de la cosa arrendada (Art. 1950 N°1 CC): Extinguiéndose el contrato se extinguen las obligaciones de ambas partes. ii. En el caso de la obligación condicional (Art. 1486 CC). iii. En las compraventas condicionales (Art. 1820 CC). iv. En el contrato para la confección de una obra material cuando los materiales los pone el artífice (Art. 1966, inc. 2 CC): Esto por ser una venta condicional. 4. Pérdida Parcial: El Código no da reglas especiales, por lo que debe aplicarse la norma del Art. 1550 CC, esto es, que el riesgo es del acreedor. 5. Obligaciones de Género: No hay disposición para el riesgo en las obligaciones genéricas, ya que el legislador parte de la premisa de que el género no perece, y, en consecuencia, para la aplicación de la teoría en estudio faltaría uno de sus supuestos esenciales: la imposibilidad en el cumplimiento. Sin embargo, señala Abeliuk que si los géneros debidos son objeto de alguna forma de especificación siguen las reglas de las cosas específicas. 6. Obligaciones de Hacer y No Hacer: Nada dice el legislador respecto al riesgo en estas categorías de obligaciones, puesto que tampoco reglamentó la imposibilidad en su cumplimiento. Pero desde el momento en que esta 326

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe tiene cabida en ellas, se hace necesario resolver qué ocurre con la contraprestación que no se ha hecho imposible. Dos posiciones: a. Aplicar por analogía el Art. 1550 CC y resolver que el riesgo es del acreedor a quien no se va a cumplir su obligación. b. Decidir que, a falta de disposición expresa, debe aplicarse la solución de equidad, que es colocar el riesgo por cuenta del deudor: Esta es la posición de Abeliuk. b. Ausencia de Culpa: Frente a esta causal existe un problema: ¿le basta al deudor probar que ha empleado la debida diligencia para liberarse de responsabilidad o debe probar además la existencia del caso fortuito? La doctrina no está uniforme: i. Es suficiente con que el deudor pruebe su ausencia de culpa (Abeliuk): Por: 1. La redacción del Art. 1547, inc. 3 CC que contrapone dos situaciones: prueba de la diligencia o cuidado y prueba del caso fortuito. 2. El Art. 1670 CC establece, sin hacer distinción alguna, que si la cosa perece se extingue la obligación del deudor, y luego en el Art. 1672 CC está la excepción al señalar que si ello ha ocurrido por culpa o durante la mora del deudor, la obligación subsiste, pero varía de objeto: Luego, si no ha habido culpa o mora, no hay excepción, y se aplica la regla del Art. 1670 CC, quedando la obligación extinguida. 3. Si en conformidad al Art. 1678 CC, cuando la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor, que inculpablemente ignoraba la obligación, solo se lo obliga a pagar el precio sin indemnización de perjuicios, con mayor razón si hay un hecho involuntario y no culpable del deudor, este debe quedar exento de responsabilidad. ii. Es necesario que el deudor pruebe la existencia de un caso fortuito (Claro Solar): Sostiene que la imputabilidad cesa, cuando la inejecución de la obligación o la demora en su ejecución es el resultado de una causa extraña al deudor, o sea de fuerza mayor o caso fortuito. c. Estado de Necesidad: Se diferencia del caso fortuito en que no hay un impedimento insuperable. Respecto a su procedencia la doctrina no es unánime. Chironi y Alessandri, por ejemplo, creen que para quedar exento de responsabilidad tienen que existir fuerza mayor. Pero la tendencia moderna es que el estado de necesidad legitima el hecho y lo convierte en licito, liberando de responsabilidad al deudor. En el Código Civil, en un caso, toca el punto desechando el estado de necesidad. Es la situación del comodatario que, en un accidente, puesto en la alternativa de salvar la cosa prestada o la propia, opta por esta última (Art. 2178 N°3 CC). Hace responsable al comodatario, lo que se explica porque responde hasta de la culpa levísima. d. El Hecho o Culpa del Acreedor (Mora del Acreedor): Nuestro Código no ha reglamentado en forma orgánica la mora del acreedor. Pero se refiere a ella en varias disposiciones para exonerar de responsabilidad al deudor. Así, en el Art. 1548 CC, en las obligaciones de dar, libera de responsabilidad al deudor, por el cuidado de la especie o 327

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe cuerpo cierto debido, cuando el acreedor se ha constituido en mora de recibir; en el Art. 1680 CC hace responsable al deudor solo por culpa grave o dolo; y en el Art. 1827 CC se exime al vendedor del cuidado ordinario de conservar la cosa, si el comprador se constituye en mora de recibir. e. La Teoría de la Imprevisión: “Doctrina jurídica que sostiene que el juez puede intervenir a petición de cualquiera de las partes, en la ejecución de la obligación con el objeto de atenuar sus efectos, cuando, a consecuencia de acontecimientos imprevisibles para las partes al momento de formarse el vínculo jurídico, ajenos a su voluntad y que producen perturbación grave con relación a toda una categoría de contratantes, la ejecución de la obligación se hace más difícil o más onerosa, y siempre que aquel llegue a formarse la convicción de que siendo previsibles estas perturbaciones, las partes no se habrían obligado en las condiciones fijadas”. En ese sentido, los elementos de la imprevisión son: i. Que se trate de un contrato de tracto sucesivo o por lo menos de un contrato de ejecución diferida. ii. Que, por circunstancias sobrevinientes, ajenas a las partes y no previstas, se produzca un desequilibrio patrimonial en las prestaciones. iii. Que los hechos que producen la alteración sean tan extraordinarios y graves, que si las partes los hubieran tenido a la vista al momento de contratar no habrían contratado o lo habrían hecho en condiciones diferentes. Ahora bien, respecto de este tema es necesario referir a lo siguiente: i. Posiciones Doctrinales: Existen dos grandes posiciones: 1. No aceptar la revisión de los contratos y, por ende, rechazar la teoría de la imprevisión: Se funda en el principio de que todo contrato es ley para las partes y ninguna de ellas puede desconocerlo, aunque hayan variado las condiciones bajo las cuales lo celebraron (pacta sunt servanda). 2. Aceptar la revisión de los contratos y la teoría de la imprevisión: Se funda en razones de equidad cuando varían gravemente y por causas imprevistas, las condiciones bajo las cuales el contrato fue acordado. Contraponen al “pacta sunt servanda”, el principio “rebus sic stantibus”. Dicen que en cada contrato se puede considerar como sobrentendida una clausula tácita “rebus sic stantibus”. Esto porque cada parte, al establecer las cláusulas del acto, solo pensó y solo pudo pensar en los riesgos normales que podrían ocurrir y de acuerdo con esto formuló sus condiciones. ii. Teoría de la Imprevisión en Chile: Se estima que en nuestro país no tiene cabida la Teoría de la Imprevisión. El Art. 1545 CC obsta a ello porque señala que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Sin perjuicio de lo anterior, De la Maza cree que podría aplicarse en Chile en virtud de las siguientes interpretaciones: 328

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. El Art. 1560 CC señala que “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”, y cabe presumir que lo querido por las partes al momento de contratar, fue la mantención del contrato en el entendido que no varíen sustancialmente las condiciones existentes en ese momento. 2. El Art. 1546 CC obliga a las partes a cumplir el contrato de buena fe: Sería contrario a la buena fe que una de ellas pretenda que la otra deba cumplir en condiciones excesivamente onerosas, que rompen el equilibrio patrimonial y que fatalmente lo llevarán a la ruina. 3. Toda persona al contratar contrae un determinado deber de cuidado: Si cambian las condiciones, pasaría a asumir un riesgo que va más allá del que el deudor aceptó al momento de contratar. 4. Por regla general, el deudor responde únicamente de los perjuicios previstos (Art. 1558, inc. 1 CC): Si las condiciones en que se celebró el contrato cambian violentamente por circunstancias que no pudieron prever al momento de contratar, y se mantiene el contrato tal como fue convenido, viene a resultar que se estaría respondiendo de perjuicios imprevistos. 6) Mora del Deudor: El Art. 1557 CC señala que: “Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención”. Esta exigencia rige tanto para la indemnización compensatoria como para la moratoria, aunque Alfredo Barros Errazuriz estima que la mora solo es requisito de la indemnización moratoria. Se afirma que, en las obligaciones de no hacer, no se requiere el requisito de la mora del deudor, pues en conformidad con el Art. 1557 CC, en este tipo de obligaciones la indemnización se debe desde el momento de la contravención. Ramos Pazos cree que también en este caso se requiere mora, con la diferencia que esta se produce por el solo hecho de la contravención. Ahora bien, podemos definir la mora como “el retardo imputable en el cumplimiento de la obligación unido al requerimiento o interpelación por parte del acreedor”. a. Requisitos de la Mora: i. Que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación: El retardo es el antecedente necesario de la mora, pero solo el antecedente, no la mora misma, pues el retardo puede deberse a caso fortuito o fuerza mayor, caso en que no habrá mora. Se debe distinguir, entonces, entre exigibilidad, retardo y mora. 1. La obligación es exigible cuando no se halla sujeta a modalidades suspensivas. 2. Se retarda el cumplimiento de la obligación cuando no se cumple en la oportunidad debida, pero el solo retardo no implica mora. 3. La mora supone el retardo imputable del deudor más allá de la interpelación hecha por el acreedor (Arts. 1551 y 1558, inc. 1 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. Que el retardo le sea imputable (con dolo o culpa): Es necesario que el atraso en cumplir sea debido al dolo o culpa del deudor (Art. 1558 CC). iii. Interpelación del acreedor: “Acto por el cual el acreedor hace saber al deudor que su retardo le causa perjuicios”. Hay tres formas de interpelación contenidas en el Art. 1551 CC: “El deudor está en mora: 1. Interpelación Contractual Expresa: “1º. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora”. Opera cuando las partes han establecido un plazo en el contrato, para que el deudor cumpla su obligación. Por el solo hecho de cumplirse el plazo, el deudor queda constituido en mora, salvo que la ley exija que se le requiera para constituirlo en mora, como ocurre, por ejemplo, en el arrendamiento. Se ha entendido que, si la deuda es a plazo, se necesitará requerimiento judicial si así lo hubieren convenido las partes. Para que nos encontremos en este caso, es preciso que se trate de un plazo convenido por las partes. Por ello, no rige por ejemplo en el caso en que haya sido establecido por el testador. Si se trata de obligaciones de cumplimiento fraccionado, la mora respecto de cada cuota se irá produciendo al vencimiento del plazo establecido para su pago. Ello, sin perjuicio de que pueda haberse convenido una cláusula de aceleración que pueda producir la caducidad del plazo y, por consiguiente, la mora respecto de todo el saldo insoluto. 2. Interpelación Contractual Tácita: “2º. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla”. Se le llama interpelación tácita porque a pesar de que no se ha establecido en forma expresa un plazo dentro del cual debe cumplirse la obligación, está por su propia naturaleza y por la forma como fue convenida, tiene un plazo tácito para cumplirse. Por ejemplo, el traje de novia tiene que estar terminado y entregado antes del día de la boda; los disfraces antes de las fiestas de carnaval, etc. 3. Interpelación Judicial (o Extracontractual): “3º. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”. Es la regla general e implica que para que el deudor quede constituido en mora se le debe demandar. Está claro que no es necesaria una gestión judicial en que específicamente se solicite que se constituya en mora al deudor. Se ha entendido que cualquier gestión judicial destinada a que el acreedor haga efectivos sus derechos para el caso de que el deudor incumpla es suficiente requerimiento judicial. La Corte Suprema ha dicho que no es reconvención suficiente la gestión de preparación de la vía ejecutiva. Abeliuk discrepa, pues una diligencia de este tipo supone el cese 330

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de la inactividad del acreedor y el conocimiento del deudor de que su incumplimiento está causando perjuicios. En cuanto al momento en que el deudor queda constituido en mora, entendemos que lo es cuando se le notifica válidamente la demanda. Hay, sin embargo, fallos que dicen que la constitución en mora se produce desde la contestación de la demanda. Se ha fallado que para que el deudor quede constituido en mora, el requerimiento debe hacerse ante juez competente. iv. Que el acreedor haya cumplido su obligación o se allane a cumplirla (Art. 1552 CC): “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. b. Efectos de la Mora: Los efectos que produce la mora son los siguientes: i. El acreedor puede demandar indemnización de perjuicios: Se pregunta la doctrina si, reconvenido el deudor ¿desde cuándo se debe pagar los perjuicios? Fueyo estima que, constituido en mora, debe este pagar los perjuicios producidos desde el retardo, pues no hay ninguna norma que descarte la zona intermedia entre el simple retardo y la interpelación judicial. Abeliuk, en cambio, distingue entre los perjuicios compensatorios y los moratorios. Los primeros se producen por el solo incumplimiento, mientras que los segundos solo se van a generar con la constitución en mora. Esto último porque el Art. 1559 N°1 CC señala que, en las obligaciones de dinero, si esta no devengaba intereses “empiezan a deberse los legales”. ii. El deudor se hace responsable del caso fortuito (Art. 1547, inc. 2 CC): La regla tiene una excepción. Ello se produce si el caso fortuito hubiese sobrevenido a pesar de haberse cumplido oportunamente la obligación. Esto deberá probarlo el deudor. iii. El riesgo de la especie o cuerpo cierto debida pasa a ser del deudor. c. La Mora del Acreedor: El Código no ha reglamentado en forma orgánica la mora del acreedor, pero en varias disposiciones se refiere a ella. i. ¿Desde cuándo está en mora el acreedor?: No cabe aplicar el Art. 1551 CC, porque esta disposición se refiere a la mora del deudor. En ese sentido se dan las siguientes alternativas: 1. Desde que el deudor haya debido recurrir al pago por consignación. 2. Desde que sea judicialmente reconvenido: Por aplicación analógica del Art. 1551 N°3 CC. 3. Basta cualquier ofrecimiento del deudor, incluido el extrajudicial: Así lo demostraría el Art. 1680 CC, que no hace ninguna exigencia especial bastando que la especie o cuerpo cierto sea ofrecida al acreedor.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. Efectos de la Mora del Acreedor: 1. Disminuye la responsabilidad del deudor, pues solo va a responder de la culpa grave o el dolo en el cuidado de la cosa (Arts. 1680 y 1827 CC). 2. Queda relevado de los perjuicios moratorios. 3. El acreedor debe indemnizar los perjuicios que se sigan de no recibir la cosa (Art. 1827 CC). 4. Si el deudor tuvo que pagar por consignación, debe el acreedor pagar las expensas de la oferta o consignación válidas (Art. 1604 CC). 6. El Deber de Mitigación o Minimización del Daño25: Esta es una teoría más bien moderna, la cual ha intentado indicar que el deudor no es el único responsable frente al daño causado por el incumplimiento de las obligaciones, sino que el acreedor también tiene un deber propio que debe cumplir. En ese contexto, este deber se puede definir como “Deber de la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de un contrato de reaccionar frente a tal incumplimiento de un modo tal que impida, en la medida de lo posible, que los perjuicios causados a consecuencia de dicho incumplimiento se incrementen, sin que por ello el acreedor tenga que exponerse a riesgos innecesarios o incurrir en gastos excesivos”. Esto se funda en que el derecho no puede permitir al acreedor negligente obtener de la parte incumplidora aquellos perjuicios que podrían haber sido evitados con razonable esfuerzo o actividad del acreedor sin que deba incurrir en riesgos innecesarios, gastos excesivos, degradación o humillación de su parte. De no considerarse el deber de mitigación o minimización de los daños por un tribunal al momento de dictar sentencia en un juicio de indemnización de perjuicios ocasionado a raíz del incumplimiento de un contrato, es muy posible que el acreedor sea sobre compensado por sobre los perjuicios efectivamente sufridos y que sean de cargo del deudor. Esto además rompería con el principio de que la indemnización no puede constituir lucro para la víctima. 6.1. Aplicación del Deber de Mitigación en Chile: Respecto a su aplicación en Chile, estima Cristián Gandarillas que se podría extraer de: 1) El principio de que las obligaciones deben ser ejecutadas de buena fe (Art. 1546 CC): Esto porque el principio se extiende al cumplimiento como al incumplimiento del contrato y es contrario a la buena objetiva que se indemnice al acreedor por su actuar negligente. 2) La doctrina de los actos propios. 3) La doctrina del abuso del derecho. 4) La interrupción del vínculo causal entre la conducta y el daño producido acreditando la negligencia o dolo de la víctima una vez producido el incumplimiento del contrato: Si bien la víctima no ha intervenido inicialmente en el incumplimiento del contrato, si ha permitido que los perjuicios derivados de este aumenten, manteniendo una actitud negligente frente al

Complementado con el texto “Algunas consideraciones acerca del Deber de Mitigación o Minimización del Daño frente al Incumplimiento Contractual” de Cristián Gandarillas. 25

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe incumplimiento. De esta forma, el daño no sería una consecuencia directa e inmediata del incumplimiento del deudor y no sería indemnizable. 7. La Previsibilidad como Límite a la Indemnización de Perjuicios26: En el juicio de responsabilidad civil por incumplimiento de contrato, la previsibilidad tiene a lo menos tres significados, correspondientes a tres diferentes roles: 1) Es un elemento de la culpa: En el sentido que incurre en culpa quien ejecuta una acción cuyas consecuencias dañinas eran previsibles. 2) Es un elemento de causalidad normativa: Entendida como causalidad adecuada. 3) Es un elemento para determinar el quantum del resarcimiento. Ahora bien, en cuanto elemento de causalidad normativa y para determinar el quantum del resarcimiento, la diferencia radica en el momento que debe considerar el juez para realizar el juicio de previsibilidad. Para la causalidad de la responsabilidad ese momento es el hecho ilícito que causa daño, el momento del incumplimiento. Como límite al resarcimiento debe valorarse la previsibilidad al momento en que el contrato se celebra. En ese sentido, la previsibilidad consistiría en que son previsibles aquellos efectos dañosos que se han producido conforme con el curso normal de las cosas y, por el contrario, debe estimarse como imprevisibles los que se han originado de modo irregular, anormal o extraordinario. Esto es criticado por Lilian San Martin, en cuanto no explica la previsibilidad de los daños morales ni la justificación a la limitación del resarcimiento. Es por ello que ella plantea que, como limite al resarcimiento, la previsibilidad no consistiría en un juicio de normalidad, sino que en juicio de económico. En otras palabras, el deudor no es responsable de cualquier daño sufrido por el acreedor en virtud del incumplimiento, sino solo de aquellos que constituyen la concreción de un riesgo asociado al destino económico de la prestación y que está en su conocimiento. Se trata, por tanto, de considerar el interés del acreedor involucrado en la relación obligatoria, según el propósito práctico perseguido al tiempo de contratar. El deudor es responsable de los daños que se deriven de la frustración de ese propósito, siempre y cuando estuviera en conocimiento del mismo y hubiera asumido ese riesgo. 7.1. Fuentes de la Previsibilidad: Lilian San Martin reconoce como fuentes de la previsibilidad: 1) La naturaleza de la obligación o de la relación contractual: Esto permite explicar la previsibilidad en los daños morales, ya que solo procederá su indemnización si el contrato contiene prestaciones de naturaleza moral, como una cirugía estética. Los daños morales derivados del incumplimiento constituyen un riesgo de suyo involucrado en la prestación y, por ende, son desde luego previsibles. 2) La profesión u oficio del deudor: El experto asume todos los riesgos asociados a los defectos de su prestación, conforme al destino natural de la misma. Quien carece de experticia, por el contrario, responde solo de aquellos riesgos contractualmente asumidos. 3) El giro de actividades del acreedor.

Complementado con el texto “La Previsibilidad como Límite al Resarcimiento del Daño por Incumplimiento Contractual” de Lilian San Martín. 26

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) El beneficio económico obtenido por el deudor incumplidor: Si un bien se vende a un precio superior al del mercado es de presumir que el vendedor asumió mayores riesgos, siendo importante para establecer la cuantía del daño sufrido en razón a la previsibilidad. 5) La información que el acreedor haya proporcionado al deudor sobre el destino de la prestación: Finalmente, la previsibilidad emana de las negociaciones contractuales, específicamente de la información que las partes se hubieren recíprocamente proporcionado respecto del destino de la prestación. IV.

DE LA AVALUACIÓN DE LOS PERJUICIOS.

1. Conceptos Generales: Hay tres formas de avaluar los perjuicios: (i) la avaluación judicial, (ii) la avaluación legal y (iii) la avaluación convencional o cláusula penal. 2. La Avaluación Judicial: Es la que hace el juez. Para ello, este debe pronunciarse sobre tres cuestiones: 1) Primero, determinar si procede el pago de la indemnización: Para lo cual el tribunal tendrá que ver si se cumplen los requisitos generales. 2) Determinar los perjuicios que deben indemnizarse. 3) Fijar el monto de los perjuicios. 2.1. Perjuicios que deben indemnizarse: Para ello, es necesario distinguir los distintos tipos de perjuicios: 1) Perjuicios compensatorios o moratorios. 2) Perjuicios ciertos y eventuales: Solo se indemnizan los ciertos. 3) Perjuicios directos e indirectos: Serán directos o indirectos según si son o no consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. Solo se indemnizan los directos porque en los indirectos falta la necesaria relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación y el perjuicio, salvo que las partes lo pactaren mediante una clausula agravatoria de la responsabilidad del deudor. 4) Daños materiales y morales: a. Daño Moral (Extrapatrimonial)27: Durante muchos años se consideró que el daño moral no se indemnizaba en material contractual. Sin embargo, se aceptaba su indemnización en la responsabilidad extracontractual, en virtud de existir la regla del Art. 2329 CC, según la cual “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta”. Esta solución resulta manifiestamente injusta, por lo que hace varios años, la doctrina venia señalando que hay en este trato discriminatorio una grave inconsecuencia. A partir de la década del 80 empieza a cambiar la posición jurisprudencial, dando lugar a la aceptación de la indemnización de perjuicios por daño moral en materia contractual. Ahora bien, las razones que se habían dado para no indemnizar el daño moral habían sido:

Complementado con el texto “La Reparación del Daño Moral derivado del Incumplimiento Contractual. Tendencia en la reciente jurisprudencia nacional y española” de Romy Rutherford. 27

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Una aparente incompatibilidad entre el carácter económico de la prestación contractual y la naturaleza extrapatrimonial del daño que se pretende. ii. Que falta una norma equivalente al Art. 2329 CC aplicable a la responsabilidad contractual: Frente a esto se contesta que, si falta la norma, nos encontramos frente a una laguna legal, que el juez debe llenar recurriendo a los principios generales del derecho y la equidad natural. iii. Que el Art. 1556 CC establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, conceptos de claro contenido patrimonial y no menciona el daño moral: Frente a esto se contesta que, si bien es cierto que no lo contempla, tampoco lo prohíbe. iv. Que es difícil su prueba y avaluación: Se contesta que no es serio sostener esto desde que en materia extracontractual el problema es el mismo y se pagan. La jurisprudencia para permitir la indemnización por daño moral ha sostenido que: i. La indemnización del daño o perjuicio material no excluye la incidencia y reparación del daño moral. ii. Es dable aplicar el principio de equidad y buena fe, los cuales hacen inadmisible la idea de permitir que un perjuicio injusto quede sin reparación. iii. La ley no ha prohibido que la indemnización por daño moral pueda invocarse fuera del ámbito de la responsabilidad extracontractual. iv. Las doctrinas más modernas entienden que el concepto de “daño emergente” que emplea el Art. 1556 CC comprende no solo el daño pecuniario, sino también el extrapatrimonial o moral. v. Por la noción de igualdad ante la ley y por lo dispuestos en el Art. 19 N°1 CPR que asegura a todas las personas tanto el derecho a la integridad física y psíquica como el respecto a la intimidad y vida privada, y el honor, no parece sostenible seguir negando la indemnización del daño moral. vi. Desde hace tiempo se ha dado lugar a la indemnización del daño moral respecto de los perjuicios causados por un delito o cuasidelito civil. vii. La responsabilidad en el Derecho constituye un principio general y reclama que nadie puede dañar a otros sin adquirir, correlativamente, el deber de brindarle reparación, salvo que concurra una causal de justificación o exculpación. Ahora bien, para que se indemnice el daño moral debe exigirse una prueba clara y concluyente de su existencia. En ese sentido, el incumplimiento de cualquier contrato no puede ser fuente de daño moral y no todo daño moral ocasionado por un incumplimiento debe ser reparado, sino que se requiere cumplir con ciertas exigencias, dentro de las cuales la previsibilidad y la entidad del daño son fundamentales.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Límites de la Responsabilidad Contractual por Daño Moral28: No todo incumplimiento contractual genera daño moral. Esto porque, en primer lugar, la infracción de un contrato siempre supone molestias y desagrados. Sin embargo, no debe ser confundido con el daño moral derivado del contrato, pues de ser así habría que concluir, lisa y llanamente, que todo incumplimiento contractual lo genera, lo cual, indiscutiblemente, es un exceso. Por otra parte, no basta con que exista un vínculo contractual entre dos personas para que al perjuicio lo califiquemos como convencional. Primero, porque puede tratarse de un daño producido con ocasión del contrato, esto es, como consecuencia de actos externos al contrato. Segundo, porque el perjuicio puede haberse producido en bienes o intereses de un tercero y, en tal caso, como consecuencia del principio del efecto relativo de los contratos, se trataría de un daño extrapatrimonial. En síntesis, dos pautas permiten filtrar al daño moral derivado del contrato: i. Su propio contenido: Es decir, que nos encontremos ante un perjuicio que atente contra un bien o interés de la persona. ii. Que el perjuicio no hubiera podido producirse de no encontrarse ligadas las personas por un contrato. En este contexto, existen ciertos casos donde el incumplimiento contractual es constitutivo de daño moral: i. El incumplimiento de una obligación expresamente pactada en el contrato: Esto por el principio de que el daño moral debe ser sujeto a las reglas contractuales cuando él haya sido expresamente pactado como una consecuencia a indemnizar en caso de incumplimiento. ii. El incumplimiento de una obligación que genera un daño moral previsto o que debió haberse previsto: Deben entenderse comprendidos dentro de los daños previsibles a los morales en cada una de las situaciones que se refieren a continuación: 1. Contratos que llevan envuelta una obligación que por su naturaleza revela su conexión con bienes de la personalidad o intereses extrapatrimoniales: Esto claramente ocurre, por ejemplo, en algún contrato de prestación de servicios de salud o si se entrega a un joyero una joya familiar para que con ella confeccione otra y la pierde. 2. Contratos que llevan envuelta una obligación que, por las circunstancias que rodearon a la celebración del contrato, demuestran su incorporación dentro de los riesgos que debieron ser asumidos por el deudor: Como, por ejemplo, si se contrata un servicio de banquetes para un matrimonio que resulta deficiente o si se compra un vestido de novia que no llega a tiempo de la boda, etc. 3. Por el incumplimiento de una obligación de seguridad: Se entiende por tal el deber de preservación de la persona del deudor que, a diferencia de Complementado con el texto “La Reparación del Daño Moral derivado del Contrato en el Derecho Chileno: Realidad y Límites” de Carmen Domínguez Hidalgo. 28

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe la obligación principal, es normalmente de carácter tácito. Se entiende envuelta en ciertos contratos en los que su vinculación a la persona y su integridad física o psíquica es tan directa que las partes han debido de prever que su incumplimiento causará perjuicios en ella tales como el contrato de transportes de personas. Ahora bien, es importante señalar que, finalmente, la previsión del daño es finalmente una cuestión netamente jurisprudencial que debe determinarse conforme al caso concreto. 5) Daño emergente y lucro cesante: El Art. 1556 CC dice que: “La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente”. La ley no define estos conceptos, por eso se estima que es: a. Daño Emergente: “El empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del acreedor”. b. Lucro Cesante: “La utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación”. Dice el Art. 1556 CC que no se indemniza el lucro cesante en aquellos casos en que la ley limita la indemnización expresamente al daño emergente. Así ocurre, por ejemplo, en el arrendamiento cuando se turbe el derecho del arrendatario y en el contrato de transporte. 6) Perjuicios previstos e imprevistos: El Art. 1558, inc. 1 CC señala que son previstos “los que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato”. Y señala que solo se indemnizan los previstos, salvo que exista dolo o culpa grave. La Corte de Apelaciones de Concepción determinó que por “tiempo del contrato” debe entenderse el periodo durante el cual se desarrolla el contrato. 2.2. Las partes pueden alterar las reglas sobre los perjuicios a indemnizar (Art. 1558, inc. final CC): “Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas”. 3. Avaluación Legal de los Perjuicios: El Art. 1559 CC la limita exclusivamente a la indemnización moratoria que se genera por el incumplimiento de una obligación de dinero. La razón de la exclusión de la indemnización compensatoria se haya en que en esta se paga una suma de dinero, que equivale al cumplimiento íntegro de la obligación. Pero si la deuda es de dinero, la suma que se paga no equivale al cumplimiento íntegro, sino que es el incumplimiento integro. 3.1. Características de la Liquidación Legal: 1) El Art. 1559 CC es una disposición supletoria y excepcional: Supletoria porque rige solo a falta de pacto entre las partes y es excepcional porque se refiere solo al incumplimiento de las obligaciones de dinero y únicamente a la indemnización moratoria. 2) Cuando solo se cobran intereses, los perjuicios se presumen, situación absolutamente excepcional, ya que la regla es que deben probarse: Esto se explica porque los intereses representan el perjuicio que el acreedor experimenta si no se le paga con oportunidad el dinero que se le debe, pues cabe suponer que obtenida esa suma podría haber ganado intereses con el simple expediente de depositarlos en una cuenta de ahorro bancaria. 337

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) El acreedor, aparte de los intereses, puede cobrar otros perjuicios, pero para ello deberá probarlos, de acuerdo a las reglas generales. 3.2. Reglas del Artículo 1559 CC: “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1) Regla 1era: “Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos”. En conformidad a esta regla hay que distinguir varias situaciones: a. Que las partes hayan pactado intereses convencionales y que estos sean superiores al interés legal: Se siguen debiendo los intereses convencionales. b. Que las partes no hayan pactado intereses o que pactándolos han sido inferiores al legal: Se empiezan a generar los intereses legales. c. Si se está frente a una disposición que autorice al cobro de intereses corrientes en ciertos casos: En ese caso no se aplican estas reglas. 2) Regla 2da: “El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo”. 3) Regla 3era: “Los intereses atrasados no producen interés”. Lo que la norma está señalando es que no acepta el anatocismo, que así se llama la capitación de intereses. 4) Regla 4ta: “La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”. Implica tampoco puede haber anatocismo en rentas, cánones y pensiones periódicas. 4. Avaluación Convencional (Cláusula Penal) (Art. 1535 CC): “Aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal”. Esta definición presenta algunas incorrecciones, por cuanto al llamarla “clausula” penal da a entender que no pudiera pactarse sino juntamente con el contrato principal, por ello es más bien “estipulación” penal. Además, no tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación. Por último, establece que la pena “consiste en dar o hacer algo”, omitiendo las obligaciones de no hacer. 4.1. Funciones que cumple la cláusula penal: 1) Es una forma de avaluar convencional y anticipadamente los perjuicios: Como tal presenta dos características: a. Es convencional: Porque proviene del acuerdo de las partes. No puede ser establecida unilateralmente, a menos que sea aceptada, ni por la ley o el juez. b. Es anticipada: Porque el monto de los perjuicios queda irrevocablemente fijado antes del incumplimiento. La cláusula penal no es la única forma de avaluar convencional y anticipadamente los perjuicios, pues el mismo carácter tienen las arras confirmatorias (Art. 1803 CC) que también constituyen una liquidación anticipada de los perjuicios derivados de un incumplimiento contractual. En este contexto, la cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria. 338

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Las principales diferencias que tiene la cláusula de indemnización con la indemnización de perjuicios ordinaria en este aspecto son: a. Difiere de la indemnización de perjuicios ordinaria, en cuanto a la oportunidad en que se fija pues estamos frente a una indemnización establecida antes del incumplimiento. b. Los perjuicios no se reparan necesariamente en dinero, como ocurre con la avaluación legal o judicial, pues en este caso la pena puede consistir en un dar o en un hacer y para la doctrina también en un no hacer. c. No es necesario probar los perjuicios, como lo indica el Art. 1542 CC. 2) Constituye una caución: Como la cláusula penal tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, no puede discutirse su condición de caución, atendido que el código define la voz caución como cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de una obligación principal propia o ajena. Por lo demás, es mencionada como tal en el Art. 1472 CC, al lado de la fianza, la prenda y la hipoteca. Demuestra su condición de caución el que un tercero puede sujetarse a la pena si el deudor principal incumple con su obligación, lo que permite que haya otro patrimonio obligado. Además, se puede acumular el cumplimiento de la obligación principal y la pena (Art. 1537 CC), la indemnización ordinaria y la pena (Art. 1543 CC) y puede exigirse la pena, aunque no se hubieren producido perjuicios (Art. 1542 CC). Como caución es personal, porque no afecta bienes determinados al cumplimiento de la obligación que puedan perseguirse en poder de terceros, como ocurre con la prenda o la hipoteca. 3) Importa una pena civil. 4.2. Paralelo de la Cláusula Penal con otras instituciones: 1) Con la Fianza: Se diferencia de esta en que: a. El fiador solo se obliga a pagar una suma de dinero (Art. 2343, inc. final CC), en tanto que la cláusula penal puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. b. Tampoco el fiador puede obligarse en términos más gravosos que el deudor principal (Art. 2344 CC), limitación que no existe en la cláusula penal. 2) Con las Arras: En estas se da una cosa con el fin de constituir una seguridad de la celebración o ejecución de un contrato, o como parte del precio o señal de quedar convenidos. Se pueden apreciar algunas diferencias importantes: a. Las arras garantizan la celebración de un contrato y no el cumplimiento de una obligación. b. En las arras hay una entrega actual de dinero u otra cosa, lo que no ocurre en la cláusula penal en que la entrega solo se va a producir cuando se produzca el incumplimiento. 4.3. Características de la Cláusula Penal: 1) Es consensual: La ley no ha sometido su establecimiento a ninguna formalidad especial. Aún más, la voluntad de las partes puede manifestarse en forma expresa o en forma tácita. Será tácita en todos 339

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe aquellos casos en que se consigna el pago de una pena, de una multa, de una suma de dinero a título de indemnización, o de cualquiera otra cosa que se trate de dar, hacer o no hacer para el caso de no cumplirse o retardarse el pago de la obligación principal. Somarriva dice que habrá casos en que indirectamente la cláusula penal debe sujetarse a solemnidades. Por ejemplo, cuando la pena consiste en la entrega de un bien raíz: debe constar por escritura pública. 2) Es condicional: Porque el derecho del acreedor a cobrar la cláusula penal está sujeto al hecho futuro e incierto que se produzca el incumplimiento del deudor y que este se encuentre en mora (Art. 1537 CC). 3) Es accesoria: Esto por ser una caución. De ello surgen varias consecuencias importantes: a. Extinguida la obligación principal, por cualquier medio, se extingue la cláusula penal. b. La acción para exigir el pago de la pena prescribe juntamente con la obligación principal (Art. 2516 CC). c. La nulidad de la obligación principal trae consigo la nulidad de la pena (Art. 1536, inc. 1 CC): En razón de este elemento es importante referirnos a dos casos particulares: i. Cláusula Penal en la Promesa de Hecho Ajeno: El Art. 1536 CC después de dejar consignado en su inc. 1 que la nulidad de la obligación arrea la de la cláusula penal, establece en su inciso siguiente lo que parece una excepción: “Con todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimiento de dicha persona”. La verdad es que no hay ninguna excepción a la regla del inc. 1, pues lo que está garantizando la cláusula penal es la obligación que asumió el promitente de que el tercero acepte la obligación que se contrajo para él, o, dicho de otra manera, que ratifique lo obra por el promitente. Y justamente, este es un caso en que la cláusula penal presenta clara utilidad. ii. Cláusula Penal en la Estipulación a favor de otro: El Art. 1536, inc. final CC señala que: “Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un tercero, y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido”. Este es un caso en que la cláusula penal presenta evidente utilidad, porque como en conformidad al Art. 1449 CC, el estipulante no puede exigir al promitente el cumplimiento de lo acordado, estipula esta cláusula para poder compeler al promitente a que cumpla. 4) Puede garantizar una obligación civil o natural: El Art. 1472 CC reconoce en forma expresa que puede caucionar una obligación natural. Ahora bien, cuando la cláusula penal está destinada a garantizar una obligación ajena y esta obligación principal se transforma en natural, algunos entienden que la obligación del tercero tiene este mismo carácter. Esta opinión no es compartida por Gatica, porque la caución accede no a la obligación civil, sino a la que ya es natural.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4.4. Extinción de la Cláusula Penal: La cláusula penal puede extinguirse por vía principal y por vía accesoria. Por vía principal, cuando se extingue no obstante mantenerse vigente la obligación principal; y por vía accesoria, cuando desaparece como consecuencia de haberse extinguido la obligación principal. 4.5. Efectos de la Cláusula Penal: El efecto propio de la cláusula penal es dar al acreedor el derecho de cobrarla cuando no se cumple la obligación principal. Ahora bien, para que el acreedor pueda cobra la pena deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Incumplimiento de la obligación principal (Art. 1535 CC). 2) Que este incumplimiento sea imputable al deudor. 3) Mora del deudor (Art. 1538 CC). 4) Cuando incide en un contrato bilateral, es accesoria a la petición de cumplimiento o de resolución por tratarse de una forma de indemnización de perjuicios. 4.6. Cuestiones Particulares de la Cláusula Penal: 1) La Pena y el Caso Fortuito: Parte de la doctrina, fundada en que el Art. 1542 CC expresa que “habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado”, ha indicado que aun si hay caso fortuito se puede exigir la pena. Esta posición es equivocada según Ramos Pazos porque si hay caso fortuito la obligación principal se extingue por el modo de extinguir pérdida de la cosa debida o imposibilidad de la ejecución, y extinguida la obligación principal, se extingue, por vía de consecuencia, la cláusula penal por su carácter accesorio. 2) La Pena y la Interpelación Voluntaria: Se ha planteado que, existiendo cláusula penal, no operaria respecto de la obligación principal la interpelación voluntaria expresa del Art. 1551 N°1 CC, por lo que siempre se necesitaría de interpelación judicial. La doctrina no participa de esa idea, entendiendo que el deudor puede quedar constituido en mora por cualquiera de las formas de interpelación contempladas en dicho artículo. 3) Efectos de la Cláusula Penal cuando el Incumplimiento es Parcial: Si el acreedor acepta del deudor un pago parcial, el deudor tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por la falta de cumplimiento de la obligación (Art. 1539 CC). 4.7. Cobro de la Obligación Principal, de la Indemnización Ordinaria y de la Pena: Los Arts. 1537 y 1543 CC señalan reglas especiales en estos casos: 1) Antes de constituirse el deudor en mora, el acreedor solo puede demandar la obligación principal. 2) Constituido el deudor en mora la ley da al acreedor la opción para pedir: el cumplimiento de la obligación principal o la pena, pero no las cosas a la vez. 3) No rige la regla anterior cuando aparezca haberse convenido la pena por el simple retardo; o cuando se hubiere estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal: Además, en ese sentido la ley pone un caso de excepción donde puede cobrarse la pena y solicitarse el cumplimiento de la obligación, lo cual ocurre en la transacción, ya que el Art. 2463 CC señala que: “Si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecutar la transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes”

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Podría también, en conformidad al Art. 1543 CC, optarse por la pena o la indemnización de perjuicios ordinaria en conformidad a las reglas generales, pero no demandarse ambas, a menos que se hubiere convenido expresamente. Ahora bien, existen algunas situaciones particulares respecto al cobro de la cláusula penal: 1) Si la obligación principal es divisible y hay pluralidad de acreedores o de deudores: El Art. 1540 CC establece que cuando la obligación principal es de cosa divisible, la pena debe dividirse también entre los herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias. 2) Si la obligación principal es de cosa indivisible o cuando se ha puesto la cláusula penal con la intención expresa de que el pago no pueda fraccionarse: En estos casos puede el acreedor cobrar al culpable el total de la pena o a cada uno de los deudores incluidos los inocentes su cuota en la pena, quedando a salvo el recurso de estos contra el infractor (Art. 1540, inc. 2 y 3 CC). 3) Si la pena es indivisible: Se podrá reclamar a cualquiera de los deudores, sin importar quién sea el infractor. Ello porque estamos frente a una obligación indivisible. 4) Si la obligación principal es solidaria: La ley no da solución al problema. Una parte de la doctrina entiende que la pena también se puede cobrar solidariamente, por el carácter accesorio que tiene. Abeliuk estima que esta solución es discutible, porque la indemnización de perjuicios es conjunta aun entre los deudores solidarios. Además, la solidaridad requiere de texto expreso. 5) Si la cláusula penal está garantizada con hipoteca (Art. 1541 CC): “Si a la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse toda la pena en él, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiere lugar”. Esto porque la hipoteca es indivisible. 6) Si hay pluralidad de acreedores: No está resuelto esto en la ley. De acuerdo a las reglas generales, cada acreedor solo podrá demandar su cuota en la pena, salvo que la pena fuere de cosa indivisible o hubiere solidaridad activa. 4.8. Cláusula Penal Enorme: El Art. 1544 CC distingue varias situaciones: 1) En los Contratos Conmutativos: “Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él”. Respecto de esta norma se discute que se entiende por “incluyéndose esta en él”, habiendo dos interpretaciones: a. Estimar que el alcance es que la pena no puede exceder del doble de la obligación principal: Por ejemplo, si la obligación alcanza a 100; la pena no puede ser de más de 200. b. Entender que la pena no puede exceder más del doble de la obligación principal más esta última: Siguiendo el ejemplo anterior, la pena no podría ser de más de 300. 2) En el Mutuo: “En el primero se podrá rebajar la pena en lo que exceda al máximum del interés que es permitido estipular”. Sin embargo, cuando se pactan intereses por la mora y estos exceden al máximo que es permitido estipular, la sanción es que los intereses se rebajan al interés corriente (Art. 8 Ley 18.010), no al máximo permitido estipular. 3) En las Obligaciones de Valor Inapreciable o Indeterminado: “En las segundas se deja a la prudencia del juez moderarla, cuando atendidas las circunstancias pareciere enorme”. 342

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe V.

DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR.

1. Concepto y Enumeración: “Ciertas acciones o medios que la ley otorga al acreedor destinados a mantener la integridad del patrimonio del deudor”. Son: 1) Las Medidas Conservativas: “Aquellas que tienen por objeto mantener intacto el patrimonio del deudor, evitando que salgan de su poder los bienes que lo forman, a fin de hacer posible el cumplimiento de la obligación”. 2) El Derecho Legal de Retención: “Medida precautoria que permite a quien está obligado a entregar una cosa, para retenerla, con el fin de asegurarle un derecho que según la ley le corresponde”. 3) La Acción Oblicua, Indirecta o Subrogatoria: “El derecho que la ley otorga en ciertos casos a los acreedores para actuar en nombre del deudor, respecto de ciertas acciones o derechos, que, correspondiendo a este, negligentemente o con el propósito de perjudicar a sus acreedores, no ejercita”. 4) La Acción Pauliana o Revocatoria. 5) El Beneficio de Separación. 2. La Acción Pauliana o Revocatoria: Está tratada en el Art. 2468 CC, y se define como “la que la ley otorga a los acreedores para dejar sin efecto los actos del deudor ejecutados fraudulentamente y en perjuicio de sus derechos y siempre que concurran los demás requisitos legales”. 2.1. Requisitos de la Acción Pauliana: 1) En relación con el acto: La acción pauliana puede intentarse para dejar sin efecto cualquier acto o contrato voluntario del deudor (no los forzosos, pues en al caso no se divisa el fraude). Sin embargo, la Corte Suprema en una oportunidad estimó que no procedía la acción pauliana para dejar sin efecto un pacto de separación de bienes. Somarriva comparte esta sentencia en razón de ser el pacto de separación total de bienes uno de esos derechos absolutos, que escapa al control de los acreedores. No obstante que la acción pauliana procede tanto respecto de los actos gratuitos como de los onerosos, los efectos que se siguen en uno y otro caso son diferentes: a. Si el acto que produce la insolvencia del deudor es oneroso: Para revocarlo será necesario probar la mala fe del deudor y la mala fe del adquirente, esto es, acreditar que ambos conocían el mal estado de los negocios del deudor. b. Si el acto que produce la insolvencia del deudor es gratuito: Basta que el acreedor pruebe la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. 2) En relación con el deudor: No es necesario para la procedencia de la acción pauliana que el deudor este en un procedimiento de liquidación concursal. Respecto del deudor, lo único que exige el Art. 2468 CC es que el deudor esté de mala fe. Esta es una mala fe específica, denominada mala fe pauliana, que consiste en “que realice el acto conociendo el mal estado de sus negocios”. 3) En relación con el acreedor: El acreedor que entabla la acción debe tener interés, y solo va a tenerlo cuando se reúnan los siguientes requisitos: a. Que el deudor sea insolvente o que con el acto haga aumentar su insolvencia. 343

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Que su crédito sea anterior al acto que produce la insolvencia. 4) En relación con el tercero adquirente del deudor: Hay que distinguir: a. Si el acto es gratuito: No se requiere ningún requisito especial a su respecto, basta la mala fe del deudor y el perjuicio (Art. 2468 N°2 CC). b. Si el acto es oneroso: El tercero adquirente debe estar de mala fe, es decir, haber celebrado el acto sabiendo el mal estado de los negocios del deudor (Art. 2468 N°1 CC). 2.1.1. Situación del Subadquirente: 1) Claro Solar: Estima que a los subadquirentes se les debe aplicar las mismas reglas que los adquirentes. 2) Alessandri: Partiendo de la base que la acción pauliana es una acción de nulidad relativa porque el Art. 2468 CC emplea las expresiones “rescindan” y “rescindibles”, estima que basta con probar la mala fe del deudor y del tercero adquirente, no siendo necesario probar la mala fe del tercero subadquirente. 3) Somarriva: Dice que hay que distinguir: a. Si no hay mala fe ni en el deudor ni el adquirente: No cabe la revocación, aunque el subadquirente este de mala fe. b. Si los tres están de mala fe: Cabe la revocación. c. Si el deudor y el adquirente son fraudulentos y el subadquirente está de buena fe: No resulta lógico exigir a este más requisitos que al adquirente, por lo que debe distinguirse respecto de este entre: i. Contratos gratuitos: Que se revocan. ii. Contratos onerosos: Que solo se revocan si esta de mala fe. 2.2. Características de la Acción Pauliana: 1) Es una acción personal: Porque deriva de un hecho ilícito. 2) Es una acción patrimonial: De lo que se sigue que: a. Es renunciable. b. Es transferible. c. Es transmisible. d. Es prescriptible: El plazo de prescripción es de 1 año, contado desde la fecha del acto o contrato (Art. 2468 N°4 CC). 2.3. Efectos de la Acción Pauliana: El efecto propio de la acción pauliana es dejar sin efecto el acto o contrato impugnado, hasta el monto del crédito del acreedor que intenta la acción. El deudor puede enervar la acción pagando al creedor. Por aplicación del efecto relativo de la sentencia judicial la revocación solo afecta a las partes que litigaron.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2.4. Naturaleza Jurídica de la Acción Pauliana: 1) Acción de Nulidad Relativa (Alessandri): Tomando pie de la expresión “rescindibles” que emplea el Art. 2468 CC, entiende que es una acción de nulidad relativa. Tiene importancia esa conclusión para los efectos de saber si a los terceros subadquirentes se les va o no exigir mala fe, indicando que por aplicación del Art. 1689 C, no tiene importancia, existiendo siempre acción reivindicatoria. El autor estima que esta teoría es errada pues el acto que se pretende dejar sin efecto es un acto válido, pues en su formación no hubo vicios. 2) Acción de Inoponibilidad por Fraude (Somarriva): Ello implica que al acreedor no le afecta el acto y por ello puede pedir su revocación. El hecho de que el acto se revoque hasta el monto del crédito del acreedor es un buen argumento en favor de esta posición. 3) Acción Indemnizatoria por un Hecho Ilícito (Planiol): La reparación adopta una forma especial que es, precisamente, dejar sin efecto el acto ilícito. 3. Beneficio de Separación de Patrimonio: “Aquel beneficio que tiene por objeto evitar que se confundan los bienes del causante con los del heredero, para que, de esa forma, puedan pagarse en los primeros, los acreedores hereditarios y testamentarios, con preferencia a los acreedores propios del heredero”. CAPÍTULO V: LOS MODOS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES I.

GENERALIDADES29.

1. Concepto: El derecho personal o crédito y la obligación correlativa son de duración temporal, pues cumplido su objetivo, desaparecen. Pero el cumplimiento de la obligación no es la única forma como esta se extingue. Solo es la forma normal de extinción. Por ello, podemos definir los modos de extinguir las obligaciones como “todo hecho o acto al que la ley atribuye el valor de hacer cesar los efectos de la obligación”. 2. Causales de Extinción de las Obligaciones: El Art. 1567 CC hace una enumeración de los modos de extinguir las obligaciones, indicando que: “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo; 2) Por la novación; 3) Por la transacción; 4) Por la remisión; 5) Por la compensación; 6) Por la confusión; 7) Por la pérdida de la cosa que se debe; 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 29

Complementado con el texto “Los Modos de Extinguir las Obligaciones” de Ramón Cifuentes.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 9) Por el evento de la condición resolutoria; 10) Por la prescripción. Ahora bien, en relación con esta enumeración se pueden formular las siguientes observaciones: 1) Si bien tiene 10 numerandos, contiene 11 modos de extinguir las obligaciones, por cuando en el inc. 1 se establece uno más: la resciliación o mutuo disenso. 2) No es una enumeración taxativa, pues hay otros modos de extinguir que no contempla: Como, por ejemplo, el plazo extintivo, la dación en pago, la imposibilidad absoluta de cumplir una obligación de hacer, la voluntad de las partes como ocurre en el desahucio y con la revocación y renuncia del mandato, la muerte del deudor o del acreedor en las obligaciones intransmisibles y en los contratos in tuito personae, etc. 3. Clasificación de los Modos Extintivos: 1) El pago y los demás modos de extinguir: El pago difiere de todos los modos de extinguir, pues equivale al cumplimiento de la obligación, tal como ella existe desde su nacimiento. En ningún otro modo extintivo la obligación se cumple como ella fue contraída o establecida. 2) En cuanto a la satisfacción que obtiene el acreedor: Se distinguen tres categorías: a. Aquellos que satisfacen el crédito de una u otra forma: A esta categoría pertenecen además del pago los que le equivalen, según la expresión del Art. 1526 CC: dación en pago, compensación, confusión, transacción y novación. b. Aquellos que no satisfacen la acreencia: Típicamente pertenecen a este grupo la remisión, la prescripción extintiva y la imposibilidad inimputable en el cumplimiento. c. Aquellos que atacan el vínculo obligacional mismo: Pertenecen a la categoría anterior, en cuanto el crédito no es satisfecho, pero se les separan, porque actúan sobre el acto que lo generó, como ocurre con la nulidad y la condición resolutoria. 3) Modos comunes y particulares: Algunos modos de extinguir son propios de ciertas obligaciones como ocurre con la condición resolutoria tácita que solo puede afectar a las convencionales, la muerte de una de las partes, la revocación unilateral, etc. La mayoría son comunes a todas las obligaciones, salvo las excepciones legales. 4) Modos voluntarios y no voluntarios: En ciertos modos de extinguir, la extinción opera con la voluntad de las partes, como en el pago, mutuo disenso, novación, dación en pago, remisión, etc. Son, por lo tanto, convenciones extintivas; otros operan sin intervención de la voluntad de las partes, como la compensación, confusión, prescripción extintiva, etc. 5) Modos de extinción total y parcial: Los distintos modos extintivos pueden operar extinguiendo la obligación total o parcialmente, como si por ejemplo se remite la mitad de la deuda. En el pago con subrogación también se produce una extinción parcial, pero en otro sentido: la obligación se extingue respecto del acreedor pagado y sobrevive con otro acreedor: el que pagó. 4. Renacimiento de la Obligación: Si la obligación se ha extinguido, ella no puede renacer, pero es posible que quede sin efecto el modo que ha operado, por nulidad o mutuo acuerdo de las partes. Si hay nulidad, por su efecto declarativo hace considerar que la obligación nunca se extinguió. Si hay mutuo consentimiento

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe se crea una nueva obligación, porque la anterior se extinguió irrevocablemente. También ocurre este efecto si hay novación por cambio de deudor y el nuevo deudor cae en insolvencia en ciertos casos. II.

LA RESCILIACIÓN O MUTUO DISENSO O MUTUO CONSENTIMIENTO.

1. Conceptos Generales: Esta establecido en el Art. 1567, inc. 1 CC: “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula”. Por lo tanto, la resciliación puede ser definida como “un acuerdo de voluntades (convención) en que las partes dotadas de capacidad de disposición dejan sin efecto un acto anterior, extinguiendo de esa manera las obligaciones pendientes provenientes de ese acto”. Como observa Stitichkin, la resciliación solo tiene cabida tratándose de obligaciones contractuales, es decir, emanadas de un acuerdo de voluntades pues, precisamente, se funda este modo en que, habiéndose generado la obligación por un acuerdo de voluntades, por un nuevo acuerdo pueden las partes dejarla sin efecto. Además, a esto se agrega que las obligaciones legales, por regla general, no pueden ser dejadas sin efecto por el mutuo acuerdo de las partes, por su carácter irrenunciable. Es importante indicar que la resciliación es una convención, no un contrato, porque es un acto jurídico bilateral destinado a extinguir una obligación. 2. Requisitos de Validez: Constituyendo una convención, sus requisitos son los propios de todo acto jurídico: consentimiento, capacidad de las partes, objeto y causa. 1) Consentimiento en la Resciliación: Las partes tienen que consentir, convenir, en dejar sin efecto en todo o parte un acto jurídico anterior. Las partes son, por cierto, las mismas que celebraron el acto jurídico que por medio de la resciliación dejan sin efecto. Un fallo sentó la doctrina de que la resciliación debe hacerse y por ende perfeccionarse con la misma solemnidad que las partes adoptaron al convenir el contrato. Esto en aplicación del principio de que en Derecho las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen. Sin embargo, Ramos Pazos no está de acuerdo con esto porque las solemnidades son de derecho estricto, y la ley no ha establecido ninguna para la resciliación. 2) Capacidad para Resciliar: El Art. 1567 CC exige capacidad de disposición. No basta la simple capacidad para contratar. Así, por ejemplo, en la sociedad conyugal, el marido tiene plena capacidad, pero no puede enajenar los inmuebles sociales, sin la autorización de su mujer. Luego, para poder disponer requiere de este requisito adicional. Y, por la misma razón, se ha fallado que para que sea válida la resciliación de la compraventa de un inmueble social, se requiere contar con la autorización de su mujer. 3. Para que haya resciliación tiene que existir una obligación pendiente: Este requisito no aparece del Art. 1567 CC, pero todos los autores lo exigen, pues no hay que olvidar que la resciliación es un modo de extinguir las obligaciones, por lo que si no hay obligaciones que extinguir la resciliación no tendría efecto. Ahora bien, libremente las partes pueden pactar dejar sin efecto un contrato cumplido, pero en ese caso lo que hacen es celebrar otro contrato en sentido contrario. 4. La Resciliación solo opera en los contratos patrimoniales: No cabe en el Derecho de Familia, por cuanto no procede allí la renuncia de derechos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5. Efectos de la Resciliación: El Art. 1567 CC al dar el concepto de resciliación, habla de que con ella las partes consienten en dar por nula una obligación. Esto es un error. Para que haya nulidad debe existir un vicio originario, esto es, existente al momento en que se formó el consentimiento. En el caso de la resciliación, el acto no nació viciado, luego no cabe hablar de nulidad. Tampoco son las partes las que podrían declarar la nulidad de un acto, sino la justicia. Lo que ha querido decir el Art. 1567 CC, es que con la resciliación las partes acuerdan dejar sin efecto el acto. Corrientemente se dice que la resciliación no opera retroactivamente, sino hacia el futuro, y ello con el objeto de proteger a los terceros que pudieren haber celebrado algún contrato sobre la cosa objeto del contrato resciliado. Sin embargo, Stitchkin observa que esto no es tan cierto, pues entre las partes la resciliación tendrá los efectos que las partes hayan querido darle: para el futuro o retroactivamente. Cuento aparte es que tal acuerdo no puede afectar a los terceros. Por ello, es necesario distinguir: 1) Efectos entre las Partes: La resciliación produce los efectos que las partes quieran atribuirle, rigiendo en plenitud el principio de la autonomía de la voluntad. 2) Efectos respecto de Terceros: Hay que distinguir: a. Respecto de los que derivan sus derechos a la cosa objeto del contrato antes de la resciliación: La resciliación no los va a afectar, es inoponible. b. Los que han adquirido algún derecho sobre la cosa después de la resciliación: Deben respetar la resciliación, afectándoles como a todos los demás, los actos jurídicos celebrados por su antecesor o antecesores. III.

EL PAGO.

1. Conceptos Generales: El Código reglamenta diversas modalidades del pago: 1) Solución o Pago Efectivo. 2) Pago por Consignación (Art. 1599 CC): “El que se hace con las formalidades legales, mediante el depósito de la cosa debida en manos de una tercera persona, en los casos de negativa o no concurrencia del acreedor a recibirlo o de incertidumbre acerca de la persona de este”. 3) Pago con Subrogación. 4) Pago por Cesión de Bienes o por Acción Ejecutiva del Acreedor o Acreedores: El pago por cesión de bienes es “Abandono voluntario que el deudor hace de todos sus bienes a su acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar sus deudas”. 5) Pago con Beneficio de Competencia: El beneficio de competencia es “el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna”. A. Sección Primera: “LA SOLUCIÓN O PAGO EFECTIVO” 1. Concepto: El Art. 1568 CC lo define como “la prestación de lo que se debe”. De esta definición surge de inmediato una importante consecuencia: el pago es un modo de extinguir cualquier tipo de obligación, 348

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe no solo, como podría pensarse, aquellas de pagar una suma de dinero. Si la obligación es pintar un cuadro, construir una casa o tocar el piano, esas obligaciones serán pagadas, pintando el cuadro, construyendo la casa o tocando el piano. Otra consecuencia importante es que todo pago supone una obligación preexistente, civil o a lo menos, natural. Tanto es así que si por erro se paga una obligación inexistente, quien paga tiene derecho a repetir (Art. 2295 CC). El pago, más que un modo de extinguir una obligación es la forma natural de cumplirla. Por último, como el pago es la prestación de lo que se debe, no hay pago si por acuerdo de las partes, la obligación se satisface con una cosa distinta de lo debido. En tal caso estaremos frente a una dación en pago. 2. Naturaleza Jurídica del Pago: Se han planteado las siguientes posiciones: 1) Convención: Esto es, un acto jurídico bilateral que extingue obligaciones, por lo cual debe cumplir con los requisitos de todo acto jurídico: consentimiento, capacidad, objeto y causa. Se ha discutido por algunos que sea una convención porque si el deudor se resiste a recibir el pago, se le puede pagar aun en contra de su voluntad, mediante el pago por consignación. Esto se explica porque el deudor tiene el derecho a liberarse de la obligación, tiene el derecho a pagar, y el acreedor no puede impedirle que lo ejerza. 2) Hecho Jurídico: Somarriva estima discutible que sea un acto jurídico. 3. Características del Pago: 1) Es un acto jurídico in tuito personae: Consecuencia de ello es que, si por error se hace a una persona distinta del acreedor, no extingue la obligación. Quien paga mal paga dos veces. Esto, sin perjuicio que pueda repetir lo pagado por el Art. 2295 CC. 2) Debe ser especifico (Art. 1569 CC): Ello significa que debe hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin que pueda ser obligado el acreedor a recibir otra cosa que lo que se le deba ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida. 3) Debe ser completo: Debe comprender íntegramente lo debido, incluidos los accesorios. Ello significa que el pago de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban (Art. 1591, inc. 2 CC). Por la misma razón y salvo excepciones, los gastos del pago son de cargo del deudor (Art. 1571 CC). 4) Es indivisible: Lo que significa que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales (Art. 1591, inc. 1 CC). Por excepción, se puede dividir el pago en los siguientes casos: a. Si así lo acuerdan las partes (Art. 1593, inc. 1 CC): En este caso se “se entenderá dividido el pago en partes iguales; a menos que en el contrato se haya determinado la parte o cuota que haya de pagarse a cada plazo”. b. En las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas en que cada deudor solo está obligado a pagar su cuota (Arts. 1511 y 1526 CC). c. En las deudas hereditarias se divide el pago entre los herederos a prorrata de sus cuotas hereditarias (Art. 1354, inc. 1 CC). 349

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. Cuando existen varios fiadores, la deuda se entiende dividida entre ellos por partes iguales (Beneficio de División) (Art. 2367 CC). e. Cuando existe controversia sobre la cantidad de la deuda, o sobre sus accesorios, podrá el juez ordenar, mientras decide la cuestión, el pago de la cantidad no disputada (Art. 1592 CC). f.

Cuando las partes son recíprocamente deudores y acreedores, puede operar el modo de extinguir compensación, en cuya virtud se extinguen ambas deudas hasta la de menor valor, lo que viene a importar una especie de pago parcial.

4. Quién puede hacer el pago: Pueden hacer el pago: 1) El deudor: Cuando decimos que el pago lo hace el deudor, debemos aclarar que, dentro de este caso, comprendemos también los siguientes: a. Pago hecho por el representante legal del deudor (Art. 1448 CC): “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo”. b. Pago hecho por un mandatario del deudor (Arts. 1448 y 671 CC). c. Pago hecho por un heredero del deudor (Art. 1097 CC): “Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos: representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles”. En el caso en que el testador haya gravado a un legatario con el pago de una obligación, deberá comprenderse también en el pago que en este caso haga ese legatario. En todos estos casos, si el deudor paga se extingue definitivamente la obligación, sin que se genere ninguna consecuencia posterior. 2) Un tercero interesado en extinguir la obligación: Estos son: a. El codeudor solidario: Si paga se extingue la obligación respecto de él, pero por el hecho de pagar, se subroga en los derechos del acreedor a quien paga, pasando a ocupar su lugar frente a los otros codeudores solidarios, para cobrarles a cada uno su cuota. b. El fiador: También el fiador que paga se subroga en los derechos del acreedor a quien paga, pero en este caso puede cobrar el total de la obligación a cualquiera de los codeudores si hay más de uno. c. El tercer poseedor de la finca hipotecada: Se entiende por tercer poseedor de la finca hipotecada al poseedor del inmueble hipotecado que no está obligado personalmente al pago de la deuda. Esta situación se da en dos casos: i. Cuando se hipoteca un bien propio para garantizar una obligación ajena. ii. Cuando se adquiere un inmueble hipotecado. En estos casos este tercer poseedor si paga se subroga en los derechos del acreedor a quien paga, pudiendo dirigirse contra del deudor (Arts. 1610 N°2 y 2429, inc. 2 CC). Por ello, se puede decir que en estos casos el pago no produce la extinción de la obligación, pues esta subsiste entre el que 350

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe hizo el pago (que pasa a ocupar el lugar del acreedor), y el deudor. El que desaparece del cuadro es el acreedor, pues su lugar pasa a ser ocupado por quien hizo el pago (lo subroga). 3) Un tercero extraño a la obligación: Según el Art. 1572 CC “Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor”. La ley acepta que un tercero no interesado pueda pagar por varias razones: a. Porque desde el punto de vista del acreedor, lo que le interesa es que le paguen, no le importa que lo haga el deudor o un tercero, y b. Porque a la sociedad misma le interesa que las deudas se paguen, que exista el menor número de personas obligadas. Se ha resuelto que el pago que hace un tercero por el deudor, aun a pesar del acreedor, no está sujeto a formalidades especiales y puede hacerse en las mismas condiciones que lo haría el deudor. Excepcionalmente, si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud física o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. Ahora bien, es necesario distinguir cuáles son los efectos que produce el pago cuando lo hace un tercero extraño: a. Si paga con el consentimiento expreso o tácito del deudor: El que paga en este caso se subroga en los derechos del acreedor a quien paga (Art. 1610 N°5 CC). En el fono, esta persona viene a ser un verdadero mandatario del deudor, y por la misma razón va a tener dos acciones para poder resarcirse de lo que pagó: i. La acción subrogatoria: Esta puede ser más efectiva si la deuda estaba caucionada, porque se subroga con todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas (Art. 1612 CC). ii. La acción propia del mandato: Esta puede ser más conveniente, pues le permite cobrar lo pagado más intereses corrientes (Art. 2158 N°4 CC). b. Si paga sin el conocimiento del deudor (Art. 1573 CC): “El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado; y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subrogue”. No hay entonces en este caso subrogación legal. Solo podría haber subrogación convencional, si el acreedor a quien pagó, le subroga voluntariamente en sus derechos (Art. 1611 CC). Además, la acción de reembolso en este caso no tiene ninguna de las ventajas y prerrogativas del crédito antiguo. c. Si paga contra la voluntad del deudor (Art. 1574 CC): “El que paga contra la voluntad del deudor, no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado; a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción”. Esta persona que paga por otra sin poder es un verdadero agente oficioso. Y esto es importante, porque el código al tratar la agencia oficiosa (Art. 2291 CC), dice una cosa distinta a lo que establece el Art. 1574 CC, ya que señala que “El que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado, no tiene demanda contra él, 351

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe sino en cuanto esa gestión le hubiere sido efectivamente útil, y existiere la utilidad al tiempo de la demanda; por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una deuda, que sin ella hubiera debido pagar el interesado”. La contradicción entre las dos normas es evidente: según el Art. 1574 CC, no hay acción de repetición; según el Art. 2291 CC, si el pago fue útil al deudor (es decir, si extinguió la obligación) hay acción de repetición. Frente a esta contradicción se han planteado distintas formas de resolverla: i. El Art. 1574 CC debe aplicarse cuando el pago no ha sido útil al deudor y el Art. 2291 CC, cuando le fue útil (Leopoldo Urrutia): La solución tiene el inconveniente que el Art. 1574 CC no contempla esta distinción. ii. El Art. 1574 CC rige para los pagos aislados, que no corresponden a la administración de un negocio; en cambio, el Art. 2291 CC se debe aplicar a la agencia oficiosa, en que hay administración de un negocio (Ruperto Bahamonde): Esta interpretación se ajusta al tenor literal de las normas, pero resulta injusta. iii. El Art. 2291 CC se aplica cuando concurran copulativamente dos requisitos (Gonzalo Barriga): a. Que el pago quede comprendido dentro de la administración de un negocio, y b. Que reporte utilidad al deudor. Faltando cualquiera de estos requisitos debe regir el Art. 1574 CC. iv. El Art. 2291 CC se aplica cuando hay utilidad para el deudor, caso en que el que paga puede repetir solo hasta el monto de la utilidad y el Art. 1574 CC se aplica si el pago no fue útil al deudor (Claro Solar): Parece ser la tesis más razonable según Ramos Pazos. 5. El Pago en las Obligaciones de Dar: En estas obligaciones el pago tiene algunas reglas especiales: 1) El tradente debe ser dueño del derecho que transfiere (Art. 1575 CC): “El pago en que se debe transferir la propiedad no es válido, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada, o la paga con el consentimiento del dueño”. Cuando esta norma dice que el pago “no es válido”, no está significando que es nulo, sino que es ineficaz para extinguir la obligación. Hay una excepción, en el Art. 1575, inc. final CC: “Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible y el acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el que no era dueño, o no tuvo facultad de enajenar”. 2) Se requiere capacidad de disposición en el que paga (Art. 1575, inc. 2 CC): “Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar”. El pago efectuado por el que no tiene capacidad de disposición adolece de nulidad relativa, porque se ha omitido un requisito exigido por la ley en consideración al estado o calidad de las personas que lo ejecutan (Art. 1682 CC). Ahora, si quien hizo el pago es absolutamente incapaz, la nulidad será absoluta (Art. 1682, inc. 2 CC). 3) El pago debe hacerse con las formalidades legales (Art. 679 CC): “Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas”. 352

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 6. A quién debe hacerse el pago: Esto es muy importante porque si se paga quien no corresponde se paga mal y el deudor no queda liberado de la obligación. El Art. 1576 CC indica a quien debe hacerse el pago: 1) Al acreedor mismo (Art. 1576 CC): “Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aun a título singular)”. Luego, vale el pago que se hace al acreedor, al heredero del acreedor (Art. 951 y 1097 CC); al legatario del crédito (Art. 1127 CC) o al cesionario del crédito (Arts. 1902 a 1905 CC). Sin embargo, existen ciertas excepciones en que el acreedor no puede recibir el pago (Art. 1578 CC): “El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes: a. Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes; salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor, y en cuanto este provecho se justifique con arreglo al artículo 1688: Ello se explica porque el pago es un acto jurídico bilateral, que requiere que ambas partes sean capaces. La sanción si se paga a un incapaz va a ser la nulidad relativa, a menos que se haya pagado a un absolutamente incapaz, en que será nulidad absoluta. Sin embargo, el pago va a ser válido si quien lo hizo prueba que fue útil al acreedor y en cuanto se justifica este hecho con arreglo al Art. 1688 CC, vale decir, probando que el acreedor se hizo más rico, entendiéndose que es así cuando las cosas pagas le hubieren sido necesarias o si no lo fueron, subsistan y se quisiera retenerlas. b. Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener su pago: Este numeral comprende dos situaciones: i. El crédito que tiene el acreedor se encuentra embargado. ii. Que se haya decretado una medida precautoria de retención de ese pago. Embargado el crédito o retenido el pago, si el deudor paga, el pago adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito (Art. 1682 en relación con el Art. 1464 N°3 CC). Se ha fallado que para que se produzca este efecto tanto el embargo como la retención deben notificarse al deudor. De no ocurrir así el pago sería válido. c. Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso: Esto es consecuencia que el deudor declarado insolvente pierde la administración de sus bienes, la cual pasa al liquidador, que es quien puede recibir válidamente el pago. 2) A los representantes del acreedor: Estos representantes del acreedor pueden ser de tres tipos: a. Representantes Legales (Art. 1579 CC): “Reciben legítimamente: i. Los tutores y curadores por sus respectivos representados; ii. Los albaceas que tuvieren este encargo especial o la tenencia de los bienes del difunto; iii. Los maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración de los bienes de éstas: Respecto a este caso, afirma Abeliuk que este caso no estaría bien. Pero

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Ramos Pazos estima que, si bien hoy en día el marido no es representante legal de su mujer, de todas formas, es quien administra sus bienes (Art. 1749 CC). iv. Los padres o madres que ejerzan la patria potestad por sus hijos; v. Los recaudadores fiscales o de comunidades o establecimientos públicos, por el Fisco o las respectivas comunidades o establecimientos; vi. Y las demás personas que por ley especial o decreto judicial estén autorizadas para ello. b. Representantes Judiciales: Vale el pago que se hace a la persona designada por el juez para recibirlo (Arts. 1576 y 1579 CC). Puede ser el caso de que exista una medida precautoria de secuestro. c. Representantes Convencionales o Diputación para recibir el pago (Mandatario): Este mandatario puede incluso ser relativamente incapaz (Art. 1581 CC). El mandato para recibir el pago puede revestir tres modalidades: i. Mandato general de administración (Art. 2132 CC): Que confiere la facultad de cobrar los créditos que pertenezcan al giro ordinario (Arts. 1580 y 2132 CC). ii. Mandato especial para administrar el negocio o negocios en que incide el pago: Puede en este carácter recibir los pagos que se hagan a ese negocio. iii. Mandato especial para cobrar un determinado crédito. La ley ha establecido algunas precisiones. Así, según el Art. 1582 CC, el poder para demandar en juicio no faculta al apoderado para recibir el pago de la deuda. Esto porque según el Art. 7, inc. 2 CPC el poder para percibir requiere de mención expresa. Para que el pago hecho a un diputado sea eficaz es necesario que el mandatario actúe dentro de la esfera de su mandato (Art. 2160, inc. 1 CC) y que aparezca recibiendo en su carácter de tal para el mandante o ello aparezca del tenor o espíritu del acto. Es nulo el pago si lo recibe en otra calidad. La diputación para recibir el pago se extingue por: i. Muerte del diputado (Art. 1583 CC): “La facultad de recibir por el acreedor no se transmite a los herederos o representantes de la persona diputada por él para este efecto, a menos que lo haya expresado así el acreedor”. ii. Inhabilidad sobreviniente del diputado (Art. 1586 CC): “La persona diputada para recibir se hace inhábil por: a. La demencia o la interdicción. b. Haber hecho cesión de bienes o haberse trabado ejecución en todos ellos; c. En general por todas las causas que hacen expirar un mandato.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Al actual poseedor del crédito (Art. 1576, inc. 2 CC): “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía”. Los requisitos de esta norma son dos: a. Que el que recibe el pago se encuentre en posesión del crédito. b. Que el que paga lo haga de buena fe, entendiendo que está pagando al dueño del crédito: La buena fe se presume. Este es un caso de aplicación de la teoría de la apariencia o del error común. El pago que se haga a cualquier otra persona que no esté autorizada a recibir el pago es ineficaz, no extingue la obligación. Pero el pago hecho a una persona inhábil se puede validar en los casos establecidos en el Art. 1577 CC: 1) Si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo, caso en que se entenderá como válido desde el principio, o 2) Si el que recibe el pago sucede en el crédito: Puede suceder como heredero, legatario, etc. 6.1. Normas Especiales de Pagos a Terceros: Existen dos normas especiales de pago a un tercero: 1) Pago a tercero facultado para recibir el pago en el contrato (Art. 1585 CC): “Si se ha estipulado que se pague al acreedor mismo, o a un tercero, el pago hecho a cualquiera de los dos es igualmente válido. Y no puede el acreedor prohibir que se haga el pago al tercero, a menos que antes de la prohibición haya demandado en juicio al deudor, o que pruebe justo motivo para ello”. 2) Pago a tercero designado por las partes (Art. 1584 CC): “La persona designada por ambos contratantes para recibir, no pierde esta facultad por la sola voluntad del acreedor; el cual, sin embargo, podrá ser autorizado por el juez para revocar este encargo, en todos los casos en que el deudor no tenga interés en oponerse a ello”. 7. Época en que debe hacerse el pago (Art 1872 CC): El pago debe hacerse en el lugar y tiempo convenidos. Si nada se ha convenido hay que distinguir: 1) Si la obligación es pura y simple: El pago debe hacerse de inmediato, celebrado que sea el contrato. 2) Si la obligación está sujeta a un plazo o condición suspensiva: Desde que venza el plazo o se cumpla la condición. En el caso de obligación sujeta a plazo, el deudor puede pagar antes del vencimiento si el plazo está establecido en su solo beneficio. En caso contrario, no puede hacerlo. 8. Lugar donde debe hacerse el pago: Este aspecto es importante porque el deudor cumplirá su obligación pagando en el lugar que corresponde, sin que se le pueda exigir que lo haga en otro lugar. Y, recíprocamente, el acreedor no puede ser obligado a recibir el pago en un lugar diferente. 1) El pago debe hacerse en el lugar designado en la convención (Art. 1587 CC). 2) Si no se hubiere establecido el lugar en que debe realizarse: Hay que distinguir: a. Si el objeto de la obligación es dar o entregar una especie o cuerpo cierto (Art. 1588, inc. 1 CC): Se debe pagar en el lugar donde dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Si el objeto de la obligación es otra cosa (Art. 1588, inc. 2 CC): El pago debe cumplirse en el domicilio del deudor. Se ha discutido a qué domicilio del deudor se refiere esta norma, si al que tenía al momento de celebrar el contrato o al que tiene al momento en que debe hacerse el pago. Atendido lo que dispone el Art. 1589 CC no cabe duda de que debe estarse al primero, pues justamente esta disposición se pone en el caso en que, entre ambas fechas, el deudor hubiere mudado su domicilio, estableciendo que, en ese caso, el pago debe hacerse “en el lugar que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa”. Si el deudor tuviere pluralidad de domicilios, deberá pagar en el correspondiente al lugar donde contrajo la obligación si este dice relación con ese domicilio. 9. Contenido del Pago (Art. 1569 CC): “El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida”. Ahora bien, para determinar cómo debe hacerse el pago hay que distinguir la naturaleza de la obligación de que se trate: 1) Si lo debido es un género: Se cumplirá entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana (Art. 1509 CC). 2) Si lo debido es una cantidad de dinero: Se cumplirá entregando la suma numérica establecida, pues en Chile se sigue el sistema nominalista. 3) Si lo debido es un hacer o no hacer: Se pagará realizando la prestación o abstención convenida. 4) Si lo debido es una especie o cuerpo cierto: El acreedor debe recibirlo en el estado en que se halle, soportando entonces los deterioros provenientes de fuerza mayor o caso fortuito y aprovechándose de las mejoras. Ahora bien, respecto a los deterioros hay que distinguir (Art. 1590 CC): a. El deterioro es anterior a que el deudor se haya constituido en mora: i. Es imputable a hecho o culpa del deudor o de las personas por quienes este es responsable: 1. El deterioro pareciere de importancia: El acreedor tiene dos opciones: a. Pedir la rescisión (resolución) del contrato y la indemnización de perjuicios. b. Llevarse la especie con indemnización de perjuicios. 2. El deterioro no pareciere de importancia: El acreedor debe llevarse la especie con indemnización de perjuicios. ii. No es imputable a hecho o culpa del deudor o de las personas por quienes este es responsable: 1. El deterioro no proviene de un tercero: Debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. El deterioro proviene de un tercero: Debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle, pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero, autor del daño. b. El deterioro es posterior a que el deudor se haya constituido en mora: i. El deterioro hubiere provenido de caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor: Debe el acreedor recibirlo en el estado en que halle. ii. El deterioro no proviene de caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor: El acreedor tiene dos opciones: 1. El deterioro pareciere de importancia: El acreedor tiene dos opciones: a. Pedir la rescisión (resolución) del contrato y la indemnización de perjuicios. b. Llevarse la especie con indemnización de perjuicios. 2. El deterioro no pareciere de importancia: El acreedor debe llevarse la especie con indemnización de perjuicios. 10. Caso en que concurren varias obligaciones entre las mismas partes (Art. 1594 CC): “Cuando concurran entre unos mismos acreedor y deudor diferentes deudas, cada una de ellas podrá ser satisfecha separadamente; y por consiguiente el deudor de muchos años de una pensión, renta o canon podrá obligar al acreedor a recibir el pago de un año, aunque no le pague al mismo tiempo los otros”. 11. Imputación del Pago: En el caso en que existan varias deudas entre acreedor y deudor, y el pago hecho no alcance a satisfacerlas todas, debe resolverse cuál es la que se debe entender solucionada. Esta situación solo se va a presentar si concurren los siguientes supuestos: 1) Que existan varias deudas de una misma naturaleza, 2) Que estas deudas sean entre las mismas partes, y 3) Que se haga un pago insuficiente para satisfacerlas a todas. El Código da diversas reglas en los Arts. 1595 al 1597 CC para solucionar este tema: 1) Si se debe capital e intereses, el pago se imputará primero a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente en que se impute al capital (Art. 1595 CC). 2) Si hay diferentes deudas, el deudor puede imputar a la que elija, con las siguientes limitaciones: a. No puede preferir la deuda no devengada a la que lo está, a menos que el acreedor lo consienta (Art. 1596 CC), y b. Debe imputar el pago a la deuda que se alcanza a pagar en su integridad: Ya que, de conformidad al Art. 1591 CC, el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales. 3) Si el deudor no hace la imputación, podrá hacerla el acreedor, en la carta de pago o recibo, y si el deudor la acepta, no le será lícito reclamar después (Art. 1596 CC). 357

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Si ninguna de las partes hace la imputación, está la hace la ley, prefiriendo la deuda que al tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba; y no habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda que el deudor eligiere (Art. 1597 CC). 12. Prueba del Pago: De acuerdo al Art. 1698 CC la prueba del pago corresponde al deudor. Para ello puede valerse de todos los medios de prueba legales, con las limitaciones que para la prueba de testigos establecen los Art. 1708 y 1709 CC. Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertas presunciones legales de pago en favor del deudor: 1) Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados (Art. 1595, inc. 2 CC). 2) En los pagos periódicos, la carta de pago de 3 periodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores periodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor (Art. 1570 CC). Estas presunciones son simplemente legales y admiten prueba en contrario. 13. Gastos del Pago (Art. 1571 CC): “Los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor; sin perjuicio de lo estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las costas judiciales”. Esta regla tiene las siguientes excepciones: 1) En el caso del pago por consignación (Art. 1604 CC), cuyos gastos son de cuenta del acreedor. 2) Los gastos de transporte para la restitución del depósito son de cargo del depositante (acreedor) (Art. 2232 CC). 14. Efectos del Pago: El efecto propio del pago es extinguir la obligación. Este efecto no se produce en el caso en que el pago lo haga un tercero con el consentimiento expreso o tácito del deudor o un tercero interesado, pues entonces la obligación subsiste con todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas entre ese tercero que paga y el deudor. B. Sección Segunda: “EL PAGO CON SUBROGACIÓN” 1. Concepto de Subrogación: “Sustitución o reemplazo de una cosa por otra o de una persona por otra”. En ese sentido, la subrogación puede ser: 1) Real: “Si una cosa toma el lugar de otra, que se le reputa de su misma naturaleza y cualidades”. 2) Personal: “Si una persona toma el lugar de otra, ocupa su sitio, pudiendo por ello ejercitar sus acciones y derechos”. En el pago por subrogación, el tercero que paga una deuda ajena pasa a ocupar el lugar del acreedor a quien paga. De esta manera se produce la situación particular de que no obstante estar pagada la obligación, ese pago no extingue el derecho de crédito, el que se mantiene con sus derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas, en favor del tercero que paga, que pasa a ser su nuevo titular. 2. Definición de Subrogación en el Pago: El Art. 1608 CC lo define como “la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga”. Se critica que la definición no da una idea clara de la institución. Por eso, Abeliuk la define como “ficción legal, en virtud de la cual, cuando un tercero paga voluntariamente con dineros propios una obligación ajena, esta se extingue entre el acreedor y deudor, pero subsiste teniendo por nuevo acreedor al que efectuó el pago”. Es una ficción legal pues la realidad 358

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe es que, si la obligación se paga, el efecto normal debiera ser su extinción. Y, sin embargo, por el hecho de ser pagada por un tercero con dineros propios, subsiste la misma obligación. 3. Paralelo entre la Cesión de Créditos y el Pago con Subrogación: Pothier sostenía que en el pago por subrogación existe una cesión de derechos ficticia. La verdad es que las dos figuras se asemejan, pues en ambas se produce un cambio en el titular del crédito. Sin embargo, hay entre ellas una diferencia importante: la cesión de créditos importa una estipulación y la subrogación un pago. En efecto, el cesionario pretende hacer un negocio, comprando el crédito barato y cobrándolo en su integridad. No ocurre lo mismo en la subrogación, en que el tercero que paga solo cobrará lo que pagó. 4. Acciones que tiene el tercero que paga para recuperar lo que pago: El tercero va a tener el mismo crédito del acreedor a quién pago, con sus acciones, garantías y privilegios. Pero también podrá hacer uso de las acciones que deriven de la vinculación que él pueda tener con el deudor. 5. Clases de Subrogación: El Art. 1609 CC distingue entre subrogación legal y convencional. 1) Subrogación Legal: Opera por el solo ministerio de la ley y se encuentra en el Art. 1610 CC que enumera una serie de casos no taxativos: “Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio: a. Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca: Este tercero que paga no es un tercero cualquiera, sino un tercero muy especial, pues es también acreedor del mismo deudor, pero su derecho es de rango inferior al del acreedor pagado, en razón de un privilegio o hipoteca de que goza el crédito de este último. Los requisitos para que estemos en este caso son: i. Que el pago lo haga otro acreedor, no un tercero cualquiera. ii. Que el pago se haga a un acreedor de mejor derecho, en virtud de un privilegio o hipoteca. En relación con este caso, se plantea el problema de determinar si el acreedor que paga el crédito hipotecario debe practicar una nueva inscripción de la hipoteca, a su nombre. La respuesta generalmente aceptada es que no se hace de ese modo, pues, si se practicara una nueva inscripción, la hipoteca ya no sería la misma sino otra, que, al ser más nueva, sería de menor grado. Basta, a lo sumo, una anotación al margen de la inscripción hipotecaria. b. Del que, habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado: En este caso la subrogación opera a favor del comprador de un inmueble hipotecado. Si la adquisición ha sido hecha en virtud de otro título distinto al de compra, no estaremos en esta situación. La utilidad de la norma queda de manifiesto cuando uno de los acreedores hipotecarios no fue citado para los efectos de la purga de la hipoteca. Ello hace que el resultado de la subasta le sea inoponible. En tal caso, ese acreedor hipotecario no citado puede demandar y sacar la finca a remate. Si el resultado de la subasta no alcanza sino para pagar la primera y segunda hipoteca, el tercer acreedor hipotecario no se va a pagar porque el subastador del inmueble se subroga en los derechos de los acreedores hipotecarios que fueron pagados en la primera subaste (1° y 2°). De esta forma, si bien el subastador va a perder el inmueble,

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe por lo menos va a recuperar el dinero invertido al pagarse preferentemente con el precio logrado en el remate. c. Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente: El codeudor solidario que paga se subroga en los derechos del acreedor a quien paga, para dirigirse en contra de sus codeudores, pero respecto de cada uno solo por su cuota (Art. 1522 CC). En el caso del fiador que paga, pasa a subrogarse en los derechos del acreedor a quien paga, pudiendo dirigirse en contra del deudor principal, con la misma acción que tenía el acreedor a quien pagó, o bien, puede hacer uso de la acción de reembolso que le corresponde como fiador. d. Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia: Heredero beneficiario es quien goza del beneficio de inventario. Se trata entonces de que este heredero que goza de beneficio de inventario paga más allá de lo que le corresponde. En tal caso, se subroga por este exceso, en los derechos del acreedor a quien paga, para cobrarlo a los demás herederos. e. Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor: En este supuesto el tercero tiene además de la acción subrogatoria, la acción propia del mandato, pues pasa a ser mandatario del deudor. f.

Del que ha prestado dinero al deudor para el pago; constando así en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero: Este caso se diferencia de los anteriores, en que quien se subroga no es el que pagó una deuda ajena, sino quien le prestó dinero al deudor para que pagara la deuda. Para que opere este caso deben cumplirse los siguientes requisitos: i. Que el tercero preste dineros al deudor para que pague. ii. Que el deudor pague la deuda con ese mismo dinero. iii. Que el mutuo se otorgue por escritura pública, en que se exprese que se otorga para pagar la deuda, y iv. Que se deje constancia del pago en una escritura pública donde se manifieste que se hace con los dineros que el deudor obtuvo del préstamo. La ley exige escrituras públicas para evitar colusiones entre el deudor y quien paga.

g. Otros casos no establecidos en el Art. 1610 CC: i. Subrogación del Tercer Poseedor de la Finca Hipotecada (Art. 2429 CC): Si el deudor de la obligación garantizada con hipoteca no paga, el acreedor hipotecario va a perseguir la finca en poder de quien se encuentre. En este caso, deberá notificar al tercero poseedor de la finca hipotecada con el objeto de que pague la deuda o abandone la finca. Si paga, se va a subrogar en el derecho del acreedor hipotecario a quien paga. 2) Subrogación Convencional (Art. 1611 CC): “Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor; cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor: la 360

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago”. Los requisitos de la subrogación convencional son: a. Que un tercero no interesado pague una deuda ajena: Si tuviera interés, estaríamos en el caso de la subrogación legal del Art. 1610 N°3 CC. b. Que pague sin voluntad del deudor: En caso contrario estaríamos en la situación de subrogación legal del Art. 1610 N°5 CC. c. Que el acreedor pagado subrogue voluntariamente en sus derechos al tercero que le paga: Respecto a ello Claro Solar estima que solo pueden hacer la subrogación quienes tienen la facultad de recibir el pago cuando deriva de un poder de administración, pero no cuando hay un mandato especial o es el simple diputado para recibir el pago porque el mandato es para recibir el pago, no para subrogar. d. Que la subrogación se haga en forma expresa: Esto porque el Art. 1611 CC exige hacerla en la carta de pago. e. Que conste en la carta de pago o recibo: Si no se hace en esa oportunidad, como la obligación se extingue con el pago, no habría derecho ni acción de subrogación, pues las que había se habrían extinguido con el pago. La carta de pago o recibo puede constar en instrumento público o privado. Se ha fallado que en el caso de pagos parciales la subrogación tiene que efectuarse en cada uno de los recibos y no en la escritura de cancelación final. f.

Que se sujete a las reglas de la cesión de derechos: Significa que el acreedor tiene que entregar el título de la deuda al tercero que paga y que para que la subrogación sea oponible al deudor y a terceros, se debe notificar al deudor o este debe aceptarla. Mientras no se cumpla con estas exigencias, si el deudor paga al primitivo acreedor, el pago está bien hecho y los acreedores del primitivo acreedor pueden embargar ese crédito.

6. Efectos de la Subrogación: Los efectos de la subrogación legal o convencional son los mismos y son los indicados en el Art. 1612 CC: “La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda. Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos, relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito”. Esto significa que: 1) Si la obligación era mercantil, conserva esa naturaleza. 2) Si la obligación estaba caucionada estas se mantienen garantizando el mismo crédito que ahora tiene otro acreedor. 3) Los títulos ejecutivos en favor del acreedor original se mantienen respecto del tercero que paga, que podrá usarlos en su beneficio. 4) Si la obligación generaba intereses estos seguirán devengándose. 5) Si la obligación estaba sujeta a plazo, el tercero que paga no podrá cobrar antes de que este se cumpla.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 6) Para Abeliuk el tercero que paga queda colocado en la misma situación jurídica del acreedor primitivo, o sea, pasa a tener la calidad de contratante, lo cual le permitiría ejercer la acción resolutoria en caso de incumplimiento: Al autor le asisten dudas de que ello sea así, pues lo que se traspasa es el crédito, no el contrato. Sin embargo, si se piensa que si al acreedor no se le hubiere pagado la obligación que deriva de un contrato bilateral, él podía demandar la resolución, no se ve por qué este tercero no podría también hacerlo, desde que pasa a ocupar su lugar. Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que hay ciertos derechos y privilegios especiales establecidos en consideración a la persona del acreedor que no pueden cederse, como ocurre con la autorización especial que la ley de 1855 otorgó a la Caja de Crédito Hipotecario para cobrar un interés superior al permitido a cualquier otra persona o institución. 7) Los plazos de prescripción siguen corriendo desde que la obligación se hizo exigible, no desde que opera la subrogación. 7. La Subrogación Parcial (Art. 1612, inc. 2 CC): “Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos, relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito”. O sea, el acreedor tiene derecho a cobrar el saldo insoluto con preferencia al tercero que pagó parte del crédito. Este principio emana de la naturaleza misma del pago con subrogación. Es un pago, y el pago no puede ciertamente perjudicar al acreedor. IV.

LA DACIÓN EN PAGO.

1. Conceptos Generales: Es un modo de extinguir las obligaciones que no está indicado en la enumeración del Art. 1567 CC y tampoco ha sido reglamentado en la ley. Sin embargo, uno puede encontrarlo en la fianza, en la sociedad conyugal, en la prenda y en la hipoteca. Ahora bien, el Art. 1569, inc. 2 CC señala que: “El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida”. De allí se infiere, contrario sensu, que, si el acreedor está de acuerdo, puede recibir en pago una cosa distinta de la debida. En ese sentido, se puede definir la dación en pago como “modo de extinguir las obligaciones que consiste en una convención entre acreedor y deudor que se perfecciona por la entrega voluntaria que un deudor hace a título de pago a su acreedor, y con el consentimiento de este, de una prestación u objeto distinto del debido”. En ese contexto, la dación en pago es una convención, no un contrato porque es un acuerdo de voluntades que extingue obligaciones. Algunos sostienen que además constituye un verdadero titulo traslaticio de dominio. Frente a ello, Barros y Valls discrepan de la conclusión anterior, por los siguientes motivos: 1) La dación en pago es una convención extintiva y no un contrato. 2) La dación en pago requiere consentimiento de las partes, pero solo se perfecciona cuando se hace la entrega de la cosa: Así como antes de la entrega de la cosa no hay pago, tampoco habrá, en el mismo caso, dación en pago. 3) La dación en pago transfiere dominio: No puede ser titulo traslaticio de dominio en cuando la dación en pago es un modo de adquirir el dominio, específicamente consiste en una tradición. 2. Naturaleza Jurídica de la Dación en Pago: Existen varias teorías: 362

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Es una Compraventa seguida de una Compensación (Pothier): Según los que siguen esta tesis, el deudor está vendiendo al acreedor el objeto dado en pago. El precio de esta compraventa, que el acreedor debe pagar al deudor, se compensaría con la obligación que el deudor tenía en favor del acreedor. Por tratarse de una venta, el deudor estaría respondiendo del saneamiento de la cosa vendida, como corresponde a todo vendedor. Se critica porque es artificiosa, jamás las partes quisieron pactar una compraventa. Además, solo podría haber dación en pago en obligaciones de dinero, pues el precio de la compraventa tiene que estipularse en dinero. Se contraargumenta que en este caso sería una permuta. Por otra parte, si es compraventa, no podría haberlas entre marido y mujer, lo que sería contrario a los Arts. 1763 y 1799-22 CC en que justamente se establecen casos de daciones en pago entre cónyuges. Esta teoría ha sido rechazada siempre por la jurisprudencia. 2) Es una Novación por cambio de objeto (Alessandri): En opinión de Ramos Pazos no puede ser novación, pues en ella se extingue una obligación anterior, pero nace otra que la substituye. En la dación en pago no nace una nueva obligación; simplemente se extingue la única obligación existente. Además, la novación requiere del animus novandi, que no existe en la dación en pago, en que el único animo es extinguir la obligación con una cosa distinta de la debida. 3) Es una Modalidad del Pago (Somarriva y Ramos Pazos): Esta es la tesis de la jurisprudencia. La consecuencia de estimarla como una modalidad del pago es que se le deben aplicar las normas de este, salvo las del pago por consignación que definitivamente no podría tener cabida. 4) Es una Figura Autónoma (Abeliuk): Al autor le parece que esta posición no soluciona ningún problema. 3. Requisitos de la Dación en Pago: 1) Existencia de una obligación, que es la que se va a extinguir. 2) La obligación se va a extinguir con una prestación diferente a la debida. 3) Consentimiento y capacidad de las partes: En cuanto al consentimiento, se aplican las reglas generales de cualquier otra convención. Respecto a la capacidad, como es una modalidad del pago, se requiere la misma capacidad que se exige para el pago, esto es, capacidad de disposición en quien hace el pago y capacidad de administración en quien lo recibe. Sin embargo, como para el que recibe el pago implica una verdadera renuncia a recibir la prestación debida, requiere de capacidad de disposición. Además, si mediante ella se da alguna cosa, el que la da debe ser su dueño (Art. 1575 CC). En caso contrario, la dación en pago será ineficaz para extinguir la obligación. 4) Animus solvendi: Esto quiere decir que las partes deben tener la intención compartida de extinguir de esta manera la obligación. 5) Solemnidades legales en ciertos casos: Por ejemplo, si se da un inmueble, pues requiere escritura pública e inscripción (Art. 686 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Efectos de la Dación en Pago: Produce los mismos efectos del pago, esto es, extinguir la obligación con sus accesorios. Si es parcial, subsistirá en la parte no solucionada. 5. Evicción de la Cosa Recibida en Pago: Cuando la cosa que se recibe en pago es evita, se estima por la generalidad de la doctrina, que el deudor tiene la obligación de garantía. Ello no implica que le estemos dando el carácter de compraventa, pues hoy se considera que la obligación de garantía a pesar de estar reglamentada en el contrato de compraventa es de alcance general. En virtud de esta obligación de garantía, el acreedor que recibió la cosa evicta podrá demandar las indemnizaciones correspondientes. El problema que se plantea es si, además, mantendría las acciones de la obligación que se había extinguido por la dación en pago. Debido a que es una forma de pago, la conclusión del autor es que el acreedor mantiene las acciones de la obligación que se supuso extinguida, en razón de que ese pago fue ineficaz, de acuerdo al Art. 1575 CC. 6. Paralelo entre la Dación en Pago, Obligación Facultativa y Novación: La dación en pago presenta semejanzas con la obligación facultativa y con la novación. Sin embargo, no son lo mismo. En la obligación facultativa, la facultad que se da al deudor para pagar con una cosa distinta a la debida está establecida desde la celebración del contrato, mientras que en la dación en pago el acreedor al momento del pago consiente en que se le dé otra cosa distinta, pero el deudor no tenía derecho a hacerlo ni podía obligar al acreedor a recibirla, como si ocurre en la obligación facultativa. Respecto a la novación, tal como se señaló precedentemente, no son lo mismo en cuanto la novación implica la extinción de una obligación mediante la generación de una obligación distinta y en la dación en pago simplemente se extingue una obligación. V.

LA NOVACIÓN.

1. Conceptos Generales: El Art. 1628 CC define la novación como “la substitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida”. En ese sentido, es el nacimiento de una nueva obligación, lo que produce la extinción de una anterior. La novación es una figura hibrida de contrato y convención. Ello porque produce el doble efecto de generar una nueva obligación (contrato) y de extinguir una obligación anterior (convención extintora de derechos y obligaciones). 2. Requisitos de la Novación: 1) Una obligación anterior, que es la que se va a extinguir: Esta obligación puede ser civil o natural, pero tiene que cumplir con dos requisitos: a. Debe ser válida (Art. 1630 CC): “Para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos, a lo menos naturalmente”. b. No puede ser condicional suspensiva (Art. 1633 CC): “Si la antigua obligación es pura y la nueva pende de una condición suspensiva, o si, por el contrario, la antigua pende de una condición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación, mientras está pendiente la condición; y si la condición llega a fallar, o si antes de su cumplimiento se extingue la obligación antigua, no habrá novación. Con todo, si las partes, al celebrar el segundo contrato, convienen en que el primero quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará a la voluntad de las partes”. 2) Una obligación nueva que va a reemplazar a la anterior: Esto se desprende de la misma definición de novación. Esta nueva obligación puede ser civil o natural y no puede estar sujeta a 364

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe una condición suspensiva (Arts. 1630 y 1633 CC). Sin embargo, respecto de la condición, pueden las partes convenir que el primer contrato quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente (Art. 1633, inc. 2 CC). 3) Diferencia esencial entre ambas obligaciones: Debe existir una diferencia esencial entre ambas obligaciones, lo que va a ocurrir en los casos señalados en el Art. 1631 CC, los cuales se pueden resumir en tres opciones: a. Cambio de deudor o acreedor. b. Cambio del objeto de la prestación. c. Cambio de la causa. Ahora bien, el propio código ha establecido casos en que, por no haber diferencias esenciales, no hay novación: a. No hay novación si la nueva obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera (Art. 1646 CC): “Cuando la segunda obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, los codeudores subsidiarios y solidarios podrán ser obligados hasta concurrencia de aquello en que ambas obligaciones convienen”. Si hubiera novación los codeudores subsidiarios y solidarios habrían quedado liberados, pues la obligación se encontraría extinguida. Una aplicación de esta situación se produce cuando la nueva obligación establece intereses no contemplados en la primera o varía la tasa. b. No hay novación si la nueva obligación se limita a imponer una pena o a establecer otra para el caso de incumplimiento (Art. 1647, primera parte CC): “Si la nueva obligación se limita a imponer una pena para en caso de no cumplirse la primera, y son exigibles juntamente la primera obligación y la pena, los privilegios, fianzas, prendas e hipotecas subsistirán hasta concurrencia de la deuda principal sin la pena”. Del mismo modo, si la primera obligación no está caucionada y la nueva sí, no hay novación. Y, recíprocamente, si la primera obligación estaba caucionada y la segunda no, tampoco hay novación. Ahora bien, la norma tiene una excepción, por cuanto el mismo artículo continúa: “Mas si en el caso de infracción es solamente exigible la pena, se entenderá novación desde que el acreedor exige sólo la pena, y quedarán por el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas e hipotecas de la obligación primitiva, y exonerados los que solidaria o subsidiariamente accedieron a la obligación primitiva, y no a la estipulación penal”. c. No hay novación si solo se cambia el lugar del pago (Art. 1648 CC): “La simple mutación de lugar para el pago dejará subsistentes los privilegios, prendas e hipotecas de la obligación, y la responsabilidad de los codeudores solidarios y subsidiarios, pero sin nuevo gravamen”. d. No hay novación por la sola ampliación del plazo (Art. 1649 CC): “La mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación; pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor; salvo que los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación”. 365

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe e. La mera reducción del plazo no constituye novación (Art. 1650 CC): “Tampoco la mera reducción del plazo constituye novación; pero no podrá reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios sino cuando expire el plazo primitivamente estipulado”. Fuera de estos casos, existen otros establecidos en otros cuerpos legales o que son aceptados por la doctrina y la jurisprudencia, a saber: f.

No produce novación el giro, aceptación o transferencia de una letra de cambio (Art. 12, inc. 1 Ley N°18.092).

g. No produce novación la entrega de un cheque o documentos que no se pagan (Art. 37 Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques). h. No constituye novación la circunstancia de que el acreedor acepte abonos a cuenta de su crédito. i.

No producen novación las facilidades por el acreedor.

j.

No hay novación en reducir a un pagaré un crédito contratado en cuenta corriente.

k. No constituye novación dar en prenda un crédito. 4) Capacidad de las partes para novar: El acreedor requiere tener capacidad de disposición, por cuanto va a extinguir su crédito, en cambio en el deudor basta la capacidad para obligarse. Ahora bien, es importante señalar que la novación puede celebrarse mediante mandatario. En este caso, podrá novar el mandatario que tiene poder especial para ello; el mandatario que administra un negocio respecto del cual incide la novación; y el mandatario con poder general de administración (Art. 1629 CC). 5) Intención de novar (animus novandi) (Art. 1634 CC): “Para que haya novación, es necesario que lo declaren las partes, o que aparezca indudablemente, que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera”. De esta disposición se desprende que no es necesario que este ánimo se manifiesta en forma expresa. Esto tiene una excepción, ya que el Art. 1635 CC para la novación por cambio de deudor señala que: “La novación de un nuevo deudor a otro no produce novación, si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor”. 3. Clases de Novación (Art. 1631 CC): “La novación puede efectuarse de tres modos: 1) Novación Objetiva (N°1): “Substituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor”. Esto puede darse en dos casos: a. Cuando se cambia la cosa debida, o: Si en vez de deber 10.000 paso a deber un automóvil. b. Cuando se cambia la causa de la obligación: Si en vez de deber por compraventa paso a deber por mutuo. Pudiera aparecer que esta novación no produce ningún efecto, pero en realidad esto no es así, ya que al producirse la novación se extingue con ello la primera

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe obligación y no podrá pedirse la resolución o cumplimiento forzado del contrato de compraventa por no pago del precio. 2) Novación Subjetiva (N°2 y 3): a. Por cambio de Acreedor (N°2): “Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor”. Se requiere que las tres partes presten su consentimiento. El deudor, porque está contrayendo una nueva obligación en favor de un nuevo acreedor; el primer acreedor porque tiene que dar por libre al deudor; y el nuevo acreedor, en razón que nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad. b. Por cambio de Deudor (N°3): “Substituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre”. Respecto del requisito del consentimiento de las partes, hay que distinguir: i. Consentimiento del Acreedor: Para que se perfeccione la novación se requiere el consentimiento del acreedor, dejando libre al primitivo deudor. Si el acreedor no expresa su voluntad de dejar libre al primitivo deudor, “se entenderá que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor o espíritu del acto” (Art. 1635 CC). ii. Consentimiento del Primitivo Deudor (Art. 1631, inc. final CC): “Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero”. En ese sentido, se pueden dar dos situaciones: 1. Delegación: Si el deudor primitivo acepta. Para que haya novación se requiere que el primitivo deudor quede libre de la obligación y que el acreedor consienta en dicha novación. Si no acepta, se produce una delegación imperfecta o acumulativa, que no produce novación. 2. Expromisión: Si el deudor primitivo no acepta. Para que haya novación se requiere que el primitivo deudor quede libre de la obligación y que el acreedor consienta en dicha novación. Si no acepta, se produce una ad promission o expromisión acumulativa, que no produce novación. 4. Efectos de la Novación por cambio de deudor, si el nuevo deudor es insolvente (Art. 1637 CC): No podrá el acreedor dirigirse en contra del primitivo deudor, porque consintió en dejarlo libre. Esto tiene tres excepciones: 1) Que en el contrato de novación el acreedor se haya reservado este derecho: En este caso se ha entendido que, al dejar libre al deudor, lo ha hecho en forma condicional. Esta reserva solo puede hacerse al momento de novar, no con posterioridad. 2) Que la insolvencia del nuevo deudor haya sido anterior y pública. 3) Que la insolvencia del nuevo deudor, aunque no sea pública, haya sido conocida del deudor primitivo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Se ha entendido que en estos casos la acción del acreedor es la misma que tenía contra el deudor primitivo, lo que se infiere de la frase “se haya reservado”, que emplea el Art. 1637 CC. 5. Efectos de la Novación: El efecto propio de la novación es doble: 1) Extinguir la obligación novada, y: En ese sentido, la extingue con sus privilegios, garantías y accesorios, lo que tiene por consecuencia que: a. Se extinguen los intereses de la obligación primitiva si no se expresa lo contrario (Art. 1640 CC). b. Libera a los codeudores solidarios o subsidiarios de la obligación primitiva, a menos que accedan a la nueva obligación (Arts. 1519 y 1645 CC). c. Si el deudor estaba constituido en mora, cesa la mora y todas sus consecuencias (indemnización de perjuicios). d. Los privilegios de la deuda primitiva no pasan a la nueva (Art. 1641 CC). e. Las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación nueva, a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente en la reserva (Art. 1642 CC): Ahora bien, esta reserva de prendas e hipotecas tiene ciertos límites: i. La reserva no puede afectar a las garantías constituidas por terceros, a menos que accedan expresamente a la segunda obligación (Art. 1642, inc. 2 CC). ii. Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de más que la primera: Si, por ejemplo, la primera deuda no producía intereses, y la segunda los produjere, la hipoteca de la primera no se extenderá a los intereses (Art. 1642, inc. final CC). iii. Si la novación opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor, ni aun con su consentimiento (Art. 1643, inc. 1 CC). iv. Si la novación se opera entre el acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a este: Las prendas e hipotecas constituidas por sus codeudores solidarios se extinguen, a pesar de toda estipulación contraria; salvo que estos accedan expresamente a la segunda obligación (Art. 1643, inc. 2 CC). 2) Generar una nueva obligación: En este contexto, el Art. 1644 CC señala que las partes pueden convenir garantías para la nueva obligación. VI.

LA IMPOSIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN Y PÉRDIDA DE LA COSA DEBIDA.

1. Definición: “Modo de extinguir las obligaciones provocado por una causa no imputable al deudor, que sucede con posterioridad al nacimiento de la obligación y que hace imposible la prestación”. No obstante que este principio es general tanto para las obligaciones de dar, hacer o no hacer, en los Arts. 1670 y ss. CC, solo se trata de las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto, seguramente, por ser la situación más frecuente.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El Art. 1670 CC prescribe que: “Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación; salvas empero las excepciones de los artículos subsiguientes”. 2. Requisitos de este modo de extinguir tratándose de obligaciones de dar o entregar una especie o cuerpo cierto: 1) Imposibilidad absoluta y definitiva de poder cumplir la obligación: El deudor debe estar absoluta y definitivamente imposibilitado de cumplir. Tratándose de las obligaciones de dar o entregar, ello solo puede ocurrir cuando lo debido es una especie o cuerpo cierto, pues el género no perece. Esto es señalado por el Art. 1510 CC que dice: “La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación, y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe”. 2) Que la imposibilidad sea fortuita: La pérdida debe ser fortuita, pues si es culpable o si la cosa perece por culpa del deudor, la obligación subsiste, pero varía de objeto, quedando el deudor obligado al pago del precio de la cosa más indemnización de perjuicios (Art. 1672 CC). Si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor, solo se deberá la indemnización de los perjuicios por la mora (Art. 1672, inc. 2 CC). El Código presume que la pérdida de la cosa es culpable (Art. 1671 CC): “Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o por culpa suya”. Por ello, deberá probar el caso fortuito. El Código no acepta que quien ha hurtado o robado un cuerpo cierto alegue que la cosa ha perecido por caso fortuito, aun de aquellos que habrían producido la destrucción o pérdida del cuerpo en poder del acreedor (Art. 1676 CC). 3) Que la imposibilidad sea posterior al nacimiento de la obligación: Si es anterior, tal obligación carecería de objeto o tendría un objeto imposible (Art. 1461 CC). 3. Cesión de Acciones del Deudor al Acreedor (Art. 1677 CC): “Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa”. 4. En el hecho o culpa del deudor se comprende el de las personas por quienes fuere responsable (Art. 1679 CC): “En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable”. Fueyo entiende que debe entenderse que el deudor es responsable de las personas que están a su cuidado, principio contenido en el Art. 2320, inc. 1 CC. 5. Responsabilidad del Deudor después que ha ofrecido la cosa al Acreedor (Art. 1680 CC): “La destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo”. 6. Requisitos de este modo de extinguir en las Obligaciones de Hacer (Art. 534 CPC): “A más de las excepciones expresadas en el artículo 464, que sean aplicables al procedimiento de que trata este Título, podrá oponer el deudor la de imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida”. 7. Requisitos de este modo de extinguir en las Obligaciones de No Hacer: En una obligación de no hacer, el deudor la incumple cuando realiza aquello sobre lo que debía abstenerse. El acreedor tiene derecho a que se exija al deudor que deshaga lo hecho, siempre que en conformidad al Art. 1555 CC sea posible deshacer 369

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe lo hecho y que la destrucción sea necesaria para el objeto que se tuvo en vista al contratar. En tal caso, el deudor puede oponer la excepción del Art. 534 CPC: imposibilidad absoluta de deshacer lo hecho. VII.

LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

1. Definición (Art. 2492 CC): Prescripción se define como “Modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”. En ese contexto, Prescripción Extintiva se define como “modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”. 2. Clases de Prescripción: La prescripción puede ser de dos clases: prescripción adquisitiva o usucapión, que es un modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales; y prescripción extintiva o liberatoria, que es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos. 3. La Prescripción solo extingue la acción, no el derecho ni la obligación correlativa: Lo que se extingue con la prescripción es la acción para reclamar el derecho, no el derecho mismo (ni la correlativa obligación), pues en conformidad al Art. 1470 Nº2 CC, las obligaciones civiles extinguidas por prescripción pasan a transformarse en naturales. 4. ¿Prescriben las excepciones?: Luis Eguidio Contreras estima que las excepciones son, en principio, absolutamente imprescriptibles mientras presenten el carácter distintivo de tales. En cambio, Ramón Domínguez Águila afirma que la doctrina más admitida en el derecho comparado es que la excepción prescribe en el mismo tiempo que la acción y que no hay razones para no entenderlo así. 5. Paralelo entre Prescripción Adquisitiva y Extintiva: 1) Diferencias: a. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales; en cambio, la extintiva es un modo de extinguir las acciones de los derechos ajenos. b. En la prescripción adquisitiva la posesión es requisito sine qua non. Para ganar por prescripción un derecho es necesario su posesión. En cambio, la posesión no juega ningún rol respecto de la prescripción extintiva. 2) Semejanzas: a. En ambas se requiere inactividad de una parte, y b. Ambas cumplen la función de dar estabilidad a los derechos y relaciones jurídicas. 6. Normas Comunes a toda Prescripción: 1) Toda prescripción debe ser alegada (Art. 2493 CC): “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”. Las razones de esto son que el deudor debe probar en juicio que se encuentran cumplidos los requisitos de la prescripción, así como también es necesario dar al acreedor la oportunidad procesal para que pueda renunciar a la prescripción (Art. 2494 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En el caso de los comuneros, se ha fallado que si la prescripción es alegada por uno de los comuneros demandados, falla ultra petita la sentencia que la acoge en favor de todos ellos. Respecto de esta alegación, hay dos aspectos que parecen oportunos comentar: a. ¿Quién puede alegar la prescripción?: La regla es que la prescripción por ser una excepción real, puede ser alegada por todos los obligados al pago de la obligación. Por consiguiente, pueden alegarla: i. Los deudores principales: Se refiere tanto a los que asumen este carácter al comienzo de la relación obligatoria, como a sus sucesores a título universal o singular. ii. Los codeudores solidarios o subsidiarios: En este sentido, respecto del fiador, el Art. 2496 CC señala que: “El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor”. iii. Los terceros que tienen obligaciones accesorias, como los hipotecarios y prendarios, cuyas cauciones se extinguen junto con la obligación principal. En este sentido, señala Ramos Pazos que la regla de oro para determinar quién puede intentar una acción cualquiera, esta dada por el principio de que tiene acción todo aquel que tiene interés. b. Forma de alegar la prescripción: La prescripción adquisitiva solo puede alegarse como acción, mediante la reconvención. La prescripción extintiva, en cambio, puede alegarse como acción y como excepción. Como excepción, el Art. 310 CPC señala que puede alegarse en cualquier estado de la causa, pero no se admitirá si no se alega por escrito antes de la citación para sentencia en primera instancia, o de la vista de la causa en segunda. En el caso del juicio ejecutivo, la situación es distinta pues la prescripción extintiva solo puede oponerse en el escrito de excepciones (Art. 465 CPC). Se ha discutido por algunos si la prescripción extintiva puede alegarse por vía de acción. Para ello se han dado diversas razones. Así, se ha dicho que no hay acción, porque: i. Las acciones nacen de los derechos, reales o personales y en el caso de la prescripción extintiva no habría ningún derecho del cual pudiera derivar: Respecto de este argumento se contesta que para que haya acción basta que exista interés, y este lo hay en el deudor, y consiste en ser liberado de la obligación, lo que solo va a conseguir con la sentencia que declare la prescripción. ii. Que no habría utilidad en la declaración desde el momento que el acreedor no está cobrando crédito. iii. Que tendría un fondo inmoral: Se responde que no se ve por qué podría ser más inmoral alegar la prescripción por vía de acción que hacerlo por vía de excepción frente a una demanda del acreedor. Finalmente se aplica el principio de que si hay interés hay acción.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. La prescripción debe ser alegada con precisión: La alegación de la prescripción no puede ser hecha en términos generales, sino que el deudor debe expresar de un modo preciso el tiempo desde cuándo el plazo de prescripción ha empezado a correr. d. Excepciones a la regla de que toda prescripción debe ser alegada: Hay algunos casos en que no es necesario alegar la prescripción, debiendo el tribunal declararla de oficio. Ello ocurre en los siguientes casos: i. En la prescripción de la acción ejecutiva: Pues el Art. 441 CPC señala que “el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de 3 años, contados desde que la obligación se haya hecho exigible”. Respecto de este caso, se ha señalado que más que un caso de prescripción sería un caso de caducidad. En contra de esta opinión, Emilio Rioseco sostiene que no se trata de caducidad pues se requiere de declaración judicial, característica propia de la prescripción extintiva y no de la caducidad, agregando que el Art. 2518 CC, en la interrupción, y el Art. 2509 CC, en la suspensión, son aplicables tanto a las acciones ordinarias como a las ejecutivas (Art. 2514 CC). ii. En la prescripción de la acción penal y de la pena (Art. 102 CP). 2) Toda prescripción puede ser renunciada una vez cumplida (Art. 2494, inc. 1 CC): “La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida”. Esto porque de hacerse antes del vencimiento del plazo, la actitud del acreedor importaría una interrupción natural de la prescripción (Art. 2518, inc. 2 CC). Además, se perdería el efecto estabilizador de derechos que persigue la prescripción, ya que se transformaría en una cláusula de estilo de todos los contratos. La renuncia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se hace en términos formales y explícitos; y es tácita según el Art. 2494, inc. 2 CC “cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazo”. Se ha fallado que el reconocimiento de firma no importa renuncia de la prescripción. Esto porque, si bien la confesión de deuda si es una renuncia de la prescripción, el reconocimiento de firma solo confiere autenticidad al instrumento, pero nada agrega en relación con el crédito de modo que no impide oponer con éxito la excepción de prescripción. La renuncia solo puede hacerse antes de alegar la prescripción. Con posterioridad, solo cabe el desistimiento de la prescripción. Respecto a la capacidad para renunciar, el Art. 2495 CC señala que: “No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar”. Finalmente, en cuanto a los efectos de la renuncia, esta opera con efectos relativos, es decir, solo afecta al que la hace. Por ello, si el deudor renuncia a la prescripción, y la obligación se encontraba afianzada, la renuncia no afecta al fiador, quien de todas formas podrá oponer la excepción de prescripción (Art. 2496 CC). 3) Corre por igual en contra de toda clase de personas (Art. 2497 CC): “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las 372

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”. Esta norma tiene más bien una explicación histórica. Antiguamente se establecían plazos distintos para prescribir, considerando la calidad de las personas. Bello quiso innovar con esta norma, la cual hoy en día tiene respaldo constitucional, ya que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias (Art. 19 N°2, inc. final CPR). Esta norma tiene las siguientes excepciones: a. No se aplica respecto de aquellos particulares que no tienen la libre administración de lo suyo: Esto por la existencia de la institución de la suspensión en su favor. b. Reo que se ausentaré del territorio de la República (Art. 100 CP): Esto porque solo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno cada dos días de ausencia, para el cómputo de los años. 7. Requisitos Propios de la Prescripción Extintiva: Son: (i) que la acción sea prescriptible, (ii) inactividad de las partes y (iii) tiempo de prescripción. 7.1. Acción Prescriptible: La regla es que toda acción se prescriptible. Sin embargo, existen ciertas acciones imprescriptibles: 1) La acción de partición (Art. 1317 CC). 2) La acción para reclamar el estado civil de hijo o de padre (Art. 320 CC). 3) La acción de reclamación de filiación (Art. 195, inc. 2 CC). 4) Las acciones de divorcio y de nulidad de matrimonio (Arts. 57, inc. 2 y 48 Ley de Matrimonio Civil). 5) La acción de demarcación y cerramiento: Así lo entiende la doctrina por tratarse de una manifestación del derecho de dominio, que no se extingue por el no uso. 6) La acción de precario (Art. 2195, inc. 2 CC): Así lo entiende el autor por ser una manifestación del derecho de dominio. 7) La acción para demandar alimentos: Atendido que la obligación de prestar alimentos es de orden público. Respecto de este caso es necesario aclarar que cuando los alimentos ya han sido devengados, la acción para demandarlos prescribe de acuerdo a las reglas generales. 7.2. Inactividad de las Partes: Se requiere que el acreedor haya observado una actitud pasiva. Es decir, no debe haber requerido judicialmente a su deudor exigiéndole el cumplimiento de su obligación. Ahora bien, no basta con la inactividad del acreedor. También el deudor tiene que haber mantenido una actitud pasiva pues, en caso contrario, se produce una interrupción natural que obsta a la prescripción (Art. 2518, inc. 2 CC). 7.2.1. Interrupción de la Prescripción Extintiva: El Art. 2518 CC señala que “La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En ese sentido, interrupción es “el hecho impeditivo de la prescripción que se produce al cesar la inactividad del acreedor o del deudor”. En el primer caso la interrupción será civil, en el segundo, natural. 1) Interrupción Natural (Art. 2518, inc. 2 CC): “Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente”. Queda comprendido cualquier acto que suponga reconocimiento de la deuda. Lo importante es que dicho reconocimiento debe hacerse mientras el plazo de prescripción está pendiente, pues, en caso contrario, esa actitud constituye una renuncia tácita a la prescripción. Algunos autores estiman que como la única diferencia entre la renuncia y la interrupción natural es el momento en que se realizan, debería exigirse también en este caso capacidad de disposición. 2) Interrupción Civil (Art. 2518, inc. 3 CC): “Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503”. En ese sentido, los requisitos para que opere la interrupción civil son: a. Demanda Judicial: El problema que radica en doctrina es determinar si cualquier gestión judicial es suficiente para interrumpir la prescripción, o si, por el contrario, tiene que tratarse de la contemplada en el Art. 254 CPC, destinada a hacer efectiva la obligación. Fueyo cree que tiene que tratarse de una demanda formal. En cambio, Escribar está por la tesis de que cualquier gestión del acreedor efectuada ante la justicia con el objeto de exigir directamente el pago o preparar o asegurar su cobro, es suficiente para interrumpir la prescripción. La jurisprudencia de los últimos años está por el sentido amplio. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que para que la demanda interrumpa la prescripción, debe existir una conexión directa entre la acción ejercida y la acción de cuya extinción prescriptiva se trata. Por último, se ha entendido que la demanda presentada ante tribunal incompetente interrumpe la prescripción, lo que parece atendible desde que desaparece la situación de pasividad del acreedor que es el supuesto de la prescripción extintiva. b. Notificación de la Demanda: Es necesario que la demanda se encuentre legalmente notificada. Tradicionalmente se ha entendido que para que opere la interrupción, la demanda tiene que notificarse antes del vencimiento del plazo de prescripción. Ahora bien, alguna parte de la jurisprudencia ha entendido que la interrupción de la prescripción, desde que se notifica, se retrotraen sus efectos al momento de la interposición de la demanda. c. Que no se haya producido alguna de las situaciones contempladas en el Art. 2503 CC: Esto es: i. Cuando la demanda no ha sido notificada en forma legal (Art. 2503 N°1 CC). ii. Cuando el actor se ha desistido de su demanda (Art. 2503 N°2 CC). iii. Cuando se ha producido el abandono del procedimiento (Art. 2503 N°2 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe iv. Cuando el demandado obtuvo sentencia absolutoria (Art. 2503 N°3 CC): Respecto a este punto se ha fallado que no constituye sentencia absolutoria la que rechaza la demanda ejecutiva por faltar la ejecutividad del título. También se ha resuelto que la sentencia que declara la incompetencia del tribunal no es absolutoria y por lo tanto ha operado la interrupción de la prescripción. Por último, queda referirse a dos cuestiones relativas a la interrupción de la prescripción: 1) Efectos de la Interrupción: Los efectos de la interrupción es que hacen perder todo el tiempo anterior. Ahora bien, la regla es que los efectos sean relativos, pues si es civil, supone un juicio que solo afecta a las partes litigantes; y si es natural importa una manifestación de voluntad, expresa o tácita, que solo produce efectos para quien la hace. Esto lo señala el Art. 2519 CC cuando dice: “La interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores, perjudica a los otros”. Ahora bien, esto tiene las siguientes excepciones: a. En caso de solidaridad (Art. 2519, parte final CC): “a menos que haya solidaridad, y no se haya ésta renunciado en los términos del artículo 1516”. Esto tiene a su vez una excepción: i. Interrupción de la prescripción en el caso del cobro de una letra de cambio (Art. 100 Ley 18.092): En este caso, no obstante haber solidaridad, la prescripción se interrumpe solo respecto del obligado a quien se notifique la demanda judicial de cobro de la letra, o la gestión judicial necesaria o conducente para deducir dicha demanda o preparar la ejecución. b. En caso de indivisibilidad (Art. 1529 CC): “La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la obligación indivisible, lo es igualmente respecto de los otros”. 2) La Interrupción de la Prescripción de la Obligación Principal interrumpe la prescripción de la Obligación Accesoria: Si aplicamos la regla de que la interrupción es de efectos relativos, habría que entender que solo afectaría al deudor principal, pero no al tercer poseedor de la finca hipotecada, la interrupción de la prescripción de la obligación principal, conclusión que repugna con el carácter accesorio de toda caución. Por ello al autor le parece más correcta la sentencia que resuelve que la interrupción de la prescripción de la obligación principal interrumpe la prescripción de la acción hipotecaria. Además, el Art. 2516 CC señala que: “La acción hipotecaria, y las demás que proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden”. 7.3. Tiempo de Prescripción: Es importante tener en cuenta que en toda prescripción extintiva “el tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible” (Art. 2514, inc. 2 CC). Hay que distinguir: 1) Prescripciones de Largo Tiempo: a. Prescripción de Acciones Personales Ordinarias (Art. 2515, inc. 1 CC): Es de 5 años contados desde que la obligación se ha hecho exigible. b. Prescripción de Acciones Ejecutivas (Art. 2515 CC): Es de 3 años, desde que la obligación se ha hecho exigible. Esta regla tiene algunas excepciones, en que la ley ha fijado plazos especiales, como ocurre, por ejemplo, con el cheque protestado en que la acción contra los obligados prescribe en un año contado desde la fecha del protesto. 375

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Ahora bien, respecto de esta prescripción hay que tener presente lo siguiente: i. Que transcurridos 3 años, la acción ejecutiva se transforma en ordinaria por 2 años mas (Art. 2515, inc. 2 CC). ii. Que puede ser declarada de oficio (Art. 442 CPC): Esto ha hecho a un sector de la doctrina afirmar que se trata de un caso de caducidad mas que de prescripción. Tiene una opinión contraria Emilio Rioseco porque no opera de pleno derecho y la interrupción y suspensión son aplicables tanto a las acciones ordinarias como ejecutivas. iii. Que el solo reconocimiento por el deudor de la vigencia de la deuda no importa renuncia de la prescripción de la acción ejecutiva. c. Prescripción de Acciones Cambiarias: Las acciones cambiarias son “aquellas emanadas de la letra de cambio o del pagaré, que se estiman diversas e independientes de las acciones extracambiarias o derivadas del negocio causal”. El Art. 98 Ley N°18.092 señala que el plazo de prescripción de las acciones cambiarias del portador contra los obligados al pago es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento; salvo que se trate de una acción de reembolso, que prescribe en 6 meses (Art. 82 Ley N°18.092). d. Prescripción de Obligaciones Accesorias (Art. 2516 CC): “La acción hipotecaria, y las demás que proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden”. Luego, las acciones provenientes de las cauciones reales o personales no tienen un plazo propio de prescripción sino que, en virtud del principio de lo accesorio, prescriben junto con la obligación principal que garantizan. e. Prescripción de Acciones Reales de Dominio y Herencia (Art. 2517 CC): “Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho”. Ello explica que la acción reivindicatoria no tenga un plazo propio de prescripción, pudiendo interponerse mientras se sea dueño de la cosa. Lo mismo, estima el autor, ocurre con la acción de precario. Por la misma razón, la acción de petición de herencia va a prescribir en el plazo de 10 o 5 años, que son los plazos de prescripción adquisitiva del derecho de herencia. f.

Prescripción de Derechos Reales provenientes de las Limitaciones del Dominio: Hay que distinguir: i. Usufructo, Uso y Habitación: Deben diferenciarse dos situaciones: 1. La acción para reclamar el derecho de usufructo poseído por un tercero: Se podrá intentar en cualquier tiempo mientras este tercero no haya adquirido el usufructo por prescripción adquisitiva (Art. 2517 CC). 2. La acción para reclamar el derecho de usufructo al nudo propietario: Este caso es más complejo porque el Art. 806 CC señala que “El usufructo se extingue también: Por prescripción”. Eso ha llevado a Claro Solar a afirmar que en este caso su derecho se extingue por prescripción extintiva. En contra de esta opinión Alessandri estima que para que prescriba el derecho de usufructo no basta el simple no uso, pues las acciones para

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe reclamar un derecho se extinguen por la prescripción adquisitiva del mismo derecho y, además, el usufructuario tiene el dominio sobre su usufructo. ii. Servidumbre (Art. 885 N°5 CC): “Las servidumbres se extinguen: 5º Por haberse dejado de gozar durante tres años”. 2) Prescripciones de Corto Tiempo: Se trata de casos especiales, que constituyen excepciones a la regla de prescripción del Art. 2515 CC. Se clasifican en: a. Prescripciones de 3 años (Art. 2521, inc. 1 CC): “Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos”. Respecto de estas prescripciones, cabe formular los siguientes alcances: i. Se refieren exclusivamente a las acciones relativas a impuestos, y ii. El Código Tributario y otras leyes particulares contemplan normas sobre prescripción de ciertas obligaciones tributarias, que por ser especiales deben aplicarse con preferencia a las del Código Civil. b. Prescripciones de 2 años (Art. 2521, inc. 2 CC): “Prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados, procuradores; los de médicos y cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general, de los que ejercen cualquiera profesión liberal”. Dos requisitos: i. Que se trate de profesiones liberales, y ii. Que correspondan a honorarios profesionales: Si el profesional tiene un contrato de trabajo, no rigen estas normas sino las de la legislación laboral. La idea en este caso es que el plazo de prescripción comienza a correr desde que se terminan de prestar los servicios, a menos que se hayan fijado fechas especiales para su pago, caso en que se deberá contar desde estas. c. Prescripciones de 1 año (Art. 2522 CC): “Prescribe en un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente; como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc.”. Mercader es sinónimo de comerciante; despachar significa vender; despachar al menudeo significa vender por menor. En cuanto al inc. 2 es obvio que las actividades que en él se señalan no son taxativas. Lo importante para que tenga aplicación es que se trate de servicios accidentales o que se prestan en forma periódica (podría ser jardineros, personas que cortan el pelo a los perros, etc.). Interversión de las Prescripciones de Corto Tiempo: El Art. 2523 CC establece que estas prescripciones de corto tiempo se interrumpen: a. Desde que interviene pagaré u obligación escrita, o concesión de plazo por el acreedor.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Desde que interviene requerimiento: Se ha fallado que se refiere al requerimiento extrajudicial, pues si hay demanda judicial, se aplican las reglas generales de la interrupción de la prescripción. El efecto que produce esta interrupción es que en ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del Art. 2515 CC o de largo tiempo. Este efecto especial de la interrupción es lo que la doctrina denomina “interversión de la prescripción”. 3) Prescripciones Especiales (Art. 2524 CC): “Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos, y corren también contra toda persona; salvo que expresamente se establezca otra regla”. Respecto de estas prescripciones especiales, debe tenerse presente: a. Que son prescripciones de corto tiempo: O sea, de menos de 5 años. b. Que corren contra toda persona (no se suspenden) salvo situaciones excepcionales: Como: i. Plazo para pedir la nulidad relativa por los herederos menores de edad que se suspende hasta que cumplan la mayoría de edad (Art. 1692, inc. 2 CC). ii. Plazo para pedir la acción de reforma si se trata de un legitimario que no tiene la administración de sus bienes se suspende hasta que la tenga (Art. 1216, inc. 2 CC). c. Que no se aplican respecto de ellas las reglas especiales de interrupción contempladas en el Art. 2523 CC, pues solo rigen para las prescripciones mencionadas “en los dos artículos precedentes”, esto es, los Arts. 2521 y 2522 CC. 8. La Suspensión de la Prescripción Extintiva de Largo Tiempo: La suspensión de la prescripción es un “beneficio especial que la ley otorga a determinadas personas de que no corra el plazo de prescripción en su contra”. En el caso de la prescripción extintiva, el Art. 2520 CC establece que: “La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en los números 1.º y 2.º del artículo 2509. Transcurridos diez años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente”. Estos dos casos son: 1) Los menores; los dementes; los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente; y todos los que estén bajo potestad paterna, o bajo tutela o curaduría; 2) La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta; Esta suspensión se aplica a la prescripción extintiva ordinaria, no a la ejecutiva, lo que se podría explicar, según algunos, por tratarse de un caso de caducidad más que de prescripción. Las prescripciones de corto tiempo de los Art. 2521 y 2522 CC no se suspenden. Así lo señala el Art. 2523 CC: “Las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes corren contra toda clase de personas, y no admiten suspensión alguna”. 9. Cláusulas Modificatorias de los Plazos de Prescripción: Se ha preguntado la doctrina si las partes contratantes pueden modificar los plazos de prescripción, aumentándolos o acortándolos. Ello lleva a plantearse el problema de la validez y efectos de dichas cláusulas.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Abeliuk estima que las partes no pueden ampliar los plazos de prescripción, pero pueden acortarlos. No los pueden ampliar pues ello sería contrario al orden público, ya que el interés social hace necesario que las relaciones jurídicas se estabilicen en plazos que no pueden quedar entregados al arbitrio de los contratantes. Da como argumento el que el propio código deja entregado a la voluntad de las partes la reducción de los plazos de prescripción, como ocurre con la prescripción del pacto comisorio y del pacto de retroventa. En general, la tendencia de la legislación comparada es a no permitir las cláusulas modificatorias de los plazos de prescripción en ningún sentido. 10. Prescripción y Caducidad: La prescripción extintiva y la caducidad guardan semejanza en cuanto en ambas se produce la pérdida de un derecho como consecuencia de la inactividad de su titular durante un determinado plazo. Sin embargo, la caducidad es “la pérdida de la facultad de hacer valer un derecho como consecuencia de la expiración de un plazo fatal, extinguiéndose dicho derecho ipso iure”. La caducidad no está especialmente regulada y desde luego no figura en la enumeración del Art. 1567 CC. Sin embargo, el código contempla casos de acciones que caducan, como ocurre, por ejemplo, con los plazos para impugnar la paternidad (Arts. 212, 214, 216, 217 y 218 CC). Ahora bien, las principales diferencias entre la caducidad y la prescripción son: 1) La prescripción debe ser alegada, mientras que la caducidad opera por el solo vencimiento del plazo. 2) Los plazos de caducidad son fijos e invariables, no operando a su respecto los institutos de la interrupción y suspensión de la prescripción: En ese sentido, cuando se invoca un derecho sujeto a caducidad, basta que la demanda se presente al tribunal dentro del plazo aun cuando la notificación se realice posteriormente. 3) La prescripción no extingue el derecho personal o crédito, únicamente pone fin a la acción para demandarlo. En el caso de la caducidad, es el derecho mismo el que se extingue. 4) La prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es, porque no está en juego solo el interés de las partes sino que hay razones de orden público, que hacen necesario consolidar los derechos en forma definitiva. CAPÍTULO VI: LA PRELACIÓN DE CRÉDITOS30 I.

INTRODUCCIÓN.

1. Conceptos Generales: El Art. 2465 CC consagra el derecho de prenda general de los acreedores. En ese sentido, puede suceder que la masa de bienes del deudor afecta a responsabilidad sea insuficiente para cubrir las acreencias de uno o varios acreedores. Ante esta situación la ley ha establecido un conjunto de normas que regulan las consecuencias y preferencias en el pago de unos créditos sobre otros. El análisis de estas normas se traduce en el estudio de la prelación de créditos. Así, Alessandri define la prelación de créditos como “el conjunto de reglas legales que determinan el orden y la forma en que deben pagarse los distintos acreedores de un deudor”. 2. Presupuestos para que tenga lugar la Prelación de Créditos: 1) Existencia de un deudor y varios acreedores: Si solo hay un acreedor no se presentará problema. 30

En este punto se toma como fuente el apunte del profesor Eduardo Court Murasso sobre Prelación de Créditos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Que el deudor se encuentre en insolvencia: La insolvencia es “aquella situación de hecho consistente en que el pasivo de una persona es mayor a su activo”. No es necesario que sea declarado en procedimiento concursal de liquidación. 3. ¿Cómo concurren los distintos acreedores de un deudor a pagarse?: La regla general es el principio de igualdad de los acreedores, es decir, los acreedores concurren en igualdad de condiciones, cualquiera sea el origen, naturaleza o fecha del crédito. La excepción de este principio es que exista una causa de preferencia (Art. 2469 CC). 4. Las Causas de Preferencia: “Aquellas que determinan que un crédito se pague con prioridad o antelación a otros”. Según el Art. 2469 CC las causas de preferencia son solo dos: (i) el privilegio y (ii) la hipoteca. 1) Privilegio: Gozan de privilegio los créditos de 1°, 2° y 4° categoría. 2) Hipoteca: Gozan de preferencia por hipoteca los créditos de 3° categoría. 4.1. Características de las Preferencias: 1) Solo son causas de preferencia las establecidas por la ley (Arts. 2469 y 2488 CC): Las partes no pueden crear preferencias. A lo mas pueden obtenerlas indirectamente, constituyendo una prenda o una hipoteca, dado que la ley otorga preferencia a los créditos prendarios e hipotecarios. 2) Son de derecho estricto y por lo tanto no se pueden aplicar por analogía a situaciones similares. 3) Las preferencias son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido: De ahí que las preferencias pasan con el crédito a la persona que lo adquiera a cualquier título. En otras palabras lo preferente no es el acreedor sino el crédito (Art. 2470, inc. 2 CC). 4) En cuanto a la extensión de las preferencias, ellas no solo amparan el crédito, sino también los reajustes e intereses que devenga hasta su pago total (Art. 2491 CC). 4.2. Clasificación de las Preferencias: Atendiendo a los bienes sobre los que recaen pueden ser: 1) Preferencias Generales: “Aquellas que afectan todos los bienes del deudor cualquiera sea su naturaleza”. Son preferencias generales las de 1° y 4° categoría. 2) Preferencias Especiales: “Aquellas que afectan determinados bienes del deudor, de modo que solo puede invocarse en relación a estos bienes”. Son preferencias especiales las de 2° y 3° categoría. Es el caso del acreedor prendario sobre la cosa dada en prenda, y del acreedor hipotecario respecto del inmueble hipotecado. Si estos bienes resultan insuficientes, el acreedor prendario o hipotecario no goza de preferencia por el saldo sobre el resto de los bienes (Art. 2490 CC). II.

LAS CATEGORÍAS DE CRÉDITOS.

1. Aspectos Generales: De los Arts. 2471 y 2489 CC podemos colegir que hay cinco clases de créditos: de 1° categoría (créditos privilegiados), de 2° categoría (créditos privilegiados), de 3° categoría (créditos preferentes por hipoteca), de 4° categoría (créditos privilegiados) y de 5° categoría, que no gozan de preferencia y se denominan “créditos comunes, valistas o quirografarios.

380

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Sin embargo, la Ley N°20.720 establece una nueva especie de créditos que se pagan después de los créditos valistas: aquellos créditos en favor de personas relacionadas con el deudor que no hayan sido debidamente documentados 90 días antes de la resolución de liquidación. 2. Los Créditos de 1° Categoría (Art. 2472 CC): Son: 1) Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores: El Código Civil se refiere en términos generales a las costas, sin distinguir entre costas procesales y personales. Solo gozan de preferencia las que se causen en interés general de los acreedores, es decir, las que sirven y aprovechan a toda la masa. 2) Las expensas funerales necesarias del deudor difunto: Esta preferencia obedece a razones de humanidad y salubridad pública, pues asegura la pronta sepultura del difunto, ya que las personas que facilitan dinero o servicios para este fin saben que van a ser reembolsadas con preferencia. Pero la extensión del privilegio se limita a las expensas necesarias, o sea las indispensables para procurar la sepultura del deudor. 3) Los gastos de enfermedad del deudor. Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia: Esta preferencia también se justifica por razones humanitarias. 4) Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del deudor, los gastos de administración del procedimiento concursal de liquidación, de realización del activo y los préstamos contratados por el liquidador para los efectos mencionados. 5) Las remuneraciones de los trabajadores, las asignaciones familiares, la indemnización sustitutiva del aviso previo que corresponde al promedio de las 3 últimas remuneraciones mensuales con un limite de 90 UF al valor correspondiente al ultimo día del mes anterior a su pago, considerándose valista el exceso si lo hubiere, y las cotizaciones adeudadas a las instituciones de seguridad social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin: Se trata del gasto normalmente más importante y comprende: a. Las remuneraciones de los trabajadores: Se incluyen las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados. b. Las asignaciones familiares. c. La indemnización sustitutiva del aviso previo. d. Las cotizaciones adeudadas a las instituciones de seguridad social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin. En conformidad con el Art. 244 Ley 20.720 CC, tan pronto existan fondos suficientes para ello y precaviendo que el activo remanente sea suficiente para asegurar los gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación y el pago de los créditos de mejor derecho, podrán pagarse por el Liquidador los créditos de primera categoría, previa revisión y convicción del Liquidador sobre la suficiencia de los documentos que les sirven de fundamento, sin necesidad de verificación ni de acuerdo de Junta que apruebe el pago. Estos privilegios cubrirán los reajustes, intereses y multas que correspondan al respectivo crédito. Solo gozarán de privilegio estos créditos de los trabajadores que estén devengados a la fecha en que se hagan valer. 381

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Los tribunales apreciarán en conciencia la prueba que se rinda acerca de estos créditos. Por último, no pueden renunciarse los montos y preferencias de este numeral y del octavo, salvo en la forma y casos que siguen: a. Mediante conciliación celebrada ante un Juzgado de Letras del Trabajo, la que podrá tener lugar en la audiencia preparatoria o de juicio y deberá contar con la expresa aprobación del juez, y b. En virtud de transacción judicial o extrajudicial que se celebre con posterioridad a la notificación de la sentencia definitiva de primera instancia del juicio laboral respectivo. 6) Los créditos del Fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquel hubiere efectuado de acuerdo con el Art. 42, inc. 4 DL 3.500 de 1980. 7) Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses: Establecida por razones humanitarias. 8) Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales remuneracionales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador, con un límite de once años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas: Asimismo, la indemnización establecida en el párrafo segundo del número 4 del artículo 163 bis del Código del Trabajo estará sujeta a los mismos límites precedentemente señalados. Para efectos del cálculo del pago de la preferencia establecida en este número, los límites máximos indicados en los párrafos primero y segundo serán determinados de forma independiente. A este numeral se le aplican todas las reglas referidas en el numeral 5to. En definitiva, en materia de indemnizaciones laborales, la situación es la siguiente: a. En el numeral 5 se incluye la indemnización sustitutiva del aviso previo. b. En el numeral 8 se incluyen la indemnización por fuero maternal y por años de servicio. 9) Los créditos del Fisco por los impuestos de retención y de recargo. 2.1. La enumeración no es taxativa: Otras leyes pueden señalar otros créditos que ingresen en esta categoría. Sin embargo, no se pueden crear créditos que tengan una preferencia superior a los de 1era clase (Art. 241 Ley 20.720). 2.2. Características de los Créditos de 1° Categoría: 1) Constituyen un privilegio (Art. 2471 CC). 2) El privilegio es general, es decir, afecta a todos los bienes del deudor (Art. 2473, inc. 1 CC): En ese sentido el Art. 2487, inc. 1 CC establece que las preferencias de 1° clase que afectaban los bienes del difunto, afectarán también los del heredero, a menos que opere el beneficio de inventario o separación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) El privilegio es personal, es decir, no pasa contra terceros poseedores (Art. 2473, inc. 2 CC): Esto significa que los bienes del deudor están afectos al privilegio mientras permanezcan dentro de su patrimonio. 4) Los créditos de 1° categoría prefieren en el orden de su numeración (Art. 2374, inc. 1 CC). 5) Dichos créditos, dentro de cada número, se prorratean (Art. 2473, inc. 1 CC): Es decir, dentro de cada número, se vuelve al principio de igualdad de los acreedores. 6) Se pagan con preferencia a todos los demás créditos del deudor: Sin embargo, como los créditos de 1° clase son generales y los de 2° y 3° clase son especiales, los Arts. 2476 y 2478 CC establecen una solución para el caso de que concurran simultáneamente: los acreedores prendarios y demás de la 2° categoría, y los acreedores hipotecarios y demás de la 3° categoría, se pagan preferentemente en los bienes que les están particularmente afectos, aun respecto de los créditos de 1° clase. Ahora bien, esto es así en el caso de que el deudor tenga otros bienes en los cuales hacer efectivo el pago de los créditos de 1° categoría. Pero si el deudor no tiene otros bienes o estos son insuficientes, los créditos de 1° clase se pagan aun con detrimento de los de 2° y 3° clase. 2.3. ¿Qué ocurre si existen a la vez bienes afectos a la 2° y 3° clase? ¿Sobre cuales ejerce primero sus derechos el acreedor de 1° clase?: Alessandri dice que el acreedor de 1° clase primero los ejerce sobre los bienes hipotecados, y en caso de no ser estos suficientes, sobre los bienes afectos al crédito de 2° clase, porque estos están antes que los de 3° y por algo el legislador los ha colocado en la 2° clase. Abeliuk en cambio, señala que la numeración es intrascendente y que a falta de norma expresa debe aplicarse la regla general, esto es, el principio de igualdad, y concluir por consiguiente, que en este caso los créditos de 2° y 3° clase se prorratean. 3. Los Créditos de 2° Categoría (Art. 2474 CC): Son: 1) Los créditos del posadero y del acarreador o empresario de transporte (Art. 2474 N°1 y 2 CC): Para que gocen de este privilegio es necesario: a. Que los créditos provengan de gastos de alojamiento o de acarreo, expensas y daños. b. Que los efectos sobre los cuales el acreedor puede invocar el privilegio se encuentren en poder del posadero o acarreador. c. Que dichos bienes sean de propiedad del deudor: La ley presume en forma simplemente legal que son de propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada, o acarreados de su cuenta. 2) El crédito del acreedor prendario (Art. 2474 N°3 CC): Se pregunta la doctrina qué ocurre si hay más de dos prendas constituidas sobre un mismo bien. En ese sentido, el Art. 16 Ley 20.190 señala que, al igual que lo que sucede en el caso de la hipoteca, se pagaran con preferencia, de acuerdo al orden cronológico de sus respectivas inscripciones en el registro de prendas sin desplazamiento. 3) El crédito del acreedor que goza del derecho legal de retención sobre bienes muebles, una vez declarado judicialmente (Art. 546 CPC). 3.1. Características de los Créditos de 2° Clase: 1) Constituyen un privilegio (Art. 2471 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) El privilegio es especial, porque recae sobre ciertos bienes muebles del deudor, de manera que si estos bienes no son suficientes, el saldo no goza de preferencia y pasa a la 5° clase. 3) Por regla general, no pasan contra terceros porque el posadero y el acarreador gozan del privilegio mientras los bienes estén en su poder. Excepcionalmente la prenda pasa contra terceros porque es un derecho real y otorga un derecho de persecución. 4) Se pagan con preferencia a los demás créditos, salvo a los de 1° clase, en los términos del Art. 2476 CC. 5) Pueden optar por ejecutar individualmente los bienes gravados o continuarlos en el procedimiento de liquidación concursal debiendo siempre asegurar los créditos de mejor derecho. 4. Los Créditos de 3° Categoría (Arts. 2477 y 2480 CC): Son: 1) Los créditos hipotecarios (Art. 2477, inc. 1 CC). 2) Los censos debidamente inscritos (Art. 2480 CC). 3) El derecho legal de retención sobre bienes raíces judicialmente declarado e inscrito en el registro de hipotecas y gravámenes correspondiente (Art. 546 CPC). 4.1. Características de los Créditos de 3° Clase: 1) Constituyen una causal de preferencia pero no es un privilegio, sino que se llama hipoteca (Arts. 2470 y 2471 CC). 2) La preferencia es especial porque solo recae sobre la finca hipotecada o acensuada o a cuyo respecto se declaro el derecho legal de retención. Si son insuficientes, el saldo es valista. 3) No son personales, y por lo tanto pasan contra terceros poseedores. 4) Se pagan con preferencia a cualquier otro crédito, salvo los de 1° clase, en los términos del Art. 2478 CC. 5) Prefieren en el orden de las fechas de su inscripción (Art. 2477 y 2480 CC): Si tienen la misma fecha de inscripción, preferirán en el orden en que materialmente se hayan practicado las inscripciones, es decir, habrá que recurrir al repertorio. 6) Los acreedores se pagan en tres formas: a. Mediante un juicio ejecutivo: El acreedor hipotecario puede ejecutar el bien aunque respecto del deudor se haya abierto procedimiento concursal de liquidación, como asimismo, concurrir a cualquier juicio ejecutivo en el que se embargue o se pretenda a sacar a remate la finca hipotecada. En ambos casos deberá garantizarse el pago de los créditos de 1° clase que hayan sido verificados ordinariamente o antes de la fecha de liquidación de los bienes afectos a sus respectivas garantías, por los montos que en definitiva resulten reconocidos. b. En concurso especial de acreedores hipotecarios (Art. 2477, inc. 2 y 4 CC). c. En el Procedimiento Concursal de Liquidación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4.2. Conflictos entre Acreedores de 2° y 3° clase: Si, por ejemplo, se tiene hipoteca sobre un inmueble y prenda sobre un mueble por destinación, la pregunta es que prefiere. Hay dos posibilidades: 1) Los créditos de 2° clase prefieren sobre los de 3° clase por encontrarse en una numeración superior, o 2) Concluir que a falta de norma expresa, debe aplicarse la norma general, esto es, el principio de igualdad de los acreedores, por lo que no hay preferencia ni de uno ni de otro y deben prorratearse. 5. Los Créditos de 4° Categoría (Art. 2481 CC): Son: 1) Los créditos del Fisco contra los recaudadores y administradores de bienes fiscales (Art. 2481 N°1 CC). 2) Los créditos de ciertas instituciones públicas contra los recaudadores y administradores de sus fondos (Art. 2481 N°2 CC). 3) Las dos formas del Art. 2481 N°3 CC): a. Créditos de la mujer casada en sociedad conyugal, respecto de los bienes de su propiedad que administra el marido, sobre los bienes de este: Se critica esta norma porque la mujer no es acreedora del marido respecto de sus bienes propios, de los cuales la mujer es dueña. El privilegio se justifica para el cobro de las recompensas que al liquidarse la sociedad conyugal la mujer podría tener en contra del marido. Además, se critica la norma porque la preferencia se puede ejercer sobre todos los bienes del marido, sean propios, o que le correspondan por concepto de recompensas o gananciales. Es decir, no solo sobre los bienes propios del marido. b. Créditos de los cónyuges por gananciales, en el régimen de participación en los gananciales. En relación a este caso cabe hacer dos observaciones: i. Esta preferencia corresponde a los cónyuges, no solo a la mujer. ii. Esta preferencia no tiene el mismo fundamento de los demás créditos de 4° clase porque en este caso no hay administración de bienes ajenos, ya que cada cónyuge administra sus propios bienes. 4) Créditos de los hijos sujetos a patria potestad por los bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre o madre (Art. 2481 N°4 CC). 5) Créditos de las personas que están bajo tutela o curaduría contra sus respectivos tutores o curadores. 6) Créditos del pupilo en contra de quien se casa con la madre, abuela, tutora o curadora (hoy inoperante). 5.1. Otros créditos de 4° clase establecidos en leyes especiales: El mas importante de ellos es el crédito correspondiente a la obligación del propietario de una unidad o condominio por gastos comunes. 5.2. Bienes y derechos que protegen las preferencias de los N°3, 4 y 5 del Art. 2481 CC: El Art. 2483 CC establece que tales preferencias de 4° clase se extienden a los derechos y acciones que correspondan a

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe las personas a cuyo favor se establecen, en contra del administrador de sus bienes, por culpa o dolo en la administración de los mismos. 5.3. Pruebas admitidas para acreditar estas preferencias (Arts. 2483 y 2485 CC): La confesión del marido, padre o madre que ejerza la patria potestad, o del tutor o curador fallidos, no hará prueba por si sola contra los acreedores. 5.4. Características del Crédito de 4° Clase: 1) Constituye un privilegio (Art. 2471 CC). 2) Corresponde a ciertas personas en contra de los administradores de sus bienes, con la excepción ya vista de la participación en los gananciales. 3) Es un privilegio general (Art. 2486 CC). 4) Es personal (Art. 2486 CC), con una excepción: la obligación del propietario de una unidad o condominio por pagar los gastos comunes: Se trata de una obligación propter rem que pasa contra terceros poseedores, de manera que el actual propietario pasa a ser deudor de la misma. 5) Se pagan una vez cubiertos los créditos de las tres primeras clases (Art. 2486, parte final CC). 6) Prefieren unos a otros según la fecha de sus causas (Art. 2482 CC). 6. Los Créditos de 5° Categoría (Art. 2489 CC): Se denominan créditos comunes, valistas o quirografarios y son aquellos que no gozan de preferencia. Hay dos tipos: 1) Aquellos créditos que fueron comunes desde un comienzo y que jamás gozaron de preferencia (Art. 2489 CC), y 2) Los saldos insolutos de los créditos preferentes de 2° y 3° clase que no fueron cubiertos por los bienes particularmente afectos a ellos (Art. 2490 CC). En cuanto a su forma de pago, se pagan a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada sin consideración a su fecha (Art. 2489, inc. 2 CC). Cabe tener presente que la Ley 20.720 estableció ciertos créditos que se pagan después de los valistas: 1) Aquellos créditos en favor de personas relacionadas con el deudor que no hayan sido debidamente documentados 90 días antes de la resolución de liquidación. 2) En materia de acciones revocatorias concursales, la parte condenada tiene derecho a la devolución de lo que hubiere pagado con ocasión del acto o contrato revocado, pero su pago queda pospuesto hasta que se paguen íntegramente los créditos de los acreedores valistas. 6.1. Subordinación de los Créditos Valistas: El Art. 2489 CC establece la posibilidad de que opere una subordinación en el pago de los créditos valistas. La subordinación es un “acto o contrato en virtud del cual uno o más acreedores de la quinta clase aceptan postergar, en forma total o parcial, el pago de sus acreencias en favor de otro u otros créditos de dicha clase, presentes o futuros”. La subordinación puede establecerse por convención, o unilateralmente por el deudor o el acreedor. La subordinación establecida por uno o mas acreedores es obligatoria para el deudor en los siguientes casos: 1) Si el deudor ha concurrido al acto o contrato; 386

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Si el deudor lo acepta por escrito con posterioridad o 3) Si el deudor es notificado del acto o contrato por un ministro de fe, con exhibición del instrumento. La subordinación también puede ser establecida unilateralmente por el deudor en sus emisiones de títulos de crédito. En este ultimo caso, y cuando sea establecida unilateralmente por el acreedor que acepta subordinarse, será irrevocable. Las formalidades de la subordinación son que debe constar por escritura pública o en documento privado firmado ante notario y protocolizado. Los efectos de la subordinación son: 1) Si entre los de crédito de quinta clase figuran unos subordinados a otros, estos se pagan con antelación a aquellos. 2) La subordinación comprender el capital y los intereses, a menos que se exprese lo contrario. 3) La subordinación obliga a los cesionarios o herederos del acreedor subordinado. 4) El tiempo durante el cual se encuentre vigente no se considerará para el cómputo de la prescripción de las acciones de cobro del crédito. Agrega la disposición que la subordinación puede ser alegada al momento de la verificación del crédito por parte del acreedor beneficiario o bien notificarse al Liquidador, si se establece en una fecha posterior. Si se incumple la subordinación se producen los siguientes efectos: 1) Da lugar a indemnización de perjuicios en contra del deudor, y 2) Da lugar a acción de reembolso contra el acreedor subordinado.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe

RESUMEN FUENTES DE LAS OBLIGACIONES CAPÍTULO I: TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO31 I.

INTRODUCCIÓN.

1. Conceptos Generales: En términos generales, las fuentes de las obligaciones son “los hechos jurídicos a los cuales la ley atribuye la aptitud de hacer nacer o generar una obligación”. El Código Civil se refiere a las fuentes de las obligaciones en tres artículos: 1) En el Art. 578 CC al definir los derechos personales o créditos, hace una primera distinción, al expresar que estos solo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas: De esta forma, las fuentes serían dos: el hecho del deudor y la ley. 2) El Art. 1437 CC precisa que las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. 3) El Art. 2284 CC dispone que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o de un hecho voluntario de una de las partes. Si el hecho de que nacen es licito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con la intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin la intención de dañar, constituye un cuasidelito. De lo dispuesto en los artículos citados, la doctrina clásica afirma que el Código Civil reconoce las siguientes fuentes de las obligaciones: (i) los contratos, (ii) los cuasicontratos, (iii) los delitos, (iv) los cuasidelitos y (v) la ley. 2. Las Fuentes Tradicionales de las Obligaciones en Concreto: 1) El Contrato (Art. 1438 CC): “Acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”. En ese contexto, es “un acto jurídico bilateral o convención generadora de obligaciones”. 2) El Cuasicontrato (Arts. 1437 y 2284 CC): “Todo hecho voluntario, no convencional y lícito que produce obligaciones”. El Art. 2285 CC establece que “hay tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad”. 3) Los Delitos y Cuasidelitos: Si bien ambos dan cuenta de un hecho ilícito sin que medie vínculo contractual, en el delito existe dolo o la intención de dañar, mientras que en el cuasidelito hay culpa, esto es, negligencia o descuido. 3. Las Fuentes Modernas de las Obligaciones: Sin perjuicio de las referidas fuentes clásicas de las obligaciones, la doctrina moderna indica que habría a lo menos dos fuentes adicionales: 1) La Declaración Unilateral de Voluntad: “Acto unilateral emanado del deudor que es suficiente para obligar a este”. Esta doctrina sostiene que una persona puede por su sola voluntad transformarse en deudor, sin que intervenga la voluntad de otra. Si bien es de todos modos necesaria la intervención del acreedor que acepte su derecho, ya que nadie puede ser obligado a adquirir estos contra su voluntad, la obligación no nace cuando el acreedor acepta o ejerce su derecho, sino desde Según lo señalado en el texto “Fuentes de las Obligaciones: Teoría General del Contrato” de Cristian Boetsch Gillet. 31

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe el momento en que ha sido creada por la voluntad unilateral de quien se obliga. Y por la misma razón de que la obligación ya ha nacido, no puede ser normalmente revocada en forma unilateral por el deudor. Respecto a su recepción en el derecho comparado, podemos claramente distinguir tres corrientes de opinión: a. La que pretende consagrar la declaración unilateral como fuente de las obligaciones en términos amplios. b. La que la acepta para explicar ciertas y determinadas obligaciones, o sea para casos particulares, y c. La que mantiene la doctrina romana de que nadie puede obligarse por su sola voluntad. Sin embargo, la declaración unilateral de voluntad va lentamente imponiéndose en las legislaciones del presente siglo, pero en forma restringida. En cuanto a nuestro Código Civil, este ignora absolutamente esta institución. Los casos en que el deudor resultado obligado por su sola voluntad seria por obligaciones legales, por lo que la fuente en realidad en ese caso es la ley. Sin perjuicio de lo anterior, la doctrina que entiende que esta fuente del derecho se encuentra en nuestra legislación, la encuentra en los siguientes casos: a. La oferta sujeta a un plazo (Art. 99 CCom): Si el proponente se compromete a no disponer de la cosa ofrecida mientras no reciba respuesta o por un plazo que prefija, resulta obligado por la sola oferta, que es un acto unilateral emanado de una sola voluntad. Para quienes no aceptan la doctrina de la declaración unilateral de voluntad se trataría de un precontrato, integrado por la oferta a plazo, y la aceptación tácita del que la recibe y utiliza el plazo para reflexionar y no la rechaza de inmediato. Esto parece poco creíble. b. La promesa de recompensa (Art. 632, inc. 2 CC): Es el caso en que una persona ofrece una recompensa al que le encuentre un objeto perdido, para el que le proporcione vivienda u otro servicio. Para los partidarios de la declaración unilateral vinculante la obligación queda formada en el momento en que se formula públicamente la promesa de recompensa; para sus contrarios, hay contrato formado por una oferta indeterminada y la aceptación tácita del que busca el objeto. c. Los títulos al portador: Para esta doctrina, las obligaciones del aceptante, endosantes y demás obligados al pago de una letra de cambio procederían de una declaración unilateral de voluntad. d. La estipulación a favor de otro. e. La fundación: “Persona jurídica, caracterizada por ser una organización para la realización de determinados fines sobre la base de un patrimonio destinado a ella, y con la autorización del Estado”. Siempre se ha prestado a controversias el hecho de que la asignación de un capital a la fundación se formula a un ente que carece a la sazón de personalidad jurídica y no la tendrá mientras la autoridad no se la otorgue. Por ello, en el Derecho alemán se ha justificado la 389

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe fundación diciendo que por un acto unilateral del fundador se obliga a dotar a la fundación una vez que obtenga personalidad jurídica. Nuestro legislador dio una solución original al problema, ya que de acuerdo al Art. 963, inc. 2 CC, la asignación por causa de muerte y la donación, quedan sujetas a la condición suspensiva de que se obtenga la aprobación por parte de la fundación. 2) El Enriquecimiento Sin Causa: “Hecho en virtud del cual una persona se enriquece en desmedro de otra sin causa justificada, sin un motivo valedero”, como si una persona paga lo que realmente no debe. Si bien esta teoría está incluida en ciertos casos por el legislador, la doctrina moderna pretende imponer su aplicación como regla general en los casos en que nada ha dicho el legislador, y en tal sentido llega a erigirse en una fuente autónoma de las obligaciones. En su desarrollo inicial se la consideró un cuasicontrato, porque normalmente se produce por un acto voluntario, licito y no convencional, llegándose incluso a equipararla con la gestión de negocios con la sola diferencia de que quien sufre el empobrecimiento no tenía la intención de administrar un negocio. En otros casos se consideró como un pago de lo no debido. En una etapa posterior, opinión que aún se mantiene, se invirtió la situación y se sostuvo a la inversa que la noción del enriquecimiento sin causa es más amplia que el cuasicontrato, y estos encuentran precisamente su explicación en el principio señalado. En Código Civil chileno no reglamentó el enriquecimiento sin causa. Pero ello no quita que existan numerosas instituciones y soluciones legislativas que están inspiradas en él. El problema es precisar que ocurre en los casos no legislados y que pueden presentarse; si es posible aplicar para resolverlos la teoría en estudio o no. Podemos citar como ejemplos: a. Las Prestaciones Mutuas: Toda esta institución está encaminada principalmente a evitar el enriquecimiento injustificado, y tanto es así, que el reivindicante debe pagar las mejoras necesarias aun al poseedor de mala fe. b. La Accesión: Por ejemplo, el dueño del suelo en que se construye, siembra o planta con bienes ajenos, debe indemnizar al dueño de estos (Art. 668 y 669 CC), pues en caso contrario obtendría un enriquecimiento injustificado. c. La Responsabilidad Extracontractual por el Hecho Ajeno: Si bien hay personas que deben responder por los hechos ilícitos de quienes están a su cuidado, estos tienen derecho a repetir contra el autor del daño (Art. 2325 CC), pues de no ser así, este obtendría un enriquecimiento injusto. d. La Nulidad de los Actos de un Incapaz: En cuanto se permite la restitución o reembolso si el incapaz se ha hecho más rico por el acto por haberle sido necesarias o porque, subsistiendo en su poder, las quiere retener. e. La Teoría de las Recompensas en la Sociedad Conyugal: Mediante la institución de las recompensas, la ley evita que uno de los cónyuges se enriquezca injustificadamente a costa de otro. En virtud de lo anterior uno podría desprender que existe una aplicación amplia de esta institución, pudiendo utilizarse en otros casos no regulados. 390

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La Acción de in rem verso: En estos casos a la víctima se le dota de esta acción, que es “la que corresponde a quien ha experimentado un empobrecimiento injustificado para obtener una indemnización de aquel que se ha enriquecido a su costa sin causa”. Las principales características de esta acción son: a. Es una acción personal: Pues procederá contra el obligado a la indemnización, contra la persona que ha obtenido el enriquecimiento. b. Es una acción patrimonial: Pues persigue una indemnización. Por ello es: i.

Renunciable.

ii.

Transferible y Transmisible.

iii.

Prescriptible: No habiéndose señalado plazo especial, prescribe en 5 años.

Si bien lo normal es que se intente como acción, no hay inconveniente para oponerla como excepción si el actor pretende con el proceso obtener un enriquecimiento injustificado. Requisitos para que opere la Acción de in rem verso: La doctrina señala cinco requisitos: a. Que una persona experimente un empobrecimiento: No hay inconveniente que este consista en la pérdida de un ingreso cierto o de un desembolso efectuado para la contraparte. b. Que otra obtenga un enriquecimiento: No hay inconveniente que este consista en la economía de un gasto, como quien le paga una deuda. En ese sentido, no es necesario el desplazamiento de bienes de un patrimonio a otro; lo único que se exige es que el enriquecimiento se haya generado a costa del empobrecimiento de la contraparte. Incluso la jurisprudencia francesa ha aceptado un enriquecimiento meramente moral. c. Una relación de causalidad entre ambos. d. Carencia de causa: En consecuencia, no habrá lugar a aplicar la teoría si existe entre las partes una relación patrimonial, ya sea derivada de un contrato, de un hecho ilícito, o de la mera ley. De ahí que no puede prosperar la acción de in rem verso contra texto legal expreso, por muy injusto que pueda ser el enriquecimiento, pues la ley lo justifica. e. La acción de in rem verso es subsidiaria: Para evitar el uso abusivo de una acción tan amplia como puede resultar la acción de in rem verso, la doctrina ha establecido el requisito de que no es posible recurrir a ella sino a falta de toda otra acción que permita obtener la reparación. Si la ley ha otorgado una acción de repetición contra el que se enriquece debe estarse a ella, aun cuando ella se haya extinguido. Prueba del Enriquecimiento sin causa: Al actor que pretende que su demandado está obligado a restituir o indemnizar, le corresponde probar la existencia de la obligación (Art. 1698 CC), para lo cual deberá acreditar la concurrencia de los requisitos antes señalados. Su prueba es libre. Efectos del Enriquecimiento sin causa: Obtenida la acción de in rem verso, el enriquecido debe indemnizar al empobrecido el perjuicio sufrido por este. Cuando el objeto en que consiste el enriquecimiento es una cosa, nace la obligación de restituirla, aplicándose las normas de las prestaciones mutuas. 391

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe II.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. Concepto Clásico de Contrato: La convención es “una declaración bilateral de voluntad tendiente a producir determinadas consecuencias de derecho, a saber, crear, modificar o extinguir derechos”. A la convención generadora de obligaciones se la denomina tradicionalmente contrato. De este modo, el contrato es “un acto jurídico bilateral o convención que crea derechos y obligaciones”. La voluntad de las partes es, por lo tanto, al mismo tiempo: (i) fuente de las obligaciones; y (ii) medida de dichas obligaciones, en cuanto ella fija el alcance o extensión de las mismas. En doctrina, este principio fundamental de la autonomía de la voluntad se descompone, fundamentalmente, en dos sub principios: (i) el consensualismo y (ii) la libertad contractual. 2. El Concepto de Contrato en el Código Civil Chileno: El Art. 1438 CC dispone: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. La doctrina critica esta definición legal de contrato desde una doble perspectiva. 1) El Art. 1438 CC hace sinónimos y confunde al contrato y la convención, en circunstancias de que se trata de dos conceptos claramente diferenciados: La convención es el género y el contrato es una especie de convención, recordándose que todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. 2) Por el objeto del contrato: El objeto de todo acto jurídico, y el contrato entre ellos, son los derechos y obligaciones, mientras que tales derechos y obligaciones tienen a su vez por objeto una prestación que puede consistir en un dar, hacer o no hacer (Art. 1460 CC). De ahí que se diga que cuando el Art. 1438 CC señala que en el contrato una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer, se omite una etapa, desde el momento que se hace referencia a la prestación como objeto del contrato, en circunstancias que la prestación es el objeto de la obligación y no del contrato. En razón de estas críticas, ciertos autores afirman que el contrato se define como “un acto jurídico bilateral que engendra obligaciones, las que a su vez tienen por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa”. 3. Estructura del Contrato: El Art. 1444 CC señala que: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales”. De estas tres cosas, en realidad solo son requisitos constitutivos del contrato las de su esencia, porque solo ellas son elementos necesarios para la existencia o perfeccionamiento del contrato. Las cosas de su naturaleza no forman parte de la estructura del acto jurídico, sino que dicen relación con sus efectos. Por su parte, los llamados elementos accidentales no son requisitos del acto, sino de su eficacia, pues a ellos queda subordinada la producción de los efectos del acto. 1) Cosas de la Esencia: “Aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente”. Estas cosas son los elementos indispensables para que el contrato se forme. Son, además, las que le dan su fisonomía propia y lo diferencian de los otros. Las partes no pueden, por lo mismo, alterarlas o suprimirlas, esta es una de las limitaciones que tiene la autonomía de la voluntad. 392

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Las cosas de la esencia pueden ser: a. Comunes a todo contrato: Tales son las que enumera el Art. 1445 CC: consentimiento exento de vicios, capacidad, objeto licito y causa licita. A ellos deberían agregarse las solemnidades en los casos que son exigidas por el legislador en atención a la naturaleza del contrato o especiales a una determinada especie de contrato. b. Especiales o Específicos: Son aquellas requeridas para cada contrato en especial, constituyen los elementos de la esencia propios y característicos de un contrato determinado. Así, el precio en dinero es un requisito esencial en la compraventa, pero no existe en otros contratos. 2) Cosas de la Naturaleza: “Las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial”. Más que elementos se trata de efectos que la ley subentiende o incorpora a los actos jurídicos cuando las partes han guardado silencio. Por ende, el Código no incurre en error al hablar de “cosas” de la naturaleza. 3) Cosas Accidentales: “Aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales”. Las cosas de la esencia y de la naturaleza de un contrato forman parte del mismo sin necesidad de estipulación; las accidentales, solo cuando se estipulan. Mientras la estipulación de las partes es necesaria para suprimir las cosas de la naturaleza del contrato, tratándose de las accidentales, esta estipulación es necesaria para incorporarlas a él. En forma excepcional, las modalidades pueden no ser elementos accidentales, sino de la esencial o de la naturaleza del acto cuando el legislador las subentiende sin necesidad de estipulación de las partes. Así, en el contrato de promesa, la condición o el plazo pasa a ser un elemento de la esencia del mismo. Por su parte, la condición resolutoria tácita envuelta en todo contrato bilateral es un elemento de la naturaleza. 4. Funciones de los Contratos: El campo de acción de los contratos no se restringe al aspecto patrimonial, a los bienes, sino que también abarca a las personas. Para algunos autores, el concepto de contrato comprende solamente los actos jurídicos destinados a crear obligaciones de carácter transitorio, mientras que, si se establece o crea un estatuto de carácter permanente, el acto dejaría de ser un contrato para convertirse en una institución. Ahora bien, se pueden distinguir: 1) Funciones Principales del Contrato: Son dos: a. Función Económica: Es el principal vehículo de las relaciones económicas entre las personas. La libre circulación de la riqueza, el intercambio de bienes y servicios se cumple esencialmente a través de los contratos. En otras palabras, sin los contratos el mundo de los negocios sería imposible. b. Función Social: No solo sirve el contrato para la satisfacción de necesidades económicas individuales. Además, es un medio de cooperación entre los hombres. Debe advertirse que solo en el s. XX llegó a consolidarse la función social de los contratos, en una tendencia a corregir ciertos abusos que se amparaban en la noción de contrato exclusivamente voluntarista. Aparece así el contrato dirigido, bajo la impronta del orden

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe público social o de protección de aquellos individuos dotados de menos poderes de negociación, frente a otros colocados en una posición más fuerte. La función social de los contratos se relaciona directamente con el principio de la buena fe, que impone a cada contratante el deber de lealtad y de corrección frente a la otra parte durante todo el iter contractual. 2) Subfunciones del Contrato: a. Función de cambio o de circulación de los bienes: Se realiza mediante los contratos traslaticios de dominio, como la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. b. Función de crédito: Lo que se realiza con el mutuo, los contratos bancarios y el comodato. c. Función de garantía: Mediante contratos accesorios como la prenda, la hipoteca o la fianza, destinados a fortalecer el derecho del acreedor a su cumplimiento. d. Función de custodia: A través de contratos destinados a la guarda y conservación de bienes ajenos, como el depósito. e. Función de uso y goce: Que se concreta en contratos que proporcionan a un tercero el uso y a veces el goce de una cosa, como el arrendamiento y el usufructo. f.

Función laboral: Como en el contrato de trabajo, mandato o arrendamiento de servicios.

g. Función de previsión: Como en los seguros, la renta vitalicia, las ISAPRES y AFP. h. Función cultural y educativa: Como en el contrato de prestación de servicios educacionales, de investigación científica, de extensión, etc.

III.

i.

Función de recreación: Como en la hotelería, en el transporte con fines turísticos, en contratos de espectáculos, en el juego y la apuesta, etc.

j.

Función de cooperación: Si bien se encuentra prácticamente en todos o en casi todos los contratos, aparece más patente en los llamados actos intuito personae, como el mandato, la donación, las sociedades de personas, etc.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

1. Generalidades: En los Arts. 1439 y ss., el Código ha formulado una clasificación de los contratos en: (i) contratos unilaterales y bilaterales, (ii) contratos gratuitos y onerosos, (iii) contratos conmutativos y aleatorios, (iv) contratos principales y accesorios, y (v) contratos consensuales, solemnes y reales. A ellos se suman una serie de clasificaciones que la doctrina ha ido incluyendo de los contratos. 2. Los Contratos Unilaterales y Bilaterales: El Art. 1439 CC señala que: “El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente”. En ese sentido, esta clasificación no atiende al número de voluntades que se requieren para que se perfeccione el acto jurídico, sino al número de partes obligadas, partiendo de la base que ya existe acuerdo de dos o más voluntades, es decir, que el acto ya es un acto jurídico bilateral o convención. No es lo mismo entonces un acto jurídico bilateral y un contrato bilateral, pero siempre el contrato, como acto jurídico, será bilateral, aun cuando como contrato pueda ser unilateral o bilateral. 394

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En esta clasificación tampoco se atiende al número de las obligaciones que se originan, sino a si una o ambas partes se obligan mutuamente. Así, podemos definir ambos tipos de contratos: 1) Contratos Unilaterales: “Aquellos en que una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna”. Así, por ejemplo, son la donación, el comodato, el deposito, el mutuo, la prenda y la hipoteca. 2) Contratos Bilaterales o Sinalagmáticos: “Aquellos en que ambas partes se obligan recíprocamente”. El contrato genera obligaciones contrapuestas, de manera que cada parte es deudora y acreedora de la otra. Son ejemplos la compraventa, la permuta, la transacción, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. 2.1. Importancia de la Clasificación: 1) En cuanto a la condición resolutoria tácita o resolución del contrato por falta de ejecución o cumplimiento (Art. 1489 CC): En todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por una de las partes lo pactado. En ese sentido, según los términos del Art. 1489 CC la condición resolutoria tácita sería inoperante en los contratos unilaterales, aun cuando en la doctrina se discute si podría o no aplicarse a ellos. De hecho, encontramos esta condición en dos contratos unilaterales: el comodato y la prenda. 2) En cuanto a los riesgos: Solo en los contratos bilaterales se plantea el problema de los riesgos (Arts. 1550 y 1820 CC), que consisten en determinar si al extinguirse la obligación de una de las partes por caso fortuito o fuerza mayor, se extingue también o subsiste la obligación de la otra parte. En los contratos unilaterales tal problema no se plantea, puesto que el caso fortuito o fuerza mayor extingue las obligaciones de la única parte obligadas, extinguiéndose por ende la relación contractual. 3) En cuanto al principio de “la mora purga la mora” (Art. 1552 CC): Se aplica solo en los contratos bilaterales, ya que el principio exige que ninguna de las partes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra no cumpla o este pronta a cumplir sus obligaciones reciprocas. 2.2. Contratos Sinalagmáticos Imperfectos: En el contrato propiamente bilateral o sinalagmático perfecto, todas las obligaciones nacen al mismo tiempo: al momento de perfeccionarse el contrato por la formación del consentimiento, o si se trata de contratos solemnes, al cumplirse la solemnidad, o si estamos ante contratos reales, con la entrega de la cosa. Puede ocurrir, sin embargo, que ciertos contratos que nacen como unilaterales, por circunstancias posteriores a su generación originen obligaciones para aquella de las partes que inicialmente no contrajo obligación alguna. Tales son los denominados “contratos sinalagmáticos imperfectos”. Así ocurre, por ejemplo, en el depósito y en el comodato, que pueden, a posteriori, generar obligaciones para el depositante y para el comodante, que consistirán en el reembolso de los gastos de conservación de la cosa o en indemnizar los perjuicios ocasionados por la mala calidad de la cosa. Lo mismo puede ocurrir con la prenda. La doctrina critica esta denominación porque da la idea que en definitiva nos encontramos ante contratos bilaterales, lo que no es exacto. El contrato sigue siendo unilateral, ya que dicha naturaleza se entiende al momento de formación del contrato. Las nuevas obligaciones no tienen, en verdad, su fuente en el contrato, sino en la ley, siendo independientes de las otras obligaciones primitivas y no interdependientes. 395

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En ese sentido, no tienen lugar en este tipo de contratos las instituciones propias de los contratos bilaterales: la condición resolutoria tácita, la teoría de los riesgos y la excepción de contrato no cumplido. Algunos autores, sin embargo, intentan asimilar la última a estos contratos unilaterales, pero ello debe descartarse, desde el momento que la ley otorga a este caso otro instrumento: el derecho legal de retención (Arts. 2193 y 2234 CC). 2.3. Contratos Plurilaterales o Asociativos: “Aquellos contratos que provienen de la manifestación de voluntad de más de dos partes, todas las cuales resultan obligadas en vista de un objetivo común”. Esta noción se aplica especialmente a la sociedad. El contrato plurilateral, sin perjuicio de ciertos rasgos distintivos, sería una especie de contrato bilateral. En la doctrina comparada, especialmente italiana, se indican algunas diferencias entre uno y otro: 1) En los contratos bilaterales surgen obligaciones correlativas y diferentes; en los plurilaterales, cada parte adquiere derechos y contrae obligaciones respecto a todos los demás. 2) En los contratos bilaterales, los vicios del consentimiento traen consigo la nulidad del acto jurídico; en los plurilaterales, el vicio de que adolece la voluntad de uno de los contratantes implica la ineficacia de su concurso al acto jurídico, pero el contrato mantiene validez en la medida que las otras partes puedan lograr la finalidad en vista de la que se contrató. 3) En principio, los contratos bilaterales están circunscritos a las partes originalmente contratantes; los plurilaterales permiten el ingreso de nuevas partes o el retiro de las originales. 4) Los contratos bilaterales suelen extinguirse tan pronto nacen, mientras que los plurilaterales suelen general situaciones estables, jurídicas y económicas, destinadas a durar un tiempo prolongado. 3. Los Contratos Gratuitos y Onerosos: El Art. 1440 CC señala que: “El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”. El aspecto fundamental reside en la utilidad que preste el contrato a las partes. Así, podemos definirlos como: 1) Contrato a título Oneroso: “Aquel en que cada parte paga la ventaja que obtiene del contrato, es decir, percibe un beneficio a cambio de una contraprestación actual o futura”. 2) Contrato a título Gratuito: “Aquel en que una de las partes se procura una ventaja sin que ello le demande un sacrificio, porque no debe suministrar una contraprestación a cambio del beneficio que recibe”. López Santa María señala que lo que permite clasificar a los contratos en gratuitos y onerosos es un criterio económico, y no un criterio eminentemente técnico-jurídico, como el que sirve de base a la distinción entre contratos unilaterales y bilaterales. 3.1. Relación entre la Bilateralidad o Unilateralidad y la Gratuidad u Onerosidad: 1) En los Contratos Bilaterales: Para Ramón Meza Barros, los contratos bilaterales son siempre onerosos. Sin embargo, esto es criticado por López Santa María porque, aun cuando lo habitual es 396

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe que los contratos bilaterales sean onerosos, existen figuras concretas de contratos bilaterales gratuitos, como: a. El mandato no remunerado: Si bien el mandato es por naturaleza remunerado, en la práctica muchas veces tiene carácter gratuito, especialmente considerando que se trata de un contrato de confianza. Cuando no se remunera al mandatario el contrato es gratuito y exclusivamente en beneficio del mandante. Sin embargo, el contrato es bilateral, ya que siempre el mandatario debe hacerse cargo de los negocios cuya gestión le encomiendo al mandante y proporcionar al mandatario lo necesario para ejecutar el encargo. b. La donación con cargas: La donación irrevocable entre vivos, en la que se impone al donatario una carga o modo en beneficio de un tercero, es un contrato bilateral, pues genera obligaciones para el donante y para el donatario, y al mismo tiempo gratuito, ya que no origina utilidad económica al donante, sino exclusivamente al donatario y al tercero beneficiado con el modo. 2) En los Contratos Unilaterales: Los contratos unilaterales son generalmente gratuitos, pero también pueden ser onerosos, como señala uniformemente la doctrina. Tal ocurre: a. En el mutuo: Cuando se refiere a dinero, el mutuario debe devolver la suma recibida (el capital), más los intereses devengados. El contrato entonces es provechoso para ambas partes, pero sigue siendo unilateral, pues el único que resulta obligado es el mutuario, a pagar las sumas adeudadas. Si no se pactan intereses el contrato es unilateral y gratuito. b. En el depósito: Cuando el depositario está facultado para usar la cosa en su provecho. c. En el comodato en pro de ambas partes (Art. 2179 CC): Por ejemplo, el perro de caza que se presta con la obligación de amaestrarlo; o la parcela que se presta gratuitamente, obligándose el comodatario a efectuar innovaciones que incorporen nuevas tecnologías en el manejo de los frutales. d. En las cauciones constituidas por terceros ajenos a la obligación principal que se garantiza, en virtud de una remuneración o prestación en general realizada o prometida por el deudor principal: Si bien parte de la doctrina dice que en este caso la caución será onerosa, otra parte de la doctrina estima que el contrato sigue siendo unilateral y gratuito, pues para que fuere oneroso, las partes contratantes deben gravarse recíprocamente, y en los casos citados, es un tercero, ajeno al contrato, quien se grava en favor de una de las partes contratantes. 3.2. Importancia de la Clasificación: 1) Para determinar el grado de culpa de que responde el deudor (Art. 1547 CC): Tratándose de los contratos onerosos, el deudor responde de la culpa leve, considerando que se obtiene por ambas partes un beneficio mutuo. En cambio, en los contratos gratuitos, debemos distinguir a qué parte reporta utilidad el contrato; si solo reporta utilidad al deudor, responde hasta de la culpa levísima, mientras que solo responde de la culpa lata o grave, si quien recibe la utilidad es el acreedor. 2) Tratándose de la obligación de saneamiento de la evicción: Si bien esta solo se reglamenta respecto de la compraventa, el arrendamiento y la sociedad, la doctrina nacional y comparada sostienen que es una obligación de la naturaleza de todo contrato oneroso.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) En los contratos gratuitos, la persona con quien se contrata es de relevante importancia: se trata generalmente de contratos intuito personae: En consecuencia, el error en cuanto a la persona vicia el consentimiento. En los contratos onerosos, la identidad de la persona con quien se contrate es normalmente indiferente. Excepcionalmente los contratos onerosos son intuito personae, como el mandato remunerado o la sociedad de personas. 4) Los contratos gratuitos imponen ciertos deberes a quienes reciben los beneficios: Así se aprecia en las donaciones entre vivos, las que son revocables por ingratitud del donatario. Por su parte, el donatario está obligado a proporcionar alimentos al donante que le hizo una donación cuantiosa; el donante, por su parte, goza del beneficio de competencia, si el donatario le demanda el cumplimiento de la gratuidad. 5) La circunstancia de ser gratuito u oneroso el contrato determina las condiciones en que es atacable por medio de la acción pauliana o revocatoria: En efecto, el Art. 2468 CC señala que, para revocar los contratos gratuitos celebrados por el deudor en perjuicio de los acreedores, basta la mala fe del primero; los contratos onerosos, en cambio, son revocables en la medida que estén de mala fe el otorgante y el adquirente. 6) De acuerdo a la doctrina clásica de la causa, en los contratos gratuitos, la pura liberalidad es causa suficiente (Art. 1467 CC); en los contratos onerosos, la causa está en relación a las prestaciones recíprocas y a las ventajas que se espera obtener. 7) En materia de contrato de arrendamiento, si el arrendador transfiere la cosa arrendada, el adquirente a título gratuito está obligado a respetar el contrato de arrendamiento; en cambio, si adquiere a título oneroso, no está obligado a respetar el arrendamiento preexistente, salvo que se hubiere celebrado por escritura pública (Art. 1962 CC). 8) En el cuasicontrato de pago de lo no debido, tratándose de una especie o cuerpo cierto, si la cosa ha pasado a poder de un tercero, quien pagó indebidamente podrá reivindicarla de dicho tercero, si este entró en posesión por título gratuito: No cabe reivindicación si el tercero adquirió por título oneroso y encontrándose de buena fe (Art. 2303 CC). 9) El legislador ha establecido diversas restricciones tratándose de ciertos contratos gratuitos: Así, exige la ley insinuación para donar (Art. 1401 CC); respecto de las donaciones hechas a legitimarios o terceros, podrán resultar inoponibles a los legitimarios, conforme al sistema de acervos imaginarios, que incluye la acción de inoficiosa donación. 10) Para determinar cuando el acreedor prendario no puede invocar la prenda tácita: Cuando el deudor vende la cosa dada en garantía o constituye a título oneroso un derecho para el goce o tenencia de la cosa, y el comprador o el tercero en cuyo favor se constituye un el derecho, ofrece al acreedor pagar la obligación garantizada (Art. 2404 CC). 4. Contratos Conmutativos y Aleatorios: La ley en el Art. 1441 CC los trata como una subdivisión de los contratos onerosos, señalando que: “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio”. En la doctrina se formulan dos críticas al precepto: 1) Desde el momento en que se adopta determinante en el concepto de contrato conmutativo “la equivalencia de las prestaciones reciprocas”, se incurre en un doble error: 398

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Primero, porque supone el Art. 1441 CC que el contrato oneroso es siempre bilateral, en circunstancias que también puede ser unilateral, y b. Segundo, porque da la idea de una supuesta igualdad en las prestaciones: Sin embargo, todo contrato oneroso, sea conmutativo o aleatorio, conlleva un riesgo o incertidumbre, lo que en definitiva trae consigo cierto grado de desigualdad en las ventajas económicas que obtienen las partes. El derecho tolera tal desigualdad en las utilidades que obtienen las partes, y solo excepcionalmente, en ciertos contratos, establece normas reguladoras, al existir una ruptura violenta del equilibrio en las prestaciones: lesión enorme. 2) Por otra parte, se sugiere por el precepto que solo podrían tener carácter conmutativo los contratos onerosos que originan obligaciones de dar o de hacer, excluyendo los contratos que originan obligaciones de no hacer, lo que es inadmisible. Tomándose en cuenta lo anterior, podemos definir estos contratos como: 1) Contratos Conmutativos: “Aquellos contratos onerosos en que cada una de las partes, al perfeccionar el contrato, pueden apreciar o estimar los resultados económicos que este traerá consigo”. 2) Contratos Aleatorios: “Aquellos contratos onerosos en que las partes no pueden hacer ningún cálculo racional en relación a las consecuencias económicas que producirá el contrato, existiendo así una contingencia incierta de ganancia o pérdida”. Hay contratos que pueden revestir el carácter conmutativo o aleatorio, como ocurre en la compraventa de cosas que no existen, pero se espera que existan, ya que, si las partes estipulan que se compra la suerte, entonces estaremos ante un contrato puro y simple, pero aleatorio. 4.1. Distinción entre Contratos Aleatorios y Condicionales: En los contratos aleatorios, no queda supeditada a una contingencia la existencia o inexistencia de las obligaciones, como ocurre en los contratos condicionales. En los contratos aleatorios, lo que queda supeditado a una contingencia es el resultado económico del contrato, es decir, la mayor o menor utilidad que obtendrán las partes. Pero el contrato aleatorio es un contrato puro y simple. Además, la condición es un elemento accidental; mientras que la contingencia de ganancia o pérdida, que también implica futuridad e incertidumbre, es un elemento de la esencia de los contratos aleatorios. 4.2. Importancia de la Clasificación: 1) Aplicación de la lesión enorme en algunos contratos conmutativos, cuando la ley expresamente lo dispone: La lesión enorme no se puede aplicar en los contratos aleatorios, ya que el acreedor asume que está sujeta a suerte su ganancia. 2) Aplicación de la doctrina de la imprevisión o resolución o revisión de los contratos por excesiva onerosidad sobreviniente: Tampoco se puede aplicar a los contratos aleatorios, ya que la posibilidad de la excesiva onerosidad está tomada en consideración al momento de contratar, haciéndolo de todos modos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5. Contratos Principales y Accesorios32: El Art. 1442 CC señala que: “El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella”. En ese sentido, podemos definirlos como: 1) Contrato Principal: “El que tiene una vida propia e independiente”. Como, por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, la sociedad, el mandato, el mutuo, etc. 2) Contrato Accesorio: “Aquel cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella”. Son, en general, las cauciones (Art. 46 CC). Estas pueden ser reales o personales: a. Cauciones Reales: “Aquellas en que una cosa determinada garantiza al acreedor que se cumplirá íntegra y oportunamente la obligación principal”. Puede ser tal cosa un bien mueble (prenda) o inmueble (hipoteca). b. Cauciones Personales: “Aquellas en que un tercero extraño se obliga a cumplir la obligación del deudor principal, si este no lo hace”. Es importante que la obligación principal a la que acceden no necesariamente debe ser contractual, ya que se puede caucionar el cumplimiento de una obligación extracontractual, emanada de la sola ley, de un cuasicontrato y de un hecho ilícito. 5.1. La Garantía y la Caución: Si bien garantía y caución suelen emplearse como sinónimos, hay entre ellas una relación de género a especie, ya que toda caución es una garantía, pero no toda garantía es una caución. Esto porque lo que caracteriza a las cauciones es que son contratos que garantizan una obligación, ya que el Art. 46 CC habla de una obligación “contraída”, y puede haber garantías que sean establecidas por la ley y no por un contrato, como el derecho legal de retención, la excepción del contrato no cumplido, la condición resolutoria tácita o las medidas precautorias que puede decretar el juez en el juicio. 5.2. Importancia de la Clasificación: El interés de la clasificación radica en el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En ese sentido, el contrato accesorio no puede subsistir sin una obligación principal, pero puede existir sin ella. En otros términos, se concibe el contrato accesorio sin que exista aun la obligación principal; pero es inconcebible que sobreviva a la extinción de la obligación principal. Este principio, con todo, no es absoluto. Hay casos en los cuales, no obstante extinguirse el contrato principal, subsisten contratos accesorios, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la reserva de las cauciones, al operar una novación (Art. 1642 y 1643 CC), o en el caso de la “cláusula de garantía general”. 5.3. La Cláusula de Garantía General: En ocasiones puede celebrarse un contrato accesorio no obstante que la obligación principal aún no existe. Tal es el caso de la “cláusula de garantía general”, cuya validez, respecto de la fianza y la hipoteca, admiten expresamente los Arts. 2339 y 2413, inc. 3 CC. En otras palabras, la ley admite la posibilidad de que se celebren contratos accesorios para caucionar obligaciones principales futuras, que aún no existen y que no es seguro que vayan a existir, y de un monto también indeterminado.

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Complementado con el texto “Contratos Principales y Accesorios” de Ramón Cifuentes.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5.4. Los Actos Jurídicos Dependientes: Existen una clase de contratos, los dependientes, que son “aquellos que necesitan de otro acto jurídico para su existencia, pero no aseguran el cumplimiento de una obligación”. Tal ocurre con las capitulaciones matrimoniales (Art. 1715 CC). Para que sean eficaces, requieren la celebración del contrato de matrimonio, pero celebrado este, las capitulaciones, que no lo garantizan, por cierto, cobran vida propia, definiendo el régimen patrimonial entre los cónyuges. 6. Contratos Consensuales, Solemnes y Reales: El Art. 1443 CC establece que: “El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento”. De este modo, esta clasificación dice relación con el momento en que nace el contrato, concretamente con los requisitos que hay que cumplir para que ello acontezca. En ese sentido, podemos definirlos: 1) Contratos Consensuales: “Aquellos contratos para cuya formación basta el consentimiento de las partes sin que sea preciso cumplir con formalidades o solemnidades, ni tampoco entregar la cosa materia del contrato”. En nuestro Código, imbuido por el dogma de la autonomía de la voluntad, en teoría el contrato consensual es la regla general. En la práctica, sin embargo, usualmente el contrato consensual es un contrato formal, dado que deben cumplirse otras formalidades para diversos efectos (de prueba, de publicidad o habilitantes). De ahí que algunos autores subclasifiquen los contratos consensuales en propiamente consensuales y consensuales formales. En nuestro país, la mayoría de los contratos son consensuales. 2) Contratos Solemnes: “Aquellos contratos en que es necesario que el consentimiento se manifieste cumpliendo una formalidad objetiva que la ley exige en atención a la naturaleza del acto o contrato”. Es decir, son aquellos en que la formalidad no se establece en atención al estado de las personas que los ejecutan o celebran (formalidades habilitantes), ni en atención a los intereses de terceros (formalidades de publicidad), ni en atención a exigencias probatorias (formalidades de prueba), ni en atención al pacto de los propios contratantes (formalidades convencionales). a. Clases de Solemnidades: Nuestra legislación reconoce diversas clases de solemnidades dependiendo del contrato como escritura pública (compraventa, permuta o donación de bienes raíces, hipoteca, arrendamiento de predios rústicos); escritura privada (promesa, fianza mercantil, arrendamiento de predios rústicos); autorización o aprobación judicial (insinuación de donaciones entre vivos y aprobación del contrato de transacción sobre alimentos futuros debidos por ley); intervención del oficial del registro civil o ministro de culto y dos testigos (matrimonio), etc. b. Las Solemnidades Convencionales (Art. 1802 CC): “Aquellas en virtud de las cuales las partes pueden hacer solemne un contrato al que ley no da tal carácter”. En tal caso, cabe el derecho a retractarse, mientras la otra parte no cumpla con la solemnidad. Con todo, el contrato podrá ser eficaz, no obstante, no cumplirse la solemnidad convencional, si las partes ejecutan actos que implican renunciar al derecho a exigir el cumplimiento de la solemnidad.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Ahora bien, las partes no pueden privar a un contrato de su carácter solemne, si así lo dispuso la ley, pero en el caso del Art. 1701, inc. final CC, una escritura pública defectuosa valdrá como instrumento privado. c. Sanción por incumplir la Solemnidad: Será distinta según se infrinja una u otra de las formalidades reseñadas. La omisión de una solemnidad de existencia dará lugar a la inexistencia del contrato (o nulidad absoluta); y el incumplimiento de una solemnidad de validez trae consigo la nulidad absoluta del contrato (Art. 1682 CC). 3) Contratos Reales: “Aquellos contratos en que el consentimiento se expresa con la datio rei o entrega de la cosa, requiriendo para su formación o nacimiento la entrega o tradición de la cosa materia del contrato”. No hay que confundir la entrega como fase del nacimiento del contrato con la entrega de la cosa como fase de cumplimiento o ejecución del contrato. Ahora bien, el Art. 1443 CC comete una impropiedad en el uso de los términos, pues la tradición es un modo de adquirir el dominio, y no en todos los contratos reales hay transferencia de él. Ello solo ocurre por excepción, pues la regla general en los contratos reales es que quien recibe la cosa quede como mero tenedor de ella, con la obligación de restituirla, y no como dueño ni poseedor. Por ello es más propio definir el contrato real como “aquel que se perfecciona con la entrega de la cosa”. Todos estos contratos generan la obligación de restituir, y la previa entrega de la cosa que ha de restituirse es, por lo tanto, indispensable. La obligación de restituir no puede nacer antes de que la cosa se haya recibido. Es por ello que, en principio, los contratos reales son unilaterales. Pero esta concepción del contrato real ha sido muy cuestionada. Así, la obligación de restituir se concibe perfectamente sin que proceda la entrega. 7. Contratos Nominados o Típicos y Contratos Innominados o Atípicos: 1) Contratos Nominados o Típicos: “Aquellos que han sido expresamente reglamentados por el legislador en Códigos o en leyes especiales”. 2) Contratos Innominados o Atípicos: “Aquellos que no han sido reglamentados por el legislador, sino que son fruto de la autonomía de la voluntad de las partes”. 7.1. Fuente de los Contratos Atípicos: Los contratos atípicos no están configurados por la ley y van surgiendo como creación de los particulares, fruto de la autonomía de la voluntad y del aforismo de que en el derecho privado solo no puede hacerse aquello que la ley expresamente prohíbe. En ese sentido, la libertad contractual viene a ser así una directa consecuencia de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, estos contratos deben tener objeto y causa licita. 7.2. Calificación del Contrato Atípico: Se problema el problema con estos contratos en cómo quedan regulados sus efectos si las partes no tuvieron en cuenta las dificultades sobrevinientes y por ende no acordaron para tales casos las estipulaciones pertinentes. Corresponde en ese caso determinar por qué normas supletorias han de regirse. El criterio que usualmente se ha utilizado es el de asimilar el contrato atípico al contrato o a los contratos típicos más parecidos, a objeto de aplicar al primero las normas de los segundos. Para ello, debe calificarse el contrato, es decir, establecer su naturaleza jurídica, encuadrándolo en alguno de los tipos definidos por la

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ley. Esto se trata de una cuestión de derecho, no de hecho, y como tal, susceptible de revisión por la Corte Suprema vía recurso de casación en el fondo. En síntesis, las lagunas contractuales se resuelven recurriendo a la analogía, relegándose a un plano secundario a la equidad, siempre recordando que lo que prima es lo estipulado por las partes. 8. Contratos de Ejecución Instantánea, de Ejecución Diferida y de Tracto Sucesivo: Esta clasificación atiende a su permanencia en el tiempo. Así, se pueden definir: 1) Contratos de Ejecución Instantánea o de una sola ejecución: “Aquellos en los cuales las obligaciones se cumplen apenas se celebra el contrato que las generó”. Producen sus efectos inmediatamente de celebrados, de manera que, realizada la prestación debida, desaparece el vínculo contractual, las obligaciones reciprocas. En otras palabras, el contrato nace y se extingue de inmediato. Sin embargo, usualmente subsisten algunas obligaciones que se siguen proyectando, en estado latente o potencial, como la obligación de saneamiento de la cosa vendida. 2) Contratos de Ejecución Diferida: “Aquellos cuyos efectos se van cumpliendo progresivamente, en el plazo estipulado por las partes o el que corresponda a la naturaleza de la obligación”. El plazo puede ser expreso o tácito, por ende. Por ejemplo: mutuo a pagar en cuotas, contrato de construcción, contrato de apertura de línea de crédito, etc. 3) Contratos de Tracto Sucesivo o de Ejecución Sucesiva: “Aquellos que en el periodo de tiempo establecido por la ley o acordado por las partes, van renovando sus efectos”. Su cumplimiento va escalonándose en el tiempo, durante un lapso prolongado. En estos contratos la relación jurídica que vincula a las partes tiene permanencia, como en el arrendamiento, la sociedad y el contrato de trabajo. Estos contratos suelen llevar una clausula en cuya virtud sus efectos se van renovando por periodos similares, salvo voluntad contraria de las partes. Cuando se verifica la renovación se habla de “tácita reconducción”. 8.1. Importancia de la Clasificación: 1) Respecto de la nulidad y la resolución: Tratándose de los contratos de ejecución instantánea y de ejecución diferida, la nulidad y la resolución operan con efecto retroactivo. En los contratos de tracto sucesivo, en cambio, en principio la nulidad y la resolución solo operan para el futuro. 2) En materia de riesgos: Tratándose de contratos de ejecución instantánea y diferida, extinguida la obligación de una de las partes por caso fortuito o fuerza mayor, subsiste sin embargo la obligación correlativa (Arts. 1550 y 1820 CC): el riesgo corre por cuenta del acreedor. En cambio, si el contrato es de tracto sucesivo, la extinción por caso fortuito o fuerza mayor de la obligación de una de las partes extingue la obligación de la contraparte (Art. 1950 CC). 3) En relación a la teoría de la imprevisión: De ser aplicable en Chile, solo cabe respecto de los contratos de ejecución diferida y de tracto sucesivo. 4) Respecto de la resciliación (Art. 1567 CC): Tratándose de contratos de tracto sucesivo celebrados por tiempo indefinido, excepcionalmente, puede tener lugar la resciliación por voluntad unilateral de uno solo de los contratantes: desahucio. 5) En cuanto a la caducidad convencional del plazo o “cláusula de aceleración”: Opera solo en los contratos de tracto sucesivo o de ejecución diferida. 403

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 9. Contratos Individuales y Contratos Colectivos: 1) Contratos Individuales: “Aquellos que requieren el consentimiento unánime de las partes a quienes vincularán”. El contrato individual solamente crea derechos y obligaciones para los que consistieron en él. Es el tipo normal de contrato regulado en el Código. 2) Contratos Colectivos: “Aquellos que crean obligaciones para personas que no concurrieron a su celebración, que no consintieron o que incluso se opusieron a la conclusión del contrato”. Representan por ende una excepción al principio del efecto relativo de los contratos, dado que en este caso la convención no afecta exclusivamente a quienes lo celebraron. Ejemplos de contratos colectivos son, en materia laboral, los contratos colectivos de trabajo. También los convenios judiciales preventivos en el procedimiento de quiebra; y los acuerdos adoptados por los propietarios de las unidades u departamentos de una copropiedad inmobiliaria. 10. Contratos Libremente Discutidos y Contratos de Adhesión: 1) Contrato Libremente Discutido: “Aquel fruto de la negociación, deliberación de las partes en cuanto a su contenido, en un mismo plano de igualdad y libertad, en un ajuste de intereses contrapuestos que se produce en las negociaciones preliminares o fase precontractual”. La autonomía de las partes solo se verá limitada por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. 2) Contrato de Adhesión: “Aquel cuyas clausulas son redactadas por una sola de las partes, limitándose la otra a aceptarlas en bloque, adhiriéndose a ellas”. Nuestro código civil no los reglamente, pero son regulados por la ley sobre protección de los derechos de los consumidores. 10.1. Características de los Contratos de Adhesión: 1) Se trata de contratos estrictos o rígidos, en el sentido que el adherente nada puede cambiar, se encuentra ante un “contrato-tipo”: Existe un obvio desequilibrio en el poder de negociación de los contratantes. 2) Son generales o impersonales porque van dirigidos al público en general: La oferta está destinada a toda una colectividad o grupo de contratantes potenciales. 3) Son permanentes: La oferta se formula por un determinado plazo, usualmente prolongado. 4) Minuciosidad: La oferta es pormenorizada, reglamentándose todos los aspectos de la convención, aun aquellos extremadamente hipotéticos o improbables. 10.2. Limitaciones Legales a los Contratos de Adhesión: La ley sobre protección de los derechos del consumidor en su Art. 1 define el contrato de adhesión como “aquel cuyas clausulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido”. El Art. 16 de la misma norma contiene un listado de cláusulas o estipulaciones abusivas que no pueden pactarse, entre las que destacan las que: 1) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o suspender unilateralmente la ejecución del contrato. 2) Establezcan incrementos de precios por servicios, accesorios, financiamientos o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no les sean imputables. 4) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. 5) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor. 6) Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato. 7) Contrarias a las exigencias de la buena fe, atendiendo para ello a parámetros objetivos, causen perjuicio al consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes. Conforme al Art. 16 A de la misma ley, la sanción es una nulidad parcial, subsistiendo las restantes cláusulas del contrato, a menos que por su naturaleza o por la intención de los contratantes ello fuere posible, casos en los cuales se declarará la nulidad total e integra del contrato. 11. Contratos Preparatorios y Contratos Definitivos: 1) Contrato Preparatorio33: “Aquel mediante el cual las partes estipulan que en el futuro celebrarán otro contrato, que por ahora no pueden concluir o que está sujeto a incertidumbre, siendo dudosa su factibilidad”. Mediante el contrato preparatorio las partes que no pueden obtener de inmediato el resultado económico que esperan, quedan vinculadas jurídicamente y pueden mientras tanto resolver las dificultades legales, financieras, etc., hasta que una vez subsanadas, puedan celebrar el contrato definitivo y satisfacer plenamente sus intereses. Los contratos preparatorios pueden ser: a. Generales: Los de más ordinaria ocurrencia son: i. La promesa de celebrar un contrato (Art. 1554 CC). ii. El contrato de opción: “Aquel conformado por una oferta que formula una de las partes temporalmente, en forma irrevocable y completa en favor de otro que se compromete a admitirla, reservándose la facultad de aceptarla o no”. Al celebrarse este contrato de opción debe especificarse íntegramente el contrato definitivo. La diferencia con el contrato de promesa radica en el alcance de la “especificación”, ya que el contrato de opción debe contener todas las cláusulas del contrato definitivo, faltando solamente la aceptación, la entrega de la cosa o las solemnidades exigidas por las leyes. Existen otras diferencias, la más importante está relacionada con los efectos: en la opción la obligación de celebrar el contrato pesa sobre la persona que hace la oferta y su exigibilidad depende de que el destinatario de la opción haga uso de ella, en tanto permanezca vigente. Las principales características de este contrato son que: 1. Es un contrato preparatorio de carácter general.

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Complementado con el texto “Otros Contratos Preparatorios” de Álvaro Vidal Olivares.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Es un contrato preparatorio completo: Se debe señalar el contrato definitivo en todas sus cláusulas. 3. Es un contrato unilateral: Porque el único obligado es el que hace la oferta. 4. Hay una obligación condicional: El promitente se obliga sobre la base de la aceptación del beneficiario. 5. Existe un contrato: Si solo falta la aceptación del beneficiario y la oferta es completa, no habrá una nueva manifestación de voluntad. Las diferencias entre el contrato de opción y la promesa son: 1. En la promesa debe existir una nueva manifestación de voluntad para el contrato definitivo; en la opción solo falta la aceptación. 2. En relación a los efectos: En la promesa rige toda la temática de los efectos generales de los contratos; en la opción solo falta la aceptación con lo que no cabe la mora. 3. En cuanto a la normativa aplicable: La promesa se rige por el Art. 1554 CC, la opción es un contrato atípico. iii. El contrato de corretaje o mediación: “Contrato en virtud del cual se encarga a un sujeto, llamado corredor, encontrar a las partes de un contrato definitivo, obligándose una de las partes a pagarle una retribución si se concluye dicho contrato”. Sus principales características son: 1. Es un contrato preparatorio general: En cuanto está destinado a facilitar la celebración de un contrato definitivo, que no se puede celebrar por falta de un contratante. Es general porque puede ser cualquier contrato. 2. Para algunos es un contrato atípico: Otros dicen que es un mandato y otros un arrendamiento de servicios inmateriales. 3. Es siempre oneroso. 4. Desde el punto de vista de la unilateralidad y bilateralidad: Los que sostienen que es bilateral señalan que el corredor está obligado a la celebración del contrato proyectado, es deudor de una obligación de hacer y el beneficiario está obligado a pagar un honorario al corredor. Se critica a esta posición que no se podría obtener la ejecución forzosa. Para los que dicen que es un contrato unilateral, sostienen que genera la obligación de pagar un honorario si se celebra el contrato definitivo. b. Especiales: Los más usados son: i. El contrato preparatorio de arbitraje o cláusula compromisoria: “Contrato preparatorio por el cual se sustrae un litigio presente o futuro de la jurisdicción ordinaria para ser conocido por un juez arbitral, el cual no se ha designado aun”. Sus principales características son: 406

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Es un contrato preparatorio: Este contrato vincula a las partes respecto de un contrato futuro. El nacimiento de ese contrato futuro queda sometido a la condición de que surja una controversia que requiera una resolución de carácter arbitral. 2. Es especial: Solo lleva a la celebración del contrato de compromiso. Algunos procesalistas piensan que la cláusula compromisoria no es un contrato, sino que un acto procesal. En todo caso, puede haber compromiso sin clausula compromisoria. ii. El pacto o promesa de preferencia. iii. La compraventa con pacto de retroventa. iv. El contrato de apertura de crédito o línea de crédito. v. El contrato de suscripción de acciones de una sociedad anónima en formación. 2) Contrato Definitivo: “Aquel que se celebra cumpliendo con la obligación generada por el contrato preparatorio”. Tal obligación es de hacer, y consiste en suscribir, dentro de un plazo o si se cumple una condición, el futuro contrato. IV.

LAS CATEGORÍAS CONTRACTUALES.

1. El Contrato Dirigido: Usualmente, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, se aplican en el silencio de los contratantes. Tratándose de los contratos dirigidos, por el contrario, las normas legales asumen un carácter imperativo. En ese sentido, se puede de definir como “aquel contrato en que la ley ha establecido de manera imperativa sus estipulaciones o normas aplicables, no pudiendo las partes alterarlas, sea en materia de contenidos o efectos de la convención, sea en materia de personas con las cuales debe celebrarse el contrato”. 1) Respecto del contenido o de los efectos de la convención: Son contratos dirigidos, por ejemplo, el contrato de trabajo; el contrato de matrimonio; y el contrato de arrendamiento de predios urbanos. 2) Respecto a las personas con las que se celebra el contrato: Son casos de contrato dirigido, por ejemplo: a. El derecho de compra preferente de las acciones de nueva emisión en favor de los accionistas. b. El derecho de compra preferente de ciertos minerales en favor del Estado. 2. El Contrato Forzoso: “Aquel que el legislador obliga a celebrar o da por celebrado”. Este admite dos clases: 1) Contrato Forzoso Ortodoxo: Este se forma en dos etapas: en la primera, hay un mandato de autoridad que exige contratar. En la segunda, quien recibe el mandato procede a celebrar el respectivo contrato, pudiendo generalmente elegir a la contraparte y discutir con ella las cláusulas de la convención. De ahí que se diga que la autonomía contractual, en cierta medida, subsiste en este tipo de contratos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Ejemplos de este tipo de contratos encontramos en la obligación del guardador de constituir fianza o caución, en la accesión de mueble a inmueble o industrial el dueño del suelo puede forzar al que edificó o plantó en él, a comprarle el predio, en la obligación del usufructuario de constituir caución de conservación y restitución de la cosa fructuaria, en el pago de recompensas, al disolverse la sociedad conyugal, puede operar una dación en pago forzada hecha por el marido a favor de la mujer, y en la obligación de contratar un seguro automotriz para obtener permiso de circulación. 2) Contrato Forzoso Heterodoxo: Se caracteriza por la pérdida total de la libertad contractual. El legislador en este caso constituye el contrato “de un solo golpe”, determinando imperativamente en un acto único del poder público el vínculo jurídico, las partes y el contenido del negocio jurídico. Ejemplos de este tipo de contratos los encontramos en la hipoteca legal y en el caso en que el adquirente de los bienes, negocios o industrias de quien cesa en sus actividades, pasa a tener el carácter de fiador del vendedor o cedente ante el Fisco, sin que medie consentimiento alguno. 3. El Contrato Tipo: “Acuerdo de voluntades en cuya virtud las partes predisponen las cláusulas de futuros contratos o las condiciones generales de la contratación”. Al celebrar un contrato tipo, se adopta por los contratantes un formulario o modelo destinado a ser reproducido sin alteraciones importantes en diversos casos posteriores que equivalen, cada uno, a un contrato prerredactado. Con frecuencia se celebra para beneficio exclusivo de quienes predisponen las condiciones de la contratación. 3.1. Clases de Contratos Tipos: 1) Contrato Tipo Unilateral o Cartel: Cuando quienes concluyen el contrato tipo destinado a fijar las condiciones generales del tráfico comercial son grupos económicos o empresas cuyos intereses son convergentes. Sus autores no negocian en absoluto con sus futuros clientes. Es la hipótesis del seguro, del transporte aéreo y marítimo, de los acuerdos entre comerciantes o entre distribuidores para uniformar los precios de venta al público, etc. 2) Contrato Tipo Bilateral: Cuando las partes que participan en la conclusión del contrato tipo tienen intereses divergentes, por ejemplo, las convenciones colectivas de trabajo acordadas por los representantes de los trabajadores, ya que los contratos individuales celebrados con posterioridad deberán enmarcarse en los acuerdos tipo previamente concretados. 4. El Contrato Ley: “Aquel celebrado por el Estado con un particular en virtud de una ley que establece el contenido del contrato, garantizando de este modo que el Estado en el futuro no modificará ni derogará las franquicias contractuales vigentes”. La ley puede dictarse antes o después del contrato. En el primer caso, la ley autoriza de un modo general la conclusión de determinado contrato, cuyos beneficios o efectos no serán susceptibles de modificación ulterior. En el segundo caso, la administración celebra el convenio respectivo con el beneficiado y después una ley lo aprueba. En general se hacen con el objeto de impedir un cambio sustancias en las reglas, que afecte la expectativo de utilidades considerada por los inversionistas para facilitar la inversión. Un ejemplo es la Ley Nº 18.392 de 1985 que establece por 25 años un régimen de franquicias tributarias y aduaneras en favor de las empresas que se instalen físicamente en la XII región. 408

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4.1. Recepción en la Jurisprudencia: La Corte Suprema ha respaldado la plena eficacia de los contratosleyes, admitiendo que ellos se encuentran a medio camino entre los contratos de derecho privado y de derecho público. En ese sentido, constituyen para los terceros un derecho adquirido que incorporan a su patrimonio y que no puede ser desconocido por la decisión unilateral del Estado contratante. 4.2. Crítica a la Noción de Contrato-Ley: Eduardo Novoa Monreal sostiene que estos contratos importarían una inadmisible enajenación de la soberanía nacional, pues no obstante que en Derecho Público solo se puede hacer lo que la ley expresamente permite, sin una autorización legal el Poder Legislativo se cercenaría a sí mismo la facultad de modificar o derogar normas preexistentes. 4.3. Situación de los Contratos Leyes, a la luz de la Constitución Política: Hoy en día, es derecho vigente en Chile que los créditos derivados de los contratos ordinarios son intangibles. El legislador carece de atribuciones para modificar los contratos en curso, pues existe propiedad sobre los derechos personales nacidos del contrato y nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley de expropiación que indemnice al afectado. Podría sostenerse entonces, a la luz de la doctrina y normativa vigente, que protege tanto a los contratos ordinarios como a los contratos-leyes, que estos últimos habrían quedado obsoletos. Se dice que actualmente la intangibilidad de los efectos contractuales no sería exclusiva de los contratos leyes, sino un rasgo común a todo contrato de ejecución diferida o de tracto sucesivo. Sin embargo, subsiste el interés del contrato ley, pues la doctrina de la Corte Suprema en favor de la inconstitucionalidad de las leyes que modifican contratos ordinarios en curso ha tenido altibajos. 5. El Subcontrato: “Nuevo contrato, derivado y dependiente de otro contrato previo de la misma naturaleza”. En ese sentido, se contempla el subcontrato en una serie de materias, como el subarrendamiento, la delegación de mandato, en el contrato de sociedad y en la subfianza. Para que pueda haber subcontrato, el contrato padre o base debe reunir necesariamente dos características: 1) Debe ser de ejecución diferida o de tracto sucesivo. 2) El contrato base no debe ser traslaticio de dominio: Pues, en caso contrario, cuando el adquirente celebra un contrato similar el contrato base con otra persona, ya no habrá subcontrato, sino simplemente un nuevo contrato autónomo e independiente. 5.1. Partes que intervienen en la Subcontratación: La subcontratación se caracteriza por la presencia de tres partes: 1) El primer contratante: Quien solo es parte en el contrato base o inicial. 2) El segundo contratante o intermediario: Quien es parte en ambos contratos, en el base y en el subcontrato. 3) El tercer contratante o subcontratista: Quien es ajeno al contrato base y celebra el subcontrato con el intermediario. 5.2. Relación entre el Contrato Base y el Subcontrato: Desde un punto de vista objetivo, aparece la dependencia del subcontrato frente al contrato base. El subcontrato nace modelado y limitado por el contrato base, así el intermediario debe actuar exclusivamente con los derechos y obligaciones que le otorga el contrato base. Por ello, si se extingue el contrato base se extingue el subcontrato, con una excepción en la subfianza (Art. 2383 CC). 409

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5.3. Diferencias entre el Subcontrato y la Cesión del Contrato: Esta última es el traspaso por uno de los contratantes a un tercero de su posición jurídica completa, en un contrato determinado. En el subcontrato, en cambio, el primer contratante no está involucrado directamente, siendo innecesaria su voluntad. El segundo contratante o intermediario celebra el subcontrato con el tercer contratante empleando solo una parte de los derechos y obligaciones derivados del contrato base. El segundo contratante no queda desvinculado, no desaparece de la relación jurídica, como ocurre con el cedente. Hay entre el contrato base y el subcontrato una relación de simultaneidad, compuesta de dos unidades jurídicas que, aunque dependientes, tienen existencia propia. Tratándose de la cesión de contrato, la relación es sustitutiva, no existen simultáneamente dos entidades jurídicas con existencia propia. Tratándose de la cesión de contrato, la relación es sustitutiva, no existen simultáneamente dos entidades jurídicas con existencia propia, sino que una sola que después es reemplazada por otra. 6. El Autocontrato: “Acto jurídico que un sujeto celebra consigo mismo, no siendo necesaria la intervención de otra persona”. Hay tres formas de autocontrato: 1) El sujeto que interviene actúa tanto a nombre propio como a nombre ajeno: Por ejemplo, el caso del mandatario que compra para si lo que el mandante le ha ordenado vender. 2) Situaciones de doble representación, en las cuales el sujeto que actúa es representante legal o convencional de ambas partes: Por ejemplo, mandatario que tiene tal carácter tanto del vendedor como del comprador (caso de las operaciones a través de corredores de Bolsas de Valores). 3) Casos totalmente independientes de la representación: Como ocurre en la partición consigo mismo si el heredero además era comunero con el desaparecido en uno o más bienes porque tendrá interés en que se precise de cuales bienes comunes puede disponer libremente. Para ello, debe efectuar una partición consigo mismo. 6.1. Naturaleza Jurídica del Autocontrato: Se discute en la doctrina: 1) Es un acto jurídico unilateral: Afirma Alessandri que el contrato es por su esencia un acuerdo de voluntades. En este caso falta este elemento, pues es el resultado de una sola voluntad. Pero también es cierto que entre el acto jurídico consigo mismo y el acto jurídico unilateral ordinario hay una diferencia fundamental: mientras en el último su autor solo dispone de un patrimonio, en el acto jurídico consigo mismo la voluntad del autor dispone directamente de dos patrimonios. 2) Es un contrato: Claro Solar se apoya exclusivamente en la idea de la representación, en cuanto el sujeto que interviene como representante no manifiesta su propia voluntad, sino que la del representado, lo que lleva a admitir que al autocontratar el actor estaría manifestando varias voluntades distintas. Esta fundamentación tiene dos inconvenientes: a. Es inaplicable a la tercera serie de casos, en los que no existe representación en juego. b. La idea de representación-ficción ha sido superara por la de la representaciónmodalidad: La voluntad que da vida al acto jurídico es la del representante y no la del representado. López Santa María sostiene también que es un contrato, pero agrega que razones de orden práctico permiten sostener que jurídicamente la personalidad de un individuo puede desdoblarse, de tal modo que su voluntad se exteriorice a diversos títulos. Una voluntad puede descomponerse en dos voluntades o en dos declaraciones diferentes. En ese sentido, sostiene que el acuerdo de voluntades opuestas, si bien existe habitualmente en los contratos, no es de la esencia de los mismos. 410

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 6.2. Restricciones al Autocontrato: En ciertos casos la ley prohíbe algunos autocontratos y sujeta otros al cumplimiento previo de exigencias o formalidades habilitantes. El fundamento de dichas prohibiciones y restricciones suele ser la protección a los incapaces o el evitar que una misma persona represente intereses incompatibles. Así ocurre en el caso de los guardadores, en la compraventa entre padre o madre e hijo sujeto a patria potestad y en el mandato. 7. El Contrato por Persona a Nombrar y el Contrato por cuenta de Quien Corresponda: 7.1. El Contrato por Persona a Nombrar: “Aquel en que una de las partes se reserva la facultad de designar, mediante una declaración posterior, a la persona que adquirirá retroactivamente los derechos y asumirá las obligaciones inicialmente radicadas en el patrimonio del primero”. El Código desconoce esta figura, sin perjuicio de que las partes, en virtud del principio de la libertad contractual, pueden generarla. El Código de Comercio, en cambio, si la contempla a propósito de la comisión, una de las especies de mandato. Opera, por ejemplo, cuando el mandante desea que su nombre permanezca desconocido, instruyendo entonces al mandatario para que celebre una compraventa por persona a nombrar. También ocurre en el mandato sin representación, donde el mandatario finge que está actuando a nombre propio. La declaración del contratante “fungible”, designando a la persona que lo subrogará y ocupará su mismo lugar jurídico, debe formularse dentro de un plazo determinado. Si la declaración designando al nuevo contratante no se emite dentro del plazo estipulado o el plazo legal (que en Chile no existe), o si la declaración no surtiere efectos, el contrato tendrá fuerza obligatoria entre los contratantes originales. 7.2. El Contrato por cuenta de quien corresponda: También llamado contrato in incertam personae, es “aquel en el cual una de las partes inicialmente queda indeterminada o en blanco, en la seguridad de que después será individualizada”. En este caso, al momento de celebrarse el contrato uno de los participantes tanto solo tiene formal o aparentemente el carácter de parte, puesto que necesaria y forzosamente será reemplazado más tarde por el verdadero contratante, “por quien corresponda”. 7.3. Diferencias entre el contrato por persona a nombrar y el contrato por cuenta de quien corresponda: 1) En el primero, las partes son el contratante inmutable o definitivo y el fungible, el cual puede ser definitivo si no nombra válida y oportunamente al reemplazante. En el segundo, hay también un contratante inmutable, pero el otro, el formal, no es parte y no puede llegar a serlo. 2) En el contrato por persona a nombrar, la designación del reemplazante es obra de una de las partes, quien se reservó el derecho a nominarlo. En el otro la individualización del contratante sustancia, que necesariamente se producirá, no es obra de una de las partes, sino que el resultado de un suceso extrínseco. V.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CONTRATACIÓN.

1. Introducción: La Autonomía de la Voluntad: El principio de la autonomía de la voluntad se formula en el marco de la doctrina según la cual, toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es la fuente y medida de los derechos y obligaciones que el contrato produce. La doctrina de la autonomía de la voluntad sirve de telón de fondo a la mayoría de los principios fundamentales de la contratación. 411

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Siguiendo a López Santa María, cinco son los grandes principios fundamentales de la contratación: (i) principio del consensualismo, (ii) principio de la libertad contractual, (iii) principio de la fuerza obligatoria de los contratos, (iv) principio del efecto relativo de los contratos y (v) principio de la buena fe. Los cuatro primeros aparecen como subprincipios o derivaciones de la autonomía de la voluntad, mientras que el último es independiente a ella. El consensualismo y la libertad contractual dicen relación con la formación o nacimiento del contrato; la fuerza obligatoria y el efecto relativo conciernen a los efectos del contrato. El principio de buena fe se proyecta en todas las fases contractuales, desde los tratos precontractuales hasta la fase postcontractual, si la hubiere. Ahora bien, en los últimos decenios, sin perjuicio de reconocer el importante papel jurídico de la voluntad, se concluye que no es soberana, habiendo una ostensible declinación del dogma de la autonomía de la voluntad. 2. El Principio del Consensualismo Contractual: El examen del principio del consensualismo contractual consiste en averiguar si los contratos surgen a la vida jurídica como simples pactos “desnudos”, por la sola manifestación de la voluntad de las partes (tesis consensualista), o, por el contrario, si es menester cumplir con ritualidades externas para que los contratos tengan existencia y produzcan efectos. El consensualismo surge en los tiempos modernos, por lo que la idea del contrato como simple acuerdo verbal de voluntades es reciente. 2.1. Grupos de Contratos Consensuales: 1) Contratos propiamente consensuales: Corresponden a la concepción moderna del contrato como pacto desnudo. Por ejemplo, la compraventa de cosa mueble, el contrato de transporte, etc. 2) Contratos consensuales formales: Requieren, para tener plena eficacia, del cumplimiento de formalidades habilitantes, de prueba, de publicidad o convencionales. Estos contratos no tienen de consensuales más que el nombre. Por ejemplo, el contrato de trabajo es consensual, pero debe constar por escrito para efectos de prueba, lo mismo en el arrendamiento de predios urbanos. 2.2. Excepciones y Atenuantes al Principio del Consensualismo Contractual: 1) Excepciones: Las constituyen los casos de contratos solemnes y reales, ya que el ordenamiento jurídico exige, para el nacimiento y eficacia del contrato, que las partes se sometan a la ritualidad prescrita por el legislador. 2) Atenuantes: Las constituyen las formalidades distintas a las exigidas en atención a la naturaleza del acto jurídico, es decir, las habilitantes, las de prueba, las de publicidad y las convencionales. Sin embargo, en verdad los efectos del incumplimiento de estas formalidades son tan radicales (nulidad relativa, imposibilidad de utilizar ciertos medios de prueba, inoponibilidad, derecho a retractarse de la celebración del contrato), que también derogan el principio de que bastaría el solo consentimiento de los contratantes. 3. El Principio de la Libertad Contractual: La libertad contractual comprende la libertad de conclusión y la libertad de configuración interna de los contratos. En base a la libertad de conclusión, las partes son libres para contratar o no contratar, y en caso afirmativo, para escoger con quien contratar. En base a la libertad de configuración interna, las partes pueden fijar las cláusulas o contenido del contrato como mejor les parezca.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe A diferencia de lo que ocurre en nuestro Código, otras legislaciones consagran la libertad contractual directa y formalmente, incluso en el orden constitucional. En todo caso, los textos legales que la establecen cuidan de advertir que esta no es absoluta: tiene como limites la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Sin perjuicio de lo anterior, en el último tiempo ha habido un deterioro de este principio de libertad contractual, lo cual se ve configurado principalmente por el contrato dirigido y el contrato forzoso, especialmente el forzoso heterodoxo donde hay un absoluto quiebre de la libertad contractual. 4. El Principio de la Fuerza Obligatoria de los Contratos. Ley y Contrato: El principio de la fuerza obligatoria de los contratos se expresa en el aforismo “pacta sunt servanda”: los pactos deben observarse, deben cumplirse estrictamente. Está consagrado expresamente en el Art. 1545 CC que dispone: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Para subrayar la obligatoriedad del contrato se alude a la metáfora tradicional de compararlo con la ley, aunque las diferencias entre aquel y esta son numerosas: 1) El contrato reglamenta una situación jurídica particular y en principio solo produce efectos entre las partes. La ley en cambio contiene un mandato, prohibición o permiso de carácter general y abstracto, que alcanza a todos cuantos se encuentren en los supuestos de hecho previstos en la norma. 2) El procedimiento de formación de las leyes, con participación de dos poderes público, no se parece en nada a la formación de los contratos. 3) El contrato a menudo tiene vida efímera, pues está destinado a extinguirse apenas se cumplan las obligaciones por él generadas. La ley, de ordinario, permanece en el tiempo. 4) Si una ley puede derogar expresa o tácitamente a otra ley, no siempre un contrato se deja sin efecto mediante otra convención en sentido inverso, ya que existen contratos, como el de matrimonio, en que es improcedente el mutuo disenso o resciliación. 5) La interpretación de las leyes no se efectúa de igual modo que la interpretación de los contratos. 4.1. La Fuerza Obligatoria del Contrato frente al Legislador y al Juez: La obligatoriedad del contrato se traduce en su intangibilidad. Es decir, no puede ser tocado o modificado ni por el legislador ni por el juez. Sin embargo, dicha intangibilidad no es absoluta. 1) Frente al Legislador: En algunas ocasiones, el propio legislador vulnera la fuerza obligatoria del contrato: a. Al dictarse leyes de emergencia, de carácter transitorio, que implican concesión de beneficios a los deudores, no previstos en los respectivos contratos. b. Al dictarse normas permanentes: Como el pacto comisorio calificado por no pago del precio o cuando se ordena la mantención de una relación contractual que había expirado. c. Al dictarse leyes especiales que modifican contratos en curso: Se trata de leyes que se dictan con efecto retroactivo y que vulneran no solo la fuerza obligatoria, sino que también los derechos adquiridos por la vía contractual. 413

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Frente al Juez: Los tribunales no pueden modificar los contratos, aun a pretexto del cambio de las circunstancias existentes al momento de la celebración de la convención. Con todo, en el último tiempo algunos fallos arbitrales han admitido la posibilidad de revisar los contratos, fundándose en el Art. 1546 CC y en la denominada teoría de la imprevisión. 5. El Principio del Efecto Relativo de los Contratos: Los contratos solo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes que concurren a su celebración, sin beneficiar ni perjudicar a los terceros. Este principio es consecuencia lógica y necesaria del dogma de la autonomía de la voluntad, ya que, quienes nada dicen, no pueden verse afectados por contratos ajenos. Sin embargo, la tesis tradicional sobre el efecto relativo de los contratos ha declinado desde dos vías: 1) Por el surgimiento de casos en que un contrato crea derechos y obligaciones para un tercero absoluto. 2) Por el efecto expansivo o absoluto de los contratos, conforme al cual, indirectamente, los contratos pueden beneficiar o perjudicar a muchas personas que no son partes. 5.1. Sujetos Concernidos por el Principio del Efecto Relativo de los Contratos: Hay que distinguir: 1) Situación de las Partes: Son partes en un contrato “aquellos que concurren a su celebración, personalmente o representados (legal o convencionalmente”. Pero también son partes, por regla general, y desde el instante del fallecimiento de uno de los contratantes, sus herederos, salvo que excepcionalmente no se transmitan las obligaciones contractuales a estos en los siguientes casos: a. Cuando el contrato es intuito personae: Como el mandato o el comodato que se extinguen con el fallecimiento del comodatario. b. Cuando se hubiera estipulado expresamente su terminación por el fallecimiento de los contratantes. c. Cuando los herederos aceptan la herencia con beneficio de inventario: En cuanto a las obligaciones contractuales del causante que no alcanzan a ser satisfechas con el valor de los bienes heredados. d. Cuando las obligaciones contractuales por disposición de la ley no pasan a los herederos: Como en la renta vitalicia. 2) Situación de los Terceros: Existen distintos tipos de terceros: a. Terceros Absolutos o penitus extranei: “Aquellos que fuera de no participar en el contrato ni personalmente ni representados, no están ligados jurídicamente con las partes por vínculo alguno”. b. Causahabientes a título singular: “Quienes suceden a una persona por acto entre vivos o por causa de muerte, en un bien determinado y no en la totalidad de su patrimonio ni en una cuota del mismo”. Son el comprador, el donatario, el mutuario y el legatario. Según la mayoría de la doctrina les afectan los efectos del contrato, debiendo tenerse como partes en tales actos, pero esto siempre en virtud de derechos reales limitativos, que producen efectos erga omnes.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La cuestión en análisis se torna problemática, empero, cuando el causante había limitado sus poderes sobre la cosa por una obligación y derecho personal. Parte de la doctrina estima que, en base a las obligaciones ambulatorias o propter rem, se responde que si le afectan al causahabiente las limitaciones que realice el causante obligacionalmente. Ahora bien, esto es cierto respecto de los casos previstos por la ley. La pregunta sigue en aquellos casos no previstos por la ley. Aunque el asunto es discutible, a falta de norma expresa pareciera que las obligaciones contraídas por el causante no empecen al causahabiente singular, siéndole inoponible. c. Los Acreedores de las Partes: Hoy, la doctrina mayoritaria enfatiza que los acreedores son terceros absolutos en los contratos que su deudor celebre con otras personas, pues estos contratos directamente no generan derechos y obligaciones para los acreedores valistas. Lo anterior, sin perjuicio de que indirectamente, los acreedores sean alcanzados por el efecto expansivo o absoluto de los contratos. Asimismo, los acreedores podrán impugnar los contratos celebrados por el deudor en perjuicio de los primeros por medio de la acción de simulación y la pauliana o revocatoria. 5.2. Excepción al Efecto Relativo de los Contratos: La Estipulación por Otro o Contrato en Favor de un Tercero: Estamos ante excepciones al principio citado, cuando un contrato crea un derecho o impone una obligación a un tercero absoluto. Tal es el caso de los contratos colectivos, especialmente tratándose de los convenios judiciales preventivos en relación con la quiebra y de los acuerdos de mayoría adoptados por la asamblea de copropietarios de edificios o cualquier comunidad inmobiliaria. El Código Civil en el Art. 1449 CC trata la estipulación a favor de otro, disponiendo que: “Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”. En ese sentido, se puede definir la estipulación a favor de otro como “aquel contrato que, realizado válidamente entre dos personas, pretende atribuir un derecho a una tercera que no ha tenido parte alguna, ni directa ni indirectamente, en su tramitación y perfección; y que no obstante, logra efectivamente el atribuir a esa tercera persona un derecho propiamente suyo; derecho que puede estimarse como propio del que estipuló tal contrato y cedido luego al tercero o simplemente ejercido por este en lugar de aquel”. En esta figura intervienen tres personas: el estipulante, el prometiente y el tercero beneficiario. 5.2.1. Naturaleza Jurídica de la Estipulación en Favor de un Tercero: Existen distintas teorías: 1) Teoría de la Oferta: Se descompone la estipulación en favor de un tercero en dos convenciones. Por un primer contrato, el prometiente se obliga frente al estipulante, quien se transforma en acreedor de la estipulación. Posteriormente, el estipulante ofrece su crédito contra el prometiente al tercero beneficiario. La aceptación de esta última forma una segunda convención. El crédito pasa así del patrimonio del estipulante al patrimonio del tercero, pero únicamente después que este acepta. Se han señalado, sin embargo, diversos inconvenientes de esta teoría: a. Al ingresar el crédito inicialmente al patrimonio del estipulante, pasando a formar parte del derecho de prenda general de sus acreedores, estos podrán embargar el crédito, imposibilitando así el traspaso al tercero beneficiario. 415

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Mientras el tercero no acepte la oferta que le hace el estipulante, esta estará sujeta a todas las contingencias que pueden afectar una propuesta: Así no podría concebirse el contrato de seguro de vida porque la muerte del asegurado impediría que el tercero beneficiario lo cobre. 2) Teoría de la Agencia Oficiosa o Gestión de Negocios Ajenos: El estipulante actúa como gestor de los negocios del tercero, como su agente oficioso, al obtener el compromiso del prometiente. Por la aceptación del tercero interesado, la operación cuasicontractual se transforma, retroactivamente, en un contrato de mandato. a. Ventajas: i. La operación no tiene ya el carácter precario que se critica a la teoría de la oferta; además, la gestión puede ser ratificada aun después de la muerte del gestor. ii. El derecho no permanece en el patrimonio del estipulante antes de la aceptación; no queda por ende expuesto a la acción de los acreedores o herederos. b. Criticas: Se critica que es ficticia ya que el estipulante actúa a nombre propio y no como agente oficioso. Además, hay tres características esenciales de la agencia oficiosa que no están presentes en la estipulación a favor de otro: i. El interesado en la gestión debe cumplir las obligaciones contraídas por el agente si este hubiere administrado bien el negocio (Art. 2290 CC): Esto no ocurre en la estipulación en favor de otro, en la que el tercero, aunque el negocio haya sido bien administrado, puede rechazar la estipulación. ii. El agente oficioso, después de iniciada la gestión, está obligado a perseguirla (Art. 2289 CC): En cambio, el estipulante puede revocar la estipulación de común acuerdo con el prometiente, mientras no acepte el tercero. iii. No media entre el estipulante y el tercero ninguna relación, el primero no puede reclamar cuentas al último. 3) Teoría de la Declaración Unilateral de Voluntad: Habría en la estipulación en favor de otro una expresión de la voluntad unilateral del deudor como fuente de las obligaciones. El prometiente adquiriría el rol de deudor del beneficiario por su exclusiva voluntad. A esta teoría se le critica que: a. Es muy discutible que el Derecho Chileno acoja la promesa unilateral como fuente de las obligaciones. b. Esta teoría desconoce el contrato existente entre el estipulante y el prometiente. c. No permite comprender por qué sería necesaria la concurrencia de la voluntad del estipulante junto con la voluntad del prometiente para revocar la estipulación antes de la aceptación del tercero, si para que naciera la obligación solo se requería la voluntad del prometiente. 4) Teoría de la Adquisición Directa del Derecho: Esta teoría considera la estipulación en favor de otro lisa y llanamente como una excepción al efecto relativo de los contratos, creando directamente 416

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe un derecho para el tercero, aunque este desconozca la estipulación. La declaración o aceptación del tercero beneficiario solo es un requisito para que dicho tercero pueda exigir la prestación. 5.2.2. Efectos de la Estipulación a Favor de Otro: 1) Entre el Estipulante y el Prometiente: Son las partes en el contrato. Sin embargo, al tenor del Art. 1449 CC, solo el tercero beneficiario podrá demandar lo estipulado. El estipulante, por sí mismo, no puede hacerlo, sin perjuicio de poder exigir al prometiente que le cumpla al tercero. Eso sí, si se ha pactado una pena, el estipulante podrá exigirla (Art. 1536 CC). Además, también el estipulante puede pedir la resolución del contrato con la indemnización de los daños que se acrediten. A su vez, el estipulante y el prometiente pueden revocar el contrato mientras el tercero beneficiario no haya aceptado expresa o tácitamente el mismo. 2) Entre el Prometiente y el Tercero Beneficiario: El prometiente se encuentra directamente obligado frente al tercero beneficiario. Este es acreedor del primero desde el momento en que se celebra la estipulación. Para ejercer su acción contra el prometiente deberá aceptar expresa o tácitamente. No podrá ejercer sin embargo la acción resolutoria contra el prometiente, ya que esta acción incumbe exclusivamente a las partes contratantes (Art. 1489 CC). Si fallece el tercero beneficiario, sus derechos se transmiten a los herederos, incluyendo la facultad de aceptar o rechazar la estipulación, porque el crédito ya se encontraba en su patrimonio. 3) Entre el Estipulante y el Tercero Beneficiario: Jurídicamente son sujetos extraños, no habiendo relación entre ellos. 5.2.3. Características de la Estipulación en Favor de Otro: 1) El tercero debe ser extraño a la relación jurídica entre el prometiente y el estipulante: Por ello es indispensable que el estipulante no tenga derecho a representar al tercero ni que este último sea el heredero del estipulante. 2) El estipulante debe obrar a nombre propio: En caso de actuar sin poder, pero a nombre del tercero beneficiario el estipulante es un agente oficioso. 3) Solo el tercero beneficiario puede demandar lo estipulado. 4) Las partes contratantes (prometiente y estipulante) pueden resciliar la estipulación, mientras el tercer no acepte expresa o tácitamente. 5.3. La Promesa de Hecho Ajeno (Art. 1450 CC): “Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa”. La mayoría de la doctrina nacional concluye que esta figura no es excepción al principio del efecto relativo de los contratos, ya que no crea ningún derecho y menos una obligación a cargo de un tercero absoluto. El único que resulta obligado es el prometiente, quien se compromete a obtener que otra persona acepte efectuar una prestación en favor del acreedor. Si el prometiente fracasa en su intento, deberá indemnizar al acreedor los perjuicios que se deriven de su incumplimiento. Si el tercero ratifica, y después no cumple la prestación prometida al acreedor, tiene

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe aplicación la regla general, sin que el acreedor pueda demandar al primitivo prometiente, porque este ya cumplió su obligación de hacer, que era que el tercero ratifique. 5.3.1. Fuente de las Obligaciones que asume el Tercero: Se discute la fuente de la obligación que asume el tercero: 1) Agencia Oficiosa: El problema es que la agencia oficiosa crea obligaciones para el interesado (el tercero) si el negocio ha sido bien administrado (Art. 2290 CC) y acá todo depende de la voluntad del tercero. 2) La Voluntad Unilateral del Deudor que ratifica: El problema es que el Art. 1536, inc. 2 CC cuando se refiere a la cláusula penal en este contrato habla de “consentimiento”, requiriendo para su eficacia un acuerdo de voluntades. 3) La Ley: López Santa María concluye señalando que es más simple admitir que la fuente de la obligación del tercero es la ley. 5.4. El Efecto Absoluto o Expansivo de los Contratos: Al margen de la voluntad de las partes, a veces un contrato puede ser invocado por un tercero a su favor o también oponerse a un tercero en su detrimento. En el caso del efecto expansivo, no surge un derecho u obligación directamente para el tercero, sino que este puede invocar un contrato ajeno o puede oponérsele. El contrato, como hecho, tiene vigencia erga omnes. Algunas manifestaciones concretas del efecto absoluto de los contratos los encontramos: 1) En el procedimiento concursal de liquidación, cuando un acreedor verifica su crédito contra el deudor, los restantes acreedores no pueden desconocerlo o impugnarlo alegando que deriva de un contrato que no les empece. 2) Al regular los efectos civiles de las ventas sucesivas de una misma cosa a dos o más personas, mediante contratos diversos, la ley protege a un comprador sobre otro en base a criterios que indica el Art. 1817 CC: El comprador que no es preferido por la ley resulta perjudicado por el efecto reflejo o expansivo de la compraventa en que no fue parte. 3) Al conferir a los acreedores una acción directa, que les permite demandar en sede contractual, a quienes contrataron con sus deudores: Por ejemplo, la víctima de un accidente de tránsito puede accionar directamente contra el asegurador, a pesar de que la primera sea un tercero absoluto en el contrato de seguro. 4) En los casos de convenciones en perjuicio de terceros: Como la acción pauliana. 5) En general, en los contratos de Derecho de Familia, que producen efectos erga omnes. 5.5. La Inoponibilidad de los Contratos: “Sanción civil que impide que se haga valer ante terceros un derecho nacido ya sea de la celebración de un acto jurídico, ya sea de la nulidad o de otra causal de terminación anormal de un acto jurídico, como la resolución o la resciliación”. 5.5.1. Diferencias entre la Inoponibilidad y la Nulidad: 1) La nulidad deriva de infracciones legales o vicios que se producen al nacer el acto jurídico. La inoponibilidad, en cambio, es independiente de la generación del contrato. 2) La nulidad produce efectos tanto entre las partes como respecto de terceros. La inoponibilidad dice relación exclusivamente con los terceros. 418

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) La nulidad es una sanción de orden público y no puede renunciarse de antemano. La inoponibilidad, establecida únicamente en beneficio de los terceros que pueden invocarla, es de orden privado, por lo que puede ser renunciada. 4) Si aparece de manifiesto en el acto o contrato, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el juez; la inoponibilidad nunca puede pronunciarse de oficio. 5.5.2. Causales de Inoponibilidad: La inoponibilidad busca cumplir dos funciones: 1) La protección de los terceros ante los efectos de un acto valido: Puede tener su origen en: a. Inoponibilidades de Forma: i. Por incumplimiento de las formalidades de publicidad: Estas formalidades están destinadas a divulgar ante terceros la celebración de un acto o contrato o el acaecimiento de un determinado suceso de relevancia jurídica. Su incumplimiento acarrea la inoponibilidad del acto frente a terceros. Se da, por ejemplo, en las contraescrituras (Art. 1707 CC), en la cesión de derechos nominativos (Art. 1902 CC), en la disolución de la sociedad (Art. 2114 CC) y en la sentencia que declara la prescripción adquisitiva (Art. 2513 CC). ii. Por falta de fecha cierta: Por regla general, los instrumentos privados son inoponibles a terceros respecto a la fecha en la cual aparecen suscritos, atendiendo a que es posible antedatarlos o postdatarlos, careciendo por tanto de certeza en cuanto a su fecha. Pero esta regla no es absoluta, ya que el Art. 703 CC señala que: “La fecha de un instrumento privado no se cuenta respecto de terceros sino desde el fallecimiento de alguno de los que le han firmado, o desde el día en que ha sido copiado en un registro público, o en que conste haberse presentado en juicio, o en que haya tomado razón de él o le haya inventariado un funcionario competente, en el carácter de tal”. También se cuenta el caso del instrumento privado reconocido judicialmente, el cual tiene valor de escritura pública. b. Inoponibilidades de Fondo: i. Por falta de consentimiento o por falta de concurrencia: Estos casos de inoponibilidad están establecidos a favor de terceros absolutos, como el dueño de la cosa vendida o del mandante cuando su mandatario se extralimita de su poder. ii. Por fraude: El acreedor no es obligado a soportar los actos que supongan una disminución del patrimonio del deudor, en los cuales este ha actuado fraudulentamente, pudiendo recurrir a la acción pauliana, haciendo que el acto le sea inoponible. iii. Por lesión de derechos adquiridos: Se encuentra un caso en el Art. 94 CC sobre muerte presunta. La revocación del decreto de muerte presunta no afecta derechos adquiridos por terceros. iv. Por lesión de las asignaciones correspondientes a los legitimarios: Los legitimarios pueden recurrir a la acción de reforma de testamento, cuando el causante no respetó las asignaciones forzosas a que lo obliga la ley en favor de los primeros. Prosperando la acción, el testamento no será oponible a los reclamantes, en aquella parte que contravenga las normas sobre asignaciones forzosas. 419

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) La protección de los terceros ante los efectos de la declaración de nulidad de un acto: De conformidad al Art. 1689 CC, la nulidad judicialmente declarada confiere acción reivindicatoria contra terceros poseedores, aunque se hallen de buena fe. Sin embargo, hay casos en que la nulidad será inoponible a terceros: a. Por rescisión por lesión enorme (Art. 1895 CC): Ya que subsisten las hipotecas u otros derechos reales constituidos en favor de terceros. b. Si el tercero ha adquirido por prescripción. c. Si se trata del contrato de sociedad (Art. 2058 CC): Esto porque la sociedad de hecho es válida y solo los socios pueden invocar la nulidad, entre sí. d. En el caso del matrimonio nulo respecto de los hijos: Estos conservarán su filiación matrimonial (Art. 51 Ley de Matrimonio Civil). e. En el matrimonio nulo putativo se permite al cónyuge que lo hubiere celebrado de buena fe y con justa causa de error, hacer valer los efectos del contrato, como si fuere válido (Art. 51 Ley de Matrimonio Civil). f.

En el contrato de donación, salvo que concurran los supuestos del Art. 1432 CC, la resolución, rescisión y revocación son inoponibles a los terceros poseedores de los bienes donados.

3) Inoponibilidad por Simulación: En los casos de contratos simulados, las partes no pueden oponer el acto secreto u oculto a terceros. Estos pueden optar, es decir, pueden valerse del acto ostensible, externo o aparente, o bien del acto secreto, probando la existencia de este último. 5.5.3. Sujetos Activos y Pasivos de la Inoponibilidad: Pueden invocarla solo aquellos terceros a quienes la ley ha intentado proteger, vale decir, a quienes perjudican los efectos del acto o la nulidad del mismo. Por regla general, la inoponibilidad puede invocarse contra todo aquel que intente valerse del acto o de su nulidad. Excepcionalmente, la inoponibilidad por fraude no alcanza a terceros adquirentes a título oneroso, que están de buena fe (Art. 2468 Nº1 CC). 5.5.4. Forma de hacer valer la Inoponibilidad: Por regla general, será a través de una excepción. En lo que respecta a las inoponibilidades por fraude o por lesión de las legítimas, deben hacerse valer como acción, ya sea por la acción pauliana o la de reforma de testamento, según el caso. En el caso de la inoponibilidad por falta de concurrencia, no puede formularse una regla general: así, cuando el mandatario se excedió en los límites del mandato, el mandante podrá esgrimirla como excepción; a su vez, en el caso de la venta de cosa ajena, el dueño deberá interponer la acción reivindicatoria, si no tuviere la posesión, o invocará la inoponibilidad como excepción, si la tuviere. 5.5.5. Efectos de la Inoponibilidad: El acto no puede perjudicar a terceros, pero si aprovecharles, por eso pueden renunciar a la misma. 5.5.6. Extinción de la Inoponibilidad: 1) La inoponibilidad de forma se extingue por el cumplimiento de las formalidades omitidas, cuando ello sea posible.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Por la renuncia expresa o tácita del tercero: Habrá renuncia tácita cuando no se interponga la acción respectiva, en aquellos casos en que la inoponibilidad debe hacerse valer por vía de acción. 3) Por prescripción, en todos aquellos casos en que debió hacerse valer como acción. 6. El Principio de la Buena Fe Contractual: Mencionar la buena fe es evocar la idea de rectitud, de corrección, de lealtad. En términos generales alune a una persuasión subjetiva, interna, de estar actuando o haber actuado correctamente. Proyectada al Derecho Civil, asume dos direcciones: la primera, la buena fe subjetiva, conserva la fisonomía psicológica a que aludíamos. La segunda, la buena fe objetiva. 6.1. La Buena Fe Subjetiva y Objetiva: 1) La Buena Fe Subjetiva: “Convicción interna o psicológica de encontrarse el sujeto en una situación jurídica regular, de estar actuando conforme a derecho, aunque objetivamente no sea así, aunque haya error”. De consiguiente, la buena subjetiva es una noción justificativa del error. Esta tiene aplicación en: a. La posesión de buena fe de una cosa ajena (Art. 706, inc. 1 CC). b. El matrimonio putativo: la nulidad solo se proyecta al futuro, careciendo de efecto retroactivo. c. El pago de lo no debido: En lo relativo a la restitución que debe efectuar el accipiens (Art. 2300 y ss. CC). d. Los pactos de irresponsabilidad en casos de evicción o de vicios ocultos de la cosa debida (Art. 1842 y 1859 CC): Los cuales son ineficaces si el vendedor sabía que existía la causa de evicción o el vicio oculto. e. El pago hecho al tercero que tiene en posesión el crédito. 2) La Buena Fe Objetiva: A ella se remite el Art. 1546 CC al señalar que: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”. El principio de la buena fe objetiva “impone a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente como lo haría un hombre razonable en sus relaciones mutuas, desde el inicio de sus tratos preliminares hasta incluso después de la terminación del contrato”. A diferencia de la buena subjetiva, que se aplica “in concreto” por el sentenciador, averiguando la convicción interna y personal del sujeto implicado, la buena fe objetiva se aprecia “in abstracto”, prescindiendo el juez de las creencias psicológicas de los contratantes, para puntualizar la conducta socialmente exigible de las partes, exclusivamente en base a la equidad, a los usos y en general, al modelo del hombre razonable, o sea a los estándares legales. Su aplicación configura una cuestión de derecho. 6.2. Concepto Unitario de Buena Fe: Cierta doctrina afirma que la buena fe es una sola, es decir, que tiene un carácter unitario. En efecto, la buena fe siempre incorpora, en todas su manifestaciones y aplicaciones, una unidad de significación, aunque cambien los presupuestos sobre los que se establezca; y esta significación es ética y, por lo tanto, valorativa y normativa. Es siempre un patrón de conducta.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Además, la concepción dualista de la buena fe acarrea una confusión: se sostiene que la buena fe subjetiva se aplicaría tan solo a materias relativas a derechos reales y de familia, y la buena fe objetiva solo se aplicaría en el derecho de las obligaciones. Esto implicaría necesariamente limitar el actuar de la buena fe, lo que va en contra de su propia naturaleza, pues se trata de un principio general del derecho. También se señala que siempre que se habla de buena fe existe una dimensión objetiva, en cuanto se recurre a ella para calificar un comportamiento y hacer depender unos efectos jurídicos de la acomodación o no de dicho comportamiento a lo establecido por o contra la buena fe. Por otra parte, no puede hablarse de que hay una conducta conforme a la buena fe respecto de una conducta o actuar recto y honesto en su mera exterioridad, si esa conducta no va acompañada de buena fe subjetiva. Pensar de otro modo nos llevaría a negar figuras reconocidas unánimemente, tal como el fraude a la ley. 6.3. Diversas Manifestaciones de la Buena Fe en el Iter Contractual: 1) En los tratos preliminares: Cada uno de los negociadores debe presentar las cosas conforme a la realidad. Deben expresarse con claridad, absteniéndose de afirmaciones falsas o inexactas o de un silencio o reticencia que puede llevar a una equivocada representación de los elementos subjetivos y objetivos del contrato que se pretende celebrar. En algunos casos, puede configurarse dolo en la conclusión del contrato, aplicándose el Art. 1458 CC. Pero aun sin dolo, toda vez que se violan negligentemente los derechos de información, ha de remediarse lo hecho indemnizando por culpa in contrahendo. Otro ejemplo de buena fe objetiva durante los tratos preliminares es el deber de guardar los secretos conocidos durante las negociaciones, o el deber de advertir que no se está en situación de concluir un contrato válido. 2) En la celebración del contrato: En general la podemos encontrar: a. En la venta de cosa ajena (Art. 1815 CC): Las indemnizaciones a que tiene derecho el comprador en caso de ser evicta la cosa, se vinculan con la buena fe objetiva. b. En el deber de redactar la convención con la claridad necesaria (Art. 1566 CC): Si se infringe este deber, se castiga indirectamente la mala fe de la parte que redactó la cláusula oscura o ambigua interpretándola en su contra. 3) En el cumplimiento del contrato: En primer lugar, el Art. 1558 CC, en cuanto si la incorrección o deslealtad llega a ser constitutiva de dolo, se responde también por los perjuicios imprevistos. Pero más importante en este punto es el Art. 1546 CC que señala que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Como novedades normativas, susceptibles de derivarse de la buena fe, López Santa María propone, a vía de ejemplos, los siguientes casos: a. Desestimar la demanda de resolución de un contrato, fundada en un incumplimiento parcial de poca monta. b. Desestimar la demanda indemnizatoria por incumplimiento de un contrato, cuando la aplicación de la buena fe tipificare una causal de inexigibilidad. c. Admitir la tesis de Fernando Fueyo, según la cual a los requisitos legales del pago debe añadirse la buena fe del solvens y del accipiens. 422

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. Admitir por los tribunales la posibilidad de revisar los contratos en casos de excesiva onerosidad sobreviniente. 4) En las relaciones postcontractuales: Durante la fase de liquidación del contrato, la buena fe objetiva también impone deberes específicos. Así, por ejemplo, terminado el contrato de arrendamiento de oficinas o locales comerciales, el propietario debe permitir al antiguo arrendatario colocar un aviso anunciando el lugar al que se ha trasladado. También en lo que respecta al deber de secreto o reserva. VI.

INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS.

1. Concepto: Interpretar un contrato es “determinar el sentido y alcance sus estipulaciones”. En tres hipótesis fundamentales tiene lugar la interpretación del contrato: 1) Cuando sus términos son oscuros o ambiguos. 2) Cuando siendo claros sus términos, no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes, que aparece manifiesta, y 3) Cuando relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca del alcance particular de alguna o algunas de ellas. A juicio de Alessandri, las reglas de interpretación no son obligatorias para el juez en el sentido que este se vea necesariamente obligado a seguirlas, ni mucho menos aplicarlas en un orden preestablecido, sino que tienen el carácter de verdaderos consejos dados por el legislador al juez. López Santa María discrepa de la tesis de Alessandri, afirmando que el legislador no cumple su misión dando consejos. Las normas de interpretación tienen carácter imperativo, cuya inobservancia por parte del juez puede ser impugnada en casación. 2. Carácter de las reglas legales de interpretación: Corresponde a los jueces de fondo interpretar los contratos, y escapa al control de la Corte Suprema. Esta solo interviene cuando se infringe una ley, en los siguientes casos: 1) Cuando se atribuye a los contratos efectos diversos de los que prevé la ley. 2) Cuando se desnaturaliza el contrato al interpretarlo. En tales casos la Corte Suprema puede hacer respetar el principio de que el contrato es ley para las partes. En ese contexto, la jurisprudencia ha dejado en claro que existen dos fases: 1) La interpretación de las cláusulas de un contrato y la determinación de la intención que movió a las partes a celebrarlo es una cuestión de hecho. 2) El examen de la naturaleza jurídica de esos hechos y de los efectos que el contrato produce, son cuestiones de derecho. 3. Métodos de Interpretación: 1) Método Subjetivo: Busca determinar cuál es la voluntad real de los contratantes, la cual debe primar sobre la voluntad declarada. Este es el sistema del Código Civil chileno. 2) Método Objetivo: Plantea que no interesa la voluntad que tuvieron las partes al concluir el contrato, debiendo fijarse el alcance de las cláusulas discutidas de acuerdo al sentido normal de la 423

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe declaración, de manera que los efectos jurídicos serán los que cualquier hombre razonable atribuiría a la convención. Resumiendo lo expuesto acerca de los métodos subjetivo y objetivo, podríamos concluir en los siguientes términos: 1) Al contratar: Ha de primar la intención de los contratantes, recurriendo entonces al método subjetivo de interpretación y operando la buena fe subjetiva. 2) Al ejecutar el contrato: En el silencio de las partes o cuando no es posible deducir la intención de los contratantes, ha de primar la buena fe objetiva, ajustándose la conducta de las partes a los parámetros legales. 4. Principio Rector de la Interpretación de los Contratos: La Intención de los Contratantes: El Art. 1560 CC contiene la primera y principal regla de interpretación de los contratos, conforme a la cual: “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. En relación a esta disposición, resulta pertinente realizar las siguientes precisiones: 1) El Art. 1560 CC, más que una regla de interpretación sirve de principio rector a las reglas que le siguen en el Código. 2) Esta norma, señala Alessandri, es diametralmente opuesta a las que el Código Civil da para la interpretación de la ley, en especial el Art. 19, inc. 1 CC que dispone “cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”: En opinión del autor esto no es así porque la claridad a la que se refiere el precepto es una claridad de sentido, de contenido y alcance jurídico de la norma y no su calidad gramatical. De este modo, una ley puede ser gramaticalmente perfecta, y, sin embargo, su sentido jurídico puede ser ambiguo, oscuro o contradictorio. Es decir, el intérprete debe fijar el claro sentido de la norma, sin estar obligado a ceñirse estrictamente a su tenor literal. 3) En relación al Art. 1560 CC, un fallo de la Corte Suprema de 1978 señala que las partes pueden discrepar sobre la calificación o interpretación del contrato: En el primer caso será necesario determinar que convención se ha generado. En el segundo caso habrá que determinar cuál ha sido la intención para actuar en un sentido o en otro, conforme a las cláusulas que establecieron en su convención. 4) Los tribunales también han deslindado sus atribuciones exclusivas para interpretar el contrato en caso de conflicto: No compete a la autoridad administrativa. 5) La doctrina y la jurisprudencia se encuentran contestes en la íntima relación que el Art. 1560 CC tiene con la buena fe: En la intención de los contratantes siempre el hermeneuta deberá buscar los elementos de cooperación, lealtad y rectitud que encierra la buena fe contractual porque esta se presume. 5. Reglas de Interpretación de los Contratos: Nuestro Código no fijo un orden de preferencia entre las reglas de interpretación contenidas en los Arts. 1561 y ss. CC. 5.1. Reglas de Interpretación relativas a los Elementos Intrínsecos del Contrato: Significa interpretar el texto del contrato por sí mismo, considerando solo los elementos que se encuentran en la misma declaración contractual:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Regla de la Armonía de las Cláusulas (Art. 1564, inc. 1 CC): “Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. Cualquier interprete comienza por observar el conjunto o la totalidad de aquello que debe interpretar. Así como la ley debe interpretarse de manera que haya entre todas sus disposiciones la debida correspondencia y armonía, porque la ley forma un todo que persigue un fin general, de la misma manera los contratos forman un todo único, que desde la primera hasta la última cláusula tienen un mismo objeto. Por ello el juez no puede interpretar aisladamente. 2) Regla del Objetivo Práctico o Utilidad de las Cláusulas (Art. 1562 CC): “El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. Si una clausula por su ambigüedad o por su oscuridad puede llevar a dos conclusiones distintas, pero una de estas no tiene significado alguno y solamente alguna de ellas puede producir algún efecto, deberá preferirse esta última interpretación, porque es lógico suponer que las partes estipularon esa cláusula para que produjera algún efecto. 3) Regla del Sentido Natural (Art. 1563, inc. 1 CC): “En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. Pothier señalaba en la misma idea que cuando en un contrato los términos son susceptibles de dos sentidos, debe entendérselos en el sentido más conveniente a la naturaleza del contrato. Así, por ejemplo, si se fija que la renta de arrendamiento de un inmueble urbano será de $400.000, debe concluirse, aunque no se haya dicho, que se trata de una renta mensual y no anual o por el periodo que dure el contrato, pues es de la naturaleza de los arrendamientos de predios urbanos destinados a la habitación, que la renta se pague mensualmente. Alessandri y Meza Barros incluyen en esta regla el Art. 1563, inc. 2 CC, referido a las cláusulas de uso común. López Santa María, en cambio, las concibe como una regla diferente, que denomina regla de las cláusulas usuales. 5.2. Reglas de Interpretación relativas a los Elementos Extrínsecos del Contrato: Los contratos también se encuentran integrados por elementos que van más allá de la declaración contractual y que el intérprete también debe considerar para estar en situación de llegar a la común intención de los contratantes. 1) Regla de la Aplicación Restringida del Texto Contractual (Art. 1561 CC): “Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado”. Así, por ejemplo, si se celebra una transacción poniendo término a un litigio pendiente o precaviendo un litigio eventual por concesiones reciprocas, y si A se obliga a pagar a B $1.000.000, expresándose que las partes se declaran libres de todas sus pretensiones respectivas, los términos generales del contrato no perjudican los derechos de A contra B nacidos después de la convención, ni tampoco aquellos que ya existían al momento de la celebración de la transacción pero de los cuales las partes no tenían conocimiento. 2) Regla de la Natural Extensión de la Declaración (Art. 1565 CC): “Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda”. 425

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Si bien uno podría decir que se opone con el principio de aplicación restringida del texto contractual, la oposición es puramente aparente, puesto que son manifestaciones distintas de un mismo principio general, el que ordena al interprete considerar todas las circunstancias de la especie. Así, por ejemplo, si en una capitulación matrimonial se dice que los esposos estarán en comunidad de bienes, en la cual entrará el mobiliario de las sucesiones que pudieran tocarles, esta cláusula no impide que también ingresen a la comunidad todas las otras cosas que a ella entran según el derecho común, pues el caso colocado por las partes solo fue agregado para evitar dudas sobre el particular. 3) Regla de los Otros Contratos de las Partes sobre Igual Materia (Art. 1564, inc. 2 CC): “Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia”. Se puede recurrir a otros contratos celebrados por las mismas partes sobre idéntica materia. La convención susceptible de ser considerada en la interpretación puede ser anterior o posterior al contrato objeto del litigio. La Corte Suprema ha estimado que esta es una regla facultativa del tribunal. 4) Regla de la Interpretación Auténtica o de la Aplicación Práctica del Contrato (Art. 1564, inc. 3 CC): “O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra”. Un fallo de la Corte Suprema de 1932 estimó que las otras reglas de interpretación pueden tener preferencia a la fundada en esta regla, si el contrato ha sido interpretado conforme a ellas. En otro fallo de 1976 señaló que esta regla está prevista solo para la interpretación de una o más cláusulas del contrato, pero no para establecer la eficacia de ellas. También se ha dicho que resulta improcedente la regla cuando la aplicación práctica del contrato ha sido por inadvertencia de una de las partes. Es por eso que el intérprete no puede tomar en consideración la ejecución unilateral que haya podido recibir el contrato. 5.3. Reglas Subsidiarias de Interpretación Contractual: Si ni los elementos intrínsecos ni extrínsecos del contrato permiten al interprete llegar a precisar el sentido de la convención discutida, será preciso que acuda a los siguientes elementos subsidiarios de interpretación: 1) Regla de las Cláusulas Usuales (Art. 1563, inc. 2 CC): “Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen”. El objetivo perseguido por la disposición consiste en incorporar en el contrato las cláusulas usuales, silenciadas en la declaración. En la práctica, sin embargo, se le ha atribuido un significado muy restringido, ya que se lo ha explicado de manera que solo queden involucradas en las cláusulas usuales las cosas llamadas “de la naturaleza del contrato”, o sea, las cláusulas legales que se entienden incorporadas al contrato sin necesidad de una manifestación expresa de voluntad Pero tal aplicación no correspondería al espíritu de la norma, que buscaría la incorporación al contrato de usos consuetudinarios, independientes de la ley. Esta amputación de lo consuetudinario en el terreno interpretativo se ha fundado en que en la legislación nacional los usos no juegan un rol sino cuando la ley expresamente dispone que se les tome en cuenta.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Regla de la Última Alternativa (Art. 1566 CC): El Art. 1566, inc. 1 CC señala que: “No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor”. Esta norma debe aplicarse en último término, como recurso final para dirimir la contienda relativa al alcance del contrato. Esto se relaciona con el Art. 1698 CC que impone al acreedor probar la obligación y sus términos. Ahora bien, el Art. 1566, inc. 2 CC señala que: “Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”. Por ende, quien redacta o dicta el contrato, sea deudor o acreedor, debe responder por la ambigüedad resultante. Los tribunales han entendido que por el término “partes” hay que incluir a sus abogados. VII.

DISOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS.

1. Conceptos Generales: Se desprende del Art. 1545 y 1567 CC que los contratos pueden disolverse o extinguirse de dos maneras: o por el mutuo consentimiento de las partes o por causas legales. Estas últimas son la resolución, la nulidad, la muerte de uno de los contratantes en los contratos intuito personae y el plazo extintivo, respecto de los cuales remitiremos a lo señalado en “Obligaciones”. 2. Disolución por Mutuo Consentimiento de las Partes, Resciliación o Mutuo Disenso: Si la voluntad de las partes generó el contrato, es lógico que esa misma voluntad puede dejarlo sin efecto. Para ello deben concurrir todos aquellos que concurrieron a su formación, por aplicación del principio de que, en Derecho, los contratos se deshacen de la misma manera que se hacen. Ahora bien, hay ciertas excepciones: 1) Algunos contratos no pueden dejarse sin efecto ni aun por la voluntad de las partes: Como ocurre especialmente en el ámbito del Derecho de Familia, como en el contrato de matrimonio, las capitulaciones matrimoniales o el pacto de separación total de bienes o de participación en los gananciales. 2) Algunos contratos pueden dejarse sin efecto aun por la sola voluntad de las partes: Como la sociedad, el mandato, el arrendamiento y la donación. CAPÍTULO II: LA PROMESA34 I.

INTRODUCCIÓN.

1. Conceptos Generales: El contrato de promesa se contiene en el Art. 1554 CC y se puede definir como: “Aquel contrato por el cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado, en cierto plazo o en el evento de cierta condición, cumpliéndose con todos los requisitos que establece el Art. 1554 CC”. 2. Características: 1) Es un contrato preparatorio: Se prefigura otro contrato, obligándose una o ambas partes a celebrarlo en el futuro. La promesa supone siempre otro contrato (contrato prometido).

Según lo señalado en los textos “Contrato de Promesa” de Carlos Pizarro Wilson y “El Contrato de Promesa” de Álvaro Vidal Olivares. 34

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Es un contrato principal: Subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención. Por tratarse de contratos distintos la promesa y el contrato prometido, cada uno por separado debe satisfacer los requisitos de validez. 3) Es un contrato solemne (Art. 1554 Nº1 CC): Debe constar por escrito. Este escrito puede ser cualquiera, bastando nada más que esté firmado por las partes. Sin embargo, parte de la doctrina estima que cuando el acto prometido requiere escritura pública hay comunicabilidad de dicha solemnidad. Esto es rechazado por ambos autores debido a que el Art. 1554 Nº1 CC no exige instrumento público. 4) Es un contrato esencialmente sujeto a modalidad (Art. 1554 Nº3 CC): Para que la promesa tenga valor ha de contener un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato prometido. 5) Es un contrato de derecho estricto: El contrato de promesa, además de cumplir con los requisitos de todo acto jurídico, debe cumplir también con los requisitos especiales del Art. 1554 CC. La omisión de los primeros podrá acarrear la nulidad absoluta o relativa del contrato de promesa; la de los segundos acarreará necesariamente la nulidad absoluta del contrato de promesa, pudiendo sostenerse teóricamente la inexistencia jurídica. 6) Es un contrato de vigencia esencialmente transitoria. 7) Las partes intervinientes toman el nombre de “prometientes” y deberán ser las mismas del contrato definitivo. 8) Engendra obligaciones de hacer: De realizar un acto jurídico determinado. 9) Es un contrato preparatorio de carácter general: Pues es un contrato que prefigura o anticipa cualquier otro. 10) Por regla general, es un contrato bilateral: Ambas partes resultan obligadas a celebrar el contrato prometido. Sin embargo, nada impide que solo una de ellas se obligue a celebrar el contrato prometido. Así, podemos constatar las siguientes alternativas de promesa: a. Promesa Unilateral de Contrato Bilateral: Por ejemplo, si Pedro y Juan prefiguran compraventa, comprometiéndose Pedro a celebrarlo y Juan reservándose la posibilidad de hacerlo o no. Respecto a esta posibilidad de promesa ha habido una discusión doctrinaria y jurisprudencial respecto a si puede o no celebrarse. Las razones que se han dado para desechar esta posibilidad son: i. Importa una condición que depende de la sola voluntad del deudor y en consecuencia inválida, pues se trataría de una condición meramente potestativa (Art. 1478 CC): Se deshecha este argumento al señalar que, en este caso de promesa unilateral, la celebración del contrato prometido depende de la mera voluntad del acreedor de la obligación; por lo tanto, aplicando el Art. 1478, inc. 2 CC, esta condición vale. ii. El Art. 1554 Nº4 CC dispone que para que el contrato de promesa sea válido es necesario que en él se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la entrega de la cosa o las solemnidades que 428

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe las leyes prescriben: En consecuencia, no puede faltar el consentimiento del contrato prometido, pues no se cumpliría el requisito contemplado en dicho precepto. b. Promesa Bilateral de Contrato Unilateral: Por ejemplo, si Pedro y Juan se prometen a celebrar un comodato. c. Promesa Bilateral de Contrato Bilateral: Por ejemplo, si Pedro y Juan se comprometen a celebrar compraventa. d. Promesa Unilateral de Contrato Unilateral: Por ejemplo, si Pedro y Juan prefiguran comodato, comprometiéndose Pedro a celebrarlo y Juan reservándose la posibilidad de exigir o no la entrega de la cosa al prometiente comodatario. 11) El contrato prometido es, por regla general, solemne o real (Art. 1554 Nº4 CC): Se ha discutido la posibilidad que el contrato prometido sea consensual porque esta norma da a entender que el contrato prometido solo puede ser real o solemne al señalar: “4ª. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban”. 3. Requisitos de Validez del Contrato de Promesa: El Art. 1554 CC señala que, por regla general, el contrato de promesa es inválido, salvo que se cumplan con los requisitos señalados en él: “La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran las circunstancias siguientes: 1ª. Que la promesa conste por escrito; 2ª. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces; 3ª. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato; 4ª. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente”. En ese sentido, los requisitos de validez del contrato de promesa son: 1) La promesa debe constar por escrito: La promesa debe constar por escrito, ya sea instrumento privado o público. La jurisprudencia ha sostenido que no es necesario que el consentimiento de ambos contratantes conste en un mismo escrito, pero siempre debe ser expreso. Además de ello, la opinión unánime de la jurisprudencia y la doctrina afirma que no cabe confundir el contrato de promesa con el contrato prometido, de lo cual se desprende que los requisitos de validez de la promesa son autónomos de aquellos que debe satisfacer el contrato prometido. Es por ello que si el contrato prometido tiene una solemnidad mayor no por ello la promesa deberá cumplir con dicha solemnidad también. Esto porque el Art. 1554 Nº4 CC establece que en el contrato de promesa debe especificarse de tal manera el contrato prometido que solo falte para que sea perfecto la tradición de la cosa o la solemnidad respectiva. Sin embargo, la Ley General de Urbanismo y Construcción agrega una exigencia adicional: el otorgamiento de una escritura privada autorizada ante notario y la caución de todo o parte del precio mediante una póliza de seguro o bien una boleta bancaria de garantía (Art. 138, inc. 1, primera parte LGUC). 429

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Para que la promesa sea válida el contrato prometido no debe ser de aquellos que la ley declara ineficaces: Este precepto admite las siguientes interpretaciones: a. Que al tiempo de celebrarse la promesa el contrato prometido debe ser eficaz. b. Que el contrato prometido debe ser eficaz al momento de perfeccionarse el mismo, no al momento de celebrarse la promesa: Esta es la opinión mayoritaria y permite, por ejemplo, la promesa de cosas cuya enajenación se encuentra prohibida. c. Se excluye la posibilidad de prometer contratos prohibidos por las leyes, pero se permite la promesa de contratos sometidos a especiales requisitos previstos en la ley, aunque al momento de celebrarse la promesa no se encuentren satisfechos: Según esta interpretación no se podría prometer vender una cosa incomerciable, pero si se podrá prometer vender una cosa embargada. 3) Es necesario que en la promesa se contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato prometido: La promesa está esencialmente sometida a modalidad. En consecuencia, la ausencia de modalidad provoca que la promesa no produzca efectos. La modalidad puede ser: a. Una Condición: Se aceptan tanto la condición suspensiva como la resolutoria: i. Condición Resolutoria: Implica que se va a poder exigir la celebración del contrato prometido hasta el momento en que la condición se cumpla. ii. Condición Suspensiva: Implica que la facultad de exigir el cumplimiento del contrato nacerá cuando ocurra el hecho en que consiste la condición. En este caso la condición suspensiva normalmente irá asociada a un plazo determinado. La clasificación de las condiciones en determinadas e indeterminadas tiene relevancia en el contrato de promesa. i. Condición Determinada: “Aquel hecho futuro e incierto que suponiendo que vaya a suceder, se sabe cuándo”. Por ejemplo, la edad de una persona. No presenta problemas. ii. Condición Indeterminada: “Aquel hecho futuro e incierto que suponiendo que ocurra, no se sabe cuándo”. Por ejemplo, la constitución de una sociedad a la cual no se le fija plazo. iii. El problema se presenta, ya que en principio no resulta posible precisar cuándo se ha cumplido o cuando debe estimarse fallida. Frente a ello se han dado las siguientes alternativas: 1. Las condiciones indeterminadas no satisfacen el requisito del Art. 1554 Nº3 CC porque no fija ninguna época de celebración del contrato prometido: En consecuencia, la promesa sería nula. 2. La ley de modo supletorio establece un plazo que llegado determina si la condición se ha cumplido o ha fallado: En este contexto, remitimos a la discusión respecto al plazo máximo en que debe cumplirse la condición, tratada en “Obligaciones”, el cual, a modo de resumen, se discute si es de 5 o 10 años. 430

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Un Plazo: Puede ser un plazo suspensivo o extintivo. Si es extintivo, su cumplimiento importa la caducidad del contrato de promesa. c. Un Plazo y una Condición: Caso típico de condición y plazo se verifica cuando la condición es determinada. Puede ocurrir también que se estipule una condición suspensiva que verificada establece el inicio de un plazo, como, por ejemplo, si se dispone que el contrato prometido se celebrará dentro de los seis meses siguientes a la inscripción especial de herencia. Así, también es posible estipular un plazo seguido de una condición para celebrar el contrato prometido: “se celebrará tal contrato siempre que acaezca tal condición dentro de 2 años”. 4) La promesa debe especificar de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la entrega de la cosa o el otorgamiento de la solemnidad prescrita en la ley: Para esclarecer el precepto es necesario establecer que se entiende por “especificar”. Dos posturas: a. Especificar equivaldría a configurar en el contrato de promesa todos y cada uno de los aspectos del contrato prometido: Incluso sus requisitos de validez, faltando solamente la entrega o el otorgamiento de la solemnidad. Así, por ejemplo, si lo prometido es un contrato de compraventa, se satisfaría este requisito si se detalla el contrato de compraventa que en el futuro se pretende celebrar, debiendo solo reemplazar las expresiones prometiente vendedor y prometiente comprador por las de vendedor y comprador, otorgando el contrato por escritura pública. b. Especificar equivaldría a individualizar: Es decir, se cumple el requisito cuando se individualiza suficientemente el contrato prometido, señalando simplemente los elementos de la esencia del contrato que se pretende celebrar. En el caso de la compraventa, indicar la cosa y el precio. Igualmente se ha sostenido que el consentimiento respecto al contrato prometido no constituye un requisito del contrato de promesa, permitiendo la promesa de contrato consensual. Por último, con relación a este requisito podemos señalar algunos aspectos interesantes: a. En cuanto a las partes del contrato prometido: Estas deben estar determinadas claramente o al menos ser determinables, ya que se debe tener certidumbre sobre quienes serán los acreedores y deudores de la obligación de celebrar el contrato prometido, o si ambos lo son recíprocamente. b. En relación al objeto de la prestación prometida: Esta puede ser una cosa, un hecho o una abstención. No es necesaria a especificación precisa del objeto prometido, ya que pueden prometerse géneros, o cosas que se espera que existan. c. Determinación de la contraprestación prometida: Para el caso de que el contrato prometido sea bilateral, aunque sea la promesa bilateral o unilateral. El efecto de la inobservancia de estos requisitos, para algunos, sería la inexistencia jurídica, porque el precepto dispone “no produce obligación alguna”. Pero la doctrina y jurisprudencia mayoritarias son de la opinión que la sanción es la nulidad absoluta, por no observarse los requisitos esenciales que la ley prescribe para el valor del contrato en consideración a su naturaleza (Art. 1682 CC). II.

PROBLEMAS JURISPRUDENCIALES DE LA PROMESA. 431

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. La Promesa Unilateral de celebrar un Contrato Bilateral: “Aquella por el cual una de las partes se obliga a celebrar el contrato prometido y la otra si bien acepta la promesa, no compromete su voluntad de celebrar el contrato prometido”. No debe confundirse la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral con la oferta de contrato o con la declaración unilateral de voluntad, ya que en estas instituciones no existe contrato. El beneficiario de la opción consiente en la promesa de contrato, obteniendo el derecho de hacer efectivo el contrato prometido. Esto ocurre, por ejemplo, en la promesa inmobiliaria, donde se paga un precio para tener un derecho preferente a celebrar el contrato de compraventa sobre el inmueble, siendo una opción del prometiente comprador celebrarlo o no. En caso de no hacerlo la inmobiliaria se queda con el precio pagado. Esta modalidad ha sido discutida. Usualmente se esgrimía que por el Art. 1554 Nº4 CC que exigía especificar el contrato prometido de tal manera que solo falte la entrega o la solemnidad correspondiente, no se podía celebrar este tipo de promesas ya que dejaría pendiente el consentimiento del beneficiario de la opción. Sin embargo, invocar este numerando significa confundir el contrato de promesa con el contrato prometido y entender la voz “especificar” en el primer sentido estudiado en los requisitos, por lo que hoy en día se admite este tipo de contratos. 2. La Promesa de Contrato Consensual: Para descartar la promesa de contrato consensual se invocaba también el Art. 1554 Nº4 CC. El contrato prometido solo podría ser un contrato real o solemne, mas no consensual, ya que estos serían los únicos casos en que solo puede faltar la entrega o el otorgamiento de la solemnidad para su perfección. La doctrina, sin embargo, señala dos fundamentos para reconocer la validez de la promesa de un contrato consensual: 1) La historia fidedigna del Art. 1554 CC: En el proyecto de 1853 el actual Nº4 establecía que en el caso que el contrato prometido fuere consensual, el contrato de promesa se identificaba con él. Debido a que esto se eliminó se dice que Bello comprendió que la promesa de contrato consensual era válida. Se ha contestado este argumento señalando que habría desaparecido dicha frase por ser obvia la identificación entre el contrato de promesa y el contrato prometido consensual. Con todo, este problema se puede salvar señalando de manera precisa en el contrato solemne que el contrato prometido consensual se somete a una determinada solemnidad convencional pactada en el contrato de promesa. 2) Siempre en el contrato de promesa comparecen dos contratos con requisitos de validez independientes: Desde este punto de vista, no puede confundirse el contrato de promesa y el contrato prometido, porque consentir en la promesa no significa consentir en el contrato prometido. Ambos consentimientos son independientes y pueden verificarse en momentos distintos. Esta es la posición de la jurisprudencia. 3. La Promesa y el Régimen Matrimonial: Antes de la ley 18.802 que establece la plena capacidad de la mujer, los Arts. 1754 y 1749 CC señalaban que no se podían enajenar ni gravar los bienes raíces de la mujer sin el consentimiento de esta, ni los bienes sociales. Con esta ley, sin embargo, se modificó el Art. 1749 CC, de manera que el marido tampoco puede prometer enajenar, ni gravar o prometer gravar los bienes raíces sociales sin autorización de la mujer, ni tampoco los derechos hereditarios de la mujer; pero no

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe modificó el Art. 1754 CC, lo cual implica que no se impide prometer enajenar o prometer gravar los bienes propios de la mujer por el marido. Frente a esta situación Somarriva sostuvo que la promesa sin el consentimiento de la mujer respecto de sus bienes propios era inválida, pues la promesa constituye un principio de ejecución. De otra manera, si se acepta la promesa de enajenar se estaría permitiendo que el marido burlara la ley al no contar con el consentimiento de la mujer, ya que basta que el marido no cumpla con la promesa, por no poder enajenar el bien sin su autorización, para que el prometiente comprador pueda pedir el cumplimiento forzado de la obligación, adquiriendo el bien sin autorización de la mujer. Sin embargo, esta posición es errada, la promesa es válida, pues no existe precepto alguno que lo impida. Lo que ocurre en que el contrato celebrado por el marido involucra una promesa de hecho ajeno, cual es la autorización de la mujer para celebrar el contrato prometido. El juez no puede proceder a la ejecución forzada de la promesa. El prometiente comprador solo puede exigir la indemnización de perjuicios en contra del marido (Art. 1553 Nº4 CC). 4. La Promesa de Compraventa de Inmuebles y la Lesión Enorme: El problema que se plantea es si puede demandarse la rescisión por lesión enorme respecto del contrato promesa de compraventa. Quienes pretenden que se puede rescindir han invocado el Art. 1554 Nº2 CC porque el contrato prometido sería ineficaz. Sin embargo, la opinión mayoritaria señala que no puede anularse la promesa de compraventa por lesión enorme. Los argumentos son los siguientes: 1) No es cierto que la compraventa prometida en este caso sea ineficaz: El demandado puede evitar la rescisión enterando el justo precio o con deducción de una décima parte o restituir el exceso del precio recibido aumentado en una décima parte. 2) De aceptarse el argumento de nulidad del contrato de compraventa sería de nulidad absoluta, al faltar un elemento esencial de los enumerados en el Art. 1554 CC: Esta solución significaría el absurdo que la sanción seria mayor en la promesa de compraventa que en el contrato de compraventa, respecto del cual se regula la rescisión por lesión enorme. 3) La nulidad del contrato de promesa de compraventa por lesión enorme infringiría dos principios: a. Las sanciones son de derecho estricto y la lesión está prevista para el contrato de compraventa y no para la promesa de compraventa. b. Se infringe el principio que obliga a no confundir la promesa con el contrato prometido. 4.1. Rescisión de la Compraventa prometida por Lesión Enorme: Puede acontecer que el promitente comprador pague el precio de la compraventa al momento de la promesa y que entre este instante y la celebración de la compraventa se produzca una alteración del equilibrio inicial entre las prestaciones a consecuencia de un fenómeno inflacionario. El legislador dispone que el justo precio se determina al momento del contrato de compraventa (Art. 1889 CC) y no al momento de la promesa de compraventa. Esto solo tiene una excepción en la venta de loteos irregulares; en ella el justo precio se determina al momento de la promesa de venta. Para Abeliuk no procede la lesión si el precio era justo al tiempo de pagarse, en este caso, al momento de promesa. Basándose en el mismo Art. 1889 CC el cual se refiere al precio que recibe el vendedor, en consecuencia, es el precio recibido el que debe compararse con el justo precio. A juicio de Álvaro Vidal la 433

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe fijación del justo precio se hace al tiempo del contrato de compraventa; sin embargo, como el precio se pagó con anterioridad, resulta forzoso actualizar esta suma conforme algún mecanismo de reajustabilidad. Si actualizado dicho valor resulta una enorme desproporción con el justo precio se puede rescindir el contrato de compraventa prometido. 4.2. Cumplimiento Forzado de la Promesa y la Lesión Enorme: La lesión enorme solo procede respecto de la venta voluntaria de bienes raíces, quedando excluidas las ventas efectuadas por el ministerio de la justicia, siendo tales, aquellas ventas realizadas en pública subasta con intervención de terceros (Art. 1891 CC). Esto puede producirse, por ejemplo, en el cumplimiento forzado de una promesa. Sin embargo, no estamos en este caso en presencia de una venta forzada en pública subasta con intervención de terceros, sino que la venta es voluntaria solo que el juez suple al deudor que debiendo otorgarla no lo hace. Por lo tanto, esta venta puede ser rescindida por lesión enorme. III.

EFECTOS DEL CONTRATO DE PROMESA.

Los efectos del contrato de promesa son: 1) El contrato de promesa es un contrato, o sea, es nada más fuente de obligaciones y carece de efectos reales: Solo engendra una obligación de hacer que consiste en otorgar el contrato prometido. Esta obligación genera una acción personal mueble, por lo tanto, es transmisible, transferible y prescriptible según las reglas generales, prescribiendo en 5 años. 2) Las cláusulas del contrato de promesa y la verificación de si satisfacen o no los requisitos del Art. 1554 CC han de interpretarse en términos estrictos (Art. 1554, inc. 1 CC): La promesa de celebrar contrato no produce por regla general efecto alguno, a no ser que satisfagan los requisitos allí previstos. 3) La promesa de celebrar contrato no priva al prometiente vendedor de la facultad de disponer del inmueble que pretende vender: Lo único que allí se verifica es el incumplimiento de la obligación contractual de hacer que da lugar a la indemnización de perjuicios. Sin embargo, el tercero adquirente puede verse expuesto a pagar una indemnización de perjuicios en calidad de cómplice en el incumplimiento de una obligación contractual. 4) El contrato de promesa de celebrar contrato, incluso de celebrar compraventa de inmuebles, no requiere inscripción. 5) Si bien el contrato de promesa no tiene efectos reales, sino puramente obligacionales, el contrato de promesa excepcionalmente tiene valor de título posesorio en el caso del DL 2695 sobre regularización de la propiedad raíz. CAPÍTULO III: LA COMPRAVENTA35 I.

INTRODUCCIÓN.

1. Concepto (Art. 1793 CC): “La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida, se llama precio”.

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Según lo señalado en el texto “La Compraventa” de Ramón Cifuentes Ovalle.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En ese contexto, la compraventa posibilita un cambio de una cosa por dinero. Las partes solo se obligan a efectuar el cambio. Esto confirma que la compraventa no es un contrato real, sino consensual, por regla general. Dos partes intervienen en el contrato de compraventa: 1) El vendedor: “Aquel de los contratantes que se obliga a dar la cosa”. 2) El comprador: “Aquel que se obliga a entregar por esa cosa, cierta cantidad de dinero”. 2. Características del Contrato de Compraventa: 1) Es bilateral: Puesto que las partes contratantes se obligan recíprocamente desde su origen; el vendedor se obliga a dar o entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Estas obligaciones son de la esencia de la compraventa. Además, el vendedor también tiene la obligación de sanear la evicción y los vicios redhibitorios, pero tales obligaciones son de la naturaleza de la compraventa. 2) Es oneroso: Por las prestaciones reciprocas que engendra, imponiéndose ambas partes un gravamen y obteniendo ambas partes un beneficio. 3) Es generalmente conmutativo: Las prestaciones a que se obligan vendedor y comprador se miran como equivalentes. Excepcionalmente el contrato de compraventa puede ser aleatorio, como en el caso de la compraventa de cosas que no existen, pero se espera que existan, cuando expresamente se pacte el carácter aleatorio del contrato o cuando aparezca que se compró la suerte (Art. 1813 CC). 4) Es principal: Porque existe por sí mismo, independientemente de cualquier otra convención. 5) Es ordinariamente consensual: Salvo las excepciones legales que exigen el cumplimiento de una solemnidad, como en la compraventa de inmuebles. 6) Es nominado o típico. 7) En general, es de ejecución instantánea: El contrato, sin embargo, podría ser de ejecución o tracto sucesivo, como cuando se trata de una compraventa que puede cumplirse por partes, ya que, por el hecho consumado respecto de una partida, el comprador no pierde el derecho de pedir la resolución parcial del resto. También puede ser de ejecución diferida si se le incluye un plazo o condición. 8) La venta no es enajenación, sino mero título traslaticio de dominio. 3. Paralelo entre la Compraventa y otras instituciones jurídicas: 1) Compraventa y Dación en Pago: a. La compraventa es un contrato, mientras que la dación en pago es una convención extintiva: La primera crea obligaciones, la segunda las extingue. b. En la compraventa suele haber un plazo para la entrega de la cosa vendida, mientras que en la dación en pago necesariamente debe efectuarse la entrega al instante para que el deudor quede obligado. c. El acreedor que recibe en pago una cosa diferente a la que se le debía no se obliga a dar por ella un precio, sino que se obliga simplemente a dar por extinguida una deuda hasta la concurrencia del valor de la cosa recibida. 435

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Compraventa y Cesión de Créditos: Entre ambas existe una diferencia fundamental, en cuanto la compraventa es un contrato y la cesión de créditos es la forma de efectuar la tradición de los derechos personales. La cesión de créditos es entonces una convención extintiva. 4. La Compraventa es un Título Traslaticio de Dominio: Es importante precisar que el Art. 1793 CC cuando habla de “dar una cosa”, no es del todo correcta, siendo preferible haber empleado la frase “entregar una cosa”. Esto porque puede ser perfectamente posible que el vendedor no sea dueño de la cosa y por ello no transfiera el dominio de la misma al momento de entregarla. En ese sentido, a la luz del Art. 1824 CC, la obligación que contrae el vendedor es la de entregar la cosa y en ningún caso el hacer propietario al comprador. Lo normal será, sin embargo, que al entregar la cosa se verifique la tradición. En consecuencia, si el vendedor es dueño, la entrega constituirá tradición; si no lo es, la entrega será una tradición aparente, y en derecho solo será entrega. II.

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

1. Conceptos Generales: De acuerdo al Art. 1801, inc. 1 CC: “La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio; salvas las excepciones siguientes”. Es decir, los elementos esenciales de la compraventa son: (i) una cosa, (ii) un precio y (iii) consentimiento. El acuerdo de voluntades sobre la cosa y el precio es suficiente para perfeccionar el contrato; de ahí su carácter consensual que por regla general le confiere la ley. Pero el acuerdo de voluntades sobre cosa y precio debe llevar aparejado el ánimo de cambio de estos objetos entre los contratantes. 2. El Consentimiento de las Partes: Por regla general, basta el mero acuerdo de voluntades; por excepción, es un contrato solemne (Art. 1801 CC). 2.1. Casos de Compraventa Solemne: En ciertos casos la ley exige otorgar escritura pública para perfeccionar la compraventa. Tal solemnidad rige para la venta de (Art. 1801, inc. 2 CC): 1) Bienes raíces. 2) Servidumbres. 3) Censos. 4) Derechos Hereditarios. De faltar dicha solemnidad, el contrato adolecerá de nulidad absoluta (Arts. 1701 y 1682 CC), o incluso será inexistente, para aquellos que postulan la inexistencia como sanción de nuestro Derecho, ya que la solemnidad en este caso viene a ser la manera de expresar el consentimiento en concepto de la ley. Ahora bien, “Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción” (Art. 1801, inc. 3 CC). En ese sentido, los inmuebles por adherencia y por destinación si se venden por separado no están sujetos a la solemnidad, por reputarse muebles. Además de esta solemnidad general hay otras solemnidades que deben observarse en ciertos contratos de compraventa, así, en la venta de bienes raíces de ciertos incapaces es necesaria autorización judicial y en ciertos casos debe hacerse por pública subasta. En estos casos, la omisión de estas formalidades no acarrea la nulidad absoluta sino nulidad relativa. 436

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2.2. Sobre qué recae el Consentimiento: El consentimiento debe recaer sobre: 1) La cosa objeto del contrato: No debe existir error en la identidad, calidad esencial o sustancia de la cosa (Arts. 1453 y 1454 CC). 2) El precio a pagar por la cosa: Debe ser el mismo para vendedor y comprador. 3) La propia venta: No debe haber dudas acerca del contrato, pues de lo contrario, estaríamos también ante un caso de error esencial u obstáculo (Art. 1453 CC). 2.3. El Consentimiento en las Ventas Forzadas: De acuerdo a las reglas generales el consentimiento debe lograrse exento de vicios, libre y espontáneamente. En un caso, sin embargo, la voluntad del vendedor no se logra libre y espontáneamente: en las ventas forzadas por disposición de la justicia (Art. 671 CC). En estos casos se afirma que el deudor otorgó su consentimiento de antemano, al contraer la obligación y someterse al derecho de prenda general sobre sus bienes en favor del acreedor. Sobre el particular, el Art. 495 CPC establece que el Acta de Remate, extendida en el registro del secretario del tribunal que intervenga en el remate, valdrá como escritura pública, para el efecto del Art. 1801 CC. Sin embargo, debe extenderse la pertinente escritura pública, que será suscrita por el rematante y el juez, el segundo como representante legal del vendedor. En dicha escritura debe insertarse el Acta de Remate. En las ventas forzadas, además será necesario que estas se efectúen en pública subasta, previa tasación si se trata de inmuebles y publicación de avisos. 2.4. Caso de las Solemnidades Voluntarias (Art. 1802 CC): “Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso 2.º del artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida”. En ese sentido, la ley no ve inconveniente para que las partes puedan elevar a la categoría de solemne un contrato que por su naturaleza no lo es. En ese caso estamos en presencia de un contrato sujeto a la condición suspensiva de que se otorgue una escritura pública o privada. Con todo, como la solemnidad emana de la voluntad de las partes, esa misma voluntad puede modificar la situación, renunciando expresa o tácitamente al cumplimiento de la solemnidad y celebrando el contrato por el solo consentimiento. Será tácita la renuncia si las partes han dado inicio a la ejecución de las prestaciones derivadas del contrato, prescindiendo de la solemnidad que ellas mismas habían estipulado. Pero la ley también confiere a las partes el derecho a retractarse de la celebración del contrato, mientras no se cumpla la solemnidad pactada. Tal facultad, por cierto, desaparece si comenzó a cumplirse el contrato o si se cumplió la solemnidad convenida. 2.5. Las Arras (Arts. 1803 a 1805 CC): “Cantidad de dinero o cosas muebles que una de las partes entrega a la otra en prenda de la celebración o ejecución del contrato o como parte del precio o en señal de quedar convenidas”. En ese sentido, existen dos tipos de arras: 1) Arras en prenda de la celebración o ejecución del contrato o Arras Penitenciales (Arts. 1803 y 1804 CC): En este caso las arras operan como una garantía. Tienen la virtud de dar a cada una de las partes el derecho a retractarse del contrato que han celebrado, ya que el contrato si hay arras siempre está perfecto, concluido definitivamente.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Tal derecho de retractación podrá ejercerse por el plazo que las partes hubieren pactado y si nada estipularon al efecto, en el término de 2 meses, contados desde la celebración de la convención (Art. 1804 CC). No habrá derecho a retractarse cuando hubiere comenzado la entrega de la cosa o se hubiere otorgado escritura pública de compraventa, cuando así proceda o lo dispongan las partes. Ahora bien, la retractación tiene los siguientes efectos (Art. 1803 CC): a. Si el que se retracta es el que dio las arras: Las pierde. b. Si el que se retracta es el que recibió las arras: Deberá restituirlas dobladas. Algunos autores señalan que al darse las arras como garantía nos encontramos ante un contrato de compraventa celebrado bajo una condición negativa y suspensiva, a saber, que en definitiva las partes no usen el derecho de retractación. 2) Arras como parte del precio o en señal de quedar convenidas las partes (Art. 1805 CC): En este caso las arras se dan para dejar constancia de que las partes han quedado definitivamente convenidas. No hay en este caso derecho a retractarse. Para que estemos en esta hipótesis es necesario que en la escritura pública o privada se haya expresado que las arras se dan como parte del precio o en señal de quedar convenidas las partes. A falta de este requisito se presumirá de derecho que las arras dan a las partes el derecho a retractarse, entendiéndose que se han dado como garantía. Del tenor del Art. 1805 CC solo tienen aplicación cabal cuando la compraventa es consensual y no solemne, ya que naturalmente en este caso no queda perfeccionado el contrato por la sola entrega de las arras, ya que se requiere el otorgamiento de la escritura pública. Las arras también se reglamentan en el Código de Comercio, pero sus normas son inversas a las del Código Civil; es decir, por regla general, en materia comercial las arras se dan como parte del precio y solamente por excepción dan a las partes el derecho de retractarse (Arts. 107 y 108 CCom). 2.6. Los Gastos de la Compraventa (Art. 1806 CC): “Los impuestos fiscales o municipales, las costas de la escritura y de cualesquiera otras solemnidades de la venta, serán de cargo del vendedor; a menos de pactarse otra cosa”. En ese sentido, los gastos de la compraventa son de cargo del vendedor, salvo pacto en contrario. 3. La Cosa Vendida: Es el segundo requisito esencial de la compraventa. No puede faltar la cosa vendida, pues de otra manera faltaría el objeto de la obligación del vendedor y carecería de causa la obligación del comprador. 3.1. Requisitos que debe reunir la Cosa Vendida: 1) Debe ser comerciable y enajenable: El Art. 1810 CC señala que: “Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por ley”. En ese sentido, no pueden venderse las cosas cuya enajenación esté prohibida según el Art. 1464 CC. En este contexto, hay que recordar lo señalado por parte de la doctrina (Tesis Velasco), según la cual, solo serían prohibitivos los numerales 1 y 2 del mismo precepto, pues los numerales 3 y 4 corresponderían a normas imperativas de requisito.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Debe ser singular y determinada o determinable: Si la cosa que se vende fuere indeterminada, no habrá contrato, porque no habrá una cosa sobre la que recaiga la obligación del vendedor. La determinación de la cosa debe ser a lo menos en cuanto a su género. En cuanto a la cantidad, también se aplican las reglas generales relativas al objeto de toda obligación, contenidas en el Art. 1461 CC: la cantidad debe ser determinada o determinable, y en este último caso, a partir de reglas o datos contenidos en el contrato por acuerdo de las partes, y que sirvan para determinarla. La cosa vendida debe ser también singular, ya que el Art. 1811 CC señala que: “Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o de unos y otros, ya se venda el total o una cuota; pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades, que se designen por escritura pública, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos. Las cosas no comprendidas en esta designación se entenderán que no lo son en la venta: toda estipulación contraria es nula”. En ese sentido, la ley no acepta que se venda una universalidad jurídica. Puede si una persona vender todo lo que tiene, pero cumpliendo con los siguientes requisitos: a. Deben especificarse los bienes vendidos. b. La especificación debe hacerse en escritura pública, y c. No pueden comprenderse en la venta objetos ilícitos. El Art. 1812 CC, por su parte, permite vender la cuota en la cosa común, señalando que: “Si la cosa es común de dos o más personas proindiviso, entre las cuales no intervenga contrato de sociedad, cada una de ellas podrá vender su cuota, aun sin el consentimiento de las otras”. Esto tiene una excepción en el Art. 688 CC, cuando se trata de la cuota que recae en un inmueble hereditario, pues en tal hipótesis la ley exige enajenar de consuno. 3) Debe existir o esperarse que exista (Art. 1813 CC): “La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte”. En ese sentido, cabe hacer la siguiente distinción: a. Si la cosa ha dejado de existir al tiempo de celebrar el contrato: No puede nacer este por falta de objeto sobre que recaiga la obligación del vendedor (Art. 1814, inc. 1 CC). Esta hipótesis supone falta total del objeto; pero puede ocurrir que falte una parte de la cosa. En ese caso hay que distinguir (Art. 1814, inc. 2 CC): i. Si falta una parte considerable: Nace un derecho de opción para el comprador, en cuanto puede desistirse o perseverar en el contrato. Ahora bien, el Art. 1814, inc. final CC señala que: “El que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe”. ii. Si falta una parte no considerable: Deberá celebrarse el contrato.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Si las partes celebran el contrato sabiendo que la cosa no existe, pero esperando que llegue a existir: El contrato será válido, pero también hay que distinguir: i. Compraventa Conmutativa Condicional (Art. 1813, primera parte CC): “La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir…”. Es la regla general. ii. Compraventa Aleatoria Pura y Simple (Art. 1813, segunda parte CC): “…salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte”. 4) No debe pertenecerle al comprador (Art. 1816, inc. 1 CC): “La compra de cosa propia no vale: el comprador tendrá derecho a que se le restituya lo que hubiere dado por ella”. Habría en este caso nulidad absoluta, por falta de causa en la obligación del comprador. Cabe precisar que, para configurarse la nulidad, el comprador debe tener un dominio absoluto y pleno sobre la cosa. Por ello, es válida la venta que hace el fideicomisario al fiduciario. 3.2. La Venta de Cosa Ajena (Art. 1815 CC): “La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo”. Esto se debe a que el contrato de compraventa solo impone al vendedor la obligación de entregar la cosa y porque habiendo una cosa sobre la que recaiga el consentimiento de las partes que sea determinada o determinable y licita, el contrato puede formarse válidamente. La obligación del vendedor no es hacer dueño al comprador, sino darle la posesión pacifica de la cosa, aunque esto es objeto de discusión, como veremos más adelante. Hay que distinguir respecto a los efectos de la venta de cosa ajena: 1) Efectos en relación con el dueño de la cosa: La compraventa no puede afectar al dueño de la cosa, porque no ha sido parte en el mismo, es un acto inoponible y el Art. 1818 CC lo reconoce así al decir que: “La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta”. Debemos distinguir dos situaciones: a. La cosa ha sido entregada al comprador: El dueño tiene a salvo su derecho para reivindicar la cosa de manos del comprador mientras este no la adquiera por prescripción. Si el dueño de la cosa la reivindica antes que se extinga su derecho, el comprador está autorizado a llamar o citar al vendedor a fin de que comparezca al juicio y asuma la defensa del comprador; y si el vendedor no puede defender exitosamente al comprador, este tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios que se le originen, restituyendo la cosa al dueño. Si el comprador logra adquirir la cosa por prescripción antes de que accione el primitivo dueño, el ultimo habrá perdido el dominio de la cosa definitivamente. b. La cosa no ha sido entregada al comprador y esta no se encuentra en poder del vendedor: El ultimo se coloca en la imposibilidad de cumplir su obligación, pudiendo el comprador ejercer las acciones que le confieren los Arts. 1489 y 1873 CC (resolución del contrato o cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios en ambos casos). 2) Efectos entre el comprador y el vendedor: a. La compraventa y la tradición subsecuente no hacen dueño al comprador, pues nadie puede transferir más derechos de los que se tienen (Art. 682 CC): No obstante, el comprador si adquiere la calidad de poseedor, pudiendo llegar a ser dueño, en definitiva, 440

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe mediante la prescripción, que será ordinaria o extraordinaria, según este de buena o mala fe. b. Si el vendedor no logra entregar la cosa al comprador, este tiene derecho a exigir la resolución del contrato o su cumplimiento, con indemnización de perjuicios. c. Si el dueño interpone acción reivindicatoria, el comprador tiene derecho a citar al vendedor para que comparezca al saneamiento de la evicción: Deberá defender al comprador en el juicio y eventualmente indemnizarlo, si se le priva total o parcialmente de la cosa. Con todo, carece el comprador del derecho a que se le restituya el precio, si sabía que la cosa comprada era ajena o si expresamente tomó sobre si el peligro de la evicción, especificándolo, o sea, señalándose los eventuales casos de evicción (Art. 1852, inc. 3 CC). 3.3. Ratificación de la Venta por el Dueño (Art. 1818 CC): “La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta”. Al ratificarse la venta por el dueño, este toma sobre si las obligaciones del vendedor y el contrato se entenderá como celebrado entre él y el comprador. Alessandri apunta que habría aquí de parte del primitivo vendedor una especie de estipulación por otro o de promesa de hecho ajeno. Los autores critican la redacción de este artículo, pues de interpretarlo literalmente estarían en contraposición con el sistema del Código. En efecto, se precisa que la ratificación no valida el contrato; este es válido desde el momento en que se celebró, y por tanto el comprador adquiere desde ese momento los derechos de tal, y no desde la ratificación. Lo que si se logra con la ratificación del dueño es que se transfiera el dominio, desde el momento de la tradición. La ratificación puede ser hecha por un mandatario del dueño. 3.4. Adquisición Posterior del Dominio por el Vendedor (Art. 1819 CC): “Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador”. En este caso, si quien vendió llega a ser dueño después de celebrar el contrato de venta, la ley entiende que la tradición hecha en favor del primer comprador surte todos sus efectos, desde la fecha en que ella se efectuó, y no desde la fecha en que el vendedor llegó a ser dueño. 4. El Precio: De acuerdo al Art. 1793 CC es “el dinero que el comprador da por la cosa vendida”. Sus requisitos son: 1) Debe consistir en dinero: Es de la esencia de la compraventa que el precio consista en dinero. Pero no es esencial que se pague en dinero porque puede ser novada o pueden las partes acordar posteriormente que la obligación se cumpla dando en pago un determinado bien (dación en pago). Ahora bien, estas últimas opciones deben darse después de celebrado el contrato, si se pactare desde un comienzo que el precio será satisfecho con otra cosa, estaríamos ante una permuta. Puede ocurrir que el precio consista parte en dinero, parte en otra cosa. En este caso, el Art. 1794 CC señala que, para determinar si hay compraventa o permuta hay que estar al valor de ambas cosas. Si el dinero vale más que la cosa habrá compraventa, y a la inversa, permuta.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Debe ser real y serio: El precio debe ser fijado de tal manera, que se manifieste que realmente el vendedor tiene derecho a exigirlo y el comprador la obligación de pagarlo. Por este motivo, no es precio real el que es simulado; tampoco es real el precio irrisorio y ridículo, aquel que por su falta de proporción con el valor de la cosa vendida, pone de manifiesto que las partes no han tenido el propósito serio de que sea exigido. Pero si bien el precio debe ser real y serio, no es menester que sea justo; precio justo es el que equivale al valor de la cosa, en oposición a previo vil, que no refleja tal equivalencia. Solo excepcionalmente, en la compraventa de inmuebles la ley exige una justicia relativa en el precio, operando la lesión enorme cuando existe una desproporción grave de las prestaciones, es decir, en el precio y en el valor del inmueble. 3) Debe ser determinado o determinable: Respecto de este punto hay que referirse a tres cuestiones: a. Determinación del Precio (Art. 1808, inc. 1 y 2 CC): “El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen”. En ese contexto, el precio es determinado cuando se le conoce con toda precisión, cuando se sabe exactamente a cuánto asciende. El precio es determinable cuando no se indica exactamente su monto, pero se dan las bases para llegar a conocerlo en el propio contrato. Pueden darse tres hipótesis: i. El precio puede ser determinado por las partes (Art. 1808 CC). ii. El precio puede ser determinado por un tercero que las partes designan de común acuerdo (Art. 1809, inc. 1 CC): “Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero; y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquiera otra persona en que se convinieren los contratantes; en caso de no convenirse, no habrá venta”. Si dejan la determinación a un tercero la venta es condicional, sujeta a la condición de que el tercero determine el precio. Si el tercero no lo hiciere, podrá hacerla otra persona designada por las partes; si no se designa, no habrá en definitiva compraventa. Ahora bien, si el tercero fija el precio, se entiende perfecta la compraventa desde su celebración y no desde que se fija el precio. iii. Nunca podrá dejarse la determinación del precio al arbitrio de una de las partes (Art. 1809, inc. 2 CC): “No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes”. En ese contexto, no puede quedar al arbitrio de uno solo de los contratantes, porque es de la esencia de la compraventa que las partes sepan, desde el momento de celebrar el contrato, a qué se obligan. Si se deja la determinación del precio al arbitrio de uno de los contratantes, quiere decir que las partes no se han puesto de acuerdo en el mismo, y por tanto no puede haber compraventa. b. Venta de Cosas Fungibles (Art. 1808, inc. 3 CC): “Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa”. En este caso el precio no se ha determinado en el contrato, pero se ha fijado una base para su determinación. Para que se aplique la norma deben concurrir los siguientes requisitos:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Debe tratarse de venta de cosas fungibles. ii. Dichas cosas deben venderse expresamente al precio de plaza. El Art. 139 CCom establece una excepción a esta regla al establecer que se presumirá, verificada la entrega de la cosa, que las partes aceptan el precio corriente que la cosa tenga en el día y lugar en que se hubiere celebrado el contrato; de haber distintos precios en el mismo día y lugar, el comprador deberá pagar el precio medio. De tal forma, la compraventa será válida, no obstante no haber convenido las partes en el precio, siempre que se entregue la cosa vendida. c. Venta de dos o más cosas por un precio: Se ha planteado si es posible vender dos o más cosas en un mismo precio, sin desglosarlo para cada una de las cosas objeto del contrato. Considerando que el Art. 1808 CC exige que el precio sea determinado por los contratantes o por un tercero, debiéramos concluir que pactar un precio por dos o más cosas infringiría el precepto. Aún más, si se trata de la venta de dos o más inmuebles en un solo precio, no podríamos aplicar las normas de la lesión enorme, lo cual infringiría una norma de orden público. Sin embargo, también es cierto que el Art. 1864 CC admite la posibilidad de vender dos o más cosas ajustando un precio por el conjunto. Dado que los ejemplos que proporciona el precepto solo aluden a cosas muebles, podría estimarse que solo dichas cosas podrían venderse en un mismo precio. 5. La Capacidad para celebrar el Contrato de Compraventa: La regla general es que son capaces para celebrar el contrato de compraventa todas las personas a quienes la ley no declara inhábiles para celebrar este contrato o cualquiera otro contrato en general. En ese sentido, debe cumplirse una doble capacidad: deben ser capaces para celebrar cualquier contrato y capaces para celebrar la compraventa. 5.1. Clases de Incapacidad del Contrato de Compraventa: Pueden ser: 1) Incapacidades Generales: Para celebrar cualquier contrato. 2) Incapacidades Especiales para celebrar la Compraventa: Estas pueden ser: a. Dobles: Cuando se prohíbe a ciertas personas, en determinadas circunstancias, y en términos absolutos, celebrar contratos de compraventa, sea con ciertas personas, sea con cualquier persona, en la medida que se presenten las circunstancias previstas por la ley. Es una incapacidad para comprar y vender. b. Simples: Cuando la prohibición solo se refiere a vender o a comprar determinados bienes de ciertas personas. Es una incapacidad solo para comprar o solo para vender. 5.2. Las Incapacidades Especiales de la Compraventa en concreto: 1) Compraventa entre marido y mujer no divorciados a perpetuidad (Art. 1796 CC): “Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente”. Adolece de nulidad absoluta y es una incapacidad doble, tanto para comprar como para vender. Su fundamento es resguardar los intereses de los acreedores del marido o de la mujer, que podrían verse burlados si el marido o la mujer deudores vendieren sus bienes más importantes a su cónyuge, sustrayéndolos del derecho de prenda general. La ley pareciera presumir que la vente entre cónyuges forzosamente seria simulada. La ley también prohíbe las donaciones irrevocables entre cónyuges. 443

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esta prohibición se refiere a toda clase de compraventas, sea por escritura pública o privada, voluntaria o forzada y de cualesquiera clases de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluso la compraventa de cuota. Ahora bien, nada impide sin embargo que los cónyuges puedan darse bienes en pago de sus obligaciones reciprocas, ya que se permite la dación en pago entre cónyuges. Ninguna influencia en esta materia tiene el régimen de bienes que vincule a los cónyuges. 2) Compraventa entre el padre o la madre y el hijo sujeto a patria potestad (Art. 1796 CC): “Es nulo el contrato de compraventa […] entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad”. Adolece de nulidad absoluta y es una incapacidad doble, tanto para comprar como para vender. Antes de la reforma introducida al Código por la Ley 19.585 se refería solo al “hijo de familia”, vale decir, al hijo legitimo no emancipado. Hoy en día se extiende a cualquier clase de hijo, matrimonial o no, que se encuentre bajo patria potestad. Algunos han sostenido que la prohibición no se extiende al menos que actúa en ejercicio de su peculio profesional o industrial, sin perjuicio de obtener la pertinente autorización judicial, si se trata de bienes raíces. Esto no parece aceptable, pues el Art. 1796 CC es una norma especial. El fundamento de la prohibición reside en el manifiesto conflicto de intereses que se plantearía en una compraventa en la que el padre compra bienes del hijo menor, actuando como su representante. 3) Venta por administradores de establecimientos públicos (Art. 1797 CC): “Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran, y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias; salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente”. Se señala por la doctrina que esta disposición no sería más que una aplicación del principio de Derecho Público según el cual las autoridades no tienen más facultades que aquellas que expresamente les confiere la ley. La venta adolecerá de nulidad absoluta y es una incapacidad simple, solo para vender. 4) Prohibición de comprar ciertos bienes que pesa sobre los empleados públicos (Art. 1798 CC): “Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio”. Para que opere esta prohibición, se requiere que la venta se realice por el funcionario público y que se verifique por su ministerio, es decir, a través suyo, actuando en el ejercicio de sus funciones. Esta prohibición rige para toda clase de ventas, voluntarias o forzadas, en pública subasta o por licitación privada. La compra adolece de nulidad absoluta y es una incapacidad simple, solo para comprar. 5) Prohibición a los jueces, abogados, procuradores y otras personas que se desempeñan en el ámbito judicial (Art. 1798 CC): “[…] se prohíbe comprar […] a los jueces, abogados, procuradores o escribanos los bienes en cuyo litigio han intervenido, y que se vendan a consecuencia del litigio; aunque la venta se haga en pública subasta”. La prohibición rige aun cuando se efectúe la venta por subasta pública y tiene tres requisitos: a. Que quien compre, sea alguna de las personas señaladas en el precepto. b. Que los bienes se vendan producto de un litigio. c. Que las personas que menciona la ley hayan intervenido en el litigio. 444

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El Art. 321 COT también trata la materia, pero de una forma aún más estricta, ya que prohíbe a todo juez a comprar a cualquier titulo para sí, para su cónyuge o para sus hijos las cosas o derechos que se litiguen en los juicios de que él conozca. Se extiende esta prohibición a las cosas o derechos que han dejado de ser litigiosos, mientras no hayan transcurrido 5 años desde el día en que dejaron de serlo; la prohibición no comprende sin embargo las adquisiciones hechas a título de sucesión por causa de muerte, si el adquirente tuviere respecto del difunto la calidad de heredero abintestato. El Art. 1798 CC no impide que los abogados o procuradores adquieran los derechos litigiosos en los juicios en que intervienen. En otras palabras, no prohíbe lo que en doctrina se llama pacto de cuota-litis o iguala, o sea, el contrato en que una de las partes, el cliente, cede una cuota o parte alícuota de sus derechos litigiosos a su abogado o procurador, en pago de la defensa que este se obliga a proporcionarle a fin de obtener que tales derechos sean reconocidos por los tribunales de justicia. La infracción del Art. 1798 CC origina nulidad absoluta y es una incapacidad especial simple, solo para comprar. 6) Compra de los bienes del pupilo, hecha por sus tutores o curadores (Art. 1799 CC): “No es lícito a los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido en el título De la administración de los tutores y curadores”. En ese sentido hay que acudir al Art. 412 CC que distingue entre bienes muebles e inmuebles: a. Bienes muebles: El tutor o curador, su cónyuge o sus parientes o sus socios no pueden comprar los bienes muebles del pupilo sin la autorización de los otros tutores o curadores generales que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio. b. Bienes inmuebles: Se prohíbe absolutamente la compra o arrendamiento de los bienes inmuebles del pupilo por el tutor o curador, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes. Estamos frente a una incapacidad especial simple, solo para comprar y su sanción será diversa según el bien que se adquiere. Si se adquiere un inmueble la sanción es la nulidad absoluta por objeto ilícito. Si se adquiere un mueble la sanción es la nulidad relativa por infringir una norma imperativa de requisito. 7) Compra por el mandatario, sindico o albacea (Art. 1800 CC): “Los mandatarios, los síndicos de los concursos, y los albaceas, están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a lo dispuesto en el artículo 2144”. Hay que distinguir: a. Mandatario: El Art. 2144 CC establece una doble limitación: i. No puede el mandatario comprar las cosas que el mandante le ordenó vender. ii. No puede el mandatario vender de lo suyo al mandante, lo que este le ha ordenado comprar. Las limitaciones rigen, sea que el mandatario actúe personalmente o por interpósita persona. En uno y otro caso el mandante puede autorizar expresamente que el mandatario compre para sí o venda de lo suyo, lo que el primero le ordenó vender y comprar, respectivamente. La norma no es entonces prohibitiva, sino imperativa de requisito, produciendo nulidad relativa.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La Corte de Talca estableció que el mandatario no está inhabilitado para comprar los bienes del mandante que se le encargo vender si dicha adquisición la hace en venta forzada por orden de la justicia. También ha dicho la jurisprudencia que la limitación no se aplica si se confiere poder general amplio con administración de bienes ya que no se trata de un mandato específico para vender o comprar. Esto parece discutible al autor. b. Síndicos de los Concursos: Lo dicho sobre los mandatarios se aplica íntegramente a los síndicos. c. Albaceas: En este caso la situación es distinta, porque si bien el Art. 1800 CC dice que están sujetos a lo dispuesto por el Art. 2144 CC, no es menos cierto que el Art. 1294 CC, en el título de los albaceas, establece que lo dispuesto en los Arts. 394 y 412 CC se extenderá a los albaceas y la última norma habla del caso en que el tutor o curador compra los bienes del pupilo. En ese sentido, se produce una contradicción, ya que el Art. 412 CC le impide al albacea siempre comprar bienes inmuebles, mientras que el Art. 2144 CC se lo permite con el consentimiento de los herederos (mandantes). En este caso la doctrina y la jurisprudencia han dicho que debe prevalecer el Art. 412 CC porque es especial y está contenido especialmente en las normas de albaceas. Ahora bien, está prohibición no le impide al albacea adquirir derechos hereditarios de uno o más de los herederos, ya que estos no forman parte de los bienes respecto de los cuales desempeña su misión. III.

LAS MODALIDADES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

1. Conceptos Generales: El contrato de compraventa puede contener las modalidades generales de todo contrato, o las especiales que se reglamentan en el título de la compraventa. A las modalidades generales se refiere el Art. 1807 CC, mientras que las especiales se establecen en los Arts. 1821, 1822 y 1823 CC y son: 1) Venta al peso, cuenta o medida: Se trata de cosas que se aprecian según su cantidad. Existen dos alternativas: a. Venta en bloque: Se hará de este modo cuando no es menester pesar, contar o medir para determinar la cosa vendida o el precio. b. Venta al peso, cuenta o medida: Se hará de este modo cuando sea necesario pesar, contar o medir para la determinación de la cosa vendida o el precio. En ese sentido hay dos casos: i. Que sea necesario pesar, contar o medir para determinar el precio (Art. 1821, inc. 1 CC): “Si se vende una cosa de las que suelen venderse a peso, cuenta o medida, pero señalada de modo que no pueda confundirse con otra porción de la misma cosa, como todo el trigo contenido en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora pertenecerá al comprador, aunque dicha cosa no se haya pesado, contado ni medido; con tal que se haya ajustado el precio”. Así, por ejemplo, si se vende toda la cosecha de remolacha que se encuentra en una bodega a 300 el kilo, la venta es perfecta y solo hará faltar pesar la remolacha 446

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe vendida para determinar el precio. En ese caso el riesgo de la cosa comprada, es decir, su pérdida, deterioro o mejora pertenece al comprador, aunque todavía no se hayan pesado, contado o medido las cosas vendidas. ii. Que sea necesario pesar, contar o medir para determinar la cosa vendida (Art. 1821, inc. 2 CC): “Si de las cosas que suelen venderse a peso, cuenta o medida, sólo se vende una parte indeterminada, como diez fanegas de trigo de las contenidas en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora no pertenecerá al comprador, sino después de haberse ajustado el precio y de haberse pesado, contado o medido dicha parte”. Por ejemplo, se venden 10 toneladas de trigo, de las contenidas en un silo, a 100.000 la tonelada. Deberá pesarse el trigo entonces, para determinar que parte de todo el trigo contenido en el silo corresponde a 10 toneladas. En esta hipótesis la venta también es válida desde que se celebra el contrato, pero a diferencia del caso anterior, los riesgos de la cosa vendida serán de cargo del comprador solo desde que las cosas hayan sido pesadas, contadas o medidas. El Art. 1822 CC reafirman que la operación de pesar, contar o medir no afecta la validez del contrato, sino solo al problema de los riesgos, al señalar que: “Si avenidos vendedor y comprador en el precio, señalaren día para el peso, cuenta o medida, y el uno o el otro no compareciere en él, será éste obligado a resarcir al otro los perjuicios que de su negligencia resultaren; y el vendedor o comprador que no faltó a la cita podrá, si le conviniere, desistir del contrato”. 2) Venta a prueba o al gusto (Art. 1823 CC): “Si se estipula que se vende a prueba, se entiende no haber contrato mientras el comprador no declara que le agrada la cosa de que se trata, y la pérdida, deterioro o mejora pertenece entre tanto al vendedor. Sin necesidad de estipulación expresa se entiende hacerse a prueba la venta de todas las cosas que se acostumbra vender de ese modo”. Las principales consecuencias son: a. Debe estipularse expresamente que se vende a prueba, salvo que se trate de cosas que se acostumbra a vender de este modo. b. La venta no se reputa perfecta mientras el comprador no declare que le agrada la cosa de que se trata: La venta da un derecho potestativo al comprador. Este no puede ser compelido a perseverar en un contrato no perfecto, salvo que clara y terminantemente las partes hayan convenido en otro efecto natural e inmediato de la venta a prueba. c. Mientras el comprador no declare lo antes indicado, el riesgo de la pérdida o el beneficio derivado de la mejora de la cosa pertenece al comprador. El Art. 1996 CC también establece una hipótesis de compraventa al gusto, cuando en un contrato celebrado para la confección de una obra material, es el propio artífice quien suministra la materia. 3) Venta al Ensayo: Aquella en que el comprador se reserva expresamente la facultad de probar la cosa o ensayarla para verificar si reúne las condiciones requeridas. 4) Venta hecha sobre Muestras: Cuando la cosa comprada se determina con arreglo a una muestra o modelo que el comprador suministra al vendedor, a fin de que aquella reúna las cualidades de dicha muestra o modelo. IV.

EFECTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. 447

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe A. Sección Primera: “GENERALIDADES” 1. Conceptos Generales: Los efectos del contrato de compraventa son los derechos y obligaciones que engendra para las partes, y como es un contrato bilateral, desde el momento mismo de su celebración origina obligaciones a cargo de ambas partes. Para el vendedor, las obligaciones de entregar y sanear la cosa; para el comprador, las obligaciones de pagar el precio y la de recibir la cosa que le entrega el vendedor. De acuerdo al Art. 1793 CC solo son de la esencia del contrato de compraventa la obligación del vendedor de entregar la cosa y la obligación del comprador de pagar el precio. Las demás son de la naturaleza del contrato. Además, las partes pueden pactar obligaciones accidentales. B. Sección Segunda: “OBLIGACIONES DEL VENDEDOR” 1. Conceptos Generales: El Art. 1824 CC señala que: “Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida”. Esta última se descompone a su vez en dos: (i) el saneamiento de la evicción y (ii) el saneamiento de los vicios redhibitorios. 2. Obligación de Entregar la Cosa Vendida: 2.1. Riesgo de la Cosa Vendida: Por regla general el riesgo es de cargo del comprador (Art. 1820 CC), si esta se pierde o deteriora a consecuencia de un caso fortuito. En virtud de la obligación de entrega, el vendedor no solo debe poner la cosa a disposición del comprador, sino que, si se trata de una especie o cuerpo cierto, debe además conservarla hasta la entrega y emplear en su custodia el debido cuidado. Ahora bien, como la compraventa es un contrato que reporta beneficios a las dos partes, el vendedor responde hasta de la culpa leve. Respecto a este punto, sin embargo, existen ciertas normas particulares: 1) Excepciones a la Regla General: Riesgo de Cargo del Vendedor: a. Cuando las partes expresamente han pactado que será de cargo del vendedor la pérdida o deterioro que sobrevenga aun por caso fortuito. b. Cuando la venta es condicional (Art. 1820 CC): En este caso la compraventa no puede formarse por falta de objeto y por lo tanto el comprador no está obligado a pagar el precio. c. En la venta al peso, cuenta o medida en que las operaciones de pesar, contar o medir tienen por objeto determinar la cosa vendida, la pérdida, deterioro o mejoras pertenecen al comprador solamente desde el momento en que se realizan tales operaciones. d. En la venta al gusto, los riesgos son del comprador desde que manifiesta que la cosa le agrada. Antes son de cargo del vendedor. 2) Derecho del Comprador a los Frutos: El Art. 1816, inc. 2 CC señala que hay que distinguir: a. Frutos Naturales: Pertenecen al comprador tanto los frutos pendientes al momento de celebrar el contrato, como los que produzca la cosa vendida, después de celebrado. b. Frutos Civiles: Hay que distinguir: i. Frutos pendientes al momento de celebrar el contrato: Pertenecen al vendedor.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. Frutos producidos por la cosa vendida después de celebrado el contrato: Pertenecen al comprador. Con todo, en los siguientes casos los frutos no pertenecerán al comprador: a. Cuando se estipuló entregar la cosa al cabo de cierto tiempo o plazo. b. Cuando se estipuló entregar la cosa en el evento de cierta condición. c. Cuando las partes han acordado modificar las reglas generales, expresándolo así en el contrato. En estos casos no pertenecerán los frutos al comprador, sino vencido el plazo o cumplida la condición. 3) Venta de Cosas Genéricas: Si la venta es de género, se siguen las reglas generales, según las cuales la pérdida del género es para el deudor, en nuestro caso, para el vendedor. Obligado a la entrega, subsistirá su obligación, porque el género no perece. 2.2. Alcance de la Obligación de Entrega del Vendedor: En este aspecto, se ha discutido en doctrina cuál es la obligación que tiene el vendedor: 1) Entregar y procurar al comprador la posesión tranquila y pacífica de la cosa (Posición Tradicional): Se fundamenta en: a. En nuestra legislación la venta de cosa ajena vale (Art. 1815 CC). b. Del Art. 1824 CC, que supone que las obligaciones del vendedor son la “entrega o tradición”, deducen que en realidad la obligación del vendedor es efectuar la entrega, es decir, colocar al comprador en posesión de la cosa vendida. c. La acción resolutoria carece de toda utilidad, puesto que mientras no sea demandado por el verdadero dueño puede continuar gozando de la cosa; y si es demandado, puede hacer efectiva la obligación de evicción de su vendedor, para que concurra a defenderlo al juicio, y si se produce la evicción, le indemnice. d. En esta materia Andrés Bello siguió al derecho romano bonitario. 2) Transferir el dominio de la cosa (Posición Moderna): Se fundamenta en: a. La finalidad social y económica de la compraventa es la de transferir el dominio. b. Es perfectamente posible conciliar que la obligación del vendedor sea transferir el dominio de la cosa con la validez de la venta de cosa ajena: Una cosa es que la venta de la cosa ajena sea válida y otra muy distinta es que el que venda una cosa ajena cumpla con sus obligaciones. c. El Art. 1793 CC señala expresamente que la obligación del vendedor es la de dar la cosa vendida, y dar implica transferir el dominio o constituir un derecho real. d. El Art. 1837 CC señala que la obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacifica de la cosa vendida: El articulo emplea la conjunción copulativa “y” lo que implica que el vendedor debe amparar al comprador en el dominio, y si no lo es lo amparará en la posesión. 449

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe e. La tesis anterior no logra precisar cuál es la obligación del vendedor porque la posesión es un hecho, que no se transmite ni se transfiere, de modo que si el comprador la tiene es porque concurren en él los elementos de corpus y animus. f.

La admisión de esta tesis es de evidente interés práctico: Permite al comprador ejercer la acción resolutoria con indemnización de perjuicios, dando de este modo mayor seguridad a la transferencia del dominio en nuestro sistema.

2.3. Forma en que debe hacerse la Entrega de la Cosa Vendida: Según el Art. 1824, inc. 2 CC, la entrega de la cosa vendida deberá hacerse en conformidad a las reglas de la tradición. En ese sentido, hay que distinguir: 1) Si se trata de la entrega de bienes muebles: Se siguen las normas del Art. 684 CC sobre la entrega real o ficta de la cosa. 2) Si se trata de la entrega de bienes inmuebles: Se efectuará mediante la inscripción del título en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente. Esta regla tiene excepciones: a. Si se trata de una servidumbre, la tradición se verifica mediante la escritura pública en la que el tradente exprese constituirla y el adquirente aceptarla (Art. 698 CC). b. Si se trata de pertenencias mineras, la tradición se verifica por la inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Minas. Ahora bien, se ha discutido en la doctrina si el vendedor cumple su obligación de entregar un inmueble haciendo la tradición o entrega legal de la cosa, o si es necesario, además, que se haga entrega material del mismo. La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria concluyen que es necesario que se efectúe la entrega legal y la material, atendiendo a diversas razones: a. La obligación de cumplir los contratos de buena (Art. 1546 CC): Dentro de la buena fe con que debe cumplirse el contrato de compraventa, se comprende que lo que el comprador desea es la posesión material de la cosa. b. El vendedor se obliga a entregar la cosa, y entregar, en su sentido natural y obvio significa poner la cosa vendida a disposición del comprador, lo que no puede hacerse de otra manera que por la entrega material de la cosa. c. El vendedor debe amparar al comprador en la posesión de la cosa: Es decir, en el hecho de encontrarse gozando de la cosa vendida como señor y dueño, y para que pueda ampararlo, es menester que previamente lo haya puesto en posesión de la cosa. d. El Código Civil habla expresamente de la entrega real de la cosa al tratar de los plazos en que prescribe la acción de saneamiento por vicios redhibitorios (Art. 1866 CC): Ya que el plazo se cuenta desde la entrega real de la cosa. 2.4. Momento de la Entrega: El Art. 1826, inc. 1 CC señala que: “El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él”. Si el vendedor no entrega la cosa vendida en el tiempo convenido o de no haber estipulación inmediatamente de celebrado el contrato el contrato, el comprador puede pedir la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios (Art. 1826, inc. 2 CC). Pero para que el comprador pueda ejercer este derecho alternativo, se ha

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe indicado que es necesario que haya pagado el precio o que esté llano a pagarlo o que haya estipulado pagar a plazo (Art. 1826, inc. 3 CC). El Art. 1826, inc. 4 CC establece sin embargo un derecho legal de retención, si después de celebrado el contrato hubiere disminuido la fortuna del comprador, en forma que el vendedor se halle expuesto a perder el precio, caso en el cual no estará el vendedor obligado a entregar la cosa, aunque se hubiere estipulado pagar el precio a plazo, sino cuando el comprador efectivamente se lo pague o asegure su pago suficientemente. Esto no aplica si el temor se debe a una posible lesión enorme, en ese caso deberá acudirse a ella solo una vez que haya cumplido su obligación. 2.4.1. La venta de una misma cosa a dos o más personas: La determinación del momento de la entrega tiene importancia si se ha vendido la cosa a dos o más personas, ya que el Art. 1817 CC distingue tres casos: 1) Si se ha vendido la cosa a dos o más personas, pero se ha entregado solamente a una: Será esta preferida. 2) Si se ha entregado a dos o más personas: Aquel a quien se ha entregado primero, tendrá derecho a quedarse con la cosa. 3) Si no se ha entregado a ninguno: Podrá reclamarla el primero que la compró. 2.5. Lugar de la Entrega: A falta de estipulación expresa, se seguirán las reglas generales del pago: 1) Si la cosa es especie o cuerpo cierto: Se entregará en el lugar en que exista al tiempo de la compraventa. 2) Si la venta es de género: Se entregará la cosa vendida en el domicilio del deudor al tiempo del contrato. 2.6. Gastos de la Entrega (Art. 1825 CC): “Al vendedor tocan naturalmente los costos que se hicieren para poner la cosa en disposición de entregarla, y al comprador los que se hicieren para transportarla después de entregada”. 2.7. Qué comprende la Entrega (Art. 1828 CC): “El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato”. Es decir, la cosa misma que es objeto de la compraventa, y si se trata de un inmueble, agrega el Art. 1830 CC que: “En la venta de una finca se comprenden naturalmente todos los accesorios, que según los artículos 570 y siguientes se reputan inmuebles”. La Corte Suprema previene que el Art. 1828 CC no confiere acción para exigir del vendedor la devolución de parte del precio como equivalente de una parte no entregada de la cosa vendida. 2.8. Frutos de la Cosa Vendida: Tal como se indicó precedentemente, del Art. 1816 CC se desprende que: 1) Pertenecen al comprador los frutos naturales pendientes al tiempo del contrato: Así, el Art. 1829 CC señala que: “La venta de una vaca, yegua u otra hembra comprende naturalmente la del hijo que lleva en el vientre o que amamanta; pero no la del que puede pacer y alimentarse por sí solo”. 2) Pertenecen al comprador los frutos naturales o civiles que la cosa vendida produzca después de celebrado el contrato. Con todo, en los siguientes casos los frutos no pertenecerán al comprador: 451

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Cuando se estipuló entregar la cosa al cabo de cierto tiempo o plazo. 2) Cuando se estipuló entregar la cosa en el evento de cierta condición. 3) Cuando las partes han acordado modificar las reglas generales, expresándolo así en el contrato. 2.9. La Entrega de los Predios Rústicos: La regla de que el vendedor debe entregar lo que reza el contrato recibe especial aplicación en la venta de bienes raíces, y por ello se regulan especialmente en los Arts. 1831 a 1836 CC los efectos que se producen cuando el vendedor no entrega al comprador la extensión de terreno señalada en el contrato. Dichas disposiciones se aplican a los predios rústicos y no a los urbanos. Ahora bien, respecto a qué se entiende por predio rústico se debe atender a su destino y no a su ubicación. Así, es predio rústico “el que se destina permanentemente a la producción de frutos naturales, o sea, el destinado al cultivo y aprovechamiento agrícola”; y es predio urbano “el destinado a casa-habitación, almacenes, oficinas u otros objetos análogos”. Respecto a la venta de predios rústicos, el Art. 1831 CC señala que: “Un predio rústico puede venderse con relación a su cabida o como una especie o cuerpo cierto”. La regla general es que se estimen vendidos como especie o cuerpo cierto y no en relación a su cabida, porque el mismo artículo en su inciso final señala que “En todos los demás casos se entenderá venderse el predio o predios como un cuerpo cierto”. La determinación en relación a esta materia será hecha por el juez, en atención a las circunstancias del contrato. 1) La venta en relación a la cabida: El Art. 1831, inc. 2 CC señala que: “Se vende con relación a su cabida, siempre que ésta se expresa de cualquier modo en el contrato, salvo que las partes declaren que no entienden hacer diferencia en el precio, aunque la cabida real resulte mayor o menor que la cabida que reza el contrato”. De ello se desprende que la venta se hace en relación a la cabida cuando concurran los siguientes requisitos: a. Que la cabida se exprese en el contrato. b. Que el precio se fije en relación a ella, y c. Que las parten no renuncien a las acciones previstas en el evento que la cabida real sea menor o mayor a lo indicado en el contrato. Ahora bien, de acuerdo al Art. 1832 CC, pueden presentarse dos situaciones cuando el vendedor no entrega el predio con la extensión y superficie que el contrato indica: a. La cabida real sea mayor que la cabida declarada en el contrato: Hay que distinguir: a. Si el precio que corresponde a la cabida sobrante no excede a la décima parte del precio de la cabida real: En este caso el único efecto es que el comprador está obligado a aumentar proporcionalmente el precio para pagar el exceso. Ejemplo: Se vende un predio de 100 hectáreas con relación a su cabida, fijándose la suma de 100.000 por hectárea y el vendedor entrega 102 hectáreas. El comprador deberá completar el precio, porque el precio de la cabida que sobra (200.000), no excede a la décima parte del precio que corresponde a la cabida real (10.200.000). b. Si el precio que corresponde a la cabida sobrante excede en más de una décima parte el precio de la cabida real: En este caso, podrá el comprador aumentar

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe proporcionalmente el precio o desistirse del contrato, a su arbitrio; y si opta por la última alternativa tendrá derecho a indemnización de perjuicios. Ejemplo: Se vende un predio de 100 hectáreas con relación a su cabida, fijándose la suma de 100.000 por hectárea y el vendedor entrega 120 hectáreas. El comprador podrá completar el precio o desistirse del contrato, porque el precio de la cabida que sobra (2.000.000), excede a la décima parte del precio que corresponde a la cabida real (12.000.000). b. La cabida real sea menor que la cabida declarada en el contrato: Hay que distinguir: a. Si el precio de la cabida que falta no alcanza a la décima parte del precio de la cabida completa: En este caso el vendedor está obligado a completar la cabida y si esto no fuera posible, o si el comprador no lo exigiere, se rebajará proporcionalmente el precio a fin de que el comprador pague lo que efectivamente ha recibido. Ejemplo: Se vende un predio de 100 hectáreas con relación a su cabida, fijándose la suma de 100.000 por hectárea y el vendedor entrega 98 hectáreas. El vendedor deberá completar la cabida o rebajar el precio, porque el precio de la cabida que falta (200.000), no excede a la décima parte del precio que corresponde a la cabida real (9.800.000). b. Si el precio de la cabida que falta alcanza a más de la décima parte del precio de la cabida completa: Podrá el comprador aceptar la disminución del precio o desistirse del contrato y pedir la correspondiente indemnización de perjuicios. Ejemplo: Se vende un predio de 100 hectáreas con relación a su cabida, fijándose la suma de 100.000 por hectárea y el vendedor entrega 80 hectáreas. El comprador podrá aceptar la disminución del precio o desistirse del contrato, porque el precio de la cabida que falta (2.000.000), excede a la décima parte del precio que corresponde a la cabida real (8.000.000). 2) La venta como especie o cuerpo cierto (Art. 1833 CC): Se entenderá venta como cuerpo cierto cuando: a. La cabida no se expresa en el contrato, o b. Si las partes mencionan la cabida como un antecedente más, puramente ilustrativo, y entre otros que consideran. Ahora bien, la situación que se produce es distinta según la venta se haga o no con señalamiento de linderos: a. Si no se han señalado linderos (Art. 1833, inc. 1 CC): “Si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio”. b. Si se han señalado los linderos (Art. 1833, inc. 2 CC): El vendedor estará obligado a entregar todo el terreno comprendido dentro de ellos, y en caso de que no lo haga se aplicará el Art. 1832, inc. 2 CC, es decir, si la parte que falta es inferior a la décima parte de la

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe cabida declarada, se rebajará el precio; y si se excede a esa décima parte, podrá rebajarse el precio o desistirse del contrato el comprador. Ahora bien, estas alternativos son teóricas, porque en la práctica, siempre deben señalarse los linderos, y de lo contrario, el predio no será inscrito por el Conservador de Bienes Raíces. 2.9.1. Prescripción de las Acciones: Dispone el Art. 1834 CC que: “Las acciones dadas en los dos artículos precedentes expiran al cabo de un año contado desde la entrega”. La jurisprudencia ha puntualizado que la acción es inaplicable en caso de adjudicación de un predio en el marco de la partición de una herencia. Tampoco cabe oponer la excepción de prescripción de este articulo cuando el demandante interpone una acción reivindicatoria. Este articulo ha sido uno de los preceptos en que se basa la doctrina y la jurisprudencia para concluir que la entrega del predio ha de ser real y no solamente legal, considerando que solo la ocupación material habilita para apreciar lo que efectivamente se entrega. Cuatro son las acciones que prescriben en el plazo señalado: 1) La del vendedor para exigir un aumento del precio cuando la cabida real es mayor que la declarada, salvo que sea de tal magnitud que el comprador pueda desistirse del contrato. 2) La del comprador para pedir la rebaja del precio cuando la cabida declarada es menor que la cabida real, salvo que lo que falte sea de tal magnitud que el comprador prefiera desistirse del contrato. 3) La del comprador para exigir la entrega de la cabida que falta cuando la cabida real es menor que la cabida declarada, salvo que lo que falte sea de tal magnitud que el comprador prefiera desistirse del contrato. 4) La del comprador para desistirse del contrato en los casos indicados. El Art. 1835 CC señala que “Las reglas dadas en los dos artículos referidos se aplican a cualquier todo o conjunto de efectos o mercaderías”, como si se vende un rebaño de animales en relación a su número y fijando el precio por cabeza. El Art. 1836 CC establece que: “Además de las acciones dadas en dichos artículos compete a los contratantes la de lesión enorme en su caso”, por lo cual ambas acciones no se oponen entre sí. 3. Obligación de Saneamiento: Se desprende del Art. 1824 CC que la segunda obligación que la compraventa impone al vendedor es el saneamiento de la cosa vendida. Esta se fundamenta en que el vendedor debe entregar la cosa en condiciones tales que el comprador pueda gozar de ella tranquila y pacíficamente, a fin de que pueda obtener la utilidad que se propuso al celebrar el contrato. La ley en este caso le da una acción al comprador para obligar al vendedor a que le proporcione el goce tranquilo y pacífico de la cosa vendida o si esto no fuere posible, para que le indemnice los perjuicios. Estamos ante la acción de saneamiento, la cual comprende dos objetos (Art. 1837 CC): 1) Amparar al comprador en el goce y posesión pacifica de la cosa vendida. 2) Reparar los defectos o vicios ocultos de que adolezca la cosa vendida, denominados redhibitorios.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La obligación de saneamiento no se hace exigible inmediatamente de celebrado el contrato de compraventa, sino que es exigible cuando se produce un hecho que la haga necesaria. Mientras no se produzcan esos hechos la obligación de sanear se mantiene en estado latente. Por ello se dice que la acción de saneamiento es una acción defensiva y los hechos que autorizan su ejercicio son los derechos que pretenden terceros sobre la cosa por causas anteriores al contrato y los vicios o defectos ocultos de la cosa. 3.1. Características de la Obligación de Saneamiento: Tiene dos características fundamentales: 1) Es una obligación de la naturaleza del contrato de compraventa: Se entiende incorporada en ella sin necesidad de cláusula especial, pero las partes pueden excluirla o limitar su alcance, mediante estipulación expresa. 2) La obligación de saneamiento tiene un carácter eventual: Cuando el comprador es turbado en su posesión por actos de un tercero que pretende derechos sobre la cosa se produce la evicción. Cuando se trata de defectos ocultos de la cosa, que imposibilitan al comprador para sacar provecho de ella, hay vicios redhibitorios. La evicción o los vicios redhibitorios son la causa que autoriza al comprador para exigir al vender el saneamiento. 3.2. Saneamiento de la Evicción: Del tenor de los dispuesto en los Arts. 1838 y 1839 CC, puede definirse la evicción como “la privación del todo o parte de la cosa comprada que sufre el comprador a consecuencia de una sentencia judicial, por causa anterior a la venta”. En ese sentido, la evicción es un hecho que produce consecuencias jurídicas: da al comprador el derecho a reclamar el saneamiento e impone al vendedor la obligación de sanear. 3.2.1. Requisitos de la Evicción: Tres requisitos deben concurrir: 1) Que el comprador sea privado del todo o parte de la cosa comprada, a consecuencia de un derecho que reclame un tercero: La privación puede ser total o parcial; es total, en el caso de que el tercero sea dueño de toda la cosa o acreedor hipotecario del bien raíz; será parcial, cuando el tercero sea comunero de la cosa, o cuando se le reconozca tener sobre ella un derecho real limitado. Ahora bien, tal como Pothier señala procede no solo cuando pura y simplemente se condena a entregar la cosa, sino también cuando se condena a entregar una cosa, pagar u obligarse a hacer una cosa. 2) Que la evicción se produzca por sentencia judicial, que desposea total o parcialmente al comprador de la cosa: Atendido a este requisito, cabe destacar: a. Que no hacen exigible la obligación de sanear los reclamos extrajudiciales de terceros: En tales casos, el comprador no puede invocar la obligación en contra del vendedor, sin perjuicio del derecho que le confiere el Art. 1872, inc. 2 CC a abstenerse de pagar el precio al vendedor, depositándolo con autorización de la justicia. b. Tampoco hace exigible la obligación de sanear la entrega o abandono voluntario que haga el comprador a un tercero de la cosa comprada, por legítimos que parezcan ser los derechos de tal tercero. c. Tampoco hace exigible la obligación de sanear las turbaciones de hecho que sufre el comprador, las que debe repeler por sí mismo (Art. 1930 CC): El vendedor solo está obligado a responder por las turbaciones de derecho, cuando terceros interponen acciones judiciales en contra del comprador.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En una hipótesis, sin embargo, puede darse el caso de que se produzca la evicción sin mediar una sentencia judicial. El Art. 1856, inc. 2 CC dice que: “Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción; o si ésta no hubiere llegado a pronunciarse, desde la restitución de la cosa”. Es el caso en que el vendedor, citado al juicio, se allana a las pretensiones del tercero. En todo caso, se requiere siempre un proceso. 3) Que la privación que sufra el comprador tenga una causa anterior a la venta (Art. 1839 CC): Porque de otra manera el despojo o la privación que sufre el comprador no puede ser imputable a culpa o hecho del vendedor. 3.2.2. Deberes del Vendedor en caso de Evicción: El Art. 1840 CC alude a dos obligaciones específicas: 1) Una obligación de hacer consistente en amparar o defender al comprador en el juicio que el tercero ha iniciado, haciendo cesar toda turbación o embarazo: Este es el objeto principal de la obligación de sanear. Esta primera obligación es indivisible y puede intentarse, si los vendedores fueren dos o más, contra cualquiera de ellos, o contra cualquiera de los herederos del vendedor, si este falleciere. 2) Terminada la primera etapa y resuelto el litigio en forma desfavorable para el comprador, la obligación de hacer se transforma en una obligación de dar, la que se traduce en una obligación de pago de la evicción, en indemnizar al comprador los perjuicios que ha experimentado por la pérdida de la cosa: Esta obligación es divisible y por ende cada uno de los herederos del vendedor responde solamente de su cuota, o si son varios los vendedores, cada uno responde a prorrata en el dominio que tenía sobre la cosa vendida. 3.2.3. Citación de Evicción: El Art. 1843, inc. 1 CC señala que: “El comprador a quien se demanda la cosa vendida, por causa anterior a la venta, deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderla”. En ese sentido, la citación de evicción es “el llamamiento que en forma legal hace el comprador a su vendedor, para que comparezca a defenderlo al juicio”. La citación de evicción es una acción eminentemente civil y relacionada de modo preciso con una demanda civil de cualquier naturaleza que sea, pero siempre civil. El comprador perturbado en su dominio por una resolución dictada en un proceso criminal, en el que no es ni puede ser parte, no tiene posibilidad de valerse de la citación de evicción. La importancia de la citación de evicción es que, si el comprador la omitiere, el vendedor no será obligado al saneamiento. Respecto a la citación de evicción, es importante referir a: 1) Forma y oportunidad de la citación: El Código Civil remite al Código de Procedimiento Civil, el cual en los Arts. 584 a 586 CPC señala las siguientes reglas: a. Debe solicitarla el comprador, acompañando los antecedentes que hagan aceptable su solicitud. b. La citación debe hacerse antes de la contestación de la demanda. c. Ordenada la citación, el juicio se suspende por 10 días, o por un término mayor, de acuerdo a la tabla de emplazamiento.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. Vencido el plazo anterior, si el demandado (comprador) no ha practicado la citación, el demandante podrá solicitar que se declare caducado el derecho para efectuarla, o que se le autorice para efectuarla, a costa del demandado. e. Efectuada la citación, el vendedor tiene el término de emplazamiento que corresponda, para comparecer al juicio, suspendiéndose mientras tanto el proceso. 2) A quién puede citarse de evicción: El Art. 1841 CC señala que: “Aquel a quien se demanda una cosa comprada podrá intentar contra el tercero de quien su vendedor la hubiere adquirido, la acción de saneamiento que contra dicho tercero competería al vendedor, si éste hubiese permanecido en posesión de la cosa”. En virtud de esto, se ha preguntado la doctrina si el comprador puede citar de evicción a cualquiera de los antecesores de su vendedor o solamente al antecesor inmediato del último. Si bien inicialmente la Corte Suprema siguió un concepto limitativo, Somarriva entiende que el comprador de una cosa adquiere todos los derechos que tenían sus antecesores, y entre estos derechos esta la acción de saneamiento de cada comprador contra su vendedor; luego, el ultimo comprador reúne estas acciones y puede ejercitarlas contra cualquiera de sus antecesores. Esta es la tesis que se sigue actualmente en la doctrina y la jurisprudencia. 3) Efectos de la Citación de Evicción: Hay que distinguir: a. Durante el juicio: El vendedor puede adoptar dos actitudes: i. No comparecer a defender al comprador (Art. 1843, inc. final, segunda parte CC): “[…] y si el vendedor citado no compareciere a defender la cosa vendida, será responsable de la evicción; a menos que el comprador haya dejado de oponer alguna defensa o excepción suya, y por ello fuere evicta la cosa”. ii. Comparecer a defender al comprador (Art. 1844 CC): “Si el vendedor comparece, se seguirá contra él solo la demanda; pero el comprador podrá siempre intervenir en el juicio para la conservación de sus derechos”. Cabe señalar que el comprador no solo podrá, sino que deberá intervenir en el juicio si cuenta con excepciones que solo él puede oponer, puesto que, si no lo hace, el vendedor quedará exento de responsabilidad. Al comparecer el vendedor, este puede asumir dos actitudes (Art. 1845 CC): 1. Allanarse al saneamiento: En este caso el comprador puede adoptar dos actitudes: a. Concordar con el vendedor y dar por terminado el juicio, restituyendo la cosa al tercero demandante y siendo debidamente indemnizado por el vendedor. b. No conformarse con la actitud del vendedor y optar por seguir el juicio por su propia cuenta: En este caso, si es vencido, no tendrá derecho para exigir del vendedor el reembolso de las costas en que hubiere incurrido defendiéndose, ni el de los frutos percibidos durante dicha defensa y satisfechos al dueño. 2. No allanarse al saneamiento. 457

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Una vez dictada la sentencia: Esta puede: i. Resolver en favor del comprador (Art. 1855 CC): “Si la sentencia negare la evicción, el vendedor no será obligado a la indemnización de los perjuicios que la demanda hubiere causado al comprador, sino en cuanto la demanda fuere imputable a hecho o culpa del vendedor”. ii. Resolver en favor del tercero que demanda la cosa: En este caso la primitiva obligación del vendedor (de hacer), se transforma en una obligación de dar (Art. 1840 CC) que consiste en indemnizar los perjuicios al comprador, los cuales serán distintos según si la evicción es total o parcial, como veremos más adelante. 3.2.4. Indemnización en caso de Evicción Total (Art. 1847 CC): “El saneamiento de evicción, a que es obligado el vendedor, comprende: 1) La restitución del precio, aunque la cosa al tiempo de la evicción valga menos: Esto, salvo que la disminución del valor de la cosa se deba a deterioros causados por el comprador y de los cuales haya reportado beneficios, deterioros cuyo valor será descontado en la restitución del precio, de acuerdo al principio de que nadie puede enriquecerse a costa ajena (Art. 1848 CC). 2) La de las costas legales del contrato de venta que hubieren sido satisfechas por el comprador. 3) La del valor de los frutos, que el comprador hubiere sido obligado a restituir al dueño; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1845: Vale decir, cuando el vendedor se allanó a la demanda y el comprador optó por seguir el juicio. Cabe indicar que la obligación del comprador frente al tercero demandante en orden a restituirle los frutos se rige por las normas generales de las prestaciones mutuas. 4) La de las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia y por efecto de la demanda; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1845: Se trata tanto de las costas procesales como personales. 5) El aumento de valor que la cosa evicta haya tomado en poder del comprador, aun por causas naturales o por el mero transcurso del tiempo: Pero la ley establece limitaciones. a. Mejoras: En cuanto al aumento de valor que haya experimentado la cosa por mejoras, el vendedor tiene mayor o menor responsabilidad según hubiere estado de mala o buena fe (Art. 1849 CC): i. Si estaba de buena fe: El vendedor debe reembolsar al comprador el valor de las mejoras necesarias y útiles, siempre que ellas no hubieren sido pagadas por el demandante. ii. Si estaba de mala fe: El vendedor debe abonar al comprador incluso las mejoras voluptuarias. b. Aumentos de valor por causas naturales o por el transcurso del tiempo: También hay que distinguir según si el vendedor estaba de buena o mala fe (Art. 1850 CC): i. Si estaba de buena fe: Abonará hasta la cuarta parte que excediere el precio de venta. ii. Si estaba de mala fe: Abonará todo el aumento de valor, cualquiera sea su causa. 458

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Cabe consignar que, en las ventas forzadas, esto es, las que se hacen por intermedio de la justicia y a petición del acreedor y en las que el juez es el representante legal del tradente, la indemnización de la evicción se limita a la restitución del precio que haya producido la venta (Art. 1851 CC). 3.2.5. Indemnizaciones en caso de Evicción Parcial: Hay que distinguir según si: 1) Es de tal magnitud que, de haber sido conocida por el comprador, este no habría celebrado el contrato: En este caso el comprador tiene un derecho alternativo: a. Pedir la rescisión (resolución) del contrato (Art. 1852, inc. final CC): Si se opta por esta primera alternativa, recaerá en el comprador la carga de probar que la parte evicta era esencial para contratar. El Art. 1853 CC señala que en este caso: i. El comprador debe restituir al vendedor la parte no evita. ii. El comprador será considerado como poseedor de buena fe, a menos de prueba en contrario. iii. El vendedor debe restituir el precio, el valor de los frutos que el comprador hubiere sido obliga a restituir con la parte evicta y deberá indemnizar todo otro perjuicio que de la evicción resultare al comprador. b. Pedir el saneamiento parcial con arreglo al Art. 1847 CC. 2) No es de tanta magnitud, de manera que sin la parte evicta el comprador igual hubiere contratado (Art. 1854 CC): Solo habrá derecho a pedir el saneamiento de esa evicción parcial en la forma señalada en el Art. 1847 CC. En este caso, no tiene el comprador derecho a pedir la resolución del contrato, pero si a ser indemnizado. 3.2.6. A quienes corresponde y quienes pueden pedir el Saneamiento por Evicción: La obligación de sanear la evicción pesa en primer término sobre el vendedor (y sus precedentes) y en segundo término sobre sus herederos y sus cesionarios. A su vez, el derecho de exigir el saneamiento de la evicción corresponde al comprador y a las personas a quienes este transmite o transfiere sus derechos. 3.2.7. Extinción de la Acción de Saneamiento de Evicción: Se extingue por renuncia, por prescripción o por casos especiales previstos por la ley. 1) Extinción por Renuncia: La obligación de sanear la evicción no es de la esencia del contrato de compraventa, sino de su naturaleza, de manera tal que las partes pueden convenir que se modifiquen sus efectos e incluso excluirla por completo. Ahora bien, por el hecho de eximirse de esta responsabilidad no implica que queda libre de indemnizar al comprador. En ese sentido, el Art. 1852, inc. 1 y 2 CC señalan que: “La estipulación que exime al vendedor de la obligación de sanear la evicción, no le exime de la obligación de restituir el precio recibido. Y estará obligado a restituir el precio íntegro, aunque se haya deteriorado la cosa o disminuido de cualquier modo su valor, aun por hecho o negligencia del comprador, salvo en cuanto éste haya sacado provecho del deterioro”. Solo en dos casos queda exonerado el vendedor de su obligación de restituir el precio (Art. 1852, inc. 3 CC):

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Si el que compró lo hizo a sabiendas de ser ajena la cosa: Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la Corte de Santiago ha concluido que, si el vendedor se obliga expresamente al saneamiento, debe responder de él, no obstante conozca el comprador el gravamen respecto del cual este pide a aquel dicho saneamiento. En ese sentido, es necesario que el vendedor expresamente no tenga la obligación de saneamiento y que el comprador supiera que la cosa era ajena. b. Si el comprador expresamente tomó sobre si el peligro de la evicción, especificándolo: No es suficiente que se estipule en términos generales la irresponsabilidad del vendedor. Cabe considerar que la expresión “especificar” exige describir el eventual peligro de evicción en el contrato. 2) Extinción por Prescripción de la Acción de Saneamiento: Hay que distinguir: a. Derecho de citar de evicción al vendedor: No prescribe. Mientras exista el peligro o posibilidad de que el comprador pueda ser perturbado en la posesión tranquila y pacífica de la cosa existe también la posibilidad de poder citar de evicción al vendedor. b. Derecho a solicitar la indemnización por la evicción (Art. 1856 CC): “La acción de saneamiento por evicción prescribe en 4 años; mas por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción; o si ésta no hubiere llegado a pronunciarse, desde la restitución de la cosa”. 3) Extinción por Disposición de la Ley: Hay que distinguir: a. Casos de extinción parcial: i. En las ventas forzadas donde la indemnización se limita solamente a la devolución del precio (Art. 1851 CC). ii. En el caso que el vendedor se allane a la demanda y por ende al saneamiento, pero el comprador prosiga por su cuenta el juicio y sea derrotado: El vendedor no responder por las cosas del juicio ni por el valor de los frutos percibidos durante el mismo y que el comprador debió restituir al demandante (Art. 1845 CC). b. Casos de extinción total: i. Si a pesar de no haber comparecido el vendedor al juicio después de citado, el comprador no opuso alguna excepción que solo a él correspondía, y por ello fue evicta la cosa (Art. 1843, inc. 3 CC). ii. Si el comprador y el demandante, sin consentimiento del vendedor, se someten al juicio de árbitros, y estos fallan contra el comprador (Art. 1846 Nº1 CC). iii. Si el comprador perdió la posesión de la cosa por su culpa y de ello se siguió la evicción (Art. 1846 Nº2 CC). 3.2.8. Contratos respecto de los cuales procede el Saneamiento de la Evicción: La jurisprudencia ha concluido que el saneamiento de la evicción solo proceder, por regla general, en los contratos onerosos, aun cuando el legislador la haya tratado al reglamentar la compraventa. Por excepción, procede en los contratos gratuitos cuando expresamente se ha pactado el saneamiento o cuando el adquirente ha tenido que soportar gastos con motivo de la tradición. 460

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3.3. Saneamiento de los Vicios Redhibitorios: Las cosas se adquiere para proporcionar a su adquirente alguna utilidad, sea material o moral. De tal forma, para que el vendedor cumpla su obligación, no debe limitarse a entregar la cosa al comprador y a proporcionarle la posesión pacifica, sino también la posesión útil de la cosa vendida. Si el vendedor no cumple con dicha obligación la ley le da los medios al comprador para obtener del vendedor el saneamiento de los vicios de la cosa, interponiendo la acción redhibitoria (Art. 1857 CC). Del Art. 1858 CC se pueden definir los vicios redhibitorios como “los vicios o defectos que, existiendo en la cosa vendida al tiempo de la venta, y siendo ocultos, esto es, no conocidos por el comprador, hacen que ella no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente”. Se refieren estos vicios a defectos físicos de la cosa y no a los defectos jurídicos relacionados con posibles prohibiciones legales para contratar o vicios del consentimiento. En tal sentido, la jurisprudencia ha concluido que los vicios redhibitorios solo pueden existir en las cosas corporales, pero no en los derechos. La acción de saneamiento por vicios redhibitorios puede tener cabida tanto en la venta de bienes muebles como inmuebles (Art. 1857 CC). 3.3.1. Distinción entre Error Sustancial y Vicios Redhibitorios: Mientras el error en la calidad esencial es un vicio del consentimiento, lo que significa que la falta de adecuación entre lo que el sujeto se representa y lo que la realidad es, radica en su propia mente; en el caso del vicio redhibitorio, la cosa que ha sido objeto del contrato de compraventa no sirve por si misma a su uso natural, sin necesidad de recurrir a la mente del comprador. A pesar de lo anteriormente dicho, existen dos casos en que pueden estar ambas instituciones: 1) Convivencia: Por ejemplo, se compra un caballo bajo la calidad esencial de que sea de carrera y finalmente no lo es, y además tiene una herida que impide su uso natural. En este caso, el acto podrá dirigirse por ambos defectos. 2) Superposición: La calidad esencial de la cosa es diversa de lo que se cree, y ese mismo hecho constituye a su vez un vicio oculto de la cosa que hace que no sirva para su uso natural, o solo sirva imperfectamente, como la compraventa de un candelabro que se cree de plata, pero es de estaño y dicho metal es demasiado frágil, por lo que se dobla bajo el peso de las velas. En este caso la doctrina estima que debe primar la ley especial por sobre la general (aplicación del vicio redhibitorio), pero si el vicio de error se manifestó posteriormente a la fecha de prescripción de la acción redhibitoria, debe aplicarse la institución del error, ya que, de contrario, se deja a la víctima de dicho error en la indefensión jurídica. 3.3.2. Requisitos de los Vicios Redhibitorios: Del Art. 1858 CC se desprende que para que un vicio sea redhibitorio deben concurrir tres requisitos copulativos: 1) El vicio debe existir al tiempo del contrato: Debe existir en el momento en que las partes se ponen de acuerdo en el precio y en la cosa, si la venta es consensual, o en el momento de otorgarse la respectiva escritura pública, si la venta es solemne. Si hubieran aparecido después del contrato no podría responsabilizarse al vendedor, a menos que hubieran existido en germen al tiempo de la venta, y se manifestaren con posterioridad en toda su gravedad.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) El vicio debe ser grave: El Art. 1858 Nº2 CC señala que: “Ser tales, que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menos precio”. Por su uso natural se entiende aquel al cual ordinariamente se la destina; cada vez que la cosa vendida no sirva para su uso natural, aunque sirva para otros, habrá vicios redhibitorios. 3) El vicio debe ser oculto: Para que el vicio sea oculto el Art. 1858 Nº3 CC señala que: “No haberlos manifestado el vendedor, y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio”. En ese sentido, no es oculto el vicio cuando: a. El vendedor lo haya manifestado. b. El comprador no experto lo ha ignorado por negligencia grave de su parte. c. El comprador experto pudo fácilmente conocerlo, en razón de su profesión u oficio. 3.3.3. Efectos de los Vicios Redhibitorios36: Según el Art. 1863 CC “Las partes pueden por el contrato hacer redhibitorios los vicios que naturalmente no lo son”. Pero sean los vicios ocultos por disposición de la ley o por voluntad de las partes, ellos dan al comprador el derecho alternativo de ejercitar la acción redhibitoria establecida en los Arts. 1857 y 1860 CC: 1) Pedir la rescisión (resolución) del contrato: Sin embargo, el Art. 1868 CC señala que: “Si los vicios ocultos no son de la importancia que se expresa en el número 2.º del artículo 1858, no tendrá derecho el comprador para la rescisión de la venta sino sólo para la rebaja del precio”. Esto quiere decir que, si el vicio no es grave solo podrá accionarse por cuanti minoris. 2) Pedir la rebaja del precio: Acción cuanti minoris. Por otra parte, el Art. 1861 CC hace más gravosa la responsabilidad del vendedor, cuando conoció los vicios o debió conocerlos en razón de su profesión u oficio, ya que, en ese caso, el comprador puede pedir indemnización de perjuicios. Es decir, en contra del vendedor de mala fe, el comprador tiene además acción de indemnización de perjuicios. Esta acción es accesoria a la resolutoria o a la cuanti minoris. Este artículo se refiere a dos hipótesis: 1) El vendedor conocía los vicios y no los declaró: En este caso estamos frente a un supuesto de dolo por omisión y de responsabilidad precontractual, en el sentido de que el sujeto debió haber suministrado cierta información al comprador durante la negociación, lo cual no hizo. En virtud de esta norma surge un deber general de informar toda vez que una de las partes conoce información que repercute negativamente sobre su propia prestación en términos de configurar un incumplimiento de la misma. 2) Los vicios eran tales que el vendedor haya debido conocerlos por razón de su profesión u oficio: Alessandri estima que esto ocurre en dos casos: a. Cuando el vendedor en razón de su profesión u oficio ha debido necesariamente conocer el vicio porque las aptitudes que tiene lo capacitan para conocerlos con facilidad.

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Complementado con el texto “A propósito del artículo 1861” de Iñigo de la Maza Gazmuri.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Cuando en razón de su profesión u oficio fabricó el objeto vendido. En ambos casos basta probar la existencia del vicio y el hecho de que la profesión u oficio del vendedor le permitían conocerlo para que se presuma su conocimiento y, por lo tanto, surja su obligación de indemnizar los daños y perjuicios. El Art. 1862 CC deja en claro que la pérdida de la cosa vendida no exime de la obligación de sanear los vicios redhibitorios, y si la cosa ha perecido a consecuencia del vicio, no solo se puede pedir la rebaja del precio, sino también la resolución del contrato con indemnización de perjuicios. 3.3.4. Situación cuando el objeto vendido se compone de varias cosas (Art. 1864 CC): Establece dos reglas: 1) Primera Regla: “Vendiéndose dos o más cosas juntamente, sea que se haya ajustado un precio por el conjunto o por cada una de ellas, sólo habrá lugar a la acción redhibitoria por la cosa viciosa y no por el conjunto”. 2) Segunda Regla: “A menos que aparezca que no se habría comprado el conjunto sin esa cosa; como cuando se compra un tiro, yunta o pareja de animales, o un juego de muebles”. En ese caso habrá acción redhibitoria por el conjunto. Este precepto ha sido citado para fundamentar la validez de la venta de dos o más cosas en un mismo precio, sin desglosarlo. 3.3.5. Extinción de la Acción de Saneamiento por Vicios Redhibitorios: Cesa por renuncia, en los casos de ventas forzadas y por prescripción. 1) Por renuncia (Art. 1859 CC): “Si se ha estipulado que el vendedor no estuviese obligado al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará sin embargo obligado a sanear aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al comprador”. Esto se debe a que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. 2) Caso de las ventas forzadas (Art. 1865 CC): “La acción redhibitoria no tiene lugar en las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia. Pero si el vendedor, no pudiendo o no debiendo ignorar los vicios de la cosa vendida, no los hubiere declarado a petición del comprador, habrá lugar a la acción redhibitoria y a la indemnización de perjuicios”. Esto solo se aplica a las ventas forzadas hechas por la autoridad de la justicia, no a las ventas voluntarias que tienen lugar en subasta pública a solicitud o por determinación del dueño, como en el remate pedido por los albaceas de la sucesión. 3) Por prescripción de las acciones que originan los vicios redhibitorios: Hay que distinguir: a. Acción Resolutoria (Art. 1866 CC): El articulo distingue según si el bien es: i. Mueble: Prescribe en 6 meses. ii. Inmueble: Prescribe en 1 año. En ambos casos el tiempo se contará desde la entrega real. b. Acción cuanti minoris (Art. 1869 CC): El artículo distingue según si el bien es: i. Mueble: Prescribe en 1 año. Esta norma tiene una excepción en el Art. 1870 CC, ya que cuando se trata de la remisión de la cosa a lugar distante el año se cuenta 463

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe desde la entrega al consignatario, más el término de emplazamiento que corresponda. ii. Inmueble: Prescribe en 18 meses. Hay que tener presente que el Art. 1867 CC señala que: “Habiendo prescrito la acción redhibitoria, tendrá todavía derecho el comprador para pedir la rebaja del precio y la indemnización de perjuicios según las reglas precedentes”. En ambos casos el tiempo se contará desde la entrega real. c. Acción Indemnizatoria por mala fe del vendedor: Alessandri estima que prescribe en el mismo tiempo que las acciones que se dan respecto a los vicios redhibitorios. Ahora bien, el Art. 1866 CC señala que las estipulaciones de los contratantes pueden ampliar o restringir estos plazos. 3.3.6. La Adecuación Material de la Cosa Vendida en el Sistema Contemporáneo37: Según el moderno sistema de las obligaciones, en principal medida el adoptado por la Convención de las Naciones Unidas acerca de contratos de compraventa internacional de mercaderías, se tratan las manifestaciones de la conformidad y los criterios para determinarla en un concepto más objetivo al que hacían alusión los Códigos decimonónicos en el tratamiento de los vicios redhibitorios, la cabida y el aliud pro alio (entrega de algo diverso de lo debido), generándose un tratamiento uniforme de los casos en que existe una entrega incompleta por una falta de adecuación material de la cosa vendida con la cosa originalmente contratada. En este contexto, los instrumentos modernos incluyen tres manifestaciones de falta de adecuación material: 1) La calidad, cantidad y descripción de la cosa según lo establece el contrato: En este caso la diferencia se da porque se recibe más o menos de lo que debía haberse recibido. En estos casos, el sistema contemporáneo entiende que el comprador debe recibir la cosa en el estado en que se encuentre y solo podrá rehusar de ello en la medida que se trae de un incumplimiento esencial. 2) El envasado o embalaje de los productos: El envasado o embalaje debe resultar adecuado para conservar las mercaderías no solo hasta el momento de la entrega, sino que eventualmente debe permitir al comprador cargarlas, transportarlas e, incluso, comercializarlas. 3) La presencia de accesorios e instrucciones de instalación u otras consideradas en el contrato: Constituyen accesorios cualquier ítem o contenido digital que pueda influenciar la utilidad de los bienes o contenido digital que son el principal objeto del contrato. Ahora bien, en cuanto a los criterios para determinar si existe o no falta de adecuación material, tenemos: 1) El acuerdo de las partes: La conformidad se determina según lo acordado en el contrato. En esto debemos incluir las declaraciones públicas de carácter precontractual que haya realizado el vendedor que hubieren generado en el comprador poder confiar razonablemente en una cierta calidad, cantidad y descripción de la cosa. Esto se fundamenta en el principio de la confianza y la imputabilidad de las declaraciones a quien se hace responsable por ellas. 2) Criterios supletorios de la voluntad de las partes:

Según lo señalado en el texto “La Conformidad de la Cosa Vendida: Adecuación Material” de Iñigo de la Maza Gazmuri. 37

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Los usos del bien: Los usos pueden ser ordinarios o especiales. i. Uso Ordinario: Queda determinado por la mirada objetiva de una persona en ese sector de la actividad comercial. Es lo que un comprador razonable puede esperar en razón de las circunstancias del negocio. ii. Uso Especial: Se refieren al uso particular que los contratantes le darán a la cosa. En este caso hay que acudir a la declaración precontractual del vendedor y a la información que hubiere suministrado el comprador al vendedor de manera clara, de tal manera que el vendedor hubiere podido calibrar el riesgo que está asumiendo. b. La correspondencia con la muestra o modelo: Este criterio de conformidad exige que el vendedor haya puesto a disposición del comprador muestras o modelos. Existirá falta de conformidad si las cosas entregadas carecen de las cualidades que era posible encontrar en la muestra. c. El envasado o embalaje: Corresponde a la forma usual en que han de envasarse o embalarse las mercancías y para determinar qué es lo usual habrá que estar a las prácticas normalmente observadas en esas ramas del comercio o a la manera usual en el país del vendedor. Sino hay manera usual debe tomarse en cuenta el tipo de mercancía, el tiempo de viaje y transporte, el clima, etc. También debe tomarse en cuenta si el tipo de embalaje puede cumplir una función relativa a la comercialización de la mercadería, como la caja de un perfume. C. Sección Tercera: “OBLIGACIONES DEL COMPRADOR” 1. Conceptos Generales: Las obligaciones del comprador también son dos: (i) pagar el precio y (ii) recibir la cosa vendida. El Art. 1871 CC solo se refiere a la primera, pero eso no excluye la existencia de la segunda, ya que el artículo señala que: “La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido”, de lo cual se desprende que no es su única obligación. 2. Obligación de Recibir la Cosa Comprada: Es la contrapartida de la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida y consiste en hacerse cargo de la cosa, tomando posesión de la misma. Solo una disposición alude a esta obligación, el Art. 1827 CC que señala los efectos que se producen cuando el comprador está en mora de recibir la cosa. Del artículo se desprende que se producen dos efectos en este caso: 1) El comprador debe abonar al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros, etc., en que se contenga lo vendido: En general debe abonar al vendedor todos los perjuicios que se derivan de la mora. 2) Se atenúa la responsabilidad del vendedor, pues queda descargado del cuidado ordinario de la cosa, y solo será responsable del dolo o de la culpa grave. El Art. 1827 CC en todo caso no excluye la posibilidad para el vendedor, de pedir la resolución o el cumplimiento forzado del contrato, con indemnización de perjuicios. 3. Obligación de Pagar el Precio: Se trata de una obligación de la esencia del contrato. 3.1. Lugar y Época del Pago del Precio (Art. 1872 CC): “El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario”. De este artículo se deduce que el pago del precio seria posterior, siguiera un instante a la entrega de la cosa. En ese sentido, el pago del precio se halla subordinado a la entrega de la cosa vendida, y mientras esta entrega no se produce, 465

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe el comprador no incurre en mora por falta de pago del precio y el vendedor no puede pedir la resolución del contrato basándose en esta circunstancia. Ahora bien, el Art. 1872, inc. 2 CC señala que: “Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autoridad de la justicia, y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio”. Esto es conocido como retención de pago, y son dos causales las que autorizan al comprador para retener el pago: 1) Si fuere turbado en la posesión de la cosa. 2) Si prueba que existe contra la cosa una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato. Ahora bien, ni una ni otra causal permiten al comprador retener para si el precio, debe depositarlo, con autorización de la justicia, deposito que durará hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance (caucione) las resultas del juicio. 3.2. Sanción por el Incumplimiento del Comprador de su Obligación de Pagar el Precio (Art. 1873 CC): “Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios”. Si los vendedores fueren dos o más, se plantea si deben demandar todos o cualquiera de ellos. La tendencia mayoritaria de la jurisprudencia se pronuncia en el sentido de exigir la actuación de todos los vendedores, de consuno. Elegida la resolución y pronunciada esta por sentencia judicial, se producen los efectos propios de toda condición resolutoria cumplida, señalados en el Art. 1875 CC, pero con una importante modificación en lo tocante a los frutos. 1) Efectos de la Resolución de la Venta entre las partes: a. Derechos del Vendedor: i. Tiene el derecho para retener las arras o exigirlas dobladas. ii. Tiene el derecho para exigir que se le restituyan los frutos percibidos por el comprador o que este debió percibir, en el periodo en que la cosa estuvo en su poder, ya en su totalidad si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiera sido pagada: Esto es una excepción a la regla general del Art. 1488 CC, según la cual, verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio. iii. Tiene derecho a exigir que se le restituya la cosa objeto del contrato, y sus accesorios. iv. Tiene derecho a que el comprador le indemnice los deterioros producidos a la cosa, considerándose el comprador, para estos efectos, como poseedor de mala fe, a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna y sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir con lo pactado.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe v. Tiene derecho a demandar la indemnización de todos los perjuicios que el incumplimiento del contrato por el comprador le hubiere ocasionado. b. Derechos del Comprador: i. Tiene derecho para que se le restituya la parte que hubiera pagado del precio. ii. Tiene derecho a que se le abonen las mejoras, pero también se le considerará como poseedor de mala fe, con la salvedad que prueba haber sufrido en su fortuna y sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir con lo pactado: Por tanto, el vendedor debe abonarle las mejoras necesarias, pero no las útiles y menos las voluptuarias. 2) Efectos de la Resolución de la Venta respecto de terceros (Art. 1876, inc. 1 CC): Con respecto a los terceros que hayan adquirido la cosa del comprador o en cuyo favor se hayan constituido derechos reales, tendrán aplicación los Arts. 1490 y 1491 CC. En otras palabras, la resolución del contrato no afecta a los terceros de buena fe. 3.3. Declaración de haberse pagado el precio: El Art. 1876, inc. 2 CC señala que: “Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la de nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores”. Se ha discutido si se rechaza en absoluto toda prueba contraria a la declaración, tanto respecto de terceros como de las partes, o solo respecto de terceros. 1) Alessandri: Esta por el alcance absoluto de la disposición. 2) Meza Barros: Estima que no rige entre las partes, argumentando: a. Del contexto de los Arts. 1875 y 1876 CC aparece de manifiesto que se refieren, respectivamente, a los efectos de la resolución entre las partes y respecto de terceros. b. El Art. 1876, inc. 1 CC establece las condiciones generales en que la resolución del contrato afecta a los terceros, y en el inc. 2 se ocupa de la situación de esos mismos terceros frente a la declaración de haberse pagado el precio. c. La disposición no se justifica sino como una medida de protección a los terceros ante una posible colusión de las partes. d. La interpretación absoluta conduciría al absurdo, al no permitir ni siquiera como prueba en contrario la confesión del comprador en orden a no haberse pagado en realidad el precio. 3) Somarriva: Entiende que la norma del Art. 1876, inc. 2 CC es excepcional y por ello, las partes por regla general si pueden probar en contra de los declarado por ellas en un instrumento público; pero no pueden hacerlo respecto al hecho de haberse pagado el precio en la compraventa. 3.4. Cláusula de no transferir el dominio, sino por el pago del precio: El Art. 680 CC indica que se permite reservar el dominio hasta que se pague el precio. Pero en el ámbito de la compraventa, el Art. 1874 CC señala que “La cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud de la paga del precio, no producirá otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en el artículo precedente”, por lo cual siempre se producirá la transferencia del dominio, aun cuando se reserve hasta el pago. Por ende, el Art. 680 CC se excluye de la compraventa, entendiéndose que la norma del Art. 1874 CC es especial. 467

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe V.

PACTOS ACCESORIOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

1. Enumeración: El Art. 1887 CC señala que “Pueden agregarse al contrato de venta cualesquiera otros pactos accesorios lícitos; y se regirán por las reglas generales de los contratos”. Ahora bien, dentro de estos pactos accesorios, el Código Civil regula tres especialmente: (i) el pacto comisorio, (ii) el pacto de retroventa y (iii) el pacto de retracto. 2. El Pacto Comisorio: “Condición resolutoria tácita de no pagarse el precio, expresada en el contrato” (Art. 1877 CC). Respecto a sus normas se estará a lo dicho en “Obligaciones”. 3. El Pacto de Retroventa: El Art. 1881 CC lo define como “aquel por el cual el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra”. En este caso el vendedor le vende la cosa al comprador y este después se la vende al primer vendedor, que ahora asume el rol de comprador. En nuestra legislación, al igual que en la francesa, el pacto de retroventa es lisa y llanamente una condición resolutoria, que afecta por ende a la extinción del contrato. Se trata de una condición resolutoria puramente potestativa, porque no supone el incumplimiento de una obligación y depende exclusivamente de la voluntad del acreedor, en este caso, el primer vendedor. 3.1. Ventajas e Inconvenientes del Pacto de Retroventa: Es útil para el vendedor, porque mediante tal pacto puede obtener dinero de una cosa sin los trámites de una hipoteca o prenda. Es útil para el comprador porque mediante la hipoteca o la prenda no puede quedarse con la cosa sino después de una acción judicial de desposeimiento, mientras que, en virtud de este pacto, puede quedarse con la cosa sin tramite alguno, si el vendedor no le reembolsa el precio. Pero el pacto también presenta inconvenientes: sirve para ocultar prestamos usurarios o para disfrazar figuras jurídicas que la ley no admite, como la prenda pignoraticia, en la que el acreedor prendario puede quedarse con la cosa prendada por el solo hecho de no pagarle el deudor, sin mediar acción judicial alguna. 3.2. Requisitos para que opere el Pacto de Retroventa: 1) El vendedor debe reservarse la facultad de recobrar la cosa vendida en el propio contrato de compraventa: Esta exigencia emana de la naturaleza del pacto, que constituye una condición resolutoria de la cual depende la extinción del derecho del comprador, siendo menester por tanto que al nacer este derecho, esté afectado por tal condición. Si se pacta con posterioridad al contrato, podría tratarse de una promesa de compraventa o de un contrato innominado. 2) Reembolso del precio por el vendedor: Al ejercer la acción del pacto de retroventa, el vendedor debe reembolsar al comprador el precio estipulado o a falta de estipulación, lo que el comprador pagó por la cosa. Este reembolso debe hacerse en el momento mismo de ejercerse el derecho por el vendedor. 3) La acción debe ejercerse oportunamente: Es necesario que la acción que nace del pacto se ejerza dentro del término fijado por las partes o en su defecto por la ley. El plazo fijado por las partes no podrá exceder de 4 años (Art. 1885 CC). Este plazo no es propiamente un plazo de prescripción, sino lo que en derecho se denomina un término de caducidad, porque el derecho se extingue por la sola llegada del plazo, sin que sea necesario que la otra parte lo alegue y una declaración judicial que así lo establezca. 3.3. Condiciones para ejercitar la Acción de Retroventa: 468

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Que el vendedor haga valer judicialmente su derecho: No es suficiente que el vendedor requiera privadamente al comprador, en una gestión extrajudicial, dentro del plazo estipulado o legal. Es necesario que intente una acción judicial; esto salvo que estén llanos a efectuar la restitución. Esto porque el Art. 1885 CC habla de “El tiempo en que se podrá intentar la acción…”, lo que significa deducir o proponer una acción en juicio. En cuanto a que vía es idónea, no hay unanimidad, pero se ha entendido por la jurisprudencia que basta cualquier gestión judicial en que el vendedor manifieste su propósito de comprar de nuevo lo que vendió con pacto de retroventa. 2) Que, al momento de ejercer la acción, el vendedor ponga el precio a disposición del comprador: Debe reembolsar el vendedor al comprador la cantidad determinada que se estipulare o a falta de estipulación, lo que se haya pagado en la compraventa. Este reembolso debe hacerse en el momento mismo de ejercitar la acción que emana del pacto de retroventa (Art. 1881 CC). 3) Que el derecho se haga valer en tiempo oportuno: Debe ejercitarse dentro del término fijado por las partes o por la ley, el cual no podrá exceder de 4 años (Art. 1885, inc. 1 CC). 4) Que se dé el correspondiente aviso (Art. 1885, inc. 2 CC): “Pero en todo caso tendrá derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada, que no bajará de 6 meses para los bienes raíces ni de 15 días para las cosas muebles; y si la cosa fuere fructífera, y no diere frutos sino de tiempo en tiempo y a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada sino después de la próxima percepción de frutos”. 3.4. Efectos del Pacto de Retroventa: Hay que distinguir: 1) Si el vendedor no ha ejercido la acción dentro del término convencional o legal: La condición ha fallado y el contrato quedará como puro y simple, haciéndose irrevocable el dominio del comprador. Caducan definitivamente los derechos del vendedor. 2) Si el vendedor ha ejercido la acción dentro del término convencional o legal: Se producen los efectos inherentes a toda condición resolutoria ordinaria, es decir, se resuelve el contrato y las partes deben ser restituidas al estado en que se encontraban antes de su celebración. a. Efectos entre las partes: Se deben prestaciones mutuas (Arts. 1881 y 1883 CC): i. El vendedor debe restituir el precio que se haya estipulado o a falta de estipulación, lo que se haya pagado por la cosa. ii. El comprador debe devolver la cosa con todas sus accesiones naturales. iii. El comprador debe indemnizar al vendedor los deterioros imputables a hecho o culpa suya. iv. El vendedor deberá indemnizar al comprador por las expensas o mejoras necesarias, pero no las útiles y menos las voluptuarias, salvo que se hubieren hecho con el consentimiento del vendedor. b. Efectos respecto de terceros: Rigen las reglas generales de los Arts. 1490 y 1491 CC, según los dispone el Art. 1882 CC.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3.5. Carácter Intransferible del Derecho emanado del Pacto de Retroventa (Art. 1884 CC): “El derecho que nace del pacto de retroventa no puede cederse”. Por ello es intransferible, pero si transmisible. 4. El Pacto de Retracto (Art. 1886 CC): “Aquel en que las partes acuerdan que se resolverá la venta si en un plazo determinado, que no puede pasar de 1 año, se presenta un nuevo comprador que mejor el precio pagado”. Estamos nuevamente ante una compraventa sobre la que pende una condición resolutoria ordinaria y casual, pues no implica incumplimiento del contrato y depende de la voluntad de un tercero. El comprador o causahabiente puede evitar la resolución allanándose a mejorar el precio en los mismos términos que el nuevo comprador. Basta que iguale la nueva oferta, para hacer prevalecer su derecho. Los efectos del pacto de retracto son los mismos a los del pacto de retroventa. 5. Otros Pactos Accesorios (Art. 1887 CC): “Pueden agregarse al contrato de venta cualesquiera otros pactos accesorios lícitos; y se regirán por las reglas generales de los contratos”. Las partes solo están limitadas por la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. VI.

RESCISIÓN DE LA VENTA POR LESIÓN ENORME.

1. Concepto de Lesión Enorme: El Art. 1888 CC señala que: “El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme”. La lesión es “el perjuicio pecuniario que de un contrato conmutativo puede resultar para una de las partes”. Pero no basta que haya lesión, sino que esta debe ser enorme, es decir, debe existir una desproporción grave en las prestaciones de las partes. 2. Requisitos de la Lesión Enorme: 1) Que haya lesión enorme en los términos del Art. 1889 CC: “El vendedor sufre lesión enorme, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato”. Como solo tiene cabida en la venta de bienes inmuebles, habrá que estar al justo precio al tiempo de otorgar la escritura pública respectiva. Ahora bien, sobre el concepto de justo precio, este es “el que corresponde al valor comercial de la cosa, determinado por la ley de la oferta y la demanda”. 2) Debe tratarse de aquellas ventas en que la ley admite lesión enorme (Art. 1891 CC): “No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por el ministerio de la justicia”. La jurisprudencia también ha dicho que no cabe lesión enorme en la venta de derechos hereditarios, aunque comprendan bienes raíces. Esto porque: a. Dicha cesión no es una venta de bienes raíces. b. El que cede un derecho de herencia a título oneroso sin especificar los efectos de que se compone solo responde de su calidad de heredero. c. No es posible determinar el valor del derecho cedido a la fecha del contrato, pues la cuantía de las cargas y obligaciones que afectan a aquel derecho depende de una liquidación futura.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Que la cosa no se haya perdido (perecido) en poder del comprador (Art. 1893, inc. 1 CC): “Perdida la cosa en poder del comprador no habrá derecho por una ni por otra parte para la rescisión del contrato”. Esto es lógico porque resultaría imposible restituir la cosa al vendedor. 4) Que la cosa no haya sido enajenada por el comprador (Art. 1893, inc. 2 CC): “Lo mismo será si el comprador hubiere enajenado la cosa; salvo que la haya vendido por más de lo que había pagado por ella; pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero sólo hasta concurrencia del justo valor de la cosa, con deducción de una décima parte”. Este es un caso de excepción a los efectos generales de la nulidad judicialmente declarada, ya que está siempre da acción contra terceros y en este caso no lo hace (Art. 1689 CC). 5) Que la acción rescisoria se entable oportunamente (Art. 1896 CC): “La acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años contados desde la fecha del contrato”. Como prescripción de corto tiempo corre contra toda clase de personas, pero se interrumpe. La jurisprudencia ha señalado que la acción debe ejecutarse dentro de 4 años, contados desde la fecha del respectivo contrato, y no contados desde la fecha de la inscripción en el Registro del Conservador, porque el contrato es una cosa y la tradición otra. La fecha será la de la escritura pública que contiene el contrato. 3. Irrenunciabilidad de la Acción Rescisoria por Lesión Enorme (Art. 1892 CC): “Si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación; y si por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita”. Ahora bien, se discute si se puede renunciar la acción por acto posterior. Alessandri Besa cree que sí, pero Alessandri Rodríguez cree que no porque el Código Civil chileno, a diferencia del francés, no distingue. 4. Efectos de la Rescisión por Lesión Enorme (Art. 1890 CC): Hay que distinguir: 1) Si el perjudicado es el vendedor: El comprador tiene un derecho alternativo: a. Consentir en la rescisión, o b. Completar el justo precio con deducción de una décima parte. 2) Si el perjudicado es el comprador: El vendedor tiene un derecho alternativo: a. Consentir en la rescisión, o b. Restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. En ambos casos la facultad es del demandado, el demandante solo puede demandar por rescisión del contrato por lesión enorme. Ahora bien, si el demandado, sea comprador o vendedor, optan por aceptar la rescisión del contrato, como toda nulidad se confiere el derecho a las partes a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubieren celebrado el contrato rescindido. Pero con respecto a la rescisión por lesión enorme, observamos las siguientes modalidades: 1) El vendedor deberá restituir el precio y el comprador la cosa, con intereses y frutos, pero solo aquellos devengados o percibidos desde la notificación de la demanda correspondiente (Art. 1890, inc. 2 CC). 2) El vendedor, conforme al Art. 1894 CC, no podrá pedir cosa alguna en razón de los deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador hubiere aprovechado de ellos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) La rescisión del contrato de compraventa no afecta a los terceros adquirentes: Esto es una excepción al efecto general de la nulidad (Art. 1689 CC). 4) El comprador que debe restituir la cosa, previamente está obligado a purificarla de las hipotecas u otros derechos reales constituidos sobre el inmueble: Esta es otra excepción respecto de los efectos generales de la nulidad frente a terceros, ya que no caducan de pleno derecho. 5) Las partes no están obligadas a pagar las expensas que haya ocasionado el contrato. CAPÍTULO IV: EL MANDATO38 I.

GENERALIDADES.

1. Concepto: El Art. 2116 CC lo define como “un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera”. 2. Elementos del Mandato: De la definición legal se desprenden los siguientes elementos esenciales: 1) Por cuenta y riesgo de la primera: El mandatario siempre actúa por cuenta y riesgo del mandante, aun cuando actúe a su propio nombre, sin poder de representación. Que sea por riesgo y cuenta del mandante significa que será siempre el mandante el que se aprovechará de los beneficios y soportará las pérdidas, como si el negocio lo hubiese realizado personalmente, por sí mismo. 2) Confianza en la gestión de los negocios: Esto es un elemento subjetivo que le da a este contrato el carácter de in tuito de personae, y por ello, las siguientes características: a. Las obligaciones del mandatario no se transmiten. b. Por muerte del mandante y del mandatario se pone fin al contrato de mandato. c. Normalmente existe la facultad del mandante de revocar el mandato. d. El error en la persona es causal de nulidad de este contrato. 3) La gestión de uno o más negocios: El encargo constituye en definitiva la ejecución de un acto jurídico, lo cual lo diferencia del arrendamiento de servicios materiales e inmateriales. Sin embargo, la expresión “gestión de negocios” permite diversas acepciones: a. Entender que implica la ejecución de actos de cualquier naturaleza, sean jurídicos o materiales: Esta postura es rechazada por cuanto cuando la ley ha querido que el mandatario realice hechos materiales sin que ellos sean actos jurídicos, lo ha autorizado expresamente, como ocurre en materia de posesión (Arts. 720 y 721 CC) que autoriza expresamente a tomar la posesión a través de mandatario. b. Restringirlo solo a la ejecución de actos jurídicos: El problema es que esto no coincide con la expresión “negocio”, ya que implica la idea de una operación de interés económico, para lo cual puede ser necesaria la ejecución de actos jurídicos. c. Implica la ejecución de un asunto que tenga atingencia en la creación, mantenimiento, transferencia o extinción de relaciones jurídicas: Este asunto puede ser estrictamente

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Según lo señalado en el texto “Del Mandato” de Álvaro Vidal Olivares.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe jurídico o de orden económico del cual se derive la ejecución de actos jurídicos. Los asuntos que pueden ser objeto del mandato son: i. La conservación de un patrimonio (Art. 2132 CC). ii. La ejecución de cualquier negocio de índole económica para el mandante (Art. 2147 CC). iii. La administración de una industria (Art. 2132 parte final CC). iv. La realización de cualquier acto jurídico. 3. Características del Mandato: El mandato es un contrato bilateral, normalmente oneroso, normalmente conmutativo y normalmente consensual. 1) Bilateral: Por regla general genera derechos y obligaciones para ambas partes, porque, aun cuando el mandato sea gratuito el mandante igualmente contrae la obligación de proveer fondos para la recta ejecución del mandato (Art. 2158 Nº1 CC), de tal modo que, si el mandante no lo cumple, autoriza al mandatario para desistirse del mandato (Art. 2159 CC). Sin embargo, Stitchkin indica que excepcionalmente puede unilateral cuando por estipulación expresa de las partes, o por la naturaleza del contrato, el mandante no es obligado a pagar remuneración ni a proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del encargo. En este evento el contrato será sinalagmático imperfecto, porque las obligaciones del Art. 2158 Nº2, 4 y 5 CC son obligaciones legales que nacen con posterioridad a la celebración del contrato, con ocasión de su cumplimiento. 2) Normalmente Oneroso: La remuneración es de la naturaleza del mandato, es decir, si no se establece que es gratuito hay que pagar remuneración. El Art. 2117 CC señala que “El mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración (llamada honorario) es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley, la costumbre, o el juez”. Ahora bien, en materia de graduación de culpa el mandato se desentiende de la regla del Art. 1547 CC, señalando una forma distinta de responder para el mandante y el mandatario: a. Mandatario (Art. 2129 CC): “El mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo”, sin importar si este es gratuito u oneroso. Esto tiene dos alteraciones: i. Si el mandatario es remunerado (Art. 2129, inc. 2 CC): “Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado”. ii. Si el mandatario ha repugnado el encargo o se ha visto forzado a aceptarlo (Art. 2129, inc. 3 CC): “Por el contrario, si el mandatario ha manifestado repugnancia al encargo, y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre él recaiga”. b. Mandante: No hay regla especial para él, de manera que si el mandato es gratuito responderá de culpa levísima, limitándose a la culpa leve cuando sea remunerado. 3) Normalmente Conmutativo: Es importante la relación entre la remuneración debida y el servicio prestado, pues la remuneración se debe siempre, sin consideración a que el negocio encomendado 473

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe haya tenido o no buen éxito, salvo que el fracaso se deba a culpa del mandatario (Art. 2158, inc. final CC). Sin embargo, podrá ser aleatorio en determinados casos, como en aquellos eventos en que el mandatario sujeta sus honorarios a las resultas de la gestión, cosa frecuente en el ejercicio de los abogados (pacto de cuota litis). 4) Normalmente Consensual: En este contexto, el mandato se reputa perfecto una vez que se juntan la oferta del mandante y la aceptación del mandatario. a. Oferta del Mandante (Art. 2123 CC): “El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aun por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra”. En consecuencia, el silencio del mandante constituye aceptación cuando el mandatario da principio a la gestión con conocimiento y sin reclamo de él. Ahora bien, sin perjuicio del consensualismo, el artículo continúa, indicando que “pero no se admitirá en juicio la prueba testimonial sino en conformidad a las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento auténtico”. b. Aceptación del Mandatario (Art. 2124 CC): “El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato”. Además, el Art. 2125 CC establece un caso de silencio circunstanciado en materia de aceptación del mandato (silencio como manifestación positiva de voluntad); y es el caso en que el encargo se efectúa a persona que por su profesión u oficio se encarga de negocio ajeno. Los requisitos, en este caso, son: i. Que la persona sea por profesión u oficio una persona que normalmente gestiona negocios ajenos. ii. Que el mandante (comitente) se encuentre ausente. iii. Que haya transcurrido un tiempo razonable sin que el destinatario se excuse. Concurriendo estas tres circunstancias unidas nos encontramos que el silencio del mandatario importa aceptación. Sin perjuicio de lo anterior, el Art. 2124, inc. final CC establece que el mandatario puede retractarse del mandato, ya que este siempre puede terminar por renuncia del mandatario. Ahora bien, respecto al consensualismo del mandato, queda referirse a dos cuestiones: a. Excepciones al consensualismo en el mandato: El Mandato Solemne: El mandato es solemne en los siguientes casos: i. Mandato para contraer matrimonio ante el registro civil: Debe otorgarse por escritura pública y designarse expresamente a los contrayentes. ii. Mandato Judicial: Debe efectuarse mediante escritura pública, o acta extendida ante el juez y suscrita por todos los otorgantes o mediante declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal (Art. 6 CPC). 474

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe iii. Mandato que otorga la mujer para enajenar bienes raíces sociales (Art. 1749, inc. 7 CC): Debe constar por escrito o por escritura pública si el acto requiere de esa solemnidad. iv. Mandato para enajenar bienes raíces que el marido está obligado a restituir en especie (Art. 1754, inc. 2, parte final CC): Requiere escritura pública. b. ¿El mandato, para los efectos de realizar un acto solemne, debe a su turno ser solemne?: En general existen dos posiciones: i. Comunicabilidad de la Solemnidad del Acto: Esta fue la posición tradicional de la jurisprudencia y se fundamentaba en que: 1. El poder o mandato es el único instrumento en que el comprador o vendedor manifiesta su consentimiento, y como la ley prescribe que este elemento o requisito esencial se produzca de una forma especial, es obvio que el documento que lo contenga se sujete a igual formalidad. 2. Si bien el Art. 2123 CC establece la regla del consensualismo, esa misma disposición señala entre sus excepciones, el caso en que el mandato deba constar por escritura pública. ii. Incomunicabilidad de la Solemnidad del Acto: Esta es la posición dominante hoy en día y se fundamenta en la teoría de la representación-modalidad, en el sentido que el mandatario que en cumplimiento del encargo celebra el contrato, manifiesta su propio consentimiento y no el del mandante, aun cuando contrate a nombre de este. Sin embargo, esta solución en la práctica bancaria no es aceptada. 5) Es un contrato principal. 6) Es un contrato in tuito personae: Ya que es un contrato en que una persona “confía” a otra la gestión de ciertos negocios. Las consecuencias de esto son: a. La muerte de una de las partes es causal de terminación. b. Cabe la revocación y la renuncia. c. El error en la persona vicia el consentimiento. 4. Partes e Intereses en el Contrato de Mandato: 1) Mandante: “Persona natural o jurídica que confiere el encargo”. 2) Mandatario: “Persona que acepta el encargo”. La gestión del negocio que se encarga al mandatario puede interesar al mandante, a este y al mandatario, a un tercero o a ambos conjuntamente (Art. 2120 CC): 1) El negocio interesa a un tercero: El mandante puede actuar con autorización del tercero o sin ella. En el primer caso, habrá un verdadero mandato. Si el mandante actúa sin autorización del tercero, se produce entre ambos el cuasicontrato de agencia oficiosa.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) El negocio interesa solo al mandatario: No hay mandato, sino un mero consejo que no produce obligación alguna (Art. 2119 CC); salvo que se haya dado maliciosamente, pues en tal caso da lugar a la indemnización de perjuicios por delito civil. 3) El negocio interesa solo al mandante: Hay mandato. 4) El negocio interesa al mandante y mandatario, al mandante y a un tercero, al mandatario y a un tercero, o a los tres: Hay mandato. 5) El que propone a otro la gestión de un negocio ajeno no lo hace con la intención de obligarse como mandante: No hay mandato, sino que una simple recomendación de negocios ajenos que no es mandato (Art. 2121 CC). 4.1. Pluralidad de Mandatarios (Art. 2127 CC): “Si se constituyen dos o más mandatarios, y el mandante no ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí los mandatarios; pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo será nulo”. La ley en este caso no ha establecido responsabilidad solidaria entre los mandatarios, salvo la comisión mercantil (Art. 290 CCom). 4.2. Capacidad de los Contratantes: 1) Capacidad del Mandante: No hay regla especial, por lo que se aplican las reglas especiales. El mandante debe tener una doble capacidad, en cuanto ha de ser capaz de celebrar el contrato de mandato y de ejecutar por sí mismo el acto o contrato que por el mandato encomienda. Por ello, si una persona casada y no divorciada a perpetuidad otorga un mandato a un tercero para que ese tercero venda un bien a su cónyuge, ese mandato será nulo. 2) Capacidad del Mandatario (Art. 2128 CC): “Si se constituye mandatario a un menor adulto, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a éstos y al mandante; pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores”. En consecuencia, el mandatario podrá ser un menor de edad. La explicación de esta norma de excepción varía según la teoría que se adopte en relación a la naturaleza jurídica de la representación: a. Teoría de la Ficción: Esta sostiene que siendo el verdadero contratante el mandante no importa la incapacidad relativa del representante. b. Teoría de la Modalidad: Según esta, el establecimiento por el legislador de las incapacidades relativas tiene por objeto la protección del patrimonio de las personas por ellas afectadas. Sin embargo, nada obsta a que estas personas incapaces actúen libremente por cuenta y riesgo de personas capaces, cuyo patrimonio será el que resultara comprometido. II.

RELACIÓN ENTRE MANDATO Y REPRESENTACIÓN.

1. El Mandato y la Representación: Se ha discutido cual es la relación entre mandato y representación, básicamente porque en Francia al revés de Chile no existe mandato sin representación, salvo un mandato comercial. En Chile mandato y representación son cosas absolutamente distintas: 1) El mandato es un acto jurídico: un contrato; mientras que la representación es una modalidad de los actos jurídicos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Tienen origen distinto: El mandato tiene su origen en una convención. La representación puede tener su origen en la convención, en la ley o en una sentencia judicial como las guardas que otorga la justicia (guardas dativas). Ni aun en el caso de que el origen de la representación sea la convención necesariamente es mandato, ya que hay otros contratos a los que también va unida la figura de la representación, como la sociedad. 3) En Chile puede existir mandato y no existir representación (Art. 2151 CC): “El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contratar a su propio nombre o al del mandante; si contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros al mandante”. Esta norma autoriza al mandatario para que actúe a nombre del mandante y agrega que cosas comprende naturalmente esa representación. Termina diciendo que para todos los actos que salgan de estos límites requerirá de poder especial; por lo tanto, la representación es de la naturaleza del mandato. 2. El Mandato sin representación: Cuando se produce la figura del mandato sin representación los derechos y obligaciones se radican en el patrimonio del mandatario y nace la obligación para el mandatario de traspasar los derechos y obligaciones al mandante. Ahora bien, hay que distinguir: 1) Traspaso de créditos y demás derechos: De las obligaciones que tiene el mandatario para con el mandante esta la obligación del mandatario de rendir cuenta de su gestión al mandante. La rendición de cuenta será el título necesario para el traspaso de los derechos y hay que distinguir entre derechos reales y personales: a. Derechos Reales: El título es el propio contrato de mandato que, para estos efectos, se materializa en una escritura pública de rendición de cuenta; el modo de adquirir es la tradición del derecho de dominio (mediante inscripción en el Registro de Propiedad). Una vez perfeccionado el mandato nace para el mandatario la obligación de ejecutar el encargo (obligación de hacer) y una vez ejecutado el encargo, la obligación de entregar al mandante las cosas que han sido adquiridas por el mandatario “por cuenta y riesgo del primero”. Esta es una obligación de dar (Arts. 2153 y 2157 CC) que impone al mandatario la de entregar las cosas. De manera que el mandatario que transfiere al mandante en dominio las cosas adquiridas para este paga lo que debe (Art. 1568 CC). b. Derechos Personales o Créditos: Se efectuará la tradición de los mismos a través de: i. La cesión de crédito, si son créditos nominativos (Arts. 1901 y ss. CC). ii. El endoso, si son créditos a la orden. iii. La entrega material del documento si son créditos al portador. Por lo tanto, se efectúa la tradición de los derechos personales según la naturaleza del título y siempre se tiene como antecedente o título el propio mandato, que se materializa a través de la rendición de cuenta. 2) Traspaso de las deudas u obligaciones: Hay que distinguir si se tiene o no la aquiescencia o voluntad del acreedor. a. No hay aquiescencia del acreedor: En este caso, el mandatario no quedará liberado de las obligaciones y seguirá siendo obligado. El mandante, en el supuesto de haber aceptado el 477

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe traspaso de las deudas, será obligado a favor del tercero acreedor en calidad de deudor solidario o subsidiario (fiador). En todo caso, el mandante debe proporcionar al mandatario los fondos necesarios para cumplir las obligaciones contraídas por cuenta y riesgo de él. b. Si hay aquiescencia del acreedor: El acreedor consiente expresamente en dar por libre al mandatario (primitivo deudor), aceptando en su reemplazo al mandante, en cuyo caso se produce la novación por cambio de deudor (Art. 1635 CC). 3. El Mandato con representación: Se producen los efectos propios de esta modalidad; por lo tanto, los derechos y obligaciones nacidos en el contrato celebrado por el mandatario se radican en el patrimonio del mandante. La representación no se presume, debe probarse. Los requisitos de la representación son: 1) Que el representante manifieste su propia voluntad. 2) El mandatario debe manifestar su intención de representar o actuar a nombre del representado. 3) Que el representante tenga poder suficiente para representar al mandante respecto del acto o contrato de que se trate. III.

SUBCONTRATACIÓN EN EL MANDATO.

1. La Delegación del Mandato: El Art. 2135 CC señala que: “El mandatario podrá delegar el encargo si no se le ha prohibido”. En ese contexto, los efectos de la delegación o submandato depende de si se le ha permitido la delegación expresamente, de si se le ha prohibido o si no se ha dicho nada. 2. Autorización Expresa de la Delegación: Hay que distinguir dos situaciones: 1) Autorización Genérica: En este cao, la autorización es efectuada sin designación de personas. El mandatario es responsable en cuando debe designar, necesariamente como delegado, a una persona solvente y capaz (Art. 2135, inc. 2 CC). Es un caso de responsabilidad objetiva sin culpa pues el mandatario responde de los hechos del delegado como si fueran propios, aun cuando en estos no haya culpa del mandatario. 2) Autorización a Persona Determinada: En este caso estamos frente a un nuevo contrato de mandato entre el mandante y el delegado, cuyas consecuencias son, por ejemplo, que el mandatario que efectuó la delegación no podrá revocar este encargo (Art. 2137 CC). En este caso el mandatario se encuentra frente a una obligación alternativa que consiste en: a. Ejecutar el mismo el encargo, o b. Delegar el encargo a un tercero. 3. Silencio en la Delegación: De acuerdo al Art. 2135 CC el mandatario puede delegar el encargo sino se le ha prohibido. Para estudiar los efectos de la delegación, debemos distinguir: 1) Relaciones entre el Mandante y el Mandatario: En principio, el mandatario que delega su encargo actúa dentro de sus facultades, por lo que no le cabe responsabilidad. Sin embargo, frente a su mandante es el mandatario el responsable por la inejecución del encargo y por el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones contraídas por el mandato. El mandatario responderá de los hechos del delegado como de los suyos propios (Art. 2135, inc. 1 CC). Es una 478

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe responsabilidad objetiva por lo que solo podría exonerarse de responsabilidad probando la inculpabilidad del propio delegado. 2) Relaciones entre el Mandante y el Delegado: Hay que distinguir: a. El mandatario contrata la delegación a nombre propio: El mandato celebrado entre mandante y mandatario es una res inter alias acta para el delegado, de manera que el mandante carece de acción en contra del delegado y el delegado es responsable exclusivamente frente al mandatario y no obligado al mandante. Sin embargo, el Art. 2138 CC otorga al mandante el derecho a subrogarse en los derechos del mandatario contra el delegado. b. El mandatario contrata la delegación a nombre del mandante: Si el mandatario delega el encargo a nombre de su mandante obliga a este para con el delegado y viceversa. En tal caso el mandante tiene acción directa contra el delegado, del mismo modo que la tendría contra cualquiera que hubiere contratado con el mandatario a nombre del primero. Todo lo anterior supone que la delegación haya sido efectuada dentro de los límites del mandato. Si el mandatario delegó fuera de los límites de su mandato, el mandante no puede ser obligado (Art. 2160 CC). 3) Relaciones entre el Mandatario y el Delegado: Si el mandatario delegó a su propio nombre, se produce entre mandatario y delegado un nuevo mandato. Si el mandatario delega la gestión a nombre del mandante, obliga a este para con el delegado y no se obliga personalmente, siempre que actúe dentro de los límites de su mandato; pero el mandatario conserva su carácter de representante del mandante y en tal calidad el delegado le responde del cumplimiento de sus obligaciones; sin perjuicio de que también sea obligado en iguales términos frente al mandante. 4) Relaciones entre el Mandante y Terceros: El Art. 2136 CC señala que: “La delegación no autorizada o no ratificada expresa o tácitamente por el mandante no da derecho a terceros contra el mandante por los actos del delegado”. Se ha discutido el alcance de esta disposición: a. Para que el delegado represente al mandante se requiere que el mandatario tenga facultad expresa de delegar. b. Para que la delegación surta efecto respecto de terceros, obligándose el mandante por los actos del delegado, es necesario que haya mediado autorización del mandante o bien ratificación expresa o tácita de la delegación. c. La frase “delegación no autorizada” debe entenderse en el sentido de “delegación prohibida”: Esta es la posición de los autores, ya que si se admite que los actos del delegado no obligan al mandante frente a terceros, tendríamos que concluir que en tal caso los terceros no tienen acción personal derivada del contrato que celebran: no pueden dirigirse contra el mandante; tampoco contra el delegado porque no actúa a nombre propio sino a nombre del mandante; y tampoco contra el mandatario, pues el delegado no obró a nombre del mandatario sino a nombre del mandante. 4. Prohibición en la Delegación: Hay aquí incumplimiento de una obligación de no hacer, que se resuelve en la de indemnizar perjuicios, y si es posible, deshacer lo hecho (Art. 1555 CC). En todo caso, el mandante 479

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe podrá ejercer contra el delegado las acciones del mandatario por aplicación del Art. 2138 CC (acción subrogatoria). El mandatario queda personalmente responsable al delegado si no le dio suficiente conocimiento de sus poderes o se obligó personalmente a obtener la ratificación del mandante (Art. 2154 CC). IV.

CLASIFICACIÓN DEL MANDATO.

1. Mandato Civil, Comercial y Judicial: 1) Mandato Comercial: Cuando el negocio cometido sea un acto de comercio. 2) Mandato Judicial: Cuando consista en la comparecencia en juicio a nombre de otro. 3) Mandato Civil: Cuando el negocio cometido sea un acto civil (no sea mercantil ni judicial). 2. Mandato General y Especial (Art. 2130 CC): “Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial; si se da para todos los negocios del mandante, es general; y lo será igualmente si se da para todos, con una o más excepciones determinadas”. 1) Mandato General: “El que se da para todos los negocios del mandante, o con una o más excepciones determinadas”. Del análisis de los Arts. 2132 y 2133 CC se concluye que el mandato general, por amplia que aparezca su redacción, no otorga más facultades al mandatario que los actos de administración propios del giro del negocio. Si la venta está dentro del giro ordinario del negocio, debe comprenderse dentro del mandato, sin necesidad de poder especial. Ciertas facultades han sido regladas específicamente por el legislador para señalar su alcance: a. El Art. 2139 CC con relación a la facultad de realizar donaciones. b. La facultad de transigir no comprende la de comprometer (Art. 2141 CC). c. La facultad de vender comprende la de percibir el precio (Art. 2142 CC). d. La facultad de hipotecar no comprende la de vender, ni la de vender la de hipotecar (Art. 2143 CC). e. No se puede colocar dinero a interés sin la autorización expresa del mandante (Art. 2146 CC). f.

Si el mandatario está facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo para sí, sin la autorización expresa del mandante (Art. 2145 CC).

2) Mandato Especial: “El que comprende uno o más negocios especialmente determinados”. 3. Según las Facultades que confiere el Mandato: 1) Mandato de Simple Administración (Art. 2132 CC): Este mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de realizar actos de administración. Los actos de administración no excluyen aquellos que son de adquisición y enajenación, en la medida que ellos integren el giro administrativo ordinario del o los negocios encomendados, ese es el límite del mandato. 2) Mandato de Libre Administración (Art. 2133, inc. 2 CC): “Por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula”. En consecuencia, el mandatario 480

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe con cláusula de libre administración está facultado para realizar todos los actos que las leyes especialmente le asignen y, además, todos aquellos autorizados para el mandatario de simple administración. 3) Mandato con Poder Especial (Art. 2132, inc. 2 CC): “Aquel mandato que faculta al mandatario para realizar los actos de administración, o de disposición, que no correspondan al giro ordinario del negocio encomendado, para los cuales la ley exige autorización especial del mandate para su realización”. Se cuestiona la doctrina si esta autorización especial debe ser expresa o puede ser tácita. La posición mayoritaria defiende la posibilidad de mandato tácito porque: a. El encargo, objeto del mandato, puede hacerse por escritura pública o privada, e incluso por la simple aquiescencia tácita y la aceptación puede ser expresa o tácita. b. La definición de las facultades del mandatario es una cuestión de hecho que fija el tribunal de fondo interpretando las cláusulas del contrato. c. El legislador no exige poder expreso, sino especial, y ello significa que se requiere de una manifestación de voluntad del poderdante en orden a conferir tales atribuciones. 4) Mandato que autoriza al Mandatario para actuar del modo que mejor le parezca (Art. 2133, inc. 1 CC): “Cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar la substancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales”. Este mandato, en principio es similar al de simple administración, ya que no autoriza para realizar aquellos actos que necesitan poder especial del mandante. Sin embargo, la expresión “del modo que mejor le parezca” debemos entenderla en el sentido que el mandatario, en el cumplimiento del encargo, podrá emplear medios equivalentes a los indicados por el mandante, teniendo como limite la naturaleza y esencia del mandato. V.

EFECTOS DEL MANDATO. A. Sección Primera: “OBLIGACIONES DEL MANDATARIO”

1. Conceptos Generales: Son básicamente dos: (i) ejecutar el encargo y (ii) rendir cuenta. 2. Obligación de Ejecutar el Encargo: Se trata de una obligación de hacer. El Art. 2131 CC señala que: “El mandatario se ceñirá rigorosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo”. El Art. 2134 CC señala que “La recta ejecución del mandato comprende no sólo la substancia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo”. Nuestro legislador contempla excepciones a esta regla: 1) Se podrán emplear medios equivalentes a los ordenados por el mandante cuando sea necesario y se obtuviere completamente de este modo el objeto del mandato (Art. 2134, inc. 2 CC). 2) Si el mandatario se halla imposibilitado de obrar con arreglo a sus instrucciones el mandatario no está obligado a constituirse en agente oficio, pero debe tomar las providencias conservativas. En caso de que no fuere posible dejar de obrar sin comprometer gravemente al mandante, actuará del modo que más se acerque a sus instrucciones y que más convenga al negocio (Art. 2150, inc. 1 y 2 CC). 3) Compete al mandatario probar la fuerza mayor o el caso fortuito que le imposibilite de llevar a efecto las órdenes del mandante (Art. 2150, inc. 3 CC).

481

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Sus facultades se interpretan con mayor latitud cuando no está en situación de poder consultar al mandante (Art. 2148 CC). 5) Debe abstenerse de ejecutar el mandato si ello es manifiestamente pernicioso al mandante (Art. 2149 CC). 6) Podrá el mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar su encargo con mayor beneficio o menor gravamen que los designados por el mandante; con tal que bajo otros respectos no se aparte de los términos del mandato (Art. 2147 CC). 2.1. Extralimitación del Mandatario en sus Facultades: Si el mandatario se extralimita en sus facultades, incurre en responsabilidad frente a su mandato, pues infringe el contrato. Pero también puede incurrir en responsabilidad frente a terceros, en la medida de que estos quedarán privados de obtener del mandante el cumplimiento de las obligaciones contraídas a su nombre por su mandatario. Determinar si el mandatario se extralimitó en sus facultades es una cuestión de hecho privativa de los jueces de fondo. 1) Responsabilidad del Mandatario frente al Mandante: El Art. 2122 CC distingue: a. Si el mandatario se excede culpablemente de sus atribuciones: Tendrá responsabilidad por perjuicios frente al mandante y no tendrá acción en contra del mandante para demandar las prestaciones que se le deban, salvo que pruebe que la gestión ha sido verdaderamente útil al mandante y que esa utilidad exista al tiempo de la demanda (Art. 2291 CC). Los perjuicios que sufra el mandante normalmente consistirán en lo que sea obligado a cumplir por los actos y contratos celebrados por el mandatario fuera de sus poderes. Si el mandante no resulta obligado en favor de terceros, y sin embargo ratifica expresa o tácitamente los contratos celebrados por el mandatario, debe entenderse que renuncia a la acción de perjuicios. b. Si el mandatario excede sus atribuciones por una necesidad imperiosa: Tiene acción contra el mandante para que le reembolse las expensas útiles y necesarias y no es responsable por la infracción, salvo que el negocio haya sido mal administrado (Art. 2290 CC). 2) Responsabilidad del Mandante frente a Terceros: Hay que distinguir: a. Si el mandatario ha contratado a su propio nombre: El mandante es ajeno a las relaciones derivadas de ese contrato; por lo tanto, es indiferente, para los terceros, que el mandatario haya o no excedido de sus facultades. b. Si el mandatario ha actuado a nombre de su mandante: Por regla general, el mandante no será obligado respecto de los terceros, y ello porque según el Art. 2160 CC se trata de un caso de inoponibilidad del acto por falta de concurrencia de voluntad. La Ratificación del Mandante: “Acto jurídico unilateral, en virtud del cual una persona acepta como suyas las declaraciones de voluntad hechas en su nombre por otra persona que carecía de poder suficiente”. Conforme al Art. 2160, inc. 2 y 2136 CC, la ratificación puede ser tácita o expresa. Será tácita la ejecución de actos que solo podrían ejecutarse en virtud del contrato. Se ha dicho que la ratificación expresa debe reunir las formalidades del acto que ratifica. En cualquier caso, la ratificación opera con efecto retroactivo y es irrevocable. 482

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El mandante no tiene plazo para ratificar. Los terceros pueden romper esta inercia demandando al mandante, quien, en el plazo de contestación, deberá ratificar o alegar inoponibilidad. 3) Responsabilidad del Mandatario frente a Terceros: La regla general es la irresponsabilidad del mandatario frene a terceros; esto es, en principio el mandatario no contrae responsabilidad alguna respecto de los terceros con quienes contrató excediendo de sus poderes (Art. 2154 CC). Esto tiene las siguientes excepciones: a. Cuando el mandatario no ha dado suficiente conocimiento de sus poderes: Supone necesariamente que el mandatario actúe a nombre del mandante, pues de otro modo a los terceros no les empece la extensión de sus poderes. Deberá probarse por los terceros que el mandatario no les dio suficiente noticia de sus poderes. b. Cuando el mandatario se ha obligado personalmente: Podría incluir dos casos: i. El mandatario ha contratado en su propio nombre: Esta hipótesis debe descartarse, pues esta norma se refiere siempre al caso en que el mandatario actúa a nombre del mandante. ii. El mandatario contrata a nombre del mandante, pero se ha constituido en deudor solidario o subsidiario o ha prometido, por si, la ratificación del mandante: 3. Obligación de Rendir Cuenta (Art. 2155, inc. 1 CC): “El mandatario es obligado a dar cuenta de su administración”. Es una obligación de la naturaleza del mandato y es obligado a ella sea que el mandatario haya obrado a su propio nombre o en representación de su mandante. La rendición de cuentas tiene por objeto poner en conocimiento del mandante la forma en que se ha llevado a cabo la gestión, los resultados del mismo, y la restitución de todo lo que el mandatario ha recibido con ocasión de la ejecución, sea del propio mandante, sea de terceros y aun cuando lo pagado por estos no se deba al mandante (Art. 2157 CC). Además, el mandatario es responsable de lo que ha dejado de recibir por su culpa. La cuenta debe comprender también los intereses corrientes de los dineros del mandante que el mandatario haya empleado en utilidad propia (Art. 2156 CC). Si el mandatario ha actuado a su propio nombre, la rendición de cuenta importa también la cesión de todos los derechos y el traspaso de todas las deudas. Las partidas importantes de la cuenta deben ser documentadas (Art. 2155, inc. 2 CC). El mandante puede relevar al mandatario de la obligación de rendir cuenta documentada, y en ese caso, el mandatario podrá acreditar la verdad de las partidas por todos los medios de prueba que franquea la ley, incluso testigos. El mandante puede relevar al mandatario de la obligación de rendir cuenta; pero eso debe ser acreditado por el mandatario. Esta liberación no produce otro efecto que el de alterar el onus probandi, pues ello no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante. La acción de rendición de cuentas es personal, transmisible y prescribe según las reglas generales en 5 años desde que la obligación se hizo exigible o 3 si era ejecutiva. El mandatario podrá oponer dos excepciones contra esta acción: 1) La de prescripción extintiva de la acción de rendición de cuentas. 483

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) La de prescripción adquisitiva de las cosas adquiridas en ejecución del mandato a su propio nombre. El mandante también tiene acción reivindicatoria en contra del mandatario para obtener la restitución de las cosas que le pertenecen y que el mandatario ha recibido del mandante o de terceros a nombre del mandante, pues en tal caso es un mero tenedor (Art. 915 CC). La aprobación dada por el mandante al mandatario de las cuentas presentadas por este determina irrevocablemente los saldos a favor o en contra del mandante. No podrá volver a discutirse, salvo que haya habido dolo del mandatario, a menos que el mandante condone expresamente el dolo contenido en ella. El procedimiento para el juicio de cuentas es de arbitraje forzoso (Art. 227 Nº3 COT). B. Sección Segunda: “OBLIGACIONES DEL MANDANTE” 1. Conceptos Generales: Están establecidas en el Art. 2158 CC y ninguna de ellas es de la esencia del mandato. 2. Obligaciones que se generan al tiempo de perfeccionarse el contrato: 1) El mandante debe proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato (Art. 2158 Nº1 CC): Esto comprende todas las cosas que pueden necesitarse para la correcta ejecución del encargo. Si el mandante no cumple esta obligación el mandatario puede desistirse de su encargo (Art. 2159 CC). 3. Obligaciones que se generan durante el contrato o con ocasión del mismo: 1) Reembolso de los gastos necesarios causados en la ejecución del mandato (Art. 2158 Nº2 CC): La razonabilidad deberá determinarse caso a caso, y queda entregada a la prudencia del juez. 2) Pago de la remuneración estipulada o la usual (Art. 2158 Nº3 CC): Puede ser fijada por convención de las partes, por ley, por costumbre o por el juez. Prevalece el principio de la autonomía de la voluntad. Para la doctrina este es imp de los pocos casos en que la ley se remite a la costumbre, sin embargo, en opinión de Álvaro Vidal, la remisión seria a los usos del tráfico y no a la costumbre. 3) Pagar las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes (Art. 2158 Nº4 CC): Las anticipaciones de dineros propios que el mandatario hace durante el desempeño de su cometido, importan un contrato de mutuo (acto consigo mismo) (Art. 2145 CC). Terminado el mandato, el mandatario puede exigir el reembolso de las sumas prestadas o anticipadas al mandante, con los intereses corrientes desde el día en que se anticiparon. 4) Indemnizar las pérdidas que hubiere sufrido el mandatario sin culpa y por causa del mandato (Art. 2158 Nº5 CC): Alessandri sostiene que esta responsabilidad es de carácter contractual, pues el contrato, por expresa disposición de la ley, obliga a reparar el daño causado. Sin embargo, si el mandante debe reparar los perjuicios es porque la ley lo obliga a ello, es una obligación legal. No se distingue si son previstos o imprevistos, materiales o morales, es todo daño. 4. Derecho Legal de Retención (Art. 2162 CC): “Podrá el mandatario retener los efectos que se le hayan entregado por cuenta del mandante para la seguridad de las prestaciones a que éste fuere obligado por su parte”. C. Sección Tercera: “EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS” 484

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Mandatario que contrata a nombre propio (Art. 2151 CC): “Si contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros al mandante”. Pero una vez finalizada su gestión, debe traspasar a su mandante los créditos y demás derechos adquiridos y las deudas contraídas por la ejecución del mandato. 2. Mandatario que contrata a nombre de su mandante: Opera la representación, por lo que obliga al mandante frente a terceros y no se obliga personalmente. Los terceros deben probar que el mandatario ha contratado dentro de los límites de sus poderes, pues solo de este modo queda obligado el mandante y la prueba de las obligaciones incumbe al que las alega. Si se prueba esto al mandante le tocará acreditar que los terceros conocían el verdadero alcance del mandato (Art. 2173, inc. final CC). 2.1. El problema de los vicios del consentimiento y de los hechos ilícitos del mandatario: Se ha resuelto que el mandante puede intentar la acción de nulidad por los vicios que hayan afectado la voluntad del mandatario. El problema se produce respecto de cuando el mandatario comete dolo contra el tercero, respecto a si este es oponible o no al mandante. Se han planteado dos posiciones: 1) Como el mandante no participó en la maquinación fraudulenta, el dolo de su mandatario no le puede ser oponible: En tal caso el tercero solo tendría acción de perjuicios contra el mandatario por el total de los perjuicios y contra el mandante que se ha aprovechado de él y hasta concurrencia del provecho. 2) El dolo del mandatario es oponible al mandante: Ello por cuanto en la especie el dolo ha sido obra de una de las partes aun cuando los efectos del mismo se radiquen en el mandante. Pero esto no quiere decir que el dolo del mandatario se traspase al mandante. El tercero podrá accionar de nulidad en contra del mandante, pero la acción de perjuicios deberá dirigirla en contra del mandatario. Esto porque el mandante, por regla general, no es responsable de los delitos y cuasidelitos cometidos por el mandatario en el desempeño de su cometido. En consecuencia, el mandante responde de su propio dolo y del provecho que reporta del dolo del mandatario (Art. 2316, inc. final CC). 2.2. La responsabilidad del mandante por culpa o dolo del mandatario en el incumplimiento de una obligación contractual: El mandante es responsable de los perjuicios que se deriven del incumplimiento contractual, aunque el mismo sea imputable al mandatario. Ello, por cuanto los Arts. 1590 y 1679 CC establecen que, en materia de responsabilidad contractual, en el hecho o culpa del deudor se comprende el de las personas por quienes fueren responsables. VI.

TERMINACIÓN DEL MANDATO.

1. Conceptos Generales: Además de las causales de extinción generales que pueden ser aplicables al mandato, el Código reglamente causales de extinción especiales. En ese sentido, el Art. 2163 CC señala que: “El mandato termina: 1.º Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2.º Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato; 3.º Por la revocación del mandante; 4.º Por la renuncia del mandatario; 5.º Por la muerte del mandante o del mandatario; 6.º Por tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, el mandante o el mandatario; 7.º Por la interdicción del uno o del otro; 8.º Derogado. 9.º Por la cesación de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas”. 2. Normas Comunes a las Causales de Extinción del Mandato:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Caso de la Mujer Casada: Si la mujer ha conferido un mandato antes del matrimonio, subsiste el mandato, pero el marido puede revocarlo a su arbitrio si se refiere a actos relativos a bienes cuya administración corresponda a este (Art. 2171 CC). 2) Pluralidad de Mandatarios: Si todos los mandatarios están obligados a obrar conjuntamente, la falta de uno de ellos por las causas enumeradas en el Art. 2163 CC podrá fin al mandato de todos ellos (Art. 2172 CC). 3. Desempeño del Negocio para el cual fue constituido (Art. 2163 Nº1 CC): Una vez ejecutado el negocio termina el mandato. Pero pueden quedar subsistentes obligaciones ya generadas, como son las de rendir cuenta y la de pagar la remuneración convenida o usual. Estas obligaciones se extinguirán por el pago. Esta causal solo es aplicable a los mandatos especiales. Los mandatos generales para la administración de los bienes del mandante no se agotan, aun cuando se destruyan todos los bienes, pues jurídicamente su patrimonio subsiste. 4. Expiración del Término o Evento de la Condición (Art. 2163 Nº2 CC): A todo evento, el mandato siempre estará sujeto a un plazo indeterminado, cual es la muerte del mandante o mandatario. 5. La Revocación del Mandante (Art. 2163 Nº3 CC): El mandante puede revocar el mandato a su arbitrio (Art. 2165 CC). Si el mandato era remunerado, no por eso se priva al mandante de su facultad de revocar. La revocación puede ser expresa o tácita y pone término al mandato desde que el mandatario toma conocimiento de ella; pero respecto de terceros solo produce efecto desde que estos la conocieron. 5.1. La Irrevocabilidad del Mandato: La facultad de revocar es de la naturaleza del mandato y no de su esencia. Sin embargo, el Art. 241 CCom recoge una norma que se ha entendido de derecho común y que consiste en que el comitente (mandante) no puede revocar a su arbitrio la comisión aceptada, cuando su ejecución interesa al comisionista (mandatario) o a terceros. Asimismo, se ha estimado perfectamente licito el pacto por el cual mandante y mandatario convienen en que el primero no podrá revocar el encargo. Además, la ley en determinadas ocasiones ha prohibido expresamente el pacto de irrevocabilidad de donde se sigue que la regla genera es su licitud. Sin embargo, se ha estimado ilícito el pacto de irrevocabilidad estipulado en un mandato general de administración de bienes, pues ello implicaría renunciar a perpetuidad a la administración de sus bienes, estableciendo una especie de incapacidad relativa. Una vez pactada la irrevocabilidad, el mandante no puede prohibir a los terceros que contraten con el mandatario. A su turno, el mandante debe abstenerse de ejecutar por sí mismo el negocio encomendado y si de hecho lo hace y se adelanta al mandatario, quedara responsable de los perjuicios que irrogue al mandatario (responsabilidad contractual). 5.2. Formas de la Revocación: De acuerdo al Art. 2164 CC la revocación puede ser expresa o tácita. 1) Revocación Expresa: Es expresa cuando se hace de palabra o por escrito, siempre que se haga en términos explícitos. 2) Revocación Tácita: Es tácita cuando el mandante encarga el mismo negocio a otra persona o cuando aparezca claramente y de cualquier modo la intención de poner término al mandato. a. Primer mandato era general y el segundo es especial: Se entiende que en este caso subsiste el primer mandato para los negocios no comprendidos en el segundo. 486

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Primer mandato es especial y el segundo es general: Se entiende que el mandato especial anterior queda sin efecto al quedar comprendido por el segundo general posterior. La revocación no está sujeta a formalidad alguna, ni aun cuando el mandato conste en escritura pública (Art. 2165 CC); salvo que el mandato deba constituirse en forma solemne por ley; en cuyo caso debe revocarse de igual manera. 5.3. Efectos de la Revocación respecto del Mandatario: Desde que el mandatario toma conocimiento de ella, cesa en sus funciones y debe abstenerse de seguir actuando, salvo en lo estrictamente necesario para evitar un daño con la suspensión inmediata de la gestión. Si el mandatario, sabedor de la revocación, contrata con terceros, deberá indemnizar al mandante de los perjuicios que esa contravención le haya ocasionado (Art. 2173, inc. 2 CC). Si el mandatario, luego de la revocación, contrata a su propio nombre, pero por cuenta del mandante, no obliga al mandante con terceros, salvo que la gestión hubiese sido útil al mandante y existiera la utilidad al tiempo de la demanda, en cuyo caso tiene acción contra el mandante hasta concurrencia del provecho (Art. 2291 CC). 5.4. Efectos de la Revocación respecto de Terceros: La revocación es inoponible a los terceros de buena fe; o sea, a aquellos que ignoran la revocación al tiempo en que contrataron con el mandatario. Como la buena fe se presume, incumbe al mandante acreditar que los terceros conocían de la revocación. Pero si el mandante notifica al público mediante avisos que ha revocado el mandato o no pareciera probable la ignorancia del tercero, podrá el juez en su prudencia absolverlo (Art. 2173, inc. final CC). Si los terceros contrataron de mala fe no tienen acción ni contra el mandante ni contra el mandatario. 6. La Renuncia del Mandatario (Art. 2163 Nº4 CC): El mandatario puede poner término unilateral al mandato renunciando. Lo puede hacer antes de dar comienzo a la gestión (Art. 2124 CC) o durante ella, sin perjuicio de continuar atendiendo los negocios del mandante por un tiempo razonable para que este pueda encargárselo a un tercero o asumir personalmente. El mandatario no está obligado a justificar su renuncia ni a formularla en determinado tiempo. Es perfectamente licito el pacto por el cual se estipula que el mandatario no podrá renunciar al encargo; salvo los casos en que la renuncia esté expresamente prohibida. Si pactada la irrenunciabilidad, el mandatario renuncia o cesa en sus funciones, la renuncia no produce efectos y se hace responsable de los perjuicios que con ello se sigan al mandante. La renuncia debe comunicarse siempre al mandante (Art. 2124, inc. final y 2167 CC). Los efectos de la renuncia son: 1) Pone fin al mandato una vez vencido el tiempo razonable del Art. 2167 CC. 2) La renuncia solo es oponible a terceros desde que han tomado conocimiento de ella (Art. 2173 CC). 7. Muerte del Mandante (Art. 2163 Nº5 CC): Produce efecto desde que el mandatario toma conocimiento de la muerte. Existen ciertos casos en que, no obstante la muerte del mandante, subsiste el mandato: 1) El mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante (Art. 2169 CC). 2) El mandato judicial (Art. 396 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) La comisión mercantil (Art. 240 CCom). 4) Si la suspensión de sus funciones pueda ocasionar perjuicio a los herederos del mandante (Art. 2168 CC). Los efectos de la muerte del mandante es que, por regla general, pone termino al mandato desde que el mandatario toma conocimiento de ella; pero los contratos celebrados por el mandatario, sabedor o ignorante de la muerte, con terceros de buena fe obligan a los herederos del mandante (Art. 2173 CC). 8. Muerte del Mandatario (Art. 2163 Nº5 CC): Al igual que el caso anterior, la muerte del mandatario pone fin al mandato, salvo estipulación de continuar el mandato con los herederos del mandatario. Si existen varios mandatarios que deban obrar conjuntamente, la muerte de uno de ellos pone término al mandato respecto de todos (Art. 2172 CC). 9. Ser deudor en un procedimiento concursal de liquidación, el mandante o el mandatario (Art. 2163 Nº6 CC): Esto se debe a que pierden la libre administración de sus bienes y se quiebra la confianza. 10. Interdicción del Mandante o Mandatario (Art. 2163 Nº7 CC): Quien ha sido declarado interdicto, ha sido privado de la administración de sus bienes, por lo que cesa el mandato de pleno derecho. 11. Cesación de las Funciones del Mandante (Art. 2163 Nº9 CC): Tal es el caso, por ejemplo, del mandato otorgado por el padre o madre en ejercicio de la patria potestad. Una vez emancipado el hijo, el mandato se extingue, por haber cesado la patria potestad. Lo mismo sucede con el resto de los representantes legales. VII.

EL MANDATO Y LA AGENCIA OFICIOSA.

1. Conceptos Generales: En aquellos casos en que estando el mandatario de buena fe y el mandato es nulo o bien, por una necesidad imperiosa el mandatario sale de los límites del mandato, el mandatario se convierte en agente oficioso, es decir, los negocios que realice en ciertos casos igualmente obligarán al mandante (Art. 2122 CC). Las obligaciones del agente oficioso son las mismas que las del mandatario, pesando sobre él la responsabilidad de un buen padre de familia y será responsable únicamente de la culpa grave, o dolo, cuando ha tomado la gestión de negocios ajenos para salvarlos de un peligro. Y es responsable de toda culpa cuando se ha ofrecido voluntariamente como agente oficioso, impidiendo que otros lo hiciesen (Art. 2288 CC). Si el negocio ha sido bien administrado el interesado deberá cumplir las obligaciones contraídas por el agente y deberá reembolsar las expensas útiles y necesarias. Pero, si es mal administrado el negocio, el gerente es responsable de los perjuicios (Art. 2190 CC). CAPÍTULO V: LA FIANZA39 I.

CONCEPTOS GENERALES.

1. Concepto: El Art. 2335 CC define la fianza como “una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple”. Agrega el precepto que la fianza puede constituirse, no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador.

En fianza y en hipoteca se sigue lo señalado en el texto “Fuentes de las Obligaciones: Los Contratos de Garantía” de Cristian Boetsch Gillet. 39

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Lo cierto es que la fianza, antes que una obligación accesoria, es un contrato accesorio, cuyas partes son el acreedor y el fiador. Siempre es un contrato, aun cuando el origen de la obligación de procurarse un fiador sea convencional, legal o por una resolución judicial. 2. Características del Contrato de Fianza: 1) Por regla general, es un Contrato Consensual: Lo anterior, sin perjuicio de las limitaciones a la prueba de testigos contenidas en los Arts. 1708 y ss. CC. Excepcional, la fianza es solemne en los siguientes casos: a. La fianza que debe rendir el guardador, para ejercer su cargo: Debe otorgarse por escritura pública. b. La fianza mercantil debe otorgarse por escrito (Art. 820 CCom). 2) Es un Contrato Unilateral: De la propia definición del Art. 2335 CC se desprende que solo se obliga el fiador para con el acreedor a cumplir la obligación, en todo o parte, si no la cumple el principal deudor. El deudor es extraño al contrato de fianza, ya que el propio Art. 2345 CC sostiene que: “Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia y contra la voluntad del principal deudor”. 3) Es un Contrato Gratuito: Respecto de este elemento, podrían darse dos situaciones anómalas: a. Que el deudor principal se obligue a remunerar al fiador: En este caso existe una discusión respecto a si la fianza deja de ser gratuita o no: i. Somarriva: Afirma que la gratuidad es de la esencia de este contrato. En el pacto mencionado no interviene el acreedor, quien es parte solo en el contrato de fianza, y no en la convención que vincula al deudor principal y al fiador. En ese sentido, no se cumple con que cada parte se grave a favor de la otra (Art. 1440 CC). ii. López Santa María: Discrepa de Somarriva, indicando que el énfasis del contrato oneroso está en la utilidad que obtengan ambos contratantes, aunque uno de ellos se beneficie por la prestación de un tercero y no de su contraparte. b. Que el acreedor se obligue a remunerar al fiador: Podría sostenerse que en este caso la fianza sería un contrato bilateral y oneroso, pero en verdad, opina Somarriva, en este caso no estaríamos frente a una fianza, sino más bien ante un contrato innominado muy semejante al contrato de seguro, en el cual la prima sería la remuneración y el riesgo el no cumplimiento por parte del deudor. A pesar de su carácter gratuito, la fianza no constituye donación (Art. 1397 CC). No obstante ser un contrato gratuito, el Art. 2351 CC establece que el fiador responde de culpa leve y no de culpa grave, como sería normal considerando que el contrato no le reporta beneficio alguno. 4) Es un Contrato Accesorio: Su finalidad es procurar al acreedor una garantía y supone necesariamente una obligación principal a que acceda. La suerte de la fianza está íntimamente ligada a la suerte de la obligación principal. Esto tiene las siguientes consecuencias: a. Extinguida la obligación principal se extingue también la fianza (Art. 2381 CC): Así, la nulidad de la obligación principal acarrea la nulidad de la fianza. Esta regla tiene una excepción cuando la nulidad proviene de la incapacidad relativa del deudor principal. En este caso el fiador no puede invocar la nulidad porque se trata de una excepción personal 489

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe del deudor (Art. 2354 CC). En este contexto, hay que recordar que la declaración de nulidad debido a la incapacidad del obligado suele dejar subsistente una obligación natural (Art. 1470 N°1 CC) y, cada vez que esto ocurre, la obligación natural servirá de sostén a la fianza. b. El fiador tiene la facultad de oponer al acreedor todas las excepciones que deriven de la obligación principal (Art. 2354 CC): Lo que puede oponer el fiador al acreedor son las excepciones reales, pero no las personales del deudor. c. La obligación del fiador no puede ser más gravosa que la obligación principal (Art. 2343 y 2344 CC): Lo que si puede ocurrir es que el fiador se obligue por menos, no solo respecto de la cuantía de la obligación, sino también en cuanto al tiempo, lugar, modalidades de pago, cláusula penal, etc. i. En cuanto a la cuantía: La obligación del fiador excederá relativamente a la cuantía si se obliga a pagar una suma mayor que el deudor o la obligación principal no produce intereses y el fiador se obliga a pagarlos o si debe pagar intereses más elevados que el deudor. ii. En cuanto al tiempo: El fiador se obligaría en términos menos gravosos que el deudor principal, cuando dicha obligación sea pura y simple, mientras que la obligación del fiador estuviere sujeta a un plazo; también puede ocurrir que ambas obligaciones sean puras y simples o estén sujetas a idéntico plazo; lo que no podría ocurrir, es que la obligación el deudor principal estuviere sujeta a un plazo para su exigibilidad y la del fiador fuere pura y simple. iii. En cuanto al lugar: No puede pactarse que el fiador esté obligado a pagar en el domicilio del acreedor, mientras que el deudor principal solo esté obligado a pagar en su propio domicilio. iv. En cuanto a la condición: Sería más gravosa para el fiador la obligación, si la obligación del deudor principal está sujeta a una condición suspensiva, mientras que la obligación del fiador es pura y simple y por ende su cumplimiento se puede exigir de inmediato por el acreedor. v. En cuanto a la forma de pago: La obligación del fiador sería más gravosa si está obligado a pagar en dinero efectivo o con un determinado tipo de moneda, mientras que el deudor principal no tiene dicha limitación. vi. En cuanto a la pena: En dos casos sería más gravosa la obligación del fiador: 1. Si el fiador se sujeta a una pena para el cumplimiento de su obligación, pero dicha pena no afecta al deudor principal. 2. Cuando ambos deudores, principal y fiador, se sujetan a una pena, pero la del fiador es más grave. La fianza que, en el hecho, es más gravosa que la obligación principal, no adolece de nulidad; la ley ha señalado una sanción diversa: “La fianza que excede bajo cualquiera de los respectos indicados en el inciso 1.º, deberá reducirse a los términos de la obligación principal (Art. 2344, inc. 3 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Este artículo, concluye en su inc. 4 que: “En caso de duda se adoptará la interpretación más favorable a la conformidad de las dos obligaciones principal y accesoria”. d. El fiador puede obligarse en términos más eficaces (Art. 2344, inc. 2 CC): “Podrá, sin embargo, obligarse de un modo más eficaz, por ejemplo, con una hipoteca, aunque la obligación principal no la tenga”. En ese sentido, en cuanto a la calidad del vínculo, el fiador puede estar más estrecha y duramente obligado. 5) Es un Contrato Patrimonial: Se consagra este carácter en el Art. 2352 CC al decir que los derechos y las obligaciones de los fiadores son transmisibles a sus herederos. 6) No es un Contrato Condicional: El fiador contrae su obligación directa e inmediatamente, de manera que se trata de un contrato puro y simple. Con todo, nada impide estipular una modalidad. Además, cada vez que la obligación principal esté sujeta a una modalidad, la fianza también lo estará. 3. La Subfianza (Art. 2335, inc. 2 CC): “La fianza puede constituirse, no sólo a favor del deudor principal, sino de otro fiador”. En este caso, extinguida la fianza por confusión de las calidades de deudor y fiador, persistirá sin embargo la subfianza (Art. 2383 CC), lo que se justifica porque la subfianza beneficia al acreedor, y el crédito aún no se ha extinguido, sin perjuicio que ahora, en lugar de ter personas obligadas (deudor, fiador y subfiador), solo hay dos (deudor y subfiador). 4. Clasificación de la Fianza: 1) Atendiendo al origen de la obligación del deudor principal de rendir fianza: a. Fianza Convencional: “Aquella en que el deber de rendir fianza surge de un acuerdo entre las partes, sin que ello sea impuesto por la ley ni por el juez”. b. Fianza Legal: “Aquella impuesta por el legislador”. Se da en los siguientes casos: i. Poseedores provisorios, en el marco de la muerte presunta (Art. 89 CC). ii. Guardadores, que deben rendir fianza, previa al discernimiento de la guarda (Art. 374 CC). iii. Usufructuarios que deben rendir caución para tener la cosa fructífera (Art. 775 CC). c. Fianza Judicial: “Aquella decretada por el juez en virtud de una norma legal que se lo permite”. Se da en los siguientes casos: i. Propietario fiduciario, a quien el juez le ordena prestar caución de conservación y restitución cuando el fideicomisario impetró una medida conservativa (Art. 755 CC). ii. Dueño de una obra ruinosa, cuando se le ordena rendir caución de resarcir todo perjuicio que sobrevenga por el mal estado del edificio, siempre que se tema que el daño no fuere grave (Art. 932 CC). iii. Aquellos que deban pagar especies legadas, el albacea podrá exigirles que rindan caución (Art. 1292 CC). iv. Fianza que eventualmente se pueda exigir al albacea (Art. 1315 CC). 491

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En términos generales, la fianza legal y la fianza judicial se rigen por las mismas reglas que la convencional (Art. 2336, inc. 3 CC), pero existen dos grandes diferencias: a. Si la fianza es legal o judicial, puede sustituirse a ella una prenda o hipoteca, aun contra la voluntad del acreedor (Art. 2337 CC). b. Cuando la fianza es exigida por el juez, el fiador no goza del beneficio de excusión (Art. 2358 N°4 CC). 2) Atendiendo a la intensidad del vínculo: a. Fianza Personal: “Aquella en que el fiador obliga todos sus bienes al cumplimiento de la obligación principal”. En la fianza personal, llamada también simple, el acreedor goza de dos acciones personales: una contra el deudor principal y otra contra el fiador. b. Fianza Hipotecaria o Prendaria: “Aquella en que el fiador además de obligar todos sus bienes al cumplimiento de la obligación principal constituye una hipoteca o una prenda en favor del acreedor”. En estos casos se constituirá simultáneamente una garantía personal y otra real, por la misma persona. En este caso, a las dos acciones de la fianza personal se agrega una tercera acción real y además preferente. Si el acreedor ejercita contra el fiador la acción real, debe tenerse presente: i. Que no podrá oponer el fiador el beneficio de excusión. ii. Que la indivisibilidad de la prenda y la hipoteca impedirá igualmente a los fiadores invocar el beneficio de división. 3) Atendiendo a la determinación de la fianza: a. Fianza Limitada o Definida: “Aquella en que se determina con precisión a qué está obligado el fiador o se limita la fianza a una determinada cantidad de dinero”. Cuando la fianza se limita en cuanto a la cantidad, responde el fiador solo hasta la suma convenida y no más (Art. 2367, inc. 3 CC). Del mismo modo, limitada la fianza a determinadas obligaciones, no se extiende a otras obligaciones diversas. b. Fianza Ilimitada o Indefinida: “Aquella en que se extiende a todo cuánto asciende la obligación principal con sus intereses y costas”. Cabe advertir que la fianza ilimitada tiene en último término un límite: no se extiende a más de la obligación principal (Arts. 2343 y 2344 CC). El fiador, en consecuencia, está obligado a: i. El pago del capital de la obligación. ii. Pagar los intereses. iii. El pago de las costas. No responde el fiador de las costas producidas entre el requerimiento al deudor y la intimación que a él se haga. 4) Atendiendo a los beneficios de que goza el fiador: a. Fianza Simple: “Aquella que confiere al fiador los beneficios de excusión y de división”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Fianza Solidaria: “Aquella en que el fiador queda privado del beneficio de excusión, y si son varios los fiadores solidarios, quedan privados del beneficio de división”. Somarriva sostiene que la estipulación de la solidaridad en la fianza puede referirse a la situación del fiador con respecto al deudor, en cuyo caso el efecto que produce es privar a aquél del beneficio de excusión; o a la situación del fiador con respecto a los demás fiadores, significando entonces que no puede oponerse el beneficio de división; o referirse a ambos. II.

REQUISITOS DEL CONTRATO DE FIANZA.

1. Consentimiento de las Partes: En relación a esto es necesario tomar en consideración que: 1) El contrato de fianza es consensual: De manera que se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades entre el acreedor y el fiador. 2) La ley no se contenta con un consentimiento tácito: En ese sentido, el Art. 2347 CC señala que “La fianza no se presume, ni debe extenderse a más que el tenor de lo expreso”. En todo caso, solamente la voluntad del fiador debe manifestarse de un modo expreso, respecto del acreedor se siguen las reglas generales, admitiéndose una manifestación expresa o tácita. 3) En cuanto a la prueba, la fianza está sujeta a las reglas generales: Una fianza estipulada verbalmente no podrá probarse por testigos si excediere de la cantidad de 2 unidades tributarias, a falta de un principio de prueba por escrito. 4) La fianza es un contrato que celebran acreedor y fiador, y por lo mismo no interviene la voluntad del deudor principal, al perfeccionarse el contrato de fianza: Aun más, el Art. 2345 CC dispone que: “Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia y contra la voluntad del principal deudor”. Si el deudor principal solicitó al fiador que asumiera tal condición hay un mandato entre ellos. Si el deudor no supo que el fiador asumía tal condición, estamos ante una agencia oficiosa. Cualquiera de estas hipótesis sirve de fundamento a la acción de reembolso contra el deudor principal. 2. Objeto de la Fianza: La obligación principal puede ser de dar, hacer o no hacer; pero la obligación del fiador será siempre de dar; y todavía, de dar una suma de dinero. El Art. 2343, inc. 2 CC expresa que el fiador “puede obligarse a pagar una suma de dinero en lugar de otra cosa de valor igual o mayor”; y añade que “la obligación de pagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa o de una suma de dinero, no constituye fianza”. Cuando se afianza una obligación de dar, el fiador responderá pagando la suma de dinero a que asciende la obligación principal, o a una menor si la fianza se hubiere limitado. Cuando se afianza una obligación de hacer o no hacer el fiador se obliga al pago de los perjuicios que la infracción acarree al acreedor. En ese sentido, el Art. 2343, inc. 3 CC dispone que: “Afianzando un hecho ajeno se afianza sólo la indemnización en que el hecho por su inejecución se resuelva”. 3. Causa de la Fianza: En general existen dos posiciones en esta materia: 1) La fianza es un acto causado: Para los que siguen esta posición señalan que hay que distinguir: a. Si la fianza es gratuita: La causa de la obligación del fiados es la pura liberalidad. b. Si la fianza es remunerada: La causa se encuentra en el pago que se ofrece al fiador. Hay que recordar que no todos creen que la fianza pueda ser onerosa. 493

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En suma, en ambos casos debería buscarse la causa en las relaciones que tenga el fiador con el deudor principal. 2) La fianza es un acto abstracto: Para aquellos que sostienen que la fianza es un acto abstracto, critican la posición anterior en dos sentidos: a. El deudor es extraño al contrato de fianza. b. Como extraño que es, el deudor permanecerá, a veces, ignorante de los motivos que induzcan al fiador a obligarse. En ese sentido, señalan los que siguen esta posición, como la fianza es un contrato que se celebra entre acreedor y fiador, la causa ofrecería la peculiaridad de no formar parte del acuerdo de voluntades de los contratantes y constituiría un elemento extraño al contrato. Por ello sería una obligación abstracta. 4. Existencia de una Obligación Principal: Lo anterior es una consecuencia lógica del carácter accesorio que tiene el contrato de fianza. 1) La obligación afianzada puede ser civil o natural: Pero en el segundo caso el fiador no gozará del beneficio de excusión ni tampoco del beneficio de reembolso (Art. 2358 CC). 2) La obligación principal puede ser pura y simple o sujeta a modalidad: Si está sujeta a modalidad, esta se comunica a la fianza, aplicándose el principio de accesoriedad. 3) La obligación principal puede ser presente o futura (Art. 2339 CC): Si la obligación es futura, se otorga al fiador la facultad de retractarse hasta que llegue a existir la obligación principal, pero con una limitación: el fiador queda responsable frente al acreedor y frente a los terceros, en la medida que estos estén de buena fe. Si el fiador que se retracta no quiere incurrir en responsabilidad por el hecho de la retractación, debe notificar su decisión de retractarse publicando avisos y notificando al acreedor. III.

LA FIANZA FORZOSA.

1. Personas obligadas a rendir fianza: El fiador se obliga siempre en virtud de su libre declaración de voluntad; nadie puede estar obligado jamás a constituirse en fiador si no consciente en ello. Pero el deudor suele verse en la necesidad de procurar un fiador a su acreedor, a petición de este, en los siguientes casos: 1) Está obligado a rendir fianza el deudor que lo haya estipulado (Art. 2348 N°1 CC). 2) Debe rendir fianza el deudor cuyas facultades disminuyan en términos tales de poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su obligación (Art. 2348 N°2 CC). 3) Es obligado a prestar fianza el deudor de quien haya motivo de temer que se ausente del territorio del Estado con ánimo de establecerse en otra parte, mientras no deje bienes suficientes para la seguridad de sus obligaciones (Art. 2348 N°3 CC). 4) Es obligado a rendir fianza el deudor cuyo fiador se torna insolvente (Art. 2349 CC): La fianza de un insolvente no procura al acreedor ninguna garantía; por este motivo el deudor debe dar un nuevo fiador. 2. Calidades que debe reunir el fiador en la fianza forzosa: El deudor que está obligado a proporcionar un fiador, no puede dar uno cualquiera. En ese sentido, el Art. 2350 CC dispone que: “El obligado a prestar 494

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe fianza debe dar un fiador capaz de obligarse como tal; que tenga bienes más que suficientes para hacerla efectiva, y que esté domiciliado o elija domicilio dentro de la jurisdicción de la respectiva Corte de Apelaciones”. 1) Capacidad del Fiador: El Art. 2342 CC dispone que: “Las personas que se hallen bajo potestad patria o bajo tutela o curaduría, sólo podrán obligarse como fiadores en conformidad a lo prevenido en los títulos De la patria potestad y De la administración de los tutores y curadores. Si el marido o la mujer, casados en régimen de sociedad conyugal quisieren obligarse como fiadores, se observarán las reglas dadas en el título De la sociedad conyugal”. En ese sentido, hay que distinguir: a. Fianza del sometido a curaduría: Conforme al Art. 404 CC, para que el pupilo pueda obligarse como fiador, se requiere: i. Decreto judicial que lo autorice. ii. Que la fianza se constituya a favor de un cónyuge, de un ascendiente o descendiente. iii. Que la fianza tenga una causa urgente y grave. b. Fianza del menor no emancipado: De acuerdo al Art. 260 CC, los contratos del hijo no autorizados por el padre o la madre que lo tenga bajo su patria potestad le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial. Si el menor carece de tal patrimonio, el contrato adolecerá de nulidad relativa. c. Fianza otorgada por el marido, habiendo régimen de sociedad conyugal: De conformidad al Art. 1749 CC, si el marido se constituye en fiador, solo obligará sus bienes propios. Para obligar los bienes sociales y los bienes propios de la mujer se requiere que esta autorice el otorgamiento de la fianza. Respecto de la sociedad conyugal y la mujer, entonces, la fianza será inoponible si el marido la constituye sin su autorización. d. Fianza otorgada por cualquiera de los cónyuges, habiendo régimen de participación en los gananciales: Dispone el Art. 1793-3 CC que ninguno de los cónyuges podrá otorgar caucione personales sin el consentimiento del otro cónyuge. Si se afianza sin autorización la sanción es la nulidad relativa, la cual se contará desde el día en que el cónyuge que la alega tuvo conocimiento del acto. La razón por la cual la ley es más drástica en este caso se encuentra en la búsqueda de impedir que se abulte el pasivo de cualquiera de los cónyuges mediante deudas indirectas. 2) Solvencia del Fiador: La solvencia consiste, de acuerdo con el Art. 2350 CC, en que “tenga bienes más que suficientes” para hacer efectiva la fianza. En este caso, la ley no ha querido dar al juez un poder enteramente discrecional y ha fijado las bases según las cuales debe estimar la solvencia: a. Por regla general, para apreciar la solvencia del fiador, solo se considerarán sus bienes raíces (Art. 2350, inc. 2 CC). b. Pero no todos los bienes raíces pueden ser tomados en cuenta: i. No se tomarán en cuenta los inmuebles situados fuera del territorio del Estado.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. No se considerarán los bienes raíces sujetos a hipotecas gravosas: Será gravosa la hipoteca de un valor considerable, en relación con el que tenga la finca; será gravosa, asimismo, cuando lo sean las condiciones de la obligación caucionada. iii. Se excluyen los inmuebles sujetos a condiciones resolutorias. iv. No se tomarán en cuenta los inmuebles embargados. v. No se considerarán los inmuebles litigiosos: Deben considerarse litigiosos no solo los bienes que son actualmente materia de un litigio, sino también aquellos cuyos títulos adolezcan de defectos que hagan prever un litigio. vi. El Art. 2350 concluye indicando que “si el fiador estuviere recargado de deudas que pongan en peligro aun los inmuebles no hipotecados a ellas, tampoco se contará con estos”. 3) Domicilio del Fiador: El fiador debe tener o señalar domicilio dentro del territorio jurisdiccional de la “respectiva” Corte de Apelaciones. Por “respectiva”, se toma el lugar de pago. IV.

EFECTOS DE LA FIANZA. A. Sección Primera: “EFECTOS ENTRE EL ACREEDOR Y EL FIADOR”

1. Generalidades: Debemos distinguir dos momentos: (i) antes que se realice reconvención de pago y (ii) después que se realice reconvención de pago. 2. Efectos antes que se realice reconvención de pago: Se refieren a la facultad que tiene el fiador de: (i) pagar la deuda y (ii) exigir que el acreedor, desde que se haga exigible la obligación, proceda contra el principal deudor. 2.1. Facultad del Fiador de Anticiparse a Pagar la Deuda: El Art. 2353 CC dispone que: “El fiador podrá hacer el pago de la deuda, aun antes de ser reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiere hacerlo el deudor principal”. Es importante que el fiador que paga debe hacerlo en iguales condiciones que las que tenía el deudor principal. De tal manera, si el fiador paga la obligación principal y esta se encontraba sujeta a un plazo, o sea no era actualmente exigible, el fiador no puede dirigirse contra el deudor deduciendo acción de reembolso, sino una vez que ha expirado el plazo de la obligación principal (Art. 2373 CC). Debido a que del pago anticipado del fiador pueden seguirse consecuencias perjudiciales para el deudor, el fiador tiene la obligación de dar aviso al deudor antes de efectuar el pago. La omisión del aviso produce importantes consecuencias: 1) El deudor puede oponer al fiador todas las excepciones que pudo oponer el acreedor (Art. 2377, inc. 1 CC). 2) Si el deudor, ignorando que el fiado había pagado anticipadamente la obligación, la paga al acreedor; el fiador carecerá de la acción de reembolso contra el deudor, sin perjuicio que podrá intentar en contra del acreedor la acción del deudor por el pago de lo no debido (Art. 2377, inc. 2 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2.2. Derecho del Fiador para Exigir al Acreedor que Accione contra el Deudor: La ley le autoriza al fiador, sin esperar que el acreedor le reconvenga, para exigir que se proceda de inmediato contra el deudor principal (Art. 2356 CC). Si el acreedor, requerido por el fiador, omite perseguir al deudor, no será responsable el fiador por la insolvencia del deudor principal, sobrevenida durante el retardo (Art. 2356 CC). Como señala Somarriva, este derecho es un verdadero beneficio de excusión anticipado, y tiene por objeto no responsabilizar al fiador por la negligencia del acreedor en perseguido al deudor. Es por ello que parece prudente sostener que dicho requerimiento debe realizarse a través de receptor judicial, previa orden judicial, en una gestión no contenciosa. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario considerar que puede el acreedor perseguir al fiador desde que la obligación se hace exigible; no es menester que primeramente persiga al deudor principal. El beneficio de excusión de que goza el fiador no importa que el acreedor deba necesariamente perseguir primero al deudor; es facultativo para el fiador oponerlo, y solo en caso de que lo invoque, el acreedor debe accionar primeramente contra el deudor principal. 3. Efectos después que se realice reconvención de pago: Se refieren a los medios de defensa con que cuenta el fiador, eso es: (i) el beneficio de excusión, (ii) el beneficio de división, (iii) la excepción de subrogación, y (iv) excepciones reales y personales. 3.1. El Beneficio de Excusión: En virtud del Art. 2357 CC, podemos definirlo como “la facultad según la cual el fiador puede exigir al acreedor que antes de proceder en su contra, se persiga la deuda en los bienes del deudor principal”. 3.1.1. Fiadores que no gozan del beneficio de excusión (Art 2358 CC): El beneficio de excusión es de la naturaleza de la fianza; puede el fiador, en consecuencia, estar privado de este beneficio sin que por ello resulte ineficaz el contrato o degenere en otro distinto. En los siguientes casos el fiador no goza de este beneficio: 1) Cuando lo ha renunciado expresa o tácitamente (Art. 2358 N°1 CC): Se produce por renuncia tácita, por ejemplo, cuando el beneficio no se opusiere en tiempo oportuno. En el evento que hubiere subfiador, previene el Art. 2360 CC que, si renuncia el fiador al beneficio, no se entiende que también renuncie el subfiador. 2) Cuando el fiador se ha obligado solidariamente (Art. 2358 N°2 CC): En sus relaciones con el acreedor, el fiador y codeudor solidario es un codeudor. En sus relaciones con el deudor, o deudores, es un fiador (Art. 1522 CC). 3) En los casos que la obligación principal no produzca acción (Art. 2358 N°3 CC): Se refiere a las obligaciones naturales; donde mal podría en este caso exigir el fiador al acreedor que persiga primero al deudor, cuando la ley priva de tal derecho; aún más, puede ocurrir que el acreedor ni siquiera pueda perseguir el pago demandando al fiador, si esta devenga en natural por accesoriedad. 4) El fiador en la fianza judicial (Art. 2358 N°4 CC). Fuera de los casos del Art. 2358 CC, tampoco gozará el fiador del beneficio de excusión en los siguientes casos: 5) El fiador hipotecario o prendario y se pretende por el acreedor perseguir la cosa hipotecada o prendada (Arts. 2429 y 2430 CC). 497

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 6) Cuando el deudor es sujeto de un procedimiento concursal de liquidación o se encuentre en una notoria insolvencia: Porque en tales casos el fiador no podrá cumplir con el requisito de señalar los bienes del deudor sobre los cuales el acreedor pueda ejercitar su derecho de prenda general. 3.1.2. Casos en los cuales el acreedor está obligado a respetar el beneficio de excusión: En principio es facultativo para el fiador oponer o no al acreedor el beneficio de excusión. Pero excepcionalmente, el acreedor estará obligado a respetar el beneficio de excusión, en los siguientes casos: 1) Cuando así se haya estipulado expresamente: 2) Cuando el fiador, expresa e inequívocamente, no se hubiere obligado a pagar sino lo que el acreedor no pudiere obtener del deudor (Art. 2356, inc. 2 CC): Si el fiador contrae su obligación en los términos indicados, no será responsable de la insolvencia del deudor, concurriendo dos circunstancias: a. Que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerse pagar: Cabe señalar que el deudor podría tener bienes insuficientes para obtener el acreedor un pago total, pero que permiten un pago parcial, caso en el cual quedará subsistente la responsabilidad del fiador por el remanente. b. Que el acreedor haya sido negligente en servirse de los medios que tenía para hacerse pagar: La negligencia ha de corresponder a la de aquel que incurre en culpa grave. 3.1.3. Requisitos necesarios para que el fiador goce del beneficio de excusión (Art. 2358 CC): Son: 1) El fiador no debe estar privado del beneficio de excusión. 2) El beneficio de excusión se oponga en tiempo oportuno: Establece el Art. 2358 N°5 CC que debe oponerse luego que sea requerido el fiador. Esto implica que es una excepción dilatoria. Por lo tanto, deberá oponerse en las siguientes oportunidades procesales: a. Si se trata de un juicio ordinario: Dentro del término de emplazamiento. b. Si se trata de un juicio ejecutivo: Debe oponerse juntamente con las excepciones perentorias, en el plazo para oponerse a la ejecución. Excepcionalmente, el beneficio de excusión puede oponerse con posterioridad, cuando el deudor, al tiempo del requerimiento hecho al fiador no tenga bienes y después los adquiera. En este caso, la solicitud del fiador en la que alega la excusión se tramitará como incidente y deberá promoverse tan pronto como tenga conocimiento de que el deudor adquirió bienes, so pena de rechazarse de plano el incidente, si en el expediente hay antecedentes que prueben que el fiador sabía de la existencia de bienes en poder del deudor. 3) Que el fiador indique al acreedor los bienes del deudor principal (Art. 2358 N°6 CC): Como dice Somarriva, esta existencia es de toda lógica, porque si pudiese alegarse la excusión sin señalar los bienes del deudor principal, significaría una burla al acreedor y un mero expediente dilatorio empleado por el fiador. Toda clase de bienes pueden señalarse por el fiador, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, pero siempre y cuando se los indique con precisión.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Con todo, no se tomarán en cuenta los bienes que señala el Art. 2359 CC, bien por las dificultades de su realización, bien porque resulta problemático que el acreedor pueda satisfacerse con ellos: a. Los bienes existentes fuera del territorio del Estado (Art. 2359 N°1 CC). b. Los bienes embargados o litigiosos. c. Los créditos de dudoso o difícil cobro (Art. 2359 N°2 CC). d. Los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolutoria (Art. 2359 N°3 CC). e. Los bienes hipotecados a favor de deudas preferentes, en la parte que pareciere necesaria para el pago completo de estas (Art. 2359 N°4 CC). No es preciso que los bienes sean bastantes para obtener un pago total (Art. 2364 CC). Pero los bienes excutidos han de ser suficientemente importantes para que pueda obtenerse un resultado apreciable y serio. 3.1.4. Costos de la excusión: El Art. 2361, inc. 1 CC señala que tiene el acreedor el derecho para que el fiador le anticipe los costos de la excusión. No está obligado el fiador a proporcionar de inmediato los fondos. El suministro de los costos no es condición o requisito del beneficio de excusión. Debe hacerlo solo si el acreedor se lo exige. La razón del anticipo es obvia: 1) El juicio en que el acreedor persiga al deudor puede redundar en provecho del fiador, quien se liberará total o parcialmente de la obligación. 2) El fiador no recurrirá al beneficio de excusión con fines puramente dilatorios, si debe anticipar los gastos. A falta de acuerdo de las partes, el juez regulará el monto del anticipo, “y nombrará la persona en cuyo poder se consigne, que podrá ser el acreedor mismo” (Art. 2361, inc. 2 CC). El Art. 2361 CC concluye que “si el fiador prefiere hacer la excusión por sí mismo, dentro de un plazo razonable, será oído”. 3.1.5. Efectos del beneficio de excusión: 1) Como excepción dilatoria que es, el beneficio de excusión suspende la entrada a juicio, tanto como el acreedor demore en practicar la excusión. 2) Puede originar una disminución o incluso una extinción de la responsabilidad del fiador: Conforme al Art. 2365 CC, si una vez opuesto el beneficio de excusión, el acreedor es negligente en la persecución del deudor principal y este cae luego en insolvencia, el fiador solo responderá en lo que exceda al valor de los bienes señalados cuando opuso la excusión; aún más, si los bienes señalados eran suficientes para que el acreedor se hubiere pagado su crédito, el fiador ninguna responsabilidad tendrá. 3) Puede originar una extinción de la responsabilidad del fiador, si el acreedor obtiene un pago total en los bienes del deudor principal: Si obtiene solo un pago parcial con dichos bienes, entonces podrá dirigirse contra el fiador, por el saldo. 3.1.6. Otras cuestiones respecto al beneficio de excusión:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) El beneficio de excusión procede una vez (Art. 2363 CC): De acuerdo a este artículo, el fiador solo puede oponer el beneficio de excusión una sola vez. Con todo, lo que si puede hacerse nuevamente es la indicación de bienes del deudor principal, cuando este los hubiere adquirido después que el fiador opuso el beneficio. 2) El beneficio de excusión en las obligaciones solidarias: El fiador debe señalar para la excusión los bienes del deudor a quien afianzó. Esta regla tiene una excepción en las obligaciones solidarias, ya que el Art. 2362 CC dispone que “Cuando varios deudores principales se han obligado solidariamente y uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá derecho para que se executan no sólo los bienes de este deudor, sino de sus codeudores”. El fiador de uno de los deudores solidarios es considerado, en cierto modo, como fiador de todos. Somarriva critica la norma, señalando que nuestro Código Civil ha sido inconsecuente con respecto al principio establecido en el Art. 2372 CC, porque en este artículo, que alude a la acción de reembolso de que goza el fiador que ha pagado, solo se concede la acción contra el deudor solidario afianzado, y no contra los deudores solidarios no afianzados. Habría entonces disparidad de criterio para resolver dos casos que debieran tener idéntica solución. 3) Beneficio de excusión del subfiador: El subfiador goza del beneficio de excusión respecto del fiador. Pero el Art. 2366 CC le otorga el mismo beneficio respecto del deudor principal: “El subfiador goza del beneficio de excusión, tanto respecto del fiador como del deudor principal”. En este caso, el acreedor tendrá que demandar primero al deudor principal, enseguida al fiador y por último al subfiador. 3.2. El Beneficio de División: De acuerdo al Art. 2367 CC lo podemos definir como “el derecho que tiene cada uno de varios fiadores, para exigir al acreedor que la deuda se divida en partes iguales, y por ende que le reciba solo la cuota que al primero corresponda en la obligación”. La división de la deuda entre los cofiadores, en nuestro Código, opera de pleno derecho. Mientras el beneficio de excusión es una excepción dilatoria, el beneficio de división es una excepción perentoria. 3.2.1. Requisitos que deben cumplirse para que el fiador pueda oponer el beneficio de división: 1) Que el fiador que lo invoca no haya renunciado al beneficio: Si el fiador renuncia al beneficio y paga el total de la obligación, es subrogado por la ley en los derechos del acreedor contra los restantes fiadores, en el exceso de lo pagado (Art. 2378 CC). 2) Que no se trate de fiadores solidarios (Art. 2367 CC). 3) Que se trate de fiadores de una misma deuda y de un mismo deudor (Art. 2368 CC): No es obstáculo para que se invoque el beneficio de división, la circunstancia de que los fiadores se hubieren obligado separadamente. 3.2.2. Efectos del beneficio y forma de división: El principio general es que la deuda se divide entre los fiadores por partes iguales o cuotas viriles (Art. 2367, inc. 1 CC). Esto tiene excepciones: 1) Cuando un fiador inequívocamente ha limitado su responsabilidad a una suma o cuota determinada (Art. 2367, inc. 3 CC): En este caso los fiadores que no hubieren limitado su responsabilidad soportarán eventualmente una cuota mayor en la deuda, a la que habrían soportado de no existir la limitación a favor del primer fiador.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Cuando alguno de los fiadores fuere insolvente (Art. 2367, inc. 2 CC): Pues en tal caso, su insolvencia gravará a los demás fiadores, es decir, estos deberán pagar la parte que el primero no puede solucionar por su insolvencia. 3.3. La Excepción de Subrogación: En virtud de los Arts. 2355 y 2381 N°2 CC lo podemos definir como “facultad del fiador, para exigir que se rebaje de la demanda del acreedor todo lo que el fiador podría haber obtenido del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal o que se declare extinguida la fianza en todo o en parte, cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal o los otros fiadores, o cuando el acreedor por hecho o culpa suya, ha perdido las acciones en que el fiador tenía derecho de subrogarse”. Respecto al fundamento de esta excepción, en un inicio se dijo que esto provenía de un delito o al menos un cuasidelito civil. Sin embargo, se refutó en el sentido que hay un vínculo contractual entre el acreedor y el fiador. Ahora bien, es claro que la fuente de esta excepción no proviene del contrato. Es por esto que Somarriva plantea que, cuando el acreedor no conserva las acciones la fianza se transforma en un contrato sinalagmático imperfecto, porque la obligación del acreedor no emana del contrato, sino de un hecho posterior a su nacimiento, al que la ley le atribuye el carácter de generador de obligaciones. Se puede señalar también que se trata de una aplicación del principio de buena fe y del abuso del derecho. 3.3.1. Sujeto Activo de la Excepción de Subrogación: Pueden invocarla todos los fiadores, tanto si la fianza es gratuita o remunerada, civil o mercantil, convencional o judicial. Se estima incluso que podría invocarla el fiador solidario, aunque esto es discutible. Somarriva agrega también al tercero garante hipotecario, porque si bien no es fiador, su situación presenta muchas similitudes con la del fiador, ya que ninguno es deudor directo. Aún más, tal opinión podría sustentarse en el tenor del Art. 2429, inc. 2 CC, al disponer que el tercero que paga, se subroga al acreedor en los mismos términos que el fiador. 3.3.2. Requisitos para que el Fiador pueda oponer la Excepción de Subrogación: 1) La pérdida de las acciones debe producirse por hecho o culpa del acreedor (Art. 2381 N°2 CC). 2) Las acciones deben haber existido en manos del acreedor al momento de constituirse la fianza: Esto porque el fiador solo ha podido tener en vista para subrogarse las acciones existentes al momento de obligarse, y no las que aún no ingresaban al patrimonio del acreedor. 3) Debe tratarse de acciones útiles para el fiador: Si el acreedor pierde una acción que de haberse conservado y subrogado el fiador ningún beneficio le hubiere reportado a este, no hay perjuicio alguno y por ende no puede invocarse la excepción de subrogación. 3.3.3. Necesidad de Alegar la Excepción de Subrogación: La liberación del fiador o la disminución de su responsabilidad no operan de pleno derecho, por la sola circunstancia de haber perdido el acreedor las acciones en contra del deudor principal. El fiador, en efecto, debe alegar la excepción de subrogación, y de no hacerlo, se entenderá que renuncia a su derecho, subsistiendo entonces íntegra su responsabilidad. Si el fiador no alega la excepción, paga al acreedor y luego, al dirigirse en contra del deudor, se encuentra con que las acciones se habían extinguido por culpa del acreedor, Somarriva piensa que el fiador goza de la acción de in rem verso contra el acreedor. 3.3.4. Efectos de la Excepción de Subrogación (Arts. 2355 y 2381 CC): 501

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Extinción de la Fianza: Cuando las acciones perdidas por culpa del acreedor, de haber subsistido, habrían permitido al fiador obtener el reembolso íntegro de lo pagado al acreedor. 2) Disminución de la Responsabilidad del Fiador: Cuando las acciones en que pudo subrogarse solo le habrían reembolsado parte de lo pagado. 3.3.5. Peso de la Prueba en la Excepción de Subrogación: Corresponderá al fiador acreditar que concurren los requisitos pertinentes para que se acoja la excepción, porque quien alega la extinción de una obligación debe probarla (Art. 1698 CC). 3.4. Las Excepciones Reales y Personales: El fiador puede oponer al acreedor tanto las excepciones reales que emanan de la obligación, como las excepciones personales suyas (Art. 2354 CC). 1) Excepciones de Dolo y Violencia: El Art. 2354 CC incluye entre las excepciones reales al dolo y la violencia de que haya sido víctima el deudor. Se diferencian en esto entonces la solidaridad y la fianza, porque en la primera se trata de excepciones personales que solo puede invocar el deudor víctima del dolo o de la fuerza, mientras que en la fianza se trata de excepciones reales que puede oponer cualquier fiador. 2) Excepción de Compensación: La compensación y la remisión parcial de la deuda son excepciones mixtas. A diferencia de la solidaridad, en la fianza el fiador puede alegar la compensación, aun antes de que el deudor principal la alegue en juicio, cuando el acreedor se dirija primero contra él. 3) Excepción de Prescripción: A pesar de haber renunciado a la misma el deudor principal, esta puede ser alegada por el fiador (Art. 2496 CC). En cuanto al plazo de prescripción de la obligación subsidiaria del fiador, debemos atender al plazo en que prescriba la obligación principal (Art. 2516 CC). Prescritas ambas obligaciones, la principal y la accesoria, pasarán a tener la calidad de obligaciones naturales. Respecto a la interrupción de la prescripción hay que distinguir: a. Interrupción que opera en el deudor: Existen dos interpretaciones: i. Meza Barros: Estima que la interrupción de la prescripción que opera en el deudor principal no afecta al fiador. Fundamenta esta posición en: 1. El silencio del Código Civil sobre el punto. 2. La circunstancia de ser relativos los efectos de la interrupción. 3. Ser distinta la obligación del fiador que la del deudor principal. 4. Que nada tiene de extraño que la prescripción de la obligación del fiador prescriba independientemente de la obligación principal, porque el Art. 2381 CC establece que la fianza se extingue por los mismos medios que las otras obligaciones, como la prescripción. ii. Somarriva: Considera que la fianza no prescribe independientemente de la obligación principal, sino juntamente con ella, por aplicación del Art. 2516 CC. Por lo tanto, si la prescripción se ha interrumpido en el deudor principal, afecta también al fiador. b. Interrupción que opera en el fiador: Se aplica la regla general del efecto relativo de la interrupción de la prescripción y, por ende, el deudor principal podrá alegar la prescripción de las acciones, aun cuando se haya interrumpido la del fiador. 502

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe B. Sección Segunda: “EFECTOS ENTRE EL FIADOR Y EL DEUDOR” 1. Generalidades: En principio, el fiador no puede accionar contra el deudor, sea ejercitando su acción personal o la acción subrogatoria, sino cuando ha pagado. Sin embargo, en casos excepcionales, la ley acuerda al fiador un recurso anticipado, justamente para evitarse el trance de tener que pagar. Los efectos de la fianza entre deudor y fiador deben considerarse en dos momentos antes y después de verificado el pago. 2. Efectos Anteriores al Pago realizado por el Fiador: 1) Derechos que confiere la ley al Fiador (Art. 2369 CC): a. Que el deudor obtenga el relevo de la fianza: Que el deudor principal realice las gestiones necesarias ante el acreedor, para que este libere al fiador de la fianza; quien releva entonces es el acreedor, no el deudor principal, porque el segundo no es parte en el contrato de fianza, y esta no podría alzarse sin el consentimiento del acreedor. b. Que el deudor principal le caucione las resultas de la fianza: Que se constituya una garantía por el deudor principal a favor del fiador, para el caso que el ultimo pague al acreedor y exija el reembolso al deudor principal. c. Que el deudor principal le consigne medios de pago. El fiador podrá pedir a su arbitrio cualquiera de las tres cosas, pero para ello debe darse alguno de los siguientes casos: a. Que el deudor principal disipe o aventure temerariamente sus bienes. b. Que el deudor principal se haya obligado a obtener el relevo de la fianza en cierto plazo y este se ha cumplido. c. Cuando se ha cumplido la condición o vencido el plazo que haga exigible la obligación principal. d. Cuando hubieren transcurrido más de 5 años desde el otorgamiento de la fianza: Carecerá el fiador del derecho: i. Cuando la obligación principal se haya contraído por un tiempo más largo. ii. Cuando la fianza se hubiere dado para una obligación de duración indeterminada. e. Cuando exista temor fundado de que el deudor se fugue y no deje bienes raíces suficientes para el pago de la deuda: Si el deudor hubiere dejado bienes muebles suficientes, el fiador igual podrá hacer uso de estos derechos. 2) Obligación de Dar Aviso del Pago: Tanto el deudor principal, como el fiador deben avisarse mutuamente si realizaron el pago de la deuda. En ese sentido, se debe analizar la situación según si paga el deudor principal o el fiador, sin noticiar al otro: a. Pago efectuado por el deudor principal: En este caso, si el fiador, ignorando que el deudor había pagado, paga a su vez nuevamente al acreedor, tendrá derecho para exigir al deudor principal que le reembolse lo pagado. 503

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El deudor principal, por su parte, podrá repetir en contra del acreedor, pues el último incurrió en un caso de pago de lo no debido, al recibir dos veces lo que se le adeudaba. b. Pago efectuado por el fiador: El deudor principal podrá oponerle todas las excepciones de que podría haberse servido ante el acreedor. Si el deudor principal pagare de nuevo, ignorando que el fiador ya había pagado, el fiador no tendrá acción alguna contra aquel, sin perjuicio de dirigirse contra el acreedor por el pago de lo no debido. 3. Efectos Posteriores al Pago realizado por el Fiador: Dos acciones confiere la ley al fiador: (i) la acción de reembolso y (ii) la acción subrogatoria. Eventualmente, podrá interponer una tercera acción, cuando la fianza se hubiere otorgado por encargo de un tercero, pues entonces el fiador podrá dirigirse contra su mandante. 3.1. Acción de Reembolso: Contenida en el Art. 2370 CC, la podemos definir como “aquella acción que la ley confiere al fiador, para obtener del deudor el reembolso de todo lo pagado por el primero al acreedor, gastos incluidos, a consecuencia de su calidad de fiador de una obligación contraída por el segundo”. Es una acción personal en atención a su origen, porque es propia del fiador, a diferencia de la acción subrogatoria en que el fiador ejercita los derechos de su acreedor, cuyo lugar pasa a ocupar. 3.1.1. Extensión de la Acción de Reembolso: La acción de reembolso comprende las siguientes partidas: 1) El capital de la deuda: Debe el deudor reembolsar lo que el fiador haya pagado por él. 2) Los intereses de este capital: Los intereses que el fiador puede cobrar son los intereses corrientes, y ellos corren de pleno derecho desde el momento del pago. 3) Los gastos en que hubiere incurrido el fiador a consecuencia de la fianza: Estos gastos serán aquellos que el fiador ha debido pagarle al acreedor en conformidad al Art. 2347 CC, y los que se originan en la demanda interpuesta por el fiador contra el deudor. Existen, sin embargo, dos limitaciones establecidas en el Art. 2370 CC acerca del reembolso de los gastos: a. No podrá pedirse el reembolso de los gatos “inconsiderados”: Es decir, los gastos exagerados o desproporcionados, cuestión que determinará el juez. b. No podrá pedirse el reembolso de gastos sufridos por el fiador antes de notificar al deudor principal la demanda intentada contra el fiador. 4) Los perjuicios de cualquiera otra naturaleza que el contrato hubiere provocado al fiador: Así, Somarriva proporciona el ejemplo siguiente: el fiador, para hacer honor a su palabra y pagar la deuda, se ve en la necesidad de vender un inmueble a un precio muy inferior al que tiene en el mercado, caso en el cual podría cobrar al deudor principal no solo los intereses de lo pagado, sino también la diferencia entre el valor real del inmueble y el obtenido de la venta apresurada. Claro está que, si el fiador paga más de lo debido, no podría cobrar al deudor principal lo pagado en exceso. 3.1.2. Requisitos para que el Fiador pueda entablar la Acción de Reembolso: 1) El fiador debe haber pagado al acreedor: Pero no obstante referirse al pago el Art. 2370 CC, debe entenderse que también goza de la acción de reembolso el fiador que ha extinguido la 504

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe obligación por un medio equivalente al pago. Así, habrá derecho a reembolso si la obligación se ha extinguido por algún medio que implique un empobrecimiento para el fiador como la dación en pago, la compensación o la novación. 2) El pago debe haber sido útil: “Aquel que ha extinguido total o parcialmente la obligación”. Así, el Art. 2375 N°3 CC niega la acción de reembolso cuando el pago fue nulo. 3) Que el fiador no esté privado de acción: La regla general es que todo fiador goce de acción de reembolso. Sin embargo, excepcionalmente hay casos en los cuales el fiador carece de esta acción: a. Cuando el deudor principal, por falta de aviso del fiador, pagare nuevamente al acreedor (Art. 2377 CC). b. Cuando la obligación principal fuere natural (Art. 2375 CC). Respecto a este requisito, cabe preguntarse si tiene acción de reembolso el fiador que se obligó contra la voluntad del deudor. En principio, del tenor del Art. 2375 CC pareciera desprenderse que el fiador carece de acción de reembolso en este caso. Sin embargo, tendrá acción cuando el pago hecho extinga la deuda, total o parcialmente. 4) La acción debe entablarse oportunamente: Se entiende por tiempo oportuno desde que el fiador ha pagado y se hace exigible la obligación principal y hasta que dicha obligación, o mejor dicho las acciones para obtener el pago de la misma, hayan prescrito (siguiendo las reglas generales en 5 años). Si el fiador paga antes que la obligación principal se hubiere hecho exigible, tendrá que esperar el vencimiento del plazo para dirigirse contra el deudor principal. 3.1.3. Contra quien puede entablarse la Acción de Reembolso: Cabe distinguir algunas situaciones: 1) Hay un solo fiador y un solo deudor principal: El fiador solo podrá dirigirse contra el segundo. 2) Hay un fiador y varios deudores principales a los cuales afianzó, y se trataba de una obligación simplemente conjunta: El fiador podrá demandar a cada uno de los deudores principales, pero solo por la cuota que les corresponda en la deuda. 3) Hay un fiador y varios deudores principales, pero solo uno de ellos fue afianzado: El fiador solo podrá demandar a aquel de los deudores que afianzó (Art. 2372 CC). 4) Hay un fiador y varios deudores principales a los cuales afianzó, y se trata de una obligación solidaria: El fiador podrá demandar por el total, a cualquiera de los deudores principales. 5) Hay un fiador y varios deudores, pero solo afianzó a uno de ellos y se trata de una obligación solidaria: El fiador solo podrá repetir por el todo, contra el codeudor afianzado. 3.2. Acción Subrogatoria: “Aquella acción que confiere la ley al fiador que paga, de manera que pase a ocupar la posición jurídica del acreedor y pueda por ende impetrar ante el deudor principal, los mismos derechos que podría haber invocado el acreedor”. 3.2.1. Requisitos que deben cumplirse para que el fiador goce de Acción Subrogatoria: 1) Que el fiador haya pagado al acreedor: También se entiende cumplido el requisito cuando el fiador hubiere extinguido la obligación por otro medio que le signifique un sacrificio pecuniario. 2) Que el pago haya sido útil: Aquel que extinguió total o parcialmente la obligación principal.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Que el legislador no haya privado al fiador de la acción: Excepcionalmente, el fiador no puede invocar la acción subrogatoria: a. Cuando la obligación afianzada fuere natural. b. Cuando el fiador paga, pero no da el aviso pertinente al deudor principal y este paga nuevamente al acreedor (Art. 2377 CC). 3.2.2. Derechos en que se subroga el Fiador: Los efectos de la acción subrogatoria son los indicados en el Art. 1612 CC: el crédito pasa a manos del fiador con los mismos privilegios y garantías con que existía en el patrimonio del acreedor. La acción subrogatoria comprende solamente el monto de lo que el fiador pagó al acreedor. Mediante ella no podrá demandar el fiador el pago de los gastos, ni los intereses ni los perjuicios eventuales, conceptos que deberán reclamarse al interponer la acción de reembolso. Si el pago efectuado por el fiador fuere parcial, la subrogación también lo será. 3.2.3. Contra quien puede dirigirse la Acción Subrogatoria: Podrá el fiador demandar (Art. 1612 CC): 1) Al deudor principal. 2) A los codeudores solidarios: Hay que distinguir: a. Si afianzó a todos los codeudores solidarios: No cabe duda que puede entablar la acción por el total contra cada uno de ellos. b. Si afianzó a uno de los codeudores solidarios: Podrá demandarle el total a este, y a los demás solo podrá exigirles su parte o cuota en la deuda (Art. 2372). 3) A los cofiadores. 3.2.4. Momento desde el cual comienza a contarse el Plazo de Prescripción de la Acción Subrogatoria: Algunas sentencias han concluido que el plazo comienza a correr desde que el fiador haya hecho el pago, ya que el fiador antes de dicho pago no tenía el carácter de acreedor. Somarriva critica estas sentencias. Puntualiza que el crédito no sufre variación de ninguna especie por la subrogación que opera. En ese sentido, para él la prescripción de la acción subrogatoria se empieza a contar no desde que el fiador hace el pago, sino desde que el crédito se hizo exigible, aun cuando esto haya acontecido mientras pertenecía al acreedor. 3.2.5. Diferencias entre la Acción Subrogatoria y la Acción de Reembolso: 1) Será más conveniente la acción subrogatoria, cuando el crédito gozare de privilegio o tuviere una garantía. 2) Convendrá también interponer la acción subrogatoria si se pretende perseguir a los cofiadores, ya que no se puede intentar la acción de reembolso contra ellos. 3) Será mejor deducir la acción de reembolso, cuando se pretenda obtener el pago del capital, los intereses, los gastos y otros perjuicios que la fianza hubiere ocasionado, los que no podrán exigirse con la acción subrogatoria. 4) También será más conveniente la acción de reembolso en caso de pago parcial, porque el fiador y el acreedor concurrirán con idénticos derechos para exigir el pago del saldo insoluto;

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe en cambio, tratándose de la acción subrogatoria, el acreedor primitivo goza de preferencia frente al nuevo acreedor, para obtener el pago del saldo insoluto. 5) La prescripción de la acción de reembolso se cuenta desde el pago del fiador, mientras que el plazo de prescripción de la acción subrogatoria según Somarriva se cuenta desde que la obligación se hizo exigible: Esto podría llevar a que la acción subrogatoria haya prescrito, pero no la acción de reembolso. 3.3. Acción del Fiador contra su Mandante: El fiador que afianza en orden de un tercero goza también de acción contra este (Art. 2371 CC). En este caso el fiador puede demandar a su arbitrio al deudor principal o a su mandante, pero si demanda a cualquiera de ellos y es indemnizado adecuadamente, carecerá de acción contra el otro. Si el mandante demandado por el fiador le indemniza, podrá repetir contra el deudor principal, pues es este quien en definitiva está llamado a soportar el pago de la deuda. C. Sección Tercera: “EFECTOS ENTRE LOS COFIADORES” 1. Acción que confiere la ley al Cofiador: El Art. 2378 CC establece que el fiador que pague más de lo que proporcionalmente le corresponde, quedará subrogado en los derechos del acreedor, para exigir de los otros cofiadores que se le reembolse el exceso de lo pagado. Así, los requisitos para interponer esta acción son: 1) Que existan varios fiadores de una misma deuda y deudor. 2) Que el fiador haya pagado más de lo que le correspondía en la deuda. 3) Que el pago haya sido útil, que haya extinguido total o parcialmente la obligación: Para Somarriva la extinción debe ser total, pero esto es rebatido porque el pago hecho por el cofiador podría ser excesivo, aun cuando la obligación principal no se hubiere extinguido en su totalidad. El cofiador que paga más de la cuota que le correspondía solo puede demandar de los restantes cofiadores la parte o cuota que a estos corresponda en el exceso pagado, y no en su totalidad. Eso sí, el cofiador no puede entablar la acción subrogatoria contra aquellos cofiadores a quienes el acreedor hubiere liberado de su obligación, porque si el acreedor no podía demandarlos, mal podría hacerlo el cofiador, pues está subrogándose en las acciones que tenía el acreedor. 2. Otras acciones que eventualmente podría interponer el cofiador: Somarriva señala que nada impediría deducir la acción in rem verso, que evita que los otros fiadores se beneficien indebidamente al extinguirse la deuda a la cual ellos también estaban obligados. 3. Excepciones que puede oponer el cofiador demandado: Interpretando a contario sensu el Art. 2379 CC, el cofiador demandado puede oponer a la demanda del cofiador que pagó en exceso: 1) Las excepciones reales, es decir las inherentes a la obligación, y 2) Las personales suyas. No podrá interponer las excepciones personales del deudor, ni las personales de cofiador que pagó en exceso. V.

EXTINCIÓN DE LA FIANZA.

1. Extinción de la Fianza por Vía Consecuencial: Se extingue la fianza cada vez que se extinga, por un medio legal, la obligación principal (Art. 2381 N°3 CC). Solamente la nulidad de la obligación principal 507

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe por la relativa incapacidad del deudor deja subsistente la fianza porque la incapacidad es una excepción principal que el fiador consecuencialmente no puede invocar (Art. 2354 CC). 1) El Pago: Si la obligación principal se extingue por el pago, también se extingue la fianza, pero siempre que el pago sea hecho por el deudor principal, pues si paga un tercero, este se subroga en los derechos del acreedor, incluyendo entre ellos su derecho a dirigirse contra el fiador. Si quien paga es el fiador, se extinguirá obviamente la fianza, pero dicho fiador podrá accionar contra el deudor principal. 2) La Dación en Pago: El Art. 2382 CC dice que la fianza se extinguirá irrevocablemente. Algunos sostienen que este precepto demostraría que la dación en pago supone una novación por cambio de objeto, en la cual la segunda obligación tiene una existencia efímera. Sin embargo, en realidad lo que tenemos acá es un caso de extinción fundado en la equidad y no en la novación (Pothier). 3) La Novación: El objeto propio de la novación es extinguir la obligación juntamente con sus accesorios y garantías, y entre ellas, la fianza (Art. 1645 CC). Cabe recordar también que la simple ampliación del plazo, si bien no constituye novación, pone fin a la responsabilidad de los fiadores (Art. 1649 CC). 4) La Compensación. 5) La Remisión: El relevo de la fianza, esto es la liberación de la fianza hecha voluntariamente por el acreedor, es una verdadera remisión. 6) La Confusión: Normalmente extingue la obligación principal y la fianza. Pero en los siguientes casos, se extinguirá solo la fianza, subsistiendo la obligación principal: a. Cuando se confunden las calidades de acreedor y fiador: En este caso el fiador pasará a ser nuevo acreedor. b. Cuando se confunden las calidades de deudor principal y fiador: Subsiste la obligación principal, pero sin garantía. 2. Extinción de la Fianza por Vía Principal: El Art. 2381 CC sostiene que la fianza se extingue, total o parcialmente por los mismos medios que las otras obligaciones, según las reglas generales. La fianza tiene, además, modos peculiares de extinguirse: 1) Se extingue la fianza por el relevo de la fianza en todo o parte, concedido por el acreedor al fiador (Art. 2381 N°1 CC): En tal evento subsiste la obligación principal. 2) Se opera asimismo la extinción de la fianza cuando el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse (Art. 2381 N°2 CC): La fianza se extingue hasta concurrencia de lo que el fiador hubiera podido obtener del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal (Art. 2355 CC). VI.

PARALELO ENTRE FIANZA Y SOLIDARIDAD PASIVA.

1. Conceptos Generales: Si bien la fianza y la solidaridad pasiva sirven como caución, entre estas dos instituciones encontramos las siguientes diferencias: 1) La fianza es un contrato; la solidaridad es una modalidad.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) La fianza es siempre convencional; en cambio la solidaridad puede tener su origen en la ley (Art. 1511 CC). 3) En la solidaridad hay pluralidad de deudores directos; en la fianza hay un deudor directo y uno subsidiario: El ser subsidiario es de la esencia de la fianza. 4) En la solidaridad, es la misma cosa debida por todos, ya que la unidad de prestación es esencial en la solidaridad (Art. 1512 CC) y puede no tratarse de una obligación de dinero; en cambio en la fianza lo debido por el deudor principal puede ser distinto a lo debido por el fiador, ya que respecto a éste último, siempre debe pagar una cantidad de dinero. Ello es esencial en la fianza (Art. 2343 CC). 5) El codeudor solidario carece frente al acreedor de los beneficios de excusión y división; en cambio el fiador sí tiene dichos beneficios. CAPÍTULO VI: LA HIPOTECA I.

GENERALIDADES.

1. Concepto: El Art. 2407 CC define la hipoteca como “derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor”. Esta definición ha sido criticada por nuestra doctrina, porque no proporciona una idea cabal de la garantía. Somarriva la define como “el derecho real que recae sobre un inmueble que, permaneciendo en poder del constituyente, da derecho al acreedor para perseguirlo de manos de quien se encuentre y de pagarse preferentemente del producto de la subasta”. Se define como derecho real y no como contrato, porque si bien por lo general tiene ambas características, no siempre acontece así, ya que puede existir como derecho sin que haya contrato, como ocurre en el caso de la hipoteca legal. 2. Importancia: Es la caución que goza de mayor seguridad al acreedor. Ello porque los bienes raíces tienen un valor estable, más o menos elevado y goza de publicidad y preferencia. 3. Características del Derecho de Hipoteca: 1) Es un derecho real (Art. 577 CC): Como derecho real, su forma de ejercicio se materializa en la facultad que tiene el acreedor de pedir la venta de la cosa hipotecada en caso de que el deudor no cumpla la obligación. Por ser la hipoteca un derecho real, se ejerce sobre el bien gravado sin respecto a determinada persona. De ello se deduce que el acreedor goza del derecho de persecución (Art. 2428 CC). 2) Es un derecho inmueble: Se ejerce sobre un bien raíz, salvo las excepciones referentes a la hipoteca naval y aeronaval. De esta característica se siguen importantes consecuencias: a. Su tradición se efectúa por la inscripción del título en el Conservador de Bienes Raíces. b. Su posesión puede ser amparada mediante las acciones posesorias. 3) Es un derecho accesorio: La hipoteca es siempre un derecho accesorio, destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación principal. En cuanto garantía, supone la existencia de una obligación principal, sea de dar, hacer o no hacer; pura y simple o sujeta a modalidades (Art. 2427

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe CC), determinada o indeterminada (Art. 2427 CC); actual o futura (Art. 2413 CC); emanada de cualquiera de las fuentes de las obligaciones. Ahora bien, respecto a este elemento, existen una serie de cuestiones a las cuales referirse: a. Hipoteca de Obligaciones Naturales: Con respecto a la garantía hipotecaria de estas obligaciones, se debe distinguir: i. Si la hipoteca se constituye por el deudor o un tercero para garantizar una obligación civil que después pasa a ser natural: Subsiste la hipoteca con este mismo carácter porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ii. Si la hipoteca la otorga un tercero cuando la obligación ya es natural: Dicha obligación accesoria es civil (Art. 1472 CC). b. Casos en los cuales la Hipoteca es Autónoma de la Obligación Principal: No obstante su carácter accesorio, la hipoteca puede adquirir una relativa independencia frente a la obligación principal: i. Cuando la hipoteca garantiza obligaciones futuras (Art. 2413, inc. 3 CC): En este caso no existe obligación principal al momento de constituirse la hipoteca, la cual podrá inscribirse, entre tanto, sin esperar que la obligación futura llegue a existir. ii. Cuando la hipoteca se constituye por un tercero, en garantía de una deuda ajena: En este caso, el garante no se obliga personalmente, a menos que así se pacte. En esta hipótesis la obligación principal se separa de la hipoteca: las acciones (personal y real) deben dirigirse contra personas diferentes. iii. Incluso, la hipoteca puede subsistir no obstante haberse extinguido la obligación principal: Cuando esta se extingue por novación, las partes pueden pactar reserva de la hipoteca. c. Hipoteca de Obligaciones Indeterminadas: La materia ha sido discutida en doctrina. Somarriva apunta las siguientes razones para sostener la validez de estas hipotecas: i. El tenor del Art. 376 CC: la hipoteca sustituye a la fianza que está obligado a rendir el guardador: Forzosamente en este caso la hipoteca es de un monto indeterminado, ya que no se sabe si al terminar la guarda afectará responsabilidad al guardador; ni menos a que suma alcanzará tal responsabilidad. ii. El tenor del Art. 2427 CC: se pone en el caso que la deuda garantizada “fuere ilíquida, condicional o indeterminada”. iii. El tenor del Art. 2431 CC: a contrario sensu, acepta que pueda estar indeterminado el monto de las obligaciones garantizadas: Por eso, el Art. 81 Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, al enunciar los requisitos que debe contener la inscripción hipotecaria, se refiere a la suma de la obligación “en el caso de haberse limitado a determinada cantidad”, lo que indica también que es perfectamente posible que dicha suma sea indeterminada. d. Efectos del carácter accesorio de la Hipoteca: 510

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Extinguida la obligación, también se extingue la hipoteca. ii. A la nulidad de la obligación se sigue la nulidad de la hipoteca. iii. Toda modalidad que afecta a la obligación principal se refleja en la hipoteca. iv. En conformidad al Art. 2516 CC, la acción hipotecaria prescribe juntamente con la acción que emana de la obligación principal, y v. Donde quiera que vaya el crédito lo sigue la hipoteca: En este sentido, el Art. 1906 CC prescribe que la cesión de créditos comprende a la hipoteca. Frente a ello surgen como interrogante si es necesario o no para que pase la hipoteca al cesionario proceder a la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces: 1. Un sector de la jurisprudencia indica que se requiere de una nueva inscripción porque también hay tradición de la hipoteca. 2. La opinión mayoritaria dice que no se requiere inscripción, ya que la hipoteca pasa al cesionario por el hecho de perfeccionarse la cesión de créditos por el solo ministerio de la ley. 4) Constituye una limitación del dominio: Por su constitución el propietario del inmueble no puede ejercer su derecho de dominio en forma absoluta, no puede destruir las construcciones, plantaciones, etc., existentes en el inmueble, ni gozar de él en términos que lesionen los derechos del acreedor hipotecario, porque entonces se aplica el Art. 2427 CC. 5) Constituye un principio de enajenación: Desde el momento que el propietario, al gravar su inmueble con hipoteca se desprende de parte del dominio, es evidente que ella encierra un principio de ejecución, o como decía Bello, una enajenación condicionada. Por ello, para hipotecar se requiere capacidad para enajenar y no pueden darse en hipoteca los bienes embargados. 6) Da origen a una preferencia: En virtud del Art. 2470 y 2477 CC, son créditos preferentes de la tercera clase. 7) Es indivisible: El Art. 2408 CC señala que “La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella”. La indivisibilidad de la hipoteca puede enfocarse desde el punto de vista de la finca gravada y de la obligación que garantiza: a. Con relación al inmueble: i. Si son varios los inmuebles hipotecados, el acreedor a su arbitrio podrá perseguirlos a todos ellos o al que elija (Art. 1365 CC). ii. De acuerdo con el Art. 1526 N°1 y 2408 CC, la acción hipotecaria se dirige contra el que posea en todo o en parte el inmueble hipotecado. b. Con relación al crédito: Dispone el Art. 1526 N°1 CC que, si queda una parte insoluta del crédito, por pequeña que sea, subsiste la totalidad de la garantía hipotecada; además, si hay varios acreedores hipotecarios y el deudor le paga su cuota a cada uno de ellos, no puede solicitarle la cancelación proporcional del gravamen; y si fallece el acreedor dejando varios herederos, cada uno de ellos puede perseguir el total de la finca hipotecada, por su parte o cuota en el crédito. 511

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El carácter indivisible que tiene la hipoteca es de su naturaleza y no de la esencia. Por ello, el acreedor puede renunciarlo. II.

CLASES DE HIPOTECA.

1. Generalidades: En la doctrina y en el derecho comparado, la hipoteca admite diversas clasificaciones: 1) En relación con su origen: a. Hipoteca Convencional: “Aquella cuyo origen está en el contrato de hipoteca”. b. Hipoteca Legal: “Aquella establecida de pleno derecho por la ley”. c. Hipoteca Judicial: “Aquella que resulta de una sentencia u otros actos judiciales”. 2) En cuanto a los bienes que afecta la hipoteca: a. Hipoteca Especial: “Aquella que grava uno o más predios determinados”. b. Hipoteca General: “Aquella que se extiende a todos los inmuebles del deudor”. 3) En cuanto a su constitución: a. Hipoteca Pública: “Aquella que está sometida a publicidad”. b. Hipoteca Oculta: “Aquella que no está sometida a publicidad”. 4) En cuanto a los créditos caucionados: a. Hipoteca Específica: “Aquella que cauciona determinadas obligaciones”. b. Hipoteca General: “Aquella que cauciona todas las obligaciones del deudor, presentes o futuras, de cualquier índole”. Estas, a su vez, pueden ser: i. Limitadas: “Aquellas que se limitan hasta un monto determinado”. ii. Ilimitadas: “Aquellas que no están limitadas hasta un monto determinado”. Hoy en día, las hipotecas ocultas y las generales en cuanto a los bienes, se encuentran en descrédito en la doctrina y la legislación comparada. El régimen hipotecario moderno descansa en los principios de la publicidad y de la especialidad. 2. Clases de Hipoteca en la Legislación Chilena: 1) No hay en nuestro derecho hipotecas ocultas, porque para su existencia todas deben inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces: Sin embargo, para algunos existe hipoteca oculta en el caso de una cancelación errónea de una hipoteca, ya que, en el tiempo intermedio entre esta última y su restablecimiento, el inmueble puede haber sido transferido a un tercero. El problema surge porque el restablecimiento de la hipoteca se produce con efecto retroactivo y, por lo tanto, se debe determinar si esta hipoteca oculta en el tiempo intermedio le es, o no, oponible al tercero adquirente. Debido a que la publicidad de la hipoteca justamente mira en protección de los intereses de los terceros, se puede decir que no le es oponible. 2) Tampoco existen hipotecas generales, en cuanto a los bienes raíces hipotecados, sino únicamente especiales, que se refieren a bienes raíces determinados.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) No hay hipotecas judiciales en el sentido que se produzcan por el solo ministerio del juez, pero si hay un caso de hipoteca legal en ese sentido que es la hipoteca legal del Art. 660 y 662 CPC. 4) Puede hablarse de hipotecas legales, judiciales y convencionales atendiendo al origen de donde emana la obligación de constituirla: a. Legales: Por ejemplo, tenemos la obligación de constituir hipoteca en muerte presunta (Art. 89 CC), en las guardas (Arts. 374 y 375 CC) y en el usufructo (Art. 775 CC). b. Judiciales: Por ejemplo, tenemos la obligación judicial de constituir hipoteca en el fideicomiso (Art. 775 CC) y en los albaceas fiduciarios (Art. 1315 CC). 5) La hipoteca es un derecho, y como tal, para su tradición es necesario que concurra un título de donde emane la obligación de constituirla: Este título es el contrato hipotecario, salvo en el caso de hipoteca legal que acepta nuestra legislación, en el que el título es la ley. 3. La Hipoteca Legal: Esta establecida en los Arts. 660 y 662 CPC y opera en la partición de los bienes. El Art. 660 CPC dispone que, salvo acuerdo unánime de los interesados, todo comunero que reciba en adjudicación bienes por un valor que exceda del 80% de lo que le corresponde, deberá pagar el exceso al contado. A su vez, el Art. 662 CPC establece que en las adjudicaciones de inmuebles que se hagan a los comuneros a raíz del juicio de partición, se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas para asegurar el pago de los alcances que resultan en contra de los adjudicatarios, salvo que se pague de contado el exceso al que se refiere el Art. 660 CPC. La hipoteca legal requiere entonces: 1) Debe adjudicarse un bien raíz. 2) El valor de la adjudicación debe exceder del 80% del haber probable del adjudicatario. 3) Que el adjudicatario no pague el exceso de contado. Las características de esta hipoteca legal son las que siguen: 1) Es especial: Recae sobre el inmueble adjudicado. 2) Es determinada: Cauciona el alcance que resulta en contra del adjudicatario. 3) Es pública: Requiere inscripción en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces. III.

EL CONTRATO HIPOTECARIO.

1. Concepto: Si en la generación del derecho de hipoteca siempre existe tradición, tendrá también que existir un título que la anteceda, es decir, un contrato que coloque a una persona en la obligación de transferir el derecho de hipoteca. Este título no es otro que el contrato hipotecario, el cual podemos definir como “aquel en que el deudor o un tercero se obliga con respecto al acreedor a darle o transferirle el derecho de hipoteca sobre un inmueble de su propiedad”. 2. Características del Contrato Hipotecario: 1) Puede celebrarlo el acreedor no solo con el deudor personal, sino también con un tercero (llamado garante hipotecario). 513

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Es un contrato unilateral: Porque en él solo resulta obligado el constituyente a transferir al acreedor el derecho real de hipoteca; y también a conservar el inmueble en condiciones aptas para asegurar el pago del crédito garantizado. Sin embargo, no es de la esencia el carácter unilateral de la hipoteca, la que puede ser bilateral si se estipula que se pagará al tercero una remuneración a cambio de que este acceda a constituir el gravamen, o si concede al deudor rebaja de intereses o prórroga del plazo. Otra doctrina sostiene que el contrato hipotecario solo genera obligaciones para el acreedor hipotecario, quien debe alzar la hipoteca, cuando la obligación caucionada se ha extinguido. Se descarta para esta doctrina que el constituyente de la hipoteca se obligue a transferir el derecho real de hipoteca a favor del acreedor, porque ello no sería una obligación derivada del contrato, sino un requisito para que nazca el contrato. Finalmente, existe una última doctrina que dice que siempre es bilateral, porque genera por un lado la obligación de alzar la hipoteca y por otra la de transferir el derecho de hipoteca a favor del acreedor. 3) Es un contrato accesorio: Lo que no impide que la hipoteca se otorgue antes del acto a que acceda (Art. 2413 CC). 4) Puede ser tanto gratuito como oneroso: En los casos en que la hipoteca es un acto bilateral porque se remunera al deudor hipotecario es un contrato oneroso. Ahora bien, si el contrato es unilateral, debemos distinguir: a. La hipoteca se constituye por el deudor: Hay que distinguir: i. La hipoteca se constituye antes que nazca la obligación principal: El contrato será oneroso, pues el constituyente espera recibir a cambio un préstamo, que, de no mediar la garantía, no obtendrá; y el acreedor obtendrá una garantía que asegura el pago del futuro crédito. ii. La hipoteca se constituye simultáneamente con la obligación principal a la que garantiza: El contrato de hipoteca será oneroso, por la misma razón precedentemente indicada. iii. La hipoteca se constituye con posterioridad al nacimiento de la obligación principal: El contrato de prenda podrá ser gratuito u oneroso: 1. Gratuito: Si la hipoteca se constituye sin que el deudor obtenga nada a cambio del acreedor. 2. Oneroso: Si el acreedor, a cambio de la constitución de la hipoteca, ofrece al deudor una rebaja en los intereses, una prorroga en el plazo de servicio de la deuda, etc. b. La hipoteca se constituye por un tercero garante: Hay que distinguir: i. La hipoteca se constituye a cambio de una remuneración o pago ofrecido por el acreedor: Será oneroso el contrato, y además bilateral. ii. La hipoteca se constituye a cambio de una remuneración o pago ofrecido por el deudor principal: Hay dos tesis. 514

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Somarriva: El contrato será unilateral, porque el que se obliga a pagar es un tercero ajeno al contrato de hipoteca, el deudor principal, por lo que el acreedor y deudor hipotecarios no se gravan recíprocamente. 2. López Santa María: El contrato es oneroso, en cuanto efectivamente reporta utilidad para ambos contratantes. iii. La hipoteca se constituye sin que media pago alguno, ni del acreedor ni del deudor principal: El contrato será gratuito. Cabe advertir, en todo caso, que, para los efectos prácticos, es decir, para la procedencia de la acción pauliana, el Art. 2468 CC equipara la hipoteca a los actos onerosos. 5) Es un contrato solemne (Arts. 2409 y 2410 CC): Debe otorgarse por escritura pública y debe además ser inscrita en el Registro Conservatorio. IV.

ELEMENTOS DE LA HIPOTECA.

1. Generalidades: Los elementos de la hipoteca son: (i) la capacidad, (ii) las formalidades, (iii) las cosas susceptibles de hipotecarse y (iv) las obligaciones que se pueden caucionar con hipoteca. 2. Capacidad: Hay que distinguir: 1) Constituyente o Deudor Hipotecario: Debe tener capacidad para enajenar; ello, porque la hipoteca es un principio de enajenación (Art. 2414 CC). No debe entenderse que a los incapaces de enajenar les está totalmente vedado hipotecar. Ha de entenderse que no pueden constituir hipoteca por sí mismo, sino con sujeción a las formalidades que, en cada caso, señala la ley: a. Inmuebles del hijo sujeto a patria potestad (Art. 254 CC): No pueden hipotecarse sin autorización judicial, aunque pertenezcan a su peculio profesional. b. Inmuebles de los pupilos sujetos a tutela o curaduría (Art. 393 CC): Sus bienes no podrán hipotecarse sin previo decreto judicial, expedido “por causa de utilidad o necesidad manifiesta”. c. Inmuebles de la sociedad conyugal o propios de la mujer casada en sociedad conyugal (Art. 1754 CC): Requieren para ser hipotecados la autorización de la mujer. 2) Acreedor Hipotecario: Para aceptar la hipoteca le es suficiente la capacidad de obligarse, es decir, la capacidad de ejercicio. 3. La Causa: Hay que distinguir: 1) Si es constituida por el deudor: La causa de la obligación es la misma de la obligación principal. 2) Si es constituida por un tercero: La causa del contrato de hipoteca se encuentra en la relación jurídica de este con el deudor principal y está representada por la eventual remuneración o la mera liberalidad. En este caso, el contrato de hipoteca es un acto jurídico abstracto. 4. Formalidades del Contrato de Hipoteca: La hipoteca es un contrato solemne. En ese sentido, el Art. 2409 CC dispone que: “La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca, y la del contrato a que accede”. 515

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Ahora bien, el Art. 2410 CC añade que: “La hipoteca deberá además ser inscrita en el Registro Conservatorio; sin este requisito no tendrá valor alguno; ni se contará su fecha sino desde la inscripción”. Frente a esto, se ha discutido cuál es el rol que desempeña la inscripción en la hipoteca, dándose las siguientes doctrinas: 1) La inscripción es una solemnidad: Para algunos como Fernando Alessandri, la inscripción es una solemnidad del acto al igual que la escritura pública, porque el Art. 2410 CC dispone que la hipoteca requiere “además” la inscripción, y que sin ella “no tendrá valor alguno”. En el mismo sentido, un fallo de la Corte Suprema señala que de estos artículos se deduce que la escritura por sí sola no crea por si sola en este caso ningún derecho para el acreedor ni restringe en lo más mínimo las facultades del deudor sobre el inmueble. 2) La inscripción es la tradición y no una solemnidad: Para la corriente mayoritaria, la solemnidad del acto de hipoteca es solamente la escritura pública, pero no la inscripción, a la cual debe reservársele el rol de tradición del derecho real de hipoteca. Los argumentos que exponen son: a. Al asignar a la inscripción el papel de solemnidad del contrato hipotecario se le atribuye un rol que el legislador jamás pensó darle: Esto porque el mismo mensaje del Código señala que mientras no se produce la tradición por inscripción el contrato puede ser perfecto, pero no transfiere el dominio, salvo en las servidumbres. b. Si en la adquisición del derecho de dominio, mediante la compraventa, por ejemplo, la inscripción es solo tradición y el contrato se perfecciona por la escritura, ¿Qué razón habría para estimar que el contrato hipotecario se perfecciona mediante la inscripción? c. Confirma esta posición el Art. 2411 CC sobre contratos hipotecarios celebrados en el extranjero: En él, el legislador reconoce la existencia del contrato hipotecario antes de efectuarse inscripción alguna. d. El Art. 2419 CC sobre hipoteca sobre bienes futuros, da derecho al acreedor de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo sucesivo y a medida que los adquiera: Si el contrato hipotecario no produjere efecto alguno sin la inscripción, no se explicaría la disposición anterior, carecería de fuente el derecho del acreedor para solicitar que se practiquen las inscripciones. e. Relacionando el Art. 767 CC, relativo al usufructo, con la hipoteca, Claro Solar señala que la inscripción no es una solemnidad del acto de constitución del usufructo, que queda perfecto con el otorgamiento de la escritura pública. f.

Finalmente, las consecuencias prácticas demuestran que no es solemnidad, porque; de lo contrario, si el acreedor no alcanza a inscribir, quedaría burlado en sus derechos: Si no es solemnidad el acreedor podría demandar al constituyente en mora de inscribir.

4.1. Contratos de Hipoteca celebrados en el Extranjero: Requieren, conforme al Art. 2411 CC: 1) Escritura Pública, aunque ella no se requiera en el país en que se celebra el contrato: Se trata de una excepción al principio lex locus regit actum. 2) Legalización del instrumento. 3) El contrato debe inscribirse en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces. 516

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4.2. Contenido de la Inscripción en el Registro de Hipoteca y Gravámenes: La inscripción debe expresar (Arts. 2432 CC y 81 Reglamento del Conservador de Bienes Raíces): 1) El nombre, apellido, domicilio y profesión del acreedor y del deudor, y de las personas que como mandatarios o representantes legales suyos requieran la inscripción. 2) La naturaleza y fecha del contrato a que accede la hipoteca, y el archivo en que se encuentra. 3) La situación de la finca y sus linderos. 4) La suma determinada a que se extienda la hipoteca en el caso de haberse limitado a una determinada cantidad, con tal que así se exprese inequívocamente. 5) La fecha de la inscripción y la firma del Conservador: Este es el único requisito que no puede omitirse bajo respecto alguno. 4.3. Formalidades de las Hipotecas Legalmente Especiales: 1) Formalidades de la Hipoteca de Naves: a. Debe otorgarse por escritura pública, indicándose el nombre de la nave, el número de matrícula y el tonelaje de registro. b. La escritura se inscribe en el registro de hipotecas de naves que lleva la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, dependiente de la Armada. 2) Formalidades de la Hipoteca de Aeronaves: a. Debe otorgarse por escritura pública, en la que se indica el número de matrícula de la nave, y sus características. b. La escritura debe inscribirse en el Registro de Hipotecas que lleva la Dirección de Aeronáutica Nacional. 5. Cosas susceptibles de hipotecarse: De conformidad al Art. 2418 CC y a las leyes especiales, se admiten las siguientes hipotecas: 1) Hipoteca sobre Inmuebles que se posean en Propiedad: Lo que es susceptible de hipotecarse es el dominio sobre los bienes raíces. Dentro de ellos quedan comprendidos aquellos que lo son por naturaleza. En cuanto a los inmuebles por adherencia y por destinación, no pueden hipotecarse independientemente del inmueble al que accedan, pero se ven afectados por la hipoteca constituida sobre este (Art. 2420 CC). El Art. 2418 CC no distingue en cuanto a la especie de propiedad, y, por tanto, admite hipoteca la propiedad absoluta o fiduciaria, la propiedad plena o la nuda propiedad. Si se hipoteca la nuda propiedad, y vigente la hipoteca se extingue el usufructo consolidándose el dominio en manos del nudo propietario, el gravamen afectará a la propiedad plena, pues en virtud de lo dispuesto en el Art. 2421 CC, la hipoteca se extiende a todos los aumentos que reciba la cosa hipotecada. En cuanto a la hipoteca de la propiedad fiduciaria, el Art. 757 CC dispone que, si ella se impone sin autorización judicial y sin audiencia de las personas que de acuerdo al Art. 761 CC tienen derecho a impetrar medidas conservativas, el fideicomisario no será obligado a reconocerla. El juez autorizará la hipoteca cuando fuere de utilidad para el fideicomiso, pero no si se constituyere para satisfacer un interés personal del propietario fiduciario. En este caso la sanción es la inoponibilidad. 517

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Hipoteca sobre Inmuebles que se posean en Usufructo: No se trata de que el usufructuario hipoteque el inmueble en sí, sino que se le permite gravar su derecho de usufructo. La hipoteca sobre el usufructo ofrece al acreedor una seguridad relativa e incierta, ya que, extinguido el usufructo, igual suerte corre la hipoteca; pero esta regla admite excepciones, porque si se extingue el usufructo por renuncia del usufructuario, por consolidación del dominio o por sentencia judicial en el caso del Art. 809 CC, subsistirá la hipoteca (Art. 803 CC). 3) Hipoteca de Naves y Aeronaves: a. Naves: Solo son susceptibles de hipotecarse las naves mayores, esto es, las de más de 50 toneladas de registro grueso. Las naves menores solo pueden constituirse en prenda. Se requiere que la nave esté registrada en el Registro de Matricula de la República. b. Aeronaves: Se pueden hipotecar las aeronaves de cualquier tonelaje. 4) Hipoteca de Mina: La hipoteca se constituye sobre la concesión minera, siempre que se encuentre inscrita. Salvo estipulación en contrario, la hipoteca sobre una concesión afecta también a los inmuebles accesorios de la concesión. La hipoteca sobre concesión minera no da al acreedor los derechos que otorga el Art. 2427 CC, salvo que el deterioro o la pérdida se produzca por dolo o culpa grave del deudor. 5) Hipoteca sobre Bienes Futuros: La hipoteca sobre bienes futuros solo da al acreedor el derecho de recabar la correspondiente inscripción sobre los bienes que el constituyente adquiera en el porvenir y a medida que la adquisición se produzca (Art. 2419 CC). 6) Hipoteca de Cuota (Art. 2417 CC): No solo puede hipotecar el que sea dueño absoluto del inmueble, sino también el que tenga una cuota de él, el que sea comunero en su dominio. Ahora bien, hay que distinguir en cuanto a sus efectos: a. Si los bienes inmuebles cuya cuota se hipoteca se adjudican al comunero que los hipotecó: Subsiste la hipoteca, sin necesidad de requisitos adicionales. b. Si los bienes inmuebles cuya cuota se hipoteca se adjudican a otros comuneros: En principio caduca el gravamen, por aplicación del efecto declarativo de las particiones y adjudicaciones, en virtud del cual se presume que el comunero a quien se adjudican bienes ha sido dueño absoluto de ellos desde que se formó la comunidad y siendo así, ha tenido perfecto derecho para hipotecar. Ahora bien, esto tiene una excepción, ya que la hipoteca podrá subsistir, aunque los bienes se adjudiquen a otros comuneros, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: i. Que consienta el adjudicatario. ii. Que dicho consentimiento conste por escritura pública. iii. Que de dicha escritura pública se tome nota al margen de la inscripción hipotecaria (Art. 2417, inc. 2 CC). c. Si los bienes inmuebles cuya cuota se hipoteca no se adjudican, sino que pasan a manos de un tercero: En este evento, la jurisprudencia y la doctrina estiman que la hipoteca subsiste y no caduca porque con respecto al tercero no se presenta la causal de caducidad

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe que opera respecto a los comuneros y además porque la hipoteca es un gravamen real que sigue al inmueble. Ahora bien, en cuanto a los efectos de la hipoteca de cuota, pendiente la división, son los generales de toda hipoteca, pudiendo perseguirse la cuota hipotecada en manos de quien se encuentre. En ese sentido, es una hipoteca sujeta a la condición resolutoria de que se adjudique el bien al constituyente. 7) Hipoteca sobre Bienes respecto de los cuales se tiene un Derecho Eventual, Limitado o Rescindible: En conformidad con el Art. 2416 CC puede también hipotecarse bienes inmuebles aun cuando sobre ellos se tenga un derecho eventual, limitado o rescindible, eso sí que entendiéndose hipotecados con esa limitación, aunque no se exprese. Ello porque nadie puede transferir más derechos de los que se tiene. a. Revocación de la Donación: Si el que constituye el gravamen ha adquirido el bien hipotecado por donación entre vivos, seguida de la tradición, y después la donación se resuelve, rescinde o revoca, tales hechos solo afectarían al acreedor hipotecaria, en los casos que indica el Art. 1432 CC: i. Cuando la condición constare en la escritura pública. ii. Si el donante, antes de constituir la hipoteca, notificare al acreedor hipotecario que piensa ejercitar algunas de esas acciones, y iii. Si el gravamen hipotecario se constituyere después que el donante ha ejercitado dichas acciones. b. Inmueble sujeto a Condición Resolutoria: Tendrá lugar lo dispuesto en el Art. 1491 CC, es decir, declarada la resolución, la hipoteca se extingue o no según que la condición conste o no en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública. Si consta, el legislador presume de derecho que el acreedor tenía conocimiento de la condición, y la resolución afecta a la hipoteca. 8) Hipoteca de una Cosa Ajena: Existen dos posiciones doctrinarias en este punto: a. La jurisprudencia se inclina a considerar absolutamente nula la hipoteca de cosa ajena: Se fundamentan en que el Art. 2414 CC al decir “sus bienes”, ha querido referirse a los bienes propios. De consiguiente, puede deducirse que en nuestra legislación no puede hipotecarse una cosa ajena, y si ello se efectúa, la hipoteca será nula de nulidad absoluta, en razón de que la ley exige para que se sea dueño de la cosa para poder hipotecarla. b. Somarriva y Meza Barros sostienen que la hipoteca de cosa ajena es válida: Esto por: i. No es posible admitir que el Art. 2414 CC sea una norma prohibitiva; a su vez, la expresión “sus bienes” se explica porque normalmente (aunque no exclusivamente) el constituyente es el dueño del derecho que hipoteca. ii. Por otra parte, queda fuera de duda, que el derecho de hipoteca puede adquirirse por prescripción, ya que conforme al Art. 2498, inc. 2 CC, pueden adquirirse por este medio los derechos reales que no estén especialmente exceptuados, y no está exceptuada la hipoteca. iii. La tradición hecha por quien no es dueño no adolece de nulidad; solamente no transfiere el derecho de que se trata. 519

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe iv. No se divisa una razón plausible para adoptar, en relación con la hipoteca, una solución distinta a la que adopta el Art. 2390 C respecto de la prenda: Subsiste el contrato, mientras el dueño no reclama la especie. v. Porque la hipoteca constituida por el comunero, a quien en definitiva no se le adjudica el inmueble, subsiste si los otros comuneros adjudicatarios consienten en ello: Considerada nula la hipoteca no podrían consentir posteriormente para ratificar el acto nulo absolutamente. Aunque se decida que es válida, es forzoso convenir que no otorga al acreedor el derecho de hipoteca. Como en la venta de cosa ajena, la tradición no dará al adquirente un derecho de que el tradente carecía. 5.1. Principio de la Especialidad de la Hipoteca en relación con el Bien Hipotecado: La le quiere que el contrato hipotecario esté concebido de modo que permita conocer de una manera exacta la extensión de la brecha que la constitución de la hipoteca abre en el crédito hipotecario del deudor. Para este fin es preciso que se conozca con exactitud, por una parte, cuáles son los bienes gravados con la hipoteca y, por la otra, la naturaleza y monto de los créditos que garantiza. Esta doble especificación realiza lo que se llama especialidad de la hipoteca. Nuestra legislación no conoce sino las hipotecas especiales; no existen hipotecas generales, esto es, que afectan todos los bienes del deudor, aun los bienes futuros. 6. Obligaciones susceptibles de caucionarse con hipoteca: En principio todas las obligaciones son susceptibles de garantizarse con hipoteca. La obligación puede ser civil o natural (Art. 1472 CC) y pueden, asimismo, caucionarse con hipoteca obligaciones futuras. 6.1. Principio de Especialidad de la Hipoteca en cuanto al crédito hipotecario: No basta individualizar los bienes afectos a la hipoteca; es menester, además, individualizar el crédito para cuya seguridad se ha constituido. 6.2. Determinación del Monto de la Obligación Garantizada: Ante el principio de especialidad de la hipoteca en cuanto a los créditos caucionados, se planteó en la doctrina y la jurisprudencia la cuestión de otorgar validez a las hipotecas que garantizan obligaciones de monto indeterminado. Se ha concluido que tales hipotecas serían perfectamente válidas, considerando: 1) Desde luego, el Art. 2434 no menciona el monto de la obligación principal entre los requisitos de la inscripción: Su N°4 dispone que la inscripción expresará “la suma determinada a que se extienda la hipoteca”, en caso de que se limite a una determinada suma. A contrario sensu, la hipoteca puede constituirse para garantizar obligaciones de monto indeterminado. 2) Por otra parte, el Art. 2427 CC, en caso de que la finca se pierda o deteriore en forma de no ser suficiente para seguridad de la deuda, permite que el acreedor impetre medidas conservativas, “si la deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminada”. 3) En numerosos casos es necesariamente indeterminado el monto de la obligación: Por ejemplo, para el discernimiento de las guardas, la ley exige que el tutor o curador rinda previamente fianza que puede reemplazarse por una “hipoteca suficiente” (Art. 376 CC). 6.3. Límite Legal de la Hipoteca: La indeterminación del monto de la deuda podría constituir una vulneración al principio de la especialidad de la hipoteca. El Art. 2431 CC, en ese sentido, tempera las 520

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe consecuencias de la infracción al principio de la especialidad de la hipoteca, señalando que: “La hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal que así se exprese inequívocamente; pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado”. De este modo, si no se ha limitado el monto de la hipoteca, la ley le pone un límite. Para evitar una incertidumbre que puede ser gravemente perjudicial para su crédito, “el deudor tendrá derecho a que se reduzca la hipoteca a dicho importe”, o sea, el doble del valor conocido o presunto de la obligación caucionada. Obtenida la reducción, se hará a costa del deudor una nueva inscripción, “en virtud de la cual no valdrá la primera sino hasta la cuantía que se fijare en la segunda”. 6.4. Cláusula de Garantía General Hipotecaria: La jurisprudencia ha reconocido plena validez a esta cláusula, atendiendo fundamentalmente: 1) Art. 2413 CC, en cuanto la hipoteca puede constituirse antes que exista la obligación principal. 2) En cuanto a lo dispuesto en los Arts. 2432 N°2 CC y 81 Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, se sostenía por quienes negaban validez a la hipoteca con cláusula de garantía general, que dado que la inscripción hipotecaria debe contener la fecha y la naturaleza del contrato a que acceda, requisito con el cual no podría cumplirse al existir la cláusula de garantía general, se demostraría que esta es improcedente, carece de validez: Sin embargo, quienes aceptan la hipoteca con cláusula de garantía general, refutan lo anterior señalando que el Art. 2432 CC debe interpretarse racionalmente, en el sentido que debe cumplirse con las exigencias indicadas cuando el contrato que se garantiza se haya celebrado antes o coetáneamente con la hipoteca, pero no cuando aquel sea un contrato futuro. Ahora bien, es importante destacar que, si la hipoteca fue establecida en el contexto de una relación regulada por la ley del consumidor, el Art. 17 d), inc. 5 Ley del Consumidor dice que no podrá incluirse en el contrato de mutuo otra hipoteca que no sea la que cauciona el contrato del que se trata, salvo solicitud expresa o tácita del deudor. En virtud de esto el Reglamento de Crédito Hipotecario del Ministerio de Economía del 2012 en su Art. 32 dice que el proveedor no podrá incluir en el contrato otra hipoteca salvo que opcionalmente el consumidor por escrito lo haga. Esto viene a limitar la cláusula general hipotecaria en este tipo de relaciones. V.

EFECTOS DE LA HIPOTECA.

A. Sección Primera: “EFECTOS RESPECTO A LA FINCA HIPOTECADA (EXTENSIÓN DE LA HIPOTECA)” 1. Generalidades: La hipoteca se constituye sobre un bien inmueble; pero es preciso investigar su alcance porque el gravamen está dotado de un poder de expansión que le hace alcanzar a bienes que no afectaba originariamente. De los Arts. 2420 a 2423 CC, se desprende que la hipoteca comprende: 1) El Bien Raíz Hipotecado: Primeramente, se extiende, como es lógico, al inmueble por naturaleza sobre el cual se constituye la garantía. 2) Los Inmuebles por Destinación o por Adherencia: a. Inmuebles por destinación: Es indiferente que los bienes muebles que se reputan inmuebles por destinación hayan existido al momento de constituirse la hipoteca o que pasen a tener dicho carácter con posterioridad. Es necesario que los inmuebles por 521

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe destinación pertenezcan al dueño del inmueble gravado y que estén destinados al uso, cultivo o beneficio del bien inmueble por su dueño. Es importante dejar claro que la hipoteca se extiende a los inmuebles por destinación, aunque ninguna referencia a ellos se haga en el contrato de hipoteca y aunque la inscripción, por la misma razón, no aluda a ellos. Pero la hipoteca de estos bienes es inestable. El Art. 2420 CC establece que la hipoteca “deja de afectarlos desde que pertenecen a terceros”. En ese sentido, sobre los inmuebles por destinación puede constituirse prenda agraria y en ese caso, esta prima por sobre la hipoteca. b. Inmuebles por adherencia: También quedan comprendidos en la hipoteca, como una consecuencia de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, e indiferentemente de que existan o no al momento de constituirse la hipoteca. Con todo, si el dueño del suelo enajena separadamente los inmuebles por adherencia, estos, en conformidad al Art. 571 CC, pasan a ser muebles por anticipación y dejan de estar afectos a la hipoteca. Para ello no basta la venta, sino que es necesario que pasen a pertenecer a terceros, es decir, que se haga tradición de los mismos. 3) Los Aumentos o Mejoras que experimente y reciba el Inmueble Hipotecado: Con arreglo al Art. 2421 CC, “la hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada”. Este aumento puede ser material o jurídico. 4) Las Rentas de Arrendamiento que devengue el Inmueble (Art. 2422 CC): La disposición no significa, por cierto, que el acreedor hipotecario tenga derecho a percibir las rentas y sea privado de ellas el dueño de la finca. El derecho del acreedor hipotecario sobre las rentas solo se hace presente cuando, exigible la obligación principal deduce su acción hipotecaria y embarga las rentas. 5) Las Servidumbres Activas de que gozare el Inmueble Hipotecado. 6) Las Indemnizaciones debidas por los Aseguradores (Art. 2422 CC): El fundamento de esta disposición descansa en que el legislador establece en ella una subrogación real en la cual el monto del seguro pasa a reemplazar al bien hipotecado. Aparentemente podría verse una inconsecuencia jurídica en esta subrogación, porque la hipoteca se ejercerá sobre un bien mueble (el dinero), en circunstancia que es de la esencia de este gravamen que recaiga sobre bienes raíces. Pero la inconsecuencia es solo aparente, porque el acreedor hipotecario no ejercita sobre el monto del seguro ni el derecho de venta ni el de persecución, sino únicamente el de preferencia. 7) La Indemnización o Precio que se pagare al Dueño del Inmueble Hipotecado en caso de Expropiación (Art. 924 CPC). B. Sección Segunda: “EFECTOS RESPECTO AL DUEÑO DE LA FINCA HIPOTECADA” 1. Generalidades: La hipoteca constituye una limitación del dominio, generando efectos sobre el dueño de la finca hipotecada. 2. Situación del Propietario del Inmueble Antes que el Acreedor ejercite la Acción Hipotecaria: 522

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2.1. Limitaciones de la Facultad de Disposición: En términos generales, conserva el dueño la facultad de disponer de la finca, en cuanto no perjudique el derecho del acreedor hipotecario. En ese sentido, el Art. 2415 CC señala que: “El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario”. 1) Enajenarla: En nada se perjudica el derecho del acreedor hipotecario que, premunido de un derecho real, puede perseguir la finca en manos de quien fuere el que la posea. 2) Gravarla con una nueva hipoteca: Tampoco perjudica al acreedor que se constituya un nuevo gravamen, porque en conformidad al Art. 2477 CC, las hipotecas prefieren por orden de fecha de inscripción. No acontece lo mismo con la constitución de un usufructo, de una servidumbre o de un derecho de habitación, ya que con ello se cercena el valor de la garantía, causándole al acreedor un perjuicio evidente. Por eso, los autores unánimemente estiman que la constitución de estos derechos no empece al acreedor hipotecario, quien siempre podrá ejercer las facultades que le da el carácter de tal con prescindencia de ellos. 2.2. Limitaciones de la Facultad de Uso y Goce: El Art. 2427 CC señala que: “Si la finca se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente; y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo, o implorar las providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminada”. 2.2.1. Requisitos del Art. 2427 CC: 1) Pérdida o deterioro de la finca: Los autores concluyen que se comprenden las pérdidas o deteriores que se originen por actos materiales o por actos jurídicos. A su vez, es indiferente que la pérdida o deterioro se deba a un caso fortuito o a un hecho culpable o doloso del propietario. Se trata por ende de un caso excepcional, en que la ley pone de cargo del deudor el caso fortuito o la fuerza mayor. Este mismo principio rige en la fianza (Art. 2349 CC). También es indiferente que el inmueble se hubiere encontrado en manos del deudor o de un tercero. 2) Que el deterioro no exista al momento en que se constituye la hipoteca: Por si el acreedor aceptó la garantía en estas condiciones es lógico que no pueda después deducir reclamo. 3) Que no se haya previsto implícita o explícitamente en el contrato el deterioro o pérdida: a. Explícitamente: Si el acreedor renuncia a los derechos que le confiere el Art. 2427 CC. b. Implícitamente: Si se hipoteca una cuota que se tenga en el inmueble y esta caduca por no adjudicarse al comunero el bien hipotecado o si con conocimiento del acreedor se da en garantía un bien sobre el cual el constituyente tiene un derecho eventual, condicional, limitado o rescindible, que después se extingue. 4) El deterioro o pérdida han de ser de tal magnitud que ella no sea suficiente garantía para la seguridad de la deuda: Determinar esta circunstancia es una cuestión de hecho que queda entregada al criterio del tribunal. 2.2.2. Derechos que otorga al Acreedor el Art. 2427 CC: Otorga derechos alternativos que pueden ser elegidos por el acreedor:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Puede exigir que se mejore la hipoteca, que se le dé un suplemento de hipoteca: Es decir, que se le otorgue una nueva hipoteca. 2) Puede exigir que se le otorgue una seguridad equivalente, como una prenda o una fianza. 3) A falta de cauciones, tiene dos posibilidades según cómo sea la obligación principal: a. Si la deuda es líquida, aun cuando haya plazo pendiente para su pago: Puede exigir el pago inmediato de la deuda. Es decir, se produce la caducidad del plazo. b. Si la deuda es ilíquida, indeterminada o condicional y el deudor no se allana a mejorar la hipoteca o a dar otra garantía equivalente: Se le autoriza a implorar las providencias conservativas que el caso admita. Estas medidas podrán consistir en la prohibición de celebrar actos o contratos con respecto al inmueble; nombramiento de un interventor, retención de las rentas de arrendamiento que produzca el inmueble, etc. 3. Situación del Propietario del Inmueble Después que el Acreedor ejercite la Acción Hipotecaria: Se ejerce la acción embargando el inmueble. Desde ese momento cesa la facultad del propietario de disponer del inmueble. Si el bien hipotecado se encuentra en manos de un tercer poseedor, para proceder en su contra debe el acreedor notificarlo a objeto de que abandone la finca o pague la deuda, y si pasados 10 días no asume ninguna de estas actitudes, se le desposee del inmueble. C. Sección Tercera: “EFECTOS RESPECTO AL ACREEDOR PRENDARIO” 1. Derecho de Venta: “Derecho del acreedor de hacer vender la finca hipotecada para pagarse con el producto”. El Art. 2424 CC dispone que: “El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda”. Por ende, procede aplicar el Art. 2397 CC que dice: “El acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta para que con el producido se le pague; o que, a falta de postura admisible, sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago, hasta concurrencia de su crédito; sin que valga estipulación alguna en contrario, y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por otros medios. Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda o de apropiársela por otros medios que los aquí señalados”. 2.1. Forma de Realización de la Finca Hipotecada: El Art. 2397 CC no da una regla del procedimiento, solamente otorga al acreedor el derecho a sacar a remate el bien hipotecado o de adjudicársele a falta de posturas admisibles. El Código de Procedimiento Civil establece que los bienes se venden en pública subasta, ante el juez que conoce del juicio ejecutivo o ante el tribunal en cuya jurisdicción se encuentren los bienes hipotecados (Art. 485 CPC). Es preciso que los inmuebles se tasen; se tendrá como tasación el avalúo vigente, a menos que el ejecutado solicite que se practique una nueva tasación (Art. 486 CPC). El remate se verificará el día que el juez designe, previa publicación de avisos que aparecerán a lo menos por 4 veces, en un diario de la comuna en que tenga su asiento el tribunal, o de la capital de provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere (Arts. 488 y 489 CPC). 2.2. Derecho del Acreedor Hipotecario de Adjudicarse la Finca: El Art. 2397 CC otorga dos derechos al acreedor: 524

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Un derecho principal, cual es que la cosa hipotecada se saque a remate para pagarse con el producto del remate. 2) Otro subsidiario, que supone el ejercicio del derecho anterior, para adjudicarse el bien hipotecado a falta de posturas admisibles y previa tasación: Sin embargo, atendido al Art. 499 CPC, no cabe concluir que en esta parte la disposición se encuentra derogada en lo concerniente al acreedor hipotecario: el citado artículo autoriza al acreedor, a falta de postores, para pedir que la finca se saque nuevamente a remate, con rebaja del mínimo, y se le adjudique por los 2/3 de la tasación. 2.3. Prohibición del Pacto Comisorio: El Art. 2397, inc. final CC prohíbe el llamado “pacto comisorio”. El pacto comisorio puede definirse como “el pacto por el cual las partes convienen que si el deudor, dentro de cierto tiempo, no retira la cosa que da en prenda, pagando la deuda, la cosa pasa, transcurrido el plazo, de pleno derecho e irrevocablemente, al dominio del acreedor, en pago de la deuda”. Con ello se impide que la hipoteca, al igual que respecto de la prenda, se transformen en ventas condicionales. 2.4. Carácter de Orden Público del Art. 2397 CC: Los derechos establecidos en este artículo son de orden público, y por ello, son irrenunciables y cualquiera estipulación que viniera a suprimir o entrabar su ejercicio adolecería de nulidad absoluta. Por ello mismo, el acreedor hipotecario no puede disponer de la cosa hipotecada o apropiársela por medios distintos a los señalados por la ley. 2.5. La Hipoteca no excluye el Derecho de Prenda General del Acreedor: La constitución de una hipoteca no es obstáculo para que el acreedor persiga el cumplimiento de la obligación en otros bienes del deudor (Art. 2425 CC). Por ende, la acción hipotecaria deja a salvo la acción personal, en virtud de la cual el acreedor puede perseguir los otros bienes del deudor. Mientras el inmueble hipotecado esté en poder del deudor personal, ambas acciones (real y personal) se confunden; pero en cambio ellas se diferencian nítidamente cuando el bien dado en garantía pasa a manos de un tercero, porque entonces contra este solo se puede ejercitar la acción real y contra el deudor, únicamente la acción personal. 2. Derecho de Persecución: Mientras la finca hipotecada permanece en poder del deudor, la acción personal que deriva de la obligación principal y la acción hipotecaria, en el hecho se confunden. Se produce, en cambio, una radical separación entre ambas acciones cuando la finca es enajenada. La enajenación no afecta el derecho de hipoteca ni la acción hipotecaria, ya que el Art. 2428 CC señala que: “La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido”. En ese sentido, se puede definir el derecho de persecución como “derecho del acreedor de perseguir la finca hipotecada, en manos de quien se encuentre, para hacerla vender y pagarse con el producto”. 2.1. Los Terceros Poseedores: “Toda persona dueña de la finca gravada con hipoteca, sin que se haya obligado personalmente al pago de la obligación garantizada”. Tenemos: 1) Adquirente de la Finca gravada con Hipoteca (Art. 2429 CC): El adquirente, para quedar obligado solo “propter rem”, debe ser un adquirente a título singular: por compra, donación o legado, por ejemplo. En caso de fallecimiento del deudor hipotecario, se debe distinguir: 525

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Si el inmueble se adquiere a título de herencia, el heredero, al igual que el causante, es un deudor personal, pues se confunden los patrimonios de ambos: Esto, salvo en los siguientes casos: i. Cuando el asignatario hereda con beneficio de inventario. ii. Cuando el heredero paga su cuota en las deudas hereditarias y se le adjudica el inmueble: Por ello, en el heredero adjudicatario se reúnen dos calidades: la del deudor principal por la parte de la deuda que corresponde a su cuota hereditaria y la del tercer poseedor por el resto. b. Si el inmueble se adquiere como legatario hay que distinguir: i. Si el testador quiso gravarlo expresamente con la deuda: Es evidente que en este caso no es tercero poseedor, desde el momento que está obligado personalmente a la deuda. ii. Si el testador no quiso gravarlo con la deuda: En este caso es tercero poseedor, y procedería con ello iniciarle juicio de desposeimiento. 2) Constituyente de Hipoteca sobre un Bien Propio en Garantía de una Deuda Ajena: La persona que constituye hipoteca sobre un bien propio en garantía de una deuda ajena es, también, por regla general, un tercero poseedor (Arts. 2414 y 2430 CC). Sin embargo, se obligará personalmente si las partes pactan lo contrario, como, por ejemplo, cuando además de hipotecar un bien suyo, se constituya fiador. 2.2. La Acción de Desposeimiento: “Aquella acción dirigida contra el tercer poseedor para obtener la realización de la finca hipotecada”. Está regulada entre los Arts. 758 a 763 CPC. En ese sentido, el Art. 758 CPC dispone que, para hacer efectiva la hipoteca, cuando la finca gravada se posea por otro que el deudor principal, “se notificará previamente al poseedor, señalándose un plazo de diez días para que pague la deuda o abandone ante el juzgado la propiedad hipotecada”. Es decir, en el plazo de 10 días, el poseedor podrá adoptar una de estas tres actitudes: 1) Pagar la deuda: El tercero poseedor que paga la deuda satisface una obligación ajena y debe ser reembolsado por el deudor personal. Para garantizarle el reembolso queda subrogado, por el ministerio de la ley, en los derechos del acreedor hipotecario (Art. 2429, inc. 2 CC). Cabe indicar que, si el tercer poseedor ha adquirido el inmueble hipotecado pagando el precio reconociendo la hipoteca, no podrá deducir acción alguna contra el deudor personal, quien a su vez fue su vendedor. 2) Abandonar la finca hipotecada: El Art. 2426 CC señala que: “El dueño de la finca perseguida por el acreedor hipotecario podrá abandonársela, y mientras no se haya consumado la adjudicación, podrá también recobrarla, pagando la cantidad a que fuere obligada la finca, y además las costas y gastos que este abandono hubiere causado al acreedor”. Se producen dos consecuencias importantes del hecho que no obstante el abandono de la finca por parte del tercer poseedor, este conserve el dominio hasta la realización de la finca: a. Como dice el Art. 2426 CC, puede recobrarla mientras no se haya consumado la adjudicación: Para ello deberá pagar la deuda hipotecaria y los gastos que haya ocasionado el abandono. 526

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Si el producto de la realización de la finca abandonada excede el monto de la deuda y gastos, el saldo pertenece al tercer poseedor. El abandono de la finca debe hacerse ante el tribunal que conoce de la acción de desposeimiento. Abandonada la finca por el tercer poseedor, en conformidad con el Art. 2429, inc. final CC, puede repetir contra el deudor para que lo indemnice plenamente, incluso de las mejoras que hubiere hecho en el inmueble. Es importante decir que en el abandono no hay subrogación porque esta supone que ha habido pago de la deuda, y en el abandono no hay pago alguno. 3) Guardar silencio: En este caso procede desposeer de la propiedad hipotecada al tercero poseedor para hacer con ella pago al acreedor (Art. 759, inc. 1 CPC). La acción de desposeimiento se someterá al procedimiento que corresponda, según sea la calidad del título en que se funde. Por ello, se someterá al procedimiento ejecutivo cuando conste de un título que trae aparejada ejecución, tanto la hipoteca como la obligación principal. De otro modo, el desposeimiento se someterá al procedimiento ordinario. Efectuado el desposeimiento, se procederá a la realización de la finca para hacerse pago el acreedor. 2.3. El Tercer Poseedor no goza del beneficio de excusión: El Art. 2429, inc. 1 CC establece que: “El tercer poseedor reconvenido para el pago de la hipoteca constituida sobre la finca que después pasó a sus manos con este gravamen, no tendrá derecho para que se persiga primero a los deudores personalmente obligados”. La regla es aplicable también al que hipoteca un inmueble propio en garantía de una deuda ajena. 2.4. Indemnizaciones al Poseedor que hace Abandono de la Finca o que es Desposeído: El Art. 2429, inc. 3 CC señala que: “Si fuere desposeído de la finca o la abandonare, será plenamente indemnizado por el deudor, con inclusión de las mejoras que haya hecho en ella”. 2.5. Casos en que cesa el Derecho de Persecución: No tiene lugar el derecho de persecución: 1) Contra el tercero que adquirió la finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el juez (Art. 2428 CC). 2) Contra el adquirente de la finca a consecuencia de una expropiación por causa de utilidad pública (Art. 924 CPC): Puesto que las hipotecas no son obstáculos para la expropiación y el acreedor deberá hacer vale su derecho sobre el precio o monto pagado por la expropiación. 2.6. Procedencia de la Citación de Evicción en el Juicio de Desposeimiento: Alessandri estima que procedería la citación de evicción en el juicio de desposeimiento de la hipoteca, fundado principalmente en el Art. 1838 CC que dispone que para que exista evicción es menester que se prive al comprador de todo o parte de la cosa vendida, sin atender a la causa particular que produzca esta privación. 3. Derecho de Preferencia: De acuerdo al Art. 2477 CC, la hipoteca pertenece a la tercera clase de créditos. En ese sentido, la preferencia de que goza la hipoteca tiene los siguientes caracteres: 1) Es Especial: Recae solamente sobre la finca hipotecada. El saldo insoluto que no se alcance a pagar con ella será valista. 2) Pasa contra terceros: Por ser real la hipoteca.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3.1. A qué se extiende la preferencia: La preferencia de la hipoteca se hace efectiva sobre el producto de la realización de la finca. Además, se extiende a: 1) Las indemnizaciones del seguro: Puesto que la cantidad asegurada subroga a la finca en caso de siniestro (Art. 555 CCom). 2) El valor de la expropiación de la finca hipotecada (Art. 924 CPC). 3) Las rentas de arrendamiento de la finca, y en general, a todos los bienes a que se extiende la hipoteca, de acuerdo con los Arts. 2420 a 2422 CC. 3.2. Pluralidad de hipotecas: El Art. 2415 CC establece que el dueño de los bienes hipotecados, no obstante cualquier estipulación en contrario, puede constituir nuevas hipotecas. Las diversas hipotecas prefieren, unas a otras, en orden de sus fechas (Art. 2477, inc. 2 CC). La fecha de la hipoteca serpa siempre la de la correspondiente inscripción (Art. 2412 CC). Las hipotecas de la misma fecha preferirán en el orden de las inscripciones. 3.3. Posposición de la hipoteca: “Acto por el cual el acreedor hipotecario consiente en que prefiera a la suya una hipoteca constituida con posterioridad”. La preferencia de que goza el acreedor hipotecario es perfectamente renunciable en ese sentido. VI.

EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA.

1. Extinción de la Hipoteca por Vía Consecuencial o Accesoria: La extinción de la obligación principal solo acarrea la extinción de la hipoteca cuando ella es total y definitiva. Total, porque en virtud del principio de la indivisibilidad, no obstante quedar insoluta una ínfima parte de la deuda, la hipoteca subsiste en su integridad; y definitiva, porque si la extinción de la obligación queda sin efecto, revive la hipoteca. Algunos modos de extinguir presentan particularidades respecto de la hipoteca: 1) El Pago: Por regla general, hecho el pago se extingue la hipoteca. Pero si el pago lo hace un tercero que se subroga en los derechos del acreedor, la hipoteca subsiste garantizando el crédito en manos del tercero. 2) La Dación en Pago: Si extingue la obligación principal, también acarrea consigo la extinción de la hipoteca. Ahora bien, si después es evicto de la cosa recibida en pago se produce una discusión. Para aquellos que creen que la dación en pago es una novación por cambio de objeto consideran que la hipoteca se extinguió definitivamente. Para los que ven en la dación en pago una simple modalidad de pago la hipoteca debe entenderse que no se extinguió, pues la obligación principal tampoco corrió la misma suerte. 3) La Novación: Extingue la obligación primitiva con todos sus accesorios; pero nada impide que las partes hagan reserva de las hipotecas (Arts. 1642 a 1644 CC). 2. Extinción de la Hipoteca por Vía Principal: Se extingue por: 1) Resolución del derecho del constituyente (Art. 2434, inc. 2 CC): En ese sentido, el Art. 2416 CC señala que la hipoteca de una cosa en la que se tiene un derecho eventual, limitado o rescindible se entiende hecha con las condiciones o limitaciones a que el derecho está sometido.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Evento de la condición resolutoria o llegada del plazo (Art. 2413 CC): Según el Art. 2416, inc. 2 CC, se extinguirá la hipoteca siempre que la condición resolutoria conste en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública. 3) Prórroga del plazo: La prórroga del plazo extingue la hipoteca constituida por terceros (Art. 1649 CC). 4) Confusión: El Art. 2406 CC establece que la prenda se extingue cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor a cualquier título. Es manifiesto, pese al silencio de la ley, que la hipoteca se extingue igualmente por la confusión de las calidades de dueño de la finca y de acreedor hipotecario. 5) Expropiación por causa de utilidad pública: En este caso la hipoteca subsiste, y el acreedor hipotecario podrá hacer efectivo su derecho de persecución sobre el monto de la indemnización, tal como si se tratare de la finca misma. 6) Renuncia del acreedor hipotecario: El Art. 2434, inc. 3 CC dispone que la hipoteca se extingue “por la cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública, de que se tome razón al margen de la inscripción respectiva”. Tal acto se denomina alzamiento de la hipoteca. 7) Purga de la hipoteca (Art. 2428): Este artículo señala que el acreedor carece del derecho de persecución “contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el juez”. a. Requisitos: i. Que la venta se haga en pública subasta, ordenada por el juez: Debe tratarse de una venta forzada, como consecuencia de un litigio. ii. Que se cite personalmente a los acreedores hipotecarios: La citación tiene por objeto que los acreedores hagan valer sus derechos para pagarse según el orden que corresponda y adopten las medidas que juzguen adecuadas para que la finca se realice en el mejor precio posible. El Art. 2428, inc. 3 CC previene que la citación debe ser personal. Si el acreedor no es citado subsiste su hipoteca y su derecho de perseguir la finca en poder del tercer adquirente. iii. Que la subasta se verifique transcurrido el término de emplazamiento: El Art. 2428 CC señala que la notificación de los acreedores hipotecarios debe hacerse “en el tiempo de emplazamiento”. La notificación debe lógicamente hacerse antes del remate y con una anticipación adecuada para que cumpla su objetivo. En otras palabras, un término igual al de emplazamiento debe transcurrir entre la citación y la subasta. Se ha entendido que es el término de emplazamiento que señalado para el juicio ordinario. b. Consignación del Precio del Remate: El precio de la subasta debe consignarse a la orden del juez por cuya orden se efectuó. Con los fondos consignados, los acreedores hipotecarios “serán cubiertos sobre el precio del remate en el orden que corresponda” (Art. 2428, inc. 3 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Reforma introducida por el Código de Procedimiento Civil: El Art. 492 CPC dispone que: “Si por un acreedor hipotecario de grado posterior se persigue una finca hipotecada contra el deudor personal que la posea, el acreedor o los acreedores de grado preferente, citados conforme al artículo 2428 del Código Civil, podrán, o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate según sus grados, o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no estén devengados”. En ese sentido, consiste la modificación en que los acreedores de grado preferente al actor tienen la facultad de optar entre pagarse de sus créditos con el producto de la subasta o conservar su derecho de hipoteca. Esta facultad no compete a los acreedores de grado posterior a quienes solo cabe pagarse con el precio del remate, si fuere suficiente. El Art. 492, inc. 2 CPC añade: “No diciendo nada, en el término del emplazamiento, se entenderá que optan por ser pagados sobre el precio de la subasta”. Dos condiciones son indispensables para que los acreedores de grado preferente puedan ejercitar la opción: i. Es menester que se persiga la finca contra el deudor personal que la posea: No tiene cabida la opción si se persigue la finca contra un tercero poseedor. ii. Que los créditos de los acreedores preferentes no estén devengados. VII.

CANCELACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN HIPOTECARIA.40

1. Conceptos Generales: Extinguida la hipoteca, conjunta o independientemente de la obligación principal, debe procederse a la cancelación de la inscripción hipotecaria, que desde ese momento ya nada representa. La cancelación no es un modo de extinguir la hipoteca, sino una consecuencia de que haya operado alguno de los modos de extinción de la misma. En ese sentido, el Art. 2434 CC señala que una vez extinguida la obligación principal, el acreedor está obligado a dar la cancelación de la hipoteca que se otorgará por escritura pública anotada al margen de la inscripción hipotecaria. El juez la ordenará cuando el interesado así lo solicite por haberse negado a ello el acreedor cuya obligación principal se ha extinguido. 2. Características de la Cancelación que otorga el Acreedor: La cancelación de la inscripción que hace el acreedor es un acto jurídico, que como tal debe llenar todos los requisitos necesarios para su existencia y validez (Art. 1445 CC). 3. Quienes pueden solicitar la Cancelación Judicial de la Inscripción y contra quien se dirige la acción: Puede hacerlo todo aquel que tenga interés en la cancelación. La demanda de cancelación deberá dirigirse en contra del acreedor o las personas que le hayan sucedido en sus derechos. Esta acción se tramita de acuerdo a las reglas del juicio ordinario. 4. El Derecho a la Oportuna Liberación de Garantías: El Reglamento del Crédito Hipotecario del Ministerio de Economía de 2012 en su Art. 33 sostiene: “El Proveedor deberá liberar las garantías en el plazo de 10 días hábiles contado desde el requerimiento del Consumidor, y, en caso que se haya acordado que este costo sea asumido por el Consumidor, desde que se haya efectuado el pago correspondiente. Si la garantía fuere una o más hipotecas, el Proveedor deberá proceder a otorgar la escritura de cancelación y alzamiento de la o las hipotecas y de todos los gravámenes asociados a esa garantía en el plazo de quince 40

Según lo señalado en el texto “La Hipoteca” de Álvaro Vidal Olivares.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe días hábiles contado desde el requerimiento del Consumidor y, en caso que se haya acordado que este costo sea asumido por el Consumidor, desde que se haya efectuado el pago correspondiente”. 5. El Restablecimiento de la Hipoteca: Acontece cuando se declara judicialmente la nulidad de la cancelación y se realiza mediante la inscripción en el Registro Conservatorio de Bienes Raíces de la sentencia que declara la nulidad. El restablecimiento no puede producirse por acuerdo de las partes, ya que en ese caso estamos frente a una hipoteca totalmente nueva. Ahora bien, respecto al restablecimiento de la hipoteca, se discuten sus efectos sobre terceros: 1) Dicho restablecimiento afecta a terceros porque al quedar sin efecto la cancelación se supone que la inscripción siempre ha estado vigente y por lo tanto el acreedor siempre ha conservado la hipoteca y su rango. 2) No afecta los derechos de los terceros, ni a los que tenían hipoteca vigente al momento de la cancelación, ni a los acreedores hipotecarios o adquirentes cuyos derechos nacieron después de la cancelación y antes del restablecimiento. 3) El restablecimiento solo afecta a los acreedores que tenían sus derechos al momento de la cancelación indebida, porque estos tuvieron conocimiento de la hipoteca, pero no a los acreedores hipotecarios o adquirentes, cuyos derechos han nacido en el tiempo intermedio: Esta es la posición correcta según Somarriva, ya que finalmente la inscripción es garantía de publicidad de la hipoteca y, por tanto, resulta inoponible el restablecimiento a aquellos que contrataron cuando la hipoteca no aparecía inscrita. Por último, el acreedor que logra el restablecimiento de la inscripción tiene a su disposición una acción de indemnización de perjuicios contra el responsable de la cancelación indebida o ilegal. VIII.

LA HIPOTECA Y LA LEY GENERAL DE BANCOS.

1. Conceptos Generales: Los bancos están autorizados por ley a otorgar créditos con garantía hipotecaria. Así lo dispone el Art. 69 Ley General de Bancos. Tales créditos se extenderán por escritura pública que lleva cláusula a la orden, de la cual se otorgará una sola copia autorizada que se entregará al acreedor, la que será transferible por endoso colocado a continuación, al margen o al dorso del documento, con indicación del nombre del cesionario. La cesión deberá inscribirse en la inscripción de la hipoteca. 2. Modo de Ejecución de la Hipoteca: Si el deudor hipotecario de un banco no hubiere pagado los dividendos en el plazo estipulado y requerido judicialmente no los paga en el término de 10 días, el juez decretará a petición del banco, el remate del inmueble hipotecado o su entrega en prenda pretoria al banco acreedor. El deudor tendrá un plazo de 5 días para oponerse al remate o a la entrega pretoria. Su oposición solo podrá fundarse en alguna de las siguientes excepciones: 1) Pago de la deuda. 2) Prescripción. 3) No empecer el título al ejecutado.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Si el deudor no opone excepción alguna o se desecha la formulada, se procederá al remate del inmueble hipotecado o a su entrega en prenda pretoria al bando acreedor. El hecho de que se dé uno u otro supuesto dependerá de la voluntad del banco acreedor. 2.1. Inmueble Hipotecado otorgado en Prenda Pretoria: La prenda pretoria es “un contrato celebrado por medio de la justicia, en virtud del cual se entrega el bien embargado al acreedor para que este se pague de su crédito con sus frutos”. El banco aplicará las rentas o productos al pago de las cuotas adeudadas, llevando una cuenta de ello y en caso de existir algún saldo, este deberá ser entregado al deudor. El deudor tiene un derecho para poner fin a la prenda pretoria, pagando las cantidades debidas al banco. 2.2. Remate del Inmueble Hipotecado: Iniciado el procedimiento judicial, el banco designará un depositario en el carácter de definitivo para que tome a su cargo el inmueble hipotecado. Una vez ordenado el remate, y cumpliendo con los demás requisitos legales, se adjudicará al mejor postor. Y el banco se pagará de su crédito con el precio del remate. CAPÍTULO VII: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL41 I.

ASPECTOS GENERALES.

1. Concepto de Responsabilidad Civil: En términos generales, la responsabilidad es “la necesidad efectiva, o eventual, en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que se le atribuye como propio”. En particular, la responsabilidad civil es “la necesidad en que se encuentra un individuo de tener que reparar un daño causado por su obrar doloso o culposo por medio de la indemnización de perjuicios”. La responsabilidad civil está vinculada esencialmente al daño que sufre una o más personas, y al deber de repararlo o compensarlo por medios equivalentes. La esencialidad del daño exigida por la responsabilidad civil constituye una notable diferencia con la responsabilidad penal, la cual contempla figurar delictivas de mero peligro y sanciona conductas tentadas y frustradas, sin daño. 2. Responsabilidad Civil y Responsabilidad Penal: La responsabilidad civil y penal son independientes entre sí, teniendo por principales diferencias: 1) Capacidad: En materia extracontractual, las exigencias de capacidad delictual son menores que en materia penal. Solo son absolutamente incapaces los menores de 7 años y los dementes. En materia penal, son absolutamente incapaces los menores de 14 años y los dementes. Respecto de los que tienen entre 14 y 18 años se aplica un régimen especial de “responsabilidad penal adolescente”. 2) La Tipicidad: En materia penal el requisito de la tipicidad exige que la conducta que se sanciona se adecue exactamente a la descripción del delito que contiene la ley. En materia civil, en cambio, el concepto de ilicitud importa la infracción a un deber de cuidado que puede haber sido establecido en forma previa por la ley, en las hipótesis de culpa infraccional. En la generalidad de los casos, sin embargo, el tipo específico es determinado por el juez con posterioridad a la conducta que se juzga. 3) Culpa: La culpa civil consiste en la infracción de un deber de conducta, que es determinado a partir del estándar del hombre prudente o buen padre de familia. En materia penal la culpabilidad tiene un

Según lo señalado en el texto “Fuentes de las Obligaciones: La Responsabilidad Extracontractual” de Cristian Boetsch Gillet. 41

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe significado por completo diferente, que es concebida en concreto, con atención a las condiciones particulares del autor. 4) El Daño: Es una condición necesaria de la responsabilidad civil, de manera tal que, si la acción culpable no genera daño, no existe responsabilidad. En materia penal, en cambio, se sanciona el disvalor de la acción, y no solo del resultado. 5) Sujetos Pasivos de la Acción: En materia penal solo son sujetos pasivos de responsabilidad las personas naturales personalmente responsables del delito, siendo intransmisible. En materia civil esta es transmisible. Además, en materia penal no puede ser sujeto pasivo la persona jurídica (salvo en ciertos delitos especiales) y en materia civil si puede. 6) Sujetos Activos de la Acción: La regla general en materia penal es que la acción sea publica e irrenunciable. En materia civil, la acción es renunciable después de producido el daño y es personal. 7) Tribunal Competente: Mientras los tribunales civiles carecen de competencia en materia penal, los tribunales penales tienen competencia facultativa para conocer de la acción que persigue la responsabilidad civil proveniente del hecho punible, e incluso competencia privativa para conocer de la acción que tiene por objeto la mera restitución de la cosa que ha sido materia del delito. 8) Prueba: En materia penal rige un principio más estricto que en el orden civil, ya que requiere convicción fuera de toda duda razonable, mientras que la responsabilidad civil se satisface con una probabilidad razonable. 9) Prescripción: En materia penal el plazo de prescripción de la acción varía entre los 6 meses, 5, 10 o 15 años, dependiendo de la gravedad de la pena asignada al delito, y se cuenta desde la fecha de comisión del ilícito. En materia civil el plazo de prescripción es de 4 años contados desde la perpetración del acto. Estando sujeta la responsabilidad penal a requisitos más estrictos, la sentencia que se pronuncie en esa sede puede producir efectos en materia civil, lo que no ocurre en sentido contrario: 1) Sentencia condenatoria (Art. 178 CPC): “En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al reo”. 2) Sentencia absolutoria: No producen cosa juzgada en materia civil, por cuanto que no exista responsabilidad penal no se sigue necesariamente que tampoco exista responsabilidad civil. 3. Regulación de la Responsabilidad Extracontractual: El Código otorga a los delitos y cuasidelitos civiles la categoría de fuente de obligaciones en los Arts. 1437 y 2284 CC. Puede definirse el Delito Civil como “el hecho ilícito cometido con intención de dañar que ha inferido injuria o daño a otra persona”. Cuasidelito Civil es “el hecho ilícito culposo pero cometido sin intención de dañar que ha inferido injuria o daño a otra persona”. El delito y cuasidelito se caracterizan porque son hechos ilícitos y causan daño. El Art. 2314 CC señala que: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. De ahí se desprende que el hecho ilícito es fuente de obligaciones, porque da origen a una obligación que antes no existía: la de indemnizar los perjuicios causados. 4. Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual: La Responsabilidad Contractual es “la obligación del deudor de indemnizar al acreedor los perjuicios que le ha originado el incumplimiento, 533

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe cumplimiento imperfecto o cumplimiento tardío de la obligación”. La Responsabilidad Extracontractual es, en cambio, “la obligación en que se encuentra el autor de indemnizar los perjuicios que su hecho ilícito, delito o cuasidelito, ha ocasionado a la víctima”. 5. Responsabilidad Extracontractual y Cuasicontractual: Mientras en materia extracontractual la acción que se concede a la víctima es esencialmente indemnizatoria; en el ámbito cuasicontractual, en cambio, el derecho concede acciones meramente restitutorias, cuyo objeto es el resarcimiento de los costos directos en que el actor ha incurrido en beneficio de un tercero. 6. Regla General o Derecho Común de Responsabilidad: La legislación nacional regula dos grandes estatutos de responsabilidad civil (contractual y extracontractual), pero no establece explícitamente el régimen común aplicable. Parte de la doctrina nacional sostiene que el régimen común es el contractual, pues es el único que está regulado genéricamente a propósito de los efectos de las obligaciones. Se cita, además, en apoyo de esta tesis el contenido de los Arts. 201, 250, 391, 427, 2308 y 2288 CC, que hablan de culpa leve, de buen padre de familia y culpa levísima, etc., todas graduaciones de culpa, las que solo serían admisibles en el terreno contractual, no obstante referirse a obligaciones legales o cuasicontractuales. En contra de dicha posición, ciertos autores afirman que el Título XII discurre sobre la idea de una estipulación previa de las partes, cuestión que no acontece respecto de las obligaciones extracontractuales. Puede agregarse que el Art. 2284 CC agrupa a las obligaciones que se contraen sin convención, refiriéndose a las obligaciones que nacen de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Por ello, en la práctica, el régimen común es el de la responsabilidad extracontractual, pues se refiere precisamente a esas relaciones que no están regidas por vínculo obligatorio preexistente. La cuestión se torna más discutible en los casos en que existe una obligación preexistente, que no tiene su origen en el contrato sino en la ley, como la responsabilidad que surge del incumplimiento de la obligación de dar alimentos. Al respecto, ciertos autores afirman que en tales casos la responsabilidad sigue al incumplimiento de una obligación personal y podría regirse, por analogía, por las normas de la responsabilidad contractual. 7. Funciones de la Responsabilidad Extracontractual: 1) Función Primordial: Reparación del Daño: La responsabilidad civil extracontractual o derecho de daños apunta ciertamente a un gran y fundamental fin: reparar el daño causado, dejar a la víctima indemne. No se pretende que el daño como tal desaparezca, porque este ya se produjo, sino compensar hasta donde sea posible, la pérdida sufrida por el perjudicado. 2) Función de Garantía de la Libertad de Actuar: La responsabilidad es un elemento de garantía de la persona que permite saber a priori cuáles eventos pueden serle imputados a quien actúa y consiente a la persona una libre elección de sus propios comportamientos. 3) Función Preventiva: Esta función la cumple en dos sentidos: a. Respecto al que ha sufrido la condena civil por un actuar injusto: En cuanto este tratará de evitar en el futuro la conducta descuidada o dolosa que le produjo tal pérdida. b. Respecto al resto de los integrantes de la sociedad: En cuanto son advertidos de no producir ciertos daños o de ser más cuidadosos para evitar incurrir en los desembolsos de aquellos que han sido condenados por algún hecho culposo o doloso. 534

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Función Punitiva: Existen sistemas de derecho de daños en los que la responsabilidad declaradamente cumple una función punitiva o represiva. Es el caso del régimen de responsabilidad que existe en el sistema jurídico angloamericano (Tort Law). La aplicación de los llamados punitive damages frente a ilícitos civiles (torts) es la forma de cumplir esta función punitiva: se trata de una suma de dinero que el juez puede ordenar pagar a la víctima más allá de la indemnización reparatoria; cuestión que solo es procedente en casos de ilícitos de especial malignidad o gravedad. En el sistema de Derecho civil continental, la figura de los daños punitivos es desconocida. Se estima que el acordar al demandante una cantidad de dinero no como reparación sino como pena privada atentaría contra los principios constitucionales que reglan el debido proceso y la aplicación de penas. Sin embargo, en nuestra ley civil existen casos en que se mezclan estas funciones como en el Art. 1768 CC que dispone que aquel de los cónyuges que dolosamente hubiere ocultado o destruido alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma y deberá restituirla doblada. 8. Sistemas o Modelos de Atribución de Responsabilidad: La pregunta respecto a los sistemas de atribución de responsabilidad responde a las razones o fundamentos que el derecho considera a efectos de establecer que una determinada persona debe responder por un daño sufrido por una víctima. Dos sistemas: 1) Responsabilidad Subjetiva: La doctrina clásica señala como fundamento de la obligación que la ley impone de indemnizar el daño causado, la culpabilidad del agente, esto es, la actitud reprochable del autor del delito o cuasidelito, que puede recorrer una cierta graduación desde el dolo a la negligencia, pero que le impone la necesidad de responder de su conducta. Para esta doctrina, dos son los requisitos fundamentales de la responsabilidad extracontractual: (i) el daño y (ii) que él haya sido originado por la culpa o dolo de quien lo ha provocado. Este sistema se ha criticado por: a. Resulta dificultoso para la víctima probar la culpa. b. Mira más a la actuación del autor del daño que hacia la situación de la víctima. Este es el régimen común de responsabilidad en el derecho nacional, aplicable a todos aquellos casos que no están regidos por una regla especial diversa. A ella se refieren los Arts. 2284, 2314 y 2329 CC. 2) Responsabilidad Objetiva: Tiene como antecedente el riesgo generado por una determinada conducta y no la negligencia, de modo que es indiferente el juicio de valor respecto de la conducta del autor del daño. Se trata de un régimen especial y como tal de derecho estricto, que opera solo respecto de ciertos ámbitos de conducta o de tipos de riesgos previamente definidos por el legislador. II.

LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO. A. Sección Primera: “GENERALIDADES”

1. Conceptos Generales: En general, podemos indicar que para que exista responsabilidad civil por culpa o negligencia se requiere: 1) Que el sujeto que realiza el hecho tenga capacidad delictiva. 535

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Que el hecho o acto sea originado en la voluntad del ser humano; es decir, sea un acto humano. 3) Que el hecho voluntario sea antijuridico, es decir, injusto o ilícito objetivamente. 4) Que el hecho voluntario antijuridico sea reprochable o imputable al dolo o culpa de una persona (culpabilidad). 5) Que el hecho haya producido efectivamente un daño. 6) Que exista una relación de causalidad entre el hecho y el daño producido. B. Sección Segunda: “LA CAPACIDAD DELICTUAL” 1. Regla General: La imputabilidad supone que el autor sea capaz, y ello exige algún grado mínimo de aptitud de deliberación para discernir lo que es correcto. Así, la capacidad es “la aptitud que tiene una persona para contraer la obligación de reparar un daño”. La regla general en materia extracontractual es la capacidad para responder de los daños ocasionados por hecho ilícito. 2. Incapacidades: De acuerdo al Art. 2319 CC las incapacidades en materia de responsabilidad delictual o cuasidelictual pueden sintetizarse en dos causas: (i) falta de razón o demencia y (ii) minoría de edad. 2.1. Incapacidad por Discapacidad Mental: Los Dementes: El demente es “aquel que, al tiempo de ejecutar el hecho, está privado de la razón por causas patológicas”. Determinar esta privación de razón es una cuestión de hecho, que debe ser probada al ser opuesta como excepción perentoria en un juicio de responsabilidad. Sin embargo, es también una cuestión normativa, porque el concepto jurídico de demencia no es idéntico al de la medicina. Para que la demencia sea causa de imputabilidad se precisan los siguientes requisitos: 1) Que la demencia sea actual: La discapacidad mental es una situación permanente. Pero lo importante es que al momento de ejecutarse el hecho el ageste estuviera imposibilitado de deliberar normalmente. Ciertos autores afirman que el demente es responsable si ha actuado en un intervalo lúcido, a diferencia de lo que ocurre en materia contractual, en que si se ha declarado la interdicción no se acepta dicha excepción (Art. 465 CC). Sin embargo, en la psiquiatría moderna se tiende a negar la posibilidad de que existan realmente estas “lagunas de cordura”, dentro de una enfermedad mental. Otra cosa es que, al menos teóricamente, el interdicto por demencia puede ser tenido por capaz para efectos de establecer su responsabilidad extracontractual. 2) Que la demencia sea total: El sujeto debe estar absolutamente impedido de darse cuenta del acto y de sus consecuencias; al punto que no pueda determinar su voluntad de acuerdo al conocimiento adquirido. 3) Que la demencia no sea imputable a la voluntad del sujeto: Este es un requisito no generalmente admitido por los autores; sin embargo, la regulación que el Código Civil realiza respecto del ebrio da cuenta de un principio general sobre la materia. Esto porque el Art. 2318 CC señala que: “El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasidelito”. Su responsabilidad se funda en su culpabilidad por haberse colocado en tal estado (actio liberae in causa). Por ello la doctrina concluye que no estaría obligado por su hecho ilícito si 536

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ha sido colocado en este estado por obra de un tercero y contra su voluntad, lo que se extiende igualmente a cualquier otra intoxicación por estupefacientes. 2.2. Incapacidad por Minoría de Edad: Infantes y Menores: Hay que distinguir: 1) Infantes (Art. 2319, inc. 1 CC): “No son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años ni los dementes; pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia”. 2) Mayores de 7 años y menores de 16 años (Art. 2319, inc. 2 CC): “Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de dieciséis años ha cometido el delito o cuasidelito sin discernimiento; y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior”. En ese sentido, el menor de 16 años y mayor de 7 es siempre responsable, a menos que el juez determina que actuó sin discernimiento, solo en ese caso no será responsable. En consecuencia, la plena capacidad para los hechos ilícitos se adquiere a los 16 años, pero puede extenderse en el caso señalado hasta los 7 años. 3. Responsabilidad del Guardián del Incapaz: El guardián es “la persona que tiene a su cargo a otra o a una cosa y debe vigilarla”. Si esta persona no cumple este deber es responsable de los daños que ocasione esa persona o cosa, y su culpa consiste precisamente en haber faltado a dicha obligación. Así ocurre con los incapaces: responde de los daños por ellos causados quien debe vigilarlos (Art. 2319, inc. 1 CC). En este caso la víctima deberá probar la negligencia del guardián. Esta responsabilidad difiere fundamentalmente de la responsabilidad por el hecho ajeno señalada en los Arts. 2320 y ss. CC en un triple sentido: 1) En esta no hay hecho ilícito del incapaz, pues falta el requisito de la capacidad; lo hay del guardián por su negligencia: Este responde del hecho propio, mientras en la responsabilidad indirecta del Art. 2320 CC se responde del hecho ilícito de otra persona capaz, y que también es responsable. 2) En la responsabilidad indirecta se presume la culpa del responsable por el hecho ajeno, y a él corresponderá probar su ausencia de culpa, mientras que, tratándose de un incapaz, la víctima debe probar la negligencia del guardián. 3) El guardián soporta definitivamente la indemnización; no puede repetir contra el incapaz, pues este no ha cometido un hecho ilícito. C. Sección Tercera: “EL ACTO HUMANO” 1. El Hecho Voluntario: La responsabilidad tiene por antecedente el acto humano, esto es, el hecho voluntario, el cual puede consistir en un hecho positivo (una acción), o en uno negativo (una omisión). Por regla general, los daños relevantes para el derecho son los producidos a consecuencia de una acción. La omisión se configura cuando el deber general de cuidado prescribía al agente el asumir una determinada conducta y este no la realizó. 2. Casos de Exclusión de Responsabilidad por Falta de Voluntad: La doctrina suele asimilar a la demencia estados transitorios de pérdida del uso de la razón, como quien actúa en estado de hipnosis o sonámbulo. Sin embargo, Corral estima que estos estados transitorios de falta de uso de razón son más bien causales de exoneración por falta de voluntariedad de la acción. 537

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. El Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Según el Art. 45 CC “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. Este es un caso de supresión de la voluntariedad del hecho: cuando un daño se produce por un caso fortuito, en rigor no puede ser vinculado a una voluntad humana. 3.1. Elementos del Caso Fortuito: Sus elementos son: 1) Irresistibilidad: Lo que se exige es que se trate de un evento insuperable, que no sea posible evitar sus consecuencias. El límite de la irresistibilidad está dado por el deber de diligencia del acto, se mide en función de su deber de cuidado. 2) Imprevisibilidad: El caso fortuito comienza donde cesa el deber de previsión. No se trata de algo absolutamente imprevisible, sino imprevisible para el autor del daño atendido el nivel de diligencia que él es exigible. Por tanto, es un concepto normativo: aquello que el autor no estaba obligado a prever. 3) Exterioridad: El hecho debe ser externo a la esfera de acción del agente. Es indiferente que el daño provenga de un hecho de la naturaleza o del hecho culpable o no de un tercero: lo decisivo es que sea ajeno al ámbito de cuidado del demandado. También tiene el carácter de exterior la hipótesis de culpa de la víctima que resulta ser la causa jurídicamente excluyente de la ocurrencia del daño. Este requisito es especialmente importante en los regímenes de responsabilidad estricta, pues la previsibilidad e irresistibilidad pueden no ser excusa suficiente en la medida en que haya intervenido como causa del daño el riesgo creado por la acción, pero pesará como fuerza mayor si el daño se debió a un hecho externo al ámbito de riesgo cubierto por la regla de responsabilidad estricta. 4. Responsabilidad de las Personas Jurídicas: El Art. 58 CPP señala que “La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare”. Esta disposición deja en claro que las personas jurídicas son susceptibles de responsabilidad civil, de indemnizar los daños que sus órganos o representantes causan. En cuanto al concepto de órgano se ha entendido que se extiende a todas aquellas personas dotadas permanentemente de poder de representación, es decir, facultades para expresar la voluntad de la persona jurídica. Lo determinante es el poder autónomo y permanente de decisión, materia que es una cuestión de hecho que debe ser analizada en concreto. D. Sección Cuarta: “LA ANTIJURIDICIDAD” 1. Concepto: Para que haya responsabilidad es necesario que el daño provenga de un comportamiento objetivamente ilícito, contrario al ordenamiento, contrario a lo justo. Así se deduce de las siguientes disposiciones: (i) el Art. 1437 CC señala que es fuente de las obligaciones “el hecho que ha inferido injuria o daño”; (ii) el Art. 2284 CC agrega que “Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito…”. En la doctrina nacional generalmente no se considera la antijuridicidad como un elemento autónomo de la responsabilidad, por cuanto se le subsume en la culpabilidad: si hay dolo o culpa, es porque hay ilicitud; o en el daño: solo se indemniza el daño injusto. Corral y Rodríguez son de la opinión contraria, por cuanto no necesariamente la ilicitud va vinculada a la culpabilidad o al daño: puede haber culpa, pero no ilicitud, y un daño puede causarse de manera justifica, en cuanto opere alguna causal de justificación. 538

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El análisis de la antijuridicidad se centra en la constatación de si el hecho en cuestión constituye una infracción a una norma positiva o va en contra del principio general de que nadie puede dañar injustamente a otro (alterum non laedere). En algunos casos la ley describe conductas que considera causantes de responsabilidad civil extracontractual, casos en los cuales la doctrina habla del ilícito civil típico. Corral afirma que tal tipificación cumple la función de ser un indicio de la antijuridicidad de la conducta. Rodríguez sostiene que el ilícito civil típico funcionaria de un modo semejante a la responsabilidad subjetiva. 2. Causales que excluyen la Ilicitud: Si bien la ley no ha reglamentado las causas eximentes de responsabilidad civil, la doctrina las ha identificado, destacándose: (i) la ejecución de actos autorizados por el derecho, (ii) el consentimiento de la víctima, (iii) el estado de necesidad y (iv) la legítima defensa. 2.1. Ejecución de Actos Autorizados por el Derecho: Es posible distinguir tres casos: 1) Ejercicio de un Derecho: Elimina la ilicitud de la acción que causa el daño y, por ello, en principio no hay ilicitud en el hecho de que un restaurante se instale a media cuadra de otro ya existente y le prive de parte de su clientela. Pero el ejercicio de un derecho, en sí mismo justo, puede llegar a ilícito o injusto: puede causar daño ilegítimamente. Nace así la teoría del abuso del derecho, que sostiene que el ejercicio abusivo de un derecho genera obligación de reparar los perjuicios producidos. En cuanto al abuso del derecho, Planiol sostenía que el contenido del derecho era el único límite del mismo, pues de lo contrario se caería en una situación que atentaría a toda lógica, pues no puede ejercerse a la vez un derecho que sea contrario a derecho, pues nada puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido, negando así la existencia del abuso del derecho. Josserand, por su parte, introduce la teoría del abuso del derecho, postulando que se abusaba de un derecho subjetivo cuando era ejercido contrariando su función social y económica; en otras palabras, el ejercicio abusivo tiene lugar cuando un derecho subjetivo se ejerce en desacuerdo con el derecho objetivo. Sin perjuicio de las múltiples opiniones y posturas que existen sobre la materia, muy buena parte de la doctrina estima que existirá abuso del derecho, y por lo tanto se limitará el ejercicio del mismo, cuando este sea ejercido de manera desleal, esto es, contrariando a la buena fe y a las buenas costumbres. En nuestro ordenamiento encontramos múltiples disposiciones que dan cuenta de las limitaciones en el ejercicio del derecho subjetivo por excelencia, como es la propiedad. En ese sentido, la Constitución Política establece en su Art. 19 N°24 CPR que el ejercicio de la propiedad puede encontrar limitaciones que deriven de su “función social”. Cabe agregar que el Código Civil establece casos de abuso de derecho precisamente en base a la transgresión de la buena fe con la cual deben ser ejercidos. Así aparece en los Arts. 2110 a 2112 CC, que establecen que en el contrato de sociedad no vale la renuncia que se hace de mala fe o intempestivamente. En general, la jurisprudencia estima que el abuso del derecho constituye un ilícito civil que da lugar y se rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Cumplimiento de un Deber Legal: Igualmente quien actúa en cumplimiento de un deber impuesto por la ley no comete ilícito alguno. Algo más complejo es el tema de la observancia de órdenes emanadas de autoridad competente. Por regla general, la circunstancia de actuar en cumplimiento de una orden de autoridad actúa como causal de justificación siempre y cuando dicha orden no sea manifiestamente ilegal. Sin embargo, subsiste la pregunta respecto de la forma en que el destinatario de la orden debe plantear su ilegalidad para beneficiarse de la excusa. Corral afirma que lo relevante es determinar el grado de coerción de la orden, esto es, si la misma es capaz de suprimir la voluntariedad. 3) Actos Autorizados por Usos Normativos: La ilicitud en materia civil se refiere a aquello que es considerado como impropio. De este modo, queda también excluida la culpa cuando la conducta da cuenta de usos o prácticas que son tenidos comúnmente por correctos. 2.2. El Consentimiento de la Víctima: Tratándose de responsabilidad civil extracontractual, es normal que no exista relación previa entre la víctima y el autor del daño. Sin embargo, nada obsta a que en esta materia puedan existir acuerdos previos entre el potencial autor del daño y la eventual víctima, ya sea en la forma de autorizaciones para realizar un determinado acto, o de convenciones sobre responsabilidad, por medio de las cuales se acepta un cierto nivel de riesgo, se modifican condiciones de responsabilidad, etc. Cuando la víctima potencial presta su consentimiento autorizando la ejecución de un acto que puede causarle daño, realiza un acto de disposición, que, como tal, está sujeto a límites según las reglas generales: 1) La autorización no puede importar condonación de dolo futuro (Art. 1465 CC). 2) No puede significar la renuncia de derechos indisponibles (Art. 12 CC). Con todo, la situación es distinta dependiendo de si la víctima renuncia a un derecho o solamente asume un riesgo. En principio, solo puede hablarse de disposición en el primer caso, y, en consecuencia, solo a este se aplican los límites ya señalados. Tratándose de la simple aceptación de un riesgo razonable, el acto debe entenderse autorizado aun cuando se refiera a bienes indisponibles. Por el contrario, si la probabilidad de daño es muy alta y hace que el riesgo exceda de lo razonable, habrá un verdadero acto de disposición respecto de bienes o derechos irrenunciables, y como tal, la autorización de la víctima no será válida. Finalmente, para que la aceptación voluntaria del riesgo opere como causal de justificación, es necesario que el autor del daño haya proporcionado a la víctima información suficiente acerca de este y de sus componentes, siendo aplicables íntegramente a este respecto las reglas generales sobre la buena fe contractual. Cosa distinta es que una vez producido el hecho ilícito la víctima renuncie a la indemnización. 2.3. El Estado de Necesidad: “Aquel en que una persona se ve obligada a ocasionar un daño a otra para evitar uno mayor a sí misma o a un tercero”. Los requisitos para que opere esta causal son: 1) Que el peligro que se trata de evitar no tenga su origen en una acción culpable. 2) Que no existan medios inocuos o menos dañinos para evitar el daño. El estado de necesidad se diferencia del caso fortuito en que, si bien hay un hecho imprevisto, él no es irresistible; puede resistirse, pero a cosa de un daño propio. 540

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El estado de necesidad excluye la acción indemnizatoria de la víctima por el daño ocasionado, pero no obsta al ejercicio de la acción restitutoria, pues el Derecho no puede amparar el enriquecimiento injusto de aquel que salva un bien propio con cargo a un patrimonio ajeno. 2.4. La Legítima Defensa: Opera en derecho civil de modo análogo al derecho penal. Así, actúa en legítima defensa quien ocasiona un daño obrando en defensa de su persona o derechos, a condición que concurran las siguientes circunstancias: 1) Que la agresión sea ilegitima. 2) Que no haya mediado provocación suficiente por parte del agente. 3) Que la defensa sea proporcionada al ataque. 4) Que el daño se haya producido a causa de la defensa. E. Sección Quinta: “LA CULPABILIDAD” 1. Exigencia de Culpabilidad: El hecho no solo debe ser ilícito, sino también culpable, en el sentido que ha de poderse dirigir un juicio de reproche personal al autor. Este juicio de reprochabilidad puede fundarse en la comisión dolosa (con dolo) o culposa (con culpa). 2. Distinción entre Delito y Cuasidelito Civil: El que la conducta sea realizada con dolo o con culpa es lo que determina que, en el primer caso, exista un “delito”, y en el segundo un “cuasidelito” (Arts. 1437, 2284 y 2314 CC). Si bien en uno y otro caso el autor del ilícito debe responder en igual medida por el daño causado, es posible observar las siguientes diferencias entre ambos: 1) Solo en caso de dolo se autoriza la demanda contra el tercero que, sin ser autor o cómplice del delito, ha recibido provecho del dolo ajeno (Arts. 1458 y 2316 CC). 2) Las cláusulas de irresponsabilidad no proceden respecto del acto cometido por dolo (delito). 3) Es posible asegurarse contra el riesgo proveniente del propio cuasidelito (salvo culpa lata), pero no del propio delito (Art. 552 CCom). 4) En ciertos ilícitos típicos se exige el dolo, por lo que se descarta la responsabilidad por culpa, como acontece con el consejo malicioso (Art. 2119 CC). 3. El Dolo: El Art. 44 CC lo define como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Este es un concepto de dolo extremadamente estricto, y corresponde únicamente al dolo directo, excluyendo las hipótesis de dolo eventual, donde el autor de la conducta no pretende dañar, aunque se representa la posibilidad del daño como consecuencia de su acción. El dolo se aprecia in concreto según las circunstancias del actor, ya que incluye un elemento psicológico: la intención, el deseo de causar el daño, cuya prueba corresponderá siempre al demandante, ya que el dolo no se presume. 4. La Culpa: Suele definirse como “la omisión de la diligencia a que se estaba jurídicamente obligado” o también como “la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios”. 4.1. Apreciación de la Culpa: Para apreciar la culpa existen en doctrina dos concepciones que reciben las denominaciones de culpa objetiva o en abstracto y de culpa subjetiva o en concreto:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) La Culpa Objetiva o en abstracto: En ella se compara la actitud del agente con la que habría tenido en el caso que ocasiona daño una persona prudente expuesta a la misma situación; o sea, se adopta un tipo ideal y se determina cómo habría este reaccionado. 2) La Culpa Subjetiva o en concreto: Se procede, al igual que en el dolo, a determinar la situación personal del sujeto al tiempo del accidente. La doctrina sostiene casi unánimemente que en nuestra legislación se adopta el primer criterio, y el sujeto ideal de comparación es el buen padre de familia, según el concepto del Art. 44 CC. Sin embargo, la culpa se determina en concreto, en cuanto se consideran las circunstancias de la acción u omisión. La determinación del grado de cuidado que habría empleado el hombre razonable o prudente depende, por una parte, de la situación externa, y por otra, del rol social o calidad del autor. Esto no implica que la culpa devenga subjetiva, porque el rol social o calidad del autor se consideran abstractamente, habida consideración de las circunstancias. 4.2. El Estándar de Cuidado: La Culpa Leve: Parece razonable que el grado de culpa de la que se responda en materia extracontractual sea culpa leve. Sin embargo, parte de la doctrina nacional siguiendo un proverbio recogido por la doctrina francesa, ha sostenido que en materia extracontractual se responde de toda culpa, incluida la levísima, pues la clasificación de la culpa en lata, leve y levísima que hace nuestro Código tiene una aplicación estrictamente contractual. Esto es criticable por los siguientes argumentos: 1) Si bien es cierto que la clasificación de culpa se efectúa en el Código a propósito de la responsabilidad contractual, ello ocurre solo porque al tiempo de su redacción la responsabilidad extracontractual había experimentado una escasa evolución. 2) Las referencias del legislador a la culpa o negligencia en el ámbito extracontractual son siempre genéricas, y, en consecuencia, se aplica lo dispuesto en el Art. 44, inc. 2 CC, según el cual “culpa o descuido”, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. 3) Constituye una contradicción afirmar que la culpa se aprecia en abstracto y al mismo tiempo señalar que en materia extracontractual se responde incluso de culpa levísima, pues se trata de grados de cuidado asimétricos con distintos estándares. 4) Implicaría llevar en la práctica a la responsabilidad por culpa hacia los límites de la responsabilidad estricta. 5) Pareciera, por el contrario, que la noción de culpa invoca naturalmente la idea de cuidado ordinario, pues atiende a lo que razonablemente podemos esperar de los demás en nuestras relaciones recíprocas. 6) El Art. 2323 señala expresamente que el dueño es responsable a terceros de los daños que ocasione su ruina acaecida por haber faltado al cuidado de un buen padre de familia, lo cual es compatible solo con la culpa leve. Lo anterior no debe inducir al error de creer que el nivel de cuidado exigible sea siempre el mismo, puesto que el hombre prudente determina su nivel de cuidado considerando las circunstancias que rodean su actuar. Por eso, la determinación del deber de cuidado es una tarea que atiende necesariamente a las circunstancias en que se desarrolla la actividad y al riesgo que esta genera.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4.3. Culpa y Previsibilidad: La culpa supone la previsibilidad de las consecuencias dañosas del hecho porque el modelo del hombre prudente nos remite a una persona que delibera bien y actúa razonablemente, y como lo imprevisible no puede ser objeto de deliberación, dentro del ámbito de la prudencia solo cabe considerar lo previsible. Que la previsibilidad sea un elemento esencial de la culpabilidad tiene consecuencias en cuando a los efectos de la responsabilidad por culpa, pues si solo respecto de los daños previsibles ha podido el autor obrar imprudentemente, solo estos daños deberán ser objeto de la obligación de indemnizar. 4.4. Culpa Infraccional: En este tipo de culpa, los deberes de cuidado son establecidos por el legislador u otra autoridad con potestad normativa, por medio de una ley, reglamento, ordenanza, etc. Aquí la culpa consiste en haber violado la ley o los reglamentos, por lo cual es acto es considerado per se ilícito. En otros términos, existiendo culpa infraccional el acto es tenido como ilícito sin que sea necesario entrar a otra calificación. Con todo, no basta con la mera infracción de la norma para que pueda atribuirse responsabilidad, pues además se requiere que exista una relación de causalidad directa entre la ilicitud (infracción) y el daño. Es necesario que el daño se haya producido a causa de la infracción. 4.5. Culpa por Omisión: La culpa puede ser de acción (in commitendo), esto es, por obrar no debiendo hacerlo, o por omisión o abstención (in ommitendo), esto es, por dejar de actuar. Lo normal será, sin embargo, que la omisión se produzca en el ejercicio de una actividad, o sea, consiste en no tomar una precaución que debió adoptarse, en no prever lo que debió preverse. Esta culpa es lo que algunos llaman negligencia, por oposición a la imprudencia, que sería la culpa por acción. Todas estas culpas dan lugar a responsabilidad, pero una corriente de opinión sostiene que también la hay en la mera abstención, esto es, cuando el agente no desarrolla ninguna actividad en circunstancias que debió hacerlo. 5. Naturaleza Jurídica del Juicio de Culpabilidad: La tendencia inicial de la jurisprudencia nacional fue considerar el juicio de culpabilidad como una cuestión de hecho. Por su parte, la doctrina nacional se manifiesta en forma unánime por calificar el juicio de culpabilidad como una cuestión normativa, susceptible de ser revisada por la Corte suprema mediante el recurso de casación en el fondo. Es indiscutible que precisar los hechos que pueden constituir la culpa corresponde a los jueces del fondo, salvo que los hayan dado por establecidos con infracción de las leyes reguladoras de la prueba. Pero calificarlos, esto es, si ellos constituyen dolo, culpa, caso fortuito, es cuestión de derecho. 6. Prueba de la Culpabilidad: La culpabilidad, en sus dos modalidades, debe ser probada por quien la alega, en cuanto incumbe probar las obligaciones a quien alega su existencia (Art. 1689 CC). La prueba no tiene restricciones, como que se trata de probar hechos, y puede recurrirse a las presunciones, testigos, confesión, peritajes, etc., sin limitación alguna. No se consideran las normas que limitan la prueba testimonial, en cuanto los Arts. 1707 y ss. CC se aplican a los “actos y contratos”. 7. Presunciones de Culpa: El principio general en virtud del cual la culpa debe ser probada por quien la alega, pone con frecuencia a la víctima en una importante desventaja estratégica frente al autor del daño. Por lo general, el demandante carecerá de los instrumentos probatorios para demostrar que el autor del daño no empleó la diligencia debida, y en los casos más complejos, difícilmente estará en condiciones de probar cual era el deber de cuidado que correspondía observar. En consideración a estas dificultades, el sistema de 543

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe responsabilidad contempla presunciones de culpabilidad, cuyo efecto es invertir el peso de la prueba en favor de la víctima. De este modo, sin alterar la naturaleza de la responsabilidad, fundada en la negligencia o dolo, se modifica la posición estratégica de las partes frente a la prueba, correspondiendo al demandante probar el hecho, el daño y la relación causal, y al demandado su diligencia, o la concurrencia de fuerza mayor o de alguna causal de justificación. El Código Civil establece presunciones de culpa referidas al hecho propio (Art. 2329 CC), las que se refieren al hecho de las cosas (Arts. 2323, 2324, 2326, 2327 y 2328 CC) y las que se refieren al hecho ajeno (Art. 2320 y 2322 CC). 7.1. Presunción de Culpabilidad por el Hecho Propio del Art. 2329 CC: El Art. 2329 CC dice que: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación: 1º. El que dispara imprudentemente un arma de fuego; 2º. El que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche; 3º. El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él”. Inicialmente, la doctrina y la jurisprudencia consideraron que el Art. 2329 CC no era sino una repetición de la norma del Art. 2314 CC, cuya única peculiaridad consistía en citar algunos ejemplos o casos de aplicación general de responsabilidad por culpa. En ese sentido, solo sería un factor de imputación causal, esta es la posición seguida por el profesor Barrientos. La primera explicación del Art. 2329 CC bajo una hipótesis de presunción de culpa fue formulada por Ducci, afirmando que la norma establecía una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de actividades caracterizadas por su peligrosidad. Luego, Alessandri extendió el ámbito de la presunción señalando que el Art. 2329 CC establece una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de un hecho que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realizó, es susceptible de atribuirse a culpa o dolo del agente. Los argumentos que se han esgrimido para decir que es una presunción de culpa son: 1) Desde un punto de vista exegético, son ilustrativos de la intención del legislador: a. La ubicación del Art. 2329, inmediatamente después de las normas que establecen presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno y por el hecho de las cosas. b. El enunciado inicial de la norma “por regla general todo daño…”. 2) También existen razones de texto que avalan esta interpretación: La norma no se refiere a todo daño causado por o proveniente de malicia o negligencia, sino a todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona. Los ejemplos del articulo sirven a favor de esta interpretación, pus todos se refieren a hechos que son por si solos expresivos de culpa. 3) Esta interpretación resulta coincidente con la experiencia y la razón. 544

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Se justifica la presunción porque resulta a menudo el único camino para poder construir en la práctica la responsabilidad del autor del daño. La jurisprudencia coincide en señalar que la enumeración del Art. 2329 CC no tiene carácter taxativo, y ha considerado otros hechos como reveladores de negligencia. 7.2. Condiciones de Aplicación de la Presunción: El Art. 2329 CC reconoce tres grupos de casos: 1) Peligrosidad de la acción: Es un elemento relevante para aplicar la presunción de responsabilidad en caso de accidente, pues quien actúa en ámbitos riesgosos, sea por la probabilidad o la intensidad del daño, está obligado a adoptar todos los resguardos para evitar que ocurra un accidente. 2) Control de los hechos: Tratándose de daños ocasionados por quien está en condiciones de controlar todos los aspectos de su actividad, como ocurre con las personas que están a cargo de procesos productivos complejos, quien está en mejor posición relativa para procurarse medios de prueba es precisamente el autor del daño. Mientras no se demuestre que fue debido a un hecho por el cual no responde el fabricante o prestador del servicio, la culpa puede ser presumida. 3) El rol de la experiencia: Finalmente, existe una buena razón para aplicar la presunción cuando, conforme a la experiencia, cierto tipo de accidentes se deben más frecuentemente a negligencia que a un caso fortuito. F. Sección Sexta: “EL DAÑO” 1. Concepto: Para que exista responsabilidad es indispensable que el hecho ilícito haya causado un daño (Arts. 1437 y 2314 CC). Si no hay daño no habrá delito o cuasidelito civil. De ahí que el delito frustrado no provoque responsabilidad civil No obstante, en ciertos supuestos se permite que la responsabilidad civil actúe por anticipado antes de que el daño inminente se produzca y para que se adopten las medidas necesarias para evitarlo (Art. 2333). En nuestra legislación, los términos “daño” y “perjuicio” son términos sinónimos y se usan indistintamente. Daño se puede definir como “todo detrimento o menoscabo que sufra una persona en su patrimonio o en su persona física o moral”. 2. Requisitos de Resarcibilidad del Daño: 1) El daño debe lesionar un derecho o un interés legítimo: Existe amplio consenso en que el daño será resarcible en cuanto lesione un derecho subjetivo. Pero, tal concepción se ha ampliado, en cuanto no solo hay lugar a la indemnización cuando se vulnera un derecho, sino también un interés en la satisfacción de necesidades o bienes humanos de carácter privado. Con todo, no todo daño a un interés es resarcible, sino que se debe tratar de un interés legítimo, esto es, que de alguna manera se encuentre tutelado por el derecho. 2) El daño debe ser cierto: Debe ser real, efectivo, tener existencia. Se rechaza la indemnización del daño eventual, meramente hipotético, que no se sabe si existirá o no. No quiere decir que se exija que el daño sea actual. Es indemnizable el daño futuro, pero solo en la medida en que, al momento en que se dicta la sentencia, haya certeza de que necesariamente sobrevendrá. En este caso la certidumbre del daño debe ser actual, pero el perjuicio puede ser futuro.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Asimismo, de admite también la responsabilidad sobre un daño contingente, que aún no ha ocurrido pero que puede producirse de no adoptarse medidas preventivas. En tal caso la certidumbre deberá recaer sobre la inminencia o amenaza de producirse el daño. En la doctrina francesa se acepta una cierta categoría de daño eventual, como lo es la perdida de una chance, que se refiere a los casos en que el demandante pide indemnización porque la conducta culpable del demandado le impidió aprovechar una oportunidad o ejercer un derecho del cual, con mayor o menor probabilidad, pero no con certeza, obtendría un beneficio. Corral estima que esta clase de daño es resarcible en Chile, pero únicamente debe indemnizarse la frustración de la oportunidad a postular a la obtención del beneficio, en cuanto existe certeza de ello. 3) Debe existir una relación directa con el hecho ilícito: La doctrina ha expresado que el daño es directo cuando es una consecuencia cierta y necesaria del hecho ilícito. Los daños secundarios o indirectos no pueden ser indemnizados, por cuanto faltará la relación de causalidad, que es un elemento indispensable para configurar la responsabilidad civil. 4) El daño no debe estar indemnizado: En principio no puede exigirse la indemnización de un perjuicio ya reparado. Y así hay casos en que la víctima tiene acción en contra de varias personas para demandar los daños; por ejemplo, si los autores del hecho ilícito son varios, por ser solidaria la acción (Art. 2317 CC), la víctima puede cobrar el total a cualquiera de ellos, pero indemnizada por el demandado no podrá volver a cobrar los daños a otro. Igualmente, en la responsabilidad por el hecho ajeno, la victima puede demandar al hecho o a aquel, pero no puede exigir a ambos que cada uno pague el total de la indemnización. Se presenta en este punto el problema del cumulo de indemnizaciones, esto es, que la víctima haya obtenido de un tercero ajeno al hecho ilícito una reparación total o parcial del daño sufrido. La solución más aceptada es que si tales beneficios tienden a reparar el daño, este se extingue, ya no existe, y no puede exigirse nuevamente su reparación. El tercero se subroga en los derechos de la víctima a efectos de repetir contra el hechor. 5) El daño debe ser de una magnitud suficiente: La magnitud o significancia del daño puede ser tomada en cuenta también para calificar sobre la justicia y conveniencia de su reparación. Si bien el Código Civil señala que “todo” daño debe ser indemnizado, lo cierto es que si las personas reclamaran por todos los daños que sufren en su diario vivir el sistema judicial colapsaría. En consecuencia, la noción de daño excluye aquellas incomodidades o molestias que las personas se causan recíprocamente como consecuencia normal de la vida en común. 6) El daño debe ser previsible: Existe discusión doctrinaria al respecto. El Art. 1558 CC dispone que los daños directos pueden ser previstos o imprevistos, clasificación propia de los contratos, pues solo se responde por regla general de los previstos al tiempo de su celebración, y de los imprevistos únicamente en caso de dolo o culpa grave. La doctrina tradicional afirma que en responsabilidad extracontractual deben indemnizarse los perjuicios previstos e imprevistos, ya que el Art. 2329 CC dispone la reparación de “todo daño”. De contrario, se sostiene que la previsibilidad es esencial para que pueda haber un factor de conexión de causalidad, y asimismo constituye un elemento de la culpabilidad. Señalan que lo imprevisible no puede ser objeto de deliberación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 7) El daño debe haber sido personalmente sufrido por la víctima: La exigencia de que los daños estén radicados en el actor excluye la indemnización por daños difusos, es decir, daños que afecten a personas indeterminadas. Ello plantea el problema del denominado “daño por repercusión o rebote”, que es el que sufre una persona a consecuencia del hecho ilícito experimentado por otra. En este contexto, Barros indica que todo aquel que a consecuencia del accidente se ve privado de los ingresos que le proporcionaba la víctima, a título de alimentos e incluso sin tener derecho a ellos sufre un daño patrimonial de carácter personal, en razón de lucro cesante, y tiene acción directa en contra del autor del daño. También es un daño personal el que consiste en el dolor por la pérdida de un ser querido. 3. Clases de Daños: Atendiendo a la naturaleza del bien lesionado, los daños reparables han sido clasificados tradicionalmente en dos grandes categorías: (i) daños materiales o patrimoniales y (ii) daños morales o extrapatrimoniales. 3.1. Daño Material o Patrimonial: “Aquel que consiste en una pérdida pecuniaria, en un detrimento del patrimonio”. Se manifiesta en la diferencia entre el estado y posición económica de la víctima después de ocurrido el accidente, y la situación en que hipotéticamente se encontraría en caso de que este no hubiere ocurrido. Puede ser de dos clases: 1) El Daño Emergente: “Empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona”. A consecuencias del daño emergente el activo del patrimonio pesa menos, y puede consistir en: a. La destrucción o deterioro de cosas que poseen valor económico: Hay que distinguir: i. Si la cosa se destruye: La indemnización corresponderá a su valor de reposición, según el estado en que se encontraba antes del hecho. ii. Si la cosa se deteriora: La indemnización debe consistir en la suma que es necesario gastar para su completa reparación, y la víctima tiene derecho a ser compensada además por el menor valor que tenga la cosa después de reparada. Si la reparación de la cosa resulta más costosa que la cosa misma, el restablecimiento al estado patrimonial inmediatamente anterior al accidente se logrará pagando a la víctima el precio de la cosa. b. Los costos o gastos en que ha de incurrir la víctima a causa del accidente. c. Un perjuicio puramente económico: Son aquellos que no se traducen en detrimento de cosas determinadas, pero que, sin embargo, afectan al patrimonio. Tal es el daño que sufre el comerciante que es víctima de competencia desleal, si su negocio pierde valor a consecuencia de publicidad engañosa. 2) El Lucro Cesante: “Pérdida del incremento neto que habría tenido el patrimonio de la víctima de no haber ocurrido el hecho por el cual un tercero es responsable”. La determinación del lucro cesante considera un grado razonable de probabilidad en la percepción de los ingresos futuros, y obedece a una proyección del curso normal de los acontecimientos, atendidas las circunstancias particulares de la víctima.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Existen casos en que esa probabilidad es cercana a la certeza, como ocurre en general con el dinero. En ese evento, el lucro cesante será igual al interés que la víctima habría ganado de no mediar el hecho. Pero, en general, la probabilidad de ganancia será más incierta, y de ahí que la jurisprudencia haya concluido que el cálculo del lucro cesante exige aplicar un cálculo probabilístico de su efectiva ocurrencia. 3.2. Daño Moral o Extrapatrimonial: Tradicionalmente se ha definido como “el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida”. Pero, esta noción de daño moral como dolor se critica porque excluiría las demás manifestaciones de esta especie de daño, como los perjuicios estéticos o la alteración de las condiciones de vida, de amplio reconocimiento en el derecho comparado. Por ello, se puede definir el daño moral como “toda lesión o menoscabo a un derecho o interés extrapatrimonial”. 3.2.1. Resarcibilidad del Daño Moral: Hace décadas la procedencia de la indemnización del daño moral fue resistida porque se decía que la indemnización tiene por objeto hacer desaparecer el daño y el moral es imposible dejarlo sin efecto; que la indemnización es muy difícil de establecer, y que puede llegarse a abrir al aceptarla una avalancha de demandas por este capítulo de las personas amigas, familiares, etc., de la víctima, todas ellas alegando su aflicción. Sin embargo, hoy en la doctrina y jurisprudencia unánime se acepta esta indemnización por lo siguiente: 1) No necesariamente toda indemnización es de carácter resarcitoria, en cuanto también es posible una reparación en especie, como la publicación de la sentencia. 2) La dificultad de fijar la indemnización y los posibles abusos no pueden servir de pretexto para negar la compensación, pues también se presentan en los daños materiales. 3) Las disposiciones que establecen la indemnización de perjuicios en materia extracontractual (Arts. 2314 y 2329 CC) son amplias y no distinguen, y ordenan indemnizar todo perjuicio. 4) El Art. 2331 niega expresamente la indemnización del daño moral; y si lo dijo expresamente en esta situación el legislador, quiere decir que en los demás se indemniza el daño moral, pues si no el precepto estaría de más: Adicionalmente, cabe considerar que esta disposición ha sido declarada inaplicable por inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades porque el Art. 19 N°26 CPR prohíbe que una ley pueda limitad un derecho constitucional, como el establecido en el Art. 19 N°4 CPR que trata el derecho a la honra. 5) La legislación posterior al Código Civil es confirmatoria en tal sentido, pues menciona expresamente el daño moral entre los indemnizables. 3.2.2. Categorías de Daño Moral: 1) El Daño Emocional: Este es el concepto original de daño moral, el clásico “pretium doloris”. 2) La Lesión de un Bien o Derecho de la Personalidad: Con independencia del dolo psíquico que ha producido a la víctima, habrá daño moral si se lesiona en forma directa o ilegitima un derecho de la personalidad, como la honra, la intimidad, la imagen, el derecho de autor. En este sentido, se hace posible que las personas jurídicas, que no pueden sentir o sufrir, sean dañadas moralmente, si se lesionan algunos de los derechos propios de naturaleza extrapatrimonial.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) El “préjudice d’agrément”: O perjuicio del gusto de vivir, se puede definir como “la privación de las satisfacciones de orden social, mundano y deportivo de las cuales se beneficia un hombre de la edad y de la cultura de la víctima”. Debe contabilizarse el daño físico que produce incapacidad permanente o temporal, y la indemnización debe aumentarse si se prueba que la víctima presenta un daño superior al medio por haber cultivado con éxito alguna capacidad creativa, un talento particular, un hobby, etc. 4) El daño corporal o fisiológico: El daño es corporal cuando afecta la integridad física y psíquica de una persona natural, y se distingue del daño puramente moral en que no recae como este en la pura esfera emotiva o espiritual. El daño corporal puede traer consecuencias patrimoniales indemnizables como los gastos de atención médica y la pérdida de una ganancia por la inhabilidad física (lucro cesante). Elorriaga sostiene que el daño corporal debe situarse como una categoría de daño extrapatrimonial de carácter personal independiente del daño moral. 5) El daño estético: Como una consecuencia del daño corporal ha sido advertida la necesidad de reparar el daño estético o a la apariencia física. 3.2.3. El Daño Moral en las Personas Jurídicas: Es evidente que el daño moral, en su acepción moderna y restringida, no puede ser experimentado por una persona jurídica, lisa y llanamente porque no puede sufrir tristeza alguna. Sin embargo, se ha fundamentado el daño patrimonial de las personas jurídicas en el sentido que solo son indemnizables aquellos menoscabos que, si bien no inciden en el patrimonio de una persona, proyectan sus consecuencias novias en el patrimonio de la víctima. Por ejemplo, la situación de la empresa que en razón de la publicidad infundada sobre la mala calidad de sus productos ve reducido su número de clientes. La crítica que ha debido enfrentar esta doctrina es la asimilación de la consecuencia pecuniaria de una conducta dañosa como un asunto extrapatrimonial: si el daño repercute en la esfera del patrimonio, malamente puede ser catalogado como extrapatrimonial. De otro lago, hay quienes han llamado a no confundir las consecuencias del hecho: un mismo comportamiento puede dar lugar a resultados perjudiciales tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, los que deben ser indemnizados si se dan las condiciones necesarias para ello, particularmente en el caso de los daños inmateriales, que lesionen objetivamente los derechos de la personalidad de una persona jurídica. 3.2.4. Prueba del Daño Moral: Numerosos fallos sostienen que en determinadas situaciones el daño moral no requiere de una acreditación por medios formales, ya que su ocurrencia se desprende de las circunstancias en las que ocurre el hecho y las relaciones de los partícipes, como ocurre con la muerte de un hijo. Sin embargo, lo cierto es que, como todo daño, el de carácter moral debe probarse, procediendo al efecto todos los medios de prueba legalmente admisibles. Pero la prueba del daño moral debe acomodarse a su naturaleza especial. De este modo, la prueba por presunciones adquiere especial relevancia; presunción que en todo caso debe fundarse en hechos conocidos, probados y existentes en el proceso y el juez debe explicar el raciocinio lógico por el cual del hecho conocido es posible arribar al hecho ignorado y que se quiere establecer. 3.2.5. Avaluación del Daño Moral: Están contestes los tribunales en que la avaluación del daño moral es una facultad privativa de los tribunales del fondo y no es susceptible del control de casación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. La Amenaza y el Daño Contingente: El Art. 2333 CC habla en general de la acción por “daño contingente”, es decir, que puede suceder o no, sin hacer ninguna distinción. Respecto de este caso, no basta que el daño sea meramente hipotético o posible, es necesario que sea más que probable. Se requiere que haya amenaza o inminencia clara y probada de que, de no adoptarse medidas preventivas, el perjuicio ocurrirá ciertamente. 5. Prueba del Daño: La prueba del daño corresponde a la víctima. El daño material puede ser acreditado haciendo uso de todos los medios de prueba. En lo que respecta al lucro cesante, estos medios consistirán usualmente en presunciones e informes periciales. Respecto del daño moral tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que no requiere prueba. Según la opinión dominante, basta que la víctima acredite la lesión de un bien jurídico personal para que se infiera el daño. 6. Naturaleza Jurídica de la Regulación del Monto de la Indemnización: Es una cuestión de hecho, pero la calificación de ellos, o sea, si es daño eventual, indirecto, moral, etc., es cuestión de derecho. G. Sección Séptima: “LA CAUSALIDAD” 1. Consideraciones Generales sobre la Causalidad: Para que un hecho doloso o culpable genere responsabilidad, es necesario que entre este y el daño exista un vínculo o nexo, una relación de causalidad o de causa-efecto: el hecho ilícito debe constituir una causa del daño, y el daño debe ser un efecto del hecho ilícito. Si bien el requisito de la causalidad no se encuentra reglamentado en el Código civil, diversas normal del Título XXXVI del Libro IV lo reconocen de forma implícita: el Art. 2314 CC señala que el delito o cuasidelito debe haber “inferido daño a otro”; el Art. 2318 CC afirma que el ebrio es responsable del daño “causado por su delito o cuasidelito”; los Arts. 2319 y 2325 CC se refieren a los “daños causados”. Adicionalmente, buena parte de la doctrina se apoya en el Art. 1558 CC, norma de la responsabilidad contractual cuya aplicación amplían a esta sede extracontractual; dicha disposición señala que se debe responder de “los perjuicios que fueron consecuencia inmediata y directa”. El problema es determinar cuando el hecho es causa del daño. 2. Teorías para resolver el Problema de la Causalidad: Existen dos grupos de teorías: 2.1. Teorías Empiristas: Intentan localizar el momento causal observando los fenómenos empíricos o naturales, y emplazando la conducta humana dentro del cortejo de acontecimientos que ocurren en la naturaleza según las leyes físicas. 1) Teoría de la Equivalencia de las Condiciones o de la condictio sine qua non: Postula que no es posible distinguir de entre las varias condiciones que concurren para producir un resultado (dañoso), cual es más causa que otra. Todas ellas son equivalentes en cuanto a la causalidad. Para conocer si un factor es verdaderamente condición del resultado, y por tanto equivalentemente causa, la teoría utiliza el método de la supresión mental hipotética. Así, si se busca saber si un favor es condición (y por ende causa) del resultado, se debe reconstruir mentalmente la situación sin el factor analizado: si en este supuesto el resultado igualmente hubiere acaecido, quiere decir que dicho favor no fue condición del mismo. Esta teoría ha sido objeto de severas críticas por parte de la doctrina:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Se indica que la supresión mental hipotética solo es eficaz si se ha hecho un juicio previo sobre si el factor suprimido es o no causa del resultado: Señala Roxin que la supresión mental presupone ya lo que debe averiguarse mediante la misma. b. Se observa que en casos de causalidad acumulativa en que actúan dos causas independientes que por su confluencia producen el resultado, pero que se eliminara mentalmente cualquiera de ellas debería llegarse a la conclusión que ninguna de ellas es causa, produciendo la impunidad del hecho: Como si dos sujetos ponen veneno en un vaso, cada uno poniendo lo suficiente para matarlo por si solo, de tal modo que si alguno de ellos no lo hubiere hecho, igualmente el sujeto hubiera muerto por la dosis que puso el otro. En ese caso si suprimimos el veneno de uno igual muere el sujeto, por lo cual no sería causa. c. No permite resolver los casos de causalidad hipotética en que actúan dos causas independientes que se excluyen entre sí, de tal modo que, si no hubiere procedido una, de todos modos, se hubiere producido el resultado por la otra: Como si un sujeto pone veneno en un vaso, pero si no lo hubiera hecho otro sujeto le habría puesto veneno. En ese caso si suprimimos el veneno de uno igual muere el sujeto, por lo cual no sería causa. d. Se advierte que, aplicada con rigor, conduce a una extensión exagerada de la responsabilidad, ya que cualquier hecho situado en la cadena de acontecimientos en la que luego se inserta el resultado puede ser considerado causa del mismo: Así, llevando las cosas al extremo, podría imputarse causalidad de un homicidio a los padres que procrearon al asesino. 2) Teoría de la Causa Adecuada: Según esta doctrina, la atribución de un daño supone que el hecho del autor sea generalmente apropiado para producir esas consecuencias dañosas. Si desde la perspectiva de un observador objetivo, la ocurrencia del daño es una consecuencia verosímil del hecho, entonces se puede dar por establecida una relación de causa adecuada y habrá lugar a la responsabilidad. La causa no es adecuada cuando responde a factores intervinientes que resultan casuales, porque según el curso normal de los acontecimientos con posterioridad al hecho resultan objetivamente inverosímiles en la perspectiva de un observador imparcial. Esta teoría ha sido objeto de las siguientes críticas: a. Agrega un elemento de previsibilidad que es propio de la culpabilidad, confundiendo ambos elementos. b. Recurre a la figura de un observador externo que debe juzgar ex post cuáles daños pertenecen al desarrollo natural de los acontecimientos y cuáles a circunstancias extraordinarias que alteren sustantivamente el curso causal e impiden efectuar esa atribución: Esto genera una distorsión por cuanto el observador ex post regularmente contará con mucha mayor información que el agente, lo cual influirá en su juzgamiento. 3) Teoría de la Causa Eficiente: Pretende atribuir la cualidad de causa a la condición que podría considerarse como la más operativa en el conjunto de la situación. 4) Teoría de la Causa Próxima: Da relevancia a la condición más directamente conectada con el resultado.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Las últimas dos teorías se critican porque no sería posible establecer criterios de jerarquía, prioridad o eficacia, si se permanece en el plano ontológico de los fenómenos naturales. 2.2. Teorías Normativas: Si bien parten de la observación del suceder causal empírico, estiman imprescindible, para asignar el rol de causa, efectuar valoraciones jurídicas o normativas que superen el marco de las previsiones y conexiones de la mera causalidad física. 1) Teoría de la Relevancia Jurídica: Para saber qué condiciones son causas en el plano empírico se reconoce la validez de la teoría de la equivalencia: todas las condiciones son causas desde el punto de vista meramente natural. Pero este análisis no basta al jurista, ya que, jurídicamente, no todas las causas son equivalentes. Para el derecho solo pueden ser tomados en cuenta los procesos relevantes. La relevancia de la causa se determina siguiendo criterios de previsibilidad utilizados por la teoría de la adecuación. Esta teoría intenta conciliar las teorías de la equivalencia y de la adecuación, y por ello no ha sido acogida plenamente. 2) Teoría de la Imputación Objetiva: Para Roxin, la causalidad debe ser jurídicamente entendida como imputación medida por parámetros objetivos. Solo un resultado imputable al acto del autor puede generar responsabilidad. Ahora bien, en las acciones existe un nivel de riesgo general de la vida que no puede ser evitado o incluso riesgos que deben ser tolerados o fomentados para bien de la colectividad. La creación de una situación en la que se mantiene el riesgo general de la vida no puede ser considerada causa del resultado producido por este riesgo. Así, solo la creación de un riesgo superior al riesgo general de la vida, y que, además sea jurídicamente desaprobado puede ser imputable al autor, generará responsabilidad. 3. La Causalidad como un Tema Empírico y Normativo: La doctrina nacional estima que la relación de causalidad no puede ser analizada desde una perspectiva ni meramente naturalística ni meramente normativa. En este sentido, Barros afirma que la causalidad actúa, por un lado, como elemento o requisito de la responsabilidad civil y, por otro, como límite. Como requisito, exige que el hecho sea condición necesaria del daño. Como límite, pues no basta una relación puramente descriptiva, sino que además exige una apreciación normativa que permita calificar el daño como una consecuencia directa del hecho ilícito. Así, la teoría de la equivalencia de las condiciones y su test de la supresión mental hipotética ayuda a determinar que acontecimientos no son causa y para excluir la causalidad, pero no es suficiente para determinar cuáles son jurídicamente una causa. Para establecerla, resulta necesario complementar el análisis con la previsibilidad del resultado y la determinación del incremento ilícito del riesgo ordinario de la vida. La previsibilidad del resultado dañino puede introducirse en el análisis de la causalidad para descartar aquellos procesos causales en los que la acción humana interviene decididamente, pero en los que parece imposible imputar ese resultado a ese comportamiento humano concreto al carecer el agente de toda posibilidad de prever las consecuencias que se derivarían de su acción y no poder así atribuirse a su actuación ninguna forma de dirigibilidad del proceso. El incremento del riesgo ordinario debe también ser tomado en cuenta para excluir como causales las acciones humanas que, aun cuando hayan operado sobre hechos previsible, no son constitutivas por si mismas de un incremento real de los riesgos generales e inevitables de toda convivencia humana. 552

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Pluralidad de Causas: Ocurre cuando el daño se debe a la intervención de dos o más personas, ya sea porque todas ellas intervienen en la ejecución de un mismo hecho, o porque cada uno ejecuta un hecho distinto que contribuye a ocasionar el daño. 4.1. Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Se plantea el problema cuando coexisten en la producción del daño, por una parte, un acontecimiento inevitable, imprevisible e irresistible (caso fortuito), y por otra, un comportamiento imprudente del agente. Para determinar la responsabilidad habría que cuestionar si el comportamiento imprudente puede ser considerado causa del daño, con independencia de la existencia del caso fortuito; es decir, si la acción hubiese causado el perjuicio aun cuando no hubiere intervenido fuerza mayor. Si en algún supuesto cabe imaginar que caso fortuito y comportamiento negligente actúan como concausas en forma necesaria y simultánea, quizás lo más justo sería no absolver totalmente de responsabilidad al agente, pero si reducir el monto de la indemnización de manera proporcional a la entidad del aporte causal del agente. 4.2. Pluralidad de Agentes: Puede haber pluralidad de responsables en tres circunstancias: 1) Varios responsables por un mismo hecho: Si un mismo hecho es atribuible a diversas personas todas ellas son solidariamente responsables (Art. 2317 CC). También existe solidaridad entre la persona que según las reglas generales responsable por el hecho de un tercero que está bajo su dependencia o cuidado y el autor del hecho. En cuanto a la contribución a la responsabilidad, el Art. 2325 CC establece una norma especial solo aplicable a la responsabilidad por el hecho ajeno. Según esta disposición, la contribución recae en el autor del daño, de modo que el tercero civilmente responsable tiene acción en su contra para obtener el reembolso de lo pagado. El reembolso procede a condición de que el autor del daño sea capaz, que no haya existido culpa personal de ese tercero civilmente responsable, y que este no haya dado una orden al autor del hecho que le debía obediencia. Para los demás casos no contemplados por esa regla especial es posible dar dos soluciones: a. Se reparte la deuda entre los coautores por partes iguales: b. Se distribuye entre estos en razón de la intensidad de su contribución a la consecuencia dañosa: Esta parece ser la solución más preferible, pues resulta coherente con el principio de justa repartición de la contribución a la deuda. 2) Varios responsables por hechos distintos: En principio, a esta situación no se aplicaría literalmente el Art. 2317 CC, pues no se trata de un solo delitos o cuasidelito, sino de hechos ilícitos distintos. Sin embargo, como el autor de cada hecho ilícito debe responder de la totalidad del daño, y la víctima en caso alguno puede obtener una indemnización que exceda el monto de los perjuicios efectivamente sufridos, es necesario dividir la responsabilidad entre los autores de los diversos hechos, en proporción a su participación en el daño. El efecto, en consecuencia, es análogo al del Art. 2317 CC que establece la solidaridad. 3) Causa Difusa: Se muestra cuando el daño se debió al hecho culpable de alguno entre varios candidatos a responsable, sin que resulte posible determinar cuál concretamente desencadenó esos efectos dañosos. En Chile solo se conocen las normas sobre responsabilidad difusa por ruina de 553

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe edificios y caída de objetos, que establecen una regla de distribución de la responsabilidad, que constituye una excepción al principio de solidaridad del Art. 2317 CC (Arts. 2323, inc. 2 y 2328 CC). 4.3. Concurrencia de Culpa de la Víctima: Hay que distinguir: 1) La culpa de la víctima fue la única causa del daño: No hay responsabilidad para el autor del mismo, porque no hay culpa suya. 2) Hay concurso de culpas entre la de la víctima y del hechor: El Art. 2330 CC señala que: “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. O sea, procede una rebaja de la indemnización. Los criterios para determinar la reducción son la intensidad relativa de las culpas o imprudencias y la intensidad de las causas. Respecto a norma, se ha dicho que aplica también a las víctimas por repercusión, ya que no sería equitativo ni racional imponer al demandado la reparación de la totalidad de un daño que no ha causado sino en parte. Otra cuestión es la de decidir si, para aplicar la norma de la reducción, debe tratarse de una persona con capacidad delictual. Según Coral, aquí no hay propiamente una exención de responsabilidad del autor fundada en la responsabilidad de la víctima, por lo que no es necesario acreditar que exista responsabilidad civil por parte de esta con todos sus elementos. Se trata más bien de una conducta de la víctima por la que ella misma interviene el proceder causal que da como resultado el daño. Siendo así la exposición imprudente puede ser debida a un menor de edad o a un demente. 5. Prueba de la Causalidad: Los hechos que den lugar a la relación causal deben ser probados por el demandante, porque se trata de aquellos invocados para dar por probada una obligación indemnizatoria. La carga de la prueba se extiende a la demostración de que el hecho es condición necesaria del daño (causa en sentido estricto) y a las circunstancias de hecho que permiten calificar el daño como directo (imputación normativa del daño al hecho). Las razones para dar por establecida una presunción legal de culpa por el hecho propio, de acuerdo al Art. 2329 CC, rigen también para dar por acreditada la causalidad; si de acuerdo a la experiencia el daño “puede ser imputado” objetivamente al hecho doloso o culposo de un tercero, este resulta responsable, a menos que se logre desmontar la presunción mediante la prueba que el mismo allegue al juicio. 6. Calificación de la Causalidad: La jurisprudencia tradicionalmente ha entendido que la determinación de la causalidad es una cuestión de hecho, y como tal, privativa de los jueces del fondo. Con todo, la causalidad solo es una cuestión estrictamente de hecho en su primer aspecto, esto es, entendida como condición necesaria de la responsabilidad. Por el contrario, la atribución normativa del daño al hecho ilícito (daño directo) es una cuestión de derecho, y como tal, susceptible de ser revisado por la Corte Suprema mediante la casación en el fondo. III.

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO.

1. Nociones Generales: La regla general en nuestro Derecho es que una persona no solo responde por los daños que ocasione él mismo, sino por los perjuicios ocasionados por las personas que de él dependan (Arts. 1590, 1679, 2320 y 2322 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En el ámbito extracontractual el Art. 2320, inc. 1 CC señala que: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. Esta norma establece un principio general en dos sentidos: 1) En primer lugar, porque se aplica genéricamente a todas las relaciones de dependencia o cuidado: De modo que las situaciones específicas referidas en los demás incisos del articulo son meramente ejemplares. 2) En segundo lugar, porque establecida la relación de dependencia o cuidado de quien realiza un acto susceptible de generar responsabilidad, se presume la culpabilidad de quienes deben ejercer ese cuidado: De modo que solo pueden exonerarse de esa responsabilidad si logran probar que “con la autoridad y el cuidado que la respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir el hecho” (Arts. 2320, inc. 5 y 2322, inc. 2 CC). La responsabilidad por el hecho ajeno puede estar construida como una forma de responsabilidad estricta, que en este caso suele denominarse vicaria. En ese sentido, en el derecho chileno la responsabilidad por el hecho ajeno está construida sobre la base de un doble ilícito civil: el del dependiente, que causa el daño directamente, y el de quien lo tiene bajo dirección o cuidado (guardián), cuya culpa es legalmente presumida. La culpa del guardián consistirá en no haber actuado con el cuidado necesaria para evitar que el tercero ocasione daños, ya sea al elegir, instruir o vigilar a este último. En otras palabras, la atribución de responsabilidad respecto del guardián se fundamenta en el deber de vigilancia o en el deber de correcta selección que tienen ciertas personas respecto de otras. No se responde solo por culpa ajena, sino también por la propia, que consiste en la falta de esos deberes (culpa in vigilando u culpa in eligendo) y que permite el desplazamiento de la culpa desde el agente directo al tercero responsable. 2. Requisitos de la Responsabilidad por el Hecho Ajeno: 1) Capacidad Delictual del Dependiente y Guardián: El Art. 2319 CC que establece el requisito de la capacidad en los hechos ilícitos, no distingue si se trata de responsabilidad por el hecho propio o ajeno, y por tanto se aplica a ambos. Tanto el que cometió el hecho ilícito como quien lo tenía a su cuidado no deben estar comprendidos en las causales de incapacidad para que haya lugar a la responsabilidad por el hecho ajeno. Si es incapaz quien cometió el hecho ilícito, tiene aplicación el Art. 2319 CC y responden únicamente los que tienen a su cuidado al incapaz “si pudiere imputárseles negligencia”. La diferencia entre estos dos casos está en que la responsabilidad por el hecho ajeno no excluye la del hecho y se presume la culpa de quien tiene a su cuidado a otro; en cambio, tratándose de un incapaz, debe acreditarse la culpa del guardián. Y si el incapaz resulta ser la persona a quien se pretende responsabilizar del hecho ajeno, el mismo Art. 2319 CC lo impedirá, ya que excluye de toda obligación de indemnizar tanto por el hecho propio como por el ajeno o de las cosas. 2) Comisión de un Hecho Ilícito por parte del Dependiente: En la responsabilidad por el hecho ajeno hay obligación de indemnizar la comisión de un delito o cuasidelito civil de otro: en consecuencia, el hecho cometido por la persona de quien se responde debe reunir todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual. Aún más, la victima debe probarlo, a menos que a su respecto exista otro tipo de presunción legal. La única diferencia es que, establecido el hecho ilícito, esto es, probadas todas las circunstancias 555

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe señaladas, la victima queda liberada de acreditar la culpa del tercero civilmente responsable. Ella es la que se presume. 3) Vínculo de Subordinación o Dependencia entre el Guardián y el Autor material del daño: En los casos expresamente enumerados por la ley se presume la existencia del vínculo de subordinación. En los demás deberá probarse por el que invoca la responsabilidad del hecho ajeno el mencionado vínculo. El vínculo de dependencia no requiere formalización judicial, sobre todo cuando se trata de dependientes de un empresario; es una situación fáctica caracterizada por la autorización expresa o tácita del principal para que alguien gestione en interés del primero un determinado negocio siguiendo sus instrucciones, ordenes u orientaciones. 3. Casos Particulares de Terceros Civilmente Responsables: Los casos que el Código Civil reglamenta son los siguientes: 1) Responsabilidad del Padre o Madre por sus Hijos Menores que habiten con ellos: Dice el Art. 2320, inc. 2 CC “Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”. En la actualidad, de acuerdo con la regla contenida en el Art. 224 CC el cuidado personal de la crianza y educación de los hijos toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente. En los casos de filiación no matrimonial, el cuidado personal del hijo corresponde al padre o madre que lo hubiese reconocido y, si ninguno lo ha reconocido, a un tutor o curador designado por el juez. Para que tenga lugar esta responsabilidad por el hecho ajeno es necesario que se cumplan las siguientes circunstancias: a. Debe tratarse de hijos menores de 18 años: Ahora bien, si el hijo de familia comete un hecho ilícito en la administración de su patrimonio profesional o industrial, no responderán los padres, porque el hijo “se mirará como mayor de edad” (Art. 251 CC). b. El hijo debe habitar en la misma casa con sus padres: Pues en tal caso podrán ejercer la vigilancia necesaria; de ahí que en principio los padres no responden de los hechos de sus hijos menores que no conviven con ellos, salvo el caso de excepción del Art. 2321 CC. c. Que el padre o la madre, con la autoridad y cuidado que su calidad les confiere, no haya podido impedir el hecho (Art. 2320, inc. final CC). Los dos primeros requisitos los debe probar el demandante, el último se presume, y toca a los padres acreditar que no pudieron impedir el hecho ilícito, prueba que no se les acepta en el caso del Art. 2321 CC, que señala que: “Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”. Como la disposición usa la expresión “siempre”, se concluye que es una presunción de derecho. 2) Responsabilidad del Guardador por el Pupilo (Art. 2320, inc. 3 CC): “Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado”. Corresponde esta responsabilidad al tutor por los hechos del impúber mayor de 7 años que ha obrado con discernimiento y a los curadores generales del menor adulo, o sea, menor de 18 años, pero siempre que teniendo menos de 16 haya obrado con discernimiento, del disipador y del sordomudo que no puede darse a entender por escrito; no del demente, dada la incapacidad extracontractual de 556

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe este. El guardador del incapaz solo responderá si se le prueba negligencia de acuerdo al Art. 2319 CC. La ley no exige que el pupilo viva en la misma casa del guardador, basta que lo haga bajo su dependencia y cuidado. Por ello, no puede aplicarse a los curadores adjuntos, de bienes y especiales, que no tienen a su cuidado al pupilo, y de acuerdo a la regla general del Art. 2320, inc. final CC, el tutor o curador se libera de responsabilidad, probando que con la autoridad y vigilancia que su cargo le confiere no ha podido impedir el hecho. 3) Responsabilidad de los Jefes de Escuela y Colegios por sus Discípulos (Art. 2320, inc. 4 primera parte CC): “Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado”. Se refiere tanto a los discípulos mayores como menores de edad. Y solo subsiste mientras los tenga a su cuidado, o sea, mientras permanezcan en el establecimiento o bajo su control. Se libera de ella de acuerdo a la regla general, o sea, si prueba que con su autoridad y cuidado no habría podido impedir el hecho. 4) Responsabilidad del Artesano por sus Aprendices (Art. 2320, inc. 4 segunda parte CC): “y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso [mientras están bajo su cuidado]”. Son artesanos “los que ejercitan algún arte u oficio mecánico, sin maquinarias complejas y en pequeña escala”; el aprendiz es “el que está adquiriendo bajo su dirección el mismo arte u oficio”. La responsabilidad del primero por los hechos del segundo subsiste mientras el aprendiz esté bajo vigilancia del artesano. Es indiferente que el aprendiz sea mayor o menor de edad, y que esté unido al artesano por un contrato de trabajo o no. Este se libera de responsabilidad conforme a la regla general del Art. 2320, inc. final CC: probando que con su autoridad no habría podido evitar el hecho ilícito. 5) Responsabilidad del Empresario por sus Dependientes (Art. 2320, inc. 4 segunda parte CC): “y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso [mientras están bajo su cuidado]”. Este articulo ha dado lugar a una serie de interpretaciones: a. Una primera interpretación decía que solo cabía atribuir responsabilidad al empresario por los hechos de sus dependientes en la medida que hubiera una relación que vinculara al empresario con el subordinado autor del daño, en términos tales que autorizara al empresario a impartir instrucciones al funcionario que les son exigibles, existiendo un vínculo de obediencia: b. En la actualidad el criterio más aceptado por la doctrina señala que será dependiente de otra persona siempre que exista otra que intervenga en una determinada actividad organizadora: Dicho de otro modo, será empresario y responsable en dicha calidad por los hechos de otra persona, siempre que se controle una organización que se beneficia del trabajo de dichos terceros y de la cual este último forma parte, con prescindencia de que actúen porque se le dio una instrucción de obrar en ese sentido o porque exista un vínculo jurídico de subordinación. En ese sentido, son dos los rasgos esenciales:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Que las gestiones del tercero dependiente redunden en beneficio del interés del empresario. ii. Que el empresario intervenga en las actividades del tercero pues participan de una estructura organizacional de la que este dependiente forma parte, sobre la que tiene una dirección integral. Se pasa así de una dependencia jerárquica a una dependencia funcional. Tradicionalmente se ha excluido a la subcontratación como un caso idóneo para demandar la responsabilidad civil del empresario, toda vez que el contratista no forma parte de la organización o estructura que dirige el principal. 6) Responsabilidad del Amo por sus Criados o Sirvientes (Art. 2322 CC): “Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista”. La expresión amo y criado se refiere a los empleados domésticos, aunque la jurisprudencia ha interpretado el precepto en forma amplia, aplicándolo en forma general a toda clase de obreros e incluso empleados. Respecto a su relación con la responsabilidad de los empresarios por sus dependientes, se han dado una serie de discusiones: a. Alessandri: Entiende que el Art. 2320, inc. 4 CC es más extensivo, pues el empresario respondería mientras el dependiente esté a su cuidado no solo de los daños causados en el ejercicio de sus funciones, sino también de aquellos causados con ocasión e incluso en abuso de las mismas. Por el contrario, el Art. 2322 CC señala que el amo solo debería responder de los delitos y cuasidelitos que cometan sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. b. Jurisprudencia: Entiende, por el contrario, que el Art. 2320, inc. 4 CC es más restringido, pues exige que el daño haya sido causado mientras el aprendiz o dependiente esté bajo cuidado del empresario, es decir, en condiciones inmediatas de poder impedir el hecho. En cambio, el Art. 2322 CC establece que el amo responde no solo cuando el criado o sirviente está en el ejercicio de sus funciones, sino también cuando ha causado el daño en el ejercicio impropio de las mismas, si el amo estuvo en situación de impedirlo o preverlo, empleando el cuidado ordinario y su autoridad competente. c. Abeliuk: Estima que el Art. 2322 CC al cambiar la expresión “a su cuidado” por “ejercicio de sus respectivas funciones”, y agregar todavía: “aunque el hecho… no se haya ejecutado a su vista”, es revelador de que el cuidado no comprende esta última situación. En consecuencia, no podría fundarse en el Art. 2320 CC la responsabilidad del empresario por el conductor que trabaja en la calle, cosa que la jurisprudencia siempre ha aceptado. 4. Exoneración del Tercero Responsable: La regla general la da el Art. 2320, inc. final CC que establece: “Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”. La víctima, en consecuencia, no tiene que probarle culpa al tercero civilmente responsable, sino que este debe acreditar que no la tiene rindiendo la probanza antes transcrita. La jurisprudencia ha sido estricta en

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe este sentido, porque exige una imposibilidad total de evitar el hecho para que el responsable pueda eximirse. Se ha resuelto que esta es una cuestión de hecho. Tratándose de los amos por los hechos de sus criados, la prueba contraria es aún más estricta: “Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente”. 4.1. Casos de Improcedencia de Exoneración de Responsabilidad: Sin embargo, en ciertos casos la ley niega toda prueba en contrario, convirtiendo la presunción en presunción de derecho. En particular, no se admite la exoneración cuando los hijos menores cometen ilícitos que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que los padres les han dejado adquirir (Art. 2321 CC). Alessandri, en base a lo dispuesto en el Art. 2325 CC, agrega que tampoco cabe la exoneración cuando el subordinado obra por orden del civilmente responsable, caso en el cual el superior es coautor del ilícito y responderá solidariamente junto con el hechor material. 5. Acción de Regreso contra el Subordinado: Señala el Art. 2325 CC “Las personas obligadas a la reparación de los daños causados por las que de ellas depende, tendrán derecho para ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere, y si el que perpetró el daño lo hizo sin orden de la persona a quien debía obediencia, y era capaz de delito o cuasidelito, según el artículo 2319”. En consecuencia, para que exista el derecho a repetir, deben concurrir las siguientes circunstancias: 1) El acto ilícito debe haber sido cometido por una persona capaz: El guardián del incapaz solo responde si se le prueba culpa propia. 2) El responsable debe haber pagado la indemnización: En caso contrario no tendría que repetir. El fundamento es evitar el enriquecimiento sin causa del hechor. A la inversa, si se pudiera repetir sin haber pagado habría enriquecimiento injustificado para el tercero responsable. 3) Es preciso que el acto se haya ejecutado sin orden de la persona que pretende repetir. 4) El hecho debe tener bienes: Este no es un requisito de procedencia de la acción, sino que de su eficacia. 6. Responsabilidad del Hechor: La responsabilidad por el hecho ajeno no excluye la del hecho. No lo ha dicho expresamente la ley, pero deriva de la aplicación de las reglas generales: el hechor ha cometido un acto ilícito, y es plenamente capaz. En consecuencia, la responsabilidad del guardián solo extingue la del hecho cuando aquel paga la indemnización. La victima si no la ha percibido del responsable, podrá entonces cobrarla al hechor. Pero lo normal será lo contrario, ya que uno de los fundamentos de la responsabilidad por el hecho ajeno es la probable insolvencia del autor. Según Abeliuk la víctima no puede, eso sí, demandar a ambos, porque la ley no establece solidaridad; podría si hacerlo, pero en forma subsidiaria, porque lo que no puede es pretender cobrar a ambos. Alessandri dice que la víctima tiene dos responsables a cada uno de los cuales podrá demandar separada o conjuntamente la reparación total del daño, pero esto no significa que haya entre ellos solidaridad. Barros en cambio, sostiene que hay solidaridad. IV.

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS. 559

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Nociones Generales: En materia de responsabilidad por el hecho de las cosas la ley solo contempla presunciones específicas, referidas a los daños causados por el hecho de animales, por la ruina de edificios y, por la caída de objetos desde la parte superior de un edificio. El Código se aparta en esta materia de responsabilidad por el hecho de las cosas del código francés, cuyo artículo 1384 dispone, en general, que se responde por el hecho de las cosas que se tienen bajo custodia. 2. Daños causados por un Animal: 2.1. Presunción de culpa por el hecho de un animal: El Art. 2326 CC señala que: “El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun después que se haya soltado o extraviado; salvo que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal. Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno; salva su acción contra el dueño, si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever, y de que no le dio conocimiento”. La víctima del daño podrá dirigir su acción de responsabilidad tanto contra el dueño como contra aquel que se sirve del animal, pues frente a ella ambos responden solidariamente, sin perjuicio de la acción de reembolso que pueda corresponder. 2.2. Responsabilidad Estricta por el Hecho de Animales Fieros (Art. 2227 CC): “El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído”. La responsabilidad se funda en la tenencia física y no en el dominio. La víctima únicamente deberá probar que se trata de un animal fiero que no presta utilidad para la guarda o servicio de un predio y que el demandado lo tenía, resultando inadmisible la excusa de actuar diligente. 3. Daños causados por la Ruina de un Edificio: Edificio es “toda construcción que adhiere al suelo en forma permanente”, y ruina es “deterioro que sufre una parte cualquiera del edificio, adherida al mismo, que causa daño a terceros”. 3.1. Acciones Preventivas: El Código Civil concede la acción posesoria especial de querella de obra ruinosa, tratada en los Arts. 932 a 935 CC; y la acción general de prevención por daño contingente, de los Arts. 2333 y 2334 CC. 3.2. Acciones Indemnizatorias: El Art. 934 CC dispone: “Si notificada la querella, cayere el edificio por efecto de su mala condición, se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos; pero si cayere por caso fortuito, como avenida, rayo o terremoto, no habrá lugar a indemnización; a menos de probarse que el caso fortuito, sin el mal estado del edificio, no lo hubiera derribado. No habrá lugar a indemnización, si no hubiere precedido notificación de la querella”. A su vez, quienes no hayan ejercido la acción del Art. 934 CC tendrán una acción indemnizatoria conforme a las reglas de los Arts. 2323 y 2324 CC. De acuerdo al Art. 2323 CC la responsabilidad recae sobre el dueño del edificio si la ruina se produce por haber omitido las reparaciones necesarias, o haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. Por consiguiente, el enunciado de esta norma no establece una presunción de culpabilidad, pues exige que el dueño haya actuado con culpa, que debe ser probada. Con todo, ha sido interpretada por la

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe doctrina y la jurisprudencia como una presunción de culpabilidad, de modo que corresponde al dueño probar su diligencia o la ocurrencia de caso fortuito. Si el edificio pertenece pro indiviso a dos o más personas, la indemnización se divide entre los propietarios a prorrata de sus cuotas de dominio (Art. 2323, inc. 2 CC). En ese sentido, esta es una excepción a la regla del Art. 2317 CC que establece una regla de solidaridad de los corresponsables de un hecho que causa daño. 3.3. Daños Provenientes de Vicios de Construcción: El Art. 2324 CC señala que: “Si el daño causado por la ruina de un edificio proviniere de un vicio de construcción, tendrá lugar la responsabilidad prescrita en la regla 3.a del artículo 2003”. De este modo, en sede de responsabilidad extracontractual se hace una referencia a la regla que establece la responsabilidad contractual del constructor de una obra material respecto del dueño. Así, la responsabilidad del constructor es idéntica tanto respecto del dueño como de terceros que sean afectados por la ruina, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 1) Que la ruina total o parcial del edificio ocurra dentro de los 5 años subsiguientes a la entrega. 2) Que ella se deba: a. A vicios de la construcción; b. A vicios de suelo que el empresario o las personas por él han debido conocer en razón de su oficio; c. A vicios de los materiales suministrados por el empresario, o d. A vicio de los materiales suministrados por el dueño, siempre que sean de aquellos que el empresario por su oficio ha debido conocer o conociéndolos no dio aviso oportuno. 4. Daños causados por una cosa que cae o se arroja: 4.1. Acción Preventiva: Se contempla una acción pública para que se remuevan de la parte superior de un edificio u otro paraje elevado objetos que amenacen caída y daño. Se dirige no solo contra el dueño, sino, indistintamente, contra este o contra el arrendatario o la persona a quien pertenezca la cosa o se sirva de ella (Art. 2328, inc. 2 CC). 4.2. Acción Indemnizatoria: El Art. 2328, inc. 1 CC señala que “El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todas ellas; a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola”. V.

REGÍMENES LEGALES DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA.

1. Conceptos Generales: Existen varios ejemplos en la legislación chilena en la cual se ha aceptado la responsabilidad sin culpa. La mayor parte de ellos puede justificarse en la teoría del riesgo-provecho, o en la del riesgo creado. 2. Casos de Responsabilidad Objetiva en el Código Civil: 1) Responsabilidad por Daños causados por Animales Fieros: El Art. 2327 CC establece una regla de responsabilidad estricta bajo la forma de una presunción de derecho aplicable a todo aquel que 561

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe tenga un animal fiero de que no se reporte utilidad para la guarda o servicio de un predio, por los daños que este haya ocasionado. 2) Responsabilidad por daños ocasionados por las cosas que se arrojan o caen desde la parte superior de un edificio: Según lo dispuesto en el Art. 2328 CC, el daño es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todas ellas, a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable está sola. Como se advierte, en el primer caso se trata de una responsabilidad sin culpa o estricta, que se distribuye entre todos quienes pudieron provocar el daño. 3. Otros Casos de Responsabilidad Objetiva: 1) Responsabilidad por accidentes del trabajo: Estos accidentes están cubiertos por un seguro obligatorio a todo evento. La negligencia inexcusable del trabajador no excluye la responsabilidad. 2) Responsabilidad del explotador de aeronaves por daños ocasionados en caso de accidente aéreo: Esta responsabilidad se produce a todo evento en caso de muerte o lesión de pasajeros y carga; así como de daños provocados a terceros en superficie, estableciéndose en ambos casos un límite del monto de la indemnización. Sobre dicho limite se aplica la responsabilidad por culpa. 3) Responsabilidad por daños ocasionados por aplicación de plaguicidas: Quien utiliza un plaguicida está sujeto a responsabilidad estricta por todos los daños que se sigan de su aplicación, aunque sean causados en forma accidental, es decir, sin culpa. 4) Responsabilidad por daños ocasionados por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar: Se establece una regla de responsabilidad estricta por el solo hecho del derrame. Nuevamente en este caso se limita el monto de responsabilidad a indemnizar, salvo que se pruebe culpa o dolo, en cuyo caso será ilimitado. 5) Responsabilidad por daños nucleares: Esta responsabilidad alcanza incluso los daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor. También en este caso se establece un limite al monto de responsabilidad a indemnizar. 6) Responsabilidad por daños causados en ejercicio de la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio: A la misma regla queda sujeto el titular de una concesión de exploración, respecto de los daños que ocasione en las labores propias de dicha concesión. 4. Objetivación de Sectores de Responsabilidad del Estado: Por último, es necesario destacar que hay casos en los que la responsabilidad, si bien tiende a la objetivación, supone todavía alguna relación con el concepto de culpabilidad. Es lo que sucede con la responsabilidad del Estado, pero respecto de ella deberemos distinguir una serie de supuestos. 4.1. Sistemas de Atribución de Responsabilidad del Estado: Históricamente, el derecho público ha concebido al menos cuatro regímenes de responsabilidad extracontractual del Estado: 1) Doctrina de la Inmunidad de Jurisdicción: Según esta doctrina el Estado no es responsable. Esto proviene de la idea de que el soberano establece el derecho, pero no está sujeto a él. En la actualidad esto resulta inaplicable por ser contrario a las normas constitucionales que rigen la materia (Art. 6, 7, 19 N°7, letra i) y 38 CPR).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Doctrina de los Actos de Autoridad y Actos de Gestión: Según esta teoría del Estado emanan dos tipos de actos: los actos de autoridad, que son aquellos donde se manifiesta el poder soberano del Estado y que, por tanto, no le general responsabilidad; y los actos de gestión, los cuales quedan sujetos al derecho común. 3) Doctrina de la Infracción del Deber de Cuidado o Falta de Servicio: Según esta teoría, el Estado es responsable por los actos de sus órganos o funcionarios, a condición de que estos hayan actuado en infracción de un deber de cuidado (culpa en sentido civil), o se haya incurrido en una falta de servicio (defecto en el ejercicio de una función pública). 4) Doctrina de la Responsabilidad Estricta del Estado: Según esta teoría, para que el Estado deba responder basta que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión del órgano y un daño ocasionado al derecho de una persona. 4.2. Responsabilidad de la Administración del Estado y de las Municipalidades: En esta materia el Estado está sujeto a un régimen de responsabilidad estricta por los hechos de sus órganos y funcionarios, cometidos en el ejercicio de sus funciones, de los que responde como hechos propios. En otros términos, se trata de una especie de responsabilidad vicaria, en virtud de la cual el Estado y las municipalidades responden personal y directamente, sin consideración al cuidado aplicado respecto de la actuación de los funcionarios. El Estado responde además por la culpa infracción de sus órganos, cuando estos actúan en contravención a la ley o a la Constitución; y por la falta de servicio en que incurran los órganos de la administración, entendiendo por tal una conducta negligente, reñida con el correcto ejercicio de la función pública. Cierta parte de la doctrina, apoyándose en lo dispuesto por el Art. 38 CPR y 4 Ley de Bases de la Administración del Estado, ha sostenido que la responsabilidad del Estado sería de carácter estricto en sentido propio, es decir, basta causalidad y daño. Pero esto no es compartido por buena parte de la doctrina. 4.3. Responsabilidad por Error Judicial: Esto se encuentra en el Art. 19 N°7, letra i) CPR que señala que: “una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia”. Sin embargo, la jurisprudencia ha sido extremadamente exigente para dar por establecidos los supuestos de dicha responsabilidad, exigiendo en la práctica, aunque no de modo explícito, que se haya incurrido en culpa grave. 4.4. Responsabilidad por Actos Legislativos: Bajo el principio de la soberanía política del legislador, la responsabilidad del Estado en este ámbito resulta inimaginable. Sin embargo, ese principio está en colisión con el de la supremacía del derecho, propio del constitucionalismo. VI.

ACCIÓN Y JUICIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

1. Características Generales de la Acción de Responsabilidad: Concurriendo los requisitos ya estudiados de la responsabilidad extracontractual nace para el autor de un hecho ilícito la obligación de reparar el daño ocasionado. Los caracteres más importantes que presenta esta acción son: 1) Es una acción personal: Corresponde ejercerla contra el responsable del daño.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Es siempre mueble: Normalmente persigue el pago de una suma de dinero, y en ciertos casos la ejecución de un hecho. 3) Es una acción netamente patrimonial: En consecuencia, es renunciable, transigible, cedible y prescriptible. 2. Objeto de la Acción de Responsabilidad Extracontractual: El objeto de la acción de responsabilidad es obtener la reparación del daño causado, respecto de lo cual procede realizar las siguientes precisiones: 2.1. Formas de Reparación: La reparación puede ser en especie (in natura) o en equivalente. La reparación en especie o in natura consiste en la ejecución de actos o adopción de medidas que hagan desaparecer el daño. Por su parte, la reparación “en equivalente” tiene por objeto que el daño sea compensado por un sustituto, que generalmente es una suma de dinero. La victima tiene la facultad para elegir la forma de reparación que prefiera, aunque la reparación en especie solo podrá exigirse si es materialmente posible acceder a ella y siempre que no causa un daño desproporcionado y excesivamente gravoso para el demandado. 2.2. Extensión de la Reparación: El principio general es la reparación integral. De esto emanan las siguientes consecuencias: 1) El monto de la reparación depende de la extensión del daño y no de la gravedad del hecho. 2) La reparación comprende todo el perjuicio sufrido por la víctima que sea una consecuencia necesaria y directa del delito o cuasidelito. 3) El monto de la reparación no puede ser superior ni inferior al daño. La indemnización debe incluir tanto el daño material como el daño moral. Ahora bien, eventualmente la reparación puede verse reducida en los siguientes eventos: 1) Por disposición legal especial: El Art. 2231 CC señala que las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero. Por ende, en estos ilícitos se encontraría excluido el daño moral. En todo caso, y como se indicó anteriormente, esta norma ha sido reiteradamente declarada inaplicable por inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 2) Por concurrencia de culpa de la víctima: El Art. 2330 CC establece una suerte de “compensación de culpas”, en cuanto dispone que la indemnización está sujeta a reducción por los daños a los que imprudentemente se expuso la víctima. 2.2.1. Reajustabilidad de la Indemnización: El valor del daño debe también reajustarse para que la indemnización repare completamente el menoscabo sufrido por la víctima. Esto por dos razones: 1) El Art. 2329 CC ordena reparar todo daño imputable: Es decir, la reparación debe ser integral y no lo sería si el acreedor la recibiera desvalorizada. 2) A partir de la dictación del DL 455 (hoy ley 18.010), la regla normal de la legislación chilena es la reajustabilidad de las deudas de dinero. En la práctica se utiliza el IPC. 564

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2.2.2. Procedencia del Pago de Intereses: Abeliuk y Alessandri creen que la única manera de que la reparación sea cabal es que ella considere todas las variaciones ocurridas durante el pleito, y si la manera de obtenerlo es el pago de intereses desde la demanda, el juez está facultado, dentro de la relativa libertad que tiene en materia extracontractual, y siempre que ello le haya sido pedido, para fijarlos. En cuanto al momento a contar del cual deban aplicarse los reajustes y los intereses ha sido objeto de discusión en la jurisprudencia. En relación con el daño patrimonial, algunas sentencias se pronuncian por aplicar reajustes e intereses desde la fecha del ilícito. En otros casos se ha fallado que deben aplicarse las normas que regulan la mora y, que, en consecuencia, los reajustes e intereses corren solo desde la presentación o desde la notificación de la demanda. Por último, algunos fallos han sostenido que los reajustes e intereses deben considerarse desde la dictación de la sentencia que impone la obligación de indemnizar, e incluso desde que esta queda ejecutoriada. Barros estima que solo se cumple el principio de que la indemnización deba ser completa si los reajustes e intereses son contabilizados desde que el daño se produce. 3. Legitimación Activa: 3.1. Titulares por Derecho Propio: Hay que distinguir: 1) Lesionados Directos: Hay que distinguir según el daño que se produzca: a. Daño en las cosas: Si se trata de daños causados a las cosas (bienes patrimoniales) pueden interponer la acción para hacer valer la responsabilidad tanto el dueño como el poseedor. Tendrán acción además todos aquellos que detentan otros derechos reales sobre la cosa. El mero tenedor no tiene derechos sobre la cosa, en consecuencia, no puede reclamar su valor en caso de pérdida o deterioro mediante acción directa. Solo podrá accionar en ausencia del dueño y en tal caso se entenderá que lo hace a nombre de este y no a título personal (Art. 2315 CC). Sin embargo, el mero tenedor está legitimado para ejercer acción indemnizatoria como titular de un derecho personal que se ejerce sobre una cosa, como el arrendatario, por el perjuicio que experimenta su crédito. b. Daño en las personas: También son legitimados los que sufren una lesión directa en intereses o derechos no susceptibles de avaluación económica. 2) Lesionados Indirectos o Víctimas por Repercusión: “Aquellos que reciben un daño, no directamente a su persona o bienes, sino por sufrir ellos las consecuencias de un daño causado a una persona con la cual tienen alguna relación”. Así, se reconoce titularidad activa a la víctima indirecta, que es aquella que sufre un daño patrimonial o moral a consecuencia del daño experimentado por la víctima directa, como el dolor que causa la muerte de un ser querido. En materia de daño moral, la regla es que solo se concede acción a la víctima indirecta en caso de muerte, a condición de que se acredite un parentesco cercano con la víctima directa. Excepcionalmente, se concede acción para reclamar indemnización por el daño moral en caso de lesiones, cuando estas son de tal entidad que en los hechos imponen una obligación de cuidado que afecta la calidad de vida de la víctima indirecta. 3.2. Titulares por Derecho Derivado: 565

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Sucesores mortis causa: Pueden interponer la acción los sucesores a título universal. El Código Civil solo lo señala expresamente respecto del daño en las cosas (Art. 2315 CC). Pero lo mismo se sostiene respecto de los daños personales, pues se aplican los principios de la transmisibilidad de los derechos. 2) Cesionarios: El derecho a pedir indemnización de perjuicios ya devengados puede ser objeto de una cesión por acto entre vivos. La cesión procede, aunque el daño a reclamar sea de naturaleza moral, ya que la indemnización tiene un carácter patrimonial y no hay norma que prohíba su transferencia. 3.3. Titularidad de las “Clases de Perjudicados”: En el common law existe la institución de las acciones de clase o class actions, por la cual se acepta que uno o más miembros de una categoría o clase de personas demande invocando el interés común, siempre que la clase sea tan numerosa que haga impracticable el litis consorcio, que se acredite que hay cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase, que las demandas o excepciones de las partes sean típicas respecto de las demandas o excepciones de clase y que las partes representativas protegerán equitativa y adecuadamente el interés de la clase. En nuestro derecho se encuentran en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. 3.4. Acción Popular: La ley en general otorga acción popular para la prevención del daño contingente, pero si él amenaza solamente a personas determinadas, a ellas pertenecerá la acción. Así lo señala el Art. 2333 CC: “Por regla general, se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción”. Otro caso de acción popular se encuentra en el caso de los daños causados por una cosa que cae o se arroja de un edificio, porque el Art. 2328, inc. 2 CC señala que: “Si hubiere alguna cosa que, de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado, amenace caída y daño, podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio o del sitio, o su inquilino, o la persona a quien perteneciere la cosa o que se sirviere de ella; y cualquiera del pueblo tendrá derecho para pedir la remoción”. El Art. 2334 CC señala el efecto de estas acciones populares: “Si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes, parecieren fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción, y se le pagará lo que valgan el tiempo y diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados”. 4. Legitimación Pasiva: En términos generales la acción de indemnización de perjuicios se dirigirá contra todo aquel que responde del daño. 1) Autor del Hecho Ilícito (Art. 2316, inc. 1 CC): La jurisprudencia afirma que en el autor del daño se comprende al cómplice, pero no al encubridor, lo que no ha estado exento de críticas. Es posible que los autores sean varios, y en tal caso nuestro Código estableció entre todos ellos la responsabilidad solidaria (Art. 2317 CC), salvo en los casos del edificio cuya ruina causa daños y pertenece a una comunidad, en que la indemnización se divide entre los copropietarios a prorrata de sus cuotas, y de las cosas que se arrojan o caen de la parte superior de un edificio, en que la indemnización, si no puede imputarse dolo o culpa a persona determinada, se divide por partes iguales entre todos quienes habitan dicha parte del edificio.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Para que proceda la solidaridad es necesario que dos o más personas hayan participado como autores o cómplices en la comisión de un mismo delito o cuasidelito. Si se han cometido distintos delitos o cuasidelitos respecto de la misma víctima no hay solidaridad. Otro caso de solidaridad previsto por la ley es el de la responsabilidad del propietario de un vehículo que lo ha dado o prestado a otra persona para su conducción. 2) Responsable del Hecho Ajeno: La acción podrá intentarse contra la persona que responde del hecho ajeno. 3) El que recibe provecho del dolo ajeno42: El Art. 2316, inc. 2 CC señala que: “El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho”. La responsabilidad se limita al caso de dolo, pero no de culpa, o sea, tiene lugar únicamente en los delitos, pero no en los cuasidelitos. Las condiciones de procedencia de esta acción son: a. Que exista un delito civil: No significa que se exija al demandante requerir en forma principal o con anterioridad al autor del ilícito doloso. Pero constituye una exigencia que el actor acredite que un sujeto o varios incurrieron en un delito civil. b. Que haya provecho o ganancia de un sujeto ajeno al autor del dolo: Esto debe entenderse como “ganancia o incremento efectivo del patrimonio, ya sea por ahorro en gastos o por ingresos positivos para el tercero”. Se ha señalado que debe distinguirse el tipo de acto o negocio en virtud del cual se obtuvo el provecho: i. Si es gratuito: El provecho coincide con el valor íntegro de la atribución patrimonial. ii. Si es oneroso: La contraprestación o desembolso que haya realizado el tercero deberá ser considerado y tal provecho o ganancia se limitará a un valor que la considere. Solo debe restituir aquella parte que efectivamente haya enriquecido su patrimonio. c. Vinculo causal entre el delito civil y el provecho del demandado: Debe tratarse de una relación directa e inmediata entre el ilícito civil y el provecho que reporta el tercero. Para ello debe recurrirse a las teorías de la causalidad. d. La culpa del demandante: Se ha discutido si esta tiene o no incidencia. En opinión de Carlos Pizarro la culpa o acto causal de la victima puede considerarse tanto como exoneración total o como una disminución de la restitución, ya que podría operar como un evento causal coetáneo o como una causal de justificación del provecho. La acción es, en este caso, restitutoria de un enriquecimiento sin causa. Quien, por el contrario, conoce de la existencia del dolo, pero es reticente en prevenir de su existencia con el propósito de aprovecharse de sus efectos, es considerado autor en razón de esa reticencia y responde por el total de los perjuicios. Esta fue la acción que se utilizó en el caso Inverlink.

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Complementado con el texto “La Acción de Restitución por provecho de Dolo Ajeno” de Carlos Pizarro Wilson.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Los herederos: Finalmente, la obligación de indemnizar es transmisible conforme a las reglas generales. 5. Tribunal Competente y Procedimiento: Si el hecho es ilícito penalmente, corresponderá conocer de la indemnización al mismo tribunal que juzga el delito o cuasidelito, o al juez civil que sea competente de acuerdo a las reglas generales, a elección de la víctima; si el hecho ilícito no tiene sanción criminal es únicamente competente el juez civil. Si tratándose de un delito de acción privada se ejerce solamente la acción civil, se entiende por ello renunciada la penal. El juicio indemnizatorio ante los juzgados penales se sujeta en cuanto a su procedimiento a las reglas del Código Procesal Penal. Ante los juzgados civiles se siguen las reglas del juicio ordinario. Cabe tener presente que el juicio civil puede quedar en suspenso, según lo dispuesto por el Art. 167 CPC, hasta la terminación del juicio criminal, y siempre que en este se haya dado lugar al plenario. Según la jurisprudencia, en materia extracontractual no se aplica el Art. 173 CPC, que permite reservar para la ejecución del fallo o en juicio diverso lo relacionado con la especie y monto de los perjuicios, siempre estén establecidas las bases para su liquidación. En los delitos y cuasidelitos, en un solo juicio deben establecerse todos estos factores. 6. Extinción de la Acción de Responsabilidad: La acción de responsabilidad se extingue, en general, por los medios de extinguir las obligaciones. No obstante, es relevante referirse a algunos modos de extinción: 1) La Renuncia: De acuerdo al Art. 12 CC no hay duda de que puede renunciarse a la reparación del daño, una vez producido. La autorización que la victima del accidente da con anterioridad a su ocurrencia constituye técnicamente una causal de justificación, que opera como eximente de responsabilidad, no una forma de extinción de la responsabilidad por renuncia. 2) La Transacción (Art. 2449 CC): “La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito; pero sin perjuicio de la acción criminal”. 3) La Prescripción (Art. 2332 CC): “Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”. Este plazo de prescripción solo se refiere a la acción de indemnización que nace del delito o cuasidelito civil, y no a otras acciones que pueden corresponder a la víctima, como la reivindicatoria si ha sido objeto de robo, hurto, usurpación, etc., que se rife por su propio término de prescripción. Y es sin perjuicio de los plazos señalados en leyes especiales, y en el propio Código en caso de ruina de un edificio, en que el plazo es de 5 años en cuanto a la responsabilidad del empresario; y de 1 año por los daños a los vecinos (Art. 950, inc. 1 CC). En cuanto al computo del plazo se ha generado bastante debate: a. Jurisprudencia y Doctrina Tradicional: Entendían que ella comenzaba a correr desde el instante de la acción u omisión imputable del hecho, aunque el daño se ocasionara posteriormente. b. Abeliuk: Señala que la interpretación anterior es incorrecta, pues conduce al absurdo de que la acción resulte prescrita antes de nacer, porque es requisito de la indemnización la existencia del daño. Antes de que este se produzca la víctima nada puede demandar, pues

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe no ha sufrido perjuicio. Al hablar de perpetración del acto, el Código se está refiriendo a este concepto que incluye el daño. En cuanto a la suspensión, tradicionalmente se ha sostenido que se trataría de una prescripción de corto tiempo especial y que por tanto se aplicaría el Art. 2524 CC que declara la improcedencia de la suspensión. Respecto a la interrupción rigen las reglas generales, sin perjuicio de considerar al efecto la posibilidad de iniciar un proceso criminal relativo a un hecho del que emane una acción penal y una civil. VII.

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL.

1. Conceptos Generales: Según la opinión mayoritaria, ambos pertenecen a esferas distintas; así, mientras la responsabilidad contractual se origina en el incumplimiento de un contrato, la segunda tiene su fuente en un hecho que ocasiona un daño, sin que exista un vinculo previo entre el autor de ese daño y la víctima. En todo caso, ambos estatutos de responsabilidad comparten un objetivo común: dar lugar a una acción civil de indemnización de perjuicios, que persigue la reparación pecuniaria de los daños sufridos por el hecho de un tercero. 2. Discusión acerca de la Dualidad o Unidad de Regímenes: Parte de la doctrina comparada ha sostenido que la responsabilidad civil debe ser tratada bajo un estatuto único. 1) Teoría de la Unidad de la Responsabilidad Civil: Tiende fundamentalmente a equiparar ambas categorías de responsabilidad, considerando que siempre representan una actuación contraria a derecho que da origen a la obligación de indemnizar los perjuicios que ocasiona la contravención. La teoría se sustenta en: a. Que el hecho ilícito y el incumplimiento contractual son ambas manifestaciones de una actuación contraria al derecho, y sancionadas civilmente con el resarcimiento del daño ocasionado. b. La obligación nace con el hecho ilícito o la infracción del contrato, y en este último caso pasa a sustituir a la obligación propia de este: Se ha replicado que ello no es efectivo, porque desde luego la indemnización moratoria no viene a sustituir a la obligación anterior, sino que coexiste con ella. c. Entre ambos estatutos existe una identidad de elementos fundamentales: Es decir, una acción u omisión imputable al causante del daño, la existencia de este y la relación de causalidad entre la conducta del responsable y el perjuicio de la víctima. Sin embargo, entre ambos regímenes existe evidentes diferencias, como es el de la graduación y presunción de la culpa, la mora, y otras más. 2) Teoría de la Dualidad de la Responsabilidad Civil: Es la doctrina predominante en Chile. Se señala que nuestro Código ha seguido esta tesis, como lo comprueban las siguientes normas: a. El Art. 1437 CC que opone como distintas fuentes de obligaciones el contrato y los delitos o cuasidelitos. b. El Art. 2281 CC que también distingue como fuentes de obligaciones la convención y los hechos ilícitos. 569

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. La responsabilidad extracontractual tiene un régimen legal especial consagrado en los Arts. 2314 y ss. CC. 3. Diferencias entre ambas responsabilidades: 1) Prueba de la Culpa: En sede contractual, producido el incumplimiento, la culpa del deudor se presume, y a este corresponde acreditar que actuó con la diligencia debida (Art. 1547 CC). En cambio, en la responsabilidad extracontractual corresponde a la víctima (acreedor) probar la culpa. 2) Graduación de la Culpa: En materia contractual la culpa admite graduaciones: grave, leve y levísima (Art. 44 CC). Por su parte, buena parte de la doctrina afirma que en materia extracontractual se responde de toda culpa. 3) Necesidad de la Mora: Para que exista responsabilidad contractual es necesaria la constitución en mora del deudor (Arts. 1557 y 1558 CC). En la responsabilidad extracontractual la obligación de indemnizar nace cuando se produce el hecho ilícito dañoso, sin necesidad de constituir en mora. 4) Capacidad o Imputabilidad del Obligado: Solo son incapaces de delito o cuasidelito civil los dementes, los menores de 7 años, y los mayores de esta edad, pero menores de 16 años cuando han obrado sin discernimiento. Las incapacidades contractuales son mas amplias; desde luego, la mayor edad es a los 18 años, y existen otras fuera de la edad o privación de razón como el disipador. 5) Solidaridad: En materia contractual, la obligación de indemnizar es por regla general conjunta, salvo casos de excepción en los que expresamente existe una fuente de solidaridad. En la responsabilidad extracontractual hay solidaridad en todos los casos en que un delito o cuasidelito es cometido por dos o más personas, salvas ciertas excepciones. 6) Extensión de la Obligación de Reparar: Se suele indicar que la indemnización extracontractual es más completa que la contractual; la facultad de los jueces es por ello más amplia en la primera. En ambas se responde de los perjuicios previstos. En la contractual solo se responde de los perjuicios imprevistos en los casos de convención en tal sentido, dolo o culpa grave, mientras que en la extracontractual se responde siempre de ellos. El daño moral se responde incuestionablemente si se ha cometido un hecho ilícito; en materia contractual se discute. 7) Avaluación de Perjuicios: En materia contractual se permite la avaluación anticipada de los perjuicios mediante una clausula penal. Esto no es admisible en la responsabilidad extracontractual, ya que esta no es concebible sin que se acredite el mondo de los daños, que son la justificación y la medida del deber de reparar. 8) Dolo: Si bien su concepción es la misma de acuerdo a la teoría unitaria del dolo, sus efectos son diferentes: en materia extracontractual no produce otros distintos a la culpa (salvo lo dispuesto en el Art. 2316 CC), mientras que es una agravante de responsabilidad en el cumplimiento de los contratos. 9) Prescripción: La de acción de indemnización por incumplimiento de una obligación es de largo tiempo: 5 años desde que se hizo exigible. La extracontractual es de corto plazo: 4 años desde la perpetración del hecho ilícito.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Cúmulo o Concurso de Responsabilidades43: Se refiere al problema de la concurrencia de los dos estatutos de la responsabilidad civil, en aquellos casos en que un mismo hecho importa a la vez el incumplimiento de una obligación contractual y la ocurrencia de un delito o cuasidelito civil. En general esto solo se refiere al problema de si la víctima puede optar por el estatuto de responsabilidad que le resulta más provechoso, no si las acciones que emanan de ambos estatutos son acumulables, porque las responsabilidades no se pueden acumular o se produciría un enriquecimiento sin causa de la víctima, una doble indemnización. Respecto de esta posibilidad de elegir el tipo de responsabilidad que se pueda perseguir, se han dado las siguientes teorías: 1) Tradicionalmente, que no se permite optar entre ambos estatutos de responsabilidad: Según esta posición hay que seguir la responsabilidad contractual siempre. Para ello se han dado los siguientes argumentos: a. Argumentos relativos a la extensión y obligatoriedad excluyente de la regulación contractual: i. La pretendida fuerza obligatoria excluyente del contrato: Los partidarios de esta teoría sostienen que una vez que las partes han celebrado un contrato todas las relaciones entre ellas relativas al acuerdo contractual deben ser regidas por este. Este argumento desconoce que el contrato no impide ni excluye el juego de las reglas legales que regulan las relaciones de convivencia entre las personas. ii. La voluntad presunta de las partes de someterse únicamente al estatuto contractual: Este argumento se impugna porque no cabe pensar, después de ocurrido el evento, que las partes acordaron someterse exclusivamente a la reglamentación contractual en caso de daños si no han expresado esa voluntad o ella no se desprende de un modo inequívoco del acuerdo contractual especifico. iii. Supuesta renuncia a la acción de responsabilidad extracontractual: Se contesta que, si así fuera, no podría sostenerse la procedencia de esta renuncia para el caso de dolo o culpa grave. b. Argumentos relativos a una mayor coherencia sistemática: i. Consistencia con el principio de especialidad: Según esta posición el régimen extracontractual es la normativa general y primaria la contractual por especialidad. Se contesta que ninguno de los estatutos puede considerarse especial o general respecto del otro porque regulan materias diferentes. ii. Consecuencia necesaria del dualismo en materia de responsabilidad: Se responde que el hecho que haya dos sistemas no impide que estos puedan tener algunas zonas de confluencia y que en ellas se adopte la idea de que la victima pueda escoger el que en definitiva se va a aplicar. c. Argumentos de conveniencia práctica:

Complementado con el texto “El Concurso de Responsabilidades en el Derecho de Daños Chileno: Defensa y Delimitación de la Teoría de la Opción” de Hernán Corral Talciani. 43

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe i. Se impediría al contratante escapar del estatuto contractual cuando este le es desfavorable: Se contesta que para ello no es necesaria la prohibición, sino que simplemente establecer limites para aplicar la concurrencia. ii. Se proporcionaría mayor seguridad jurídica: Ya que las partes saben con certidumbre qué estatuto les será aplicable en caso de incumplimiento contractual. Esto no parece un argumento determinante pues el hecho de que pueda surgir responsabilidad extracontractual entre las personas no reduce la seguridad jurídica. 2) Teoría de la Conmixtión Normativa: Señala esta posición que hay una sola acción general de pretensión resarcitoria, habiendo una mezcla de ambos estatutos. Esta postura se rechaza porque la ley establece dos estatutos que reglan formas diversas de obtener reparación de perjuicios, y de ellos emergen también acciones cuya causa de pedir no está constituida solamente por los hechos sino también por su calificación jurídica dentro de alguno de esos estatutos. Se trata, por tanto, de dos acciones regidas por reglas de derecho sustantivo diferentes. 3) Se permite la opción, pero solo en ciertos casos (Alessandri): Señala dos casos de excepción en que el demandante podría elegir entre demandar la responsabilidad contractual y la extracontractual: a. Si las partes así lo han convenido: Porque las partes pueden modificar las normas legales supletorias como estimen convenientes. b. Cuando la infracción al contrato constituye típicamente un delito o cuasidelito penal: Porque de todo delito nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer una civil para obtener la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado (Art. 10 CPP). 4) Se permite la opción, pero con ciertas limitaciones (Hernán Corral): Hernan Corral defiende la procedencia de la opción, pero con dos clases de limitaciones: a. Limitaciones Sustantivas: No será admisible la opción: i. Cuando las partes de manera explicita hayan pactado en el contrato la improcedencia de acudir al régimen extracontractual: Esto no tendrá efectos si el hecho ha sido cometido con dolo o culpa grave o si se trata de un contrato de adhesión. ii. Si el daño es producto de riesgos cuya asunción fue materia u objeto del contrato: Salvo que se deba a dolo o culpa grave futuras. iii. Cuando ella envuelva un atentado a la buena fe contractual, en cuanto defraudación de expectativas legitimas de la otra parte de que solo se invocará la regulación contractual. b. Limitaciones Procesales: Esta solo puede ser ejercida por la víctima demandante, no por el demandado ni por el juez. Además, debe ser ejercida al momento de interponerse la demanda. Además, se entiende que la elección de uno de los sistemas implica la renuncia del otro. 5. Ejercicio Conjunto de Acciones de Responsabilidad Contractual y Extracontractual: En la medida que se acepte para ciertos casos la opción de responsabilidades, el demandante podrá deducir ambas acciones, pero una en subsidio de la otra, ya que ambas deben entenderse incompatibles entre sí.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 6. Responsabilidad Precontractual: “Aquella que se genera por el daño causado en las fases preparatorias que aun no han concluido en la celebración de un contrato”. Existen dos posiciones: 1) Doctrina Tradicional: Señala que el principio que impera es el de la libertad de contratar y, por lo tanto, hay ausencia de obligaciones, consecuentemente no existe reproche si hay un desistimiento unilateral y no hay responsabilidad, porque se ejerce el libre derecho de desistirse del eventual contrato, aunque haya daños. 2) Doctrina Moderna: Cree que si puede haber responsabilidad. En ese sentido, para que nazca se requiere: a. Que exista consentimiento en las tratativas preliminares o acuerdo en negociar. b. Que se hayan efectuado gastos por una de las partes en vías del contrato: Hay que distinguir: i. Si las partes si han estipulado la forma en que se han se solventar los gastos: Regirá el acuerdo entre las partes de la negociación y habrá, consecuentemente, responsabilidad contractual. ii. Si no se ha estipulado nada al respecto: Hay que determinar quien paga por ellos en la etapa de negociación: 1. Gastos incurridos antes de la negociación: Son de cargo de quien los realiza, salvo que otro se haya aprovechado también de los gastos pues, en ese caso, habría enriquecimiento sin causa en la medida que no sea motivo de lucro para quien se empobreció. 2. Gastos incurridos durante las tratativas: Hay que distinguir: a. No hay derecho a reembolso respecto de los gastos que se hacen por iniciativa propia y van en beneficio propio. b. Hay derecho a reembolso por enriquecimiento sin causa si los gastos se hacen por iniciativa propia y en beneficio de ambos. c. Debe existir un retiro unilateral de las negociaciones contrario a la buena fe: Desde el momento en que hay un retiro se materializa el riesgo de no realizar el negocio, hay certeza de la no realización del negocio. En general, la doctrina entiende que la responsabilidad en este caso es extracontractual y no contractual. 7. Responsabilidad de quien causa la Nulidad del Contrato: Buena parte de los autores desestima la aplicación de las reglas de la responsabilidad contractual, por cuanto esta es la que emana de una infracción contractual. Y en este caso la imputación que se hace al responsable es por hechos previos al contrato, aunque conectados con las circunstancias de su celebración, pero precisamente la nulidad declarada del mismo pulveriza jurídicamente la existencia del contrato. Rodríguez Grez estima que se trata de una responsabilidad legal. En cambio, Baraona afirma que es una responsabilidad extracontractual, pero los elementos que configuran la culpa deben ser analizados en cada caso, pues ciertos supuestos conectan con criterios de buena o mala fe o expectativa de confianza, que han de configurarse de una manera peculiar y por lo mismo distinta a la noción general de culpa o negligencia.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 8. Responsabilidad Post Contractual: Algunos ven aquí casos de proyección de la responsabilidad contractual por entender que existen acuerdos tácitos que pueden sobrevivir al contrato mismo. Para otros, esta construcción elude la realidad: que el contrato ha expirado y no puede regir la responsabilidad que se genera con posterioridad, de modo que se postula la aplicación del régimen extracontractual. Corral se inclina por la segunda postura, pero con la salvedad de que, si la ley sanciona el ejercicio abusivo de la facultad de poner término a un contrato con la conservación del contrato, la responsabilidad que se genera será contractual.

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RESUMEN PERSONAS – CRISTIÁN BOETSCH GUILLET COMPLEMENTADO Y COMENTADO CAPÍTULO I: SUJETOS DE DERECHO I.

NOCIÓN DE LA PERSONALIDAD.

1. Conceptos Generales: Según la concepción clásica, todo derecho compete a un sujeto llamado persona. Así, la idea de la personalidad es una categoría jurídica necesaria para dar una base a los derechos y obligaciones. Por ende, desde un punto de vista jurídico, persona es “todo ser capaz de tener derechos y obligaciones”. En ese sentido, podría pensarse que sinónimo de persona es la expresión sujeto de derecho, que son “todos los seres que, conforme al ordenamiento legal, están dotados de capacidad jurídica, llamada también capacidad de goce, o sea, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones”. Sin embargo, esto no es así, ya que “el que está por nacer” también es sujeto de derecho, pero no es persona, como veremos más adelante. En este contexto, cabe recordar que por largo tiempo hubo una clase de hombres a los que se les negaba la calidad de sujetos de derecho: los esclavos. En nuestros días, todo individuo de la especie humana, por el solo hecho de serlo, es persona, no siendo necesario que esté dotado de plena voluntad y conciencia. Por otra parte, es perfectamente posible y en nada afecta al derecho desde un punto de vista técnico que este le reconozca personalidad, esto es, la posibilidad de ser titular de derechos y deberes, a otras entidades distintas del hombre, lo que da lugar a la noción de personas jurídicas. II.

SUSTRATO DE LA PERSONALIDAD.

1. El Hombre: En primer lugar, sujeto de derecho es el ser humano, y lo es como el más inmediato y único portador originario de derechos subjetivos. La personalidad es un atributo del hombre en cualquier condición que este se encuentre. 2. Asociaciones Humanas: En segundo lugar, la ley también eleva a la categoría de sujeto de derecho a las asociaciones o colectividades de individuos. Se originan cuando un fin social, destinado a satisfacer necesidades más o menos permanentes, no puede alcanzarse por un individuo, haciéndose necesario el concurso de diversas personas, que forman entes de cierta complejidad, para conseguir el fin social perseguido. A estos entes se les reconoce una individualidad distinta de las personas que los integran. No necesariamente toda asociación de individuos goza de personalidad jurídica. Solo lo hacen aquellas creadas bajo la forma que el derecho positivo considera para atribuir tal beneficio. 3. El Patrimonio: Existen distintas teorías que consideran que el patrimonio es sustrato de la personalidad jurídica de derecho privado; así, lo que tienen en común las personas naturales y los distintos tipos de personas jurídicas es el concepto patrimonio. CAPÍTULO II: LAS PERSONAS NATURALES I.

CONCEPTO DE PERSONA NATURAL.

1. Concepto: En conformidad al Art. 55 CC, son personas físicas o naturales “todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Individuo de especie humana: Es todo hijo de mujer, rechazando la doctrina romana y española antigua que no atribuía personalidad a los deformes porque se pensaban que eran hijos de mujeres con animales, lo que es biológicamente absurdo. 2) Estirpe: Hace referencia a la raíz y tronco de una familia o linaje. 3) Condición: Se refiere tanto a la calidad de nacimiento, cuanto a la posición que los hombres ocupan en la sociedad por razón de abolengos, riquezas, clase, cargos, etc. II.

INICIO DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA NATURAL.

1. Condiciones o Requisitos de la Personalidad Natural (Existencia Legal): El Art. 74 CC dispone: “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”. Por ende, la personalidad natural se inicia con el nacimiento, para lo cual se requieren tres condiciones: 1) La separación del niño respecto de su madre: Sea que el desprendimiento del feto del claustro materno se obtenga natural o artificialmente por medos quirúrgicos, pues la ley al respecto no distingue. 2) La separación debe ser completa: Esto significa, en opinión de algunos, que ningún vinculo haya entre la madre y el hijo, ni siquiera el del cordón umbilical. Pero en el parecer de otros, para que haya separación completa, basta que la criatura salga toda del seno materno, sin que importe que el cordón umbilical esté cortado o no. 3) La criatura debe sobrevivir a la separación un momento siquiera: Para ello se recurre a ciertas pericias médicas que, generalmente, tienden a establecer si la criatura respiró o no, pues la respiración es un signo vital por excelencia. En particular, se hace uso de la llamada “docimasia hidrostática pulmonar”, que consiste en introducir los pulmones de la criatura en un recipiente con agua; si estos flotan significa que respiro aunque fuera una vez, por lo que se entiende que “sobrevivió un momento siquiera”. Como es claro, el Art. 74 CC se refiere a la existencia legal, y no a la existencia natural. 2. Doctrinas de la Vitalidad y de la Viabilidad: Nuestro Código no plantea ninguna exigencia posterior al nacimiento, para conceder la personalidad. La duración de la vida le es indiferente, en cuanto al reconocimiento de la personalidad se refiere. Con ello, se recepciona la doctrina de la vitalidad. Otras legislaciones, en cambio, acogen la doctrina de la viabilidad, que exige a la criatura aptitud para continuar viviendo por un determinado lapso. Se critica esta doctrina por cuanto es enteramente arbitrario e injustificado designar cierto plazo. 3. Existencia Natural: La existencia natural comienza con la concepción y se extiende hasta el nacimiento, momento que marca el comienzo de la existencia legal (Art. 74 CC). La ley – y en especial la Constitución Política – toma en cuenta la existencia natural con el propósito de proteger la vida y los derechos del que está por nacer: 1) Protección de la vida del que está por nacer: En conformidad al Art. 19 N°1 CPR, la ley protege la vida del que está por nacer. Por su parte, el Art. 75 CC dispone que: “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, 576

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento”. En razón de lo anterior, el ordenamiento jurídico prohíbe y sanciona toda maniobra destinada a impedir que nazca la criatura concebida mediante el delito de aborto (Arts. 342 a 345 CP), salvo en los casos de inviabilidad fetal, grave peligro de vida para la madre y violación. Por otra parte, el Art. 2, inc. 3 Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, dispone que la madre podrá solicitar alimentos para el hijo que está por nacer. 2) Protección de los derechos del que está por nacer: El Art. 77 CC dispone que: “Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del artículo 74, inciso 2º, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiese jamás existido”. Por ende, se debe distinguir: a. Si se verifica el nacimiento: Entra el recién nacido en el goce de los derechos, como si hubiere existido al tiempo en que se defirieron (en que fueron concedidos). b. Si la criatura muere en el vientre materno o perece antes de estar completamente separada de su madre o no sobrevive a la separación un momento siquiera: Pasan los derechos a otras personas, como si la criatura jamás hubiese existido. Se discute en doctrina la naturaleza jurídica de los derechos concedidos a la criatura que está por nacer. Alessandri y Claro Solar estiman que se trata de derechos sujetos a condición suspensiva. La condición consistirá en que la criatura nazca con vida. Galecio habla de derechos eventuales, mientras que Somarriva se refiere a un derecho especial. Finalmente, hay quienes sostienen que se trata de la vinculación de un bien a un titular futuro, sin que quepa considerar a la criatura como sujeto de derechos subjetivos encontrándose estos, mientras la criatura no nace, sin pertenecer o sin estar vinculados a nadie (Clemente de Diego y Lyon). 4. Época de la Concepción: Determinar la época de la concepción es de trascendental importancia atendido que es necesario estar concebido para que los derechos eventuales del que está por nacer permanezcan en suspenso hasta el nacimiento. Para determinar la época de la concepción, la ley ha establecido una presunción de derecho que determina, a partir de un hecho conocido, como lo es el nacimiento, la época de la concepción. El Art. 76 CC dice: “De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente: Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento”. El plazo se cuenta hacía atrás, desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Se ha criticado la presunción citada, porque la experiencia médica demuestra que hay casos de gestación de más de 300 y menos de 180 días.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe III.

FIN DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA NATURAL.

1. Conceptos Generales: La muerte implica el fin de la existencia de la persona, la cual puede ser natural o presunta. Esta muerte produce importantes consecuencias jurídicas: transmisión de los bienes del fallecido a sus herederos, disolución del matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges, extinción de los derechos intransmisibles, término de ciertos contratos por la muerte de uno de los contratantes, extinción de la oferta de celebrar contrato por la muerte del proponente, extinción de algunas acciones civiles, etc. A. Sección Primera: “LA MUERTE NATURAL O REAL” 1. Generalidades: El Art. 78 CC dispone: “La persona termina en la muerte natural”. La muerte es la terminación de las funciones vitales del individuo. En este sentido, según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1995 se produce la muerte natural con la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas. 2. La Muerte Clínica: “Estado en que se conservan algunas funciones vitales, especialmente vegetativas, que se mantienen, por lo general, en forma artificial, pero, no obstante ellas, el individuo ha perdido toda conciencia o proceso intelectual”. El concepto de muerte clínica o cerebral fue adoptado por la Ley N°18.173 sobre trasplante de órganos de cadáveres con fines terapéuticos, y en tal caso, el certificado de defunción se otorgará cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará mediante la certeza diagnóstica de la causa del mal y, a lo menos, dos evidencias electroencefalográficas. 3. Prueba de la Muerte Real: La ley ha tomado diversas medidas tendientes a acreditar, en todo momento, la efectividad de la muerte. Entre estas medidas, están la certificación del médico que asistió al difunto, la inscripción del deceso en el Libro de Defunciones del Registro Civil, la prohibición de sepultar el cadáver sin previa autorización del oficial del Registro Civil de la comuna en que haya ocurrido la defunción, etc. 4. Los Comurientes: El Art. 79 CC señala que: “Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras”. La presunción de los comurientes es simplemente legal. B. Sección Segunda: “LA MUERTE PRESUNTA” 1. Concepto: “Aquella que se declara judicialmente respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no, habiendo transcurrido un plazo más o menos extenso desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia, concurriendo las demás formalidades legales”. 2. Objeto: El principal objeto de la declaración de muerte presunta es definir la suerte de los bienes que constituían el patrimonio dejado por el desaparecido o de aquellos bienes que pudieron corresponderle en las sucesiones abiertas durante su ausencia. Así, la ley considera: 1) El interés de la persona que ha desaparecido. 2) El interés de los terceros, principalmente de aquellos que tengan derechos eventuales en la sucesión del desaparecido, y 3) El interés general de la sociedad de que no haya bienes y derechos abandonados, lo que atenta contra el principio de la libre circulación de la riqueza. 578

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Elementos: 1) Se trata de una presunción: Es una presunción en virtud de la cual, de un hecho conocido, a saber, la ausencia prolongada y sin noticias, se concluye uno desconocido, esto es, el fallecimiento. Dicha presunción es simplemente legal, por cuanto admite prueba en contrario, sea el reaparecimiento del individuo (Art. 93 CC), o bien por la prueba tangible de que el fallecimiento sucedió en otra fecha distinta. Al ser una presunción, requiere de una sentencia judicial que la declare. 2) Se debe ignorar el paradero: Es indispensable que se ignore absolutamente el paradero del desaparecido y que se compruebe que se ha hecho lo posible para averiguarlo (Art. 81 N°1 CC). 3) Debe transcurrir un plazo: Variará dependiendo del caso: a. Casos Ordinarios (Art. 81 N°1 y 7 CC): En esta hipótesis el plazo es de 5 años, contados desde la fecha de las últimas noticias que se tienen de la persona (N°1) o de la fecha de la herida sufrida en la fuera o del peligro que acaeció (N°7). b. Caso Extraordinario Genérico (Art. 81 N°9 CC): En esta hipótesis el plazo es de 6 meses, contado desde el día en que ocurrió el sismo o catástrofe. c. Caso Extraordinario Específico (Art. 81 N°8 CC): En este caso, el plazo es de 3 meses contado desde el día de las últimas noticias que se tuvieron de la existencia de la nave o aeronave que no apareciere. 4) Deben cumplirse las formalidades legales: Estas son: a. Rendición de Pruebas (Art. 81 N°1 CC): Los interesados deben justificar el paradero del desaparecido y que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, para lo cual cabe la información sumaria de testigos. b. Citación del Desaparecido (Art. 81 N°3 CC): Hay que distinguir: i. Casos Ordinarios: Es necesaria la citación del ausente que debe repetirse hasta por 3 veces en el periódico oficial, corriendo más de dos meses por cada dos citaciones. ii. Caso Extraordinario Genérico: Se hará mediante un aviso publicado por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los días primero o quince, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado en las fechas indicadas, y por dos veces en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere, corriendo no menos de 15 días entre estas dos publicaciones. El juez podrá ordenar que por un mismo aviso se cite a dos o más desaparecidos. iii. Caso Extraordinario Específico: No es necesario el cumplimiento de este requisito. c. Intervención del Defensor de Ausentes (Art. 81 N°4 CC): Debe ser oído el Defensor de Ausentes. A petición de este o de cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, puede exigir el juez además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. Inserción de Sentencias en el Diario Oficial (Art. 81 N°5 CC): Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se insertarán en el periódico oficial. e. Transcurso de un Plazo Mínimo desde la Citación (Art. 81 N°3 CC): La declaración puede ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en ella, con tal que hayan transcurrido 3 meses al menos desde la última citación. Este requisito no rige en el caso extraordinario específico. f.

Inscripción de la Sentencia en el Registro Civil (Art. 5 N°5 Ley del Registro Civil): Toda sentencia en que se declare presuntivamente muerto a alguien, es menester que se inscriba en el libro de Defunciones que lleva el Registro civil.

4. Día Presuntivo de la Muerte: De este día pueden depender los derechos de diversas personas. La ley para evitar arbitrariedades ha señalado distintas reglas, según el caso concreto de que se trata. 1) Caso Ordinario Común del Art. 81 N°1: Se ha de fijar como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias (Art. 81 N°6 CC). 2) Caso Ordinario Común del Art. 81 N°7 (herida grave u otro peligro semejante): Se fija como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro o, no siendo enteramente determinado ese día, un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso. 3) Caso Extraordinario Genérico (sismo o catástrofe): Será la fecha de tal evento la que fijará el juez como día presuntivo de la muerte (Art. 81 N°9 CC). 4) Caso Extraordinario Específico (pérdida de nave o aeronave): Se fija como día presuntivo de la muerte el de la pérdida de la nave o aeronave, y no siendo enteramente determinad ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que se pudo ocurrir el suceso. Igual cosa sucederá cuando durante una navegación o aeronavegación cayera al mar o tierra un tripulante o viajero sin encontrarse sus restos (Art. 81 N°8 CC). 5. Procedimiento: 1) Juez Competente: El del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. 2) Legitimación Activa: La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en ella, con tal que hayan transcurrido 3 meses al menos desde la última citación. El interés debe ser patrimonial y estar subordinado a la muerte del desaparecido. 3) Quién se puede oponer: Se puede oponer todo aquel que tenga interés en ello y especialmente el defensor de ausentes. La oposición de terceros puede referirse a que el peticionario carece de interés para solicitar la declaración; a que el desparecido se encuentra vivo; o a que las ultimas noticias se produjeron en otra fecha. 6. Periodos de la Muerte Presunta: Se distinguen, en general, tres periodos: (i) mera ausencia, (ii) posesión provisoria de los bienes del desaparecido y (iii) posesión definitiva de dichos bienes. 6.1. Periodo de Mera Ausencia: Este periodo se extiende desde la fecha de las ultimas noticias del desaparecido y hasta el día en que se decreta la posesión provisoria o definitiva de sus bienes, que por regla general es de 5 años, y excepcionalmente puede ser de 1 año (en caso de sismo o catástrofe) o 6 meses (en caso de pérdida de una nave o aeronave).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En este primer periodo, predominando las posibilidades de vida y de regreso del desaparecido, las medidas tienden exclusivamente a preservar sus derechos y su patrimonio, garantizándole su integridad. Entre los derechos de los presuntos herederos y el interés del ausente, prevalece el último. Según el Art. 83 CC, durante el periodo de mera ausencia deben cuidar los intereses del desaparecido sus apoderados o representantes legales. Si el ausente no hubiere dejado representante legal o mandatario general, o el mandato hubiere terminado, procede el nombramiento de curador de bienes. Este periodo expira por: (i) el decreto de posesión provisoria, (ii) el decreto de posesión definitiva, cuando no tiene cabida el provisorio, (iii) cuando el ausente reaparece y (iv) cuando existe certeza acerca de la fecha de la muerte real del desaparecido. En los dos últimos casos, no solo termina el periodo de mera ausencia, sino todo el proceso de muerte presunta, pues se desvirtúa la presunción en que se basaba. Si el ausente reaparece, recobra la administración de sus bienes; y si se logra probar la fecha exacta de la muerte real corresponde aplicar las reglas de esta y no las reglas de la muerte presunta. 6.2. Periodo de Posesión Provisoria: Comienza el periodo con el decreto del juez que concede la posesión provisoria y termina con el decreto que otorga la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. En este periodo, no prevaleciendo la posibilidad del regreso del ausente y contrapesándose esta con la posibilidad de la muerte, la ley busca conciliar los derechos del desaparecido con los de aquellos a quienes pasarían los bienes del ausente, si hubiera realmente fallecido. El decreto se dicta transcurridos 5 años desde la fecha de las últimas noticias del desaparecido (Art. 81 N°6 CC) y se dicta a solicitud de los herederos presuntivos del desaparecido, entendiéndose por tales los testamentarios o legitimarios que lo eran a la fecha de la muerte presunta (Arts. 84 y 85 CC), que son los únicos que pueden solicitar la posesión provisoria. Si no se presentan herederos, el juez, a instancia de cualquier interesado o de oficio, declarará yacente la herencia y le nombrará curador. 6.2.1. Patrimonio cuya posesión provisoria se confiere a los herederos presuntivos: Comprenderá la totalidad de los bienes, derechos y acciones del desaparecido, cuales eran a la fecha de la muerte presunta (Art. 85, inc. 2 CC). Algunos estiman que estaríamos ante un caso de usufructo legal. Con todo, otros han señalado que los poseedores provisorios no tendrían un usufructo, sino la propiedad sujeta a condición resolutoria (que consistiría en que el desaparecido reaparezca o se establezca su muerte efectiva). 6.2.2. Efectos del Decreto de Posesión Provisoria: 1) Se disuelve la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales si los hubiere con el desaparecido (Arts. 84, 1764 N°2 y 1792-27 N°2 CC): El régimen patrimonial del matrimonio debe entenderse disuelto el día fijado por el juez como presuntivo de la muerte. 2) Se procede a la apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hubiere dejado alguno (Art. 84, inc. 1 CC). 3) Opera la emancipación legal de los hijos que se hallaban bajo patria potestad del padre o de la madre desaparecidos, salvo que corresponda ejercitar la patria potestad al otro de los padres. 4) Se da la posesión provisoria de los bienes del desaparecido a los herederos presuntivos; no habiéndolos, se procede a declarar yacente la herencia.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5) Marca el inicio el computo del plazo de 180 días o de un año, para que los herederos y demás personas actualmente interesadas, provoquen el juicio de impugnación de paternidad de un hijo atribuido al desaparecido (Arts. 212 y 213 CC). 6.2.3. Obligaciones de los Poseedores Provisorios: 1) Formar inventario solemne o revisar o rectificar con igual solemnidad el que exista (Art. 86 CC). 2) Constituir caución de conservación y restitución de los bienes del desaparecido (Art 89 CC): Solo otorgando caución los poseedores provisorios se hayan dueños de los frutos que produzcan los bienes del desaparecido. 6.2.4. Venta o Hipoteca de los Bienes del Desaparecido por los Poseedores Provisorios (Art. 88 CC): Hay que distinguir: 1) Bienes Muebles: Pueden ser vendidos válidamente siempre que: a. El juez lo creyere conveniente. b. Sea oído el defensor de ausentes. c. La venta se efectúe en pública subasta. 2) Bienes Inmuebles: Pueden venderse o hipotecarse, pero en este caso el legislador toma mayores precauciones, exigiendo: a. Que la venta o hipoteca obedezcan a causa necesaria o utilidad evidente: La ley solo permite la venta. Por ende, los herederos presuntivos no podrán, por ejemplo, donar los bienes del ausente. b. Que la causa necesaria o la utilidad evidente sean calificadas o declaradas por el juez, con conocimiento de causa. c. Que sea oído el defensor de ausentes. d. Que la venta se efectúe en pública subasta. Si se omite cualquiera de los requisitos indicados al venderse o hipotecarse un bien mueble o inmueble del desaparecido, tal venta y enajenación (o hipoteca, en su caso) adolecerá de nulidad relativa. La acción de nulidad prescribirá en 4 años contados desde el reaparecimiento del desaparecido. 6.2.5. Término del Periodo de Posesión Provisoria (Art. 90 CC): Puede terminar: 1) Con el decreto de posesión definitiva. 2) Con la reaparición del ausente, y 3) Si se tuvieran noticias que motivaren la distribución de los bienes del desaparecido, según las reglas generales: Esto alude a la muere real del desaparecido. En estos últimos dos casos no solo termina el periodo de posesión provisoria, sino todo el proceso de la muerte presunta. 6.2.6. Casos en los cuales no habrá Periodo de Posesión Provisoria: 582

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le sucedió otro peligro semejante (Art. 81 N°7 CC). 2) En caso de pérdida de una nave o aeronave (Art. 81 N°8 CC). 3) En caso de sismo o catástrofe (Art. 81 N°9 CC). 4) Si cumplidos 5 años desde la fecha de las últimas noticias, se pruebe que han transcurrido 70 desde el nacimiento del desaparecido (Art. 82, primera parte CC). En estas situaciones se concede de inmediato la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 6.3. Periodo de Posesión Definitiva: Se inicia con el decreto del juez que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, el cual se inscribirá en el Conservador de Bienes Raíces del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Si el decreto no se inscribe es inoponible a terceros. Este último periodo es aquel en el cual las probabilidades de muerte del desaparecido prevalecen sobre las probabilidades de vida, de modo que puede conferirse a los presuntos herederos pleno derecho de uso, goce y disposición sobre los bienes del ausente, como si en realidad este hubiera muerto. Tiene lugar por regla general cuando han transcurrido 10 años desde la fecha de las ultimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de esos 10 años, la edad del desaparecido, si viviese (Art. 82, segunda parte CC). En este caso, antecederán al decreto de posesión definitiva el periodo de mera ausencia (5 años a lo menos) y el de posesión provisoria (otros 5 años). Excepcionalmente, tendrá lugar: 1) Cuando cumplidos 5 años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido 70 o más desde que nació el desaparecido (Art. 82, primera parte CC). 2) Inmediatamente después de transcurridos 5 años desde la fecha de la batalla o peligro en que se encontró la persona desaparecida sin haberse sabido más de su existencia (Art. 81 N°7 CC). 3) Después de 3 meses contados desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieren de la nave o aeronave reputada perdida y en la cual se encontraba la persona desaparecida (Art. 81 N°8 CC). 4) Después de 6 meses de ocurrido un sismo o catástrofe (Art. 81 N°9 CC). El decreto de posesión definitiva pueden pedirla todos los tengan derechos subordinados a la muerte del desaparecido (Art. 91 CC). 6.3.1. Efectos del Decreto de Posesión Definitiva: 1) Se disuelve el matrimonio a consecuencia de la declaración de muerte presunta (Art. 42 N°2 Ley de Matrimonio Civil): Para ello se requiere (Art. 43 Ley de Matrimonio Civil): a. Que hayan transcurrido 5 años desde las ultimas noticias y 70 años desde el nacimiento del desaparecido. b. Que hayan transcurrido 5 años desde que una persona recibió una herida grave en la guerra, o le sobrevivo otro peligro semejante, y no se ha sabido más de ella.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Que hayan transcurrido 10 años desde la fecha de las ultimas noticias, fijada en la sentencia que declara la presunción de muerte, cualquiera que fuese la edad del desaparecido si viviere. d. Que haya transcurrido 1 año desde el día presuntivo de la muerte, en el caso de la pérdida de una nave o aeronave que no apareciere dentro de 3 meses. e. Que haya transcurrido 1 año desde el día presuntivo de la muerte, en el caso de un sismo o catástrofe. Del tenor de los Arts. 42 y 43 Ley de Matrimonio Civil, se deduce que la disolución del matrimonio opera ipso iure, cuando, declarada la muerte presunta, transcurren los plazos de 1, 5 y 10 años, sin que sea necesario que se dicte el decreto de posesión definitiva o que se dicte otra resolución judicial que declare la disolución del matrimonio. 2) Ejercicio de los derechos subordinados a la muerte del desaparecido (Art. 91 CC). 3) Apertura de la sucesión del desaparecido (Art. 90, inc. 3 CC). 4) Cancelación o alzamiento de las cauciones y cesación de las restricciones para vender e hipotecar (Art. 90, inc. 1 y 2 CC). 5) Partición de bienes. 6) Se producirán todos los demás efectos de la posesión provisoria, en el caso en que esta no hubiera operado. 7. Rescisión del Decreto de Posesión Definitiva: El Código erradamente emplea el término “rescisión”, es decir, a la nulidad relativa, lo que supondría un vicio de tal naturaleza que permitiría la anulación del decreto; pero no hay tal nulidad, sino causales de revocación del decreto. Las causales para revocar el decreto de posesión definitiva son: 1) Si se tuvieren noticias exactas de la existencia del desaparecido. 2) Si se tuvieren noticias exactas de la muerte real del desaparecido. 3) Si el presunto muerto reaparece. Las personas que pueden pedir la rescisión del decreto (Art. 93 CC) son: (i) el desaparecido, (ii) los legitimarios habidos durante el desaparecimiento y (iii) el cónyuge del ausente por matrimonio contraído en la época del desaparecimiento. El plazo para pedir la rescisión del decreto (Art. 94 CC) depende de quien la pida, ya que el desaparecido puede pedirla en cualquier tiempo; y los demás interesados solo podrán pedirla dentro de los plazos respectivos contados desde la fecha de la verdadera muerte. 7.1. Efectos de la Rescisión: Solo aprovechan a las personas que obtuvieron la dictación del decreto de revocación. Se recobran los bienes del desaparecido, en el estado en que se encuentren, y todos los actos de disposición realizados en el tiempo intermedio valen (Art. 94, regla cuarta CC). Dado que los poseedores definitivos gozan de los bienes como dueños, no responden ni de la culpa lata. Por ello, pueden devolver los bienes sensiblemente deteriorados, sin responsabilidad, a menos que se les pruebe dolo. 584

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Los demandados serán consideradores como poseedores de buena fe, a menos de prueba en contrario (Art. 94, regla quinta CC) y tienen derecho al reembolso de las mejoras necesarias y útiles conforme lo disponen los Art. 904 y ss. CC, sobre las prestaciones mutuas. En cuanto a los frutos producidos por los bienes del desaparecido, los poseedores definitivos, lo mismo que los provisorios, no están obligados a restituirlos, salvo que estén de mala fe. La ultima regla del Art. 904 CC establece que el haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye mala fe. La sentencia que rescinde la declaración de muerte presunta debe subinscribirse al margen de la partida correspondiente. 8. Inscripciones en el Registro Civil y en el Conservador de Bienes Raíces relacionadas con la Muerte Presunta: Las sentencias ejecutoriadas que declaran la muerte presunta deben inscribirse en el libro de defunciones del Registro Civil, en la comuna correspondiente al tribunal que hizo la declaración. Si la sentencia no se inscribe, no puede hacerse valer en juicio. El decreto que confiere la posesión definitiva de los bienes del desaparecido debe inscribirse en el Registro del Conservador de Bienes Raíces que corresponda a la comuna del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Si el decreto no se inscribe, es inoponible a terceros. 9. Leyes Especiales: La Ley N°20.436 de 2010 dispuso que, transcurridos 90 días desde el 27 de febrero de 2010, cualquiera que tenga interés podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos con ocasión de la catástrofe ocurrida en esa fecha, que se encontraban en las Regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule y del Biobío, debiendo el juez fijar dicha fecha como día presuntivo de la muerte. C. Sección Tercera: “LA COMPROBACIÓN JUDICIAL DE LA MUERTE”44 1. Conceptos Generales: La Ley N°20.577 de 2012 agregó al Código Civil los Arts. 95 a 97 CC, que señalan la “comprobación judicial de la muerte”. Al efecto, el Art. 95 CC dispone que “Toda vez que la desaparición de una persona se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no fuere hallado, el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su muerte para efectos civiles y disponer la inscripción de la resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver”. El Art. 96 CC señala: “Un extracto de la resolución que tenga por comprobada la muerte del desaparecido deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo de 60 días, contado desde que ésta estuviere firme y ejecutoriada. Dicho extracto deberá contener, al menos, los antecedentes indispensables para su identificación y la fecha de muerte que el juez haya fijado”. Finalmente, el Art. 97 CC indica: “La resolución a que se refiere el artículo 95 podrá dejarse sin efecto conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente”, es decir, podrá dejarse sin efecto conforme a lo dispuesto en las normas sobre la rescisión del decreto de posesión definitiva. 2. Análisis de las Normas: A diferencia de lo que ocurre en la muerte presunta, en estos casos no será necesario esperar ningún plazo para pedir la comprobación de la muerte, porque no se trata de que haya 44

Complementado con el texto “Reformas a la Muerte Presunta y a la Prueba de la Muerte” de Hernán Corral.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe desaparecido una persona y de ello pueda deducirse la muerte por un juicio de probabilidad basado en su no retorno durante un determinado plazo. Lo que ha desaparecido o no es posible identificar es el cadáver, pero la muerte ha tenido lugar más allá de toda duda razonable. 3. Efecto en el Tiempo de la Reforma: Algo que omite aclarar la reforma que incluyó esta comprobación judicial de la muerte es su efecto en el tiempo. Ningún articulo dispone si se podrá aplicar esta normativa a personas que hayan desaparecido con anterioridad al 8 de febrero de 2012. No obstante, existe una clara intención del legislador de que ella opere con efecto retroactivo. Esto por dos razones: 1) La iniciativa tuvo como finalidad favorecer el trámite de inscribir las defunciones de los desaparecidos en el accidente de Juan Fernández y sería absurdo que no pudiera aplicarse a ellos. 2) Tratando de respetar la sensibilidad de los familiares de los detenidos desaparecidos, se declaró expresamente que no se aplicará la comprobación judicial de la muerte cierta en casos de declaración de ausencia por desaparición forzada de personas: Si tuvo que declararse expresamente la improcedencia de su aplicación es porque se entendía que, de no haberse establecido la excepción, la reforma les era aplicable. CAPÍTULO III: ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD I.

GENERALIDADES.

1. Concepto: Tradicionalmente se definen como “ciertos elementos necesariamente vinculados a toda persona e indispensables para el desenvolvimiento de ella como sujeto de derechos”. En ese sentido, son “calidades que corresponden a todo ser humano solo en virtud de ser tal”. Se trata de derechos extrapatrimoniales, sin un significado económico directo, y se refieren tanto a las personas naturales como a las jurídicas (con algunas salvedades. 2. Enumeración de los Atributos de la Personalidad: Los atributos son, principalmente: 1) La Capacidad de Goce. 2) La Nacionalidad. 3) El Nombre. 4) El Estado Civil (del cual carecen las personas jurídicas). 5) El Domicilio. 6) El Patrimonio. II.

LA CAPACIDAD45

1. La Capacidad de Goce: “Aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones”. Se adquiere desde el nacimiento y de ella están dotados todos los seres humanos, sin excepción. De este modo, el concepto de personalidad se confunde con el concepto de capacidad de goce. Ser persona, en realidad, es tener capacidad de goce.

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Complementado con el texto “La Capacidad” de Alberto Lyon.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Dentro de nuestra legislación, solo hay incapacidades de goce especiales, esto es, referentes a uno o más derechos determinados, pero jamás una incapacidad de goce absoluta. En cambio, es posible que ciertos individuos estén totalmente desprovistos de capacidad de ejercicio, lo que no infringe los principios anteriores, pues esta capacidad no constituye un atributo de la personalidad. La capacidad jurídica o de goce no es, ella misma, un derecho subjetivo; es mas bien el antecedente lógico a los derechos subjetivos; es una cualidad jurídica. 2. La Capacidad de Ejercicio: “Idoneidad del sujeto para ejercitar por sí solo, con su propia voluntad, los derechos subjetivos y contraer obligaciones”. La capacidad de ejercicio es una parte de la capacidad de goce, está en relación de especie a género: es aquella parte que consiste en determinar por si mismo, sin el ministerio o autorización de otro, de que manera se usará, gozará y dispondrá de los derechos. Este requisito que supone o más bien constituye la capacidad de obrar es la existencia real y concreta de una voluntad capaz de discernir con responsabilidad y con la debida independencia o libertad cuales son los actos jurídicos patrimoniales o extrapatrimoniales que desea realizar. En relación a esta, debemos distinguir entre capaces e incapaces. No hay persona que no tenga capacidad de goce, pero las hay que no tienen capacidad de ejercicio. El Art. 1447 CC señala los casos de incapacidad y establece tres tipos de ella: 1) La Incapacidad Absoluta: Son aquellos que no pueden actuar nunca personalmente en la vida jurídica y solo pueden actuar representados. Los actos que ejecute un absolutamente incapaz por si mismo, serían, en estricto rigor, inexistentes, pues se supone que el incapaz absoluto carece de voluntad o no puede expresarla. Sin embargo, nuestra legislación civil sanciona expresamente los actos de los absolutamente incapaces que actúan por si mismos con la nulidad absoluta (Art. 1682, inc. 2 CC). Son los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. a. La Demencia: “Situación en que se encuentra una persona que, por alteración de sus facultades mentales, carece de la aptitud necesaria para dirigir su persona o para administrar sus bienes”. En ese sentido, es demente “aquella persona que, como consecuencia de una enfermedad mental, carece de la aptitud necesaria para administrar competentemente lo suyo”. Para que la persona sea catalogada como demente deben cumplirse dos requisitos copulativos: (i) que la persona adolezca de una enfermedad mental y (ii) que esa enfermedad mental produzca en el individuo una ineptitud para administrar competentemente lo suyo. La enfermedad mental puede definirse como “un proceso morboso del psiquismo, orgánico o funcional, más o menos permanente, caracterizado por el menoscabo, perversión o desorden de las facultades mentales”. Respecto a esta causal de incapacidad, debemos referirnos especialmente a: i. La Interdicción del Demente: El Art. 456 CC señala que: “El adulto que se halla en un estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos. La curaduría del demente puede ser

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe testamentaria, legítima o dativa”. En ese sentido, los requisitos para la interdicción por demencia son: 1. Debe tratarse de una persona adulta, esto es, mayor de 12 años en el caso de las mujeres y de 14 en caso de los hombres: Los impúberes son absolutamente incapaces sean o no dementes. 2. Debe tratarse de un enfermo mental que se encuentre impedido de administrar competentemente lo suyo y de dirigir su persona. 3. La enfermedad debe ser habitual: Hay que indicar, sin embargo, que la habitualidad no es un requisito de la demencia y por consiguiente de la incapacidad. Si el sujeto se encontraba demente solo en el instante de celebrar el acto o contrato, este será nulo. La habitualidad es solamente un requisito perentorio para privar a una persona de la administración de sus bienes, para declarar su interdicción. La habitualidad excluye los periódicos ataques de demencia y un estado pasajero de demencia. ii. El Juicio de Interdicción: La interdicción es “el estado de una persona que ha sido declarada por sentencia judicial incapaz de los actos de la vida civil, privándola de la administración de sus bienes”. La interdicción por demencia es una materia contenciosa que se tramita conforme al juicio ordinario. La demanda debe notificarse al supuesto demente; y si la demencia es manifiesta, corresponderá acreditar la circunstancia en el proceso para designar al demandado un curador especial ad litem al que deberá notificarse la referida demanda. Según lo dispone el Art. 459 CC pueden provocar la interdicción del demente las siguientes personas: 1. El cónyuge no divorciado (y no separado judicialmente) del supuesto demente. 2. Cualquiera de los consanguíneos hasta el 4to grado del supuesto demente. 3. Los padres, hijos y hermanos del supuesto demente. 4. El defensor público. 5. El curador del menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría, y 6. Si la locura fuere furiosa, o si el loco causare notable incomodidad a los habitantes, podrá también hacer el procurador de ciudad o cualquiera persona del pueblo. Esta es una facultad para estas personas, pero tratándose de los ascendientes o descendientes o los llamados en segundo grado a la sucesión intestada del demente, es una obligación, so pena de ser declarados indignos de suceder (Art. 970 CC). 588

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El Art. 461 CC establece que el juez mientras se decide la causa, podrá, en virtud de los informes verbales de los parientes o de otras personas, y oídas las explicaciones del supuesto demente, decretar la interdicción provisoria. iii. La Prueba de la Demencia (Art. 460 CC): Hay que distinguir: 1. Si se requiere para los fines de la interdicción: Hay que distinguir: a. Enfermedad mental: Se debe demostrar por el dictamen de los médicos, los cuales deben ser más de uno porque el Art. 460 CC habla de “dictamen de facultativos”. b. Ineptitud para administrar los bienes que esa enfermedad mental produce: Puede demostrarse por todos los medios de prueba que establece la ley, incluso presunciones. En este caso la carga de la prueba corresponde al juez, ya que el Art. 460 CC señala que este tiene el deber y la obligación de indagar e investigar lo que sea necesario para la debida resolución del asunto. 2. Si se requiere para obtener la nulidad de un acto o contrato: Tanto la enfermedad mental como la ineptitud pueden demostrarse por todos los medios de prueba que la ley establece. En este caso la carga de la prueba la tiene el que la alega. iv. Efectos de la Interdicción y Alcance de la Incapacidad: 1. Privar al demente de la administración de sus bienes y le nombra un curador general que vele por sus intereses. 2. Trae como consecuencia que todos los actos del demente, posteriores al decreto de interdicción son nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lucido (Art. 465, inc. 1 CC): Ha entendido Claro Solar que esto solo se refiere a actos patrimoniales, no así, por ejemplo, al reconocimiento de un hijo. La sentencia del juicio de interdicción no produce efecto retroactivo; y respecto a los actos y contratos ejecutados o celebrados con anterioridad a la declaración de interdicción, el Art. 465, inc. 2 CC expresa que: “Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente”. Claro Solar entiende que basta con probar que la persona se encontraba demente en la época en que los actos o contratos fueron hechos y no en el preciso momento de su ejecución o celebración. v. Rehabilitación del Demente: Procede si apareciera que ha recobrado permanentemente la razón (Art. 468 CC), pero formalmente requiere, además, una declaración judicial que así lo disponga, dictada en juicio distinto. Las personas que pueden pedir la rehabilitación son las mismas que pueden pedir la interdicción. b. La Impubertad (Art. 26 CC): “El varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce”. Pero dentro de los impúberes mismos se distingue entre 589

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe aquellos que no han cumplido 7 años, llamados infantes o niños y aquellos que si lo han hecho. Esto es importante porque los menores de 7 años son incapaces de responsabilidad extracontractual y de adquirir por su propia voluntad la posesión. Los actos de los impúberes son absolutamente nulos, no producen ni siquiera obligación natural y no admiten caución. Carecen, por otra parte, de peculio profesional o industrial. c. Los Sordos y Sordomudos que no pueden darse a entender claramente: El Art. 470 CC señala que el sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente, debe ser puesto en interdicción cuando ha llegado a la pubertad. Respecto a la interdicción, se siguen las mismas reglas que los dementes, con las siguientes diferencias: i. Se entiende que puede ser admitida prueba que pretenda demostrar que, al momento del acto, el sordomudo interdicto se habría rehabilitado o habría aprendido a darse a entender por escrito. ii. En cuanto a la rehabilitación de la interdicción (Art. 472 CC): Para que esta proceda, el sordomudo debe haberse hecho capaz de entender y de ser entendido por escrito, siempre que concurran las siguientes condiciones: 1. Que el mismo sordomudo lo solicite, y 2. Que el juez estime que tiene suficiente inteligencia para la administración de sus bienes. Asimismo, y aunque la ley no lo dice, se debe concluir que existe también rehabilitación cuando el sordomudo deja de serlo, por cualquier causa. 2) La Incapacidad Relativa: Son aquellos que, además de actuar representados, pueden actuar personalmente sin son debidamente autorizados. Excepcionalmente, la ley permite que los incapaces relativos ejecuten ciertos actos sin necesidad de representación o de autorización: tal ocurre, por ejemplo, en actos personalísimos como el reconocimiento de un hijo. Los actos que ejecuten los relativamente incapaces sin la autorización o representación del representante legal se sancionan con la nulidad relativa (Art. 1682, inc. final CC), salvo el caso del menor adulto, cuya sanción sería la inoponibilidad respecto de aquella parte de la obligación que exceda su peculio profesional. Son los menores adultos y los disipadores que se hallen en interdicción. a. Los Disipadores o Pródigos Interdictos: “Aquel que ha demostrado una falta total de prudencia en la administración de sus bienes, desperdiciando y consumiendo su hacienda o caudal en gastos inútiles y vanas profusiones”. Deben concurrir dos elementos: i. Los gastos en que ha incurrido el supuesto disipador deben de ser considerados excesivos atendido las particularidades de su patrimonio. ii. Debe tratarse de gastos que solo tengan por causa el apego a una vida desordenada, irracional y caprichosa. Para que proceda la interdicción por causa de disipación debe tratarse de actos y hechos repetidos y habituales (Art. 445 CC). Además, a diferencia del demente, para que el disipador o prodigo pueda ser considerado incapaz, es condición esencial que se haya

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe dictado el decreto de interdicción por tal motivo. El juicio de interdicción se rige por similares normas que el de la interdicción por demencia. Los efectos de la interdicción en este caso son: (i) provoca la incapacidad relativa del disipador, (ii) priva al prodigo de la administración de sus bienes y le nombra un curador, y (iii) trae como consecuencia que todos los actos o contratos del disipador posteriores al decreto de interdicción adolezcan de nulidad relativa. La incapacidad del prodigo se refiere solo a actos patrimoniales, no a actos de familia. La rehabilitación del prodigo procede cuando se comprobare que puede ejercer la administración de lo suyo sin inconvenientes (Art. 454 CC) y requiere declaración judicial. Las personas que pueden pedir la rehabilitación son los mismos que pueden pedir la interdicción. b. Los Menores Adultos: “Aquellos que han dejado de ser impúberes y que no han cumplido todavía 18 años de edad”. Son incapaces relativos y esta incapacidad se extiende a actos judiciales y extrajudiciales. Respecto a los efectos de sus actos hay que distinguir: i. Actos patrimoniales: Dichos actos no son nulos ni absoluta ni relativamente, pero se establece una limitación de la responsabilidad individual del hijo, puesto que esos actos lo obligan solo en su peculio profesional, siendo inoponibles en aquello que lo exceda (Art. 260 CC). ii. Actos de familia: No hay una regla definida. Puede contraer matrimonio válidamente y puede otorgar testamento. En lo tocante a la repudiación del reconocimiento de su filiación se exige mayoría de edad. 3) Las Incapacidades Especiales o Prohibiciones Legales: El Art. 1447, inc. final CC dispone que: “Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. Si bien es cierto que la ley emplea la expresión “prohibición”, el empleo de dicho término no circunscribe las incapacidades particulares a los casos de prohibición absoluta de celebrar un acto sino también a los casos en que el acto se puede celebrar cumpliendo con determinados requisitos. Por lo anterior, a la sanción del acto celebrado en situación de incapacidad particular será diversa, según se trate de un acto prohibido absolutamente o de un acto que puede realizarse cumpliendo con determinados requisitos: a. Actos Prohibidos Absolutamente: Como es el caso de la compraventa entre cónyuges. La sanción del acto ejecutado será la nulidad absoluta en virtud de haber objeto ilícito al tenor del Art. 1466 CC. Se entiende que estas son incapacidades de goce por cuanto en tal caso, la prohibición impide adquirir el derecho de que se trata. b. Actos que pueden realizarse cumpliendo con determinados requisitos: La sanción del acto realizado sin cumplir con dichos requisitos será la nulidad relativa porque se omitió un requisito exigido por la ley en atención al estado o calidad de la persona que lo celebra (Art. 1682 CC). En tal caso no existe una norma prohibitiva, sino una regla imperativa de requisito.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La incapacidad deberá entenderse de ejercicio. c. Casos excepcionales en que la ley señala una sanción diversa para el acto realizado por el incapaz particular: Como el Art. 114 CC que habla del desheredamiento del hijo menor de 18 que contrae matrimonio sin autorización del ascendiente que lo tiene a su cargo. Las convenciones sobre capacidad adolecen de objeto ilícito, porque implicaría la disposición de normas de orden público. III.

LA NACIONALIDAD.

1. Definición: “Vínculo jurídico que una a una persona con el Estado y que origina derechos y obligaciones reciprocas”. 2. Igualdad de los Chilenos y Extranjeros ante el Derecho Civil: El Art. 55 CC señala que las personas se dividen en chilenos y extranjeros. El Art. 56 CC dispone que “Son chilenos los que la Constitución del Estado declara tales. Los demás son extranjeros”. El Art. 57 CC consagra el principio de igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles al indicar que: “La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código”. Sin embargo, existen algunas excepciones a la regla de la igualdad, fundadas más bien en el domicilio que en la nacionalidad, vale decir, que afectan al extranjero transeúnte. Tales excepciones son: 1) Dentro del mar territorial solo pueden realizar faenas de pesca los chilenos y extranjeros domiciliados. 2) Los que carecen de domicilio en Chile, no pueden desempeñarse como albaceas. 3) No pueden ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile los extranjeros no domiciliados en el país. 4) El caso de extraterritorialidad del Art. 15 N°2 CC solo se refiere al cónyuge y parientes chilenos. 5) El caso de extraterritorialidad por sucesión abintestato del Art. 998 CC solo se refiere a los chilenos. 6) Prohibición de adquirir el dominio de bienes raíces ubicados en ciertas provincias o regiones limítrofes, para aquellos extranjeros en cuyos países rija prohibición análoga para los chilenos. 7) Las personas naturales o jurídicas extranjeras no pueden celebrar contratos de arrendamiento sobre predios rústicos, cuando estos se ubican en zonas fronterizas. 8) No pueden ser testigos, para los efectos de una inscripción en los libros del Registro Civil, los extranjeros que no tienen domicilio en Chile. 3. Adquisición y Pérdida de la Nacionalidad: 3.1. Quiénes son chilenos (Art. 10 CPR): Son chilenos: 1) Los nacidos en el territorio nacional. 592

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero, hallándose cualquiera de estos en actual servicio de la República. 3) Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, por el solo hecho de avecindarse por mas de 1 año en Chile. 4) Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización. 5) Los que obtuvieron la nacionalidad por gracia. La nacionalidad puede ser adquirida (por el ius solis o el ius sanguinis) o derivada. 3.2. Pérdida de la Nacionalidad chilena: El Art. 11 CPR dice que se pierde la nacionalidad: 1) Por nacionalización en país extranjero. 2) Por prestar servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o a sus aliados. 3) Por sentencia judicial. 4) Por cancelación de la carta de nacionalización. 5) Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Los que pierdan la nacionalidad chilena, solo podrán ser rehabilitados por ley. El Art. 12 CPR establece un recurso ante la Corte Suprema, que debe interponerse en el plazo de 30 días cuando se desconozca la nacionalidad chilena. La Corte suprema conoce el recurso como jurado y en pleno. 4. Nacionalidad y Ciudadanía: No debe confundirse la nacionalidad y la ciudadanía. Esta última, consagrada en los Arts. 13 y 14 CPR se refiere al derecho a elegir y a ser elegido. IV.

EL NOMBRE.

1. Concepto: “Designación que sirve para individualizar y distinguir legalmente a las personas, gráfica y verbalmente, tanto en la sociedad como en su familia de origen”. El nombre de las personas está constituido por dos elementos: 1) El Pronombre, Nombre Propio o de pila: Que individualiza a una persona dentro del grupo familiar. Este es determinado por la persona que requiere la inscripción del nacido en el Registro Civil, que lo general es el padre o la madre de este. 2) El o los Apellidos, o Nombre Patronímico o de Familia: Que señala a los que pertenecen a un grupo familiar determinado. Ha de ser el del padre seguido del de la madre. Pueden darse a una persona todos los nombres propios que se quiera, y su elección, en Chile, es enteramente libre; no hay necesidad de atribuirle un nombre de santo o nombre ya en uso; es posible designar a la criatura con un nombre inventado o con cualquier otro. Sin embargo, esta libertad tiene límites. No puede imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equivoco respeto del sexo o contrario al buen lenguaje. Si el Oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo señalado, se opone a la inscripción de un nombre y el que lo solicita insiste en ello, el Oficial debe enviar de inmediato los antecedentes al juez de letras, quien resuelve en el menor plazo

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe posible, sin forma de juicio, pero con audiencia de las partes, si el nombre propuesto está comprendido o no en la prohibición. 2. Características del Nombre Civil: 1) No es comerciable. 2) No es susceptible de una cesión entre vivos ni transmisible por causa de muerte. 3) Es inembargable. 4) Es imprescriptible. 5) Es irrenunciable. 6) Es, por regla general, permanente. 7) Es uno e indivisible: Por ello las sentencias en materia de nombre producen efectos absolutos y no relativos. 3. Cambio de Nombre: El nombre no tiene un carácter inmutable. Definitivo en principio, puede modificarse sin embargo en el curso de la existencia de una persona. El cambio puede producirse por vía principal o consecuencial. 3.1. Cambio por Vía Principal o Directa: El cambio por vía principal o directa está constituido por el procedimiento que tiende única y exclusivamente a obtener la mutación del nombre. Según la Ley N°17.344 cualquiera persona puede solicitar, por una sola vez, que se le autorice para cambiar sus nombres o apellidos o ambos a la vez, en los siguientes casos: 1) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente. 2) Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos o ambos, diferentes a los propios; y 3) En los casos de filiación no patrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiere sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que hubieran impuesto al nacido, cuando fueren iguales. Junto a estos casos, existen otras situaciones que también habilitan para introducir cambios en el nombre civil: 1) Supresión de nombres propios cuando se cuente con más de uno: En los casos en que una persona haya sido conocida durante más de 5 años, con uno o más de los nombres propios que figuran en su partida de nacimiento, el titular podrá solicitar que se suprima en la inscripción de nacimiento, en la de su matrimonio y en las de nacimiento de sus descendientes menores de edad, en su caso, el o los nombres que no hubiere usado. 2) Traducción o cambio de nombres o apellidos que no sean de origen español: El interesado puede solicitar autorización para traducirlos al idioma castellano y cambiarlos si la pronunciación o escrituración de los mismos es manifiestamente difícil en un medio de habla castellana. 3) Peticiones entabladas por los menores de edad: Si carecen de representante legal o si teniéndolo este estuviere impedido por cualquier causa o se negare a autorizar al menor el cambio o supresión

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de los nombres o apellidos, el juez resolverá, con audiencia del menor (oyéndolo), a petición de cualquier consanguíneo de este o del Defensor de Menores y aun de oficio. 3.2. Procedimiento: Será juez competente el del domicilio del peticionario. La solicitud deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial de los días 1 o 15 de cada mes o del día siguiente hábil si dicho Diario no apareciere en las fechas indicadas. El extracto contendrá necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los nombres y apellidos que este pretenda usar en reemplazo de los propios. Dentro del término de 30 días, contados desde la fecha de la publicación, cualquier interesado podrá oponerse a la solicitud, acompañando los antecedentes para ello. El juez procederá sin forma de juicio, apreciando la prueba en conciencia. Si no hubiere oposición, el tribunal procederá con conocimiento de causa, previa información sumaria de testigos. En todo caso, siempre deberá oírse a la Dirección General del Registro Civil e Identificación. No se autorizará el cambio de nombre o de apellido si apareciere que el solicitante se encuentra actualmente procesado o ha sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que en este ultimo caso hubieren transcurrido más de 10 años contados desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena. La sentencia que autorice el cambio de nombres o de apellidos, o de ambos a la vez, o la supresión de nombres propios, ordenará extender la nueva inscripción. Una vez modificada la partida de nacimiento, el beneficiado solo podrá usar, en todas sus actuaciones, su nuevo nombre propio o apellido. El uso malicioso de los primitivos nombres o apellidos y la utilización fraudulenta del nuevo nombre o apellido para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo. El cambio de apellido no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante y no alterará la filiación; pero alcanzará a sus descendientes sujetos a patria potestad, y también a los demás descendientes que consientan en ello. Si el solicitante es casado o tiene descendientes menores de edad, deberá pedir también, en el mismo acto en que solicite el cambio de su apellido, la modificación pertinente de su partida de matrimonio y de las partidas de nacimiento de sus hijos. 3.3. Cambio por Vía Consecuencial o Indirecta: Es el que se produce como consecuencia del cambio de una determinada situación jurídica, como la filiación. 4. Nombre y Derecho al Nombre: El nombre no es lo mismo que el derecho al nombre, pues este ultimo es un derecho de la personalidad que intenta proteger el interés de la persona individual en una característica que hace posible distinguir sus relaciones sociales de las de los demás. Doctrinariamente se sostiene que el derecho al nombre confiere a su titular la facultad de usar el nombre que le corresponde y vedar su uso indebido. En ese sentido, el Art. 1 Ley N°17.344 sostiene que: “Toda persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento”. De la misma manera, nuestra legislación autoriza al titular del nombre para vedar a los demás el uso indebido del mismo. El uso es legítimo, cuando el nombre se adquiere por medios lícitos, ya por vía principal (cambio de nombre), ya por vía consecuencial. Así lo comprueba el Art. 214 CP que establece que incurre en un delito aquel que usurpa el nombre de otro. 595

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5. El Sobrenombre: El sobrenombre o apodo carece de todo valor jurídico, no forma parte de la designación legal de la persona. Para identificar a ciertos delincuentes, más conocidos por sus sobrenombres en el mundo del hampa, puede tener importancia, sin embargo, y por ello, el Art. 321 del Código de Procedimiento Penal disponía que en la primera declaración se le preguntara al inculpado, entre otras cosas, su apodo, si lo tuviere. 6. El Seudónimo: “Nombre imaginario que voluntariamente adopta una persona para esconder o caracterizar su verdadera personalidad en una actividad determinada”. Aunque a diferencia del nombre el seudónimo no es impuesto sino voluntario, sirve también para un proceso de identificación de la persona. El Código Civil no reglamente ni se refiere al seudónimo, pero la Ley sobre Propiedad Intelectual se refiere a la obra seudónima, indicando que se presume que es autor de la obra la persona que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquella a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad. Además, consagra el derecho del autor a exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima. V.

EL ESTADO CIVIL.

1. Definición: El Art. 304 CC lo define como “la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles”. Esta definición es criticada por su vaguedad ya que podría ser también una definición de capacidad o de nacionalidad, no haciendo ninguna referencia a las características clásicas del estado civil. Claro Solar lo define como “la posición o calidad permanente del individuo en razón de la cual goza de ciertos derechos o se halla sometido a ciertas obligaciones”. Somarriva, en cambio, los define como “el lugar permanente de una persona dentro de la sociedad, que depende principalmente de sus relaciones de familia y que la habilitan para ejercitar ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles”. 2. Características: 1) Es un atributo de las personas naturales: Las personas jurídicas no tienen estado civil. 2) Es uno e indivisible: No se puede tener simultáneamente más de un estado civil derivado de una misma fuente. 3) Es incomerciable: La jurisprudencia reiteradamente ha dicho que el estado civil mismo es incomerciable, pero no lo son los derechos puramente pecuniarios que de él emanan. 4) Es irrenunciable: Es posible renunciar a ciertos efectos patrimoniales del estado civil. 5) No se puede transigir sobre él (Art. 2450 CC): Es posible transigir ciertos efectos patrimoniales del estado civil. 6) Es imprescriptible (Art. 2498 CC). 7) Los juicios sobre estado civil no pueden someterse a árbitros (Art. 230 COT). 8) Es permanente: No se pierde mientras no se adquiera otro que lo sustituya. 3. Efectos del Estado Civil: Son los derechos y obligaciones que de él derivan. Estos efectos son de orden público, los señala la ley, sin que juegue en esta materia el principio de la autonomía de la voluntad. Así,

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe por ejemplo, del estado civil de casado derivan una serie de derechos y obligaciones entre los cónyuges; lo mismo del estado civil de padre. 4. Fuentes del Estado Civil: Son: 1) La ley: Por ejemplo, el estado civil de hijo lo tiene aquel cuya filiación se haya determinado conforme a las reglas previstas por el Título VII del Libro I del Código Civil (Art. 33 CC). 2) La voluntad de las partes: Así ocurre con el estado civil de casados. 3) La ocurrencia de un hecho: Por ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges hace adquirir al otro el estado civil de viudo. 4) La sentencia judicial: Como ocurre, por ejemplo, con la sentencia que declara a una persona hija de otra. 5. Sentencias en materia de Estado Civil: La regla general es que las sentencias judiciales solo produzcan efectos entre las partes que han litigado (Art. 3, inc. 2 CC). Esta regla sufre una importante excepción en el caso de sentencias que declaren verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo, pues el Art. 315 CC tiene efectos erga omnes. Esta excepción tiene el alcance que la misma norma señala: rige exclusivamente para los juicios de reclamación e impugnación de paternidad o maternidad. Los requisitos que deben cumplirse para que los fallos produzcan estos efectos absolutos son (Art. 316 CC): 1) Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada. 2) Que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor. 3) Que no haya habido colusión en el juicio. 6. Prueba del Estado Civil: Existen: 1) Medios de Prueba Principales: Las Partidas del Registro Civil: El Art. 305, inc. 1 CC señala que: "El estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado, o viudo, y de padre, madre o hijo, se acreditará frente a terceros y se probará por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte, y de nacimiento o bautismo”. El Código hace uso de las voces “acreditará” y “probará”, con lo que quiere significar que las partidas cumplen una doble función: a. Servir de prueba de la filiación en juicio. b. Servir de medio de acreditar una filiación determinada ante cualquier requerimiento del quehacer jurídico. El Art. 305, inc. 2 CC señala que: “El estado civil de padre, madre o hijo se acreditará o probará también por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina la filiación”. En ese sentido, el inc. 1 regula la prueba de la filiación matrimonial y el inc. 2 la de la filiación no matrimonial. Por último, el Art. 305, inc. final CC sostiene que: “La edad y la muerte podrán acreditarse o probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautismo, y de muerte”. En cuanto a la prueba de la edad de una persona, a falta de partida de nacimiento, la establece el tribunal oyendo el 597

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe dictamen de facultativos o de otras personas idóneas, debiendo atribuir una edad media entre la mayor y la menor que pareciere compatibles con el desarrollo y aspecto físico del individuo (Art. 314 CC). Las partidas pueden ser impugnadas, como cualquier instrumento público, por: a. Falta de autenticidad: De acuerdo al Art. 306 CC, las partidas se presumen auténticas, cuando están en la forma debida. Ello significa, a contrario sensu, que pueden impugnarse si no son auténticas, si se han falsificado. b. Nulidad. c. Falsedad en las declaraciones (Art. 308 CC). d. Falta de identidad (Art. 307 CC): Esto se refiere al caso en que la persona a la que el documento se refiere no es la misma a quien se pretende aplicar. 2) Medios de Prueba Supletorios: Hay que distinguir: a. Prueba Supletoria del Matrimonio: El Art. 309, inc. 1 CC dice que la falta de la partida de matrimonio puede suplirse por: (i) otros documentos auténticos, (ii) por declaraciones de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio y (iii) en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión del estado civil. i. Prueba del Estado Civil de Casado por la Notoria Posesión: El Art. 310 CC dice que consiste “principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales (nombre y trato); y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general (fama)” En ese sentido, se compone de tres elementos: el nombre, el trato y la fama. 1. Requisitos de la Posesión Notoria para que sirva como prueba de estado civil de casado: De los Arts. 310 a 313 CC se desprende que son: a. La posesión tiene que ser pública, no clandestina (Art. 310 CC). b. Debe ser continua (Art. 312 CC). c. Debe haber durado 10 años continuos a lo menos (Art. 312 CC). d. Debe haberse probado en la forma indicada en el Art. 313 CC. 2. Prueba de la Posesión Notoria: El Art. 313 CC establece que: “La posesión notoria del estado de matrimonio se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que lo establezcan de un modo irrefragable; particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse”. b. Prueba Supletoria de la Filiación: El Art. 309, inc. 2 CC señala que: “La filiación, a falta de partida o subinscripción, sólo podrá acreditarse o probarse por los instrumentos 598

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe auténticos mediante los cuales se haya determinado legalmente. A falta de éstos, el estado de padre, madre o hijo deberá probarse en el correspondiente juicio de filiación en la forma y con los medios previstos en el Título VIII”. VI.

EL DOMICILIO.

1. Concepto: Así como la nacionalidad determina el Estado al que un individuo pertenece y el estado civil la familia a la cual una persona se encuentra ligada, el domicilio precisa el lugar en que el individuo se considera siempre presente, aunque momentáneamente no lo esté, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. El Art. 59, inc. 1 CC lo define como “la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”. Por ende, el domicilio está compuesto de dos elementos: uno objetivo, la residencia, y otro subjetivo, el ánimo de permanecer en ella. 2. Niveles de Vinculación Jurídica de una Persona con un Lugar: La doctrina distingue tres niveles, respecto a la permanencia de una persona en un lugar: 1) La Habitación o Morada: “Lugar en que accidentalmente está una persona, en el cual pernocta o tiene alojamiento”. Es la relación más tenue o débil entre una persona y un lugar determinado. Prácticamente no tiene trascendencia para el derecho, salvo en cuanto las leyes obligan a todos los habitantes de la República, sean nacionales o extranjeros, domiciliados o transeúntes (Art. 14 CC). 2) La Residencia: “Lugar o sede estable de una persona, aunque no sea perpetua ni continua”. No es transitoria u ocasional como la morada o habitación. Tiene importantes efectos jurídicos: a. Hace las veces de domicilio civil, respecto de las personas que no lo tuvieren en otra parte (Art. 68 CC). b. La residencia y el domicilio es la misma para los obispos, curas y otros eclesiásticos (Art. 66 CC). 3) El Domicilio: Es un concepto jurídico y no de hecho como los dos anteriores. Es una abstracción legal que considera a una persona presente en el lugar en que tiene el asiento principal de sus negocios o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, aunque en el hecho así no ocurra permanentemente (Art. 62 CC). Por ser lo más corriente que residencia y domicilio coincidan, el Art. 62 CC dispone: “El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad”. 3. Presunciones de Domicilio: Dos son los elementos del domicilio: uno material, físico: la residencia; el otro, subjetivo, psicológico, mental: el ánimo de permanecer en la residencia. El primer elemento del domicilio, la residencia, por ser de orden físico o material, es fácil de ser conocido. En cambio, el segundo elemento, el ánimo, puede ser de dos clases: 1) Ánimo Real: Es el que tiene una existencia cierta y efectiva, y lo hay cuando la persona tiene la intención verdadera y positiva de permanecer en el lugar constitutivo de su domicilio, sea que lo hubiere expresado o no de una manera inequívoca. 2) Ánimo Presunto: Es el que se establece por presunciones, deducidas de hechos o circunstancias señalados por la ley. Estas presunciones son simplemente legales y pueden ser de dos clases: 599

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Presunciones Negativas: Por ellas se concluye que no hay animo de permanecer en el lugar dado. Podemos encontrar dos presunciones negativas en el Código: i. Art. 63 CC: “No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere, consiguientemente, domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante”. ii. Art. 65 CC: “El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado, o desterrado de la misma manera fuera de la República, retendrá el domicilio anterior, mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios”. b. Presunciones Positivas: Por ellas se concluye que hay ánimo de permanecer en un lugar y, por ende, tener este como domicilio. Esta se encuentra en el Art. 64 CC que dice: “Se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas”. 4. Clases de Domicilio: 1) Domicilio Político y Civil (Art. 59, inc. 2 CC): a. Domicilio Político: Es relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene o adquiere es o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad de extranjero. Con relación al domicilio político, según lo tengan o no, las personas se dividen en domiciliadas y transeúntes (Art. 58 CC). Esta distinción tiene importancia para determinar los derechos y obligaciones que pueden afectar a unos y otros. b. Domicilio Civil: Que se llama también vecindad, es relativo a una parte determinada del territorio del Estado. Como la base de la división territorial de Chile es la comuna, con esta se relaciona la idea de domicilio civil. El lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad (Art. 62 CC). 2) Domicilio General y Especial: a. Domicilio General: Es el normal de una persona para todas sus relaciones jurídicas. b. Domicilio Especial: Se refiere solo a ciertas relaciones determinadas. Así el Art. 2350 CC establece un domicilio especial para la fianza. También, para los efectos procesales todo litigante deberá, en su primera gestión judicial, designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos en que funcione el tribunal respectivo (Art. 49 CPC). Pero generalmente el domicilio especial tiene carácter convencional.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Domicilio Legal, Convencional y Real: a. Domicilio Legal: Es impuesto por la ley a determinadas personas. Solo existen los domicilios legales manifiestamente establecidos por la ley y no cabe extenderlos por analogía a otras situaciones, siendo por ende de interpretación restrictiva. La determinación del domicilio legal de una persona es una cuestión de derecho, no de hecho. Dos clases: i. Domicilio legal derivado de una relación de dependencia: 1. Los menores: Hay que distinguir: a. Hijos de filiación determinada: i. Hijos de filiación matrimonial: Según el Art. 72 CC el que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno o materno. ii. Hijos de filiación no matrimonial: 1. Hijos de reconocimiento voluntario: Se le aplica el Art. 72 CC ya referido. 2. Hijos de reconocimiento forzado: Según el Art. 203 CC, en este caso el padre o madre queda privado de patria potestad, con lo cual no se le aplica el Art. 72 CC, sino que sigue el domicilio del tutor o curador que se le nombre (Art. 248 CC). b. Hijos de filiación indeterminada: Al igual que el hijo de reconocimiento forzado, sigue el domicilio del tutor o curador que se le nombre (Art. 248 CC). 2. Los interdictos: Las personas a quienes se priva legalmente de la administración de sus bienes, siguen el domicilio de sus curadores. 3. Los criados y dependientes: Según el Art. 73 CC tendrán el domicilio de sus empleadores o patrones, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a. Que trabajen habitualmente en la casa de su empleador o patrón, y no en forma intermitente. b. Que residan en la misma casa del empleador o patrón. c. Que no tengan un domicilio derivado de la patria potestad o de la guarda. ii. Domicilio legal derivado del cargo que se desempeña: Son dos casos: 1. Eclesiásticos: El Art. 66 CC señala que “Los obispos, curas y otros eclesiásticos obligados a una residencia determinada, tienen su domicilio en ella”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Jueces: El Art. 311 COT señala que los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios. Sin embargo, las Cortes de Apelaciones podrán, en casos calificados, autorizar transitoriamente a los jueces de su jurisdicción para que residan en un lugar distinto del asiento del tribunal. Cabe señalar que este no es propiamente un caso de domicilio legal, porque la ley solo impone la residencia. b. Domicilio Convencional (Art. 69 CC): “Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato”. El domicilio convencional es limitado tanto en la materia como en el tiempo: i. En la materia: Porque solo se aplica a los efectos a que diere lugar el contrato. ii. En el tiempo: Porque solo durará mientras tenga efecto el contrato. c. Domicilio Real: Llamado también de hecho o voluntario, es la norma general y el que resulta de la definición del Art. 59 CC. 5. Pluralidad de Domicilios: Nuestro ordenamiento, en contra de la teoría según la cual una persona no puede tener sino un domicilio, se pronuncia por la pluralidad del mismo. Así, el Art. 67 CC señala que: “Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo”. Corrobora lo anterior el Art. 140 COT que dice que: “Si el demandado tuviere su domicilio en dos o más lugares, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellos”. 6. Importancia del Domicilio: El domicilio tiene una gran importante en el derecho: 1) La sucesión de los bienes de una persona se abre en su último domicilio (Art. 955, inc. 1 CC). 2) El juez competente para declarar la presunción de muerte es el del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile (Art. 81 CC). 3) Si no hay lugar establecido convencionalmente las obligaciones de género deben pagarse en el domicilio del deudor (Arts. 1587 a 1589 CC). 4) En general, es juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio del demandado o interesado, respectivamente (Art. 134 COT). 5) En materia de juicios, es necesario consignar el domicilio en los escritos de demanda y contestación a esta; en la lista de testigos que presenten las partes, debe indicarse el domicilio de ellas. VII.

EL PATRIMONIO.

1. Concepto:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Josserand: “Conjunto de valores pecuniarios, positivos o negativos, pertenecientes a una misma persona, figurando unos en el activo y otros en el pasivo”. 2) Planiol: “Conjunto de derechos y obligaciones de una persona, apreciables en dinero”. 3) Términos Contemporáneos: “Aptitud para llegar a ser el centro de relaciones jurídicas pecuniarias”. En el patrimonio solo entran los derechos que pueden apreciarse económicamente. El patrimonio es algo distinto de los bienes que lo integran o componen en un momento dado de su existencia. Abarca no solo los bienes presentes de su titular, sino también los futuros, es decir, los que adquiera después. Así lo revela nítidamente la norma según la cual el acreedor puede perseguir la ejecución de su derecho sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los que la ley declara inembargables (Art. 2465 CC). De esta manera el patrimonio es un continente, una bolsa que puede estar vacía, o incluso tener un contenido negativo, como sucede cuando existen más deudas que bienes. Lo que interesa es el continente, no el contenido. 2. Utilidad del Concepto de Patrimonio: El patrimonio permite comprender varios mecanismo y figuras jurídicas, entre ellos, principalmente: 1) La sucesión hereditaria: El patrimonio permite comprender cabalmente cómo a la muerte de una persona todo el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles pasa unitariamente a los herederos en el estado en que se encuentre. 2) La garantía general de los acreedores. 3. Teorías sobre el Patrimonio: 1) Doctrina Clásica o Subjetiva: Según esta doctrina el patrimonio tiene las siguientes características: a. Responde a una noción esencialmente pecuniaria: Comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, apreciables en dinero. Los bienes y derechos configuran su activo y las obligaciones o deudas, su pasivo. El patrimonio solo se justifica para adscribir ciertos bienes al pago de ciertas obligaciones. Según esta doctrina quedan fuera del patrimonio los derechos extrapatrimoniales, lo que no obsta a que estos derechos puedan devenir en patrimoniales, en caso de ser infringidos por un tercero en perjuicio del titular, originando eventualmente acción de indemnización de perjuicios. b. Es una universalidad jurídica: El patrimonio constituye un todo, de naturaleza jurídica independiente de los elementos que lo componen. c. El patrimonio es un atributo de la personalidad: No se concibe una persona sin patrimonio. Esto tiene las siguientes consecuencias: i. Solo las personas pueden tener patrimonio. ii. Toda persona tiene necesariamente patrimonio. iii. Toda persona no tiene sino un patrimonio: El patrimonio es indivisible. iv. El patrimonio es inseparable de la persona: Mientras viva, no podrá enajenarlo como un todo, pues la enajenación del patrimonio implicaría la enajenación de una parte de la personalidad. Esto es recogido por el Art. 1811 CC. 603

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esta noción ha sido objeto de las siguientes críticas: a. Aparece como demasiado estrecha y como un obstáculo muy serio para el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas. b. La existencia de masas de bienes, dotadas de vida propia, independientes del patrimonio general o personal, denominados patrimonios separados o especiales, no pueden ser explicadas por la teoría clásica. c. Con frecuencia es deseable que un comerciante pueda afectar a su empresa solo una determinada masa de bienes, a fin de preservar, para la seguridad de su familia, una parte de su capital contra los riesgos de la quiebra. 2) Doctrina Moderna, Objetiva o Materialista: Esta doctrina desvincula a la personalidad del patrimonio, considerando al patrimonio como una entidad independiente de la persona, formado por un conjunto de bienes que presentan un valor económico y que están afectados a un destino o finalidad común. Se critica de esta doctrina que todo bien, derecho u obligación, debe tener un titular, y ese titular no puede ser otro que la persona. Conforme a la doctrina objetiva, el patrimonio tiene las siguientes características: a. Se concibe el patrimonio desvinculado de una persona, como un patrimonio de afectación, sin un titular. b. Una persona puede tener varios patrimonios, según afecte bienes diversos al cumplimiento de finalidades distintas: Se trata de los llamados “patrimonios fraccionados”, es decir, aquellos que tienen como destino un fin especial, en contraposición al patrimonio general del hombre que se encuentra al servicio de los fines más genéricos de su titular. En los patrimonios fraccionados opera una limitación de la responsabilidad. c. El patrimonio tiene una realidad material: Los bienes, derechos u obligaciones, tienen una realidad material o fáctica. Para la doctrina moderna, el patrimonio no es una abstracción, sino algo tangible, corpóreo. Los Patrimonios de Afectación constituyen una derivación o consecuencia de la doctrina moderna. Progresivamente, han tenido recepción en nuestra legislación, como en los Fondos de Inversión en el patrimonio fraccionado que se genera con la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

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RESUMEN DERECHO DE FAMILIA – CRISTIÁN BOETSCH GILLET COMPLEMENTADO Y COMENTADO CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE FAMILIA I.

CONCEPTO DE FAMILIA.

1. La Familia en el Código Civil Chileno: El legislador no define el concepto de familia en el Código, sino que extiende o restringe su alcance según el efecto jurídico que se pretenda atribuir a ella: 1) Derechos Reales de Uso y Habitación (Art. 815 CC): Comprende al cónyuge y a los hijos, sea que estos existan o no al momento de la constitución, al número de sirvientes necesarios para la familia, las personas que a la misma fecha viven con el habitador a costa de estos y las personas a quienes estos deben alimentos. 2) Sucesión Intestada (Arts. 983 y 992 CC): Comprende los descendientes, ascendientes, al cónyuge, el adoptado y sus colaterales hasta el sexto grado inclusive. 3) Legítimas (Art. 1182 CC): Solo comprende al cónyuge, ascendientes y descendientes. 4) Derecho de Alimentos (Art. 321 CC): Comprende al cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos. 5) Declaración de Bien Familiar: Solo comprende al cónyuge. De lo que si podemos estar seguros es que el Código Civil solo consideró la familia legítima matrimonial y no la familia de hecho. Esto queda de manifiesto en los siguientes aspectos: 1) El Código reguló minuciosamente el matrimonio monógamo e indisoluble y no así la convivencia extramatrimonial. 2) El matrimonio es el único que genera efectos personales y patrimoniales entre los cónyuges. 3) El matrimonio es fuente del estado civil de casado y lo era del de hijo legítimo. 4) Genera derechos sucesorios plenos. 5) La ley tipificó y sancionó civilmente la infidelidad conyugal. 6) Los bienes familiares suponen matrimonio. 2. El Concepto de Familia: Sin embargo, las normas del Código Civil no permiten determinar un verdadero concepto de familia. Por ello, la doctrina define familia como “un conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún efecto jurídico”. Debe advertirse la familia no es una persona jurídica, ni tiene existencia propia como organismo. El Derecho Civil moderno se estructura sobre la base de la persona individual y no de la familia, por lo tanto, los derechos y obligaciones derivados de la relación familiar recaen sobre los miembros que la forman, particularmente sobre el jefe de familia, y no sobre ella como individualidad independiente. 3. La Familia en la Constitución Política de la República: Nuestra Constitución Política en su Art. 1, inc. 2 CC expresa que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, para agregar enseguida que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, 605

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe propender al fortalecimiento de esta”. Es decir, nuestra Constitución protege a la familia, sin embargo, de inmediato surge la duda sobre cuál es el alcance de esta protección: ¿el Estado protege solo a la familia matrimonial o también a la familia no matrimonial? Dándose dos posturas: 1) Familia en sentido amplio no matrimonial (Gonzalo Figueroa): Se basa en que: a. La CPR hace uso del concepto de familia amplio, a diferencia de otras constituciones que se refieren expresamente a la familia legítima. b. La CPR no distingue clases de familias: Donde el legislador no distingue no es lícito distinguir. c. No existe constancia en las Actas de la Comisión Constituyente de la intención de solo referirse a la Familia Matrimonial. d. Recepción del Art. 5 CPR de los Tratados Internacionales que se refieren a la Familia en sentido amplio. 2) Familia en sentido estricto matrimonial (Hernán Corral): Se basa en que: a. La CPR no tenía que precisar que era la Familia Matrimonial porque es obvio. b. El silencio de las Actas de la Comisión Constituyente solo se explica si acogió el modelo tradicional de familia. c. Cuando los Tratados Internacionales se refieren a la familia, no lo hacen como una realidad abierta y de carácter descriptivo, sino como una institución fundamental, fundada en la naturaleza humana e íntimamente vinculada al derecho a contraer matrimonio. d. No tendría sentido que el Art. 1 CPR dentro de las “Bases de la Institucionalidad” dejara la determinación del concepto de familia a la sociedad. Con la dictación de la Nueva Ley de Matrimonio Civil buena parte de la doctrina entiende que nuestra legislación vincula necesariamente a la familia con el matrimonio, en cuanto es “su base principal”, pero a la vez admitiría la posibilidad de la existencia de familias cuya “base principal” no sea el matrimonio. Ello en atención a lo dispuesto en el Art. 1, inc. 1 Ley de Matrimonio Civil que señala que: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio es la base principal de la familia”. II.

EL DERECHO DE FAMILIA.

1. Conceptos Generales: El derecho de familia puede ser entendido en dos sentidos: 1) Sentido Objetivo: “El conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia entre sí y respecto de terceros”. 2) Sentido Subjetivo: “Facultades o poderes que nacen de aquellas relaciones que dentro del grupo familiar mantiene cada uno de los miembros con los demás para el cumplimiento de los fines superiores de la entidad familiar”. El Derecho de Familia es una vinculación de Derecho Privado, porque ella se traba entre individuos particularmente. El Estado no es parte de la relación jurídica, no es sujeto de la relación familiar, pero es su guarda y tutor.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Características del Derecho de Familia: 1) Es de contenido eminentemente ético: Ello explica que en él se pueden encontrar preceptos sin sanción o con sanción atenuada, obligaciones incoercibles, porque el Derecho o es por sí mismo incapaz de provocar mediante la coerción la observancia de dichos preceptos, o cree más conveniente confiar su observancia al sentimiento ético, a la costumbre, o a otras fuerzas que actúan en el ambiente social. 2) Es disciplina de condiciones personales o estados: Por “estados” nos referimos, por ejemplo, al estado de cónyuge, que son inherentes a la persona y se imponen, como derechos absolutos, respecto de todos. De estos estados o posiciones personales surgen o pueden surgir relaciones económicas patrimoniales. Pero estos derechos económicos patrimoniales son consecuencia de dichos estados y por lo mismo inseparables de ellos. 3) Hay un claro predominio del interés social sobre el individual: El interés individual es sustituido por un interés superior, que es el de la familia. 4) Sus normas reguladoras son de orden público, y como tales, imperativas e inderogables. 5) En él existen derechos de potestad: Existen relaciones de superioridad y recíprocamente de dependencia, lo que explicaría institutos tan importantes como el de la patria potestad o de la autoridad paterna. Exceptuados estos derechos de potestad, los demás derechos familiares son recíprocos. 6) Los derechos de familia son, al mismo tiempo, un deber: Salvo excepciones, el derecho y la obligación van indisolublemente unidos en un solo titular. 7) Los derechos de familia son en sí y por regla general inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles: Por regla general, los derechos patrimoniales no admiten adquisición derivativa como la tradición o la sucesión por causa de muerte, sino que se radican originariamente en el titular y desaparecen con él. Tampoco se ganan o pierden por prescripción. Sin embargo, la ley establece casos en que el ejercicio del derecho de familia está limitado por el tiempo; pero, por regla general, tales casos son de caducidad y no de prescripción. Los derechos de familia caducan, no prescriben. 8) Sus actos no están sujetos a modalidades: En algunos casos la ley lo dice claramente, como ocurre con el Art. 102 CC al definir el matrimonio, en el Art. 189 CC al tratar del reconocimiento de un hijo, o en el pacto del Art. 1723 CC. 9) La mayoría de sus actos son solemnes: Así acontece con el matrimonio (Art. 102 CC), el reconocimiento de un hijo (Art. 187 CC), el pacto del Art. 1723 CC, las capitulaciones matrimoniales (Art. 1716 CC), etc. 10) El principio de la autonomía de la voluntad no juega o está muy restringida. 3. Principios que informaban el Derecho de Familia en el Código Civil Chileno: Las bases fundamentales del Derecho de Familia a la fecha de la dictación del Código Civil chileno eran las siguientes: 1) Matrimonio Religioso e Indisoluble: El Código Civil original mantuvo, en materia de matrimonio, lo que existía vigente a esa época, es decir, reconoció como único matrimonio válido el religioso, entregando a la Iglesia Católica todo lo relacionado con su celebración, solemnidades, impedimentos y jurisdicción para conocer de su nulidad. 607

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Respecto del matrimonio de los no católicos, estableció que debía celebrarse ante un sacerdote católico que actuaba, en este caso, como ministro de fe, y ante dos testigos. En estos matrimonios no se cumplía ninguno de los ritos o solemnidades del matrimonio católico. En ese sentido, Bello se apartó del modelo francés que había secularizado el matrimonio. Esto cambió definitivamente con la Ley de Matrimonio Civil de 1884, donde se produce la secularización del matrimonio. En cuanto al principio de la indisolubilidad matrimonial, se mantuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Matrimonio Civil de 2004. 2) Incapacidad de la Mujer Casada: En el Código Civil de Bello, la mujer casada era relativamente incapaz. Siempre se dio como razón que era necesaria esta incapacidad para mantener la unidad del régimen matrimonial chileno. La situación anterior se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley 18.802 de 1989, pero ya antes se le había concedido a la mujer su patrimonio reservado en 1925. 3) Administración Unitaria y Concentrada del Marido de la Sociedad Conyugal: En la actualidad se mantiene este principio, pero atenuado por varias leyes. Desde luego, podemos mencionar el patrimonio reservado de la mujer casada, y las obligaciones que se generaron al marido de solicitar la autorización de la mujer para gravar y enajenar los bienes raíces sociales o arrendarlos por más de 5 u 8 años, según se trate de bienes urbanos o rústicos. 4) Patria Potestad Exclusiva y de Poderes Absolutos del Padre de Familia: Bello, en materia de patria potestad se separó de la tendencia universal, limitándola únicamente a los bienes. En seguida, quita a la mujer toda injerencia en esta materia. En esta materia los cambios fueron paulatinos. Primero, en 1925 y 1934 se admitió la patria potestad de la madre a falta de padre legítimo. Y no será sino en 2013 cuando se equiparan totalmente las potestades entre padres y madres respecto de sus hijos. 5) Filiación Matrimonial fuertemente favorecida: El Código Civil original privilegió claramente la filiación matrimonial. Esto se demuestra porque los hijos legítimos excluían a los naturales en el primer orden de sucesión abintestato. Esto finalmente cambió en 1998 donde se termina finalmente con la diferencia entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales. 4. Los Nuevos Principios del Derecho de Familia46: Se plantean como nuevos principios del Derecho de Familia: 1) La Protección de la Familia: La importancia de la familia queda consagrada en la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Declaración Universal de los DD.HH. Además, se consagra en el Art. 1, inc. 2 CPR que señala que: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, agregando el inc. 5 que: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta”. La familia es la institución que mejor cumple con las funciones esenciales para el desarrollo de todo ser humano, a saber: la función biológica (sexual y reproductiva), educativa (socializa a los niños 46

Complementado con el texto “Los Nuevos Principios del Derecho de Familia” de Cristián Lepin Molina.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe en cuanto a conductas, hábitos y valores), económicas (alimentación, salud, habitación, vestuario y recreación) y la función protectora (seguridad y cuidado de sus integrantes). 2) La Protección del Matrimonio: El matrimonio alcanza consagración en los principales tratados sobre derechos humanos, como la Declaración Universal de DD.HH. En nuestro ordenamiento, el Art. 1 NLMC dispone que “el matrimonio es la base principal de la familia”. De hecho, se consagra una acción popular para salvaguardar el derecho a contraer matrimonio de cualquier acto arbitrario, ya sea de autoridad o de un particular (Art. 2, inc. 2 NLMC). 3) La Igualdad entre los Integrantes del Grupo Familiar: En virtud de este principio las discriminaciones establecidas en razón del sexo o del nacimiento son arbitrarias y deben quedar excluidas de nuestro ordenamiento jurídico, incluidas las relaciones familiares. Este principio incluye dos subprincipios: a. Principio de Igualdad entre los Cónyuges: Este principio se ha consagrado en nuestro derecho, pero aún quedan diferencias principalmente en la administración de la sociedad conyugal, donde la administración queda a cargo del marido. Pero en efectos de deberes entre los cónyuges se eliminó la potestad marital y se igualaron los deberes entre cónyuges. Además, se estableció la igualdad en relaciones paterno-filiales, entregándoles el cuidado personal y la patria potestad a ambos padres de consuno. b. Principio de Igualdad de los Hijos: Esto se consagró con la modificación que eliminó la diferencia entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales, estableciendo que todos son hijos en iguales términos. Esto en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños. 4) La Protección del más débil en las relaciones de familia: Con la tendencia igualitatoria de derechos, surge la necesidad de proteger a las personas que se encuentran en una situación de especial indefensión o desamparo, que haga imperiosa la intervención del Estado a través de sus órganos, especialmente, por la judicatura de familia. Este principio incluye dos subprincipios: a. Principio del Interés Superior del Niño: Este principio alcanza reconocimiento internacional con la Convención sobre los Derechos de los Niños. Este interés consiste, según el Art. 222 CC en “la mayor realización espiritual y material posible del niño”. Este es el principio rector que el juez de familia debe tener siempre en consideración principal según la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia. b. Principio de Protección del Cónyuge más débil: Esto se fortalece con la idea de proteger al cónyuge más débil, mediante la incorporación del derecho de compensación económica y de la “cláusula de dureza”, que permite al juez rechazar el divorcio en caso de incumplimiento por parte del cónyuge demandante de la obligación alimenticia respecto del otro cónyuge o los hijos. 5) La Autonomía de la Voluntad: Este principio ha tenido un avance sostenido en materias de familia, ya que hoy en día los cónyuges no están obligados a permanecer unidos para toda la vida, además se les permite a las partes regular sus relaciones mutuas y las concernientes a sus hijos. 6) El Principio de Intervención Mínima del Estado: El Estado va a intervenir, por intermedio de la justicia de familia, cada vez que resulte necesario hacerlo, es decir, en todos aquellos casos en que las partes no logran solucionar de mutuo acuerdo sus conflictos familiares, o en los casos que sea

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe necesario actuar para proteger a los más débiles, como en supuestos de violencia intrafamiliar o vulneración de los derechos de los niños, niñas o adolescentes. III.

EL PARENTESCO.

1. Concepto y Clasificación del Parentesco: El parentesco se define como “la relación de familia que existe entre dos personas”, y puede ser de dos clases: 1) Parentesco por Consanguinidad (Art. 28 CC): “Aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados”. Es también llamado natural, y se funda en la relación de sangre que existe entre dos personas, cuando uno desciende de la otra o ambas de un tronco o antepasado común. 2) Parentesco por Afinidad (Art. 31, inc. 1 CC): “El que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer”. Subsiste aun después de la muerte de uno de los cónyuges, pues el Art. 31 CC al referirse a este parentesco habla de una persona que “está o haya estado casada”. Este tipo de parentesco no confiere derechos y la ley lo considera para establecer un impedimento para contraer matrimonio y como inhabilidad en ciertos casos. 2. Línea y Grado de Parentesco: 1) Línea de Parentesco: “Serie de parientes que descienden unos de otros (línea recta) o de un tronco común (línea colateral, transversal u oblicua)”. Así, el abuelo y el padre están en línea recta. En cambio, los hermanos están en la línea colateral. 2) Grado de Parentesco: “Distancia que existe entre dos parientes”. Es importante porque mientras más cercano confiere mayores derechos. El parentesco en línea recta se cuenta por el número de generaciones: padre e hijo, primer grado; nieto y abuelo, segundo grado. En el parentesco colateral, para determinar el grado se sube hasta el tronco común y después se baja al pariente cuyo grado se desea conocer. Así, por ejemplo, los hermanos se encuentran en segundo grado en la línea colateral, porque en el primer grado se sube de uno de los hijos al padre y después se baja del padre al otro hijo. Respecto del parentesco por afinidad, el Art. 31, inc. 2 CC señala que: “La línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califican por la línea y grado de consanguinidad de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así, un varón está en primer grado de afinidad, en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en segundo grado de afinidad, en la línea transversal, con los hermanos de su mujer”. CAPÍTULO II: LOS ESPONSALES I.

CONCEPTOS GENERALES.

1. Concepto: El Art. 98 CC lo define como “la promesa de matrimonio mutuamente aceptada”. Aun cuando el Art. 101 CC se refiere al “contrato de esponsales”, los esponsales no constituyen un contrato propiamente tal, ya que el propio Art. 98 CC, luego de definirlo agrega que son un “hecho privado” y que “no producen obligación alguna ante la ley civil”. En consecuencia, no constituye un acto jurídico y ni siquiera sirve de fundamento a una obligación natural. II.

CARENCIA DE OBLIGATORIEDAD DE LOS ESPONSALES. 610

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Esta convención no es exigible: No puede obligarse al promitente a casarse, en cumplimiento de su promesa, ya que el propio Art. 98 CC, al declarar expresamente que los esponsales constituyen un hecho privado, impide que los esponsales puedan ser invocados, ya directa o indirectamente, para provocar la celebración del matrimonio (Art. 98, inc. 2 CC). 2. Tampoco es posible exigir indemnización de perjuicios alguna, en caso de incumplimiento: El Art. 98, inc. 2 CC señala que “No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios”. III.

EFECTOS JURÍDICOS SECUNDARIOS DE LOS ESPONSALES.

1. En cuanto a las Multas: El Art. 99 CC señala que: “Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se hubiere estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse lo prometido. Pero si se hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su devolución”. Algunos consideran esta instancia como una obligación natural, pues no confiere acción para exigir su cumplimiento, pero si da excepción para retener lo pagado. La opinión mayoritaria, sin embargo, considera que no estamos en presencia de una obligación natural, ya que si bien, es cierto que se produce el efecto de las obligaciones naturales, la retención de la multa pagada en razón del incumplimiento de los esponsales constituye más bien una sanción moral reconocida por el Derecho. Por otro lado, no hay raíz alguna de obligación civil y, en doctrina, se dice que hay una obligación natural donde hubo o pudo haber habido una obligación civil. 2. En cuanto a las donaciones por causa de matrimonio: El Art. 100 CC señala que: “Lo dicho no se opone a que se demande la restitución de las cosas donadas y entregadas bajo la condición de un matrimonio que no se ha efectuado”. Es decir, procede la restitución de las cosas donadas y entregadas bajo la condición de que se celebre el matrimonio, aun cuando uno de los futuros contrayentes mantenga su voluntad de casarse. 3. Delito de Seducción: Finalmente, el Art. 101 CC dispone que: “Tampoco se opone lo dicho a que se admita la prueba del contrato de esponsales como circunstancia agravante del crimen de seducción”. Respecto de este artículo, existen dos posiciones: 1) Que se encontraría derogado por no existir actualmente en nuestra legislación dicho delito. 2) Que se aplicaría hoy en día al delito de estupro del Art. 363 CP. CAPÍTULO III: EL MATRIMONIO I.

CONCEPTOS GENERALES.

1. Definición: El Art. 102 CC lo define como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”. 2. Elementos: 1) El matrimonio es un contrato: Se ha discutido la naturaleza jurídica del matrimonio, existiendo las siguientes posiciones: a. Es un contrato: Fue la dominante desde el s. XVII al XIX y ha sido sustentada por los canonistas aduciendo que el vínculo matrimonial derivaba del acuerdo de las voluntades de 611

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe los esposos. Se critica esta tesis porque las partes no pueden disciplinar la relación conyugal de modo contrario al que la ley establece. b. Es un acto del Estado: Cicus señala que es el Estado, quien, a través del oficial civil, une a las partes en matrimonio. La voluntad de las partes solo representa un presupuesto indispensable para que el Estado pueda unir a los contrayentes en matrimonio. c. Es una institución: Señalan que se dan en el matrimonio los elementos de toda institución: núcleo humano básico (los cónyuges) que pasa a tener un valor por sí mismo; está organizado dentro del orden jurídico; hay una idea directriz de bien común (vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente); es permanente, en cuanto dura lo que viven los cónyuges y sus efectos perduran en la descendencia legítima. El acto fundacional se expresa en la voluntad de los contrayentes de recibirse el uno al otro como marido y mujer. d. Tesis ecléctica: El matrimonio es un acto del Estado, pero la razón por la cual interviene el Estado para declarar casados a los contrayentes es que el matrimonio tiene un carácter institucional. 2) Es un contrato solemne: El matrimonio no se perfecciona por el solo consentimiento de los contrayentes, sino que es menester el cumplimiento de varias formalidades externas, entre ellas la presencia de un Oficial Civil y de dos testigos hábiles. 3) Vínculo entre un hombre y una mujer: De aquí se expresan dos caracteres: a. La diferencia de sexo de los contrayentes es un elemento de la esencia del matrimonio. b. Cada parte solo puede ser una persona, por lo tanto, se descarta la poligamia y la poliandria. 4) Unión actual e indisoluble y por toda la vida: La voz “actual” descarta la idea de cualquier modalidad suspensiva. Respecto a las expresiones “indisolublemente” y “por toda la vida”, si bien se mantienen en la definición, no corresponden a la realidad actual del matrimonio desde que se introdujo el divorcio vincular. Sin embargo, se mantuvo la definición porque se entendió que el divorcio sería una situación excepcional. 5) Finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente: Deberá tenerse presente que la finalidad no solo es procrear, porque si así fuera, no se admitirían los matrimonios de ancianos, de personas enfermas o el matrimonio en artículo de muerte. 6) Produce efectos personales y patrimoniales: El matrimonio produce efectos respecto de la persona misma de los contrayentes y también efectos patrimoniales, que se traducen en derechos y obligaciones pecuniarios. II.

REQUISITOS DEL MATRIMONIO.

1. Conceptos Generales: Podemos distinguir entre: (i) requisitos de existencia y (ii) requisitos de validez. 2. Requisitos de Existencia: 1) Diversidad de Sexo de los Contrayentes: Si se casan dos hombres o dos mujeres, es evidente que esa unión no es matrimonio. Cabe señalar que el Art. 12 Ley de Acuerdo de Unión Civil señala que: “Los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe en Chile como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley, y sus efectos serán los mismos del referido acuerdo”. 2) Consentimiento: Si los contrayentes no manifiestan su voluntad de contraer matrimonio, no se forma el consentimiento indispensable para que este nazca a la vida del derecho. Distinto es que haya expresión viciada del consentimiento, pues en este caso habrá matrimonio, pero estará expuesto a ser declarado nulo. Es importante indicar que el consentimiento puede manifestarse a través de mandatarios. En ese caso, el Art. 103 CC exige que el mandato debe ser: a. Especial. b. Solemne: Debe otorgarse por escritura pública. c. Determinado: Puesto que debe indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario. No se necesita dar las razones. 3) Presencia del Oficial del Registro Civil: El matrimonio no puede celebrarse sino ante el oficial del Registro Civil. No hay funcionario que lo sustituya. 4) Tratándose de matrimonios celebrados ante una entidad religiosa de derecho público, la Inscripción del mismo sería un requisito de existencia: Pues, en conformidad al Art. 20 NLMC “si no se inscribiere en el plazo fijado, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno”. La falta de alguno de estos requisitos produce la inexistencia del matrimonio. Esto es importante porque si el matrimonio fuere nulo puede ser putativo, y producir los mismos efectos civiles que el válido (Art. 51 Ley 19.947). En cambio, no hay putatividad frente a un matrimonio inexistente. 3. Requisitos de Validez: Son: (i) consentimiento libre y espontáneo, (ii) capacidad de los contrayentes y ausencia de impedimentos dirimentes y (iii) cumplimiento de las formalidades legales. 1) Consentimiento Libre y Espontáneo Exento de Vicios: De acuerdo al Art. 8 NLMC, los vicios de que puede adolecer el consentimiento en materia matrimonial son el error y la fuerza. No se comprende el dolo porque significaba poner en peligro la estabilidad del vínculo matrimonial, ya que es normal que en las relaciones que preceden a las nupcias se adopten actitudes destinadas a impresionar que pudieran llegar a ser constitutivas de este vicio. a. El Error: El Art. 8 NLMC distingue dos clases de error: i. Error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente: La ley supone que existió una equivocación en cuanto a la persona física del contrayente. ii. Error acerca de alguna de sus cualidades personales que, atendida la naturaleza de los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento: Debe tenerse presente que para que vicie el consentimiento debe recaer, no en cualquiera cualidad personal, sino en una que, atendida la naturaleza o fines del matrimonio, sea estimada como determinante para otorgar el consentimiento, como el ocultamiento de una impotencia. b. La Fuerza: El Art. 8 N°3 NLMC señala que: “Falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos: 3º Si ha habido fuerza, en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa, que hubiere 613

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe sido determinante para contraer el vínculo”. La referencia a los Arts. 1456 y 1457 CC significa que para que la fuerza vicie el consentimiento debe ser: i. Grave: Debe ser capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición, considerándose que tiene este carácter el justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave (Art. 1456 CC). Además, el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no basta para viciar el consentimiento. ii. Injusta: Es injusta cuando constituye una coacción que implica actuar al margen de la ley o contra la ley, de modo que el ejercicio legítimo de un derecho jamás puede ser fuerza que vicie la voluntad. iii. Determinante: Debe haberse ejercido con el objeto de obtener el consentimiento. Ahora bien, no es necesario que sea empleada por el contrayente, pues el Art. 8 NLMC solo habla de “ocasionada por otra persona”. La novedad que introduce este artículo es que la fuerza puede ser ocasionada por una “circunstancia externa”. Esto tuvo por objeto permitir la disolución del matrimonio de una mujer que se casa embarazada y que lo hace por la presión social que mira con malos ojos que una mujer soltera sea madre. 2) Capacidad de los Contrayentes: En lo concerniente al matrimonio, las incapacidades se llaman impedimentos. La regla general, igual que en materia patrimonial, es que todas las personas sean capaces. No hay más impedimentos que los que la ley señala. Los impedimentos pueden ser de dos clases: a. Impedimentos Dirimentes: “Aquellos que obstan a la celebración del matrimonio, de tal suerte que, si no se respetan, la sanción es la nulidad del vínculo matrimonial”. Pueden ser de dos clases: i. Impedimentos Dirimentes Absolutos: Obstan al matrimonio con cualquier persona. El Art. 5 NLMC señala que son: “No podrán contraer matrimonio: 1. Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto: El incumplimiento de este impedimento no solo tiene una sanción civil (nulidad del matrimonio), sino también una penal, pues tipifica el delito de bigamia sancionado por el Art. 382 CP. Es importante que el primer matrimonio debe ser válido, puesto que, si es nulo, normalmente el impedimento no existe (salvo el caso del matrimonio putativo). Por ello el Art. 49 NLMC señala que: “Cuando, deducida la acción de nulidad fundada en la existencia de un matrimonio anterior, se adujere también la nulidad de este matrimonio, se resolverá en primer lugar la validez o nulidad del matrimonio precedente”. 2. Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil: Nuevamente, el acuerdo de unión civil vigente ha de ser válido. 3. Los menores de dieciséis años: Si se incumple este impedimento la sanción es la nulidad del matrimonio, la que solo pueden alegar cualquiera 614

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de los cónyuges o alguno de sus ascendientes, pero alcanzados los 16 años por parte de ambos cónyuges, la acción de nulidad se radica únicamente en él o los que hubieran contraído matrimonio sin tener esa edad (Art. 46 a NLMC). En este caso la acción prescribe en 1 año desde que el cónyuge inhábil alcance la mayoría de edad (Art. 48 a) NLMC). 4. Los que se hallaren privados del uso de razón; y los que, por un trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio: Esta hipótesis trata dos situaciones: a. La privación de razón: Un doble motivo justifica el impedimento: i. Uno jurídico: Imposibilidad de manifestar la voluntad. ii. Uno eugenésico: La inconveniencia de que las personas que padecen este tipo de males contraigan matrimonio para evitar una descendencia con taras. No tiene importancia la declaración de interdicción. b. La existencia de un trastorno o anomalía psíquica: Debe incapacitar para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio, y más todavía, de manera “absoluta”. Quedan aquí incluidos los trastornos de identidad sexual como el fetichismo y el travestismo. 5. Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio: Queda comprendido en este caso el de aquel que, sin padecer una enfermedad psiquiátrica, carece de la madurez necesaria para entender y asumir las obligaciones y deberes propios del matrimonio. 6. Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas. Es importante señalar que la nueva ley eliminó la impotencia perpetua e incurable como impedimento para contraer matrimonio, ya que se veía como un obstáculo para los matrimonios de las personas ancianas o minusválidas. ii. Impedimentos Dirimentes Relativos: Solo impiden el matrimonio con determinadas personas. Son: 1. El parentesco (Art. 6 NLMC): “No podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Los impedimentos para contraerlo derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan”. 2. Prohibición de casarse con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o 615

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe con quien hubiere sido condenado como autor cómplice o encubridor de ese delito (Art. 7 NLMC). b. Impedimentos Impedientes: “Aquellos cuyo incumplimiento no producen nulidad sino otro tipo de sanciones”. 3) Cumplimiento de las Formalidades Legales: a. Matrimonio Celebrado en Chile: i. Matrimonio celebrado ante un Oficial del Registro Civil: 1. Formalidades anteriores a la celebración del matrimonio: a. La Manifestación: “Acto en que los futuros contrayentes dan a conocer al Oficial del Registro Civil su intención de contraer matrimonio ante él”. Puede hacerse por escrito, oralmente o por medio de lenguaje de señas (Art. 9 NLMC). Si la manifestación no fuere escrita, el Oficial levantará acta completa de ella, la que será firmada por él y por los interesados, si supieren y pudieren hacerlo, y autorizada por dos testigos. La manifestación se hace ante cualquier oficial del Registro Civil y a ella deberá acompañarse una constancia fehaciente del consentimiento para el matrimonio dado por quien corresponda, si fuere necesario según la ley y no se prestare oralmente ante el oficial del Registro Civil (Art. 12 NLMC). En cuanto a su contenido, el Art. 9 NLMC señala que: “indicando sus nombres y apellidos; el lugar y la fecha de su nacimiento; su estado de solteros, viudos o divorciados y, en estos dos últimos casos, el nombre del cónyuge fallecido o de aquél con quien contrajo matrimonio anterior, y el lugar y la fecha de la muerte o sentencia de divorcio, respectivamente; su profesión u oficio; los nombres y apellidos de los padres, si fueren conocidos; los de las personas cuyo consentimiento fuere necesario, y el hecho de no tener incapacidad o prohibición legal para contraer matrimonio”. b. La Información sobre la Finalidad del Matrimonio (Art. 10 NLMC): “Al momento de comunicar los interesados su intención de celebrar el matrimonio, el Oficial del Registro Civil deberá proporcionarles información suficiente acerca de las finalidades del matrimonio, de los derechos y deberes recíprocos que produce y de los distintos regímenes patrimoniales del mismo. Asimismo, deberá prevenirlos respecto de la necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo. Deberá, además, comunicarles la existencia de cursos de preparación para el matrimonio, si no acreditaren que los han realizado. Los futuros contrayentes podrán eximirse de estos cursos de común acuerdo, declarando que conocen 616

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial. Este inciso no se aplicará en los casos de matrimonios en artículo de muerte. La infracción a los deberes indicados no acarreará la nulidad del matrimonio ni del régimen patrimonial, sin perjuicio de la sanción que corresponda al funcionario en conformidad a la ley”. c. Los Cursos de Preparación para el Matrimonio (Art. 11 NLMC): “Los cursos de preparación para el matrimonio, a que se refiere el artículo anterior, tendrán como objetivo promover la libertad y seriedad del consentimiento matrimonial que se debe brindar, particularmente en su relación con los derechos y deberes que importa el vínculo, con el fin de contribuir a que las personas que deseen formar una familia conozcan las responsabilidades que asumirán de la forma más conveniente para acometer con éxito las exigencias de la vida en común. Estos cursos podrán ser dictados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, por entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público, por instituciones de educación públicas o privadas con reconocimiento del Estado, o por personas jurídicas sin fines de lucro cuyos estatutos comprendan la realización de actividades de promoción y apoyo familiar. El contenido de los cursos que no dictare el Servicio de Registro Civil e Identificación será determinado libremente por cada institución, con tal que se ajusten a los principios y normas de la Constitución y de la ley. Para facilitar el reconocimiento de estos cursos, tales instituciones los inscribirán, previamente, en un Registro especial que llevará el Servicio de Registro Civil”. Debe recordarse que, conforme al Art. 10, inc. 3 NLMC, los contrayentes podrán eximirse de estos cursos de común acuerdo, declarando que conocen suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial. d. La Información de Testigos (Art. 14 NLMC): “Comprobación, mediante dos testigos, del hecho que los futuros contrayentes no tienen impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio”. 2. Formalidades coetáneas a la celebración del matrimonio: a. Oficial del Registro Civil (Art. 15 NLMC): “Inmediatamente después de rendida la información y dentro de los 90 días siguientes, deberá procederse a la celebración del matrimonio. Transcurrido dicho plazo sin que el matrimonio se haya efectuado, habrá que repetir las formalidades prescritas en los artículos precedentes”. 617

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La NLMC derogó el antiguo Art. 35 que exigía que el matrimonio se celebrara ante el oficial de la comuna en que cualquiera de los contrayentes tuviera su domicilio, señalando actualmente el Art. 17 NLMC que: “El matrimonio se celebrará ante el oficial del Registro Civil que intervino en la realización de las diligencias de manifestación e información”. Esto quiere decir que hoy en día las personas pueden casarse ante cualquier oficial del Registro Civil, con tal que sea el mismo ante el cual se hizo la manifestación e información de testigos. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que un oficial del Registro Civil celebrare un matrimonio fuera de su territorio jurisdiccional, estaríamos frente a un acto nulo de derecho público (Art. 7 CPR), que necesariamente acarrearía la nulidad civil de matrimonio. b. Lugar donde debe efectuarse el Matrimonio: De acuerdo al Art. 17 NLMC, el matrimonio podrá efectuarse en: i. El local de la oficina del Oficial del Registro Civil. ii. El lugar que señalaren los futuros contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro de su territorio jurisdiccional. c. Presencia de Testigos Hábiles: El Art. 17, inc. 2 NLMR establece que el matrimonio se debe celebrar ante dos testigos que pueden ser parientes o extraños. Los testigos deben ser hábiles y son inhábiles, según el Art. 16 NLMR: i. Los menores de 18 años. ii. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. iii. Los que se hallaren actualmente privados de razón. iv. Los que hubieren sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos. v. Los que no entendieren el idioma castellano o aquellos que estuvieren incapacitados para darse a entender claramente. El Art. 45 NLMC dice que “es nulo el matrimonio que no se celebre ante el número de testigos hábiles determinados en el artículo 17”. d. Acto de Celebración del Matrimonio (Art. 18 NLMC): “En el día de la celebración y delante de los contrayentes y testigos, el Oficial del Registro Civil dará lectura a la información mencionada en el artículo 14 (información de testigos) y reiterará 618

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe la prevención indicada en el artículo 10, inciso segundo (necesidad de que el consentimiento sea libre y espontaneo). A continuación, leerá los artículos 131, 133 y 134 del Código Civil (deberes conyugales). Preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse el uno al otro como marido o mujer y, con la respuesta afirmativa, los declarará casados en nombre de la ley”. Es el Oficial Civil, quien, representando al Estado y una vez verificado que se han cumplido todas las exigencias legales, declara casados a los contrayentes. Es esta razón por la que, si el matrimonio no se celebra o no se ratifica ante un Oficial Civil, el matrimonio no tiene existencia. 3. Formalidades posteriores a la celebración del matrimonio (Art. 19 NLMC): “El Oficial del Registro Civil levantará acta de todo lo obrado, la que será firmada por él, por los testigos y por los cónyuges, si supieren y pudieren hacerlo. Luego, procederá a hacer la inscripción en los libros del Registro Civil en la forma prescrita en el reglamento. Si se trata de matrimonio en artículo de muerte, se especificará en el acta el cónyuge afectado y el peligro que le amenazaba”. Hay dos cuestiones a las cuales referirse: a. En el acto del matrimonio se pueden reconocer hijos comunes no matrimoniales, y pactar separación de bienes o participación en los gananciales: El Art. 37 Ley 4.808 señala que “El Oficial del Registro Civil no procederá a la inscripción del matrimonio sin haber manifestado privadamente a los contrayentes que pueden reconocer los hijos comunes nacidos antes del matrimonio, para los efectos de los dispuesto en el artículo siguiente”. El Art. 38, inc. 2 Ley 4.808 permite expresamente esta posibilidad, señalando el inc. 3 que, si advertidos los contrayentes que pueden establecer estos regímenes matrimoniales, no lo hacen o nada dicen, se entenderán casados en régimen de sociedad conyugal. b. Vicios en el acta o en la inscripción del matrimonio: No producen la nulidad del matrimonio, desde que este quedó perfeccionado cuando el Oficial del Registro Civil los declaró casados en nombre de la ley. ii. Matrimonio celebrado ante entidades religiosas de Derecho Público: El Art. 20, inc. 1 NLMC señala que: “Los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley, en especial lo prescrito en este Capítulo, desde su inscripción ante un Oficial del Registro Civil”. 619

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Respecto a este debemos referirnos a: 1. Requisitos para que el matrimonio religioso produzca efectos civiles: a. Debe celebrarse ante una entidad religiosa que tenga personalidad jurídica de derecho público y debe autorizarlo un ministro de culto que estatuariamente tenga facultades para ello: Estas son: i. La Iglesia Católica. ii. La Iglesia Ortodoxa. iii. Todas las otras iglesias y confesiones. b. Debe levantarse acta que acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez, como el nombre y edad de los contrayentes y los testigos y la fecha de su celebración: Los testigos son dos y deben ser hábiles según el Art. 16 NLMC. c. El acta debe ser presentada por los contrayentes ante cualquier Oficial del Registro Civil dentro de 8 días, para su inscripción: El plazo corre desde la celebración del matrimonio religioso. Es necesario tener presente que: i. Quienes deben presentar el acta al Registro Civil son los propios contrayentes, en forma personal, no pueden hacerlo por mandatario. ii. El plazo es de 8 días corridos (Art. 50 CC): Es un plazo de caducidad, si no se inscribe dentro del plazo el matrimonio es inexistente. iii. El plazo es para presentar el acta ante el Oficial del Registro Civil y para que se inscriba el matrimonio (para las dos cosas). d. Los comparecientes deben ratificar, ante el Oficial del Registro Civil, el consentimiento prestante ante el ministro de culto de su confesión, de lo que se deberá dejar constancia en la inscripción respectiva que también deben suscribir ambos contrayentes. 2. Requisitos de la inscripción del matrimonio religioso en el Registro Civil: El Art. 40 ter Ley 4.808 señala que son esenciales: a. Debe contener el acta de la entidad religiosa. b. Debe señalar el documento que acredite la personería del respectivo ministro de culto.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Debe constar que se ratificó por los contrayentes el consentimiento ante el Oficial del Registro Civil. d. La firma de los requirentes de la inscripción y del Oficial del Registro Civil. 3. Negativa del Registro Civil de inscribir el matrimonio religioso: El Art. 20, inc. 4 NLMC establece que “solo podrá denegarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio no cumple con alguno de los requisitos exigidos por la ley. De la negativa se podrá reclamar ante la respectiva Corte de Apelaciones”. 4. Fecha del matrimonio religioso: Se pregunta la doctrina si la fecha del matrimonio será la de la ceremonia religiosa o la de la ratificación ante el Registro Civil. a. Ramos y Corral: Entienden que debe ser la fecha de celebración de la ceremonia religiosa, ya que el Código habla de “ratificar” y los efectos se retrotraen a la época de celebración. b. Historia de la Ley: Consta en la historia de la ley que este asunto fue discutido latamente en el Senado y el legislador entendió que la fecha de celebración del matrimonio es el de la inscripción ante el Registro Civil. b. Matrimonio celebrado en el Extranjero: El Art. 80 NLMC distingue entre: i. Requisitos de Forma: Se rigen por la ley del país en que el matrimonio se celebra (lex locus regit actum). ii. Requisitos de Fondo (capacidad y consentimiento): También se rigen por la ley del lugar de celebración del matrimonio, con tres excepciones: 1. Deben respetarse los impedimentos dirimentes contemplados en los Arts. 5, 6 y 7 NLMC. 2. Priva de valor en chile a los matrimonios en que no hubo consentimiento libre y espontaneo de los cónyuges (Art. 80, inc. 3 NLMC). 3. No reconoce como matrimonio a los matrimonios homosexuales: Estos se reconocen como Acuerdos de Unión Civil conforme al Art. 12 Ley de Acuerdo de Unión Civil. iii. Efectos del Matrimonio: Este produce en chile los mismos efectos que si se hubiere contraído en Chile, siempre que se trate de la unión de un hombre y una mujer. El Art. 82 NLMC se refiere a un efecto específico del matrimonio: el derecho de alimentos. Establece que el cónyuge domiciliado en Chile podrá exigir alimentos al otro cónyuge ante tribunales chilenos y conforme a la ley chilena. Asimismo, podrá reclamar alimentos el cónyuge extranjero al chileno. 621

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe III.

EXTINCIÓN DEL MATRIMONIO.

1. Conceptos Generales: El Art. 42 NLMC señala que el matrimonio se puede terminar por: 1) La muerte de uno de los cónyuges. 2) La muerte presunta de uno de los cónyuges, cumplidos que sean los plazos señalados en el Art. 43 NLMC. 3) La sentencia que declara la nulidad del matrimonio. 4) La sentencia que declara el divorcio. A. Sección Primera: “DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO POR MUERTE NATURAL” 1. Generalidades: De acuerdo a la propia definición de matrimonio del Art. 102 CC, los contrayentes se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con lo que queda claramente establecido que el fallecimiento de uno de los cónyuges pone término al matrimonio. Sin embargo, subsiste una única obligación: la obligación de dar sepultura al cadáver (Art. 140 Código Sanitario). B. Sección Segunda: “DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO POR MUERTE PRESUNTA” 1. Generalidades: De acuerdo al Art. 42 N°2 NLMC el matrimonio termina por muerte presunta cumpliéndose los siguientes plazos: 1) El matrimonio se disuelve cuando transcurren 10 años desde la fecha de las ultimas noticias, fijada en la sentencia que declara la presunción de muerte (Art. 43, inc. 1 NLMC). 2) El matrimonio también termina, si cumplidos 5 años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido 70 años desde el nacimiento del desaparecido (Art. 43, inc. 2 NLMC). 3) El matrimonio termina transcurridos 5 años dese la fecha de las últimas noticias si esto se debe que la persona ha recibido una herida grave en la guerra o le sobreviene otro peligro semejante (Art. 43, inc. 2 NLMC). 4) El matrimonio termina transcurrido 1 año desde el día presuntivo de la muerte si se trata de una persona que viajaba en una nave o aeronave perdida o si ha desaparecido en un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas (Art. 43, inc. 3 NLMC). C. Sección Tercera: “DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO POR NULIDAD” 1. Particularidades de la Nulidad Matrimonial: 1) No hay causales genéricas de nulidad matrimonial: La ley señala en forma precisa los vicios que acarrean la nulidad. Las causales son taxativas. 2) No cabe distinguir entre nulidad absoluta o relativa. 3) Respecto del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error celebró el matrimonio, declarada la nulidad, las partes no vuelven al estado anterior a la celebración del acto o contrato. 622

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) La nulidad puede ser alegada por quien celebró el matrimonio sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba: Esto debido a que, a juicio de Ramos, las razones que aconsejan la nulidad matrimonial son de tanta trascendencia para la sociedad, que debe admitirse que aun quien se casó sabiendo el vicio pueda alegar la nulidad. 5) A diferencia de la nulidad patrimonial, por regla general, la acción de nulidad de matrimonio no prescribe, pero debe alegarse en vida de los cónyuges (Arts. 47 y 38 NLMC). 2. Causales de Nulidad del Matrimonio (Art. 44 NLMC): Son taxativas y los vicios que las constituyen deben haber existido al tiempo del matrimonio: 1) Matrimonio celebrado existiendo algún impedimento dirimente (Art. 44, a) NLMC). 2) Falta de consentimiento libre y espontaneo de alguno de los contrayentes (Art. 44 b) NLMC). 3) Celebración del matrimonio ante testigos inhábiles o en menor número de los que la ley exige (Art. 45 NLMC). 3. Acción de Nulidad de Matrimonio: La nulidad de un matrimonio debe ser declarada judicialmente. No opera por el sólo ministerio de la ley. 3.1. Características de la Acción de Nulidad: 1) Es una acción de derecho de familia: Por ello está fuera del comercio; es irrenunciable; no es susceptible de transacción, no cabe a su respecto el llamado a conciliación; y no puede someterse a compromiso. 2) Por regla general su ejercicio solo corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges. 3) Por regla general, es imprescriptible (Art. 48 NLMC). 4) Por regla general, solo se puede hacer valer en vida de los cónyuges (Art. 47 NLMC). 3.2. Titulares de la Acción de Nulidad: La acción de nulidad de matrimonio corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges (Art. 46 NLMC). Esta regla tiene las siguientes excepciones: 1) Nulidad fundada en el matrimonio de una persona menor de 16 años: Podrá ser demandada por cualquiera de los cónyuges o por alguno de sus ascendientes, pero alcanzados los 16 años por parte de ambos contrayentes, la acción se radicará únicamente en el o los que lo contrajeron sin tener esa edad (Art. 46 a) NLMC). 2) Nulidad fundada en error o fuerza: Corresponde exclusivamente al cónyuge que ha sufrido el error o la fuerza (Art. 46 b) NLMC). 3) Matrimonio en artículo de muerte: La acción corresponde también a los demás herederos del cónyuge difunto (Art. 46 c) NLMC). 4) Nulidad fundada en vínculo matrimonial no disuelto: Corresponde también la acción de nulidad al cónyuge anterior o a sus herederos (Art. 46 d) NLMC). 5) Nulidad fundada en vinculo de parentesco y matrimonio de una persona con el que tuvo participación en el homicidio de su marido o mujer: Puede ser alegada por cualquier persona en el interés de la moral y de la ley (Art. 46 e) NLMC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3.3. La Acción de Nulidad es Imprescriptible: El Art. 48 NLMC establece que la acción de nulidad de matrimonio no prescribe por tiempo. Esto tiene las siguientes excepciones: 1) Nulidad fundada en la menor edad de uno de los cónyuges: Prescribe en el plazo de 1 año, contado desde la fecha que el cónyuge inhábil para contraer matrimonio hubiere adquirido la mayoría de edad (Art. 48 a) NLMC). 2) Nulidad fundada en error o fuerza: La acción prescribe en 3 años contados desde que hubiere desaparecido el hecho que origina el vicio de error o fuerza (Art. 48 b) NLMC). 3) Matrimonio en artículo de muerte: La acción prescribe en 1 año contado desde la fecha del fallecimiento del cónyuge enfermo (Art. 48 c) NLMC). 4) Nulidad fundada en vínculo matrimonial no disuelto: La acción prescribe en 1 año contado desde el fallecimiento de uno de los cónyuges (Art. 48 d) NLMC). 5) Nulidad fundada en la falta de testigos hábiles: La acción prescribe en 1 año contado desde la celebración del matrimonio (Art. 48 e) NLMC). 3.4. La Acción de Nulidad solo puede intentarse en la vida de los cónyuges: Según el Art. 47 NLMC “La acción de nulidad del matrimonio sólo podrá intentarse mientras vivan ambos cónyuges, salvo los casos mencionados en las letras c) y d) del artículo precedente”, esto es, en los casos del matrimonio en artículo de muerte o cuando el vicio sea vínculo matrimonial no disuelto. 3.5. La Sentencia que declara la Nulidad debe subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial: El Art. 50, inc. 2 NLMC así lo dispone. Solo se trata de un requisito de oponibilidad frente a terceros. Si un cónyuge anulado contrae nuevas nupcias antes de subinscribir la sentencia de nulidad, su segundo matrimonio es válido. 3.6. Efectos de la Declaración de Nulidad del Matrimonio: Declarada la nulidad de un matrimonio, los cónyuges quedan en la misma situación que tenían al momento de casarse. Ello significa que: 1) Si con posterioridad a la celebración del matrimonio que se anuló, uno de ellos contrajo un nuevo matrimonio, tal matrimonio es válido, pues no existe el impedimento de vínculo matrimonial no disuelto. 2) No se ha producido parentesco por afinidad entre cada cónyuge y los consanguíneos del otro. 3) No ha habido derechos hereditarios entre los cónyuges. 4) Las capitulaciones matrimoniales que pudieren haber celebrado caducan. 5) No ha habido sociedad conyugal, habiéndose formado únicamente entre los cónyuges una comunidad que debe ser liquidada de acuerdo a las reglas generales. 6) La mujer no ha tenido el privilegio de cuarta clase que le otorga el Art. 2481 N°3 CC. 7) La filiación de los hijos concebidos dentro del matrimonio anulado sería extramatrimonial: Como veremos más adelante este efecto no se produce nunca. Fácil es entender la gravedad que toda esta situación supone. Por ello, y pensando especialmente en la filiación de los hijos, se genera la institución del matrimonio putativo, que procederemos analizar a continuación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3.7. El Matrimonio Putativo: El Art. 51, inc. 1 CC señala que: “El matrimonio nulo que ha sido celebrado o ratificado ante el oficial del Registro Civil produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, pero dejará de producir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges”. En ese sentido, los requisitos para que exista matrimonio putativo son: 1) Matrimonio nulo: Si el matrimonio es inexistente no cabe el matrimonio putativo. 2) Que se haya celebrado o ratificado ante un oficial del Registro Civil. 3) Buena fe de parte de uno de los cónyuges a lo menos: Este es el requisito esencial del matrimonio putativo, puesto que la institución es un reconocimiento a esta buena fe. El Código no define lo que se entiende por buena fe, pero se ha entendido que es “la conciencia que tiene el contrayente de estar celebrando un matrimonio sin vicios”. Con anterioridad se discutía si la buena fe debía probarse o se presumía igual que en materia posesoria. Hoy en día el Art. 52 NLMC señala que “Se presume que los cónyuges han contraído matrimonio de buena fe y con justa causa de error, salvo que en el juicio de nulidad se probare lo contrario y así se declare en la sentencia”. La buena fe es un requisito que se debe tener al momento de celebrarse el matrimonio. Si a ese momento uno solo estaba de buena fe, solo para él el matrimonio es putativo. 4) Justa causa de error: Al decir el Art. 51 NLMC “justa causa” de error ha indicado que cualquier error no es suficiente. Debe tratarse de un error excusable. Un error de hecho puede ser excusable. El problema se presenta con el error de derecho. Somarriva es de opinión de admitir el error de derecho, por cuanto el Art. 51 NLMC no hace ninguna distinción, solo habla de “justa causa de error”. Además, por la función que cumple la institución es conveniente ampliar su campo de aplicación. Por lo demás, la historia fidedigna de la norma, inspirada en Pothier, nos hace legar a esta misma conclusión. Antiguamente se añadía un quinto requisito que era la declaración judicial de putatividad. Hoy en día esto está descartado por la presunción de la buena fe y la justa causa de error del Art. 52 NLMC, ya que se presume la putatividad, salvo que en el juicio de nulidad se probare lo contrario y así lo declarare la sentencia. En cuanto a los efectos del matrimonio putativo, el Art. 51 NLMC señala que “produce los mismos efectos civiles que el válido, respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo”. Es por eso que corresponde distinguir: 1) Efectos en relación con los hijos: De conformidad al Art. 51, inc. 4 NLMC “Con todo, la nulidad no afectará la filiación ya determinada de los hijos, aunque no haya habido buena fe ni justa causa de error por parte de ninguno de los cónyuges”. Es decir, sin importar si el matrimonio fue o no putativo, la filiación ya determinada de los hijos no se ve afectada por la nulidad. 2) Efectos en relación con los cónyuges: El matrimonio putativo produce los mismos efectos civiles del válido mientras se mantenga la buena fe a lo menos en uno de los cónyuges. Desaparecida la buena fe en ambos, cesan los efectos del matrimonio putativo. Respecto a esto hay que referirse a una serie de situaciones:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. ¿Cuándo cesa la Buena Fe?: Respecto del cónyuge que demanda la nulidad del matrimonio debe entenderse que el solo hechos de presentar la demanda constituye prueba de que la buena fe ha desaparecido para él, en ese momento. En cuanto al demandado, Somarriva, aplicando por analogía la regla del Art. 907 CC sobre prestaciones mutuas, sostiene que la buena fe desaparece con la contestación de la demanda. Ello, sin perjuicio de que pueda privarse que la buena fe desapareció antes. b. Efectos en relación a la Sociedad Conyugal: Declarada la nulidad del matrimonio, si el matrimonio ha sido putativo, se disuelve la sociedad conyugal. Si el matrimonio ha sido simplemente nulo, esta no ha nacido y por ende no se puede disolver lo que no ha existido. Ahora bien, el Art. 51, inc. 2 NLMC dispone que: “Si sólo uno de los cónyuges contrajo matrimonio de buena fe, éste podrá optar entre reclamar la disolución y liquidación del régimen de bienes que hubieren tenido hasta ese momento, o someterse a las reglas generales de la comunidad”. c. Efectos en relación a las Donaciones por causa de Matrimonio: El Art. 51, inc. 3 NLMC señala que: “Las donaciones o promesas que por causa de matrimonio se hayan hecho por el otro cónyuge al que casó de buena fe, subsistirán no obstante la declaración de la nulidad del matrimonio”. A contrario sensu, las donaciones que se han hecho al cónyuge de mala fe deben ser restituidas. D. Sección Cuarta: “DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO POR DIVORCIO” 1. Concepto: Introducido en la Nueva Ley de Matrimonio Civil, este tiene por objeto extinguir un matrimonio válidamente celebrado por la concurrencia de algunas de las causales que se señalarán a continuación, conocidas comúnmente como de “divorcio-sanción” y de “divorcio-remedio”. 2. Causales de Divorcio: Respecto de las causales de divorcio, la doctrina y la legislación comparada se mueven entre dos polos: “divorcio-sanción” y “divorcio-remedio”. El divorcio-sanción está concebido como una pena para el cónyuge culpable de una conducta que lesiona gravemente la vida familiar. En el divorcioremedio, en cambio, se acepta como solución a la ruptura definitiva de la armonía conyugal, cuando la convivencia de la pareja se torna imposible. 2.1. Causales de Divorcio-Sanción o “por culpa”: El Art. 54 NLMC estable que: “El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común”. En ese sentido, los requisitos para que proceda la declaración de divorcio-sanción son: 1) Falta imputable a uno de los cónyuges: Debe proceder del dolo o la culpa de uno de los cónyuges. 2) Esta falta debe constituir una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos. 3) El incumplimiento de estos deberes u obligaciones debe hacer intolerable la vida en común. La norma agrega que se incurre en esta causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos: 1) Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio: El abandono continuo o reiterado del hogar común, es una forma de transgresión grave de los deberes del matrimonio. 3) Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal: Estos son el aborto, el abandono de niños o personas desvalidas, delitos contra el estado civil de las personas, rapto, violación, estupro y otros delitos sexuales, incesto, matrimonios ilegales, homicidio, infanticidio, lesiones corporales, duelo, calumnia e injurias. 4) Conducta homosexual. 5) Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos y los hijos, y 6) Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Estas causales no son taxativas, pues la norma emplea la expresión “entre otros casos”. 2.2. Causales de Divorcio-Remedio o “por cese de la convivencia”: El Art. 55 NLMC contempla dos casos de divorcio remedio: 1) Cuando ambos cónyuges lo piden de común acuerdo, acreditando que ha cesado la convivencia entre ellos durante un lapso mayor de 1 año y acompañen un acuerdo regulatorio completo y suficiente en los términos de los Arts. 21 y 27 NLMC de sus relaciones mutuas y para con los hijos (Art. 55, inc. 1 y 2 NLMC). 2) Cuando lo solicite cualquiera de los cónyuges por haberse producido un cese efectivo de la convivencia conyugal, durante a lo menos 3 años (Art. 55, inc. 3 NLMC): Este es un caso de divorcio unilateral. Según el inc. 3, para que proceda el divorcio en el presente caso se requiere: a. Cese efectivo de la convivencia conyugal: Llama la atención que a diferencia del primer caso se hable de cese “efectivo” de la convivencia conyugal, y no simplemente de cese de la convivencia. En ese sentido, Javier Barrientos entiende que debe haber una animus separationis, ya que si el affectio subsiste entre los cónyuges no habrá cese efectivo de la convivencia, aunque haya separación material y los cónyuges vivan en lugares diferentes. Y, por el contrario, si falta el affectio, tendrá lugar técnicamente el cese de la convivencia, aunque convivan los cónyuges en el mismo techo. b. Que esta situación haya durado a lo menos 3 años: Esto solo podrá probarse en la forma que indican los Arts. 22 y 25 NLMC, esto es: i. Por escritura pública o acta extendida y protocolizada ante notario público; acta extendida ante un oficial del Registro Civil o transacción aprobada judicialmente: Mediante ellos los cónyuges deben haber regulado su separación de hecho. ii. Por la notificación de la demanda de regulación de sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deben y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio y, si hubiere hijos, al régimen aplicable a los

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe alimentos, cuidado personal y relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres que no los tuviere a su cuidado. iii. Cuando no mediando acuerdo ni demanda entre los cónyuges, uno de ellos ha expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a través de cualquiera de los instrumentos indicados en el Art. 22 a) y b) y se haya notificado al otro cónyuge. iv. Cuando uno de los cónyuges haya dejado constancia de su intención de poner fin a la convivencia ante el juzgado correspondiente y ello sea notificado al otro cónyuge. Esta limitación probatoria para acreditar el cese de la convivencia no rige para los matrimonios celebrados con anterior a la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Matrimonio Civil. c. El actor haya cumplido con su obligación alimenticia respecto de su cónyuge e hijos: Si la parte demandada lo solicitare, el juez debe verificar que el demandante durante el tiempo del cese de la convivencia ha dado cumplimiento a su obligación alimenticia respecto de su cónyuge e hijos. El incumplimiento reiterado e injustificado de esta obligación hará que la demanda de divorcio sea rechazada. La sentencia que rechace la demanda no produce cosa juzgada, de tal suerte que se puede volver a demandar, previo cumplimiento de los requisitos legales, es decir, nuevo cese de la convivencia, nuevo plazo de 3 años y cumplir en forma regular durante este nuevo plazo los deberes alimenticios con el cónyuge e hijos. 3. Características de la Acción de Divorcio: 1) Pertenece exclusivamente a los cónyuges (Art. 56, inc. 1 NLMC). 2) Corresponde a ambos cónyuges, salvo cuando el divorcio es culpa de uno de ellos, en que no la tiene el culpable (Art. 56, inc. 2 NLMC). 3) Es irrenunciable (Art. 57 NLMC). 4) Es imprescriptible (Art. 57 NLMC). 5) Por su misma naturaleza tiene que intentarse en vida de los cónyuges. 4. Efectos del Divorcio: El Art. 59, inc. 1 NLMC señala que: “El divorcio producirá efectos entre los cónyuges desde que quede ejecutoriada la sentencia que lo declare”. Sin embargo, el inc. 2 agrega que: “Sin perjuicio de ello, la sentencia ejecutoriada en que se declare el divorcio deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Efectuada la subinscripción, la sentencia será oponible a terceros y los cónyuges adquirirán el estado civil de divorciados, con lo que podrán volver a contraer matrimonio”. En ese sentido, los efectos son: 1) Se adquiere el estado civil de divorciados y se puede volver a contraer matrimonio (Art. 59, inc. 2 NLMC). 2) El divorcio no afecta la filiación ya determinada de los hijos ni los derechos y obligaciones que emanan de ella (Art. 53 NLMC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) El divorcio pone fin a los derechos de carácter patrimonial, como el de alimentos y sucesorios entre los cónyuges (Art. 60 NLMC): Sin perjuicio de que se acuerde o se fine judicialmente una compensación al cónyuge económicamente más débil, determinada en la forma dispuesta en los Arts. 61 y ss. NLMC. 4) Habilita al cónyuge para pedir al juez la desafectación de un bien de su propiedad que esté declarado como bien familiar (Art. 145, inc. final CC). 5) Autoriza para revocar todas las donaciones que por causa de matrimonio se hubieren hecho al cónyuge que dio motivo al divorcio por su culpa, con tal que la donación y su causa constare por escritura pública (Art. 1790, inc. 2 CC). 5. Divorcio obtenido en el Extranjero: El Art. 83 NLMC señala que: “El divorcio estará sujeto a la ley aplicable a la relación matrimonial al momento de interponerse la acción”. Esta se deberá determinar según los principios del derecho internacional privado. El inc. 2 dice: “Las sentencias de divorcio y nulidad de matrimonio dictadas por tribunales extranjeros serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de Procedimiento Civil”. En otras palabras, deberá darse el exequátur de la Corte Suprema. Los siguientes incisos privan de valor a las sentencias de divorcio extranjeras en los siguientes casos: 1) Cuando no ha sido declarado por resolución judicial (Art. 83, inc. 3 NLMC). 2) Cuando se oponga al orden público chileno (Art. 83, inc. 3 NLMC). 3) Cuando se ha obtenido con fraude a la ley (Art. 83, inc. 4 NLMC): Aquí se agrega algo importante, con el fin de evitar que las personas domiciliadas en Chile se vayan a divorciar al extranjero para evitar las limitaciones que establece la nueva ley. Dice la norma que: “Se entenderá que se ha actuado en fraude a la ley cuando el divorcio ha sido declarado bajo una jurisdicción distinta a la chilena, a pesar de que los cónyuges hubieren tenido domicilio en Chile durante cualquiera de los tres años anteriores a la sentencia que se pretende ejecutar, si ambos cónyuges aceptan que su convivencia ha cesado a lo menos ese lapso, o durante cualquiera de los cinco años anteriores a la sentencia, si discrepan acerca del plazo de cese de la convivencia. El acuerdo o la discrepancia entre los cónyuges podrá constar en la propia sentencia o ser alegado durante la tramitación del exequátur”. Esto es una presunción de derecho de fraude a la ley. IV.

REGLAS COMUNES A CIERTOS CASOS DE SEPARACIÓN, NULIDAD Y DIVORCIO.

1. La Compensación Económica47: Del Art. 61 NLMC se desprende que es el “derecho que asiste a uno de los cónyuges cuando por haberse dedicado al cuidado de los hijos a las labores propias del hogar no pudo durante el matrimonio desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, para que se le compense el menoscabo económico que, producido el divorcio o la nulidad, sufrirá por esta causa”. 1.1. Fundamento Jurídico de la Compensación Económica: Tres serían los fundamentos de la institución:

Complementado con el texto “Pago de la Compensación Económica en los Juicios de Divorcio y Nulidad con Fondos de Capitalización Individual” de Joel González Castillo, y con el texto “La Compensación por Menoscabo Económico en la Ley de Matrimonio Civil” de Álvaro Vidal Olivares. 47

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) El desequilibrio económico producido por la ruptura del vínculo, habida cuenta las condiciones en que se desenvolvió la comunidad de vida que implica el matrimonio. 2) La protección a la confianza creada en el cónyuge dedicado al hogar o al cuidado de los hijos. 3) El enriquecimiento a expensas de otro en los términos explicados. 1.2. Naturaleza Jurídica de la Compensación Económica: Existen tres posiciones: 1) Naturaleza Alimenticia: Esta posición se descarta por los siguientes argumentos: a. No constituye una condición para la compensación que el cónyuge beneficiario carezca de medios suficientes para su subsistencia: El menoscabo económico no es sinónimo de estado de necesidad o carencia de medios para la subsistencia. b. La compensación se fija de una sola vez y es inmutable, aunque su pago sea en cuotas o por medio de la constitución de un derecho real y se produzca una variación posterior de las circunstancias que impliquen el empobrecimiento o enriquecimiento de alguno de los ex cónyuges. c. El carácter no alimenticio de la compensación económica viene confirmado por el propio Art. 66 NLMC, que sujeta las cuotas en que se divida la compensación al régimen especial del pago de las pensiones alimenticias, considerando las cuotas alimentos solo para efecto de su cumplimiento. 2) Naturaleza Indemnizatoria: Esta posición se descarta por los siguientes argumentos: a. No concurre el elemento esencial del daño, que sobre entiende la antijuridicidad y la imputación causal a la conducta del otro. b. La compensación procede al margen de la culpa del cónyuge deudor. c. No concurre aquí el principio propio de la responsabilidad civil que consiste en restituir las cosas al estado anterior, la mirada aquí es a futuro. 3) Naturaleza de Obligación Legal Especial o sui generis: La compensación económica es una obligación legal impuesta a uno de los ex cónyuges cuyo objeto es corregir el desequilibrio económico que el divorcio o la nulidad produce. La compensación no repara el menoscabo, sino que lo corrige, y de esa forma se previene un empeoramiento del cónyuge más débil. 1.3. Elementos Constitutivos de la Compensación Económica: 1) Que uno de los cónyuges se haya dedicado durante el matrimonio, exclusiva o preferentemente, al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común. 2) Que por esa dedicación -y no por otra causa- ese cónyuge no haya desarrollado una actividad remunerada o lo haya hecho en una menor medida que la que podía y quería. 3) Que el divorcio o nulidad matrimonial causa a ese cónyuge un menoscabo económico: Esto consiste en que de no mediar la compensación empezará su vida separada un pie más atrás sin poder alcanzar un estatus económico autónomo adecuado al que tenía constante el matrimonio.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1.4. Factores para determinar la cuantía de la compensación: El Art. 62 NLMC señala que, deben considerarse “especialmente” (es decir, no taxativamente) para determinar el quantum de la compensación, los siguientes rubros: 1) La duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges: Nótese que no es solo la duración del matrimonio, sino también la duración de la vida en común antes del matrimonio. 2) La situación patrimonial de ambos cónyuges. 3) La buena o mala fe. 4) La edad y estado de salud del cónyuge beneficiario. 5) La situación previsional y beneficios de salud del cónyuge beneficiario. 6) La cualificación profesional y posibilidad del acceso al mercado laboral del cónyuge beneficiario. 7) La colaboración que hubiere prestado el cónyuge beneficiario a las actividades lucrativas del otro cónyuge. 1.5. Improcedencia o Rebaja de la Compensación: El Art. 62, inc. 2 CC señala que se puede denegar o rebajar la compensación al cónyuge que dio lugar al divorcio por su culpa o falta. 1.6. La Compensación Económica es Irrenunciable Anticipadamente: Esto porque el interés protegido por la compensación económica es de orden público. Sin embargo, nada impide que, después de nacido el derecho a compensación se pueda disponer de él de la forma que más conveniente estime, incluyendo su renuncia. 1.8. El Derecho a la Compensación Económica es transmisible a los herederos del cónyuge deudor y acreedor en caso de fallecimiento: Pero esto siempre y cuando el cónyuge haya ejercido en vida dicho derecho, ya que en ese caso ya habrá ingresado a su patrimonio el crédito o la obligación en su caso. 1.9. Determinación de la Procedencia y Monto de la Compensación: Puede fijarse de dos maneras: 1) Por acuerdo de las partes (Art. 63 NLMC): “La compensación económica y su monto y forma de pago, en su caso, serán convenidos por los cónyuges, si fueren mayores de edad, mediante acuerdo que constará en escritura pública o acta de avenimiento, las cuales se someterán a la aprobación del tribunal”. 2) Judicialmente, a falta de acuerdo (Art. 64 NLMC): Si no hay acuerdo, se fija judicialmente. Se puede pedir en la demanda o con posterioridad, para lo cual el tribunal informará a los cónyuges sobre la existencia de este derecho durante la audiencia preparatoria. Si el juez acoge la demanda de nulidad o de divorcio debe pronunciarse sobre la compensación económica en la sentencia. Una vez fijado el monto de la compensación, o la forma como esta se pagará, ella no puede modificarse, aunque se alteren las circunstancias consideradas al momento de apreciar su procedencia y cuantía de la compensación. 1.10. Forma de Pago de la Compensación: De acuerdo al Art. 65 NLMC, en la misma sentencia el juez debe señalar la forma de pago de la compensación, para lo cual podrá establecer las siguientes modalidades:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Disponer la entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes: Si se fija una suma de dinero, podrá el juez fijar una o varias cuotas reajustables, debiendo el tribunal adoptar las seguridades para su pago; o 2) Constituir un derecho de usufructo, uso o habitación respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor: La constitución de estos derechos no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario hubiere tenido a la fecha de su constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge beneficiario tuviere en cualquier tiempo, porque el derecho es personalísimo. 3) Si el deudor no tuviere bienes suficientes el juez puede dividir la compensación en cuantas cuotas fueren necesarias: Para ello tomará en consideración la capacidad económica del cónyuge deudor y expresará el valor de cada cuota en una unidad reajustable (Art. 66 NLMC). Estas cuotas se consideran alimentos para el efecto de su cumplimiento, a menos que se hubieren ofrecido otras garantías para su efectivo y oportuno pago, lo que se declarará en la sentencia (Art. 66 NLMC). Esto no significa que constituyan pensión de alimentos. 4) Subsidiariamente puede ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del cónyuge compensado o de no existir esta, a una cuenta de capitalización individual, que se abra al efecto (Art. 80 Ley N°20.255 sobre Reforma Previsional): En este caso el monto de compensación no será de libre disposición, como si lo sería un monto en dinero propio de una indemnización, sino que se incorporará al sistema y reglas generales del sistema previsional. Respecto a este caso, merece referirnos a los siguientes aspectos: a. Límites: El Art. 80, inc. 2 Ley N°20.255 establece dos límites: i. El traspaso no puede superar el 50% de los fondos acumulados, y ii. Esos fondos deben haber sido acumulados durante el matrimonio. b. Alcance: Según la circular N°1503 solo procede: i. Respecto de las cuentas de capitalización individual obligatoria: No procede respecto de la cuenta de capitalización individual voluntaria o APV. ii. Respecto de los fondos previsionales de los afiliados activos: Es decir, no procede respecto de aquellos que ya se encuentran pensionados. c. Situaciones que pueden darse frente al traspaso: i. Ambos cónyuges se encuentran afiliados en la AFP notificada por los tribunales: Los movimientos entre cuentas deberán efectuarse simultáneamente y utilizando el valor cuota del día hábil ante precedente a la fecha en que se realizan los cargos o abonos según corresponde, de los respectivos Fondos. ii. El cónyuge compensador está afiliado en la AFP notificada por los tribunales y el cónyuge compensado en otra: La AFP deberá traspasar los fondos ordenados por el juez desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del cónyuge compensador a la AFP en que se encuentre vigente la cuenta de capitalización individual del cónyuge compensado.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe iii. El cónyuge compensador está afiliado en la AFP notificada y el cónyuge compensado no está en ninguna Administradora: La AFP que recibió la orden de compensación deberá crear una cuenta de capitalización individual voluntaria a nombre del cónyuge compensado y abonar en dicha cuenta los fondos ordenados por el juez. d. Ordenes de Compensación Económica No Ejecutables: La Circular señala tres situaciones en que la AFP debe abstenerse de dar cumplimiento a la orden de compensación dictada por el tribunal: i. Si el cónyuge compensador no está afiliado en la AFP notificada, ii. Si el cónyuge compensador no está afiliado al Sistema, o iii. Si el cónyuge compensador se encuentra pensionado en el Sistema. En estos casos la AFP dentro de los 8 días hábiles siguientes a aquel en que recibió la orden de compensación, deberá informar de ello a los tribunales. e. Carácter Subsidiario de esta Modalidad de Pago: Los fondos serian un recurso de última instancia o subsidiario a falta de otros medios para pagar la compensación. f.

Posibilidad que los cónyuges acuerden el traspaso de fondos para pagar la compensación: Considera Joel González que ello sería posible pues el Art. 63 NLMC establece que en caso de que los cónyuges convengan sobre el monto y forma de pago de la compensación tal acuerdo debe someterse a la aprobación del tribunal. Así será este quien en último término autorice el traspaso.

g. Constitucionalidad del Art. 80 Ley N°20.255: Para Joel González no hay duda que este articulo afecta en la esencia la propiedad que tienen los afiliados sobre sus fondos previsionales desde que se le puede llegar a privar efectivamente hasta de la mitad de esos fondos como consecuencia de actos de autoridad no aceptados ni consentidos por los propietarios y por motivos o razones no comprendidos en los bienes jurídicos que conforman la función social del dominio, por lo cual tendría visos de inconstitucionalidad. 2. Conciliación: Según el Art. 67 NLMC solicitada la separación o el divorcio, durante la audiencia preparatorio del juicio de familia, el juez deberá instar a las partes a una conciliación, trámite por el que se persiguen dos objetivos: (i) tratar de superar el conflicto de la pareja y (ii) si ello no es factible acordar las medidas relativas a alimentos a los hijos, su cuidado personal, su relación directa y regular y el ejercicio de la patria potestad. A la audiencia preparatorio se puede comparecen personalmente o representado por sus apoderados (Art. 68 NLMC). Durante la conciliación, el juez debe escuchar a las partes y proponerles bases de arreglo que se ajusten a las expectativas de cada parte (Art. 69 NLMC). 3. Mediación: El Art. 103 Ley 19.968 define la mediación como “el sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos”. Se debe ordenar la mediación en los casos de divorcio y de separación judicial. No procede en las causas de nulidad ni tampoco si se trata de divorcio-sanción. Ahora bien, esto no impide que las partes de común acuerdo puedan pedir en esos casos mediación, porque no son asuntos de mediación prohibida. 633

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La mediación presenta las siguientes características: 1) Debe ser conducida por profesionales idóneos, que aparezcan en un Registro elaborado por el Ministerio de Justicia. 2) Es voluntaria en el sentido que basta que alguna de las partes, citadas por 2 veces, no concurra a la audiencia del mediador para que esta se estime frustrada. 3) El proceso de mediación tiene plazo de duración: No puede durar más de 60 días desde que el mediado haya recibido la comunicación del tribunal que lo designó, pero los cónyuges, de común acuerdo, pueden pedir ampliación del plazo hasta por otros 60 días. 4) Puede ser gratuita o remunerada: Será gratuita en los casos de mediación forzada y remunerada por las partes en el caso de mediación voluntaria. 5) Si hay acuerdo, el acta debe ser remitida por el mediador al tribunal para su aprobación en todo aquello que no fuera contrario a derecho: Aprobada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada. V.

LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS MATRIMONIOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL.

1. Conceptos Generales: De acuerdo al Art. 2 transitorio NLMC, las personas casadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley podrán separarse judicialmente, anular sus matrimonios y divorciarse en conformidad a las disposiciones de la nueva ley, con las siguientes salvedades: 1) Las formalidades y requisitos externos del matrimonio y las causales de nulidad que su omisión origina se regirán por la ley vigente al tiempo de su celebración, pero los cónyuges no podrán hacer valer la causal de nulidad por incompetencia del oficial del Registro Civil contemplada en el Art. 31 de la antigua Ley de Matrimonio Civil. 2) No rige para estas personas las limitaciones contempladas en los Arts. 22 y 25 NLMC para acreditar el cese de convivencia. VI.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL MATRIMONIO48.

1. Conceptos Generales: Se ha discutido en doctrina sobre si procede o no la responsabilidad extracontractual frente al incumplimiento de los deberes que impone el matrimonio, existiendo actualmente dos grandes posiciones en esta materia: 1) No procede la aplicación de la responsabilidad civil: Se argumento que: a. La calificación del cónyuge culpable solo genera las consecuencias establecidas en forma directa en la ley: Como dar lugar al divorcio culpable o afectar el “quantum” de la compensación económica en el caso de actuar uno de los cónyuges de mala fe.

Según lo señalado en el texto “¿En qué casos el incumplimiento de deberes del matrimonio genera responsabilidad civil?” de Rodrigo Barcia Lehmann y José Miguel Rivera Restrepo. 48

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Los principios de intervención mínima del Estado y protección y unidad de la familia impiden que se establezca como regla general la indemnización de perjuicios como incumplimiento a los deberes del matrimonio. c. El derecho no entra a analizar los errores que las personas pueden haber cometido en la vida, que caen en el fuero interno, como puede ser la mala elección del cónyuge o de la pareja. d. Los deberes del matrimonio son jurídicos, pero no generan los efectos de las obligaciones. e. El principio de especialidad impide que la transgresión a un deber del matrimonio lleve aparejadas consecuencias jurídicas distintas a las previstas por el ordenamiento jurídico: La reparación integral del daño tiene por objeto eliminar el perjuicio patrimonial de la víctima o el acreedor, pero en el Derecho de Familia lo que hay detrás de los deberes es una pretensión de cumplimiento. f.

A pesar de que esta indemnización incentiva a que los cónyuges no se divorcien, en definitiva, castiga a los que se casan.

g. La prescripción extintiva no corre entre cónyuges (Art. 2509 CC). h. Los perjuicios familiares no pueden ser objeto de una demanda de indemnización de daños y perjuicios por el principio de inmunidad entre familiares. i.

No es que, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, que no se pronuncian sobre esta materia, exista un vacío regulatorio, sino que una decidida opción por no aplicar las reglas de la responsabilidad civil al incumplimiento de deberes del matrimonio.

2) Si procede la aplicación de la responsabilidad civil: Se fundamenta en que: a. No es admisible que la violación de derechos fundamentales sea resarcible fuera de la familia, o en el matrimonio, y no en su interior. b. Esta posición incentiva la estabilidad del matrimonio, por cuanto ex ante evita la ruptura. c. No existe norma en materia de Derecho de Familia que impida la aplicación de la responsabilidad civil. d. La posición anterior obedece a la regulación dispuesta por la mayoría de los códigos decimonónicos, que no regularon la posible acción indemnizatoria entre familiares y cónyuges. e. Los derechos-deberes en materia familiar aun cuando se fundamentan en normas morales, son a la vez verdaderos deberes jurídicos, participando de las características propias de estos. f.

El hecho que las normas del Derecho de Familia tengan el carácter de especiales no puede servir como excusa para eludir las normas generales del Derecho de Daños.

La verdad es que ninguno de los argumentos señalados precedentemente parece definitivo, por cuanto el Derecho de Daños no se puede aplicar lisa y llanamente al incumplimiento de un deber matrimonial, 635

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe entendido como un ilícito imputable que tiene su sustento en una infracción estatuaria; pero tampoco parece razonable que, bajo cualquier circunstancia, no exista responsabilidad civil por incumplimiento de deberes del matrimonio. 2. Posición Actual: La doctrina y la jurisprudencia chilena actual entienden que se puede dar lugar a la responsabilidad civil, por incumplimiento de deberes del matrimonio, en la medida que el ilícito es de una entidad relevante para el Derecho en general. Es decir, no basta la sola transgresión al estatuto jurídico del matrimonio para que haya responsabilidad civil; pero existen supuestos en los que dicha transgresión, unida a otras consideraciones, puede llevar a dicha responsabilidad. La responsabilidad por incumplimiento de deberes del matrimonio solo procede como una causal calificada de ilicitud, o agravada de imputabilidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando el ilícito califica como penal: Existe un cierto consenso en el Derecho comparado en que la infracción estatuaria de los deberes del matrimonio que constituye un ilícito penal genera indemnización de perjuicios. 2) Cuando el ilícito califica como infraccional agravado por violación de derechos fundamentales: Es decir, si por incumplimiento de los deberes del matrimonio se transgrede la dignidad de uno de los cónyuges. En este contexto, la jurisprudencia ha entendido que procede en el caso del Art. 54 Nº1 NLMC cuando el divorcio-sanción se produce por un atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos, ya que en ese caso la infracción al principio alterum non laedere sería de una entidad tal que no sería suficiente la mera declaración de divorcio, ya que se afectó la integridad física y psíquica de la persona del cónyuge49. CAPÍTULO IV: DE LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO Y EN PARTÍCULAR DE LOS EFECTOS PERSONALES DE LOS CÓNYUGES I.

GENERALIDADES.

1. Conceptos Generales: El matrimonio es una institución de la cual derivan importantes efectos: 1) Relaciones personales de los cónyuges. 2) Régimen patrimonial. 3) Filiación matrimonial. 4) Derechos hereditarios. En general, el matrimonio no produce efectos respecto de terceros, salvo algunos casos: 1) Los terceros están obligados a respetar y reconocer el régimen patrimonial del matrimonio. 2) El matrimonio da origen a una clase de parentesco respecto de ciertos terceros: el parentesco por afinidad.

Según lo señalado en la sentencia “Pinto Carmona con Rojas Núñez” Rol Nº507-2013, pronunciada por la Corte de Apelaciones de La Serena el 03 de abril de 2014. 49

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) El matrimonio da origen a un impedimento para contraer matrimonio, pues no pueden contraer matrimonio entre si ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad. II.

RELACIONES PERSONALES DE LOS CÓNYUGES.

1. Concepto: El matrimonio crea entre los cónyuges un conjunto de derechos y deberes cuyo objeto no es una prestación de índole pecuniaria, sino la observancia de normas de conducta necesarias para realizar las finalidades del matrimonio. Estos son: 1) Deber de Fidelidad (Art. 131 CC). 2) Deber de Socorro (Arts. 131 y 134 CC). 3) Deber de Ayuda Mutua o de Asistencia (Art. 131 CC). 4) Deber de Respeto Recíproco (Art. 131 CC). 5) Deber de Protección Recíproca (Art. 131 CC). 6) Derecho y Deber de Vivir en el Hogar Común (Art. 133 CC). 7) Deber de Cohabitación. 8) Deber de Auxilio y Expensas para la Litis. Respecto a la sanción por el incumplimiento de estos deberes, se puede pedir el divorcio sanción y la separación judicial. 2. Características de estos deberes: 1) En general imponen un hacer activo y no negativo. 2) Afectan solo a los cónyuges, sin que afecten a terceros. 3) Tienen un marcado carácter moral o ético: Su cumplimiento queda entregado fundamentalmente a la conciencia de los cónyuges, sin que sea posible en general obtener su cumplimiento forzado. 4) Son obligaciones legales y no simplemente morales, por lo que su incumplimiento acarrea ciertas sanciones. 3. Enumeración de los Deberes: 3.1. El Deber de Fidelidad: El Art. 131 CC señala que: “Los cónyuges están obligados a guardarse fe…”, lo que significa no tener relaciones sexuales con terceros, no cometer adulterio. El Art. 132 CC señala que: “El adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el varón casado que yace con mujer que no sea su cónyuge”. El adulterio trae aparejadas las siguientes sanciones: 1) Es causal de separación judicial (Art. 26 NLMC) y de divorcio (Art. 54 N°2 NLMC): En el caso de separación judicial no puede invocarse el adulterio cuando exista previa separación de hecho consentida por ambos cónyuges.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) La mujer casada en régimen de sociedad conyugal puede pedir la separación judicial de bienes (Art. 155, inc. 2 CC). 3.2. El Deber de Socorro (Arts. 131 y 321 N°1 CC): Los cónyuges están obligados “a socorrerse” y se deben alimentos entre sí. Pueden darse las siguientes situaciones: 1) Están casados en sociedad conyugal y viviendo juntos: El marido debe proporcionar alimentos a la mujer, lo que hará con cargo a la sociedad conyugal. 2) Están separados de bienes o casados en régimen de participación en los gananciales (Arts. 134 y 160 CC): Tanto la mujer como el marido deben proveer a las necesidades de la familia común en proporción a sus facultades. 3) Están separados judicialmente (Art. 175 CC): “El cónyuge que haya dado causa a la separación judicial por su culpa, tendrá derecho para que el otro cónyuge lo provea de lo que necesite para su modesta sustentación; pero en este caso, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del juicio respectivo, durante su desarrollo o con posterioridad a él”. 4) Han anulado su matrimonio: Cesa la obligación de prestarse alimentos, aunque el matrimonio hubiere sido putativo. 5) Se encuentran divorciados: Cesa la obligación de prestarse alimentos. 3.3. El Deber de Ayuda Mutua (Art. 131 CC): Consiste en “los cuidados personales y constantes, que los cónyuges se deben recíprocamente”. Si el marido no cumple con este deber la mujer podrá solicitar la separación judicial de bienes (Art. 155 CC). 3.4. El Deber de Respeto Recíproco (Art. 131 CC): Los cónyuges tienen la obligación reciproca de guardarse respeto. Si el marido no cumple con este deber la mujer podrá solicitar la separación judicial de bienes (Art. 155 CC). 3.5. El Deber de Protección Recíproca (Art. 131 CC): “El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos”. Si el marido no cumple con este deber la mujer podrá solicitar la separación judicial de bienes (Art. 155 CC). 3.6. El Derecho y Deber de Vivir en el Hogar Común (Art. 133 CC): “Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo que a alguno de ellos le asista razones graves para no hacerlo”. En el caso de que sea la mujer la que se resista a vivir en el hogar común, se ha dicho que cesaría la obligación del marido de darle alimentos, en aplicación del principio de que la mora purga la mora. Ramos dice que es evidente que esta sanción propia del derecho patrimonial no se ajusta al incumplimiento de obligaciones derivadas del derecho de familia. El incumplimiento de este deber puede constituir una causal de divorcio (Art. 54 N°2 CC). 3.7. El Deber de Cohabitación: Mira a la obligación que tienen los cónyuges de tener relaciones sexuales entre sí. 3.8. Auxilios y Expensas para la Litis: El Art. 136 CC señala que: “Los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. El marido deberá, además, si está casado en sociedad conyugal, proveer a la mujer de las expensas para la litis que ésta siga en su contra, si no tiene los bienes a que se refieren los artículos 150, 166 y 167, o ellos fueren insuficientes”. 638

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esta norma regula dos situaciones diferentes: 1) La obligación de ambos cónyuges de proporcionarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. 2) La obligación del marido casado en régimen de sociedad conyugal de otorgar expensas para la litis a su mujer: Esta segunda obligación tiene los siguientes requisitos: a. Debe ser un pleito seguido entre marido y mujer, sin que importe la naturaleza de la acción deducida, ni la condición procesal de cada uno: Esto último puede discutirse por la redacción de la norma que solo confiere a la mujer expensas para la litis que esta siga en contra del marido. Ramos piensa que la situación procesal carece de relevancia, pues constituiría una injusticia inadmisible que el marido pudiera demandar a su mujer y que está por carecer de recursos no pudiere defenderse. b. Solo cabe si los cónyuges están casados en sociedad conyugal. c. Es indispensable que la mujer carezca de bienes suficientes para atender por si misma a este gasto: Si tiene patrimonio reservado o especial no puede demandar expensas, a menos que sean insuficientes, caso en que podrá pedir lo necesario. 4. Potestad Marital: Con anterioridad a la Ley 18.802, el Código Civil establecía la denominada potestad marital, que el articulo 132 definía como: “el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. La ley 18.802 derogó esta norma, con lo que desapareció esta institución. De la potestad marital derivaban importantes consecuencias: 1) Incapacidad relativa de la mujer casada. 2) Representación legal de la mujer por su marido. 3) Deber de obediencia de la mujer. 4) Obligación de la mujer de seguir a su marido a donde quiere este trasladare su residencia. 5) La mujer tenía como domicilio legal el de su marido. 6) Derecho del marido para oponerse a que la mujer ejerciera un determinado trabajo o industria. Todos estos efectos desaparecieron con la supresión de la potestad marital. CAPÍTULO V: LOS REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO50. I.

GENERALIDADES.

1. Concepto: Régimen Matrimonial es “el estatuto jurídico que regla las relaciones pecuniarias de los cónyuges entre sí y respecto de terceros”. Regula dos aspectos: 1) Los intereses pecuniarios de los cónyuges entre sí.

En todo este capítulo se complementa con lo señalado en el texto “Curso de Derecho de Familia” de Eduardo Court Murasso. 50

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Actúa también como medida de protección de terceros: Estos deben conocer en todo momento cuales son las situaciones de responsabilidad y los patrimonios afectos a la misma. 2. Clases de Regímenes Patrimoniales: 1) Régimen de Comunidad de Bienes: “Aquel en que se forma una masa común con la totalidad o parte de los bienes de los cónyuges, cuyas rentas son afectadas a los gastos de la familia y en que, a la disolución del régimen, se reparte entre los cónyuges o sus herederos”. Dos formas: a. Régimen de Comunidad Universal: Todos los bienes que tengan los cónyuges al momento de casarse y los que durante el matrimonio adquieran, sin distinción alguna, pasan a formar parte de la comunidad, de manera que durante el matrimonio existe un solo patrimonio que es el patrimonio común. A la disolución los bienes se dividen a la mitad. b. Régimen de Comunidad Restringida: La masa común es formada solo por ciertos bienes. Existen dos tipos: i. Comunidad Restringida de Bienes Muebles y Ganancias: Integran el patrimonio común los bienes muebles que los cónyuges aportan y los que adquieren, a cualquier título, durante el matrimonio. Además, forman parte del haber común los inmuebles adquiridos durante el matrimonio a título oneroso y las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. Solo quedan excluidos de la comunidad los bienes raíces que aportan y los que adquieren durante el matrimonio a título gratuito. ii. Comunidad Restringida de Ganancias: Es el sistema de la sociedad conyugal. En este el fondo común se forma con el producto del trabajo de los cónyuges; con los frutos de los bienes sociales y de los cónyuges, y con las adquisiciones onerosas realizadas durante el régimen. Permanecen en el haber propio los bienes muebles e inmuebles aportados y los adquiridos durante el matrimonio a título gratuito. 2) Régimen de Separación de Bienes: En este régimen cada cónyuge mantiene la propiedad de sus bienes presentes y los que adquiera durante el matrimonio; los administra, goza y dispone libremente de ellos y responde exclusivamente por las deudas que contrae. 3) Régimen sin Comunidad: Es un régimen intermedio entre la comunidad de bienes y la separación, porque, al igual que en esta, el marido y la mujer conservan íntegramente su patrimonio y no se forma un fondo común, pero, al igual que en la comunidad, la mujer pasa a ser incapaz y el marido administra sus bienes, salvo algunos que se denominan bienes reservados, respecto de los cuales la mujer es plenamente capaz. Entre ellos están los adquiridos por la mujer con su trabajo; los que los cónyuges aportan en las capitulaciones matrimoniales con ese carácter; y los que deja un tercero a la mujer con la condición de que no los administre el marido. 4) Régimen Dotal: Este régimen tuvo sus antecedentes en Roma y lo característico es la existencia de dos clases de bienes: los dotales, que la mujer entrega al marido para subvenir las cargas del matrimonio; y los parafernales, a cuyo respecto la mujer conserva su dominio y goce. 5) Régimen Mixto o de Participación en los Gananciales: Hay dos subespecies: a. Régimen de Participación con Comunidad Diferida: Consiste en un sistema intermedio entre la separación de bienes y la comunidad, porque durante el régimen funciona como el de separación. Pero disuelto el régimen se forma una comunidad, ya sea con todos los bienes 640

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe de los cónyuges, con los muebles o gananciales, o solo con los gananciales, que se dividen por partes iguales entre los cónyuges o sus herederos. b. Régimen de Participación en los Gananciales con Modalidad Crediticia: Durante este régimen existen dos patrimonios distintos que son administrados en forma autónoma por cada cónyuge. Al finalizar el régimen los patrimonios se mantienen separados, solo se genera un crédito a favor del cónyuge cuyos gananciales sean menores, que se llama crédito de participación en los gananciales, por la mitad del excedente. 3. Régimen Matrimonial Chileno: En el Código Civil original no existió otro régimen matrimonial que el que consagraba y consagra el Art. 135 CC: “Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que se expondrán en el título De la sociedad conyugal”. Sin embargo, en 1925 se permitió pactar separación de bienes en las Capitulaciones Matrimoniales. Desde ese momento, el régimen de sociedad conyugal quedó únicamente como régimen legal matrimonial, es decir, pasó a ser el régimen matrimonial que regía para los cónyuges que no pactaban separación de bienes. El último hito ocurrió en 1994 con la incorporación del Régimen de Participación en los Gananciales en su modalidad crediticia. II.

LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES.

1. Concepto: Las convenciones matrimoniales se pueden definir como “aquellos pactos que celebran los cónyuges en relación a los bienes que estos aportan o adquieren a cualquier título durante el matrimonio”. Por su parte, las capitulaciones matrimoniales están definidas en el Art. 1715, inc. 1 CC como “las convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer el matrimonio o en el acto de su celebración”. De esta manera, no constituye una capitulación matrimonial el pacto que en conformidad al Art. 1723 CC pueden acordar los cónyuges, pues se celebran durante la vigencia del matrimonio. En cuanto a su naturaleza jurídica son convenciones, y no necesariamente contratos. Lo serán cuando generen obligaciones, como por ejemplo si el marido se obliga a entregarle a la mujer una determinada suma de dinero de que ella pueda disponer libremente. Pero no serán contratos, por ejemplo, si en ellas se pacta separación de bienes o la mujer renuncia a las gananciales. 2. Características de las Capitulaciones Matrimoniales: 1) Son una convención, esto es, un acto jurídico bilateral: Requieren de la manifestación de voluntad de dos partes. 2) Constituyen un acto jurídico dependiente: Si bien no pueden subsistir sin un acto principal, no tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación (Art. 1442 CC). Pueden existir sin el acto principal, pero no pueden subsistir sin este. En ese sentido, cabe hacer presente que las capitulaciones matrimoniales no son un acto jurídico condicional suspensivo. Ello porque sus efectos se producen desde el momento de la celebración del matrimonio, sin que se retrotraigan al momento de su celebración, cual es el efecto propio de la condición suspensiva.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Son actos jurídicos patrimoniales: Solo tienen por objeto regular los efectos patrimoniales del matrimonio, y no las relaciones personales de la familia. 4) Son actos jurídicos de duración indefinida: Regirán mientras subsista el matrimonio e incluso una vez disuelto; sin embargo, también pueden pactarse convenciones matrimoniales sujetas a plazo, como por ejemplo que el marido entregará a la mujer una determinada cantidad de dinero por cierto periodo de tiempo. 5) Son actos jurídicos que producen efectos relativos: Ciertos autores estiman que las capitulaciones no solo obligan a los esposos, sino también a los terceros que contraten con ellos. Para otros, lo que ocurre es que más que producir efectos absolutos, y generar obligaciones respecto de los terceros, se producen efectos para los terceros relativos, que son aquellos que se encuentran en relación jurídica con las partes del pacto. 6) Por regla general son inmutables: Las únicas excepciones la constituyen los pactos del Art. 1723, inc. 1 y 1792-1, inc. 2, parte final CC. 3. Requisitos de las Capitulaciones Matrimoniales: 1) Consentimiento Libre de Vicios y Capacidad: Se rige por las reglas generales y puede darse personalmente o por mandatario. No cabe la representación legal, esto porque si alguno de los esposos es absolutamente incapaz, simplemente no puede casarse, y si es relativamente incapaz consiente personalmente en las capitulaciones, sin perjuicio de que sea necesaria la aprobación de ciertas personas, que pueden o no ser sus representantes legales. El Art. 1721 CC señala que, si el contrayente es menor de edad, requiere de autorización judicial para celebrar las capitulaciones que tengan por objeto: a. Renunciar a los gananciales. b. Enajenar bienes raíces. c. Gravarlos con hipotecas, censos o servidumbres. Si el que celebra las capitulaciones se halla bajo curaduría por disipación o prodiga interdicción necesitará la autorización de su curador. 2) Solemnidades: a. Capitulaciones que se celebran antes del Matrimonio (Art. 1716, inc. 1 CC): La sanción por el incumplimiento de cualquiera de estas solemnidades es la nulidad absoluta. i. Escritura Pública. ii. Subinscripción al margen de la inscripción del matrimonio. iii. Que la subinscripción se practique al momento de celebrarse el matrimonio o dentro de los 30 días siguientes: Hay que notar que la subinscripción es una solemnidad porque el Art. 1716 CC dice que: “sólo valdrán entre las partes y respecto de terceros”. También hay que notar que el plazo es de días corridos. Tratándose de matrimonios celebrados en país extranjero el plazo se contará desde la fecha de inscripción del matrimonio en Chile.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Capitulaciones que se celebran en el Acto del Matrimonio: Como en ellas solo se puede pactar separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales (Art. 1715, inc. 2 CC), no requieren de las mismas solemnidades, bastando que el pacto conste en la inscripción del matrimonio. La sanción al incumplimiento es la nulidad absoluta. 4. La Inmutabilidad y las Modificaciones de las Capitulaciones Matrimoniales: Las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio pueden modificarse, debiendo hacerse estas modificaciones con las mismas solemnidades prescritas para las originales (Art. 1722 CC). Pero estas modificaciones solo son posibles antes de celebrarse el matrimonio, pues, verificado este, “las capitulaciones no podrán alterarse, aun con el consentimiento de todas las personas que intervinieron en ellas, sino en el caso establecido en el inciso 1° del artículo 1723” (Art. 1716, inc. final CC). Aplicando ambas normas, se tiene que los cónyuges pueden introducir las siguientes modificaciones al régimen matrimonial bajo el cual se casaron: 1) Si lo hicieron en sociedad conyugal pueden sustituirlo por el de separación total de bienes (Art. 1723, inc. 1 CC). 2) Si lo hicieron en sociedad conyugal pueden sustituirlo por el de participación en los gananciales (Art. 1723, inc. 1 y 1792-1, inc. 2 CC). 3) Si se casaron en régimen de separación de bienes, pueden reemplazarlo por el de participación en los gananciales (Art. 1723, inc. 1 parte final y 1792-1, inc. 2 CC). 4) Si se casaron en régimen de participación en los gananciales, pueden pasar al de separación total de bienes (Art. 1792-1, inc. 2 parte final CC). En definitiva, no pueden substituir el régimen por el de sociedad conyugal ni pueden volver a ella. La ley no resuelve si, modificado el régimen de separación de bienes por participación en los gananciales, y viceversa; se puede volver al régimen anterior. 5. Contenido de las Capitulaciones Matrimoniales: 1) Estipulaciones Permitidas: a. En el Acto del Matrimonio: Solo está permitido pactar separación total de bienes o participación en los gananciales. b. Antes del Matrimonio: Todas las convenciones de carácter patrimonial que no estén prohibidas o que importen la adopción de un régimen matrimonial que no sea sociedad conyugal, separación total o parcial de bienes o participación en los gananciales. La ley alude a ciertas capitulaciones expresamente permitidas: i. La mujer puede renunciar a los gananciales (Art. 1719 CC). ii. Se puede acordar separación total o parcial de bienes (Art. 1720, inc. 1 CC). iii. Se puede estipular que la mujer dispondrá libremente de una determinada suma de dinero, o de una determinada pensión periódica (Art. 1720, inc. 2 CC). iv. Hacerse los esposos donaciones por causa de matrimonio (Arts. 1406 y 1786 y ss. CC). 643

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe v. Eximir de la comunidad cualquiera parte de sus especies muebles (Art. 1725 Nº4, inc. 2 CC). vi. Destinar valores de uno de los cónyuges a la compra de un bien con el objeto de que ese bien no ingrese a la sociedad conyugal, sino que sea propio del cónyuge respectivo (Art. 1727 Nº2 CC). 2) Estipulaciones Prohibidas (Art. 1717 CC): “Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes. No serán, pues, en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalan a cada cónyuge respecto del otro o de los descendientes comunes”. Así, a modo de ejemplo, no se podrá convenir que la sociedad conyugal será administrada por la mujer. Existen otras prohibiciones expresas del mismo Código: a. La mujer no puede renunciar en ellas a la facultad de pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes (Art. 153 CC). b. No se puede pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes o después de contraer el matrimonio (Art. 1721, inc. Final CC). c. La mujer no puede renunciar a la capacidad de tener bienes separados de la sociedad conyugal en razón de su profesión u oficio (Art. 150 CC, inc. 2 CC). d. No se puede renunciar a las acciones de separación judicial y de divorcio. e. No se pueden realizar pactos sobre sucesión futura. f. III.

No se puede prohibir que se demande la declaración de un bien como bien familiar (Art. 149 CC).

LA SOCIEDAD CONYUGAL. A. Sección Primera: “CONCEPTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL”

1. Concepto: “La sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio”. 2. Características: 1) Existencia de un patrimonio o masa común destinada a contribuir a las necesidades que el matrimonio engendra. 2) Es el régimen legal supletorio aplicable en caso que los cónyuges no hayan pactado separación total de bienes o participación en los gananciales antes del matrimonio o en el acto de su celebración (Art. 1718 CC). 3) Es un régimen de comunidad restringida de gananciales. 4) Los cónyuges se benefician en iguales partes con los incrementos que experimenten sus patrimonios durante la vida en común. 5) La sociedad conyugal no es una persona jurídica distinta de los cónyuges individualmente considerados: No se pueden ejecutar actos jurídicos o contraer obligaciones en su nombre, sino que deben realizarse o contraerse ya sea por el marido o por la mujer. 6) La administración (ordinaria) de la sociedad conyugal corresponde al marido, quien es el jefe de la misma. 644

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 7) Las normas que regulan la sociedad conyugal, por regla general, tienen el carácter de normas de orden público y, por consiguiente, no pueden ser modificadas por la voluntad de los cónyuges. 8) La sociedad conyugal se forma de pleno derecho, sin necesidad de declaración alguna de los cónyuges: En caso que el matrimonio sea simplemente nulo, no se forma la sociedad conyugal, sino que simplemente existirá una comunidad de bienes. 9) La sociedad conyugal comienza con el matrimonio, y cualquier estipulación en contraria es nula (Arts. 135, inc. 1 y 1721, inc. final CC). 10) La sociedad conyugal existe entre marido y mujer; en cambio, respecto de terceros la sociedad conyugal no existe, sino que solo están la persona del marido y la mujer: La persona del marido se identifica con la de la sociedad conyugal, de manera tal que constituyen una sola persona. El Art. 1750 CC señala que el marido, respecto de terceros, es dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio, de manera que durante la sociedad los acreedores del marido podrán perseguir tanto los bienes de este como los bienes sociales. 3. Naturaleza Jurídica: Existen distintas posiciones doctrinarias: 1) La Sociedad Conyugal es un Contrato de Sociedad: Se argumenta que la sociedad conyugal tendría el carácter de sociedad por lo siguiente: a. Por su denominación. b. El Art. 2056, inc. 2, al referirse a las sociedades civiles, establece que se prohíben las sociedades de ganancias a título universal, salvo entre cónyuges: Lo que da a entender que la sociedad conyugal es una sociedad propiamente tal pero excepcional. Sin embargo, existen muchas diferencias con esta: a. En lo relativo a los aportes, la sociedad requiere de aportes, mientras que la sociedad conyugal existe, aunque los cónyuges nada aporten. b. En la sociedad conyugal las utilidades producidas -gananciales- se reparten por mitades, siendo diferente en el contrato de sociedad en que las utilidades se reparten en proporción a los aportes. c. En la administración, la sociedad la administran todos los socios o el socio que se designe, mientras que la sociedad conyugal la administra ordinariamente el marido. d. En relación con los sujetos, la sociedad puede tener lugar entre dos o más personas de cualquier sexo, mientras que la sociedad conyugal solo puede tener lugar entre un hombre y una mujer. e. En su duración, la sociedad conyugal no se puede pactar por un plazo determinado, lo que si ocurre en el contrato de sociedad. f.

La sociedad conyugal no constituye una persona distinta de los cónyuges.

2) La Sociedad Conyugal es una Comunidad de Bienes: Se funda en lo siguiente: a. El patrimonio común si bien se confunde con el del marido, no deja de ser distinto del suyo y del de la mujer. 645

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. La ley habla de bienes comunes. c. La mujer tiene la facultad de pedir la separación de bienes y para renunciar a los gananciales, y solo se renuncia a lo que se tiene. d. El marido y la mujer deben recompensas a la sociedad, por lo que hay un patrimonio común distinto al de los cónyuges. Sin embargo, hay buenas razones para estimar que la sociedad conyugal es una institución muy distinta a la comunidad: a. Mientras dure la sociedad conyugal la mujer no tiene ningún derecho sobre los bienes sociales. b. La historia fidedigna del Código: Bello en una anotación hecha en el Proyecto de 1853, textualmente decía: “se ha descartado el dominio de la mujer sobre los bienes sociales durante la sociedad”. c. La comunidad nace precisamente al momento en que la sociedad conyugal se disuelve. d. Los bienes que forman la sociedad conyugal están afectos a un fin determinado, no así los bienes que forman parte de la comunidad. e. La administración de las comunidades corresponde a todos los comuneros, en cambio de la sociedad conyugal corresponde al marido. f.

Ninguno de los cónyuges puede pedir la división de la sociedad conyugal, sino únicamente en los casos del Art. 1764; por el contrario, en la comunidad ningún comunero puede ser obligado a permanecer en la indivisión.

3) La Sociedad Conyugal es una Persona Jurídica: Si bien algunos autores así lo han señalado, los bienes sociales y del marido se confunden e identifican, de manera que no hay una entidad con patrimonio propio e independiente en cuya representación actúe el marido. 4) La Sociedad Conyugal es un Patrimonio de Afectación: Es decir, un patrimonio sin dueño afecto a un fin determinado. Pero esto no es así porque el marido es dueño de los bienes sociales para todos los efectos. Por lo anterior, los autores concluyen que la sociedad conyugal es una institución sui generis. B. Sección Segunda: “EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL” 1. Haber de la Sociedad Conyugal: “Los bienes que integran la sociedad conyugal”. Existen tres haberes: (i) el haber absoluto, (ii) el haber relativo y (ii) el haber propio de cada cónyuge. Es importante indicar que esta clasificación no la hace la ley, pero se infiere del Art. 1725 CC. 1.1. El Haber Absoluto: “Aquel formado por los bienes que ingresan a la sociedad conyugal sin derecho de recompensa a favor del cónyuge aportante o adquirente”. 1.1.1. Criterios Doctrinarios para calificar un bien como ganancial: 1) Época de Adquisición del Bien: En principio, forman parte del haber absoluto de la sociedad conyugal los bienes que se adquieren a título oneroso durante la vigencia del matrimonio, e incluso después del matrimonio, cuando tienen una causa o título anterior. 646

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Carácter Oneroso o Gratuito de las Adquisiciones durante el Matrimonio: Forman parte del haber absoluto los bienes adquiriros a título oneroso durante el matrimonio, sean muebles o inmuebles. 3) Los frutos del trabajo de los cónyuges siempre forman parte del haber absoluto. 1.1.2. Presunción Legal a favor del Haber Absoluto (Art. 1739, inc. 1 CC): “Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los cónyuges durante la sociedad o al tiempo de su disolución, se presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario”. Al decir que se presumen que son de la sociedad, se presumen que no son propios de los cónyuges. 1.1.3. Rubros que se incluyen en el Haber Absoluto: Son: 1) Primer Rubro: El Producto del Trabajo (Art. 1725 Nº1 CC): “El haber de la sociedad conyugal se compone de: Nº1: De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, devengados durante el matrimonio”. Los requisitos son: a. Debe tratarse del producto del trabajo de cualquiera de los cónyuges: Se comprende cualquier trabajo, cualquiera sea su duración, sea lícito o ilícito. Además, se trata de cualquier retribución por este trabajo. Hay una excepción: el producto del trabajo de la mujer separado del trabajo del marido forma parte del patrimonio reservado de la mujer casada del Art. 150 CC. b. El producto del trabajo debe devengarse durante la sociedad conyugal: Para ello se atenderá al momento en el cual se realiza el trabajo y no al momento del pago de la remuneración. La doctrina distingue dos situaciones: i. Si el trabajo puede dividirse: La remuneración del trabajo ejecutado antes del matrimonio no queda comprendido en este artículo, pero si queda comprendida la remuneración del trabajo realizado durante el matrimonio. ii. Si el trabajo es indivisible: Solo puede estimarse devengado el producto del trabajo cuando este ha concluido y, por consiguiente, aunque el trabajo haya comenzado antes del matrimonio quedara comprendido en la disposición si se termina durante este. Si comenzó durante esta y se termina una vez disuelto, no quedara comprendido. Existen ciertas situaciones especiales: a. Las Donaciones Remuneratorias (Art. 1433 CC): “Las que expresamente se hicieran en remuneración de servicios específicos, siempre que estos sean de los que suelen pagarse”. Hay que distinguir: i. Si se hacen durante la Sociedad Conyugal: 1. Si se trata de Bienes Raíces: a) Si los servicios dan acción contra la persona servida: Ingresan al Haber Absoluto hasta concurrencia de lo que den acción.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b) Si los servicios no dan acción contra la persona servida: La donación es gratuita y, por lo tanto, ingresa al Haber Propio del cónyuge donatario. 2. Si se trata de Bienes Muebles: a) Si los servicios dan acción contra la persona servida: Ingresan al Haber Absoluto hasta concurrencia de lo que den acción. b) Si los servicios no dan acción contra la persona servida: Ingresan al Haber Relativo. ii. Si se hacen antes del Matrimonio: 1. Si se trata de Bienes Raíces: Ingresan al Haber Propio del cónyuge donatario. 2. Si se trata de Bienes Muebles: Ingresan al Haber Relativo. b. Las Ganancias obtenidas en el Juego: i.

Si se trata de una remuneración por el juego mismo: Es un producto del trabajo e ingresa al haber absoluto.

ii.

Si se trata de una ganancia por el juego: Entra al haber absoluto por aplicación del Art. 1725 Nº5 CC.

c. Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo o por un Ilícito Extracontractual: i.

Si el Accidente produce Incapacidad Temporal: La indemnización será por lucro cesante e ingresará al haber absoluto.

ii.

Si se trata de una Incapacidad Permanente o de una Indemnización por Daño Moral o Corporal: Alessandri estima que la indemnización pertenece al cónyuge que sufrió el perjuicio, porque la sociedad conyugal no es dueña de la integridad corporal o psíquica del damnificado. Si por consistir en dinero la indemnización ingresa al haber relativo, se deberá al cónyuge una recompensa.

2) Segundo Rubro: Los Frutos (Art. 1725 Nº2 CC): “El haber de la sociedad conyugal se compone: 2º. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el matrimonio”. Los requisitos son: a. Debe tratarse de frutos o lucros de cualquier naturaleza: Involucra los frutos y productos. b. Pueden provenir de bienes sociales, de bienes del marido y de bienes de la mujer: i. De los Bienes Sociales: En este caso la sociedad adquiere por accesión si se trata de los frutos y si se trata de rubros no constitutivos de frutos los adquiere como consecuencia de la facultad de goce del derecho de dominio. ii. De los Bienes de uno de los Cónyuges: Es lógico como contrapartida de que los cónyuges se mantienen con cargo a la sociedad conyugal. El modo de adquirir es 648

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe la ley. Hay una excepción que es el caso en que se done, se herede o se legue al cónyuge un bien con la condición de que los frutos de estas cosas no pertenezcan a la sociedad, salvo que se trate de bienes donados o asignados a título de legitima rigorosa. c. Que se devenguen durante la Sociedad Conyugal: i. Frutos Naturales: Serán sociales los que se perciban durante la sociedad conyugal. ii. Frutos Civiles: Hay que atender al momento en que se devengan, recordando que el Art. 790 CC señala que se devengan día a día. Por lo que, si el matrimonio se celebra un día 15, solo la parte de la renta de arrendamiento que se deba pagar desde esa fecha pasa a formar parte del haber absoluto. El Usufructo Legal del Marido sobre los Bienes de la Mujer: No es un derecho real de usufructo, sino más bien un derecho especial de goce que corresponde al marido como jefe de la sociedad conyugal y administrador de los bienes de la mujer. Esto por dos razones: a. Si el marido tuviere un derecho de usufructo cuando enajenare los bienes de la mujer, estaría enajenando únicamente la nuda propiedad y eso no es así. b. La historia fidedigna señala que esta expresión solo vino a incorporarse en el Proyecto Definitivo, por una inadvertencia del legislador, a diferencia del usufructo del padre sobre los bienes del hijo de familia. El Art. 2466, inc. Final CC señala que “no será embargable el usufructo del marido sobre los bienes de la mujer”. Frente a la inembargabilidad se discute su alcance: a. Leopoldo Urrutia: Según él la inembargabilidad es excepcional y se refiere a los frutos, por lo cual, ellos no serían embargables. b. Carlos Aguirre Vargas: Distingue el usufructo, que sería inembargable, y los frutos que, si serian embargables, los cuales una vez ingresados a la sociedad conyugal son susceptibles de embargo. c. José Clemente Fabres y Somarriva: Siguen a Aguirre, pero con una excepción: los frutos serian embargables, pero no puede privarse al marido de lo necesario para atender a las cargas de la familia. 3) Tercer Rubro: Las Adquisiciones Onerosas (Art. 1725 Nº5 CC): “El haber de la sociedad conyugal se compone: 5º. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso”. Los requisitos de este rubro son: a. Que el bien haya sido adquirido a título oneroso por cualquiera de los cónyuges: Si un cónyuge durante la sociedad conyugal vende un bien propio y con el producto de la venta adquiere otro bien, este ingresa al haber absoluto de la sociedad, sin perjuicio del derecho de recompensa que pueda tener por el dinero invertido. Existen dos excepciones: i. Si hay subrogación respecto de los bienes propios del marido o de la mujer. ii. Las adquisiciones onerosas que haga la mujer en el giro del patrimonio reservado del Art. 150 CC.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Que el título de la adquisición se haya otorgado durante la sociedad conyugal: Se atiende a la fecha del título y no del modo de adquirir el dominio del bien. Hay una excepción en el Art. 1736 Nº7 CC que señala que: “También pertenecerán al cónyuge los bienes que adquiera durante la sociedad en virtud de un acto o contrato cuya celebración se hubiere prometido con anterioridad a ella”. Pero, si la adquisición se hiciere con bienes de la sociedad y del cónyuge, éste deberá la recompensa respectiva. Existen dos situaciones especiales: a. Adquisición de un Inmueble Contiguo al Inmueble Propio de uno de los Cónyuges (Art. 1728 CC): El bien que se adquiere ingresa al haber de la sociedad conyugal. Pero, si el predio nuevo y el antiguo se han confundido de tal modo que han llegado a perder su individualidad, se considerarán como un todo, siendo ambos cónyuges dueños a prorrata de los respectivos valores al tiempo de la incorporación. Esta situación solo se da si se adquiere el predio a título oneroso. b. Adquisición de la Propiedad Plena de un Bien que se tenía en comunidad (Art. 1729 CC): Esto ocurre cuando se cumplen los siguientes requisitos: i. Existe una indivisión entre uno de los cónyuges y otra persona. ii. La cuota del cónyuge constituye un bien propio, y iii. Las demás cuotas se adquieren a título oneroso. En este caso, se mantiene la indivisión, ahora entre el cónyuge dueño de la cuota primitiva y la sociedad conyugal, a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al primero; y de lo que haya costado la adquisición del resto. 4) Cuarto Rubro: Las Minas (Art. 1730 CC): “Las minas denunciadas por uno de los cónyuges o por ambos se agregarán al haber social”. No ingresan las denunciadas por la mujer en el ejercicio de su profesión u oficio según el Art. 150 CC. 5) Quinto Rubro: El Tesoro (Art. 1731 CC): Ingresa al haber absoluto: a. Lo que corresponda a la sociedad conyugal como dueña del terreno, y b. Lo que corresponda al cónyuge como descubridor si se dedica a la actividad de descubrir tesoro como remuneración. 1.2. Haber Relativo o Activo Aparente: “Aquel formado por los bienes que ingresan a la sociedad conyugal, pero quedando está obligada a pagar la correspondiente recompensa a favor del cónyuge aportante o adquirente”. Las recompensas son: “créditos o derechos personales que pueden reclamarse al momento de liquidarse la sociedad conyugal”. Los rubros que lo conforman son: 1) Primer Rubro: El dinero aportado o adquirido a título gratuito (Art. 1725 Nº3 CC): “El haber de la sociedad conyugal se compone: 3º. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; obligándose la sociedad a pagar la correspondiente recompensa”. Los requisitos son: a. Debe tratarse de dinero.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Debe ser aportado al matrimonio por cualquiera de los cónyuges o adquirido a título gratuito durante la sociedad conyugal. Como el Código habla de “correspondiente recompensa”, esta debe darse reajustada, ya que antiguamente hablaba de “igual suma”, siguiendo un criterio nominalista. Situación de las Donaciones Remuneratorias: Quedan comprendidos en este rubro cuando consistan en dinero y no den acción en contra de la persona servida, y en cuanto excedan de lo que den acción. 2) Segundo Rubro: Las Cosas Fungibles y Muebles aportados o adquiridos a título gratuito (Art. 1725 Nº4 CC): “El haber de la sociedad conyugal se compone: 4º. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando obligada la sociedad a pagar la correspondiente recompensa”. Los requisitos son: a. Debe tratarse de una cosa mueble distinta del dinero. b. Debe ser aportada al matrimonio por cualquiera de los cónyuges; o bien, adquirido a título gratuito durante la sociedad conyugal: La gratuidad se desprende del Art. 1725 Nº5 CC que se refiere a todas las adquisiciones onerosas. En ese sentido, si el bien mueble fue adquirido por el cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal, pero la causa o título de adquisición ha precedido a ella ingresa a este haber, por tratarse de un bien aportado al matrimonio. Excepciones a esta regla: Existen dos excepciones a esta regla: a. El Art. 1725 N°4, inc. 2 CC: “Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles, designándolas en las capitulaciones matrimoniales”. b. Los cónyuges en las capitulaciones matrimoniales pueden destinar determinados valores a comprar bienes que formarán parte de su haber propio, y que por lo tanto tampoco ingresarán al haber relativo, sino que se mantendrán en el haber propio. Situación de las Donaciones Remuneratorias: Quedan comprendidas en este rubro cuando se trate de cosas muebles que no sean dinero y no den acción en contra de la persona servida y en cuanto excedan a lo que den acción. 3) Tercer Rubro: El Tesoro (Art. 1731 CC): Ingresa al haber relativo: a. Lo que le corresponda al cónyuge como dueño del terreno, y b. Lo que corresponda al cónyuge como descubridor si no se dedica a la actividad de descubrir tesoros. 1.3. Haber Propio o Personal de cada uno de los cónyuges: 1.3.1. Características: 1) Al momento de liquidarse la sociedad conyugal el cónyuge tiene derecho a retirar en especie sus bienes propios.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Tratándose de bienes propios de la mujer, el marido siempre requiere autorización de esta para realizar ciertos actos. 3) Si el marido se constituye avalista, fiador, codeudor solidario u otorga cualquier otra caución personal a favor de terceros sin la autorización de la mujer, solo obliga sus bienes propios. 1.3.2. Rubros del Haber Propio de los Cónyuges: 1) Primer Rubro: Los Inmuebles aportados por cualquiera de los cónyuges al Matrimonio: Quedan en el haber propio porque la ley no los señala ni en el haber absoluto ni en el haber relativo. Los requisitos son: a. Que cualquiera de los cónyuges sea dueño de un bien raíz al momento de casarse, trátese del dominio u otro derecho real inmueble. b. Que el título de la adquisición sea anterior al matrimonio, aunque el modo se haya producido durante la sociedad conyugal: En ese sentido, el Art. 1736 CC dice que: “La especie adquirida durante la sociedad, no pertenece a ella aunque se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella”. Inmediatamente, enumera una serie de ejemplos: i. No pertenecerán a la sociedad las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de ella, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho verdaderamente suyas se complete o verifique durante ella: Esto contempla dos situaciones: 1. Se posee un bien raíz, pero aún no ha transcurrido el plazo para ganarlo por prescripción, lo que solo viene a acontecer durante la vigencia de la sociedad conyugal: Ese bien no es social, sino que propio del cónyuge, pues la causa o título de su adquisición ha precedido a la sociedad. Los efectos de la sentencia judicial operan retroactivamente al momento en que comenzó a poseer. 2. Se adquiere un bien raíz por transacción: La transacción en cuanto se limite a reconocer o declarar derechos preexistentes, no forma nuevo título. ii. Ni los bienes que se poseían antes de ella por un título vicioso, pero cuyo vicio se ha purgado durante ella por la ratificación, o por otro remedio legal: Este saneamiento opera retroactivamente a la fecha en que se había adquirido el bien raíz por el cónyuge, por lo que resulta lógico que ingrese al haber propio. iii. Ni los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por la nulidad o resolución de un contrato, o por haberse revocado una donación. iv. Ni los bienes litigiosos y de que durante la sociedad ha adquirido uno de los cónyuges la posesión pacífica. v. Tampoco pertenecerá a la sociedad el derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge; los frutos solos pertenecerán a la sociedad; vi. Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos constituidos antes del matrimonio, pertenecerá al cónyuge acreedor. Lo 652

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe mismo se aplicará a los intereses devengados por uno de los cónyuges antes del matrimonio y pagados después. vii. También pertenecerán al cónyuge los bienes que adquiera durante la sociedad en virtud de un acto o contrato cuya celebración se hubiere prometido con anterioridad a ella, siempre que la promesa conste de un instrumento público, o de instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros de acuerdo con el artículo 1703. Finalmente, eso sí, si la adquisición se hiciere con bienes de la sociedad y del cónyuge, éste deberá la recompensa respectiva (Art. 1736, penúltimo inciso CC). 2) Segundo Rubro: Inmuebles adquiridos durante la sociedad conyugal a título gratuito (Arts. 1726, inc. 1 y 1732, inc. 1 CC): Si el bien adquirido es mueble ingresa al haber relativo de la sociedad conyugal. Situación de las Donaciones Remuneratorias: Quedan comprendidas en este rubro cuando consistan en inmuebles y en cuanto no den acción contra la persona servida o en cuanto excedan lo que dan acción. 3) Tercer Rubro: Bienes Muebles excluidos de la Comunidad en las Capitulaciones Prematrimoniales (Art. 1725 Nº4, inc. 2 CC): “Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles, designándolas en las capitulaciones matrimoniales”. Según el precepto no basta con señalar que se excluyen bienes, sino que hay que especificar los bienes que se excluyen. 4) Cuarto Rubro: Aumentos que experimenten los Bienes Propios de los Cónyuges (Art. 1727 Nº3 CC): “No obstante lo dispuesto en el artículo 1725 no entrarán a componer el haber social: 3º. Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de uno de los cónyuges formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o cualquiera otra causa”. Los aumentos pueden ser de dos clases: a. Aumentos naturales: Nada deberá el cónyuge a la sociedad conyugal por concepto de gastos (Art. 1771, inc. 2 CC). b. Aumentos provenientes de la industria humana: Se debe recompensa en los términos del Art. 1746 CC, es decir, por las expensas de toda clase que se hayan hecho en los bienes de cualquiera de los cónyuges, en cuanto dichas expensas hayan aumentado el valor de los bienes, y en cuanto subsistiere este valor a la fecha de la disolución de la sociedad; a menos que este valor exceda al de las expensas, pues en tal caso se deberá solo el importe de estas. 5) Quinto Rubro: Los Créditos o Recompensas que los cónyuges adquiere contra la sociedad y que pueden hacer valer al momento de su disolución. 6) Sexto Rubro: Los Inmuebles Subrogados a un Inmueble Propio de uno de los cónyuges o a Valores (Art. 1727 Nº1 y 2 CC): “No obstante lo dispuesto en el artículo 1725 no entrarán a componer el haber social: 1º. El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges; 2º. Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio”. La subrogación es “la sustitución de una persona o cosa por otra que pasa a tener la misma calidad jurídica que tenía la primera”. Esta puede ser real o personal. El caso establecido en la 653

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe sociedad conyugal es una subrogación real donde se busca que un inmueble adquirido a título oneroso durante la sociedad conyugal ingrese al patrimonio propio del cónyuge adquirente por ocupar jurídicamente el mismo lugar que tenía otro inmueble o valores propios del mismo cónyuge. a. De Inmueble a Inmueble: Puede ser por compra o por permuta. Sus requisitos son: i. Existencia de un inmueble propio de uno de los cónyuges: Hay que tener presente que los bienes del patrimonio reservado no son bienes propios. ii. Adquisición de otro inmueble durante la sociedad conyugal por compra o permuta: Si es por compra el cónyuge debe vender el bien propio y con el precio de la venta debe adquirir otro inmueble. La doctrina se pregunta si es posible la subrogación por antelación, es decir, que se compre un bien y luego se venda el bien propio. Alessandri dice que no debido a que el Art. 1733, inc. 1 CC señala que “vendido el segundo durante el matrimonio, se haya comprado con su precio el primero”. Somarriva en cambio, estima que no habría inconveniente en la subrogación por antelación. iii. Animo de subrogar expresado en la forma prevista por la Ley: Si la subrogación es por permuta, el ánimo debe constar en la escritura pública de permuta. Si es por venta, tanto en la escritura pública de venta como en la escritura pública de compra. iv. Proporcionalidad entre el valor del inmueble adquirido y del inmueble propio del cónyuge: El Art. 1733, inc. 6 CC señala que: “Pero no se entenderá haber subrogación, cuando el saldo en favor o en contra de la sociedad excediere a la mitad del precio de la finca que se recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social, quedando la sociedad obligada a recompensar al cónyuge por el precio de la finca enajenada, o por los valores invertidos, y conservando éste el derecho de llevar a efecto la subrogación, comprando otra finca”. Hay que distinguir: 1. Si no existe saldo a favor o en contra de la sociedad conyugal: Hay subrogación y no se originan recompensas. 2. Si existe saldo a favor o en contra de la sociedad conyugal: a) Si el saldo a favor o en contra de la sociedad conyugal es inferior a la mitad del precio de la finca que se recibe: Hay subrogación y se genera una recompensa a favor de la sociedad conyugal o a favor del cónyuge, según el caso. b) Si el saldo a favor o en contra de la sociedad conyugal es superior a la mitad del precio de la finca que se recibe: No hay subrogación, el bien adquirido ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal, la sociedad conyugal debe una recompensa al cónyuge por el precio de la finca enajenada y el cónyuge conserva el derecho de llevar a efecto la subrogación mediante la compra de otra finca según las reglas generales.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe v. Autorización de la mujer si la subrogación tiene lugar en bienes de esta: Se requiere que la mujer consienta en la enajenación del bien propio y que, además, consciente para la subrogación misma. b. De Inmueble a Valores (Art. 1727 Nº2 CC): Se refiere a las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio. Para algunos solo sería posible por venta. Somarriva estima que la subrogación por permuta sería posible por aplicación analógica de las reglas de subrogación de inmueble a inmueble. Ramos opina que no es posible extender por analogía estas reglas porque las normas de subrogación son excepcionales. Sus requisitos son: i. Existencia de valores propios de uno de los cónyuges destinados a la subrogación en las capitulaciones prematrimoniales o en una donación por causa de matrimonio: Somarriva entiende que esa destinación podría también hacerse por un legado. ii. La adquisición de un bien raíz durante la sociedad conyugal por compra. iii. Que en la escritura pública de compra del inmueble se deje constancia de que los valores fueron destinados a la subrogación en las capitulaciones prematrimoniales o en una donación por causa de matrimonio (o un legado). iv. Que en la escritura pública de compra del inmueble se deje constancia del ánimo de subrogar. v. Proporcionalidad entre lo que valgan los valores y el inmueble subrogante. vi. Autorización de la mujer si la subrogación tiene lugar en bienes de esta. 7) Séptimo Rubro: Los Frutos de las liberalidades efectuadas a los cónyuges, bajo condición de que no pertenezcan a la sociedad conyugal (Art. 1724 CC): “Si a cualquiera de los cónyuges se hiciere una donación o se dejare una herencia o legado con la condición de que los frutos de las cosas donadas, heredadas o legadas no pertenezcan a la sociedad conyugal, valdrá la condición, a menos que se trate de bienes donados o asignados a título de legítima rigorosa”. 1.4. Reglas para determinar cuáles bienes son sociales y cuáles son propios de cada cónyuge: 1) Presunción Legal de Dominio (Art. 1739 CC): “Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los cónyuges durante la sociedad o al tiempo de su disolución, se presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario”. Esta presunción es de gran utilidad porque: a. Protege a los acreedores sociales liberándolos de tener que probar que los bienes que se encuentran en poder de los cónyuges son bienes sociales, y no propios. b. Simplifica la liquidación de la sociedad conyugal.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esta presunción es simplemente legal, de manera que si los cónyuges o terceros pretenden que algún bien es de alguno de ellos deberán probarlo, pero tratándose de los cónyuges no cabe la prueba confesional (Art. 1739, inc. 2 CC). Sin embargo, el Art. 1739, inc. 3 CC señala que: “La confesión, no obstante, se mirará como una donación revocable, que, confirmada por la muerte del donante, se ejecutará en su parte de gananciales o en sus bienes propios, en lo que hubiere lugar”. 2) Presunción Legal a favor de Terceros respecto de los Bienes Muebles (Art. 1739, inc. 4 CC): “Tratándose de bienes muebles, los terceros que contraten a título oneroso con cualquiera de los cónyuges quedarán a cubierto de toda reclamación que éstos pudieren intentar fundada en que el bien es social o del otro cónyuge, siempre que el cónyuge contratante haya hecho al tercero de buena fe la entrega o la tradición del bien respectivo”. Para que se aplique esta presunción se requiere: a. El contrato se refiera a bienes muebles. b. Que sea a título oneroso. c. Que el tercero haya recibido el bien de buena fe: En este punto, el Art. 1739, inc. 5 CC dispone que: “No se presumirá la buena fe del tercero cuando el bien objeto del contrato figure inscrito a nombre del otro cónyuge en un registro abierto al público, como en el caso de automóviles, acciones de sociedades anónimas, naves, aeronaves, etc.”. 3) Presunción Legal de Dominio de Bienes adquiridos a título oneroso después de la disolución de la sociedad conyugal y antes de su liquidación (Art. 1739, inc. final CC): “Se presume que todo bien adquirido a título oneroso por cualquiera de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación, se ha adquirido con bienes sociales. El cónyuge deberá por consiguiente, recompensa a la sociedad, a menos que pruebe haberlo adquirido con bienes propios o provenientes de su sola actividad personal”. 2. Pasivos de la Sociedad Conyugal: Primeramente, es relevante definir que es obligación y contribución a la deuda. Obligación a la deuda se refiere a: “la determinación del o de los patrimonios en que puede hacerse efectiva una deuda, haciendo abstracción acerca de si ese patrimonio va a ser o no gravado en definitiva con esa deuda”. En cambio, contribución a la deuda atiende a: “la determinación del patrimonio gravado en definitiva por la deuda, haciendo abstracción de si esa deuda puede perseguirse en ese patrimonio que queda gravado”. En ese sentido podemos distinguir cuatro clases de deudas: 1) Deuda Social respecto a la Obligación y Contribución a la Deuda: Aquella que puede perseguirse sobre los bienes sociales y, en definitiva, solo grava a la sociedad conyugal. Corresponden al Pasivo Absoluto. 2) Deuda Social respecto a la Obligación y Personal respecto a la Contribución a la Deuda: Aquella que puede perseguirse sobre los bienes sociales y, en definitiva, solo grava a uno de los cónyuges porque se genera una recompensa en favor de la sociedad conyugal. Corresponden al Pasivo Relativo. 3) Deuda Personal respecto a la Obligación y Contribución a la Deuda: Aquella que únicamente puede perseguirse sobre los bienes propios de uno de los cónyuges y en definitiva solo a él grava. Corresponden al Pasivo Personal. 656

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Deudas de los Pasivos de los Patrimonios Reservados de la Mujer. 2.1. Pasivo Absoluto, Real o Definitivo: “Aquel formado por las deudas que son de cargo de la sociedad conyugal sin que esta tenga derecho de recompensa en contra de ninguno de los cónyuges”. Son sociales en cuanto a la obligación a la deuda y en cuanto a la contribución a la deuda. 1) Primer Rubro: Pensiones e Intereses que corren contra la sociedad o contra cualquiera de los cónyuges, y que se devenguen durante la sociedad (Art. 1740 Nº1 CC): “La sociedad es obligada al pago: 1º. De todas las pensiones e intereses que corran sea contra la sociedad, sea contra cualquiera de los cónyuges y que se devenguen durante la sociedad”. Es la contraprestación de la sociedad al ingreso de los frutos de los bienes sociales y de los cónyuges. Se comprenden las pensiones e intereses, pero no el capital. Deben devengarse durante la sociedad conyugal y no antes; pero las obligaciones que los generan pueden ser anteriores o posteriores a la celebración del matrimonio. Es decir, si se pide un mutuo antes del matrimonio y se paga durante su vigencia, los intereses son de cargo de la sociedad. Esto es justo porque los frutos civiles son haberes absolutos desde que se devengan y se devengan día a día. 2) Segundo Rubro: Deudas y Obligaciones contraídas por el Marido o la Mujer que no sean personales durante el matrimonio (Art. 1740 Nº2 CC): “La sociedad es obligada al pago: 2º. De las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, o la mujer con autorización del marido, o de la justicia en subsidio, y que no fueren personales de aquél o ésta, como lo serían las que se contrajesen para el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior”. Esta situación incluye: a. Deudas contraídas por el marido: Es la situación normal, pero hay que hacer algunas prevenciones: i. Si el marido ha caucionado una obligación social: Es pasivo absoluto. ii. Si el marido ha caucionado una obligación personal de los cónyuges: Es pasivo relativo. iii. Si el marido ha caucionado una obligación de un tercero sin autorización de su mujer: Es pasivo personal del marido. iv. Si el marido ha caucionado una obligación de un tercero con autorización de su mujer: Es pasivo absoluto. b. Deudas contraídas por la mujer: El artículo se refiere a tres casos en los cuales sería pasivo absoluto: i. Contraiga la deuda con autorización del marido: Esta norma no tiene sentido hoy en día, ya que la mujer es plenamente capaz. ii. Contraiga la deuda con autorización judicial: Esto procede, según el Art. 138, inc. 2 CC cuando al marido le afectare un impedimento que no fuere de larga data o indefinida duración, en cuyo caso la puede autorizar el juez con conocimiento de causa. En este caso, según el Art. 138, inc. 3 CC obliga al marido en sus bienes y en los sociales de la misma manera que si el acto fuere del marido; y obliga además sus bienes propios, hasta concurrencia del beneficio particular que reportare el acto. 657

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe iii. Contraiga la deuda con mandato general o especial del marido: Si la mujer mandataria actúa a nombre propio no obliga a la sociedad y solo puede obligar a los bienes que administre en su patrimonio reservado o especial. c. Deudas contraídas conjunta, solidaria o subsidiariamente por el marido y mujer. d. Deudas provenientes de compras al fiado, que haga la mujer de bienes muebles destinados al consumo ordinario de la familia (Art. 137, inc. 2 CC): Tienen que concurrir los siguientes requisitos: i. Compra al fiado. ii. De bienes muebles. iii. Que esos bienes estén destinados naturalmente al consumo ordinario de la familia. 3) Tercer Rubro: Cargas y Reparaciones Usufructuarias de los Bienes Sociales o de cada cónyuge (Art. 1740 Nº4 CC): “La sociedad es obligada al pago: 4º. De todas las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada cónyuge”. Se incluirán en esta disposición: a. Las expensas ordinarias de conservación y cultivo. b. Las pensiones, cánones y en general, las cargas periódicas que de antemano haya sido gravada la cosa fructuaria y que durante el usufructo se devenguen. c. El pago de los impuestos periódicos fiscales y municipales. Esto se opone a las obras o refacciones mayores que son las que ocurran por una vez o a largos intervalos de tiempo y que conciernen a la conservación y permanente utilidad de la cosa fructuaria, ya que esta solo ingresara al pasivo absoluto si el bien es social, sino integrará el pasivo relativo. 4) Cuarto Rubro: Mantenimiento de los Cónyuges, de los Descendientes Comunes y de toda otra carga de familia (Art. 1740 Nº5 CC): “La sociedad es obligada al pago: 5º. Del mantenimiento de los cónyuges; del mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes comunes; y de toda otra carga de familia. a. Gastos de Mantenimiento de los Cónyuges: Si las remuneraciones que obtienen los cónyuges ingresan al activo absoluto de la sociedad conyugal, resulta absolutamente razonable que el mantenimiento de ellos sea también de cargo de la sociedad conyugal. b. Gastos de Mantenimiento, Educación y Establecimiento de los Descendientes Comunes: i. Gastos de Mantenimiento: Comprenden la alimentación, habitación, vestido, atención de salud, etc. Según el Art. 224 CC, tocan de consuno a los padres. ii. Gastos de Educación: Comprenden los que demande la enseñanza básica, media, profesional o universitaria. El Art. 1744 CC distingue entre expensas ordinarios o extraordinarias del descendiente común. 1. Expensas Ordinarias: Son de cargo de la sociedad conyugal, aunque el hijo tuviere bienes propios. Solo se podrían sacar de los bienes propios del 658

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe hijo en caso necesario, o sea, cuando los bienes sociales no fueren suficientes. 2. Expensas Extraordinarias: Deberán pagarse con los bienes propios del hijo, si los tuviere, y solo en cuanto le hubieren sido efectivamente útiles. Serán de cargo de la sociedad conyugal, en caso contrario. iii. Gastos de Establecimiento: Son los necesarios para dar al hijo un estado o colocación estable que le permita satisfacer sus propias necesidades, como los que demanden el matrimonio o profesión religiosa, su ingreso a un servicio público o particular, la instalación de su oficina o taller, etc. Serán de cargo de la sociedad conyugal, cuando el hijo careciere de bienes propios (Art. 231 CC) y cuando no constare de un modo auténtico que marido, mujer o ambos de consuno han querido que se sacasen de sus bienes propios (Art. 1744, inc. 1 CC). c. Toda otra Carga de Familia (Art. 1740 Nº5, inc. 2 CC): “Se mirarán como carga de familia los alimentos que uno de los cónyuges esté por ley obligado a dar a sus descendientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges; pero podrá el juez moderar este gasto si le pareciere excesivo, imputando el exceso al haber del cónyuge”. 5) Quinto Rubro: Pago que por Capitulación Matrimonial debe hacerse a la Mujer para que pueda disponer a su arbitrio (Art. 1740, inc. final CC): “Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho de que se le entregue por una vez o periódicamente una cantidad de dinero de que pueda disponer a su arbitrio, será de cargo de la sociedad este pago, siempre que en las capitulaciones matrimoniales no se haya impuesto expresamente al marido”. 2.2. Pasivo Relativo, Aparente o Provisorio: “Aquel formado por las deudas que deben ser pagadas por la sociedad conyugal, pero que no la gravan en definitiva porque se genera un derecho de recompensa a su favor en contra del cónyuge deudor”. Son sociales en cuanto a la obligación a la deuda, pero no en cuanto a la contribución a la deuda. 1) Rubro que lo integra: Deudas Personales (Art. 1740 Nº3 CC): “La sociedad es obligada al pago: 3º. De las deudas personales de cada uno de los cónyuges, quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que ésta invierta en ello”. Dentro de ellas se encuentran: a. Las contraídas antes de casarse. b. Las hereditarias o testamentarias provenientes de una herencia adquirida por uno de los cónyuges (Art. 1745, inc. final CC). c. Los alimentos forzosos no comprendidos en el Art. 1740 Nº5, inc. 2 CC. d. Las deudas contraídas durante la sociedad conyugal que cedan en provecho exclusivo de uno de los cónyuges. e. Las multas o reparaciones pecuniarias a que haya sido condenado uno de los cónyuges por delito o cuasidelito (Art. 1748 CC). Responsabilidad Extracontractual de la Mujer por el Hecho Propio: Se cuestiona la doctrina si se puede hacer efectiva esta responsabilidad sobre los bienes propios de la mujer. Esto si serie posible porque la limitación del Art. 137, inc. 1 CC solo se refiere a los actos y contratos y no a los

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe hechos ilícitos. Esto sin perjuicio de que, por tratarse de una deuda del pasivo relativo de la sociedad conyugal, puede perseguirse también sobre los bienes de la sociedad y del marido. Responsabilidad del Marido por el hecho de su Mujer: Hoy en día el marido no responde por el hecho de su mujer, sin perjuicio que la deuda sigue perteneciendo al pasivo relativo de la sociedad. Deudas contraídas por la Mujer antes del Matrimonio: Por regla general, todas las deudas contraídas por el marido y la mujer antes del matrimonio forman parte del pasivo relativo. Sin embargo, en el caso de la mujer también quedan afectos a sus deudas anteriores al matrimonio sus bienes propios, en virtud del derecho de prenda general del Art. 2465 CC. 2.3. Pasivo Propio o Personal de cada uno de los cónyuges: “Aquel formado por deudas a cuyo pago esta solamente obligado el cónyuge deudor y que solo gravan a él”. 1) Pasivos Personales de la Mujer: a. Art. 138 bis CC: “Si el marido se negare injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto de un bien propio de la mujer, el juez podrá autorizarla para actuar por sí misma, previa audiencia a la que será citado el marido. En tal caso, la mujer sólo obligará sus bienes propios y los activos de sus patrimonios reservados o especiales de los artículos 150, 166 y 167, mas no obligará al haber social ni a los bienes propios del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubieren reportado del acto”. b. Art. 1759, inc. 6 CC: “Si la mujer que tiene la administración extraordinaria de la sociedad conyugal se constituye en aval, codeudora solidaria, fiadora u otorga cualquiera otra caución respecto de terceros, sólo obligará sus bienes propios y los que administre en conformidad a los artículos 150, 166 y 167. Para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de la justicia, dada con conocimiento de causa”. 2) Pasivo Personal del Marido (Art. 1749, inc. 5 y 6 CC): “Si el marido se constituye aval, codeudor solidario, fiador u otorga cualquiera otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, sólo obligará sus bienes propios. En los casos a que se refiere el inciso anterior para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de la mujer”. 3. Las Recompensas: Durante la vida de la sociedad conyugal se producen diferentes situaciones que van generando créditos o recompensas sea de uno de los cónyuges en favor de la sociedad conyugal, sea de la sociedad conyugal en favor de uno de los cónyuges, sea, por último, de un cónyuge en favor del otro. Somarriva las define como “el conjunto de créditos o indemnizaciones en dinero que se hacen valer al momento de liquidar la sociedad conyugal, a fin de que cada cónyuge aproveche los aumentos y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponde”. 3.1. Objetivos de las Recompensas: 1) Evitar todo enriquecimiento a menudo involuntario, de un patrimonio a expensas del otro. 2) Evitar que los cónyuges se hagan donaciones disimuladas en perjuicio de sus respectivos legitimarios y acreedores.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Mantener la inmutabilidad del régimen matrimonial y el equilibrio entre los tres patrimonios. 4) Proteger a la mujer contra los abusos del marido. 3.2. Clasificación de las Recompensas: 1) Recompensas adeudadas por uno de los cónyuges a la sociedad conyugal: a. Porque la sociedad pagó una deuda personal suya (Art. 1740 Nº3 CC). b. Porque durante la sociedad adquirió un bien raíz subrogándolo a valores o a otro inmueble propio, y el valor del bien adquirido es superior al que subrogó (Art. 1733, inc. 3 CC). c. Porque durante la sociedad se hicieron mejoras no usufructuarias en un bien propio, que aumento el valor de la cosa (Art. 1746 CC). d. Porque adquirió una herencia y la sociedad pagó las deudas hereditarias o testamentarias (Art. 1745 CC). e. Porque hizo una erogación gratuita y cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente común (Arts. 1735, 1742 y 1747 CC). f.

Porque la sociedad pagó una multa o indemnización generada por un delito o cuasidelito suyo (Art. 1748 CC).

g. Porque, con dolo o culpa grave, causó perjuicios a la sociedad (Art. 1748 CC). h. Por los precios, saldos, costas judiciales y expensas de toda clase que se hicieron en la adquisición o cobro de los bienes, derechos o créditos que pertenezcan al cónyuge (Art. 1745 CC). i.

Porque disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación, se adquirió un bien a título oneroso: Caso en que se adeuda recompensa a la sociedad conyugal por el precio de adquisición del bien, a menos que se pruebe que fue adquirido con bienes propios o provenientes de la sola actividad personal (Art. 1739, inc. final CC).

2) Recompensas debidas por la sociedad a uno de los cónyuges: a. Por las especias muebles o dineros que este aportó a la sociedad o que durante ella adquirió a título gratuito. b. Porque durante la vigencia de la sociedad conyugal se enajenó un bien propio de uno de los cónyuges, a menos que con esos dineros se haya adquirido otro bien que se subrogó al primero o se haya pagado una deuda personal del cónyuge (Art. 1741 CC). c. Porque durante la sociedad conyugal operó la subrogación de inmueble a inmueble o a valores, y el bien adquirido era de menor valor que el bien subrogado. d. Si las expensas ordinarias y extraordinarias de educación de un descendiente común o las necesarias para establecerle o casarle se sacaren de los bienes propios de un cónyuge sin que aparezca ánimo de este de soportarlas (Art. 1744, inc. 1 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Recompensas debidas entre cónyuges: Un cónyuge va a deber recompensas al otro cuando se ha beneficiado indebidamente a su costa; o cuando con dolo o culpa, le ha causado perjuicios. Hay varios ejemplos: a. Cuando con bienes de un cónyuge se paga una deuda personal del otro. b. Cuando con bienes propios del cónyuge se hicieren reparaciones o mejoras en un bien del otro. c. Cuando un cónyuge, con dolo o culpa grave, causare daños a los bienes del otro. 3.3. Prueba de las Recompensas: El que alega una recompensa deberá probar los hechos en que la funda (Art. 1698 CC). Para ello podrá valerse de todos los medios probatorios que establece la ley, con excepción de la confesión (Art. 1739, inc. 2 CC). 3.4. Las Recompensas se pagan en Dinero y en Valor Reajustado (Art. 1734 CC): “Todas las recompensas se pagarán en dinero, de manera que la suma pagada tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la recompensa. El partidor aplicará esta norma de acuerdo a la equidad natural”. La ley le otorga amplias facultades al partidor o liquidador de la sociedad conyugal, para poder establecer la reajustabilidad. 3.5. Las Recompensas no son de orden público: De ello se sigue: 1) Que los cónyuges pueden renunciar a ellas: Esta puede darse en las capitulaciones matrimoniales o una vez disuelta. No puede darse durante la vigencia de la sociedad conyugal, pues ello importaría alterar el régimen matrimonial. Pero si podría renunciarse a una recompensa determinada. 2) Que se puede convenir otra forma de calcularlas o pagarlas. C. Sección Tercera: “ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL” 1. Generalidades: El Art. 1749 CC señala que corresponde al marido, como jefe de la sociedad conyugal, la administración de los bienes sociales y los de su mujer, sujeto a ciertas limitaciones. Esta es la llamada administración ordinaria. Por su parte, la administración extraordinaria tiene lugar cuando se le nombra un curador al marido, quien entra a administrar los bienes sociales. Este curador puede o no ser la mujer. 2. Administración Ordinaria de la Sociedad Conyugal: “Aquella que ejerce el marido como jefe de la sociedad conyugal”. Se fundamenta en el Art. 1749 CC que señala que: “El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer”. 2.1. Administración Ordinaria de los Bienes Sociales: Está sujeta a limitaciones legales y convencionales. Hay que distinguir: 1) Administración Ordinaria de los Bienes Muebles Sociales: Por regla general, el marido los administra libremente, y puede realizar respecto de ellos toda clase de actos de administración y de disposición. Respecto de ellos puede haber dos limitaciones: a. Limitaciones Convencionales pactadas en las Capitulaciones Matrimoniales. b. El marido requiere de la autorización de la mujer para disponer por actos entre vivos a título gratuito de los bienes sociales. 2) Administración Ordinaria de los Bienes Raíces Sociales: Las limitaciones legales son:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Para enajenar o gravar voluntariamente los bienes raíces sociales (Art. 1749, inc. 3 CC): i. Debe tratarse de una enajenación o gravamen voluntario: No se requiere autorización para las enajenaciones forzosas como aquellas que se hacen por el ministerio de la justicia. ii. El marido no solo requiere autorización de la mujer para enajenar los bienes raíces sociales, sino también para gravarlos voluntariamente con hipoteca, servidumbre, usufructo, uso o habitación o censo: De consiguiente, quedan fuera de está limitación los bienes raíces propios del marido. También quedan fuera la servidumbre legal y el usufructo como forma de pagar una pensión alimenticia, por ser forzosas. iii. La limitación legal es para otorgar el titulo o contrato traslaticio de dominio antecedente a la tradición: En este sentido se decanta Alessandri que señala que la autorización de la mujer se requiere para otorgar el titulo o contrato y no para la tradición que es una consecuencia de este. iv. La doctrina entiende que también se requiere autorización para resciliar el título traslaticio: Esto porque la resciliación requiere capacidad de disposición, y claramente no la tendría el marido si la mujer no lo autoriza. b. Para la promesa de enajenación o gravamen de bienes raíces sociales (Art. 1749, inc. 3 CC). c. Para enajenar o gravar voluntariamente y para prometer enajenar o gravar los derechos hereditarios de la mujer (Art. 1749, inc. 3 CC): La limitación se extiende a todos los derechos hereditarios de la mujer, aunque no comprendan inmuebles. d. Para disponer por actos entre vivos a título gratuito de los bienes sociales (Art. 1749, inc. 4 CC): Esta disposición no distingue entre bienes raíces y muebles. Pero es solo relevante respecto de los muebles, ya que la limitación respecto de los raíces ya se encuentra en el Art. 1749, inc. 3 CC. En lo que si aporta respecto a los inmuebles es que el marido no puede recurrir al juez en caso de negativa de la mujer a autorizar el acto, en circunstancias que en los demás casos si puede hacerlo. Esto ultimo tiene una excepción, ya que el marido podrá hacer donaciones de bienes sociales si fueren de poca monta, atendidas las fuerzas del haber social. e. Para arrendar o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales por más de 5 años si se trata de predios urbanos, o por más de 8 años si el predio es rustico, incluidas las prórrogas que hubiere pactado el marido (Art. 1749, inc. 4 CC): La sanción en caso de infracción es la inoponibilidad por el exceso del plazo y la puede hacer valer la mujer, sus herederos o cesionarios. f.

Para que el marido constituya “aval”, codeudor solidario, fiador u otorgue cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros (Art. 1749, inc. 5 CC): La ley incurre en un error de redacción porque debiera decir avalista y no aval. La sanción a la falta de autorización de la mujer es que solo obliga sus bienes propios, no los bienes

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe sociales. Respecto de los bienes propios de la mujer, ni aun con la autorización de esta se verán comprometidos. Esta limitación plantea el problema de si el marido puede o libremente celebrar un acto o contrato que genere, por el solo ministerio de la ley, una responsabilidad solidaria o subsidiaria, como ocurre con la sociedad colectiva mercantil. Ramos estima que el marido es libre de poder celebrar tales actos, puesto que en tales casos no obra directamente la voluntad del marido, sino que es la ley la que establece la responsabilidad solidaria. Sin embargo, se puede indicar que igualmente es el marido quien voluntariamente se somete a una regulación legal que impone la solidaridad, y que por ende requiere la autorización de la mujer. 2.1.1. La Autorización de la Mujer y sus formas: La autorización de la mujer debe: 1) Ser Solemne: Dice el Art. 1749, inc. 7 CC que debe otorgarse por escrito o por escritura púbica si el acto exigiere esta solemnidad. También se entiende dada la autorización cuando la mujer interviene “expresa y directamente de cualquier modo en el mismo”. Esto implica que puede comparecer como parte o de otra manera en el acto, como testigo, por ejemplo. 2) Otorgarse con anterioridad al acto: En caso contrario estaríamos frente a una ratificación. 3) Otorgarse personalmente o por medio de mandatario: El mandato debe ser: a. Especial. b. Constar por Escrito o por Escritura Pública, según el caso. 4) Ser Especifica (Art. 1749, inc. 7 CC): Esto implica que no basta con que en ella se individualice el bien sobre el que recae, sino que debe precisarse los actos que podrán ejecutarse respecto del mismo bien. Es decir, solo es específica la autorización cuando se refiere a uno o más actos determinados sobre un bien igualmente determinado. Esto plantea el problema con la hipoteca con cláusula de garantía general. Se discute si esto es posible, ya que, si bien el inmueble hipotecado se encontrara individualizado, las obligaciones caucionadas por la hipoteca no lo estarán. La mayoría de la doctrina estima que no hay inconveniente en una autorización de esta forma. Otros estiman que la cláusula de garantía general implicaría violentar el espíritu de la legislación, por lo que el marido no podría pactar válidamente dicha estipulación sobre bienes raíces sociales. 5) Puede ser suplida por la justicia (Autorización Judicial Subsidiaria): El Art. 1749, inc. final CC permite la autorización judicial en dos casos: a. Por negativa injustificada de la mujer, previa audiencia a la que será citada la mujer: Pero no podrá suplirse la autorización si la mujer se opusiere a la donación de los bienes sociales. b. Por impedimento de la mujer, si de la demora se siguiere perjuicio: En este caso el marido deberá probar que la mujer está impedida, y que de no hacerse la operación se seguirán perjuicios. Se procede sin citación de la mujer, por cuanto no está en situación de comparecer ante el tribunal por su impedimento. 2.1.2. Sanción para el caso de que se omita la autorización de la mujer: El Art. 1749 CC señala que la sanción es la nulidad relativa. Esto tiene las siguientes excepciones: 664

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Cuando la mujer no autoriza el contrato de arrendamiento o aquel que cede la tenencia de un inmueble social por más de 5 años si es urbano o más de 8 si es rústico: En estos casos la sanción es la inoponibilidad de esos contratos más allá de los plazos máximos señalados. 2) Cuando el marido constituya cauciones para garantizar obligaciones de terceros: La sanción consiste en que solo obliga sus bienes propios. En cuanto a los titulares de las acciones de nulidad e inoponibilidad y su plazo, el Art. 1757 CC señala que: “La nulidad o inoponibilidad anteriores podrán hacerlas valer la mujer, sus herederos o cesionarios. El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad conyugal, o desde que cese la incapacidad de la mujer o de sus herederos. En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados diez años desde la celebración del acto o contrato”. 2.1.3. Situación que se produce cuando la mujer al casarse es socia de una sociedad de personas (Art. 1749, inc. 2 CC): “Como administrador de la sociedad conyugal, el marido ejercerá los derechos de la mujer que siendo socia de una sociedad civil o comercial se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150”. Hay que distinguir: 1) Mujer Soltera Socia de una Sociedad de Personas: Si nada han convenido, como los derechos de la mujer en la sociedad son bienes muebles, ingresaran al haber relativo de la sociedad conyugal y su administración corresponderá al marido. Sin embargo, según Ramos, si la mujer administra la sociedad, continua esta administración sin intervención del marido, porque a este corresponde ejercer los derechos que la mujer tiene en la sociedad como socia y la facultad de administrar no la tiene en tal calidad, sino que en virtud de un mandato de los socios. Se discute qué si puede o no imputarse al patrimonio reservado, ya que el Art. 1749, inc. 2 CC habla de “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150”, pero cuesta imaginarse en qué casos pueda operar, puesto que la mujer contrato cuando era soltera, por lo que no cumple el requisito de ser una actividad que ejerció durante el matrimonio separada del marido. 2) Mujer Casada Socia de una Sociedad de Personas: Una vez casada la mujer puede celebrar el contrato de sociedad. El problema se encuentra en que al entrar a formar parte de una sociedad nace la obligación de aportar a ella. Por ello se presentan las siguientes hipótesis: a. Tiene patrimonio reservado y actuando dentro de él celebra el contrato de sociedad: No hay problemas, ya que queda regido por el Art. 150 CC. b. No tiene patrimonio reservado y celebra el contrato de sociedad: Para poder cumplir con su obligación tendrá que contar con el consentimiento del marido. Si el marido consiente, Rozas entiende que es el marido el socio. Ramos entiende que no, en cuanto se aportaron bienes propios de la mujer y la sociedad se hizo con ella, no con el marido. c. Tiene algún patrimonio especial de los Arts. 166 y 167 CC y obliga únicamente dichos bienes para celebrar la sociedad: Ramos no ve problema en esta situación, aplicándose una administración separada. 2.1.4 Situaciones Excepcionales en que la mujer participa en la Administración Ordinaria de los Bienes Sociales y los obliga: 1) Las compras que la mujer haga al fiado de objetos muebles naturalmente destinados al consumo ordinaria de la familia obligan los bienes sociales (Art. 137, inc. 2 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Caso de impedimento del marido, que no sea de larga o indefinida duración cuando de la demora se siguiere perjuicio (Art. 138, inc. 2 CC): La mujer puede actuar respecto de los bienes de la sociedad conyugal con autorización judicial que deberá darse con conocimiento de causa. 3) Caso de la mujer que actúa con mandato general o especial del marido (Art. 1751 CC): La mujer mandataria puede hacerlo en representación del marido o a nombre propio. Si lo hace en representación del marido, está obligando únicamente los bienes sociales y del marido. Solo obligará sus bienes propios si se probare que el acto cedió en su utilidad personal. Si la mujer mandataria contrata a su propio nombre regirá lo dispuesto en el Art. 2151 CC. Ello significa que solo obliga sus bienes propios. 4) Caso en que la mujer, obrando conjuntamente con el marido, se constituye en fiadora o codeudora solidaria, obligando los bienes sociales (Art. 1715 CC). 5) La mujer puede disponer de los bienes sociales por causa de muerte (Art. 1713 CC). 6) Según René Ramos existe una posibilidad incluida en el Art. 1739 CC: “Tratándose de bienes muebles, los terceros que contraten a título oneroso con cualquiera de los cónyuges quedarán a cubierto de toda reclamación que éstos pudieren intentar fundada en que el bien es social o del otro cónyuge, siempre que el cónyuge contratante haya hecho al tercero de buena fe la entrega o la tradición del bien respectivo”. En el fondo, con esta frase “quedarán a cubierto de toda reclamación”, presume de derecho que el bien era de la mujer y que por lo mismo podía venderlo. Para que opere esta situación excepcional, se deben cumplir los siguientes requisitos: a. Que se trate de bienes muebles. b. Que el tercero esté de buena fe, esto es, que no sepa que el bien es social. c. Que se haya efectuado la tradición del bien. d. Que no se trate de bienes sujetos a régimen de inscripción. 2.1.5. Prerrogativas que corresponden a la mujer: La ley ha otorgado a la mujer las siguientes medidas de defensa contra la administración del marido: 1) La mujer puede impedir los actos de mala administración o de administración fraudulenta, solicitando la separación judicial de bienes. 2) Disuelta la sociedad conyugal, la mujer goza de un beneficio de emolumento, en virtud del cual solo responde de las deudas sociales hasta concurrencia de lo que reciba por gananciales. 3) La mujer puede renunciar a los gananciales, y con ello, no responde de ninguna deuda social. 4) La mujer se paga antes que el marido de las recompensas que adeude la sociedad y aun este crédito puede hacerlo efectivo en los bienes propios del marido. 5) La mujer goza de un crédito privilegiado de la cuarta clase para perseguir la responsabilidad del marido, que le permita pagarse con preferencia a los acreedores valistas con los bienes sociales y los del marido. 6) La mujer administra separadamente los bienes que la mujer obtenga en el ejercicio de su profesión separada del marido (Art. 150 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 7) Disuelta la sociedad conyugal, la mujer puede perseguir criminalmente a su marido por todo acto doloso de su administración que constituya delito y puede perseguir la nulidad de los actos simulados o aparentes que haya concluido para perjudicarla y le corresponde la indemnización de perjuicios por los delitos o cuasidelitos cometidos durante la administración. 2.2. Administración Ordinaria de los Bienes Propios de la Mujer: El marido, como jefe de la sociedad conyugal, le corresponde no solo administrar los bienes de la sociedad, sino también los bienes propios de la mujer. El fundamento detrás de esto está en que los frutos de los bienes propios de la mujer ingresan al haber absoluto de la sociedad conyugal y por ello son administrados por el marido, o, en otras palabras, la mujer pierde la administración de sus bienes propios porque el marido adquiere un derecho legal de goce respecto de todos esos bienes. Ahora bien, es discutible la constitucionalidad de esto, ya que, tal como señala Claudia Schmidt, podría estarse infringiendo la garantía de igualdad ante la ley de los Arts. 1 y 19 N°2 CPR, además de infringir tratados internacionales en la materia. Pablo Rodríguez ha intentado subsanar esto indicando que finalmente es la mujer la que opta por el sistema de sociedad conyugal y, por tanto, es ella quien voluntariamente renuncia a la administración de estos bienes. Sin embargo, y como observa Ramos, esta argumentación no considera que las normas constitucionales son de orden público y, por ende, indisponibles por los particulares. Las facultades del marido en esta administración están limitadas de la siguiente manera: 1) El Marido requiere el consentimiento de la Mujer para aceptar o repudiar una herencia o legado diferida a ella (Art. 1225, inc. Final CC): Según este precepto: a. El que debe aceptar o repudiar la donación o asignación por causa de muerte es el marido: Sin embargo, la mujer debe concurrir con su consentimiento. b. Aunque la ley usa aquí indistintamente los términos consentimiento y autorización, es estricto rigor técnico deben diferenciarse. c. De acuerdo a la remisión que la ley hace al Art. 1749, inc. Final CC, el marido puede aceptar o repudiar la asignación con el consentimiento de la mujer o con autorización judicial en subsidio, por impedimento de la mujer e incluso en caso de negativa, puesto que ambas hipótesis están previstas en este inciso. 2) El marido requiere el consentimiento de la mujer para aceptar o repudiar una donación hecha a la mujer (Art. 1411, inc. final CC): Se aplican las reglas de la aceptación o repudiación de una herencia o legado antedichas. 3) El Marido requiere el Consentimiento de la Mujer para provocar la partición de los bienes en que ella tenga interés: Solo para provocar a partición, pero no para intervenir en una partición realizada de común acuerdo o provocada por otro participe. Si el marido se niega injustificadamente a provocar la partición o concurrir en ella en los casos en que la mujer tenga parte en la herencia, el juez puede autorizarla para actuar por sí misma, previa audiencia a la que será citado el marido, en cuyo caso la mujer solo obliga sus bienes propios y sus bienes del patrimonio reservado. Se genera en esta situación un pasivo personal de la mujer. El haber social y los bienes propios del marido solo resultaran obligados hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubieran reportado del acto. 667

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Para el nombramiento de Juez Partidor requiere el Consentimiento de la Mujer o el de la Justicia en subsidio: Se pregunta la doctrina si la mujer puede por si misma nombrar al partidor y se ha dicho que si puede, porque no es incapaz. 5) Enajenación de Bienes Muebles que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie (Art. 1755 CC): “Para enajenar o gravar otros bienes de la mujer, que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie, bastará el consentimiento de la mujer, que podrá ser suplido por el juez cuando la mujer estuviere imposibilitada de manifestar su voluntad”. Cuando el artículo señala “otros bienes” se refiere a los muebles, porque el artículo anterior hace alusión a los inmuebles. El artículo se refiere a dos situaciones: a. Enajenación de bienes muebles que el marido está obligado a restituir en especie: Estos son los bienes muebles de la mujer que fueron excluidos de la sociedad conyugal en las capitulaciones matrimoniales. b. Enajenación de bienes muebles que el marido pueda estar obligado a restituir en especie: Estos son los bienes muebles que la mujer aporta en las capitulaciones matrimoniales al matrimonio, debidamente tasados para que el marido se los restituya en especie o en valor a elección de la mujer (Art. 1717 CC). 6) El Marido necesita la autorización de la Mujer para arrendar o ceder la tenencia de bienes raíces urbanos por más de 5 años y rústicos por más de 8 años, incluidas las prórrogas que hubiese pactado el marido: Debido a que remite al Art. 1756, inc. 2 CC, el permiso debe ser específico y otorgado por escrito, y se entiende dado si la mujer interviene expresa y directamente, de cualquier modo, en el contrato. Permite al marido recurrir al juez por negativa injustificada de la mujer y por impedimento de la misma. Pese a ello, podría pensarse que el marido no puede recurrir al juez en caso de negativa de la mujer, porque se trata de bienes propios, de modo que solo podría hacerlo en caso de impedimento de la mujer. 7) Enajenación o Gravamen de Bienes Raíces Propios de la Mujer (Art. 1754 CC): “No se podrán enajenar ni gravar los bienes raíces de la mujer, sino con su voluntad. La voluntad de la mujer deberá ser específica y otorgada por escritura pública, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el acto. Podrá prestarse, en todo caso, por medio de mandato especial que conste de escritura pública. Podrá suplirse por el juez el consentimiento de la mujer cuando ésta se hallare imposibilitada de manifestar su voluntad”. A diferencia del texto del Art. 1749 CC, la promesa de enajenación o gravamen no está comprendida expresamente en esta limitación, también, debe otorgarse la voluntad por escritura pública o interviniendo en el acto, no basta que sea por escrito. Es importante referirnos a los siguientes aspectos: a. Autorización Supletoria de la Justicia para el caso que el marido se oponga a la enajenación de un bien propio de la mujer: El Art. 138 bis CC dice que: “Si el marido se negare injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto de un bien propio de la mujer, el juez podrá autorizarla para actuar por sí misma, previa audiencia a la que será citado el marido”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Al obrar la mujer autorizada por la justicia por negativa del marido, “sólo obligará sus bienes propios y los activos de sus patrimonios reservados o especiales de los artículos 150, 166 y 167, mas no obligará al haber social ni a los bienes propios del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubieren reportado del acto”. Si el marido está impedido para dar la autorización la mujer puede solicitar autorización al juez, que la dará con conocimiento de causa, si de la demora se siguiere perjuicio. En este caso, la mujer obliga al marido en sus bienes y en los sociales (Art. 138, inc. 2 y 3 CC). b. El marido es quien realiza la enajenación: No obstante tratarse de bienes propios de la mujer, quien comparece enajenando o gravando es el marido en su condición de administrador de los bienes de su mujer. c. Sanción a la falta de autorización de la mujer: Nulidad relativa, cuya acción compete a la mujer, sus herederos o cesionarios. El cuadrienio se cuenta desde la disolución de la sociedad conyugal, o desde que cese la incapacidad de la mujer o de sus herederos; en ningún caso podrá pedirse la declaración de nulidad pasados 10 años desde la celebración del acto o contrato. 2.2.1. Sanción si la mujer contraviene la norma del Art. 1754, inc. final CC: El artículo sostiene que: “La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis”. Existe una discusión al respecto: 1) Nulidad Absoluta: Es la tesis que sostiene Fernando Rozas, ya que el Art. 1754, inc. final CC para él, sería una disposición prohibitiva. Esta tesis es seguida por la jurisprudencia, lo cual se sostendría porque: a. La regla de la nulidad relativa del Art. 1757 CC no cabe aplicarla, porque dicha norma sanciona con nulidad relativa la falta de cumplimiento de requisitos del Art. 1754 CC, pero el Art. 1754, inc. final CC no establece requisito alguno, “sino una enfática orden”. b. El Art. 1754 CC contiene requisitos para aquellos casos en que es el marido quien celebra el negocio y ese requisito consiste en contar con la voluntad de la mujer: La nulidad relativa se produce cuando es el marido quien celebre el negocio sin el consentimiento de la mujer. c. La nulidad relativa del Art. 1757 CC está establecida en interés de la mujer y no de su marido. 2) Nulidad Relativa: Pablo Rodríguez indica que, si bien anteriormente el Art. 1754, inc. final CC era efectivamente una norma prohibitiva, con su modificación, ha devenido en imperativa y, por ende, la nulidad absoluta ha sido sustituida por la nulidad relativa. 2.2.2. Casos en que la mujer durante la sociedad conyugal puede celebrar actos sobre sus bienes propios administrados por el marido (Art. 1754, inc. final CC):

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) En conformidad al Art. 138 CC, cuando el marido este impedido para dar la autorización, siempre que no sea de larga o indefinida duración, la mujer puede solicitar autorización judicial. 2) En conformidad al Art. 138 bis CC autorizada por la justicia por negativa injustificada del marido. 3. Administración Extraordinaria de la Sociedad Conyugal (Art. 1758 y 138 CC): “Aquella que corresponde a la mujer o a un tercero como curadores del marido o de los bienes del marido, la cual procede en los casos en que por incapacidad o larga ausencia del marido este no puede ejercer la administración de la sociedad conyugal”. 3.1. Casos en que tiene lugar la administración extraordinaria: Tiene lugar cuando se le ha designado curador al marido, lo que puede acontecer por las siguientes razones: 1) Por ser menor de 18 años. 2) Por haber sido declarado en interdicción por demencia, prodigalidad o sordomudez. 3) Por encontrarse ausente, en los términos del Art. 473 CC. 3.2. La Administración Extraordinaria no requiere de decreto judicial que la confiera: Cumplidos los requisitos recién señalados, y discernida la curatela, el curador asume la administración extraordinaria de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. 3.3. Curador designado, según el caso: 1) Casos en que le corresponde a la mujer la administración extraordinaria: Ello puede ocurrir cuando: a. El marido es declarado demente. b. El marido es declarado sordomudo. c. El marido es menor de edad: Esto porque nada impide que sea la mujer quien sea designada curadora de su marido en este caso. d. El marido está ausente. 2) Casos en que le corresponde a un tercero la administración extraordinaria: Ello ocurre: a. Por incapacidad o excusa de la mujer para servir ella el cargo de curadora de su marido (Art. 1758, inc. 2 CC): Si la mujer no deseare o no pudiere asumir la administración de la sociedad conyugal, ella va a corresponder a un tercero. Como puede ser que no le agrade que un tercero administre la sociedad conyugal, se le da la facultad para pedir, en este caso, la separación judicial de bienes. b. Cuando el marido es declarado interdicto por disipación: Pues ningún cónyuge puede ser curador del otro declarado disipador. 3.4. Facultades con que se ejerce la administración extraordinaria de la sociedad conyugal: 1) Si la ejerce un Tercero: Se rige por las reglas de la administración de los tutores y curadores. 2) Si la ejerce la Mujer: 670

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Administración Extraordinaria de los Bienes Sociales: El Art. 1759, inc. 1 CC señala que: “La mujer que tenga la administración de la sociedad, administrará con iguales facultades que el marido”. La mujer administra sujeta a limitaciones legales y convencionales: i. No puede enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar o gravar bienes raíces sociales sin autorización judicial con conocimiento de causa. ii. No puede disponer a título gratuito bienes sociales sin autorización judicial, dada con conocimiento de causa: Esto incluye bienes raíces y muebles. No se requiere, sin embargo, de la autorización, para hacer donaciones de poca monta, atendidas las fuerzas del haber social. iii. Si se constituye avalista, codeudora solidaria, fiadora u otorga otra caución personal a favor de tercero, obliga sus propios bienes y los de su patrimonio especial. Solo puede obligar los bienes sociales con autorización de la justicia, con conocimiento de causa. iv. No puede dar en arriendo, ni ceder la tenencia de los bienes sociales, por más de 5 u 8 años según se trate de predios urbanos o rústicos. Solo puede hacerlo con autorización de la justicia, previa información de utilidad. La sanción respecto de los dos primeros casos es la nulidad relativa, correspondiendo la acción al marido, sus herederos o cesionarios y corriendo el cuadrienio para pedir la nulidad desde que ocurrió el hecho que motivó la curaduría, no pudiendo demandarse la nulidad en ningún caso pasados 10 años desde la celebración del acto o contrato. Del cuarto caso es la inoponibilidad del exceso. Del tercer caso la sanción es que obliga sus bienes propios y los de sus patrimonios reservados. b. Administración Extraordinaria de los Bienes del Marido: Se encuentra sujeta a las reglas de los guardadores, es decir, está obligada la mujer a rendir cuentas de su administración. c. Administración Extraordinaria de los Bienes propios de la Mujer: Los administra libremente y obliga sus bienes propios y sus bienes del patrimonio especial y reservado. 3.5. Pasivo en caso de Administración Extraordinaria de la Sociedad Conyugal: Si la administración recae sobre los bienes del marido obligara sus bienes. Si lo hace a nombre propio obliga sus bienes propios y los especiales y reservados. Si la administración recae sobre los bienes sociales sigue la norma del Art. 1760 CC: “se mirarán como actos y contratos del marido, y obligarán en consecuencia a la sociedad y al marido; salvo en cuanto apareciere o se probare que dichos actos y contratos se hicieron en negocio personal de la mujer”. 3.6. Termino de la Administración Extraordinaria: Para el término de esta administración se requiere de una resolución judicial, salvo el caso de la menor edad del marido en que la administración cesa de pleno derecho al llegar este a la mayor edad. D. Sección Cuarta: “LA RENUNCIA DE LOS GANANCIALES”

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Concepto: “Acto jurídico unilateral mediante el cual la mujer, antes del matrimonio, o la mujer o sus herederos, después de disuelta la sociedad conyugal, manifiestan su voluntad de no recibir parte alguna de los gananciales”. 2. Titulares y Oportunidad: 1) Antes del Matrimonio en las Capitulaciones Matrimoniales: La mujer y si es menor de edad, requiere de la aprobación de la persona o personas cuyo consentimiento le haya sido necesario para el matrimonio y la autorización de la justicia (Art. 1721, inc. 1 CC). 2) Una vez disuelta la Sociedad Conyugal: Puede renunciar la mujer o, si ha fallecido, pueden hacerlo sus herederos. Si la mujer es menor, requiere de la aprobación judicial, al igual que sus herederos menores (Art. 1781 CC). La renuncia, en este caso, puede hacerse en cualquier momento, desde que se disuelve la sociedad conyugal y hasta mientras no ingrese ningún bien social al patrimonio de la mujer (Art. 1782, inc. 1 CC). El hecho de recibir bienes a titulo de gananciales importa la aceptación de los gananciales. Por ello, porque ya se aceptaron, no se pueden renunciar. Cuando la sociedad conyugal se disuelve por haber operado el pacto de separación de bienes del Art. 1723 CC, puede hacerse la renuncia en la misma escritura pública en que los cónyuges se separan de bienes. 3. Características de la Renuncia de Gananciales: 1) Es un Acto Jurídico Unilateral. 2) Solemnidades: Hay que distinguir: a. Si se hace antes del matrimonio es solemne: Debe hacerse por capitulación matrimonial y estas son solemnes. b. Si se hace una vez disuelta la sociedad conyugal es consensual y puede ser verbal: Respecto a esto se discute la forma en que puede darse la renuncia: i. De forma expresa y tácita: Esta es la tesis tradicional, siendo tácita cuando pueda desprenderse inequívocamente de hechos realizados por la mujer, como el hecho de vender algún bien de su patrimonio reservado. ii. Solo de forma expresa: Según Pablo Rodríguez, la renuncia debe ser expresa, puesto que ella nunca se presume. 3) Es un acto puro y simple. 4) Es un acto irrevocable (Art. 1782, inc. 2 CC): Sin embargo, existen ciertos casos en que puede dejarse sin efecto: a. Si la mujer o sus herederos prueban que fueron inducidos a renunciar por engaño: Es un caso de nulidad relativa por existir dolo. b. Si la mujer o sus herederos prueban que renunciaron por un justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales: Es nulidad relativa por error. c. Si la mujer o sus herederos renunciaron violentados por la fuerza. 672

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En los primeros dos casos, la acción de nulidad prescribe en 4 años desde la disolución de la sociedad. En el segundo caso, desde que la fuerza cesa. 5) Si hay varios herederos, la renuncia es divisible (Art. 1785 CC): “Si sólo una parte de los herederos de la mujer renuncia, las porciones de los que renuncian acrecen a la porción del marido”. 4. Efectos de la Renuncia de los Gananciales: Cuando se renuncia a los gananciales antes del matrimonio, de todas formas, va a haber sociedad conyugal (Art. 1719 CC) y, de todas maneras, los frutos de los bienes propios de la mujer ingresarán al haber absoluto, para soportar las cargas de familia (Art. 1753 CC). En lo demás, los efectos serán los normales de la renuncia y van a operar a la disolución de la sociedad: 1) Los derechos de la sociedad y del marido se confunden aun respecto de los cónyuges (Art. 1783 CC): De aquí derivan las siguientes consecuencias: a. A la disolución todos los bienes pertenecen al marido, no hay comunidad que liquidar. b. La mujer no tiene derecho alguno en el haber social. c. La mujer no responderá de las deudas sociales. 2) La mujer guarda para si todo el activo del patrimonio reservado del Art. 150 y los frutos y adquisiciones de los activos de los patrimonios de los Arts. 166 y 167. 3) La mujer conserva sus derechos y obligaciones a las recompensas e indemnizaciones (Art. 1784 CC). 5. Aceptación de los Gananciales: El Código no ha dado normas la forma en que deben aceptarse los gananciales. Por ello se entiende que pueden aceptarse de forma expresa o tácita. E. Sección Quinta: “LOS BIENES RESERVADOS DE LA MUJER CASADA DEL ART. 150 CC” 1. Concepto: “Aquellos bienes que la mujer casada en sociedad conyugal adquiere con su trabajo separado de su marido, lo que adquiere con ellos y los frutos de unos y otros”. 2. Características de los Bienes Reservados: 1) Constituye un patrimonio especial de la mujer, con activos y pasivos propios. 2) Constituye un régimen especial de administrar un conjunto de bienes sociales: El hecho de que los administre la mujer no le quita el carácter de sociales. Son sociales porque provienen del trabajo de uno de los cónyuges. Y, además, a la disolución de la sociedad conyugal ingresan a la masa de gananciales, a menos que la mujer renuncie a estos últimos. 3) Constituyen una protección que la ley otorga a la mujer que trabajo. 4) Se forma por el solo ministerio de la ley, de pleno derecho. 5) Constituyen un caso de separación parcial y legal, que supone Sociedad Conyugal en el resto. 6) Es un régimen de Orden Público: Por ello, la mujer no puede renunciar a tener un patrimonio reservado en las capitulaciones. 3. Requisitos para que se configure el Patrimonio Reservado del Art. 150 CC:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) La mujer casada en sociedad conyugal debe ejercer un trabajo: Este puede ser de cualquier naturaleza: un empleo, oficio, profesión u industria. En ese sentido es importante el Art. 150, inc. 1 CC que le da a la mujer de cualquier edad la facultad para poder dedicarse libremente a cualquier ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. 2) Debe tratarse de un trabajo remunerado. 3) Debe realizarse o haberse realizado durante la vigencia de la sociedad conyugal. 4) El trabajo de la mujer debe ser separado del trabajo del marido: Hay trabajo separado siempre que los cónyuges no trabajen en colaboración, aunque reciban una remuneración común y dependan de un mismo empleador, patrón o servicio. En cambio, si el marido y la mujer son los únicos trabajadores de determinado empleador, y en la oficina ejecutan un trabajo en conjunto, existe trabajo separado y por lo mismo, patrimonio reservado, porque tienen una contratación independiente. Para determinar si se cumple el requisito hay que atender a si hay o no colaboración y ayuda directa, personal y privada entre ellos. 4. Activo del Patrimonio Reservado: Ingresan al activo: 1) El producto del trabajo de la mujer separado del trabajo del marido. 2) Las adquisiciones efectuadas con el producto del trabajo, y 3) Los frutos y productos en general de los rubros mencionados. 5. Pasivo del Patrimonio Reservado: Las deudas que se pueden hacer efectivas en este patrimonio son: 1) Las deudas contraídas en el giro del patrimonio del Art. 150: Estas deudas también pueden hacerse efectivas en el activo de los patrimonios de los Arts. 166 y 167. Excepcionalmente, pueden hacerse efectivas sobre los bienes del marido: a. Cuando el marido hubiere accedido como fiador o, de otro modo, a las obligaciones contraídas por la mujer. b. Cuando hubiere reportado beneficio de las obligaciones contraídas por la mujer: Comprendiendo en este beneficio el de la familia común, en la parte en que de derecho haya él debido proveer a las necesidades de esta. 2) Las deudas derivadas de actos y contratos celebrados por la mujer fuera del giro del patrimonio del Art. 150 (Art. 137 CC). 3) Las deudas provenientes de actos o contratos celebrados por la mujer respecto de un bien propio, autorizada por la justicia por negativa del marido (Art. 138 bis, inc. 2 CC). 4) Las deudas contraídas por el marido cuando pruebe que el contrato celebrado por él cedió en utilidad de la mujer o de la familia común (Art. 150, inc. 6 CC). 6. Administración de los Bienes Reservados: Por regla general, la administración de los bienes reservados la ejerce la mujer con amplias facultades. En ese sentido, el Art. 150, inc. 2 CC la considera para estos efectos como separada de bienes. Pero si fuere menor de edad, necesita autorización judicial, con conocimiento de causa, para gravar y enajenar los bienes raíces. 674

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El marido no tiene intervención en la administración de estos bienes salvo dos casos: 1) Si es mandatario de la mujer 2) Si es curador de la mujer por demencia o sordomudez de ella: En este segundo caso, la curaduría no procede por la menor edad de la mujer, ya que la mujer menor administra igualmente sus bienes reservados, sin necesidad de un curador. Esto tiene por razón el hecho de que si la mujer menor tiene la suficiente iniciativa para trabajar y generar estos bienes también la tiene para administrarlos. 7. Prueba de los Bienes Reservados (Art. 150, inc. 3 y 4 CC): Hay que distinguir: 1) Prueba sobre la existencia del patrimonio reservado y que se actuó dentro de ese patrimonio: En este caso, el Art. 150, inc. 4 CC genera una presunción de derecho en favor de los terceros, en el sentido que se actuó dentro del giro y con la capacidad correspondiente si se cumplen los siguientes requisitos: a. Que el Acto o Contrato no recaiga sobre un Bien Propio de la Mujer. b. Que se acredite por la mujer, mediante Instrumentos Públicos o Privados, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido: Algunos sostienen que debe tratarse de más de un documento, pero la mayoría de la doctrina estima que basta uno, porque el plural de la disposición es demostrativo de indeterminación, en el sentido que puede ser público o privado. c. Que el Acto o Contrato con la Mujer se otorgue por Escrito. d. Que en el Acto o Contrato que se otorgue, se haga referencia a los instrumentos mencionados: En la práctica se insertan o copian en el acto o contrato. Esta presunción tiene las siguientes características: a. Es una presunción de derecho. b. Es una presunción establecida en favor de terceros, no en favor de los cónyuges. 2) Prueba de que un bien determinado es parte de ese patrimonio: Está tratado en el Art. 150, inc. 3 CC: “Incumbe a la mujer acreditar, tanto respecto del marido como de terceros, el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. Para este efecto podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley”. Se ha entendido que no puede valerse de la confesión. 8. Destino de los Bienes Reservados una vez disuelta la Sociedad Conyugal: 1) Si la Mujer o sus Herederos Aceptan los Gananciales: El activo del patrimonio del Art. 150 CC se junta con los gananciales y se procede a la liquidación de la sociedad según las reglas generales. a. Beneficio de Emolumento a favor del marido: En cuanto al pasivo, el marido responde de las obligaciones contraídas por la mujer hasta concurrencia del valor de la mitad de estos bienes que existan al disolverse la sociedad. 2) Si la Mujer o sus Herederos Renuncian los Gananciales: Se producen las siguientes consecuencias:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. La mujer o sus herederos conservan para si todo el activo del patrimonio del Art. 150 CC, de manera que los bienes reservados no entran en la partición de los gananciales y no hay propiamente liquidación de la sociedad. b. El marido no responde de las obligaciones contraídas por la mujer en el giro del patrimonio del Art. 150 CC. F. Sección Sexta: “LOS BIENES ESPECIALES DE LA MUJER CASADA DE LOS ARTS. 166 Y 167 CC” 1. Patrimonio Especial del Art. 166 del Código Civil: Constituye un caso de separación parcial legal dentro del régimen de sociedad conyugal, y por lo mismo un patrimonio reservado o especial que coexiste con los bienes propios de la mujer. Los requisitos para su formación son: 1) Que a una mujer casada en sociedad conyugal se haga una donación, o se deje una herencia o legado con la condición precisa de que en las cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración el marido, y 2) Que la mujer acepte dicha donación, herencia o legado. En cuanto a sus características, encontramos que: 1) En cuanto a la Capacidad de la Mujer, es la de la Separada Totalmente de Bienes: Pero si es menor de edad requerirá de un curador adjunto. Si la mujer es incapaz de administrar sus bienes por otra causa que la menor edad, requieren de un curador. En este caso el marido puede ser curador de la mujer, porque no están separados totalmente de bienes, lo que es criticable porque se vulnera la voluntad del donante o testador. 2) El Marido puede actuar como Mandatario de la Mujer. 3) La Mujer debe proveer a las Necesidades de la Familia Común. 1.1. Activo del Patrimonio del Art. 166 CC: 1) Las cosas donadas, heredadas o legadas con la condición precisa de que en las cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración el marido. 2) Lo que adquiera con el activo del patrimonio del Art. 166 CC. 3) Los frutos y productos en general. 1.2. Pasivo del Patrimonio del Art. 166 CC: 1) Las Obligaciones contraídas en el Giro del Patrimonio del Art. 166 CC sobre los Bienes comprendidos en esta separación: Estas deudas también pueden hacerse efectivas en el activo de los patrimonios de los Arts. 150 y 167 CC. Excepcionalmente pueden hacerse efectivas sobre los bienes del marido: a. Cuando hubiere accedido como fiador o, de otro modo, a las obligaciones contraídas por la mujer. b. Cuando hubiere reportado beneficio de las obligaciones contraídas por la mujer: Comprendiendo en este beneficio el de la familia común, en la parte en que de derecho haya él debido proveer a las necesidades de esta. 676

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Las Deudas derivadas de Actos y Contratos celebrados por la Mujer fuera del Giro del Patrimonio del Art. 166 CC. 3) Las Deudas contraídas por el Marido cuando pruebe que el Contrato celebrado por él cedió en Utilidad de la Mujer o de la Familia Común. En relación a las deudas personales de la mujer, no pueden hacerse valer sobre el patrimonio del Art. 166 CC. Pero, a diferencia de lo indicado en el Art. 150 CC, el Art. 166, regla 1 CC indica que las deudas contraídas por la mujer en el giro del patrimonio del Art. 166 CC, podrán hacerse valer sobre los bienes del patrimonio reservado y también sobre los bienes propios de la mujer. 1.3. Efectos que se producen una vez Disuelta la Sociedad Conyugal: Hay que distinguir: 1) Las Cosas Donadas, Heredadas o Legadas: Simplemente quedan en el patrimonio de la mujer o sus herederos. Así se respeta la voluntad del donante o testador. 2) Los Frutos y Adquisiciones: Se aplican las reglas del Art. 150 CC, es decir si: a. No Renuncian Gananciales: i. Los Frutos y Adquisiciones se juntan con los gananciales y se procede a la liquidación según las reglas generales. ii. El marido responde de las obligaciones contraídas por la mujer hasta concurrencia del valor de la mitad de estos bienes que existan al disolverse la sociedad. iii. Los acreedores pueden hacer efectivos sus créditos sobre todos los bienes de la mujer. b. Renuncian Gananciales: i. Conservan para si los frutos y adquisiciones. ii. El marido no responde por las obligaciones contraídas en el Art. 166. iii. Las deudas contraídas por la mujer en el giro del Art. 166 podrán hacerse valer sobre todos los bienes de la mujer. 2. Patrimonio Especial del Art. 167 del Código Civil: Es un caso de separación parcial convencional, ya que se refiere al caso en que por capitulación matrimonial se dejan bienes que la mujer puede administrar libremente. Es un patrimonio reservado o especial, que coexiste con los bienes propios de la mujer. Este puede revestir dos formas: 1) Un simple pacto de separación parcial de bienes, en el cual deberán indicarse los bienes sobre los que recae la separación. 2) La forma especial del Art. 1720, inc. 2 y 1740, inc. Final CC: Se refiere al caso en que se pacte que la mujer podrá disponer libremente de una suma de dinero o pensión periódica que se le entregará. Se aplican las normas del Art. 166 CC y por ello en forma parcial las del Art. 150 CC. IV.

LA SEPARACIÓN DE BIENES. 677

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Concepto: “La que se efectúa sin separación judicial, en virtud de decreto de tribunal competente, por disposición de la ley o por convención de las partes” (Art. 152 CC). 2. Efectos de la Separación de Bienes (Arts. 159 a 163 CC): 1) Los cónyuges separados de bienes administran, con plena independencia el uno del otro, los bienes que tenían antes del matrimonio y los que adquieren durante este, a cualquier título (Art. 159 CC). 2) Ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común a proporción de sus facultades (Art. 160 y 134 CC). 3) Los acreedores del marido y la mujer solo podrán dirigirse sobre sus bienes, respondiendo el marido y la mujer por la deuda del otro únicamente en los siguientes casos (Art. 161 CC): a. Cuando se ha obligado como codeudor conjunto, solidario o subsidiario del otro. b. Cuando las obligaciones de uno cedieron en beneficio exclusivo del otro o de la familia común, en la parte que de derecho éste último haya debido proveer a las necesidades de esta. 4) Si la mujer separada de bienes confiere al marido la administración de alguna parte de los suyos, será obligado el marido a la mujer como simple mandatario (Art. 162 CC). 5) Al marido y la mujer separados de bienes se dará curador para la administración de los suyos en todos los casos en que siendo solteros necesitarían de curador para administrarlos (Art. 163 CC). 6) La separación de bienes es irrevocable: El Art. 165 CC señala que: “La separación efectuada en virtud de decreto judicial o por disposición de la ley es irrevocable y no podrá quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges ni por resolución judicial. Tratándose de separación convencional, y además en el caso del artículo 40 de la Ley de Matrimonio Civil, los cónyuges podrán pactar por una sola vez el régimen de participación en los gananciales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1723”. 3. Clases de Separación de Bienes: Los regímenes de separación de bienes se pueden clasificar atendiendo a su fuente en: (i) judicial, (ii) legal o (iii) convencional; y atendiendo a su amplitud en: (i) total o (ii) parcial. Pero, en definitiva, tenemos que: 1) Separación Judicial: Solo puede ser total. 2) Separación Legal: Puede ser: a. Total: En el caso de la Separación Judicial de los Cónyuges. b. Parcial: En el caso de los Patrimonios Reservados y Especiales de la Mujer Casada en Sociedad Conyugal de los Arts. 150 y 166 CC. 3) Separación Convencional: Puede ser: a. Total: Puede pactarse antes o durante el matrimonio. b. Parcial: Tiene lugar en el Patrimonio Especial de la Mujer Casada en Sociedad Conyugal del Art. 167 CC. 678

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. La Separación Legal de Bienes: 4.1. Separación Legal Total: Dos casos: 1) Separación Judicial de los Cónyuges (Art. 34 NLMC y 1764 Nº3 CC): Se refiere a la disolución de la sociedad conyugal por sentencia de separación judicial. Esta produce los mismos efectos que la separación judicial de bienes. En cuanto a sus características, estas son: a. Es un caso de Separación Total Legal y no Judicial: La sentencia declara la separación de los cónyuges y es la ley la que atribuye el efecto de separar de bienes a los cónyuges. b. No cabe el restablecimiento de la sociedad conyugal: Sin embargo, si bien es irrevocable, en el caso de reanudación de la vida en común, los cónyuges pueden pactar por una sola vez el régimen de participación en los gananciales. 2) Personas casadas en el extranjero (Art. 135, inc. 2 CC): “Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción”. Respecto a este pacto, se ha estimado que solo opera respecto del futuro, no se retrotrae la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales. La separación legal total se refiere al régimen que se presume, no a la posibilidad de cambiar este régimen, y ello porque es la ley la que presume la separación total de bienes de los matrimonios extranjeros. Si bien el requisito en este caso es que las dos personas se casen en el extranjero, sin distinguir si estos son chilenos o extranjeros, la Corte Suprema ha fallado en algunos casos que si se trata de dos chilenos que se casan en el extranjero, el régimen aplicable sería la sociedad conyugal y no el régimen de separación de bienes. 4.2. Separación Legal Parcial: Procede en dos casos: 1) Patrimonio Reservado de la Mujer Casada en Sociedad Conyugal del Art. 150 CC. 2) Patrimonio Especial de la Mujer Casada en Sociedad Conyugal del Art. 166. 5. La Separación Judicial de Bienes: “Beneficio que la ley contempla exclusivamente a favor de la mujer para defenderla de la administración del marido”. 5.1. Características de la Separación Judicial de Bienes: 1) Solo compete a la Mujer: Excepcionalmente puede ser planteada por el marido, en caso de que el régimen que regule a los cónyuges sea la participación en los gananciales (Art. 158 CC). 2) La facultad de pedir la separación de bienes es irrenunciable e imprescriptible (Art. 153 CC). 3) Solo opera por las causales taxativamente señaladas en la ley. 4) La separación judicial es siempre total. 5) Es irrevocable (Art. 165 CC). 5.2. Capacidad para demandar la separación: Si la mujer es menor de edad, requiere de un curador especial para poder pedir la separación judicial de bienes (Art. 154 CC). 5.3. Causales de Separación Judicial: Estas son taxativas: 679

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Cuando la Mujer no quisiere tomar la Administración Extraordinaria de la Sociedad Conyugal ni someterse a un curador (Art. 1762 CC). 2) Por Doble Apremio en el Proceso en contra del Alimentante (Art. 19 Ley 14.908): Si se hubiere decretado dos veces algún apremio señalado en la ley en el proceso contra el alimentante, el tribunal, a petición del titular de la acción respectiva, podrá decretar la separación de bienes. Requiere: a. Que el marido o la mujer hubiere sido condenado judicialmente a pagar una pensión de alimentos en favor del otro o en el de sus hijos comunes: Es la única causal que no es privativa de la mujer. b. Que se hubiere decretado dos veces apremios. 3) Insolvencia del Marido (Art. 155, inc. 1 CC): El marido se puede oponer a la separación prestando fianza o hipoteca que aseguren suficientemente los intereses de la mujer. Antiguamente no era irrevocable. Se discute si por la sola circunstancia de la liquidación del marido basta para poder exigir la separación judicial o si se requiere probar de todos modos la insolvencia. 4) Administración Fraudulenta del Marido (Art. 155, inc. 1 CC): “Aquella que se ejerce con fraude o dolo o sea con intención positiva de inferir injuria a la propiedad de la mujer”. Debe tratarse de la administración fraudulenta de los bienes sociales, los propios suyos o de la mujer, no basta que sean de terceros. 5) Mal Estado de los Negocios del Marido a consecuencia de Especulaciones Aventuradas o de una Administración Errónea o Descuidada “o riesgo inminente de ello” (Art. 155, inc. Final CC): El marido se puede oponer a la separación prestando fianza o hipoteca que aseguren suficientemente los intereses de la mujer. 6) Incumplimiento del Marido por su Culpa de las Obligaciones de Fidelidad, Socorro y Ayuda Mutua (Art. 155, inc. 2 CC): Se requiere que haya incumplimiento de alguno de estos deberes, que quien incumpla sea el marido, y que el incumplimiento sea culpable. 7) Si el Marido incurre en alguna causal de Separación Judicial de los Cónyuges del Art. 26 NLMC (Art. 155, inc. 2 CC): Estas son: a. Violación grave a los deberes y obligaciones que impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos que haga intolerable la vida común. b. Cese de la convivencia. Basta con que concurra la causal de separación judicial, no siendo necesario que exista sentencia de separación judicial o que esta se haya demandado. 8) Ausencia Injustificada del Marido por más de 1 año (Art. 155, inc. 3 CC). 9) Separación de Hecho de los Cónyuges, sin mediar ausencia, por más de 1 año (Art. 155, inc. 3 CC): Basta la simple separación, sin que sea necesario cumplir con los requisitos del Art. 473 CC, carecen de relevancia los motivos de la separación, y no tiene importancia determinar quien tiene la responsabilidad en la separación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5.4. Medidas Precautorias en favor de la mujer (Art. 156 CC): “Demandada la separación de bienes, podrá el juez a petición de la mujer, tomar las providencias que estime conducentes a la seguridad de los intereses de ésta, mientras dure el juicio. En el caso del inciso 3º del artículo anterior (ausencia del marido o separación de hecho sin mediar ausencia), podrá el juez, en cualquier tiempo, a petición de la mujer, procediendo con conocimiento de causa, tomar iguales providencias antes de que se demande la separación de bienes, exigiendo caución de resultas a la mujer si lo estimare conveniente”. 5.5. Efectos de la Separación Judicial de Bienes: No opera retroactivamente sino hacia el futuro. Para que la sentencia afecte a terceros es necesario que se inscriba al margen de la inscripción matrimonial. 1) Se disuelve la Sociedad Conyugal y el régimen de participación en los gananciales. 2) Una vez decretada la separación, se procederá a la división de los gananciales y el pago de recompensas o el cálculo del crédito de participación en los gananciales. 3) Se aplican los efectos de los Arts. 159 a 163 CC ya referidos en efectos generales. 4) Esta es irrevocable (art. 165 CC). 6. La Separación Convencional: 6.1. Oportunidad en que se puede pactar: 1) En las capitulaciones matrimoniales que se celebran antes del matrimonio: Puede ser total o parcial (Art. 1720, inc. 1 CC). 2) En las capitulaciones matrimoniales celebradas en el acto del matrimonio: Solo puede establecerse separación total de bienes (Art. 1715, inc. 2 CC). 3) Durante el matrimonio, mediante el pacto del Art. 1723 CC: Solo puede ser total, ya que solo pueden pactar separación total de bienes o participación en los gananciales. 6.2. Efectos de la Separación Convencional de Bienes (Arts. 159 a 163 CC): Ya referidos en efectos generales de la separación de bienes. 6.3. Clases de Separación Convencional: 1) Separación Convencional Parcial: Tiene lugar en dos casos: a. Si en las capitulaciones se hubiere estipulado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes (Art. 167 CC). b. Si en las capitulaciones matrimoniales se estipula que la mujer dispondrá libremente de una suma de dinero o de una pensión periódica (Art. 1720, inc. 2 CC). 2) Separación Convencional Total. 6.4. La Separación Convencional Total (Pacto del Art. 1723 CC): Este pacto es causal de disolución de la sociedad conyugal y de término del régimen de participación en los gananciales. 1) Objeto del Pacto: a. Se puede substituir la Sociedad Conyugal por Separación Total de Bienes. 681

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Se puede substituir la Sociedad Conyugal por el Régimen de Participación en los Gananciales o por Separación Total de Bienes. c. Se puede substituir el Régimen de Participación en los Gananciales por Separación Total de Bienes. d. Se puede substituir la Separación Total de Bienes por el Régimen de Participación en los Gananciales. e. Se puede liquidar la sociedad conyugal. f.

Se pueden celebrar otros pactos.

2) Capacidad de los Cónyuges: Deben ser mayores de edad. Si alguno es menor de edad la sanción sería la nulidad absoluta por objeto ilícito. Sin embargo, Pablo Rodríguez Grez estima que la sanción es la nulidad relativa, porque el requisito se habría establecido en atención a la calidad o estado de las partes. 3) Características del Pacto: a. Es solemne: Según el Art. 1723, inc. 2 CC las solemnidades son: i. Escritura Pública. ii. Subinscripción al margen de la Inscripción del Matrimonio, y iii. La subinscripción debe practicarse dentro del plazo fatal de 30 días contados desde la fecha de la escritura: Este plazo es de días corridos, fatal y se cuenta desde la fecha de la escritura de separación. Si bien en la misma escritura se puede liquidar la sociedad conyugal y celebrar otros pactos, el plazo dice relación exclusivamente con la separación, no con los otros actos jurídicos. Por ello, no habría problema con que se pueda modificar la liquidación de la sociedad practicada en esta escritura, después de los 30 días. b. No puede perjudicar el interés de los terceros (Art. 1723, inc. 2 CC): “El pacto que en ella conste no perjudicará, en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer”. Somarriva y Luis Claro Solar entienden que esto implica una suerte de inoponibilidad del pacto respecto de los terceros. La Corte Suprema indica que por terceros hay que entender a los acreedores de uno u otro cónyuge, anteriores a la celebración del pacto, ya que deben haber adquirido válidamente derechos antes de que el pacto se haya celebrado. c. Es Irrevocable (Art. 1723, inc. 2 CC): En el sentido que no puede volverse a la sociedad conyugal. Ahora, si se pacta separación total de bienes se puede volver a pactar participación en los gananciales. Pero, respecto de la posibilidad a la inversa es discutible porque la ley no lo permite expresamente y la regla general es la irrevocabilidad. d. Es Puro y Simple (Art. 1723, inc. final CC): No puede sujetarse a modalidades. V.

LOS BIENES FAMILIARES.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Generalidades: Se definen como “ciertas cosas inmuebles o muebles que cumplen una función familiar directa al permitir favorecer la convivencia de la familia, y a los que por ello la ley somete a un estatuto normativo especial, con prescindencia del régimen económico elegido por los cónyuges”. 1.1. Fundamento de la Institución: El fundamento es asegurar a la familia un hogar físico estable donde sus integrantes puedan desarrollar la vida con normalidad, aun después de disuelto el matrimonio. 1.2. Características de los Bienes Familiares: 1) Son bienes y no un patrimonio porque no existe un pasivo. 2) La institución solo asegura la tenencia y uso de los bienes y no su disfrute o goce. 3) Son “familiares”, lo que da cuenta de que deben tener una función esencial en la vida de la familia y especial protección. 4) Las normas sobre bienes familiares solo protegen a la familia matrimonial: No pueden solicitar su declaración los cónyuges que conviven sin estar casados, ni los hijos, matrimoniales o no. No obstante, los bienes declarados familiares durante el matrimonio subsisten como tales incluso después de su terminación, hasta que sean desafectados. Se discute que ocurre con el Acuerdo de Unión Civil, ya que el Art. 15, inc. final Ley Nº20.830 declara que la normativa de los bienes familiares establecida en materia de matrimonio es aplicable a cualquiera de los regímenes contemplados en ella, remitiéndose al Código Civil en esta materia. El problema que se presenta es que estas disposiciones se refieren específicamente a los cónyuges. 5) Configuran los que la doctrina denomina un Régimen Matrimonial Primario: Estas normas tienen aplicación cualquiera que sea el régimen de bienes que medie entre los cónyuges. 6) Puede recaer en bienes corporales como incorporales. 7) Las normas sobre bienes familiares constituyen un conjunto de normas de orden público, porque tienden a la protección de la familia: Cualquier pacto en contrario a estas disposiciones es nula (Art. 149 CC). 2. Bienes que pueden ser declarados familiares (Art. 141, inc. 1 y 146 CC): 1) El Inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia: Las condiciones necesarias son: a. Que se trate de un Inmueble: Se entiende en el sentido de inmueble por adherencia. Sin embargo, Elorriaga indica que debe entenderse en sentido amplio como: “todo espacio delimitado por techo y paredes susceptibles de brindar alojamiento a un grupo de personas, siempre y cuando tengan este preciso destino”. Esto excluye la posibilidad de declarar familiar un bien mueble que eventualmente pudiera servir de residencia a la familia como las naves, casas rodantes, etc. b. Que sea de Propiedad de cualquiera de los cónyuges: Puede ser de ambos cónyuges o solo de uno de ellos. Pero no puede ser de propiedad común de un cónyuge y un tercero. La declaración la puede solicitar cualquiera de los cónyuges. c. Que la familia tenga su residencia en él: Residencia es: “el asiento de hecho de una persona, el lugar donde habitualmente vive una persona”. En ese sentido, el concepto de 683

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe residencia implica que concurra el requisito de habitualidad, no están involucrada la simple habitación que es el asiento ocasional o transitorio. d. Que se trate de un solo bien raíz. e. Que sirva de residencia principal de la familia: Esto plantea un problema ya que la ley no define que entiende por familia. En ese sentido Court estima que: i. Si en ella viven padres e hijos no hay problema, es familiar. ii. Si la vivienda está solo ocupada por los cónyuges no hay dudas de su carácter familiar. iii. Si la vivienda es ocupada solo por ciertos familiares como el viudo con hijos, hijos con abuelos, etc., la vivienda no es familiar porque no hay matrimonio. iv. Si los cónyuges están separados de hecho, el inmueble puede ser declarado familiar. v. Si es el cónyuge propietario el que abandono la vivienda el bien sigue siendo familiar, y lo mismo si el cónyuge no propietario se ve forzado por el propietario a hacer abandono de la propiedad51. vi. Si el cónyuge no propietario hace abandono voluntario de la vivienda, en principio no puede privar al inmueble de su carácter familiar, sin perjuicio de ciertas circunstancias posteriores que podrían hacer pensar objetivamente en el cese del carácter familiar de la vivienda, como la no permanencia de los hijos comunes, el abandono de los hijos, etc. La jurisprudencia nacional en este punto no ha sido uniforme. 2) Los Muebles que la guarnecen: Guarnecer significa adornar o equipar. Es decir, los muebles que guarnecen el hogar son los que adornan o equipan la casa o vivienda de la familia. Los bienes muebles deben ser, al menos, de uno de los cónyuges. La ley no establece la necesidad de que la sentencia que se dicte en el respectivo proceso inventaríe los bienes muebles que son objeto de la declaración. Rosso señala que la declaración de los muebles no es accesoria a la declaración de bien familiar de un inmueble que sirve de residencia principal de la familia, debido a que, de lo contrario, la ley estaría solamente resguardando a las familias propietarias de bienes inmuebles y no a las arrendatarias o comodatarias. 3) Los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias del inmueble que sea residencia principal de la familia (Art. 146 CC): Los requisitos son: a. Que la familia tenga su residencia principal en un inmueble que sea de propiedad de una sociedad. b. Que uno o ambos cónyuges tengan acciones o derechos en esa sociedad.

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En ese sentido la jurisprudencia, según lo señalado en la sentencia Rol Nº642-2010, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 05 de noviembre de 2010.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Constitución de los Bienes Familiares: La declaración de bien familiar debe efectuarla el juez competente, a petición de uno o de ambos cónyuges. Hay que distinguir: 1) Transformación Provisoria del Bien Familiar: El Art. 141, inc. 3 CC señala que: “Con todo, la sola interposición de la demanda transformará provisoriamente en familiar el bien de que se trate En su primera resolución el juez dispondrá que se anote al margen de la inscripción respectiva la precedente circunstancia. El Conservador practicará la subscripción con el solo mérito del decreto que, de oficio, le notificará el tribunal.”. Esto ha llevado a parte de la doctrina a concluir que basta que se presente una demanda solicitando la declaración de bien familiar respecto de un inmueble para que este adquiera provisoriamente esa calidad. El autor estima que no obstante la desafortunada redacción de esta primera parte, el inmueble que sirve de residencia principal de la familia solo se transforma provisoriamente en familiar respecto de terceros al momento de la subinscripción de la resolución que recae sobre la demanda, al margen de la inscripción del inmueble. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional y los tribunales de justicia. Si la sentencia acoge la petición, el bien se transformará definitivamente en familiar, debiendo subinscribirse la resolución respectiva al margen de la inscripción del inmueble. Si la sentencia rechaza la petición, deberá cancelarse la anotación practicada. 2) Constitución Definitiva de Bien Familiar: Si bien la ley no señala la necesidad de inscribir la resolución al margen de la inscripción del inmueble, debido a que, si es necesaria para la inscripción provisional, con mayor razón es necesario si se constituye definitivamente el bien en familiar. 3.1. Situación de los Bienes Muebles: La ley no exige subinscripción porque estos bienes no están sujetos al régimen de inscripción. Consecuentemente, la ley solo presume la mala fe de los adquirentes de derechos sobre un inmueble que es bien familiar, y no la de los adquirentes de derechos sobre muebles. La mala fe del adquirente deberá probarla el que la alega porque según las reglas generales la buena fe se presume. 4. Efectos de la declaración de Bien Familiar: 1) Limita las Facultades de Disposición del Cónyuge Propietario sobre el Bien Familiar (Art. 142, inc. 1 CC): “No se podrán enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar, los bienes familiares, sino con la autorización del cónyuge no propietario. La misma limitación regirá para la celebración de contratos de arrendamiento, comodato o cualesquiera otros que concedan derechos personales de uso o de goce sobre algún bien familiar”. a. Autorización del Cónyuge no propietario (Art. 142, inc. 2 CC): “La autorización a que se refiere este artículo deberá ser específica y otorgada por escrito, o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según el caso”. b. Autorización Judicial en subsidio (Art. 144 CC): “En los casos del artículo 142, la voluntad del cónyuge no propietario de un bien familiar podrá ser suplida por el juez en caso de imposibilidad o negativa que no se funde en el interés de la familia. El juez resolverá previa audiencia a la que será citado el cónyuge, en caso de negativa de éste”. c. La Nulidad Relativa como sanción en caso de falta de autorización: La rescisión del acto la puede pedir el cónyuge no propietario y sus herederos y cesionarios, y el plazo de 685

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe prescripción de la acción rescisoria es de 4 años, que se suspende durante la incapacidad legal del cónyuge no propietario. i. ¿Desde cuándo comienza a correr la Prescripción?: Habría en general dos posibilidades: (i) desde el día de la celebración del acto o contrato por el Art. 1691 CC o (ii) desde el día en que el cónyuge que alega la nulidad tuvo conocimiento del acto por el Art. 1794-4 CC. El autor se decanta por esta última alternativa, siempre que sea aplicable la limitación de 10 años. d. Efectos de la Nulidad del Acto respecto de los terceros adquirentes de un bien familiar: El Art. 143, inc. 2 CC establece una presunción de mala fe, respecto de los adquirentes de derechos sobre un inmueble que es bien familiar. Esta disposición no abarca los muebles porque estos no están sujetos a registro. Esta es una presunción de derecho. e. Problemas doctrinarios relativos a las normas de cogestión: i. Ciertos autores estiman que estas normas son inconstitucionales: Esto porque se limitaría la facultad de disposición del Art. 19 N°24 CPR. Se contesta que se esta frente a una privación de dominio inspirada en la función social de la propiedad. ii. Se ha indicado que existiría una lesión al derecho de prenda general de acreedores: Sin embargo, la declaración de bien familiar no afecta a los acreedores anteriores a la afectación. iii. Surge el problema del concurso de normas de cogestión que puede existir cuando hay sociedad conyugal y un bien es declarado familiar: Ciertos autores estiman que priman las normas de la sociedad conyugal por principio de especialidad. Para otros, priman las normas de los bienes familiares por ser la regulación básica y general que se superpone a los demás regímenes. 2) Limitación a la Ejecución: los Cónyuges reconvenidos gozan del Beneficio de Excusión (Art. 148, inc. 1 CC): El legislador no ha establecido en esta materia la inembargabilidad de los bienes familiares; solo se ha limitado a otorgar a los cónyuges un beneficio de excusión. Este beneficio recae sobre los bienes familiares, no sobre la persona del cónyuge propietario. Si bien el artículo en cuestión señala que respecto de este beneficio se seguirán las reglas generales de la fianza, existen una serie de diferencias con esta: a. La primera condición exigida para gozar de este beneficio en la fianza es que no se haya renunciado expresamente, mientras que en el del usufructo del Art. 147 CC no rige esta condición porque el Art. 149 CC señala que cualquier renuncia será nula por vicio del objeto. b. Respecto de la fianza se impone la obligación al deudor de señalar al acreedor los bienes del deudor principal. Esta exigencia respecto de los bienes familiares debe entenderse en el sentido que los cónyuges reconvenidos tienen que señalar al acreedor otros bienes del cónyuge deudor que no sean familiares y que no estén comprendidos en el Art. 2359 CC.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Si en virtud de una acción ejecutiva deducida por un tercer acreedor, se dispone el embargo de un bien familiar de propiedad del cónyuge deudor, el juez debe ordenar que se notifique personalmente el mandamiento de ejecución y embargo al cónyuge no propietario. En cuanto a la situación de los acreedores con garantía hay que distinguir: a. Si poseen una garantía anterior a la declaración de bien familiar: No se puede oponer el beneficio. b. Si es una garantía posterior a la declaración: Hay quienes estiman que no procede oponer el beneficio porque ambos cónyuges debieron concurrir a la celebración de la caución; en cambio otros opinan que si cabe el beneficio de excusión por la función protectora de la familia. 3) Derechos de Usufructo, Uso y Habitación a favor del Cónyuge no Propietario: El Art. 147, inc. 1 CC otorga facultades al juez para constituir, prudencialmente, a favor del cónyuge no propietario, derechos de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares, durante el matrimonio. El legitimado activo para solicitar la constitución del usufructo es el cónyuge no propietario. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: a. El título de estos derechos reales, lo constituye la resolución judicial. b. El juez tiene la obligación de fijar un plazo extintivo de los mismos, y puede fijar otras obligaciones o modalidades, si así pareciere equitativa (para ello deberá mirar el interés de los hijos, si los hay, y las fuerzas patrimoniales de los cónyuges). c. Estos gravámenes no podrán afectar los derechos de los acreedores que el cónyuge propietario tenía a la fecha de su constitución. d. No aprovechan a los acreedores que el cónyuge no propietario tuviere en cualquier momento. e. Si los cónyuges estuvieren casados en régimen de participación en los gananciales, la constitución de estos gravámenes deberá considerarse al fijarse el crédito de participación. 5. Desafectación de los Bienes Familiares (Art. 145 CC): Se puede realizar de dos formas: 1) Pueden desafectar los bienes familiares los propios cónyuges de común acuerdo, sin necesidad de intervención judicial (Art. 145, inc. 1 CC): Si se trata de un inmueble, la voluntad de los cónyuges debe constar en escritura pública subinscrita al margen de la inscripción respectiva. En cuanto a los bienes muebles Rosso estima que debe hacerse alguna forma que permita dejar constancia de la voluntad de los cónyuges en tal sentido que seria, al menos, a través de una simple escritura pública. 2) El cónyuge propietario puede pedir al juez la desafectación de un bien familiar (Art. 145, inc. 2 CC): La petición en este sentido solo puede fundarse en que el bien raíz no está actualmente destinado a servir de residencia principal de la familia o que los bienes muebles no guarnecen el hogar.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Si el matrimonio termina por la muerte, nulidad o divorcio, igualmente se deberá solicitar por el cónyuge propietario al juez la desafectación de un bien familiar (Art. 145, inc. 3 CC): El matrimonio declarado nulo o que termina por la muerte de los cónyuges o por divorcio no produce ipso iure la desafectación de los bienes familiares. También pueden proceder en iguales condiciones los causahabientes del cónyuge propietario fallecido. Rosso estima que el carácter de este artículo no es taxativo respecto de las personas que pueden pedir la desafectación. Incluso podría pedirla un tercero que se viera afectado por los bienes familiares. De lo contrario, la declaración de bien familiar podría prestarse para fraudes. 10. Derechos y Acciones que los Cónyuges tengan en Sociedades propietarias de un Inmueble que sea Residencia Principal de la Familia: El Art. 146, inc. 1 CC señala que lo previsto en el párrafo de los bienes familiares “se aplica a los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias de un inmueble que sea residencia principal de la familia”. Los bienes objeto de la declaración, en este caso, son los derechos o acciones que uno de los cónyuges o ambos tengan en sociedades propietarias del inmueble y no el inmueble mismo. Los requisitos para esta declaración son: 1) La sociedad debe ser propietaria del inmueble: Debe ser titular del derecho de dominio y no de otros derechos reales o personales. 2) Uno o ambos cónyuges deben ser socios o accionistas de la sociedad. 3) La declaración solo opera cuando la sociedad es propietaria de un inmueble: No cabe respecto de derechos y acciones que los cónyuges tengan en una sociedad propietaria de los muebles que guarnecen el inmueble familiar de propiedad de los cónyuges. 4) El inmueble social debe servir de residencia principal de la familia del o de los cónyuges socios o accionistas de la sociedad. La afectación se hará por declaración de cualquiera de los cónyuges contenida en Escritura Pública. En el caso de una sociedad de personas, deberá anotarse al margen de la inscripción social respectiva, si la hubiera. Tratándose de sociedades anónimas, se inscribirá en el registro de accionistas. Esta anotación o inscripción se exigen por vía de solemnidad, es decir, para que los derechos o acciones sean afectados se requiere la respectiva anotación o inscripción. En cuanto a los efectos de la afectación la ley ha sido imprecisa ya que establece en el Art. 146, inc. 2 CC que “se requerirá asimismo la voluntad de ambos cónyuges para realizar cualquier acto como socio o accionista de la sociedad respectiva, que tenga relación con el bien familiar”, en circunstancias de que el inmueble no constituye propiamente un bien familiar, sino que lo son las acciones o derechos. Cabe destacar que respecto de la mala fe del adquirente se aplica en este caso porque la limitación se encuentra inscrita o anotada en el debido registro social. En cuanto a la desafectación, para Claudia Schmidt debe aplicarse la regla establecida en el Art. 145, inc. 1 CC, es decir, debe seguir las reglas de los inmuebles. CAPÍTULO VI: EL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL52

Según lo señalado en el texto “El Acuerdo de Unión Civil. Su Regulación. Semejanzas y Diferencias con el Matrimonio en el Ordenamiento Jurídico Chileno” de María Soledad Quintana Villar. 52

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe I.

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL MATRIMONIO Y EL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL.

1. Definición de Matrimonio y de Acuerdo de Unión Civil: El Art. 1 Ley 20.830 define el acuerdo de unión civil como “un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente”. Si bien ambos son definidos como un contrato, presenta las siguientes diferencias con el matrimonio: 1) Puede celebrarse entre personas del mismo sexo, a diferencia del matrimonio que habla de un hombre y una mujer. 2) No es indisoluble como el matrimonio, ya que es de “carácter estable y permanente”. 2. Naturaleza Jurídica, Estado Civil y Regulación de los Efectos de Carácter Personal de uno y otro: 1) Naturaleza Jurídica: El legislador califica al matrimonio como un contrato solemne y al acuerdo de unión civil. Simplemente como contrato. No obstante, ambos son contratos solemnes, ya que el acuerdo de unión civil debe ser celebrar frente a un oficial del Registro Civil y en un lugar ubicado en su territorio jurisdiccional. 2) Estado Civil: El matrimonio origina el estado civil de casada y el acuerdo de unión civil de conviviente civil (Art. 1, inc. 2 Ley 20.830). 3) Regulación: En el caso del matrimonio, está regulado en el Código Civil y en la Ley de Matrimonio Civil; el acuerdo de unión civil en su ley respectiva. 3. Modalidades, Promesa y Parentesco por Afinidad en uno y otro: 1) Ni el matrimonio ni el acuerdo de unión civil aceptan modalidad alguna: El Art. 3 Ley 20.830 dice explícitamente que el acuerdo de unión civil “no podrá sujetarse a plazo, condición, modo ni gravamen alguno”. 2) Mientras en el Código Civil existe un Título III del Libro I denominado De los esponsales, esto es, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada; la Ley Nº20.830 en su Art. 3 expresa que no podrá prometerse la celebración del acuerdo. 3) Uno y otro generan parentesco por afinidad con los parientes consanguíneos del cónyuge y del conviviente civil, respectivamente: Pero hay una diferencia, ya que en el acuerdo de unión civil dicho parentesco se extingue al terminar el acuerdo de unión civil, mientras que en el matrimonio este subsiste con su terminación. 4. Celebración del Matrimonio y del Acuerdo de Unión Civil: 1) El matrimonio se puede celebrar ante oficial del Registro Civil o ministro de una entidad religiosa de derecho público; el acuerdo de unión civil solo ante oficial del Registro Civil (Art. 5 Ley Nº20.830). 2) En cuanto a la manifestación: Hay una diferencia y una semejanza: a. Semejanza: En ambos casos puede realizarse en la oficina del oficial o en el lugar escogido por los contrayentes siempre que se sitúe dentro del territorio jurisdiccional de aquel. b. Diferencia: En el matrimonio debe prestarse frente a dos testigos hábiles.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) La Ley de Matrimonio Civil dedica un párrafo completo a las diligencias previas para la celebración del matrimonio; mientras que la Ley de Acuerdo de Unión Civil no las conoce. 4) El matrimonio y el acuerdo de unión civil pueden celebrarse por mandatario especialmente facultado para ese efecto. 5) El acta levantada por el oficial del Registro Civil en ambos casos será inscrita dentro de un registro especial. 5. Requisitos de Validez del Matrimonio y del Acuerdo de Unión Civil: En la ley de matrimonio civil son seis las incapacidades absolutas y tres las relativas. En tanto, la ley que crea el acuerdo de unión civil exige aparentemente cuatro, pero, en verdad, solamente tres. 1) Mayoría de Edad y Libre Administración de sus Bienes: El Art. 7 Ley Nº20.830 señala que: “Para la validez de este contrato será necesario que los contrayentes sean mayores de edad y tengan la libre administración de sus bienes. No obstante lo anterior, el disipador que se halle en interdicción de administrar lo suyo podrá celebrar, por sí mismo, este acuerdo”. En ese sentido, a diferencia del matrimonio, no pueden celebrarlo quienes no tengan la libre administración de sus bienes, salvo el disipador; ni los menores de 18 años, siendo en este punto más estricto el acuerdo de unión civil, ya que el matrimonio solo exige 16 años. 2) Parentesco y Ligamen (Art. 9 Ley Nº20.830): “No podrán celebrar este contrato entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Tampoco podrán celebrarlo las personas que se encuentren ligadas por un vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de unión civil vigente”. Este impedimento es el mismo que en el del matrimonio, con la diferencia ya señalada que el parentesco por afinidad en el Acuerdo de Unión Civil se extingue con la extinción del acuerdo. 3) Vicios del Consentimiento (Art. 8 Ley Nº20.830): Según el articulado son solo dos los contemplados: a. El error en la identidad del otro contrayente: Distinguiéndose así con el matrimonio en cuanto no incorpora el error sobre las cualidades personales del otro contrayente, lo cual es criticado porque perfectamente podría aplicarse. b. La fuerza ejercida en contra de uno o ambos contrayentes: En esto sigue la norma del matrimonio, remitiendo al articulado del Código Civil, pero con una diferencia, ya que en el matrimonio la fuerza puede provenir de un hecho externo, pero en este caso debe ser ejercida por una persona. 6. Prohibiciones en el Matrimonio y en el Acuerdo de Unión Civil: El Art. 10 Ley Nº20.830 solo recoge una de las tres establecidas en el Código Civil para el matrimonio: la de segundas nupcias, insertando de igual forma la exigencia de la mujer de respetar el llamado plazo de soltería si los contrayentes del acuerdo de unión civil tienen diferente sexo. La no inclusión de las demás tiene sentido en cuanto el requisito de edad para contraer el Acuerdo de Unión Civil es mayor: de 18 años, no siendo aplicables las prohibiciones de minoría de edad. II.

ACUERDOS DE UNIÓN CIVIL Y CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO.

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MATRIMONIOS

HOMOSEXUALES

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Acuerdos de Unión Civil celebrados en el Extranjero: El Art. 12 Ley Nº20.830 señala que: “Los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes, no constitutivos de matrimonio, que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo o de distinto sexo, sujetos a registro y celebrados válidamente en el extranjero, serán reconocidos en Chile”, siempre que cumplan los requisitos de forma como de fondo de la legislación extranjera (lex locus regit actum), y que se inscriban en el registro especial de acuerdo de unión civil. No obstante, podrán declararse nulos si transgreden los requisitos de validez del acuerdo de unión civil establecidos en los Arts. 7, 8 y 9 Ley Nº20.830. La terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración. Sin embargo, tendrán efecto en Chile, de acuerdo con la legislación chilena, los actos auténticos en que conste la terminación. 2. Matrimonios Homosexuales celebrados en el Extranjero: El Art. 12, inc. final Ley Nº20.830 dispone que: “Los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos en Chile como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley, y sus efectos serán los mismos del referido acuerdo”. 3. Régimen Aplicable a los Acuerdos de Unión Civil y Equivalentes celebrados en el Extranjero: El Art. 13 Ley Nº20.830 señala que: “Los convivientes civiles que hayan celebrado el acuerdo o contrato de unión equivalente en territorio extranjero se considerarán separados de bienes, a menos que al momento de inscribirlo en Chile pacten someterse a la comunidad prevista en el artículo 15 de esta ley, dejándose constancia de ello en dicha inscripción”. III.

EFECTOS DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL.

1. Efectos Personales: El Art. 14 Ley Nº20.830 solo se refiere a los deberes de ayuda mutua y a solventar los gastos ocasionados por la vida en común, conforme las facultades económicas de los convivientes y del régimen patrimonial que exista. Curiosamente no consagra el derecho de alimentos reciproco entre los convivientes civiles. Nada se dice sobre los deberes de fidelidad ni de respeto ni protección mutua. Sorprende que, a pesar de no incluirse el de fidelidad, si existe para los convivientes de diferente sexo la presunción de paternidad del matrimonio, lo cual es una inconsecuencia. 2. Efectos Patrimoniales: 1) Regímenes Patrimoniales (Arts. 13 y 15 Ley Nº20.830): Existen dos regímenes patrimoniales: la separación de bienes y la comunidad. En ese sentido, los convivientes, en el momento de celebrar el acuerdo, o de inscribirlo aquellos que lo celebraron en el extranjero, pueden pactar comunidad. Si se han acogido al régimen de comunidad, pueden sustituirlo por el de separación total de bienes. Si los convivientes han optado por el régimen de comunidad, los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del acuerdo se considerarán indivisos por mitades entre los convivientes, exceptuándose los de uso personal necesario. La fecha de adquisición es la del otorgamiento del título. 2) Bienes Familiares: El Art. 15, inc. final Ley Nº20.830 declara que la normativa de los bienes familiares establecida en materia de matrimonio es aplicable a cualquiera de los regímenes contemplados en ella, remitiéndose al Código Civil en esta materia. El problema que se presenta es que estas disposiciones se refieren específicamente a los cónyuges, lo que ha llevado a la doctrina a afirmar que competen únicamente a los matrimonios. 691

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Derechos Sucesorios: Los derechos sucesorios que produce el acuerdo son: a. El conviviente civil se equipara en los derechos sucesorios al cónyuge sobreviviente (Art. 16 Ley Nº20.830): Esto siempre que el acuerdo de unión civil esté vigente al momento de la delación de la herencia. b. Se le aplican las causales de desheredamiento del cónyuge contenidas en el Art. 1208, regla 1ª CC (Art. 17 Ley Nº20.830). c. Se le reconoce el derecho de adjudicación preferente al igual que al cónyuge sobreviviente (Art. 19 Ley Nº20.830). 4) Indemnizaciones por el Fallecimiento del Otro Conviviente (Art. 20 Ley Nº20.830): “El conviviente civil tendrá legitimación activa para reclamar las indemnizaciones derivadas de los perjuicios a que hubiere lugar por el hecho ilícito de un tercero que hubiere causado el fallecimiento de su conviviente civil o que lo imposibilite para ejercer por sí mismo las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de las otras indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común”. IV.

EL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL Y LA TITULARIDAD DEL CUIDADO PERSONAL.

1. Generalidades: El Art. 226, inc. 2 CC señala que: “En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes, al cónyuge o al conviviente civil del padre o madre, según corresponda”. Esto implica que el cónyuge o conviviente civil del padre o madre de los hijos están en una situación de preeminencia, junto con los ascendientes, para la atribución del cuidado personal de los hijos cuando ambos progenitores estén inhabilitados para ejercerlo. V.

DISPOSICIONES GENERALES.

1. Tribunal Competente: Son los tribunales de familia. 2. Liquidación de los Bienes Comunes: Para la liquidación de los bienes comunes de entrega al común acuerdo de los convivientes civiles o de sus herederos, tanto la división de los bienes existentes, como la posibilidad de que la liquidación sea conocida por un juez partidor, al que se le puede, incluso, otorgar la calidad de árbitro arbitrador (Art. 22, inc. 2 Ley Nº20.830). 3. Aplicación Analógica: El Art. 24 Ley Nº20.830 dispone que cualquier alusión en leyes y reglamentos al término convivientes, con esta expresión o con otras similares, se entenderán hechas, de igual manera, a los convivientes civiles. 4. Guardas: El Art. 25 Ley Nº20.830 hace aplicables las normas del Código Civil, por lo cual un conviviente civil no podrá ser curador del otro cuando este haya sido declarado disipador; pero será llamado preferentemente a la guarda en caso de demencia de su conviviente. 5. Derecho a ser oído: Finalmente, toda vez que una norma disponga que sean odios los parientes, se entenderá comprendido el conviviente civil. VI.

TÉRMINO DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL.

1. Conceptos Generales: El Acuerdo de Unión Civil puede terminar por: 1) Muerte natural, muerte presunta y comprobación judicial de la muerte. 2) Matrimonio de los convivientes civiles entre sí. 692

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Mutuo acuerdo de los convivientes civiles: Debe constar en escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil. 4) Voluntad de uno de los convivientes civiles: Debe constar en escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil, y debe notificarse, por receptor judicial, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la subinscripción, al otro conviviente, mediante gestión voluntaria ante el tribunal de familia, al cual se puede comparecer personalmente. 5) Declaración judicial de nulidad del acuerdo: Los sujetos activos para alegar la nulidad son cualquiera de los presuntos convivientes civiles, mientras vivan. Al igual que en el matrimonio, se establecen excepciones a esta regla tanto en relación con la titularidad de la acción como respecto de la necesidad de ejercerla en vida de los contrayentes: a. Minoridad: Puede ser alegada por el menor de 18 años o por sus ascendientes. La acción prescribe en 1 año desde que el menor adquirió la mayoría de edad. b. Fuerza: Solo puede alegarla aquel que sufre el vicio dentro de 1 año desde que cesa. c. Error en la identidad del otro contrayente: Solo puede alegarla aquel que sufre el vicio dentro de 1 año desde la celebración del acuerdo. d. Artículo de Muerte: Puede ser ejercida por los herederos del conviviente civil fallecido en el plazo de 1 año desde el fallecimiento. e. Vínculo Matrimonial o Acuerdo de Unión Civil no disuelto: Puede ser ejercida por los herederos del conviviente civil fallecido en el plazo de 1 año desde el fallecimiento. También puede ejercerla el cónyuge o conviviente civil anterior o sus herederos. VII.

LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA.

1. Conceptos Generales: El Art. 27 Ley Nº20.830 la consagra en los mismos términos al matrimonio, pero con una diferencia, ya que se señala que para alegarla se tiene un plazo de 6 meses contados desde la notificación que haga el otro conviviente civil si ha terminado el acuerdo de unión civil por voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles.

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RESUMEN DERECHO SUCESORIO – CRISTIÁN BOETSCH GILLET Y FABIÁN ELORRIAGA DE BONIS COMPLEMENTADO Y COMENTADO CAPÍTULO I: PARTE GENERAL DEL DERECHO SUCESORIO I.

IDEAS GENERALES Y DEFINICIONES.

1. Concepto de Derecho Sucesorio: La expresión sucesión designa “la transmisión de todo o parte del patrimonio de una persona fallecida a una o más personas vivas, señaladas por el difunto o la ley”. De este modo, la sucesión por causa de muerte se constituye en una verdadera subrogación personal en cuya virtud los herederos pasan a ocupar la misma posición que el causante, lo que permite el desarrollo y fluidez del tráfico jurídico. 2. La Sucesión por Causa de Muerte es un Modo de Adquirir el Dominio: El Art. 588 CC lo trata dentro de los modos de adquirir el dominio. Es por esto que, y considerando lo dispuestos en el Art. 951 CC, podemos definirla como “un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta, o sea, el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de dicho patrimonio, o especies o cuerpos ciertos o cosas indeterminadas de un género determinado”. En cuanto modo de adquirir el dominio, presenta las siguientes características: 1) Es un modo de adquirir derivativo: Porque el derecho del sucesor emana o procede del que tenía su antecesor. La consecuencia de esto es que el sucesor no adquirirá más derechos que los que pertenecían al causante. 2) Es un modo de adquirir gratuito: Porque el sucesor no realiza ningún sacrificio económico para percibir la asignación, sino que le reporta un beneficio, que puede aceptar o rechazar libremente, sin que le imponga el gravamen de una contraprestación. Esto es sin perjuicio de que el heredero esté obligado a soportar el pago de las deudas hereditarias, si tales deudas son superiores a los bienes y derechos adquiridos. 3) Es un modo de adquirir por causa de muerte: Porque es el fallecimiento de la persona el hecho que trae consigo la transmisión del patrimonio. 4) Es un modo de adquirir tanto a título universal como a título singular. 3. Derechos que se adquieren por Sucesión por Causa de Muerte: La sucesión por causa de muerte sirve para adquirir tanto los derechos reales como los derechos personales o créditos. Solamente no pasan al sucesor los derechos y las obligaciones que la ley declara intransmisibles. 3.1. Derechos Intransmisibles: 1) No es transmisible el derecho de usufructo (Art. 773, inc. 2 y 806 CC): Se extingue con la muerte del usufructuario. 2) No son transmisibles los derechos de uso y habitación (Art. 819 CC). 3) Las expectativas del fideicomisario, cuando fallece antes de la restitución, no son transmisibles por testamento ni abintestato (Art. 762 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Los derechos o expectativas del asignatario condicional, que fallece pendiente la condición suspensiva, no son transmisibles (Arts. 1078 y 1492 CC). 5) Es intransmisible el derecho de alimentos (Art. 334 CC): Esta regla no es tan absoluta, ya que no rige para las pensiones alimenticias atrasadas (Art. 336 CC). 6) No se transmite a los herederos la acción revocatoria de las donaciones por causa de ingratitud: Salvo que se haya sido intentada en vida del donante, que el hecho ofensivo haya producido su muerte, o se haya ejecutado después de ella (Art. 1430 CC). 7) Es intransmisible a los herederos el derecho del comodatario para gozar de la cosa prestada: Salvo que se el préstamo se haya hecho para un servicio particular que no puede suspenderse o diferirse (Arts. 2180 Nº1 y 2186 CC). 8) Son intransmisibles los derechos que por su naturaleza tienen fijado como término la muerte de la persona que los goza, como el censo y la renta vitalicios (Arts. 2264 y 2279 CC). 9) Son regularmente intransmisibles los derechos derivados del contrato de sociedad: La sociedad se disuelve por la muerte de uno de los socios, a menos que se haya convenido de modo expreso continuarla con los herederos (Art. 2103 CC). 10) El mandato termina por la muerte del mandante o del mandatario (Art. 2163 Nº5 CC): Se exceptúa el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante (Art. 2169 CC). 3.2. Obligaciones Intransmisibles: 1) No se transmiten las obligaciones cuya ejecución supone aptitudes especiales del deudor. 2) No son transmisibles las obligaciones contraídas por los miembros de una corporación (Art. 549 CC). 3) No se transmiten a los herederos la solidaridad: En conjunto son obligados al total de la deuda, pero cada heredero individualmente solo responderá de aquella cuota de la deuda que corresponda a su cuota hereditaria (Art. 1523 CC). 4. Sucesión Testamentaria e Intestada: La sucesión por causa de muerte, como todo modo derivativo de adquirir, requiere un título. El título puede ser el testamento o la ley. De este modo, “si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, in testada o abintestato” (Art. 952 CC). La voluntad del testador prevalece para regular la suerte de sus bienes; solo cuando esta voluntad no se manifiesta, la ley rige la sucesión; interpretando una voluntad que no llegó a expresarse. 5. Sucesión Parte Testada y Parte Intestada: El Art. 952, inc. 2 CC señala que: “La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria, y parte intestada”. Es lógico pensar que si el testador dispone parcialmente de sus bienes quiera que el resto pertenezca a sus herederos abintestato. 6. Asignaciones por Causa de Muerte (Art. 953 CC): “Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley, o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes. Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley. Asignatario es la persona a quien se hace la asignación”. 695

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Al difunto se llama causante, porque produce la causa de la adquisición; también se le llama de cuius que deriva de la frase de cuius successione agitur. 7. Sucesión a Título Universal o Singular: El Art. 951 CC prescribe que: “Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular”. En ese sentido, la sucesión puede tener por objeto la totalidad de los bienes del difunto, sin individualizarlos, o una cuota o parte alícuota de tales bienes. La sucesión, en tal caso, es a título universal. 1) Sucesión a Título Universal (Art. 951, inc. 2 CC): “El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto”. 2) Sucesión a Título Singular (Art. 951, inc. 3 CC): “El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo”. 8. Asignaciones a Título Universal o Singular: Las asignaciones por causa de muerte a título universal se llaman herencias; las asignaciones a título singular, legados (Art. 954 CC). Las asignaciones que hace la ley son siempre a título universal. La herencia tiene por objeto el patrimonio íntegro del causante o una cuota del mismo; el legado se refiere únicamente a cuero ciertos o cosas determinadas genéricamente. 9. Asignatarios a Título Universal o Singular: El asignatario de herencia o a título universal se denomina heredero; el asignatario de legado o a título singular, se llama legatario. Los herederos pueden ser testamentarios o abintestato; como la ley no instituye legados, no existen legatarios abintestato. 10. Diferencias entre el Heredero y el Legatario: Difieren en cuanto a: 1) Al objeto o contenido de la asignación que les corresponde: El heredero recibe una universalidad de bienes; el legatario recibe una o más especies o cuerpos ciertos o una o más especies indeterminadas de cierto género. 2) El heredero representa a la persona del difunto; mientras que el legatario no: El heredero y el difunto jurídicamente se identifican, sus patrimonios se confunden, salvo que se impetren los beneficios de inventario o de separación. 3) A las deudas hereditarias y testamentarias: El heredero como representante del difunto, es responsable de las deudas que éste tenía en vida o deudas hereditarias, y de las que resultan del testamento mismo o deudas testamentarias. El legatario no responde de las deudas sino cuando se le haya impuesto expresamente la obligación. Por excepción responde de las deudas hereditarias, en subsidio de los herederos. Su responsabilidad se limita, en todo caso, al monto del legado. 4) La adquisición del dominio: El heredero adquiere el dominio desde el fallecimiento del causante. El legatario adquiere el dominio en el mismo momento cuando el legado es de especie o cuerpo cierto; pero si el legado es de género, solo adquiere por la muerte del testados un crédito contra los obligados a cumplirlo y únicamente se hace dueño cuando se efectúa la entrega de los bienes legados. 5) La posesión legal de la herencia: El heredero adquiere, juntamente con el dominio, la posesión legal de la herencia, desde el momento en que se le difiere, aunque ignore que le ha sido deferida 696

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe (Arts. 688 y 722 CC). El legatario, aunque lo sea de especie o cuerpo cierto, no adquiere por el hecho de la muerte del testador la posesión de la cosa legada. Dicha posesión continúa radicada en el heredero. 6) La posesión efectiva: Es típica del heredero y no se concede al legatario. 7) Origen: Los herederos son instituidos por el testamento o por la ley; los legatarios, solo por testamento. II.

APERTURA DE LA SUCESIÓN Y DELACIÓN DE LAS ASIGNACIONES.

1. Concepto de Apertura de la Sucesión: La adquisición de una asignación comienza con la apertura de la sucesión, continúa con la delación de la asignación y culmina con la aceptación de la asignación (o bien se frustra con la repudiación). La apertura de la sucesión se define como “un hecho jurídico, consecuencial de la muerte de una persona, y en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores”. También se le define como “el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad”. 2. Causas de la Apertura de la Sucesión: La sucesión se abre con la muerte, lo cual incluye la muerte natural como la muerte presunta. En virtud del decreto que concede la posesión provisoria de los bienes del desaparecido, se procederá a la apertura y publicación del testamento, si los hubiere (Art. 84 CC). Decretada la posesión definitiva, todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del desaparecido, podrán hacerlos valer como en el caso de verdadera muerte (Art. 91 CC). 3. Momento de la Apertura de la Sucesión: El Art. 955 CC dispone que: “La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvos los casos expresamente exceptuados”. Por este motivo, la inscripción de una defunción debe expresar, como requisito esencial, la fecha del fallecimiento. 3.1. Importancia del Momento de la Apertura de la Sucesión: 1) Determina las personas hábiles para suceder al difunto: En este momento los asignatarios deben ser capaces y dignos y tener, en suma, vocación para suceder (Art. 962 CC). 2) Se determinan los derechos en que ha de sucederse, que serán los que el causante tenía al tiempo de su fallecimiento. 3) Comienza en este momento el estado de indivisión y los efectos declarativos del acto de partición se remontarán a dicho momento. 4) Los efectos de la aceptación y de la repudiación de una herencia o legado de especie o cuerpo cierto se retrotraen al momento de la delación, que será regularmente aquel en que la sucesión se abre (Art. 1239 CC). 5) La sucesión se rige por las leyes vigentes al tiempo de su apertura: Las disposiciones contenidas en el testamento se subordinan a las leyes vigentes al tiempo en que fallezca el testador y, en consecuencia, sobre las leyes anteriores a su muerte prevalecerán las que reglan las incapacidades, indignidades, desheredamientos, legitimas, mejoras y porción conyugal (Art. 18 LERL). Si el testamento contenía disposiciones ineficaces, según las leyes que regían cuando se otorgó, tendrán pleno valor si no se oponen a las leyes vigentes al tiempo de morir el testador (Art. 19 LERL). 697

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Lugar de la Apertura de la Sucesión: El Art. 955 CC dice que: “La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvos los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones legales”. Es importante indicar que el ultimo domicilio del causante no coincide necesariamente con el lugar del fallecimiento. Asimismo, debe expresarse que esta norma es de orden público. El término domicilio debe entenderse en su sentido legal, eso es, como la residencia acompañada del ánimo, real o presuntivo, de permanecer en ella (Art. 59 CC). La mera residencia hará las veces de domicilio para las personas que carecen de domicilio en otra parte (Art. 68 CC). Regirán las reglas que imponen a ciertas personas un domicilio legal. La única excepción que existe se refiere a la apertura de la sucesión del desaparecido, declarado muerto presuntivamente. En tal caso, se abre la sucesión en el último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. 4.1. Importancia del Lugar de la Apertura de la Sucesión: 1) Fija la competencia de los tribunales que deben intervenir en los procedimientos a que da lugar la sucesión por causa de muerte: En ese sentido, la apertura y publicación del testamento deben hacerse ante el juez del último domicilio del testador (Art. 1009 CC). El mismo juez será competente para conocer de las cuestiones sobre formación de inventarios, tasaciones, partición de bienes, petición de herencia, desheredamientos, validez o nulidad de disposiciones testamentarias (Art. 148 COT). Esto tiene una importancia excepción. Cuando una sucesión abierta en el extranjero comprende bienes situados en Chile, la posesión efectiva de la herencia deberá pedirse ante el juez del último domicilio del causante en el territorio chileno o en el domicilio del solicitante si aquel no hubiere tenido domicilio en el país. 2) Determina la ley que rige a la sucesión. 5. Ley que rige la sucesión: La regla general se contiene en el Art. 955, inc. 2 CC que señala que: “La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones legales”. Esta es una norma especial, que hace excepción a lo señalado en el Art. 16 CC, ya que reconoce imperio en Chile a las leyes extranjeras que rigen la sucesión, lo que ocurrirá cuando la sucesión se ha abierto en el extranjero. Sin embargo, esto tiene las siguientes excepciones: 1) Regla del Art. 15 Nº2 CC: “A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. 2º. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos”. En ese sentido, el chileno queda obligado a observar las leyes sucesorias de Chile respecto a los parientes chilenos. Naturalmente que la aplicación práctica de esta norma está subordinada a la existencia de bienes en Chile. 2) Regla del Art. 998 CC: “En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. 698

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en país extranjero”. La regla se aplica solamente a los casos de sucesiones abiertas en país extranjero, ya sea de un chileno o un extranjero, que haya dejado bienes en Chile, respecto de parientes chilenos. Ahora bien, se ha discutido si es aplicable la disposición a las sucesiones testamentarias, existiendo las siguientes posiciones: a. En las sucesiones testadas siempre se aplicará el Art. 955 CC, esto es la ley del último domicilio del causante. b. Claro Solar entiende que la norma no es aplicable a la sucesión testada, señalando que los parientes chilenos deberán ejercer la acción de reforma de testamento. c. La mayoría piensa que pese a la omisión del Art. 998 CC, igual se aplicará a las sucesiones testamentarias debido a que este vacío legal debe ser llenado por la equidad natural y el espíritu general de la legislación, que precisamente estaría contenido en el Art. 998 CC. 3) Otras excepciones legales: a. En el caso de muerte presunta: La sucesión habrá de regirla la ley del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile (Art. 81 Nº1 CC). b. Aunque la sucesión se rija por la ley del domicilio en que se abre y, en consecuencia, se aplique una ley extranjera, habrá de pedirse en Chile la posesión efectiva de la herencia, respecto de los bienes situados en el país: El impuesto se pagará tomando en consideración estos bienes. 6. La Delación (Art. 956, inc. 1 CC): “La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla”. En ese sentido, la herencia o legado se ofrece a los asignatarios y surge para ellos la opción de aceptar o repudiar. Así, el Art. 1225 CC agrega que: “Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente”. En otras palabras, nace un derecho potestativo de opción, que en doctrina se denomina “ius delationis”, el cual pasa a formar parte del patrimonio del llamado y puede ser objeto de transmisión. 6.1. Momento en que opera la Delación: Hay que distinguir: 1) Asignaciones no sujetas a condición: En este caso, que es la regla general, la delación de las asignaciones coincide, por regla general, con la apertura de la sucesión; ambas se producen en el momento de la muerte del causante. Debe tenerse presente que las asignaciones que hace la ley son siempre puras y simples. 2) Asignaciones sujetas a condición: En este caso el Art. 956, inc. 2 CC dispone que: “La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Asignaciones sujetas a condición suspensiva negativa y meramente potestativa del asignatario: La excepción anterior no tiene lugar si la condición suspensiva es negativa y meramente potestativa del asignatario, esto es, “de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario”. En este caso, señala el Art. 956, inc. 3 CC que: “Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos, en caso de contravenirse a la condición”. Se da este tipo de asignaciones si, por ejemplo, instituyo heredero a Juan si no se va de Chile. Esto tiene a su vez una contra excepción, ya que el Art. 956, inc. 4 CC señala que: “Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada”. III.

EL DERECHO REAL DE HERENCIA53.

1. Concepto: El derecho real de herencia puede entenderse desde dos puntos de vista: 1) Objetivamente: “Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja el causante a su deceso”. Se identifica con la noción de patrimonio del causante. 2) Subjetivamente: “Derecho, facultad o aptitud de una persona para suceder a otra en todo su patrimonio o en una parte o cuota de él”. Se trata del derecho a esa universalidad que deja el causante a su muerte, no a las cosas o derechos que individualmente se encuentran dentro de esta universalidad, sino que al conjunto de ellos. 2. Características: 1) Es un derecho real autónomo y diferente del dominio: Así lo indica el Art. 577, inc. 2 CC al incluirlo expresamente entre los derechos reales conjuntamente con dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. El derecho real de herencia es el derecho a suceder a una persona sin respecto a otras. Además, este derecho está protegido por una acción propia, que es la de petición de herencia. Hace algún tiempo se viene criticando la utilidad y justificación de este derecho real. En este sentido, no habría ninguna justificación para que los herederos, en lugar de hacerse directamente dueños de los bienes que componen la herencia, adquieran previamente un derecho real de herencia sobre la universalidad, solución que carecería de justificación y utilidad técnica. 2) Es un derecho que recae sobre una universalidad jurídica: El objeto del derecho real de herencia es precisamente una universalidad jurídica: el patrimonio de la persona que fallece o una parte o cuota de este patrimonio, que se transmite a los herederos sin experimentar alteraciones o modificaciones. 3) Es un derecho con vida efímera: Esto es una excepción al principio de que los derechos reales tienen vocación de permanencia, a diferencia de los derechos personales o créditos que están llamados a extinguirse. Este derecho nace con el fallecimiento del causante y sobrevive hasta que se verifica la partición y la adjudicación de los bienes hereditarios a los herederos. Allí se produce el tránsito del derecho real de herencia al derecho de dominio.

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En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Naturaleza Jurídica: A fin de establecer un estatuto jurídico que resuelva los vacíos respecto a su tradición y adquisición o pérdida por prescripción, se han dado doctrinariamente dos doctrinas opuestas: 1) Universalidad Jurídica distinta de los bienes que la componen o sui generis (Leopoldo Urrutia): La herencia es una universalidad jurídica diferente de los bienes que individualmente la componen; jurídicamente es distinta de los muebles o inmuebles que en ella se encuentren. Por lo mismo es un derecho sui generis, particular o abstracto. A falta de normativa particular aplicable a este derecho, él debe regirse por el estatuto de los bienes muebles, puesto que el que impera para los inmuebles es de carácter excepcional. 2) El derecho de herencia es mueble o inmueble, dependiendo de los bienes sobre los que recae (José Ramón Gutiérrez): Se funda en el Art. 580 CC que dice que los derechos son muebles o inmuebles, dependiendo de los bienes sobre los que ellos recaen. Si solamente se compone de bienes muebles, la naturaleza del derecho real de herencia es mueble, y se rige por el estatuto jurídico previsto para estas cosas. Si la herencia está compuesta solo por bienes inmuebles, la naturaleza jurídica de este derecho será inmueble, rigiéndose en consecuencia por las normas propias de este tipo de bienes. Si está compuesta la herencia de bienes muebles e inmuebles, quiere decir entonces que su naturaleza es mixta, quedando sujeta, según esta opinión, al estatuto de los bienes inmuebles. 4. Adquisición del Derecho Real de Herencia: La herencia puede adquirirse por tres modos de adquirir el dominio: sucesión por causa de muerte, tradición y prescripción. 1) Adquisición por Sucesión por Causa de Muerte: El modo habitual por el que se adquiere la herencia es la sucesión por causa de muerte. Al producirse el deceso del causante, los herederos, por el solo ministerio de la ley, y aun cuando ellos lo ignoren, adquieren el derecho real de herencia. No adquieren los herederos de inmediato el dominio exclusivo de los bienes que componen la herencia, ello sucederá solo cuando acontezca la partición y adjudicación de estos bienes a cada heredero, pero una vez que esto ocurra, se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión (Art. 1344 CC). Si solo existe un heredero, este adquirirá al mismo tiempo el derecho real de herencia y el dominio exclusivo de los bienes que lo componen y que pertenecían al causante. A pesar de que la adquisición del derecho se verifica ipso iure, el heredero es llamado a aceptar o repudiar la herencia, y cualquiera de las dos decisiones que adopte operan de manera retroactiva al momento en que se defirió la asignación. Esto se debe a que nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad, lo que en este caso implica que nadie es heredero si no lo desea. 2) Adquisición por Tradición: Los Arts. 1909 y 1910 CC la tratan en la denominada cesión de derechos hereditarios. Tiene lugar cuando el heredero, una vez fallecido el causante, transfiere a un tercero la totalidad de la herencia o una cuota de ella. El tercero, a diferencia del heredero, no adquiere por sucesión por causa de muerte: lo hace por tradición. Por este medio no se ceden bienes determinados, sino que o la totalidad de la herencia o una cuota de ella. La forma en que se efectúa la tradición de este derecho real va a depender de la naturaleza jurídica que a él se le atribuya. Si se sostiene la tesis de Gutiérrez, será necesario determinar los bienes que componen la herencia y si hay inmuebles requiere de inscripción. Si se acepta la tesis de Urrutia, la herencia se entiende distinta de los bienes que la componen, rigiéndose por el estatuto de los bienes muebles, no requiriendo de inscripción de ninguna especie. 701

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Se puede afirmar que, a partir de 1989, la tesis de Urrutia tiene consagración legal. Ese año se modificó el Art. 1749 CC, aumentando las limitaciones del marido como administrador de la sociedad conyugal. Una de estas limitaciones agregadas consiste en que el marido no puede disponer de los derechos hereditarios de su mujer sin la autorización de ella. La única manera de explicar esto es que este derecho es un bien que se rige por las normas de los bienes muebles, y que por ello ingresan al haber social y no al haber propio de la mujer. También, la mayor parte de la doctrina estima que mediante la tradición del derecho real de herencia no se transfiere el carácter de heredero al adquirente. No hay subrogación y, por ello, frente a los acreedores hereditarios el obligado sigue siendo el heredero y no el cesionario. No ha operado novación por cambio de deudor. El acreedor puede dirigirse indistintamente contra el heredero o el cesionario. El Art. 1910, inc. final CC señala que las mismas reglas se aplicarán a los legados. Ello solamente será así en la medida que se transfiera el derecho al legado y no a la cosa misma. Esto solo ocurre en los legados de género. En los de especie o cuerpo cierto, el legatario se hace dueño de la cosa misma desde la muerte del causante. 3) Adquisición por Prescripción: El Art. 2512 Nº1 CC establece que el derecho real de herencia se adquiere por prescripción extraordinaria de 10 años. Sin embargo, de conformidad al Art. 1269 CC, el derecho de petición de herencia expira en 10 años, pero el heredero putativo, en el caso del Art. 704, inc. final CC (al que se le ha conferido la posesión efectiva de los bienes de la herencia), podrá oponer a esta acción la prescripción de 5 años. Este plazo se cuenta, en el caso de que no haya decreto o resolución administrativa de posesión efectiva, desde que se tomó posesión de la herencia. En el caso de que se haya pronunciado este decreto, el inicio del plazo es más dudoso, pues en algunas ocasiones se ha estimado que se cuenta desde que se inscribe la posesión efectiva, y en otras desde que se dicta el decreto correspondiente. La doctrina y cierta jurisprudencia ha entendido que el plazo de 5 años es una prescripción ordinaria, en oposición al de 10 años que lo sería extraordinaria. Esto por dos razones: a. El Art. 2512 CC dice expresamente que la prescripción de 10 años es extraordinaria, por lo que cabe concluir que la de 5 es ordinaria. b. El Art. 704 CC indica que el decreto o la resolución administrativa que confiere la posesión efectiva, opera como justo título para el falso heredero: La noción de justo título es propia de la posesión regular. 5. La Posesión de la Herencia: La herencia puede ser objeto de tres tipos de posesión: (i) posesión legal, (ii) posesión material y (iii) posesión efectiva. 1) La Posesión Legal de la Herencia: “Aquella que se confiere por el solo ministerio de la ley a los herederos”. Dispone el Art. 722, inc. 1 CC que la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es diferida, aunque el heredero lo ignore. Por otra parte, el Art. 688 CC explica que, al momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero. Se trata de una posesión especial, que es siempre regular, que no es viciosa y que solamente corresponde al verdadero heredero y jamás al falso heredero.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esta posesión comienza con el heredero y en caso alguno es la derivada de la que tenía el causante en su propio patrimonio (Art. 717 CC). Esta posesión, a diferencia de la material, no habilita para adquirir por prescripción, puesto que el verdadero heredero adquiere por sucesión por causa de muerte y no requiere de la prescripción adquisitiva. Tampoco permite disponer de manera alguna de los bienes inmuebles de la herencia, mientras no se cumplan las condiciones que el mismo precepto señala. 2) La Posesión Material de la Herencia: Equivale a la descrita en el Art. 700 CC, es decir, es “la tenencia de la herencia con ánimo de señor y dueño, concurriendo, por una parte, la tenencia material y, por otra, la creencia de que se es dueño y señor de ella”. Lo normal es que tanto la posesión legal como la material estén en manos de la misma persona: el heredero, pero puede acontecer que no ocurra necesariamente así. Esta posesión es la que habilita al falso heredero para adquirir por la prescripción adquisitiva la herencia. 3) La Posesión Efectiva de la Herencia: “Aquella que se otorga por resolución judicial o administrativa a quien tiene la apariencia de heredero”. Esta institución es de carácter procesal o administrativa y no confiere al que la solita y obtiene la calidad de heredero. Si se trata de una sucesión testada o abierta en el extranjero, sea testada o intestada, la posesión efectiva se concede por resolución judicial. Si se trata, en cambio, de una sucesión intestada abierta en Chile, la posesión efectiva de ella se concede por resolución administrativa. Conforme al Art. 877 CPC, la posesión efectiva se concede a quien exhiba un testamento aparentemente válido en el que se le instituya heredero, lo que deja claro que a quien se le confiere esta posesión no tiene necesariamente que ser verdadero heredero. Esta posesión efectiva es relevante en el bien entendido que, en principio, a quienes se les confiere son reputados herederos del causante. Permite mantener la historia fidedigna de la propiedad raíz si se inscribe; valida el pago efectuado a los que les fue otorgada en calidad de herederos del causante según el Art. 1576 CC; permite adquirir por prescripción en un plazo más breve y permite determinar el impuesto que deben pagar las asignaciones por causa de muerte, ya que para que ella sea concedida se requiere un inventario de los bienes y la determinación de lo que corresponde a cada asignatario. 6. Inscripciones Conservatorias a que da lugar la Sucesión por Causa de Muerte: Dispone el Art. 688 CC que, en el momento de diferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer de manera alguna de un inmueble, mientras no proceda: 1) La inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva: El primero ante el Conservador de Bienes Raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento, y la segunda, en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. 2) Las inscripciones especiales prevenidas en el Art. 687, inc. 1 y 2 CC (inscripción del o los inmuebles a nombre de todos los herederos): En virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles hereditarios, y

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) La inscripción especial prevenida en el Art. 687, inc. 3 CC (adjudicación en la partición del o los inmuebles a uno de los herederos): Sin esta, no podrá el heredero disponer por si solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido. Las inscripciones anteriores se exigen, según el tenor del Art. 688 CC, para la disposición de los bienes inmuebles. Respecto de los muebles, dada esta ausencia, podría colegirse que no es necesario para disponer de ellos de inscripción alguna. La verdad es que no basta con el cumplimiento de estos requisitos para que los herederos puedan disponer de los bienes hereditarios, ya que para que ello sea posible, según se desprende del Art. 54 Ley Nº16.271, es necesario que se pague o asegure el pago del impuesto a las asignaciones hereditarias. 6.1. Problemas originados por la nueva redacción del Art. 688 CC: 1) El encabezado del nuevo Art. 688 CCC confunde la posesión efectiva con la posesión legal: Esto, por cuanto la norma dispone que: “En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero”, confundiendo posesión efectiva con posesión legal. 2) Se omitió modificar el Art. 55 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, que sigue refiriéndose solo al decreto judicial que da la posesión efectiva. 3) El Art. 688 Nº1 CC sugiere que las resoluciones judiciales que confieren posesión efectiva no se inscriben en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas, lo que es un error. De la misma forma sugiere que de las resoluciones administrativas que dice el Director Regional del Registro Civil, concediendo una posesión efectiva, no darían lugar a constancia alguna en el Conservador de Bienes Raíces, lo cual tampoco es exacto: En ese sentido, el Art. 882 CPC y el Art. 32 Reglamento de la Ley 19.903 señalan expresamente que tanto la resolución administrativa como la judicial se deben inscribir en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Asimismo, el Art. 8, inc. 2 Ley Nº19.903 señala que debe inscribirse la resolución administrativa en el Registro Conservatorio de Bienes Raíces para poder proceder a la inscripción de los inmuebles de la masa a nombre de todos los herederos. 6.2. Sanción por Incumplimiento de las Inscripciones Conservatorias del Art. 688 CC: La jurisprudencia, en esta cuestión, manifestó una evidente evolución, dando lugar a carias soluciones diferentes. 1) Tesis de la Nulidad Absoluta: La primera interpretación de la jurisprudencia fue que los actos otorgados sin cumplir con los requisitos a que alude el Art. 688 CC eran nulos absolutamente. Esto por las siguientes razones: a. Se consideró que era una norma prohibitiva. b. Se entendió que toda la organización de la propiedad raíz era de orden público. Incluso en un inicio se entendió aplicable a las ventas forzadas, interpretación que posteriormente fue dejada sin efecto para entender que la sanción solo era aplicable a las ventas voluntarias, puesto que el Art. 688 CC impide a los herederos disponer de ellos, pero en el caso de las ventas forzadas no son ellos los que efectúan la disposición. La doctrina criticó esta solución por tres razones: c. Porque el Art. 688 CC no es prohibitivo, sino que imperativo de requisito. 704

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. Porque la nulidad absoluta no puede ser ratificada por la voluntad de las partes y, en este caso, los herederos podrían disponer de los bienes y luego efectuar las inscripciones correspondientes, lo que valida la tradición en forma retroactiva según el Art. 682 CC. e. Porque la nulidad absoluta se sanea por el transcurso de 10 años, cosa que no ocurre en la especie, ya que la norma impide disponer de los inmuebles, sin importar el tiempo que transcurra. 2) Tesis de la Nulidad de la Tradición: La segunda solución de la jurisprudencia fue la de entender que el acto o contrato por el que se disponía de los inmuebles era válido, pero que la tradición de los mismos sería nula. Se argumentó que el Art. 688 CC señala que no se puede disponer de los inmuebles, expresión que significa enajenar, transferir el dominio, y quien vende no lo transfiere. Esta solución también ha sido objeto de reparos doctrinarias. Por una parte, se reitera que la tradición no puede ser sancionada con nulidad absoluta por las razones antedichas. Por otra parte, no puede pensarse que en el caso de la compraventa el contrato sea válido, pero no la tradición, pues el Art. 1810 CC señala que pueden venderse todas las cosas cuya enajenación no esté prohibida por ley. 3) Tesis de la Mera Tenencia: La tercera solución, y que es la vigente, es que la sanción es la mencionada en el Art. 696 CC, con lo que el adquirente de estos inmuebles queda como mero tenedor y no adquiere ni el dominio ni la posesión. La doctrina también ha criticado esta solución por varias razones: a. Por una parte, debe tenerse presente que, de conformidad al Art. 714 CC, el mero tenedor es quien tiene materialmente una cosa, pero que reconoce dominio ajeno, cosa que no ocurre con el que adquiere un bien que era parte de la herencia sin efectuarse las inscripciones que ordena el Art. 688 CC: Este sujeto no reconoce dominio ajeno. Si a la adquisición de dominio ha faltado un requisito, ello no puede conducir a que el adquirente quede como mero tenedor, sino que como poseedor. b. Si el adquirente del bien hereditario queda como mero tenedor, sucedería que los herederos que enajenaron seguirían como dueños y poseedores, lo que resultaría absurdo: No solo no serían sancionados por no inscribir los bienes de conformidad al Art. 688 CC, sino que además se los beneficia con mantenerlos en su calidad de propietarios y poseedores. c. Se ha sostenido que la remisión que hace el Art. 696 CC a las inscripciones prescritas en los artículos anteriores, no podría entenderse efectuada a las ordenadas por el Art. 688 CC: Porque: i. Es una norma que no está ubicada dentro de la tradición, dado que estas inscripciones no tienen por objeto hacer la tradición de los bienes inmuebles que componen la herencia. ii. El Art. 696 CC alude precisamente al Art. 686 CC, que a su vez se refiere a las inscripciones como forma de efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe iii. Si se aplica literalmente el Art. 696 CC ocurriría que los herederos tampoco tendrían la posesión de los bienes, pues dice la norma que mientras no se practiquen estas inscripciones los títulos no darán o transferirán la posesión efectiva del referido derecho. 4) Posibilidad de la Nulidad Relativa: Es una idea que seduce, puesto que este tipo de nulidad presenta la ventaja de que se puede sanear por el transcurso de 4 años y puede ser ratificada mediante la actividad de las partes. Sin embargo, se ha estimado que ello tampoco es posible, por cuanto la omisión de las inscripciones del Art. 688 CC no se sanea jamás por el decurso del tiempo, lo que hace inviable pensar en este tipo de nulidad. 5) El Tercero es un Poseedor: Parece que lo más razonable es considerar que el adquirente del bien hereditario, respecto del cual se han omitido las inscripciones del Art. 688 CC es el poseedor y no el propietario. No adquiriría el dominio por impedir el Art. 688 CC y no sería un mero tenedor por tener ánimo de señor y dueño, por lo que parece razonable entender que es un poseedor que puede adquirir por prescripción adquisitiva. IV.

INCAPACIDADES E INDIGNIDADES PARA SUCEDER.

1. Conceptos Generales: Para suceder es preciso que concurran dos requisitos generales: (i) capacidad y (ii) dignidad. A. Sección Primera: “INCAPACIDADES PARA SUCEDER” 1. Concepto: La capacidad es “la aptitud legal para suceder una persona a otra, la habilidad para adquirir por causa de muerte, para poder ser heredero o legatario”. El Art. 961 CC señala que es capaz de suceder “toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz”. 2. La Incapacidad para Suceder es una Incapacidad de Goce: La incapacidad para suceder es una incapacidad adquisitiva o de goce. Al incapaz le está vedado adquirir por sucesión por causa de muerte. Es una incapacidad especial puesto que importa solamente la falta de aptitud para ser titular de los derechos que implican las calidades de heredero o legatario. 3. Clases de Incapacidad: La incapacidad puede ser absoluta o relativa. 3.1. Incapacidades Absolutas: “Aquella que pone al incapaz en la imposibilidad de suceder a toda persona”. Son: 1) Incapacidad del que no existe naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión (Art. 962 CC): “Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión”. Toda asignación lleva envuelta la condición de existir el asignatario al tiempo del fallecimiento del causante, que es el momento en que la apertura se produce (Art. 955 CC). Se sigue como consecuencia que no pueden suceder aquellos que han dejado de existir o no existen aun cuando la sucesión se abre. Esta regla tiene numerosas excepciones reales o aparentes: a. Las personas concebidas al tiempo de abrirse la sucesión: El Art. 77 CC señala que, con todo, la criatura simplemente concebida al tiempo de abrirse la sucesión puede suceder. Los derechos que se le habrían deferido si viviese permanecerán en suspenso hasta que el nacimiento se efectúe.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe El concebido, pero no nacido adquiere, pues, un derecho eventual. En atención a lo señalado en el Art. 76 CC, el nacimiento deberá efectuarse no más de 300 días después del fallecimiento del causante. Solamente entonces el asignatario se reputará concebido al tiempo de abrirse la sucesión. b. Las personas cuya existencia se espera: Excepcionalmente, son capaces de suceder las personas que no existen al tiempo de abrirse la sucesión, pero que se espera que existan (Art. 962, inc. 3 CC). La asignación, en tal caso, está sujeta a la condición de existir el asignatario. El Art. 962 CC previene que es menester que el asignatario llegue a existir “antes de expirar los 10 años subsiguientes a la apertura de la sucesión”. Ejemplo de este tipo de asignación la encontramos en aquella que se hace en favor de los hijos del matrimonio de Juan y María, siendo llamados a suceder aquellos que nazcan en el referido plazo de 10 años. c. Las asignaciones en premio de servicios importantes (Art. 962, inc. final CC): “Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que lo presta no haya existido al momento de la muerte del testador”. La expresión “la misma limitación” alude al plazo de 10 años a que se había referido el inciso anterior. De este modo, el servicio de que se trata ha de prestarse en dicho plazo, contado desde el fallecimiento del causante, revistiendo la asignación un carácter condicional. En este caso importa que el servicio se preste, pero no quien ha de prestarlo. La asignación no tiene un asignatario determinado. d. Las asignaciones condicionales: Cuando la asignación es condicional, sujeta a una condición suspensiva, no es bastante que el asignatario exista al tiempo de la apertura de la sucesión; “será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición” (Art. 962, inc. 2 CC). Si fallece el asignatario antes de cumplirse la condición, “no transmite derecho alguno” (Art. 1078, inc. 2 CC) por la sencilla razón de que nada había adquirido. e. Sucesores por derecho de transmisión: Señala el Art. 982 CC una última excepción en el caso de que se suceda por derecho de transmisión, “pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado” (Art. 962, inc. 1 CC). Esta última excepción es solo aparente, ya que estamos en presencia de dos transmisiones diversas: del primer causante al transmitente, y de este al transmitido. Es verdad que el transmitido no existe al tiempo de fallecimiento del primer causante; pero no sucede a este, sino que, al transmitente o transmisor, el cual debe existir al tiempo de abrirse la sucesión del primer causante. Por su parte, el transmitido debe existir cuando se abra la sucesión del transmitente. 2) Incapacidad de las entidades que no son personas jurídicas (Art. 963 CC): “Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios, o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas”. Esto se debe a que las entidades que carecen de personalidad jurídica no tienen existencia ante el derecho.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esto tiene una excepción en el Art. 963, inc. 2 CC que señala que: “Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal, y obtenida ésta, valdrá la asignación”. Lo cual implica que es válida la asignación que se hace justamente para la creación de una nueva persona jurídica. 3.2. Incapacidades Relativas: “Aquellas que impiden al incapaz suceder a determinado causante”. Son: 1) El condenado por el crimen de dañado ayuntamiento (Art. 964 CC): “Es incapaz de suceder a otra persona como heredero o legatario, el que antes de deferírsele la herencia o legado hubiere sido condenado judicialmente por el crimen de dañado ayuntamiento con dicha persona y no hubiere contraído con ella un matrimonio que produzca efectos civiles. Lo mismo se extiende a la persona que antes de deferírsele la herencia o legado hubiere sido acusada de dicho crimen, si se siguiere condenación judicial”. La incapacidad es relativa porque impide solamente al condenado suceder a la persona con quien delinquió y no a otra persona. Comprende tanto la sucesión abintestato como la testamentaria. En nuestro Código Penal no existe este delito, pero puede inferirse, en virtud del antiguo artículo 36 CC que llamaba hijos de dañado ayuntamiento a los adulterinos, incestuosos y sacrílegos, que el delito de dañado ayuntamiento comprende el sacrilegio, el adulterio y el incesto, pero dado que hoy en día solo subsiste el delito de incesto, resulta ser que la causal de incapacidad en la actualidad queda reducida al condenado por incesto con el causante. Si bien la incapacidad supone no haber contraído un matrimonio válido con el causante, dicha causal de exoneración no puede tener aplicación pues, quienes están en situación incestuosa mal pueden contraer matrimonio, al existir impedimento legal para ello. 2) El confesor del causante: El Art. 965 CC dispone que, “por testamento otorgado durante la última enfermedad”, es incapaz de suceder el eclesiástico que hubiere confesado al difunto durante la última enfermedad o habitualmente en los 2 últimos años anteriores al testamento, ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad hasta el 3er grado inclusive. Por ultima enfermedad ha de entenderse aquella que ocasionó la muerte del testador. Si recupera la salud, ha podido revocar el testamento obtenido por una presión ilegitima del confesor. La incapacidad del confesor le impide únicamente suceder por testamento; es inaplicable a la sucesión abintestato. Esto tiene una excepción, por cuanto el Art. 965, inc. 2 CC señala que: “Pero esta incapacidad no comprenderá a la iglesia parroquial del testador, ni recaerá sobre la porción de bienes que el dicho eclesiástico o sus deudos habrían heredado abintestato, si no hubiese habido testamento”. 3) El funcionario que autoriza el testamento, testigos y parientes suyos: Son incapaces de suceder por testamento los funcionarios que lo autorizan, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados y empleados o asalariados (Art. 1061, inc. 1 CC). Tampoco son capaces de suceder los testigos del testamento y su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y cuñados (Art. 1061, inc. 2 CC). El fundamento de esta incapacidad es proteger la libre voluntad del testador la cual podría verse influenciada por el notario o los testigos del testamento. Esta incapacidad solo tiene lugar en la sucesión testada. 708

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4. Caracteres y Efectos de la Incapacidad: 1) La Incapacidad es de Orden Público: Es indeleble, no puede sanearse. 2) Sanción de la Incapacidad (Art. 966 CC): “Será nula la disposición a favor de un incapaz”. La nulidad que acarrea es la nulidad absoluta parcial, debido a que afectara a la cláusula testamentaria a favor del incapaz y no al resto del testamento. La ley además prevé dos formas a través de las cuales se puede defraudar la ley, señalando que es nula “aunque se disfrace la forma de un contrato oneroso o por interposición de persona” (Art. 966 CC). Para precaver este fraude, además de ser nula la asignación, el Art. 952 CC declara al testaferro indigno de suceder. 3) Forma como adquiere el incapaz la asignación: El incapaz podrá adquirir la herencia o legado por prescripción, poseyéndolos en la forma ordinaria. El Art. 967 CC dice: “El incapaz no adquiere la herencia o legado, mientras no prescriban las acciones que contra él puedan intentarse por los que tengan interés en ello”. Se trata de una prescripción adquisitiva. 4) La Incapacidad pasa contra Terceros: En el sentido que si el incapaz enajena el objeto de la asignación habrá acción contra ese tercero, esté de buena o mala fe. Ello porque tales terceros no pueden adquirir más derechos que el incapaz y este no tenía ninguno. Por otra parte, la nulidad de la asignación, judicialmente declarada, da acción reivindicatoria contra terceros poseedores (Art. 1689 CC). 5) Como opera la incapacidad: La gran mayoría estima que opera de pleno derecho; no es necesario que se demande judicialmente y sea declarada por sentencia firme. Lo anterior se funda en el Art. 967 CC que señala que “el incapaz no adquiere la herencia o legado”, y se confirma en la historia fidedigna del Código Civil. Una minoría estima que, si es necesaria una sentencia judicial firme, pues las incapacidades serían causales de nulidad absoluta y se regirían por las normas generales. B. Sección Segunda: “INDIGNIDADES PARA SUCEDER” 1. Concepto: “Sanción que consiste en excluir de la sucesión a un asignatario, como consecuencia de haber cometido actos que importan un grave atentado contra el difunto o un serio olvido de sus deberes para con este”. La indignidad tiene estrecho parentesco con el desheredamiento. Las causales coinciden en gran parte y, en uno y otro caso, se ve privado el sucesor de la asignación por la ejecución de actos que significan un atentado contra el causante o un desconocimiento de sus obligaciones hacia el difunto. Difieren porque la indignidad es pronunciada por la ley, mientras que el desheredamiento tiene su origen en el testamento. La indignidad es un desheredamiento legal; el desheredamiento, una indignidad testamentaria. 2. Causas de Indignidad: El legislador ha señalado taxativa y minuciosamente las causales que acarrean indignidad. 1) Homicidio del Causante: Es indigno para suceder “el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla” (Art. 968 N°1 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Atentado Grave contra el Causante y Parientes: Es indigno para suceder “el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada” (Art. 968 N°2 CC). La gravedad del atentado deberá juzgarla el juez civil que conozca del juicio de indignidad. El atentado puede ser contra la vida (homicidio frustrado o lesiones), contra su honor (calumnia, injurias) o contra sus bienes (robo, estafa). Del atentado puede ser víctima el mismo causante y, también, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes. 3) Incumplimiento del Deber de Socorro: Es indigno de suceder “el consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo” (Art. 968 N°3 CC). 4) Fuerza o Dolo para obtener Disposiciones Testamentarias o Impedir que se otorgue Testamento: Es indigno de suceder “el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió testar” (Art. 968 N°4 CC). Si se tratare de una sucesión testamentaria obtenida con fuerza, el testamento adolecerá de nulidad total, no parcial, ya que el Art. 1007 CC señala que: “El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes”. 5) Detención u Ocultación del Testamento: Es indigno de suceder “el que dolosamente ha detenido u oculado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación” (Art. 968 N°5 CC). Esta disposición, contrariamente a la regla general, presume el dolo por el solo hecho de que se intente frustrar la expresión de la voluntad del testado deteniendo u ocultando el testamento. 6) Falta de Acusación a la Justicia del Homicidio del Causante: Es indigno de suceder “el que siendo mayor de edad, no hubiere acusado a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto, tan presto como le hubiere sido posible” (Art. 969 CC). No obstante lo dicho, no incurrirá en indignidad el heredero o legatario en los casos siguientes: a. Si la justicia hubiere empezado a proceder sobre el caso (Art. 969, inc. 2 CC): O sea, se hubiere iniciado a instancias de otro o de oficio el correspondiente juicio criminal. b. Si el heredero o legatario es el cónyuge del autor del homicidio, ascendiente o descendiente suyo, o existe entre ellos parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. 7) Falta de Instancia para el Nombramiento de Guardador al Impúber, Demente o Sordomudo: Es indigno de suceder “al impúber, demente, sordo o sordomudo que no pueda darse a entender claramente, el ascendiente o descendiente que siendo llamado a sucederle abintestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y permaneció en esta omisión un año entero” (Art. 970 CC). No se hace indigno al sucesor que no solicita el nombramiento de guardador de su pariente menor adulto o pródigo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La obligación de solicitar la designación de un guardador pesa sobre los ascendientes o descendientes. Pero, transcurrido el año, “recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado en la sucesión intestada” (Art. 970, inc. 3 CC). La indignidad opera siempre que al asignatario que no instó por el nombramiento de tutor o curador no le haya sido “imposible hacerlo por sí o por procurador” (Art. 970, inc. 1 CC). No tienen obligación de pedir el nombramiento de guardador, y, en consecuencia, no se hacen indignos por la omisión, “los menores, ni en general los que viven bajo tutela o curaduría” (Art. 970, inc. 4 CC). Cuando fueren muchos los llamados a suceder, “la diligencia de uno de ellos aprovechará a los demás” (Art. 970, inc. 2 CC). Cesa la indignidad “desde que el impúber llega a la pubertad, o el demente o sordo o sordomudo toman la administración de sus bienes” (Art. 970, inc. 5 CC). 8) Excusa sin causa del Guardador o Albacea: Son indignos de suceder “el tutor o curador que nombrado por el testado se excusaren sin causa legítima” (Art. 971, inc. 1 CC) y “el albacea que nombrado por el testador se excusare sin probar inconveniente grave” (Art. 971, inc. 2 CC). La indignidad es el resultado de que el asignatario rehúsa, sin motivo justificado, un cargo de confianza que el testador le discierne. La dignidad no se extiende “a los asignatarios forzosos en la cuantía que lo son, ni a los que, desechada por el juez la excusa, entren a servir el cargo” (Art. 971, inc. 3 CC). 9) Promesa de hacer pasar bienes a un incapaz: Finalmente la ley declara indigno de suceder al que, “a sabiendas de la incapacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos, bajo cualquier forma, a una persona incapaz” (Art. 972 CC). Esta disposición tiene por objeto reforzar la sanción de nulidad de la asignación hecha a un incapaz, aunque se realice por interpuesta persona (Art. 966 CC). Basta, en general, la sola promesa de hacer llegar bienes a un incapaz, aunque no llegue a cumplirse. Por excepción, es menester que la promesa se lleve a cabo. El Art. 972, inc. 2 CC añade: “Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona de las que por temor reverencial hubieren podido ser inducidas a hacer la promesa al difunto; a menos que hayan procedido a la ejecución de la promesa”. En ese sentido, el temor reverencial justifica la promesa; pero no legítima su cumplimiento. 10) Otras causas de indignidad: Diversas disposiciones, repartidas en el Código, señalan otras causales: a. El menor de edad que contrajo matrimonio sin el consentimiento de un ascendiente estando obligado a obtenerlo: Es parcialmente indigno se suceder abintestato a dicho ascendiente: “no tendrá el descendiente más que la mitad de la porción de bienes que le hubiera correspondido en la sucesión del difunto” (Art. 114 CC). b. El viudo o viuda que tuviere hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, tutela o curaduría, y que por su negligencia haya omitido confeccionar oportunamente inventario solemne de los bienes sujetos a su administración, si se propone contraer nuevo matrimonio: En este caso pierde el derecho de suceder como legitimario o heredero abintestato al hijo cuyos bienes ha administrado (Art. 127 CC). 711

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Ninguno de los que hayan participado en el fraude de falso parto o de suplantación de un pretendido hijo al verdadero, podrá aprovechar del descubrimiento del fraude para suceder al verdadero hijo en sus bienes (Art. 219 CC). d. El albacea que es removido judicialmente de su cargo por dolo se hará indigno de tener en la sucesión parte alguna (Art. 1300 CC). e. El partidor designado en el testamento que no acepta el cargo (Art. 1237 CC). f.

El partidor condenado por el delito de prevaricación (Art. 1329 CC).

3. Caracteres y Efectos de la Indignidad: 1) La Indignidad no opera de pleno derecho: Requiere una declaración judicial (Art. 974 CC). Mientras dicha declaración se produce el asignatario adquiere la asignación, es reputado heredero o legatario. Declarada la indignidad, quedará el asignatario excluido de la sucesión y perderá la herencia o legado. 2) Titulares activos de la declaración de indignidad: Puede pronunciarse “a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno” (Art. 974, inc. 1 CC). En consecuencia, corresponde a toda persona que en virtud de la exclusión del indigno sea llamado a recoger la asignación o a incrementar la suya. 3) La indignidad pasa a los herederos: Fallecido el indigno, la acción podrá intentarse contra sus herederos para que estos sean excluidos de la sucesión (Art. 977 CC). 4) La indignidad no pasa contra terceros de buena fe (Art. 976 CC). 5) Restitución de la herencia o legado: Una vez que se pronuncia la indignidad no puede el indigno conservar la asignación. Si hubiere entrado en posesión de la herencia o legado deberá restituirlos (Art. 974, inc. 2 CC). 4. Extinción de la Indignidad: Se extingue por dos causas: 1) Por el perdón del ofendido: La indignidad crea un problema de orden estrictamente privado. Por ello el Art. 973 CC dispone: “Las causas de indignidad mencionadas en los artículos precedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después”. De este modo se presume de derecho el perdón por la sola circunstancia de otorgarse un testamento designando asignatario al indigno. 2) Por la prescripción (Art. 975 CC): “La indignidad se purga en cinco años de posesión de la herencia o legado”. C. Sección Tercera: “REGLAS COMUNES A LA INCAPACIDAD E INDIGNIDAD” 1. La Excepción de Incapacidad y de Indignidad: El Art. 978 CC dispone: “Los deudores hereditarios o testamentarios no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o indignidad”. Esto se debe a que mientras la indignidad no se declare, el heredero tiene esta calidad que le habilita para cobrar las deudas hereditarias y poner a los deudores en la necesidad de pagarlas. En cambio, no se justifica en absoluto que los deudores no puedan oponer al demandante la excepción de incapacidad, puesto que ella opera de pleno derecho y no se requiere una declaración judicial. Esta 712

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe inconsecuencia podría obviarse, sin embargo, mediante una reconvención contra el incapaz que reclama el pago de la deuda. 2. La Incapacidad y la Indignidad en relación con el Derecho de Alimentos: El Art. 979 CC estipula: “La incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido, de los alimentos que la ley le señale; pero en los casos del artículo 968 no tendrán ningún derecho a alimentos”. El Art. 968 CC se refiere a lo señalado en el Art. 324 CC, en virtud del cual en el caso de injuria atroz cesa la obligación de prestar alimentos, y cuyo inciso segundo establece que solo constituyen injuria atroz las conductas descritas en el Art. 968 CC, que son las primeras cinco causales de indignidad. 3. Paralelo entre la Incapacidad y la Indignidad: 1) La incapacidad impide “adquirir” un derecho hereditario; la indignidad impide solamente conservarlo. 2) La incapacidad puede ser absoluta o relativa. La indignidad es siempre relativa y se refiere a una determinada sucesión. 3) La incapacidad se funda en consideraciones de orden público, constituye una prohibición de la ley y opera de pleno derecho. La indignidad mira al interés particular, está establecida en consideración a las personas y debe ser declarada judicialmente. 4) Como el incapaz nada adquiere en la herencia, nada transmite de ella a sus herederos; el indigno les transmite la asignación, aunque con el vicio de la indignidad. 5) La incapacidad pasa contra terceros, estén de buena o mala fe. La indignidad no pasa contra terceros de buena fe. 6) La incapacidad se purga por la prescripción adquisitiva extraordinaria porque el incapaz no tiene ningún título para poseer la herencia o legado. La indignidad se purga en 5 años de posesión de la asignación. V.

EL DERECHO DE TRANSMISIÓN.

1. Introducción: Tres situaciones pueden plantearse: 1) El asignatario acepta la asignación y luego fallece: En este caso el asignatario transmite la asignación, que, en virtud de la aceptación, ingresó definitivamente a su patrimonio. 2) El asignatario repudia y fallece en seguida: Nada transmite el asignatario porque, como consecuencia de la repudiación, se supone que nunca ha tenido derecho alguno (Art. 1239 CC). 3) El asignatario fallece sin haber expresado su voluntad de aceptar o repudiar la asignación: En este caso, el asignatario transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar y tiene lugar el derecho de transmisión. 2. Concepto de Derecho de Transmisión: En virtud del Art. 957 CC lo podemos definir como “la facultad que tiene el heredero, que acepta la herencia, de aceptar o repudiar la herencia o legado que se defirió a su causante fallecido sin haber aceptado o repudiado”. El derecho de transmisión es aplicación de los principios generales, por cuanto el causante tenía la facultad de aceptar o repudiar la herencia o legado que se le defirió y el heredero le sucede en todos sus derechos y obligaciones transmisibles y, entre ellos, el derecho que tenía el causante de aceptar o repudiar. 713

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Personas que intervienen en el Derecho de Transmisión: 1) El primer causante: Que deja la herencia o legado que no se aceptó o repudió. 2) El transmitente o transmisor: Que, después de deferida la herencia o legado, fallece sin haber expresado si aceptaba o repudiaba, y 3) El transmitido: Que, habiendo aceptado la herencia del transmitente, adquiere el derecho de aceptar la herencia o legado dejados por el primer causante. 4. Requisitos del Derecho de Transmisión: 1) El transmitente debe ser capaz de suceder al primer causante: Si no lo fuere, no se habría verificado en su favor la delación de la herencia o legado, el llamamiento para aceptar o repudiar. 2) El transmitido debe ser, a su vez, capaz de suceder al transmitente. 3) El transmitente puede ser heredero o legatario del primer causante, pero el transmitido debe ser necesariamente heredero del transmitente. 4) El transmitido debe aceptar la herencia del transmitente. 5) Es preciso que los derechos del transmitente a la herencia o legado no hayan prescrito. 5. Pluralidad de Transmitidos: En conformidad al Art. 1228 CC se establece la indivisibilidad de la aceptación y la repudiación al señalar que no se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto. Ahora bien, el Art. 1228, inc. 2 CC señala que: “Pero si la asignación hecha a una persona se transmite a sus herederos según el artículo 957, puede cada uno de éstos aceptar o repudiar su cuota”, haciendo así excepción a la indivisibilidad. 6. Posibilidad de Disponer del Ius Delationis: En cuanto a la posibilidad de disponer del ius delationis por acto entre vivos, esta se encuentra expresamente prohibida en nuestra legislación. En ese sentido, el Art. 1230 CC señala que: “Si un asignatario vende, dona, o transfiere de cualquier modo a otra persona el objeto que se le ha deferido, o el derecho de suceder en él, se entiende que por el mismo hecho acepta”. En ese sentido, al establecer una aceptación tácita al enajenar el objeto diferido, se entiende que no puede transferirse el derecho a aceptar o repudiarlo. Fundado en esto la doctrina rechaza la posibilidad de disponer del ius delationis por causa de muerte, debido a que también constituiría una aceptación tácita de la asignación. VI.

LA TEORÍA DE LOS ACERVOS54.

1. Concepto y Tipos: El acervo es “la masa hereditaria que deja el causante a su fallecimiento”. Así, la teoría de los acervos es “el conjunto de reglas dentro del Código civil y de la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones que determinan esta masa hereditaria”. La doctrina tradicional distingue cinco tipos de acervos. Sin embargo, más que tratarse de tipos distintos de acervos, se trata del mismo patrimonio del causante que puede encontrarse en una de estas cinco situaciones, pero que en todo caso no llegan a generarse conjuntos de bienes y derechos separados como si de patrimonios de afectación se tratase. Estos tipos de acervos son los siguientes:

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En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) El Acervo Bruto o Común. 2) El Acervo Ilíquido. 3) El Acervo Líquido o Partible. 4) El Primer Acervo Imaginario o Colación. 5) El Segundo Acervo Imaginario. 2. El Acervo Bruto o Común: “Aquel formado por la totalidad de los bienes del causante, pero también por los bienes que puedan pertenecer a otras personas o a estas conjuntamente con el fallecido por cualquier motivo”. En este caso, el primer paso que debe darse para aplicar las reglas de la sucesión por causa de muerte y liquidar la herencia, es el de la separación de patrimonios, sea mediante la exclusión de los bienes que pertenecen a otras personas, sea mediante la partición en el caso de comunidades (Art. 1431 CC). Hechas estas operaciones, el patrimonio a que da lugar es el denominado acervo ilíquido. Si bien es cierto que el Art. 1341 CC impone el proceso de separación de patrimonios para pasar del acervo común al ilíquido, no debe creerse que para este efecto siempre será necesario la liquidación de todas las comunidades o sociedades de las que pueda haber formado parte el causante. Esto porque puede ocurrir que la cuota o parte del causante en la comunidad o en la sociedad forme parte de la masa hereditaria sin liquidación, pasando sus herederos a ser los comuneros o los socios de acuerdo a las reglas generales. 3. El Acervo Ilíquido: “Conjunto de bienes que pertenecían al causante una vez practicada la separación de patrimonios, pero sin que se le hayan efectuado las bajas generales de la herencia indicadas en el Art. 959 CC”. A su turno, las bajas generales de la herencia son “aquellas deducciones que legalmente deben efectuarse para llevar a efecto las disposiciones del testamento o de la ley”, y estas son: 1) Las costas de publicación del testamento si lo hubiere, las demás anexas a la apertura de la sucesión, de posesión efectiva y las de partición, incluso los honorarios de albaceas y partidores en lo que no excedan los aranceles vigentes: Quedan incluidas, por ser anexas a la apertura de la sucesión, las costas derivadas de la apertura del testamento cerrado si lo hay (Art. 1025 CC), de las publicaciones a que haya lugar (Art. 1285 CC), los gastos de escrituración del testamento verbal (Arts. 1037 y ss. CC) o las costas de la guarda y aposición de sellos (Art. 1224 CC). 2) Las deudas hereditarias: “Aquellas que en vida tenía el causante”. No son las deudas testamentarias, es decir, las que impone el causante en el testamento; estas se pagarán con cargo a la parte que el testador ha podido disponer libremente. Solo se descuentan las deudas transmisibles y no las que se extinguen por la muerte del causante al ser personalísimas. Tampoco se descuentan las deudas que reconozca el causante en el testamento sin que haya un principio de prueba por escrito, pues en tal caso se trata de legados que se pagan con la parte de libre disposición, y, por lo mismo, son deudas testamentarias y no hereditarias (Art. 1133 CC). Podrán deducirse las deudas provenientes de la última enfermedad del causante, pagadas antes de la fecha de la delación de la herencia, que los herederos acrediten haber cancelado con su propio peculio o con dinero facilitado por terceras personas. No podrán deducirse las deudas contraídas en

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe la adquisición de bienes exentos de impuestos de herencia o en la conservación o ampliación de dichos bienes. 3) Los impuestos fiscales que graven toda la masa hereditaria: En la actualidad estaba baja general se encuentra sin aplicación en los hechos ya que hoy no existen tales impuestos. El impuesto a la herencia solo grava las asignaciones que corresponden a cada heredero o legatario, no grava el conjunto de la masa hereditaria. 4) Las asignaciones alimenticias forzosas: “Aquellas que por ley debía el causante en vida”. No son bajas generales los alimentos voluntarios. Es discutible que sean baja general de la herencia porque se trata de una asignación forzosa y, por lo mismo, siendo una asignación de este tipo no puede entenderse como baja general de la herencia, ya que las asignaciones se calculan y pagan sobre el acervo liquido; esto es, una vez efectuadas las bajas generales de la herencia. Por ello, se ha entendido que lo que el precepto quiere decir es que esta asignación por su carácter alimenticio goza de preferencia para su pago. 5) Los gastos de entierro y de última enfermedad del causante adeudados a la fecha de la delación de la herencia: La alusión a las deudas por concepto de la última enfermedad no se justifica, dado que son deudas hereditarias. En cambio, si se justifican los gastos funerarios, puesto que ellos se producen una vez muerto el causante y, por lo mismo, no son deudas hereditarias. 4. El Acervo Líquido o Partible: “El acervo ilíquido menos las deducciones ordenadas por el Art. 959 CC y el Art. 4 Ley N°16.271”. Es aquello de que dispone el testador o la ley (Art. 959 CC). 5. Primer Acervo Imaginario o Colación: Los acervos imaginarios, a diferencia de los anteriores, pueden o no existir. Su objetivo es proteger la igualdad entre los asignatarios forzosos, así como la integridad de la mitad legitimaria y de la cuarta de mejoras de las eventuales donaciones que el causante puede haber hecho en vida. En el caso del primer acervo imaginario, dispone el Art. 1185 CC que para computar las cuartas a las que se refiere el Art. 1184 CC, se acumularán imaginariamente al acervo liquido todas las donaciones revocables o irrevocables, hechas en razón de legítimas o mejoras, según el valor que hayan tenido las cosas donadas al tiempo de la entrega. 6. Segundo Acervo Imaginario: Este acervo tiene por objeto defender a los legitimarios de las donaciones que el causante pueda haber efectuado en favor de terceros, y que a la larga podrían perjudicar lo que legalmente les corresponde dentro de la herencia. Se diferencia del primer acervo imaginario en que aquel protege la igualdad entre los propios herederos; en cambio en el segundo acervo imaginario el propósito es defender a los legitimarios frente a terceros. Dice el Art. 1186 CC que si el que tenía a la sazón legitimarios hubiere hechos donaciones entre vivos a extraños, y el valor de todas ellas juntas excediere a la cuarta parte de la suma formada por este valor y el del acervo imaginario, tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al acervo, para la computación de las legítimas y mejoras. Agrega el Art. 1187 CC que, si fuere tal el exceso que no solo absorba la parte de bienes que el difunto ha podido disponer a su arbitrio, sino que menoscabe las legítimas rigorosas, o la cuarta de mejoras, tendrán derecho los legitimarios para la restitución de lo excesivamente donado, procediendo contra los donatarios en un orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es, principiando por las más recientes. La insolvencia de un donatario no gravará a los otros.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe CAPÍTULO II: LA SUCESIÓN LEGAL, LEGÍTIMA O INTESTADA I.

CONCEPTOS GENERALES55.

1. Concepto: “Aquella regulada por el legislador en los casos en que ello es procedente”. La ley regla la sucesión de una persona difunta en tres casos precisos: (i) cuando el difunto no dispuso de sus bienes, (ii) cuando si lo hizo, pero no lo efectuó conforme a derecho y (iii) cuando la disposición no ha tenido efectos. La sucesión legitima, legal o intestada es siempre hereditaria. El sucesor llamado por la ley es un asignatario universal. Por otro lado, este tipo de sucesión es supletoria de la sucesión testamentaria: solo operará en ausencia o ineficacia del testamento, puesto que, si lo hay y es eficaz, la sucesión es testamentaria y se aplicarán sus disposiciones (Art. 952 CC). Por eso Planiol sostiene que la sucesión intestada es el testamento tácito o el testamento presunto del difunto. 2. Ámbito de Aplicación: Las reglas de la sucesión intestada se aplican a las situaciones previstas en el Art. 980 CC, las que, a su turno, pueden dar lugar a otras hipótesis que no están expresamente contempladas en la norma: 1) En el evento que el difunto fallezca sin otorgar testamento: Este es el caso de más ocurrencia. También incluye el caso en que el difunto no dispuso de sus bienes cuando habiendo otorgado testamento este solo contiene declaraciones testamentarias, pero no dispone en parte alguna de sus bienes. Asimismo, se entiende que el testador no ha dispuesto de sus bienes cuando en el testamento se ha limitado a instituir legados, pues en tal caso, los herederos sucederán abintestato. 2) En el evento en que el difunto habiendo dispuesto de sus bienes, no lo hizo conforme a derecho, incurriendo en un vicio de nulidad por faltarse a este los requisitos de forma o de fondo que establece la ley: También no se habrá dispuesto conforme a derecho cuando el causante otorgó un testamento privilegiado, sea verbal, marítimo o militar (Art. 1030 CC), que caducó por no haber fallecido el causante dentro de los plazos establecidos en la ley o por no haberse cumplido con las formalidades posteriores al otorgamiento del testamento. 3) En el evento que el testador haya dispuesto de sus bienes, pero que esta disposición no haya podido tener efectos, por el heredero llamado repudió la herencia, o era incapaz o indigno de suceder o cuando el asignatario designado por el testador falte por otra causa, a menos que operen el derecho de acrecimiento o sustitución. 4) En el evento que el testador se hubiere limitado a realizar declaraciones en el testamento, sin disponer de modo alguno de sus bienes. 3. Sistemas de Sucesión Intestada: Existen dos grandes sistemas a nivel comparado: 1) Sistema Subjetivo o Personal: En este sistema la ley regla la sucesión intestada del causante teniendo en consideración, particularmente, los vínculos personales entre el causante y sus herederos. No se toman en cuenta, por consiguiente, el origen ni la naturaleza de los bienes que componen la masa hereditaria. La ley, para los efectos sucesorios, llama a grupos de parientes, dependiendo de la mayor o menor cercanía en el grado de parentesco con el causante.

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En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Dentro de este sistema, el más extendido es el cognaticio, que se basa en la cognición, que es el vínculo de sangre que une a los descendientes respecto de un tronco común. Este sistema puede ser: a. De línea recta y colateral: En este, vigente en Chile, los parientes se agrupan en atención a la línea recta ascendente o descendente, pero también en línea colateral, de modo que por lo habitual la ley llama primero a los descendientes, luego a los ascendientes y finalmente a los colaterales del difunto. b. Solamente de línea recta: En este la determinación de los sucesores se hace en consideración a la línea recta, prescindiendo de la línea colateral, dando lugar a las denominadas “parentelas”. En este sistema se llama primero a los descendientes del difunto (primera parentela), luego al padre o madre del difunto (segunda parentela) y, por último, a los abuelos. La primera parentela solo comprende a los parientes que son descendientes del difunto, en tanto que las restantes consideran al ascendiente, pero también a los descendientes de ellos. 2) Sistema Real o Troncal: En este sistema la sucesión intestada del difunto se estructura teniendo en consideración los bienes que pertenecían al causante. Se distingue entre los que fueron adquiridos personalmente por el difunto a título oneroso (propios) y los que le pertenecen por haberlos adquirido por herencia o donación de su familia en línea paterna o materna (troncales). Los bienes adquiridos personalmente por el causante a título oneroso se distribuyen entre los herederos de acuerdo a los criterios ya señalados del sistema subjetivo, pero los troncales se reservan o revierten al tronco materno o paterno del cual provienen. Esto busca que los bienes que han pertenecido a la familia desde tiempos inmemoriales no pasen a una familia diferente. 4. Fundamentos de la Sucesión Legal: Desde antiguo se ha pensado y sostenido que las normas de la sucesión intestada descansan sobre la voluntad presunta del causante; es decir, la forma en que probablemente habría dispuesto de sus bienes si hubiere otorgado testamento, de suerte que la sucesión legal sería una especie de testamento presunto del causante. 5. Herederos Abintestato: De conformidad a lo prevenido en el Art. 983 CC, “Son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el Fisco. Los derechos hereditarios del adoptado se rigen por la ley respectiva”. A esto habría que agregar al conviviente civil, que por expresa disposición de la Ley N°20.830 tiene los derechos sucesorios que le corresponden al cónyuge. Si bien todos ellos tienen la vocación de ser herederos abintestato, por la aplicación de los órdenes de sucesión, acontecerá que al final algunos de ellos, los más cercanos al difunto, excluyan a los otros. Hay que recordar que la vocación es un llamamiento de carácter eventual de todo sujeto que legal y posiblemente pueda suceder al causante, sin exclusiones, lo que permite diferencia de la delación, que importa un llamamiento actual, preciso y efectivo a los herederos o legatarios para aceptar o repudiar la asignación. 6. Formas de Suceder Abintestato: Según lo previsto en el Art. 984 CC existe dos formas de suceder en forma intestada, por derecho personal o por derecho de representación: 1) Sucesión por derecho personal: Se sucede personalmente cuando el heredero llamado por la ley recibe su asignación del causante. Estos herederos reciben una parte viril, por persona o por cabeza en la herencia del causante. En este sentido dispone el Art. 985, inc. 2 CC que “Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama; a menos que la misma ley establezca otra división diferente”. De esta forma, 718

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe si muerto el padre le sobreviven tres hijos, cada uno sucede por cabeza, y cada cual lleva una porción igual en la sucesión, equivalente, en este caso, a un tercio de la masa hereditaria partible. 2) Sucesión por derecho de representación: Se sucede por representación cuando el heredero recibe lo que debió recibir un descendiente del difunto, que, por faltar a la apertura de la sucesión, pasó la asignación a sus respectivos descendientes, que lo representan en ella. En este caso, la división de la asignación se hace por estirpes; esto es, la cuota que correspondía al premuerto en la herencia es asignada en total a sus representantes. Dispone el Art. 985, inc. 1 CC que: “Los que suceden por representación heredan en todos casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiera cabido al padre o madre representado”. Si el abuelo tenía tres hijos, uno de los cuales había fallecido antes dejando a su vez tres hijos, estos últimos, entre todos, toman la parte que le correspondía a su padre (por estirpe), y en esa parte cada uno lleva igual cuota. II.

EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN56.

1. Concepto: Dispone el Art. 984, inc. 2 CC que la representación es: “una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder”. La idea que da el Código de representación hace suponer que este derecho arranca del representado, tal como ocurre con el derecho de transmisión, pero esto aquí no ocurre. Los derechos del representante, en el caso de la sucesión por causa de muerte, nacen directamente del causante; los representantes son llamados directamente por estirpes y no existe, en puridad, un llamado indirecto. De allí que la representación sea una ficción legal que no existe, no se requiere de ninguna ficción. Los descendientes heredan directamente al causante, pero ocupan el lugar que le hubiera correspondido a su ascendiente y no al primer llamado de su estirpe en virtud de un llamado directo de la ley. 2. Justificación de la Representación: Este derecho tiene por objeto preciso evitar que la falta de uno de los herederos llamados por la ley a suceder al causante implique que la parte que a él le correspondía en dicha sucesión pueda incrementar la porción de otros herederos, rompiéndose con el orden natural de afectos. Lo normal es que el afecto hacia los nietos sea de la misma intensidad que el que se siente por los hijos. Por ello se permite que los hijos del padre que falta concurran junto a sus tíos en la sucesión del abuelo. 3. Requisitos para que opere la Representación: 1) Debe tratarse de una sucesión intestada: Tal conclusión se desprende de la ubicación de este derecho dentro del Código Civil y de la redacción del Art. 984 CC, que circunscriben la procedencia del derecho de representación a la sucesión intestada. Existen dos aparentes excepciones, en los que pareciera que el derecho de representación tiene cabida en la sucesión testada: a. Cuando se deja algo indeterminadamente a los parientes (Art. 1064 CC): Se entenderá dejado a los consanguíneos de grado más próximo, según el orden de la sucesión abintestato, teniendo lugar el derecho de representación de conformidad a las reglas generales.

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En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. En el caso de los legitimarios (Art. 1183 CC): Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada. Las legítimas, en cuanto asignaciones forzosas, son propias de la sucesión testada, de lo que se colige que respecto de los legitimarios que faltan en la sucesión testada también opera el derecho de representación. Estas dos excepciones son más aparentes que reales, ya que no hacen más que confirmar que el derecho de representación solamente tiene cabida en la sucesión intestada. En ambos supuestos las normas a aplicar son las de la sucesión intestada, y como consecuencia de ello opera la representación. 2) Es necesario que falte el representado a la apertura de la sucesión del causante: Es el suceso que da lugar a este derecho, siendo el elemento más importante dentro de esta institución. Se entiende que falta cuando no quiere o no puede suceder. No quiere suceder cuando repudia la asignación que legalmente se le hace y no pude suceder cuando el asignatario es incapaz o indigno de suceder o ha sido desheredado. El caso más frecuente ocurre cuando el heredero premuere al causante. Llama la atención que opera cuando ha habido desheredamiento, ya que este es propio de la sucesión testada. Sin embargo, como se ha dicho, en la distribución de las legítimas se aplican las reglas de la sucesión intestada, y como por el desheredamiento se priva al legitimario de la legitima, es posible que tenga cabida en esta parte la representación. 3) El representado debe ser de los parientes indicados en la ley: Dispone el Art. 986 CC que hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. Agrega en su inc. 2 que “fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación”. En ese sentido, la ley exige que el representado, es decir, aquel que no puede o no quiere suceder, sea o haya sido hijo o hermano del causante. Fuera de estos casos de parentesco no existen otros en los que tenga cabida la representación. Respecto de los ascendientes y el resto de los colaterales aplica la regla del Art. 989 CC, según la cual el ascendiente de grado más próximo excluye a los de grado más lejano, y si hay un solo ascendiente de grado más próximo, este sucede exclusivamente. En el caso del adoptado la situación es particular. Debe entenderse que el adoptado es hijo del causante, por lo que este podrá ser representado por su propia descendencia. 4) El representante debe ser un descendiente del representado: Para que proceda el derecho de representación es además necesario que quien representa al que falta en la sucesión del causante, sea su descendiente. Esta exigencia emana del Art. 986 CC, que expresamente se refiere a los descendientes del difunto y descendientes de los hermanos del causante. Si bien es necesario que quien representa al heredero sea su descendiente, no es requisito que lo sea en forma inmediata, es decir, no es imprescindible que se trate de un descendiente inmediato del representado. Por esta razón la representación tiene lugar en la descendencia del representado hasta el infinito; y de ahí que el propio Código indique en el Art. 986 CC que la representación tiene lugar en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. 5) El representante debe ser capaz y digno de suceder al causante: El representante no tiene sus derechos a partir del representado, sino que ellos emanan directamente del causante, razón por la cual el representante debe ser capaz y digno respecto de este y no de aquel. Así el representante 720

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe pudo ser indigno de suceder al representado, pero no lo es de suceder, por representación al causante. Por esta misma razón puede ocurrir que el representante repudie la herencia del representado, pero acepte la del causante, puesto que el Art. 987 CC expresa que se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado. 4. Efectos de la Representación: Como explica el Art. 984 CC, por la representación se supone que el representado tiene el lugar y, por consiguiente, el grado de parentesco y los derechos hereditarios del representado, de modo que aquel recoge los derechos que en la sucesión podían corresponderle a este. Sin embargo, quien sucede por representación, según el Art. 985 CC, hereda en todo caso por estirpes; es decir, que cualquiera sea el número de hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la porción que le hubiera cabido al padre o madre en la sucesión. La expresión “en todo caso” es muy interesante, pues de ella se deriva el hecho de que siempre que sea procedente el derecho de representación se sucede en su virtud y no por derecho personal. 5. Situación Tributaria: Según el Art. 3, inc. 2 Ley N°16.271, cuando se suceda por derecho de representación, se pagará el impuesto que habría correspondido a la persona representada. 6. Situación de la Representación respecto del Cambio de Leyes en el Tiempo: Según el Art. 20, inc. 1 LERL, en las sucesiones forzosas o intestadas el derecho de representación de los llamados a ellas se regirá por la ley bajo la cual se hubiere verificado la apertura. De esto se puede concluir que la posibilidad de suceder en virtud del derecho de representación es una mera expectativa y no un derecho adquirido del que no pueda privarse por el efecto de una nueva ley. La situación sería diferente si la ley se cambia una vez que ha muerto el causante. En este caso los representantes adquirieron el derecho de representar al representado en la sucesión del causante, y tienen legalmente el carácter de herederos, por lo que no podrían ser privados de él por la aplicación de una nueva ley que restrinja este derecho. 7. La Representación y el Derecho de Transmisión: Tienen las siguientes diferencias: 1) El derecho de transmisión tiene cabida en ambos tipos de sucesión. Por el contrario, el derecho de representación solamente opera en la sucesión intestada. 2) El derecho de transmisión no exige ningún grado de parentesco y aprovecha a cualquier heredero del transmitente. En la representación solamente pueden representar y ser representados ciertas y determinadas personas. 3) En la transmisión, el transmitente debe sobrevivir al primer causante, pues de lo contraria no existiría a la apertura de la sucesión. En la representación el representado debe faltar a la apertura de la sucesión. 4) En la transmisión el transmitido debe ser capaz y digno de suceder al transmisor. En el derecho de representación el representante debe ser capaz y digno de suceder al primer causante. 5) El transmitido debe aceptar la herencia del transmisor. En la representación el representante puede repudiar la herencia del representado y aceptar la del causante. 6) Por transmisión se pueden adquirir herencias y legados; en la representación, solo herencias.

721

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 7) La transmisión supone la muerte del transmisor; en cambio, puede ser representada una persona viva que pudo ser incapaz, indigna, quiso repudiar la herencia o bien pudo haber sido desheredada. III.

ÓRDENES DE SUCESIÓN.

1. El Sistema de Órdenes: El orden de sucesión es “el conjunto de herederos abintestato que considerados colectivamente excluyen o son excluidos por otros herederos, considerados también colectivamente”. Para determinar los derechos hereditarios de una persona es preciso examinar a qué orden pertenece y no el grado de parentesco que la liga al causante. Pero, dentro de cada orden, el grado de parentesco es decisivo. Los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano, salvo que intervenga el derecho de representación en favor de la descendencia que la hace mejorar de grado. 2. Clases de Órdenes: Hasta la entrada en vigencia de la Ley N°19.585 el 27 de octubre de 1999, nuestro Código Civil distinguía dos órdenes de sucesión, atendiendo a si el causante era hijo legítimo (orden regular) o hijo natural (orden irregular). Con esta ley se derogaron las diferencias entre hijos legítimos y naturales, subsistiendo, por lo tanto, un solo orden de sucesión intestada. 3. Parientes que fijan el Orden: Dentro de cada orden hay herederos que fijan el orden y le dan su nombre y otros que simplemente concurren con ellos. Para pasar de un orden al siguiente es menester que falten todos los parientes que fijan el orden. 4. Órdenes de Sucesión posteriores a la entrada en vigencia de la Ley N°19.585: Hay que distinguir según si el causante tiene o no su filiación determinada. 4.1. Orden de Sucesión si el Causante tiene Filiación Determinada: En este caso, los órdenes de sucesión son cinco: 1) Primer orden de sucesión o de los descendientes: Está compuesto por los hijos y el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil sobreviviente. El Art. 988 CC dispone que: “Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquéllos”. Es importante tener presente que, en virtud de la Ley N°20.830 el conviviente civil sobreviviente tiene los mismos derechos que el cónyuge sobreviviente respecto de la sucesión de su conviviente fallecido. Los hijos pueden ser también representados (Art. 986 CC). El adoptado pasa a tener el estado civil de hijo de los adoptantes y extingue su filiación anterior. a. Concurre cónyuge o conviviente civil sobreviviente: Este recibirá una porción que, por regla general, será: i. Si hay varios hijos: El equivalente al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponde a cada hijo. ii. Si hay un solo hijo: La cuota del cónyuge o el conviviente civil será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo. Ahora bien, en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge o conviviente civil bajará de la cuarta parte de la herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria, en su caso. Esta regla se aplicará cuando el cónyuge o el conviviente civil concurra con más de seis hijos, porque hasta ahí su herencia es igual o más que la cuarta parte que le garantiza el precepto. 722

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La ley establece que correspondiendo al cónyuge o conviviente civil sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por partes iguales. b. No concurre cónyuge o conviviente civil sobreviviente: La herencia se divide por igual entre todos ellos, sean de filiación matrimonial como no matrimonial. Es importante recordar que el cónyuge sobreviviente que por su culpa hubiere dado causa a la separación judicial no tendrá parte en la herencia intestada (Art. 994, inc. 1 CC). Lo mismo si ha habido sentencia firme de nulidad o de divorcio. Se ha dicho que si la acción de nulidad se interpone después de fallecido el cónyuge y el sobreviviente ha estado de buena fe, el matrimonio putativo le beneficiaria y podría haber lugar a su derecho. 2) Segundo orden de sucesión o del cónyuge o conviviente civil y ascendientes: Si faltan los hijos, personalmente o representados, el Art. 989 CC dispone que la sucesión se divida entre el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil y sus ascendientes de grado más próximo. a. Concurre cónyuge o conviviente civil y ascendientes: La herencia se divide en tres partes, correspondiendo dos tercios para el cónyuge o conviviente civil y un tercio a los ascendientes de grado más próximo. b. Concurre solamente el cónyuge o conviviente civil: Toda la herencia es para él. c. Concurren solamente ascendientes: Toda la herencia es para estos. Hay que tener presente que respecto de estos parientes no se aplica el derecho de representación y que el adoptante es considerado como padre para todos los efectos legales, entre ellos el ser sucesor abintestato. Por último, debemos tener presente lo ya referido a que el cónyuge que por su culpa ha dado motivo a la separación judicial pierde sus derechos sucesorios (Art. 994, inc. 1 CC), y que los padres del causante cuya paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su oposición, salvo que mediare el restablecimiento a que se refiere el Art. 203 CC, esto es, si el hijo, alcanzada su plena capacidad manifiesta por escritura pública o por testamento su voluntad de restablecerse en ellos, no lo sucederán abintestato. 3) Tercer orden de sucesión o de los hermanos: El Art. 990 CC señala que, no concurriendo ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge sobreviviente (o conviviente civil sobreviviente), suceden en toda la herencia, o en la parte de ella que sea intestada, los hermanos, sean ellos de simple o de doble conjunción; pero la porción de aquellos será igual al doble que la de estos. Los hermanos de doble conjunción son “aquellos que son hijos de un mismo padre y madre”, estos se llaman “carnales” según el Art. 41 CC. Los de simple conjunción son “aquellos que son solo hermanos ya por parte del padre, ya por parte de la madre”. Como la representación se aplica a los hermanos, los sobrinos, en ausencia del hermano, quedan en este orden. 4) Cuarto orden de sucesión o de los colaterales: No concurriendo descendientes, ascendientes, cónyuge sobreviviente (o conviviente civil) ni hermanos, suceden los demás colaterales del causante. Este derecho se extiende solo hasta el 6to grado (Art. 992 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Una vez más, los colaterales de doble conjunción llevan el doble de la porción que los de simple conjunción. Hay que tener presente que esta norma no se refiere a los sobrinos, esto es, a los hijos del hermano del causante, puesto que en ese caso operaría el derecho de representación. En conformidad al Art. 992 CC, los colaterales de grado más próximo excluirán siempre a los otros. Finalmente, cabe preguntarse qué ocurre con los colaterales por afinidad. Si bien el Art. 992 CC no dice nada al respecto, se estima que estos colaterales no son herederos abintestato; así lo ratificaría la historia fidedigna del Código y porque toda la sucesión abintestato discurre sobre la base de la consanguinidad. 5) Quinto orden de sucesión o del Fisco: Señala el Art. 995 CC que a falta de todos los herederos abintestato designados en los artículos precedentes, sucederá el Fisco. Esto se conoce como herencia vacante. 4.2. Orden de Sucesión si el Causante no tiene Filiación Determinada: En este caso los órdenes de sucesión son tres, ya que el causante no tiene ascendientes ni hermanos: 1) Primer orden de sucesión o de los Descendientes: En este orden concurren los descendientes y el cónyuge o conviviente civil sobreviviente según las reglas antedichas. 2) Segundo orden de sucesión o del Cónyuge o Conviviente Civil Sobreviviente: Si no existen descendientes se pasa a este orden donde el cónyuge o conviviente civil sobreviviente se lleva toda la herencia. 3) Tercero orden de sucesión o del Fisco: A falta de descendientes y de cónyuge o conviviente civil sobreviviente, sucederá el Fisco. 5. Órdenes de Sucesión anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº19.585: Estuvieron vigentes hasta la Ley Nº 19.585, que entró en vigencia el 27 de octubre de 1999, y existían órdenes regulares e irregulares, según qué clases de hijos concurrían. 1) Hijos Legítimos: Son aquellos que son procreados dentro de una relación conyugal vigente, teniendo por tanto plenos derechos. 2) Hijos Naturales: Son aquellos que son procreados fuera del matrimonio y han sido reconocidos voluntariamente por el padre o madre, teniendo derechos reducidos. Solo tienen vínculos con sus padres, mas no con sus abuelos y colaterales. 3) Hijos Ilegítimos: Son de dos clases: a. Hijos Simplemente Ilegítimos: Son aquellos que no tienen padre ni madre que los haya reconocido. b. Hijos Ilegítimos Reconocidos: Son aquellos que han sido reconocidos por su padre o madre de manera involuntaria. 5.1. Orden de Sucesión Regular o de Hijos Legítimos: Para que opere el causante debe ser un hijo legítimo. Había seis órdenes: 1) Descendientes Legítimos, Cónyuge Sobreviviente e Hijos Naturales: a. Solo hay hijos legítimos: Se reparten toda la herencia.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Hay Cónyuge Sobreviviente y un Hijo Legitimo: Se reparten en mitades. c. Hay Cónyuge Sobreviviente y dos o más Hijos Legítimos: El cónyuge lleva el doble de lo que lleva cada hijo legitimo por legitima rigorosa o efectiva. d. Hay Hijos Naturales: Los hijos naturales llevan la mitad de los legítimos. 2) Ascendientes Legítimos, Cónyuge Sobreviviente e Hijos Naturales: Si no concurren hijos legítimos se pasa a este orden. a. Hay Ascendientes Legítimos, Cónyuge e Hijos Naturales: Se dividen las legítimas en tres partes iguales. b. Hay Ascendientes Legítimos y Cónyuge: Se divide en mitades. c. Hay Ascendientes Legítimos e Hijos Naturales: Se divide en mitades. 3) Cónyuge Sobreviviente e Hijos Naturales: Si no hay ascendientes legítimos se sigue este orden: a. Hay Cónyuge, Hijos Naturales y Hermanos Legítimos: Las legítimas se dividen en 6: tres para los hijos naturales, dos para el cónyuge y una para los hermanos. b. Hay Hijos Naturales y Cónyuge Sobreviviente: Se divide en mitades. c. Hay Hijos Naturales y Hermanos Legítimos: Las legítimas se dividen en cuatro partes: tres para los hijos naturales y una para los hermanos. 4) Cónyuge Sobreviviente y Hermanos Legítimos: Si no hay hijos legítimos se sigue este orden. a. Hay Cónyuge y Hermanos Legítimos: Las legítimas de dividen en 4: tres para el cónyuge y una para los hermanos. b. Solo hay Cónyuge o solo hay Hermanos: Se llevan toda la legítima. 5) Colaterales Legítimos hasta el 6to Grado inclusive: Se distingue si son de simple o doble conjunción, llevando estos últimos el doble que los primeros. 6) Fisco: A falta de todos los anteriores el Fisco hereda. 5.2. Orden de Sucesión Irregular o de Hijo Natural: Procede si el causante es hijo natural. Cinco ordenes: 1) Descendientes Legítimos, Cónyuge Sobreviviente e Hijos Naturales: Sigue las mismas reglas anteriores. 2) Cónyuge Sobreviviente e Hijos Naturales: Se dividen por mitades, si falta el cónyuge los hijos se llevan todo. 3) Padres Naturales y Cónyuge Sobreviviente: Se dividen por mitades, si falta el cónyuge los padres se llevan todo. 4) Hermanos y Cónyuge Sobreviviente: Son llamados los hermanos naturales y legítimos, sean de mismo padre y madre o no. El hermano carnal recibe el doble que los medios hermanos. Si concurren cónyuge y hermanos, el cónyuge se lleva 3/4 y los hermanos 1/4. Si solo hay hermanos o cónyuge sobreviviente se llevan todo. 5) Fisco. 725

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5.3. Orden de Sucesión Ilegitimo: Es una construcción doctrinal partiendo de la base que el hijo ilegitimo no tiene a nadie. Son tres órdenes: 1) Descendientes Legítimos, Cónyuge Sobreviviente e Hijos Naturales: Se siguen las reglas ya referidas. 2) Hijos Naturales y Cónyuge Sobreviviente: Se dividen en mitades. Si concurren solo hijos naturales o cónyuge sobreviviente se llevan todo. 3) Fisco. 5.4. La Porción Conyugal: Es la institución previa al cónyuge en carácter de legitimario. Tiene una finalidad alimenticia para que el cónyuge mantenga cierto estatus de vida. Existió hasta 1999. Se define como “aquella parte del patrimonio de una persona difunta que el código asigna al cónyuge de la persona fallecida”. 5.4.1. Características de la Porción Conyugal: 1) Corresponde tanto al Viudo como a la Viuda. 2) El cónyuge recibe los bienes en pleno dominio. 3) No existe límite para la porción conyugal. 4) Solo beneficia al cónyuge pobre. 5) Es una asignación hereditaria obligatoria establecida por ley. 5.4.2. Requisitos de la Porción Conyugal: 1) Tiene que haber un Cónyuge Sobreviviente: Debe haber un vínculo matrimonial. Si se dictaba divorcio perpetuo no se recibía porción conyugal si era por culpa del otro cónyuge. Si se dictaba divorcio temporal es necesario que este divorcio este vigente al tiempo de la muerte para que no proceda la porción conyugal. 2) El Cónyuge Sobreviviente debe ser Pobre: Es decir, debe carecer totalmente de bienes o sus bienes deben ser inferiores a los que correspondan por porción conyugal. En ese sentido, es pobre cuando: a. No tiene bienes. b. Tiene bienes, pero ellos han sido adquiridos por asignación testamentaria del causante: Estos bienes no se consideran para calcular la porción. c. Tiene bienes, pero estos son inferiores a los que corresponderían por porción conyugal teórica: En este caso se tendrá derecho a porción conyugal por la diferencia. d. Abandona los bienes propios a la sucesión con el objeto de optar por el total de la porción conyugal. 3) El Cónyuge Sobreviviente debe ser Capaz y Digno de suceder. 5.4.3. Momento en que se fija la Porción Conyugal: Se fija al momento de la apertura de la sucesión, es decir, al momento de la muerte. Hay que distinguir:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Porción Conyugal Teórica: Es lo que en abstracto le corresponde al cónyuge recibir por porción conyugal. 2) Porción Conyugal Efectiva: Es lo que el cónyuge recibe en concreto hechas las deducciones correspondientes. 5.4.4. Monto de la Porción Conyugal: Para ello, primeramente hay que definir la porción conyugal teórica, distinguiendo: 1) Si no hay hijos legítimos: La porción conyugal equivale a 1/4 de la herencia y se trata como una baja general de la herencia. 2) Si hay hijos legítimos: Hay que distinguir: a. Hay un hijo legítimo: La legítima rigorosa se divide en mitades, mitad para el cónyuge sobreviviente como porción conyugal y la otra mitad para el hijo. b. Hay varios hijos legítimos: El cónyuge sobreviviente se lleva el doble de lo que corresponde a cada hijo legítimo. Posteriormente hay que definir sobre esta porción conyugal abstracta o teórica la porción conyugal efectiva, distinguiendo: 1) Si el cónyuge es pobre según las causales Nº1, 2 y 4: La porción conyugal teórica coincide con la efectiva. 2) Si el cónyuge tiene bienes, pero estos son de valor inferior a lo que recibiría por porción conyugal teórica: Hay que deducir a la teórica el valor de los bienes que tiene y eso recibirá por porción conyugal efectiva. Con el tiempo esto fue variando, se le dio la posibilidad al cónyuge sobreviviente de ser nombrado asignatario de mejoras y de cuarta de libre disposición. 5.5.5. Aplicación de los Acervos Imaginarios: La doctrina se pregunta si son o no aplicables. Hay que distinguir: 1) Si no hay hijos legítimos: La porción conyugal es baja general de la herencia y los acervos imaginarios se aplican sobre el acervo líquido. Cuando se aplican las bajas generales de la herencia aún no hay acervo liquido por lo que el cónyuge no se beneficiaria de los acervos imaginarios. 2) Si hay hijos legítimos: La distribución del cónyuge se hace al momento de asignar las asignaciones por lo que habría acervo líquido. Por ello los acervos imaginarios benefician al cónyuge sobreviviente. 5.5.6. Responsabilidad del Cónyuge por las Deudas y Cargas: El cónyuge tiene una responsabilidad especial porque si bien la porción conyugal es una asignación hereditaria forzosa, el cónyuge sobreviviente no respondía como heredero sino como legatario, es decir, tenía una responsabilidad subsidiaria. IV.

SUCESIÓN EN PARTE TESTADA Y EN PARTE INTESTADA.

1. Conceptos Generales: En conformidad al Art. 952 CC la sucesión puede ser de tres clases: (i) íntegramente intestada, (ii) totalmente testada o (iii) en parte testada y en parte intestada.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En ese sentido, las reglas legales son supletorias de la voluntad del causante que no llegó a expresarse o se frustró. Por ello, las normas contenidas en el testamento, arregladas a derecho, prevalecen. 2. Cómo se divide la Herencia: El Art. 996, inc. 1 CC enuncia esta norma: “Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por testamento y abintestato, se cumplirán las disposiciones testamentarias, y el remanente se adjudicará a los herederos abintestato según las reglas generales”. En ese sentido, siempre y cuando no haya herederos forzosos, primeramente, se deberán pagar los legados y los herederos solo recibirán el remanente, si lo hay. 3. Sucesores a la vez por Testamento y Abintestato: Puede ocurrir que el testamento llame a suceder a personas a quienes la ley también llame a suceder abintestato. En este caso, el Art. 996, inc. 2 CC dispone que “Pero los que suceden a la vez por testamento y abintestato, imputarán a la porción que les corresponda abintestato lo que recibieren por testamento, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria, si excediere a la otra”. Es decir, la ley supone que la asignación testamentaria se ha hecho en pago total o parcial de la asignación legitima. 4. Facultad de Retener la Porción Testamentaria: Es evidente que, si la porción que toca a una persona sucediendo por testamento es superior a la que le correspondía abintestato, hay que entender que el testador ha querido favorecerla especialmente. Por ello, el Art. 996, inc. 2 CC señala “sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria, si excediere a la otra”. 5. Sobre las Reglas Legales prevalece la Voluntad del Testador: Las reglas legales se aplican solamente si el testador no ha manifestado una voluntad contraria. Si el testado lo ha querido, el asignatario no imputará a lo que le corresponda abintestato lo que reciba por testamento y se aplicará, sin atenuante, la regla del Art. 996, inc. 1 CC. Por ello, el Art. 996, inc. 3 CC señala que: “Prevalecerá sobre todo ello la voluntad expresa del testador, en lo que de derecho corresponda”. La frase final alude a las asignaciones forzosas. La voluntad del testador no corresponderá a derecho cuando vulnere tales asignaciones. 6. Primero se pagan las Legítimas y Mejoras: En conformidad al Art. 996, inc. final CC “En todo caso la regla del inciso primero se aplicará una vez enteradas totalmente, a quienes tienen derecho a ellas, las legítimas y mejoras de la herencia”. CAPÍTULO III: LA SUCESIÓN TESTADA I.

GENERALIDADES.

1. Concepto: De acuerdo al Art. 952 CC, si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o abintestato. La sucesión testada es “la transmisión que hace el causante de sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles a las personas que designa en su testamento”. 2. Definición y Caracteres del Testamento: El Art. 999 CC define el testamento como “un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”. En la definición se destacan los siguientes caracteres más importantes del testamento:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Es un Acto Jurídico Unilateral y Unipersonal: a. Es un acto jurídico unilateral: El testamento es un “acto”, esto es, una manifestación unilateral de voluntad, obra solamente de la voluntad del testador y para su formación requiere únicamente de dicha voluntad. La voluntad de los destinatarios de la asignación no es requerida para el perfeccionamiento del testamento, el cual ya existe. b. Es un acto unipersonal: Esto se deriva del Art. 1003 CC el cual dispone que “el testamento es un acto de una sola persona”. Por ello, son nulas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sea en beneficio mutuo de los otorgantes o de una tercera persona (Art. 1003, inc. 2 CC). La ley prohíbe, pues, los testamentos denominados conjuntos, mancomunados o de hermandad. Tampoco se aceptan las disposiciones captatorias (Art. 1059 CC). 2) Es un Acto Personalísimo: El testamento es de los escasísimos actos en que no tiene cabida la representación. El Art. 1004 CC establece que: “la facultad de testar es indelegable”. Como habría una verdadera delegación parcial, el Art. 1063 CC dispone que: “La elección de un asignatario, sea absolutamente, sea de entre cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno”. 3) Es un Acto Solemne: Está sujeto a la observancia de ciertas formalidades, de manera que sin ellas no produce efectos civiles. Mas solemne unas veces, menos solemne otras, el testamento es siempre un acto solemne. El fundamento de la exigencia del legislador de que la voluntad del testador se manifieste siempre en forma solemne es doble: a. Porque así queda una prueba preconstituida de cuál fue la real voluntad del testador. b. Porque el testamento es un acto de importancia en la vida jurídica: Da origen a la sucesión por causa de muerte, y el legislador siempre rodea de solemnidades los actos de trascendencia en el Derecho. El carácter solemne explica el contenido de los Arts. 1000 y 1002 CC. En virtud del primero toda liberalidad que no se haga perfecta sino por la muerte del otorgante es un testamento y está sujeto a sus formalidades. Por su parte, el Art. 1002 CC establece que las cedulas o papeles a que se refiera el testador en el acto testamentario, no se miran como partes de él, aunque el testador lo ordene. 4) Es un Acto mortis causa: En vida del testador, el testamento es solo un proyecto; se reputa que persevera en él, mientras no manifieste una voluntad contraria. La muerte transforma este proyecto en la definitiva e irrevocable expresión de la voluntad del testador. El carácter mortis causa del testamento ha de entenderse referido solo a las disposiciones de bienes contenidas en él en el caso que contenga otros actos o declaración. Por ello en algunos casos los efectos de dichos actos se producen, no a la muerte del causante, sino una vez prestada la voluntad en el acto testamentario, como ocurre con el reconocimiento de un hijo. 5) Tiene por objeto disponer de los bienes: Ahora bien, el testamento no solo consiste en disposiciones de bienes, este tiene necesariamente por contenido también declaraciones, como ocurre con aquellas que la ley ordena hacer (como el nombre y apellido del testador) u otras que la ley permite hacer, como el reconocimiento de un hijo.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 6) Es un Acto Esencialmente Revocable: La facultad de revocarlo es esencial en el testamento. Por ello, el Art. 1001 CC dispone que: “Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, sin embargo de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento. Si en un testamento anterior se hubiere ordenado que no valga su revocación si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta disposición como no escrita”. Tratándose de manifestaciones de voluntad distintas a las disposiciones de bienes, la posibilidad de revocación de las mismas deberá analizarse en función de la naturaleza que estas revistan. Así, por ejemplo, el nombramiento de un albacea o partidor son plenamente revocables por otro testamento; en cambio, no ocurre lo mismo con el reconocimiento de un hijo, el cual es irrevocable una vez prestado no obstante contenerse en un testamento. II.

REQUISITOS DEL TESTAMENTO.

1. La Capacidad de Testar: “Aptitud o habilidad para otorgar válidamente un testamento”. El Art. 1446 CC dispone que toda persona es legalmente capaz con excepción de aquellas que la ley declara incapaces. En ese sentido, las incapacidades son de derecho estricto. Ahora bien, el Art. 1005 CC señala quienes son incapaces de testar: 1) El impúber, en razón de su falta de discernimiento. 2) El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. 3) Los que actualmente no estuvieren en su sano juicio por ebriedad u otra causa: Comprende esta inhabilidad al demente no interdicto y toda otra persona que no se encuentre en su sano juicio. No se requiere una privación habitual o permanente de razón, basta la privación actual o contemporánea al otorgamiento del testamento. 4) Todo el que no pudiere expresar su voluntad claramente: Concuerda con esta causal el Art. 1060 CC que dice que: “No vale disposición alguna testamentaria que el testador no haya dado a conocer de otro modo que por sí o no, o por una señal de afirmación o negación, contestando a una pregunta”. La enumeración anterior es taxativa, por cuanto el Art. 1005, inc. final CC advierte que “las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar”. Por tanto, son capaces los menores adultos y el Código expresamente ha dicho que no requieren autorización del padre o madre (Art. 262 CC). Son igualmente hábiles los pródigos interdictos. 1.1. La Capacidad debe existir al tiempo del testamento (Art. 1006 CC): Esto trae dos consecuencias: 1) El testamento nulo no se valida porque cesa la incapacidad (Art. 1006, inc. 1 CC): “El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa”. 2) La incapacidad sobreviniente no invalida el testamento (Art. 1006, inc. 2 CC): “Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Voluntad Exenta de Vicios: El Código ha reglamentado la fuerza y señalado una regla especial al respecto; asimismo, contiene algunas normas relativas al error. No se ocupa del dolo como vicio de la voluntad. 1) La Fuerza (Art. 1007 CC): “El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes”. Esto plantea dos cuestiones importantes: a. Conforme a las reglas generales, la fuerza debe ser grave: Esto es, capaz de producir una impresión fuere en una persona de sano juicio, atendidos su edad, sexo o condición, considerando grave aquella que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su cónyuge o sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. La frase “en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza”, significa, para algunos autores, que la ley se ha apartado de la regla general en materia de testamentos, de modo que bastaría para viciar la voluntad cualquiera presión en el ánimo del testador que le prive de su plena libertad. Para otros esta frase implicaría incluir el temor reverencial como vicio del consentimiento. Pero la frase no parece significar que la fuerza, por leve que fuere, viciará el testamento, sino que esta puede operar en los hechos de cualquier forma o manera. b. El testamento viciado por la fuerza es nulo “en todas sus partes”: Fabres ha sostenido que se trata de una nulidad absoluta. Pero es manifiesto que la disposición significa solamente que el testamento queda íntegramente afectado de nulidad y que son nulas aun aquellas disposiciones que no han sido arrancadas por la fuerza. Por ello la sanción es la nulidad relativa. 2) El Error: El Código regula dos errores: a. Error en el Motivo: El Art. 1058 CC establece que: “La asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita”. De esta clase es siempre el error en la persona. En cuanto a la sanción de esta clase de vicio se sostiene que sería la nulidad absoluta, debido a que el Art. 1058 CC señala que la disposición se tendrá por “no escrita”, lo que equivale a decir que es inexistente, o bien nula absolutamente de no aceptarse la teoría de la inexistencia. Por otra parte, esta nulidad será parcial, pues solo afecta a la cláusula testamentaria en que incide. Una lógica consecuencia de esto es el Art. 1132 CC. Si el testador manda pagar lo que cree deber y no debe, no vale la disposición. Si manda pagar más de lo debido, no se deberá el exceso, a menos que aparezca la intención de donarlo. b. Error en el Nombre o Calidad del Asignatario (Art. 1057 CC): “El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no hubiere duda acerca de la persona”. Por este motivo el Art. 1065 CC establece que si la asignación es concebida en términos de ignorarse a cuál de dos o más personas beneficia, ninguna de ellas tendrá derecho a la asignación. 3) El Dolo: Nada dice el legislador del dolo como vicio de la voluntad en los testamentos. Solamente declara indigno de suceder al que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria del difunto (Art. 968 N°4 CC) o faculta para desheredarlo (Art. 1028 N°3 CC). 731

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe La aplicación de las reglas generales resulta impracticable porque el dolo debe ser obra de una de las partes y el testamento es un acto unilateral. Pero, es claro que el dolo también vicia la voluntad en los actos unilaterales. Basta que sea determinante en el testamento. III.

FORMALIDADES LEGALES.

1. Generalidades: El testamento puede ser de dos clases: 1) Testamento Solemne (Art. 1008, inc. 2 CC): "Aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere". Puede ser a su vez: a. Otorgado en Chile: Puede ser: i. Abierto, Nuncupativo o Público (Art. 1008, inc. final, primera parte CC): “Aquel en que el testado hace sabedores de sus disposiciones al funcionario público que interviene y a los testigos”. ii. Cerrado (Art. 1008, inc. final, parte final CC): “Aquel en que no es necesario que el funcionario público y los testigos tengan conocimiento de las disposiciones”. b. Otorgado en País Extranjero (Arts. 1027 y 1028 CC): Puede ser: i. Extendido en conformidad a la ley chilena: Pudiendo ser abierto o cerrado. ii. Extendido en conformidad a la ley extranjera. 2) Testamento Menos Solemne o Privilegiado (Art. 1008, inc. 3 CC): “Aquel en que pueden omitirse alguna de las solemnidades, por consideración a circunstancias particulares expresamente determinadas por la ley”. Son especies de testamento menos solemnes o privilegiados (Art. 1030 CC). a. Testamento Verbal. b. Testamento Militar. c. Testamento Marítimo. A. Sección Primera: “REGLAS COMUNES A TODO TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN CHILE” 1. Generalidades: El testamento solemne, que puede ser abierto o cerrado, está sujeto a dos reglas comunes: 1) Debe ser escrito (Art. 1011 CC): “El testamento solemne es siempre escrito”. Dicho testamento escrito debe contener ciertas menciones que la ley ordena señalar. 2) Debe otorgarse ante testigos hábiles: El Art. 1012 CC declara que no pueden ser testigos de un testamento solemne otorgado en Chile: a. Los menores de 18 años; b. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia: En este caso basta probar la interdicción. c. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón: Quien alegue la inhabilidad del testigo deberá demostrar la demencia “actual”, esto es, contemporánea del testamento. 732

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe d. Los ciegos; e. Los sordos; f.

Los mudos;

g. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267, número 7º, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos; h. Los amanuenses del escribano que autorizare el testamento; i.

Los extranjeros no domiciliados en Chile;

j.

Las personas que no entiendan el idioma del testador; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1024: Este último precepto se refiere al testamento cerrado otorgado por algún testado que no pudiere entender o ser entendido de viva voz. Entre estas personas están los extranjeros que no sepan el idioma castellano, pueden ser testigos en sus testamentos personas que no entiendan su idioma.

2. La Habilidad Putativa de los Testigos: Puede suceder que la inhabilidad del testigo no se manifieste en su aspecto o en su conducta y que aparente una habilidad que carece. Esta habilidad aparente o putativa puede ser suficiente. En ese sentido, el Art. 1013 CC señala que: “Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente no se manifestare en el aspecto o comportación de un testigo, y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo. Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos”. Para que opere esta habilidad putativa se requiere: 1) Que solo uno de los testigos sea inhábil. 2) Que la causa de inhabilidad del testigo no se manifieste en el aspecto o comportamiento del testigo. 3) Que la causa de inhabilidad del testigo se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga. 4) Que la opinión que considera hábil al testigo sea general y se funde en hechos positivos y públicos. 3. Domicilio de los Testigos y Aptitud para Leer y Escribir: No exige la ley como un requisito general que los testigos sepan leer y escribir y que estén domiciliados en el lugar en que el testamento se otorga. Sin embargo, el Art. 1012, inc. final CC establece al respecto dos reglas importantes: 1) Dos de los testigos, a lo menos, deben estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorga el testamento. 2) Un testigo, a lo menos, debe saber leer y escribir, cuando concurren tres y dos cuando concurren cinco. B. Sección Segunda: “TESTAMENTO SOLEMNE ABIERTO”

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Concepto (Art. 1015 CC): “Aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a los testigos”. 2. Maneras de otorgar Testamento Abierto: El testamento solemne abierto puede otorgarse: 1) Ante notario o funcionario que haga sus veces y tres testigos; o 2) Ante cinco testigos. 3. Funcionarios ante los cuales se puede otorgar Testamento Abierto: El Art. 1041 CC señala que puede otorgarse ante: 1) Escribano (Notario). 2) Juez de Letras del territorio jurisdiccional del lugar de otorgamiento del testamento. 4. Otorgamiento mismo del Testamento Abierto: 1) Escritura del Testamento: El testamento abierto, como todo testamento solemne, debe constar por escrito. No es menester que se escriba el testamento en presencia del notario y de los testigos, ya que el Art. 1017, inc. 1 CC establece que “el testamento abierto podrá haberse escrito previamente”. Tampoco es de rigor que se escriba en el protocolo del notario, ninguna disposición lo exige. En la práctica lo incorpora a su protocolo. El documento deberá contener, además de las disposiciones testamentarias, los datos necesarios para individualizar al testador y a los testigos, los cuales, según el Art. 1016 CC son: “En el testamento se expresarán el nombre y apellido del testador; el lugar de su nacimiento; la nación a que pertenece; si está o no avecindado en Chile, y si lo está, la comuna en que tuviere su domicilio; su edad; la circunstancia de hallarse en su entero juicio; los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, de los hijos habidos en cada matrimonio, de cualesquier otros hijos del testador, con distinción de vivos y muertos; y el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. Se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente declaren el testador y testigos. Se expresarán asimismo el lugar, día, mes y año del otorgamiento; y el nombre, apellido y oficio del escribano, si asistiere alguno”. A estas enunciaciones el Art. 414 COT añade la indicación de la hora. 2) Lectura del Testamento: Constituye esencialmente el testamento abierto el acto por el cual el testador hace saber al notario y testigos sus disposiciones testamentarias. Este conocimiento se obtiene mediante la lectura del testamento. El Art. 1017, inc. 2 CC dispone que el testamento “será todo él leído en alta voz por el escribano, o a falta de escribano por uno de los testigos, designado por el testador a este efecto”. La lectura del testamento es un acto continuo e ininterrumpido. Mientras se lee el testamento, “estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones” (Art. 1017, inc. 3 CC). Se pregunta la doctrina si es necesario dejar constancia de la lectura, habiendo dos posiciones doctrinarias:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. No es necesario dejar constancia del hecho de haberse leído el testamento: Es la tesis mayoritaria y seguida por la jurisprudencia. Se basa en que cuando el legislador quiso que se dejara constancia del cumplimiento de esta solemnidad lo dijo expresamente, como ocurre en el testamento del ciego (Art. 1019 CC). b. Es necesario dejar constancia del hecho de haberse leído el testamento (Claro Solar): Se funda en que el testamento, como acto solemne, debe bastarse a sí mismo para probar que se han observado las solemnidades legales. 3) Firma del Testamento: El Art. 1018, inc. 1 CC señala que: “Termina el acto por las firmas del testador y testigos, y por la del escribano, si lo hubiere. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se mencionará en el testamento esta circunstancia expresando la causa. Si se hallare alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él y a ruego suyo, expresándolo así”. 5. Personas que solo pueden otorgar Testamento Abierto: Ellas son: 1) El ciego, el sordo o el sordomudo que puedan darse a entender claramente, aunque no por escrito (Art. 1019 CC): Este testamento está sujeto a diversas reglas especialísimas: a. Debe ser otorgado “ante escribano, o funcionario que haga las veces de tal” y tres testigos: Por tanto, estas personas no pueden testar ante cinco testigos. b. El testamento está sometido a una doble lectura: En el caso del ciego deberá ser leído en alta voz dos veces: la primera por el escribano o funcionario, y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Tratándose del sordo o del sordomudo, ambas lecturas deberán efectuarse, además, ante un perito o especialista en lengua de señas, quien deberá, en forma simultánea, dar a conocer al otorgante el contenido de la misma. c. Es preciso que se deje constancia expresa de haberse procedido a la doble lectura (Art. 1019 CC). 2) El que no sabe leer y escribir (Art. 1022 CC): Este testamento abierto está sometido a las reglas generales. 6. Trámites para la Ejecución del Testamento Abierto: Hay que distinguir: 1) Testamento otorgado ante Funcionario y en su Registro: No necesita de ningún trámite posterior para recibir cumplida ejecución. Tal es el caso del testamento otorgado ante notario y en su registro. 2) Testamento otorgado ante Funcionario y que no se incorporó en un Registro: Debe ser protocolizado a petición de parte interesada. Tal es el caso del testamento que se otorga ante un juez de letras, y excepcionalmente, el otorgado ante un notario que no lo protocolizó. El Art. 420 COT dispone que valdrán como instrumentos públicos, una vez protocolizados, “los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas siempre que su protocolización se haya efectuado, a más tardar, dentro del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento”. Esto genera un plazo perentorio para efectuar la protocolización. Frente a esto, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que dicho plazo no se refiere a los testamentos otorgados ante cinco testigos, ya que ellos requieren antes de su protocolización la publicación de los mismos y el llamamiento a los testigos para que reconozcan sus firmas, lo cual hace imposible cumplir con dicho plazo. 3) Testamento otorgado solo ante Testigos: No es un instrumento público. Para recibir ejecución debe ser publicado, esto es, sometido a diversas formalidades que tienen a constatar su autenticidad, 735

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe que ha sido realmente otorgado por la persona y en la forma que en el testamento se expresa. Además, como no se ha insertado en registro público, para fines de seguridad, la ley dispone que debe protocolizarse. En ese sentido, las formalidades o diligencias son (Art. 867 CPC): a. Reconocimiento de las Firmas del Testador y los Testigos (Art. 1020 CC): La publicación del testamento consiste, en primer término, en el reconocimiento que deben hacer los testigos de la firma del testador y de las suyas ante el juez competente. Si uno o más de los testigos no comparece, por su ausencia u otro impedimento, bastará que los testigos presentes reconozcan sus firmas, la del testador y la del testigo o testigos ausentes. En caso necesario, siempre que el juez lo estime conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Si los testigos no reconocen sus firmas o la del testador, no podrá considerarse el testamento como auténtico, rubricarse y mandarse protocolizar por el juez. b. Rubricación del Testamento por el Juez (Art. 1020, inc. 5 CC): Establecida la autenticidad de las firmas del testador y testigos, el juez debe poner su rúbrica al principio y fin de cada página del testamento. c. Protocolización del Testamento: Las diligencias de publicación del testamento culminan con su protocolización. 6.1. Juez Competente: El juez competente para conocer de estas diligencias será el del último domicilio del testador, por regla general (Art. 1009 CC). C. Sección Tercera: “TESTAMENTO SOLEMNE CERRADO” 1. Concepto (Art. 1023 CC): “Aquel en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada, declarando que en ella se contiene su testamento”. 2. Forma Única de otorgar Testamento Cerrado: El Art. 1021 CC señala que este testamento solo puede otorgarse de una manera: ante notario o quien haga de sus veces y tres testigos. Podrá hacer las veces de escribano el respectivo juez de letras. 3. Etapas del Otorgamiento: 1) Escritura del Testamento: El Art. 1023, inc. 2 CC señala que el testamento deberá estar escrito o a lo menos firmado por el testador. Al respecto pueden presentarse tres situaciones: a. Que el testamento esté escrito y firmado por el testador: No hay duda alguna que este es válido. b. Que el testamento esté escrito a mano o a máquina por un tercero y firmado por el testador: También es inobjetable, pues la ley exige que el testamento esté a lo menos firmado por este. c. Que el testamento esté escrito de puño y letra del testador, pero no esté firmado por él: Al respecto se plantea la discusión. La opinión dominante es que este testamento sería

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe válido, lo cual contraría la letra del precepto que exige que el testamento este, a lo menos, firmado por el testador. 2) Cierre y Sellamiento: Escrito el testamento, el otorgante lo introduce en un sobre. El Art. 1023, inc. 3 CC dispone que el sobrescrito o cubierta del testamento estará cerrado o se cerrará exteriormente de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. En la práctica, el notario procede a lacrar el sobre o cubierta y estampa su timbre en el lacre. 3) Presentación del Testamento: Cerrado el sobre o cubierta, el testador lo presentará al notario y testigos. Este acto, conforme al Art. 1023, inc. 1 CC, es lo que constituye esencialmente el testamento cerrado. La presentación del sobre cerrado debe ser hecha por el testador al notario y testigos de viva voz y en términos tales que estos vean, oigan y entiendan. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola en presencia del notario y de los testigos. 4) Redacción y Firma de la Carátula: Presentado el testamento debe escribirse la carátula o sobrescrito. Esta tarea compete al notario. El Art. 1023, inc. 5 CC dispone: “El escribano expresará en el sobrescrito o cubierta, bajo el epígrafe testamento, la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio; el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos; y el lugar, día, mes y año del otorgamiento”. El Art. 414 CC indica un requisito más: la expresión de la hora. El acto de otorgamiento termina por la firma del testador y de los testigos y por la firma y sello del Notario sobre la cubierta (Art. 1023, inc. 6 CC). Este es un requisito esencial. El testador puede llevarse el testamento cerrado o dejarlo en Notario. 4. Unidad del Acto y Presencia del Testador, Notario y Testigos: El Art. 1023, inc. final CC señala que: “Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo escribano y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere”. 5. Testamento del que no puede entender ni ser entendidos de viva voz: El Art. 1024, inc. 1 CC señala que las personas que no pueden entender o ser entendidas de viva voz solamente pueden otorgar testamento cerrado. Tal es el caso del sordomudo que solo puede darse a entender por escrito y de las personas que hablen un idioma que no entienden el Notario y testigos. Este testamento cerrado está sujeto a reglas especiales: 1) Pueden ser testigos las personas que no entienden el idioma del testador. 2) El testador escribirá de su letra, en la cubierta, la palabra testamento o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará de la misma manera la designación de su persona, expresando, a lo menos, su nombre, apellido, domicilio y nación a que pertenece (Art. 1024, inc. 2 CC). 6. Apertura y Publicación del Testamento Cerrado: El testamento cerrado requiere que se abra para recibir ejecución. 1) Quien puede pedir la apertura: De acuerdo al Art. 869 CPC puede pedirla cualquiera persona capaz de parecer en juicio por sí misma. 2) Juez competente para proceder a la apertura: El Art. 1025, inc. 1 CC señala que será competente el del último domicilio del testador. Sin embargo, el juez del lugar en que se otorgó el testamento procederá por delegación del juez del último domicilio. 737

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Comparecencia del notario y testigos (Art. 1025 CC): La apertura del testamento requiere que previamente el notario y testigos reconozcan sus firmas y la del testador. Es preciso, además, que estas mismas personas declaren que, a su juicio, el testamento se encuentra cerrado y sellado como al tiempo de su otorgamiento. Si no pueden comparecer todos los testigos, bastará que el notario y los testigos presentes reconozcan sus firmas y la del testador, y abonen la de los testigos ausentes. En caso de no comparecencia del notario o funcionario que autorizó el testamento, será reemplazado en la diligencia de apertura por el notario que el juez elija. En caso necesario, si el juez los estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del notario y testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. De estas diligencias habrá de levantarse acta, que será suscrita por el juez, el notario, los testigos y el secretario del juzgado. 4) Protocolización del testamento: Reconocidas las firmas y la integridad del testamento, se abre el sobre y el juez rubrica el testamento al fin y al principio de cada hoja, y lo manda protocolizar ente el Notario que lo autorizó o ante aquel que el juez designe. Además de protocolizar el testamento se protocolizan los antecedentes que lo acompañan, esto es, los trámites de la apertura. D. Sección Cuarta: “SANCIÓN POR LA FALTA DE SOLEMNIDADES LEGALES” 1. Regla General (Art. 1026, inc. 1 CC): “El testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que deba respectivamente sujetarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor alguno”. Es decir, será nulo absolutamente. 2. Excepciones (Art. 1026, inc. 2 CC): “Con todo, cuando se omitiere una o más de las designaciones prescritas en el artículo 1016, en el inciso 5º del 1023 y en el inciso 2º del 1024, no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigo”. Ahora bien, el problema se presenta con la omisión de aquellas menciones que, encontrándose en los Arts. 1016; 1023, inc. 5 y 1024, inc. 2 CC no digan relación con la identidad de los protagonistas del testamento, existiendo las siguientes posiciones: 1) Acarrean la nulidad del testamento: Se fundamentan en que: a. La condición que pone el Art. 1026, inc. 2 CC indica que las enunciaciones omitidas deben referirse necesariamente a dicha identidad. b. De otro modo, con el pretexto de que no es dudosa tal identidad, tendría que admitirse que es posible omitir menciones tan fundamentales como el día, mes y año del otorgamiento, es decir, que el testamente puede carecer por completo de fecha: Siendo que la fecha es indispensable para juzgar sobre la habilidad de los testigos, la validez del acto testamentario y decidir que testamento debe prevalecer si hay varios. 2) No acarrean la nulidad del testamento si no hay duda sobre la identidad de las personas que en él intervienen. 3. Omisión de la Hora: La exigencia de la hora fue agregada en el Art. 414 COT. Frente a ello, la doctrina se pregunta qué ocurre frente a su omisión. Abeliuk piensa que la nulidad no es aplicable, y que solo

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe procederían las sanciones que la ley establece para los Notarios que faltan a sus deberes. El testamento en sí mismo no sería atacable por esta sola circunstancia. 4. Titulares de la Acción de Nulidad del Testamento: La jurisprudencia ha sostenido que únicamente se encuentra legitimado activamente aquella persona que en la hipótesis que prospere la acción y se declare la nulidad del acto mortis causa, pase a ser heredero abintestato. Esto no concuerda con el Art. 1683 CC que señala que la nulidad absoluta puede ser declarada por el juez de oficio y puede ser solicitada por cualquiera que tenga interés en ello, o cual incluye, por ejemplo, a los acreedores de los herederos abintestato. E. Sección Quinta: “REGISTRO DE TESTAMENTOS” 1. Conceptos Generales: Con el fin de impedir que por desconocimiento o mala fe se tramite como intestada una posesión efectiva que no lo es, y que en consecuencia la herencia termine en manos de quienes no son los herederos, diversas leyes han dispuesto que los testamentos deben inscribirse en diversos índices o registros. Actualmente los Arts. 431 y 439 COT señalan que el notario debe llevar un índice público donde debe anotar los testamentos abiertos y otro privado donde anote los testamentos cerrados. Y que, deberá remitir al Servicio de Registro Civil, dentro de los 10 primeros días de cada mes, por carta certificada, las nóminas de los testamentos que hubieren otorgado o protocolizado en sus oficios, durante el mes anterior, lo cual será inserto en el Registro Nacional de Testamentos. 2. Sanción por la omisión de la inscripción: La doctrina entiende que siendo la inscripción una mera medida de publicidad el testamento inscrito es plenamente válido y solo deviene en una sanción administrativa para el notario. CAPÍTULO IV: LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS I.

REGLAS GENERALES.

1. Concepto (Art. 953 CC): “Aquellas que hace el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes”. 2. Requisitos de las Disposiciones Testamentarias: 1) Requisitos Subjetivos: Certidumbre y Determinación del Asignatario (Art. 1056, inc. 1 CC): “Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera la asignación se tendrá por no escrita”. Si una asignación está concebida en términos tales que exista incertidumbre respecto de la persona a quien ha querido el testador referirse, ninguna de las dos o más personas, entre las cuales existe la duda, tendrá derecho a la asignación. Excepcionalmente, el Art. 1056 y 1064 CC, en ciertos casos, admiten la indeterminación del asignatario: a. Asignaciones hechas con un objeto de beneficencia (Art. 1056, inc. 2 y 3 CC): “Valdrán con todo las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sean para determinadas personas. Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia, sin designarlo, se darán al establecimiento de beneficencia que el Presidente de la República designe, prefiriendo alguno de los de la comuna o provincia del testador”. A partir de 1979, corresponde al FONASA la inversión de estas asignaciones. 739

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Asignaciones dejadas al alma del testador (Art. 1056, inc. 4 CC): “Lo que se deje al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia, y se sujetará a la disposición del inciso anterior”. c. Asignaciones dejadas a los pobres (Art. 1056, inc. final CC): “Lo que en general se dejare a los pobres, se aplicará a los de la parroquia del testador”. d. Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes (Art. 1064 CC): “Lo que se deje indeterminadamente a los parientes, se entenderá dejado a los consanguíneos del grado más próximo, según el orden de la sucesión abintestato, teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a las reglas legales; salvo que a la fecha del testamento haya habido uno solo en ese grado, pues entonces se entenderán llamados al mismo tiempo los del grado inmediato”. 2) Requisitos Objetivos o de las Asignaciones: a. Determinación de la Asignación (Art. 1066 CC): “Toda asignación deberá ser o a título universal, o de especies determinadas o que por las indicaciones del testamento puedan claramente determinarse, o de géneros y cantidades que igualmente lo sean o puedan serlo. De otra manera se tendrá por no escrita”. Sin embargo, el Art. 1066, inc. 2 CC tiene una excepción: “si la asignación se destinare a un objeto de beneficencia expresado en el testamento, sin determinar la cuota, cantidad o especies que hayan de invertirse en él, valdrá la asignación y se determinará la cuota, cantidad o especies, habida consideración a la naturaleza del objeto, a las otras disposiciones del testador, y a las fuerzas del patrimonio, en la parte de que el testador pudo disponer libremente. El juez hará la determinación, oyendo al defensor de obras pías y a los herederos; y conformándose en cuanto fuere posible a la intención del testador”. b. Nulidad de las Disposiciones Captatorias: Las disposiciones captatorias son “aquellas en que el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos”. El Art. 1059 CC señala que tales disposiciones no valdrán. c. Falta de Manifestación Clara de la Voluntad: En conformidad al Art. 1060 CC no vale disposición alguna testamentaria que el testador no haya dado a conocer de otro modo que por sí o no, o por una señal de afirmación o negación, contestando a una pregunta. d. Elección del Asignatario por otra persona: En conformidad al Art. 1063 CC la elección de un asignatario, sea absolutamente, sea de entre cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno. e. Cumplimiento de una Asignación que se deja al arbitrio de un heredero o legatario: Puede suceder que se instituya una asignación a favor de una persona dejando al arbitrio de un heredero o legatario su cumplimiento. En tal caso el Art. 1067 CC obliga a formular un distingo: i. Si resulta beneficio para el asignatario en rehusar cumplir la asignación: Será el heredero o legatario obligado a llevar a efecto, a menos que puede justo motivo para no hacerlo, la asignación.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. Si no resulta beneficio para el asignatario en rehusar cumplir la asignación: No será obligado a justificar su resolución, cualquiera que sea. El provecho de un ascendiente o descendiente, de un cónyuge o de un hermano o cuñado, se reputará, para el efecto de esta disposición, provecho de dicho heredero o legatario. 3. Interpretación del Testamento: El Art. 1069 CC señala que: “Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la substancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido”. Esta es la misma solución hermenéutica que el Art. 1560 CC da para los contratos. Ello lleva a preguntarse si las reglas de interpretación de los contratos son o no aplicables a los testamentos. La mayoría de la doctrina afirma que pueden utilizarse subsidiariamente, pero solo en aquellos casos en que resulten compatibles con el carácter unilateral del testamento. Se discute en doctrina y jurisprudencia acerca de la admisión de pruebas extrínsecas al testamento mismo para determinar la voluntad del testador, o si por el contrario debe entenderse que la interpretación debe sujetarse exclusivamente al análisis de la voluntad expresada bajo la forma testamentaria y con prescindencia de elementos ajenos al testamento mismo. La Corte Suprema ha estimado que interpretar el testamento es cuestión de hecho, pero calificar jurídicamente una disposición es cuestión de derecho. II.

ASIGNACIONES A TÍTULO UNIVERSAL Y SINGULAR. A. Sección Primera: “ASIGNACIONES A TÍTULO UNIVERSAL”

1. Concepto: “Aquellas en que se deja al asignatario la totalidad de los bienes del difunto o una cuota de ellos”. La asignación recibe el nombre de herencia, y el asignatario de heredero. El Art. 1097 CC dice que los asignatarios a título universal con cualquier palabra con que se les llame son herederos: representan a la persona del difunto; adquiere todos los derechos transmisibles y recae sobre ellos la obligación de pagar las deudas hereditarias y las cargas testamentarias que no se impongan a determinada persona. 2. Características de las Asignaciones a Título Universal: 1) Pueden ser testamentarias y abintestato. 2) Los herederos adquieren la asignación y la posesión legal por la muerte del causante: Salvo que exista condición suspensiva, en cuyo caso la adquieren cuando ella se cumple. 3) Los herederos pueden adquirir personalmente o en forma indirecta: Pueden hacer suya la asignación personalmente, por derecho de representación o por transmisión. 4) Los herederos gozan de ciertas acciones: Estas son la acción de petición de herencia (Art. 1264 CC), y si son legitimarios, la acción de reforma del testamento (Art. 1216 CC). 5) Si existen varios herederos se forma una indivisión hereditaria. 6) El heredero sucede en todo el matrimonio transmisible del causante o en una cuota de él.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 7) Los herederos representan a la persona del causante: Son los continuadores jurídicos de su personalidad (Art. 1097 CC). Esto trae varias consecuencias jurídicas: a. Existe cosa juzgada respecto de los herederos, en un juicio seguido contra o por el causante. b. Los herederos no podrán alegar la nulidad absoluta si el causante carecía del derecho para hacerlo (Art. 1683 CC). c. En contra de los herederos del deudor hipotecario procede la acción personal y no la de desposeimiento: No son terceros poseedores de la finca hipotecada. 3. Clasificación de los Herederos: 1) Herederos Testamentarios o Abintestato: Según si son nombrados tales por el testador o por ley. 2) Herederos Voluntarios o Forzosos: Los primeros los elige el testador libremente. Los segundos son los legitimarios, o sea, los herederos cuyos derechos hereditarios el testador está obligado a respetar, y que se suplen por el legislador aun con perjuicio de las disposiciones testamentarias expresas de aquel. 3) Herederos Universales, de Cuota y del Remanente: La importancia de distinguir entre herederos universales y de cuota, es que el derecho de acrecimiento solo opera respecto de los herederos universales, no así respecto de los de cuota. a. Herederos Universales (Art. 1098, inc. 1 CC): “El que ha sido llamado a la sucesión en términos generales que no designan cuota, como sea Fulano mi heredero, o dejo mis bienes a Fulano”. No es lo mismo asignatario universal y heredero universal. Lo primero es el género, lo segundo la especie. Todo heredero universal es asignatario a título universal, pero hay asignatarios a título universal que no son herederos universales, sino de cuota. El Art. 1098, inc. final CC dice que, si son varios los herederos universales, en definitiva, dividen entre sí por partes iguales la herencia o la parte que en ella les corresponda. Si concurre con varios herederos de cuota, al heredero universal le corresponde la parte de la herencia que falta por completar la unidad. b. Herederos de Cuota: “Aquellos que son llamados a una cuota determinada de la herencia”. Para determinar si el heredero es universal o de cuota no hay que atender al beneficio que en definitiva llega en la sucesión, sino a la forma en que son llamados a la herencia: con o sin expresión de cuotas. c. Herederos del Remanente: “El llamado por el testado o la ley a lo que queda después de efectuadas las disposiciones testamentarias”. No es una especie distinta de los herederos universales o de cuota, porque en el fondo pertenecen a una u otra categoría de asignatarios a título universal. De conformidad al Art. 1099 y 1100 CC, pueden ser abintestato o hereditarios y universales o de cuota: i. Herederos del Remanente Testamentarios Universales: Se presentan cuando el testador solo ha instituido legados, y dispone también en el testamento el remanente de sus bienes. Por ejemplo, dice el testador: “dejo mi automóvil a Pedro, mi casa a Juan y el resto de mis bienes a Diego”. Diego es testamentario y universal porque no se le designa cuota. 742

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ii. Herederos del Remanente Testamentarios de Cuota: Tiene lugar esta clase de herederos del remanente cuando el testado ha instituido asignaciones de cuota y asignatarios del remanente. Según el Art. 1099 CC, el heredero del remanente se entiende constituido en la cuota que falte para completar la unidad. Por ejemplo, dice el testador: “dejo un tercio de mis bienes a Pedro, y el resto de mi patrimonio a Juan”. iii. Herederos del Remanente Abintestato Universales: Se presentan cuando en el testamento no hay sino asignaciones a título singular, y el testador no dice nada respecto del resto de sus bienes (Art. 1100, inc. final CC). iv. Herederos del Remanente Abintestato de Cuota: Son aquellos en que en el testamento solo se designan herederos de cuota, y las cuotas designadas en el testamento no alcanzan a completar la unidad. 4. Caso en que el testado efectúe asignaciones de cuota en el testamento que completen o excedan la unidad, y designe otros herederos: Puede ocurrir que las asignaciones de cuota hechas por el testador completen o excedan la herencia, y existan en el mismo testamento otros herederos. Para determinar que ocurre en este caso es necesario distinguir si estos herederos son del remanente o universales. 1) Si son herederos del remanente (Art. 1101 CC): Nada llevarán en la herencia. Por ejemplo, dice el testador: “dejo un tercio de mis bienes a Pedro, un tercio a Juan y otro tercio a Diego, y lo que reste de mis bienes corresponde a Antonio”. En tal caso Antonio nada lleva. 2) Si el heredero es universal: No queda excluido, participa en la herencia. Dice el testador, por ejemplo: dejo la mitad de mis bienes a A, la tercera parte a B y la cuarta a C, y además en otra clausula nombra heredero universal a D. La razón de esta diferencia consiste en que el testador, al instituir a D heredero universal, manifestó su intención de dejarlo algo en la herencia. A diferencia del de remanente, donde el testado le deja lo que reste de sus bienes, y si nada queda, nada puede llevar. Para solucionar cuanto lleva el heredero universal los Arts. 1101 y 1102 CC dan las siguientes reglas aritméticas para la división de la herencia: a. El heredero universal se entenderá instituido en una cuota cuyo numerado sea la unidad (o sea, uno) y el denominador el número total de herederos (incluyendo al universal): En el ejemplo, D tendrá 1/4. b. Se deben reducir las cuotas a un mínimo común denominador: En el ejemplo, A: 6/12; B 4/12; C 3/12 y D 3/12. c. Se deben sumar los numerandos y las fracciones tendrán como denominador esta cantidad y como numerador los mismos de la operación anterior: En el ejemplo, A 6/16; B 4/16; C 3/16 y D 3/16. B. Sección Segunda: “ASIGNACIONES A TÍTULO SINGULAR” 1. Concepto: Dispone el Art. 951, inc. 3 CC que la asignación es a título singular “cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, 600 pesos fuertes, 40 fanegas de trigo”. La asignación se llama legado y el asignatario, legatario. 743

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2. Características del Legatario y los Legados: 1) Los Legatarios no representan al causante (Art. 1004 CC): En ese sentido, responden de las deudas hereditarias en subsidio de los herederos. 2) Los legatarios suceden en bienes determinados. 3) Los legados constituyen siempre asignaciones testamentarias: Como consecuencia de ello, en favor de los legatarios no opera el derecho de representación. 4) Los legados pueden adquirirse por transmisión (Art. 957 CC). 5) No existe posesión legal ni efectiva de los legados: En los legados de especie no existe posesión legal, pues los Arts. 688 y 722 CC la refieren únicamente a la herencia. Tampoco hay posesión efectiva, porque la ley la refiere únicamente a la herencia. 3. Clasificación de los Legados: 1) Legado de Especie: El legatario de una especie o cuerpo cierto adquiere el bien legado por el solo fallecimiento del causante. El Art. 1118 CC dispone que el legado de especie se debe en el estado en que existiere a la muerte del testador, comprendiendo los utensilios necesarios para su uso y existentes con él. El hecho de que el legatario sea dueño de la especie desde el fallecimiento del causante trae consigo las siguientes consecuencias: a. Si los herederos se niegan a efectuar la entrega de la especie legada, el legatario puede reclamar mediante la acción reivindicatoria, pues es un propietario no poseedor. b. El derecho del legatario a la especie legada se extingue cuando prescribe su acción reivindicatoria. c. El legatario de un cuerpo cierto se hace dueño de los frutos desde el fallecimiento del causante, conforme al principio de que las cosas producen y perecen para su dueño. 2) Legado de Género: En el legado de género el legatario no adquiere derecho real de ninguna especie. Solo se hace dueño de un derecho personal para exigir a los herederos o a las personas a quienes se ha impuesto la obligación de pagar el legado, la entrega de este y el cumplimiento de dicha obligación. El dominio se adquiere por tradición. Aplicando las reglas generales del Art. 2515 CC, la acción del legatario de género para reclamar su legado prescribe, si es ordinaria, en 5 años, y si es ejecutiva dura 3 años como ejecutiva y luego 2 como ordinaria. Los legatarios de genero solo adquieren los frutos desde el momento en que se les efectúa la tradición de las cosas legadas, o los herederos se colocan en mora de entregarlas (Art. 1338 N°2 CC). La jurisprudencia ha señalado que para constituir en mora a los herederos únicamente procede la interpelación judicial (Art. 1551 N°3 CC) y no la interpelación expresa (Art. 1551 N°1 CC), debido a que esta última se refiere a un plazo “estipulado”, lo que da cuenta de un acto jurídico bilateral y no unilateral, como lo es el testamento. 4. Cosas Susceptibles de Legarse: Pueden legarse tanto las cosas corporales como incorporales (Art. 1127 CC), muebles e inmuebles, propias y ajenas, e incluso cuotas de un bien. Según el Art. 1113 CC puede 744

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe legarse una cosa futura con tal que llegue a existir. Por excepción, no son susceptibles de legarse las cosas incomerciables (Art. 1105 CC). 5. Determinación de las Cosas que se entienden legadas cuando el Testador no lo hace expresamente: Los Arts. 1111 a 1117 CC determinan que cosas se entienden legadas en casos particulares: 1) Legado de una especie indicando el lugar en que se encuentra guardada (Art. 1111 CC): “Si al legar una especie se designa el lugar en que está guardada y no se encuentra allí, pero se encuentra en otra parte, se deberá la especie: si no se encuentra en parte alguna, se deberá una especie de mediana calidad del mismo género, pero sólo a las personas designadas en el artículo 1107 (un descendiente o ascendiente del testador o a su cónyuge)”. 2) Legado de cosa fungible (Art. 1112 CC): “El legado de cosa fungible, cuya cantidad no se determine de algún modo, no vale. Si se lega la cosa fungible señalando el lugar en que ha de encontrarse, se deberá la cantidad que allí se encuentre al tiempo de la muerte del testador, dado caso que el testador no haya determinado la cantidad; o hasta concurrencia de la cantidad determinada por el testador, y no más. Si la cantidad existente fuere menor que la cantidad designada, sólo se deberá la cantidad existente; y si no existe allí cantidad alguna de dicha cosa fungible, nada se deberá. Lo cual, sin embargo, se entenderá con estas limitaciones: a. Valdrá siempre el legado de la cosa fungible cuya cantidad se determine por el testador, a favor de las personas designadas en el artículo 1107 (un descendiente o ascendiente del testador o a su cónyuge). b. No importará que la cosa legada no se encuentre en el lugar señalado por el testador, cuando el legado y el señalamiento de lugar no forman una cláusula indivisible. Así el legado de "treinta fanegas de trigo, que se hallan en tal parte", vale, aunque no se encuentre allí trigo alguno; pero el legado de "las treinta fanegas de trigo que se hallarán en tal parte", no vale sino respecto del trigo que allí se encontrare, y que no pase de treinta fanegas”. 3) Legado de una especie entre muchas que existen en el patrimonio del testador (Arts. 1114 a 1117 CC): “Si de muchas especies que existan en el patrimonio del testador, se legare una sin decir cuál, se deberá una especie de mediana calidad o valor entre las comprendidas en el legado” (Art. 1114 CC). “Los legados de género que no se limitan a lo que existe en el patrimonio del testador, como una vaca, un caballo, imponen la obligación de dar una cosa de mediana calidad o valor del mismo género” (Art. 1115 CC). “Si se legó una cosa entre varias que el testador creyó tener, y no ha dejado más que una, se deberá la que haya dejado. Si no ha dejado ninguna, no valdrá el legado sino en favor de las personas designadas en el artículo 1107; que sólo tendrán derecho a pedir una cosa mediana del mismo género, aunque el testador les haya concedido la elección. Pero si se lega una cosa de aquellas cuyo valor no tiene límites, como una casa, una hacienda de campo, y no existe ninguna del mismo género entre los bienes del testador, nada se deberá ni aun a las personas designadas en el artículo 1107” (Art. 1116 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe “Si la elección de una cosa entre muchas se diere expresamente a la persona obligada o al legatario, podrá respectivamente aquélla o éste ofrecer o elegir a su arbitrio. Si el testador cometiere la elección a tercera persona, podrá ésta elegir a su arbitrio; y si no cumpliere su encargo dentro del tiempo señalado por el testador o en su defecto por el juez, tendrá lugar la regla del artículo 1114. Hecha una vez la elección, no habrá lugar a hacerla de nuevo, sino por causa de engaño o dolo”. (Art. 1117 CC). 6. Determinación de las Cosas que van comprendidas en el Legado: Los Arts. 1119 a 1123 CC determinan los accesorios que van comprendido en todo legado. 1) Si la cosa legada es un predio (Art. 1119 CC): “Los terrenos y los nuevos edificios que el testador le haya agregado después del testamento, no se comprenderán en el legado; y si lo nuevamente agregado formare con lo demás, al tiempo de abrirse la sucesión, un todo que no pueda dividirse sin grave pérdida, y las agregaciones valieren más que el predio en su estado anterior, sólo se deberá este segundo valor al legatario: si valieren menos, se deberá todo ello al legatario con el cargo de pagar el valor de las agregaciones. Pero el legado de una medida de tierra, como mil metros cuadrados, no crecerá en ningún caso por la adquisición de tierras contiguas, y si aquélla no pudiere separarse de éstas, sólo se deberá lo que valga. Si se lega un solar y después el testador edifica en él, sólo se deberá el valor del solar”. 2) Si se deja parte de un predio (Art. 1120 CC): “Se entenderán legadas las servidumbres que para su goce o cultivo le sean necesarias”. 3) Si se lega una casa con sus muebles o con todo lo que se encuentre en ella (Art. 1121 CC): “No se entenderán comprendidas en el legado las cosas enumeradas en el inciso 2º del artículo 574, sino sólo las que forman el ajuar de la casa y se encuentran en ella; y si se lega de la misma manera una hacienda de campo, no se entenderá que el legado comprende otras cosas, que las que sirven para el cultivo y beneficio de la hacienda y se encuentran en ella. En uno y otro caso no se deberán de los demás objetos contenidos en la casa o hacienda, sino los que el testador expresamente designare”. 4) Si se lega un carruaje de cualquier clase (Art. 1122 CC): “Se entenderán legados los arneses y las bestias de que el testador solía servirse para usarlo, y que al tiempo de su muerte existan con él”. 5) Si se lega un rebaño (Art. 1123 CC): “Se deberán los animales de que se componga al tiempo de la muerte del testador, y no más”. 7. Algunos Legados Especialmente Regulados en el Código Civil: 1) Legado de una misma cosa a varias personas (Art. 1124 CC): “Si se legan a varias personas distintas cuotas de una misma cosa, se seguirán para la división de ésta las reglas del párrafo precedente”. Es decir, se formará una comunidad. 2) Legado de cuota (Art. 1110 CC): “Si el testador no ha tenido en la cosa legada más que una parte, cuota o derecho, se presumirá que no ha querido legar más que esa parte, cuota o derecho. Lo mismo se aplica a la cosa que un asignatario es obligado a dar y en que sólo tiene una parte, cuota o derecho”. 746

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Legado de especies o cuerpos ciertos gravados con prenda o hipoteca (Art. 1125 CC): “La especie legada pasa al legatario con sus servidumbres, censos y demás cargas reales”. En ese sentido, el legatario debe cancelar la deuda al acreedor prendario o hipotecario. Sin embargo, hay que distinguir: a. Si existe voluntad expresa o tácita del testador de gravar al legatario con la prenda o hipoteca: Este deberá soportar su pago en definitiva sin derecho a repetición (Art. 1104 y 1135 CC). b. Si no existe voluntad de gravar al legatario con la prenda o hipoteca: Es necesario formular, de conformidad al Art. 1366 CC un distingo: i. Si el gravamen se ha constituido para garantizar una deuda del causante: Es subrogado por la ley en la acción del acreedor contra los herederos. ii. Si el gravamen se ha constituido para garantizar la deuda de un tercero: El legatario no tendrá acción en contra de los herederos. Pero se subroga en los derechos del acreedor en contra del deudor, pues es un tercer poseedor de la finca hipotecada que paga la deuda. 4) Legado con cláusula de no enajenar (Art. 1126 CC): “Si se lega una cosa con calidad de no enajenarla, y la enajenación no comprometiere ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenar se tendrá por no escrita”. Es decir, si existe en ella comprometido el interés de un tercero es eficaz. Es uno de los pocos casos en que el legislador le da validez a este tipo de cláusulas. 5) Legado de cosa ajena (Arts. 1106 a 1109 CC): Por regla general este legado es nulo, salvas las siguientes excepciones: a. Si aparece en el testamento que el testado tuvo conocimiento de estar legando una cosa ajena. b. Si es a favor de un ascendiente o descendiente o cónyuge. En estos dos casos se entiende que el legado impone la obligación a los herederos o al asignatario gravado de adquirir la cosa legada. Si el dueño de la especie rehúsa enajenarla o pide por ella un precio excesivo, el dicho asignatario solo será obligado a dar en dinero el justo precio de la especie. Si el asignatario obligado a prestar el legado de cosa ajena, que después de la muerte del testado la adquiere, la deberá al legatario; el cual, sin embargo, no podrá reclamarla, sino restituyendo lo que hubiere recibido por ella, según el Art. 1106 CC. Si la cosa legada paso, antes de la muerte del testador, al dominio de este o del asignatario a quien se había impuesto la obligación de darla, se deberá el legado. 6) Legado de Crédito (Art. 1127, inc. 2 CC): “Por el hecho de legarse el título de un crédito, se entenderá que se lega el crédito. El legado de un crédito comprende el de los intereses devengados; pero no subsiste sino en la parte del crédito o de los intereses que no hubiere recibido el testador”. 7) Legado de Condonación: Consiste en que el testador diga en su testamento que perdona o remite su obligación al deudor, con lo cual se extingue la deuda por medio del modo de extinguir remisión. El Art. 1129 CC señala que: “Si el testador condona en el testamento una deuda, y después demanda judicialmente al deudor, o acepta el pago que se le ofrece, no podrá el deudor 747

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe aprovecharse de la condonación; pero si se pagó sin noticia o consentimiento del testador, podrá el legatario reclamar lo pagado”. Por su parte, el Art. 1130 CC dispone que: “Si se condona a una persona lo que debe, sin determinar suma, no se comprenderán en la condonación sino las deudas existentes a la fecha del testamento”. 8) Legado de cosa empeñada hecho al deudor (Art. 1128 CC): “Si la cosa que fue empeñada al testador, se lega al deudor, no se extingue por eso la deuda, sino el derecho de prenda; a menos que aparezca claramente que la voluntad del testador fue extinguir la deuda”. 9) Legado de confesión de deuda (Art. 1133 CC): “Las deudas confesadas en el testamento y de que por otra parte, no hubiere un principio de prueba por escrito, se tendrán por legados gratuitos, y estarán sujetos a las mismas responsabilidades y deducciones que los otros legados de esta clase”. De esta manera, si existe principio de prueba por escrito, hay propiamente una confesión de deuda, lo cual es de gran importancia debido a que la deuda será hereditaria, y por ende una baja general que se pagará con preferencia. 10) Legado hecho al acreedor (Art. 1131 CC): “Lo que se lega a un acreedor no se entenderá que es a cuenta de su crédito, si no se expresa, o si por las circunstancias no apareciere claramente que la intención del testador es pagar la deuda con el legado. Si así se expresare o apareciere, se deberá reconocer la deuda en los términos que lo haya hecho el testador, o en que se justifique haberse contraído la obligación; y el acreedor podrá a su arbitrio exigir el pago en los términos a que estaba obligado el deudor o en los que expresa el testamento”. 11) Legado de pensiones alimenticias (Art. 1134 CC): Este precepto solo contempla las pensiones alimenticias voluntarias, ya que las forzosas constituyen una asignación forzosa y una baja general de la herencia. 8. Extinción de los Legados: Las asignaciones a título singular y, en especial, las de especie o cuerpo cierto, se extinguen de las siguientes maneras: 1) Por la revocación del testamento en que se instituyó el legado. 2) Por la enajenación de la especie legada (Art. 1135, inc. 2 CC). 3) Por la alteración sustancial de la cosa legada mueble (Art. 1135 CC). 4) Por la destrucción de la cosa legada (Art. 1135 CC) Finalmente, ciertos legados tienen una forma especial de extinción: así, el de crédito termina si el testador recibe el pago de la deuda (Art. 1127 CC), y el de condonación si se acepta o demanda el pago de la obligación (Art. 1129 CC). III.

LAS DONACIONES REVOCABLES.

1. Concepto: “Acto jurídico unilateral por el cual una persona da o promete dar a otra una cosa o un derecho para después de su muerte, conservando la facultad de revocarlo mientras viva”. 2. Requisitos de las Donaciones Revocables: 1) Requisitos Externos o Solemnidades: De conformidad al Art. 1137 CC pueden otorgarse en dos formas: 748

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Con las solemnidades del testamento. b. Con las solemnidades de las donaciones entre vivos. Esto tiene importancia para los efectos de su confirmación: si se otorgan con las formalidades del testamento, la donación queda confirmada por el fallecimiento del causante ipso iure, siempre que este no haya revocado en vida la donación. Si la donación se efectúa conforme a las reglas de la donación entre vivos y reservándose el donante la facultad de revocarla, para que ella quede a firme será necesario que el causante en su testamente confirme la donación que hizo en vida. 2) Requisitos Internos: Capacidad del Donante y Donatario (Art. 1138 CC): “Son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas asimismo las entre personas que no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra. Sin embargo, las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables”. Esto implica que tanto para el donante como el donatario se exige una doble capacidad: ser capaz para testar y donar entre vivos; y para recibir asignaciones testamentarias y donaciones entre vivos. 3. Donaciones entre Cónyuges: Se prohíbe la donación irrevocable entre cónyuges por dos razones: 1) Porque son peligrosos para los terceros acreedores. 2) Para resguardar los intereses de la mujer, pues, a la época de dictación del Código era muy fácil que el marido indujera a la mujer a hacerle estas donaciones irrevocables. 4. Efectos de las Donaciones Revocables: Hay que distinguir: 1) Donación Revocable a Título Singular (Art. 1141 CC): “Las donaciones revocables a título singular son legados anticipados, y se sujetan a las mismas reglas que los legados. Recíprocamente, si el testador da en vida al legatario el goce de la cosa legada, el legado es una donación revocable. Las donaciones revocables, inclusos los legados en el caso del inciso precedente, preferirán a los legados de que no se ha dado el goce a los legatarios en vida del testador, cuando los bienes que éste deja a su muerte no alcanzan a cubrirlos todos”. El Art. 1140 CC, a su vez declara: “Por la donación revocable, seguida de la tradición de las cosas donadas, adquiere el donatario los derechos y contrae las obligaciones de usufructuario. Sin embargo, no estará sujeto a rendir la caución de conservación y restitución a que son obligados los usufructuarios, a no ser que lo exija el donante”. 2) Donación Revocable a Título Universal (Art. 1142 CC): “La donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se mirará como una institución de heredero, que sólo tendrá efecto desde la muerte del donante. Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de una cuota de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre las especies que se le hubieren entregado”. 5. Confirmación de la Donación Revocable: Hay que distinguir: 1) Si se otorgó conforme a las solemnidades del testamento: Se confirman automáticamente y dan la propiedad del objeto donado por el mero hecho de fallecer el causante sin haber revocado la donación, y siempre que no haya sobrevenido al donatario alguna causal de incapacidad o indignidad para suceder (Art. 1144 CC). 749

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Si se otorgó conforme a las solemnidades de una donación entre vivos: Debe confirmarse expresamente en el acto testamentario (Art. 1137 CC). 6. Extinción de las Donaciones Revocables: 1) Por revocación expresa o tácita del donante: La revocación será tacita, por ejemplo, si el donante enajena el objeto donado. 2) Por la muerte del donatario antes de la del donante. 3) Por el hecho de sobrevenirle al donatario alguna causal de incapacidad o indignidad. 7. Las Asignaciones Forzosas priman sobre las Donaciones Revocables (Art. 1146 CC). IV.

EL DERECHO DE ACRECIMIENTO.

1. Concepto: En virtud del Art. 1147 CC lo podemos definir como “aquel en cuya virtud, existiendo dos o más asignatarios llamados a una misma cosa, sin expresión de cuotas, la porción del asignatario que falta incrementa la de los otros”. La ley instituye este derecho interpretando la voluntad del causante. Si se llama a varias personas a la totalidad de una cosa, sin expresar cuotas, se supone que el testador ha querido beneficiar solo a estas personas. Si una de ellas falta, llevan su porción las demás, a quienes presúmese que el testado ha querido exclusivamente favorecer. 2. Requisitos del Derecho de Acrecer: 1) Que se trate de una asignación testamentaria: Es decir, solo tiene lugar el acrecimiento en la sucesión testada. 2) Que se llame a varios asignatarios a una misma cosa: Una misma cosa no significa una especie o cuerpo cierto, sino una misma asignación, que puede ser a título singular o universal. 3) Que el llamamiento sea a la totalidad de la cosa, sin expresión de cuotas: El Art. 1148 CC dispone: “Este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de distintas partes o cuotas en que el testador haya dividido el objeto asignado: cada parte o cuota se considerará en tal caso como un objeto separado; y no habrá derecho de acrecer sino entre los coasignatarios de una misma parte o cuota”. Esta regla tiene una excepción en el Art. 1148, inc. 2 CC: “Si se asigna un objeto a dos o más personas por iguales partes, habrá derecho de acrecer”. Esto es importante, ya que en este caso la ley presume la asignación de cuota. 4) Que, al momento de abrirse la sucesión, falte alguno de los asignatarios conjuntos (Art. 1150, inc. 2 CC): “Se entenderán por conjuntos los coasignatarios asociados por una expresión copulativa como Pedro y Juan, o comprendidos en una denominación colectiva como los Hijos de Pedro”. Los coasignatarios conjuntos se reputarán por una sola persona para concurrir con otros coasignatarios; y la persona colectiva formada por los primeros, no se entenderá faltar, sino cuando todos éstos faltaren (Art. 1150, inc. 1 CC). Hay conjunciones que son solo de palabra y no dan derecho a acrecer: a. La conjunción puede ser real o en la cosa, cuando se asigna una misma cosa a varias personas en cláusulas separadas en un mismo testamento: El testador, en una clausula 750

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe expresa: “dejo mi fundo a Pedro” y en otra posterior dice: “dejo mi fundo a Juan”. En este caso la conjunción no está en las palabras sino en la cosa, por lo que habrá derecho a acrecer (Art. 1149 CC). Ahora bien, si se trata de actos testamentarios diferentes esto no ocurre, pues el posterior revoca al anterior. b. La conjunción es verbal cuando se llama a varias personas, pero a objetos diversos o dejándoles cuotas determinadas de una misma cosa: Dice el testador, por ejemplo: “dejo a Pedro y Juan mi casa y mi fundo, respectivamente”. No tiene lugar el derecho de acrecer porque la conjunción es puramente nominal. c. La conjunción es mixta, de palabra y de cosa, cuando se llama a varios asignatarios a una misma cosa, en una misma clausula testamentaria: En este caso tiene lugar el acrecimiento. Para que tenga lugar el acrecimiento es menester que falte uno de los coasignatarios conjuntos, al tiempo de abrirse la sucesión. Si un coasignatario fallece con posterioridad a la apertura de la sucesión, no puede decirse que falte y no tiene lugar el derecho a acrecer, teniendo lugar el derecho de transmisión. Por ello, el Art. 1153 CC señala que el derecho de transmisión excluye el derecho de acrecer. 5) Que el testador no haya nombrado sustituto al asignatario que falte: Esto porque no falta el asignatario cuando se ha designado quien le reemplace y porque sobre la voluntad presunta del causante que inspira el derecho de acrecer debe primar la voluntad expresamente manifestada en el testamento. Por esto el Art. 1163 CC dispone que la sustitución excluye el acrecimiento. 6) Que el testador no haya prohibido el acrecimiento (Art. 1155 CC): “El testador podrá en todo caso prohibir el acrecimiento”. Descartado el derecho de acrecer, la porción del asignatario que falta corresponderá a los herederos abintestato del causante. 3. Efectos del Acrecimiento: Es un derecho accesorio, una especie de acciones. Por ello: 1) Para invocar el derecho de acrecer es menester que el asignatario acepte su porción: No podrá repudiar su porción y aceptar la que le corresponde por acrecimiento (Art. 1151 CC). 2) Puede el asignatario conservar su propia porción y repudiar la que se le difiere por acrecimiento (Art. 1151 CC). 3) La porción que acrece lleva todos sus gravámenes consigo, excepto los que suponen una calidad o aptitud personal del coasignatario que falta (Art. 1152 CC). V.

EL DERECHO DE SUSTITUCIÓN.

1. Concepto: “Llamamiento que hace el testador para el caso de que falte el asignatario directo o para el caso de cumplirse una condición”. 2. Clases de Sustitución: La sustitución puede ser de dos clases: (i) vulgar y (ii) fideicomisaria. La regla es la sustitución vulgar, debido a que el Art. 1166 CC señala que: “La sustitución no debe presumirse fideicomisaria, sino cuando el tenor de la disposición excluye manifiestamente la vulgar”. 2.1. Sustitución Vulgar (Art. 1156 CC): “Aquella en que se designa un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte o que llegue a faltar por otra causa, antes de deferírsele la asignación”. No se entiende faltar el asignatario que una vez aceptó, salvo que se invalide la aceptación. 751

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Caso en que el asignatario falte por causa diversa de la prevista (Art. 1157 CC): “La sustitución que se hiciere expresamente para algunos de los casos en que pueda faltar el asignatario, se entenderá hecha para cualquiera de los otros en que llegare a faltar; salvo que el testador haya expresado voluntad contraria”. 2) Reglas a que se sujeta la sustitución vulgar: a. Puede ser de varios grados, como cuando se nombra un sustituto al asignatario directo, y otro al primer sustituto (Art. 1158 CC): El sustituto del sustituto se entiende llamado en los mismos casos y con las mismas cargas que este, sin perjuicio de lo que el testador haya ordenado al respecto (Art. 1161 CC). b. Se puede sustituir uno a muchos y muchos a uno (Art. 1159 CC). c. Si se sustituyeren recíprocamente tres o más asignatarios, y falta uno de ellos, la porción de este se dividirá entre los otros a prorrata de los valores de sus respectivas asignaciones (Art. 1160 CC). d. En todo caso, la sustitución debe ser expresa (Art. 1162 CC). 2.2. Sustitución Fideicomisaria (Art. 1164 CC): “Aquella en que se llama a un fideicomisario, que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria”. La sustitución fideicomisaria se rige por las reglas de la propiedad fiduciaria. Respecto a ello hay que referirse a dos cuestiones: 1) Está prohibida la constitución de fideicomisos sucesivos y si de hecho se constituyeren, adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios, se extingue la expectativa para los demás (Art. 745 CC): Por ello, si en caso de faltar el fideicomisario, antes de que la condición se cumpla, se le nombran sustitutos, estas sustituciones se entienden vulgares (Art. 1165, inc. 1 CC). 2) El fideicomisario y sus sustitutos no transmiten su expectativa, si faltan (Art. 1165, inc. 2 CC). VI.

REPRESENTACIÓN, TRANSMISIÓN, ACRECIMIENTO Y SUSTITUCIÓN.

1. El derecho de representación solo tiene cabida en la sucesión abintestato, mientras que la sustitución y el acrecimiento solo caben en la sucesión testamentaria: Como consecuencia, no puede existir conflicto entre estos derechos. 2. Tampoco puede surgir conflicto entre los derechos de representación y de transmisión: En el derecho de representación es menester que falte el representado. En cambio, en el derecho de transmisión no falta el asignatario, sino que simplemente falleció sin expresar si aceptaba o repudiaba la herencia o legado. 3. Un problema de prelación solo puede presentarse entre la transmisión, la sustitución y el acrecimiento: Esto está expresamente resuelto en el Art. 1163 CC: 1) El derecho de transmisión excluye al de sustitución y acrecimiento: Porque en ella el asignatario no falta; existió a la muerte del testador, solo que no manifestó si aceptaba o repudiaba. 2) El derecho de sustitución excluye al de acrecimiento: Porque traduce la voluntad expresa del causante.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe CAPÍTULO V: LAS ASIGNACIONES FORZOSAS57 I.

CONCEPTOS GENERALES.

1. Concepto (Art. 1167 CC): “Las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no lo ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas”. Esta norma no dice que las disposiciones testamentarias que controvierten o violen las asignaciones forzosas sean nulas, sino que se expresa que la ley suple el silencio del testado aun perjudicando las disposiciones que el testador haya hecho. Hay lugar a la reducción de las asignaciones testamentarias en todo aquello que sea necesario para dar cabida a las asignaciones forzosas, reformando el testamento en cuanto sea necesario y en la medida que así lo demanden los legitimarios. 2. Las Diferentes Asignaciones Forzosas: Según lo señalado en el Art. 1167, inc. 2 CC, son asignaciones forzosas: 1) Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. 2) Las legítimas. 3) La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge. 3. Fundamento de las Asignaciones Forzosas: Su fundamento es limitar la libertad de testar para proteger el interés familiar que existe en la sucesión por causa de muerte. El objeto de estas asignaciones es dar protección a ciertos familiares y al cónyuge, a fin de garantizarles participación en el patrimonio que, en teoría, han contribuido a crear. 4. Las Asignaciones Forzosas y la Libertad de Testar: La libertad de testar es “la facultad que tiene el causante para disponer en la forma en que desee de su patrimonio, para que esta disposición tenga efecto para después de su muerte”. Frente a ella, existen dos posiciones contrapuestas: 1) Libertad Absoluta de Testar: Según ellos, es necesario que los potenciales herederos del causante conozcan que no le está garantizado que van a suceder a su causante, lo que los motivará a forjar su propio patrimonio, cosa que no harán si se les asegura la sucesión del causante. 2) Libertad Limitada de Testar: Supone que la libertad absoluta de testar es muy peligrosa, ya que un causante desapegado de su familia puede privarla del patrimonio que ha contribuido a formar, resultando mucho más conveniente que existe una libertad limitada de testar. 5. Los Modelos sobre la Libertad de Testar: Existen dos tipos de modelos: 1) Modelos de Libre Disposición o de Libertad de Testar: Tiene dos variantes: a. Modelo de Libre Disposición Puro: Se caracteriza porque el testador tiene completa libertad para nombrar o designar a las personas que beneficia con el testamento y para distribuir entre ellos los bienes de la forma que más le plazca. El testador no tiene la obligación de reservar ningún bien, a lo más se le impone la obligación de dejar alimentos a las personas que legalmente tienen derecho a ellos. b. Modelo de Libre Distribución de los Bienes entre determinadas personas: El causante no tiene completa libertad para determinar quiénes serán sus herederos, sino que solamente

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En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe puede escogerlos de un grupo de parientes que la ley determina, pero entre ellos puede hacer la distribución que quiera. 2) Modelos de Legítimas o de Libertad Restringida de Testar: En este sistema el causante carece de libertad para escoger a sus asignatarios y para distribuir entre ellos la herencia, pues existen ciertos parientes, denominados legitimarios, que tienen derecho a cobrar una determinada parte dentro del caudal hereditario, llamada porción “de legítimas” o “legítima”. Tiene las siguientes variantes: a. Modelo de Legítimas Puro: Consiste en la distribución forzosa de la legítima, que es una cuota determinada de la herencia, variable de acuerdo al número de hijos. Pero también hay una formula en que la cuota de legítima es invariable y siempre tiene la misma entidad. b. Modelo de Distribución Forzosa compartido con otro de Libre Distribución dentro de la cuota de Legítimas o Sistema de Mejora: En este modelo se distingue una parte de legítimas y una parte de libre disposición. Dentro de las legítimas se distingue una porción que debe ser necesariamente asignada a los parientes y en la cuantía que la ley señala, y otra porción con la que el causante puede mejorar la situación de alguno de ellos. Este es el modelo chileno. 6. La Solución Chilena: La libertad de testar en Chile se ve limitada por las asignaciones forzosas que el testador está obligado a hacer. La parte de libre disposición, en principio, está reducida a una cuarta parte del acervo líquido, si es que existen legitimarios, ya que ello determinará que sean asignatarios de la mitad legitimaria. Mediante la cuarta de mejoras, el testador puede beneficiar a sus descendientes, ascendientes o cónyuge, pero no a otras personas, sean parientes o extraños. Además, se permite que el causante desherede a uno o más de sus legitimarios, mediante una cláusula expresa en la que se le priva del todo o de parte de su legítima en virtud de causa legal. 7. Ámbito de Aplicación de las Asignaciones Forzosas: El Art. 1167 CC sugiere que las asignaciones forzosas solamente tienen cabida en la sucesión testada. Con todo, ello no es exactamente así, ya que las asignaciones forzosas también tienen aplicación en la sucesión intestada. Lo que ocurre es que las asignaciones forzosas tienen una configuración mucho más nítida en la sucesión testada, ya que allí ellas se presentan como asignaciones muy identificadas en su procedencia y cuantía. En cambio, en la sucesión intestada, la parte de la herencia que corresponde a las asignaciones forzosas está, en general, comprendida dentro de lo que la ley asigna a cada asignatario, lo que no permite identificarlas con la misma claridad, pero con ello no quiere decir que solo sean procedentes en la sucesión testada. Respecto de los alimentos que se deben por ley, en general se les considera una deuda hereditaria más que una asignación por causa de muerte, según se desprende del Art. 959 N°4 CC. 8. Mecanismos de Protección para las Asignaciones Forzosas: Existen una serie de medios destinados a salvaguardar la integridad de estas asignaciones forzosas, que deben considerarse instituciones de orden público: 1) Acción de Reforma del Testamento: Por la cual los legitimarios solicitan la adecuación de este a las asignaciones forzosas (Art. 1216 CC). 2) Formación del Primer y Segundo Acervo Imaginario: Mediante los cuales se protege a los legitimarios de las donaciones excesivas que se hagan a otro legitimario o a terceros (Arts. 1185 a 1187 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Prohibición de sujetar las Legítimas a Modalidades que pudieren gravarlas de alguna forma (Art. 1192 CC). 4) Posibilidad de declarar interdicto por demencia o disipación al causante para prevenir que dilapide su patrimonio (Arts. 442 y ss., y 456 y ss. CC). 5) Insinuación de las donaciones irrevocables: Puede servir para impedir un acto de desprendimiento que no guarde relación con las fuerzas patrimoniales del donante, y que pudieran lesionar los derechos de sus herederos (Art. 1401 CC). 6) Limitación de las Donaciones por causa de Matrimonio que podrían lesionar el patrimonio del contrayente y, por añadidura, los derechos de sus herederos (Art. 1788 CC). 7) Limitación que tiene el causante de tasar sus bienes en el testamento: A fin de que por este expediente se termine perjudicando a un heredero al atribuirle un sobreprecio a los bienes que se le adjudican o infravalorar los bienes que se le adjudican al resto (Art. 1197 CC). 8) La partición que haga el causante en el testamento no puede ir contra derecho ajeno (Art. 1318 CC). 9) Lo que se asigna por concepto de alimentos que se deben por ley fuere más cuantioso de lo que por las circunstancias corresponda, el exceso se imputa a la parte de libre disposición: Con el objeto que este exceso no perjudique las asignaciones forzosas del resto (Art. 1171 CC). 9. La Pérdida de las Asignaciones Forzosas: El legitimario podrá perder el derecho a su legítima en los siguientes casos: 1) Si es desheredado por el testador en virtud de causa legal debidamente comprobada (Art. 1207 CC). 2) No serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad que constituye o de la que deriva su parentesco, ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo en caso de restablecimiento por el causante (Art. 1182, inc. 2 CC). 3) El cónyuge que por culpa suya ha dado ocasión a la separación judicial (Art. 904 CC). 4) El asignatario de alimentos forzosos perderá el derecho a ellos en caso de injuria atroz (Arts. 324, 968 y 979 CC). II.

LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS.

1. Concepto: Cuando el Art. 1167 N°1 CC se refiere a los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, se está refiriendo exclusivamente a los alimentos forzosos, que son “aquellos que les corresponden a las personas que tengan un título legal para exigir del causante una pensión alimenticia”. En otras palabras, se trata de los alimentos que se deben a las personas mencionadas en el Art. 321 CC. Esto excluye a los alimentos voluntarios que son “aquellos que el causante buenamente proporcionaba a quien en verdad carecía de un título legal para exigírselos”. Según se ha dicho, de conformidad al Art. 1134 CC, constituyen un legado. 2. Forma en que se pagan los Alimentos Forzosos: La regla general es que los alimentos que se deben por ley constituyen una baja general de la herencia, según lo señalado en el Art. 959 N°4 CC. En ese sentido, 755

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe gravan la masa hereditaria. Esto demuestra que la obligación alimenticia es intransmisible, dado que ella no pasa a los herederos del causante, sino que la obligación grava la masa hereditaria. Sin embargo, pueden darse otras dos situaciones diferentes: 1) Existencia de pensiones alimenticias que se devengaron oportunamente, pero no se hayan pagado a la fecha de la muerte del causante: En esta hipótesis, dichos alimentos también gravan el acervo ilíquido, pero no por ser alimentos que se deban por ley, sino por ser una deuda hereditaria del causante (Art. 959 N°2 CC). 2) Que el causante haya impuesto la obligación de pagar los alimentos a uno o más de los partícipes en la sucesión (Art. 1168, segunda parte CC): En este caso, excepcionalmente, y por disposición del testador, la obligación alimenticia pasa a los herederos especialmente gravados, y no grava la totalidad de la herencia. No por ello dejan de ser alimentos forzosos. Es importante que en este caso hay que entender que el testador tiene que asignar una parte de los bienes a ese heredero para satisfacer estas necesidades alimenticias, no pudiendo afectarse otra asignación forzosa. 3. ¿Qué ha de entenderse por Alimentos que se deben por Ley?: Se pueden distinguir cuatro situaciones: 1) Que el causante estuviere pagando en vida los alimentos en virtud de una sentencia judicial que lo había condenado a ello o en razón de una transacción celebrada al efecto: En este caso no cabe duda de que se trata de alimentos debido como asignación forzosa. 2) Que el alimentario hubiere demandado en vida al causante y obtenido sentencia favorable después de su fallecimiento: En este caso tampoco cabe duda de que constituyen una asignación forzosa, ya que según el Art. 331 CC, los alimentos se deben desde la primera demanda, es decir, con efecto retroactivo. 3) Que el causante pagara voluntariamente alimentos a una persona que tenía título legal para demandarlos, pero no lo había hecho: Algunos piensan que ente caso sería indiscutible que los alimentos son una asignación forzosa. Otros, con mejor razón, se inclinan por la negativa, señalando que para exista la obligación alimenticia ella debe estar determinada por sentencia judicial, cosa que no acontece en estos casos. Así también lo ha resuelto la jurisprudencia mayoritaria. 4) Que el alimentario hubiere tenido un título para demandar al causante, pero no lo hubiere hecho en vida de aquel ni tampoco este se los pasaba voluntariamente: Es claramente improcedente que en este caso se considere que los alimentos que se deben por ley sean una asignación forzosa. Ello implicaría que los herederos nunca podrían tener la certeza de que no van a ser demandados por quien legalmente le asistía el derecho de hacerlo respecto del fallecido, implicando, por lo demás, que de esta forma la obligación alimenticia se transmitiría a los herederos del causante. 4. Condiciones que deben concurrir en el Asignatario de Alimentos Forzosos: Debe: 1) Existir un título legal que lo habilite para demandar alimentos del causante. 2) Que el alimentario no sea a la vez asignatario de alguna otra parte de la herencia, por ley o por testamento: Puesto que, en tales casos, el alimentario no carecería, al menos teóricamente hablando, de los necesario para su subsistencia. Si la asignación hereditaria que le corresponde al alimentario no alcanzare a cubrir sus necesidades, ella tendría el mérito de rebajar el monto de los alimentos sin llegar a extinguirlos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Que no varíen las circunstancias que motivaron la concesión de los alimentos: Pues si ella cambia, pueden reducirse o incluso extinguirse los alimentos (Art. 332 CC). 4) Que el asignatario de alimentos no haya incurrido en causal de injuria atroz. 5) Que el alimentario exista no solo al momento de producirse la apertura de la sucesión, sino que además durante todo el tiempo durante el cual se devenguen las pensiones a que le da derecho la ley: Ya que de lo contrario o será incapaz de suceder al causante, en el primer caso, o terminará el derecho a seguir percibiendo la pensión alimenticia en virtud de lo dispuesto en el Art. 332 CC, en el segundo caso. 5. Forma en que se pagan materialmente los Alimentos que se deben por Ley: Según las reglas generales, corresponderá al juez ordenar la forma en que ello debe efectuarse (Art. 333 CC). Así, podrá disponerse que de la masa hereditaria se separe un capital que sea suficiente como para generar una pensión periódica, capital que se reintegrará a la masa una vez que cese el derecho de alimentos. Podría también conferirse un derecho de usufructo sobre un bien hereditaria; y, en todo caso, nada impide también que la forma y cuantía en que deben pagarse los alimentos y la forma en que debe asegurarse su pago, sean producto de un convenio especialmente celebrado al efecto entre los herederos y los alimentarios. 6. Responsabilidad de los Asignatarios de Alimentos por las Deudas: Explica el Art. 1170 CC que los asignatarios de alimentos no estarán obligados a devolución alguna en razón de las deudas o cargas que gravaren el patrimonio del difunto; pero podrán rebajarse los alimentos futuros que parezcan desproporcionados a las fuerzas del patrimonio efectivo. Este Art. 1170 CC, aparentemente, está en contradicción con otros dos: 1) Con el Art. 959 N°2 CC: Porque según este artículo, tanto los alimentos forzosos, como las deudas hereditarias son bajas generales de la herencia, pero como las deudas hereditarias se encuentran en el N°2 y los alimentos forzosos en el N°4, las deudas hereditarias debieran pagarse primero. Efectivamente, por regla general, las deudas se pagan antes que los alimentos. Sin embargo, no existe contradicción entre ambos preceptos, dado que lo que señala el Art. 1170 CC es para el evento en que surjan deudas que no hubiesen sido canceladas. 2) Con el Art. 1363 CC: Señala este artículo que los legados estrictamente alimenticios que el testador esté obligado por ley no entrarán a contribución sino después de todos los otros, de lo que parece desprenderse que los legatarios de alimentos deben contribuir a las deudas de la herencia. La verdad es que ello no es así. Los legatarios de alimentos no tienen responsabilidad alguna por las deudas de la herencia y no han de restituir ninguna cantidad para solventarlas. III.

LAS LEGÍTIMAS. A. Sección Primera: “ASPECTOS GENERALES DE LAS LEGÍTIMAS”

1. Concepto: De acuerdo al Art. 1181 CC, la legitima es “aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios”. Los legitimarios son por consiguiente herederos. Los legitimarios son además asignatarios forzosos (Art. 1167 CC). 2. Los Legitimarios: Dice el Art. 1182 CC que son legitimarios: 1) Los hijos, personalmente o representados por su descendencia: Quedan comprendidos dentro de la expresión hijos tanto los matrimoniales como los no matrimoniales. También quedan

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe comprendidos los adoptados, que adquieren el estado civil de hijos. Es importante que los hijos pueden concurrir personalmente o representados por su descendencia. 2) Los ascendientes: Quedan incluidos todos los parientes en esa condición, sea o no que tal calidad emane de un matrimonio. Los llamados son los ascendientes más próximos, lo que implica que los ascendientes de grado más cercano excluyen a los de grado más lejano. Si hay varios ascendientes en el mismo grado, ellos concurren conjuntamente y llevan lo que a los ascendientes corresponda por partes iguales. Si solamente hubiere un ascendiente de grado más próximo, solo él tiene el carácter de legitimario, excluyendo al resto. No opera en la línea ascendente el derecho de representación. Es importante recordar el Art. 1182 CC según el cual “No serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad que constituye o de la que deriva su parentesco, ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso del inciso final del artículo 203”. En esto, el artículo se separa de lo que señala el Art. 994 CC respecto a la sucesión intestada, ya que este señala que la sanción solo afecta al padre o madre, no así al resto de los ascendientes, siendo más duro el Art. 1182 CC en cuanto a la sanción que aplica. 3) El cónyuge (o conviviente civil) sobreviviente: Es importante recordar que el Art. 1182, inc. 2 CC señala que tampoco será legitimario si por culpa suya ha dado ocasión a la separación judicial, a menos que reanuden su vida en común, recuperando el estado civil de casados. 3. Distribución de la Legítima entre los distintos Legitimarios: Según el Art. 1183 CC, los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada. Es importante señalar que el artículo dice que la legitima se distribuirá entre los legitimarios de conformidad a las reglas de la sucesión intestada, y no que la legitima se distribuye de conformidad a las reglas de la sucesión abintestato. En otros términos, a la distribución de la legítima solamente concurren los legitimarios y no todos los herederos que llama la ley en la sucesión intestada de una persona. Así, solamente serán aplicables en función de lo señalado en el Art. 1183 CC el primer y segundo orden de sucesión, ya que con ellos se agotan los legitimarios. 4. Distribución del Resto de la Herencia: El resto de la herencia no se reparte de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada, sino que se divide entre los asignatarios de la manera que lo indique el testador. Con todo, si el testador no dispone del todo o parte de la cuarta de mejoras o de la parte de libre disposición, ellas acrecen a la mitad legitimaria. De esta forma acontece que la mitad legitimaria, así aumentada, se distribuirá entre los legitimarios de conformidad a las reglas de la sucesión intestada. 5. Clasificación de las Legítimas: La legítima se divide en: (i) legítima rigorosa y (ii) legítima efectiva. B. Sección Segunda: “LA LEGÍTIMA RIGOROSA” 1. Concepto: Es a la que se refiere el Art. 1184 CC que dice que consiste en: “la mitad de los bienes, previas las deducciones indicadas en el artículo 959, y las agregaciones que en seguida se expresan, se dividirá por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada”. De allí que se diga que es “la que le cabe al legitimario en la mitad legitimaria de la herencia”. 2. Determinación de la Mitad Legitimaria: Señala el Art. 1184 CC que para determinar la mitad legitimaria deben hacerse dos operaciones previas: 1) Las deducciones ordenadas en el Art. 959 CC: Es decir, las bajas generales de la herencia.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Las agregaciones ordenadas por los Arts. 1185 a 1187 CC: Es decir, las agregaciones que dan lugar a los acervos imaginarios. Luego, la mitad legitimaria puede corresponder a la mitad del acervo liquido o partible, a la mitad del primer acervo imaginario o la mitad del segundo acervo imaginario. Esta mitad se dividirá entre los distintos legitimarios. 3. La Representación solo opera respecto de los Legitimarios que sean Descendientes: Dispone el Art. 1183 CC que los legitimarios concurren, son excluidos y representadas según el orden y las reglas de la sucesión intestada. En consecuencia, la concurrencia en la mitad legitimaria de los legitimarios que sean hijos del causante puede ser por cabeza o por estirpe. 4. Distribución de la Cuarta de Mejoras y de la Cuarta de Libre Disposición: Una vez establecida la mitad legitimaria, para determina la forma en que se distribuye el resto de la herencia, es necesario diferenciar si existen o no descendientes, ascendientes o cónyuge del causante: 1) No existen descendientes, ascendientes ni cónyuge del causante: Dispone el Art. 1184, inc. 2 CC que “no habiendo descendientes con derecho a suceder, cónyuge sobreviviente, ni ascendientes, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio”. Esto debido a que si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge sobreviviente no hay lugar a la cuarta de mejoras. Sin embargo, la redacción del Art. 1184, inc. 2 CC no es tan cierta, ya que si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge sobreviviente, no hay legitimarios, y si no hay legitimarios, no es solamente la mitad de lo que el testador podría disponer libremente, sino que de toda la herencia. Por consiguiente, hoy en día o solamente una cuarta parte de la herencia es de libre disposición o lo es toda la herencia, no existiendo la posibilidad prevista en el Art. 1184, inc. 2 CC en torno a que solo la mitad de la herencia sea de libre disposición. 2) Existen descendientes, ascendientes o cónyuge del causante: En este caso, el Art. 1184, inc. 3 CC señala que: “Habiendo tales descendientes, cónyuge o ascendientes, la masa de bienes, previas las referidas deducciones y agregaciones, se dividirá en cuatro partes: dos de ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas; otra cuarta, para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a uno o más de sus descendientes o ascendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio”. 5. Características de las Legítimas Rigorosas: 1) Son una asignación forzosa: Dice claramente el Art. 1167 N°2 CC que las legítimas son una asignación forzosa. Explica Somarriva que esta obligatoriedad no solamente se manifiesta ante el testado, sino que incluso ante el propio beneficiario de la legitima, ya que, al menos mientras viva el causante, el legitimario no puede renunciar a ella. En ese sentido, el Art. 1226, inc. 3 CC señala que: “Se mirará como repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguno, el permiso concedido por un legitimario al que le debe la legítima para que pueda testar sin consideración a ella”. Es importante destacar que esto no establece un régimen especial de indisponibilidad anticipada de la legitima en cuanto a legítima, pues lo cierto es que todo pacto que recaiga sobre el derecho a suceder a una persona viva, salvo el pacto de no mejorar del Art. 1204 CC, se encuentra en esta situación, esté o no esté este pacto referido a la legítima.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) No pueden ser objeto de modalidad o gravamen: Dice el Art. 1192 CC que: “La legítima rigorosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno”. Esta imposibilidad es lo que se denomina intangibilidad de la legítima, ya que ella resulta intocable para el testador. Por consiguiente, la legítima es una asignación pura y simple. Esta intangibilidad de las legítimas, al decir de la doctrina, se extiende incluso a las donaciones entre vivos en favor de un legitimario, pues la ley entiende que estas donaciones son un anticipo de la legítima y, por lo mismo, se imputan a lo que le corresponda al legitimario por este concepto (Art. 1198 CC). Con todo, existen hoy día dos casos, a lo menos, en que la legítima puede resultar sometida a una modalidad o gravamen: a. En el caso del Art. 86 Ley General de Bancos: Establece que los bancos, en ejercicio de comisiones de confianza, podrán “ser administradores de los bienes que se hubieren donado o que se hubieren dejado a título de herencia o legado a capaces o incapaces, sujetos a la condición de que sean administrados por un banco. Podrán sujetarse a esta misma forma de administración los bienes que constituyen la legítima rigorosa, durante la incapacidad del legitimario”. Parte de la doctrina considera esta una excepción, al quedar sometida la legitima a un régimen de administración que escapa de la mano del propio legitimario, y que es dispuesta por el testador. Pero esto es solo aparente, ya que respecto de la legítima rigorosa, solamente cabe esta posibilidad cuando el legitimario sea una persona incapaz; por lo que, si no hiciere esta designación el testador, la administración de lo que corresponda por concepto de legítima tampoco la tendría el incapaz, sino que el administrador de los bienes del incapaz. Lo único que ocurre es que se reemplaza un administrador de bienes ajenos por otro. b. En el caso del Art. 1337 regla N°10 CC: Este artículo consagra un derecho de adjudicación preferente a favor del cónyuge sobreviviente en el inmueble que sea o haya sido residencia principal de la familia y los muebles que lo guarnecen. Esto podría llegar a ser un serio gravamen sobre las legítimas, especialmente por la posibilidad que se le confiere al cónyuge sobreviviente para que se constituyan a su favor derechos de uso o habitación en los bienes que no le sean adjudicados en propiedad. Así, la parte que le corresponde, por ejemplo, al hijo respecto de ese inmueble por legítima, quedaría gravada por el usufructo vitalicio de la madre. 3) Puede el testador señalar los bienes con los que se entera: Según el Art. 1197 CC, el testador puede indicar los bienes con que haya de hacerse el pago de la legítima, pero no puede delegar esta facultad a persona alguna, ni tasar los valores de dichas especies. Esto último busca evitar que mediante una tasación poco real se perjudique a algunos de los legitimarios y se beneficie a otros. El problema que suscita a este respecto viene dado por el Art. 1318 CC, que faculta al testador para hacer la partición de sus bienes, cuestión imposible si no se le permite hacer tasación de ellos. Se ha salvado la contradicción indicando que, si el testador además de determinar los bienes que le corresponde a cada legitimario, parte la herencia, está facultado para tasar los bienes; en cambio, si se limita a solo determinar los bienes que corresponde a cada legitimario, no puede tasarlos. 4) Tienen preferencia absoluta de pago: Esto se desprende de los Arts. 1189, 1193 y 1194 CC. Esto porque, en virtud de las tres disposiciones precedentes, la legitima goza de preferencia para el pago respecto de las otras asignaciones sean forzosas o voluntarias, por lo que si existe déficit deberá 760

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe completarse, antes que nada, lo que a los legitimarios corresponde por concepto de legítimas. Además, si con lo que se ha asignado para el pago de la legitima no alcanza para enterarla, lo que falte se sacará de la cuarta de mejoras. También, si el déficit de la masa hereditaria no permite enterar la cuarta de mejoras, los bienes que falten no se toman de las legítimas sino de la parte de libre disposición. Con todo, es importante decir que el Art. 1194 CC, señala que la cuarta de mejoras también goza de preferencia de pago respecto de la parte de libre disposición, de modo que si con lo que se asigna no alcanza a pagarse el déficit, gravará la parte de libre disposición. 6. El llamado Acrecimiento de Legítima Rigorosa a Legítima Rigorosa: Es posible que alguno o algunos de los legitimarios no puedan o no quieran suceder al causante, y que, además, no tengan descendencia que pueda o quiera representarlo. En este evento, lo que acontece es que la mitad legitimaria se divide, simplemente, entre los legitimarios que no faltan. Es lo que algunos denominan el acrecimiento de legitima rigorosa a legitima rigorosa (Art. 1190 CC). Para que haya lugar a este acrecimiento se requieren dos condiciones: 1) Que falte uno de los legitimarios. 2) Que el legitimario que falta no tenga descendencia con derecho de representarlo. C. Sección Tercera: “LA LEGÍTIMA EFECTIVA” 1. Concepto: Señala el Art. 1191 CC que: “Acrece a las legítimas rigorosas toda aquella porción de los bienes de que el testador ha podido disponer a título de mejoras, o con absoluta libertad, y no ha dispuesto, o si lo ha hecho, ha quedado sin efecto la disposición. Aumentadas así las legítimas rigorosas se llaman legítimas efectivas”. Por ello, se puede decir que legitima efectiva es “la porción que corresponde a cada legitimario en la mitad legitimaria aumentada por la parte de mejoras y/o de libre disposición de que el testador no dispuso, y si lo hizo, quedó sin efecto la disposición”. 2. Beneficiarios: El acrecimiento antes señalado beneficia obviamente a todos los legitimarios, dado que ven aumentada su participación en la herencia, sean ellos descendientes, ascendientes o cónyuge sobreviviente. 3. Distribución de las Legítimas Efectivas: Si bien el Código nada dice, no cabe duda que las legítimas efectivas siguen la misma regla de distribución de las legítimas rigorosas; esto es, de conformidad a las reglas de la sucesión intestada. 4. Priman por sobre este Acrecimiento las Reglas de la Sucesión Intestada: Dispone el Art. 1191, inc. 3 CC que “Si concurren, como herederos, legitimarios con quienes no lo sean, sobre lo preceptuado en este artículo prevalecerán las reglas contenidas en el Título II de este Libro”, es decir, las normas de la sucesión intestada. De acuerdo a este artículo, si la sucesión es enteramente intestada, se aplican los órdenes de sucesión, pero si la sucesión es parte testada y parte intestada, y concurren como herederos legitimarios con quienes no lo sean, se aplica el Art. 996 CC, y no tiene lugar el acrecimiento previsto en el Art. 1191 CC. Este artículo pierde sentido cuando solamente concurren legitimarios, ya que no habría herederos no legitimarios. Asimismo, si solamente hay herederos no legitimarios, no hay mitad legitimaria, ella no se forma, y, por lo mismo, no hay acrecimiento posible hacia ella de las otras partes de la herencia. 761

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Lo anterior es lo que determina que hoy en día la regla carezca prácticamente de aplicación. En la actualidad es virtualmente imposible que concurren como herederos legitimarios con quienes no lo sean, pues después de la reforma de la Ley N°19.585 las personas que la ley llama como herederos en un mismo orden o son todos legitimarios o no lo es ninguno; excluyendo estos a aquellos que no lo son. Virtualmente el único caso en que podría conservar aplicación la regla del Art. 1191, inc. final CC, es en el evento de que exista un adoptado de conformidad a la Ley N°7.613, y solo en la medida que se estime que este adoptado no es un hijo más. En este caso, si el causante se limita a disponer de la mitad legitimaria en favor de sus legitimarios, habrá que aplicar, antes que el acrecimiento del Art. 1191, inc. 1 CC, la regla del inc. 3, debiendo procederse a distribuir la herencia conforme lo previene el Art. 996 CC. IV.

LA CUARTA DE MEJORAS.

1. Concepto: Teniendo en cuenta lo señalado en los Arts. 1167 N°2, 1184 y 1195 CC, la podemos definir como “asignación forzosa, ascendente a la cuarta parte del as hereditario, que el causante puede asignar en todo o en parte a su cónyuge y/o a todos o a algunos de sus descendientes o ascendientes, sean o no legitimarios”. La porción de mejoras ascenderá a la cuarta parte del acervo líquido, o del primer acervo imaginario o del segundo acervo imaginario. 2. Beneficiarios: Son beneficiarios de la cuarta de mejoras los descendientes, los ascendientes y el cónyuge del causante, sean o no legitimarios. 3. Características de las Mejoras: 1) Se trata de una asignación forzosa: Esto lo dice claramente el Art. 1167 N°3 CC, de modo que basta que con que exista un eventual asignatario de esta cuarta para que ella se forme y el testador, si desea disponer de la cuarta de mejoras, debe hacerlo a favor de alguno de ellos. Si el testador no dispone de esta cuarta a favor de estos sujetos, sino que, en beneficio de otras personas, procederá la acción de reforma del testamento. Ahora bien, si el testador no dispone de la cuarta de mejoras, opera el acrecimiento de la mitad legitimaria, contribuyendo a formar la legítima efectiva. 2) No se presume: Requiere de declaración expresa. No basta con la existencia del testamento, sino que es además condición que se señale en el testamento o en otro acto auténtico que la asignación se hace a título de mejora; de lo contrario se entenderá efectuada a título de legítima. Por ello, si el causante efectúa una asignación testamentaria, o una donación revocable o irrevocable a una persona que es su legitimario, ella se imputa a su legítima, a menos que el testador o donante disponga que se impute a su mejora. Por el contrario, si el causante efectúa una asignación o donación a quien no es su legitimario, aun cuando sea su descendiente, ascendiente o cónyuge, ella no se imputa a las mejoras, gravando en definitiva la parte de libre disposición (Art. 1198, inc. 1 CC). Ahora bien, la doctrina ha entendido que, si bien no se presume, sería posible la existencia de una mejora tácita. En efecto, si bien resulta claro que la mejora no se presume y requiere de una declaración expresa del testador en el sentido que ella se asigna a uno de sus potenciales beneficiarios, no sería necesario que esa declaración efectuada en el testamento u otro instrumento autentico, tenga que revestir de fórmulas sacramentales, siendo posible que se interprete lo señalado por el causante en el sentido de ser la asignación efectuada a título de mejoras. Esto se vería confirmado por dos artículos: 762

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. El Art. 1203, inc. 2 CC: Según este artículo, si el difunto hubiere declarado expresamente por acto entre vivos o testamento ser su ánimo que no se imputen dichos gastos a la legítima, en este caso se considerarán como una mejora. b. El Art. 1193, inc. 1 CC: Prescribe que “Si lo que se ha dado o se da en razón de legítimas excediere a la mitad del acervo imaginario, se imputará a la cuarta de mejoras, sin perjuicio de dividirse en la proporción que corresponda entre los legitimarios”. En ese sentido, la asignación excesiva grava la cuarta de mejoras cuando el testado nada hubiere dicho a este respecto. En estos dos casos, la voluntad del causante de mejorar a alguno de los beneficiarios de la cuarta de mejoras no aparece en forma expresa, sino que es la ley la que la colige de ciertas declaraciones del donante o testador que no señala que es su voluntad mejorar a un asignatario o asignarle la cuarta de mejoras, representando hipótesis de mejoras tácitas. 3) Admite, aunque de manera restringida, modalidades o gravámenes, siempre que lo sean a favor de los que la ley considera asignatarios de la cuarta de mejoras (Art. 1195 CC): En ese sentido, por regla general no se admiten las modalidades o gravámenes, pero excepcionalmente se admiten las modalidades en la medida que no lesionen la asignación forzosa misma, puesto que ningún tipo de modalidad puede atentar en contra de ella. En consecuencia, lo que se impide son los gravámenes sobre la mejora a favor de quienes no son beneficiarios de esta asignación. En ese sentido, se permitiría que se deje un inmueble al hijo a título de mejoras, pero gravado con un usufructo en favor de su abuelo, también a título de mejoras, ya que ambos son asignatarios de mejoras; pero no podría dejarse ese mismo inmueble gravado con un usufructo en favor de su mejor amigo, pues es un tercero que no puede ser asignatario de mejoras. Esta regla tiene una excepción en el ya citado Art. 86 N°7 Ley General de Bancos. A diferencia de lo que ocurría con las legítimas, en este caso la excepción es real y no aparente, ya que, en virtud del inc. 1, sería posible que los bienes que conforman la mejora fueren entregados a un banco para los efectos de su administración, sea el beneficiario de ella capaz o incapaz, a diferencia de lo que ocurría con las legítimas, donde solo podría hacerse si el beneficiario era incapaz. 4. Distribución de la Cuarta de Mejoras: El testador tiene completa libertad para decidir si en el testamento dispone o no de la cuarta de mejoras; y asimismo tiene absoluta libertad para dejarle la asignación a su cónyuge, a cualquiera de sus ascendientes y/o a cualquiera de sus descendientes, sin importar si estos son o no legitimarios. 5. El Pacto de No Mejorar: El Art. 1463, inc. 1 CC señala que hay objeto ilícito en los actos y contratos que recaigan sobre el derecho a suceder a una persona viva. Queda así prohibida entre nosotros la sucesión contractual o pactada, resultando vetados no solo los pactos de institución de heredero o legatario, sino que la renuncia o aceptación anticipada de una asignación o la cesión de los derechos en la sucesión de una persona que no ha fallecido. Esta regla tiene una calificada excepción en lo que hace a la cuarta de mejoras. El Art. 1204, inc. 1 CC dice que: “Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes, que a la sazón era legitimario, no donar, ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su promesa, el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare”. 763

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En ese sentido, el pacto de no mejorar puede definirse como “contrato solemne, por el cual una persona se compromete para con uno o más de sus legitimarios, a no donar ni disponer por testamento del todo o parte de la cuarta de mejoras”. 5.1. Objetivo del Pacto de No Mejorar: El pacto de no mejorar genera una obligación de no hacer, cuyo objetivo es que el testador fallezca sin disponer de la cuarta de mejoras. Es importante señalar que el futuro causante solamente puede obligarse a no disponer de la cuarta de mejoras, pero no puede prometer asignársela a tal o cual legitimario, ni tampoco extender el pacto a la parte de libre disposición. Si así aconteciere, el contrato sería nulo absolutamente por objeto ilícito (Art. 1463 y 1682 CC). 5.2. Requisitos del Pacto de No Mejorar: 1) Debe constar por escritura pública: Su omisión producirá la nulidad absoluta del contrato. 2) Solamente puede favorecer a ciertas personas: Solo puede ser hecha a favor del cónyuge, de uno o más ascendientes o de uno o más descendientes, ya que solo ellos son legitimarios. 3) El beneficiario del pacto debe ser legitimario: Así lo deja claro el Art. 1204 CC al decir “que a la sazón era legitimario”, lo que implica que al momento de celebrarse el negocio el favorecido debe, en ese momento, tener el carácter de legitimario y no encontrarse excluido por la presencia de otros legitimarios de mejor derecho por aplicación del Art. 1183 CC. Si el futuro causante tiene hijos, cónyuge y ascendientes, este pacto lo podría celebrar únicamente con todos o algunos de sus hijos o su cónyuge, pero no con sus ascendientes, quienes resultan excluidos por la presencia de otros legitimarios de mejor derecho. 4) El pacto debe tener solo por objeto no disponer de la cuarta de mejoras. 5) Debe existir el legitimario beneficiado al momento de la apertura de la sucesión: No lo dice expresamente el Art. 1204 CC, pero resulta necesario para que el pacto pueda producir sus efectos. Por ello, si faltan el cónyuge o ascendientes con quienes se realizó el pacto al momento de la apertura de la sucesión el pacto no puede tener efectos. Sin embargo, si el pacto se otorgó en beneficio de un descendiente que es legitimario la situación es distinta. El descendiente, como se sabe, puede concurrir en la sucesión del difunto personalmente o representado por su descendencia, lo que no acontece con el cónyuge y los ascendientes. Si el descendiente favorecido con el pacto falta al momento de la apertura de la sucesión, quienes lo representan podrán beneficiarse del pacto que celebró su respectivo padre o madre que no pudo o no quiso suceder. 5.3. Efectos del Pacto de No Mejorar: Hay que distinguir: 1) Si el pacto es respetado por el causante: Se cumple naturalmente el objeto buscado con la celebración del pacto. La cuarta de mejoras, según el Art. 1191 CC, acrecerá a la mitad legitimaria y contribuirá a formar la legítima efectiva del beneficiario del pacto, pero también del resto de los legitimarios. En ese sentido, todos los legitimarios se ven favorecidos, no solo quien pactó. 2) Si el pacto no es respetado por el causante, el que dispone del todo o parte de las mejoras: La sanción no es la ineficacia de la disposición hecha por el testador, sino que el beneficiario del pacto tendrá derecho a que los asignatarios de la cuarta de mejoras le enteren lo que le habría valido el cumplimiento, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare. A diferencia del caso anterior, el

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe único que puede ejercer este derecho es el beneficiario del pacto y no el resto de los legitimarios. Estos últimos solamente deberán conformarse con su legítima rigorosa. CAPÍTULO VI: LOS ACERVOS IMAGINARIOS58 I.

LOS ACERVOS IMAGINARIOS EN GENERAL.

1. Acervo sobre el que se calculan las Legítimas y Mejoras: Una vez establecido el alcance y la cuantía de las asignaciones forzosas, se determina la base sobre la que ellas se calculan, configurándose así el acervo en el cual ellas deberán ser establecidas. En ese sentido, las legítimas y las mejoras pueden determinarse sobre el acervo líquido, o sobre el primer acervo imaginario, o sobre el segundo acervo imaginario, según los casos. Si no han existido donaciones a favor de legitimarios o extraños, ellas se calcularán sobre el acervo líquido. Si han existido donaciones en beneficio de legitimarios, estas asignaciones forzosas deberán determinarse sobre la base del primer acervo imaginario o colación. Por último, si ha habido donaciones excesivas a favor de terceros, estas asignaciones forzosas deberán calcularse tomando como base el segundo acervo imaginario. Por tanto, el acervo liquido siempre existirá; los otros solamente habrá que formarlos si existen donaciones del causante a favor de legitimarios o terceros. 2. Denominación: En general se critica el uso de la expresión “imaginario”, ya que supone algo que solamente tiene cabida en la imaginación y que, por consiguiente, no es real. Por lo mismo, no sería propio denominar a estos acervos como imaginarios, pues las acumulaciones que se efectúan para configurarlos serían efectivas y reales. Ahora bien, la ley en este caso hace uso de la voz “imaginario” no en este sentido, sino que la ley ha querido decirnos que la acumulación se hace agregando valores, no imaginarios, sino reales y positivos, pero sin que se tomen físicamente las especies u objetos para unirlos a los otros bienes dejados por el difunto. La acumulación debe hacerse entonces en números o por medio de operaciones aritméticas; lo mismo que se hace con los créditos que deja el testador o el difunto, los cuales se computan numéricamente sin que haya necesidad de cobrarlos a los deudores. Esta operación de acumular las cosas que fueron donadas por el causante en el Derecho comparado se denomina colación, expresión que en nuestra doctrina es utilizada específicamente para referirse al primer acervo imaginario. 3. La Formación de estos Acervos procede en la Sucesión Testada y en la Intestada: Podría pensarse, en una primera aproximación, que siendo el objeto del primero y del segundo acervo imaginario la protección de las legítimas y las mejoras, su formación es únicamente procedente en la medida que la sucesión sea testada. Sin embargo, las asignaciones forzosas también tienen cabida dentro de la sucesión intestada. Lo que acontece es que ellas, en ese tipo de sucesión, pasan normalmente desapercibidas, por cuanto están comprendidas dentro de lo que el legislador asigna a las personas que llama en cada orden de sucesión, concretamente en el primero y en el segundo. Como señala Fabres, el acervo imaginario debe formarse siempre que haya legitimarios. II.

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EL PRIMER ACERVO IMAGINARIO O COLACIÓN.

En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Concepto: Del Art. 1185 CC señala que: “Para computar las cuartas de que habla el artículo precedente, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables e irrevocables, hechas en razón de legítimas o de mejoras, según el estado en que se hayan encontrado las cosas donadas al tiempo de la entrega, pero cuidando de actualizar prudencialmente su valor a la época de la apertura de la sucesión. Las cuartas antedichas se refieren a este acervo imaginario”. En ese sentido, se puede definir el primer acervo imaginario como “el que se forma por la acumulación imaginaria al acervo liquido del valor de aquello que se haya donado por el causante a uno o más legitimarios en razón de legítima o mejora”. 2. Objetivo: La finalidad de la formación de este primer acervo imaginario es la de mantener la igualdad entre los diferentes legitimarios. Para ello el sistema chileno funciona globalmente de la siguiente forma: primero se hacen las acumulaciones imaginarias de todas las donaciones al acervo partible. Luego, sobre el acervo de esta manera determinado, se calculan las legítimas y mejoras de cada asignatario. Finalmente, a la legítima y mejora de cada asignatario se le imputa lo que este asignatario recibió por concepto de donación. 3. Requisitos: 1) Que al tiempo de abrirse la sucesión existan legitimarios: La finalidad de la formación de este acervo es proteger la igualdad de los legitimarios entre sí, de modo que si no hay legitimarios la formación de este acervo carece de sentido. 2) Que el causante haya hecho donaciones a alguno de los que son sus legitimarios: Es precisamente esta circunstancia la que puede generar diferencias patrimoniales entre ellos. Puede acontecer que al momento en que el donante hace la donación, el donatario no tenga la calidad de legitimario, pero que la adquiera después. En este caso, se desprende del Art. 1200, inc. 1 CC que la donación resultará acumulable en la medida que esa persona adquiera el carácter de legitimaria. Asimismo, si se hace una donación a un legitimario y este posteriormente pierde dicha calidad, la donación deberá acumularse a las legítimas de quienes lo representen en la sucesión del difunto (Art. 1200, inc. 2 y 3 CC). Si no tiene descendencia con derecho a representarla, su porción acrece a la del resto de los legitimarios (Art. 1190 CC). En sentido semejante señala el Art. 1201 CC que: “Se resolverá la donación revocable o irrevocable que se hiciere a título de mejora a una persona que se creía descendiente o ascendiente del donante y no lo era. Lo mismo sucederá si el donatario, descendiente o ascendiente del donante, ha llegado a faltar por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación. También se resolverá la donación revocable que se hiciere a título de mejora a una persona que se creía cónyuge y no lo era, o si ha llegado a faltar por incapacidad, indignidad o repudiación”. Es importante recordar que la cuarta de mejoras no admite representación, ya que está no es una asignación a la cual se apliquen las normas de la sucesión intestada. 3) Que las donaciones efectuadas al legitimario lo hayan sido a título de legítima o mejora: No está tan claro qué es lo que debe entenderse por donaciones efectuadas en razón de legítimas o mejoras, pues la ley no lo ha precisado. a. Donaciones hechas a título de legítima: En razón del Art. 1198 CC, cualquier donación que el causante haya hecho a un legitimario es una donación hecha en razón de legitima, ya 766

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe que esa donación se va a imputar posteriormente a lo que a dicha persona le corresponda por concepto de legitima en la sucesión del causante. b. Donaciones hechas a título de mejoras: Resulta claro que cuando el causante hace una donación a una persona que tiene el carácter de mejorero, pero que no es legitimario al ser excluido por la presencia de otros de mejor derecho, la donación debe entenderse hecha en razón de legítimas. De acuerdo a lo dicho en los Arts. 1198 y 1203 CC, resulta que deben también entenderse hechas en razón de mejoras las donaciones que, el propio donante o causante señale que se hacen con cargo a la cuarta de mejoras. Todo lo anterior tiene una excepción, en cuanto no se acumularán aquellas donaciones a favor de un legitimario que el causante haya efectuado con cargo a la parte de libre disposición. Pero, respecto de ellas, es posible que estas donaciones den lugar a la formación del segundo acervo imaginario, si se dan los demás requisitos para ello, en la medida que desde este punto de vista el legitimario ocupa la misma calidad que tendría un tercero extraño que no tiene el carácter de legitimario. 4. La Acumulación de las Donaciones Revocables: Gran controversia doctrinaria ha suscitado la inclusión de las donaciones revocables en el Art. 1185 CC. Esto se debe a que el donatario de una donación revocable no se hace dueño de las cosas que le son donadas mientras el causante no haya fallecido, sino que solo adquiere el usufructo de dichas cosas. Adquirirá el dominio de ellas una vez que fallezca el donante sin haber revocado la donación. Existen tres opiniones doctrinarias: 1) Las donaciones revocables siempre deben acumularse (Rodríguez): Esto por la existencia de normas expresas que ordenan la acumulación de las donaciones sean estas revocables o irrevocables (Arts. 1146, 1185 y 1198 CC). 2) Las donaciones revocables jamás deben acumularse (Fabres): La razón que dan es que los bienes donados en forma revocable no han salido del patrimonio del causante, y siguen, por ello, figurando en el acervo líquido, no pudiendo ser traídas a colación y agregadas, ya que ello implicaría que sean tenidas en cuenta dos veces. 3) Las donaciones revocables solo deben acumularse si los bienes donados han sido efectivamente entregados por el donante al donatario (Somarriva): Señala que el texto mismo de la ley no permite otra interpretación que esta, pues dice que las donaciones se acumulan según el estado de las cosas donadas al tiempo de la “entrega”, lo cual indica claramente que el legislador discurre sobre la base de haber sido entregadas las cosas donadas al donatario en vida del donante. De no ser así, las cosas donadas están material y jurídicamente en el patrimonio del causante y no procede acumulación de ninguna especie. 5. Beneficiarios del Primer Acervo Imaginario: La determinación de quiénes resultan favorecidos con el incremento que experimenta el acervo liquido por la acumulación de lo donado a los legitimarios por el causante, es una cuestión que también ha dado lugar a interpretaciones distintas. La cuestión se suscita porque el Art. 1185 CC establece que esta acumulación se efectúa “para computar las cuartas de que habla el artículo precedente”; esto es, las dos cuartas que conforman la mitad legitimaria,

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. De esta forma la acumulación imaginaria beneficia a todos los asignatarios, tanto los legitimarios, como los mejoreros y los asignatarios de libre disposición. El problema es que el Art. 1199 CC señala que: “La acumulación de lo que se ha dado irrevocablemente en razón de legítimas o de mejoras, para el cómputo prevenido por el artículo 1185 y siguientes, no aprovecha a los acreedores hereditarios ni a los asignatarios que lo sean a otro título que el de legítima o mejora”. Es decir, solamente beneficiará a los asignatarios de las legítimas y las mejoras, pero nunca a los que sean de la parte de libre disposición. En general, la mayoría de la doctrina hace primar el Art. 1185 CC, estableciendo que tanto los asignatarios de legítimas y mejoras, como los de la parte de libre disposición resultan beneficiados por el aumento contable del acervo líquido. Pero, aplicando el Art. 1199 CC, los asignatarios de libre disposición, por no ser legitimados de la colación, no pueden ni pedirla ni beneficiarse para el pago de sus respectivas asignaciones, es decir, no pueden pagarse sus asignaciones con el valor de dichas acumulaciones. Su único provecho radica, en verdad, en que como las donaciones que se acumularon se imputarán a la legítima o mejora del donatario, acontecerá que la colación impedirá que las asignaciones con cargo a la parte de libre disposición resulten mermadas, al no verse de esta forma afectados los bienes asignados por el causante a la parte de libre disposición. Somarriva entiende, por el contrario, que la parte de libre disposición aprovecha solamente la acumulación de las donaciones revocables, pero no las irrevocables. Cree el autor que la letra del Art. 1199 CC impide completamente sostener que la acumulación de las donaciones irrevocables pueda beneficiar a los asignatarios de la parte de libre disposición; pero como no se refiere a las donaciones revocables, estas si les aprovechan. 6. Las Donaciones se acumulan en Valor y no en Especie: La acumulación en nuestro país es en valor; es decir, se agrega al acervo liquido el valor de las cosas donadas, pero ellas no se acumulan físicamente a la masa de bienes. El Art. 1185 CC señala que las donaciones se acumularán según el estado en que se hayan encontrado las cosas donadas al tiempo de la entrega, pero cuidando de actualizar prudencialmente su valor a la época de la apertura de la sucesión. En este punto Rodríguez sostiene que la actualización que debe considerarse a estos efectos es la del valor en dinero de lo donado, y no las variaciones del valor intrínseco que pueda experimentar el objeto donado. Esto implica que solamente debe considerarse la actualización monetaria, pero no pueden traerse a colación los cambios que haya experimentado el valor mismo del objeto donado. 7. Liberalidades No Acumulables para la configuración del Primer Acervo Imaginario: Hay ciertas liberalidades que no se acumulan al patrimonio del causante para el cómputo de las cuartas a que se refiere el Art. 1184 CC. Estas son: 1) Los regalos moderados autorizados por la costumbre en ciertos días y casos, ni los dones manuales de poco valor (Art. 1188, inc. 2 CC). 2) Los regalos hechos a un legitimario descendiente del causante con ocasión de matrimonio ni otros regalos de costumbre (Art. 1198, inc. 3 CC): Ahora bien, si tales regalos resultan desproporcionados en atención a las fuerzas patrimoniales del causante, podrían ser colacionados. 3) Los gastos en que haya incurrido el causante con ocasión de la educación de un legitimario descendiente (Art. 1198, inc. 2 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) Los desembolsos hechos para el pago de las deudas de un legitimario, que sea descendiente, cuando dicho desembolso no ha sido útil para el pago de dichas deudas (Art. 1203, inc. 1 CC): Esto por aplicación del artículo a contrario sensu. 5) Los frutos de las cosas donadas (Art. 1205 CC). III.

EL SEGUNDO ACERVO IMAGINARIO.

1. Concepto: Dispone el Art. 1186 CC que: “Si el que tenía a la sazón legitimarios hubiere hecho donaciones entre vivos a extraños, y el valor de todas ellas juntas excediere a la cuarta parte de la suma formada por este valor y el del acervo imaginario, tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al acervo, para la computación de las legítimas y mejoras”. Sigue el Art. 1187 CC disponiendo que: “Si fuere tal el exceso que no sólo absorba la parte de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio, sino que menoscabe las legítimas rigorosas, o la cuarta de mejoras, tendrán derecho los legitimarios para la restitución de lo excesivamente donado, procediendo contra los donatarios, en un orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es, principiando por las más recientes. La insolvencia de un donatario no gravará a los otros”. En ese sentido, se puede definir el segundo acervo imaginario como “el que se forma mediante la acumulación imaginaria al acervo liquido o al primer acervo imaginario de lo excesivamente donado entre vivos por el causante a extraños”. 2. Objetivo: La finalidad de la formación de este acervo es la protección de la integridad de las legítimas y las mejoras de los actos de disposición gratuitos del causante a favor de terceros. Para evitar este perjuicio, la ley ordena que, a los efectos de computar las legítimas y las mejoras, se acumulen al acervo liquido o al primer acervo imaginario, según el caso, todo aquellos que se considera donado en forma excesiva, para así salvaguardar estas asignaciones forzosas. En seguida, si aun así no fuere posible pagarlas, habida cuenta que los bienes existentes en la masa hereditaria son insuficientes, permite que las donaciones excesivas puedan ser dejadas sin efecto a instancias de los legitimarios o los asignatarios de mejora, en todo lo que sea necesario para pagarla íntegramente. 3. Requisitos del Segundo Acervo Imaginario: 1) Que existan legitimarios a la fecha en que se hayan hecho las donaciones: El Art. 1186 CC comienza señalado que “si el que tenía a la sazón legitimario hubiere hecho donaciones entre vivos a extraños”. Esto implica que, al momento en que se efectúan las donaciones a favor de terceros, el causante debe haber tenido legitimarios. Da lo mismo quienes son estos legitimarios. Si a la fecha de la donación no hay legitimarios, pero después el causante llega a tenerlos, no es procedente la formación de este segundo acervo; tales donaciones no pudieron perjudicarlos en sus derechos. 2) Que haya legitimarios al momento de producirse la apertura de la sucesión: Esto se encuentra implícito en el Art. 1186 CC, ya que este acervo se forma para computar las legítimas y las mejoras. Se ha discutido si los legitimarios que existen al momento en que se hacen las donaciones deben ser los mismos que concurrieron al momento en que se produce la apertura de la sucesión. Inicialmente los autores se inclinaron por la afirmativa, argumentando que los que no existían en el momento de las donaciones no pueden invocar un perjuicio que no han podido sufrir.

769

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Sin embargo, no parece ser esto necesario, y no es tampoco la opinión de la doctrina más reciente, que viene considerando que no es condición de la formación de este segundo acervo imaginario, que los legitimarios que deben estar presentes a la época de la apertura de la sucesión sean los mismos que existían a la fecha en que las donaciones se hicieron. Esto porque la ley no lo exige y las razones para proteger las legítimas son las mismas, haya iguales o diferentes legitimarios. 3) Que el causante haya hecho donaciones irrevocables: El Art. 1186 CC restringe la acumulación a lo excesivamente donado de manera irrevocable. Las donaciones revocables no se acumulan en la medida que ellas están dentro del patrimonio del difunto, de modo que se hace innecesario agregarlas. 4) Que las donaciones se hayan hecho en beneficio de un extraño: Esto excluye a los legitimarios y asignatarios de mejoras quienes no pueden ser extraños para el causante. Con todo, es posible que el donante haya hecho la donación a favor de un legitimario, pero con cargo a la parte de libre disposición. En este caso, la donación no es imputable ni a su legítima ni a su mejora, por lo que el legitimario, a este respecto, es un extraño. 5) Que estas donaciones resulten excesivas: Las donaciones son excesivas cuando el valor de todas las donaciones efectuadas exceda de la cuarta parte de la suma formada por las donaciones y el acervo al que se acumulan. El valor a considerar para las donaciones que se acumulan es el que tenían las cosas donadas al tiempo de la entrega, debiendo cuidarse de actualizar prudencialmente su valor a la fecha de la apertura de la sucesión. Lo que se actualiza es el valor de la donación, con independencia de las fluctuaciones del precio intrínseco del objeto donado. 4. Hipótesis que pueden resultad de la Acumulación de las Donaciones Irrevocables: Hecha la acumulación prevista en el Art. 1186 CC podrán presentarse tres situaciones: 1) Las donaciones entre vivos a favor de extraños no son excesivas: Tal será lo que ocurra si el valor de todas las donaciones no supera la cuarta parte de la suma formada por este valor más el del acervo al que se acumula. Por ejemplo, si el acervo liquido o primer acervo imaginario es de 1.000.000, y el valor de las donaciones es de 200.000; la suma de ambas cantidades es de 1.200.000. La cuarta parte de esa cantidad es de 300.000, cantidad que es superior al monto de las donaciones efectuadas. En este caso no se forma el segundo acervo imaginario porque la ley entiende que la cuantía de estas donaciones se enmarca dentro de la libertad que se le reconocer al causante para disponer con libertad de lo que le pertenece. 2) Las donaciones entre vivos a favor de extraños son excesivas: Esto se produce al superar la cuarta parte de la suma formada por la adición del valor total de estas donaciones al del acervo partible o al del primer acervo imaginario. Tal sería el caso, por ejemplo, si el acervo liquido o primer acervo imaginario es de 5.000.000, y el valor de las donaciones de 3.000.000; la suma de ambos es de 8.000.000. La cuarta parte de esa cantidad es de 2.000.000, suma que es superada en 1.000.000. Este 1.000.000 es el exceso, y es lo que debe acumularse contablemente al acervo del causante para computar las legítimas y mejoras; quedando un segundo acervo imaginario de 6.000.000. Por tanto, la mitad legitimaria sería de 3.000.000; la cuarta de mejoras de 1.500.000 y la de libre disposición de 1.500.000. Pero como solo existen 5.000.000; la mitad legitimaria sería de 3.000.000; la cuarta de mejoras de 1.500.000 y la de libre disposición solo de 500.000; ya que deben pagarse completamente las legítimas y mejoras. 770

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En ese sentido, en virtud del Art. 1186 y 1187 CC, si existe déficit para el pago de legítimas y mejoras, este faltante debe sacarse de la parte de libre disposición, aun en perjuicio de disposiciones testamentarias expresas, puesto que lo se trata, es de pagar íntegramente las asignaciones forzosas. 3) Las donaciones entre vivos a favor de extraños son tan excesivas que lesionan las legítimas y mejoras: Tal situación se dará cuando las donaciones sean de un valor que supere la cuarta parte de la cantidad formada por la suma de ese valor con el del acervo el causante y de ese cálculo se determine que no se pueden pagar las legítimas y mejoras. Así, por ejemplo, si el valor del acervo era de 1.000.000 y las donaciones ascienden a 2.000.000, la suma de ambos valores da un total de 3.000.00. La cuarta parte de esta suma es 750.000, con lo que las donaciones la superan en 1.250.000. Esta suma es el exceso que se acumula al acervo liquido o primer acervo imaginario, resultando un total de 2.250.000. La mitad legitimaria demandará el pago de 1.125.000; la cuarta de mejoras implicará el pago de 562.500. El problema es que en la herencia solo existe 1.000.000 y el pago de las asignaciones forzosas implica el pago de 1.687.500. De esta forma ha habido donaciones inoficiosas por la suma de 687.500. Surge aquí la acción de inoficiosa donación cuyo objeto es dejar sin efecto las donaciones efectuadas por el causante a favor de terceros extraños, en todo lo necesario para poder completar las asignaciones forzosas. IV.

LA ACCIÓN DE INOFICIOSA DONACIÓN.

1. Concepto: “Aquella acción que se concede a los legitimarios y a los asignatarios de mejoras para que las donaciones entre vivos que efectuó el causante a extraños, sean dejadas sin efecto en todo aquello que lesionen las legítimas o las mejoras”. Esta acción supone que previamente se forme el segundo acervo imaginario con todos los requisitos que ello impone. Solamente así podrá determinarse si las donaciones irrevocables efectuadas por el causante en beneficio de terceros resultan tan excesivas que llegan a lesionar las legítimas o las mejoras. 2. Naturaleza Jurídica de la Acción de Inoficiosa Donación: Se discute la naturaleza jurídica que tiene la acción de inoficiosa donación, dando lugar a las siguientes teorías: 1) Es una acción de nulidad: Los doctrinarios la califican de rescisoria en virtud del Art. 1425 CC que señala que: “son rescindibles las donaciones en el caso del artículo 1187”. De esta forma sería una acción de nulidad relativa. El problema es que esta no podría ser una acción de nulidad, pues aquello supondría que las donaciones que se van a dejar sin efecto nacieron con un vicio o defecto, cuestión que en la especie no acontece. Además, ya es sabido que el Código no es suficientemente certero a la hora de utilizar expresiones como nulidad, rescisión, resolución y revocación. 2) Es una acción resolutoria: Esto dado que la donación queda, en cierto modo, sujeta al evento de no ser excesiva al momento de la muerte del donante. 3) Es una acción de inoponibilidad: En la medida que su objeto no es dejar sin efecto la donación sino recuperar el exceso de lo donado por el causante. Pareciera que todas las tesis anteriores conducen a la restitución en especie de las cosas donadas, ya que si la donación resulta anulada o resuelta o se le considera inoponible al legitimario, este podrá reclamar la cosa misma donada. Con todo, domina entre nosotros la idea de que por medio de ella el actor tiene derecho a 771

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe que el donatario le abone el exceso de lo donado, en todo lo que sea necesario para completar lo que le corresponde legalmente en la herencia. 3. Titulares de la Acción de Inoficiosa Donación: En atención a lo señalado por el Art. 1187 CC no cabe duda que los titulares de la acción son los legitimarios. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina entiende que esta acción también corresponde a los asignatarios de mejoras. Esto porque el Art. 1187 CC prescribe que habrá lugar a esta acción cuando el exceso de lo donado menoscabe “las legítimas rigorosas, o la cuarta de mejoras”. No le corresponderá la acción, en cambio, a los acreedores del difunto ni a los acreedores de los asignatarios de legítimas o mejoras. En cuanto al orden, el Código no lo ha señalado, por lo que es perfectamente válido que lo intenten el asignatario de mejoras primero y luego los legitimarios, o al revés. En cualquier caso, la acción únicamente puede interponerla el legitimario o el asignatario de mejora para enmendar el perjuicio de su propia asignación, y no la de los restantes. Si los otros perjudicados con las donaciones no hacen valer sus derechos, su parte no acrece a la del asignatario que intentó con éxito la acción. 4. Sujetos Pasivos de la Acción de Inoficiosa Donación: La acción de inoficiosa donación se dirige en contra del o los donatarios beneficiados con las donaciones excesivas. Respecto de ellos debe procederse en un orden inverso a las fechas de sus donaciones; es decir, en contra de los más recientes, primero, y de los más antiguos, después. Si las donaciones se han hecho simultáneamente debieran ser ellas reducidas proporcionalmente. 5. Características de la Acción de Inoficiosa Donación: La acción de inoficiosa donación es: 1) Una Acción Personal: Siendo una acción personal, solamente puede intentarse en contra del donatario de la donación excesiva, y no en contra de los terceros que puedan haber adquirido los bienes donados. Si podrían ser sujetos pasivos los herederos de los donatarios según las reglas generales. 2) Renunciable: Puede ser renunciada expresa o tácitamente. Con todo, no puede ser renunciada antes de la muerte del causante, ya que ello implicaría una especie de renuncia a las legítimas o las mejoras. 3) Prescriptible: Esta acción está sujeta a la prescripción extintiva, aun cuando no existe consenso respecto del plazo aplicable. Ello depende de la naturaleza jurídica que a ella se le atribuya: a. Si es una acción de nulidad: El plazo de prescripción es de 4 años (Art. 1691 CC). Ahora bien, desde cuando comienza a correr hay dos opciones: i. Comienza a correr desde la fecha de la donación que se impugna: Esto puede redundar en que la acción prescriba antes de nacer, puesto que ella no puede ser ejercida antes de que muera el causante. ii. Comienza a correr desde la apertura de la sucesión: Esto parece más razonable. b. Si es una acción resolutoria: El plazo de prescripción es de 5 años, contados desde la fecha de apertura de la sucesión (Art. 2515 CC). 4) Transferible. 5) Transmisible. 772

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 6. Efectos de la Acción de Inoficiosa Donación: Se discute en doctrina cuál es el efecto de la acción de inoficiosa donación. El Art. 1187 CC señala que esta acción se concede “para la restitución de lo excesivamente donado”, lo que hace suponer que el donatario, que ha perdido el pleito, debe pagar a la masa todo el dinero necesario para completar las legítimas; por lo que el objeto no sería obtener la restitución en especie de las cosas donadas, sino solo el exceso. El problema con lo anterior es que el Art. 1425 CC señala que “son rescindibles las donaciones en el caso del artículo 1187”, lo que sugiere que toda la donación queda sin efecto, debiendo restituirse el bien donado al patrimonio del que salió. No obstante, el texto de este último precepto no puede ser concluyente, pues es sabido que en el Código Civil chileno, el uso de las expresiones resolución y rescisión no es todo lo técnico que fuere deseable, y dichos conceptos suelen estar utilizados en forma confusa. Es por lo anterior que la mayor parte de la doctrina entiende que el efecto de esta acción es el de restituir lo excesivamente donado, y no el bien donado. 7. La Insolvencia de un Donatario: El Art. 1187, inc. 2 CC dispone que “la insolvencia de un donatario no gravará a los otros”. Esto implica que, si uno de los donatarios carece de los medios para enterar lo que ha sido excesivamente donado, y que ya ha sido determinado por la sentencia dictada en el juicio en que se entabló la acción de inoficiosa donación, esta obligación no pasa a los otros donatarios o a quienes el donatario demandado pueda haber enajenado la cosa donada. Serán, en definitiva, los asignatarios forzosos, los que deberán soportar la pérdida. CAPÍTULO VII: PAGO DE LAS LEGÍTIMAS Y LAS MEJORAS59 I.

CONCEPTOS GENERALES.

1. Concepto: El pago de las legítimas o las mejoras es “el acto por el cual se procede a enterarlas con los bienes disponibles en la herencia”. Como se ha dicho, las legítimas y las mejoras se calculan, según los casos, sobre el acervo líquido, sobre el primer acervo imaginario o sobre el segundo acervo imaginario. Ellos constituyen la base de cálculo de estas asignaciones forzosas. Una vez que esto ha acontecido, es necesario proceder a enterarlas. Para el pago de las legítimas y mejoras deben tener en cuenta las donaciones, legados u otras asignaciones con las que se hubiere beneficiado a los legitimarios y asignatarios de mejoras, siempre que estas asignaciones se imputarán a lo que les corresponde por concepto de legítima o mejora. Si estas otras asignaciones o donaciones no existen, no hay problema alguno y deberá enterarse completamente la legítima o mejora. Si existen, estas deberán imputarse a lo que legalmente corresponde a título de legítima o mejora, recibiendo el legitimario o asignatario de mejoras solamente la diferencia o complemento. Lo cierto es que las acumulaciones dispuestas en los Arts. 1185 y ss. CC, y que dan lugar al primer y segundo acervo imaginario, son una operación claramente diferente a las imputaciones que se hacen a la legítima o mejora que corresponde a cada asignatario. Una cosa es acumular las cosas a la masa y otra distinta es, luego de acumularlas, y al momento de pagar las asignaciones forzosas, imputar lo que corresponde a ellas en aquello acumulado. II.

IMPUTACIONES A LAS LEGÍTIMAS Y MEJORAS.

1. Regla General: El Art. 1198, inc. 1 CC señala que: “Todos los legados, todas las donaciones, sean revocables o irrevocables, hechas a un legitimario, que tenía entonces la calidad de tal, se imputarán a su 59

En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

773

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe legítima, a menos que en el testamento o en la respectiva escritura o en acto posterior auténtico aparezca que el legado o la donación ha sido a título de mejora”. Esto se trata de una operación contable, mediante la cual, a lo que teóricamente le corresponde del acervo líquido, primer acervo imaginario o segundo acervo imaginario, se le descuenta lo que ya ha sido asignado o donado por el causante. Por tanto, se deben imputar a título de legítimas los siguientes rubros: 1) Las donaciones revocables e irrevocables: Se descuentan de lo que a cada legitimario corresponde a título de legítima, todo lo que el causante haya donado a ese legitimario de forma revocable o irrevocable. Aplicando la regla del Art. 1185 CC, las donaciones deben acumularse según el valor que las cosas donadas tuvieron al tiempo de la entrega, cuidando de actualizar prudencialmente el valor de tales donaciones a la época de la apertura de la sucesión. 2) Los legados hechos a un legitimario. 3) Las herencias hechas a un legitimario: Respecto de este caso hay una discusión, ya que el Art. 1198 CC nada dice respecto de ellos, pero no parece que exista razón alguna para excluir las asignaciones a título universal de la regla sentada por este artículo, pues en verdad no parece razonable que los legados efectuados a un legitimario se imputen a su legítima, pero no las herencias. Por otro lado, si se imputan las donaciones revocables, incluso las que lo sean a título universal que constituyen una verdadera institución de heredero (Art. 1142, inc. 1 CC)- no se comprende cómo no debieran imputarse las asignaciones testamentarias constitutivas de herencia. Sin embargo, la Corte Suprema no lo ha entendido así, señalando que las herencias no se imputan a las legítimas, sino que solo con cargo a la parte de libre disposición. 4) Desembolsos hechos por el causante para el pago de las deudas de algún legitimario que sea descendiente: Fuera de las imputaciones ordenadas por el Art. 1198 CC, señala el Art. 1203 CC que: “Los desembolsos hechos para el pago de las deudas de un legitimario, que sea descendiente, se imputarán a su legítima; pero sólo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas. Si el difunto hubiere declarado expresamente por acto entre vivos o testamento ser su ánimo que no se imputen dichos gastos a la legítima, en este caso se considerarán como una mejora. Si el difunto en el caso del inciso anterior hubiere asignado al mismo legitimario a título de mejora alguna cuota de la herencia o alguna cantidad de dinero, se imputarán a dicha cuota o cantidad; sin perjuicio de valer en lo que excedieren a ella, como mejora, o como el difunto expresamente haya ordenado”. 2. Cosas que no se imputan a las Legítimas: Ellas son: 1) Las cosas donadas que el donante o testador manda imputar a la cuarta de mejoras o de libre disposición. 2) Los gastos en educación de un descendiente del causante (Art. 1198, inc. 2 CC): “Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendiente no se tomarán en cuenta para la computación de las legítimas, ni de la cuarta de mejoras, ni de la cuarta de libre disposición, aunque se hayan hecho con la calidad de imputables”. Entiende el legislador que estos son gastos en los que el causante ha tenido el deber de incurrir, y que, por lo mismo, no pueden ser entendidos como una asignación por causa de muerte. 774

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Los presentes hechos a un descendiente con ocasión de su matrimonio y otros regalos de costumbre (Art. 1198, inc. 3 CC): “Tampoco se tomarán en cuenta para dichas imputaciones los presentes hechos a un descendiente con ocasión de su matrimonio, ni otros regalos de costumbre”. Con todo, si el monto de las cosas así donadas supera lo que habitualmente se acostumbra a donar en estas ocasiones, puede considerarse su acumulación. 4) Los frutos de las cosas donadas: No se acumulan al acervo liquido o al primer acervo imaginario, según lo previsto en el Art. 1205 CC, los frutos de las cosas donadas, los que pertenecen al donatario desde el momento de la entrega de ellas. Por la misma razón, los frutos no se imputan a lo que corresponda al legitimario por concepto de legitima o mejora. Esto ocurrirá solamente si se han entregado al donatario las cosas donadas. Si no se le han entregado no es dueño de las cosas y los frutos solo pertenecen al dueño de la cosa fructífera. Esto tiene una excepción, según la cual los frutos pertenecerán al donatario a pesar de no haberle sido entregada la cosa que se le dona irrevocablemente, cuando se acredite de “un modo auténtico” que se ha donado no solo la propiedad, sino que además los frutos que produzca la cosa. En ese caso los frutos serán del donatario desde la fecha de la donación. 5) Las donaciones efectuadas a otro legitimario: Según el Art. 1202 CC “No se imputarán a la legítima de una persona las donaciones o las asignaciones testamentarias que el difunto haya hecho a otra, salvo el caso del artículo 1200, inciso 3º”. Esto porque las donaciones o asignaciones que el causante haya hecho a un legitimario solamente le serán imputables a su legítima, y en caso alguno a las legítimas de otros legitimarios. Eso tiene una excepción, señalada en el mismo artículo, y que se refiere al caso en que ha operado el derecho de representación. En este caso, las cosas donadas o asignadas por el causante al legitimario excluido de la sucesión se imputarán a la legítima que pasó a los que lo representan. III.

SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE AL TÉRMINO DEL PROCESO DE IMPUTACIONES.

1. Conceptos Generales: Determinado el acervo y realizadas las imputaciones, pueden darse las siguientes situaciones: 1) Las imputaciones calzan perfectamente con lo que corresponde al legitimario: En este caso el asignatario conservará lo donado o se le entregará lo que se la ha legado y no se producirán otros efectos a este respecto. A fin de cuentas, el causante lo que habrá hecho es una partición. Ocurre si, por ejemplo, se le asignó al legitimario 1.000.000 y le correspondía por legítimas 1.000.000. 2) Las imputaciones son de inferior valor a lo que le toca al legitimario: En este caso señala el Art. 1206, inc. 1 CC que el legitimario o asignatario de mejoras retiene lo que se la ha asignado o donado anticipadamente y tiene el derecho al complemento por lo no cubierto por ellas. Ocurre si, por ejemplo, se le asigno al legitimario 300.000 y le correspondía por legítimas 1.000.000. En ese caso tendrá derecho a pedir la entrega de los 700.000 faltantes y retener lo asignado. 3) Las imputaciones exceden la legítima y gravan la mejora: Esto ocurrirá cuando las cosas a imputar a las legítimas sean de mayor valor de lo que al asignatario le corresponde por este concepto y afecten a la cuarta de mejoras. En este caso, según los Arts. 1189 y 1193 CC, el saldo o exceso se imputará al resto de la herencia, concretamente a la parte de mejoras. Con todo, no está claro como se hace esta imputación a la cuarta de mejoras, pues hay diversas interpretaciones de la frase contenida en el Art. 1193 CC, según la cual el exceso se imputará a la 775

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe cuarta de mejoras “sin perjuicio de dividirse en la proporción que corresponda entre los legitimarios”. Se han dado las siguientes interpretaciones: a. Lo que procede es imputar el exceso a toda la cuarta de mejoras y lo que reste de ella, hecha la imputación antes señalada, se distribuirá entre los legitimarios proporcionalmente (Somarriva): De acuerdo a esta tesis, podría acontecer que las imputaciones efectuadas a un legitimario sean de tal magnitud, que por sí solas consuman la totalidad de la cuarta de mejoras, no llevando nada de ella el resto de los legitimarios. Esto no debe ser considerado como arbitrario, pues el causante tiene absoluta libertad para disponer de la cuarta de mejoras entre sus descendientes, ascendientes o cónyuge. Por ejemplo, si habían 200.000 de mejoras, y el exceso sobre la porción de legítimas es de 150.000; debe imputarse a todas las mejoras los 150.000 y el remanente de 50.000 debe distribuirse proporcionalmente entre todos los legitimarios a prorrata de su legítima. b. Antes de imputarse el exceso a la cuarta de mejoras, esta debe dividirse por el número de legitimarios que exista y, una vez hecho, imputarse el exceso solo a la parte de las mejoras que corresponda a ese legitimario: De esta forma sería imposible que el exceso consumiera completamente la cuarta de mejoras a favor del legitimario a quien se hizo la donación o asignación, siendo solamente posible que consuma la parte que a él le corresponda en la cuarta de mejoras. Todo ello a menos que el testador disponga en forma expresa una cosa diferente, pues, en tal caso, ella prevalece sobre la voluntad presunta. Por ejemplo, si habían 200.000 de mejoras, y el exceso sobre la porción de legítimas es de 150.000; deben primeramente dividirse las mejoras entre el número de legitimarios a prorrata. Suponiendo que son dos, a cada uno le corresponde 100.000 de mejoras. Posteriormente, sobre los 100.000 de mejoras que le corresponde al asignatario, debe imputarse los 150.000 de exceso. De esta forma se asegura que al otro legitimario le toquen los 100.000 de mejoras que tendría de no haber habido asignaciones que imputar. 4) Las imputaciones exceden la legítima, la mejora y gravan la parte de libre disposición: Puede ocurrir que las imputaciones no solo superen las legítimas y graven las mejoras, sino que sean de tal magnitud que afecten a la parte de libre disposición. En este caso, el Art. 1194 CC señala que: “Si las mejoras (comprendiendo el exceso o la diferencia de que habla el artículo precedente, en su caso), no cupieren en la cuarta parte del acervo imaginario, este exceso o diferencia se imputará a la cuarta parte restante, con preferencia a cualquier objeto de libre disposición, a que el difunto la haya destinado”. De modo que, si por el proceso de imputaciones no alcanza para pagar con la legítima, se gravará la parte de mejoras, y si todavía es insuficiente, se pasará a la parte de libre disposición. 5) Las imputaciones superan la legítima, la mejora y la parte de libre disposición: Esto acontece cuando la asignación o donación con que se favoreció al legitimario es tan grande que su pago supera a lo que a él le toca en la mitad legitimaria, pero además la cuarta de mejoras y la de libre disposición. Resulta en este caso aplicable el Art. 1206, inc. 2 CC que señala que: “Y si le cupiere definitivamente una cantidad inferior al valor de las mismas especies, y estuviere obligado a pagar un saldo, podrá a su arbitrio hacer este pago en dinero, o restituir una o más de dichas especies, y exigir la debida compensación pecuniaria por lo que el valor actual de las especies que restituya excediere al saldo que debe”. Es decir, en este caso, el donatario que recibió más de lo que le 776

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe correspondía estará obligado a pagar un saldo por dicha diferencia, lo cual podrá hacer en dinero o restituyendo las especies, exigiendo en ese caso la debida compensación por el valor que excediere al saldo que debe pagar. 6) No existe forma de completar las legítimas y las mejoras: Este es el caso en que no hay posibilidad de ejercer acciones de inoficiosa donación ni es posible que los legitimarios puedan devolver el exceso, por ejemplo, por ser insolventes. Según el Art. 1196 CC “Si no hubiere cómo completar las legítimas y mejoras, calculadas en conformidad a los artículos precedentes, se rebajarán unas y otras a prorrata”. Creen los Domínguez que cuando haya de procederse a esta rebaja proporcional, ello deberá hacerse tanto respecto de las legítimas como de las mejoras, en la medida que ambas son asignaciones forzosas de igual entidad, por lo que no procede que primeramente se enteren las legítimas si se puede, y si ello no es posible se reduzcan proporcionalmente las mejoras. Sin embargo, esto resulta dudoso, ya que las legítimas gozan de preferencia de pago. Además, el Art. 1189 CC dice expresamente que si lo que se ha dado en razón de legítimas no alcanzare a la mitad del acervo imaginario, el déficit se sacará de los bienes con “preferencia a toda otra inversión”. Finalmente, no parece que pueda resultar acorde con el sistema de protección de los legitimarios. CAPÍTULO VIII: EL DESHEREDAMIENTO O EXHEREDACIÓN60 I.

CONCEPTOS GENERALES.

1. Concepto: Según el Art. 1207 CC es una “disposición testamentaria en la que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima”. Esta posibilidad que la ley entrega al testador encuentra causa en que la protección de los asignatarios forzosos, en concreto los legitimarios, no está exenta de límites. Si bien se grava al testador con la obligación de asignarles una parte de sus bienes, ello lo será en la medida que aquellos tengan una conducta acorde con los cercanos lazos de familia que los ligan con el causante. Cuando estos cánones de correcta conducta se violan gravemente, la ley autoriza a que el causante los prive de lo que por ley les corresponde en la herencia. 2. Requisitos: Señala el Art. 1207, inc. 2 CC que no valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que en ese título se expresan. Ello implica que: 1) El desheredamiento debe hacerse por testamento: Esto emana del Art. 1207, inc. 1 CC, cuando señala que el desheredamiento es una “disposición testamentaria”. No es una declaración, pues el objeto de esta cláusula es pronunciarse respecto de una cuestión de evidente carácter patrimonial. Esto implica que el desheredamiento puede ser revocado. 2) Debe existir causa legal de desheredamiento: Las causas de desheredamiento están expresadas taxativamente en el Art. 1208 CC. Siendo situaciones de excepción, las causales deben interpretarse restrictivamente y no admiten una interpretación amplia ni una aplicación analógica. 3) La causal debe ser expresada en el testamento: Según el Art. 1209 CC, no valdrá ninguna de las causas de desheredación mencionadas en el Art. 1208 CC, si no se expresa en el testamento específicamente. No es necesario que se mencione por el testador el número del Art. 1208 CC en que se funda para desheredar, pues ello sería exigirle conocer con detalle el Código Civil, basta con 60

En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe que el testado señale o describa los hechos que constituyen la causal y en forma sustancial. Será tarea posterior determinar si esos hechos son o no motivo para la desheredación. De esto se desprende que el testador no puede desheredar condicionalmente, o para el evento que lleguen a suceder los hechos que implican causal de desheredación. La causa de la privación de la legitima debe existir al momento de otorgarse la disposición testamentaria. Cosa distinta es que, habiendo acontecido los hechos, el testados desherede condicionalmente, por ejemplo, señalando que, habiéndose configurado la desheredación, queda desheredado tal o cual legitimario si no se retracta en un plazo que se señala o realiza determinado hecho. En ese caso lo que realmente queda condicionado no es el desheredamiento, sino que el perdón del causante. 4) Es necesario que se acrediten los hechos que constituyen esta causal en un juicio: De acuerdo al Art. 1209, inc. 1 CC no valdrá el desheredamiento si la causal “no se hubiere probado judicialmente en vida del testador, o las personas a quienes interesare el desheredamiento no la probaren después de su muerte”. De esto se desprende que se requiere de un juicio en el que se establezcan los hechos que dan lugar a la causal de desheredación. Puede ser un juicio civil o penal que tenga lugar en vida del testador o uno que se inicie después de muerto por las personas a quienes interese el desheredamiento. El juicio en el que se establece la causal de desheredamiento puede ser el de reforma del testamento iniciado por el desheredado con el fin de que se cambie el testamento en aquella parte en la que se le deshereda o bien puede ser un litigio especialmente iniciado por el resto de los herederos con el propósito que se declare que el legitimario ha sido correctamente desheredado. Mientras pende el juicio, según Zannoni, aunque el desheredado controvierta la existencia de la causa invocada por el testador para desheredarlo, su exclusión lo priva del llamamiento ipso iure, carece provisionalmente de vocación y quienes accionan podrán obtener medidas precautorias en la acción para evitar que el desheredado pueda invocar título de heredero. Excepcionalmente no se requiere de juicio cuando el desheredado no reclame su legítima dentro de los 4 años siguientes a la apertura de la sucesión; o dentro de los 4 años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar, si al tiempo de abrirse la sucesión era incapaz (Art. 1209, inc. 2 CC). Esto implica una suerte de renuncia tácita a la acción. 3. Causales de Desheredamiento: Todas las causales son aplicables a los descendientes del causante, y solamente algunas de ellas, las tres primeras del Art. 1208 CC, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente. Se trata de causas muy semejantes a las de indignidad para suceder previstas en el Art. 968 CC, que, de conformidad al Art. 324, inc. 2 CC, son conductas que constituyen injuria atroz. 1) Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes: Esta causa de desheredación es similar a la causal de indignidad del Art. 968 Nº 2 CC, la diferencia es que este último habla de “atentado grave” y no “injuria grave”. Respecto este último concepto de “injuria grave”, este no está definido por la ley. Naturalmente no está tomado en la significación penal de injuria, sino que es utilizada como sinónimo de daño o perjuicio, tal como la definición de dolo del Art. 44 CC. Por consiguiente, podrá ser desheredado quien haya cometido un grave daño en contra de las personas que menciona la norma.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo: Esta causal resulta idéntica a la de indignidad del Art. 968 Nº3 CC. Por destitución tenemos que entender que el causante carece de los medios para subsistir, y el desheredado no hace nada por auxiliarlo. Para que esta causal tenga aplicación, debe suponerse un cambio radical de circunstancias. Si el causante estuvo en alguno momento demente y no fue socorrido, es de suponer lógicamente que ahora ha sido rehabilitado o se recuperó, pues de lo contrario su testamento sería nulo por incapacidad. Por otro lado, si el causante careció en algún momento de lo necesario para subsistir, es necesario que su fortuna haya cambiado y tenga ahora bienes, puesto que, en caso contrario, el desheredamiento no pasaría de ser una ironía de parte del causante. Ahora bien, todo lo anterior se subordina a la circunstancia de que el legitimario desheredado haya tenido la posibilidad de socorrer al causante. 3) Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar: Esta causal corresponde, más o menos, a la causal de indignidad del Art. 968 Nº4 CC, con la diferencia que el desheredamiento solamente sanciona a quien trató de impedir el testamento, y no al que obtuvo en su favor una disposición testamentaria. Por otro lado, en el caso del desheredamiento el propósito del legitimario resultó frustrado, toda vez que no pudo impedirle al causante testar, la mejor prueba de ello es la existencia del testamento en la que se le deshereda. Por lo mismo queda comprendido en la causal quien trató de impedir con fuerza o dolo que el causante hiciera el testamento, sin lograrlo. 4) Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo: Procede respecto de los menores de 18 años, que requieren autorización de sus padres para contraer matrimonio (Art. 107 CC). Es una sanción que consiste en que puede ser desheredado no solo por quien debía consentir, sino que por cualquier otro ascendiente. Asimismo, si el causante muere intestado, el que se ha casado sin el necesario asenso matrimonial solamente llevará la mitad de lo que le hubiere correspondido (Art. 114 CC). Con todo, las sanciones para esta persona no terminan allí, puesto que el ascendiente que debía consentir el matrimonio de su descendiente podrá revocar por esta razón las donaciones que le hubiere hecho (Art. 115 CC). 5) Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva; o por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado: Esto incluye tres causales: a. Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva: Delitos que merezcan pena aflictiva son los sancionados con tres años y un día de presidio o reclusión. Debe tratarse de un delito y no de un cuasidelito. Obviamente requieren una sentencia condenatoria, pero no está claro si dicha sentencia debe encontrarse firme a la fecha del desheredamiento. La lógica es que si, pues de lo contrario, el sujeto podría ser desheredado y ser posteriormente absuelto. Tampoco está claro si es necesario que el sujeto sea efectivamente condenado a pena aflictiva, o basta con que el delito merezca ser sancionado con pena aflictiva, aun cuando se le imponga una pena menor. El actual tenor del articulo parece indicar lo segundo. b. Por haberse abandonado a los vicios: Cabe suponer que el descendiente da lugar a la causal cuando lleva una vida licenciosa, se dedica inmoderadamente al juego, se embriaga con habitualidad o se entrega a las drogas o a la delincuencia. Lo relevante es que no se trate de una conducta meramente ocasional, sino que debe revestir caracteres de habitualidad. 779

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Por haber ejercido granjerías infames: La granjería es la ganancia que se obtiene traficando. La expresión infame implica que se trata de algo muy malo y vil. Así, se incurre en esta causal si se dedica al tráfico de blancas, o es proxeneta, si es traficante de drogas, o de especies robadas o ilícitas. Todas estas causales no son aplicables si el desheredado logra demostrar que el testador no cuido de su educación. En tal caso, la ley supone que todos estos malos hábitos provienen de la falta de aquella educación que el testado estaba obligado a proporcionarle y que no le dio en lo que era necesario. 4. El Desheredamiento y la Indignidad para Suceder: Debido a la enorme semejanza de sus causales, muchos han pensado que no se justifica mantener un régimen diferenciado para ambas instituciones. Con todo, hay quienes están por la mantención del actual sistema. Esto porque hay ciertos agravios que no son suficientemente graves como para excluir por el solo ministerio de la ley al culpable, pero que pueden autorizar al testador a desheredarlo. Además, la desheredación permite negar ab initio, desde el momento mismo de la muerte, la posesión de la herencia, lo que no ocurre con la indignidad. En todo caso, deben indicarse las siguientes diferencias entre el desheredamiento y la indignidad: 1) La indignidad opera en ambas sucesiones; en cambio, el desheredamiento solamente tiene cabida en la sucesión testada. 2) Pueden llegar a ser indignos de suceder todos los asignatarios, pero solamente los legitimarios pueden ser desheredados por el causante. 3) La indignidad pueden alegarla los herederos del causante, mientras que la desheredación la invoca el propio causante. 4) Las causas de indignidad son más extensas que las de desheredación. 5) El indigno pierde todo su derecho en la sucesión, en tanto que el legitimario puede ser parcialmente desheredado. 5. La Acción de Impugnación del Desheredamiento: La acción que dispone el desheredado para impugnar su desheredamiento es la de reforma del testamento, según lo señalado en el Art. 1217, inc. 2 CC. El inc. 1 señala que lo que se reclama mediante esta acción es la legitima rigorosa o efectiva que corresponde a los legitimarios. Luego, se dice en el inc. 2 que el desheredado tendrá derecho a reclamar “además” las donaciones entre vivos comprendidas en la desheredación. Así, lo que debe pedirse en lo principal es la legitima. No es, en consecuencia, la acción de petición de herencia la que debe intentar el desheredado, sino que la de reforma del testamento. Sin perjuicio de ello, si prospera la acción, y el resto de los herederos se resisten a la entrega de lo que le corresponde, procederá en contra de ellos la petición de herencia. De hecho, parece perfectamente posible que ellas se entablen conjuntamente, quedando subordinada la petición de herencia al éxito de la primera acción. 6. Efectos del Desheredamiento: Dice el Art. 1210 CC “Los efectos del desheredamiento, si el desheredador no los limitare expresamente, se extienden no sólo a las legítimas, sino a todas las asignaciones por causa de muerte y a todas las donaciones que le haya hecho el desheredador. Pero no se extienden a los alimentos, excepto en los casos de injuria atroz”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Por tanto, si el testador no limita los efectos del desheredamiento se entiende que este es total, lo que determina las siguientes consecuencias: 1) El desheredado queda privado de su legítima: Quedan aquí comprendidas tanto la legítima rigorosa como la efectiva (Arts. 1207y 1210 CC). 2) El desheredado queda privado de toda otra asignación por causa de muerte: Esto acontece solo con las asignaciones que se hubieren dado en un testamento anterior (Art. 1210 CC). 3) Queda privado el desheredado de todas las donaciones que le haya hecho el causante (Art. 1210 CC). 4) No se extienden en cambio los efectos a los alimentos, salvo los casos de injuria atroz. 5) Pierde el desheredado el derecho al pago con beneficio de competencia (Art. 1625 CC). 6) Si un padre ha quedado desheredado queda privado del derecho legal de goce de los bienes que pasen al hijo por esta causa (Art. 250 Nº3 CC). 7. Destino de las Asignaciones que correspondían al Desheredado: Si el desheredado tiene descendencia con derecho de representarlo, su legítima pasa a ellos en conformidad a los Art. 986 y 987, inc. 2 CC. Si el desheredado no tiene descendencia con derecho de representarle, opera el acrecimiento de legitima rigorosa a legitima rigorosa previsto en el Art. 1190 CC, y se distribuirá entre el resto de los legitimarios. Si no hay otros legitimarios no hay acrecimiento, y se aplican entonces en la legítima las reglas de la sucesión intestada según el Art. 996 CC, salvo que el testador, junto con desheredar, haya dispuesto de esta parte de los bienes en favor de otras personas. 8. Revocación del Desheredamiento: Según lo previsto en el Art. 1211 CC, el desheredamiento puede ser revocado total o parcialmente conforme a las reglas generales y al igual que las otras disposiciones testamentarias, pero no en forma tácita por haber intervenido reconciliación; ni probando que hubo intención de revocarlo. Por tanto, la revocación del desheredamiento es necesariamente testamentaria. Si la revocación está contenida en un testamento privilegiado, ella caducará junto con el testamento mismo y no tendrá valor alguno. Pareciera que una vez revocada la desheredación aquella no podría ser dejada sin efecto en razón de los mismos hechos. El causante no podría renovar la desheredación, para ello tendrían que ocurrir nuevos hechos que también fueran cusa de desheredación. CAPÍTULO IX: REVOCACIÓN Y REFORMA DEL TESTAMENTO I.

CONCEPTOS GENERALES.

1. Pérdida de Eficacia del Testamento: Son varias las causales por las cuales un testamento puede dejar de producir sus efectos: 1) Presencia de un vicio de nulidad (Art. 1026 CC). 2) Que el sobre que contiene el testamento cerrado sea violado (Art. 1025 CC). 3) Que todos los asignatarios instituidos en él sean incapaces o indignos de suceder, o bien repudien las asignaciones que se les hacen. 4) Por la caducidad de los testamentos privilegiados. 781

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5) Por la revocación del testamento por parte del testador. 6) Por la acción de reforma del testamento. II.

LA REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO.

1. Revocabilidad del Testamento: El testador, mientras viva, conserva la facultad de revocar las disposiciones contenidas en el testamento (Art. 1001 CC). La revocación es el único medio de hacer invalido un testamento otorgado válidamente, es decir, que cumple los requisitos formales que la ley prescribe y no adolece de vicios. Sin embargo, los testamentos privilegiados caducan, sin necesidad de revocación en los casos previstos por la ley (Art. 1212 CC). La revocabilidad alcanza a las disposiciones, pero no a las declaraciones que el testamento contenga, las cuales solo serán revocables si la declaración en si misma lo es. 2. Formalidad de la Revocación: La revocación es un acto solemne como lo es el testamento mismo que se pretende dejar sin efecto. El Art. 1213, inc. 1 CC dispone: “El testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o parte, por un testamento solemne o privilegiado”. Esta disposición no es afortunada en su redacción: 1) El testamento solemne puede ser también revocado “tácitamente” por otro testamento. 2) Es obvio que un testamento privilegiado también puede ser revocado por un testamento solemne o privilegiado. 3. Revocación hecha en un Testamento Privilegiado: La revocación puede hacerse por medio de un testamento posterior solemne o privilegiado. Pero el testamento privilegiado está expuesto a perder su eficacia por una causal típica: la caducidad. En este caso, el Art. 1213, inc. 2 CC señala que: “Pero la revocación que se hiciere en un testamento privilegiado caducará con el testamento que la contiene, y subsistirá el anterior”. 4. Revocación del Testamento Revocatorio: El Art. 1214 CC señala: “Si el testamento que revoca un testamento anterior es revocado a su vez, no revive por esta revocación el primer testamento, a menos que el testador manifieste voluntad contraria”. 5. Clases de Revocación: La revocación puede ser: 1) Total o Parcial (Art. 1212, inc. 3 CC): a. Total: Si el testamento es íntegramente abolido y quedan sin efecto todas sus disposiciones. Si la revocación es total, la suerte de los bienes se regirá íntegramente por las reglas de la sucesión intestada. b. Parcial: Si el testador deroga solo algunas disposiciones, dejando otras vigentes. Si la revocación es parcial, la sucesión será parte testada y parte intestada. 2) Expresa o Tácita: a. Expresa: Cuando el testador declara explícitamente que deroga sus disposiciones total o parcialmente.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Tácita: Cuando la incompatibilidad de las antiguas y de las nuevas disposiciones les impide coexistir y ser ejecutadas simultáneamente. El otorgamiento de un nuevo testamento no produce una revocación tácita del anterior por el mero hecho de otorgarse (Art. 1215 CC). Solo se producirá si hay contradicción. La incompatibilidad puede ser material o intencional: i. Incompatibilidad Material: Resulta de la absoluta imposibilidad de una ejecución simultanea de las disposiciones de diversos testamentos, como si un testamento lega la propiedad plena y un testamento posterior lega el usufructo. ii. Incompatibilidad Intencional: Resulta de la intención del testador como si un primer testamento lega una casa a Pedro y un segundo testamento la asigna a Juan. 6. Reglas Especiales aplicables a los Legados: Sin perjuicio de las reglas generales, los legados están sujetos a reglas especiales para su revocación: 1) El legado se entiende revocado por la enajenación de las especies legadas, por acto entre vivos (Art. 1135, inc. 2 CC). 2) Se entenderá revocado, asimismo, si el testador altera sustancialmente la cosa legada (Art. 1135, inc. 4 CC). 3) El legado de un crédito y de liberación se consideran revocados si el testador lo cobra o recibe el pago (Art. 1127 y 1129 CC). III.

LA ACCIÓN DE REFORMA DEL TESTAMENTO61.

1. Concepto: En virtud del Art. 1216, inc. 1 CC la podemos definir como “aquella acción de que gozan los legitimarios para que se modifique el testamento en todo lo que no respete lo que a ellos les corresponde por concepto de legítimas y mejoras”. No es una acción de nulidad del testamento, el cual es válido, sino que es una mera acción de modificación, cuyo objetivo es enmendarlo para que se conforme a las asignaciones forzosas que no se han respetado. Se trata de un medio directo para protegerlas. 2. Características: La acción de reforma del testamento es: 1) Una acción personal: La acción de reforma debe intentarse en contra de los asignatarios instituidos como tales por el causante en perjuicio de los asignatarios forzosos, a quienes no se les han respetado sus asignaciones. Se diferencia en este aspecto de la acción de petición de herencia que puede intentarse contra cualquiera que se encuentre en posesión de la herencia. Esto no impide que se puedan deducir conjuntamente ambas acciones, ellas son compatibles. Así, puede deducirse en subsidio la acción de petición de herencia para obtener el as hereditario una vez que se reforme el testamento.

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En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Una acción patrimonial: La acción de reforma es una acción patrimonial y no de familia o extrapatrimonial. De ello se sigue que es: a. Renunciable: Esta renuncia no puede darse en vida del causante, porque importaría un acto de renuncia a una legítima, adoleciendo de objeto ilícito. b. Transferible. c. Transmisible (Art. 1216). d. Prescriptible: De conformidad a lo señalado en el Art. 1216 CC, ella prescribe en 4 años contados desde que sus titulares tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. Esto implica que, para que comience a correr el plazo, deben concurrir dos requisitos: i. Que los legitimarios hayan tomado conocimiento del testamento. ii. Que los legitimarios hayan tomado conocimiento de su calidad de legitimarios. El cumplimiento de uno solo de estos hechos, por tanto, no da inicio al plazo de prescripción. Siendo un plazo de corto tiempo no debiera suspenderse en favor del legitimario incapaz (Art. 2524 CC). Sin embargo, el Art. 1216, inc. 2 CC señala que: “Si el legitimario, a la apertura de la sucesión, no tenía la administración de sus bienes, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de cuatro años contados desde el día en que tomare esa administración”. Si bien el Código no ha dado un máximo de tiempo durante el cual puede estar pendiente el plazo, la doctrina entiende que resulta lógico extender las normas de los Arts. 1692, inc. 3; 1757, inc. 4, y 2520, inc. 2 CC, estimando que el plazo de prescripción no puede pasar de 10 años. Con todo, aun cuando no se aplique dicho término de 10 años, debido a que la acción de petición de herencia prescribe en 10 o 5 años desde que el falso heredero posee el derecho de herencia, podría ser que aun cuando no haya prescrito la acción de reforma esta resulte inoperante si la acción de petición de herencia para reclamar el derecho de herencia se encuentra prescrita. 3. Objeto y Titulares de la Acción de Reforma del Testamento: El objeto de la acción de reforma de testamento, en términos generales, es siempre la modificación del testamento, pero la reforma que se solicita no siempre será la misma, en la medida que ella puede estar encaminada a obtener cuestiones distintas, teniendo en cada caso un titular distinto. Así, puede servir para: 1) Impugnar el Desheredamiento: Esto se desprende del Art. 1217, inc. 2 CC, según el cual: “El legitimario que ha sido indebidamente desheredado, tendrá, además, derecho para que subsistan las donaciones entre vivos comprendidas en la desheredación”. La expresión “además”, hay que entenderla con relación al inciso primero, el cual habla de la acción de reforma. Como lo indica el precepto, el desheredado por esta vía puede reclamar su legítima rigorosa, efectiva y, además, la mantención de las donaciones entre vivos que le fueron hechas por el causante y que el desheredamiento privó de efectos. 784

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En esta hipótesis el legitimado activo de la acción de reforma es el legitimario desheredado. 2) Reclamar la Legítima Rigorosa o Efectiva: El Art. 1217, inc. 1 CC señala que: “En general, lo que por ley corresponde a los legitimarios y lo que tienen derecho a reclamar por la acción de reforma, es su legítima rigorosa, o la efectiva en su caso”. a. Legitima Rigorosa: Se reclamará la legítima rigorosa cuando los derechos del legitimario han sido desconocidos en beneficio de otros legitimarios de iguales derechos a los del reclamante. Nótese, sin embargo, que si el legitimario ha sido simplemente omitido en el testamento, no procede en ese caso la acción de reforma, ya que, en virtud del Art. 1218 CC opera la preterición, lo que implica que el legitimario omitido se entiende instituido heredero en su legítima, como veremos más adelante. b. Legítima Efectiva: Por la acción de reforma del testamento se reclamará la legítima efectiva cuando el causante haya dispuesto de la mitad legitimaria en perjuicio de uno de los legitimarios, pero en beneficio de otras personas que no son legitimarios. En estos casos, por tanto, el titular de la acción es el legitimario al que no se le asignó lo que legalmente le corresponde en razón de legítima. 3) Reclamar las Mejoras: Los legitimarios que sean asignatarios de mejoras pueden solicitar, conforme lo señala el Art. 1220 CC, que se reforme el testamento en cuanto no se respeta la cuarta de mejoras. Esta posibilidad se presentará siempre que el testado haya dispuesto de la cuarta de mejoras a favor de personas que no son legalmente asignatarios de ella. Debe tenerse presente que en este caso la acción solamente corresponde a los legitimarios del causante, y no a los potenciales asignatarios de la cuarta de mejoras. 3.1. ¿Son titulares de la acción los asignatarios de alimentos forzosos?: Algún sector de la doctrina ha sostenido que, aun cuando no lo diga el Código, son titulares de la acción de reforma del testamento los asignatarios de alimentos forzosos. Fundan su aserto en que se tratan de una asignación forzosa, al estilo de las legítimas y mejoras. No parece que lo anterior sea decisivo. Los alimentos forzosos son una asignación forzosa que constituye una baja general de la herencia. De ello se sigue que es una de las deducciones que debe hacerse al acervo ilíquido para operar el tránsito al acervo partible. Las asignaciones testamentarias, e incluso las legales, se hacen sobre el acervo partible. Por lo mismo, no tiene sentido entregarles a los asignatarios de alimentos la acción de reforma del testamento. Sus asignaciones de alimentos son una baja previa al efectuar cualquier pago de otras asignaciones. 4. Sujeto Pasivo de la Acción de Reforma del Testamento: La acción de reforma de testamento debe intentarse en contra de aquellos que resultaron instituidos por el causante como herederos o legatarios en perjuicio del asignatario forzoso que demanda. De esta forma, el sujeto pasivo podrá ser uno solo o podrán ser varios, todo dependerá de lo que haya hecho el testador. IV.

LA PRETERICIÓN62.

1. Concepto: La preterición es “haber sido pasado en silencio un legitimario, entendiéndose por ese solo hecho instituido como heredero en su legítima”. De acuerdo al Art. 1218 CC, “El haber sido pasado en

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En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe silencio un legitimario deberá entenderse como una institución de heredero en su legítima. Conservará además las donaciones revocables que el testador no hubiere revocado”. No se trata, entonces, de una acción de nulidad del testamento o del resto de las instituciones de heredero hechas por el testador, sino que la ley entiende que el omitido ha sido instituido heredero en su legítima. Si se dejó todo a un tercero, los preteridos pueden reclamar la legitima efectiva; es decir, la mitad legitimaria más la cuarta de mejoras, pero no la parte de libre disposición. Por el contrario, si se ha omitido a uno de los legitimarios en beneficio de otros, el omitido tiene derecho solamente a la legitima rigorosa, pero no a la efectiva, puesto que el resto de los legitimarios estarían bien instituidos como herederos en esa parte, al haber sido beneficiados por la cuarta de mejoras y por la parte de libre disposición. 2. La noción de “pasar en silencio”: Debe entenderse que un legitimario ha sido preterido si: 1) No se le menciona en el testamento y tampoco se le hicieron donaciones irrevocables en vida del causante. 2) Se le menciona en el testamento, pero nada se le asigna en él ni tampoco nada se le donó en vida del causante. 3) Se le hacen en el testamento donaciones revocables o se le dejan legados, pero con cargo a mejoras o a la parte de libre disposición; esto es, no con cargo a su legítima. 3. La Acción del Legitimario Preterido: El legitimario preterido es heredero por el solo ministerio de la ley. Por lo mismo no requiere, porque es innecesaria, la acción de reforma del testamento. La acción de que dispone es la de petición de herencia. Es un heredero privado de la posesión de su derecho de herencia, en cambio no se le ha negado su carácter de heredero. Sin embargo, no lo ha entendido de este modo la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha resuelto que el heredero preterido debe ejercer la acción de reforma del testamento. CAPÍTULO X: APERTURA DE LA SUCESIÓN, ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LAS ASIGNACIONES I.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1. Conceptos Generales: Los momentos que siguen a la muerte de una persona son propicios para que se cometan actos de ocultamiento de bienes, con evidente perjuicio para asignatarios y acreedores. Tres medidas adopta sustancialmente el legislador para precaver estos actos, dos de carácter meramente provisional y una tercera de carácter definitivo y permanente: (i) la guarda y aposición de sellos, (ii) la declaración de herencia yacente y (iii) la facción de inventario. 2. La Guarda y Aposición de Sellos: De acuerdo al Art. 1222 CC después de efectuada la apertura de la sucesión y mientras no se hace inventario solemne de los bienes hereditarios, todos los muebles y papeles de la sucesión se guardan bajo llave y sello, a fin de que no desaparezcan. 1) Aposición de Sellos: “Colocación de tiras de papel o de género fijadas con lacre u otra sustancia semejante, en forma de que no pueda abrirse sin rotura un mueble, una pieza o casa habitación”. 2) Guarda: “Custodia de las llaves del mueble o lugar en que están colocados los bienes sujetos a la aposición de sellos”. Esta se hará en poder de una persona de notoria probidad y solvencia que el juez designe o en el oficio del secretario del juzgado (Art. 872, inc. 2 CPC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Si se trata de joyas o dinero, la guarda y aposición de sellos pueden reemplazarse por el depósito de las especies en un banco o en arcas del Estado. 2.1. Titulares de la Diligencia: El Art. 1222 CC dispone que puede solicitarla “todo el que tenga interés, o se presuma que pueda tenerlo”. Entre ellos se cuentan los herederos, los legatarios, los acreedores del difunto, etc. El albacea tiene el deber de velar por la seguridad de los bienes y hacer que se guarden bajo llave y sello (Art. 1284 CC). 2.2. Realización de la Diligencia: La guarda y aposición de sellos debe hacerse por el ministerio del juez con las solemnidades legales. En términos generales, una vez solicitada la medida, el tribunal decretará, y procederá por sí mismo o mediante un funcionario o notario y, junto a dos testigos a realizar la diligencia. Frente a la solicitud no cabe oposición y la resolución que la concede es apelable en el solo efecto devolutivo. 2.3. Término de la Guarda y Aposición de Sellos: Siendo una medida de seguridad eminentemente provisional, el Art. 1222 CC dispone que los bienes se guardaran bajo llave y sello “hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios”. 2.4. Gastos de la Guarda y Aposición de Sellos: En conformidad al Art. 1224 CC gravará los bienes todos de la sucesión, a menos que determinadamente recaigan sobre una parte de ellos, en cuyo caso gravarán esa sola parte. 3. La Herencia Yacente: Del Art. 1240 CC se infiere que es “aquella que no ha sido aceptada en el plazo de 15 días por algún heredero, siempre que no exista albacea con tenencia de bienes designado en el testamento, o si lo hay, no ha aceptado el albacea el cargo”. Esta tiene por objeto proveer a la conservación del patrimonio hereditario. 3.1. Requisitos para declarar yacente la herencia: 1) Que se haya producido la apertura de la sucesión. 2) Que transcurra el plazo de 15 días sin que la herencia haya sido aceptada por ningún heredero universal o de cuota, y 3) Que no se haya designado albacea con tenencia de bienes o no haya aceptado el cargo, dentro del mismo plazo de 15 días. 3.2. Tramitación de la Herencia Yacente: La declaración debe hacerla el juez del último domicilio del difunto, a petición del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello. La resolución del juzgado que declara yacente la herencia debe insertarse en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere y comunicarse a la División de Bienes Nacionales del Ministerio de Bienes Nacionales para que este determine si la herencia es vacante, es decir, si pertenece al Fisco. Publicada la resolución debe procederse al nombramiento de un curador de la herencia yacente. 3.3. El Curador de la Herencia Yacente: Es un curador de bienes y es siempre dativa (no testamentaria ni legítima), debido a que es el juez quien designa a la persona del curador. Las facultades del curador de la herencia yacente tienden fundamentalmente a que este cuide y conserve los bienes que componen la sucesión. Puede cobrar y pagar deudas.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3.4. Cesación de la Herencia Yacente: La herencia yacente, siendo un estado eminentemente transitorio, cesa por las siguientes causales: 1) Por la aceptación de la herencia (Art. 491, inc. 2 CC): En conformidad al Art. 1240, inc. 2 y 3 CC, si hubiere dos o más herederos y aceptare uno de ellos, tendrá la administración de todos los bienes hereditarios proindiviso, previo inventario solemne; y aceptando sucesivamente sus coherederos, y subinscribiendo el inventario, tomaran parte en la administración. Mientras no hayan aceptado todos, las facultades del o los herederos que administren serán las mismas de los curadores de la herencia yacente, pero no serán obligados a prestar caución, salvo que haya motivo de temer que bajo su administración peligren los bienes. 2) Por el depósito del producto de la venta de los bienes en arcas del Estado (Art. 484 CC): Esta disposición establece que, pasados 4 años desde la muerte del causante, el juez, a petición del curador, podrá ordenar que se vendan los bienes hereditarios y se deposite el producto en arcas fiscales. 3) Por la extinción o inversión completa de los mismos bienes. 3.5. Herencia Yacente y Herencia Vacante: Como a menudo no se presentarán herederos que acepten porque no los hay, la herencia yacente será, a la vez, una herencia vacante. El Decreto Ley N°1939 de 1977 otorga a los que denuncien una herencia vacante un galardón o recompensa del 30% del valor liquido de los bienes que, con este motivo, ingresen al patrimonio fiscal. Se paga el galardón una vez que hayan prescrito los derechos de los llamados a disputar al Fisco el mejor derecho a la herencia. Podrá pagarse antes de cumplido el plazo de prescripción, rindiendo el denunciante caución de restitución de lo que el Fisco, a su turno, pueda ser obligado a restituir. 3.6. La Herencia Yacente no es una Persona Jurídica: De la lectura del Art. 2509 CC, en virtud del cual la prescripción se suspende a favor de ciertas personas, entre ellas la herencia yacente; y lo señalado por el Art. 2500 CC, en virtud del cual se da a entender que la herencia yacente posee a nombre del heredero; se ha entendido por parte de la doctrina que la herencia yacente sería una persona jurídica. Pero en realidad esta interpretación es generalmente rechazada porque el Art. 2346 CC señala que “se puede afianzar a una persona jurídica y a la herencia yacente”, con lo cual demuestra una clara diferencia entre ambas. Además, el Libro I CC no la indica dentro de las personas jurídicas y el Art. 481 CC define la herencia yacente como “los bienes de un difunto”. 4. La Facción de Inventario: El inventario es “una enumeración de todos los bienes y de todas las obligaciones del difunto”. Su objeto es hacer constar el estado del patrimonio hereditario, al tiempo del fallecimiento del causante, en resguardo de los derechos de los interesados en la sucesión. Es una medida permanente de seguridad. 4.1. Clases de Inventario: El inventario puede ser simple o solemne: 1) Inventario Simple: “Lista de bienes y deudas hecha por los interesados, sin sujeción a ninguna solemnidad”. 2) Inventario Solemne (Art. 858 CPC): “Aquel que se practica previa orden judicial, por un funcionario público, con las solemnidades legales”. En atención a las normas del Art. 1284, 1250 y 1766 CC, el inventario deberá ser solemne cuando concurran entre los herederos incapaces.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4.2. Citación de los Interesados: El inventario debe hacerse con citación de todos los interesados conocidos y que, según la ley, tengan derecho a asistir (Art. 860 CPC). El Art. 1255 CC dispone que tendrán derecho a asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia yacente, los presuntos herederos testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Ellos podrán acudir por medio de mandatarios, premunidos de un poder escrito, cuando no lo fueren por sus representantes legales. Todos los interesados “tendrán derecho a reclamar contra el inventario en lo que les pareciere inexacto” (Art. 1255, inc. 2 CC). 4.3. Contenido del Inventario: En virtud del Art. 1253 CC el contenido del inventario es lo que señalan los Arts. 382 y ss. CPC, que es: 1) Una relación de todos los bienes raíces y muebles de la persona: En este caso deberá particularizarse uno a uno, o señalando colectivamente los que consisten en número, peso o medida, con expresión de la cantidad y calidad; sin perjuicio de hacer explicaciones necesarias para poner a cubierto la responsabilidad del guardador. 2) Los títulos de propiedad, las escritura públicas y privadas, los créditos y deudas del pupilo de que hubiere comprobante o solo noticia, los libros de comercio o de cuentas, y en general todos los objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad, o que sea necesario destruir por algún fin moral. 3) Cualquier bien que fuere encontrado o que acreciere a alguno de los bienes de la hacienda inventariada, después de hecho el inventario. 4) Los bienes ajenos que se encuentran entre los que se inventarían. 4.4. La Inclusión en el Inventario no es prueba de dominio (Art. 385 CC): Esto es una lógica consecuencia de que dentro del inventario se anotan aun los bienes ajenos que se encuentran entre los que se inventarían. 4.5. El Inventario en las gestiones de Posesión Efectiva: Los herederos que no estén obligados a practicar inventario solemne o no lo exijan al tiempo de pedir la posesión efectiva, deberán acompañar inventario simple, firmado por todos los peticionarios de la posesión efectiva (Art. 880 CPC). 4.6. Gastos del Inventario: Los gastos del inventario, así como los de la guarda y aposición de sellos, constituyen una baja general de las que contempla el Art. 959 N°1 CC. Serán de cargo del interesado cuando el inventario beneficie a determinadas personas y no a la sucesión toda (Art. 1224 CC). II.

ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA.

1. Introducción: Producida la delación, el asignatario puede aceptar la asignación o repudiarla. 1) Aceptación: “Acto por el cual el asignatario expresa su voluntad de tomar la calidad de heredero o legatario”. 2) Repudiación: “Acto por el cual el asignatario desecha o rechaza la asignación, negándose a asumir las calidades de heredero o legatario y las responsabilidades inherentes”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe En conformidad al Art. 1437 CC, la aceptación es una fuente de obligaciones, mas no es un cuasi contrato, debido a que no encuentra su fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa. El legatario tiene la alternativa de aceptar o repudiar; el heredero tiene, aun, una tercera alternativa: aceptar con beneficio de inventario. 2. Lapso en el cual procede aceptar o repudiar: Hay que distinguir: 1) Desde cuándo se puede aceptar o repudiar: a. Aceptación: Señala el Art. 1226, inc. 1 CC que: “No se puede aceptar asignación alguna, sino después que se ha deferido”. Por consiguiente, si la asignación está subordinada a una condición suspensiva, deberá esperarse que se cumpla la condición, salvo que se trate de una condición negativa y meramente potestativa del asignatario, en cuyo caso puede aceparla desde la muerte del causante, siempre que aquel dé caución para el caso de contravenirse la condición. b. Repudiación: Señala el Art. 1226, inc. 2 CC que: “Pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se podrá repudiar toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la condición”. Ahora bien, en ningún caso la aceptación o repudiación puede ocurrir antes de la muerte del causante, ya que el Art. 1226, inc. 3 CC dispone que: “Se mirará como repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguno, el permiso concedido por un legitimario al que le debe la legítima para que pueda testar sin consideración a ella”. 2) Hasta cuándo se puede aceptar o repudiar: El asignatario conserva su derecho para aceptar o repudiar indefinidamente. Pero como la indecisión del asignatario puede causar perjuicios a terceros, el Art. 1232, inc. 1 CC señala que: “Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de cualquier persona interesada en ello, a declarar si acepta o repudia; y hará esta declaración dentro de los 40 días subsiguientes al de la demanda. En caso de ausencia del asignatario o de estar situados los bienes en lugares distantes, o de otro grave motivo, podrá el juez prorrogar este plazo; pero nunca por más de un año”. Este plazo se denomina plazo para deliberar. El Art. 1233 CC dispone que: “El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia”. Ahora bien, si no ha existido requerimiento judicial, el heredero podrá aceptar o repudiar mientras un tercero no adquiera la herencia por prescripción adquisitiva. 3. Libertad para Aceptar o Repudiar: El Art. 1225, inc. 1 CC señala que: “Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente”. Sin embargo, existen las siguientes excepciones: 1) Cuando el heredero sustrae efectos pertenecientes a la sucesión: En este caso se entiende que acepta (Art. 1231, inc. 1 CC). En este caso el heredero tiene una doble sanción: a. Pierde su derecho a repudiar. b. Pierde su derecho cuotativo en los efectos sustraídos.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Las personas que no tuvieren la libre administración de sus bienes no podrán aceptar o repudiar, sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales (Arts. 1225, inc. 2 y 3, y 1236 CC): Se les prohíbe aceptar por si solas, aun con beneficio de inventario. En cuanto a la repudiación el Art. 1236 CC señala que: “Los que no tienen la libre administración de sus bienes no pueden repudiar una asignación a título universal, ni una asignación de bienes raíces, o de bienes muebles que valgan más de un centavo, sin autorización judicial con conocimiento de causa”. El Art. 1225 CC agrega que el marido requerirá el consentimiento de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal para aceptar o repudiar una asignación deferida a ella. 4. Características de la Aceptación y Repudiación: 1) Es un derecho transmisible. 2) No son susceptibles de modalidad (Art. 1227 CC): Esto porque, a pesar de ser actos jurídicos unilaterales, se encuentran comprendidos intereses ajenos. 3) Son indivisibles: El Art. 1228 CC señala que: “No se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto”. Esto tiene una excepción en el inc. 2: “Pero si la asignación hecha a una persona se transmite a sus herederos según el artículo 957, puede cada uno de éstos aceptar o repudiar su cuota”. 4) Puede ser expresa o tácita: a. Formas de la Aceptación: La aceptación puede ser expresa o tácita. i. Aceptación Expresa: Es expresa “cuando se toma el título de heredero” (Art. 1241 CC). El Art. 1242 CC declara que “Se entiende que alguien toma el título de heredero, cuando lo hace en escritura pública o privada, obligándose como tal heredero, o en un acto de tramitación judicial”. El acto más típico de esta índole es la petición de la posesión efectiva. ii. Aceptación Tácita: Es tácita “cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar, y que no hubiera tenido derecho a ejecutar sino en su calidad de heredero” (Art. 1241 CC). Entre estos actos que importan aceptación tácita se cuenta “la enajenación de cualquier efecto hereditario”, salvo que haya sido autorizada por el juez, protestando el heredero que no es su ánimo obligarse como tal (Arts. 1244 y 1230 CC). En cambio, no importan aceptación los actos puramente conservativos, los de inspección y de administración provisoria urgente (Art. 1243 CC). Dentro del plazo para deliberar tiene derecho el heredero para ejecutar actos cuyo objetivo es formarse cabal concepto acerca de si le conviene aceptar o repudiar (Art. 1232, inc. 2 CC) y, que naturalmente, no impliquen aceptación tácita. b. Formas de la Repudiación: Mientras la aceptación puede ser expresa o tácita, la repudiación debe ser generalmente expresa. El Art. 1235 CC dispone: “La repudiación no se presume de derecho sino en los casos previstos por la ley”. Un caso calificado señala la ley en que se presume la repudiación: si el heredero se constituye en mora de declarar si acepta o repudia, se entiende que repudia (Art. 1233 CC). 791

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5) Es irrevocable: Ejercida la opción, por regla general no puede retractarse. En ese sentido, el Art. 1234, inc. 1 CC señala que: “La aceptación, una vez hecha con los requisitos legales, no podrá rescindirse, sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza o dolo, y en el de lesión grave a virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía noticia al tiempo de aceptarla. Esta regla se extiende aun a los asignatarios que no tienen la libre administración de sus bienes. Se entiende por lesión grave la que disminuyere el valor total de la asignación en más de la mitad”. Cabe señalar que la mayoría de la doctrina no admite el error como vicio del consentimiento, pues no está señalado como vicio que permita la rescisión de la aceptación. Sin embargo, hay que notar que la ley supone una ignorancia u error para que opere la lesión. Para la repudiación hay reglas análogas: “Ninguna persona tendrá derecho para que se rescinda su repudiación, a menos que la misma persona o su legítimo representante hayan sido inducidos por fuerza o dolo a repudiar” (Art. 1237 CC). 6) Produce efectos retroactivos (Art. 1239 CC): “Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida. Otro tanto se aplica a los legados de especies”. Lo recién señalado no opera para los legados de género. 5. Repudiación en perjuicio de los acreedores: El Art. 1238 CC dice que: “Los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos, podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor. En este caso la repudiación no se rescinde sino en favor de los acreedores y hasta concurrencia de sus créditos; y en el sobrante subsiste”. Es un caso de ejercicio de la acción pauliana, para otros acción oblicua. 6. Efectos de la Cosa Juzgada en relación con la Aceptación de la Herencia: En esta materia, el Art. 1246 CC señala una excepción al principio de efectos relativos de las sentencias, ya que señala que: “El que a instancia de un acreedor hereditario o testamentario ha sido judicialmente declarado heredero, o condenado como tal, se entenderá serlo respecto de los demás acreedores, sin necesidad de nuevo juicio. La misma regla se aplica a la declaración judicial de haber aceptado pura y simplemente o con beneficio de inventario”. Por tanto, la declaración judicial de la calidad de heredero produce efectos erga omnes. 7. Consecuencias de la Aceptación Pura y Simple de la Herencia: El heredero que acepta pura y simplemente la herencia asume plenamente la calidad de tal. Como consecuencia, el heredero es responsable de las deudas hereditarios, aunque su monto exceda del valor de los bienes que recibe y deba afrontarlas con sus propios bienes. Esta responsabilidad ilimitada cabe al heredero que acepta, expresa o tácitamente, “sin previo inventario solemne”; si ha precedido este a la aceptación, goza del beneficio de inventario que limita su responsabilidad al valor de los bienes que hereda (Art. 1245, inc. 2 CC). CAPÍTULO XI: LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA63 I.

CONCEPTOS GENERALES.

1. Concepto: En virtud del Art. 1246 CC, podemos definirla como “acción real que la ley confiere al heredero que no está en posesión de la herencia, en contra del que la posee también a título de heredero, para que al demandante se le reconozca su derecho a ella y en atención a dicha calidad le sean restituidos los bienes corporales e incorporales que la componen”.

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En esta parte se sigue lo señalado en el texto “Derecho Sucesorio” de Fabián Elorriaga de Bonis.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Esta acción entonces reconoce dos requisitos básicos de procedencia: 1) Que una o más personas posean la totalidad o una parte de la herencia sin ser los herederos o sin serlo exclusivamente. 2) Que el o los actores tengan la calidad de herederos respecto de toda la herencia o una parte de ella. 2. Objeto de la Acción de Petición de Herencia: Esta acción tiene un doble propósito, pues, por una parte, persigue el reconocimiento judicial del carácter de heredero y, por otra, que los falsos herederos sean condenados a la entrega o restitución de las cosas que componen la herencia. Si bien es evidente que por esta acción se puede perseguir el todo o parte de la herencia, se discute en doctrina si mediante ella se pueden reclamar bienes concretos que están siendo poseídos por terceros. A entender de Elorriaga, ninguna duda cabe de aquello, no siendo necesario que se recurra, en este caso, a la acción reivindicatoria. Ella solamente será procedente en contra de terceros en la medida que ellos retengan una cosa singular no en el carácter de herederos, sino que aleguen tenerla en su poder a otro título, como si las adquirieron de un falso heredero. Lo sustancial no es la cosa, sino el título que invoca el demandado para poseer: si posee a título de heredero procede la acción de petición de herencia, si posee a otro título procede la acción reivindicatoria. 3. Características de la Acción de Petición de Herencia: La acción de petición de herencia es real, divisible, mueble y patrimonial, y por esto último, es renunciable, transferible, transmisible y prescriptible: 1) Una acción real: Emana del derecho real de herencia y participa de este carácter (Art. 577 CC). De esto se sigue que ella se ejerce en contra de cualquiera que ocupe la herencia en el carácter de heredero. 2) Divisible: En la medida que puede ser deducida por separado por cada uno de los herederos que está en posesión de la herencia en contra de los que se encuentren ocupándola. No es condición que todos los herederos la ejerzan conjuntamente, ni que la ejerzan en contra de todos los que están poseyéndola. La sentencia que se obtenga en cada uno de estos litigios será inoponible a los que no han participado en él, en virtud del efecto relativo de las sentencias judiciales. 3) Mueble: Existe relativo consenso en que este derecho se gobierna por el estatuto de los bienes muebles, por ser estas las normas más generales. Siendo así, la acción de petición de herencia es mueble. Con todo, entre nosotros tal conclusión no es de mucha importancia porque el Art. 148 COT establece una norma especial de competencia, señalando que será competente para conocer de esta acción el juez del lugar en que se hubiere abierto la sucesión del difunto. De allí que nada importe si la acción es mueble o inmueble. 4) Renunciable. 5) Transmisible. 6) Transferible: Ello acontecerá cuando el heredero cede su derecho real de herencia a un tercero, que puede ser u otro heredero o un tercero extraño a la sucesión del causante. En esa cesión queda comprendida la acción de petición de herencia. 7) Prescriptible: Esta abordada especialmente en los Arts. 704, 1269 y 2512 N°1 CC. Se desprende de estos artículos que existen dos plazos distintos para la prescripción de esta acción:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Prescripción de 5 años: Opera a favor del falso heredero a quien por decreto judicial o resolución administrativa se haya otorgado la posesión efectiva de la herencia. Dicha resolución le servirá de justo título para su posesión, lo que le permitirá adquirir por prescripción en un plazo inferior. Respecto de esta prescripción podemos decir que: i. Es una prescripción adquisitiva: El heredero putativo, al haber obtenido la posesión efectiva de los bienes, se ha hecho de un justo título para poseer, lo que lo habilita para adquirir por usucapión. Por ello, a quien sea demandado de petición de herencia no le bastará con alegar haber adquirir por prescripción el derecho real de herencia, sino que conforme a la jurisprudencia reiterada de los tribunales deberá deducir una demanda reconvencional en contra del actor con el objeto de obtener del tribunal esta declaración de prescripción. No es suficiente alegar la prescripción como excepción, debe ser alegada como acción. ii. Es una prescripción ordinaria: Si bien no lo dice la ley, no existen dudas de que es una prescripción ordinaria. Esto por dos razones: 1. Por una parte, el Art. 2512 CC dice expresamente que la prescripción de 10 años es extraordinaria, por lo que la de 5 es ordinaria. 2. El Art. 704, inc. final CC dice que la resolución de posesión efectiva actúa como justo título para el falso heredero; y la noción de justo título es propia de la posesión regular, la que desemboca en prescripción adquisitiva ordinaria. Con todo, no debe olvidarse que para la prescripción ordinaria no basta el justo título, sino que se requiere buena fe del prescribiente (Art. 702 CC). Por tanto, al falso heredero no le bastará con exhibir la posesión efectiva que haya conseguido, sino que será necesario establecer si ha estado o no de buena fe. Como consecuencia de lo anterior, esta prescripción se suspende en favor de los incapaces, de la mujer casada en sociedad conyugal, la herencia yacente y entre cónyuges (Art. 2509 CC). iii. Se discute la fecha desde la que se cuenta el plazo de 5 años: Pareciera que lo lógico es que comience a contarse desde que se reúnen en manos del falso heredero el corpus y el animus respecto de la herencia que posee. Sin embargo, tratándose de esta situación especial, esta solamente comenzará a correr desde que se hubiere obtenido la resolución de posesión efectiva, mientras no la tenga será poseedor irregular. Ahora bien, respecto de esto, el Art. 704, inc. final CC exige que “se haya dado la posesión efectiva”. Frente a eso es importante indicar que la posesión efectiva se da desde que se dicta el decreto judicial o la resolución administrativa. La posterior inscripción de estas actuaciones no es un requisito complementario para que se entienda concedida la posesión efectiva. El plazo se cuenta desde la resolución misma.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Prescripción de 10 años: La prescripción de 10 años opera a favor del falso heredero a quien no se le ha otorgado la posesión efectiva de la herencia. Este falso heredero únicamente tiene el corpus y el animus, pero carece de justo título. Respecto de esta prescripción podemos decir que: i. Se discute si es adquisitiva o extintiva: El Art. 1269 CC señala que “el derecho de petición de herencia expira en diez años”. La expresión “expira” sugiere que esta prescripción es extintiva. Bastaría que se cumplan estos 10 años para que se extinguiera la acción, aun cuando nadie haya poseído la herencia en este periodo. Sin embargo, la doctrina es uniforme en el sentido contrario. Desde luego, no se entiende para nada bien por qué si la prescripción de 5 años es adquisitiva, la de 10 años debiera ser extintiva. Por otro lado, el Art. 2512 N°1 CC señala que el derecho real de herencia se adquiere por prescripción extraordinaria de 10 años, lo que sugiere que esta acción se extingue por la prescripción adquisitiva. ii. Es una prescripción extraordinaria: No existen dudas que es una prescripción extraordinaria. Lo dice expresamente el Art. 2512 N°1 CC, según el cual el derecho de herencia se adquiere por prescripción extraordinaria de 10 años. Por tanto, ella no se suspende en beneficio de las personas del Art. 2509 CC. iii. Se discute la fecha desde la que se cuenta el plazo de 10 años: Se discute si se inicia con la delación de la herencia; esto es, con la muerte del causante, o si comienza desde que el falso heredero toma posesión material de ella, lo cual dependerá si se entiende que es una prescripción extintiva o adquisitiva. En opinión de Elorriaga, al ser adquisitiva, comienza a correr desde que el falso heredero ha reunido el corpus y el animus para poseer. 4. Titulares de la Acción de Petición de Herencia: La acción de petición de herencia corresponde al que probare un derecho en la herencia (Art. 1264 CC). Quedan comprendidos como titulares solamente los que tengan la calidad de herederos. De la misma forma, corresponde también a los donatarios de una donación revocable a título universal. Finalmente, gozan también de esta acción los cesionarios de un derecho real de herencia. En cambio, no son titulares de la acción de petición de herencia los legatarios, por no ser herederos. Si el legatario es de especie o cuerpo cierto adquiere la cosa desde la delación, debiendo interponer la acción reivindicatoria en contra de los herederos. Si el legatario es de género, solamente adquiere un derecho personal a exigir el pago de los herederos de aquello legado por el causante. 5. Sujeto Pasivo de la Acción: La acción de petición de herencia se intenta contra el que “ocupe la herencia en calidad de heredero”; es decir, en contra del que se dice heredero y no lo es o no lo es completamente (Art. 1264 CC). Es el que se denomina falso heredero. Existen dudas respecto de si la acción de petición de herencia puede ser entablada en contra de un cesionario de los derechos hereditarios o en contra del que posea la herencia sin título de heredero: 1) Situación del cesionario de derechos hereditarios: Puede acontecer que el falso heredero haya cedido a un tercero los derechos que pretendía tener en la herencia. En este caso, en virtud del Art. 1909 CC, debemos concluir que, si puede ser demandado de petición de herencia, ya que este artículo señala que el cesionario “no se hace responsable sino de su calidad de heredero”. No puede negarse que él entra a reemplazar a quien se los cedió en una especie de subrogación personal. 795

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Situación del que posee la herencia sin título: Se refiere al caso de quien simplemente posee los efectos hereditarios, pero que no invoca el carácter de heredero, sino que, o no invoca título, o invoca cualquiera que no es el de heredero. La doctrina más tradicional, sobre la base del tenor literal del Art. 1264 CC, entiende que la acción de petición de herencia no es posible en contra de estas personas. En contra de ellos solamente podría ser procedente la acción reivindicatoria. Sin embargo, una interpretación más amplia no excluye la posibilidad de que ella pueda ser intentada en contra del que está ocupando la herencia aun cuando no lo haga con el título de heredero o simplemente que lo haga sin ningún título. Esto se fundamenta principalmente en el derecho romano, el cual lo permitía. II.

EFECTOS DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA.

1. Conceptos Generales: En esta materia, y en especialmente en lo que se relaciona con las prestaciones mutuas, el Código Civil toma en consideración si el ocupante de la herencia estaba de buena o mala fe. De acuerdo a lo señalado en el Art. 1266 CC “a la restitución de los frutos y al abono de las mejoras en la petición de herencia, se aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria”. La buena en esta materia implica que el falso heredero ha estado poseyendo la herencia en la creencia de que es el verdadero y único heredero, pues tiene la convicción que la ha adquirido por los medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio (Art. 706 CC). Si tenía el conocimiento de que existían otros herederos testamentarios o intestados de mejor derecho, o compartía el carácter de heredero con otras personas, no puede ser considerado poseedor de buena fe. 2. Restitución de las Cosas Heredadas: El principal efecto de la acción de petición de herencia acogida, es que el falso heredero deberá restituir todo o parte de lo que posee injustamente (Art. 1264 CC). Como consecuencia de lo anterior, el falso heredero deberá restituir todo cuanto ocupe de la sucesión. Quedan comprendidas en esta restitución todas las cosas corporales o incorporales que estuvieran en poder del demandado. También alcanza las cosas respecto de las cuales el causante era mero tenedor, ya que sobre los herederos pesa la obligación de restituir dichos bienes. Por último, en los términos del Art. 1265 CC, “se extiende la misma acción no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia”. 2.1. Situación del Ocupante de Cuota: Si el demandado no era completamente falso heredero, sino que compartía el carácter de coheredero con el demandante, el cumplimiento de la sentencia puede no ser fácil. Desde luego habrá que modificar las inscripciones hereditarias, a fin de que se hagan a nombre de ambos. A los efectos de la distribución de los bienes será necesario iniciar un juicio de partición para hacer efectivos los derechos del que no estaba en posesión de la herencia, ya que la sentencia del juicio de petición de herencia no puede hacer distribución de los bienes de la sucesión, eso es materia de partición. El fallo se limitará a señalar que el demandante es también heredero, eventualmente la cuantía de los derechos que en la sucesión le corresponden, ordenará las cancelaciones e inscripción que sean de rigor, y resolverá sobre las prestaciones mutuas. 3. Frutos: En lo que hace a los frutos de las cosas que componen la masa hereditaria, el Art. 1266 CC hace aplicables las reglas de las prestaciones mutuas de la acción reivindicatoria (Arts. 904 y ss. CC). Por tanto, hay que distinguir:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3) Poseedor de mala fe: “Es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción: se considerarán como no existentes los que se hayan deteriorado en su poder”. 4) Poseedor de buena fe: “No es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda: en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas [del poseedor de mala fe]”. Es importante tener en cuenta dos reglas importantes: 1) En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que ha invertido en producirlos (Art. 907, inc. 4 CC). 2) La buena o mala fe del poseedor debe apreciarse al tiempo de la percepción de los frutos (Art. 913 CC). 4. Mejoras: También se siguen las reglas de las prestaciones mutuas. Por tanto, hay que distinguir: 1) Mejoras Necesarias (Art. 908 CC): “El poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, según las reglas siguientes: a. Si se invirtieron en obras permanentes: Como una cerca para impedir las depredaciones, o un dique para atajar las avenidas, o las reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto, se abonarán al poseedor dichas expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesarias; pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución. b. Si no se invirtieron en obras permanentes: Como la defensa judicial de la finca, serán abonadas al poseedor en cuanto aprovecharen al reivindicador, y se hubieren ejecutado con mediana inteligencia y economía”. 2) Mejoras Útiles (Arts. 909, 910, 912 y 913 CC): El Art. 909, inc. 2 CC señala que son: “las que hayan aumentado el valor venal de la cosa”. Hay que distinguir: a. Poseedor de Buena Fe (Art. 909 CC): “El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda”. El inc. 3 da opciones al reivindicador: “El reivindicador elegirá entre: i. El pago de lo que valgan al tiempo de la restitución las obras en qué consisten las mejoras, o ii. El pago de lo que en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo. En cuanto a las obras hechas después de contestada la demanda, el poseedor de buena fe tendrá solamente los derechos se conceden al poseedor de mala fe”. b. Poseedor de Mala Fe (Art. 910 CC): “No tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados”. Respecto a este derecho a llevarse los materiales, el Art. 912 CC señala que: “Se entenderá que la separación de los materiales es en detrimento de la cosa reivindicada, cuando hubiere de dejarla en peor estado que antes de ejecutarse las mejoras; salvo en cuanto el poseedor vencido pudiere reponerla inmediatamente en su estado anterior, y se allanare a ello”. 3) Mejoras Voluptuarias (Art. 911 CC): “En cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que sólo tendrán con respecto a ellas el derecho que se concede al poseedor de mala fe respecto de las mejoras útiles. Se entienden por mejoras voluptuarias las que sólo consisten en objetos de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales, y generalmente aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa, en el mercado general, o sólo lo aumentan en una proporción insignificante”. Respecto a la buena o mala para las mejoras, el Art. 913 CC dice que: “La buena o mala fe del poseedor se refiere, […] relativamente a las expensas y mejoras, al tiempo en que fueron hechas”. 5. Deterioros: Respecto a este punto el Art. 1267 CC distingue: 1) Poseedor de mala fe: Es responsable “de todo el importe de [los] deterioros”. 2) Poseedor de buena fe: No será responsable de las enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan hecho más rico. Esto, siguiendo las reglas de las prestaciones mutuas se entiende en cuanto se hubiere aprovechado de ellos, “por ejemplo, destruyendo un bosque o arbolado, y vendiendo la madera o la leña, o empleándola en beneficio suyo”. 6. Enajenaciones: Respecto a este punto, señala el Art. 1267 CC que: “El que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será responsable de las enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan hecho más rico; pero habiéndola ocupado de mala fe, lo será de todo el importe de las enajenaciones y deterioros”. En ese sentido: 1) Poseedor de mala fe: Será responsable frente al verdadero heredero de todo el importe de las enajenaciones. Esto implica que el falso heredero deberá indemnizar al verdadero por el monto de lo enajenado. 2) Poseedor de buena fe: No será responsable de las enajenaciones, sino en cuanto le hayan hecho más rico; y solo en la parte que se ha hecho más rico. Con todo, el verdadero heredero, el lugar de solicitar las indemnizaciones que le concede el Art. 1267 CC, puede optar por reivindicar las cosas enajenadas que hayan pasado a terceros. III.

LA ACCIÓN REIVINDICATORIA EN CONTRA DE TERCEROS POSEEDORES.

1. Conceptos Generales: El Art. 1268 CC concede a los verdaderos herederos una acción reivindicatoria especial. Dispone este artículo que: “El heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables, que hayan pasado a terceros, y no hayan sido prescritas por ellos. Si prefiere usar de esta acción, conservará, sin embargo, su derecho para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros poseedores no hubiere podido obtener, y le deje 798

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe enteramente indemne; y tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena fe la herencia en cuanto por el artículo precedente se hallare obligado”. En consecuencia, no se trata de que las enajenaciones por el falso heredero sean inválidas. Son actos dispositivos sobre cosas ajenas. Como se aprecia, las acciones personales de indemnización y reivindicatoria no son incompatibles, pueden deducirse conjuntamente, o acaso las primeras en subsidio de las segundas. Lo que no puede hacer el verdadero heredero es pedir al falso heredero la totalidad del importe de la enajenación de las cosas y, asimismo, reivindicar la cosa de manos de terceros. Eso implicaría un enriquecimiento injusto. 2. La Reivindicación por parte de Varios Herederos: Puede acontecer que el verdadero heredero no sea uno solo, sino que sea más de uno, o incluso pueden ser muchos. En este caso puede complicarse el ejercicio de la acción reivindicatoria concedida por el Art. 1268 CC en contra de terceros. Algunos entienden que uno solo de los herederos podría deducir la acción reivindicatoria en contra del tercero poseedor sin la concurrencia del resto de los miembros de la sucesión. Se funda esto en las normas de la comunidad, entendiendo que todos los comuneros tendrían un poder para administrar la cosa común, habiendo un mandato tácito y reciproco entre los comuneros, por lo que cualquiera de ellos podría reivindicar en favor de la comunidad. Por el contrario, otros estiman que no es no es posible esta solución ya que es el derecho de propiedad en la cosa común el que se encuentra comprometido, y ese derecho no pertenece a uno solo de los herederos, sino que a todos. La jurisprudencia, sin embargo, ha entendido que el heredero no poseedor puede reivindicar la cuota que a él pudiera pertenecerle en el bien que pasó a manos de terceros por un acto dispositivo de otros de los herederos. En otras palabras, se ha permitido la reivindicación de la cuota de una cosa singular que forma parte de una universalidad jurídica. IV.

LA DOCTRINA DEL HEREDERO APARENTE.

1. Conceptos Generales: La posibilidad que tiene el verdadero heredero de dirigirse en contra de los terceros que adquirieron bienes de parte del falso heredero, no es más que una aplicación del principio de que nadie puede transferir ni transmitir más derechos de los que tiene. Por tanto, estos actos de disposición no son oponibles al verdadero heredero. El problema es que la aplicación estricta de este principio puede causar serios daños respecto de los terceros que han actuado de buena fe; esto es, han contratado con el falso heredero en la creencia de que era el verdadero. En muchos casos estos terceros no han podido tener la forma razonable de enterarse o cerciorarse que la persona de la cual han adquirido ciertos bienes no es un real heredero. Se ha creado así la doctrina del heredero aparente para dar protección a los terceros que contraten con él. 2. La noción de Heredero Aparente: “Aquel que se presenta ante terceros como heredero real, aunque dicho carácter no le corresponda legalmente”. Se encuentra en posesión de la herencia y su actuar público corresponde al de un verdadero heredero. La apariencia se proyecta respecto de terceros sobre la base del error común. La presentación pública como heredero de parte del que no lo es, genera la creencia contraria en los que, de buena fe y con justa causa de error, con él se relacionan. Los terceros desconocen que no se trata del verdadero heredero, desconocimiento que no encuentra causa en su negligencia, sino que en la apariencia desplegada por el tercero. 799

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe De allí que la tendencia sea solamente considerar como heredero aparente a aquel que ostente la posesión hereditaria con base en una resolución judicial o administrativa que se la ha concedido. 3. El Valor de los Actos del Heredero Aparente: Esta doctrina distingue: 1) Actos de Administración: El verdadero heredero está obligado a respetarlos, sin importar si el falso heredero estaba de buena o mala fe. 2) Actos de Disposición: a. De bienes inmuebles: i. A título oneroso: Se consideran válidos y oponibles respecto del verdadero heredero, al margen de la buena o mala fe del heredero aparente, en la medida que los terceros estén de buena fe. ii. A título gratuito: Son inoponibles al verdadero heredero, quien goza de acción reivindicatoria. b. De bienes muebles: Son inimpugnables por los verdaderos herederos, debido a que en materia de bienes muebles la posesión equivale al título. V.

LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA Y DE REFORMA DEL TESTAMENTO.

1. Conceptos Generales: Las principales diferencias entre estas dos acciones radica en que: 1) La acción de reforma persigue que se enmiende el testamento en lo que no respeta ciertas asignaciones forzosas o que se modifique en cuanto deshereda a un legitimario. La acción de petición de herencia pretende que se reconozca el derecho al heredero y que se restituyan los bienes de la herencia. 2) La acción de reforma es personal y la acción de petición de herencia es real. 3) La acción de reforma corresponde exclusivamente a los legitimarios, y la de petición de herencia a todo heredero que no esté en posesión de los bienes hereditarios. 4) La acción de reforma prescribe en 4 años contados desde que los legitimarios tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de tales. La de petición prescribe en el plazo de 5 o 10 años según el falso heredero haya o no obtenido la posesión efectiva de la herencia. En todo caso, estas acciones no son incompatibles entre sí. Si prospera la acción de reforma puede ocurrir que los que aparentemente eran herederos pasen a ser falsos herederos, con este objeto pueden deducirse en un mismo pleito ambas acciones. CAPÍTULO XII: LA PARTICIÓN DE BIENES I.

GENERALIDADES.

1. Introducción: Con motivo de la muerte del causante, si son varios los herederos, surge entre ellos un estado de comunidad o indivisión. Este estado de indivisión, que puede tener otra causa, termina por las causales señalas en el Art. 2312 CC: 1) Por la destrucción de la cosa común: Esta destrucción ha de ser total. Si es parcial, subsistirá la indivisión sobre lo que reste. 800

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2) Por la reunión de todas las cuotas de los comuneros en poder de una sola persona. 3) Por la división del haber común. 2. Concepto: La Corte Suprema la ha definido como “un conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y distribución entre los coparticipes del caudal poseído proindiviso en partes o lotes que guarden proporción con los derechos cualitativos de cada uno de ellos”. 3. Las Reglas de la Partición de Bienes son de Aplicación General: Los Arts. 1776, 2115 y 2313 CC hacen aplicables las reglas a la liquidación de la sociedad conyugal, del caudal social de la sociedad disuelta y al cuasicontrato de comunidad. 4. Facultad de pedir la Partición: El Art. 1317 CC señala que ninguno de los partícipes está obligado a permanecer en la indivisión y que siempre se podrá instar por la partición de las cosas comunes. Esto tiene dos limitaciones: 1) Pacto de Indivisión: Cesa el derecho de pedir la partición cuando media entre los partícipes un convenio expreso de permanecer indivisos. El Art. 1317 CC señala que: “No puede estipularse proindivisión por más de cinco años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto”. Nótese que en conformidad a la Ley N°16.271 sobre Impuesto a la Herencia, solo puede celebrarse este pacto una vez que se haya pagado o asegurado el pago del referido impuesto. No puede el causante imponer la indivisión. Es menester que la estipulen los coasignatarios. 2) Indivisión Forzada: El Art. 1317, inc. final CC dispone: “Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria”. Otros casos de indivisión forzada se encuentran en la medianería y en la copropiedad inmobiliaria. II.

ACCIÓN DE PARTICIÓN.

1. Concepto: Esta consagrada en el Art. 1317 CC y se puede definir como “aquella que compete a los coasignatarios para solicitar que se ponga término al estado de indivisión”. 2. Características: 1) Es una acción personal: Puede entablarse en contra de todos y cada uno de los restantes comuneros. Si la partición se efectúa con exclusión de alguno de los coasignatarios, ella no afectará al excluido; le será inoponible. 2) Es irrenunciable: Está comprometido el interés público. 3) Es imprescriptible: El Art. 1317 CC dice que “podrá siempre pedirse”. 4) ¿Es un derecho absoluto?: Algunos autores, basados en que el Art. 1317 CC dice que “podrá siempre pedirse”, estiman que el derecho a pedir la partición es absoluto y no relativo, razón por la cual no se aplicaría a su respecto la teoría del abuso del derecho. Sin embargo, su ejercicio puede ser limitado en ciertos casos. 3. Titulares de la Acción de Partición: Esta compete a:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Los partícipes y sus herederos: Este derecho corresponde a cada uno de los herederos individualmente (Art. 1321 CC). Sin embargo, una vez iniciado el juicio de partición, los herederos deben proceder de consuno. 2) Los partícipes cuyo derecho está subordinado a una condición suspensiva: El Art. 1319 CC dispone que: “Si alguno de los coasignatarios lo fuere bajo condición suspensiva, no tendrá derecho para pedir la partición mientras penda la condición. Pero los otros coasignatarios podrán proceder a ella, asegurando competentemente al coasignatario condicional lo que cumplida la condición le corresponda”. 3) Los propietarios fiduciarios y fideicomisarios: Dispone el Art. 1319, inc. 2 CC que: “Si el objeto asignado fuere un fideicomiso, se observará lo prevenido en el título De la propiedad fiduciaria”. Y en esta la acción de partición solo corresponderá al propietario fiduciario y no al fideicomisario, porque el derecho de este está sujeto a condición (Art. 761 CC). Pero si todos los coasignatarios son propietarios fiduciarios, nadie podrá solicitar la partición, pues solo existen propietarios fiduciarios, y al tenor del Art. 1317 CC, la propiedad fiduciaria es un caso de indivisión forzada. 4) Los cesionarios de una cuota en la comunidad: Dice el Art. 1320 CC: “Si un coasignatario vende o cede su cuota a un extraño, tendrá éste igual derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición e intervenir en ella”. 5) Los acreedores: El Art. 524 CPC previene que el acreedor podrá dirigir su acción sobre la parte o cuota que corresponde a su deudor en una comunidad sin previa liquidación, “o exigir que con intervención suya se liquide la comunidad”. Esta última facultad importa que está autorizado para ejercitar la acción de partición. Sin embargo, el Art. 524 CPC autoriza a los demás comuneros para oponerse a la partición por un doble motivo: a. Si existe algún motivo legal que la impida: Como un pacto de indivisión. b. Si de procederse a ella ha de resultar grave perjuicio. 4. Capacidad para ejercitar la Acción: 1) Acción de Partición por medio de Representantes Legales: Según el Art. 1322, inc. 1 CC requerirán autorización judicial para proceder a la partición de los bienes de sus representados. 2) Acción de Partición de los bienes de la mujer casada en sociedad conyugal: El marido como administrador de los bienes propios de la mujer requiere el consentimiento de esta para provocar la partición de la herencia o de bienes raíces en que ella tenga interés. En el caso que la mujer fuere menor de edad o se encontrare imposibilitada, su consentimiento podrá ser suplido por el juez (Art. 1322, inc. 2 CC). En caso de negativa de la mujer mayor de edad, su voluntad no puede ser suplida por el juez. 4.1. Casos en que no es necesaria la autorización de la justicia o de la mujer: 1) Si otro comunero solicita la partición. 2) Si la partición se hace de común acuerdo (Art. 1325 CC). III.

MODOS DE EFECTUAR LA PARTICIÓN.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Conceptos Generales: La partición se puede hacer de tres maneras: (i) por el causante o testador, (ii) por los coasignatarios de común acuerdo y (iii) por un partidor. 2. Partición hecha por el Causante: El Art. 1318 CC establece que el difunto puede hacer la partición “por acto entre vivos o por testamento”. En el caso que se haga por acto entre vivos, la doctrina entiende que debe hacerse por escritura pública, pues el Art. 1324 CC la exige para que el causante nombre partidor. 2.1. La Partición debe respetar el derecho ajeno: El Art. 1318 CC advierte que se pasará por esta partición hecha por el causante “en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno”. Tal expresión alude a las asignaciones forzosas. La partición hecha por el causante debe respetar el derecho de los legitimarios y demás asignatarios forzosos. Asimismo, debe respetar el derecho de los acreedores y formar la hijuela pagadora de deudas (Art. 1336 CC). El Art. 1318, inc. 2 CC señala que: “En especial, la partición se considerará contraria a derecho ajeno si no ha respetado el derecho que el artículo 1337, regla 10ª, otorga al cónyuge sobreviviente”. Esto se refiere al derecho de adjudicación preferente sobre el inmueble que ha sido la vivienda principal de la familia. 2.2. La Tasación de los Bienes cuando el Causante tiene Legitimarios: El problema radica en el Art. 1197 CC que autoriza al que debe una legítima para señalar los bienes con que debe hacerse su pago, pero le veda “tasar los valores de dichas especies”. La doctrina ha entendido que dicho artículo solo se aplica al caso en que el testador no haga partición de la herencia en el testamento, ya que en ese caso es perentorio tasar previamente los bienes. 3. Partición hecha por los Coasignatarios: Sus requisitos son (Art. 1325 CC): 1) Que todos los partícipes concurran al acto. 2) Que o se presenten cuestiones que resolver. 3) Que haya acuerdo sobre la manera de hacer la división. 4) Que se tasen los bienes por peritos: La tasación pericial podrá omitirse, aunque haya incapaces entre los partícipes en los casos señalados en el Art. 657 CPC: a. Cuando se trate de tasar bienes muebles. b. Cuando se tasan bienes raíces, siempre que se trate de fijar un mínimo para la subasta del mismo. c. Cuando se tasan bienes raíces, con tal que haya en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes. 5) Que se apruebe la partición judicialmente del mismo modo que si procediera ante un partidor: Tal aprobación es menester cuando tengan interés personas ausentes que no han designado apoderados o personas sujetas a guardas (Art. 1342 CC). 3.1. Forma de esta partición: La ley ha omitido indicar las solemnidades de esta partición. Pero se entiende que debe ser por escritura pública, sino sería ineficaz para ser inscrita posteriormente. 4. Partición ante un Partidor: Tal será la única forma de efectuar la partición si no la ha hecho el causante o no media entre los interesados el cabal acuerdo que se requiere para efectuarla por sí mismos. La partición, en tal caso, es materia de un juicio arbitral. El Art. 227 COT dice que es una cuestión de arbitraje forzoso. IV.

EL PARTIDOR. 803

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Carácter del Partidor y Requisitos para serlo: 1.1. Calidad del Partidor: El partidor es un árbitro de derecho, por lo que debe tramitar y fallar en conformidad a la ley. Así lo será siempre si es nombrado por el causante o por el juez. Sin embargo, las partes mayores de edad y libre administradoras de sus bienes podrán darle el carácter de arbitrador. Nunca podrá serlo si hay incapaces. También podrá ser mixto, aunque alguno de los interesados sea incapaz, con autorización judicial, dada “por motivos de manifiesta conveniencia”. 1.2. Requisitos para ser Partidor: El Art. 225 COT señala que debe: 1) Ser abogado. 2) Tener la libre administración de sus bienes. 1.3. Implicancia y Recusación del Partidor: El Art. 1323, inc. 2 CC establece que son aplicables a los partidores las causales de implicancia y recusación que el COT establece para los jueces. Esto tiene las siguientes excepciones: 1) Si es nombrado por causante: Valdrá la designación, aunque la persona nombrada sea albacea o coasignatario o esté comprendida en alguna de las causales de implicancia o recusación que establece el COT, siempre que cumpla con los demás requisitos legales. Sin embargo, cualquiera de los interesados podrá acudir al juez para que declare inhabilitado al partidor. 2) Si es designado por los interesados de común acuerdo: Puede recaer en persona que invista la calidad de albacea o coasignatario o a quien afecte una causal de implicancia o recusación, con tal que dicha persona reúna los demás requisitos legales. En tal caso, el partidor solo puede ser inhabilitado por causas de implicancia o recusación que hayan sobrevenido a su nombramiento. 2. Nombramiento del Partidor: Los Arts. 1324 y 1325 CC señalan que el partidor puede ser nombrado por el causante, por los coasignatarios de común acuerdo y por el juez. 2.1. Nombramiento por el Causante: En este caso el nombramiento puede hacerse por instrumento público o por testamento (Art. 1324 CC). El partidor puede ser el albacea, un coasignatario o una persona a la cual le afecte una causal de implicancia o recusación. Pero, los partícipes pueden revocar el nombramiento, con tal que lo acuerden de forma unánime. Es importante señalar que el partidor nombrado por el causante solo es competente para partir su herencia, no para liquidar la sociedad conyugal ni otras comunidades o sociedades; salvo que tenga el consentimiento de los socios o comuneros. 2.2. Nombramiento por los Coasignatarios: En este caso el nombramiento puede recaer en cualquier persona, en la medida que sea un abogado con libre administración de los bienes, y solo podrá ser inhabilitado por causa sobreviniente. Este nombramiento requiere acuerdo unánime de los interesados y que este acuerdo conste por escrito. Este nombramiento tiene cabida, aunque no tengan la libre disposición de sus bienes (Art. 1325 CC). Si hay incapaces entre los partícipes el partidor que se designe deberá ser necesariamente un árbitro de derecho, y su nombramiento, en términos generales, debe someterse a la aprobación de la justicia ordinaria (Art. 1326, inc. 1 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 2.3. Nombramiento hecho por el Juez: El Art. 1325, inc. 5 CC dispone que: “Si no se acuerdan en la designación, el juez, a petición de cualquiera de ellos, procederá a nombrar un partidor que reúna los requisitos legales, con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Civil”. Para ello se citará a todos los interesados a fin de hacer la designación, y se procederá a ella en la forma establecida para el nombramiento de peritos. Esto implica que en el referido comparendo se deliberará sobre la designación de partidor; a falta de acuerdo de las partes, el nombramiento se hará por el juez. Se entiende que no hay acuerdo cuando no concurran todos los interesados a la audiencia (Art. 415 CPC). El nombramiento que haga el juez no podrá recaer en ninguna de las dos primeras personas propuestas por cada uno de los interesados (Arts. 414 CPC). Si se presenta una oposición al nombramiento, esta debe tramitarse por el tribunal previo a su designación, y según Meza Barros, esta es una cuestión de lato conocimiento, aunque nada impide que se tramite en juicio sumario. En cuanto al juez competente para conocer del nombramiento, hay que distinguir: 1) Si es una comunidad hereditaria: Será juez competente el del lugar en que se abrió la sucesión, es decir, el del último domicilio del causante. 2) Si es otro tipo de comunidad: Será competente el del domicilio de cualquiera de los interesados. 2.4. Aprobación del Nombramiento del Partidor: Cada vez que el nombramiento de partidor no haya sido hecho por el juez, debe ser aprobado por la justicia cuando alguno de los partícipes es incapaz (Art. 1326, inc. 1 CC). Esto tiene una excepción en el caso de la mujer casada en sociedad conyugal, ya que en ese caso basta su consentimiento respecto del partidor nombrado (Art. 1326, inc. 2 CC). 3. Aceptación del Cargo y Plazo para su desempeño: 3.1. Aceptación del Cargo: El partidor debe aceptar el cargo para proceder a su desempeño. Esta aceptación debe ser expresa; el partidor que acepta el cargo “deberá declararlo así” (Art. 1328 CC). El Art. 1327 CC dispone que: “El partidor no es obligado a aceptar este encargo contra su voluntad; pero si, nombrado en testamento, no acepta el encargo, se observará lo prevenido respecto del albacea en igual caso”. Por tanto, se hará indigno de suceder, a menos que pruebe inconveniente grave. Esto solo afecta al partidor nombrado en el testamento. La Corte Suprema ha sentenciado que, si el partidor no acepta expresamente el encargo, será incompetente, por lo que su fallo será susceptible de ser enmendado a través de un recurso de casación en la forma. 3.2. Juramento: Junto con aceptar el cargo el partidor debe prestar juramento de que lo desempeñará fielmente. El Art. 1328 CC expresa que: “jurará desempeñarlo con la debida fidelidad, y en el menor tiempo posible”. No ha establecido la ley la forma de prestar la aceptación y juramento. En la práctica se prestarán concurriendo el partidor a la escritura en que se le designa o ante el ministro de fe que el notifique el nombramiento. Si no hay juramento, existiría un vicio de nulidad procesal. 3.3. Plazo para el desempeño del cargo: El Art. 1332 CC dispone que: “La ley señala al partidor, para efectuar la partición, el término de 2 años contados desde la aceptación de su cargo. El testador no podrá 805

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe ampliar este plazo. Los coasignatarios podrán ampliarlo o restringirlo, como mejor les parezca, aun contra la voluntad del testador”. Cabe hacer presente que el Art. 647 CPC dispone que el referido plazo se suspende en dos situaciones: 1) Por la interposición de recursos. 2) Toda vez que se encuentra suspendida la jurisdicción del partidor. Si el partidor dicta su fallo después de vencido el plazo y sin que se le haya prorrogado su jurisdicción, tal fallo es susceptible de ser enmendado mediante el recurso de casación en la forma por incompetencia. 4. Responsabilidad del Partidor: El Art. 1329 CC dispone que: “La responsabilidad del partidor se extiende hasta la culpa leve; y en el caso de prevaricación, declarada por el juez competente, además de estar sujeto a la indemnización de perjuicio, y a las penas legales que correspondan al delito, se constituirá indigno conforme a lo dispuesto para los ejecutores de últimas voluntades en el artículo 1300”. Además de esto, existe una responsabilidad especifica por el pago de las deudas e impuestos. El partidor es obligado a velar por este pago: 1) El partidor debe formar un lote o hijuela para el pago de las deudas conocidas: La omisión de este deber “le hará responsable de todo perjuicio respecto de los acreedores” (Art. 1336 CC). 2) El partidor debe velar por el pago de la contribución de herencias, ordenar su entero en arcas fiscales, reservar o hacer reservar bienes necesarios para el pago: La omisión lo convertirá en deudor solidario del impuesto adeudado y le hará incurrir en una multa que fluctúa entre un 10% y un 100% de 1 UTA. V.

EL JUICIO DE PARTICIÓN. A. Sección Primera: “COMPETENCIA DEL PARTIDOR”

1. Competencia del Partidor: Las materias pueden dividirse en tres grupos: 1) Cuestiones que son de exclusiva competencia del partidor: Según el Art. 651, inc. 1 CPC entenderá de todas las cuestiones que “debiendo servir de base para la repartición, no someta la ley de un modo expreso al conocimiento de la justicia ordinaria”. Por ejemplo, puede interpretar las cláusulas del testamento, decidir si un bien admite cómoda división, si una donación debe entenderse hecha a título de legitima o mejora, etc. 2) Cuestiones de que jamás puede conocer el partidor: a. Determinar quiénes son los partícipes y cuáles sus respectivos derechos: La partición supone que se encuentre predeterminado o reconocido quienes son los partícipes y cuales los derechos que a cada uno corresponde en los bienes comunes. Esto es una cuestión previa a la partición y escapan de su jurisdicción (Art. 1330 CC). b. Resolver cuáles son los bienes comunes y las pretensiones sobre dominio exclusivo: La partición supone, igualmente, que se encuentre establecido cuáles son los bienes comunes (Art. 1331 CC). Por regla general, estas cuestiones no suspenden la partición. Solamente se excluirán los bienes materia de la controversia.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Para que haya suspensión de la partición se requiere: i. Que la alegación de dominio exclusivo recaiga sobre una parte considerable de la masa partible. ii. Que la suspensión se pida por quienes representan más del 50% de la masa. iii. Que el juez decrete la suspensión. 3) Cuestiones de que puede conocer, según las circunstancias, el partidor o la justicia ordinaria: Esto será conocido por el partidor si se hace en medio del juicio o por la justicia ordinaria si no se ha aceptado la partición, esta ha caducado o no se ha constituido aún. a. Conocer de las cuestiones sobre formación e impugnación de inventarios y tasaciones, cuentas de albaceas, comuneros o administradores de bienes comunes. b. Conocer de las cuestiones sobre administración proindiviso. c. Los terceros acreedores que tengan derechos que hacer valer sobre los bienes comprendidos en la partición, podrán ocurrir al partidor o a la justicia ordinaria, a su elección. d. Para la ejecución de la sentencia definitiva se podrá recurrir al partidor o al tribunal ordinario correspondiente, a elección del que pida su cumplimiento: Sin embargo, si el cumplimiento de la resolución exige procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas, o ha de afectar a terceros que no sean parte en el compromiso, deberá recurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto. B. Sección Segunda: “TRAMITACIÓN DEL JUICIO PARTICIONAL” 1. Generalidades: El juicio de partición se caracteriza por la vital importancia de la voluntad de las partes. Asimismo, se señala que se trata de un juicio doble, en el cual todas las partes son demandantes y demandados a la vez. 2. Operaciones Previas a la Partición: La partición requiere diversas operaciones o tramitaciones preliminares, como la apertura del testamento cerrado, la publicación del testamento abierto ante cinco testigos, la posesión efectiva, etc. 1) Facción de Inventario: Por regla general, la facción de inventario precederá a la partición y se habrá practicado con motivo de las gestiones sobre posesión efectiva de la herencia. Si así no fuere, corresponde al partidor decidir la facción de este inventario (Art. 651, inc. 1 CPC). 2) Tasación de los Bienes: La tasación de los bienes es indispensable en la partición; sin ella es imposible que el partidor determine el derecho de los partícipes y pueda señalar los bienes que han de corresponderles por su haber. Regularmente la tasación se hará por peritos, “salvo que los coasignatarios hayan legítima y unánimemente convenido en otra, o que se liciten las especies, en los casos previstos por la ley” (Art. 1335 CC). El Art. 657, inc. 2 CPC señala que se permite prescindir de la avaluación pericial, aunque haya incapaces entre los partícipes cuando “existan en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes, o que se trate de bienes muebles, o de fijar un mínimum para licitar bienes raíces con admisión de postores extraños”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3. Tramitación del Juicio mismo: 1) Primera resolución: Una vez aceptado el cargo y prestado el juramento, el partidor está en situación de desempeñar su cometido. Habitualmente el partidor dicta una primera resolución que manda tener por constituido el compromiso, designa actuario y cita a las partes a comparendo para un día determinado. La citación a comparendo es consecuencia de que el juicio particional se tramita en audiencias verbales, sin perjuicio de presentarse solicitudes escritas cuando la naturaleza e importancia de las materias debatidas lo exijan (Art. 649 CPC). 2) El primer comparendo: En el primer comparendo se acostumbra a dejar sentadas las bases fundamentales de la partición. Se expresará, por ejemplo, el nombre de todos los partícipes y de sus representantes; el objeto de la partición; se aprobará el inventario si lo hay; se dará cuenta de haberse concedido e inscrito la posesión efectiva; se acordará la forma como habrán de notificarse las resoluciones del partidor, etc. De lo obrado se levantará acta que firmarán el partidor, los partícipes asistentes y el actuario. 3) Comparendos ordinarios y extraordinarios: Los comparendos pueden ser de dos clases: a. Comparendos ordinarios: “Aquellos que se celebran periódicamente, en fechas prefijadas”. No es menester que se notifique especialmente a las partes para su realización y pueden adoptarse válidamente acuerdos sobre cualesquiera asuntos comprendidos en la partición, aunque no estén presentes todos los interesados, con dos salvedades: i. Que se trate de revocar acuerdos ya celebrados. ii. Que sea menester consentimiento unánime de los partícipes, en virtud de la ley o de acuerdos anteriores (Art. 650 CPC). b. Comparendos extraordinarios: “Aquellos a que se convoca, a petición de las partes o por iniciativa del partidor, para determinados asuntos”. Es indispensable para su celebración que previamente se notifique a los interesados. 4. Gastos de la Partición: Los gastos o costas comunes de la partición serán de cargo de los interesados en ella, a prorrata de sus respectivos derechos (Art. 1333 CC). C. Sección Tercera: “LIQUIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN” 1. Conceptos Generales: La partición de bienes comprende dos operaciones sustanciales: liquidar y distribuir (Art. 1337 CC). 1) Liquidación: “Establecer el valor en dinero del derecho de cada uno de los partícipes”. 2) Distribución: “Repartición entre los comuneros de bienes que satisfagan su derecho”. 2. La Liquidación: El partidor debe proceder, en primer término, a determinar el derecho de los comuneros. Para este fin, si el patrimonio hereditario se encuentra confundido con otros patrimonios, es previo efectuar la separación. En ese sentido, el Art. 1341 CC dispone que: “Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas, u otro motivo cualquiera, se procederá en

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe primer lugar a la separación de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes”. Es importante recordar a ese efecto que el partidor no es competente para liquidar la sociedad conyugal o partir las comunidades en que haya sido partícipe el difunto, si no consienten en ello el cónyuge sobreviviente o sus herederos, o los demás participes en la comunidad. Deberá el partidor precisar cuáles son los bienes que se trata de partir y establecer, de este modo, el acervo ilíquido hereditario. Determinará, asimismo, cuál es el pasivo de la sucesión, cuáles son las bajas generales de la herencia, para así formar el acervo liquido de que dispone el testador o la ley. Si es menester, dispondrá el partidor que se forme el acervo imaginario. 3. La Distribución: La regla fundamental en esta materia es que: el acuerdo unánime de las partes prima por sobre todas las reglas legales de distribución. Solamente a falta de este acuerdo, el partidor deberá sujetarse a las normas supletorias de la ley. En ese sentido, el Art. 1334 CC dispone que: “El partidor se conformará en la adjudicación de los bienes a las reglas de este título; salvo que los coasignatarios acuerden legítima y unánimemente otra cosa”. 3.1. Reglas Supletorias de la Voluntad de los Coasignatarios: Los Art. 1337 y ss. CC establece las reglas que deben seguirse en la distribución de los bienes: 1) Si son bienes susceptibles de división (Art. 1337 N°7, 8 y 9 CC): En este caso el partidor deberá formar lotes o hijuelas. Cada lote debe, en lo posible, estar integrado por bienes de la misma naturaleza y calidad. En la formación de los lotes se procurará no sólo la equivalencia sino la semejanza de todos ellos; pero se tendrá cuidado de no dividir o separar los objetos que no admitan cómoda división o de cuya separación resulte perjuicio; salvo que convengan en ello unánime y legítimamente los interesados. Formados los lotes se distribuirán en la forma que acuerden los partícipes y, a falta de acuerdo, se procederá a su sorteo. Cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los lotes, antes de efectuarse el sorteo. 2) Si son bienes que no admiten cómoda división (Art. 1337 N°1 y 2 CC): Si los bienes no son susceptibles de cómoda división., entendiéndose que no lo son cuando la división los hiciere desmerecer, no se dividirán. Se adjudicarán totalmente a un comunero o se procederá a su venta entre los coasignatarios o con admisión de extraños. El precio de venta o adjudicación se dividirá entre los partícipes. Es importante indicar que los comuneros tienen el derecho a exigir la participación de extraños, y si nadie ofrece más que el valor de tasación o el convencional fijado por las partes, y compiten dos o más asignatarios sobre la adjudicación de una especie, el legitimario será preferido al que no lo sea. 3) Si son inmuebles (Art. 1337 N°3, 4 y 5 CC): Las porciones de uno o más fundos que se adjudiquen a un solo individuo, serán, si posible fuere, continuas, a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones separadas, o que de la continuidad resulte mayor perjuicio a los demás interesados que de la separación al adjudicatario.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Se procurará la misma continuidad entre el fundo que se adjudique a un asignatario y otro fundo de que el mismo asignatario sea dueño. En la división de fundos se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda administración y goce. 4) Si dos o más personas fueren coasignatarios de un predio (Art. 1337 N°6 CC): El partidor podrá separar la propiedad del usufructo, uso o habitación para darlos por cuenta de la asignación. Pero esta desmembración del dominio requiere, imprescindiblemente “el legítimo consentimiento de los interesados”. 5) Derecho Preferente de Adjudicación del Cónyuge Sobreviviente (Art. 1337 N°10 CC): “Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo de la propiedad del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de la familia, así como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del patrimonio del difunto”. En virtud de este precepto, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho preferente de adjudicación sobre lo que fue la vivienda familiar y su mobiliario. Esta norma tiene una doble justificación: a. La afectación de un inmueble como bien familiar y de los muebles que guarnecen el hogar: Puede ocurrir que estén afectos y en virtud de la partición vayan a parar a un tercero extraño. b. Porque al aumentarse los derechos de la familia extramatrimonial y facilitarse el establecimiento de la filiación, el legislador temió que estos herederos ajenos al hogar familiar forzaran su venta o adjudicación a ellos. Las reglas que rigen esta adjudicación preferente son las siguientes: a. Se trata de un derecho del cónyuge sobreviviente de carácter preferente: Esto es, no es excluyente de otra solución, pero el cónyuge tiene esta preferencia para solicitar que en pago de sus haberes se le adjudique la propiedad a que se refiere la disposición. b. Se trata del inmueble en que el cónyuge reside y que sea o haya sido la vivienda principal de la familia y del mobiliario que lo guarnece: En ese sentido, los requisitos para que opere le preferencia son: i. El inmueble y el mobiliario deben formar parte del patrimonio del difunto. ii. El inmueble debe ser la residencia del cónyuge y debe ser o haber sido la vivienda principal de la familia. iii. El mobiliario debe ser el que guarnece el inmueble. c. Este derecho es personalísimo, por lo que es intransmisible e intransferible. d. Si el valor total de dichos bienes excede su haber en la herencia, el cónyuge tiene derecho a pedir que sobre lo que no le sea adjudicado en propiedad, se constituya a su favor un derecho de habitación y uso, con carácter de gratuitos y vitalicios. e. Este derecho preferente del cónyuge opera en los casos en que la partición se efectúa sin contar con el consentimiento del cónyuge: No lo otorga en el caso de partición de

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe común acuerdo, puesto que ahí depende meramente de la voluntad del cónyuge acceder o no a esta adjudicación preferente. En cambio, cuando la partición la hace el testador, ella será considerada contraria a derecho si no respeta este derecho preferente del cónyuge (Art. 1318, inc. 2 CC). 6) Distribución de las Deudas (Art. 1340 CC): Las deudas se dividen entre los herederos, por el ministerio de la ley, a prorrata de sus cuotas, salvo que el causante disponga que las deudas se distribuyan de distinta manera o los herederos acuerdan distribuirlas de otro modo. Pero estos acuerdos no empecen a los acreedores, ya que el Art. 1340, inc. 2 CC dispone que: “Los acreedores hereditarios o testamentarios no serán obligados a conformarse con este arreglo de los herederos para intentar sus demandas”. 7) Distribución de los Frutos (Art. 1338 y 1339 CC): Hay que distinguir: a. Frutos Percibidos: La regla general se encuentra en el Art. 1338 N°3 CC que dice que: “Los herederos tendrán derecho a todos los frutos y accesiones de la masa hereditaria indivisa, a prorrata de sus cuotas; deducidos, empero, los frutos y accesiones pertenecientes a los asignatarios de especies”. Ahora bien, existen ciertas reglas particulares: i. Legados de Especie o Cuerpo Cierto (Art. 1338 N°1 CC): “Los asignatarios de especies tendrán derecho a los frutos y accesiones de ellas desde el momento de abrirse la sucesión; salvo que la asignación haya sido desde día cierto, o bajo condición suspensiva, pues en estos casos no se deberán los frutos, sino desde ese día, o desde el cumplimiento de la condición; a menos que el testador haya expresamente ordenado otra cosa”. ii. Legados de Género (Art. 1338 N°2 CC): “Los legatarios de cantidades o géneros no tendrán derecho a ningunos frutos, sino desde el momento en que la persona obligada a prestar dichas cantidades o géneros se hubiere constituido en mora; y este abono de frutos se hará a costa del heredero o legatario moroso”. iii. Formación del Cuerpo de Frutos (Art. 1338 N°4 CC): Para distribuir los frutos debe el partidor formar una cuenta especial, con un activo y un pasivo propios. El activo del cuerpo de frutos se forma con los naturales y civiles, producidos durante la indivisión. Las bajas serán los gastos de explotación, necesarios para producir los frutos. Entre estas bajas deben figurar los que deban pagarse a los legatarios de especies o cuerpos ciertos, siempre que no haya una persona expresamente gravada con la prestación del legado; habiéndose impuesto por el testador este gravamen a alguno de los asignatarios, este solo sufrirá la deducción. b. Frutos Pendientes al tiempo de las adjudicaciones (Art. 1339 CC): “Los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las especies a los asignatarios de cuotas, cantidades o géneros, se mirarán como parte de las respectivas especies, y se tomarán en cuenta para la estimación del valor de ellas”.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 3.2. Ventas y Adjudicaciones: Los bienes comunes deben tener uno de estos dos destinos: se adjudican o se venden. Los bienes son adjudicados cuando su dominio exclusivo se atribuye a un comunero en pago de su haber; se venden, cuando los adquieren extraños a la comunidad que pagan un determinado precio. Para efectuar adjudicaciones no es necesario esperar al término de la partición, la dictación del laudo y ordenata. Las adjudicaciones se pueden verificar en el curso de la partición, en virtud de acuerdos adoptados en los comparendos del juicio particional. 1) La Venta de los Bienes Comunes: La venta de los bienes comunes se haya por medio de remates hechos ante el partidor, con admisión de extraños o sin ella. Junto con acordarse la subasta, habrán de señalarse las condiciones en que se llevará a efecto. La subasta debe anunciarse por medio de avisos en un diario de la comuna o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiera (Art. 658 CPC). Pero si entre los interesados hay incapaces deberán publicarse 4 avisos, mediante entre la primera publicación y el remate un espacio de tiempo no inferior a 15 días. Los avisos podrán publicarse en días inhábiles y si los bienes están situados en otra comuna la publicación se hará también en él, por el mismo tiempo y en la misma forma. En las enajenaciones que se verifiquen por intermedio del partidor se considerará a este como representante legal de los vendedores. En este carácter, el partidor suscribirá las escrituras que sea menester otorgar (Art. 659 CPC). 2) La Adjudicación de los Bienes Comunes: El Art. 687, inc. 3 CC dispone la inscripción en el registro del Conservador del “acto de partición” en lo relativo a cada inmueble o parte adjudicada; por tanto, es menester que la adjudicación de los bienes raíces se reduzca a escritura pública. Respecto de la adjudicación, existen dos cuestiones relevantes: a. Derecho de los comuneros para que el valor de la adjudicación se impute a su haber: Las adjudicaciones se hacen con cargo al haber del adjudicatario; este tiene derecho a que se impute a su haber el valor de los bienes que adjudican. Para ello, el Art. 660 CPC ordena al partidor a hacer lo que se denomina “cálculo del haber probable”, que sirve para determinar en qué medida puede el comunero adjudicarse bienes con cardo a sus derechos en la comunidad. La misma disposición establece que, salvo acuerdo unánime de las partes, los comuneros que reciban en adjudicación, durante el juicio divisorio, bienes por un valor superior al 80% de su probable haber, deberán pagar de contado el exceso. En otros términos, el participe podrá adjudicarse, sin desembolso, bienes por un valor igual al 80% de su haber probable. b. La Hipoteca Legal: Si no se paga al contado el exceso señalado en el Art. 660 CPC, y se le adjudicara un bien raíz, se entiende, por el solo ministerio de la ley, constituida hipoteca sobre el bien raíz adjudicado para garantizar el pago del exceso. Tal es la hipoteca legal de alcances a que se refiere el Art. 662 CPC. El Conservador de Bienes Raíces tiene la obligación de inscribir esta hipoteca, al efectuar la inscripción de la adjudicación. Esta hipoteca puede reemplazarse por otra caución equivalente, calificada por el partidor (Art. 662, inc. 2 CPC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe c. Intereses sobre Anticipos (Art. 661 CPC): “Los valores que reciban los comuneros durante la partición a cuenta de sus derechos devengarán el interés que las partes fijen, o el legal cuando tal fijación no se haya hecho, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes”. Estos intereses engrosarán el cuerpo de frutos. D. Sección Cuarta: “TÉRMINO DEL JUICIO DE PARTICIÓN” 1. El Laudo y la Ordenata: El Art. 663 CPC prescribe que: “Los resultados de la partición se consignarán en un laudo o sentencia final, que resuelva o establezca todos los puntos de hecho y de derecho que deben servir de base para la distribución de los bienes comunes, y en una ordenata o liquidación, en que se hagan los cálculos numéricos necesarios para dicha distribución”. 1) El Laudo: Es propiamente la sentencia que pone fin al juicio de partición. En ella debe hacerse referencia al nombramiento del partidor, a la aceptación del cargo y juramento, al objeto de la partición, la individualización de las parres, los trámites previos indispensables (tasación, inventario, posesión efectiva), ordenará formar el cuerpo común de bienes y señalará los que lo integran; señalará las bajas generales, fijará la cuota que corresponda a cada interesado y mandara que se les forme su respectiva hijuela; si hay frutos ordenará formar el cuerpo de frutos y señalará sus bajas; ordenará formar la hijuela de deudas e indicara la forma en que debe pagarse y los bienes con que se hará pago, etc. 2) La Ordenata: Es el cálculo numérico de las decisiones del laudo. Un primer cálculo o partida de la ordenata estará constituido por el cuerpo de bienes, que se individualizarán con indicación de su valor; una segunda partida la constituirán las bajas generales; una tercera partida contendrá el cuerpo de frutos y sus bajas; una cuarta partida fijará el acervo liquido partible; una quinta indicará como se divide la herencia entre los partícipes. La ordenata tendrá tantas hijuelas como comuneros; la hijuela se compone de dos partidas: haber y entero. En el haber se indicará lo que a cada comunero corresponde por cualquier concepto y en el entero se enumerarán los valores entregados a cada uno en pago de su cuota. 2. Aprobación de la Partición: El Art. 1342 CC dispone que: “Siempre que en la partición de la masa de bienes, o de una porción de la masa, tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderados, o personas bajo tutela o curaduría, será necesario someterla, terminada que sea, a la aprobación judicial”. Esto, sin embargo, tiene una excepción, ya que el Art. 1337 N°11 CC señala que: “Cumpliéndose con lo prevenido en los artículos 1322 y 1326, no será necesaria la aprobación judicial para llevar a efecto lo dispuesto en cualquiera de los números precedentes, aun cuando algunos o todos los coasignatarios sean menores u otras personas que no tengan la libre administración de sus bienes”. Es decir, no se requerirá autorización si ha el juicio de partición ha sido iniciado con autorización de la justicia o de la mujer casada, y si, además, el partidor ha sido nombrado por el juez. 3. Entrega de Títulos (Art. 1343 CC): “Efectuada la partición, se entregarán a los partícipes los títulos particulares de los objetos que les hubieren cabido. Los títulos de cualquier objeto que hubiere sufrido división pertenecerán a la persona designada al efecto por el testador, o en defecto de esta designación, a la persona a quien hubiere cabido la mayor parte; con cargo de exhibirlos a favor de los otros partícipes, y de permitirles que tengan traslado de ellos, cuando lo pidan. En caso de igualdad se decidirá la competencia por sorteo”. VI.

EFECTOS DE LA PARTICIÓN. 813

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. La Adjudicación y el Efecto Declarativo de la Partición: La adjudicación es “el acto por el cual se entrega a uno de los indivisarios un bien determinado que equivale a los derechos que le correspondían en su cuota ideal o abstracta en la comunidad”. En la adjudicación hay una especie de metamorfosis del derecho, una transformación del derecho ideal de cada indivisario en la comunidad. La cuota que este tenía en la indivisión pasa a radicarse en un bien determinado. 1.1. La Adjudicación supone la calidad de comunero: En realidad, el único requisito que se exige para que exista adjudicación es que el adjudicatario tenga previamente la calidad de comunero en el bien que se le adjudica; o sea, el adjudicatario debe haber sido anteriormente comunero en el bien adjudicado. El hecho de haberse adquirido el bien en pública subasta no obsta a que el comunero tenga la calidad de adjudicatario. 1.2. La Partición con alcances no obsta a que exista adjudicación: La Corte Suprema ha declarado que el hecho de que el adjudicatario deba pagar un alcance con dinero en efectivo no obsta a la existencia de la adjudicación, pues el adjudicatario tenía, previamente, la calidad de comunero respecto del bien adjudicado. 1.3. El Efecto Declarativo o Retroactivo de la Partición y Adjudicación (Arts. 1344 y 718 CC): Consiste en considerar que el adjudicatario ha sucedido inmediata y directamente al causante en los bienes que se le adjudicaron, y no ha tenido parte alguna en los bienes adjudicados a otro asignatario. De ahí que la partición y la adjudicación sean títulos declarativos de dominio. La adjudicación es totalmente inversa a la enajenación, son términos radicalmente opuestos en derecho. 1.4. El Problema de la División de los Créditos: A primera vista podría pensarse que no hay problema de ninguna especie, puesto que los créditos hereditarios forman parte del activo del causante y, en consecuencia, deberían seguir la misma suerte de este. Lo que origina el problema es la aparente contradicción entre dos preceptos del Código: el Art. 1344, inc. 1 CC que consagra el efecto declarativo de la partición, y el Art. 1526 N°4, inc. final CC. El primero de ellos señala: “Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión”. El concepto “efectos” es amplio y, por tanto, incluiría los créditos. El segundo de ellos, en cambio, sostiene que: “Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda, sino a prorrata de sus cuotas”. En otros términos, el precepto fácula a los herederos para exigir su cuota en el crédito, lo cual estaría indicando que estos, al igual que las deudas hereditarias, se ha dividido de pleno derecho por el solo fallecimiento del causante. Para conciliar ambos artículos se ha señalado que, respecto del deudor, los créditos se dividen de pleno derecho entre los herederos al fallecer el causante. Por tanto, cada heredero podrá cobrar su cuota en el crédito, y si el deudor paga a dicho heredero su parte en el crédito, el pago es válido. Por el contrario, en las relaciones de los herederos entre si los créditos no se dividen, sino que permanecen indivisos hasta el día de la partición. 1.5. Consecuencias del Efecto Declarativo de la Partición: 1) Si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena (Art. 1344, inc. 2 CC): En consecuencia, el adjudicatario podrá reivindicar el bien enajenado. 2) Si uno de los comuneros hipoteca un inmueble de la sucesión, para verificar la suerte que correrá dicha hipoteca, es necesario esperar las resultas de la partición (Art. 2147 CC): 814

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe a. Si se adjudica al asignatario hipotecante: La hipoteca queda firme. b. Si se adjudica a otro de los comuneros: La hipoteca caduca, a menos que el comunero adjudicatario consienta por escritura pública subinscrita al margen de la inscripción hipotecaria en la hipoteca. 3) A la partición no se aplica el Art. 1464 CC, según el cual hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas porque la adjudicación no constituye enajenación. 4) Los derechos reales constituidos por un indivisario solo subsisten si el bien gravado le es adjudicado (Art. 718, inc. 1 CC). 5) Si un bien común es embargado durante la indivisión por el acreedor de uno de los herederos, para determinar la suerte del embargo hay que esperar también las resultas de la partición: Si el bien es adjudicado al deudor embargado, subsiste aquel. Si es adjudicado a otro, caduca el embargo. 6) El Art. 688 CC prohíbe a los herederos disponer de los inmuebles hereditarios, mientras no hayan efectuado la inscripción de adjudicación. 7) A la adjudicación de bienes raíces no se aplican los requisitos exigidos por el legislador para la enajenación de los inmuebles de los incapaces (autorización judicial), pues la adjudicación no constituye tradición. 8) Si el indivisario se encuentra casado bajo sociedad conyugal, el bien que se le adjudica ingresará a su haber propio si es inmueble y al haber relativo si es mueble. 2. La Obligación de Garantía en la Partición o Evicción en la Partición: En la partición no se aplican los vicios redhibitorios, sino la evicción, reglamentada en los Arts. 1345 a 1347 CC. 2.1. Fundamento de la Evicción en la Partición: El fundamento de la evicción en la partición estriba en que el legislador aspira en todo momento a obtener la igualdad entre los comuneros frente a la partición, y es evidente que, si uno de los adjudicatarios es evicto en la cosa adjudicada, indirectamente se quiebra esta igualdad. Se consideró común una especie que no pertenecía realmente al causante. 2.2. Casos en los cuales no procede la evicción: Señala el Art. 1346 CC que no procede la evicción: 1) Cuando la evicción o molestia proviene de causas sobrevinientes a la partición. 2) Cuando la acción de saneamiento se hubiere expresamente renunciado. 3) Cuando el participe ha sufrido la molestia o evicción por su culpa. 4) Cuando la acción de evicción haya prescrito: Según el Art. 1345, inc. 2 C la acción de evicción prescribe en 4 años contados desde el día de la evicción. Como se trata de una prescripción especial, no se suspende en favor de los incapaces. 2.3. Efectos de la Evicción: La obligación de garantía tiene dos etapas: 1) Hacer cesar las molestias: Las molestias deben ser de derecho, no de hecho. En la compraventa, para que exista obligación al saneamiento de la evicción, el comprador debe citar de evicción a su vendedor. Según Abeliuk, esto no se exigiría en el caso de la partición, ya que el Código no lo exige.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe Si los coasignatarios no hacen cesar la molestia y esta se consuma, viene la segunda parte de la evicción, o sea, deben indemnizar al evicto. 2) Una vez que se han consumado, indemnizar la evicción: En conformidad al Art. 1347, inc. 1 CC “El pago del saneamiento se divide entre los partícipes a prorrata de sus cuotas. La porción del insolvente grava a todos a prorrata de sus cuotas; incluso el que ha de ser indemnizado”. CAPÍTULO XIII: PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS I.

GENERALIDADES.

1. Fuente de la Obligación: En concepto del Código tiene como fuente un cuasicontrato, ya que el Art. 1437 CC señala que: “Las obligaciones nacen, […] ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos”. II.

RESPONSABILIDAD DE LOS HEREDEROS.

1. La Responsabilidad por las Deudas Hereditarias incumbe normalmente a los Herederos: Los herederos son las personas naturalmente llamadas a satisfacer las deudas hereditarias (Art. 1097 CC). El principio es general y se extiende a todas las obligaciones transmisibles del difunto, cualquiera que sea su fuente, contractual o cuasicontractual. Comprende aun las obligaciones que tienen origen delictual, pues así lo señala expresamente el Art. 2316 CC. Solamente se extingue por la muerte del responsable la responsabilidad penal que se traduce en penas corporales. Acerca de las penas pecuniarias a que hubiere sido condenado el causante por sentencia firme, existe discusión, pues mientras algunos estiman que pueden perseguirse contra los herederos (Art. 93 Nº1 CP), hay quienes señalan que, al ser las multas de naturaleza penal, ellas son de carácter intransmisible. 2. Principio de la División de las Deudas entre los Herederos: El Art. 1354 CC dice que: “Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas”. Esta división de las cuotas se produce ipso iure, de pleno derecho, automáticamente, por el solo hecho de la muerte. La muerte del deudor convierte la obligación de un solo deudor en una obligación simplemente conjunta. Por tanto, no es necesario proceder a la partición, puesto que no existe comunidad en las deudas. 2.1. Aplicaciones del Principio de División de las Deudas: 1) Las obligaciones simplemente conjuntas se caracterizan porque, en verdad, existen tantas deudas como deudores. Por ello, la cuota del deudor insolvente no grava a sus codeudores (Art. 1355 CC): Excepcionalmente, la insolvencia de un heredero gravará a los demás, en el caso del Art. 1287, inc. 2 CC: “Las mismas obligaciones y responsabilidad recaerán sobre los herederos presentes que tengan la libre administración de sus bienes, o sobre los respectivos tutores o curadores, y el marido de la mujer heredera, que no está separada de bienes”. Esto se refiere al caso en que los herederos presentes no insten porque se forme la hijuela pagadora de deudas. 2) La extinción por confusión de las mutuas obligaciones entre el causante y el heredero se produce hasta concurrencia de la cuota en el crédito o en la deuda (Art. 1357 CC). 2.2. Excepciones al Principio de la División de las Deudas:

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1) Si se ha aceptado la herencia con beneficio de inventario: El heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota de las deudas "sino hasta concurrencia de lo que valga lo que hereda” (Art. 1354, inc. 3 CC). 2) Si la obligación es indivisible: El Art. 1528 CC dispone que cada uno de los herederos del que ha contraído una obligación indivisible es obligado a satisfacerla en el todo y cada uno de los herederos del acreedor pueden exigir su pago total. Además, hay que tener presente los casos del Art. 1526 CC: a. La obligación principal puede ser divisible y se dividirá entre los herederos a prorrata de sus cuotas; pero la prenda y la hipoteca son indivisibles y el acreedor podrá intentar la acción hipotecaria o prendaria contra el coheredero que posea los bienes hipotecados o empeñados (Art. 1526 Nº1 CC). b. La obligación de entregar la especie o cuerpo cierto que se debe es indivisible y la acción correspondiente podrá intentarse contra aquel de los coherederos que la tenga en su poder (Art. 1526 Nº2 CC). c. Si se hubiere estipulado con el causante que el pago no podrá hacerse por partes por sus herederos, cada heredero deberá pagar el total, sin perjuicio de que sus coherederos le reembolsen lo que ha pagado en exceso sobre su cuota (Art. 1526 Nº4, inc. 2 CC). 3) Si concurren herederos usufructuarios y fiduciarios: El Art. 1356 CC expresa: “Los herederos usufructuarios o fiduciarios dividen las deudas con los herederos propietarios o fideicomisarios, según lo prevenido en los artículos 1368 y 1372; y los acreedores hereditarios tienen el derecho de dirigir contra ellos sus acciones en conformidad a los referidos artículos”. a. Caso del Usufructo: El Art. 1368 CC establece que el usufructuario y el nudo propietario se considerarán como una sola persona para los efectos del pago de las deudas hereditarios “y las obligaciones que unidamente les quepan se dividirán entre ellos conforme a las reglas que siguen: i. Será del cargo del propietario el pago de las deudas que recayere sobre la cosa fructuaria, quedando obligado el usufructuario a satisfacerle los intereses corrientes de la cantidad pagada, durante todo el tiempo que continuare el usufructo. ii. Si el propietario no se allanare a este pago, podrá el usufructuario hacerlo, y a la expiración del usufructo tendrá derecho a que el propietario le reintegre el capital sin interés alguno. iii. Si se vende la cosa fructuaria para cubrir una hipoteca o prenda constituida en ella por el difunto, se aplicará al usufructuario la disposición del artículo 1366, es decir, se subroga por el solo ministerio de la ley en los derechos del acreedor. El usufructo constituido en la partición de una herencia se sujeta a las reglas anteriores, si los interesados no hubieren acordado otra cosa (Art. 1371 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe b. Caso del Fideicomiso: El propietario fiduciario y el fideicomisario se considerarán, también, como una sola persona para la distribución de las deudas hereditarias, que se sujeta a las reglas que se indican a continuación: i. Las deudas que consisten en prestaciones periódicas las soporta el fiduciario, sin derecho a ninguna indemnización (Art. 1372, inc. 3 CC). ii. Las demás deudas debe igualmente satisfacerlas el propietario fiduciario, “con calidad de que a su tiempo se las reintegre el fideicomisario sin interés alguno” (Art. 1372, inc. 2 CC). 3. Distribución de las Deudas hecha por el Testador: Puede el testador disponer en su testamento la división de las deudas hereditarias entre los herederos de otro modo que a prorrata de sus cuotas. Esta disposición testamentaria, obligatoria para los herederos, no lo es para los acreedores hereditarios, los cuales tienen el derecho a sujetarse a ellas o seguir las reglas generales (Art. 1358 CC). 4. Distribución de las Deudas por convenio de los Herederos o por el Acto de Partición: En este caso, igual que el caso anterior, los acreedores hereditarios pueden optar por perseguir el pago de sus créditos contra los herederos a prorrata de sus cuotas o en la forma prevista en el convenio o acto particional (Art. 1359 CC). 5. Adjudicación a un Heredero de Inmuebles Hipotecados: El Art. 1365 CC expresa que: “Si varios inmuebles de la sucesión están sujetos a una hipoteca, el acreedor hipotecario tendrá acción solidaria contra cada uno de dichos inmuebles, sin perjuicio del recurso del heredero a quien pertenezca el inmueble contra sus coherederos por la cuota que a ellos toque de la deuda. Aun cuando el acreedor haya subrogado al dueño del inmueble en sus acciones contra sus coherederos, no será cada uno de éstos responsable sino de la parte que le quepa en la deuda. Pero la porción del insolvente se repartirá entre todos los herederos a prorrata”. 6. Cuándo se pagan las Deudas Hereditarias: El Art. 1374 CC dice que: “No habiendo concurso de acreedores, ni tercera oposición, se pagará a los acreedores hereditarios a medida que se presenten, y pagados los acreedores hereditarios, se satisfarán los legados. Pero cuando la herencia no apareciere excesivamente gravada, podrá satisfacerse inmediatamente a los legatarios que ofrezcan caución de cubrir lo que les quepa en la contribución a las deudas. Ni será exigible esta caución cuando la herencia está manifiestamente exenta de cargas que puedan comprometer a los legatarios”. La oposición de terceros se refiere a la alegación que pueden hacer de que sus créditos deben ser pagados con preferencia. 7. Notificación de los Títulos Ejecutivos contra el Difunto: El Art. 1377 CC dice que: “Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los herederos; pero los acreedores no podrán entablar o llevar adelante la ejecución, sino pasados 8 días después de la notificación judicial de sus títulos”. III.

RESPONSABILIDAD DE LOS LEGATARIOS.

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 1. Regla General: El Art. 1104 CC dice que, por regla general los legatarios no responden de las deudas hereditarias. Solo estarán obligados a pagar las deudas hereditarias cuando el testado les haya impuesto esta obligación como un gravamen de la liberalidad que les otorga. 2. Excepciones: Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, existen otros dos casos en que el legatario pueden quedar responsables: 1) Porque al tiempo de abrirse la sucesión no ha habido bienes bastantes para el pago de las deudas hereditarias (Art. 1362, inc. 1 CC): Esto solo procederá si al tiempo de abrirse la sucesión no había bienes, no si estos se deterioran o menoscaban con posterioridad. Esta responsabilidad tiene dos características: a. Es subsidiaria: Los legatarios no pueden ser perseguidos para el pago de las deudas sino después de los herederos (Art. 1362, inc. 2 CC). Los legatarios, por tanto, gozan de una especie de beneficio de excusión. b. Es limitada: Los legatarios serán responsables a prorrata del valor de sus respectivos legados, y la porción del legatario insolvente no gravará a los otros (Art. 1363, inc. 1 CC). Por tanto, no podrá exceder de lo efectivamente legado en su favor. 2) Porque el testador vulneró con sus liberalidades a título singular las legítimas y/o las mejoras (Art. 1362 CC): Los legatarios están obligados a contribuir al pago de las legítimas y mejoras “cuando el testador destine a legados alguna parte de la porción de bienes que la ley reserva a los legitimarios o a los asignatarios forzosos de la cuarta de mejoras”. En este caso la contribución consistirá en una reducción de los legados para encuadrarlos en la porción de que el testador ha podido disponer libremente. 3. Legados Privilegias y Comunes: La regla de que los legatarios concurren a prorrata de los valores de sus respectivos legados (Art. 1363, inc. 1 CC), sufre una alteración en el Art. 1363, inc. 2 y 3 CC que señala que: “No contribuirán, sin embargo, con los otros legatarios aquellos a quienes el testador hubiere expresamente exonerado de hacerlo. Pero si agotadas las contribuciones de los demás legatarios, quedare incompleta una legítima o insoluta una deuda, serán obligados al pago aun los legatarios exonerados por el testador. Los legados de obras pías o de beneficencia pública se entenderán exonerados por el testador, sin necesidad de disposición expresa, y entrarán a contribución después de los legados expresamente exonerados; pero los legados estrictamente alimenticios a que el testador es obligado por ley, no entrarán a contribución sino después de todos los otros”. Además, el Art. 1141, inc. 3 CC declara que los legados anticipados prefieren a aquellos de que no se ha dado el goce a los legatarios en vida del testador. 4. Orden de Prelación entre los Legatarios: Así las cosas, los legatarios concurren en el orden siguiente al pago de las deudas: 1) Concurren, en primer término, los legados comunes. 2) En segundo lugar, concurren los legados anticipados o donaciones revocables. 3) Concurren los legados para obras pías o de beneficencia. 4) En cuarto termino, concurren los legados expresamente exonerados por el testador. 819

Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 5) Finalmente, concurren los legados estrictamente alimenticios que el testador ha debido por ley: Estos alimentos constituyen una baja general que se practica después de hecha la baja de las deudas hereditarias. Por consiguiente, los legados de alimentos forzosos concurrirán solamente en caso de que las referidas deudas absorban totalmente los bienes hereditarios. Por otro lado, los legados de alimentos forzosos solo contribuirán al pago de las deudas hereditarias; no estarán obligados al pago de legítimas y mejoras puesto que estas se calculan sobre un acervo en que ha debido previamente hacerse la baja de las asignaciones de alimentos forzosos. 5. Legados con Carga: Los legados con gravamen concurren, lógicamente, con deducción de la carga impuesta al legatario (Art. 1367 CC). Pero, para que el legatario pueda aminorar su responsabilidad, es menester que demuestre la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1) Que se haya efectuado el objeto: Es decir, que se haya cumplido el gravamen. 2) Que no haya podido cumplirse el gravamen sino mediante la inversión de una cantidad determinada de dinero. 6. Legados gravados con Prenda o Hipoteca: En atención al Art. 1366 CC indica que, si el legatario ha pagado una deuda garantizada con prenda o hipoteca, hay que distinguir: 1) Si el testador ha querido expresamente gravarle: El legatario carece de acción. 2) Si el testador no ha querido expresamente gravarle: Hay que distinguir: a. Si cauciona una deuda del testador: Tiene acción contra los herederos para que se le reembolse lo pagado. b. Si cauciona una deuda de un tercero: No tiene acción contra los herederos, pero se subroga en las acciones del acreedor contra el tercero en cuyo provecho se constituyó la hipoteca o prenda. CAPÍTULO XIV: EL BENEFICIO DE SEPARACIÓN I.

CONCEPTOS GENERALES.

1. Concepto: La confusión de patrimonios será perjudicial para los acreedores hereditarios cuando el heredero es insolvente. El patrimonio del deudor difunto era suficiente para satisfacer sus deudas; en el patrimonio confundido deben tolerar la competencia de los acreedores del heredero que no aporta bienes. Para este caso, el legislador ha generado el beneficio de separación, que según el Art. 1378 CC consiste en “un beneficio que impide la confusión de los patrimonios del difunto y del heredero y permite a los acreedores hereditarios y testamentarios pagarse con los bienes del difunto con preferencia a los acreedores propios del heredero”. 2. Titulares del Beneficio de Separación: El beneficio de separación puede ser pedido por: 1) Los acreedores hereditarios privilegiados o comunes. 2) Los legatarios de género. 3) Los acreedores hereditarios y testamentarios cuyos créditos no son exigibles, en razón de un plazo o condición (Art. 1379 CC).

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe 4) No gozan de este beneficio los acreedores personales del heredero para pagarse preferentemente con los bienes de este (Art. 1381 CC). 3. Sujetos Pasivos de la Separación de Patrimonio: Pueden darse dos soluciones: 1) Que el beneficio de separación debe pedirse en contra de los herederos. 2) Que debe demandarse en contra de los acreedores personales de los herederos: Esta última solución es, sin duda, la más jurídica, por cuanto los perjudicados con dicho beneficio van a ser los acreedores personales de los herederos, y no estos, pero presenta grandes dificultades prácticas, ya que va a ser difícil determinarlos. 4. Cómo se obtiene el Beneficio de Separación: Del Art. 1385 CC se desprende que debe ser declarado judicialmente. La resolución judicial, si existen bienes raíces en la sucesión, debe inscribirse en el Registro de Bienes Raíces (Art. 1385 CC). 5. Los Acreedores pueden impetrar el Beneficio mientras no hayan prescrito sus créditos: Dice el Art. 1380, inc. 1 CC: “El derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación subsiste mientras no haya prescrito su crédito”, y el Art. 1382 CC agrega que: “Obtenida la separación de patrimonios por alguno de los acreedores de la sucesión, aprovechará a los demás acreedores de la misma que la invoquen y cuyos créditos no hayan prescrito”. 6. Efectos del Beneficio de Separación: 1) Entre los acreedores hereditarios y testamentarios: El beneficio de separación no introduce ninguna modificación en las relaciones entre los acreedores de la sucesión. Estas relaciones serán las mismas anteriores a la muerte del causante. Los acreedores hereditarios que gozaban de preferencia conservarán esta ventaja; los que no la tenían, continúan siendo acreedores comunes. 2) Entre los acreedores de la sucesión y los acreedores personales del heredero: a. Los acreedores hereditarios y testamentarios tienen derecho a que se les satisfaga en sus créditos con preferencia a las deudas propias del heredero (Art. 1378 CC). b. Satisfechos los acreedores de la sucesión, el saldo de los bienes hereditarios habrá de agregarse al patrimonio del heredero para el pago de sus acreedores personales y de los acreedores hereditarios y testamentarios que no gocen del beneficio de separación (Art. 1382, inc. 2 CC). c. Agotados los bienes de la sucesión sin que los acreedores hereditarios y testamentarios hayan quedado íntegramente satisfechos, podrán perseguir los bienes del heredero, si no hubiere oposición de los acreedores propios de este (Art. 1383 CC). d. Gozan del beneficio de separación los acreedores que han obtenido que se declare judicialmente a su favor, pero la separación aprovechará a los demás acreedores de la sucesión “que la invoquen”, cuyos créditos no hayan prescrito y no se encuentren en el caso del Art. 1380 Nº1 CC (Art. 1382, inc. 1 CC). 3) Respecto del heredero o herederos: El heredero es, en cierto modo, extraño al beneficio de separación. Pero el beneficio de separación debe necesariamente influir en las facultades de

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Resumen de Derecho Civil para el Examen de Grado | Sebastián Videla Aspe disposición de los bienes hereditarios que han de aplicarse con prioridad al pago de las deudas de la sucesión. El Art. 1384 CC dispone: “Las enajenaciones de bienes del difunto hechas por el heredero dentro de los 6 meses subsiguientes a la apertura de la sucesión, y que no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios, podrán rescindirse a instancia de cualquiera de los acreedores hereditarios o testamentarios que gocen del beneficio de separación. Lo mismo se extiende a la constitución de hipotecas o censos”. Los actos de enajenación ejecutados después de 6 meses de abierta la sucesión no son rescindibles sino por medio de la acción pauliana o revocatoria y con los requisitos propios de esta acción. 7. Extinción del derecho para pedir el Beneficio de Separación: El beneficio de separación termina: 1) Por la prescripción del crédito (Arts. 1380, inc. 1 y 1382, inc. 1 CC). 2) Por la renuncia que puede ser expresa o tácita: Habrá renuncia tácita “cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor, aceptando un pagaré, prenda, hipoteca o fianza del dicho heredero, o un pago parcial de la deuda” (Art. 1380 Nº1 CC). 3) Cuando los bienes de la sucesión han salido de manos del heredero (Art. 1380 Nº2 CC): Con todo, los acreedores de la sucesión pueden pedir la rescisión de los actos de enajenación del heredero. 4) Si los bienes de la sucesión se han confundido con los del heredero, “de manera que no sea posible reconocerlos” (Art. 1380 Nº2 CC): La separación de patrimonios es, en el hecho, imposible.

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